Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 17 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Mayo de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:50 horas) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señoras legisladoras y señores legisladores, procedemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, tenemos una asistencia de 37 ciudadanas y ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN celebrada el miércoles
ONCE de mayo DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del miércoles once de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de treinta y tres legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo de esa dependencia.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Título Décimoquinto del Libro Segundo y se le adiciona un Capítulo Sexto al Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 112 Bis, así como un artículo 112 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se lamentan los hechos sucedidos el jueves 28 de abril de año en curso, en los cuales se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba a dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuesta de modificación al Acuerdo, la cual fue aceptada por la Asamblea; y Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar los mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones o causas por la que se determinan las demoras de las aerolíneas y aplique las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senadora Graciela Ortiz González del PRI; Diputada Yahleel Abdala Carmona del PRI; Senador Jesús Casillas Romero del PRI; Diputado Francisco Javier Pinto Torres de NA; Diputado  Alejandro González Murillo de MC; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de adición al Acuerdo, la cual fue aceptada por la Asamblea. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre propio y del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar la discusión en torno al problema de contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México, convocando a foros nacionales de discusión y análisis con participación de ciudadanos, industriales, transportistas, medioambientalistas y los tres órdenes de gobierno, entre otros actores.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Jorge Carlos Rodríguez Marín del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Asamblea; Senador Jesús Casillas Romero del PRI; y Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las 32 entidades federativas a tipificar como delito el acoso sexual, en su legislación penal respectiva.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que haga llegar a la brevedad al Senado de la República la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio, a nombre propio y de la Diputada Carmen Salinas Lozano y, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a aprobar la inclusión al Catálogo de Medicamentos del producto Inhibidor de la esterasa C1 humano, para atender la enfermedad de angioedema hereditario.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

La Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Senadora Marcela Torres Peimbert y, de Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a incorporar lo dispuesto en la reforma a la Constitución Federal del 2014, y tomar en consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia de equidad para reformar artículo 135, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de los Senadores Dolores Padierna Luna y  Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad que le confiere el Apartado C del artículo 72 constitucional, devuelva al Congreso de la Unión el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, considerando las observaciones vertidas por el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y durante el debate en el Congreso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Edgar Romo García, a nombre propio y de la Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín y, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de sus familias, garantizando la planta docente necesaria y especializada para tales casos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán Loera.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena, Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Diputado  Federico Döring Casar del PAN; Diputado Edgar Romo García del PRI; Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, para rectificación de hechos; y Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, para rectificación de hechos. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se adiciona un párrafo al Resolutivo Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo y Yolanda de la Torre Valdez, con proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo como “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto que reforma la fracción V Bis, adiciona la fracción Viii Bis y la fracción x del artículo 33; y el primer y quinto párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 37 de la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal y se reforma la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José del Pilar Córdova Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con   punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y del Trabajo y   Previsión Social a reforzar las acciones encaminadas a la atención para las madres que sufren pérdidas gestacionales desde una perspectiva de respeto a sus derechos humanos y laborales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, Laura Angélica Rojas Hernández y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida en la misma.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y demás dependencias involucradas a cumplir cabalmente con las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes les entregó el 30 de abril de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del gobierno de los estados de Oaxaca y Michoacán a ejecutar las acciones   necesarias para la prevención de los incendios forestales; así como realizar una investigación y dar a conocer las causas que dieron origen a dichos incendios, en atención a los altos índices que han presentado en la semana que comprende del 22 al 28 de abril de este año, de acuerdo al reporte de la Comisión   Nacional Forestal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública a hacer públicos los avances del desarrollo y aplicación, en su caso, de los protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres en cada uno de los centros educativos de todo el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales a investigar de manera expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los probables responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover esquemas tarifarios que permitan reducir el cobro de las comisiones vigentes por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos económicos suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera Mérida-Tizimín, entronque con Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer de inmediato un comité técnico multisectorial en el área del complejo petroquímico de “Pajaritos” en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que permita lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente en la zona.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a eliminar su campaña emprendida en contra de las radios comunitarias, bajo el slogan “Se busca por robo”, así como responder públicamente a las organizaciones y medios de comunicación pronunciadas al respecto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a la Procuradora General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a redoblar esfuerzos orientados a establecer estándares mínimos en la formación de peritos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su secretario ejecutivo para esclarecer el caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, publicada el 10 de junio de 2015, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas.- Se turnó a las Cámaras del Congreso de la Unión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, además de ampliar sus medidas para prevenir la violencia obstétrica en las comunidades y localidades de la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Energía, de Trabajo y Previsión Social, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al    Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, respecto del siniestro en el complejo petroquímico de “Pajaritos”, en  Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al presidente municipal de Cuernavaca,   Morelos, así como al titular del poder ejecutivo de ese estado, a dar cumplimiento a los convenios de participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla” para garantizar la seguridad pública a los habitantes de dicha ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Laura Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a entregar en tiempo y forma los subsidios para los productores del sector agropecuario y pesquero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Xochitl Hernández Colín y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a realizar una   investigación por los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y  dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación   Venustiano Carranza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión Permanente al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a hacer público el estado que guarda la atención de la muerte materno-infantil en nuestro país y reforzar la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materno-infantil en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de las Mujeres y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a intensificar las acciones y medidas relativas a erradicar los feminicidios.- Se turnó a la Segunda  Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a implementar un programa especial para prevenir, combatir y erradicar la diabetes mellitus que afecta niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Alfredo Torres Huitrón y Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, dentro de la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en la circulación sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de 80 km/h o se cambie la categoría de vía primaria a vía de acceso controlado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer y establecer mecanismos eficientes para la prevención y control de incendios forestales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero, evalúen los alcances de los operativos que en materia de seguridad se vienen realizando, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que      exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a destituir de su cargo al delegado federal del programa Prospera en Veracruz, así como a la coordinadora nacional del mencionado programa, por el uso indebido de recursos públicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia médica, jurídica y humanitaria a la familia del niño José Miguel Tello, originario de Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y César Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a que, en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulen las causales de divorcio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para que las Secretarías de Educación Pública y de Salud realicen una evaluación sobre el cumplimiento del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a emprender acciones que permitan la producción total de uniformes para uso del personal de la dependencia, para la reducción de costos, garantizar la seguridad y la exclusividad de los mismos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal efecto.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Edgar Spinoso Carrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un diagnóstico de los recursos transferidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en virtud del recorte al gasto aplicado a la SAGARPA en el mes de marzo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Samuel Alexis Chacón Morales y Alfredo Bejos Nicolas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a analizar la reclasificación de las tarifas eléctricas y la aplicación de cobros accesibles en los municipios de Chiapas, en beneficio de los ciudadanos de la frontera sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Taja Ramírez y Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a coordinarse e intensificar los operativos para contener y disminuir la venta y distribución de medicamentos pirata en el país e informar a la población del riesgo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Xitlalic Ceja García, César Alejandro Domínguez Domínguez, Mariana Benítez Tiburcio y Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar si existe la probable comisión de delitos federales o financieros en los negocios que posee José Antonio Gali Fayad y su familia; asimismo, se solicita al Instituto Nacional Electoral gire instrucciones para fiscalizar el origen y destino de los recursos con los que dispone el candidato de la coalición del PAN a la gubernatura del estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Iztacalco a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. Periférico, en su cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la Delegación Iztacalco, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un informe sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil a llevar a cabo un programa de capacitación dirigido a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior en materia de primeros auxilios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a ampliar y fortalecer sus campañas de información sobre los beneficios relacionados al uso de tabletas como herramientas útiles para el estudio y la comunicación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial atención en las zonas más vulnerables del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a las tomas de combustible clandestinas detectadas en el estado de Guanajuato y se sancione a los responsables conforme a derecho.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña mediante la que se prevenga e informe a la población sobre los efectos negativos que para la salud puede representar el uso del asbesto en las tuberías y tinacos del hogar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con   punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a investigar el proceso de licitación para la compra de camiones recolectores de basura del 2013 al 2015 y, en caso de que se comprueben irregularidades y sobreprecio, se sancione conforme a derecho proceda a los involucrados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el Sistema de Transporte Público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo en materia de detección y tratamiento del lupus.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para que sirva el marco del mes de mayo, como mes de concientización sobre la enfermedad de Lyme.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar una campaña de difusión sobre el programa “Viajemos todos por México”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se impugnó la Ley de Movilidad del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y a la Procuradora General de la República para que se expliquen los objetivos del traslado de Joaquín Guzmán Loera al centro penitenciario de Ciudad Juárez, así como el estatus que guarda el procedimiento de extradición de dicha persona y sobre las acciones de recuperación de activos binacionales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a conocer y llevar a cabo las investigaciones que recaigan a la posible comisión de actos ilícitos por parte de servidores públicos del estado de Coahuila en contra de periodistas del diario Vanguardia.- Se turnó a la Primera    Comisión.

 

Del Diputado César Flores Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila a realizar las acciones necesarias para la discusión y aprobación de la legislación en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el estado y la aprobación de una partida presupuestaria para iniciar su funcionamiento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortar a las diversas comisiones a dictaminar en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales y no permitir su preclusión por falta de dictamen.- Se turnó a la Cámara de  Diputados.

 

Del Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Yucatán y a su Secretario de Educación a garantizar la aplicación del presupuesto federal y estatal destinado a la regularización, re-categorización y nivel salarial de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de ese estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada del algodón; a revisar los factores que contribuyan a obtener una mejor producción; y a establecer un programa específico de apoyos para los productores de algodón.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de trigo, particularmente que a los productores de trigo bajacalifornianos se les mejore la entrega de recursos adicionales y se implemente y difunda un plan para el desarrollo y producción de trigo en el estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Exaltación González Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la libertad de expresión y dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Cruz Roja.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Aves Migratorias.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Cáncer de Ovario.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre de la Batalla del 5 de Mayo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Madre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Cruz Roja.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Madre. - Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre las acciones para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con treinta y siete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dieciocho de mayo, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Así también, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el que envían el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto, por favor.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2015.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, con los que remite información correspondiente al primer trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, su informe de actividades 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase copia de dicho informe a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite Acuerdo que exhorta al Senado de la República a aprobar los dictámenes pendientes en materia de edad mínima para contraer matrimonio y armonizar lo previsto en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase el Acuerdo a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

Proceda con el siguiente asunto, por favor.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, el informe de sus actividades durante su viaje de trabajo a Cuba, realizado del 3 al 5 de abril de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 11 de mayo de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda la presencia de don Gilberto Bosques Tistler, nieto de don Gilberto Bosques Saldívar, quien fue periodista, diplomático, maestro, político y mexicano universal.

¡Sea usted bienvenido, don Gilberto Bosques!






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

(Presentada por el Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, señor Presidente.

Acudo a esta alta tribuna para presentar una iniciativa que pretende modificar artículos a la Ley General de Educación y a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, a fin de plasmar en el marco jurídico, educativo, la obligación de los tres poderes de gobierno de propiciar las mejores condiciones físicas en los centros educativos para lograr una verdadera transformación social.

Nuestro interés es establecer claramente en la legislación la importancia de contar con instalaciones educativas accesibles con espacios idóneos para las actividades físicas y el desarrollo integral de los educandos.

Con las reformas de los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en febrero de 2013, así como con la posterior aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General de la Educación, se establecieron las bases para la transformación, modernización y democratización del Sistema Educativo Nacional.

La reforma constitucional busca convertir a la educación en la fuerza transformadora del país y fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, bajo el liderazgo de directores, maestros y padres de familia.

Un eje fundamental de esta transformación educativa es mejorar la infraestructura educativa de las escuelas, su equipamiento y los materiales educativos disponibles. Para lograrlo, el gobierno federal anunció una inversión de 50 mil millones de pesos en los próximos tres años para mejorar las condiciones físicas de más de 33 mil planteles, beneficiando a más de 5 millones de alumnos.

De nada servirán los recursos presupuestados, ni los programas educativos innovadores sin un verdadero impacto en alumnos, docentes y padres de familia.

Una escuela de tiempo completo, en donde además de las clases regulares se sirvan alimentos nutritivos y se puedan realizar actividades físicas y practicar un deporte, serían sin duda espacios generadores de cambios profundos en nuestra sociedad.

Sin lugar a dudas, es necesario acompañar las decisiones de política pública con un andamiaje jurídico brindando certidumbre legal a los programas públicos con grandes objetivos.

Si queremos lograr escuelas realmente de calidad, accesibles a todos los alumnos, es necesario alinear los contenidos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa con una nueva realidad.

De esta manera, se hace necesario incluir en el marco legal educativo, la obligación del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, por asegurar el libre acceso a los centros educativos y dotarlos de las mejores condiciones.

Por ello, se propone reformar la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General de Educación a fijn de que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sean los encargados de regular la existencia de condiciones de libre acceso para personas con discapacidad tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas.

Por otro lado, la presente iniciativa, propone reformar los artículos 6, 7, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa con el fin de transformar al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en un órgano articulador de los esfuerzos del gobierno federal, estatales y municipales.

La práctica de una actividad física o de algún deporte, es primordial para la salud, el control de sobrepeso, la generación de solidaridad de grupo, el aumento en la autoestima de nuestros niños y jóvenes y la prevención de adicciones y las conductas nocivas.

Compañeras y compañeros legisladores, como puede observarse, tanto en la Ley General de Educación expedida en 1993, como en la Ley General de Infraestructura Física Educativa de 2008, no se encuentran alineadas transversalmente con otros ordenamientos generales que han otorgado derechos exigibles a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Resulta pertinente entonces, proponer reformas para contemplar en el marco jurídico educativo temas como el derecho a la actividad física y el deporte, la creación de condiciones de libre acceso y el uso de espacios educativos en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con las reformas a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en febrero de 2013, así como con la posterior aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General de la Educación, se establecen las bases para la transformación, modernización y democratización del Sistema Educativo Nacional, el cual está integrado por más de 36 millones de alumnos, que son atendidos por 2 millones de docentes en 260 mil 297 escuelas en el país.

La Reforma busca convertir a la educación en la fuerza transformadora del país y fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, para que bajo el liderazgo de los directores, maestros y padres de familia, tengan una mejor organización para solucionar las necesidades escolares más apremiantes.

Un eje fundamental de esta transformación educativa es mejorar la infraestructura física en las escuelas, su equipamiento y los materiales educativos disponibles para los alumnos y docentes. Para lograrlo, el Gobierno Federal anunció que  en los próximos tres años, se invertirán 50 mil millones de pesos para la mejora de las condiciones físicas de más de 33 mil planteles con lo que se beneficiará a más de 5 millones de alumnos y tan solo en 2016 se tiene previsto rehabilitar 16 mil 419 planteles educativos.

De nada servirán los recursos presupuestados, ni los programas educativos si no se logra un verdadero impacto en los alumnos, docentes y padres de familia que ven en los centros escolares una oportunidad para lograr una verdadera transformación social.

Una escuela de tiempo completo, en donde además de las clases regulares se sirvan alimentos nutritivos y se puedan realizar actividades físicas y practicar un deporte, serían sin duda espacios generadores de cambios profundos en nuestra sociedad.

Sin lugar a dudas, es necesario acompañar las decisiones de política pública con un andamiaje jurídico que brinde certidumbre legal a las acciones que hoy inician como programas públicos con grandes objetivos.

Si queremos lograr escuelas realmente de calidad, accesibles a todos los alumnos, sus maestros y sus familias; que sean un lugar en donde se pueda hacer ejercicio o practicar un deporte, es necesario alinear los contenidos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa con esta nueva realidad que se construye cotidianamente en las los espacios educativos de nuestro país.

De esta manera, se hace necesario incluir en el marco legal educativo, la obligación del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales, por asegurar el libre acceso a los centros educativos y dotarlos de las mejores condiciones para realizar actividades físicas y practicar deportes de una manera segura y en instalaciones dignas.

Por ello, se propone reformar la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General de Educación a fin de que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sean los encargados de regular que tanto los espacios educativos privados como públicos cuenten con condiciones de libre acceso para personas con discapacidad.

Nuestra Constitución con la reforma, en el año de 201, de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

De esta manera, queda garantizado el pleno derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, sin importar sus condiciones de discapacidad. 

En materia reglamentaria, Ley General de Educación (LGE) en su reforma del 20 de mayo de 2014, estableció en su artículo 7, fracción IX, como uno de los fines de la educación estimular la educación física y la práctica del deporte. De la misma manera, el artículo 14, fracción IX, del mismo ordenamiento, establece como atribuciones concurrentes de la federación y las autoridades locales fomentar y difundir actividades físico-deportivas en todas sus manifestaciones. Sin embargo, no se toma en cuenta las barreras físicas a las que se enfrentan aquellos niños con alguna discapacidad.

El artículo 55 de este ordenamiento general, determina que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: I) con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; II) con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine; y III) con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

El párrafo segundo del artículo 59 de la LGE, prevé que en el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Por lo tanto, esta iniciativa propone las siguientes reformas a los artículos en comento:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 55.-

I.-… 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo
reconocimiento, y

I

III.-

Artículo 55.-

I.-… 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas, accesibilidad para discapacitados, y para la activación física y la práctica del deporte que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo
reconocimiento, y

III.-

Artículo 59.-

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 59.-

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas accesibilidad para discapacitados, y para la activación física y la práctica del deporte que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Por otro lado, la presente iniciativa, propone reformar los artículos 6, 7, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Educativa a fin de que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, considere la creación de espacios para la realización de actividades físicas y la práctica de deportes en los espacios educativos públicos, con la participación de las autoridades locales, estatales y federales.

Se ha demostrado que la práctica de una actividad física o de algún deporte, es primordial para la salud, el control de sobrepeso, la generación de solidaridad de grupo y el aumento en la autoestima de nuestros niños y jóvenes.

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo así que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y se establece como obligaciones del Estado su promoción, fomento y estímulo.

Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, conforme cifras de la UNICEF. Además, según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta un sobrepeso y obesidad.

Resulta a todas luces necesario que los espacios educativos cuenten con espacios dignos que promuevan la actividad física y la práctica de algún deporte si es que queremos que nuestros centros escolares se transformen en verdaderos espacios de cambio. 

Debemos construir el andamiaje jurídico que permita el sano desarrollo de los educandos, así como contar con instalaciones adecuadas para que puedan tener actividades físicas de ejercicio dentro de las escuelas. 

El 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual norma los elementos que intervienen en el diagnóstico, la planeación y evaluación de los espacios educativos en términos de calidad y con una organización administrativa que a nivel nacional oriente y apoye las acciones de los distintos niveles de gobierno.

También se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo técnico cuya función está encaminada a formular el programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las entidades federativas, órgano que contribuirá a mejorar las condiciones de funcionalidad de la infraestructura física educativa del país en beneficio de los educandos.

Con la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se abrogó la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 1944, organismo descentralizado del Gobierno Federal que tenía por objeto organizar, dirigir y llevar a cabo los programas federales de construcción, equipamiento y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en general, ley que facultó a la Secretaría de Educación Pública para que llevara a cabo la construcción de escuelas en todo el territorio nacional mientras durara el estado de emergencia en que se encontraba el país.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, es el órgano asesor encargado de emitir la normatividad y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional.

Asimismo, tiene como funciones crear, actualizar y mantener de manera permanente, en coordinación con las autoridades locales, un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura educativa y certifica en todo el país su la calidad. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa debe ser un órgano articulador de los esfuerzos del Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales en esta materia, generando sinergias que permitan reconocer y atender necesidades resultantes de un desarrollo desequilibrado en nuestro país y en sus regiones.

Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en el artículo 9, prevé el cumplimiento de diversos requisitos para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, como: las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado, que garantizan el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.

Respecto de la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, mandata que se demuestre además el cumplimiento de las obligaciones en materia de infraestructura señaladas en los artículos 55, fracción II, y 59 de la Ley General de Educación.

El artículo 11 de la LGIFE, obliga a las autoridades responsables a que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa se cumplan con las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. 

Asimismo, obliga a garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y a asegurar la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes reformas:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Educación, la Ley Federal de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

Educación, Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

… 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, y las leyes en la materia de las entidades federativas, especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE. Asimismo, se garantizarán la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y de un área destinada para la activación física y la práctica del deporte, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

sociales de la población.

Nacional de Cultura Física y Deporte. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 16.

El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Artículo 16. …

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionada a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Como puede observarse, tanto en la Ley General de Educación expedida en 1993, como la Ley General de la Infraestructura Física Educativa de 2008, no se encuentran alineadas transversalmente con otros ordenamientos generales que han otorgado derechos exigibles a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Resulta pertinente entonces, proponer reformas que contemplen en el marco jurídico educativo temas como el derecho a la actividad física y el deporte, y la creación de condiciones de libre acceso y uso de espacios educativos en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y LOS ARTÍCULOS 6, 11 Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas, accesibilidad para discapacitados, y para la activación física y la práctica del deporte que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Artículo 59.-

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y para la práctica del deporte que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 6, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

… 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, y las leyes en la materia de las entidades federativas, especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE. Asimismo, se garantizarán la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y de un área destinada para la activación física y la práctica del deporte, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 16. …

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionada a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días hábiles para la publicación de los lineamientos en materia de áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Tercero. Las instituciones educativas del estado, sus organismos descentralizados y los particulares que impartan educación inicial, tendrán un plazo de 360 días hábiles, para que sus instalaciones cuenten con áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Atentamente

Dip. Adolfo Mota Hernández.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Mota Hernández. Túrnese a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN IX, REFORMA LA FRACCIÓN X Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS     PENALES

(Presentada por la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Las reformas a la Constitución por las que se expidió el nuevo sistema penal acusatorio, representan un avance histórico al establecer una reingeniería judicial penal que brindará con su gradual entrada en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016.

En Acción Nacional estamos convencidos de que este sistema integra las herramientas jurídicas necesarias e indispensables para obtener una justicia equilibrada en binomio de víctimas y delincuentes.

Cabe mencionar que en el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contempla como un derecho humano el hecho que durante la privación de la libertad el delincuente contará con la capacitación para desempeñar un trabajo, desarrollar esta labor y recibir una educación con el único objetivo de que desista del interés de cometer delitos una vez que sea liberado.

Sin embargo, esta disposición se ha inscrito como una de las mayores tareas pendientes del Estado mexicano, ya que la estructura y desarrollo del sistema penitenciario ha fracasado en brindar a la población una estrategia puntual que le permita alcanzar la tangible reinserción social del delincuente.

Son grandes los presupuestos económicos que se erogan y ejercen anualmente en el sostenimiento de dicho sistema que van no sólo en función de la habitación, alimentación, custodia o mantenimiento de los centros, sino en la inversión de capital humano responsable de ejercer las estrategias de capacitar, emplear, educar y dar atención médica en su interior.

Bajo esta tesitura, la atención médica también consiste en la atención de las necesidades del orden mental en el campo psicológico y psiquiátrico, como en medidas futuras que pondrán la base para orientar la función de brindar el acceso a aprender un oficio, contar con un trabajo y una educación que, en suma, determinan la efectividad de una verdadera reinserción social.

Por lo anterior, es una encomienda que la autoridad judicial afronte con base al criterio que emita el veredicto del jurado y en atención a los elementos de prueba desahogados conforme al perfil del sentenciado, orientar cuál será el tratamiento que debe tener la persona en todos los aspectos y que deberán observar las autoridades penitenciarias como una práctica vinculatoria de corresponsabilidad en favor de la salvaguarda del principio pro-persona.

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto contribuir a enarbolar los criterios jurídicos para que el juzgador fije en sentencia definitiva las bases para obtener efectos reparadores a los justiciados y a la sociedad con motivo de la dictaminación de penas.

Con esta iniciativa queremos contribuir para perfeccionar de forma efectiva, transparente y coordinada la labor de impartición de justicia, en un clima de certidumbre que dará mejores resultados para el cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos que se deben atender las situaciones que desencadenan conductas delictivas a efecto de proteger a la sociedad de sus consecuencias y que los sujetos que han cometido ilícitos puedan ser reconducidos en consonancia con el puntual respeto a sus derechos humanos, con el objetivo de lograr la justicia restaurativa en favor de las víctimas y de la propia sociedad.

Bajo tal entendimiento estamos plenamente convencidos que no puede haber actividad productiva del interno, si no se atiende su educación, su salud mental, su salud psicológica, hábitos y costumbres.

Es por ello que a nombre de mi compañero Diputado José Máximo García López, someto a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción IX, se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de garantizar no sólo la igualdad jurídica sino también el respeto a la condición humana que contribuirán a fortalecer la práctica de la impartición de justicia con una práctica de certidumbre para que los juzgadores establezcan nuevos parámetros en sus fallos de verdadera práctica de imparcialidad y aplicación del derecho.

Es cuanto.

Iniciativa

El suscrito, Diputado JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, así como los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral I, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados;los artículos 6, fracción I numeral 1; 39 numeral 2, 62 numeral 2; 76 fracción IV y 79 numeral 1 fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 55 fracción II, 28 último párrafo y 30 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,nos permitimos poner a la consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN IX, REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI TODOS DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las reformas a la Constitución General de la República que expidieron el nuevo sistema penal acusatorio priorizan la emisión de normas que observen una gama de acciones para las autoridades involucradas que aseguren a la población como prioridades ante existencia de un crimen, el ejercicio pleno de los derechos de la víctima para resarcir sus consecuencias, como se prevé dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014.

Sin duda, los avances en el tema son históricos al darse una reingeniería judicial penal que brindará con su gradual entrada en vigor a más tardar el 18 de junio del 2016, las herramientas jurídicas necesarias e indispensables para obtener una justicia equilibrada en el binomio de víctimas y delincuentes.

La presente iniciativa tiene como objeto contribuir a enarbolar criterios jurídicos para que el juzgador fije en sentencia definitiva las bases para obtener efectos reparadores a los justiciables y la sociedad con motivo de la dictaminación de penas.

Es una tarea pendiente e impostergable, dar mayores insumos procesales en las normas que se conviertan en acciones concretas que ajusten la conducta del delincuente acorde a la norma social lo cual es el fin de establecer en sentencias cómo deberá ser la forma en que los delincuentes deberán ser llevados a lograr en favor de sociedad a ser parte de las soluciones que en proceso se buscan al establecerse el primer objetivo de los establecidos dentro del inciso c) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a las medidas de solución de controversias en juicios.

Los legisladores debemos hacer frente a las exigencias de todos, no solo para resolver las necesidades de hacer tangibles las sanciones penales, sino en atender las situaciones que seducen al delincuente a pretender en un futuro cometer nuevos delitos o dejar que su libre albedrío sea imponga por encima del interés común en prisión, evadiendo el cumplimiento de su deber de ser reeducado, en consonancia con el puntal respeto a los derechos humanos.

Sabido es que, para el Estado brindar a la población una estrategia puntual para alcanzar la tangible reinserción del delincuente no ha sido un quehacer con precedentes exitosos, con resultados tangibles de objetivo cumplido; por más que el artículo 18, párrafo segundo de la Ley Fundamental establezca ello como el derecho humano al versar que durante la privación de la libertad el delincuente contará con la capacitación para el desempeñar un trabajo, desarrollará esta labor y recibirá una educación, con el fin de que desista del interés de cometer delitos una vez que sea liberado sea por cual fuere el medio procesal previsto en la ley, es prácticamente un fracaso que las autoridades alcancen la meta de logra la reinserción social del interno.

Son grandes los presupuestos económicos que se erogan y ejercen anualmente en el sostenimiento del sistema penitenciario que van no solo en plano de la habitación, alimentación, custodia o mantenimiento de los centros, sino el capital humano responsable de ejercer las estrategias de capacitar, emplear, educar y dar atención medica al interior, por ser parte de una obligación del ejecutivo federal y los locales.

Es de destacar en dichas funciones la atención médica del interno, esta función en la realidad se realiza como acto complementario de la conservación de salud durante el tempo que dura el castigo, y que en suma forma parte de los lineamientos pertinentes para la reinserción social.

Sin embargo la atención médica no es solo es atender incidencias ocurridas tras la disminución de la salud, por el contrario, es también la atención de las necesidades del orden mental en el campo psicológico y psiquiátrico, como medidas futuras además de las que pondrán la base para orientar el destino de la función de brindar el acceso a aprender un oficio, contar con un trabajo y una educación; una vez que se halle en el campo de la competencia penitenciaria, que en suma determinan la efectividad de verdadera reinserción social.

Por lo anterior, es una encomienda que se debe asumir para una eficiente funcionalidad en la impartición de justicia, en esta iniciativa se propone todo esto incorporar para que la autoridad judicial afronte con base al criterio que emita el veredicto del jurado, atendiendo los elementos de prueba desahogados conforme al perfil, de manera tal que se oriente en la sentencia, cuál será el tratamiento que debe tener la persona en todos los aspectos y que deberán observar las autoridades penitenciarias en una práctica vinculatoria de corresponsabilidad.

La sentencia definitiva no solo es la actuación por la que se interpreta una norma, se aplica el derecho, pone fin al juicio, también es el acto jurídico procesal por el cual se debe aplicar el principio de in dubio pro reo, como rector para hacer que trasciendan los efectos de la función probatoria, porque es a través de ello donde se conoce el nivel de la gravedad del delito y culpabilidad que determinan el criterio de la demanda racional de la estructura psicosocial del procesado para reorientar su vida como parte de la atención a la salud que la Constitución le garantiza en prisión, porque no puede haber actividad productiva del interno si no se atiende el tipo de educación, salud mental, salud psicosocial, hábitos y costumbres que se requieren que presagien un destino futuro benéfico para la sociedad durante la temporalidad de la extinción de penas y es justo que en el campo del fallo definitivo donde se deben tomar las prevenciones sobre la clase de tratamientos en forma general de lo que debe observarse a la postre en prisión.

La reinserción social está subordinada a la obligatoriedad de observar el Estado legítimo cumplimiento de las sentencias, como se ordena en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consonancia con las encomiendas para una prevención generar mejores y más delincuentes peligrosos tras las rejas que solo al salir esperan dar vida a esa mentalidad que en la presente iniciativa vamos a contribuir para perfeccionar de forma efectiva, transparente, coordinada la labor de impartición de justicia con sus efectos, en un clima de certidumbre que de igual forma dará mejores resultados para el cumplimiento a los artículos 2,3, 6 fracción VI, 7, y 11 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Por ello resulta trascendental perfeccionar los ordenamientos aplicables para garantizar no sólo la igualdad jurídica sino también el respeto a la condición humana que contribuirán a fortalecer la práctica de la impartición de justicia con una práctica de certidumbre para que los juzgadores establezcan nuevos parámetros en sus fallos de verdadera practica de imparcialidad y aplicación del derecho.

RESOLUTIVOS

ÚNICO: Se modifica la fracción IX, se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI todos del artículo 403 del Código Nacional Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 403. . .

. . .

I a VIII. . .

IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes;

X. Las medidas de reinserción social, y

XI. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Dentro del término previsto en el transitorio segundo el Congreso de la Unión expedirá la Ley General prevista en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores,
el 18 de mayo de 2016.

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Dip. Fed. José Máximo García López.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Huerta Villegas. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 127 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a esta tribuna a presentar iniciativa para reformar el artículo 127 constitucional con el objeto de establecer un límite a las remuneraciones que perciben los servidores públicos en todo el país a nivel municipal.

Este es un tema que abordamos por una cuestión de ética y de justicia social, porque nos parece inadmisible que se siga manteniendo una diferencia abismal entre el salario mínimo de los trabajadores y los sueldos onerosos que perciben muchos de los presidentes municipales de este país; en donde la opulencia y la miseria marcan aún más la enorme brecha de la desigualdad.

El Partido de la Revolución Democrática ha sido uno de los principales artífices de la reforma constitucional para aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Nuestra visión es llegar a un salario digno, donde lleguemos a la línea de bienestar que todo el pueblo mexicano requiere, y obviamente continuaremos con nuestra causa, porque aún tenemos una labor muy importante que emprender hasta lograr la plena recuperación de este salario mínimo.

En este sentido, nosotros como partido de izquierda tenemos la responsabilidad de impulsar reformas que impidan el incremento de la desigualdad, con todos los efectos adversos que conlleva tanto para el desarrollo como para la estabilidad social.

La sociedad reclama que dignifiquemos el ejercicio del trabajo de los funcionarios públicos, exige que rindan cuentas, que sean transparentes, que no incurran en actos relacionados con conflictos de interés y que tengan sueldos adecuados con su función, pero sin llegar al abuso en el que muchos han llegado a incurrir.

De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal de 2015, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Imco, los municipios del país generan sólo el 4% de los ingresos totales; sin embargo, su gasto asciende al 7.5%.

De este informe también destaca el resultado del análisis que hizo a la evolución del gasto de los municipios en el rubro de sueldos y servicios personales. Ya que muestra que en 10 años hubo un incremento general del 34%, mientras que en un par de municipios de Tamaulipas se presentó un incremento aproximado de 400%.

Todo ello explica por qué razones se ha incrementado exponencialmente la deuda pública de los municipios y ha colocado a las finanzas de nuestro país en una situación que ya es insostenible.

Con esta iniciativa pretendemos establecer un tope general al salario de los servidores públicos de los 2,457 municipios del país porque necesitamos sanear las finanzas públicas de los municipios y limitar el uso discrecional de los recursos que se ejercen.

Vengo a nombre del Diputado Victoriano Wences Real, a presentar esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, VICTORIANO WENCES REAL, Diputado Federal de la LXIII Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  por el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país existen 46.2 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 9.5 millones en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existiendo municipios de muy alta y alta marginación que tienen servidores públicos municipales como ediles cuyo remuneración o retribución es sumamente desproporcional a las actividades que desempeñan y a las condiciones sociales de la ciudad, además dicha retribución no está sujeta  a comprobación, por lo que resulta de suma importancia moderar esta desigualdad social.

Es innegable que la pobreza en nuestro país es un asunto de suma importancia para los tres órdenes de gobierno, debemos de reconocer que se han implementado una serie de programas sociales que buscan como objetivo el reducir la pobreza, sin embargo no existe una planificación integral que tienda a reducirla, actualmente de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que en nuestro país existen 46.2 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 9.5 millones en pobreza extrema.

Por otra parte en muchos municipios de muy alta y alta marginación, se contrasta la pobreza de las y los mexicanos que apenas llegan a subsistir con el equivalente a 10 pesos diarios por familia con los sueldos de servidores públicos municipales que son exorbitantes, el cual no está sujeto a comprobación.

Es evidente que los servidores públicos municipales requieren muchas de las veces apoyos para atender las solicitudes de la ciudadanía, pero también es cierto  que estos jugosos sueldos que reciben no son utilizados para dicho fin y mucho menos son comprobados.

Es indudable que el sueldo de los servidores públicos no debe de ser exorbitante, debe de ser inherente a las funciones que se realicen, sin embargo en nuestro país el ostentar un cargo de elección popular es sinónimo de derroche de recursos públicos, los altos sueldos no se justifican con la labor que realizan, existen ayuntamientos que incluso no celebran con normalidad las sesiones de cabildo, los ediles no atienden a la ciudanía ni mucho menos erogan gastos que tengan como finalidad el atender demandas sociales.

En México no podemos tener millones de personas en pobreza extrema y ediles de municipios de muy alta y alta marginación con sueldos exorbitantes, es tiempo de frenar estas enormes desigualdades sociales, los cargos de elección popular no deben de estar motivados por sus jugosos sueldos deben de estar motivados por el servicio a la sociedad, debe de privilegiarse la atención de las demandas sociales, en nuestra sociedad no se justifica estas diferencias sociales, no debe de existir ningún privilegio ni social ni económico ni político de los servidores públicos en relación con las  y los mexicanos.

Es tomarse en cuenta también que a muchos servidores públicos municipales  se les otorga dieta que debe de ser destinada a las necesidades de la gestión social, sin que realmente exista la obligación de comprobar dichos recursos públicos, lo que indica que los servidores públicos no lo invierten en la sociedad, lo dejan para ellos, pero más aún cuando dichos remuneración o retribución no está sujeta a comprobación puede considerarse como parte de su sueldo, existiendo incluso la inmoralidad de algunos ediles de demandar a los ayuntamientos reclamando estas prestaciones como parte de su retribución o remuneración.

Es importante señalar que de acuerdo a los portales oficiales de algunos Ayuntamientos de la República Mexicana los sueldos que reciben los ediles son los siguientes:

CARGO

SUELDO MENSUAL

PRESIDENTE DE ACAPULCO

$76, 146.95

SÍNDICO DE ACAPULCO

$64,954.22

REGIDOR DE ACAPULCO

$58,985.66

PRESIDENTE DE MONTERREY

$98,090.67

SÍNDICO DE MONTERREY

$50,335.13

REGIDOR DE MONTERREY

$42,758.06

PRESIDENTE DE PUEBLA

$91,198.36

REGIDORES Y SINDICO DE PUEBLA

$68,694.40

PRESIDENTE DE METLATONOC

$18,500.00

SÍNDICO DE METLATONOC

$16,500.00

REGIDOR DE METLATONOC

$14,000.00

PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES DE TLAPA DE TLAPA DE COMONFORT

$120,000.00

PRESIDENTE DE VERACRUZ

$45,000.00

PRESIDENTE DE QUERETARO

$92,000.00

REGIDOR DE QUERETARO

$48,000.00

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADICIONANDO UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I.

Artículo único. Se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un segundo a la fracción I, para quedar como sigue:

Artículo 127. (…)

(…)

I. (…)

Los servidores públicos municipales no podrán tener una remuneración o retribución económica mensual superior a seiscientas ni inferior a cien unidades de medida actualizada.

De la II  a la VI. (…)

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Victoriano Wences Real.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa en materia de empaquetado neutro de los productos del tabaco.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

En el humo de tabaco se han identificado alrededor de 4 mil productos químicos, de los cuales, al menos 250 son nocivos y más de 50 son cancerígenos de riesgo para la salud humana. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el tabaquismo provoca anualmente 6 millones de muertes a nivel global, con lo que se ha convertido en la principal causa de defunciones prevenibles.

Más de 5 millones de estas muertes son de fumadores o ex fumadores y más 600 mil son no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno.

De persistir las tendencias actuales, habrá 8 millones de defunciones en el 2030, más del 80% de ellas concentradas en los países de ingresos bajos y medios.

En México, el consumo del tabaco ocasiona más de 60 mil muertes al año; la prevalencia de consumo diario de tabaco en 2012 se calculó en 11.8% de los adultos y en un 2.6% de los jóvenes.

Estas cifras indican que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública nacional y mundial, ya es que los fumadores mueren de manera prematura, privando a sus familias de ingresos, aumentando el costo de la atención sanitaria y dificultando el desarrollo económico de las finanzas públicas y de la economía en general.

El tabaquismo también afecta a la productividad; la Secretaría del Trabajo y Previción Social indica que las adicciones reducen entre el 5 y el 9% la productividad de los trabajadores, ya que la adicción al tabaco, al alcohol o alguna otra sustancia, repercute en el ausentismo y provoca que el trabajo no se realice de manera adecuada.

Adicionalmente la industria del tabaco tiene diversos efectos negativos en el medio ambiente, ¿por qué? Porque se incluyen el uso de pesticidas que provocan la esterilidad del suelo; deforestación, relacionada con el cultivo del tabaco, afectación a la salud de los agricultores; daño de los animales utilizados en pruebas de laboratorio con los productos de tabaco; y la contaminación del suelo y agua con las colillas de cigarros, entre otros.

Por estos motivos, el control del tabaco debe abarcar un conjunto de medidas de amplio alcance, destinadas a proteger a los fumadores y a los no fumadores de los efectos del consumo de este mismo.

Dentro de las diversas medidas, la legislación contra el humo del tabaco ha logrado resultados favorables. Actualmente, más de 1,300 millones de personas o el 18% de población mundial, puesto de esta forma, están protegidas por leyes nacionales que integran medidas muy precisas sobre este asunto.

En México, el Partido Verde ha impulsado desde 1997, la adopción de diversas medidas contra el tabaco, como son: la restricción de la publicidad y el aumento de impuestos a estos productos. En el 2003 propusimos crear una legislación específica de protección a los no fumadores, contribuyendo a que en 2008 se lograra la aprobación y publicación de esta Ley General para el Control del Tabaco.

Actualmente, en el marco del Día Mundial sin Tabaco que se conmemorará el próximo 31 de mayo, nos sumamos al exhorto de la Organización Mundial de Salud, para impulsar el empaquetado neutro de los productos de tabaco.

Con esta medida se busca reducir el atractivo del paquete; por un lado, eliminar la publicidad y la promoción, limitar el empaquetado engañoso del tabaco y aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias contra este producto.

Es necesario destacar que algunos países como Australia, Irlanda, Reino Unido y Francia ya han aprobado leyes similares para implementar este tipo de medidas con el empaquetado.

En este contexto, hoy presentamos una iniciativa de reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, con objeto de implementar el empaquetado neutro de los productos de tabaco.

Con esta medida, se pretende reducir la demanda y disminuir el atractivo de los productos, a fin de combatir los diversos daños ambientales, a la productividad, a la salud derivados de este producto y derivados de esta gran enfermedad que es el tabaquismo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Melgar Bravo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, para presentar a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano y de la Diputada Rocío Nahle García, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que modifica y adiciona el artículo 108 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano y de la Diputada Norma Rocío Nahle García)

El Diputado Virgilio Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

El Sistema Nacional Anticorrupción está atrapado en una red de intereses políticos que impedirán que el Poder Legislativo cumpla con el mandato constitucional de expedir la legislación secundaria. Para quienes han bloqueado la posibilidad de contar con un órgano independiente de combate a la corrupción da lo mismo dejar las cosas como están.

No obstante, para la sociedad mexicana la corrupción es uno de los principales problemas que impiden un desarrollo democrático y equitativo de nuestro país. Por ello, es urgente atender el fenómeno de la corrupción desde el origen, que corroe los cimientos del régimen político, porque la corrupción ha sido el mismo régimen político.

La corrupción se sustenta en el débil o inexistente control al poder formal y fáctico, y por la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y supervisión de las conductas de las autoridades. Un adecuado y correcto sistema anticorrupción, fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquellos servidores públicos y a los integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación y debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a esos poderes.

En nuestro país ninguna autoridad formal tiene más poder que el Presidente de la República. Por eso, el sistema anticorrupción debe partir de vigilar no sólo a los servidores públicos, ineludiblemente debe vigilar la cúspide del poder, éste no queda exento de actos de corrupción, hechos que se replican al resto de las instituciones y a la sociedad desde arriba. Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República, de los ex Presidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos transnacionales y nacionales que operan en México y que están vinculados con el poder presidencial, los esfuerzos para combatir la corrupción serán estériles e inútiles.

Las reformas anticorrupción propuestas, y hasta hoy conocidas por las distintas fuerzas políticas, eluden enfrentar la corrupción del Presidente de la República y la de los ex Presidentes que han gobernado nuestra nación y, tampoco, se encaminan a combatir la corrupción de los poderes fácticos de México. Además, tal como ocurrió con la reforma constitucional en la materia, construyen un aparato institucional anticorrupción que estará capturado por el Presidente y las nomenclaturas de los partidos, que no gozará de la independencia indispensable para realizar y cumplir sus atribuciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción de entrada está capturado por el poder del Presidente y de los dirigentes de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción. Se requiere, por tanto, de autoridades independientes, que ahora no tenemos, ni con la reforma constitucional anticorrupción garantiza en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en todo el sistema anticorrupción.

Por ello, proponemos en esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 108 constitucional, entre otras cosas, crear una Comisión de la Verdad, misma que tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos, como Argentina o Guatemala.

Pretendemos que esta Comisión de la Verdad esté facultada para investigar los actos de corrupción del Presidente, en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas. Los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

En la historia de nuestro país han existido casos concretos de corrupción que deben ser investigados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, merece profundizarse en las múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas que favorecieron a algunos cuantos potentados que hoy aparecen entre los hombres más ricos de México y del mundo.

Durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, es pertinente recordar las decisiones que fundaron la aprobación del Fobaproa y que implicaron privilegios para la oligarquía nacional, en donde las deudas privadas se transformaron en deudas públicas con la complicidad del Poder Legislativo.

Sobre el sexenio de Vicente Fox, se puede mencionar la manera ilegal a través de la cual llegó a la Presidencia, empleando un esquema de financiamiento paralelo, conocido como Amigos de Fox, o los escándalos de Oceanografía.

Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderón están a la vista, la forma ilegítima a través de la que llega a la Presidencia; la corrupción en la CFE, la extinción inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro, y la construcción irregular de la Estela de Luz, por citar casos emblemáticos.

En este sexenio, la privatización de la industria energética y la aprobación de las reformas estructurales en contra del pueblo de México, las relaciones de corrupción con empresarios como Higa y OHL, así como el escándalo de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto.

Por eso, en esta iniciativa proponemos, entre otros asuntos relevantes, lo siguiente:

Que el Presidente de la República esté sujeto a los delitos y faltas de corrupción como cualquier otro servidor público.

Que se constituya una Comisión de la Verdad con cinco integrantes electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República en funciones y de los ex Presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos de corrupción.

Que los delitos y faltas de corrupción sean imprescriptibles.

Que en un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado, y órganos constitucionales autónomos, deberán reducirse el salario y renunciar a las prebendas.

Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales o subsidios, accionistas o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas, tendrán prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas políticas.

Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancia de autoridad y, los particulares que ejerzan o administren, por sí o a través de personas morales, recursos públicos o reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, tanto de sí mismos como de sus cónyuges y parientes en primer grado.

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deben regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas.

Se derogan las asociaciones público-privadas y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privatizan el patrimonio público.

Exigimos también, la extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional.

Y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, producira resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos.

Con nuestra iniciativa, se trata de ir al fondo del problema, extirpar de una vez por todas la corrupción y evitar simulaciones.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos MANUEL BARTLETT DÍAZ y HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, VIRGILIO CABALLERO PEDRAZA y NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, Diputadosdel Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122.2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, del Reglamento del Senado de la República; Y, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS Y FALTAS DE CORRUPCIÓN, Y PARA CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD, QUE INVESTIGUE Y SOMETA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS RESULTADOS DE SUS INDAGATORIAS RESPECTO DE LAS CONDUCTAS Y OMISIONES VINCULADAS A LA CORRUPCIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE Y DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Todo sistema anticorrupción debe controlar el poder más importante e impedir que el aparato anticorrupción esté en manos de los vigilados.

La corrupción se sustenta en el débil o inexistente control al poder formal y fáctico, y por la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y supervisión de las conductas –actos y omisiones- de las autoridades. Un adecuado y correcto sistema anticorrupción fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquéllos servidores públicos y a los integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación y, debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a esos poderes.

En nuestro país ninguna autoridad formal tiene más poder que el Presidente de la República. Por eso, el sistema anticorrupción debe partir ineludiblemente de la cúspide del poder porque de ahí se deriva y se proyecta al resto de las instituciones y a la sociedad. Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República, de los ex Presidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México y que se vincularon con el poder presidencial, los esfuerzos anticorrupción serán estériles e inútiles.

Las reformas anticorrupción propuestas, y hasta hoy conocidas por las distintas fuerzas políticas, eluden enfrentar la corrupción del Presidente de la República y la de los ex presidentes que han gobernado este país y, tampoco, se encaminan a combatir la corrupción de los poderes fácticos relevantes en México. Además, tal como ocurrió con la reforma constitucional en la materia, construyen un aparato institucional “anticorrupción” que estará capturado por el Presidente y las nomenclaturas de los partidos, que no gozará de la independencia indispensable para realizar y cumplir sus atribuciones.

Las circunstancias anteriores son sumamente graves porque la lucha contra la corrupción es en esencia el establecimiento de límites al poder. Desde el enfoque del Derecho constitucional, la corrupción constituye uno de los más claros y evidentes ejemplos de un uso fraudulento del poder que ocurre ante la ausencia de garantías para consolidar el principio de división de poderes y los derechos humanos. La corrupción significa el abuso del poder dirigido a la obtención de ganancias privadas. En este sentido, si el sistema nacional anticorrupción está capturado por los vigilados y no se dirige a enfrentar el poder de los presidentes y de los poderes fácticos relevantes del país, constituye una simulación inaceptable para los ciudadanos porque no va al origen de la corrupción ni genera las instituciones independientes que le hagan frente.

En México, los Presidentes de la República no son, como se cree, jurídicamente impunes, desde la primera Constitución de 1824 se estableció que los Presidentes eran responsables por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno y por cohecho o soborno, así como por actos dirigidos a impedir la realización de las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que éstos tomaran posesión del cargo o a que ejercieran las facultades que las leyes les atribuían. En la Constitución de 1857, además de traición a la patria y delitos graves del orden común, se podía proceder contra el Presidente, por violaciones expresas a la Constitución y por ataques a la libertad electoral.

De acuerdo a nuestra Constitución vigente, los Presidentes mexicanos pueden ser imputados por traición a la patria y por delitos graves del orden común. El Código Penal Federal considera quince hipótesis de traición a la patria en el artículo 123 de ese ordenamiento. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, estipula más de cincuenta hipótesis típicas penales que estima graves. A su vez, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera delitos graves los contemplados en once supuestos. Y, de acuerdo al artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se considera delito grave toda conducta sancionable con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de los cinco años. Lo anterior quiere decir, que si la Constitución y las normas en México se aplicaran respecto al titular del poder ejecutivo, el Presidente de la República seria imputable, de incurrir en las conductas precisadas, por los supuestos tipificados en el sistema jurídico.

La supuesta excepcionalidad nacional debida a la hipotética irresponsabilidad del Presidente mexicano viola la literalidad del artículo 108 de la Constitución y las leyes penales en vigor. Nuestra excepcionalidad “aparentemente” recogida y contemplada en el artículo 108 de la Carta Magna, demuestra que son otras las razones y los motivos por lo que aún no alcanzamos los niveles democráticos del estándar internacional y, que no podemos presumir adjetivándonos como un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. ¿Cuáles son esas razones y motivos?

El sistema institucional anticorrupción de entrada está capturado por el poder del Presidente y de los dirigentes de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción, amén de otras debilidades institucionales y competenciales que puedan presentar esos poderes y órganos. Se requiere, por tanto, de autoridades independientes, que ahora no tenemos –ni con la reforma constitucional anticorrupción-, en el poder judicial, en el ministerio público y en todo el sistema anticorrupción. Como no contamos con las autoridades independientes anticorrupción, las hipótesis de responsabilidad presidencial quedan en la nada jurídica y fáctica. No basta que existan setenta hipótesis de responsabilidad penal presidencial si el sistema institucional no garantiza la división de poderes y, si no se integra con autoridades auténticamente independientes de control y fiscalización a ese poder.

Solamente, para poner un ejemplo, de cómo las instituciones del Estado están capturadas y al servicio del Presidente y de los poderes fácticos, podemos ver que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de las conductas graves de corrupción, sus integrantes responden a los intereses del Presidente de la República y de los dirigentes de los partidos mayoritarios. Verbigracia, los magistrados Carlos Chaurand Arzate y Zulema Mosri tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones del PRI; los magistrados Julián Olivas y Guillermo Valls responden a Peña Nieto; y, Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Es imperioso investigar los actos de corrupción del Presidente de la República y de los ex presidentes en el ámbito de la operación y de los procedimientos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas del sector público, y en el área de las grandes compras gubernamentales y concesiones, así como en el incremento de las fortunas personales y familiares de los presidentes por órganos realmente independientes. En la calle, el mexicano común sabe, que desde la cúspide del poder formal al funcionario de menor nivel que participa en compras gubernamentales, éstos reciben un porcentaje equivalente al diez por ciento del contrato o concesión otorgado –el conocido “diezmo” o soborno- y, conoce que los presidentes y ex presidentes se enriquecen impunemente, incluyendo a sus familias.

Nuestra pretensión no es absurda. En las naciones del mundo democrático –europeas, americanas y aún latinoamericanas-, que se precien de fundarse en un Estado Constitucional, el primer ministro o el Presidente de la República, es susceptible de responsabilidades políticas y jurídicas, señaladamente penales.

Equivocadamente se piensa que los Presidentes y los Primeros Ministros no pueden ser investigados penalmente. En Francia, el ex presidente de la República Jacques Chirac fue imputado por desvío de fondos a miembros de su partido durante su mandato en la alcaldía de París entre 1977 y 1995 y, ya como ex Presidente, fue interrogado en julio de 2007 sobre esos hechos. El 15 de diciembre de 2011 fue condenado por malversación de fondos públicos a 2 años de cárcel, misma que no cumplió dadas sus condiciones de salud y edad. Nicolas Sarkozy también ha recibido señalamientos de carácter penal que pueden aún concretarse en resoluciones condenatorias. El profesor Louis Favoreau señala, citando al Consejo Constitucional Francés, que los Presidentes de la República francesa son jurídicamente responsables, son susceptibles de responsabilidad política y jurídica; y, pueden ser imputados y sentenciados penalmente.

Frente a la reforma constitucional anticorrupción recientemente aprobada por mayoría y respecto a las iniciativas de legislación secundaria de las otras fuerzas políticas que no van a la médula de la corrupción porque desde Salinas de Gortari se inició el saqueo “privatización” de los recursos públicos de la nación para transferirlos a manos privadas. Por ello, proponemos en esta iniciativa, entre otras cosas, una Comisión de la Verdad Anticorrupción, misma que tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos como Argentina o Guatemala. Pretendemos que esta Comisión de la Verdad se oriente a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas de las últimas décadas, como en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones de cada administración presidencial, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

En Argentina, la Comisión de la Verdad de 1983 fue trascendente, porque a pesar de las leyes de obediencia debida, que favorecían la impunidad de los militares involucrados con la dictadura, se pudo con posterioridad conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos, y a sus responsables llevarlos a juicio. En Guatemala en 1993, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, logró condiciones de cambio institucional hacia el establecimiento de un sistema más democrático y a favor de la reparación por las violaciones a los derechos humanos perpetradas, principalmente contra la población indígena y campesina, por los regímenes no democráticos de ese país.

II. La economía de compadres en el neoliberalismo promotor de la corrupción.

En nuestra República, destacadamente desde el inicio de los gobiernos neoliberales, han quedado muchas dudas sociales sobre la corrupción de los ex presidentes. Algunas de ellas plenamente acreditadas en los fundamentos, modos de operación y procedimientos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas, y en el otorgamiento de los contratos o concesiones más importantes en cada sexenio, así como en el desmedido crecimiento del patrimonio personal y familiar de cada Presidente de la República.

El premio Nobel de Economía, el estadunidense Gary Becker, ha señalado que en América Latina se ha consolidado un ''capitalismo de compadres'', por el que sectores privilegiados consiguen ''favores del gobierno'', entre otras vías, a través de la privatización de las empresas públicas o, por medio, de jugosos contratos o concesiones. El ganador del premio Nobel en 1992 advierte que en el supuesto mexicano, esa forma de economía se observa en el sector televisivo y en telecomunicaciones.

Douglas North, quien también recibió el Nobel de Economía un año después, ha alertado sobre el asalto de grupos de intereses, que se supieron aprovechar del Estado en su propio beneficio, para enriquecerse mediante mecanismos de privilegio, tráfico de influencias y corrupción, fundamentalmente en los procesos de privatización de las empresas públicas, en el otorgamiento de contratos y concesiones, y en las compras gubernamentales.

Las reflexiones anteriores son propias del modelo económico hoy dominante. El neoliberalismo contemporáneo se caracteriza por repartir de forma desigual el poder económico de las personas, lo que entraña consecuencias políticas y jurídicas en cuanto a la distribución del poder en esos ámbitos. La principal es que los que tienen el gran poder económico utilizarán su poder político –influyendo en los Ejecutivos, en el Congreso y en otros poderes e instancias públicas- para garantizar mediante actos de corrupción el mantenimiento de las desigualdades, en vez de para lograr una economía y una sociedad más igualitaria y justa. Los intereses económicos más importantes participan mediante esquemas de cabildeo y de financiamiento de las campañas políticas en el diseño de leyes que les beneficien, por ejemplo, privatizando empresas públicas, obteniendo contratos bajo esquemas de corrupción, en las compras gubernamentales, en materia de propiedad intelectual, fiscal, subvenciones, laboral, de inversión extranjera, medio ambiente, etcétera.

Dice Joseph Stiglitz, que las grandes empresas también influyen indirectamente, a través de los altos costos de acceso al sistema judicial, para no estimular que los débiles accedan al mismo en igualdad de condiciones que los ricos. Un ejemplo reciente en México, lo tenemos con la reforma estructural de 2013, en materia de Juicio de Amparo, la que establece en el artículo 61 fracción I, de esa ley, que el amparo es improcedente respecto a las reformas constitucionales. ¿Qué es eso? Un mecanismo que impide el acceso a la justicia de todos aquéllos que estamos en contra de las reformas estructurales neoliberales que propician y se valen de la corrupción.

Para Stiglitz, el capitalismo de compadres se ha comprobado y, cita el caso de la privatización de TELMEX. Igualmente menciona el FOBAPROA como ejemplo de cómo el rescate bancario, implicó la transformación de deudas privadas en deudas públicas, es decir, se privatizaron los beneficios y se socializaron las pérdidas entre los ciudadanos mexicanos que pagan los impuestos para darle solidez al sistema bancario. El rescate de las carreteras en México es otro de sus ejemplos preferidos. Stiglitz indica que en los procesos de privatización de empresas públicas o de transferencias de recursos públicos a manos privadas participan dos partes: los funcionarios públicos que toman las decisiones y los empresarios que se benefician de ese traspaso de recursos públicos a su patrimonio privado, lo que implica una apropiación indebida de la riqueza pública de las naciones y, por tanto, entraña por ambas parte actos de corrupción.

La realidad es que los marcos jurídicos de los Estados se construyen con la complicidad de los Presidentes y del Congresos para favorecer a los grandes intereses económicos nacionales y mundiales y, por encima de los intereses y los derechos humanos de la población. Los gobiernos de los Estados, particularmente los titulares del poder ejecutivo, en el modelo neoliberal de la globalización buscan seguir la pauta que señalan las grandes potencias, sus corporaciones y, los organismos financieros internacionales.

Los derechos humanos, principalmente los que tienen relación con la igualdad, son los más afectados por los actos de corrupción. ¿Por qué? la Comisión Europea en su Informe 2014 sobre la Lucha contra la Corrupción en la Unión Europea, expresa que “la corrupción supone un perjuicio grave para la economía y la sociedad en su conjunto. Muchos países del mundo padecen una arraigada corrupción que frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña la justicia social y el Estado de Derecho. Los Estados miembros de la UE no son inmunes a esta realidad. La corrupción varía en su naturaleza y alcance de un país a otro, pero afecta a todos los Estados miembros. Compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados. En casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos”.

El mismo Informe asevera que “de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales, el reporte define la corrupción en sentido amplio como cualquier “abuso de poder para obtener réditos privados”.

El ex secretario de la Naciones Unidas, Koffi Annan, señala que “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.

Cabe destacar que la corrupción y los derechos humanos son hechos tan antiguos como la humanidad misma. Los derechos humanos se han ido plasmando y reivindicando, en diversos documentos históricos, como en la Carta Magna de 1215, en Inglaterra, en la Declaración del estado federado de Virginia de 1776, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1791, entre otras.

En su acepción contemporánea, los derechos humanos significan “(…) los derechos del individuo que se desprenden de su esencia universal abstracta, los que son concebidos como anteriores y superiores al derecho positivo a fin de convertirse en el parámetro de su validez y limitando el poder legítimo del Estado”.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señala que “Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes”.

A partir de la reforma constitucional de 2011 en México, las personas cuentan con la protección más amplia en derechos humanos tanto de los tratados y convenciones internacionales que ratifique México, como en las leyes nacionales, así como en su aplicación por parte de los jueces a nivel federal y local.

La promoción y defensa de los derechos humanos a través de las leyes y fallos judiciales es un paso importante en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Pero, ¿qué sucede con los derechos humanos cuando fenómenos como la corrupción y la impunidad en este ámbito son estructurales? Sin duda, estos fenómenos impactan la plena vigencia y puesta en marcha de dichos derechos.

La Resolución Transparencia y Corrupción en la Unión Europea y América Latina de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) de la que es parte el Congreso Mexicano a través de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y el Parlamento Latinoamericano, señala que “las consecuencias económicas derivadas de la corrupción son nefastas, en particular, en lo que respecta al impacto sobre el empobrecimiento de la población y la calidad de los servicios públicos, así como al índice de crecimiento, la caída de las exportaciones y la fuga de inversiones, lo que se traduce en un estancamiento económico, un aumento de las desigualdades sociales y un mayor empobrecimiento”.

Además la citada Resolución menciona que:

• La corrupción favorece la cultura de la ilegalidad, la delincuencia y la desigualdad en la distribución de la riqueza.

• Considera que existe un círculo vicioso entre los altos índices de corrupción en los países que presentan un bajo índice de desarrollo humano y económico, bajos niveles de educación, falta de cultura cívica, derechos políticos limitados y una reducida o inexistente competencia política.

• Respalda la iniciativa del Parlamento Andino para la creación del Observatorio Andino de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

• Subraya la necesidad de reforzar las campañas de comunicación y sensibilización nacionales e internacionales que incluyan la participación ciudadana, para poner de relieve el empobrecimiento causado por la corrupción

• Pide la creación de un órgano regional que investigue los casos de corrupción, emita declaraciones y promueva la formación y especialización de los recursos humanos para incrementar su eficacia

• Propone la creación de un programa eficaz de protección de los denunciantes a escala birregional, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de la corrupción.

Si la corrupción daña y socava el régimen democrático, las instituciones políticas, el desempeño público, la impartición de justicia, las contrataciones públicas (licitaciones públicas en el ámbito de la salud, de obra pública, de servicios públicos), así como el financiamiento de los partidos políticos, las empresas estatales o de participación estatal, entonces la afectación hacia el bienestar ciudadano y social es evidente debido a un detrimento en la calidad y eficacia del sistema político, social y económico de los países.

Las transgresiones a los derechos humanos se presentan en distintos ámbitos como el de la salud, la justicia, el derecho al acceso a la información, etc. Por ejemplo, existen violaciones de los derechos humanos cuando niegan al derecho habiente de un hospital público medicamentos debido a que éstos son vendidos clandestinamente; cuando la justicia no es pronta ni expedita; cuando no existe información objetiva e imparcial en los medios de comunicación; cuando las cárceles se encuentran saturadas y no hay condiciones materiales ni médicas para la atención y rehabilitación de las personas; cuando no existen bases de datos y transparencia en las acciones, contratos, declaraciones patrimoniales, en el proceso de toma de decisiones que realiza la Administración Pública y el Estado.

En esta lucha frente a la corrupción, las Asambleas parlamentarias nacionales, regionales y globales desempeñan un papel de primer orden, ya que es en ellas en donde se debate y se legisla en favor del interés público. Se trata de que exista una real división de poderes a través de la función de control del Congreso o Parlamento frente al Ejecutivo, comenzando por el Presidente de la República o Primer Ministro según sea el caso porque ahí reside el vértice o cúspide del poder.

Hay que decirlo, la desigualdad, la pobreza y la corrupción no surgen de las fuerzas abstractas del mercado, nacen de la manera en la que se distribuye el poder político en una sociedad. El que tiene el poder político –en el caso mexicano, el Presidente de la República- confecciona el orden jurídico en su beneficio para perpetuarse en el poder y mantener el status quo de privilegios a favor de algunos. La política configura los mercados y determina las reglas del juego de todos los subsistemas sociales y económicos. ¿Cómo logran unos cuantos poderosos determinar a la política y al mercado? Lo logran manipulando y poniendo a su servicio el sistema electoral y político de los respectivos países así como a las instituciones supranacionales que se destacan por su ausencia de democracia interna.

En países como México, en donde las desigualdades son enormes, la manipulación a favor de los poderosos del sistema político, se produce por las vías anteriormente citadas y, además, a través de: la compra y/o coacción del voto; el uso clientelar de los programas públicos –es decir, la manipulación de la pobreza con fines electorales-; la integración de los órganos electorales y futuros órganos anticorrupción de acuerdo a los intereses de la oligarquía; el desvío de los recursos públicos de los presupuestos con fines electorales, aprovechando los débiles mecanismos de fiscalización estatal; el mantenimiento, al margen del control jurídico del Estado y de la rendición de cuentas, de los poderes fácticos; la inhibición de los mecanismos de democracia participativa y deliberativa a favor de los ciudadanos; e impidiendo, que los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, sean exigibles al Estado para ayudar a remediar las condiciones de pobreza.

Existe una conciencia común de cómo en América Latina y en el mundo entero a raíz de la implantación del neoliberalismo en la década de los ochenta del siglo pasado, el patrimonio público viene cambiando de dominio, es decir, se transfieren recursos de lo público a lo privado, por lo que cuando se habla de corrupción, se está haciendo referencia a un discurso que funciona como estrategia globalizada para el control del Estado, la sociedad y la economía, con el fin de extraer beneficios específicos a favor de élites privadas en detrimento del interés general. Lo anterior se realiza a través de la captura del Estado por esos intereses y por medio de la corrupción.

En materia de corrupción existen situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, en países como México, ricos en recursos naturales, pero que carecen de instituciones democráticas fuertes, los funcionarios públicos corruptos tienen oportunidades para robar grandes y significativas cantidades de dinero y pueden hacerlo con la complicidad de las corporaciones. Lo mismo ocurre con los grandes proyectos de infraestructura que permiten a los funcionarios públicos entrar en contacto estrecho con las corporaciones para realizar actos de corrupción a cambio de concesiones, contratos, permisos y autorizaciones.

Un interesante estudio elaborado por The Corner House señala que el fenómeno de la corrupción más importante de nuestra época surge de los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social, impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo. Por ejemplo, se concluye que las empresas del primer mundo pagan sobornos del orden de los ochenta mil millones de dólares al año, aproximadamente la cifra que la Organización de las Naciones Unidas considera necesaria para erradicar la pobreza en el mundo.

En el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo denominado Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, que ya hemos citado anteriormente, se precisa que la responsabilidad en la lucha contra la corrupción es fundamentalmente de las autoridades electas más importantes de cada Estado. La corrupción según este Informe se presenta en ámbitos de riesgo muy claros que queremos ejemplificar con casos de la realidad mexicana. Así, el mencionado Informe dice:

1. La corrupción surge de un sistema de financiamiento y fiscalización inadecuado para los partidos políticos. En México, hemos tenido los conocidos casos de “Pemexgate” y “Amigos de Fox” y, otros que están pendientes de resoluciones definitivas de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el “Monexgate”.

2. Los conflictos de interés y declaraciones patrimoniales que no descansan en autoridades independientes capaces de verificar y controlar su legalidad. En México, los conflictos de interés no están bien regulados y las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no han dado lugar a responsabilidades de altos funcionarios públicos. Eso quiere decir, que en este punto, como en otros, nuestro sistema fracasa porque no contamos con autoridades independientes capaces de verificar y sancionar las transgresiones.

3. En materia penal, el equilibrio entre la corrupción activa y pasiva es desigual, es decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor público pero no en la misma medida al particular que lo soborna. En nuestro país, no existen en la realidad responsabilidades penales relevantes –en contra de servidores públicos de alto nivel- por soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos relacionados y, como indica el Informe de la UE, existe un tratamiento desigual entre corrupción activa y pasiva.

4. Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y eficaces. En México ninguno de ellos lo es. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados, carece de las facultades y del presupuesto para realizar debidamente su tarea.

5. Los servicios policiales, de la fiscalía y judiciales deben ser de carrera e independientes. Como sabemos en México no contamos en los hechos con un servicio civil de carrera fortalecido. Los nombramientos de los funcionarios del sector energético, por poner un ejemplo, carecen del perfil adecuado y evidentemente no son de carrera. Se trata de nombramientos políticos.

6. Para el Informe de la UE los sectores de mayor riesgo tienen que ver con la privatización de las empresas públicas, las compras gubernamentales, los cambios de uso de suelo, la opacidad del sector financiero, los sobornos en el extranjero, la persecución a los periodistas que denuncian la corrupción. Todos las anteriores variables las encontramos en México y, por eso es imperioso, que una Comisión de la Verdad independiente y ciudadana investigue las áreas de riesgo más preocupantes. En México se han privatizado empresas públicas desde el sexenio de Salinas de Gortari para beneficiar a unos cuantos, tal como Stiglitz lo ha señalado; en las compras gubernamentales, en muchas ocasiones autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, del ISSSTE o del IMSS han sido señaladas por actos de corrupción. El desarrollo urbano de las ciudades se ha realizado en un profundo caos, con afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas. El sector financiero nacional es uno de los menos transparentes del país y, no han faltado grandes escándalos de corrupción en esa área. En cuanto a las limitaciones a la liberación de expresión podemos simplemente mencionar el caso de Carmen Aristegui que fue despedida de su centro de trabajo por denunciar la corrupción del Presidente de la República.

Todo lo anterior demuestra desde nuestro punto de vista que no hay tarea más importante en el Estado mexicano que luchar contra la corrupción pero ello exige de autoridades independientes que realicen ese cometido. Están en juego los derechos humanos de millones de seres que no pueden satisfacer sus derechos esenciales a la educación, salud, alimentación o vivienda por los desvíos de los recursos públicos que representan los actos de corrupción de los altos servidores públicos. También está a discusión el sistema político y la existencia misma del Estado de Derecho en México. ¿Cómo se puede decir que lo tenemos, si no hay división de poderes y autoridades independientes que enfrenten la corrupción?

Recientemente, John Kerry, Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y a propósito de la “Cumbre Global Anticorrupción” celebrada en Londres en días pasados, ha insistido en fortalecer la lucha contra la corrupción a través de un Centro Internacional Anticorrupción que mejore el intercambio de información en la materia entre los países y entre los centros financieros con el fin de cooperar con la investigaciones anticorrupción, y entre otras medidas, comprometerse a proteger a los periodistas que la denuncian. Además, ese Centro Internacional Anticorrupción impulsará reformas en los países con las mayores debilidades en el tema y les proporcionará la asistencia necesaria. Kerry, considera que la lucha contra la corrupción será una prioridad de la política exterior norteamericana.

El discurso de Kerry parece rescatable. Sin embargo, desde nuestro punto de vista presenta dos aristas: una positiva que insiste en tomarse en serio la corrupción en el planeta; y, otra negativa, consistente en que el Centro Internacional Anticorrupción termine siendo un instrumento más de carácter geopolítico neoliberal para obligar a los países a diseñar sus instituciones políticas y jurídicas a conveniencia de los intereses norteamericanos, pues como el mismo Kerry lo señala, la lucha anticorrupción es una de las prioridades de la política exterior estadounidense.

Derivada de la “Cumbre Global Anticorrupción” de 20i6 de Londres, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas, a implementar en el orden interno lo siguiente:1) A realizar contrataciones abiertas con datos abiertos; 2) A garantizar licitaciones abiertas en las asociaciones público-privadas; 3) A establecer un estándar en las licitaciones de la Ronda 1 en materia energética pero también en el ramo de salud; 4) A la incorporación de una infraestructura de Datos Abiertos Anticorrupción con pleno respeto a la Carta Internacional de Datos Abiertos; y, 5) En general, a promover el uso de los datos abiertos y tecnologías digitales para combatir la corrupción a nivel global.

Las anteriores medidas, a pesar de la importancia que puedan tener, de nada sirven si no actúa respecto al origen de la corrupción en México, que tiene que ver con el inmenso poder del Presidente de la República, sobre todo desde el inicio del neoliberalismo por la enorme cantidad de recursos públicos transferidos a manos privadas. De ahí deriva toda la corrupción en el país, de ahí se desprende el cáncer que nos carcome. Si no se resuelve la corrupción desde su origen poco podemos esperar de medidas de eficacia intermedia o nula.

III. Algunos casos de corrupción de los últimos Presidentes de la República y nuestra reflexión sobre las herramientas anticorrupción.

La Unión Europea en su “Informe de lucha contra la corrupción de la UE” de 2014, ha expuesto tanto las áreas de riesgo que promueven la corrupción como los instrumentos y herramientas que se pueden diseñar para enfrentarla. Para la Unión Europea, los principales riesgos propiciadores de la corrupción existen en los siguientes ámbitos: la contratación gubernamental; la privatización de las empresas públicas; el financiamiento de los partidos políticos –compra de votos y financiamiento privado de empresarios para recibir después los contratos, permisos y concesiones-; el desarrollo urbanístico y la construcción –los megaproyectos-; la planificación medioambiental –la especulación sobre los cambios de uso de suelo-; la contratación de los gobiernos con el sector farmacéutico que inciden en el sobreprecio de medicamentos y equipo; en la administración fiscal para favorecer a unos y perjudicar a otros; en el sector financiero que carece de regulaciones y controles que permiten la existencia de paraísos fiscales; y, en los sobornos en el extranjero.

Para enfrentar los riesgos, en ese informe se proponen, entre otras, las siguientes herramientas o instrumentos de lucha contra la corrupción: la existencia de autoridades independientes anticorrupción; la protección de la libertad de expresión y del derecho a la información sobre las conductas corruptas; la transparencia en las decisiones, principalmente en los ámbitos de riesgo; las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y la revisión de las mismas por autoridades independientes; la regulación de los conflictos de interés; la estipulación en las leyes de delitos y faltas de corrupción; la eficiencia y eficacia del poder judicial, fiscales y policías en su combate;y, la protección jurídica de los denunciantes.

Si asumimos el marco teórico y jurídico expuesto, nos referimos ahora, a casos concretos de corrupción de los últimos sexenios que deben ser investigados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari merece profundizarse en las múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas que favorecieron a algunos cuantos potentados que hoy aparecen entre los hombres más ricos de México y del mundo. A nuestro entender se deben realizar diligencias sobre los procedimientos de privatización bancaria que beneficiaron estratégicamente a ciertos grupos económicos del país y del extranjero. Se debe aclarar el empleo discrecional de la partida secreta. También se debe aludir a la complicidad de Carlos Salinas con los actos de corrupción de su hermano Raúl Salinas. Y desde luego, al gran enriquecimiento personal y familiar de Carlos Salinas.

En el caso de Ernesto Zedillo Pone de León, es pertinente recordar las decisiones que fundaron la aprobación del FOBAPROA y que implicaron privilegios para la oligarquía nacional, en donde las deudas privadas se transformaron en deudas públicas con la complicidad del poder legislativo. También la privatización de los ferrocarriles en beneficio de empresas, en donde Zedillo posteriormente se incorporó como miembro de los consejos de administración.

Sobre el sexenio de Vicente Fox, se pueden mencionar: la manera ilegal a través de la cual llegó a la presidencia, empleando un esquema de financiamiento paralelo, conocido como “Amigos de Fox”; a los escándalos de Oceanografía; al tráfico de influencia protagonizados por los hijos de su cónyuge; a los contratos de servicios múltiples para explotar hidrocarburos y otorgados en contra de la Constitución; al incremento en el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos grupos económicos nacionales y del extranjero, los que han despojado a nuestro país de las riquezas del subsuelo con afectación a poblaciones indígenas y campesinas; a los excesos en el gasto corriente durante su sexenio; a su intervención indebida en el proceso electoral de 2006, que implicó la violación al principio de equidad electoral, vulnerando el artículo 41 constitucional; y a compromisos internacionales inconstitucionales en contra de la soberanía nacional, tales como la firma del ASPAN (Acuerdo para Seguridad y Prosperidad de América del Norte), que no fue aprobado por el Senado de la República.

Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderón están a la vista: la manera ilegítima a través de la que llega a la Presidencia de la República; la corrupción en la CFE; la extinción inconstitucion al de Luz y Fuerza del Centro; la construcción irregular de la “Estela de Luz”; el “Wall Mart Gate”; las licitaciones en PEMEX a favor de Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y Grupo TMM; el saqueo del ISSSTE; el “Quesogate”; el incremento exponencial del gasto corriente durante su administración que aumentó sin argumentos racionales y razonables a la alta burocracia; el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos grupos económicos nacionales y del extranjero, los que han despojado a nuestro país de las riquezas del subsuelo con afectación a comunidades indígenas y campesinas; a la guerra contra las drogas sin justificación constitucional; el aumento del gasto en materia militar y en seguridad pública sin licitación, entre otros muchísimos actos y omisiones que deben ser investigados.

En este sexenio, la privatización de la industria energética y la aprobación de las reformas estructurales en contra del pueblo de México; las relaciones de corrupción con grupos empresariales como Higa y OHL que han implicado en beneficio de esas empresas y de la familia del Presidente numerosos y onerosos contratos generados en licitaciones simuladas; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y, a escándalos como el de la llamada “Casa Blanca”, entre diversas irregularidades, que incluyen la manera ilícita –mediante la compra de votos y el apoyo de Televisa-el arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

El sistema anticorrupción que nos proponen las iniciativas de los tres partidos mayoritarios no aluden al pasado, se desentienden de él, y no se dirigen a enfrentar la corrupción de los presidentes y ex presidentes –origen fundamental de la corrupción en México-, ni tienen por finalidad reducir la corrupción que generan los poderes fácticos más importantes que actúan en México. Esas iniciativas propenden a generar nuevas estructuras administrativas que estarán coordinadas y dirigidas por funcionarios públicos nombrados por el Ejecutivo, o por el Ejecutivo y el Senado, o por los Diputados. Es decir, los vigilados estarán nombrando a sus vigilantes, lo que es totalmente contrario a los informes y recomendaciones internacionales en materia anticorrupción, los que exigen siempre la plena independencia de los órganos anticorrupción respecto de los sujetos susceptibles de investigación por conductas corruptas.

Sostenemos, a diferencia de lo ya aprobado constitucionalmente en el país y en la materia, que los titulares de los órganos e instancias encargadas de la corrupción, sean electos por los ciudadanos, y no mediante el consabido reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Los vigilantes de la corrupción deben gozar de total autonomía de los poderes fácticos y formales, principalmente respecto del Presidente de la República.

Además, consideramos que la corrupción debe combatirse con mecanismos de democracia participativa y deliberativa, que en nuestro país hasta ahora no existen: revocación de los mandatos de los servidores electos; acciones ciudadanas de inconstitucionalidad; consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país; y, referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes, como las que se pretende integren el sistema nacional anticorrupción.

Hemos también indicado muchas veces, que para combatir la corrupción se requiere de una la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente que debiera expedir el Congreso de la Unión y, que no se acompaña al paquete legislativo que proponen los tres partidos mayoritarios. Los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado y, órganos constitucionales autónomos, debieran percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no deberían gozar de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Igualmente, debiera estar prohibida la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. En cuanto alas aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, estimamos que deben ser enajenadas y el producto de la venta destinarse al gasto social en educación y salud.

Los indicadores del desempeño debieran, en caso de ser violados, implicar el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos, y no sólo el incumplimiento sistemático a los planes y programas de gobierno como está señalado actualmente, el que por ser enunciativo, nunca ha permitido fincar responsabilidades.

A los contratistas, a los beneficiados con privilegios fiscales, a los concesionarios, permisionarios, personas físicas, accionistas y/o directivos de empresas que tengan vínculos con instancias de autoridad, se les debiera prohibir donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, etcétera, que donaran a las campañas no podrían participar durante 15 años en las licitaciones, contratos u obras públicas.

La ley penal y las normas administrativas debieran establecer los delitos y faltas de corrupción como delitos imprescriptibles, ya que los actos y omisiones de corrupción son de extrema gravedad y en esencia dañan los derechos humanos esenciales del pueblo mexicano.

La ley debiera regular que las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, así como de las declaraciones juradas, sean totalmente públicas. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones, debieran estar obligados por esa misma regla.

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes debieran enterarse anualmente a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos. Se deberían prohibir las figuras de Fibras E o bonos educativos, que hipotecan el patrimonio público en favor del capital especulativo y lo ponen en riesgo para finalmente terminar en manos privadas.

Además, se deberían prohibir las asociaciones público-privadas porque son mecanismos de endeudamiento encubierto a cubrir en el largo plazo con costo a los ciudadanos, y que producen corrupción entre una clase empresarial ávida de negocios y servidores públicos corruptos.

La fiscalización del Presupuesto debe corresponder a los ciudadanos en estrecha coordinación con las autoridades de fiscalización del país. Los criterios para fiscalizar deben ser: a) el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona y, b) las relaciones de los particulares y del sector social con la autoridad que impliquen concesiones, privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones.

IV. Nuestras críticas al sistema nacional anticorrupción vigente y a las propuestas de legislación secundaria en la materia.

En nuestras intervenciones ante el Pleno del Senado, previas a la aprobación constitucional del sistema nacional anticorrupción, nosotros cuestionamos, que la reforma constitucional en la materia no atendía a lo siguiente:

No se tocaba el poder presidencial. La reforma constitucional anticorrupción no modificó el artículo 108 de la Constitución. El Presidente, el eje del poder formal, sigue jurídica y constitucionalmente impune.

No se contempló la extinción de dominio por delitos y faltas graves relacionadas con la corrupción –artículo 22 de la Constitución-. Sólo procede la extinción de dominio por delitos de enriquecimiento ilícito.

Los órganos internos de control para los órganos constitucionales autónomos que prevé la reforma, serán controlados por los tres partidos mayoritarios porque ellos tendrán el poder político para imponerlos –artículos 28 y 74 de la Constitución-.

Los órganos internos de las dependencias federales son designados por el Secretario de la Función Pública.

El diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -73, fracción, XXIX-H de la Constitución- no augura independencia ni imparcialidad. Estarán detrás de él, el titular del Ejecutivo y las cúpulas de los tres partidos mayoritarios que designarán a los magistrados.

Las auditorias al desempeño sólo dan lugar a recomendaciones y no a responsabilidades –artículo 74, fracción VI de la Constitución-.

La Auditoría Superior de la Federación seguirá dependiendo constitucionalmente de la Cámara de Diputados, es decir, de los partidos mayoritarios. La reforma constitucional anticorrupción no propuso su autonomía constitucional, y sus competencias, aunque se incrementan, no son las esperadas para enfrentar la corrupción propiciada desde el poder presidencial y desde la influencia indebida de los poderes fácticos –artículos 74 y 79 de la Constitución-.

El Poder Judicial tiene un tratamiento privilegiado. No forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción –artículo 109 de la Constitución-.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, además de ser una estructura que no da cabida a Estados y municipios, estará influido por la presencia del Ejecutivo a través de la participación de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno –artículo 113 de la Constitución-.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sólo producirá recomendaciones que no son vinculantes –artículo 113 de la Constitución-.

El plazo máximo de prescripción en la materia de responsabilidades es de 7 años y nuestro cuestionamiento pregunta por qué no son imprescriptibles –artículo 114 de la Constitución-.

El Sistema Nacional Anticorrupción es antifederalista. No participan los Estados y municipios en su comité –artículo 113 de la Constitución-.

El desarrollo de la reforma constitucional se realizará a través de leyes generales en donde no participarán las legislaturas de los Estados.

En cuanto a los proyectos o anteproyectos que dictamen sobre la legislación secundaria que hemos conocido hasta el momento de la presentación de esta iniciativa, expresamos:

A. Respecto al proyecto de dictamen que alude a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, expresamos lo siguiente:

1. La Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía constitucional. Es una instancia que depende de la Cámara de Diputados y que está sujeta a su vigilancia, presión, y escrutinio.

2. La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para consignar responsabilidades penales directamente ante los jueces, tiene que pasar por la Fiscalía en Combate a la Corrupción.

3. Para fiscalizar, el criterio sigue siendo –indebidamente- seguir la pista de los recursos públicos y no la relación de los particulares con el Estado. Todos los que reciben concesiones, subsidios, contratos, permisos o autorizaciones, debieran ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación en todos los casos y no sólo respecto a faltas específicas.

4. No existe un porcentaje obligatorio para licitar públicamente –por ejemplo un 90 por ciento de las compras gubernamentales.

5. La fiscalización de la revisión de la cuenta pública de ejercicios del pasado se da en escasísimos supuestos-artículo 44 del dictamen.

6. En la investigación de responsabilidades penales, la Auditoría Superior de la Federación, es coadyuvante pero no es parte en ellos –artículo 67 del dictamen-.

B. Sobre el proyecto de dictamen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamos:que el Secretario de la Función Pública –empleado del Presidente de la República- designa a los contralores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República, y de las empresas productivas del Estado –artículo 37 del dictamen-.

C. En cuanto al proyecto de dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas advertimos lo siguiente:

1. No son públicas las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales. Exclusivamente lo serán si lo autoriza el servidor público o sus dependientes –artículo 26 a 31 del dictamen-.

2. La clasificación de faltas no graves y graves que hace proyecto el dictamen no precisa el criterio que permite la distinción. El legislador está actuando arbitrariamente.

3. El plazo de caducidad de la instancia es muy corto, seis meses. Con seis meses de no actuación procesal caduca la instancia con los efectos procesales consiguientes en contra de la investigación de actos de corrupción–artículo 74 del proyecto de dictamen-.

4. Las faltas no son imprescriptibles. Las graves prescriben a los siete años –artículo 74 del dictamen-

5. Los inversionistas extranjeros no son susceptibles de responsabilidades administrativas, sólo los organismos y servidores públicos extranjeros –artículo 70 del dictamen-. Omisión totalmente neoliberal.

6. La ley de responsabilidades permite válvulas de escape para decidir no iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa –cuando el asunto motivo de la denuncia sea opinable jurídicamente y, cuando la falta sea subsanada- (artículo 101 del dictamen).

D. En relación al proyecto de dictamen que hemos conocido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción manifestamos:

1. El Comité Coordinador no sesiona en público –artículo 10 del dictamen-

2. Aunque el presidente de ese Comité es un ciudadano, la mayoría son funcionarios públicos –artículo 10 del dictamen-

3. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán pagados con cargo al erario, no se consideran servidores públicos en violación al artículo 108 de la Constitución.

4. El Comité de Participación Ciudadana tampoco sesiona en público –artículo 17 del dictamen-.

5. El poder, por el número de competencias que se le atribuyen en el Sistema Nacional Anticorrupción, reside en la Secretaría Técnica –artículo 35 del dictamen- que es el que tiene todo el control del Sistema.

6. En el Sistema Nacional de Fiscalización no participan debidamente los ciudadanos –artículo 37 del dictamen-

7. El Comité Coordinador sólo emite recomendaciones no vinculantes que no poseen ninguna obligatoriedad –artículo 57 del dictamen-

E. En cuanto al proyecto de dictamen de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos parece que será un Tribunal capturado por el Ejecutivo y los partidos mayoritarios del Senado, dado el sistema de nombramiento de los magistrados que implica un reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios –artículo 43 del dictamen-. No habrá independencia ni credibilidad ciudadana en un Tribunal de esta naturaleza.

Todo lo anterior nos demuestra que el Sistema Nacional Anticorrupción, que pomposamente se ha presentado a los medios de comunicación del país, será un instrumento inútil, con instituciones controladas por el Ejecutivo o por los partidos mayoritarios, sin participación ciudadana real y, sin que se toque a la médula del poder en México, que como hemos dicho es la del Presidente de la República y la de los poderes fácticos que operan en México con su aquiescencia.

V. La “democracia” de baja intensidad y el “Estado de Derecho” que tenemos favorecen la corrupción.

Para nosotros, la democracia representativa tradicional es de baja intensidad y muchas veces es inexistente en México. Esta “democracia” no está bien equipada para combatir la corrupción. El sistema representativo de nuestro país no representa a muchos sectores sociales, debido a las complicidades de la oligarquía con la Presidencia de la República y a la complejidad y heterogeneidad de la sociedad contemporánea. Además, la brecha entre representantes y representados es cada día más amplia y, se ahonda, porque el ciudadano común no tiene armas ni mecanismos efectivos para exigir rendición de cuentas al gobernante, principalmente al Presidente de la República, mediante instrumentos de democracia participativa o directa como la revocación del mandato, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, los referéndums a las reformas más importantes, la consulta obligatoria de carácter previo para preguntar a la sociedad sobre los asuntos administrativos y obras más importantes. La democracia representativa mexicana es un sistema en donde se participa medianamente y se delibera poco. La opacidad y la ausencia de controles institucionales, políticos y sociales son sus características fundamentales. Lo más grave, es que los auténticos poderes no están en las instituciones tradicionales, sino en complicidad con ellos socavan la credibilidad de los procesos electorales. En efecto, los medios de comunicación electrónica, los intereses económicos nacionales y trasnacionales “colonizan” las instituciones, se apropian de ellas con el respaldo de la Presidencia de la República y las utilizan para propósitos que no siempre tienen correspondencia con las necesidades y reclamos ciudadanos.

La corrupción tiene campo fértil en estas circunstancias: instituciones colonizadas, medios que manipulan el derecho a la información, debilidad de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia que no va a la médula del poder presidencial, inexistente deliberación sobre asuntos públicos, e imposibilidad para que la sociedad civil acceda a la justicia a través de acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Estas fallas hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo y que se produzca anomia. La corrupción es una respuesta inadecuada pero respuesta al fin para obtener ventajas, en un esquema en el que se confía poco en las instituciones, porque son las que primero promueven la corrupción, destacadamente las más importantes como la Presidencia de la República.

De esta manera, estimamos que la democracia no puede reducirse sólo a elecciones, y que el sistema representativo requiere de profundos ajustes: ampliar la participación ciudadana, profundizar en la publicidad de los asuntos públicos, reconocer la importancia debida a la deliberación, incrementar y hacer creíble la rendición de cuentas horizontal y social, contrarrestar cualquier manifestación del poder, principalmente del presidencial para que éste no se excluya del Derecho y, democratizar internamente organizaciones como los partidos políticos.

Al analizar el Estado de Derecho, encontramos que en el ámbito nacional es profundamente deficiente por el desequilibrio de poderes a favor del Presidente de la República, y porque se carece de controles institucionales horizontales y sociales eficaces. Combatir la corrupción en México entraña reformular todo el sistema institucional del país, comenzando por el poder presidencial para someterlo a controles y vigilancia estricta, y al mismo tiempo, despojarlo de poderes de nombramiento sobre las instituciones que fiscalizan o supervisan la corrupción. Así insistimos en un Tribunal Constitucional, cuyos titulares sean electos por los ciudadanos, con capacidad para ejercer un control constitucional amplio que permita a los ciudadanos las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad con un interés simple, y que no sólo como ahora la clase política tenga la exclusividad para plantearle asuntos, que favorezca además el desarrollo de una Constitución con fuerza normativa y que realice las tres funciones que de él esperaba Carlos Nino: controlador del proceso democrático, de protección de la autonomía individual y de continuidad de la práctica constitucional.

También apostamos por una reforma al sistema judicial en sus tres cuestiones torales: acceso a la justicia en cualquier tipo de asunto o materia, independencia y eficiencia judicial. Sobre el Ministerio Público, reivindicamos su necesaria independencia a través de la elección popular de sus titulares, y que sus funciones vayan acompañadas por una profunda reforma a los cuerpos policíacos y a los centros penitenciarios del país.

Los órganos de control de la actividad económico-financiera del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes locales, deben ser reformados para darles autonomía constitucional y que sus titulares sean electos por los ciudadanos para que no caigan en la cooptación de la Presidencia o de las nomenclaturas de los partidos o, inclusive, de los órganos legislativos. Lo anterior es fundamental para transparentar su organización interna y su funcionamiento, y para fortalecer sus atribuciones de control, de fiscalización y de combate a la corrupción. En otros órganos como los de protección de derechos humanos, el Banco Central, y algunos más, sus titulares deben también ser electos por los ciudadanos y, diseñados desde la autonomía, la transparencia y la apoliticidad.

Sin un control social efectivo, el combate a la corrupción no podrá ser efectivo. Por esa razón reclamamos armas jurídicas para la sociedad, tales como: mecanismos de democracia directa, la legitimación procesal en los asuntos de trascendencia pública, la protección de múltiples intereses difusos y colectivos, la existencia de la figura del amicus curiae, y la aceptación jurídica de instituciones como el derecho a la resistencia. Igualmente estimamos que las diferentes formas de protesta social y de desobediencia civil deben ser valoradas por su contribución a la crítica, la transformación y el desarrollo social.

El combate a la corrupción sólo será efectivo, cuando además de incorporar en el sistema político-institucional herramientas de solución, los ciudadanos se sientan obligados a cumplir con las normas. Ese es y será el instrumento preventivo más importante. Se pretende que los ciudadanos, y no sólo las autoridades, se sientan obligados a cumplir con ellas. El tema de la obediencia al derecho está ligado con el de la obligación política y por supuesto con el de legitimidad de los sistemas políticos y jurídicos. No existe para los ciudadanos una obligación incondicionada, apriorística, de obedecer moralmente un ordenamiento jurídico o un aparato institucional, aunque se diga democrático y ajustado al Estado de Derecho si éste en los hechos no lo es.

Al Derecho debe obedecérsele, no sólo porque la norma prevea una sanción por su no acatamiento, o porque pueda resultar beneficioso para el desarrollo personal, sino porque estamos convencidos de su corrección, de su justeza, porque proviene de procedimientos democráticos y tiene como fin claro e indubitable la garantía de los derechos humanos. Cuando el ciudadano tiene esa convicción profunda, el Derecho es obedecido, acatado. En las encuestas sobre la cultura de la Constitución y de la legalidad en México, encontramos respuestas penosas para la clase política, porque la gran mayoría de los ciudadanos no cree que su Derecho sea justo o que provenga de procedimientos democráticos en donde se haya respetado la libertad y la equidad en los procesos electorales. Los ciudadanos saben, sobre todo en las elecciones presidenciales, que el voto se compra y que los medios de comunicación electrónica se ponen de lado de los candidatos del status quo.

Todos debemos generar hábitos de obediencia al Derecho, y para ello es necesario establecer correctivos deliberativos y participativos a la democracia representativa, fortalecer la autonomía de los órganos de control del Estado de Derecho, y orientar el ordenamiento jurídico hacia una visión garantista. Al mismo tiempo, se requiere promover la construcción de una ciudadanía más informada, reflexiva y crítica con sus instituciones y normas para evaluarlas permanentemente, tanto en el procedimiento democrático para su aprobación como en el nivel de respeto a los derechos humanos que propician y, respecto a su eficacia. En el caso de la corrupción debe existir un compromiso social e institucional sin ambages, y ahí la educación cívica, en principios y valores democráticos, laicos y republicanos, es fundamental. El ciudadano debe saber, por ejemplo, que las instituciones y normas no expresan exclusivamente relaciones de poder o de dominio, sino que están orientadas hacia el desarrollo de fines como el respeto a la autonomía personal, la libertad, la igualdad y, a la rendición de cuentas para controlar a la autoridad y evitar los desvíos del poder, sobre todo de quién tiene más poder en la sociedad. Como parte de la educación cívica debe existir un cambio en la cultura jurídica de las autoridades que modifique la actitud neutral y pasiva de éstos hacia el ordenamiento y las instituciones.

La mayor parte de las veces, el Presidente de la República, los funcionarios y jueces, son pasivos y reactivos frente a las normas, no intentan esforzarse en que éstas tengan un cumplimiento óptimo y extensivo, no sólo literal o gramatical, sino dirigido hacia los fines que el propio ordenamiento señala. Es frecuente, por poner el ejemplo de la “Casa Blanca” de este sexenio, que en materia de fiscalización, las autoridades se auto contengan para proteger al Presidente de la república, utilicen el pretexto del “momento político”, las razones de Estado y, con argumentos formales de poca consistencia, olviden que su papel es el de maximizar en la mayor medida posible, sin violentar los derechos humanos, la rendición de cuentas.

La corrupción es un cáncer que nos daña profundamente como sociedad. No merecemos ni en lo individual ni en lo colectivo seguir permitiendo que crezca y, todos somos corresponsables por no hacer lo suficiente. Sin embargo, los más responsables son los que tienen el mayor poder en la sociedad y en la vida política y, esos son en México, los Presidentes de la República y los poderes fácticos que operan en el país en relación con ellos.

VI. Nuestras propuestas anticorrupción.

Por eso, en esta iniciativa proponemos lo siguiente:

1. Que el Presidente de la República esté sujeto a los delitos y faltas de corrupción que prevé el ordenamiento, como cualquier otro servidor público.

2. Que independientemente de lo anterior se constituya una Comisión de la Verdad con cinco integrantes electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República en funciones y de los ex Presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones.

3. Que en la elección de los titulares de la Comisión de la Verdad se siga el siguiente procedimiento:

Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad serán electos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016 y reunirán los requisitos exigidos para ser electo diputado federal. Concluirán sus funciones el día último de noviembre de 2017, en donde presentarán sobre sus resultados y hallazgos un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario. El Presidente será designado de entre ellos por mayoría de dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser titular de la Comisión de la Verdad harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés., aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco plazas habrá cinco candidatos, que serán los que obtengan las calificaciones más altas. Los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de precampañas y campañas, así como recibir cualquier tipo de financiamiento público o privado. Será causa de inelegibilidad para el cargo el patrocinio de los partidos, poderes mediáticos o formales”.

4. La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación electoral de sus titulares y, tendrá plenas competencias para investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la República. No se pueden oponer a sus investigaciones los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial ni cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondrá del auxilio de la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas ocurridas en las últimas décadas, como en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales, así como en el análisis detenido del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

5. Los delitos y faltas de corrupción sean imprescriptibles.

6. Todos los titulares de los órganos e instancias encargadas de la anticorrupción serán electos por los ciudadanos y no mediante el consabido reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos o los Poderes Judiciales del país.

7. La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país; los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y, las acciones populares de inconstitucionalidad.

8. En un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado, y órganos constitucionales autónomos, deberán percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no gozarán de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. Las aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, serán enajenadas y el producto de la venta se destinará al gasto social en educación y salud.

9. En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos.

10. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales o subsidios, accionistas y/o directivos de empresas, con vínculos con las instancias públicas tienen prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios o beneficiarios de estímulos fiscales que donen a las precampañas y campañas, además de las sanciones penales, administrativas, electorales y civiles que correspondan, no podrán durante 15 años participar en las licitaciones, contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias de autoridad.

11. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que ejerzan o administren, por sí o a través de personas morales, recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y, fiscales, tanto de sí mismos como de sus cónyuges y parientes en primer grado.

12. Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deben regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes deberán enterarse anualmente a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos.

13. Se derogan las asociaciones público-privadas, la privatización de cualquier espacio público que corresponda a la Federación, Estados y Municipios, y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privatizan el patrimonio público mediante bursatilización con el capital especulativo.

14. Los criterios para fiscalizar son: el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona; y, las relaciones de los particulares y del sector social con cualquier autoridad, en donde se hayan obtenido concesiones, contratos, privilegios fiscales, permisos o autorizaciones.

15. La extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción.

16. La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional.

17. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS Y FALTAS DE CORRUPCIÓN, Y PARA CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD, QUE INVESTIGUE Y SOMETA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS RESULTADOS DE SUS INDAGATORIAS RESPECTO DE LAS CONDUCTAS Y OMISIONES VINCULADAS A LA CORRUPCIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE Y DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA.

ÚNICO: Se modifica el párrafo segundo del artículo 108 constitucional y, se le adicionan quince párrafos para quedar en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 108. Para…

El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo deberá ser acusado por delitos y faltas que constituyan corrupción, por traición a la patria y, por delitos graves del orden común.

Se constituye una Comisión de la Verdad integrada con cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República en funciones y de los ex Presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones. Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para los diputados federales y serán electos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016. Concluirán sus funciones el día último de noviembre de 2017, en donde presentarán sobre sus resultados y hallazgos un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario. El Presidente será designado de entre ellos por mayoría de dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser titular de la Comisión de la Verdad harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés., aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco plazas, los cinco aspirantes que obtengan las calificaciones más altas, serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de precampañas y campañas, así como recibir cualquier tipo de financiamiento público o privado. Será causa de inelegibilidad para el cargo el patrocinio de los partidos, poderes mediáticos o formales.

La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación de validez de la elección de sus titulares. Tendrá plenas competencias para investigar y solicitarinformación a cualquier autoridad de la República. No se pueden oponer a sus investigaciones los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial ni cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondrá del auxilio de la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad seorientará fundamental, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de las empresas públicas en las últimas décadas; en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales; y, en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

Los delitos y faltas de corrupción son imprescriptibles.

Todos los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción serán electos por los ciudadanos. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos o los Poderes Judiciales del país.

La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país que se adopten en los tres niveles de gobierno; los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y, las acciones populares de inconstitucionalidad.

En un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado, y, órganos constitucionales autónomos, deberán percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no gozarán de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. Las aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, serán enajenadas y el producto de la venta se destinará al gasto social en educación y salud.

En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos.

Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas tienen prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, y personas que perciban privilegios fiscales, que donen a las precampañas y campañas, además de las sanciones penales, administrativas, electorales, y civiles que correspondan, no podrán durante 15 años participar en las licitaciones, contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias de autoridad.

Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que, por sí o a través de personas morales, ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y, fiscales, tanto propias como de sus cónyuges y parientes en primer grado.

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberán regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes deberán anualmente enterarse a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos.

Se derogan las asociaciones público-privadas, se prohíbe la privatización de cualquier espacio público que corresponda a la Federación, Estados y Municipios, y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privaticen el patrimonio público mediante bursatilización.

Los criterios para fiscalizar son el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona; y, las relaciones de los particulares y del sector social con cualquier instancia de autoridad en donde se hayan obtenido concesiones, privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones.

La extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobará las leyes generales y federales que hagan posible la eficacia plena de este Decreto.

TERCERO. Al día siguiente de concluido el proceso electoral de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitirá la convocatoria para los aspirantes que estén interesados en participar y formar parte de la Comisión de la Verdad. La convocatoria y los lineamientos que apruebe ese mismo día el Consejo General del INE, establecerán conforme a este Decreto, y en lo que resulte aplicable la legislación electoral en vigor, los procedimientos para la elección extraordinaria que tendrá verificativo el primer domingo de noviembre de 2016.

CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones constitucionales que en su parte conducente se opongan a lo previsto en este Decreto.

Ciudad de México, el 18 de mayo de 2016.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano.- Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Virgilio Caballero Pedraza.

Según Robert K. Merton la anomia no implica falta de normas, ya que en toda sociedad, por rudimentaria que fuere, existe un conjunto de pautas, usos y costumbres, normas jurídicas, más o menos sistematizado, más o menos integrado; un grado mínimo de quebrantamiento de las reglas de un sistema normativo no puede considerarse anomia; hay grados y clases de anomia, la simple es un estado de confusión de un grupo o sociedad sometido al antagonismo entre sistema de valores, que da por resultado cierto grado de inquietud y la sensación de separación del grupo; la anomia aguda es el deterioro en último extremo y la desintegración del sistema de valores que da por resultado angustias pronunciadas; la anomia puede referirse más a algunos sectores que a otros de la población; y, la conducta socialmente divergente o conducta desviada es la resultante de la anomia. MERTON, Robert K., Teoría y estructuras sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, pp. 9-11.

NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, análisis jurídico y politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 657 y ss.

Sabemos que el artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo restringe la procedencia del Juicio de Amparo en contra de las reformas constitucionales lo que constituye de suyo una vulneración del derecho de acceso a la justicia.

Los poderes judiciales del país carecen de independencia porque los titulares máximos de esas instancias son producto del reparto de posiciones entre los partidos mayoritarios.

Los poderes judiciales podrían hacer más con menos si existiera respecto de ellos la figura de la auditoría o contraloría ciudadana para darle seguimiento a sus procedimientos y decisiones.

INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS, La corrupción y los derechos humanos. Estableciendo el vínculo, Monterrey, México, EGAP- Tecnológico de Monterrey, 2009, p. 70.

HAWLEY, Sue, Exporting Corruption. Privatisation, Multinationals and Bribery, UK, The Corner House, Briefing 19,June, 2000,pp. 1-24.

KERRY, John, “Corrupción y seguridad”, en Periódico Reforma, 13 de mayo de 2016, p. 9.

Informe de lucha contra la corrupción de la UE, Bruselas, 2.3, 2014.

Informe de lucha contra la corrupción de la UE, Bruselas, 2.3, 2014.

Ver el Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea, Bruselas, 3.2, 2014.

CAMISÓN YAGÚE, José Ángel, “El informe anticorrupción de la Unión Europea”, en Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, UNED, número 32, 2013, pp. 373-388.

Periódico Reforma, 9 de mayo de 2016.

Latinobarómetro. Opinión Pública latinoamericana. Informe 1995-2015, Corporación Latinobarómetro, CAF, BID, CESOP, Santiago de Chile, 2015, pp. 69-75.

FAVOREAU, Louis, “De la responsabilité pénale á la responsabilité politique du Président de la République”, Cairn.Info, Distribution électronique Cairn pour Presses Universitaires de France, pp. 7-29.

STIGLITZ, Joseph, El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, México, Taurus- Prisa Ediciones, 2012, p. 251.

STIGLITZ, Joseph, El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, México, Taurus- Prisa Ediciones, 2012, pp. 89, 127, 229 y, 235.

Comisión Europea, Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la UE, Bruselas, 2014, p. 2.

En particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, así como los instrumentos jurídicos de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, incluida la Resolución 24 (97) sobre los veinte principios rectores de la lucha contra la corrupción y las recomendaciones nº R (2000) 10 sobre los códigos de conducta de los funcionarios públicos y nº R (2003) 4 sobre las normas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. No debe descartarse la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Nueva York, 2004, Prefacio, p. III.

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, op.cit., p. III.

Duhamel Olivier, Mény Yves, Dictionnaire Constitutionnel, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 333.

Página electrónica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Consultada el 12 de abril de 2016 en el Sitio URL: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.

Página electrónica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consultado el 8 de abril de 2016 en el Sitio URL:http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos.

El Congreso Mexicano designa a dos diputados y tres senadores para ser miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) en donde convergen igualmente parlamentarios de América Latina y Europa. Así, México participa a través de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (dos senadores y un diputado para Euro-Lat), y através del Parlamento Latinoamericano (un senador y un diputado para Euro-Lat). Por parte del Senado de la República participan el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, la Sen. Gabriela Cuevas Barron, y el Sen. Eviel Pérez Magaña (de licencia en este momento). Por parte de los diputados aún no hay legisladores designados por la renovación de la legislatura. Existen otros parlamentos subregionales como son el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento del Mercosur, mientras que por parte de Europa participan diputados pertenecientes al Parlamento Europeo. Todas estas asambleas, más la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea, participan en la Euro-Lat a través de legisladores que ellas mismas designan. El objetivo de la Euro-Lat es la integración euro-latinoamericana además de la discusión y propuesta de soluciones a temas comunes para ambas regiones (por ejemplo la corrupción, los derechos humanos, la el financiamiento de los partidos políticos, la democracia, entre otros). Cabe destacar que sus resoluciones no tienen carácter vinculante.

Weber, Renate, Zambrano, Patricio, Transparencia y Corrupción en la Unión Europea y América Latina, Resolución, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Atenas, Grecia, 29 de marzo de 2014, pp. 4-6.

Ello también puede trasladarse a un Observatorio Mexicano de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. “El observatorio ciudadano es un mecanismo y herramienta que promueve la participación ciudadana y busca el empoderamiento de la sociedad, a través de transparentar y legitimar la información disponible respecto de las diferentes actividades de la administración pública. Busca articular a las diferentes organizaciones sociales a fin de que incidan verdaderamente en las acciones de las autoridades y coadyuven a marcar el rumbo que se quiere para su comunidad”, Apperti, Luis, ¿Qué es un observatorio ciudadano?, Milenio Diario, 14/07/14, consultado el 15 de mayo de 2016, Sitio URL: http://www.milenio.com/firmas/luis_apperti/observatorio-ciudadano_18_334946568.html.

CÁRDENAS GRACIA, Jaime, La crisis del sistema electoral mexicano. A propósito del proceso electoral de 2012, México, UNAM, 2014.

RINCÓN PATIÑO, Rafael, Corrupción y Derechos Humanos. Estrategias comunes por la transparencia y contra la corrupción, Medellín, Colombia, Instituto Popular de Capacitación –IPC- de la Corporación Popular, 2005, p. 30.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Clemente Castañeda, por favor.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para dejar constancia, que el día de hoy, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de limitar y regular la publicidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, toda vez que este recurso se ejerce de manera discrecional, sin disciplina y sin rendición de cuentas.

Simplemente para compartir con ustedes un dato. En la cuenta pública de 2014, se observa un sobreejercicio del 70%; es decir, mientras en el presupuesto original se etiquetaron 2 mil 600 millones de pesos, terminaron gastándose 7 mil 500, a este ritmo, en el año que transcurre, donde están presupuestados 3 mil 500 millones de pesos, vamos a terminar por gastar en publicidad gubernamental 8 mil millones de pesos.

Esta iniciativa, y quiero llamar la atención sobre eso, pretende crear un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental Autónomo Ciudadano, que tenga como función establecer los lineamientos de la publicidad oficial, vigilar el destino de los recursos y garantizar su transparencia. El tema no es menor en un contexto de crisis económica como la que atraviesa el país.

En resumidas cuentas, tres objetivos persigue esta iniciativa:

Primero.- Lograr un drástico recorte en el gasto de publicidad gubernamental.

Segundo.- Eliminar la publicidad personalizada, que en eso se ha convertido la comunicación gubernamental para promocionar figuras políticas.

Tercero.- Algo muy importante, diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en los recursos destinados a la publicidad gubernamental.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La iniciativa está registrada en el Orden del Día, sin embargo, el grupo parlamentario no tiene turno de presentación el día de hoy.

Le pregunto, ¿desea que la turnemos inmediatamente a comisión para que sea dictaminada en la Cámara de Diputados?

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Así es, señor Presidente. Le agradezco mucho.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DEROGA EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL

(Presentada por el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DEROGA EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La publicidad oficial es aquella que compran los gobiernos a los medios de comunicación para anunciar sus decisiones y acciones. La contratación de este tipo de espacios debe tener como fin informar de manera útil a la ciudadanía sobre programas o tramites de utilidad, así como comunicar de manera fidedigna las acciones realizadas por los gobiernos que tienen algún beneficio para la población.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016 se asignaron 3,537’657,936 pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Para 2015 se asignaron de recursos para este mismo concepto 4,034’077,737 y para 2014 fue de 4,011’754,512.1

Por su parte, en el año 2013 se destinó un monto de 4,785’000,000 de pesos de publicidad oficial, y al termino del ejercicio contable para este mismo año se tuvo un gasto de 7,119’000,000, es decir, un sobre ejercicio del 67.9 por ciento. En 2014, el monto sobre ejercido por concepto de comunicación fue de 6,623’451,382 de pesos, es decir, 65 por ciento más de lo asignado.2 Estos datos muestran una deficiente disciplina presupuestal y una cuestionable orientación del gasto público, en un contexto de vulnerabilidad financiera por la que atraviesa el Estado mexicano.

Vale la pena destacar que el incremento en los gastos por publicidad gubernamental se ha incrementado de manera sostenida desde el año 2000. Durante el sexenio 2001-2006 el incremento del gasto en publicidad fue de 27 por ciento, mientras que durante 2006-2012 tuvo un aumento del 65 por ciento. De acuerdo a estimaciones, de continuar con esta tendencia, para el año 2018 se gastarían aproximadamente 11,676’000,000 de pesos, tan solo en publicidad del Gobierno Federal.3

A nivel estatal también se reporta un exceso en el gasto publicitario, como lo es el caso de Chiapas cuyo Gobernador en su primer informe de Gobierno gasto más de 10 millones de dólares en publicidad durante 2013, esto además de ser un exceso resulta contradictorio ya que la publicidad no solo se enfocó en su estado sino también en el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros lugares del país, dejando evidencia de una promoción personalizada de dicho servidor público. En 2012 el gobernador de Puebla gastó entre 42 millones y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer informe anual de gobierno.4

La utilización de la publicidad oficial a manera de propaganda está prohibida constitucionalmente, sin embargo, continúa manifestándose y carece de regulaciones específicas.

II. También debe resaltarse que la asignación de contratos para este tipo de servicios denota una preferencia hacia ciertos medios de comunicación, además de que los convenios publicitarios se llevan a cabo sin justificación esclarecida, la distribución de los recursos recurrentemente se realiza con base a criterios políticos e intereses particulares.

En este sentido, la publicidad oficial se concentra en determinados proveedores. Por ejemplo, para el año 2014 tan solo 10 de los 1,433 consignatarios que se adjudicaron algún contrato publicitario reunieron más del 41 por ciento de los recursos totales destinados para ese mismo año.

III. La falta de claridad en la asignación de los recursos en más de la mitad de los Estados de la republica prevalece, la opacidad que existe en la contratación publicitaria se está convirtiendo en un canal para la malversación de recursos, existe información incongruente, reservada y en muchos casos inexistente en materia de publicidad oficial, aunado a ello los datos proporcionados no poseen confiabilidad, pues no existe un sistema para la verificación de su autenticidad en tiempo y forma, aunado a ello la mayoría de los medios de comunicación entorpecen los mecanismos de transparencia, pues estos mantienen reservada la información acerca de las audiencias o circulaciones. En 2012 un estudio elaborado por la organización FUNDAR muestra que en más del 53 por ciento del gasto en publicidad oficial en 26 entidades federativas se desconoce su destino.

En este contexto, resulta fundamental generar mecanismos de control al gasto en materia de publicidad, así como establecer directrices sólidas de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Mediante la presente iniciativa se buscan tres objetivos fundamentales:

1) Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad gubernamental, buscando con ello fortalecer las finanzas públicas, generar disciplina presupuestal y reorientar esos recursos que hoy se destinan a publicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos.

2) Eliminar la publicidad personalizada que hoy realizan algunos titulares de los poderes Ejecutivos con recursos públicos. Para ello, se propone derogar las disposiciones correspondientes a la publicidad personalizada durante los periodos de informes de gobierno.

3) Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a publicidad gubernamental, mediante la creación de un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos con trayectoria reconocida y enfocado a fijar los lineamientos para el contenido de la publicidad gubernamental, las erogaciones en la materia, entre otras atribuciones.

Derivado de lo anterior someto a consideración la siguiente iniciativa:

DECRETO

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de publicidad gubernamental.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma octavo párrafo, se adicionan los párrafos noveno, décimo y onceavo, recorriéndose y modificándose el párrafo que anteriormente ocupaba la posición novena del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Queda prohibida la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, exceptuando aquella en materia de salud, protección civil y turismo, la cual deberá ser de carácter informativo, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones se crea el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, el cual es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados para Servicios de Comunicación Social y Publicidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

VI. Emitir los lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y publicidad;

VII. Dirigir a las instituciones públicas recomendaciones sobre los topes máximos de gasto en publicidad;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental estará integrado por 5 consejeros ciudadanos designados por la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria  pública. Dichos consejeros deberán tener experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado. El nombramiento de los Consejeros deberá seguir un proceso de evaluación de conocimientos y audiencias públicas, conforme a la legislación en la materia.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos séptimo y octavo del presente artículo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 242.

1.a 4.[…]

5. Se deroga

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y propaganda relativa a los programas sociales deberá apegarse a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la Ley General de Publicidad Gubernamental.

TERCERO.- La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la convocatoria correspondiente a la selección de los Consejeros Ciudadanos del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 11 de mayo de 2016.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXIII Legislatura

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Presupuesto de Egreso de la Federación, 2014, 2015 y 2016. Cfr. Transparencia Presupuestaria el Observatorio del Gasto, recuperado de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

2 Ídem.

3 “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014, Análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación Social (Comsoc)”, (junio de 2015), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación: recuperado de: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PublicidadOficialGobiernoFederal2014.pdf

4 “Comprando complacencia: Publicidad Oficial y censura Indirecta en México”, (marzo de 2014), Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, recuperado de: http://es.scribd.com/doc/215095601/Comprando-complacencia-Publicidad-oficial-y-censura-indirecta-en-Mexico

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas al artículo 134 constitucional y que deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¿Es correcta esta iniciativa, verdad, Diputado Castañeda Hoeflich?

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Correcto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muy bien. Se turna a la Cámara de Diputados.






En el siguiente apartado del Orden del Día, se someterán a discusión diversos dictámenes que presentan las comisiones sobre los que no hay reservas.

Ruego a los grupos parlamentarios poner atención al listado de dictámenes que vamos a discutir y votar en bloque, para ver si los dictámenes que no han tenido reservas están separados de los mismos.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy cuenta con los dictámenes.

Todos los dictámenes de la Primera Comisión están reservados.

Tenemos 11 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar sobre las acciones instrumentadas para atender la recomendación número 50/2014.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a las autoridades competentes a realizar las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito para el respeto a la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre los resultados que ha tenido la implementación del Mecanismo de Acompañamiento para la Atención de Casos de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, desde su entrada en vigor hasta la fecha.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a remitir un informe sobre los avances y las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a considerar la revisión integral de los planes y programas de estudios que se imparten en escuelas, universidades e institutos de ciencias forenses.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a profundizar las acciones y perfeccionar los mecanismos de gestión migratoria encaminados a promover y facilitar el ingreso a nuestro país de nacionales de países que requieren visa para ingresar a México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se congratula por la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como nueva Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a promover la inclusión de medicamentos para atender la enfermedad de angioedema hereditario.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Secretaría de Salud que remita un informe actualizado sobre las políticas públicas implementadas a fin de disminuir la mortalidad materno-infantil en nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores continúe proporcionando atención y orientación a José Miguel Tello y su familia, a consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en la Patagonia, Argentina, el 23 de marzo de 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Y por el que se solicita un informe sobre los resultados que ha tenido la implementación de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Tenemos seis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

En relación con los problemas que se presentan en la Reserva de la Biósfera Montes Azules.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el destino de recursos económicos suficientes para la construcción de dos distribuidores viales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a implementar una campaña nacional para generar conciencia respecto a los prejuicios en la salud que genera permanecer de pie o sentado, por mucho tiempo sin cambiar de posición.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a evaluar la posibilidad de celebrar convenios con instituciones de educación superior y de innovación tecnológica a fin de diseñar e implementar programas que permitan mejorar la situación del sector industrial molinero de nixtamal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a entregar en tiempo y forma los subsidios para los productores del sector agropecuario y pesquero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Y por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a rendir un informe respecto a la implementación del Programa Promasa.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el grupo parlamentario del PRI solicita reservar para discusión separada el dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar las medidas de seguridad durante la cadena de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos.

En consecuencia, se separa de los dictámenes anunciados para ponerlo a discusión en su oportunidad.

Sonido en el escaño del Senador Ismael Hernández Deras.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Comentar y solicitar a la Mesa Directiva que, por acuerdo de los grupos parlamentarios, solicitamos pudiera retirar el día de hoy, de esta sesión, el siguiente dictamen del Orden del Día para tratarse en fecha posterior; se trata del dictamen sobre el tema de seguridad en el estado de Michoacán.

Solicitaríamos se retirara, y es un acuerdo de los grupos parlamentarios para esta sesión, lo posponemos para una subsecuente sesión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Hay acuerdo entre los grupos parlamentarios?

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Así es.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza el retiro de este dictamen al que ha hecho referencia el Senador Ismael Hernández Deras.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el retiro del dictamen relacionado con el estado de Michoacán. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retira del Orden del Día el dictamen relativo a Michoacán.

Consulto a la Asamblea si hay algún legislador que desee reservarse para discusión en lo particular algún dictamen.

No habiendo más reservas y en virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que ha leído la Secretaría.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes con puntos de Acuerdo que se han leído. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, por el que se resuelve que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen:

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fueron turnadas para su análisis y dictamen, dos proposiciones con punto de Acuerdo relativas a que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoque a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso Federal para la celebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que se aboquen a la resolución de los asuntos legislativos urgentes que se enumeran en el presente Acuerdo.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de las proposiciones a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 183 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

I. La primera proposición con punto de Acuerdo fue presentada por las Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de mayo de 2016, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión.

II. En la misma sesión, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.  

Con la misma fecha del cuatro de mayo de 2016, dichas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante oficios No. CP2R1A.-40 y CP2R1A.-54.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en el acuerdo de mérito, que a la letra señalan:

La primera propuesta considera:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto los artículos 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 4º, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda convocar a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso Federal para la celebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que se aboquen a la resolución de los asuntos legislativos urgentes que se enumeran en el presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El periodo de sesiones extraordinarias iniciará el lunes 23 de mayo presente año y concluirá una vez que se hayan resuelto los asuntos legislativos que establezca la convocatoria, sin que pueda exceder del 26 de mayo.

TERCERO.- La convocatoria que emita la Presidencia de la Mesa Directiva contemplará como asuntos legislativos a resolver durante el periodo de sesiones extraordinarias, cuando menos, los siguientes:

1. La legislación secundaria que desarrolle las disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, en los siguientes términos: 

1. Emisión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

2. Emisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

3. Emisión de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

4. Emisión de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; 

5. Modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

6. Modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 

7. Modificación al Código Penal Federal, en materia de delitos de corrupción. 

2. Las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación y regulación de las fuerzas de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

3. La legislación secundaria por la que se defina una nueva política sobre el uso de las drogas, así como su prevención y atención integral, especialmente con relación a la marihuana.” 

Señalan los proponentes que el Congreso de la Unión se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias de este primer año legislativo, sin conseguir los acuerdos suficientes para resolver asuntos legislativos de especial trascendencia para la vida social e institucional de nuestro país.

Mencionan en la exposición de motivos que en ciernes han quedado asuntos urgentes que prometen impactar decididamente en un mejor desempeño de la función pública, en la seguridad de las personas y en una mejoría sustancial en el respeto y en el ejercicio de los propios derechos fundamentales.

De igual forma, destacan tres pendientes legislativos que son foco de atención pública:

1.- La emisión de las leyes que reglamentarán la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción;

2.- La reforma constitucional que reordenará la función policial en todos los órdenes de gobierno y la prestación de los servicios de seguridad pública, y

3.- La reforma legal que habrá de cambiar el enfoque de tratamiento al problema de las drogas en nuestro país, especialmente con relación a la marihuana.

Para estos tres últimos temas, destacan para cada uno de ellos argumentos que hacen urgente la discusión y desahogo de los dictámenes correspondientes a sus ordenamientos.

Se plantea en la exposición de motivos  que la corrupción, es mucho más que una práctica profundamente enraizada en el sistema político mexicano. Es ya, una forma de ejercer el poder público. Por eso, el contenido mismo de la reforma constitucional que se logró hace un año, es contra-sistémico; un desarrollo legal que despliegue todo su potencial atenta directamente contra esa forma de ejercicio del poder.

En este tenor, los promoventes mencionan que la construcción de un andamiaje institucional que establezca un Sistema Nacional que, mediante la fuerza motriz y vigilante de la ciudadanía, permita una fiscalización y un control eficaces de la gestión gubernamental, una detección y denuncia suficientes de los hechos de corrupción, así como su efectivo enjuiciamiento y sanción, tiende a desarticular las bases de organización del actual sistema de poder.

Que en un caso semejante se encuentran los proyectos elaborados por los distintos grupos parlamentarios que abordan el grave problema de inseguridad en México desde uno de sus ángulos: el reordenamiento de las fuerzas policiales de nuestro país y la reestructuración de la función de seguridad pública entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Que otro aspecto importante a resolver es el enfoque punitivo que se ha dado en más de una década de combate al tráfico de drogas, con magros resultados. Así se ha asimilado en la actual discusión social sobre las posibilidades que ofrece la legalización del uso de algunas drogas “blandas”, especialmente cannabis, o marihuana, y las sustancias que de ella derivan, los cannabinoides, de reconocido valor terapéutico.

Por su parte, en la Proposición de la Senadora De la Peña, se plantea que:

Uno de los temas que quedó pendiente de su aprobación y el cual tiene un plazo constitucional, es el relativo a la expedición de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, se menciona en los considerandos que otros temas importantes han quedado sin concluir su proceso legislativo, como son el de Desaparición Forzada de Personas, lo relacionado al Mando Único; la Ley Nacional de Ejecución Penal; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el proyecto de la miscelánea penal; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, así como la Ley para Prevenir, sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

En específico, la propuesta de la Senadora promovente plantea:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de sesiones a ambas Cámara del H. Congreso de la Unión, cuya fecha de inicio será el 16 de mayo y concluirá una vez que se desahogue el objeto para el cual se convoque.

SEGUNDO. El objeto que se abordará en dicho periodo de sesiones extraordinarias serán las reformas relativas a:

1. Ley Nacional de Ejecución Penal.

2. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

3. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

4. Miscelánea Penal.

5. Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares.

6. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

7. Mando Único.

8. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, coincidimos en la relevancia que tienen los temas propuestos en las proposiciones con punto de Acuerdo para ser atendidos en sesiones extraordinarias de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Los periodos de sesiones extraordinarios son el “tiempo durante el cual el Congreso de la Unión acuerda tratar la resolución de asuntos específicos y concretos considerados como urgentes o de suma importancia generalmente durante los recesos de los periodos de sesiones ordinarias”1. Tales asuntos, son generados a través de los acuerdos de los Órganos de Gobierno que integran los distintos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 67 establece que:

“El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva”.

Por su parte el artículo 78 fracción IV de la misma Constitución, establece que la Comisión Permanente tiene la atribución de “acordar por si o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.

No obstante, la determinación de convocar a un periodo extraordinario, está en función de la existencia de uno o más dictámenes para su discusión y votación ante el Pleno de la Cámara que lo disponga.

Esta Comisión dictaminadora no quiere dejar de destacar que en los últimos días, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se ha estado reuniendo de forma periódica con el fin de lograr los acuerdos necesarios que hagan posible que las Mesas Directivas de las Comisiones involucradas en los temas planteados por los senadores proponentes (comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales, de Justicia y de Salud) estén en condiciones de analizar y dictaminar las respectivas iniciativas; siendo siempre respetuosos de los tiempos y del trabajo interno en comisiones.

Asimismo, esta Comisión, considera que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de cada una de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, este es el órgano colegiado que constituye y funciona de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 82 establece que:

La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo “elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos”, es así que bajo este razonamiento es este Colegiado, el responsable de establecer la prioridad de los temas a tratar en un periodo extraordinario, al tiempo que, como ya señalo esta Comisión, se expresa la pluralidad de ambas Cámaras.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO- Los integrantes de la Primera Comisión, resuelven que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario, sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica, en virtud de ser los órganos colegiados competentes y quienes han estado realizando los acuerdos políticos necesarios, para que las comisiones encargadas de la dictaminación de los diferentes asuntos, se aboquen a su realización, y poder así convocar, a un periodo extraordinario de sesiones a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISION

1 La Función Legislativa. Senado de la República. p 204. Ediciones Mesa Directiva. mayo de 2012.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se presentará el dictamen por parte de la comisión. En consecuencia, está a discusión.

Les recuerdo que el Reglamento establece dos intervenciones en contra, dos a favor y el listado al final de la discusión para rectificación de hechos.

En la regla a alusiones personales, será dada la palabra inmediatamente hecha dicha alusión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para hacer una precisión de inicio.

Por supuesto que no estamos en contra de que se convoque de manera inmediata a un periodo extraordinario, sobre todo con la agenda tan cargada que tenemos, particularmente en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción.

Nosotros hemos venido insistiendo desde hace varias semanas en la necesidad de generar condiciones políticas y prácticas para convocar de manera urgente a este periodo extraordinario.

Movimiento Ciudadano lo dijo desde hace tiempo y lo decimos hoy una vez más.

Es una vergüenza que el Poder Legislativo no haya sido capaz de procesar adecuadamente las exigencias de los mexicanos y de sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción que demandan los ciudadanos desde hace mucho tiempo en este país.

El problema es que hoy lo que pretendemos hacer es aprobar un dictamen sobre las proposiciones para convocar a un periodo extraordinario, incurriendo en lo que yo diría que es una simulación, es decir, turnamos este tema a la Junta de Coordinación Política en lugar de que la Comisión Permanente, que es quien tiene la facultad constitucional, se pronuncie de inmediato sobre el tema; es decir, lo que estamos haciendo es patear el bote simulando y evadiendo nuestra responsabilidad de cara a los mexicanos en un periodo que le urge al país.

La pregunta es: ¿De verdad, ésta es la forma en la que vamos a explicar a los mexicanos que no hemos podido ponernos de acuerdo?

¿De verdad, ésa es la manera en la que vamos a rendir cuentas a los ciudadanos para decirles que hemos sido simplemente incapaces de ponernos de acuerdo todavía?

La verdad es que en lugar de solicitar un periodo extraordinario, lo primero que deberíamos hacer es pedir una disculpa al pueblo de México.

Hoy lo decimos con absoluta responsabilidad, es tiempo de hacer política, de incluir, de tener un debate mucho más amplio sobre estos temas tan importantes para la vida pública, no de abusar de la tramitología legislativa para evadir nuestra responsabilidad.

Por eso lo reitero una vez más, no hemos reservado este dictamen para votarlo en contra. Lo que hemos hecho es hacer un señalamiento muy puntual de la urgencia que tiene un periodo extraordinario, de lo que le urge al país tener un Sistema Nacional Anticorrupción y de lo que urge y que reclaman todos los mexicanos, que es terminar con la simulación en estas Cámaras.

Hago de manera muy enérgica, pero al mismo tiempo muy respetuosa, un llamado a los grupos parlamentarios para que el día de hoy nos pronunciemos en la Comisión Permanente sobre la discusión de un periodo extraordinario que nos permita abordar con puntualidad, con rapidez, con apertura, con transparencia, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que reclaman todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich. No tengo registrados oradores a favor.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse en contra del dictamen.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, con la venia de la Presidencia.

Miren, el tema es que este punto de Acuerdo lo único que nos dice es que se va a remitir a las Juntas de Coordinación Política tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, para que ellas determinen en qué momento va a haber un periodo extraordinario de sesiones, y eso nos lleva a pensar que entonces esto se va a ir al túnel del tiempo.

Entonces, ¿qué estamos haciendo en la máxima tribuna, aquí en la Comisión Permanente?

No señalando un término claro para la discusión de los temas que tenemos que atender de manera inmediata.

Porque, miren, no solamente el tema es general, sino es para tres temas fundamentales.

Uno es el caso del Sistema de Justicia Penal que tiene una fecha perentoria para el 18 de junio, que debe entrar en funciones todo el entramado de disposiciones legales, y para eso las minutas correspondientes se encuentran ya en la Cámara de Diputados.

Están la Ley Nacional de Ejecución de Penal, la Ley General Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que son los temas nodales para darle viabilidad y la aplicación al Sistema de Justicia Penal y eso es materia de la Cámara de Diputados.

Tenemos también el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual depende de siete leyes fundamentales y hasta el momento tiene una fecha de vigencia o de vencimiento del 27 de mayo. No podemos ir en contra de la Ley Suprema, de la Carta Magna del país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entonces, las Cámaras de Diputados y Senadores y esta Comisión Permanente se va a constituir en el máximo órgano de impunidad; y qué mensaje le vamos a mandar a toda la sociedad civil que está esperando que las Cámaras den resultados a las demandas y generemos la certeza y confianza que quieren todos los mexicanos, porque en este torbellino, pues dicen que todos son responsables, pero tendríamos que decirlo con todas sus letras.

Esto es evidente que quien conforma mayorías al interior de la Cámara de Diputados, pues no tiene interés de que el país avance y eso sí es delicado para el país. Entonces tenemos que determinar otro tema fundamental, que es el caso del jurado de procedencia para el tema de la Diputada local Lucero Sánchez.

El día de hoy ya la Presidencia de la Comisión Permanente cuenta con un dictamen que se aprobó, por cierto, por unanimidad en la sección instructora, y la Ley Federal de Responsabilidad dice con toda precisión que una vez que esté el dictamen, éste se remita al Presidente, y de manera inmediata, al día siguiente, lo presentará al Pleno para que esta se erija como jurado de procedencia.

¿Cuál es el argumento de fondo? Pues que no hay Pleno en la Cámara de Diputados, pero sí hay Comisión Permanente, y los artículos 67 y 71 de la Constitución señalan con mucha precisión que quien podrá convocar a un periodo extraordinario lo es, de manera clara, la Comisión Permanente, y ésta tiene facultades para decirle a los Presidentes de las Cámaras, que determinen el periodo extraordinario.

Y entonces si no quieren ver el Sistema Nacional Anticorrupción, pues veamos el tema de la Justicia Penal; si no quieren ver la Justicia Penal, pues veamos el tema del Jurado de Procedencia; pero si no quieren ver nada, entonces a dónde vamos a llegar.

Yo hago una atenta invitación tanto al Partido Revolucionario Institucional como al Verde, que generemos política y voluntades, que es el momento que la gente está esperando, que tengan claridad. Si no es el caso, que se diga con toda precisión.

El Partido de la Revolución Democrática quiere periodo extraordinario para sacar los temas que dañan y que requiere el país mexicano.

Y, bueno, podría ser, también si hay voluntad, que en este punto de Acuerdo, en el dictamen que se presenta, se pongaN fechas para estos tres temas fundamentales, primero, que la Cámara sesione para el asunto del Jurado de Procedencia, que sesione para el tema de Justicia Penal y el Senado sesione para el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y que haya fechas ciertas, y no que sea esta vacilada donde se tendrán que poner de acuerdo las Juntas de Coordinación Política.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez.

Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Solicito intervención para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Abrimos el apartado de participaciones por rectificación de hechos con la participación del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Tiene usted el uso de la palabra, desde la tribuna.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia.

México espera de su clase política resultados, resultados y resultados, no omisiones; y delante de nosotros tenemos un conjunto de expectativas que lamentablemente no hemos podido atender.

La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas y el Congreso de la Unión debe de ser responsable.

Abordo el tema anticorrupción. El 27 de mayo del año pasado, el Ejecutivo Federal promulga la reforma constitucional. Tenemos un año, a partir de la vigencia del 28 de mayo, para promulgar las leyes secundarias, tenemos iniciativas en el Senado y otras en la Cámara de Diputados; y a este momento, lamentablemente, no tenemos los acuerdos necesarios.

En el caso de Acción Nacional, desde el 26 de agosto del año pasado, en consulta con algunos organismos de la sociedad civil, entregamos las primeras iniciativas, porque creíamos que el Presidente Peña, probablemente en septiembre, iba a hacer el ejercicio de la Iniciativa Preferente. No la hizo.

Para el mes de noviembre habíamos completado el paquete. Se recibieron también en ese periodo iniciativas del Partido de la Revolución Democrática, anticipábamos la posibilidad de que en febrero el señor Presidente de la República ejercería en sentido preferente. Tampoco lo hizo.

Fue hasta el 1º de marzo, 1º de marzo, casi 9 meses después que el PRI introduce sus iniciativas, es el tamaño de la urgencia que teníamos en ese momento.

Se hizo un esfuerzo para que al 30 de abril pudiéramos tener los dictámenes necesarios, sólo que no hemos podido avanzar lo necesario.

No es posible incumplir un imperativo constitucional, y por eso en dictámenes, nosotros hemos venido avanzando, en el caso del Senado, para tres temas o para tres comisiones, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia.

En la parte final, la visibilidad se dio, porque tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática consideramos que son siete leyes, no son cinco.

Ayer hubo una expresión de los compañeros señalando que ya había avances importantes en los cinco. Eso es parcialmente correcto. Y de hecho, hace varias semanas instalamos el procedimiento y acordamos un método de parlamento abierto y empezamos a deliberar; sólo que, y lo digo con mucho respeto, a manera de reflexión, el PRI y Verde se levantaron de la mesa desde el 21 de abril y no han regresado, no se ha convocado tampoco a comisiones; y el 28 de abril el Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana un adelanto la tercera ocasión, porque las dos primeras fueron insuficientes, un adelanto para poder tener un avance hacia un dictamen.

Hay coincidencia en la parte de lo esencial, y todavía hace una semana le entregamos 68 observaciones. Una semana después, este lunes, nos contesta sobre el 30 por ciento de ellas; otras, lamentablemente ni siquiera merecieron una forma de intención para decir por qué sí o por qué no.

Este es un paquete de siete, y aquí hago una reflexión muy comedida a mis compañeros del PRI y del Partido Verde. Si el paquete no incluye la parte penal, no es un paquete integral.

Lamentablemente al día de hoy no ha habido una sola expresión del PRI en torno a la iniciativa que existe para una fiscalía anticorrupción con independencia técnica y presupuesto, ni tampoco al Código Penal; en algún momento nos han dicho que es porque la Comisión de Justicia no ha hecho su pronunciamiento. Quiero mencionarles que desde el 28 está el caso de la fiscalía y a partir de hoy va a estar todo eso.

La reflexión es la siguiente: no tenemos derecho a fallar, no podemos incumplirle a los mexicanos la obligación de entregar para el 28 de mayo este paquete de siete, siete de siete. Hemos tenido el acompañamiento de la sociedad civil organizada, y aprovecho para hacer un reconocimiento a su gran tarea; y la parte que ellos proponen, que es la declaración de intereses, sobre todo, la novedosa, la fiscal y la patrimonial de carácter público con el máximo de transparencia, es una parte importante, pero es apenas una de las siete normas.

Este fin de semana, concluyo, Enrique Krauze publicó un artículo donde señala los grandes cuatro jinetes de la Apocalipsis, esta dupla de violencia e inseguridad, y la otra que tiene que ver con la corrupción y la impunidad.

Nosotros creemos que no es sólo una facultad de la Junta de Coordinación Política, es de este Pleno y los miembros de comisiones tienen que sesionar.

Exhorto públicamente de nuevo al PRI, a que abran su pronunciamiento en torno a las dos leyes penales, a que nos respondan sobre las observaciones que hicimos de manera escrita, porque eso es lo que tenemos que dar, resultados, resultados y resultados.
Y solicito, y espero que se sumen otras personas, que esta votación la hagamos de manera nominal, para que de cara al país sepamos dónde está la voluntad de cada uno de nosotros.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora, para rectificación de hechos.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente y Mesa Directiva.

El dictamen que está a discusión, en este momento, plantea la posibilidad de que haya un acuerdo para la celebración de un periodo extraordinario, que es algo que por supuesto está en la norma constitucional, sólo que para celebrar un periodo extraordinario se necesita que haya materia.

Lo que se ha expresado hace unos momentos, es la narrativa del trabajo que se ha venido realizando, y este trabajo no ha dejado de realizarse de manera continua, de manera permanente las comisiones dictaminadoras en las que participan Senadores de todos los partidos y, en su caso, Diputados de todos los partidos, han venido trabajando para preparar los dictámenes.

De hecho quiero compartir con los integrantes de esta Comisión Permanente que en este momento, precisamente en este momento, los líderes de los grupos parlamentarios están trabajando para este tema.

En este momento están construyendo lo que se plantea en la tribuna por quien me antecedió en el uso de la palabra.

Estamos, entonces, buscando la negociación, no es responsabilidad de un solo partido, es responsabilidad compartida de todos los partidos. Y volvemos a decirlo, de nueva cuenta, hay mayoría de los otros grupos parlamentarios frente al PRI, pudieron haber dictaminado esto en periodo ordinario, y no lo realizaron, pudieron haber convocado incluso también a un periodo extraordinario, no lo han hecho, todo esto puede suceder; sin embargo, no es un asunto de buscar responsabilidades, es un asunto de soluciones.

Y en ese sentido, el grupo parlamentario del PRI, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estamos completamente dispuestos a que haya un periodo extraordinario de sesiones para dictaminar el paquete de reformas de anticorrupción y dictaminar todo aquello que sea necesario, porque sabemos que hay tiempos, sabemos que hay plazos, sabemos que entra en vigor también el sistema oral en materia penal, y en todo esto por supuesto los legisladores del grupo parlamentario del PRI estamos completamente de acuerdo en permanecer durante el tiempo que sea necesario, uno, dos o tres periodos extraordinarios, para que dictaminemos todo lo conducente.

Pero, repito, no es responsabilidad, no se trata de seguir aventando la bolita a un lado o a otro, es una narrativa muy interesante; pero sin embargo, dejamos claro, nosotros no hemos descansado en el trabajo de comisiones y no estamos descansando en la construcción de acuerdos y, reitero, en este momento precisamente se está construyendo un acuerdo para un periodo extraordinario.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Arturo Zamora.

Sonido en el escaño del Senador Ruffo Appel, ¿para rectificación de hechos, Senador?

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sí, para comentar precisamente acerca del proceso de dictaminación, soy integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadano, no he sido convocado desde noviembre, y esto habla de un proceso tortuoso de la manera de manejar las comisiones, ha sido deliberado, se ha violentado el Reglamento interno del Senado, no ha sido observado, y me parece que con la anuencia de la Presidencia de la Mesa Directiva, esto es ya un asunto grave, me preocupa fundamentalmente por el respeto a esta legislatura, a esta institución, al Congreso de la Unión.

Por ello, escuchar al compañero Zamora, hablar de que no hay dictámenes, pues es gracias al PRI y al Verde.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Miren, compañeras y compañeros, es importante señalar que ciertamente es un requisito tener dictámenes para poder convocar al periodo extraordinario, porque los asuntos que se agendan, que se inscriben, son los únicos que se pueden tratar, pero los dictámenes no caen del cielo, hay que trabajar, como dice el Senador Ruffo, hay que trabajar en ellos; y en ese sentido, me parece que tenemos que identificar dónde están los obstáculos.

Hay otros temas importantes en los que se ha avanzado, que se ha logrado resolver los corchetes, que hay acuerdos sustantivos importantes con instancias tanto de la sociedad civil como del propio gobierno que me parece que es necesario también subrayar, requieren que sean tratados en periodo extraordinario, porque, por cierto, a diferencia de todo el paquete que tiene que ver con anticorrupción, que ya va a terminarse la vacatio legis que nosotros mismos determinamos.

Otros temas ya tienen un rezago de varios meses donde se ha faltado al precepto transitorio, respecto a la determinación de una vacatio legis.

Entonces, yo creo que en este asunto tiene que ver mucho la voluntad política de los grupos parlamentarios para asentarse debidamente y quitar los corchetes y discutir donde se tenga que discutir, tomando y teniendo siempre enfrente el interés superior de la sociedad.

Eso es lo que yo quiero decir. Vamos en su momento a volver a insistir en la importancia de que el periodo extraordinario se convoque para los temas que ya hemos publicitado y que nos parece son necesarios se retomen por ambas Cámaras para su debida discusión.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Por alusiones personales, tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Solamente para dejar claro la composición de las comisiones dictaminadoras, para que lo registre mi amigo Senador Ruffo.

En el caso de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana son 10 integrantes; en esta comisión el PRI solamente tiene cuatro.

En la Comisión de Justicia son 16 integrantes; en esta comisión el PRI solamente tiene seis.

Y en la Comisión de Estudios Legislativos, que se compone de cinco integrantes, el PRI solamente tiene dos.

Si usted se da cuenta, porque es un tema matemático, esto no miente, esto no es un tema que vaya a generar confusión; si usted se da cuenta, no somos mayoría; si usted se da cuenta, nosotros podríamos ir a la convocatoria que se construya por las otras mayorías.

Si se cuenta, somos minoría en las tres comisiones y, por tanto, pues yo lamento mucho que se siga haciendo responsable al PRI de una situación que, precisamente, el día de hoy y en estos momentos, ya se está reconstruyendo.

Lamento mucho que estemos en un tema que, seguramente, los grupos parlamentarios hoy en consenso lograrán un resolutivo, porque los periodos extraordinarios para eso son.

Los periodos extraordinarios se acuerdan cuando hay materia; y entonces, seguramente muy pronto habrá voluntad para ello.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño del Senado Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo no quisiera desmentir al Senador Ruffo, pero lo que sí quisiera compartirles a mis compañeras y compañeros Senadores que, como integrante de la Comisión de Justicia, me ha tocado participar en por lo menos cinco reuniones, en las que son coordinadas como comisión convocante la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana que preside el Senador Pablo Escudero.

Y no solamente hemos discutido una serie de documentos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a la sociedad civil organizada con documentos y propuestas que nos hicieron llegar y los escuchamos por más de tres días consecutivos en largas jornadas, prácticamente revisar artículo por artículo de cada una de las leyes que se pretenden cambiar o modificar.

Y que yo creo que no es conveniente que en un tema en el que estamos de acuerdo, y lo quiero dejar perfectamente claro, que los Senadores del PRI y Verde estamos a favor de un Sistema Nacional Anticorrupción, que estamos a favor de un periodo extraordinario para que se pueda celebrar, que hay voluntad, pero que además hemos ofrecido alternativas y propuestas para perfeccionar este tema que es fundamental y del interés nacional.

Pero sí hay que dejar claro, en el Senado de la República los grupos parlamentarios del PRI y del Verde, no tenemos mayoría.

Si realmente hay voluntad, pues que se convoque por la mayoría de los grupos parlamentarios y de sus integrantes en el Senado de la República ese periodo.

Pero creo que en un tema tan importante lo que debe de prevalecer son los acuerdos, son los consensos y en este momento ya se dijo, los coordinadores parlamentarios están trabajando en ese sentido.

Estoy convencido, como lo estamos todas las legisladoras y legisladores del PRI y el Verde, que vamos a tener en nuestro país un Sistema Nacional Anticorrupción, a las circunstancias del país que lo vamos a lograr, porque estoy seguro que estamos caminando en el mismo sentido.

Lo que sí no es conveniente es tratar de desvirtuar el trabajo de muchas horas de Senadoras y Senadores que no están presentes para poder externar su punto de vista y que están haciendo un gran esfuerzo, y que todos estamos caminando en el mismo sentido.

Por eso, yo quisiera rectificar, en ese sentido, que las comisiones, en particular la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha estado trabajando desde hace muchos meses, ha estado recabando información, ha estado convocando a reuniones formales e informales y ha estado trabajando en las mesas directivas de manera permanente con la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Lamento no poder creer lo que estoy escuchando, y para eso dejo, para el Diario de los Debates, tres peticiones.

Una. Que por favor nos respondan del paquete que está en la Comisión Anticorrupción y Transparencia y las otras comisiones a los cuestionamientos que hicimos encorchetados. No los han respondido.

Dos. Que el PRI y el Verde se pronuncien sobre las dos leyes penales. Hemos hecho reiteradamente esto. Dejo la pregunta para esta Soberanía.

Tercero. Que a partir de eso nos digan en qué momento están dispuestos a reunirnos para dictaminar.

Nosotros estamos listos, ellos llegaron tarde y no están preparados.

Ojalá puedan remediar esto para poder avanzar, y por eso reitero que al momento de la votación se haga nominal.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tengo diversas solicitudes de intervención para rectificación de hechos. Voy a desahogar la discusión en el estricto orden en el que me lo han solicitado.

Sin embargo, quiero hacer una precisión con respecto al procedimiento a partir de lo señalado por el Senador Ernesto Ruffo.

La Presidencia de la Mesa Directiva no sustituye a las presidencias de las comisiones, son los presidentes de las comisiones los que, según el Reglamento, determinan el procedimiento de dictaminación.

A la Mesa Directiva le fue informado el procedimiento que iban a seguir las comisiones dictaminadoras. De hecho, cuando los presidentes de comisiones dictaminadoras no convocan, las mesas directivas, los integrantes, secretarios, pueden convocar a las comisiones, cosa que tampoco ha sucedido.

No puedo dejar pasar la aclaración de que la Mesa Directiva no tiene facultades legales o reglamentarias para interferir en el trabajo de las comisiones, la única intervención que tiene la Mesa Directiva es en calidad de excitativa, cosa que se ha hecho en reiteradas ocasiones a las distintas comisiones dictaminadoras.

Tengo ahora, en el orden en el que fueron registrados, al Senador Ismael Hernández.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo solicitaría solamente la lista de oradores para saber que efectivamente tenemos ya una definición de cuántos de los compañeros legisladores van a intervenir.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es lo que iba a hacer a continuación.

Tengo registrados al Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, al Senador Ernesto Ruffo y al Senador Arturo Zamora, con ese orden cerraríamos la discusión y someteríamos a votación.

La Senadora Mariana Gómez. La incluyo, por supuesto, Senadora Mariana Gómez del Campo.

¿Alguna otra solicitud de intervención? Se cierra la lista de oradores.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, en este momento, a título no de Junta de Coordinación Política, porque no ha habido reuniones de Junta de Coordinación Política, sino reunión de los Coordinadores del PRI, PAN y PRD, estarán informando, si no en este momento lo están haciendo, lo harán en unos minutos más, que la propuesta que se ha consensado es que se convoque a periodo extraordinario del 13 al 17 del mes de junio, con los temas entre los que se incluyen todas las leyes anticorrupción, evidentemente, los temas de tipo penal, el asunto del desafuero, efectivamente la marihuana también y mando único.

Siendo un piso, no siendo un techo de posibles otros temas, sobre todo que en la Cámara de Diputados se tiene intención de ampliar los asuntos.

Se ha tenido que llegar a esto porque efectivamente no se pudo convocar a un periodo extraordinario antes de que termine mayo.

Yo no dejo de congratularme de que haya esta buena noticia, que por lo menos hay certeza de cuándo habrá periodo extraordinario y no queda en el aire.

Pero sí, no quiero dejar de señalar que algunos argumentos, yo no puedo hablar del trabajo legislativo y de los pasillos del Senado, porque no tengo el conocimiento suficiente para poder entender si efectivamente alguien no convoca, alguien le hace el vacío o todo mundo, pero yo sí he escuchado algunas opiniones públicas, y me parece que no son las más adecuadas, eso sí puedo opinar.

Por ejemplo, he escuchado a voceros del PRI y del Verde, decir que no es conveniente que se haga el periodo extraordinario en el mes de mayo, porque se contaminaría con el proceso electoral, esas declaraciones existen, se han hecho, a mí me parece que esas declaraciones no son suficientes, ni es un argumento para que no se cumpla un artículo transitorio de la Constitución, ése no es argumento, la contaminación.

Que no haya dictámenes es un hecho, si no se construyen los dictámenes no puede haber periodo extraordinario, pero el que no haya dictámenes no quita que no violemos el artículo transitorio de la Constitución.

Y la gente, no crean que va a decir si es el PRD o es el PAN o es el PRI o el Verde. La gente va a decir que los legisladores no están cumpliendo imperativos constitucionales, y eso no debiéramos dejarlo pasar como un asunto más, es muy lamentable.

Ya se está haciendo deporte violar los artículos transitorios que ponen plazos para hacer legislaciones secundarias, y no quisiera hacer aquí un recuento de lo que ustedes conocen, de un conjunto de artículos transitorios que nos han puesto plazos para resolver leyes secundarias de reformas constitucionales y no las cumplimos.

Entonces, no le pongamos, además, de que no podemos ponernos de acuerdo en las comisiones, no le pongamos, además, argumentos de que estos están sujetos a criterios electorales. Eso, me parece todavía, termina por hacernos aparecer como gente que primero privilegia su interés electoral que su obligación constitucional.

Así que yo, por un lado, no dejo de celebrar que se está buscando poner una fecha para resolver temas tan importantes y que en esto se va avanzando, pero no dejo de lamentar que la Constitución de nueva cuenta no se cumpla, que nosotros que estamos encargados de cumplirla no la estamos cumpliendo y que además, ahora se anexen a las dificultades propias de los acuerdos en las comisiones los criterios electorales para decidir cuándo sí y cuándo no procede cumplir con un artículo transitorio de la Constitución.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) En razón, primero, de lo expresado por el compañero Senador Zamora, sí le entiendo a la aritmética, pero ésta no funciona cuando no hay voluntad política.

El Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana no convoca, sé que está en el procedimiento de comisiones unidas.

Sin embargo ya se hizo una solicitud por la Secretaria de la Mesa Directiva de esta comisión, se le dio un plazo de 48 horas al Presidente Escudero, de esa comisión, y no lo respetó tampoco.

Entonces, que quede claro al público, a los medios de comunicación, que aquí está el Triángulo de las Bermudas, aquí se pierden en el proceso los asuntos a los intereses, pues, ya todo mundo se imaginará de quién.

Así que esto, señor Presidente Gil Zuarth, si bien sé que no tiene la Presidencia la capacidad de sancionar, es la Mesa Directiva y puede dirigir, y es por ello, entonces, que puede exhortar, puede conducir y puede expresarle al público qué es lo que está pasando aquí.

Así que, ese es el comentario para que conozca la ciudadanía qué sucede en este Congreso de la Unión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora, ¿desde su escaño o desde la tribuna?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Desde aquí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, por favor.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Sí, solamente para plantear lo siguiente.

En rectificación de hechos, que no fue rectificación de hechos del Senador Romero Hicks, plantea una serie de dudas que tienen que ver con la elaboración del dictamen.

Yo invito al Senador Romero Hicks, que sea tan amable de abrir la página de su correo, y desde el lunes pasado tiene la respuesta a sus preguntas. Esto es lo que aparece, incluso, en la propia página de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, eso aparece en la página.

Si eso no le da respuesta a un tema que tiene que ver con el debate sobre la construcción de un dictamen, también le hago saber que ya se ha señalado fecha, precisamente, para que se celebre un periodo extraordinario.

Esto lo hago también del conocimiento a nuestros Senadores que han intervenido, ya hay una fecha para que se lleve a cabo lo que ustedes originalmente estaban pidiendo, y esto va a obligar a que se lleve, a que se haga el trabajo de comisiones, donde cualquier duda que se tenga, seguramente ahí es donde se va a dilucidar.

No es en el Pleno donde se discute el contenido de los dictámenes, se discute cuando ya el dictamen finalmente ha sido consensado por los integrantes de las comisiones en el Pleno. Y entonces, en este sentido, yo creo que el tiempo apremia para que las comisiones ya se reúnan a trabajar y puedan resolver las dudas que tengan.

Por lo que se refiere a la Mesa Directiva, por supuesto, la Mesa Directiva en este momento ya no tendría ninguna intervención al respecto porque ya ha quedado sin materia la posible invitación o la posible exhortación a las comisiones para que dictaminen, y entiendo que ha quedado sin materia, porque los líderes de los grupos parlamentarios, donde está el líder de su grupo, ya han llegado a un consenso con los líderes de los otros grupos parlamentarios sobre este tema.

De tal manera que, seguramente, pues estamos a lo mejor bordando ya en este momento en el aire, ya estaremos bordando en el aire en un tema que seguramente muy pronto va a discutirse en comisiones.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Con qué objeto?, Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Para este diálogo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se permiten diálogos en el Pleno.

¿Con qué objeto?, Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ya habíamos cerrado la lista para rectificación de hechos y así lo anuncié desde el inicio.

Tengo que ser respetuoso en el procedimiento, Senador Romero.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Respeto el procedimiento, y en lo privado le aclaro la duda que tiene el Senador Zamora, con mucho gusto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se los agradezco.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, y con esto finalizaríamos la discusión.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Solamente seguir insistiendo, y de hecho el día de hoy tenemos registrado en el Orden del Día un punto de Acuerdo de Acción Nacional para hacer lo necesario para que desde esta Comisión Permanente podamos contar con un periodo extraordinario. Me parece fundamental que apelemos, y sé que ahora los coordinadores están reunidos, que apelemos al diálogo, que veamos la forma en que podamos impulsar entre todos el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y sí quiero destacar que en el predictamen que fue repartido a los integrantes de la comisión, definitivamente hay puntos muy importantes para Acción Nacional, como lo es la Fiscalía Autónoma, y para nosotros es fundamental que esta Fiscalía Autónoma se pueda contemplar.

Yo espero que este periodo extraordinario, y así lo deseamos los Senadores y los Diputados de Acción Nacional, pueda llevarse a cabo lo más pronto posible, y lo que le pedimos al PRI es que nos ayuden a que podamos encontrar esa fecha que tanto andamos buscando y que todos seguimos debatiendo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y aparentemente todos queremos, pero al final no se dan las cosas, entonces, yo apelo al diálogo y espero que podamos tener una respuesta pronta.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señora Secretaria.
Sonido en el escaño del Diputado Ortega Álvarez.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) En una moción de procedimiento, se tendría que preguntar a la Asamblea si está suficientemente discutido antes de solicitar la votación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No sé si escuchó, señor Diputado, que en dos ocasiones leía la lista de oradores, pregunté si había alguna otra solicitud; no se formuló la solicitud, cerré el registro de oradores, y esa es la razón por la cual estoy sometiendo a votación.

Voy a rogar a la Secretaría que dé lectura al resolutivo para que tengamos claro en qué sentido se está aprobando el dictamen.

Dé lectura la Secretaría al resolutivo del dictamen.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente.

Único- Los integrantes de la Primera Comisión, resuelven que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario, sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica, en virtud de ser los órganos colegiados competentes y quienes han estado realizando los acuerdos políticos necesarios, para que las comisiones encargadas de la dictaminación de los diferentes asuntos, se aboquen a su realización, y poder así convocar, a un periodo extraordinario de sesiones a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es un Acuerdo de remisión de los asuntos que están en el ámbito de la Comisión Permanente a las Juntas de Coordinación Política.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en los términos en los que ha sido leído por la Secretaría.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ahora consulte la Secretaría las abstenciones.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, quienes se manifiesten en abstención, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México otorgue los recursos necesarios para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México otorgar los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Presentada por los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 4 de mayo de 2016.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de mayo del 2016, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México otorgar los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R1A.-52, de fecha 4 de mayo de 2016.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores proponentes, manifiestan que el artículo 4o., párrafo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país a la cultura física y a la práctica del deporte.

Señalan que “El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, en su página web, menciona que tiene como misión fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones coordinadas con organismos públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, además de alentar, a toda la población para que su tiempo libre lo destinen a actividades físicas, recreativas y deportivas que incidan en una vida saludable y alejada de actitudes nocivas para la sociedad.

También establecen que los cuatro ejes rectores que guían la visión de la política deportiva en la Ciudad de México son:

• Deporte Competitivo

• Deporte Social (Cultura Física)

• Infraestructura Deportiva

• Eventos Deportivos Magnos

Continúan señalando “que el Gobierno de la Ciudad de México ha fallado de manera constante en la creación de infraestructura deportiva digna para los habitantes de la Ciudad de México, y con esto se ha generado la violación de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos que es la práctica del deporte y la cultura física.

Un claro ejemplo de las deficiencias en la infraestructura deportiva es la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada una parte en la Delegación Iztacalco y otra parte en la Delegación Venustiano Carranza, con 92 hectáreas, es una de las zonas deportivas más grandes de la Ciudad de México.

Los proponentes señalan que “Varias de sus instalaciones fueron construidas para los Juegos Olímpicos de México 68, pero la Ciudad Deportiva fue inaugurada 10 años antes, luego del proyecto fallido de la Ciudad de los Deportes que iba a ubicarse en la Colonia Nochebuena (sólo alcanzó para el hoy Estadio Azul y Plaza de Toros).

La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, señalan los proponentes, cuenta con espacios y servicios para el fomento de actividades, culturales, sociales y deportivas, como lo es el Estadio “Jesús Martínez Palillo” (pista de atletismo y Campo de Fútbol), el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol (el cual albergó al equipo de béisbol de los Diablos Rojos del 2000 al 2014 y el cual es el equipo con mayor afición y más ganador en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol), además de albercas y canchas de usos múltiples, entre otras.”

Ante los planteamientos analizados en el punto de Acuerdo de referencia, esta Comisión dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México otorgue los recursos necesarios para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las dependencias correspondientes, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las remodelaciones y el gasto que se ha realizado para el mejoramiento de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en el periodo 2012 a la fecha.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Primera Comisión coincidimos con los proponentes que la práctica y fomento del deporte en nuestro país y en la Ciudad de México debe de ser un asunto prioritario en la agenda de políticas públicas, más aún, cuando la práctica de las actividades físicas y deportivas coadyuvan a reducir y controlar la obesidad y el sobrepeso, mejoran las condiciones de salud, fortalecen el tejido social y disminuyen la probabilidad que los jóvenes sean víctimas de las adiciones.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el deporte enseña valores esenciales, como la cooperación y el respeto. Mejora la salud y reduce la probabilidad de enfermedades.1

El Banco Interamericano de Desarrollo, señala que el deporte puede ayudar a la juventud a mejorar su autoestima, su empleabilidad y el trabajo en equipo. Además, promueve la resolución de conflictos, la prevención de la violencia y la inclusión social a nivel comunitario.

Es necesario mencionar que, en la Ciudad de México, según estimaciones de la Secretaría de Salud de la entidad, 8 de cada 10 habitantes padecen sobrepeso u obesidad.

La obesidad y el sobrepeso no sólo afecta la salud de las personas, sino también su economía familiar y el presupuesto público, según datos de la dependencia capitalina, se destinan más de 3 mil millones de pesos –40% de su presupuesto- para la atención de las enfermedades derivadas de este padecimiento.

Los integrantes de la dictaminadora, conscientes de que los índices de obesidad y sobrepeso actuales han convertido a la Ciudad de México en una de las entidades del mundo con mayor número de gente afectada en promedio, a tal grado, que es la primera en el caso de niños y jóvenes, así como la segunda a nivel mundial en lo que respecta a mayores de edad o adultos, consideramos pertinente la aprobación del presente punto de acuerdo, en aras de fomentar las actividades deportivas como una actividad que sea parte de la vida cotidiana de las familias, razón por la cual es necesario fomentar el fortalecimiento la infraestructura deportiva de la ciudad.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con los proponentes en el sentido de que es necesario rehabilitar la infraestructura de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, con el objetivo de convertir a este centro deportivo en una opción segura y con los mayores estándares de calidad posibles en beneficio de la población de la Ciudad de México.

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca es considerada como el espacio deportivo más grande de América Latina, durante su construcción se señaló que este complejo buscaba ser un espacio deportivo que cubriera las necesidades de los deportistas.

Contar con mejores instalaciones permitirá desarrollar y estimular la práctica deportiva entre los habitantes de la Ciudad de México.

Es importante que la legislación federal, la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece en su artículo 6° que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Asimismo, el artículo 7 de dicho ordenamiento señala que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

Finalmente, el Artículo 90 que establece que “Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional”.

Por otra parte, en la Ciudad de México la Ley de Educación Física y Deporte, en su artículo 31 estipula que “Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán entre otras facultades destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones deportivas.

Finalmente un dato de suma relevancia es que en el año 2013, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial, para que las instalaciones del deportivo regresaran a la administración del Instituto del Deporte; a través de un boletín dio a conocer que el Instituto realizaría los trámites correspondientes ante la Oficialía Mayor y el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, para asumir su administración, lo que permitiría el uso, aprovechamiento y explotación de las instalaciones que antes estaban bajo la responsabilidad de la delegación Iztacalco.2

En junio de 2014, dejó de ser área de valor ambiental, con el argumento de que se ha generado una gran demanda de las diversas instalaciones para la activación y desarrollo de múltiples disciplinas deportivas y recreativas. Además, señaló que las áreas verdes están fragmentadas y carecen de los elementos para considerarlas un bosque urbano y para la ciudad representan un lugar de gran valor para la práctica y desarrollo del deporte; lo que imposibilita la sustitución de las instalaciones deportivas que ahí existen para la ampliación de dichas áreas verdes.3

A partir de las consideraciones vertidas, los integrantes de esta Primera Comisión consideran procedente solicitar al gobierno de la Ciudad de México otorgar los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

En razón de los argumentos vertidos, la comisión dictaminadora considera aprobar en los términos planteados la Proposición con Punto de Acuerdo.

Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, otorgue los recursos necesarios para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que a través de las dependencias correspondientes, remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre las remodelaciones y el gasto que se ha realizado para el mejoramiento de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en el periodo 2012 a la fecha.

Sala de comisiones de la Primera Comisión de la Comisión Permanente,
el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

1 UNICEF - Oficina Regional para América Latina y el Carib e. (2007). El Deporte para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. 13 de mayo de 2016, de UNICEF Sitio web: http://www.unicef.org/lac/deporte_para_el_desarrollo(2).pdf

2 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/sera-administrada-ciudad-deportiva-magdalena-mixhuca-por-el-instituto-del-deporte-boletin

3 http://www.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0906201421236d2801b.pdf

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El deporte aporta diversos beneficios a la salud, coadyuva a fortalecer el tejido social y a disminuir la probabilidad de que los jóvenes sean víctimas de las adicciones. Transmite valores como la cooperación, el esfuerzo y la perseverancia. Además fortalece la inclusión social.

La cultura física y la práctica del deporte son derechos establecidos en el artículo 4o. de nuestra Constitución, la cual señala que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

No obstante el mandato constitucional, existen deficiencias en la infraestructura que inhiben la práctica del deporte, un ejemplo es el caso de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, considerado como el espacio deportivo más grande de América Latina.

Este complejo cuenta con espacios y servicios para el fomento de actividades culturales, sociales, deportivas, como es el Estadio Jesús Martínez “Palillo”, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol, además de albercas y canchas de usos múltiples.

A pesar de su importancia para los habitantes de la Ciudad de México, diversas instalaciones se encuentran en muy mal estado, en pésimo estado.

Construir y rehabilitar los espacios públicos deportivos constituye un incentivo para que la población se ejercite y, más aún, se fomenten las actividades deportivas entre los niños y los jóvenes.

Este planteamiento es de gran relevancia, sobre todo si consideramos los índices de obesidad y sobrepeso que hay en la Ciudad de México.

Esta situación obliga a las autoridades a redefinir prioridades y buscar políticas públicas que coadyuven a combatir este gran problema de salud pública, donde el deporte, sin duda, es una gran alternativa.

A partir de las consideraciones, los legisladores del PRI apoyamos el presente dictamen para solicitar al gobierno de la Ciudad de México que otorgue los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Estamos a favor del deporte y de la promoción de actividades que coadyuven a mejorar la salud, por esa razón vamos a votar a favor del presente dictamen.

Ya se ha hablado en reiteradas ocasiones del tema de salud pública, de obesidad y sobrepeso, y en la Ciudad de México, en la que tienen el privilegio de contar no con éste, sino con muchos espacios públicos para facilitar la práctica del deporte y las actividades físicas, no puede de ninguna manera dejarse esas instalaciones en el abandono, dejar esas instalaciones sin el mantenimiento adecuado, para que quienes buscan en el deporte una alternativa para fortalecer su salud, puedan encontrarla en estos espacios que no solamente son espacios de deporte, sino también son espacios de convivencia, espacios de conformación de ciudadanía, espacios de relaciones humanas, porque ahí no solamente en esta unidad deportiva se realizan actividades deportivas -ya se ha comentado-, sino actividades culturales, espectáculos, y es un centro de reunión no solamente de los capitalinos, sino también de quienes por alguna circunstancia venimos a la Ciudad de México y asistimos a las actividades que ahí se desarrollan.

Por eso nos parece adecuado que se haga un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que se inviertan los recursos necesarios, porque estoy seguro que un peso invertido en infraestructura deportiva es un peso invertido en la salud de los ciudadanos.

Por eso insisto, los Senadores, los Diputados, las Senadoras y las Diputadas del PRI estaremos votando a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen.

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, a todos los presentes y a quienes nos ven a través del Canal del Congreso.

Con beneplácito y muy especial interés por la trascendencia del tema que abordaré en esta oportunidad, la importancia del deporte, como acertadamente lo señaló Ban Ki-moon con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el 6 de abril.

El deporte es un instrumento único y poderoso para la promoción de la dignidad y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia. Es una fuerza impulsora del cambio social positivo.

Esa es la razón por la que que algunos de los más grandes deportistas se han dedicado y siguen dedicándose a ayudar a las Naciones Unidas a concientizar sobre cuestiones importantes como: el hambre, el VIH/Sida, la igualdad de género y la gestión ambiental.

Este año el mundo ha comenzado a encarar un nuevo e importante reto, aplicar la visionaria Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de las Naciones Unidas han aportado 17 objetivos de desarrollo sostenible, universales, para construir un futuro de paz, justicia, dignidad y oportunidades para todos, juntos esos objetivos proporcionan un conjunto de prioridades integradas e indivisibles para las personas, el planeta, la prosperidad, las alianzas y la paz.

Para alcanzar estos objetivos mundiales debemos hacer partícipes de ello a todos los sectores de la sociedad en todas partes, el deporte tiene una función esencial que desempeñar, el deporte promueve la salud y el bienestar, fomenta la tolerancia, la comprensión mutua y la paz, contribuye a la inclusión social y a la igualdad, empodera a las mujeres, a las niñas, a las personas con discapacidad, es parte esencial de la calidad de la enseñanza en las escuelas, faculta, inspira y une.

Además de este orden de ideas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su objetivo 3.4, menciona promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, crear programas de infraestructura deportiva, así como actividad física y deportes diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.

Entrando al tema que nos ocupa y tomando en cuenta lo anterior, es de destacar que la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca es considerado el centro deportivo más grande de América Latina. El deportivo en comento se creó con el propósito de albergar la pureza mexicana a través de la cultura del deporte.

En la actualidad dicho centro se encuentra abandonado, olvidado y deteriorado, incluso ha llegado a ser usado como centro de actos delictivos, hechos que van totalmente en contra del fin último de la Ciudad Deportiva.

En este tenor, invertir en actividades físicas supone un ahorro de salud pública, de acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos del gasto médico del futuro.

Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del PRI, traducimos nuestro interés por el bienestar de los mexicanos y en proposiciones de este calibre estamos seguros del poder que tiene el deporte frente a los temas de salud, información social.

Reafirmamos nuestro compromiso con México al velar por el cuidado y cedimiento del mantenimiento de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, centro de categoría olímpica y que cuenta con el potencial necesario para ser la cuna de los sueños y esperanza de los que quieren practicar un deporte ahí.

Por ello nos pronunciamos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Bejos Nicolás.

¿Hay algún otro orador? Se ha agotado la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Sí, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta a iniciar los estudios y análisis técnicos para evaluar si los municipios que integran la región de la carbonífera del estado de Coahuila de Zaragoza, pueden ser reconocidos como una zona metropolitana.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, las proposiciones con punto de Acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitana a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que la región carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana; y la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que el municipio de San Buenaventura sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños del estado de Coahuila de Zaragoza, presentadas por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III.CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitana a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que la región carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana, presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fecha cuatro de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-67 de fecha 4 de mayo de 2016.

b) En la misma fecha se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que el municipio de San Buenaventura sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fecha cuatro de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-73 de fecha 4 de mayo de 2016.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

a) En relación al punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitana a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que la región carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana, el Diputado proponente busca que dichos municipios, del Estado de Coahuila, sean reconocidos como una zona metropolitana, y cuyos rasgos físicos y continuidad urbana entre ellos, demuestran la necesidad de que les sea otorgado dicho reconocimiento de las instancias federales.

Señala que el reconocimiento de zona metropolitana debe de iniciarse mediante un procedimiento administrativo, en el que deben realizarse estudios y análisis  técnicos que versan sobre la distancia, población, integración funcional, etc., mismos que serán efectuados por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  y por el Consejo Nacional de Población, estableciéndose sí los municipios inmiscuidos cuentan con las condiciones físicas necesarias para ser reconocidos como una zona metropolitana.

El proponente manifiesta que Coahuila de Zaragoza, cuenta con cuatro zonas metropolitanas:

• Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga);

• Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo – Gómez Palacio);

• Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y

• Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava)

Indica que cada uno de estos municipios, han logrado elevar los niveles de desarrollo y bienestar de su respectiva población, contando con una infraestructura y servicios públicos que satisfacen la demanda ciudadana, además de construir una integración intermunicipal,  que contribuye a la armonización de su normatividad y criterios, circunstancia que permite la solución de problemas comunes y la respuesta a problemas esenciales para la población.

La proposición con punto de acuerdo señala que existe una gran integración entre los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, lo cual se ha logrado a través de actividades de desarrollo, como lo es la minería. Aunado a lo anterior, el Diputado proponente expresa que es evidente la urbanización generada por estos municipios, rompiendo los limites administrativos entre ellos, por lo que resulta necesario contar con una planeación sobre su posterior crecimiento urbano, demográfico, debiendo proyectar la provisión de servicios públicos esenciales, ampliación de infraestructura, así como el cuidado del entorno ambiental, aspectos que sólo pueden ser abordados desde una perspectiva metropolitana, motivo por el que resulta indispensable les sea otorgada a dichos municipios coahuilenses su reconocimiento como zona metropolitana.

Aunado a ello, se expone que en conjunto, los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, su población asciende a 169, 330 mil personas, integran lo que se conoce como la Región Carbonífera, debido a la actividad minera que históricamente se ha dado en la misma.

El proponente, destaca que existen antecedentes sobre este exhorto al Grupo Interinstitucional, mismo que fue realizado por el Diputado Federal Alfio Vega de la Peña, en la LXII Legislatura, al presentar ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para que se iniciarán los estudios pertinentes sobre los rasgos físicos y la continuidad urbana de la región de la Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana, y fue aprobada en sentido positivo a la propuesta.

Al respecto, indica el proponente que el Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación, mediante el  oficio número SG/197/2013 de 28 de agosto de 2013, atendió dicho exhorto de la siguiente manera:

“Aunque el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México planea continuar con los trabajos, no hay por el momento información más reciente que permita la actualización de los indicadores estimados en el ejercicio de delimitación de 2010; mismos que se actualizarán a la luz de la publicación de los resultados del próximo Conteo de Población y Vivienda a realizarse en el 2015…”

En la proposición se expone que debido a que se ha efectuado el Conteo de Población y Vivienda 2015, es que existen motivos que justifican el exhorto y propone lo siguiente:

“ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, conformado por la Secretaría de Desarrollo Social,  por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y por el Consejo Nacional de Población,  para que consideren los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015, e inicien cada uno de los estudios y análisis técnicos que sean necesarios para que la región de la Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana.”

b) En la segunda proposición con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que el municipio de San Buenaventura sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños del estado de Coahuila de Zaragoza, se estipula que de acuerdo con datos obtenidos por el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, la población de San Buenaventura ascendía a 22, 149 habitantes, colindando con los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, los cuales como Zona Metropolitana Centro, concentran a 317, 313 habitantes.

El Diputado promovente, señala que por la proximidad y continuidad urbana que hay entre la Zona Metropolitana Centro y el municipio de San Buenaventura desde hace algunos años, es que sostienen una cotidiana interacción económica, laboral, administrativa, cultural, social, académica entre sus habitantes, generando una identidad entre ellos.

Debido a lo anterior, propone que por los rasgos físicos y la continuidad urbana que hay entre el municipio de San Buenaventura y la Zona Metropolitana Centro del estado de Coahuila de Zaragoza, debe ser estudiada y analizada técnicamente por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que aquel municipio sea incorporado a dicha zona metropolitana y de esa manera, pueda verse beneficiado con la asignación anual de recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para mejorar sus servicios públicos y ampliar su infraestructura, beneficiando a un importante núcleo poblacional,  brindándoles la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida, de progreso y desarrollo.

La propuesta da cuenta de los antecedente sobre este exhorto al Grupo Interinstitucional, mismo que fue realizado por el Diputado Federal Alfio Vega de la Peña, en la LXII Legislatura, al presentar ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para que se iniciarán los estudios pertinentes sobre los rasgos físicos y la continuidad urbana del municipio de San Buenaventura con la Zona Metropolitana Centro, y que de esa forma dicho municipio se incorpore a la zona metropolitana mencionada y que fue aprobada por el pleno de la Comisión Permanente, al respecto, se indica que el Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación, mediante el  oficio número SG/197/2013 de 28 de agosto de 2013 , atendió dicho exhorto de la siguiente manera:

“Aunque el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanos de México planea continuar con los trabajos, no hay por el momento información más reciente que permita la actualización de los indicadores estimados en el ejercicio de delimitación de 2010; mismos que se actualizarán a la luz de la publicación  del próximo Conteo de Población y Vivienda a realizarse en el 2015…”

Se destaca en la proposición, que durante el marzo de 2015, fue realizado el Conteo de Población y Vivienda, por lo que existen nuevos datos e información arrojada que hacen viable exhortar de nueva cuenta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, para que realice los estudios y análisis técnicos sobre los rasgos físicos y continuidad urbana que hay entre el municipio de San Buenaventura y la Zona Metropolitana Centro, en Coahuila de Zaragoza, tal como se desprende del oficio número SG/197/2013 emitido por el Consejo Nacional de Población.

En este sentido, el proponente al advertir las circunstancias particulares del municipio de San Buenaventura, en Coahuila de Zaragoza, sus necesidades de crecimiento y desarrollo, así como los antecedentes legislativos que hay sobre el particular, es que requiere del apoyo de esta soberanía para que dicho municipio sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro de esa entidad federativa.

Por todo lo antes expuesto, el suscrito plantea el siguiente resolutivo:

ÚNICO. Se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas,  conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y por el Consejo Nacional de Población, para que consideren los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015, e inicien cada uno de los estudios y análisis técnicos que sean necesarios para que el municipio de San Buenaventura, sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, del estado de Coahuila de Zaragoza.     

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta comisión estiman pertinente dictaminar las dos proposiciones en conjunto, toda vez que los objetivos que se buscan son comunes.

Esta dictaminadora reconoce que los retos que enfrenta el desarrollo urbano de México en el nuevo siglo están relacionados con los cambios que a escala mundial dan forma y contenido al proceso de globalización. La apertura comercial y la reestructuración económica están teniendo como resultado una localización más diversificada de las actividades productivas en el territorio nacional, con la consecuente emergencia de nuevas tendencias en la distribución poblacional y en la expansión e interacción de las ciudades, como lo estipula el INEGI en la delimitación de las zonas metropolitanas de México

Así mismo, se destaca que un número importante de las ciudades de México rebasan hoy los límites del municipio que originalmente las contuvo y se han extendido sobre las circunscripciones vecinas y mantienen una intensa relación socioeconómica entre ellas.

Las proposiciones con punto de acuerdo materia de este dictamen buscan que los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, en el Estado de Coahuila, sean reconocidos como una zona metropolitana, y cuyos rasgos físicos y continuidad urbana entre ellos, demuestran la necesidad de que les sea otorgado dicho reconocimiento de las instancias federales; así como, se inicien los estudios y análisis técnicos que sean necesarios para que el municipio de San Buenaventura, sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, del estado de Coahuila de Zaragoza.

En ese sentido, el reconocimiento de zona metropolitana debe de iniciarse mediante un procedimiento administrativo, en el que deben realizarse estudios y análisis  técnicos que versan sobre la distancia, población, integración funcional, etc., mismos que serán efectuados por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  y por el Consejo Nacional de Población, estableciéndose sí los municipios inmiscuidos cuentan con las condiciones físicas necesarias para ser reconocidos como una zona metropolitana.

Se definen como zonas metropolitanas como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.

Es por ello que la utilidad de delimitar zonas metropolitanas responde básicamente a tres objetivos fundamentales:

• Establecer un marco referencial común que contribuya a fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo metropolitano;

• Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización, y

• Disponer de una definición común que permita la generación de información estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

Se destaca que tratándose del estado de Coahuila de Zaragoza han sido reconocidas 4 zonas metropolitanas: Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga); Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo –Gómez Palacio); Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava).

Esta instancia dictaminadora, destaca que en agosto de 2013 fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente un dictamen para que iniciarán los estudios pertinentes sobre los rasgos físicos y la continuidad urbana de la región de la Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana y para que el municipio de San Buenaventura se incorpore a la  Zona Metropolitana Centro.

Como lo señala el Diputado promovente, el Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación, mediante el  oficio atendió dicho exhorto en el que señala que:

“Aunque el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México planea continuar con los trabajos, no hay por el momento información más reciente que permita la actualización de los indicadores estimados en el ejercicio de delimitación de 2010; mismos que se actualizarán a la luz de la publicación de los resultados del próximo Conteo de Población y Vivienda a realizarse en el 2015…”

En virtud de lo anterior, se destaca que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizó la Encuesta Intercensal 2015 con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el Censo de 2010 y el que habrá de realizarse en 2020 y que trata de una encuesta de cobertura temática amplia que actualiza la información sobre el volumen, composición y distribución de la población residente en el territorio nacional, y que renueva diversos indicadores socioeconómicos y culturales de ésta, así como las condiciones prevalecientes en sus viviendas, por lo que el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas cuenta con información reciente para realizar los estudios y análisis técnicos sobre los rasgos físicos y continuidad urbana de dichos municipios y se reconozcan como zona metropolitana o su incorporación a una de ellas.

Por consiguiente, esta instancia dictaminadora, estima que las proposiciones son atendibles, ya que actualmente se cuenta con información actualizada que le puede permitir al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México de acuerdo a sus facultades, evaluar los indicadores y criterios para la posible incorporación del municipio de San Buenaventura a la Zona Metropolitana Centro en el estado de Coahuila de Zaragoza; de la misma manera, para que la región de la Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, pueda ser re conocida como una zona metropolitana.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los integrantes del Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, a considerar los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal 2015, e inicien cada uno de los estudios y análisis técnicos que sean necesarios para evaluar si la región de la Carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, puede ser reconocida como una zona metropolitana.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los integrantes del Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, a que considere los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal 2015, e inicien el estudio y análisis técnico que sea necesario para evaluar si el municipio de San Buenaventura, puede ser incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, del estado de Coahuila de Zaragoza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor del dictamen.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El presente dictamen de la Primera Comisión, solicita a considerar los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal 2015 y se inician los estudios y análisis técnicos para evaluar si la región carbonífera integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, para que sean reconocidos como zona metropolitana.

Es importante mencionar que una zona metropolitana se define como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad con 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasen el límite del municipio que originalmente lo contenía.

En los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, la población asciende a 169 mil 330 personas, que integran lo que se conoce como la región carbonífera, debido también a la actividad minera que históricamente se ha dado en la misma.

La proximidad y continuidad urbana que hay entre la Zona Metropolitana Centro y el municipio de San Buenaventura, ha sostenido una cotidiana interacción económica, laboral, administrativa, cultural, social y académica entre sus habitantes, generando una identidad entre ellos.

Hoy se precisa de una política moderna, de fomento en sectores estratégicos, y esto implica transitar hacia un nuevo paradigma donde el conjunto de esfuerzos proveen las medidas que se requieran para coordinar a los sectores productivos en trayectorias de amplia productividad, pero también de crecimiento.

Una nueva política de crecimiento económico, supone también una orientación de Estado para eliminar las fallas en el mercado que impiden a sectores o regiones alcanzar su máximo potencial.

Quiero aplaudir y hacer un reconocimiento a nuestro compañero, el Diputado Francisco Saracho Navarro, que él como buen coahuilense, sabe de la trascendencia que implicaría delimitar más zonas metropolitanas en su estado y sabe que con ello se genera una estabilidad social, merecedora de aquellos, también mexicanos trabajadores que habitan en estas regiones.

En el grupo parlamentario del PRI estamos seguros que renovar el marco normativo con el que se cuenta en los municipios y en las zonas metropolitanas, es esencial para garantizar su continuo desarrollo, concurrencia e integralidad con una visión regional y de país.

Y nosotros, como legisladores, tenemos la encomienda de hacer posible ese futuro que México exige.

Por ello, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de resoluciones con visión, como es este caso, así es que a favor.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Botello Santibáñez.

No hay más oradores inscritos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta al gobierno federal a implementar los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, a difundir en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

II. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016, el Diputado Ricardo Taja Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la "Proposición punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, a difundir en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres.".

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R1A.-80 de fecha 4 de mayo de 2016.


III. CONTENIDO

El Diputado promovente expone que los fenómenos meteorológicos se han manifestado todo el tiempo y son parte de los cambios que el ser humano sufre y adapta a sus circunstancias.

No podemos ser ajenos al cambio climático que se refleja en el aumento de temperaturas, golpe de calor, huracanes con mayor fuerza o temblores más frecuentes.

El diputado plantea que México se ubica entre los 40 países con pérdidas económicas más altas por desastres con un impacto de casi 50,000 millones de dólares en los últimos 30 años de acuerdo con estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Todos los Estados de la República tienen etiquetado un fondo para desastres, es así como FONDEN, Estado y Federación aportan recursos para reponer los daños ocasionados por desastres o emergencias.

En las consideraciones se expone que Guerrero ha sufrido múltiples eventos meteorológicos que han dañado casas, puentes, carreteras e incluso han detenido la movilidad de varias ciudades y pueblos de Guerrero por días.

Recientemente se está gestando el llamado mar de fondo, que afecta a las casas y restaurantes pegados a la playa y genera el riesgo de ser jalado por la corriente marina.

Las recomendaciones no son limitativas al Estado de Guerrero, también aplican en Veracruz, Chiapas y Oaxaca, es decir, no existe Entidad Federativa que no tenga riesgo de ser afectada por desastre o emergencia.

El riesgo latente de que se genere un sismo, un impacto costero por la entrada de un huracán, una fuerte sequía, nos debe llevar a mantener informada a la población para prevenir y actuar en caso de emergencia o desastre, esto es esencial para salvar vidas y tener menos costos económicos, derivado de las pérdidas materiales.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, a difundir en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres.

IV. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del diputado proponente, sin embargo se considera oportuno hacer algunas observaciones:

Los integrantes de esta Comisión reconocemos la importancia del asunto que se propone, a fin de que las autoridades correspondientes difundan a la población los protocolos preventivos y de acción para en casos de emergencias o desastres naturales para todos los habitantes del estado de Guerrero.

La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.1

México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean. De particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, etc. Entre los grandes ciclones tropicales, resaltan el huracán Gilbert, en 1988, que devastó las playas de Cancún y provocó lluvias torrenciales en Nuevo León, así como el huracán Wilma, que en 2005 produjo daños importantes también en Cancún. Destacan, entre otros, las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 y 2009, así como en Veracruz en 2010, con pérdidas de decenas de miles de millones de pesos en ambos casos. Finalmente, en 2013 se presentaron los ciclones tropicales "Manuel" e "Ingrid", los cuales interactuaron entre sí, propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado de Guerrero.2

La Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) es un conjunto articulado de estructuras organizacionales, métodos y políticas para reducir sistemáticamente los riesgos y proteger a la población impulsando una cultura preventiva. En tal sentido, para concretar la finalidad que persigue el sistema, son factores clave el grado de coordinación que establezca el gobierno con la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil, la inclusión de la participación ciudadana como proveedora de estrategias y el análisis de riesgos, y evaluación e implantación de los programas preventivos dirigidos a la sociedad.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocemos que se requiere enfocar los esquemas de capacitación y formación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, que fortalezcan la cultura de la autoprotección y colaboren con las comunidades para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres, gracias a la comprensión de los fenómenos naturales y antropogénicos.

Por tal motivo, la que dictamina hace suya la propuesta en comento, aprobando la solicitud para que el Gobierno Federal implemente las medidas necesarias en la prevención de desastres naturales en beneficio de la población afectada del Estado de Guerrero y en todo el territorio nacional en el marco del inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, a difundir en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco del inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con los gobiernos estatales implemente en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres en el marco del inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016.

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, a 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN.

1 www.proteccioncivil.gob.mx Junio 2012

2 Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García. Declina.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen.

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con el permiso de la Presidencia.

Cada año las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país.

Las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo del patrimonio de la población, así como de los bienes públicos.

Durante la última década los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado, las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5 mil muertes; 13 millones de afectados y pérdidas económicas por más de 250,000 millones de pesos.

El Informe Stern, sobre la economía del cambio climático, evaluó las repercusiones económicas de los principales impactos a la sociedad y al medio ambiente resultantes de los escenarios y proyecciones de los cambios en los patrones de precipitaciones y de temperaturas de los modelos y circulación global del clima y su integración en modelos económicos a una escala mundial con resultados que reflejen una pérdida de casi el 20 por ciento del Producto Interno Bruto mundial en el mediano y largo plazo.

En la actualidad el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil, sin embargo se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de desastres naturales en el gasto público.

Por esto, en el grupo parlamentario del PRI queremos un México protegido, mantener un estricto control y regulación del impacto ambiental que tienen las actividades productivas del país, y con un desarrollo urbano que le permita a las ciudades crecer en forma segura y sin contratiempos.

Por ello nos manifestamos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Bejos Nicolás.

Se inserta la intervención del Senador Gerardo Sánchez García.

El Senador Gerardo Sánchez García: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta a continuar con la implementación de estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México, presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con fecha diez de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-96 de fecha 4 de mayo de 2016.


II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Diputado proponente expone que la calidad del medio ambiente tiene un efecto directo en nuestra salud y bienestar. Presenta datos que han emitido organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima que es posible atribuir la muerte prematura en cerca de siete millones de personas por los efectos de la contaminación del aire.

Asimismo señala que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la contaminación del aire será la principal causa medioambiental de muerte en el mundo en el año 2050.

De acuerdo a estudios de la OCDE, en nuestro país el nivel de partículas atmosféricas es de 29.8 microgramos por metro cúbico en las zonas urbanas, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE, que es de 20.1 microgramos por metro cúbico.

En el mismo sentido, el proponente plantea que en nuestro país, la contaminación del aire se relaciona con cinco de las diez principales causas de muerte en el país, como son, por enfermedades del corazón tumores malignos, neumonía e influenza, entre otras.

En la proposición se expone también que la correlación entre la contaminación y la disminución de la calidad de la salud está sustentada por organismos internacionales, y dice el proponente que, solo a través de un compromiso y seriedad en la instrumentación de una política pública integral por parte del gobierno federal y acompañada por los gobiernos de la Zona Metropolitana del Valle de México, se podrá estar en posibilidad de minimizar el impacto en la salud de los mexicanos. De igual manera, se expone en la proposición, que es prioritario que las autoridades implementen estrategias y acciones para corregir de forma definitiva el problema de la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Expone además que los vehículos automotores son la principal fuente de contaminación en el país, que en los últimos diez años se ha duplicado el parque vehicular en la Zona Metropolitana, pasando de 2.6 millones en 2005 a 4.7 millones en el 2014, lo que representa un incremento del 75%.

Aunado a ello, se expone (conforme a una nota de prensa) que los combustibles que se venden en nuestro país son de mala calidad, de ahí que se tenga que realizar una investigación  para conocer si los combustibles cumplen o no con las especificaciones de calidad. En ese sentido, el proponente considera que es impostergable que se audite a los verificentros y se castigue conforme a la Ley a quienes estén involucrados en actos de corrupción. Por ello, se propone en específico que:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los responsables de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que implementen estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México, especificando las fechas en las que se deberá realizar cada una de las tareas comprometidas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a que las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y de Hidalgo, a auditar los verificentros y castigara quienes estén involucrados en casos de corrupción.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, para que tomen acciones y atiendan lo siguiente:

• Que se cumpla estrictamente lo que establece la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, en cuanto a la reducción de los contaminantes de los combustibles, la cobertura en territorio nacional y que se especifique si la venta de los combustibles al consumidor final cumple con la calidad establecida en la norma.

• Que se publique, con base en el artículo 51-A de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, la actualización de las normas: NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-044-SEMARNAT-2006 y se dé cumplimiento a los plazos para a la reducción de contaminantes en territorio nacional.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Energía realicen una investigación profunda e imparcial para verificar si los combustibles importados cumplen o no con las especificaciones de calidad y por otra parte, se solicita que no se pospongan las inversiones para la reconfiguración de las refinerías que tienen por objeto producir combustibles de ultrabajo azufre.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta comisión reconocen que la contaminación ambiental es un problema que afecta a todos los seres humanos; y que la calidad del aire en el Valle de México es generado por una serie de factores que se combinan para provocar altas emisiones de contaminantes.

Aunado a la circulación de vehículos, la operación de la industria, las construcciones y las quemas agrícolas contribuyen en la generación de compuestos que resultan nocivos para la salud de todos.

Es importante recordar que el monitoreo de emisiones contaminantes en la capital del país inició desde 1966 con cuatro estaciones que medían  el dióxido de azufre y las partículas suspendidas en el centro de la ciudad y las zonas de Tacuba, el aeropuerto y Tlalnepantla.

No obstante que han pasado muchos años, el sistema de monitoreo en la ciudad, registra solo las concentraciones de diferentes compuestos, entre ellos, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y las partículas PM10 y PM2.5; y precisamente, de acuerdo con la ONU, las partículas PM10 son las partículas con menos de 10 micrones de diámetro. Éstas se conocen comúnmente como partículas gruesas y contienen polvo proveniente de los caminos y las industrias, así como partículas generadas por la combustión. Dependiendo de su tamaño, las partículas gruesas pueden alojarse en la tráquea o en los bronquios.

Por su parte, las partículas PM2.5 tienen menos de 2.5 micrones de diámetro. Éstas se conocen comúnmente como partículas finas y contienen aerosoles secundarios, partículas de combustión y vapores metálicos y orgánicos recondensados, así como componentes ácidos. Las partículas finas pueden llegar hasta las partes más internas de los pulmones. Sin embargo, es pertinente aclarar que solo el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno lo generan principalmente, lo automóviles.

Por otra parte, un análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México 2008-2015, de la de la Cámara de Diputados, revela que el diferencial de precios entre Premium y Magna hizo que por muchos años los mexicanos consumieran gasolina magna (más barata, pero también más contaminante); sin embargo, esto ha ido cambiando porque la brecha de precios se ha reducido y los consumidores han aumentado el consumo de gasolina Premium. A partir de enero de 2012 a noviembre de 2014 se inició la recuperación del consumo de gasolina Premium, la cual pasó de 65.6 a 138.3 miles de barriles diarios, mientras la venta de Magna pasó de 709.7 a 617.6 miles de barriles diarios.

Con la Reforma Energética de 2013 y la nueva Ley de Hidrocarburos, la responsabilidad sobre las gasolinas y su calidad pasó a manos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de ahí que la Comisión creara la norma emergente NOM-EM-005-CRE-2015 en octubre de 2015 para homologar la calidad de la gasolina y que a partir del 31 enero de 2016 toda la gasolina que entre al país debe ser ultra baja en azufre o con un contenido de azufre de 30 ppm en promedio, sin rebasar un contenido máximo de 80 ppm (antes de esta Norma,  se permitían hasta 1000 ppm en gasolina magna).

Esta comisión en dictaminadora considera oportuno tomar en cuenta la conferencia de prensa que impartieron los secretarios de Semarnat y de Energía, el director general de Pemex, el comisionado federal de la Cofepris y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el pasado diez de mayo.

En dicha conferencia de prensa se expuso que debido a las implicaciones negativas que tienen para la salud las concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, el Gobierno Federal, en conjunto con los gobiernos de los estados de la megalópolis y de la Ciudad de México, han decidido tomar medidas emergentes en beneficio de la población.

Actualmente la Comisión Reguladora de Energía trabaja en hacer una norma definitiva ya que la NOM 005 al ser emergente tiene una vigencia de seis meses, y recientemente (abril) se solicitó la prórroga de otros seis meses para hacerla definitiva. En octubre de este año se deberá dar a conocer la definitiva.

En la conferencia de prensa, la Semarnat informó que las emisiones a la atmósfera de la ciudad de México provienen de los autos en circulación que actualmente ascienden a 5.4 millones en el Valle de México. Por ello, se propuso que solo los vehículos que contaminen poco, sean los que puedan circular diariamente. Con este propósito, el titular de la SEMARNAT informó que el 1 de julio entrará en vigor una norma emergente de verificación vehicular que arrojará información confiable directamente de las computadoras de los vehículos e impedirá su manipulación en los verificentros.

Por su parte el Secretario de Energía ratificó que en esta administración no se ha importado gasolina proveniente de China y reiteró el compromiso de la dependencia a su cargo para alcanzar una solución integral y sostenible a los problemas de contaminación que aquejan a la Zona Metropolitana del Valle de México. Expuso que las gasolinas importadas cumplen con la Norma Mexicana correspondiente, la cual se apega a los más altos estándares internacionales y de calidad.

Informó que, a fin de contribuir con una mejor calidad de aire en áreas densamente pobladas, la norma oficial mexicana de gasolinas (NOM-EM-005-CRE-2015) establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fija límites más estrictos para las zonas metropolitanas del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara.

El director general de Pemex, aseguró que el 100% de las gasolinas que se distribuyen en el Valle de México son de Ultra Bajo Azufre y cumplen estrictamente con las normas ambientales correspondientes y que incluso su calidad es igual o superior a la de los países desarrollados. Tal es el caso de la Pemex Premium desde 2006 y la Pemex Magna desde 2009. Precisó que el 90% de las gasolinas que Pemex importó en el primer cuatrimestre del año provino de los Estados Unidos y el resto de Europa.

Señaló que las gasolinas distribuidas en nuestro país tienen estándares de calidad iguales, por ejemplo, a los de Texas, al que Pemex compra la mayor parte de la gasolina, con 30 partes por millón de azufre, como lo indica la norma que prevalece en ese estado de la Unión Americana.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informó en la conferencia de prensa que el sector ha tomado en cuenta los estudios nacionales y las recomendaciones de los organismos internacionales relacionadas con la medición de los contaminantes atmosféricos y sus efectos en la salud.

Destacó que se han actualizado y hecho más estrictas diferentes normas de contaminantes atmosféricos y, en colaboración con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se da seguimiento a los efectos en la salud de la población a través de unidades de vigilancia en 16 monitores de la zona metropolitana del Valle de México,

Al respecto y a fin de salvaguardar la salud de la población, entre las medidas adoptadas por el Plan Emergente destaca el establecimiento de nuevos límites para decretar el inicio de la contingencia ambiental plantearon que (anteriormente la fase I comenzaba a partir de los 180 puntos de ozono, actualmente se fija en 150 puntos).

Y por su parte el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, anunció que se llevará a cabo un programa de verificación en las gasolineras de la Ciudad de México durante las próximas semanas. La primera visita, dijo, se realizará en la terminal que se ubica en Barranca del Muerto y se continuará en las otras cuatro terminales de almacenamiento y reparto.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora reconoce los esfuerzos que se están realizando en la implementación de las medidas emergentes adoptadas para la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo también tiene claro que deben llevarse a cabo todas las voluntades necesarias para contrarrestar los altos índices de contaminación y seguir buscando medidas que mejoren la calidad del aire en la ZMVM. 

Por lo anterior, esta Comisión, estima procedente la proposición planteada por el Diputado promovente, en virtud de que la implementación de diferentes acciones y estrategias para contrarrestar los altos índices de contaminación en el Valle de México, corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que continúe con la implementación de estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a que las autoridades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, lleven a cabo inspecciones y auditorías a los diferentes verificentros que operan en la Zona Metropolitana.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hago uso de la máxima tribuna para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas para que en el marco de sus funciones y en coordinación con las dependencias correspondientes, fortalezcan sus planes, programas y estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes.

A pesar de las campañas de comunicación e información sobre prevención, así como promoción de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, los casos de embarazo en este sector poblacional se mantienen como un reto que nos obliga a redoblar esfuerzos.

Antes de referirme al punto de Acuerdo en comento, debo reconocer que desde el gobierno federal se han llevado a cabo acciones encaminadas a reducir las tasas de fecundidad de los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, pero insisto, sigue siendo un gran pendiente.

Debemos tener en cuenta que todos los embarazos en adolescentes son de alto riesgo, debido a que todavía no se alcanza la plena madurez física, emocional y económica.

Como saben, la adolescencia se caracteriza por ser un periodo de cambios que comprende variaciones físicas, emocionales, que entre otras cuestiones definen la personalidad, forjan la independencia y fortalecen su autoafirmación.

En consecuencia, el embarazo tiene complicaciones físicas, algunos de los ejemplos son los cuadros de malnutrición, abortos espontáneos, partos prematuros, infantes con peso muy bajo, bebés más propicios a problemas de salud y trastornos de desarrollo.

Para ponderar la idoneidad del asunto al que nos referimos, les comparto algunas cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que señala que del total de las mujeres adolescentes entre los 12 y 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, más de la mitad de alguna de ellas quedó embarazada.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, señala que en el grupo de edad de los 15 a 19 años, 44.9 de las mujeres reportó no haber usado protección durante la primera semana de relación sexual.

Perdón, volvemos a iniciar.

Con su permiso.

Las contingencias ambientales que se han presentado en fechas recientes en la Ciudad de México.

Perdón, sí era el de adolescentes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos en el dictamen de contingencia ambiental, iba bien Senadora, proceda.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Las contingencias ambientales que se han presentado en fechas recientes en la Ciudad de México, dan cuenta de la falta de una política que permite un desarrollo sustentable de la capital del país.

El desarrollo de infraestructura que privilegie el uso de automóviles particulares, como es el caso de los segundos pisos, ha fomentado el incremento exponencial del parque vehicular, el cual representa una de las principales causas de contaminación atmosférica.

Este hecho ha repercutido de manera significativa en la movilidad de los ciudadanos, al grado de que el “Hoy No Circula” en la Ciudad de México, también en la urbe, es el mayor tráfico a nivel mundial. Situación que tiene repercusiones económicas y significativas y riesgos para la salud de las y los capitalinos.

A pesar de que el Sistema de Transporte Público Concesionado es la columna vertebral para la movilidad de los ciudadanos en la Ciudad de México, éste es de mala calidad y tiene una antigüedad promedio de 27 años.

Resulta preocupante la contaminación que genera el transporte público y el transporte de carga, los cuales de acuerdo a los datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, genera el 80 por ciento de las partículas PM 2.5 y el 90 por ciento del carbono negro, elementos que constituyen de manera significativa a la mala calidad del aire. El hecho no es menor, en virtud de que la contaminación atmosférica representa un riesgo para la salud de las y los capitalinos.

Al respecto, basta mencionar que de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la contaminación del aire provoca cerca de 20 mil 500 muertes al año, principalmente por padecimientos como infecciones respiratorias y bronquitis.

Ante las ahora frecuentes contingencias ambientales, se establecieron medidas para mejorar la calidad del aire y cuidar de la salud de la población, entre los que destacan las siguientes acciones: A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos, sin importar el holograma, se ceñirán a las restricciones del Programa “Hoy No Circula”.

En el caso de declararse la Fase 1 de Contingencia, se ampliará el doble “Hoy No Circula”, y dejarán de circular las motocicletas, de acuerdo a la terminación de su placa.

Además, se recomienda suspender actividades al aire libre en escuelas públicas.

Durante una contingencia, el transporte público circulará de manera normal, no obstante, se retirarán de la circulación los vehículos que contaminen de manera visible.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que estas medidas no atacan de fondo la problemática de la contaminación ambiental.

Por ello consideramos que el presente dictamen es más que oportuno, en virtud de ello, se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a que continúe con la implementación de estrategias y acciones en respuesta de la contaminación atmosférica del Valle de México.

Coincidimos con el proponente en que resulta impostergable que se cuente con las acciones institucionales que brinden la certeza de que en los centros de verificación vehicular, no incurran en prácticas irregulares que permitan la circulación de vehículos automotores que no cumplan con los parámetros de emisión de contaminantes.

Todas las acciones y políticas implantadas serán infructuosas si no logramos erradicar la corrupción de los verificentros.

Por ello, compañeras y compañeros, para el grupo parlamentario del PRI, consideramos necesario que se logre la aplicación de una política pública integral que coadyuve a evitar que en la Ciudad de México se continúen presentando problemas ambientales que ponen en riesgo la salud de las y los mexicanos.

Los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos de que sólo con la suma de voluntades y acuerdos, encontraremos la solución de los problemas de contaminación atmosférica que se presentan en la capital del país.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para referirse al dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Para este dictamen compartir que seguiremos siendo insistentes en la Comisión Permanente para que con el tema de la calidad del aire que desafortunadamente no ha mejorado en la Ciudad de México, en la Zona Metropolitana del Valle de México, y nos parece, dado que el Secretario de Medio Ambiente ha hecho diversos anuncios, junto con el Secretario de Energía, junto con el Director de Pemex, con el titular de Cofepris.

Nos parecería importante seguir insistiendo en escuchar la estrategia que está planteando el gobierno federal, de cara a endurecer el tema de las verificaciones.

Hemos señalado en varias ocasiones que los verificentros en la Ciudad de México, desafortunadamente, dentro de ellos hay muchísima corrupción. Todo aquel que quiere verificar su automóvil, cuando muy probablemente no cumpla con las normas ambientales, puede pagar entre 150 y 650 pesos, varía dependiendo la zona de la Ciudad de México, da este brinco y su automóvil puede circular todos los días.

Por supuesto que para Acción Nacional es un tema importantísimo, dado que se está buscando por parte del gobierno federal, endurecer las medidas estándares en cuanto a verificación se refiere. Por lo tanto, nos parece fundamental que pudiese compartir el Secretario de Medio Ambiente, y todos los que dieron el anuncio ante la Comisión Permanente, qué es lo que pretenden.

Quiero decirles también que hay inquietud por el tema de la calidad en gasolinas. Hemos visto diversas declaraciones en los medios de comunicación, hay inquietud por parte de la ciudadanía. En particular nosotros estamos preocupados con el tema del diésel, y estaríamos buscando que verdaderamente sea bajo en azufre.

Quiero decir también que el tema de la calidad del aire no ha mejorado, a pesar del doble “Hoy No Circula”, a pesar de que muchos automóviles incluso han dejado de circular hasta tres días en la Ciudad de México. Y nosotros, desde el PAN, hemos presentado nueve propuestas muy concretas para que las cosas puedan ser distintas.

Primero. El rediseño de los programas de control vehicular.

Segundo. El programa de sustitución gratuita de convertidores catalíticos. El corregir las deficiencias del Reglamento de Tránsito, por ejemplo, los límites tan absurdos en cuanto a velocidad se refiere. Estamos pidiendo que puedan revisar los estándares internacionales y que puedan adecuarse estos límites de velocidad a la Ciudad de México.

Renovar el parque vehicular del transporte público, se le ha invertido prácticamente nada al transporte público, no sabemos en dónde están los dos pesos extras del boleto del Metro, que se le está cobrando a la gente, tampoco sabemos dónde está el recurso del Fondo de Capitalidad de la Ciudad, y así podemos ir desmenuzando muchos de los rubros en los que hay poca transparencia y rendición de cuentas.

Insistiremos en regular las manifestaciones, plantones, marchas, bloqueos y mítines en la ciudad. Hay entre cinco y siete manifestaciones al día, la mayoría de ellas se dan de manera desordenada, y no hay autoridad que quiera poner reglas del juego claras.

En Acción Nacional estamos buscando ese equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito, y espero que en esta legislatura podamos lograr esa ley general que ya presentamos hace más de año y medio y que fue firmada por integrantes de todos los partidos políticos en el Senado de la República.

Eliminar topes, sincronizar semáforos y por último, escuchar a los expertos.

Hemos insistido en que ambos gobiernos, federal y local, deben escuchar a los expertos. El Centro Mario Molina hace muchas de estas propuestas, no tratemos de encontrar el hilo negro y veamos de qué manera podemos cambiarle el rostro a la Ciudad de México, podemos cambiarle el rostro a la Zona Metropolitana del Valle de México, porque está afectando la salud de todos los mexicanos la mala calidad del aire.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta a evaluar la pertinencia de incorporar a la zona metropolitana de Laja-Bajío, los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población para que a través del Grupo Interinstitucional se incorporen los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas, y Jaral del Progreso; a la Zona Metropolitana de Laja-Bajío y se actualice la denominación de dicha Zona Metropolitana situada en el estado de Guanajuato.

La propuesta fue presentada por los Diputados: Alejandra Gutiérrez Campos, María Verónica Agundis Estrada, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Lorena Alfaro García, Adriana Elizarraraz Sandoval, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, José Erandi Bermúdez Méndez, Karina Padilla Ávila, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Miguel Ángel Salim Alle y René Mandujano Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.


I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población para que a través del Grupo Interinstitucional se incorporen los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas, y Jaral del Progreso; a la Zona Metropolitana de Laja-Bajío y se actualice la denominación de dicha Zona Metropolitana situada en el estado de Guanajuato.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población para que se incorporen a la zona metropolitana de Laja-Bajío los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso, todos, del estado de Guanajuato.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de acuerdo, manifiestan que es necesario conocer de las ventajas y limitaciones que se tienen en México de acuerdo a su distribución geográfica, de población y de sus actividades económicas acordes con su desarrollo sustentable; por tal motivo, para aprovechar al máximo los recursos disponibles con los que cuentan las regiones para generar más y mejores oportunidades de desarrollo, elevar la calidad de vida de sus habitantes y mejorar los servicios básicos, es necesario poder identificar adecuadamente como están configuradas actualmente las zonas urbanas del país.

Asimismo, se puede mencionar que el Estado de Guanajuato ha sido un promotor de vanguardia de las políticas públicas en materia de planeación del desarrollo y atendiendo a su alto perfil urbano, presenta características propias para el desarrollo de conurbaciones entre sus centros urbanos, existiendo una fuerte prospectiva hacia la metropolización de sus principales zonas de desarrollo económico y urbano. Por esta razón, se entiende la preocupación por parte de los autores del punto de acuerdo, sin embargo, la solicitud que realizan de incorporar a la zona metropolitana de Laja-Bajío a los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso, todos, del estado de Guanajuato ya fue atendida desde el 2 de septiembre de 2010, ya que desde esta fecha se encuentran formalmente constituidos como Zona Metropolitana Laja-Bajío.

Se comenta, que en la página del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (Iplaneg) del Estado de Guanajuato ya se contempla dentro de su apartado de Zonas Conurbadas y Metropolitanas la integración y composición de la  Zona Metropolitana Laja-Bajío, integrada por los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán, mismos que son los que los autores del punto de Acuerdo en su primera petición pretenden incorporar a la zona metropolitana.

Para reforzar dicha investigación, el 19 de octubre del 2010, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 167, en su Segunda Parte, se encuentran publicados el:

CONVENIO para la Constitución de la Zona Metropolitana "Laja-Bajío", que celebró el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán, del estado de Guanajuato; y

DECRETO Gubernativo Número 150, mediante el cual, se declaró la constitución de la zona conurbada metropolitana integrada por los Municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán, del estado de Guanajuato.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comisión reconoce años de coordinación y gestión para el desarrollo de la región de la zona metropolitana referida.

Contemplando el tema en mención, esta Comisión dictaminadora menciona que es de suma importancia la planeación, coordinación y administración metropolitana, ya que son instrumentos clave para incidir positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de estos centros difusores del desarrollo.

Los integrantes de esta Comisión, manifiestan que la petición de primer punto de acuerdo ya ha sido plenamente atendida con anterioridad; sin embargo el segundo punto que solicita  se actualice la denominación de la zona metropolitana Laja-Bajío para futuras referencias, trámites administrativos, citas oficiales y otros es de aprobarse.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, se evalué la pertinencia de incorporar, con base en los criterios técnicos, a la zona metropolitana de Laja-Bajío los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso del estado de Guanajuato y, en su caso, se actualice la denominación de la zona metropolitana Laja-Bajío para futuras referencias, trámites administrativos y citas oficiales.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

¿Se encuentra la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez? ¿Alguna intervención?

En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

Aquí está la Diputada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

En el presente dictamen de la Primera Comisión, se hace un llamado respetuoso al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y el Consejo Nacional de Población, para que se evalúe la pertinencia de incorporar con base en los criterios técnicos a la Zona Metropolitana de Laja-Bajío, a los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso, del estado de Guanajuato.

Es importante mencionar que el estado de Guanajuato es una de las principales entidades del país que atraen un monto significativo en inversión extranjera directa.

Guanajuato cuenta con características propias para el desarrollo de conurbaciones entre sus centro urbanos, existiendo una fuerte prospectiva hacia la metropolización de sus principales zonas de desarrollo económico y urbano.

Es importante manifestar que se precisa en el dictamen la incorporación de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral de Progreso a la Zona Metropolitana Laja-Bajío, la cual ya fue atendida desde septiembre del 2010; es decir, estos municipios ya son parte de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, y en todo caso, lo que se requiere es cambiar la denominación de dicha Zona Metropolitana Laja-Bajío para futuras referencias, trámites administrativos y citas oficiales, y que con ello los referidos municipios Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino y también Jaral del Progreso, tengan acceso al Fondo Metropolitano.

Debo precisar que los comités técnicos de los fondos metropolitanos deben tener muy claro a qué municipios están integradas las zonas metropolitanas, porque se ha generado una incertidumbre sobre los municipios al acceso, al recurso en estos fondos, esto, principalmente cuando no están incluidos en la denominación de zona metropolitana, y con ello se genera la confusión de que si tiene derecho o no acceso a estos recursos.

Por ello, es importante que los comités técnicos se apeguen exclusivamente a los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos al que están destinados estos fondos metropolitanos sin distinciones entre quienes gobiernen la entidad y los municipios y de las zonas metropolitanas, pero además, con una gran claridad en la asignación de a quiénes le corresponden los recursos de las zonas metropolitanas.

En el grupo parlamentario del PRI seguiremos apoyando a las zonas metropolitanas para seguir incluyendo a más municipios que tengan las condiciones económicas y de desarrollo con características para que formen parte de las zonas metropolitanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Botello Santibáñez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta al gobierno federal a continuar llevando a cabo las acciones necesarias para reforzar las tareas de seguridad pública e impulsar el turismo internacional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para sus análisis y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender políticas públicas más eficientes tendientes a evitar las alertas turísticas por inseguridad que envían otros países.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016, la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la "Proposición punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender políticas públicas más eficientes tendientes a evitar las alertas turísticas por inseguridad que envían otros países.".

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R1A.-100 de fecha 4 de mayo de 2016.


II. CONTENIDO

La Diputada promovente expone que en las últimas décadas, se ha observado en México un muy buen desempeño en los números que reflejan los resultados en materia turística, esto considerado los altos niveles de afluencia de paseantes, que por diversas razones han tenido la posibilidad de elegir nuestro país como lugar ideal para descansar, divertirse o pasar muy tiempo con la familia en un ambiente cálido y agradable, que les permite olvidarse de las intensas jornadas de trabajo y de compromisos escolares.

Esta actividad resulta nodal por su aporte a la consolidación del crecimiento económico de la nación, a la par de que brinda un sinnúmero de oportunidades de desarrollo para toda aquella población, que bien puede encontrar en la actividad turística, la respuesta hacia sus necesidades elementales de trabajo, por el gran abanico de oportunidades con los que cuenta.

La diputada cita las cifras de Data Tur, que toma como base los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –ENOE- que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI- que para el cuarto trimestre del año 2015, la Secretaría de Turismo destacó que el número de empleos creados en el sector turístico, representó un porcentaje muy significativo, puesto que ascendió al 8.3% del total de personas que fueron empleadas en general a nivel nacional.

Derivado de los problemas que en materia de inseguridad ha sufrido nuestro país en los últimos diez años se diseñó y puso en marcha el llamado "Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018" que no es más que el documento rector que debe orientar la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano.

En este texto, se expresan con toda claridad cuáles deben ser las prioridades y la actividad del Gobierno de la República que debe existir en la materia, así como los objetivos estratégicos que la definen y que le dan vigencia sustentado en el análisis de la posición de México en el mundo y de sus retos internos, respondiendo a los desafíos de una nación democrática y moderna que deberá consolidar su condición de potencia emergente en un escenario global complejo y definido por cambios constantes.

La promovente sostiene que por un lado hay un panorama exitoso y halagüeño en el sector turismo y el deseo de los turistas por vacacionar en México y por otro lado el problema de la percepción de la inseguridad, ha traído como resultado que algunos países con los que tenemos afluencia abundante de paseantes emitan algún tipo de alertas para advertir a sus ciudadanos que tengan cuidado con algunos lugares y zonas en específico, como en el caso de Estados Unidos, Francia y Recientemente Canadá.

En el caso de este último país, destaca que se renovó a mediados del mes de Marzo del 2016, la alerta regional que desde hace algunos meses ha emitido para México. En ella advierte a sus ciudadanos de no viajar a varios estados del norte y sur del país debido a lo que llama, los altos índices de actividad criminal, así como por las ocasionales protestas y bloqueos.

De esta forma, se pidió a través de su embajada eliminar los viajes que no fueran esenciales así como emplear un alto nivel de precaución en algunas ciudades.

Así es como los Canadienses detallaron que la alerta no es generalizada, pero que incluía a varios Estados de la República como los de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, excepto la ciudad de Monterrey, Sonora, excepto Hermosillo, Guaymas, San Carlos y Tamaulipas, así como algunas precisiones con respecto a Michoacán y Guerrero.

Otro caso similar que fue el de Jalisco, porque también se suscitó recientemente una alerta por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Este hecho ocurrió en enero de este mismo año, donde el gobierno advirtió al personal que labora en sus Instituciones aquí en México que no obstante que Guadalajara, Puerto Vallarta y el Lago de Chapala son ciudades o destinos turísticos principales en Jalisco, que fueran precavidos en su tránsito por el Estado, particularmente en áreas rurales, o cuando resultase necesaria la utilización de carreteras secundarias.

Pidió también que se aplazaran los viajes que no fueran esenciales a zonas del Estado que se encuentren cerca de los límites con Zacatecas o Michoacán, porque según refirieron la situación de seguridad a lo largo de las fronteras con Michoacán y Zacatecas aún es inestable.

Destaca que de acuerdo con las reglas internacionales, los países están en su derecho de emitir este tipo de prevenciones; sin embargo pareciera una exageración alertar sobre países completos cuando muchas de las veces las problemáticas están focalizadas sobre ciertas regiones, a veces muy pequeñas, y las alertas de este tipo perjudican en estos casos a todo el país, que decididamente estaría perdiendo ante esta eventualidad oportunidades de turismo, comercio, servicios, etc. 

La diputada señala la necesidad de promover la cooperación entre todos los órdenes y niveles de gobierno, sector público privado y social, así como la población en general, porque no habrá manera de revertir esos resultados negativos o los graves inconvenientes si no existe conciencia clara de la necesidad de unir esfuerzos.

Considera que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con las facultades y atribuciones necesarias para logar ese nivel de coordinación necesario, por lo que se estima indispensable hacerle un llamado, para que en el ámbito de esas atribuciones y con plena conciencia de la alta responsabilidad que implica el manejo de la seguridad nacional, del sistema de salud, del turístico, etc, se revise a profundidad y de manera integral el actual funcionamiento de las políticas públicas en las materias de referencia, considerando de manera especial los resultados de los principales indicadores desarrollados, o en su caso, el establecimiento de nuevos parámetros de medición que permitan evaluar el cumplimiento de los mismos, tomando debidamente en cuenta la capacidad y efectividad de la infraestructura con la que se cuenta.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

Primero; Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías correspondientes de la Administración Pública Federal, se realicen las labores exhaustivas de coordinación con las Entidades Federativas y con Municipios, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Programa para la Seguridad Nacional 2014–2018, y de todos aquellos programas complementarios que contribuyan a disminuir los problemas de seguridad, mejorar la salud, el turismo y las comunicaciones y el transporte en el país, esto con la finalidad de que se eliminen o disminuyan las alertas de países para visitar México, haciendo especial énfasis en las acciones siguientes:

1. Secretaría de Relaciones Exteriores - El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca la condición de México como una potencia emergente y un actor global responsable. Al hacerlo, el programa presenta una evaluación estratégica de la posición de México en el sistema internacional contemporáneo, destacando el peso de aquellos factores geopolíticos vinculados con distintos elementos del poder nacional.

Por otro lado, el propio documento señala que el programa se vincula con la quinta Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo-México con Responsabilidad Global- y con lo dispuesto en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores. Paralelamente, señala el propósito de contribuir decididamente al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales.

Por todo esto, el exhorto al Ejecutivo a través de esta Secretaría se sitúa en el sentido de que a través de sus embajadas y consulados permanezca muy al pendiente de todos estos factores geopolíticos, de manera tal que cuando se perciba alguna inquietud en algún país en el sentido de alertar a los ciudadanos, se suministre a estos la información más oportuna, destacando solamente aquellas regiones donde se está viendo afectado por determinado fenómeno, así como se prevenga a las autoridades correspondientes para que impriman un mayor esfuerzo en erradicar el problema en cuestión.

1. Secretaría de Turismo. Siendo una de las entidades responsables de detonar la actividad recreativa de los visitantes extranjeros,  se le exhorta a que potencialice las acciones a efecto de mantener una eficiente comunicación con destinos y socios comerciales, a fin de establecer un puente de diálogo intermitente y permanente con los principales actores de la industria turística a nivel nacional e internacional.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, con todas implicaciones legislativas y administrativas necesarias.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la motivación de la diputada proponente, sin embargo se considera oportuno hacer algunas observaciones:

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado (No. 157) el día 15 de abril de 2016 donde hacen el posicionamiento de la SRE sobre la actualización de la alerta de viaje emitida por el Gobierno de Estados Unidos y Canadá.

En dicho documento señalan que la emisión de alertas de viaje es una práctica internacional cotidiana que los gobiernos realizan a fin de prevenir a sus ciudadanos sobre situaciones difíciles que pudieran enfrentar en viajes al exterior. México, a través de la Cancillería, busca mantener informados a los nacionales mexicanos que viajan a algún otro destino mediante la Guía del Viajero.

Además de que el Gobierno de México no interviene en la elaboración y difusión de las alertas de viaje de otros países, que en su mayoría se derivan de legislaciones internas específicas.

La Cancillería reiteró su posición de que cualquier alerta de viaje debe incluir información precisa y contextualizada, a fin de que sea de utilidad y evite generalizaciones.

Según el texto publicado por el Gobierno de Estados Unidos, México es visitado cada año por millones de estadounidenses con diferentes propósitos. De acuerdo con cifras oficiales, más de 20 millones de sus nacionales viajaron a México en 2015, de los cuales cerca de 8 millones 400 mil turistas estadounidenses viajaron por vía aérea, lo que representa un incremento del 17.1% respecto a 2014.  Diariamente, un millón de personas y 370 mil vehículos transitan de manera ordenada y lícita a través de los 56 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos.

En el caso de Canadá, aproximadamente 1 millón 750 mil turistas canadienses viajaron a México por vía aérea en 2015, lo que representa un incremento de 4.3% respecto de 2014.

El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha declarado en diversos medios que las "alertas se hagan conforme a las reglas de la Organización Mundial del Turismo, no se pueden dar nombres de estados genéricos, tienen que ser georreferenciadas, decir dónde está el problema".

Los integrantes de esta Comisión consideramos que el Gobierno Federal, en uso de sus facultades, debe seguir implementando las políticas necesarias para reforzar la seguridad pública, impulsar y fortalecer el turismo nacional e internacional, esto con la finalidad de que se eliminen o disminuyan las alertas de países para visitar México.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones continúe llevando a cabo las acciones necesarias para reforzar las tareas de seguridad pública e impulsar el turismo internacional, esto con la finalidad de que se eliminen o disminuyan las alertas de países para visitar México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Turismo para que a través de las embajadas y consulados realicen de manera coordinada campañas para promover la industria turística del país a nivel internacional.

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, el 17 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor al dictamen.

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Nuestro país se distingue por su riqueza natural y cultural que lo convierten en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial.

Datos del Barómetro Mundial de Turismo señalan que México pasó del lugar 15 al sitio número 10 dentro de los principales destinos turísticos, esto sin duda es resultado de la política integral del gobierno federal para impulsar la industria turística nacional.

El Banco de México señala que nuestro país alcanzó una cifra récord de captación de divisas por visitantes internacionales que ascendió a 16,257 millones de dólares, lo cual representó un incremento de poco más de 2,300 millones con respecto al año anterior.

Es importante resaltar los buenos resultados en el sector turístico, esto se ha reflejado en beneficios directos para las y los mexicanos, en este sentido la generación de empleos ha sido significativa.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Turismo, en esta industria se encuentran empleadas poco más del 8 por ciento de la población nacional.

Gracias a la política de seguridad pública del gobierno federal, los turistas nacionales e internacionales tienen la certeza que pueden disfrutar de las maravillas naturales, la gastronomía y la hospitalidad de los mexicanos en un contexto de seguridad.

La creación de redes de protección y seguridad en los destinos prioritarios, con la participación conjunta de dependencias, organismos públicos y del sector privado, y con el apoyo de la Armada para resguardar los puertos y costas del país, son algunas de las secciones del gobierno federal para reforzar la seguridad y protección de los turistas nacionales y extranjeros.

Si bien es cierto que existen casos aislados en el que permean situaciones de inseguridad, esta condición no justifica la emisión de alertas de viaje que señalan a nuestro país como un destino inseguro para el turismo. Cabe recordar que la emisión de alertas de viaje es una práctica internacional cotidiana que los gobiernos realizan a fin de prevenir a sus ciudadanos sobre situaciones difíciles que pudieran enfrentar en viajes al exterior, situación por la cual éstas deben emitirse con la mayor de las responsabilidades y apego al derecho internacional, en virtud de que pueden tener un impacto negativo para la industria turística.

Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI estamos convencidos de que el gobierno federal ha implementado las estrategias correctas para generar el desarrollo de la industria turística y, con ello crear las condiciones para un crecimiento económico que nos permita alcanzar un país más justo, más equitativo y más igualitario.

En el grupo parlamentario del PRI respaldamos la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, porque los resultados hablan por sí solos, hoy colocan a nuestro país dentro de los 10 destinos turísticos más importantes a nivel mundial.

En razón a estos argumentos, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Bejos Nicolás.

No hay otro orador inscrito. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de los dictámenes de la Segunda Comisión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el conjunto de los dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores; señoras y señores Diputados, integrantes de la Comisión Permanente:

Voy a referirme a algunos, solamente a algunos de los 19 dictámenes que la Segunda Comisión está poniendo a consideración de ustedes.

Nos parece muy relevante señalar el dictamen que tiene que ver con la preocupación respecto del abastecimiento de medicinas que todavía sigue siendo un pendiente de resolver por parte de la Secretaría de Salud. Es un punto de Acuerdo que solicita que las instancias competentes en procuración de justicia tanto de la Federación como de las entidades federativas, investiguen y redoblen sus esfuerzos para evitar el robo de medicinas y por supuesto, la venta ilegal de éstas. Nos parece muy importante ese punto de Acuerdo.

Hay dos que tienen que ver con la preocupación de las y los integrantes de la comisión, por eso están resolviendo de manera afirmativa y de manera pronta, que tienen que ver con el caso de la igualdad en la integración de los gabinetes de quienes ganen en las próximas elecciones del 5 de junio.

Esperemos que se atienda esta solicitud que hacen distintas legisladoras respecto a que haya compromisos para integrar, a partir de los principios de igualdad y paridad de género, para que las estructuras y la integración de los gabinetes sean de manera paritaria.

Y en el mismo sentido hay una preocupación relacionada también con los derechos de las mujeres, en el caso de crear un protocolo de actuación y seguimiento de casos de hostigamiento sexual. Este punto de Acuerdo está dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que informe sobre los resultados que ha tenido la implementación del mecanismo de acompañamiento para la atención de casos de hostigamiento y/o acoso sexual desde su entrada en vigor hasta la fecha, y al mismo tiempo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continúe promoviendo la adopción de protocolos de actuación y seguimiento para los casos de hostigamiento y acoso sexual, de carácter obligatorio en todos los centros de trabajos, tanto públicos como privados.

Hay tres que son muy pertinentes. Son materias pareciera que indistintas, pero todos están integrados en el mismo sentido, respecto a los derechos humanos, que son violentados para madres que sufren pérdidas gestacionales.

La propuesta que se nos hace para su dictamen, contiene tres puntos resolutivos, para la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender en el ámbito de la competencia de esta institución, sobre las pérdidas gestacionales en el sistema de salud.

Debemos recordar que hay compromisos por parte de México para evitar que mujeres que están en proceso de gestación, sobre todo cuando están en los últimos meses, en las últimas semanas, no puedan perder el producto de esta gestación, o bien, cuando en las primeras semanas de nacido el producto, hay una preocupación legítima respecto de que hay muertes prematuras o posteriores al nacimiento.

En ese sentido está inscrito este punto de Acuerdo que estamos aprobando.

En esta materia también es importante señalar el exhorto a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y al propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer estándares con la formación de peritos, éstos relacionados con la próxima implementación del Sistema de Justicia y el Sistema de Seguridad a partir de la reforma del 2008, y por supuesto, la preocupación para que estos peritos estén formados a partir de los nuevos preceptos que entrarán en vigor el próximo 16 de junio de este año, en este nuevo sistema del debido proceso legal.

De tal manera que hemos acordado en la Segunda Comisión, solicitar de manera respetuosa al Secretariado Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal, a que remita a esta Soberanía un informe sobre los mecanismos de evaluación del personal pericial adscrito a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, para conocer si dicho personal cuenta con la formación indispensable para realizar las labores periciales de acuerdo con el Sistema de Justicia Acusatorio.

Finalmente, otros dictámenes que quiero destacar, relacionados con la violencia obstétrica para garantizar una atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres que están embarazadas, durante el parto y el puerperio, y por supuesto, la preocupación que tiene que ver respecto a la mortalidad materno-infantil en nuestro país.

Hasta hace poco teníamos al estado de Guerrero como el estado donde más muertes maternas había en nuestro país. Por desgracia ahora no es así. Tenemos varios estados en esta misma situación, de tal manera que es necesario que la Secretaría de Salud pueda remitir a esta Asamblea un informe actualizado sobre las políticas públicas que está implementando para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad o morbilidad infantil en nuestro país.

Finalmente, creo que es importante destacar el trabajo de la comisión, y quiero felicitar a las y los integrantes, empezando, por supuesto, a quienes nos acompañan en la conducción desde la Mesa Directiva de nuestra comisión, que prácticamente ha permitido que presentemos hoy estos 19 dictámenes.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para complementar lo dicho por la Presidenta de la Segunda Comisión, un dictamen, que sin duda, tuvo la mayor de las relevancias, es el que tiene que ver con el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a realizar las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas, con el fin de promover el respeto de la infraestructura pública destinada de manera exclusiva a personas con discapacidad.

Es muy común que veamos a través de las redes sociales, cómo los ciudadanos de manera espontánea exhiben a aquellos ciudadanos, que sin respetar el derecho que tienen las personas con discapacidad para tener un espacio en un estacionamiento, para tener acceso a una banqueta a través de una rampa, o en los espacios que se tienen destinados en el transporte público, o inclusive cómo el transporte público, en algunos casos ha sido omiso con establecer los mecanismos para que las personas con discapacidad se puedan desplazar, pues me parece que es muy pertinente este punto de Acuerdo.

Por eso, señor Presidente, solicitaría, si usted no tiene inconveniente, le haga yo entrega de un posicionamiento a favor del dictamen porque, insisto, es el tema de movilidad que, pues ya hemos hablando aquí hasta el cansancio, un problema que tenemos prácticamente quienes habitamos las zonas metropolitanas del país, pero que particularmente hace crisis con las personas con algún tipo de incapacidad.

Entonces entregarle el posicionamiento en ese sentido, señor Presidente.
Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Insértese en el Diario de los Debates el pronunciamiento que nos ha entregado el Senador Jesús Casillas, en el apartado correspondiente al dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, desde su escaño, por favor.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De igual manera, nada más hacer un posicionamiento por parte del grupo parlamentario Nueva Alianza sobre tres dictámenes con punto de Acuerdo que van incluidos en el dictamen general y si me lo permitiera nada más enunciarlos:

El dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos.

Así como el dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances de la aplicación de los protocolos para la detección y denuncia de violencia contra las mujeres en los centros educativos de todo el país.

Y el tercero sería el dictamen con punto de Acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y de Salud a que realicen una evaluación sobre el cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparadas y Procesadas en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional.

En ese tenor sería a favor en los tres dictámenes, y si me lo permite para que se inserte en el lugar adecuado.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates, en el apartado correspondiente, los posicionamientos que nos ha entregado el Diputado, a efecto de que consten de manera íntegra.






Debo recordar que al inicio del apartado de dictámenes aprobamos un conjunto de dictámenes enviados por la Segunda Comisión, ahora solamente vamos a discutir aquellos que fueron reservados para discusión en lo particular, y tenemos, en consecuencia, el primero de ellos, que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las medidas de seguridad durante la cadena de abastos, resguardo y dispensación de medicamentos, hemos recibido ya la propuesta del Diputado para efecto de que se inserte en el Diario de los Debates.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Xitlalic Ceja García, a favor del dictamen.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señor Presidente.

Para comenzar quiero poner en contexto la importancia del presente dictamen.

De acuerdo con información oficial, la industria farmacéutica representa el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero.

Debido a esta situación, es perceptora de por lo menos 44,261 millones de dólares de inversión extranjera. Datos que dejan de manifiesto su importancia para el crecimiento y desarrollo nacional.

Para tener muy claro el panorama, basta decir que por los niveles de producción y calidad, nuestro país se encuentra dentro de las naciones certificadas por la Organización Mundial de la Salud, para la fabricación, distribución, revisión y comercialización a nivel mundial de vacunas, sin embargo, aún persisten diversos retos por superar como la venta de medicamentos apócrifos, los cuales generan ganancias para el mercado negro de por lo menos 25 millones de dólares al año.

En ese sentido, diversas investigaciones de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, arrojan que México ocupa el sexto lugar a escala mundial en la venta y consumo de medicinas ilegales, sólo por detrás de Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.

En su mayoría se trata de productos adulterados o incluso robados que se introducen en el mercado nacional para comercializarse indiscriminadamente, desde luego, en detrimento de la salud de las y los mexicanos.

Ante este panorama, es de vital importancia decir que las acciones emprendidas por la actual administración federal han sido las correctas, las cuales se han traducido en el decomiso de diversos productos para el tratamiento de la presión, la diabetes y lípidos altos principalmente.

Sólo la Comisión Federal para Protección contra Riesgos, Cofepris, de 2010 a 2015, aseguró más de 372 toneladas de medicamentos en 135 operativos por diversas razones, las cuales van desde la venta de muestras médicas hasta la falsificación de sustancias.

Compañeras y compañeros legisladores, bajo estas consideraciones, el voto del grupo parlamentario del PRI será a favor debido a que el robo y la venta ilegal de medicamentos constituye un ilícito que debe ser sancionado conforme a derecho.

El artículo 264 de la Ley General de Salud es muy claro al señalar que quien adultere, falsifique o contamine medicamentos, fármacos y materias primas para su elaboración se le aplicará una pena de 1 a 9 años de prisión y multa equivalente a 100 mil días de salario mínimo.

Ante el aumento alarmante en la venta de estos productos, se hace necesario reforzar las medidas, políticas públicas y acciones de gobierno para identificar, sancionar y prevenir el robo y la venta ilegal de medicamentos.

En esta tarea, la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, tienen un papel fundamental en monitorear la cadena de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos en todas las regiones y localidades del país.

Por ello, el exhorto de esta Soberanía es válido, para juntos garantizar mejores estados de salud para los mexicanos y sus familias.

Señores legisladores, los invito para que voten a favor del presente dictamen y juntos podamos asegurar un sistema de salud integral, universal y de calidad para las y los mexicanos en el que contar con medicamentos dignos es elemental para alcanzar una vida sana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Xitlalic Ceja.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Tal y como lo acordó la Mesa Directiva en su reunión celebrada esta mañana, pasaremos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

Tengo registradas diversas proposiciones con punto de Acuerdo de conformidad con nuestro Reglamento. Rogaría a los grupos parlamentarios si alguno de ellos serán asumidos por la Mesa Directiva para el trámite correspondiente, de lo contrario, le daremos el trámite que corresponda conforme al Reglamento del Senado.

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer los planes, programas y estrategias para combatir el embarazo de adolescentes.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, señor Presidente.

Hago uso de la máxima tribuna para presentar punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas para que en el marco de sus funciones y en coordinación con las dependencias correspondientes, fortalezcan sus planes, programas y estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes.

A pesar de las campañas de comunicación e información sobre prevención, así como la promoción de la salud sexual y reproductiva para las adolescentes, los casos de embarazo en este sector, se mantienen como un reto que nos obliga a redoblar esfuerzos.

Antes de referirme al punto de Acuerdo en comento, debo reconocer que desde el gobierno federal, se han llevado acciones encaminadas a reducir la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, pero insisto, sigue siendo una cuenta pendiente. Debemos tener en cuenta que todos los embarazos en adolescentes son de alto riesgo, debido a que todavía no alcanzan la plena madurez física, emocional y económica.

Como saben, la adolescencia se caracteriza por un periodo de cambios que comprenden variaciones físicas y emocionales, que entre otras, cuestionan y definen su personalidad, forman su independencia y fortalecen su autoafirmación.

En consecuencia, el embarazo tiene complicaciones físicas, algunos ejemplos de los cuadros de la mala nutrición, abortos espontáneos, partos prematuros, infantes con peso bajo, bebés con problemas de salud y trastornos con su desarrollo.

Para ponderar la idoneidad del asunto a que nos referimos les comparto algunas de las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que señalan que del total de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, más de la mitad ha quedado embarazada.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, señala que en el grupo de edad de 15 a 19 años, 44.9 por ciento de las mujeres reportó no haber usado protección durante la primera relación sexual.

Igual de importante es señalar que el 20 por ciento de los nacimientos en México, la madre es una mujer menor de 20 años de edad, lo anterior se agrava al ver que el 31 por ciento de los embarazos adolescentes no son planeados y que en cerca de 40 por ciento pertenecen a un estrato social bajo, que no es lo deseable.

Es de vital importancia combatir la causa que le da origen, entre ellas, la falta de información y acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, la carencia de educación integral de sexualidad, la violencia sexual, el matrimonio infantil y en especial, la pobreza.

Esta adquiere mayor relevancia si vemos que aunque el 90 por ciento de las adolescentes reportan haber escuchado sobre métodos anticonceptivos, el 14.7 por cientode los hombres y el 33.4 por ciento de las mujeres no los usaron en su primera relación sexual, y que el sector de los jóvenes hablantes de lengua indígena hay proporciones de matrimonios infantiles superior al 40 por ciento en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Por ello, compañeras y compañeros, para los integrantes del grupo parlamentario del PRI este tema es de mayor relevancia y debe ser atendido desde todas sus aristas, visto desde una óptica de prevención, pero también un derecho al acceso a la salud.

Es crucial garantizar la existencia de mecanismos y estrategias efectivas, para que las personas adolescentes puedan acceder a mejores escenarios de desarrollo, libres de estigmas y sobre todo, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Reitero, los embarazos en adolescentes deben ser abordados de manera multidisciplinaria, integral tal y como se dispone en el presente punto de Acuerdo que hoy se presenta ante esta Comisión Permanente.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)1, la adolescencia constituye una época de cambios que comprende variaciones físicas y emocionales a través de las cuales se transita de la niñez hacia la edad adulta. Entre otras cuestiones, en esta etapa se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación.

En consecuencia, resulta de suma importancia que en esta etapa, las personas adolescentes cuente con el apoyo familiar, escolar y social suficiente, sobre todo, si tenemos en cuenta que en nuestro país hay 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa 24.9% de la población total.

Un problema de incuestionable relevancia, es el relativo al embarazo en adolescentes, concebido como aquel que ocurre entre los 10 y 19 años, mismo que es considerado como de alto riesgo debido a que este sector poblacional todavía no ha alcanzado la plenitud de una madurez física, emocional y económica.

Las complicaciones físicas que se presentan con mayor frecuencia en los embarazos adolescentes, destacan las siguientes: cuadros de mala nutrición, abortos espontáneos, partos prematuros, infantes con peso muy bajo, bebés más propicios a problemas de salud y trastornos de desarrollo.

Bajo este contexto, es crucial fortalecer e impulsar acciones encaminadas a brindar la atención debida desde todas sus aristas, siendo un aspecto medular el concerniente acceso oportuno e integral de las adolescentes embarazadas a los servicios de salud, derecho que se encuentra consagrado tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México sea parte.

De la misma manera, también es importante que de manera permanente, haya campañas de información y planificación familiar, que tengan como objetivo central, buscar generar conciencia de las repercusiones e informar de los múltiples métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.

Para ponderar la idoneidad del presente punto de acuerdo, cabe mencionar que según información de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, del total de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, más de la mitad (51.9%) alguna vez ha estado embarazada y 10.7% estaba cursando un embarazo.

Además, según cifras de la “Encuesta Nacional de Valores en Juventud”, el 70% de los encuestados declaró haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y 19 años de edad, por su parte el 32.4% informó no utilizar algún método anticonceptivo y el 39.5% no los utiliza porque no les gusta. Por su parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en el grupo de edad de 15 a 19 años, 44.9% de las mujeres reportó no haber usado protección durante su primera relación sexual.

Sobre el particular, el 5 de mayo del año en curso, el movimiento Save the Children en México, presentó su estudio titulado -“Estado de las Madres en México: Embarazos y Maternidad Adolescente2”-, donde señala que de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país es el que presenta la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes (77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años).

El propio documento en comento, indica que en el 20% de nacimientos en México, la madre es una mujer menor de 20 años de edad; el 33% de los embarazos en adolescentes no son planeados; y cerca del 40% de los embarazos entre adolescentes que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo son deseados. 

Preocupa que en el 70% de las muertes maternas adolescentes, se presentó baja atención médica; que el 11.8% de las mujeres que abandonaron la educación superior media superior, reportaron que el embarazo o tener un hijo fue la principal causa de su deserción; que el 59% de las adolescentes de 12 a 19 años de edad con antecedente de embarazo, sólo cursó hasta la secundaria; y que 33% de las mujeres de 20 a 24 años de edad que fueron madres adolescentes, se ubican en el quintil de ingresos más pobre.

En relación a esta última consideración, no podemos ser omisos ante el hecho de que las principales causas del embarazo en adolescentes son la falta de información y acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva; la carencia de educación integral en sexualidad; la violencia sexual; el matrimonio infantil y la pobreza.

Al respecto, basta mencionar que aunque 90% de los adolescentes, reporta haber escuchado sobre métodos anticonceptivos, el 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no usaron protección en su primera relación sexual, y que en las jóvenes hablantes de una lengua indígena, hay proporciones de matrimonio infantil superiores a 40% en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Ante este escenario, es crucial garantizar la existencia de mecanismos y estrategias efectivas, para que las personas adolescentes puedan acceder a mejores escenarios desarrollo, libres de estigmas y con pleno respeto de sus derechos humanos.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estamos a favor de que los embarazos en adolescentes, sean analizados de manera multidisciplinaria e integral desde todas sus aristas, causas y consecuencias. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los de 32 las Entidades Federativas, para que en el marco de sus funciones y en coordinación con las dependencias correspondientes, fortalezcan sus planes, programas y estrategias para combatir el embarazo en adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus respectivas Secretarías de Salud y Educación, fortalezcan, amplíen e impulsen las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las Entidades Federativas para que, en el marco de sus funciones, fortalezcan sus acciones y estrategias encaminados a garantizar el acceso oportuno e integral de las adolescentes embarazadas a los servicios de salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm

2https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/Embarazo%20y%20Maternidad%20Adolescente.PDF

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Se ha solicitado el trámite de urgente resolución, conforme a los artículos 59 y 60 del Reglamento del Congreso General, y el resolutivo Décimo Sexto del acuerdo que rige nuestras sesiones. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera el asunto de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión la propuesta.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para referirse a la propuesta.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En México nacen cada año más de 450 mil bebés de madres adolescentes de edades de entre los 15 y 19 años, incluso en el año 2011, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 318 madres tenían apenas 10 años de edad.

Este problema de salud pública se ha incrementado a consecuencia de la política económica y social de los últimos sexenios que no aprecian una alternativa a los jóvenes de nuestro país.

La mayoría de los adolescentes que comienzan su vida sexual a una edad temprana, proviene de niveles de pobreza y de pobreza extrema.

México cuenta con un poco más de 13 millones de adolescentes, la mayoría son pobres, y el 20 por ciento de ellos tiene ingresos familiares tan bajos que no les alcanza siquiera para su alimentación diaria.

Por otro lado, 3 millones de adolescentes no asisten a la escuela; otros 3 millones trabajan, y por las condiciones de su nivel educativo se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos y en condiciones de explotación.

El embarazo prematuro presenta un alto riesgo para la vida y la salud del bebé y de la madre, por supuesto.

Las complicaciones durante la atención obstétrica en adolescentes, se encuentran entre las principales causas de muerte materno-perinatal en el país, además, una parte importante de estos embarazos terminan en aborto y muchos de ellos se llevan a cabo en condiciones de inseguridad, los recién nacidos presentan bajo peso, inmadurez pulmonar y problemas de control de temperatura.

El embarazo de las jovencitas se asocia también con conocimiento impreciso e incierto sobre el uso de anticonceptivos.

La mayoría de los adolescentes no utilizaron ningún método para la prevención en el inicio de la práctica de su vida sexual, porque consideraron que en la primera vez no hay posibilidad de embarazo, lo que demuestra su ignorancia sobre la biología de la reproducción.

Por ejemplo, en Veracruz, entre 2010 y 2015, se reportaron 10,295 delitos sexuales contra mujeres y niñas, y aunque la legislación lo contempla para los casos de violación, ninguna pudo interrumpir su embarazo. Sin embargo, las autoridades locales revelaron que nadie pudo acceder a la interrupción legal del embarazo.

El año pasado 487 niñas veracruzanas entre 10 y 14 años dieron a luz, la mayoría de esas pequeñas fue violada. El nacimiento obligado de estos niños representa una forma de tortura.

Por las razones anteriormente expuestas, los Diputados del grupo parlamentario de Morena, votaremos a favor y pedimos que se intensifique una campaña masiva para exhortar que los jóvenes usen métodos anticonceptivos.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Se concede el uso de la tribuna, para el mismo propósito, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Escuché con atención la exposición de la señora Diputada, que nos hacía referencia a este punto de Acuerdo que se está consensando para tratar de urgente resolución, en relación a diversas medidas que se proponen para prevenir el embarazo en adolescentes.

No es la primera ocasión que se trata en el Congreso de la Unión el problema del embarazo en adolescentes y por desgracia es un problema que sigue creciendo en el país.

Parece que lo que decidimos no repercute en las acciones y en las políticas públicas ni gubernamentales que deben estar encargadas de atender todas las directrices, definir todas las acciones permanentes, continuas que evalúen, que restituyan nuevamente otras acciones para prevenir, que México no sea, por desgracia, un país en el marco de la evaluación mundial. En un país que cada vez es más alto el embarazo en adolescentes.

Las propias encuestas y los propios análisis que se hace desde la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, hasta lo que nos alerta UNICEF y, por supuesto, lo que año con año nos está presentando el Inegi respecto de las cifras de adolescentes embarazadas que, a corta edad, algunos inclusive desde sus primeras menstruaciones, quedan embarazadas.

Lo patético es que quienes se embarazan antes de los 15 años, una cuarta parte de esas adolescentes, casi niñas, van a tener su segundo embarazo antes de los 18 años de edad, entonces, estamos ante una situación realmente preocupante.

¿Qué tenemos que hacer? Pues sí tenemos que trabajar en la implementación de las leyes que nosotros aprobamos en el propio Congreso de la Unión, y seguir insistiendo que éstas se homologuen de manera correcta en las 32 entidades federativas, para que las distintas instancias gubernamentales trabajen en la reeducación de las familias para que se comprometan realmente en la protección irrestricta de las niñas, de las adolescentes, pero también eduquen a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes para que la prevención sea de toma y daca, porque las niñas y las adolescentes, en este caso, a partir de sus primeras menstruaciones o antes de los 19 años de edad que está configurado por la Organización Mundial de Salud como embarazos de alto riesgo. No se embarazan solas.

En el caso de las que son más pequeñas está de por medio un asunto de violación, así de ese tamaño es y las repercusiones, no solamente afectan a su salud por un embarazo que está catalogado como embarazo de alto riesgo, que afecta su propio desarrollo, que les hace asumir responsabilidades para las que no están formadas y, por supuesto, también conlleva a que interrumpan su proyecto de vida.

Hay una deserción escolar, en algunos lugares hay escuelas donde ya no se les permite regresar porque son un mal ejemplo, eso sigue pasando en muchos lugares de nuestro país y por lo tanto, necesitamos trabajar, en primer lugar, para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas y adolescentes, promover una cultura de igualdad de género que reconozca y condene todas las formas de violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes, garantizar irrestrictamente su acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo.

No actuemos con doble moral, las adolescentes que vienen de familias pudientes resuelven ese problema desde las propias familias, pero las que son de familias pobres, por supuesto que tienen estragos verdaderamente terribles para su salud.

Debemos quitarle los mitos a algunos temas y ver de manera objetiva los problemas y tener alternativas, como ya pasa en algunas entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de México. Claro que también tenemos que trabajar para la eliminación del matrimonio infantil, o las relaciones de hecho entre adolescentes menores de 18 años de edad, eso ya lo tenemos inscrito en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Estamos trabajando en las modificaciones del Código Civil Federal, pero necesitamos sobre todo que esto repercuta en los códigos civiles y en los códigos familiares de las 32 entidades federativas, pero sobre todo, haya políticas, insisto, políticas de prevención, de atención, orientación, información que hagan accesibles todos los derechos de educación, de salud, de acceso a lo que el propio Sistema Nacional de Salud ha implementado y por lo tanto con una información clara, precisa, no solamente se prevengan embarazos de alto riesgo, sino también infecciones de transmisión sexual.

Por lo tanto, nos parecen muy pertinentes los puntos de Acuerdo. Yo le cambiaría al primero, que dice: “Combata el embarazo en adolescentes”, por: “Se prevenga el embarazo en adolescentes”.

Y el tercero, donde está haciendo un exhorto respetuoso “a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el marco de sus funciones fortalezcan sus acciones y estrategias encaminadas a garantizar el acceso oportuno e integral de las adolescentes embarazadas a los servicios de salud”.

Si me permite la proponente, yo le agregaría también un cuarto resolutivo donde se llame a la Secretaría de Educación Pública a que implemente los recursos etiquetados para evitar que las adolescentes embarazadas o las adolescentes que son madres, continúen sus estudios, no los interrumpan, porque eso de alguna manera valía la situación onerosa, terrible que tienen que enfrentar con estas nuevas responsabilidades.

Es decir, pedirle a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, y el de las entidades federativas, también en el marco de sus funciones, fortalezcan sus acciones y sus estrategias encaminadas a garantizar que continúen sus estudios, que no deserten cuando se encuentren en una situación de un embarazo y posteriormente cuando son madres.

Muchas gracias.

Es cuanto, gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al punto de Acuerdo.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En Acción Nacional siempre hemos impulsado medidas para que todos los mexicanos puedan acceder a una educación de calidad. Sin embargo, sabemos que alcanzar ese objetivo requiere de compromisos y de acciones en distintos órganos del Estado.

Es sabido que la población de menores ingresos y en general, la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tiene menores posibilidades de terminar de manera satisfactoria sus estudios, particularmente las mujeres adolescentes embarazadas, ya que se enfrentan a grandes dificultades para concluir su educación, principalmente de nivel medio superior, lo que repercute, desde luego, negativamente en sus alternativas de empleo y de calidad de vida.

El embarazo adolescente es un problema que no podemos pasar por alto. La evidencia muestra que los hijos de padres que tuvieron un embarazo adolescente son más proclives a experimentar la misma situación.

Por ello, es imprescindible contar con estrategias y líneas de acción para mejorar la salud sexual y reproductiva de este sector de la población, pero además debe hacerse todo lo que sea necesario para garantizar que las jóvenes embarazadas puedan reincorporarse al sistema educativo.

En todo el mundo se están repensando y reformando programas para fomentar la inclusión educativa, y México no puede ser la excepción.

Si tenemos, según estadísticas, más de 33 mil jóvenes menores de 18 años que se ven obligadas a dejar sus estudios porque tuvieron un hijo, es indispensable repensar la política en materia educativa en ese sentido. Deben procurarse planes, proyectos y acciones innovadores para atender este problema, sólo así se podrá mejorar la calidad de vida de estos jóvenes o de estas jóvenes.

En el PAN consideramos que las condiciones actuales exigen la colaboración de los gobiernos estatales para implementar políticas de inclusión educativa para las jóvenes embarazadas. Por ello nos pronunciamos a favor de este punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a implementar acciones de inmediato, necesarias, con el objetivo de que las mujeres embarazadas que vieron truncados sus estudios de educación media superior y superior, puedan concluirlos de manera total y exitosa.

Señoras y señores legisladores, el aumento en los embarazos de adolescentes nos presentan nuevos desafíos como sociedad, uno de ellos es evitar precisamente que el embarazo afecte la educación de las jóvenes y, por tanto, sus oportunidades de empleo.

Por nuestra parte, en el grupo parlamentario de Acción Nacional, seguiremos trabajando para innovar mecanismos y políticas de apoyo en beneficio del desarrollo integral de las mujeres y de todos los miembros de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ávalos.

La Senadora Angélica de la Peña propuso la adición de un cuarto resolutivo al punto de Acuerdo que ha sido presentado.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las propuestas presentadas por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas por la Senadora Angélica de la Peña Gómez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptan las modificaciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se admiten a discusión las modificaciones realizadas por la Senadora Angélica de la Peña. Se someterá a votación el punto de Acuerdo con dichas modificaciones.

No hay más oradores inscritos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo con las modificaciones presentadas por la Senadora De la Peña Gómez.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con las modificaciones aceptadas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita al Instituto Electoral de Quintana Roo llevar a cabo un debate entre candidatos a la gubernatura.

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del Estado, del libre ejercicio del voto, de la libre expresión y de la manifestación de las ideas.

Pero también debe ser parte sustancial de la vida democrática en nuestro país la responsabilidad, por parte de las autoridades, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda de elecciones libres y el fortalecimiento de las instituciones que la sustentan.

Lamentablemente, hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables, unas escudadas en su fuero constitucional y otras, que utilizan su capacidad de influencia mediática para hacer señalamientos infundados con el fin de dañar y demeritar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado mexicano.

Es el caso del estado de Quintana Roo, el organismo público local-electoral fijó el sábado 28 de mayo como fecha para llevar a cabo el debate oficial entre los candidatos a gobernador del estado.

Sin embargo, en lugar de abonar al ejercicio democrático, esa fecha se considera muy cercana al día de la elección, y no permite a los electores la reflexión amplia sobre las propuestas que presentan los candidatos y que serán, de alguna manera, definitorias para el rumbo del estado de Quintana Roo.

Es importante mencionar que el debate entre los candidatos a la gubernatura no sólo consiste en un ejercicio democrático para fortalecer el sistema político, sino también es pieza fundamental para que el electorado pueda decidir quién quiere que sea su representante popular y de gobierno.

En este sentido, es determinante que la ciudadanía tenga el tiempo suficiente para reflexionar su voto y determinar por cuál candidato emitirá el sufragio el día de la elección.

Consideremos que se debe garantizar la mayor audiencia posible para que el impacto sea mayor y sean más los ciudadanos que oigan dicho debate, ya que ahí vienen impuestas las propuestas.

Está ampliamente demostrado que se reduce considerablemente la audiencia a los medios de comunicación, especialmente a los que tratan temas políticos, un debate que, desde luego, de celebrarse el día 28, no contará con la atención de los ciudadanos y que, por ende, no servirá para que exista alguna evaluación objetiva y valoración por parte de los electores sobre las visiones y propuestas de gobierno que cada uno de los participantes lleva en la contienda.

Por lo anterior, se considera necesario exhortar al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo a reflexionar respecto a cambiar la fecha del debate, que está previa a la elección, y esto es con el objeto de que tenga un mayor alcance posible, derivado de lo anterior y con intención de generar los mecanismos para que los ciudadanos puedan tener y obtener las mejores herramientas para determinar su decisión electoral, es por esa razón que se presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Electoral de Quintana Roo para que en aras de generar las mejores condiciones respecto a la decisión del electorado para que analice y considere llevar a cabo en fecha distinta a la ya programada el debate de los candidatos a la gubernatura por el estado de Quintana Roo.

Bien vale la pena.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Diputada PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del Estado del libre ejercicio del voto, de la libre expresión y de la manifestación de las ideas.

Pero también debe ser parte sustancial de la vida democrática en nuestro país la responsabilidad por parte de las autoridades de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda de elecciones libres y el fortalecimiento de las instituciones que las sustentan.

Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para hacer señalamientos infundados con el fin de dañar y demeritar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado Mexicano.

Es el caso del estado de Quintana Roo donde las autoridades gubernamentales están actuando en demérito del ejercicio democrático al influir de manera sistemática a favor del candidato de la alianza conformada por el PRI-PVEM- PNA, Mauricio Góngora, y otras personas como el ex gobernador y ahora senador de la República, Félix González Canto, violando la ley al retirar propaganda electoral de otros partidos, como lo demuestra claramente un video que se ha dado a conocer ante la opinión pública.

El proceso electoral de Quintana Roo se encuentra viciado de origen. Se han documentado conductas como actos de campaña anticipados del candidato a gobernador Mauricio Góngora y del candidato a presidente municipal de Cancún, Remberto Estrada; ilegalidades en las campañas del PRI-PVEM-PNA, y por si fuera poco, la elección amañada e ilegítima de consejeros electorales distritales, algunos de los cuales habían sido designados como representantes del PRI en anteriores procesos electorales. Asimismo, el PAN ha denunciado que varios consejeros distritales no acreditaron los exámenes para ocupar las plazas, pero ahí siguen, en puestos que deberían ocupar ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley.

Por si fuera poco, se presumen nexos con el crimen organizado tanto del gobernador Roberto Borge Angulo como del candidato a gobernador por el PRI-PVEM-PANAL, José Mauricio Góngora Escalante, ya que recientemente los medios de comunicación han dado conocer a la opinión pública, información sobre los vínculos de Góngora Escalante y Borge Angulo con el señor Jamil Hindi, investigado por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Lo anterior, pone en peligro a la sociedad quintanarroense porque significaría exponerla al crimen organizado, por ello, ya se presentado una denuncia formal ante la delegación de la Procuraduría General de la República para que investigue estos hechos que consideremos muy graves. 

Al respecto, y durante el proceso electoral, el gobernador de Quintana Roo ha generado un cerco mediático, situación que ha caracterizado a su gobierno y que en estos comicios no ha sido la excepción.

Ante ello, el Instituto Electoral de Quintana Roo no ha hecho nada. Se trata de un Instituto Electoral que se encuentra cooptado; un Instituto que se ha visto sometido a la voluntad del gobernador Borge; un Instituto sin autonomía que no actúa conforme a sus atribuciones legales y que no garantiza objetividad ni un piso parejo en las elecciones.

Y para muestra la decisión que se ha tomado para la organización de un debate entre los candidatos a la gubernatura el día sábado 28 de mayo; se trata de una fecha en donde está ampliamente demostrado que se reduce considerablemente la audiencia a los medios de comunicación, especialmente a los que tratan temas políticos. Un debate que no contará con la atención de los ciudadanos y que, por ende, no servirá para que exista una evaluación y objetiva valoración por parte de los electores sobre las visiones y propuestas de gobierno de cada uno de los participantes en la contienda.

Ante este tipo de decisiones y ante la inacción, negligencia y falta de garantías democráticas por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo es que se presenta la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral de Quintana Roo a que el debate entre los candidatos a la gubernatura se lleve en fecha previa a la prevista.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita una Reunión de Trabajo con servidores públicos competentes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que expliquen las acciones que se están llevando a cabo para evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Patricia Sánchez Carrillo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Sánchez Carrillo. Se ha solicitado el trámite de urgente resolución.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior y el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo que norma nuestras sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo tal y como fue presentado por la Diputada Sánchez Carrillo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar a nombre propio y del Diputado Francisco Martínez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias para desahogar el dictamen de la sesión instructora relativo al requerimiento para la declaración de procedencia, en contra de la ciudadana Lucero Sánchez López.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo el día de hoy a esta tribuna a solicitar el cumplimiento irrestricto de la ley, creo que es inconcebible que el Congreso, que el Poder Legislativo, que es el encargado de crear leyes, sea el que las incumpla.

Hoy tenemos un caso singular, se está llevando a cabo una solicitud de la PGR para determinar, en su caso, acotar la inmunidad procesal de un representante popular, el cual es una de las facultades del Congreso, somos, en su caso, fiscales, creamos leyes, pero también tenemos un carácter jurisdiccional, y hoy tenemos la posibilidad de darle cumplimiento a la ley.

El dictamen ya fue aprobado el 11 de mayo por la sección instructora, por todos sus integrantes de manera unánime, mismo que ya se entregó a la Mesa Directiva desde el día 11 de mayo.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala un tiempo fatal que será al día siguiente de la presentación del dictamen, donde se ponga a consideración del Pleno, para que éste se erija como Jurado de Procedencia, cosa que no ha acontecido en los hechos.

Hoy, 18 de mayo, no hay ningún signo que permita evidenciar que se va a cumplir con la norma constitucional y legal, y darle el tratamiento que requiere un asunto de esta envergadura.

No podemos seguir siendo omisos, compañeros. Creo que es un tema de primordial importancia atender de manera clara todas las disposiciones legales a que tenemos obligación como Cámara de Diputados.

Hoy pareciera que la Cámara de Diputados se convierte en sinónimo de impunidad, de no llevar a cabo, en estricto sentido, lo que nuestra ley señala.

Por ello hoy planteo ante esta Comisión Permanente, que se abra un periodo extraordinario de sesiones el día de mañana, a fin de que se pueda atender por lo menos el tema de que el Pleno se constituya como Jurado de Procedencia.

Celebro que ya de una manera u otra los coordinadores de las fracciones parlamentarias se han puesto de acuerdo y han determinado que va a existir un periodo extraordinario del 7 al 17 de junio, si no me falla la memoria. Bien, pero están los tiempos fatales.

¿Cómo queda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores al no dar cumplimiento a una disposición jurídica y legal, que es el caso del Jurado de Procedencia y el caso de la reforma constitucional y su transitorio para el Sistema Nacional Anticorrupción?

Creo que tendremos que analizar fríamente la posibilidad de que, independientemente de respetar este Acuerdo de las fracciones parlamentarias, se abriera un periodo extraordinario de manera expedita para atender el caso del Jurado de Procedencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.

Los suscritos, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONVOCA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A SESIONES EXTRAORDINARIAS, PARA DESAHOGAR EL DICTAMEN DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA RELATIVO AL REQUERIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, EN CONTRA DE LA C. LUCERO SÁNCHEZ LÓPEZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Poder Legislativo es el órgano del Estado que ostenta la máxima representación popular. Además de generar las normas con rango de ley, ejerce funciones de control y fiscalización del gobierno, así como facultades jurisdiccionales en el caso de las Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el caso de la Cámara de Diputados, tiene a su cargo funciones exclusivas, como la señalada en el artículo 74, fracción V, que es la de declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del artículo 111 de la misma Carta Magna.

La Declaración de Procedencia es la instancia que se sigue ante la Cámara de Diputados por la que se determina si el servidor público que goza de inmunidad procesal, es presunto responsable de la comisión de un delito y como tal, se le debe retirar esa prerrogativa para poderlo someter a la jurisdicción y competencia de un juez a fin de que le imponga la pena que en derecho le corresponda.

El 1 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a la Cámara de Diputados la realización de un juicio de procedencia para retirar el Fuero a la Diputada Local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, por la falsificación de documentos oficiales y su posible participación y nexo con la delincuencia organizada.

Según el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en este caso, por imputarse un delito federal, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo.

El 10 de marzo, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, que está facultada para resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, juicio político y declaración de procedencia a servidores públicos.

La Sección Instructora tiene a su cargo las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de querella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Con base en estos elementos la Sección Instructora debe emitir un dictamen que presenta al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.

El Dictamen respectivo se aprobó por unanimidad en reunión de la Sección Instructora el 11 de mayo pasado. Ese mismo día fue entregado a la Mesa Directiva.

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 25, 26 y 27, se debe convocar a la Cámara de Diputados para que se erija en Jurado de Procedencia y sea sometido dicho Dictamen a discusión y votación en el Pleno.

Al no estar reunida la Cámara de Diputados, por estar en curso el segundo receso de este primer año legislativo, se abre la posibilidad de que dicha Cámara sea convocada a un periodo de sesiones extraordinarias para votar dicho Dictamen.

Esto significa que de manera inminente se debe solicitar a la Comisión Permanente a convocar a dicha sesión. La convocatoria debe señalar el objeto de las sesiones, y no podrá abordarse ningún otro, como dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 67 y 78.

Como se señaló, el juicio de procedencia (desafuero) sólo compete a la Cámara de Diputados, por lo que la convocatoria sólo sería a esta Soberanía.

Es importante señalar que la convocatoria a este periodo extraordinario debe apegarse a los términos marcados por la ley. A diferencia de otras propuestas u otras temáticas, en el caso en comento ya se cuenta con un Dictamen entregado a Mesa Directiva.

El procedimiento legal indica que una vez entregado el dictamen de la Sección Instructora a la Mesa Directiva (el 11 de mayo pasado), el Presidente de la Cámara anunciará que ésta debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber a la inculpada y a su defensor, así como al Ministerio Público (artículo 26).

La ley remite en el artículo 27 al procedimiento que marca el artículo 20, que a su vez nos remite al 18, en  donde se indica que “la Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes (énfasis propio)” a la entrega del Dictamen.

El término a que se refiere el párrafo anterior ya se cumplió, y la única posposición que podría aceptarse sería esperar a que esta Comisión Permanente acuerde hacer la convocatoria al periodo extraordinario en cuestión.

La ley es clara cuando dice que “en ningún caso podrá dispensarse un trámite” de los establecidos en el procedimiento (artículo 32).

Esto implica que a los argumentos legales no se pueden anteponer intereses o situaciones particulares, sean políticas o de partido, al cumplimiento de la ley.

A los retrasos que se han tenido en la aprobación de otros temas, como los relativos a la legislación secundaria en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, no podemos añadir la posposición de una tarea jurisdiccional depositada en la Cámara de Diputados, cuyo cumplimiento no está sujeto a condicionamientos de ninguna naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 4º, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda convocar a la Cámara de Diputados para la celebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que se aboque a la resolución del asunto urgente que se enuncia en el presente acuerdo.

SEGUNDO.- El periodo de sesiones extraordinarias iniciará el jueves 19 de mayo del presente año y concluirá una vez que se hayan resuelto los asuntos legislativos que establezca la convocatoria.

TERCERO.- La convocatoria que emita la Presidencia de la Mesa Directiva contemplará como asunto a resolver durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la Declaración de Procedencia, en contra de la C. Lucero Sánchez López.

CUARTO.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el artículo Tercero de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones  de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Omar Ortega Álvarez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Se ha solicitado el trámite de urgente resolución.

Sonido en el escaño del Diputado Ramírez Marín.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera pedirle al orador si estaría de acuerdo en que el trámite que se le diera, fuera el que se acordó en el dictamen de la Primera Comisión hace unos minutos, donde precisamente lo acordado en ese dictamen fue que todas las solicitudes de periodo extraordinario se turnaran a las respectivas Juntas de Coordinación Política.

Entendemos la postura del Diputado Omar Ortega.

Está en curso lo que ya sabemos que está en curso. Ojalá aceptara que éste fuera el trámite.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta la propuesta, Diputado Ortega?

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, conforme al Acuerdo que este Pleno ha votado.






Se concede el uso de la palabra a la Diputada Sharon Cuenca Ayala, a nombre de Diputados del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México para suspender toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre, cuando se decrete la fase 1 de la contingencia ambiental.

La Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy estoy para presentar un punto de Acuerdo haciendo un exhorto a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación a lo acontecido el fin de semana, vinculado con el tema del medio ambiente y la contaminación.

Como todos sabemos, el pasado domingo por primera vez, en estas nuevas medidas al medio ambiente, se aplicó el Doble Hoy No Circula, en su fase 1.

Esto no sucedía desde 1989, lo que nos da un indicador de la calidad del aire, de cómo ha ido empeorando y que las medidas no han sido eficientes.

La CAMe ha dictado diversas medidas cuando se aplica esta fase, entre ellas, como ya sabemos, el Doble Hoy No Circula. Sin embargo, también nos damos cuenta que hay diversas actividades al aire libre que persisten, tales como actividades masivas de carácter deportivo o recreativo.

Hay que cuidar a los grupos más vulnerables, como son los ancianos, los niños y las personas enfermas, toda vez que este tema de la contaminación tiene grandes afectaciones a la salud.

Voy a hacer referencia a unos datos dados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quien el pasado mes de marzo mencionó que en el Valle de México mueren alrededor de 20,500 personas al año por causa de la contaminación, y las afectaciones más comunes son las enfermedades respiratorias agudas y crónicas.

Asimismo, el Secretario de Salud de esta ciudad, Armando Ahued Ortega, ha señalado que los casos de enfermedades respiratorias han crecido entre el 8 y 10 por ciento

Evidentemente esta situación preocupa toda vez que hay datos de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que 1.3 millones de personas en el mundo fallecen también a causa de la contaminación atmosférica.

Dicha organización considera que la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud y que se vincula, evidentemente, a muertes prematuras por enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y enfermedades del corazón, respirar estos niveles de contaminantes debe considerarse de manera seria,

Como ya lo había referido, niños, personas de la tercera edad, adolescentes y enfermos crónicos son los grupos de la población que más les afecta esta crisis; sin embargo, debemos preocuparnos por todas las personas que habitamos y que visitan esta ciudad.

Y en este tenor, la CAMe ha señalado diversas medidas preventivas para salvaguardar a los grupos vulnerables, por ejemplo, permanecer al interior de las casas o de los lugares en las horas cuando haya mayor contaminación y evitar toda actividad al aire libre.

Estas medidas se dirigen también a los deportistas y a la población en general; sin embargo, como ya referí, nos damos cuenta cuando salimos a la calle que no se han tomado las medidas necesarias.

El punto de Acuerdo que estoy presentando exhorta a los jefes de las delegaciones, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, así como al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, para que apliquen las medidas necesarias y que se suspendan todas las actividades, especialmente las que son masivas, recreativas y deportivas, para salvaguardar la salud de todas las personas que estén en la Ciudad de México.

Reconocemos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México, donde conjuntamente con la CAMe han dispuesto diversas acciones en la materia; sin embargo, consideramos en el Partido Verde que todavía hay mucho por hacer para atender este problema.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.

Quien suscribe, Diputada SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA, a nombre de los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE; A LA SECRETARÍA DE SALUD; AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y A LAS JEFATURAS DELEGACIONALES, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA DE CARÁCTER MASIVO AL AIRE LIBRE CUANDO SE DECRETE LA FASE 1 DE CONTINGENCIA AMBIENTAL, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho humano a la salud es una prioridad para cualquier gobierno; implementar medidas de prevención y protección forma parte de una estrategia integral que permite cuidar a todos los sectores de la población.

Durante los últimos meses la Ciudad de México donde viven casi 9 millones de habitantes1, ha sufrido los estragos de la contaminación lo que ha ocasionado diversas medidas de prevención por parte del Gobierno de la Ciudad de México.  

La niñez, los adolescentes, las personas de la tercera edad, y los enfermos crónicos son los grupos de la población que más les afecta la mala calidad del aire ocasionado por contaminantes que propician la contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Por tal motivo la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ha señalado cuando se decreta la fase 1 de contingencia ambiental que estos grupos permanezcan:

• En interiores en las horas de máxima concentración, y

• Que eviten las actividades deportivas al aire libre.

También estas medidas son dirigidas para los deportistas y la población en general, ya que se les recomienda se abstengan de realizar ejercicio en exteriores o desarrollar actividades que requieran un esfuerzo vigoroso.2

A pesar de ello, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) mencionó en el mes de marzo que en el Valle de México mueren alrededor de 20 mil 500 personas al año por causa de la contaminación. Las afectaciones más comunes son las enfermedades respiratorias agudas y crónicas.

En este sentido, el Secretario de Salud de la Ciudad de México, el Dr. Armando Ahued Ortega señaló que los casos de enfermedades respiratorias asociadas a la polución han crecido entre 8 y 10% en las últimas semanas.

Preocupa esta situación debido a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revelan que 1.3 millones de personas en el mundo fallecen a causa de la polución atmosférica urbana, ocurriendo estos casos con más frecuencia en países en desarrollo. Dicha organización considera que la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud, ya que se vincula con muertes prematuras por diversas enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y enfermedades del corazón.

Respirar estos altos niveles de contaminantes debe considerarse de manera seria. La OMS ha sido muy clara al precisar que estar expuestos aumenta los casos de las enfermedades referidas.

Los más vulnerables son niños y ancianos, pero nadie queda exento. Las personas que estén expuestas a concentraciones de ozono altas pueden padecer dolor de cabeza, irritación en las vías respiratorias, ardor de ojos y diversos daños a la salud.

Es de reconocerse los esfuerzos por parte del Gobierno de la Ciudad de México donde conjuntamente con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) han dispuesto las siguientes acciones:

• Las autoridades de tránsito y vialidad establecerán operativos para agilizar el tránsito vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México.

• Las autoridades ambientales incrementarán la vigilancia mediante el Programa de Vehículos Contaminantes en la Zona Metropolitana.

• Se suspenderán las actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, así como en instalaciones que no cuenten con casetas de pintura.

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los sectores industrial y de servicios que utilicen productos orgánicos volátiles sin control de emisiones.

• Se suspenderán actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente.

• Las dependencias y entidades de la administración pública local deberán intensificar la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas. Deberán reforzar el combate de incendios activos.

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, en coordinación con las autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos.

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto o en chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo.

• Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles  que no cuenten con equipo de control.

• Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos o sus derivados que no cuenten con equipos de control.3

Por eso en el Partido Verde estamos convencidos que se debe ir más allá, cuando se decrete la fase 1 de la contingencia ambiental, incluir en las restricciones medidas protectoras de la salud de las personas que habitan y visitan la zona Metropolitana del Valle de México, por ejemplo, suspender todo paseo ciclista (en especial los masivos) así como la exposición de los niños y ancianos  en los parques. Lo anterior, con la intención de resguardar la salud. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente; a la Secretaría de Salud; al Instituto del Deporte y a las Jefaturas Delegacionales, todos de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, suspendan toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre cuando se decrete la fase 1 de contingencia ambiental.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 18 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

1 INEGI, 8, 918.653

2 http://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/comunicado-de-prensa-31310

3 Ídem

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Cuenca Ayala.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior y el resolutivo Décimo Sexto de nuestro Acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, desde su escaño, para referirse a la proposición.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Yo solamente le pediría a la proponente, si pudiésemos agregar en el resolutivo, viendo, pues, muy bien este punto de Acuerdo porque es fundamental que los jefes delegacionales hagan lo necesario para suspender toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre.

Pero yo quiero recordar que el domingo pasado por primera vez tuvimos en la Ciudad contingencia ambiental y desafortunadamente, pues no fue cancelado el paseo ciclista, el paseo dominical, entonces si pudiésemos agregar en su resolutivo una adición, que diría algo así: “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, de llevarse a cabo contingencia ambiental, se suspenda el paseo dominical y las actividades al aire libre”.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo, Senadora, que la propuesta que está usted presentando es incorporar dentro de las autoridades señaladas en el exhorto al Jefe de Gobierno y precisar como actividad recreativa el paseo dominical.

La Senadora Mariana Gómez del Campo ha solicitado, ha propuesto dos adiciones: incorporar al Jefe de Gobierno como destinatario del exhorto y la precisión sobre el paseo dominical, como una de las actividades recreativas a las que se exhortaría suspender en el caso de que hubiera contingencia ambiental.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admiten las dos propuestas que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señora Secretaría.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo desearía tener claro, o que la Asamblea tuviera claro qué es lo que estamos resolviendo.

Perdón, no puse mucha atención, porque luego así suceden cosas.

Si pudiera la Presidencia o la propia Senadora Mariana Gómez del Campo, decirnos cómo sería el texto completo de lo que se va a votar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo, en el entendido de que estamos en el trámite de admisión de esa propuesta.

Dé lectura tanto al texto original de la proposición presentada por la Diputada del Partido Verde Ecologista de México, como la adición de la Senadora Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Daré lectura a la propuesta original que dice así:

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, al Instituto del Deporte y a las Jefaturas Delegacionales, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, suspendan toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre, cuando se decrete la fase 1 de contingencia ambiental”.

Y el segundo agregado, diría lo siguiente:

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, en caso de la contingencia ambiental, se suspenda el paseo ciclista dominical”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Serían dos resolutivos, el primero sobre actividades recreativas de forma genérica y un específico al paseo dominical.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Senadora Mariana Gómez de Campo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se aprueba la propuesta de adición. En consecuencia, está a discusión con las inclusiones y adiciones por la Senadora Gómez del Campo.

¿Algún orador? Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

La verdad es que hay que reconocer que por lo menos en este cuerpo colegiado hay voluntad y hay preocupación de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, y las contingencias ambientales que ya han traído como resultado enfermedades a muchos ciudadanos de esta zona, en especial a las personas de la tercera edad, a los niños, problemas que están relacionados con enfermedades de las vías respiratorias, y que ya ha determinado el sector salud que la contaminación, pues trajo como consecuencia, la muerte de por lo menos 25 mil personas al año.

Si no se toman decisiones contundentes, pueden ser que no sean del agrado o no sean decisiones que puedan tener la simpatía de la ciudadanía, lo que estamos haciendo aquí es tomar una decisión con responsabilidad, porque de lo que se trata es de salvaguardar la salud de los ciudadanos.

Por eso felicito a la autora de la propuesta, la Diputada Sharon, porque muestra que el Partido Verde Ecologista, grupo parlamentario al que ella pertenece, está preocupado por el tema.

Entonces, obviamente, anticipo mi voto a favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la anterior propuesta presentada con las modificaciones previamente presentadas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se recibió en la Mesa Directiva, la proposición del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a diversas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en materia de contraloría social, misma que se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal del grupo parlamentario Encuentro Social de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los regímenes democráticos, la participación ciudadana no solo se limita a ejercer su voto, sino que también implica el ejercer su derecho a la participación individual o colectiva en la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

En este sentido, la Ley General de Desarrollo Social establece que el Gobierno Federal debe impulsar la Contraloría Social como mecanismo que tienen los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos. (LGDS, art. 69 y 70)

Los comités de contraloría social tienen las funciones de: i) solicitar información a los distintos órdenes de gobierno respecto a los programas presupuestarios, obras y acciones que se realizan con recursos públicos federales, ii) vigilan que la aplicación de los recursos se haga de acuerdo a la normatividad y de manera transparente, iii) emitir informes respecto al desempeño de las políticas públicas, iv) atender, investigar y presentar quejas y denuncias ante las autoridades correspondientes para que, en su caso, haya el fincamiento de responsabilidades. (Ibídem, art. 71)

La labor que realiza la contraloría social es fundamental para prevenir actos de corrupción, que lamentablemente son frecuentes en la prestación de bienes y servicios públicos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG), el 48% de los mexicanos mayores de edad que habita en ciudades de 100 mil habitantes y más consideran el problema de la corrupción en tercer lugar, solo detrás de la inseguridad y desempleo. En este sentido, 3 millones, 643 mil, 589 mexicanos experimentaron algún acto de corrupción en los trámites que realizaron.

Por su parte, Ejecutivo Federal reconoció en el Programa Transversal un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, a la sociedad como el pilar en el que debe diseñarse y ejecutarse la política pública, lo cual implica incluir su participación activa en los asuntos públicos para atender sus demandas y resolver sus principales públicos.

Para ello, se requiere hacer uso de las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.

De este modo, para fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención de la corrupción, se establecieron las líneas de acción: i) incorporar a la contraloría ciudadana al diseño, seguimiento y evaluación de las    políticas pública, ii) incentivar la contraloría en las obras púbicas realizadas con gasto federalizado

Sin embargo, los resultados no han sido del todo alentadores. La Auditoria Superior de la Federación practicó un procedimiento en materia de Contraloría Social a los Programas Federales de Desarrollo Social 2014 se señala lo siguiente:

De un total de 112 Programas Federales de Desarrollo Social:

• En 16 correspondientes a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), no hubo acciones de contraloría social.

• De los 96 restantes, solo el 51% (49 programas) contaron con esquemas de contraloría social.

A partir de ello se determinó una muestra de 22 programas que ejercieron un monto $165,299.89 millones de pesos federales, en las siguientes Secretarias: Educación Pública1 (7 programas), Educación Pública2 (3 programas), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano3 (4 programas), Medio Ambiente y Recursos Naturales4 (2 programas) y Desarrollo Social5 (6 programas) que operan en 7 entidades federativas6 para verificar la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social, de manera que se coadyuve, con su fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de los recursos y acciones de dichos programas, así como a mejorar su transparencia y rendición de cuentas.

De lo anterior se tiene que en 2014 se constituyeron 54,901 comités de contraloría social, de los cuales se examinaron 1,651 comités para los fines de la revisión de la Superior de la Federación, los resultados fueron los siguientes:

• El 45% (754 comités), no se constituyeron oportunamente o no se pudo confirmar su conformación a tiempo, por lo que no les fue posible realizar sus actividades de supervisión adecuadamente.

• El 43% (712 comités) no hubo evidencia de que fuesen capacitados, limitando sus capacidades para realizar sus funciones.

• El 78% (1,287 comités) no se realizaron reuniones adicionales a las que fueron conformados, por lo que no tuvieron oportunidad de expresar sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias y peticiones.

• El 68% (1,120 comités) no fueron constituidos equitativamente entre hombres y mujeres.

• El 53% (829 comités) no elaboraron la totalidad de cédulas de vigilancia, en las cuales se registran los resultados de las supervisiones que realizan los comités en términos del cumplimiento de metas, tiempos de ejecución de las obras y acciones, utilización de los programas con fines políticos, electorales, de lucro, entre otros aspectos.

• Solo el 8% (4,582 comités) de un total de 54,901 comités, sólo fueron registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social, herramienta que permite registrar los comités y las actividades de promoción que realizan las Unidades Responsables de los   Programas sus Delegaciones o representaciones en los estados, así como los ejecutores del gasto.

De lo anterior, se puede determinar que esta importante estrategia de participación ciudadana no funcionó adecuadamente, por lo que es necesario fortalecerla e impulsar su implementación, a modo de que constante que las obras y servicios les llegan de manera oportuna, completa y que los recursos públicos federales se ejerzan de manera transparente. Hay que recordar que para el presente ejercicio fiscal el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tiene  inventariado 152 programas presupuestarios con un monto original de 953, 447.88 millones de pesos.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que mejore sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Salud, Secretaría de Energía, Secretaria de Turismo, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Educación Pública, y Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que fortalezcan e implementen esquemas de contraloría social en los programas de desarrollo social que tienen a su cargo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.

1 i) Programa Nacional de Becas. Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención), ii) Programa Escuelas de Calidad, iii) Programa Escuelas de Tiempo Completo, iv) Programa Escuela Segura, v) Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, vi) Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica y vii) Programa Deporte

2 i) Programa Caravanas de la Salud, ii) Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable y iii) Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

3 i) Programas Vivienda Digna, ii) Programa de Vivienda Rural, iii) Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) y iv) Programa Hábitat

4 i) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y ii) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

5 i) Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), ii) Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), iii) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), iv) Programa de Empleo Temporal (PET), v) PROSPERA Programa de Inclusión Social, vi) Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM)

6 I) Baja California; ii) Chiapas; iii) Chihuahua; iv) Guanajuato; v) Jalisco; vi) Tabasco  y vii) Veracruz






Daremos cuenta de tres Acuerdos de la Mesa Directiva. Ruego su atención para votarlos de manera económica y finalizar esta sesión.

Dé lectura la Secretaría a los tres Acuerdos de la Mesa Directiva.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al primer Acuerdo.








El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con el segundo, por favor.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al segundo Acuerdo.








El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé cuenta con el último, por favor.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al tercer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Algún legislador desea reservarse para discusión alguno de los tres Acuerdos propuestos por la Mesa Directiva? Al no haber solicitud de reserva, se someten a votación en un solo acto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ASÍ COMO EQUIDAD Y ACCESO AL MERCADO LABORAL, DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CUIDADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco Jurídico

Que, los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirman el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos;

Que, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) cuya importancia radica en haber sido fundacional en materia de derechos de las mujeres, en su considerando décimo tercero resalta “el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto”;

Que, el Artículo 3 de dicha Convención insta a los Estados Partes a tomar en todas las esferas, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre;

Que, el tercero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados en 2000 por 189 Estados miembros delas Naciones Unidas, promueve la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer;

Que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará") en su artículo 6, literal b) establece que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;

Que, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (1981) en su artículo 4 literal b) señala que, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social; así como el Convenio 189 de la OIT, que ofrece protección específica a las y los trabajadores domésticos.

Que, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing en 1995, a través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, reconoció en su párrafo 156 que: “La mujer sigue realizando también la mayor parte de la labor doméstica y de la labor comunitaria no remunerada, como el cuidado de los niños y de las personas de más edad, la preparación de alimentos para la familia, la protección del medio ambiente y la prestación de asistencia voluntaria a las personas y los grupos vulnerables y desfavorecidos. Esta labor no se suele medir en términos cuantitativos y no se valora en las cuentas nacionales. La contribución de la mujer al desarrollo se ve seriamente subestimada y, por consiguiente, su reconocimiento social es limitado. La plena visibilidad del tipo, el alcance y la distribución de esta labor no remunerada contribuirá también a que se compartan mejor las responsabilidades”;

Que, la Acción estratégica VI. literal c) del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001) ha recomendado a los Estados: “Realizar estudios y establecer mecanismos que permitan cuantificar la contribución y el valor económico del trabajo no remunerado delas mujeres, especialmente las tareas domésticas, su participación en la agricultura y la alimentación y en la crianza de los hijos, e incorporar ese aporte a las cuentas nacionales”;

Que, la Acción estratégica VI. literal i) del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001) ha exhortado a los Estados a: “Promover y alentar la participación de la mujer y el hombre en pie de igualdad, alentando medidas tales como las licencias familiares para mujeres y hombres, de modo que tengan más posibilidades de equilibrar sus responsabilidades domésticas y publicas”;

Que, la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer y el Consenso de Brasilia adoptado en el marco de dicha Conferencia (2010) llama a los gobiernos a: “1.a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado;

Que, la problemática de la economía de cuidado y el trabajo no remunerado requiere atención urgente por los Estados, procurando la creación de políticas públicas de educación que impulsen la corresponsabilidad dentro de la familia y la sociedad, dado el conflicto distributivo que se presenta entre la producción y la reproducción; entre las condiciones de vida de las proveedoras y los modos en que la sociedad sostiene (ono) los costos de un cuidado del que se beneficia cotidianamente.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° determina que: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.1

Que en su artículo 3°, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.2

Que es su artículo 4°declara que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Así como que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.3 Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; y que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Además, el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.4

Que nuestra Carta Magna en su artículo 26, inciso A, señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Que el 20 de mayo de 2013 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno Federal para la presente administración.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Que la meta de México Incluyente, propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Que esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, cómo el agua potable, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.5

Que de igual manera, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 6 fracción III, que son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública pertinente para tal efecto.

Que la Ley de Asistencia Social en su Capítulo II que determina quienes son sujetos de la asistencia social en su artículo 4° señala que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.6

Que, la Ley General de Educación en su artículo 32 determina que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.7

Que dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.

Que en su artículo 33 señala que para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo el otorgamiento de apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.

Por último, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores determina que la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

La antedicha Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores diversos derechos entre los que destaco el de recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales, así como que las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores (artículo 5).8

Además, dentro de sus objetivos de ésta Ley está el impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas.9

Necesidad de Cuidados

La dependencia es una necesidad natural y un riesgo constante en la vida del ser humano. Las personas pueden necesitar cuidados de otros debido a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad para llevar a cabo el cuidado personal básico o tareas que se deben realizar todos los días.

Aproximadamente 470 millones de personas viven en el mundo con algún tipo de impedimento para desarrollar alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales, mentales, físicas o sensoriales.

Además, una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente pues dedican parte de su tiempo a atender o coadyuvar a resolver las necesidades de las personas en esta condición, como las personas que cuidan de ellas o los familiares. Es decir, que aproximadamente cuatro de cada diez personas se ven involucradas resolver necesidades prioritarias de personas con capacidades diferentes, o recibir las mismas.

En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 5,739,270 personas con capacidades diferentes, que representan el 5.13% de la población total. Con limitaciones motoras existían en 2010, 3,345,994; visuales 1,561,081; auditivas, 694,452; de comunicación 476,359: para atender el cuidado personal 315,660; de aprendizaje 252,528 y mentales 487,838. Cabe señalar que una persona puede tener más de una de estas condiciones. Además hay que sumarle que por cada 100 personas en edad productiva en ese año, existían 45, dependientes por edad.10

La mayoría de las personas que han visto modificadas sus capacidades, la han sufrido durante el transcurso de su vida (80% aproximadamente), principalmente por alguna enfermedad, lesión o por el deterioro en la vejez.11

El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario de que familiares o amigos deban de asistirlas y velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes.

Cabe señalar que las familias en general y las mujeres en particular, familiares de las personas con necesidad de asistencia personal, enfrentan situaciones más complejas que el resto de la gente, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, o a labores que generalmente no realizarían en hogares donde no se presentan estas condiciones, incluso por cuestión de tradición cultural muchas veces.

Estas circunstancias resultan más apremiantes ante las falta de políticas públicas que atiendan de manera directa y general estas necesidades.

Trabajo de Cuidados

El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o como apoyo de una persona dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido ni valorado en nuestro país.

Se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae sobre las mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo de cuidados al interior de sus hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.12

Aun con su alto valor social y económico, los trabajos domésticos y de cuidados en los hogares no se han reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México indican que dicho trabajo representó el 21.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, lo que equivale a todo lo generado por los sectores agrícola, comercio y corporativos juntos en el año 2012, por lo que se distingue como el grupo de actividades de mayor peso económico, con una aportación femenina del 74.1% (INEGI, 2012).13

Discriminación Laboral

Una forma generalizada de discriminación laboral se da por la edad. Además, las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física, abuso sexual y discriminación salarial.

Incluso es normal que se acumulen las formas discriminatorias; pues como anteriormente se mencionó, las mujeres padecen discriminación salarial. Esta brecha es definida por la OCDE como la “diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino.”

Dicha brecha tiene que ver, entre otras cosas, por la segregación de las mujeres primero, en el ámbito educativo y, como consecuencia, en el ámbito laboral, pero que también tiene que ver con las cuestiones familiares y el encasillamiento de las mujeres en diversos roles de género.

En todo el mundo, más mujeres son parte de la fuerza de trabajo en los años recientes, pero por lo general experimentan más dificultad que los hombres en encontrar un primer trabajo, ganar el mismo salario que los hombres y es más probable que sólo trabajen medio tiempo.

Además de lo anterior, es de hacerse notar que las cifras por lo general, ocultan el aporte no monetario de las mujeres pobres en sus hogares, en donde además de soportar toda la carga doméstica, se enfrentan con carencias básicas como la falta de agua, servicios de drenaje, combustibles, y servicios sociales.

El Informe de la OCDE sobre la Brecha Salarial por Género, señala que en regiones como Sudamérica, las expectativas educacionales de las niñas aumentan a un ritmo más rápido que el de los niños, y al mismo tiempo aumenta su desempeño académico. De este modo, una vez que las niñas tienen acceso a más educación, éstas aventajan a los hombres en calificaciones, evaluaciones y finalización de estudios. Lo mismo sucede en México, en donde resalta que las mujeres (46.6%) han logrado concluir al menos un grado en estudios medios y/o superiores, a diferencia del 43.9% de los hombres. No obstante lo anterior, esto no se traduce en menores tasas de desocupación, inserción laboral ni remuneración más altas para las mujeres.14

Existen diversos factores que contribuyen a que persista una brecha salarial:

1. Las mujeres suelen trabajar menos jornadas de tiempo completo, ya que esto facilita la combinación de responsabilidades entre trabajo y familia, aunque esto repercuta en su carrera a largo plazo y en sus expectativas de ingreso.

2. Por lo general, trabajan en ocupaciones peor pagadas;

3. Muchas veces, trabajan sin retribución;

4. El tener hijos y envejecer afecta el patrón de trabajo de las mujeres y con ello, sus ingresos, y

5. Las mujeres siguen llevando la carga de las responsabilidades domésticas y de la familia, aún cuando trabajan de tiempo completo.

En adición a esto, las mujeres también enfrentan segregación vertical, en donde las oportunidades para avanzar en su carrera son menores. Así, tenemos que en los países de la OCDE menos de un tercio de mujeres tienen un puesto directivo, ya que en general, las mujeres enfrentan más obstáculos para la promoción y para alcanzar los niveles más altos en el mundo corporativo a diferencia de los hombres.

Otro de los factores a tomar en cuenta es la maternidad y la edad. De este modo, la brecha salarial es menor para las mujeres jóvenes, pero hay una pena salarial para la maternidad. Esta pena se podría explicar por el hecho de que las mujeres trabajan menos horas en trabajos que pagan menos que a los hombres; sin embargo, los estudios demuestran que los salarios de los hombres son más altos que los de las mujeres incluso entre los trabajadores de tiempo completo.

El Informe de la OCDE menciona que en México, Hungría y Nueva Zelanda, la brecha salarial por género en ingresos medios es relativamente menor – entre 5% y 7% en 2010, comparado con Japón donde alcanza un 29%.15

Aunado a lo anterior existen casos extremos, debido a la discriminación por género, las mujeres con discapacidad son más vulnerables a sufrir una triple discriminación: por ser mujeres y con discapacidad y además discriminadas por ser pobres.16

Sin embargo hay una realidad que debemos atender, y es que principalmente las mujeres, quienes llevan la mayor carga del trabajo de cuidados temporal o semipermanente, por atender a los hijos, a familiares enfermos o con capacidades disminuidas, o también en el caso de personas solidarias, en un momento de su vida se ven con la posibilidad o necesidad de reintegrarse al mercado laboral, pero que desafortunadamente se enfrentan a ser víctimas de padecer una brecha salarial por factores como la edad, género o incluso desactualización profesional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. al III …

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, media superior y superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres y personas que hayan desempeñado trabajo de cuidados;

V. al XVII …

Artículo 34.- …

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social recorriéndose la subsiguiente.

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, así como quienes desempeñen de manera regular o permanente trabajos de cuidados.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. XI. …

XII. Personas que desempeñen de manera regular o permanente trabajos de cuidados en beneficio de familiar o persona con algún tipo de discapacidad o necesidades diferentes;

XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERO.- Se reforman los artículos 11, 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, la minusvalía salarial, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

ARTÍCULO 45.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. … III. …

IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la alfabetización y al acceso, permanencia, terminación y actualización de estudios en todos los niveles. A través de la obtención de becas y otras subvenciones;

V.

VI. …

ARTÍCULO 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. …

II. Garantizar la igualdad salarial al desempeñar el mismo trabajo.

III. XII. …

CUARTO.- Se reforman la fracción VIII del artículo 17 y fracción VI del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

TÍTULO III

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

I. … VII. …

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres poniendo especial atención a la justa distribución y reconocimiento del trabajo de cuidados;

IX.  … al  XII. …

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Al IV. …

V. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud, y

VI. Promover acciones y programas, así como campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Ibid.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

6 Ley de Asistencia Social

7 Ley General de Educación

8 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

9 Ídem.

10 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa de limitación en la actividad para cada tamaño de localidad y sexo. [En
línea]:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484

11 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa de limitación en la actividad para cada tamaño de localidad y sexo. [En línea]:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

12 Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013.

13 Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres

14 Brecha Salarial de Género. Continente Americano. Senado de la República, LXII Legislatura [En Línea]: http://www.feminamericas.net/ES/documents/BRECHASALARIALENELCONTINENTEAMERICANOok.pdf

15 Ídem

16 El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades. OIT. Suiza, 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Elida Castelán Mondragón, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El juicio político, es un procedimiento jurisdiccional donde interactúan un acusador, un acusado y un órgano de decisión que dirime la controversia.

El procedimiento da inicio a partir de una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, la instrumentación del procedimiento jurisdiccional recae en el Poder Legislativo; sobre quien recae la responsabilidad de investigar las conductas denunciadas, contra los servidores públicos, a efecto de determinar la responsabilidad política de los mismos, y la sanción correspondiente. Al respecto, el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

El objeto del juicio político, es destituir de su cargo a los altos funcionarios públicos que hayan hecho mal ejercicio de su encomienda pública; para lo cual, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados  se erige en el órgano investigador y acusador, mientras que el Senado  se constituye en jurado de sentencia; así pues, el juicio político, es un acto administrativo revestido con la solemnidad de un juicio.

El Senado de la Republica al erigirse en jurado de sentencia realiza un acto meramente jurisdiccional, pues se encuentra obligado a guardar las formalidades y la solemnidad que exige cualquier procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, por el carácter de las sanciones que se imponen-destitución e inhabilitación- tiene un carácter puramente administrativo.

El Titulo Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,  establece el procedimiento que se deberá seguir ante el Congreso de la Unión para el juicio político. Al respecto, el artículo 5 y 6 del mencionado ordenamiento, establece los sujetos objeto de juicio político y los actos u omisiones por lo que procederá el mismo; los cuales, a la letra dicen:

ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

En el mismo sentido, los artículos 8 y 9 hacen referencia a la naturaleza de las sanciones previstas para el juicio político; además, de establecer, que cualquier ciudadano puede presentar la denuncia; al respecto, dichos ordenamientos, indican  lo siguiente:

ARTÍCULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

ARTÍCULO 9o.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena.

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

De esta manera, el artículo 10 de la Ley establece  las facultades que ambas cámaras tendrán dentro del procedimiento del  juicio político; mismo, que a la letra dice:

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

Sobre el particular, resulta necesario la actualización del segundo párrafo del artículo 10 de la Ley; toda vez, que actualmente ya no existe como tal la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales.

De igual forma, el artículo 12 en el inciso e), hace referencia a la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales; señalado lo siguiente:

ARTÍCULO 12.- La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara. 

La Comisión de Gobernación es, junto con las comisiones de Hacienda y de Defensa, la más antigua y de mayor duración en el Congreso mexicano; ahora bien a lo largo de su existencia su denominación ha variado y aumentando o disminuyendo los temas a su cargo; aunque nunca ha dejado de tener a su cargo, el análisis de la política interior de nuestro país; lo mismo ha ocurrido con la Comisión de Justicia; la cual no siempre ha conservado la misma designación.

Con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de septiembre de 1999; se separó la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales, dando paso a las Comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.

Pocos meses después, como resultado del acuerdo para la Subdivisión y Creación de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, del 29 de septiembre de 2000; nuevamente, se separó a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública en dos: Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Como consecuencia del grave deterior que en materia de seguridad ha venido padecido nuestro país en los últimos años, se hizo necesario fortalecer el tema de la seguridad pública en el quehacer legislativo; derivado de lo anterior, se tomó la decisión de dividir en dos a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Lo anterior, fue posible gracias a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003; con dicha reforma, se buscó dar especial atención al tema de seguridad pública y mantener la congruencia entre la organización de la administración pública federal y la estructura de comisiones en la Cámara de Diputados.

De igual manera, la nominación de la Comisión de Justicia, ha sido reformada en diversas ocasiones, todavía durante la LVIII Legislatura era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En este sentido, resulta necesario reformar el artículo 10  y 12 de la Ley se Responsabilidades de los Servidores Públicos, para establecer que las comisiones encargadas de la sustanciar el procedimiento de juicio político, sean aquellas comisiones encargadas de la política interior del país y la que se ocupa de las instituciones de procuración, administración de justicia y de los procesos jurisdiccionales.

Con lo cual,  se busca dar certeza y garantizar de manera muy puntual que serán esas comisiones, las que se encargaran de la sustanciación del juicio político, sea cual fuere el nombre que adopten las mismas.

DECRETO

Único: Se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones encargadas de las carteras de política interior del país y de procuración y administración de justicia y procedimientos jurisdiccionales; sea cual fuere el nombre que adopten las mismas, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

ARTÍCULO 12.- La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones previstas en el artículo 10, para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del PRI)

CIRILO VÁZQUEZ PARISSI y YAHLEEL ABDALA CARMONA, Diputados Federales, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México viven 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, de los cuales 32.4% están en la primera infancia (0 a 5); 33.7% en edad escolar (6 a 11 años) y 33.9% son adolescentes (12 a 17 años).

Por su parte, UNICEF México reporta a través de indicadores del CONEVAL que 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza; de los cuales, 4.6 millones estaba en pobreza extrema en 2014. Cuyas principales carencias, las constituyen la falta de acceso a la seguridad social (62.6%), seguida por la carencia a acceso a la alimentación (27.6%).

Más preocupante es la tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años de acuerdo a la Dirección General de Información en Salud de la Secretaria de Salud, para el 2013 fue de 5.7 por cada mil nacidos vivo. Siendo la región sur del país, la zona geográfica que presenta elevadas cifras de mortalidad infantil por la falta de recursos y condiciones para garantizar a la niñez el acceso a servicios básicos, integrales y especializados de salud.

La población de 0 a 1 año de edad es el grupo con mayor incidencia de la carencia por acceso a los servicios de salud (23.3 por ciento), según el diagnóstico sobre pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, elaborado por UNICEF y CONEVAL. El informe estima que la primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo, en la que un ejercicio pleno de todos los derechos es fundamental para garantizar un adecuado desarrollo físico y mental. Además, advierte que existen programas públicos de corte universal orientados directamente a la provisión de servicios de salud para esta población, por considera indispensable impulsar estrategias que refuercen el acceso a los servicios de salud.

Un esfuerzo plausible por brindar mejores oportunidades de desarrollo es la reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para alcanzar la universalización del servicio de salud para estudiantes de educación media  superior y superior, beneficiando a 7 millones de jóvenes. Sin embargo, aún sigue estando pendiente el fortalecer las acciones que garanticen el pleno goce de los derechos de la niñez como compromiso ineludible con las futuras generaciones de mexicanos.

El esa tesitura, el 4 de diciembre de 2014, se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre cuyos propósitos se pretende incidir positivamente en la integración de los más altos estándares internacionales en  materia de protección y tutela del interés superior del menor.

La Ley en comento, en palabras de Isabel Crowley, Representante UNICEF en México, marca un hito en la historia del país al colocar a la niñez y adolescencia como un asunto prioritario en la agenda pública, a la cual esta Legislatura debe honrar, para invertir el tiempo y los recursos necesarios para capitalizar los cometidos de tan noble proyecto.

Uno de esos cometidos debe orientarse en garantizar el presente y futuro para cerca de 2.2 millones de niños y niñas que nacen al año en México, fomentando la equidad en el acceso y goce a los servicios de salud, impulsando iniciativas y políticas que tiendan a hacer realidad el derecho de todo niño y adolescente a la protección de su salud y a la seguridad social gratuita, no discriminatoria y de calidad.

El Decreto 839 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, es un vivo ejemplo de construcción normativa que garantiza la protección y la asistencia de los servicios de salud desde la primera edad, estableciendo medidas para salvagurdad el derecho a la vida, incluyendo la pronta atención médico – quirúrgica en los centros públicos y privados de salud, servicios que proveerá gratuitamente entre los que se enumera: de consultas, medicinas, exámenes, prótesis, la implementación de programas para la utilización terapéutica de órganos o tejidos humanos u otros elementos necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la niña, niño o adolescente.

El Estado de Carolina del Norte, en la Unión Americana, es otro ejemplo de acierto gubernamental en pro de atender las necesidades y rezagos que padece la población infantil, al garantizar mediante acciones programáticas que ningún niño se quede sin asistencia médica gratuita o a bajo costo, mediante le programa “HealthCheck√ (Medicaid) o NC HealthChoice”.

Siguiendo este orden de ideas, desde 1946 la Organización Mundial de la Salud reconoció y definió el derecho a la salud como: “el Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objetivo social”. Derecho humano consagrado en el cuarto párrafo del facultativo 4º constitucional, que si bien se entiende como una obligación del Estado hacer efectivo su cometido, hasta ahora su pleno goce se sujeta a la cláusula expresa de definir en leyes secundarias las bases y modalidades para el acceso a dicho servicio.

Ahora bien, el autor colombiano Rodolfo Arango1 nos dice que, si bien “el concepto de salud, en cierto grado, está culturalmente condicionado”, en la mayoría de las legislaciones como lo demuestra la  evidencia empírica, la negación de un nivel mínimo de asistencia médica y de medicamentos puede ser contraria a la vida digna de un individuo.

Así, en México, el derecho de atención a la salud, como categoría subjetiva constitucional, comprende un marco de seguridad a la familia y la protección de la sociedad, que incluye el bienestar físico y mental del ser humano; la asistencia para el adecuado desarrollo desde antes del nacimiento, y el mejoramiento de su calidad de vida, que bien valdría la pena reconfigurar dentro del marco de derechos de las niñas, niños y adolescentes para garantizar su plenitud sin sujeción a reglas especiales que condiciones las modalidades que hasta ahora existen para el acceso a los servicios de salud, condicionando de forma excluyente la universalidad de la cobertura de atención a la niñez. Toda vez que, tal y como lo contempla nuestro ordenamiento constitucional, el Estado tiene la obligación de hacerlo realidad, ya sea de forma directa, o en coordinación con el sector público, o concurrentemente con los sectores social y privado; puntualizándose que el derecho constitucional a la protección de la salud encierra un principio integral en su cobertura; lo que quiere decir, que es universal y protege a todo ser humano por el hecho de serlo.

Los cambios en la atención a la salud no son procesos sencillos ni lineales. El transito del paradigma tradicional del Estado benefactor y de instituciones tutelares que intervenían para proteger a los menores a pasado al diseño de un nuevo enfoque de instituciones garantes, que junto con la familia y la sociedad sean responsables de asegurar que niños y adolescentes ejerzan con plenitud sus derechos. Desde esta perspectiva y siguiendo al jurista Luigi Ferrajoli estimamos que las leyes en materia de servicios públicos, como es el servicio de salud, no sólo deben establecer contenidos y presupuestos de éste, sino que deben aspirar a la identificación de los sujetos de derecho público investidos de la correlativas obligaciones funcionales, en este caso los niños y adolescentes.

Finalmente vale la pena, retomar los comentarios vertidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en el sentido de ponderar la necesidad de diseñar una política pública integral de desarrollo infantil temprano, que cuente con estándares comunes de aplicación nacional, cuyo impacto y resultado trascienda en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y es la salud, junto con la educación y la alimentación, las variables que deben atenderse puntualmente dentro de las políticas de Estado para garantizar el bienestar y calidad de vida de la población infantil.

Bajo estos argumentos, presento esta iniciativa con el propósito de sentar las base de una nueva política integral de cuidado de la niñez y la adolescencia, que se inserte en prácticas internacionales tendientes a garantizar le pleno disfrute de los derechos humanos a la salud, entre cuyos contenidos se privilegie la asistencia médica y el acceso a los servicios de salud desde la temprana edad hasta alcanzar su cobertura universal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración de esa Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 50 de la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Único: Se reforma y adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas,  Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I…

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria necesaria, haciendo hincapié en la atención primaria, para lo cual se garantizará el acceso de niñas, niños y adolescentes a hospitales y centros de salud públicos y privados, sin ninguna restricción.

El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de  políticas y programas transversales idóneos para asegurar su plena realización.

III a XVIII…

Artículo Transitorio. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Cirilo Vázquez Parissi.- Dip. Yahleel Abdala Carmona.

1 Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Prólogo de Robert Alexy. Universidad Nacional de Colombia- Legis. Bogotá, 2005.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO en razón de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años la volatilidad de la economía internacional se ha visto reflejada en menores precios del petróleo, desde 2014 a la fecha el precio de la mezcla mexicana ha caído en aproximadamente 75%, esta caída ha transformado las finanzas públicas del país. La venta de crudo paso de representar un 30% de los ingresos en 2014 a 20% en 2016.

Esta caída en los ingresos petroleros si bien se ha visto compensado por un ligero aumento en la tributación y por las coberturas petroleras y una serie de supuestos recortes al gasto público. En la realidad dichos recortes tal como fueron prometidos en la reordenación del gasto público planteada por el presupuesto base cero no se cumplieron. Lejos de ello el gasto público ha aumentado en una cantidad cercana a los $200 mil millones de pesos.

Los recortes cuando han existido se han concentrado en Pemex, CFE y de forma específica en su gasto de inversión. Durante los dos últimos años estos recortes han sido equivalentes a más de $150 mil millones de pesos mientras que el gasto corriente y de operación del gobierno federal sigue aumentando.

Para el año 2017 las coberturas petroleras no existirán y con los precios actuales del petróleo, el crudo apenas representará un valor cercano al 10% de los ingresos y un nuevo recorte ya se ha anunciado; este escenario obliga al gobierno federal a plantear nuevos recortes que desafortunadamente una vez más caen sobre la inversión pública.

Para 2015 la inversión pública ya representaba apenas poco más del 3% del PIB, su valor más bajo desde la década de los años cuarenta, para 2016 este valor llegará por debajo del 3%, un valor no visto desde la década de los años veinte y de continuar así en 2017 quizá tendremos que remontarnos al siglo XIX para encontrar una cifra más pequeña.

Esta serie de sucesos resulta preocupante, la inversión es uno de los factores más importantes para fomentar el crecimiento económico. Niveles adecuados de inversión promueven la acumulación de capital en la economía e incrementan su productividad. Es impensable pensar en incrementar la productividad en el país si las actividades productivas no se ven acompañadas de inversión que permita generar la infraestructura productiva y social necesaria para fomentar mayores niveles de crecimiento y más importante de desarrollo.

México tiene un déficit en infraestructura en casi todos los rubros y esto se ve reflejado en el abandono de una política industrial activa. Pemex ilustra perfectamente esta situación.

Si se continúa recortando la inversión de Pemex, la paraestatal no podrá competir en el ahora abierto mercado energético. Si no puede invertir en adquirir y desarrollar tecnología o en la exploración y producción de nuevos campos petroleros, difícilmente podrá revertir la caída de su base de producción. Sin embargo, para el Gobierno Federal ésta no parece ser una prioridad, pues el 75% de los recortes realizados a inversión en Pemex justamente están dirigidos a las actividades de exploración y producción.

La paradoja es que mientras se efectúan estos recortes a la inversión en el transcurso del ejercicio fiscal, al finalizar, la cuenta pública reporta que el gobierno termina gastando más de lo previsto en el presupuesto. Lo grave es que el gasto  se eleva en áreas improductivas como la comunicación social, la publicidad y los traslados y viáticos.

De acuerdo con la cuenta de la hacienda pública federal del ejercicio fiscal 2015, el gobierno de la república gastó en servicios de comunicación social y publicidad $7,614.9 millones de pesos, lo que representa el 280% de los $2,716.1 originalmente aprobados para ese rubro. Otro ejemplo son los $14,284.3 millones de pesos que se gastó el gobierno en traslados y viáticos, un gasto que representa 176% de los $8,097.6 millones de pesos que se gastarían en ese rubro en 2015. En suma, el gasto del gobierno de la república en 2015 superó en $255 mil millones de pesos el gasto total originalmente aprobado para el ejercicio fiscal. Sin embargo, el recorte a la inversión sí se concretó; en la administración pública federal el recorte a la inversión pública ascendió a $59,329.8 millones de pesos y en PEMEX a $55,209 millones de pesos.

Se tomó de nuevo de actividades productivas y de largo plazo para gastar en la fiesta y el despilfarro.

Este descontrol en el gasto del gobierno, no es una cuestión menor. Recapitulemos, primero, el gobierno presupuesta los gastos y los ingresos que necesita para sufragarlos; después anuncia recortes por la caída de los precios del petróleo, los recortes, por cierto, se centran en la inversión pública; antes de finalizar el ejercicio fiscal solicitó una reformulación del déficit público ampliado (Proyectos de alto impacto del gobierno federal y proyectos de inversión de PEMEX y CFE) que le permitió endeudarse hasta por $350 mil millones de pesos, adicionales al déficit tradicional originalmente aprobado por $675 mil millones de pesos. Todo para terminar el ejercicio fiscal reportando un aumento del gasto total, la caída en la inversión y el aumento de los gastos improductivos. La resaca en el gasto la estamos pagando todos.

A pesar de que esto suene absurdo, podríamos estar ante una actuación apegada a la legalidad –que no al mandato del artículo 134 constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que rige la actuación del gobierno sobre la administración de los recursos, le otorga una amplia discrecionalidad ante la caída de los ingresos presupuestarios.

Actualmente el artículo 21 de la LFPRH dispone que “En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria”, luego enlista una serie de medidas. Sin embargo, como se puede ver, esta disposición es potestativa y no imperativa para el sujeto de la norma, el gobierno. Es decir, cuando efectivamente se da la caída de los ingresos durante el ejercicio fiscal (hipótesis normativa) el resultado que prevé la norma (aplicar ciertas medidas de disciplina presupuestaria) está sujeto a la potestad del gobierno y no es una consecuencia por mandato de ley.

Esta discrecionalidad lleva a sostener al gobierno que su actuar está apegado a la legalidad, así lo manifestó el hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Min. Javier Laynez Potisek durante su competencia en el Senado de la República el 4 de diciembre de 2015, a pregunta expresa sobre la interpretación del artículo 21 de la LFPRH en el caso concreto de lo acontecido durante el ejercicio fiscal 2014 cuando el gobierno solicitó una ampliación del déficit público por la caída en los ingresos presupuestarios, el ministro respondió:

Viernes, 4 de diciembre de 2015. Versión Estenográfica de la Comparecencia del integrante de la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, ante la Comisión de Justicia del Senado de la República

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Senador, a reserva de meterme en camisa de once varas porque, insisto, no soy economista.

Solo hacer una precisión. No se aplicó el artículo 21 de la ley del presupuesto que usted bien señala porque, al menos ese año, no estoy enterado después, se tenían las coberturas petroleras. En estricto sentido, no procedía entonces la aplicación del artículo 21 porque con las coberturas petroleras no se daba la hipótesis, recuerda usted que el artículo 21 dice, primero, cuando haya una disminución de los ingresos del Estado o de los ingresos petroleros y luego nos va dando las distintas reglas; porque lo discutimos, sí los discutimos, dijimos, bueno pues el 21, y mis colegas de ingresos, fueron ellos los que me hicieron ver ese punto, yo dije es correcto, en estricto sentido para eso son las coberturas petroleras, y si la cobertura petrolera está cubriendo jurídicamente, también era muy cuestionable utilizar el artículo 21. Ahí el argumento hubiera sido, entonces para qué quieres la cobertura si finalmente estás aplicando el 21 cuando vas a recibir esos ingresos. Insisto, con el riesgo de meterme con cuestiones económicas, que luego difícilmente entiendo…”

Más allá de la interpretación que en el caso concreto le dio la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación, este tema resulta relevador, porque da cuenta de que el operador de la norma, el gobierno, se apoya de la redacción imprecisa de las disposiciones de la ley multireferida para realizar estos recortes de manera discrecional y solicitar el aumento de la deuda pública. Por esta razón es necesario poner bajo control los recortes que se realizan al gasto público en la situación de caída de los ingresos presupuestarios. Es necesario proteger el gasto de inversión y evitar la tentación de gastar en promoción superflua del gobierno pues la inversión constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico en el país, y el gasto en comunicación social a nadie socialmente beneficia.

Por otro lado, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016 contiene una disposición análoga a la del artículo 21 de la LFPRH, sin embargo en el caso de las Entidades Federativas y los municipios esta norma sí es imperativa:

Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la     población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente     Ley, y

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.”

La hipótesis que plantea esta disposición es idéntica a la del artículo 21 de la LFPRH, ante la eventualidad de la caída de los ingresos presupuestarios. En el caso de la LDFEFM se obliga a los ejecutivos locales a que, por medio de la secretaría de finanzas, realicen los ajustes al presupuesto iniciando por los gastos de comunicación social; en general los gastos improductivos serán el objeto de los ajustes presupuestarios. Entonces ¿cuáles la lógica de mantener la discrecionalidad del gobierno federal para continuar con el desorden en la presupuestación, ajustes, endeudamiento y ejercicio del gasto, cuando existe disminución de los ingresos presupuestarios? Si el Congreso de la Unión impuso, a partir de 27 de abril de 2016, una obligación de esta naturaleza a las entidades federativas, que puede cuestionar el federalismo, lo natural y lógico es que impongamos, por lo menos, la misma obligación al ejecutivo federal. No puede ser candil de la calle y obscuridad en la casa.

En ese sentido se propone hacer modificaciones al artículo 21 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de:

1. Aclarar la redacción del artículo 21 de la LFPRH, de modo que no quede margen de elusión de la obligación de que, ante la caída de los ingresos presupuestarios, se debe recortar el gasto improductivo del gobierno, iniciando por el gasto en comunicación social y publicidad, y los gastos de traslados y viáticos.

2. Asegurar que los recortes que se realicen al gasto público ocurran en áreas de bajo valor para el país y se pueda salvaguardar la capacidad del Estado para canalizar sus recursos a los proyectos de inversión que el país necesita, máxime en tiempos de contracción económica.

3. Imponer la misma obligación que las entidades federativas tienen en la LFDFEFM para el ejecutivo federal ante la caída de los ingresos presupuestarios, en una lógica de igualdad normativa, al tratarse de la misma materia.

Esperamos que esta propuesta se apruebe lo antes posible ya que en septiembre de 2016 comienza la discusión del paquete económico para 2017 y ayudaría a tener un cierre de administración ordenado y disciplinado, carente hasta este momento.

Por las razones anteriormente expuestas se somete a urgente  consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de modificación al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Dice

Debe de decir

Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

 

 

 

I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;

II. La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.

La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social;


ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales;

 

b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad.

La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública.

Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria señaladas en las fracciones I y II del presente artículo. En todo caso, si es necesario realizar ajustes a los gastos presupuestados para el ejercicio fiscal correspondiente deberán seguirse las reglas de la fracción III:

I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, se compensarán con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;


II. La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se compensará con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.

La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se compensará con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

III. En todo caso, si con la aplicación de las reglas de las fracciones I y II de este artículo no se cubren los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal  deberá compensarse con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:


a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social y publicidad así como  gastos en servicios de traslado y viáticos;

ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales, ni los proyectos de inversión en marcha que tengan un valor presente neto positivo y rentabilidad social;

b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad.

La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria señaladas en las fracciones I y II del presente artículo. En todo caso, si es necesario realizar ajustes a los gastos presupuestados para el ejercicio fiscal correspondiente deberán seguirse las reglas de la fracción III:

I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, se compensarán con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;

II. La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se compensará  con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.

III. En todo caso, si con la aplicación de las reglas de las fracciones I y II de este artículo no se cubren los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal  deberá compensarse con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a). …

i) Los gastos de comunicación social y publicidad así como  gastos en servicios de traslado y viáticos.

ii). y iii). …

iv). …

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales, ni los proyectos de inversión en marcha que tengan un valor presente neto positivo y rentabilidad social;

b). y c). …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G), RECORRIÉNDOSE EL CONTENIDO DEL INCISO G) AL INCISO H), DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por las Diputadas Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas, NORA LILIANA OROPEZA OLGUÍN y MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, Diputadas Federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G), RECORRIÉNDOSE EL CONTENIDO  DEL INCISO G) AL INCISO H), DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Poder Legislativo federal; sus integrantes como representantes del pueblo deben ser hombres y mujeres probos, con trayectoria política y socialmente incuestionable, que atiendan el interés de la nación, de la sociedad. Un reclamo que hace la comunidad; quiere a un legislador o legisladora que impulse acciones legislativas; y políticas públicas que generen mejores condiciones de vida para la población. 

La desconfianza y alejamiento de los ciudadanos con respecto al Poder Legislativo se inscribe dentro de un complejo fenómeno de aversión hacia la política. El Poder Legislativo, registra el nivel más bajo de confianza y aprobación que el resto de las instituciones de gobierno. Mejorar su imagen pública, su credibilidad y la confianza de la ciudadanía es un reto de enorme importancia para fortalecer el papel que juega en el sistema político mexicano.

En México, tres de cada cuatro ciudadanos considera que a los partidos políticos, a los diputados federales y a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa la gente, además, un porcentaje significativo de ciudadanos se siente mínimamente identificado con sus representantes de elección popular. Así lo demuestran estudios de opinión pública que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Un 74 por ciento de los ciudadanos consultados, dicen no sentirse representados por los partidos políticos, el porcentaje más alto en este rubro seguido de un 73 por ciento que señaló a los diputados locales y un 72 por ciento sienten lo mismo con relación a los senadores. El 70 por ciento aseguró no sentirse representados por los diputados federales; 69 por ciento no se ve reflejado en sus autoridades municipales.

Las opiniones anteriores indican y plantean lo urgente que resulta que quienes integran el Poder Legislativo del Estado mexicano, realicen lo necesario para revertir la tendencia negativa de imagen y percepción social, para recuperar la confianza de los ciudadanos.

De manera adicional, uno de cada tres considera que el gobierno debe combatir la corrupción e impunidad, por el costo que éste flagelo tiene para la sociedad en todos los aspectos. Razones que han llevado a la sociedad a desconfiar de los políticos y de los representantes populares en particular. Situaciones que deben provocar reflexiones, en los responsables de las instituciones que la combaten para que realicen su responsabilidad con más eficacia; y a su vez, a la sociedad para exigir que la ley se cumpla.

La percepción que se enfatiza se tiene por hechos de corrupción de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de administraciones encabezadas por distintos partidos políticos. Lo que ha acrecentado la desconfianza de la sociedad en los servidores públicos, y penosamente también en las instituciones. 

Desconfianza que se traduce en frustración, máxime cuando observa que personas protagonistas de hechos de corrupción e impunidad, en lugar de ser castigadas son promovidas, por ejemplo, a puestos de representación popular. Asuntos de particulares que lamentablemente han impactado negativamente en la imagen social del Poder Legislativo federal. 

La presente iniciativa, la motiva precisamente esta percepción social sobre las instituciones mexicanas.

ARGUMENTACIÓN

Ante tales hechos, resulta importante que en el caso particular del Poder Legislativo, se garantice a la sociedad que la habrá de representar hombres y mujeres, como lo hemos señalado, probos, con trayectorias limpias y caracterizadas por sus convicciones sociales.

Para que esto suceda, el reto y compromiso debe ser asumido por los partidos políticos de salvaguardar las candidaturas a puestos de elección popular, y los ciudadanos que aspiren como independientes a estos cargos observar el cumplimiento de las disposiciones en la ley en la materia, mismas que con esta iniciativa se busca fortalecer al incorporar la Carta de No Antecedente Penales, como dato que deberán presentar los candidatos a puestos de elección popular para su registro ante la autoridad electoral. Documento que debe ser imprescindible ante las circunstancias que vive el país por el fenómeno multifactorial de la inseguridad, en la que se ha registrado lamentablemente el involucramiento de actores políticos.

La presentación de la Carta de No Antecedentes Penales, de los candidatos a puestos de elección popular fue un reclamo de la sociedad en la pasada elección federal, en algunos casos los partidos políticos y la propia autoridad electoral lo “subsanaron”, solicitando a los candidatos una carta en la que manifestaran bajo protesta de decir verdad de no tener antecedentes penales, con el argumento de que la ley en la materia no lo indicaba como requisito, postura correcta porque efectivamente la norma no lo establece. De ahí la pertinencia de la presente iniciativa.

La Carta de No Antecedentes Penales, como requisito, ha generado controversia al considerarse que resulta inhumano, cruel, deshonroso o excesivo, que atenta contra la reputación o dignidad de la persona. Que transgrede el artículo primero, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, que a la letra dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Sobre la transgresión al espíritu del citado párrafo tercero de la CPEUM, al respecto, en la Tesis: I.7o.A.361 A. Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, se señala que:

“… debe entenderse como el tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a individuos o grupos de personas, en algunos casos por simples condiciones fácticas, ajenas al control del sujeto discriminado, tales como su origen étnico, nacionalidad o condición social; derivadas de la naturaleza, como son el género, condiciones de salud, edad; y finalmente, aquellas adoptadas libremente por el individuo, como por ejemplo, religión, opiniones y preferencias. Las anteriores prohibiciones, enumeradas por la Carta Magna, son citadas ejemplificativamente, pues el numeral en estudio hace referencia a "cualquier otra" que atente contra la dignidad humana. Tratándose de los antecedentes penales, éstos tienen el carácter de informativos; por tanto, no puede alegarse que sea discriminatoria…”

En cuanto a la exigencia de que se acompañe carta de no antecedentes penales a la solicitud de registro de candidato. En las jurisprudencias: P./J. 58/2005, 59/2005, 60/2005, 61/2005, 62/2005, 63/2005, 65/2005. Expediente: AI2/2002, la Corte sostuvo que:

“… el requisito impugnado, no transgrede los transcritos preceptos constitucionales, pues es evidente que la circunstancia de que los partidos políticos deban anexar a su solicitud de registro de candidatos, carta de antecedentes penales o de la inexistencia de ellos, de ninguna forma juzga a dichos candidatos, pues es evidente que no recaerá por ese motivo, en contra del candidato de que se trate, ninguna sentencia que le pueda sancionar de nueva cuenta, en caso de haber sido juzgado con anterioridad, por lo cual de ningún modo puede estimarse que se le sancione dos veces por el mismo delito, reitérase, en caso de haber sido juzgado con anterioridad y condenado por algún ilícito …”.

“Además, cabe agregar que el artículo impugnado, es acorde con el sistema establecido en la Constitución Federal, concretamente en el artículo 38, donde se prevén los diversos supuestos por los que pueden suspenderse los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, entre los que se encuentran, por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la fecha del auto de formal prisión; por encontrarse prófugos de la justicia, o bien, por sentencia ejecutoria que imponga dicha suspensión”.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión concluyó lo siguiente: la exigencia de que se acompañe carta de no antecedentes penales a la solicitud de registro de candidato, no implica que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito o que se le condene de por vida, como se asevera, pues sólo constituye un auxiliar para la verificación de ese requisito, consistente en tener un modo honesto de vivir”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso g),recorriéndose el contenido del inciso g) al inciso h), del numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 238.

1. …

a) al e) …

f) Cargo para el que se les postule;

g) Carta de no antecedentes penales, y

h) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

2. al 7. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Nora Liliana Oropeza Olguín.- Dip. Mariana Benítez Tiburcio.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA    LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE  EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada Claudia Sofia Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, CLAUDIA SOFIA CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En el marco del análisis de las Cuentas Públicas de la Federación, han sido recurrentes las observaciones e incluso sanciones respecto del gasto erogado a profesores comisionados, de los que no existe certeza de su labor, ni de su perfil respecto de las tareas a las que son encargados. En el caso extremo de este tipo de irregularidades se han suscitado casos como el pago de Nómina a personal inexistente, o incluso ya fallecido.

Los gastos dispersados por concepto de maestros comisionados, -aunque suprimidos por la Secretaría de Educación Pública en enero de 2016- llegaron a convertirse en una práctica común. En 2011 por ejemplo, con recursos públicos se erogaron 403 millones 562 mil 115 pesos para el pago de 12 mil 467 maestros comisionados durante el primer trimestre, además de que se detectaron 29 mil 590 licencias, se encontraron 124 mil 521 comprobantes de pago con registro federal de causantes (RFC) o clave única de registro de población (CURP) incorrectos y 3 mil 576 docentes que tenían plazas en municipios o estados no colindantes. Por ejemplo, hay quien debería dar clases en Nuevo león y Quintana Roo al mismo.

De acuerdo con el estudio “Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal”, realizado en 2014 por la organización “México Evalúa” se encontraron hasta un 10% de inconsistencias en el pago de nómina a los maestros de México, lo que significa que existen aviadores en la nómina, mismos que se llevan parte del presupuesto de la educación en México, proveniente del pago de los impuestos de los mexicanos. El estudio destaca, además, que se desconocen las funciones y la ubicación de más de 591 mil 222 maestros que, sin embargo, están en la nómina del magisterio, lo que representa pérdidas anuales por 51 mil 487 millones de pesos.

II. De esta forma las irregularidades han representado graves daños al erario público, sobre todo en el marco de la dispersión de recursos a las entidades mediante el gasto federalizado. En el caso particular, destaca el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (conocido como FAEB) que creado desde 1998, como parte del Ramo 33 coordino la distribución de estos recursos.

En el margen de sus erogaciones, por ejemplo, datan las siguientes recuperaciones determinadas por la Auditoria Superior de la Federación para las observaciones de las siguientes Cuentas Públicas:

AÑO

Número de comisionados

Recuperaciones Determinadas*

2011

13,094

$1,603,666.05

2012

6,362

$1,454,432.60

2013

6,151

$1,310,606.60

2014

4,411

$873,603.50

Fuente: Elaboración propia con información de las Cuentas Públicas 2011-2014, proporcionada por la ASF. *Pesos mexicanos.

A partir de esta relación se hace evidente que aunque el número de maestros comisionados ha ido disminuyendo progresivamente, el daño al erario en millones de pesos, no lo ha hecho, pues la reducción casi de dos tercios de los maestros comisionados a significado a penas una reducción menor a la mitad de los gastos por este concepto en el marco del FAEB, que tuvo como último año de ejercicio el 2014.

Se tratan de erogaciones de miles de millones de pesos, que no contribuyen al mejoramiento de la educación en México, y que se diluyen entre la corrupción que caracteriza a algunos sindicatos.

III. Según el índice del Foro Económico Mundial de 2015, la falta de calidad en la educación dificulta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva. Para el caso de México, éste se ubica en el sitio 102 de 124 en calidad de educación primaria, es decir, aquella que reciben los menores de 15 años. Para el grupo de entre 15 y 24 años de edad, la calidad del sistema de educación se ubica en el sitio 107, lo que deriva en que el país se ubique en el sitio 63 en las oportunidades para ese sector poblacional.

IV. Un análisis del gasto erogado en Educación para México, indica que el gobierno mexicano gasta un 5.19% del Producto Interno Bruto (PIB) en este rubro. La incongruencia en este gasto está reflejado en la calidad de la educación en México, pues Chile y Uruguay por ejemplo, gastan en promedio un 4,5% de su PIB en educación, y son mejor evaluados al respecto.

V. Considero muy importante dar un puntual seguimiento a la labor de los profesores en el margen de lo establecido por la reforma educativa. Para ello es necesaria no sólo la transparencia, y la rendición de cuentas, sino también la efectiva participación de los padres de familia en la vigilancia de la política pública de educación, lo que cruza estrictamente con supervisar que los recursos destinados al pago de maestros devengan en servicios concretos y al personal presente, no en gastos a comisionados.

El otorgar el pleno derecho a los padres de familia de conocer y verificar la plantilla oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, es una primera vía para promover si participación, y vigilancia en la calidad de la educación que reciben sus hijos e hijas, así mismo posibilitará que los padres de familia verifiquen que dicho personal realice las funciones y labores para las que fue contratado.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se modifica la fracción VII, del artículo 65, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

CAPITULO VII
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION

Sección 1
De los padres de familia.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I…



VII.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos al inicio de cada ciclo escolar, misma que será proporcionada obligatoriamente por la autoridad escolar;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Claudia Sofia Corichi García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 201, ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por los Diputados Nora Liliana Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, NORA LILIANA OROPEZA OLGUÍN y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ Aldana, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 201, ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El artículo primero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su primer párrafo señala que en nuestro país todas las personas gozarán y podrán acceder a todos los derechos humanos y fundamentales inscritos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección.

La Constitución es clara cuando señala que el ejercicio de derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

El propio artículo primero, en su párrafo quinto, señala que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El párrafo noveno, artículo 4º de la Constitución Federal, establece que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, además de que “este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En otro orden de ideas, es de considerar que si bien la ley suprema mexicana establece reglas cardinales, sin embargo, los estereotipos y prejuicios están aún presentes y son problemas para la niñez mexicana que ve coartados sus derechos. 

Ello es así que se limita la acción del padre en la inscripción de sus hijos en guarderías. En caso de que ambos padres trabajen, los hijos menores de edad no pueden acceder a una institución que les otorgue cuidados adecuados, lo cual redunda en perjuicio de la situación económica familiar ya que tendrán que buscar opciones.

De acuerdo con la -ONU Mujeres-, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, es necesario actuar, proteger y compensar a los grupos vulnerables de ser discriminados por factores definidos como estructurales, los cuales están fuertemente arraigados en el comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implican actos de discriminación indirecta o no cuestionada.

Y una consecuencia de esos factores estructurales de discriminación puede originarse y justificarse en normas legales, políticas o prácticas culturales predominantes que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.

Es de observar que la igualdad en el acceso a derechos y oportunidades de los gobernados se sustenta en el derecho mexicano, en tratados y convenciones internacionales de los que México es parte, sin embargo, persisten procesos administrativos que fueron implementados para atender coyunturas específicas y pueden incurrir en omisiones, por ello, no debe soslayarse su revisión y replanteamiento, es un deber del Poder Legislativo.

A lo anterior, es de indicar que en el marco jurídico actual del sistema de guarderías infantiles, que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve responsabilidades inequitativas ya que contiene disposiciones que discriminan al padre y a la madre al impedir que inscriban a sus hijos, por el hecho de que los divorciados, viudos y los que judicialmente conserven la custodia del menor, contraigan nuevamente matrimonio o se una en concubinato.

Esta simplificación complica el escenario familiar: la obligación de los adultos de cumplir con los derechos de sus hijos. En este sentido el sistema de guarderías del país debe atender el interés superior de la infancia y custodiar sin discriminación a los padres la integridad del infante, en el entendido de que tanto el hombre como la mujer laboran, aún en los casos en los que la madre no se encuentre en un entorno laboral formal, para contribuir con los gastos propios del hogar.

Sobre el tema, las disposiciones en la inscripción al programa de guarderías deben ser sensibles a las necesidades de los trabajadores, evitar que sufran perjuicio en su salario, prestaciones y derechos y cambiar escenarios ante el proceso de transformación que se vive tanto en lo laboral como en lo personal, al negar servicios a los que tienen derecho las y los trabajadores, como el servicio de guardería. 

En correlación con lo anterior es imprescindible hacer el esfuerzo y encontrar soluciones, mediante una fórmula de igualdad, en función de lo laboral y con las prestaciones que esta condición conlleva, para brindar un espacio de atención y cuidado para las niñas y niños de todo el país, cuyos progenitores trabajen.


ARGUMENTACIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño, en el párrafo segundo del artículo tercero, señala que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”, y reconoce que para dicho propósito será necesario “tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley” con el fin de tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Mientras que en el párrafo segundo y tercero del artículo 18, de dicha Convención, deja en claro la responsabilidad de los Estados Partes, como México, de prestar la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Adoptar todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social -ENESS- 2013, en ese año, poco más de 3.1 millones de niñas y niños menores de 6 años fueron cuidados por terceros, de este universo no se determina cuántos de ellos pudieron acceder al servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, si otro fuera el esquema de inscripción a este servicio.

De acuerdo con lo señalado en la ENESS, las familias que pagaban por el cuidado de sus hijas e hijos, invertían en promedio 987 pesos mensuales en guarderías y 866 pesos si una persona, con algún tipo de parentesco o conocida, los apoyaba.

Se estima pertinente mencionar que de lograr las presentes reformas al Texto de la Ley del Seguro Social, para eliminar la exigibilidad de pruebas discriminatorias para el ingreso a guarderías infantiles estaríamos contribuyendo al desarrollo de un estado de derecho donde la igualdad es tema prioritario para favorecer el desarrollo equitativo y pleno de oportunidades de todos los mexicanos.

En el entendido de que los servicios de guardería asisten al desarrollo de los menores beneficiados, permitiendo un espacio seguro y de atención integral en sus primeros años de vida, la iniciativa de reforma busca dotar de mecanismos ecuánimes, de armonización de las responsabilidades laborales con los familiares, actualmente no previsto en la ley, temas importantes para las madres y padres trabajadores.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su recomendación número 56 emitida en junio de 2015, recomienda que el Estado Mexicano, “Desarrolle y amplíe la educación de la primera infancia, desde el nacimiento, sobre la base de una política integral y holística para su atención y desarrollo”.

De acuerdo con la Iniciativa 10 por la infancia, promovida por UNICEF, sobre la niñez dice que “un buen inicio en la vida es crítico para que las y los niños desarrollen su máximo potencial. Un niño o niña saludable, protegido, cuidado y estimulado tiene mayores probabilidades de convertirse en un adulto sano, con mejores capacidades, recursos y oportunidades. Es importante que todos los niños y niñas tengan igual acceso a servicios de cuidado de calidad y acorde a su etapa de desarrollo. En contraste, si el niño o niño no recibe este tipo de trato y cuidado en los primeros años de vida, el daño es irreparable para su desarrollo y bienestar”. Iniciativa, que entre sus objetivos destaca que los países adherentes, como México, deben contar con leyes en materia de prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Con su adhesión nuestro país reafirma su compromiso del Estado Mexicano con la niñez y da un decidido impulso a privilegiar en la agenda nacional, los derechos de la infancia.

Por lo anterior, es ineludible actualizar el marco jurídico para garantizar el derecho tutelado de la seguridad social de los y las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de atender sus demandas de servicios de guardería sin importar su estado civil. 

Con ese propósito es fundamental reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al considerar que su contenido actual resulta discriminatorio y transgrede los derechos de las y los trabajadores.

Por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 205 de la citada ley señala que  tendrán derecho al ramo de guarderías “Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato”. Con la redacción actual no solo se conculcan los derechos de los trabajadores, sino también el derecho de los niños a su protección y cuidado para su bienestar. Impacta a las madres de tener un trabajo mejor remunerado.

La propuesta de esta iniciativa es que tanto mujeres y hombres trabajadores, indistintamente de su estado civil, tengan derecho sus hijos al servicio de guardería. En el caso particular de la mujer el contar con este servicio aumentaría hasta en un dieciocho por ciento la probabilidad de contar con un empleo, de acuerdo a la evaluación al Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 201, ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías podrá proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora y del hombre trabajador, ya sea viudo o divorciado y de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino, a los cuales podrá tener acceso, a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador o trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres y padres asegurados, los viudos, divorciados o aquellas personas que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Nora Liliana Oropeza Olguín.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por los Diputados Braulio Mario Guerra Urbiola y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del PRI)

Los que suscriben, Diputado BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA y Diputado RAÚL DOMÍNGUEZ REX, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cajeros automáticos constituyen uno de los principales puntos de contacto entre los usuarios y los servicios financieros, así lo señala la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, porque facilitan la realización de operaciones sin necesidad de ir a una sucursal, el principal uso de los cajeros automáticos es el retiro de dinero en efectivo a pesar de que hoy en día cuentan con una amplia gama de transacciones.

A diciembre de 2015 el Banco de México reportó que se han realizado 435,620,647 operaciones en cajeros automáticos, de estas operaciones 430, 396,409 se realizaron con tarjetas de débito y 5, 224,238 con tarjetas de crédito.

Además, del total de operaciones 415,032,767 fueron realizadas en cajeros automáticos del mismo banco que emitió las tarjetas, este número de operaciones se subdivide en 410,571,091 realizadas con  tarjetas de débito y 4,461,676con tarjetas de crédito.

En cuanto a operaciones interbancarias se registró un total de 20, 587,880 de las cuales 19,825,318 se realizó con tarjetas de débito y 762,562 con tarjeta de crédito.

En mayo de 2010, el Banco de México emitió la Circular 22/2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de ese mismo año, para regular la operación de cajeros automáticos y estableció que sólo el banco operador de un cajero automático puede cobrar comisión por transacción.

En esta misma regulación se eliminó la comisión para las operaciones donde el banco operador y el banco emisor son el mismo, además, para transparentar las comisiones cobradas, se estableció que los bancos operadores deben informar al tarjetahabiente antes de ejecutar la operación el monto total que pagará por la transacción y en caso de que el tarjetahabiente no esté de acuerdo y no culmine la operación, no se efectuará cobro alguno.

Los datos estadísticos muestran que después de la entrada en vigor de esta regulación, los tarjetahabientes empezaron a usar principalmente los cajeros de su propio banco a raíz de que las comisiones cobradas en cajeros automáticos de otros bancos por disposición de efectivo se tornaron elevadas y variadas entre un banco y otro.

Hasta ahora, no existe un tope a las comisiones que se cobran por operaciones interbancarias, las tarifas están en el rango de 8 a 40 pesos y de los 7.50 a 12 pesos en consulta de saldo dependiendo de la ubicación y giro comercial donde estén instalados los cajeros automáticos, esta iniciativa propone eliminar las comisiones por disposición de efectivo y por consulta de saldo.

La CONDUSEF indica que el 12% de las operaciones realizadas con tarjeta de crédito corresponden a disposición de efectivo, por las cuales las Entidades Financieras cobran un porcentaje que va desde 4.5% hasta 10%,además si la operación es interbancaria el tarjetahabiente deberá pagar la comisión respectiva, aunado a que también pagará un interés diario hasta el día que liquide la cantidad, por lo cual el  usuario tiene que pagar por un mismo monto hasta tres cargos lo que le resulta más costoso, esta iniciativa propone eliminar el porcentaje que se cobra por el monto a disponer en efectivo a través de las tarjetas de crédito y además, la eliminación de la comisión por disposición de efectivo y consulta de saldo en operaciones interbancarias.

Un estudio sobre cajeros automáticos publicado en 2015 por el Comisión Nacional Bancaria y de Valores, indicó que México ocupa el tercer lugar con menos cajeros automáticos en una valoración de 21 países con 342 cajeros por cada millón de personas.

El argumento para cobrar comisiones consiste en asegurar que estas comisiones sirven para incrementar el tamaño de la red y cubrir costos operativos, de 2008 a 2013 se observó un crecimiento de la red de cajeros automáticos de tan solo 2.6% así que esté argumento resulta ser poco efectivo en la realidad, además de que el mayor número de operaciones como hemos visto no se concentra en este rubro.

Hay un gran número de ciudadanos que no tienen acceso a cajeros automáticos o bien tienen acceso a al menos un cajero que no necesariamente es del banco que emitió su tarjeta, nos referimos a quienes viven en zonas rurales, que al  no tener una gama de cajeros de todos los bancos, forzosamente pagan una comisión al disponer de efectivo, además del costo de traslado para llegar a un cajero, por lo que acceder a este servicio le resulta más caro en comparación con un ciudadano que vive en una zona urbana que es donde se localizan en 93% del total de cajeros en el país.

Reino Unido y Portugal, son países en los que los cajeros automáticos no cobran comisión alguna por retiro de efectivo o consultas de saldos de tarjetas emitidas por otros bancos, incluso Portugal amplía este beneficio en las operaciones que realicen los tarjetahabientes en España, lo cual garantiza la viabilidad de esta iniciativa presentada.

Considerando que la fracción X del artículo 73 faculta a la Cámara de Diputados para legislar en materia de intermediación y servicios financieros.

Que el párrafo 2 del  artículo 26  de la Ley del Banco de México dice:

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Que de acuerdo al artículo 3 fracción IV de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros una comisión es:

Cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad diferente al Interés, que una Entidad cobre a un Cliente. Tratándose de Entidades Financieras, se considerarán los cargos que se realicen por operaciones pasivas, activas o de servicio.

La presente iniciativa propone eliminar el cobro de comisión en operaciones internas e interbancarias por disposición en efectivo y consulta de saldo en tarjetas de crédito y débito, además eliminar comisión sobre el monto de lo dispuesto en tarjetas de crédito, mediante el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

TITULO TERCERO
De las Operaciones

CAPITULO I
De las Reglas Generales

(…) Artículo 46 al 47

Artículo 48. Las tasas de interés, comisiones,…

Las Entidades Financieras que operen cajeros automáticos, se abstendrán de cobrar comisión o cargo alguno en Operaciones Internas e Interbancarias efectuadas con tarjetas de crédito o débito.

Las instituciones…

(…) Artículo 49 al 55

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola.- Dip. Raúl Domínguez Rex.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Diputados Carlos Barragán Amador, Yahleel Abdala Carmona y Luis Maldonado Venegas)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2397 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1391 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 324 Y UN ARTÍCULO 324 BIS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Federales ARMANDO LUNA CANALES y JERICÓ ABRAMO MASSO, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2397 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1391 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y; POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 324 Y UN ARTÍCULO 324 BIS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa de Ley pretende establecer un control de Estado a fin de evitar el fenómeno de la usura en nuestro país, concretamente, la que encuentra su origen en los contratos de mutuo, simple o con interés, regulados por las disposiciones civiles y mercantiles.

De acuerdo con el Código de Comercio todos los comerciantes, por el sólo hecho de serlos, están obligados, entre otras cosas, a “…la inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios.” (Art. 16, Fr. II).

Por su parte, se reporta como comerciante -entre otros- a quienes teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de éste su ocupación ordinaria (art. 3, Fr. I).

En el caso de las personas que hacen de los préstamos una forma de vida tenemos que los mismos comportan una actividad que se encuadra dentro de lo que el Código de Comercio entiende por “comerciante”, sin embargo, en el ámbito de lo fáctico a estas personas no se les encuadra como tales y, consecuentemente, no se les exigen las obligaciones mercantiles que en su caso deberían de corresponder.

En esta iniciativa pretendemos que el Estado se erija como vigía permanente de esas obligaciones, tanto de los comerciantes que hacen de los préstamos su forma de vida ordinaria, como de quienes lo hacen de manera ocasional (en ambos casos a partir de los contratos de mutuo), a fin de prevenir el fenómeno de la usura (del agiotismo) y cuidar tanto el adecuado desenvolvimiento de la actividad como los derechos de los deudores.

A continuación, desarrollaremos nuestros argumentos y nuestra propuesta de modificación normativa.

Sobre el contrato de mutuo y la problemática que se presenta

El mutuo es un contrato por medio del cual, una persona (mutuante) se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero -u otras cosas fungibles- a otra persona (mutuario) la cual se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El mutuo, normalmente se realiza respecto de sumas de dinero y, del mismo modo, por regla general -aunque no es necesario- se suele garantizar mediante la existencia de un título de crédito, comúnmente el pagaré.

De acuerdo con la legislación que regule el contrato, el mismo puede ser civil o mercantil. Será civil cuando se regule conforme a los artículos 2384 a 2397 del Código Civil (federal) o mercantil cuando se contrae en el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas (Código de Comercio, artículos 358-364).1

Es importante indicar que, respecto de los conceptos de mutuo y préstamo, por parte del poder judicial se ha interpretado que se refieren a la misma figura. Lo anterior toda vez que el Código Civil utiliza la denominación de mutuo en tanto que la legislación mercantil la de préstamo. El Poder Judicial Federal ha indicado que:

“…ambos ordenamientos legales regulan en los preceptos mencionados con distintas denominaciones un mismo tipo de contrato con idéntico contenido, pues mientras en la primera de las legislaciones citadas se designa como mutuo, en la segunda de ellas se nombra al contrato citado como préstamo, debiendo precisarse que la naturaleza civil o mercantil del acto jurídico depende del destino que se dé a la cosa dada con motivo del contrato o de las personas que intervienen en el mismo, pues si tienen el carácter de comerciantes legalmente se presumirá que la cosa dada se destinará a actos mercantiles, por lo que por exclusión debe decirse que si en el contrato no se precisa que la cosa entregada en préstamo se destinará a actos de comercio o en el pacto contractual no intervienen comerciantes, no puede reputarse como mercantil tal acto jurídico, y por los mismo debe calificarse como de naturaleza civil.”2

Ahora bien, el mutuo puede ser simple o con interés. Se entiende que es con interés “cuando el acreedor recibe una retribución a manera de compensación, por la privación temporal de su capital (dinero u otros bienes fungibles) a cargo del deudor o mutuario.”3 En contraposición, el mutuo es simple cuando el deudor no está obligado a pagar alguna contraprestación por el bien fungible recibido.

En los casos del contrato de mutuo, simple o con interés, que se garantizan mediante la suscripción de un título de crédito -comúnmente el pagaré-, se presenta con cierta frecuencia el fenómeno de la usura al que nos hemos referido pues es sabido que ciertos prestamistas al momento de la celebración del acto de comercio (o del contrato civil) incurren en ciertas prácticas donde se deja en blanco el título de crédito -salvo las firmas- o bien, no se señala la cantidad, el interés que en su caso se aplicará (legal o moratorio expreso), la fecha de vencimiento o la fecha de su celebración.

Estos elementos (documento en blanco, sin cantidad, sin interés, sin fecha de celebración o de vencimiento) desgraciadamente suelen tener lugar y son aceptados por el deudor ante un estado de necesidad. En no pocas ocasiones, hemos sabido que el prestamista se vale de estos elementos para proceder de manera usuraria obteniendo desproporcionados beneficios frente a una circunstancia en la que la ley no prevé una forma de protección o tutela especifica previa que permita evitar estos eventos.

Se dispone, ciertamente, de herramientas procesales de naturaleza civil o mercantil para combatir elementos como la posterior inclusión de un interés no pactado por mutuo acuerdo, así como la inclusión posterior de una fecha no inserta originalmente en el contrato (aunque aceptada dicha ausencia por el deudor). Sin embargo, los elementos a combatir procesalmente resultan en extremo difíciles de demostrar, suelen implicar una aquiescencia del deudor (ante su estado de necesidad) y ordinariamente traen aparejada ejecución, lo que implica una afectación patrimonial inmediata para el suscriptor.

Incluso, se dispone de herramientas de orden penal para combatir la conducta agiotista, tal y como lo estipula el artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal, relativo al fraude, y que prevé el supuesto de quien “valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.”

Sin embargo, no se pretende en modo alguno que el ámbito penal sea el principal instrumento para combatir esta situación, antes bien, resulta necesario explorar otras alternativas de índole preventiva y que permiten tanto el ejercicio pleno de la libertad de los contratantes, como de la garantía a los derechos inherentes de toda persona a no ser víctima de usura.

Claramente se entiende que en materia civil y mercantil debe de privilegiarse la actividad contractual y, en especial, garantizarse el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. No obstante ello, y como es sabido, toda materia jurídica –sin excepción alguna- debe de ser analizada, interpretada y aplicada bajo el crisol de los derechos humanos tutelados por nuestra Constitución y reafirmados contundentemente a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que insertó en el artículo 1º Constitucional el siguiente contenido:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

… “

En consecuencia, estas materias no pueden en modo alguno ser ajenas a los principios elementales que rigen el proceder del Estado y aún, en las relaciones entre particulares la actitud del Estado no puede ser omisa. Esto último acorde con los más avanzados desarrollos en materia de derechos humanos que bajo la figura de la eficacia de los derechos humanos entre particulares (Drittwirkung) reconocen que los particulares también pueden vulnerar derechos fundamentales y que el Estado debe intervenir para prevenirlo. El propio Poder Judicial de la Federación lo ha entendido de este modo:

DERECHOS FUNDAMENTALES. SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO DIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE PARTICULARES EN RELACIONES HORIZONTALES O DE COORDINACIÓN… [Los] criterios jurisprudenciales siempre han partido de la premisa de la procedencia del amparo contra actos de autoridad en una relación de supra a subordinación, es decir, como los actos verticales que se dan entre gobernantes y gobernados… Esta línea de pensamiento se refiere a la tesis liberal que permeó durante el siglo XIX, conforme a la cual la validez de los derechos fundamentales se restringe a las relaciones de subordinación de los ciudadanos con el poder público. Este carácter liberal de los sistemas constitucionales modernos se fundamentó también en la clásica distinción entre derecho privado y derecho público… Surge así la teoría alemana de la Drittwirkung, también llamada Horizontalwirkung, de los derechos fundamentales. Esta denominación se traduce como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, tomando en consideración que el problema se plantea en cuanto a la eficacia de éstos en las relaciones horizontales, así llamadas a las relaciones en que no hay relación de poder, y entre las que estarían, en principio, las relaciones establecidas entre particulares, supuestamente iguales. La Drittwirkung se aborda desde la concepción de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, cuya vigencia se proyectaba en las relaciones jurídicas dadas entre el individuo y el Estado. Los demás individuos, los llamados terceros, quedarían, en principio, al margen de esa relación jurídica específica. Sin embargo, las teorías contractualistas explican el origen de los derechos humanos en sentido opuesto, es decir, los derechos del hombre surgen como derecho en las relaciones entre privados, preexisten por tanto al Estado, el que nace para salvaguardar y garantizar estos derechos. Así, los derechos fundamentales se tienen, originalmente, frente a los demás hombres y sólo derivativamente frente al Estado, por lo que los derechos naturales a la libertad, la seguridad, la propiedad, etc., son, en primer lugar, derechos frente a los presuntos "terceros", los particulares… La ideología liberal presumía la igualdad de la que partían los individuos en sus relaciones privadas, pero esta presunción, especialmente en la época actual, está lejos de poder sostenerse, pues ahora la sociedad se caracteriza cada vez más por su complejidad, pues el imperio de que tradicionalmente gozó la autoridad es hoy en día más difuso a virtud de los denominados grupos de fusión o de presión, o simplemente otros ciudadanos particulares situados en una posición dominante, que poseen un poder en muchos de los casos similar al del Estado, por lo que no es improbable que afecten los derechos fundamentales de los particulares… En una sociedad estructurada en grupos y en la predominación de los aspectos económicos, el poder del grupo o de quien tiene una preeminencia económica se impone al poder del individuo, creándose situaciones de supremacía social ante las que el principio de igualdad ante la ley es una falacia. El poder surge de este modo no ya sólo de las instituciones públicas, sino también de la propia sociedad, conllevando implícitamente la posibilidad de abusos…El fortalecimiento de ciertos grupos sociales o de un particular en situación dominante que pueden afectar la esfera jurídica de los individuos ha hecho necesario tutelar a éstos, no sólo frente a los organismos públicos, sino también respecto a esos grupos o personas particulares; sobre todo porque en una sociedad corporativista y de predominio económico como la actual, lo que en realidad se presenta son situaciones de disparidad y asimetría, ya que no debe perderse de vista que esos grupos o particulares mencionados logran no sólo ocupar un lugar relevante en el campo de las relaciones particulares, sino que en muchas veces también influyen en los cambios legislativos en defensa de sus derechos… Estas situaciones actuales de poder económico privado ponen de manifiesto la existencia, en el ámbito de las relaciones privadas, del fenómeno de poder, o de monopolización del poder social, similar a los poderes públicos. Son situaciones de sujeción análogas a las existentes frente al poder estatal, en las que la autonomía privada y la libertad contractual de la parte más débil quedan manifiestamente anuladas. O bien no dispone realmente de la libertad para decidir si contrata o no, o bien carece de posibilidades de discutir el contenido o exigir su cumplimiento. Este panorama desembocó en la reconsideración de la teoría clásica de los derechos fundamentales, y en la extensión analógica del contenido de las relaciones públicas a las relaciones privadas, en donde la superioridad de una de las partes anula la libertad jurídica y los derechos individuales de la parte débil. Estas situaciones no pueden dejarse únicamente al amparo del dogma de la autonomía privada.”4

Como se desprende de la anterior tesis, es fácil reconocer que en la relación de derecho privado entre prestamista y deudor existe una situación de vulnerabilidad en aquellos casos en los que el deudor, por extrema necesidad del préstamo, admite la firma del mismo en blanco, sin aclarar el interés, sin fecha de celebración o de vencimiento. En la misma sintonía, debe recordarse que desde el ámbito de los derechos humanos ha sido condenada la figura de la usura, así, en la esfera convencional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dispuesto en su artículo 21 lo siguiente:

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

(Subrayado nuestro)

Consecuentemente corresponde al Estado implementar medidas para evitar que los abusos desproporcionados existentes en la esfera mercantil sigan siendo cometidos por los prestamistas, y ha sido precisamente de este modo en cómo se ha tratado de contener los procederes usurarios a través de diversas sentencias del Poder Judicial de la Federación y de las que ha devenido una constante línea jurisprudencial que busca proteger a los deudores de la usura. Por citar tan sólo algunos ejemplos, véanse las siguientes tesis:

PAGARÉ. AUN CUANDO EL JUICIO SE SIGA EN REBELDÍA, EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER Y GARANTIZAR OFICIOSAMENTE EL DERECHO HUMANO DEL ENJUICIADO A NO SUFRIR USURA. … aunque el juicio se siga en rebeldía, el juzgador tiene la facultad y la obligación de proteger y garantizar oficiosamente el derecho humano del enjuiciado a no sufrir usura, de conformidad con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la falta de contestación de la demanda tampoco es un obstáculo práctico para que el juzgador conozca algunos de los referidos parámetros, pues aquellos que consistan en circunstancias particulares del caso (relación entre las partes; calidad de los sujetos; actividad del acreedor; destino, monto, plazo y garantías del crédito), pueden quedar revelados a través de los datos contenidos en la demanda y sus anexos, mientras que los relativos a indicadores financieros (tasas de interés bancarias y variación del índice inflacionario nacional), pueden constituir hechos notorios que no requieren de planteamientos ni pruebas de las partes, por encontrarse difundidos mediante publicaciones impresas o electrónicas oficiales.
Asimismo:

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.5

A continuación presentemos nuestra propuesta de modificación normativa.

Propuesta de modificación normativa.

En las relaciones entre particulares el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es esencial pero, no obstante, no es absoluto ni ajeno a las obligaciones inmanentes en materia de derechos humanos, por ello presentamos una propuesta de modificación normativa en la que tal principio queda asegurado pero sujeto a un ulterior estudio por parte de la autoridad estatal en aquellos casos en los que se pretenda ejercitar el derecho consignado a través de los tribunales del Estado.

Pretendemos que los contratos de mutuo, simple y con interés, que tengan su origen en un título de crédito, sean inscritos en el Registro Público de Comercio como una medida necesaria para que los tribunales puedan admitir a trámite una demanda sobre los mismos. El registro, de este modo, se constituirá como un requisito procedimental para la ejecución del título por la vía jurisdiccional y, del mismo modo, se pretende que la autoridad jurisdiccional informe a la administrativa conducente acerca de la existencia de un juicio a trámite respecto de un pagaré a fin de que tal autoridad administrativa realice el escrutinio respectivo a fin de determinar la existencia o inexistencia de obligaciones fiscales adicionales.

Concretamente, el mutuante deberá inscribir el título en el Registro correspondiente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél de su suscripción. De no hacerlo, proponemos que sea considerada como fecha cierta de suscripción aquella a partir de la cual se realice el registro correspondiente. Además, proponemos que, para dar inicio al trámite jurisdiccional, ya sea en la vía civil o mercantil, sea considerado como requisito para el inicio del trámite su inscripción en el correspondiente registro. Finalmente, atendiendo al hecho de que en múltiples ocasiones y por diversos factores, el mutuante no entrega el título de crédito al mutuario y, en no pocos casos se ha sabido que estos títulos son colocados nuevamente al mercado, pretendemos que los tribunales sólo admitan a trámite aquellas demandas en las que, tras confrontar su base de datos registrales, se correspondan las partes en litigio con aquellas que se tienen registradas.

Con la medida propuesta se respeta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en tanto que no existe pronunciamiento alguno –ni interferencia- respecto del contenido esencial pactado por los particulares sino sólo respecto de los requisitos formales ya existentes en la ley. Se trata de un control previo de legalidad del documento a fin de que en caso de pretenderse hacerse efectivo el derecho consignado en el título de crédito, el mismo cumpla con los requisitos que la ley dispone.

Los requisitos esenciales que la ley dispone para la celebración del contrato de mutuo, así como del título de crédito, serán, de este modo, conocidos por la autoridad y no podrán ser modificados con posterioridad en aspectos como la fecha o el interés pactado, dejando fuera toda posibilidad de usura por parte del acreedor. Incluso, se pretende que en aspectos como la fecha, se tenga por “cierta” aquella señalada en el título a partir de su inscripción en el Registro (dentro de los 10 días siguientes al de su suscripción o a partir del día en que se registra al expirar el anterior plazo) y, por el interés, a falta de su señalamiento, el que corresponde al tipo legal. Del mismo modo, para los prestamistas que hacen de esta actividad su ocupación habitual, la autoridad administrativa-fiscal (el Sistema de Administración Tributaria) tendrá conocimiento de la misma –por vía de los tribunales- y determinará si corresponden o no cargas fiscales adicionales por los ingresos obtenidos bajo esta ocupación.

Para lograr lo anterior, proponemos modificar el Código Civil Federal, el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que en cada uno de ellos existen disposiciones con incidencia directa en la regulación del mutuo.

De este modo, se obligará a que todos los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en un título de crédito, sean inscritos ante los correspondientes Registros. Así, en las oficinas del registro, se verificará que el título de crédito reúna los requisitos que la legislación civil o mercantil prevé para el mutuo y el título de crédito, en especial, se vigilará: el tipo de interés pactado (que no incurra en usura); en caso de no expresar interés moratorio, que consecuentemente se aplicará el interés legal; en caso de no tener fecha de suscripción, ni siquiera se admitirá; se considerará como fecha cierta de suscripción la de su inscripción en el Registro (ya sea dentro de los 10 días hábiles o a partir de que es registrado) y; se informará sobre el título a la autoridad fiscal a fin de que ésta determine si existen obligaciones fiscales o no.

Nuestra propuesta concreta, para el caso de la legislación sustantiva civil consiste en la adición de un artículo 2397 Bis y en el cual se señalará: “Los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en la suscripción de un título de crédito, deberán de inscribirse en el Registro Público. El Mutuante, deberá dar cumplimiento a esta obligación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél al de la celebración del contrato, de lo contario sólo se considerará como fecha cierta de suscripción la de su inscripción en el Registro.”

Por su parte, en materia mercantil, el Registro Público de Comercio contiene una normativa reglamentaria que indica su estructura y funcionamiento, así como el trámite registral para los diversos actos mercantiles que requieran registro. En consecuencia, y dado que se trata de un Reglamento, pretendemos incluir un transitorio en el que se indique que el Registro Público de Comercio realizará las modificaciones que, en su caso correspondan, a su Reglamento a fin de inscribir los contratos de mutuo, que tengan su origen en títulos de crédito, así como a dar aviso a la autoridad fiscal respecto de los mismo.

Por otro lado, en cuanto a la legislación procesal, debe indicarse que los juicios mercantiles se rigen de acuerdo con lo dispuesto en el propio Código de Comercio -en su sección procedimental- y, en forma supletoria por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el caso del Código de Comercio, encontramos que el artículo 1391 hace referencia al juicio ejecutivo mercantil, en el cual, por regla general suele ubicarse a los títulos de crédito. Dicho artículo indica:

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución:

I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348;

II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida;

III. La confesión judicial del deudor, según el art. 1288;

IV. Los títulos de crédito;

V. (Se deroga)

VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia;

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor;

VIII. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan, y

IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.

En dicho artículo, pretendemos adicionar un segundo párrafo para indicar que: “Tratándose de los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en la suscripción de títulos de crédito, se requerirá que sean inscritos en el Registro Público de Comercio. El Mutuante, deberá dar cumplimiento a esta obligación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél al de la celebración del contrato, de lo contario sólo se considerará como fecha cierta de suscripción la de su inscripción en el Registro. De no contarse con dicha inscripción, no se admitirá a trámite la demanda. El Juez de turno deberá dar aviso a la autoridad fiscal correspondiente, respecto de éstas demandas para que, en su caso, determine las obligaciones que correspondan y, por ningún modo, podrá hacer efectivo el cumplimiento de la obligación consignada en el título, si no se corresponden los datos inscritos en el Registro Público con los de las partes en litigio.”

Además, y, aunque ya hemos dicho que el deber de notificación a la autoridad fiscal correspondiente es más una disposición de carácter reglamentario, proponemos incluirla en el párrafo antes indicado a fin de reforzar la obligatoriedad de la misma y dejar las particularidades del procedimiento a la propia autoridad registral en su reglamento.

En materia procedimental civil, aplicable evidentemente a los juicios civiles y supletoriamente a los mercantiles, debe de recordarse que con motivo de la reforma constitucional de 27 de diciembre de 2013, por la que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se facultó al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales”.

En razón de lo anterior, existe facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de registro público inmobiliario, entendiéndose que el mismo abarca los diversos contenidos del Registro Público de la Propiedad, tal y como lo expone la Cámara de Diputados en el Dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales presentó a su consideración y que aprobado el 17 de julio de 2013 por el Pleno, y que indica:

“esta Comisión Dictaminadora considera, al igual que lo hace la Cámara de Senadores, que actualmente el Registro Público de la Propiedad en el país, presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad… En razón de ello, esta Comisión Dictaminadora estima que otorgarle facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios existentes en las Entidades Federativas, así como los catastros en los Municipios, incidirá en el desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda…”

Prevista la competencia de este Congreso de la Unión en la materia y, a falta de la Ley General que reglamente esta situación, pretendemos incluir una cláusula procesal aplicable en materia federal y, un artículo 324 Bis destinado a la materia procedimental civil de las Entidades federativas, en donde se incluyan nuestras previsiones.

Se propone modificar el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, se refiere a los documentos probatorios con los que el actor deberá fundar su pretensión en la demanda presentada. Dicho artículo dispone:

Artículo 324.- Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos.

Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea recibida.

 En este caso, pretendemos adicionar un párrafo tercero en el que se indique que, “Asimismo, deberá indicarse en la demanda, la respectiva inscripción ante el Registro Público que corresponda, en aquellos casos en los que la propia ley lo establezca como un requisito para su admisión. En estos casos, no podrá hacerse efectivo el cumplimiento de la obligación consignada en el título, si no se corresponden los datos del registro con los de las partes en litigio.”

En lo que respecta al artículo 324 Bis que se adiciona, pretendemos que quede de la siguiente manera:

Artículo 324 Bis. Los jueces de las Entidades Federativas, atendiendo a la competencia general en materia registral, deberán dar aviso a la autoridad fiscal correspondiente, respecto de aquellas demandas sobre contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en títulos de crédito.

Finalmente, incluimos dos transitorios a fin de que, por un lado, el presente decreto entre en vigor tras los 180 días siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que las autoridades competentes realicen las adecuaciones pertinentes en cuanto a su estructura administrativa. Asimismo, un periodo de 180 días para que el Registro Público de Comercio realice también las modificaciones que correspondan para el registro de los títulos que tengan su origen en los contratos de mutuo. Indicamos, asimismo, que los asuntos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto se estén llevando acabo, se sigan llevando conforme a las reglas existentes al momento del inicio del procedimiento.

Confiamos plenamente en que, con las modificaciones propuestas en esta iniciativa daremos un gran avance legislativo en el combate a la usura que tanto afecta los más necesitados en nuestro país. En consecuencia y en mérito de todo lo anteriormente expuesto, propongo ante esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Primero. Se ADICIONA un artículo 2397 Bis al Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2397 Bis: Los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en la suscripción de un título de crédito, deberán de inscribirse en el Registro Público. El Mutuante, deberá dar cumplimiento a esta obligación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél al de la celebración del contrato, de lo contrario sólo se considerará como fecha cierta de suscripción la de su inscripción en el Registro.

Segundo. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 1391 del Código de Comercio, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 1391.

De la I. a IX.

Tratándose de los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en la suscripción de títulos de crédito, se requerirá que sean inscritos en el Registro Público de Comercio. El Mutuante, deberá dar cumplimiento a esta obligación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél al de la celebración del contrato, de lo contrario sólo se considerará como fecha cierta de suscripción la de su inscripción en el Registro. De no contarse con dicha inscripción, no se admitirá a trámite la demanda. El Juez de turno deberá dar aviso a la autoridad fiscal correspondiente, respecto de estas demandas para que, en su caso, determine las obligaciones que correspondan y, por ningún modo, podrá hacer efectivo el cumplimiento de la obligación consignada en el título, si no se corresponden los datos inscritos en el Registro Público con los de las partes en litigio.

Tercero. Se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 324 y un artículo 324 Bis, ambos al Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 324. …

Asimismo, deberá indicarse en la demanda, la respectiva inscripción ante el Registro Público que corresponda, en aquellos casos en los que la propia ley lo establezca como un requisito para su admisión. En estos casos, no podrá hacerse efectivo el cumplimiento de la obligación consignada en el título, si no se corresponden los datos del registro con los de las partes en litigio.

Artículo 324 Bis. Los jueces de las Entidades Federativas, atendiendo a la competencia general en materia registral, deberán dar aviso a la autoridad fiscal correspondiente, respecto de aquellas demandas sobre contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en títulos de crédito.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Registro Público de Comercio realizará las modificaciones que correspondan a su Reglamento a fin de inscribir los contratos de mutuo, simple o con interés, que tengan su origen en títulos de crédito, así como para dar aviso a la autoridad fiscal respecto de los mismos.

Tercero. Lo asuntos civiles o mercantiles que al momento de la entrada en vigor del presente decreto puedan verse afectados, se seguirán llevando conforme a la normativa vigente en el momento en que dichos juicios comenzaron.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Armando Luna Canales.- Dip. Jericó Abramo Masso.

1 CIENFUEGOS Salgado, David. El contrato de mutuo con interés  y el anaticismo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México. Pág. 60-61. Consultado el 09-12-2015, disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/223/dtr/dtr4.pdf

2 Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, T. III, 2ª, parte-I, p. 38. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, amparo directo 578/96. 

3 Ibídem. Pág. 65

4 Tesis: I.3o.C.739 C. Tribunales Colegiados de Circuito.  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Pág. 1597, agosto de 2009. 9ª época. Tesis Aislada (Civil).

5 Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.) Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 7, Junio 2014, Tomo I. Pág. 400. 10ª época. Jurisprudencial (Constitucional, Civil).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Diputados Rafael Yerena Zambrano, José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos Diputados)

Los suscritos, Diputados Federales RAFAEL YERENA ZAMBRANO, JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, PABLO GAMBOA MINER, HUGO DANIEL GAETA ESPARZA, J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ, JULIO SALDAÑA MORÁN, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO Y ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del PES respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, someten a la consideración de esta Asamblea la PRESENTE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con los postulados de las teorías sobre los derechos humanos, desde la década de los años 70, se comenzaron a forjar los derechos de tercera generación, los cuales empezaron a formar parte del derecho positivo. Entre éstos se incluyen el  derecho a la paz, el derecho al ambiente sano, el derecho a la asistencia humanitaria, etc.

El derecho a la paz, desde el particular punto de vista de los suscritos, consiste en un  bien jurídico de contenido vital para la realización del desarrollo de la persona, puesto que implica como lo asevera el insigne filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio “La paz es condición porque la realización de otros valores, habitualmente considerados superiores, la requiere como premisa; sin la paz, entre otros factores, ideales como la justicia, la libertad o el bienestar no se pueden cumplir.”1

La paz, puede ser asociada a la idea de lo opuesto a problemas y disturbios en las relaciones entre los estados, entre varios grupos de una misma sociedad, entre los individuos y aun entre los sentimientos y deseos de un mismo individuo.2

Por ello, hablar de paz, es referirse a una convivencia armónica entre los individuos de una sociedad, en donde usando sus derechos de libertad, y conjugándolos con la realización de valores como el respeto, la conciliación, la legalidad, la tolerancia y la solidaridad se adquiere una conciencia sobre el correcto ejercicio de todos nuestros derechos.

Los ámbitos en donde se aprenden dichos valores sin duda son el familiar, posteriormente en el escolar, el profesional y finalmente en la sociedad es donde se cierra la pinza para demostrar las buenas actitudes.

En la sociedad moderna es necesario fomentar la adopción y respeto de los valores de la paz, para consolidar el orden y la tranquilidad pública. Por lo anterior, el Estado como la organización más importante de una sociedad, tiene como tarea primordial, la inculcación de diversos valores por medio de sus políticas educativas para la formación de los individuos, desde la temprana edad, es decir, las niñas y los niños.

Debe reconocerse que actualmente, la violencia se manifiesta desgraciadamente como una forma de cultura y que el Estado no debe aceptar que se siga permitiendo y fomentando. Por el contrario, se deben emprender acciones preventivas que vayan directamente a la transformación de la idiosincrasia de las personas.

Es por lo anterior que vemos a la Educación como una herramienta efectiva para que los valores de la paz permeen en el albedrío de las personas. También creemos que las bondades de las leyes ayudan a trazar objetivos y metas para transformar la conciencia colectiva.

En este sentido, la cultura de paz está relacionada con un proceso educativo en el cual la psicología y la sociología educativa juegan un papel importante y que por ello, surge la necesidad de contar con un marco jurídico que contribuya a que la función educativa de las instituciones encargadas de la enseñanza en todos los niveles, impartan con especial dedicación los valores de la paz.

La cultura de paz encierra la idea del ejercicio pleno de los derechos y sus garantías apegado al respeto de los derechos de terceras personas para adoptar comportamientos entendidos como correctos y responsables, por esto se debe de pensar y buscar que se legisle en este tema, motivado especialmente por el clima de violencia no solo vinculada con el crimen, sino también por la que se suscita en diversos campos de la vida social de nuestro país.

Por ello, un individuo racionalmente y conscientemente puede ejercer sus derechos y llevar a cabo sus actividades cotidianas, contribuyendo a la paz de su entorno, y a la consolidación de una sociedad con orden, respeto y tranquilidad, entendiendo todo lo anterior como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos, no por medio del temor a una sanción, sino como imperativos internos de rechazar la violencia.

La intención de la propuesta de una ley de general cultura de paz es hacer de la paz una forma de vida que busque la integración de la sociedad sobre una base común, el rescate y fortalecimiento de los valores, que nos hagan hombres y mujeres, libres y responsables consigo mismos y con el entorno en que vivimos, que nos garantice un marco ideal de convivencia a través de la regulación de ciertas conductas que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de las personas.

Una cultura de paz que fomente el respeto de los demás tendrá como efecto la reducción de los índices delictivos, de los conflictos escolares, laborales y familiares, así como violencia social en la que hoy estamos inmersos.

La intención de la ley es contener el desorden social por medio del aprendizaje de valores, principios y hábitos de respeto y corresponsabilidad de los miembros de una comunidad, en los que se promueva el rechazo a la violencia en cualquier forma de sus manifestaciones, la armonización de los intereses individuales con los colectivos, y que el bienestar individual no es independiente del bienestar de los demás, sino que se encuentran estrechamente relacionados.

Sostenemos la necesidad de que el país cuente con un ordenamiento jurídico en materia de cultura de paz, y que el espíritu que guarda este proyecto de ley, es de establecer una base normativa de carácter general que fomente e inculque valores formativos a favor de la paz, de ahí la importancia de que se garantice la cultura de paz como parte de los procesos educativos a través de un ley general de la materia.

Indudablemente, en nuestro país existe una ausencia de cultura de paz, las condiciones que imperan son poco favorables y las acciones al respecto, hasta cierto punto, quedan cortas, por eso es necesario cultivar en cada individuo un conjunto de valores, principios y hábitos de una cultura de rechazo a la violencia para la convivencia, la igualdad y el sano deber de ciudadano.

El país necesita un conocimiento amplio sobre la importancia de la cultura de paz donde se dé la consolidación de un sistema que efectivamente brinde las libertades para el desarrollo de las personas, en donde se establezca el campo de acción de las autoridades y todos los sectores sociales para  fomentar, promover y desarrollen la cultura de paz.

Por todo lo anterior se propone el siguiente:

DECRETO

Único. Se reforma: la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXIX-I. ...

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado, y en materia de cultura de paz.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para presentar un proyecto de ley que atienda de manera general la cultura de paz.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Rafael Yerena Zambrano.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.- Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.- Dip. Pablo Gamboa Miner.- Dip. Hugo Daniel Gaeta Esparza.- Dip. J. Apolinar Casillas Gutiérrez.- Dip. Julio Saldaña Morán.- Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco.- Dip. Alejandro González Murillo.

1 Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz. Barcelona, Gedisa, 1992, página 174.

2 Lopatka, Adam, “El derecho a vivir en paz como un derecho humano”, tomado de La protección internacional de los derechos del hombre, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H, Estudios de derecho Internacional público, número 7, México, 1983, página 133.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3 BIS, 47 Y 51 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, EDGAR ROMO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3 BIS, 47 Y 51 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro País existen grandes retos y oportunidades para robustecer el marco jurídico que protege a los trabajadores. Si bien, la Ley del Federal del trabajo ha ido fortaleciéndose con la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, aún existen temas pendientes por legislar.

Un tema que si bien siempre ha existido, en las últimas décadas ha ido cobrando importante relevancia a nivel internacional y nacional, es el concepto inglés conocido como “mobbing”, el cual se refiere al acoso laboral que sufren los trabajadores.

Este concepto de manera genérica se refiere a un acoso de tipo psicológico que tiene lugar en el trabajo, de ahí que, en español sea equivalente a acoso laboral, lo cual implica perseguir, apremiar o importunar a alguien, de manera continua (sin darle tregua ni reposo) en un ámbito perteneciente o relativo al trabajo, el cual influye en la reputación y/o dignidad de la persona agredida o sujeto pasivo.

En el ámbito internacional, diversos instrumentos como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo, prohíben tal fenómeno social.

Por su parte, en el marco jurídico mexicano, particularmente en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3Bis sólo incluye los conceptos hostigamiento y acoso sexual, pero de acuerdo a la naturaleza con este fenómeno, se considera totalmente distinta a la del “mobbing”. Mientras que el hostigamiento se centra en la subordinación de la víctima frente al agresor, y el acoso sexual como una violencia que conlleva a un estado de indefensión de índole meramente sexual; el “mobbing” puede ser horizontal o vertical, ascendiente o descendente.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de amparo directo número 47/2013, argumentó que el acoso laboral “mobbing” es o se puede dar por:

• Horizontal: cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, pasivo activo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional.

• Vertical descendente: cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto a la víctima.

• Vertical ascendente: cuando el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto al jefe victimizado.

Y para definir al “mobbing” era importante considerar lo siguiente:

• El acoso laboral tiene como objetivo intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras de excluirla de la organización o satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir, que suele presentar el hostigador;

Debemos subrayar que sobre este fenómeno, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un Acuerdo General de Administración III/2012, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 06 de Septiembre de 2012mediante el cual se fijan las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y acoso sexual en su respectiva jurisdicción, definiendo al primero como:

• Los actos o comportamientos, en un evento o una serie de ellos, en que el entorno del trabajo o con motivo de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación exclusión, aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.

Sin duda, la importancia de este tema en México no es menor. En una encuesta realizada en el año 2012 por parte de la OCC Mundial a más de 2,000 profesionistas en nuestro País arrojó datos significantes: el 51% de los profesionistas manifestaron haber sufrido “mobbing” u hostigamiento en sus trabajos.

Asimismo, señala que 9 de cada 10 profesionistas encuestados, manifestaron que es necesaria una legislación que se encargue de castigar esta conducta.

Quienes sufren de éste acoso laboral, además de verse afectados en el ámbito laboral, manifiestan secuelas que afectan las esferas más allá de esta, influyendo en la vida privada de los individuos.

De esta forma, el “mobbing” no sólo afecta al individuo sino también a su círculo cercano, que es la familia de la víctima. Los cuales derivado de las consecuencias derivadas de este tipo de acoso laboral, pueden sufrir reacciones o agresiones que van desde lo físico hasta lo psicológico.

Entre las principales consecuencias psicológicas y físicas que pueden generar se encuentran las siguientes:

• Depresión:

• Ansiedad;

• Trastornos de sueño;

• Trastorno gastrointestinales;

• Agresividad;

• Aislamiento;

En este sentido, resulta determinante que la Legislación Laboral de nuestro País en primera instancia incluya al marco jurídico como una conducta que necesita ser castigada, y en segunda instancia, que brinde toda la protección a las víctimas que sufren esta situación.

II. PROBLEMÁTICA

Ante el evidente fenómeno del acoso laboral, así como la falta de regulación jurídica, es por lo que se considera pertinente el que se fortalezcan los derechos humanos de las personas en materia de trabajo, no discriminación en aras de vigorizar la dignidad de toda persona humana.

El Estado Mexicano tiene el deber de propiciar acciones que conduzcan a la sana relación laboral, desde todas sus perspectivas, de patrones a subordinados, de subordinados a patrones, de compañeros a compañeros, en fin, tiene el imperativo deber de que existan normas jurídicas que regulen el sano ejercicio del derecho humano del trabajo.

Como lo mencionados en párrafos anteriores, las consecuencias de este fenómeno son múltiples desde una depresión hasta un aislamiento, lo que a su vez provoca situaciones caóticas en su entorno familiar y social.

Lo más importante que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la dignidad de la persona humana, y precisamente este fenómeno ataca de forma directa a la dignidad por tanto es urgente que nosotros los legisladores pongamos atención ante esta situación.

En pocas palabras el acoso laboral obstaculiza el libre desarrollo de la persona, provocando con ello situaciones adversas en sus distintos entornos, lo que evidentemente menoscaba la dignidad humana.

En tanto, se requiere un marco legal que, por una parte sancione a los acosadores (patrones o compañeros de trabajo) y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de los agredidos.

Por lo anterior, con la presente Iniciativa se pretende legislar y atender los mencionados tópicos jurídicos, para con ello fortalecer la dignidad humana, con el único objetivo de que las personas se desarrollen en un ambiente sano de trabajo.

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden en el fenómeno social del acoso laboral.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta el que se sancione a los sujetos activos y proteja a los sujetos pasivos que intervienen en el acoso laboral, respectivamente, desde la Ley Federal del Trabajo.

Con esta propuesta se pretende que las víctimas de este fenómeno social puedan hacer valer su derecho ante las autoridades laborales, es decir, rescindir su contrato laboral sin responsabilidad para el propio sujeto pasivo.

En ese sentido, no podría existir mejor mecanismo para garantizar el derecho humano de no discriminación, derecho al trabajo y el de dignidad, que el incorporar al marco jurídico mexicano las acciones legales que se presentan, de forma tal, que es de suma importancia analizar y en su caso aprobar esta Iniciativa de Ley por parte de esta H. Soberanía Popular, en aras del beneficio social comunal.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone a la Ley Federal del Trabajo es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para atender los derechos de las víctimas y consecuencias de los agresores en materia de acoso laboral desde una perspectiva de índole laboral.

En tal virtud, se propone adicionar el inciso c) del artículo 3 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para para incluir el concepto de acoso laboral, asimismo se modifican los artículos 47 fracción VIII y 51 fracción II de la misma Ley Federal del Trabajo, para incorporar como falta de rescisión de la relación del trabajo tanto para el patrón como para el trabajador, el que comentan acoso laboral, en aras de propiciar un ambiente sano de trabajo desde la óptica garantista de los derechos humanos que consagra nuestra Ley Fundamental del País.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por modificación los artículos 3 incisos a) y b), 47 fracción VIII y 51 fracción II, y por modificación del inciso c) al artículo 3, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas;

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; y

c) Acoso laboral, los actos o comportamientos, en un evento o una serie de ellos, en que el entorno del trabajo o con motivo de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación exclusión, aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que puedan realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

III. al VII...

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales, de hostigamiento, acoso sexual y/o acoso laboral, contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I...

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexualy/o acoso laboral, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III. al X...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Edgar Romo García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS    ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(Presentada por las Diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Las suscritas, CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Diputadas Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primero.- La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraigada percepción de los roles de género, particularmente en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del hogar y de los hijos.

De igual forma un tercer factor al que se pretende alcanzar, es incidir en una de las grandes barreras que definen la propia contratación de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar a tener dentro del ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de mujer la causa que define ambas circunstancias.

El escenario laboral al que las mujeres deben de enfrentarse se encuentra marcado por una evidente desigualdad, ya que las oportunidades reales de trabajo para una mujer se ven por debajo de las que pueden llegar a tener los hombres, incluidas las fuentes de trabajo, calidad de empleo, y en la retribución económica así como de prestaciones. Todo lo anterior a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º primer párrafo se encuentra claramente establecido que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley.”

Incluso donde la igualdad de género se encuentra plenamente respaldada por un gran marco jurídico especializado internacional, como es el caso de los tratados internacionales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración de Beijing, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, así como aquellos convenios y recomendaciones con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades entre trabajadoras y trabajadores.

Si en verdad se anhela con una sociedad donde exista una igualdad entre hombres y mujeres, debe ser fundamental identificar, atender y corregir y aquellas políticas que se han instalado en el colectivo social a causa de estereotipos “naturales” y roles de género.

Por lo que es necesario ir construyendo un mejor escenario para las mujeres, el cual debemos reconocer ha sido un proceso de grandes logros, aunque también lamentablemente se ha caracterizado por un desarrollo no tan acelerado como la igualdad de género lo requiere, ya que las condiciones de igualdad entre mujeres y hombre todavía se encuentran marcadas por una brecha socioeconómica.
Actualmente pueden ser distinguidos “cuatro principales brechas o condicionamientos socioeconómicos que requieren alcanzar igualdad sustantiva de género: I) los ingresos y las pensiones; II) el empleo y la ocupación; II) los estándares de seguridad social, y IV) toda otra forma de discriminación socioeconómica en diferentes niveles: individual (en la esfera de lo privado), así como, municipal, estatal y nacional en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en la esfera de lo público)”

Por otro lado la nueva conformación y concepción de la familia hace inminente una mayor participación de los hombres en las labores del hogar y del cuidado de los hijos, por lo que será esencial “involucrar a los hombres en la fórmula de colectivización de las labores del hogar y del cuidado de los dependientes- siendo ellos quienes- se verán directamente beneficiados con políticas fuertes de flexibilización de horarios, licencias de paternidad, guarderías y valorización del trabajo doméstico”

Segundo.- La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la OIT a mediados del año 2000, tuvo como objeto velar por las condiciones de vida e igualdad de las mujeres, en particular de aquellas que se encuentren como parte de la fuerza laboral de los Estados Miembro.

En dicha conferencia fue revisado y reafirmado el convenio sobre la protección a la maternidad (C183), instrumento que además de establecer los principios y derechos sobre protección de la salud, prestaciones, de protección del empleo y no discriminación, también menciona respecto a la licencia de maternidad, ya que en su artículo 4 primer párrafo señala que el tiempo que debe ser otorgado no debe ser menor al de 14 semanas.

Realizando una simple comparación, respecto al tiempo que se encuentra constitucionalmente establecido como licencia de maternidad en nuestro país, podemos concluir que existe una diferencia de dos semanas menos a la recomendación hecha por la Organización Internacional del Trabajo, ya que el artículo 123 fracción V del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que las mujeres “gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo”.

Tercero.- Precisamente una de las razones que han permitido que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad laboral, y que puede ser corroborado con la falta de oportunidades dignas de trabajo, así como los salarios que se encuentran rezagados en comparación con lo que perciben los hombres, es la constante aplicación de roles y estereotipos que tradicionalmente se le han asignado a la mujer y a los hombres, específicamente aquellos relacionados con el cuidado y atención del hogar y de los hijos.

“En México se incumple la garantía relativa a que a trabajos iguales, corresponden salarios iguales. El caso más notorio es el relativo a los directivos de todos los sectores, entre quienes el promedio salarial por hora trabajada alcanza los 95.2 pesos, frente a 81.2 pesos para las mujeres.”

La vulnerabilidad anteriormente mencionada se convierte en algo impensable cuando actualmente las mujeres que se encuentran dentro de la población económicamente activa representan una mayor escolaridad que la que tienen los hombres (10 grados frente a 9,4 grados de escolaridad) pero esta condición de ventaja no se mantiene cuando son jefas de hogar ya que sus grados de estudio disminuyen considerablemente.

Aunado a lo anterior habría que considerar que una tercera parte de los hogares en México tienen como jefe de hogar a una mujer. INEGI revela que hemos llegado a 32.27 millones de hogares de los cuales, 8.53 millones tienen como jefa a una mujer, y de estos 1.31 millones labora en la informalidad, situación que coloca a las mujeres en una evidente vulnerabilidad.

Cuarto.- El departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad y el de Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevó a cabo la investigación denominada “La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, 2014”, donde de 185 países y territorios que fueron estudiados respecto a la licencia de maternidad, se encontró que: “el 53 por ciento (98 países) cumple con la norma de la OIT de la licencia de 14 semanas como mínimo; 42 países cumplen o superan la licencia propuesta de 18 semanas; 60  países conceden una licencia de entre 12 y 13 semanas, inferior a la duración prevista en el Convenio núm. 183 pero en consonancia con los Convenios anteriores; solo el 15 por ciento (27 países) concede menos de 12 semanas”

Respecto a la licencia de paternidad y licencia parental se desprenden los siguientes elementos fundamentales:

“Las disposiciones relativas a la licencia de paternidad son cada vez más habituales y reflejan la evolución de la visión de la paternidad. El derecho obligatorio a la licencia de paternidad rige en 78 de los 167 países sobre los que se disponía de información. En la mayoría de ellos (70), la licencia es remunerada; ello pone de manifiesto la tendencia a una mayor participación de los padres en torno al nacimiento.

En 66 de los 169 países estudiados, había disposiciones relativas a la licencia parental; sobre todo, en las Economías Desarrolladas, Europa Oriental y Asia Central y muy rara vez en otras regiones.

Lo habitual es que la licencia parental se ofrezca como derecho compartido, y son las mujeres quienes principalmente hacen uso de la misma. El índice de utilización de la licencia por parte de los hombres es bajo, en especial si la licencia no es remunerada.”

Quinto.- A manera de ilustrar la situación en que se encuentran las mujeres y que claramente las coloca al frente del cuidado del hogar y de los hijos, se presentas los siguientes datos que resultan relevantes al respecto, la publicación “Los Invisibles 2014. Las niñas y los niños de 0 a 6”, resalta un panorama no muy alentador para las madres en México ya que 8 de cada 10 casos la mamá es la única responsable del cuidado infantil; esto aunado a que gran parte de las mamás son niñas el 12% de las mujeres entre 15 y 19 ya tienen un hijo; y donde el nivel educativo del 50% de las madres con hijos recién nacidos se coloca por debajo de la secundaria.

Sexto.- A pesar de existir un incremento tanto de la presencia de las mujeres en la fuerza laboral así como de los derechos y prestaciones a las que pueden acceder laboralmente, esta tendencia global puede ser únicamente observable de manera clara en países que presentan un gran desarrollo económico, mientras que en los Estados en vías de desarrollo requieren de un nuevo marco y disposiciones jurídicas, donde estos puedas ser eficientemente aplicados, y permitan mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Para llevar a cabo lo anterior, la propia Organización Internacional del Trabajo ha llegado a recomendar la necesidad de diseñar y aplicar instrumentos que protejan la maternidad, a través de una “conciliación” entre el trabajo y la familia, donde los Estados miembro deben de “adoptar y aplicar leyes y políticas incluyentes, para lograr la protección efectiva, […] prevenir y eliminar la discriminación contra las mujeres y los hombres con responsabilidades familiares, […] diseñar políticas de protección de la maternidad y de conciliación de la vida laboral y familiar, para lograr la igualdad de género sustantiva” así como “abordar la maternidad, la paternidad y el cuidado como responsabilidades colectivas”

De forma particular el reporte anteriormente citado propone promover una distribución equitativa de las responsabilidades familiares a lo interno de los hogares, entre mujeres y hombres, así como dos elementos claves: hacer de la maternidad y la paternidad elementos fundamentales en los programas de protección social y, crear una cultura favorable en el lugar de trabajo. Este último se refiere a que la calidad de maternidad y paternidad que adopten las mujeres o los hombres, sea considerada por la sociedad de forma natural, permitiendo mejorar la relación y condición laboral de las personas con la propia familia.

De forma similar el informe “Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos” por parte de ONU Mujeres, propone en uno de sus ejes centrales el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, colocando sobre este eje la propuesta de alcanzar una igualdad sustantiva para las mujeres por medio de un sistema integral de licencias remuneradas de maternidad, paternidad y parentales, siendo fundamental que los padres asuman el papel que les corresponde en las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, actividades que principalmente no son remuneradas.

Séptimo.- Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo, sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en la presente iniciativa es, redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres.

“El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se reforma la Fracción V, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Por el que se reforma la Fracción V, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y ocho semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Los hombres gozarán de un descanso obligatorio otorgado por los patrones por el nacimiento de sus hijos de al menos cinco días anteriores, y veinte días posteriores al parto.

Las modalidades de la licencia de maternidad y paternidad estarán establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Claudia Sofía Corichi García.- Dip. Verónica Delgadillo García.

1 ¿Igualdad sustantiva de género en México? Parte I, Animal Político, Carmina Borja, diciembre 25, 2014, www.animalpolitico.com

2 El matrimonio igualitario y la(s) agenda(s) feminista(s), DSYR CIDE Inter(sex)iones, Luz Helena Orozco, julio 7 de 2015, www.animalpolitico.com

3 C183- Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) 1952 (Entrada en vigor: 07 febrero 2002) www.ilo.org

4 Es de mencionar que en acuerdos y convenios anteriores de la OIT se encontraba contemplado el número de 12 semanas como tiempo mínimo para la licencia de maternidad, pero el desarrollo por mejorar las condiciones de igualdad así como laborales de las mujeres, se ha dado una serie de recomendaciones donde señalan el incremento a 14 semanas incluso a una ampliación mínima de 18 semanas véase la R191- Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191).

5 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016, www.mexicosocial.org

6 Ibídem. Con datos de la ENOE, I Trimestre 2015, indicadores por género www.inegi.gob.mx

7 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016, www.mexicosocial.org

8 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org

9 Ibídem.

10 Los Invisibles 2014. Las niñas y los niños de 0 a 6, Mexicanos Primero.

11 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org

12 El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos, 2015 ONU Mujeres, www.progress.unwomen.org

13 Sobre este tema la constitucionalista y especialista en temas de derechos fundamentales y equidad de género, Geraldina González de la Vega, hace un gran reflexión al respecto en uno de sus artículos publicados respecto a licencias de paternidad donde se comparte la opinión respecto que “la licencia no es una vacación para ver al recién nacido, la licencia tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos” “#ReformaLaboral: La licencia de paternidad, un tema importante” Animal Político, 28 de septiembre 2012, www.animalpolitico.com

14 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO 132, MODIFICA EL NOMBRE DEL TÍTULO QUINTO, SE DEROGAN LAS FRACCIONES II, II BIS, III, V, VI Y VII DEL ARTÍCULO 170, SE REFORMA EL ARTÍCULO 172, SE ADICIONA EL CAPÍTULO I AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por las Diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Las suscritas, CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Diputadas Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO 132, MODIFICA EL NOMBRE DEL TÍTULO QUINTO, SE DEROGAN LAS FRACCIONES II, IIBIS, III, V, VI Y VII DEL ARTÍCULO 170, SE REFORMA EL ARTÍCULO 172, SE ADICIONA EL CAPÍTULO I AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Las políticas orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políticas no son suficientes.

II. La licencia de maternidad y paternidad son dos políticas públicas útiles en la conciliación de la vida laboral y la doméstica de hombres y mujeres. Estas medidas se han adoptado buscando no solamente subsanar las brechas de género provocadas por una cultura que ha privilegiado el espacio público para los hombres, mientras que el privado –con sus consecuentes responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos- ha sido asignado desde las sociedades tradicionales y patriarcales, a las mujeres. El Estado ha sentado en las últimas décadas las bases para institucionalizar ambas políticas con el fin de -eventualmente- provocar cambios culturales en la sociedad que se traduzcan en nuevos esquemas de corresponsabilidad y ejercicio de los derechos para los hombres y las mujeres.

III. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraigada percepción de los roles de género, particularmente en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del hogar y de los hijos. De igual forma incidir en una de las grandes barreras que definen la propia contratación de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar a tener dentro del ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de mujer la causa que define ambas circunstancias.

IV. Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo, sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en la presente iniciativa es, redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres.“El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”

V. En México, como en todo el mundo, se han establecido legislaciones que tienen por objeto proteger a las mujeres y hombres en los ámbitos laborales. Sin embargo, la brecha entre géneros es en extremo visible en la materia. Nos referimos a salarios asimétricos, dobles o triples jornadas, acoso sexual, entre otras cosas las que tienen que soportar las mujeres en los trabajos, sino que también el hecho de que su calidad de mujeres sea la razón de esa discriminación.

El Derecho Laboral vigente en México, sin embargo, no ha podido reflejar la realidad social del país, lo que hasta la fecha imposibilita la protección y garantía del ejercicio de la maternidad y paternidad, toda vez que las medidas tendientes a otorgar y garantizar el goce de estos derechos no son funcionales a la luz de las dinámicas sociales modernas, por lo que como políticas públicas han fallado en reflejar las necesidades de su población objetivo.

Esto último se ha hecho evidente en dos hechos principalmente, la baja tasa de lactancia materna en México, que duramente supera al 14 por ciento del total de mujeres en condiciones de amamantar; y los altos índices de discriminación laboral hacia las mujeres por encontrarse embarazadas, que según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) colocan a la maternidad como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral, ya sea para ingresar a un empleo o de permanecer en éste.

VI. Las mujeres son soporte fundamental de la familia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la maternidad y el papel que éstas realizan en la procreación de los hijos no deben ser causa de su discriminación. La Observación General número 18 del Comité DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que “los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo”.

VII. El empleo representa para cualquier persona una fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural, social y económico, lo que implica por lo tanto, un medio de realización personal. El Banco Mundial señala que el empleo, representa una transformación, al menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) productividad, y c) cohesión social.

VIII. La violencia laboral que viven las mujeres en México vulnera su situación económica y con ello la de las personas que dependen de su ingreso. Las afectaciones se incrustan en un esquema de discriminación interseccional, en el que confluyen otros elementos como pobreza, nulo acceso a oportunidades de desarrollo profesional y personal, entre otros; mismos que contribuyen negativamente en el acceso a garantías como lo son servicios de salud pública y gratuita, y que por ende propician condiciones de mayor vulnerabilidad a las mujeres durante el parto y puerperio.

IX. Las prestaciones laborales más importantes para las madres trabajadoras en México se reducen a la protección de la salud de la madre y su hijo durante la gestación; un periodo pre y posparto de doce semanas con goce de sueldo; el periodo posparto sin goce de sueldo (desde las seis semanas después del parto hasta el cumplimiento del primer año de vida del infante), así como a la no discriminación por embarazo, la cual incluye la prohibición expresa de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Estos derechos nacieron como resultado de la lucha feminista y debido a la incorporación de las mujeres al campo laboral; sin embargo, en la actualidad, en las sociedades desarrolladas estos derechos se han expandido hacia el derecho que le asiste a los varones como resultado del ejercicio de su paternidad y en muchos casos se han transformado en derechos laborales para las familias y no ligados a las mujeres.”

X. La desigualdad entre los permisos de padres y madres para la atención infantil (llámense de paternidad, de maternidad o parentales) es una pieza clave en todo el engranaje que consolida las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta importancia se deriva de que los permisos inciden en ese momento crucial en el que se instalan los roles de género en el seno de la pareja, se conforman (o no) las relaciones de apego con un recién nacido y se ofrece un determinado modelo al resto de los niños/as de la familia y del entorno.

XI. La Organización Internacional del Trabajo señala sobre las licencias de paternidad, que las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos/as pequeños/as.

Diversos estudios señalan que la licencia para los padres es más habitual en las Economías Desarrolladas, África y Europa Oriental, y Asia Central, lo que sitúa a América lejos de los estándares de protección y goce de la paternidad.

XII. “Los 10 países con mayor igualdad de género son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nicaragua —único país de Latinoamérica y el Caribe—, Ruanda —único país de África y recién incorporado en 2014—, Irlanda, Filipinas y Bélgica. A lo largo de 9 años en los que el Foro Económico Mundial ha hecho la medición de las brechas de oportunidades entre hombres y mujeres en los distintos países del mundo, algunos han permanecido entre los 10 mejores lugares y otros se han movido de manera sorprendente, como es el caso de Nicaragua que en 2006 se encontraba en el lugar 62 —incluso llegó a estar en el lugar 90 en 2007— hasta ocupar el sexto lugar en 2014. Por otro lado, los países que se han mantenido dentro de los 10 mejores lugares a lo largo de los 9 años de medición son los nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Esto se debe a que dichos países tienen una larga tradición en el fomento de la igualdad de género.”

CONSIDERACIONES

I. Que con la reforma constitucional de 2011, la discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil quedó expresamente prohibida en todo México. Asimismo, es de destacar que el artículo 4o. de la Carta Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.

II. Que la igualdad laboral está fundamentada en el artículo 5o. constitucional, donde señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe entenderse en tres modalidades principales, las oportunidades, el trato y el pago.

III. Que desde un enfoque de derechos humanos la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales.

IV. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas es un acto discriminatorio.

V. Que la igualdad de oportunidades es el derecho de hombres y mujeres a exigir   trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado   civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona.

VI. Que el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. El mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

VII. Que en el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas    para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. El inciso f, numeral 2, del mismo artículo indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”. El artículo 12 de la citada convención señala en el numeral 2: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”.

VIII. Que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México establece que “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos: a) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

IX. Que México tienen pendiente como Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, adherirse al Convenio 183 de ésta, por el que establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos. En este se establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.

El convenio dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud  o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

La norma prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Si México reforma desde ahora sus ordenamientos legales, una vez que el Convenio sea ratificado, no será necesaria una nueva discusión sobre el tema.

X. Que el pasado 15 de diciembre de 2015, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura en un ejemplo de solidaridad con la mejora y perfeccionamiento de un marco jurídico que garantice la protección de las mujeres durante la maternidad, aprobó un Punto de Acuerdo suscrito por la Diputada Federal Claudia Sofía Corichi García por el que se asentaron los siguientes resolutivos:

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

SEGUNDO. Así mismo, esta Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, para que una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.

XI. Que durante la reunión de líderes globales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, encabezada por los cuatro países sede de las Conferencias Internacionales de la Mujer (México, Dinamarca, Kenia y China), junto con ONU-Mujeres, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió que se haría promoción a una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar; y se intensificarían las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el embarazo en adolescentes y la mortalidad materna; por lo que este anuncio refuerza el compromiso de México con garantizar el goce de plenos derechos a las mujeres.

XII. Que durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, se adoptó el Consenso de Quito , en cuyo numeral 25, inciso xiii) se acordó: “Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad.

XIII. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, establece los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres.

La norma incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres. Uno de los reactivos que contiene dicha norma es “Contar con el esquema de licencia de paternidad” y entre las evidencias de dicho reactivo está la: creación de estrategias, difusión y promoción de la participación masculina en el cuidado y educación de los hijos.

Lejos de las medidas unilaterales adoptadas por algunos gobiernos locales y estatales, en México las licencias de maternidad y paternidad permanecen muy por debajo de los estándares internacionales y de derecho comparado. La Cámara de Diputados en el marco de su compromiso con la igualdad de género y por la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos debe promover cambios positivos en la materia que coadyuven a materializar ésta ampliación y garantía del goce de derechos para padres y madres. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

PRIMERO. Por el que se deroga la Fracción XXVII Bis del Artículo 132, modifica el nombre del Título Quinto, se derogan las Fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del Artículo 170, se reforma el Artículo 172, se adiciona el Capítulo I al Título Quinto y se recorren los Artículos subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. …

XXVII Bis. Se deroga

TITULO QUINTO

Protección en la Maternidad

Artículo 170. …

II. Se deroga

II Bis. Se deroga

III. Se deroga

V. Se deroga

VI. Se deroga

VII. Se deroga

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener el mobiliario necesario, en condiciones óptimas y a disponibilidad, para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres trabajadoras durante la gestación o lactancia.

Capítulo I.

Licencias de maternidad y paternidad

Artículo 173. Las modalidades que se consignan en este Capítulo tienen como propósito establecer los lineamientos sobre los que las mujeres u hombres trabajadores podrán acceder a las licencias de maternidad o paternidad.

Artículo 174. La licencia de maternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a las mujeres trabajadoras embarazadas de al menos catorce semanas.

I. Se deberán tomar al menos, cuatro semanas anteriores y seis posteriores del parto.En caso de que la trabajadora no haya gozado de las catorce semanas obligatorias, al término de las seis posteriores al parto, podrá optar por solicitar el goce de las semanas restantes hasta cuatro meses después del alumbramiento.

Los períodos de descanso a que se refiere esta Fracción se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que las trabajadoras se encuentren imposibilitadas para laborar a causa del embarazo o del parto.

II. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Posterior a las seis semanas obligatorias podrá por solicitar el goce de las semanas restantes hasta seis meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora y del hijo.

II BIS. En caso de fallecimiento del hijo, la trabajadora podrá gozar de las seis semanas de descanso a las que se refiere la Fracción I de este Artículo.

III. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción I, las trabajadoras percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este Artículo.

V. Las trabajadoras tendrán derecho a regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VI. A que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de maternidad.

Artículo 175. La licencia de paternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos, de al menos cinco días anteriores y veinte días posteriores al parto.
I. Los trabajadores tendrán al menos diez días consecutivos de descanso posteriores al parto. Los días restantes de descanso deberán ser otorgados a los trabajadores a solicitud de éstos dentro de los primeros cuatros meses de vida del recién nacido, y no podrán superar los cuatro días por mes. Los trabajadores deberán haber gozado de los veinticinco días que señala este artículo al cumplirse los primeros cuatros meses de vida del recién nacido.

II. En caso de que no haya gozado de los cinco días anteriores al parto, podrá solicitar el goce de los mismos hasta cuatro meses después del alumbramiento.

III. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta seis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente, dentro de los cuatro primeros meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la madre y del hijo.

III BIS. En caso de fallecimiento del hijo, el trabajador podrá gozar de los veinte días de descanso a los que se refiere este Artículo.

IV. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de hasta veinticinco días con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere este Artículo los trabajadores percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este Artículo.

VI. Los trabajadores tienen derecho a que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de paternidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.- Dip. Verónica Delgadillo García.

1 Sobre este tema la constitucionalista y especialista en temas de derechos fundamentales y equidad de género, Geraldina González de la Vega, hace un gran reflexión a las licencias de paternidad, donde se comparte la opinión respecto que “la licencia no es una vacación para ver al recién nacido, la licencia tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos” “#ReformaLaboral: La licencia de paternidad, un tema importante” Animal Político, 28 de septiembre 2012, www.animalpolitico.com

2 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org.

3 México, según datos del Reporte global de brecha de género, del Foro Económico Mundial, cayó a la posición 80 desde el lugar 68 en 2014 por la baja presencia de mujeres en espacios de decisión.

4 De acuerdo con el Global gender gap report 2014, del Foro Económico Mundial, México se encuentra en la posición 118 de 142 países en la escala de equidad laboral.

5 México se encuentra en el último lugar de Latinoamérica con ese índice, según análisis de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

6 Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que se refieren a la gestión de Felipe Calderón, revelan que de 2007 a 2012 llegaron a ese órgano un total de 255 quejas (contra particulares) y 63 reclamaciones (contra servidores públicos) respecto de este rubro.

7 Datos de la ENDIREH señalan la alta vulnerabilidad de las mujeres en los espacios laborales. La mayoría de las agresiones contra las mujeres se da por los jefes. Es decir, 820 mil 772 casos de violencia en el trabajo al año son por los superiores y 398 mil 655 provienen de los compañeros laborales.

8 El Fondo Monetario Internacional señala que a pesar de los avances de las últimas décadas, el mercado laboral sigue estando dividido por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género, por lo que la participación de mujeres en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la participación masculina.

9 En México, 30.1 por ciento de las mujeres ocupadas reporta violencia laboral; de ellas, 23.8 es víctima de discriminación y 12.5 de acoso laboral. En el país, a 35.9 de las mujeres ocupadas violentadas en el trabajo se pidió la prueba de embarazo como requisito para contratarlas; 31.3 dice tener menores oportunidades que los varones para lograr un ascenso, 30.9 mencionó que se le paga menos que a un hombre que hace lo mismo, 21.8 recibe menos prestaciones que un hombre, según cifras de CONAPRED.

10 Banco Mundial, Empleos y desarrollo [en línea].
Disponible en http://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview

11 Datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2010, de las mujeres de 15 años y más, 71.6 por ciento había tenido al menos un hijo nacido vivo. En 2011, de las defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 eran por hemorragias posparto, mientras que de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo, 45.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2 presentan pobreza extrema. De las mujeres con hijos pertenecientes a la población económicamente activa, 96.3 participa en la producción de bienes y servicios; 35 trabaja en el sector informal, 33.5 en empresas y 17.4 en instituciones. Cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas y con hijos trabajan por cuenta propia; mientras que 3 por ciento trabaja como empleadora; 8.1 no recibe remuneración por su trabajo y la mayoría (6 de cada 10) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De éstas, 81.4 no cuenta con acceso a guardería; 18.7 trabaja más de 48 horas a la semana; 45 gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7) y labora sin tener un contrato escrito (44.9).

12 García Delgadillo, Juan; Mendizábal Bermúdez, Gabriela. Revista Latinoamericana de Derecho Social, Núm. 20, enero-julio de 2015, pp.31-59

13 Esto además, puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los estereotipos predominante.

14 La duración de la licencia de paternidad varía, pero solo cinco países (Eslovenia, Finlandia, Islandia, Lituania y Portugal) ofrecen periodos de licencia que superan las dos semanas. En casi todos los países que la conceden, el padre tienen la posibilidad de decidir si gozar o no de su derecho. Esta licencia solo es obligatoria en Chile, Italia y Portugal.

15 “Global Gender Gap Report”, Foro Económico Mundial, 2014.

16 Con su entrada en vigor el 7 de febrero de 2002, se adhirieron a 29 países miembros especialmente europeos como Portugal, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, Países Bajos, Macedonia, Luxemburgo, Chipre, Italia, Hungría, Bulgaria y Austria así como algunos países africanos como Burkina Faso, Mali y Marruecos, mientras que en el continente han hecho lo propio Cuba, y Belice en el continente americano. En países como Perú se aprobó ampliar el periodo de licencia de maternidad, como consecuencia de haber suscrito y ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

17 La directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló en junio de este año que es fundamental que México ratifique el Convenio 183 de la OIT para responder a las demandas de las trabajadoras del país, quienes se encuentran en una situación de desventaja.

18 El Gobierno del entonces Distrito Federal resolvió de manera unilateral que desde el 17 de noviembre de 2013 la Licencia por paternidad para funcionarios que laboran en bajo su administración sería de 15 días naturales con goce de sueldo y aplica para quienes se convierten en padres o madres, por consanguinidad o adopción, entrabajadores de órganos centrales, desconcentrados y paraestatales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Diputados Xitlalic Ceja García, Mariana Benítez Tiburcio, María Bárbara Botello Santibáñez y Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita que el proceso electoral en Puebla se conduzca en términos de legalidad, ante las severas irregularidades registradas a favor del candidato de la coalición “Sigamos Adelante” José Antonio Gali Fayad. Se turna a la Primera Comisión

Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el proceso electoral que se vive en el Estado de Puebla existe claramente injerencia del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas a favor de su candidato José Antonio Gali Fayad, por lo que los poblanos viven un ambiente que pone en riesgo el orden público y su derecho al voto.

Es por ello que las bancadas de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, demandamos al Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como a los integrantes de su gabinete, sacar las manos del proceso electoral y dejar de intervenir de forma irregular a favor del candidato a la gubernatura de la coalición “Sigamos Adelante”, José Antonio Gali Fayad.

Igualmente, pedimos al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) atender oportunamente las denuncias e impugnaciones interpuestas por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social, ante las severas irregularidades registradas en el proceso electoral que se desahoga en territorio poblano.

La actuación parcial de la autoridad electoral local ha dejado mucho que desear, ya que lejos de contribuir con acciones a favor de una cultura democrática en la entidad ha persistido en una actitud negativa y tortuosa para conceder el ejercicio de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos denunciados, verificar la existencia de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades ilegales que se están reportando todos días en el Estado de Puebla.

Consideramos imperativo que se frene la descarada intromisión oficial en respaldo de Gali Fayad, candidato de la coalición “Sigamos Adelante” al gobierno de Puebla.

Y es que, testimonialmente, se ha demostrado que el Gobernador Moreno Valle Rosas e integrantes de su equipo de trabajo de las diferentes dependencias de la administración estatal, despliegan apoyos de diversa naturaleza en busca de que José Antonio Gali Fayad gane en la elección del próximo 5 de junio.

En respaldo a este punto de acuerdo, las bancadas de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México denunciamos que a lo largo del proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Puebla, se han venido presentando irregularidades que revelan la intromisión del Ejecutivo de aquella entidad que perturban el buen desarrollo del mismo, con la finalidad de influir en la voluntad popular a favor dela coalición “Sigamos Adelante” quienes desesperados por la fuerza de sus contrincantes, han recurrido a toda clase de tropelías y, por ende, a la transgresión a las reglas electorales vigentes.

Un ejemplo de esto es la campaña fraudulenta y perversa que promueve el candidato Gali Fayad apoyado por el Gobierno del Estado de Puebla, para condonarlos adeudos en el pago del agua para aquellos que voten por la coalición que encabeza, y de esta manera obtener resultados positivos en las elecciones que se avecinan, aun cuando la Ley del Agua para el Estado de Puebla prohíbe realizar la condonación parcial o total del pago del servicio.

Otro caso detectado, es la estrategia que se ha venido dando por parte de la coalición “Sigamos Adelante” en el marco del Día del Maestro, para pedirle una “selfie” con boleta en mano a los maestros poblanos y así comprobar que votaron por el expresidente municipal de Puebla a cambio de algún tipo de apoyo.

De igual forma, el Gobernador Rafael Moreno Valle y el candidato a la gubernatura, José Antonio Gali Fayad, han destinado recursos públicos mediante la entrega de mochilas escolares para promover su imagen. Como vemos, el actuar del gobierno del estado y del candidato Gali Fayad, acredita el uso indebido de recursos públicos y la violación a distintos ordenamientos.

Por si fuera poco, Blanca Alcalá Ruiz, la candidata de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social al gobierno del Estado de Puebla, presentó dos videos donde personal de la Secretaría de Infraestructura entrega cheques de devolución por la fotomulta, donde se les pide a los infractores la credencial de elector y les precisan que el reembolso de la multa por parte de la Secretaría de Finanzas se debe al candidato de la coalición “Sigamos Adelante”, por lo que  ya se realizan las acciones correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y el Secretario de Finanzas, Roberto Rivero Trewartha.

En Puebla hay impunidad y corrupción porque el Gobernador Moreno Valle abiertamente hace uso de recursos públicos y de servidores del gobierno estatal para favorecer a su candidato, mientras que el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), conformado con gente afín a los intereses del Gobernador no actúa con prestancia y oportunidad para resolver los recursos interpuestos ante esa instancia en contra de la coalición “Sigamos Adelante”.

Es por ello, que exigimos que el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, e integrantes de su gabinete de gobierno, se conduzcan en el marco de legalidad durante todo el proceso electoral, cuya conclusión es el próximo 5 de junio.

Asimismo, solicitamos que este un punto de acuerdo tenga el carácter de urgente y obvia resolución.

Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como a los integrantes de su gabinete de gobierno, a que se conduzcan apegados a la legalidad durante el proceso electoral, y se desistan de cualquier tipo de intromisión irregular que ponga en riesgo el buen desarrollo del mismo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del estado de Puebla (IEEP), a atender oportunamente las denuncias e impugnaciones interpuestas por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social, ante las severas irregularidades registradas en el proceso electoral que se desahoga en aquella entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.- Dip. Mariana Benitez Tiburcio.- Dip. María Bárbara Botello Santibañez.- Dip. Edgar Romo García.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Se turna a la Primera Comisión

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos son una condición imprescindible de un gobierno democrático para dar cumplimiento puntual a las necesidades básicas que demandan los ciudadanos.

En México, el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Además, como una medida de control, señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos deben ser evaluados a fin de que sean asignados al cumplimiento de los objetivos y los programas para los cuales fueron asignados.

No obstante, diversos medios de comunicación han hecho de conocimiento público un presunto desvío de recursos públicos del titular de la Delegación Cuauhtémoc para apoyar la campaña del candidato del partido Morena al gobierno de Zacatecas.

Por otra parte, señalan que el Jefe Delegacional no sólo ha enviado dinero en efectivo para beneficiar la campaña de su hermano; sino que también ha pedido a diversos empresarios que se han beneficiado durante su administración como delegado que aporten y faciliten vehículos, espectaculares y propaganda.1

Cabe mencionar que esta demarcación es una de las delegaciones con mayores problemas de seguridad, movilidad, rescate de espacios públicos y de comercio informal, que demandan la atención puntual, urgente y efectiva del jefe delegacional.

Entre otras responsabilidades, los titulares de las delegaciones deben dirigir las actividades de la administración pública de la demarcación; prestar los servicios públicos; dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas; rehabilitar y mantener escuelas, bibliotecas y parques públicos; además, prestar el servicio de limpia y alumbrado público.

No es la primera ocasión que Ricardo Monreal es acusado por este tipo de hechos, basta mencionar que, en junio de 2015, tres personas que presuntamente eran sus colaboradoras fueron detenidas cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula, llevando consigo más de un millón de pesos.

En este contexto, en necesario que se realicen las investigaciones permitentes para verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la delegación.

La Contraloría General es la instancia que se encarga de la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México.2

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, fundamentalmente en las facultades conferidas en su artículo 34, así como lo dispuesto en el Reglamento de la misma ley, específicamente en su artículo 113; corresponde a las Contralorías Internas de las delegaciones, ordenar y ejecutar auditorías en el ámbito de su competencia, así como conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios de los servidores públicos adscritos a las delegaciones por acto u omisión que pudiera comprometer su correcto desempeño, para determinar en su caso las sanciones correspondientes.

Asimismo, las Contralorías Internas de las Delegaciones, tienen la obligación de atender a todo requerimiento realizado por el Titular de la Contraloría General en el ejercicio de sus atribuciones; pues las Contralorías Internas están adscritas orgánicamente a la Contraloría General.

El trabajo que realice la Contraloría General de la Ciudad de México, será de vital importancia para verificar que los recursos que ejerce la Delegación Cuauhtémoc, sean administrados y ejercidos en el marco de la ley, pero, sobre todo, para resolver los principales problemas que enfrenta la demarcación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, los Senadores hemos aprobado diversas reformas que ponen al día las instituciones y las leyes encargadas de garantizar los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales.

Resulta de suma importancia que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo, pues coadyuvan a garantizar el correcto uso, ejercicio y destino de recursos públicos, así como el cumplimiento de los principios rectores del sistema electoral nacional: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Contraloría General, realice una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, y se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente.

1http://www.milenio.com/politica/devio_recursos_Cuauhtemoc-David_Monreal_Ricardo_Monreal-Zacatecas_delegado_0_733726786.html

2 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/queHaceContraloria.php






De los Diputados Raúl Domínguez Rex, Mariana Benítez Tiburcio, Adolfo Mota Hernández y Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes a fin de determinar si existen vínculos con grupos delincuenciales de tres candidatos a la presidencia municipal de los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán, en el estado de Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Diputadas y Diputados, YAHLEEL ABDALA CARMONA, RAÚL DOMÍNGUEZ REX, MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ Y EDGAR ROMO GARCÍA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

El pasado sábado 7 de mayo del presente año, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer a través de un comunicado, la decisión de expulsar a tres candidatos postulados por dicho partido a la alcaldía de tres municipios del estado de Tamaulipas, debido a presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los candidatos en mención son Reyes Zúñiga Vázquez, candidato a la alcaldía del municipio de Hidalgo; Luis Cesario Aldape Lerma, por el municipio de Mainero y Gustavo Estrella Cabrera, aspirante en el municipio de Villagrán, ubicados en la región del centro de Tamaulipas.

En declaraciones del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se dio a conocer que los tres candidatos fueron amenazados o comprados por el crimen en Tamaulipas y que apoyan abiertamente al Partido Acción Nacional y conminó a los demás partidos políticos a actuar en consecuencia y quitarle el registro a aquellos candidatos que no se identifiquen con lo que quieren los tamaulipecos que es la paz y la tranquilidad.

Ante esta circunstancia, se informó que se procederá a solicitar ante las autoridades electorales la cancelación del registro de los tres candidatos y que se lleva a cabo una investigación al interior del partido y de lo que resulte se procederá a poner a los involucrados a disposición de las autoridades correspondientes.

El involucramiento del crimen organizado en los distintos órdenes de gobiernos, ha dañado enormemente el estado de derecho y ha afectado la paz y la seguridad de las y los mexicanos en los últimos años. No podemos permitir que lleguen a ocupar cargos públicos personas cuyos intereses son servir a los delincuentes y no a la ciudadanía, generando violencia y dañando la integridad de la sociedad.

Reconocemos la determinación de nuestro partido ante estos hechos, que confirman el interés por la seguridad de los mexicanos y repudiamos cualquier vínculo con grupos delincuenciales que tanto han dañado a nuestro país y esperamos que los demás partidos políticos denuncien ante la autoridad a quienes tengan indicios de este tipo, para evitar que se sigan coludiendo delincuentes en el servicio público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República, para que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se realicen las investigaciones pertinentes a fin de determinar si existen vínculos con grupos delincuenciales de Reyes Zúñiga Vázquez, Luis Cesario Aldape Lerma y Gustavo Estrella Cabrera, candidatos a la presidencia municipal de los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán, respectivamente, en el estado de Tamaulipas, y de ser así, se tomen las medidas correspondientes y se finquen responsabilidades.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Sen. Yahleel Abdala Carmona.- Sen. Raúl Domínguez Rex.- Sen. Mariana Benítez Tiburcio.- Sen. Adolfo Mota Hernández.- Sen. Edgar Romo García.






Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas que garanticen la máxima trasparencia y libre competencia en los procesos de licitación y a realizar las gestiones que permitan renovar el parque vehicular destinado a la prestación de servicios en la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador FRANCISO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE MEDIDAS QUE GARANTICEN LA MÁXIMA TRASPARENCIA Y LIBRE COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN; A QUE REALICE LAS GESTIONES QUE PERMITAN RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• El 14 de julio del 2015, el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF), publicó la convocatoria de licitación pública nacional  OM-DGRMSG-004-15 para la adquisición de 154 camiones recolectores de basura.

• El 6 de agosto del 2015 el proceso de licitación fue adjudicado a la empresa Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V.

• Tras el fallo de la licitación, el GDF pagó a la empresa Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V. la cantidad de 434 millones 393 mil 772 pesos (IVA incluido) por la compra de los 154 camiones recolectores de basura.

• El 2 de septiembre del 2015 el titular de la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), Jesús Alberto Guerrero, presentó ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, una denuncia en la que se acusaba a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el pago de sobreprecio en la adquisición de los camiones recolectores de basura.

• El 18 de noviembre del 2015 el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio entrega de los 154 camiones recolectores de basura.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), los gobiernos de las Megalópolis producen cerca del 20% del total de las emisiones contaminantes anuales que se generan en ésta. Gran parte de las emisiones contaminantes producidas por estos gobiernos, son consecuencia del deteriorado parque vehicular que presta distintos tipos de servicios en la Megalópolis.

En un esfuerzo de renovación del parque vehicular para la prestación del servicio de recolección de basura en la Ciudad de México, el Gobierno de la ciudad, lanzó una convocatoria de licitación pública para la adquisición de 154 camiones recolectores de basura. Sin embargo, las buenas intenciones del gobierno capitalino, se vieron opacadas por las malas prácticas.

La corrupción es una práctica que lacera constantemente a la sociedad mexicana y que inhibe el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. De acuerdo con el informe, México: Anatomía de la Corrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción es una práctica claramente correlacionada con los niveles de violencia que se presentan en una sociedad y que disminuye en un 14% los niveles de ingreso anual de las familias y hasta en un 5% la inversión externa del país. Al final, en términos de crecimiento económico se calcula el costo de la corrupción entre un -2% y -9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Así, la corrupción parece haberse hecho presente en el proceso de licitación de los 154 camiones de basura.

De acuerdo con la denuncia presentada por el titular de la ONRE, el ciudadano Jesús Alberto Guerrero, el gobierno de la Ciudad de México pagó un sobreprecio de entre 86 y 121 millones de pesos por la adquisición de estas unidades, debido a que pagó por cada unidad la cantidad de 2 millones 820 mil pesos; mientras que en el mercado otras empresas ofertaban la misma unidad en un precio de hasta 790 mil pesos menor.

Aunado a lo anterior, el mismo documento de fallo de la licitación en favor de la empresa Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V., presentaba irregularidades.

Por un lado, se señalaba que la empresa ganadora no había tenido competidores al final del proceso de licitación y que había cumplido con los requisitos de la convocatoria, así como con las especificaciones técnicas para los camiones requeridos.

Por otro lado, el mismo documento, señalaba declaraciones de descontento por parte de los representantes de las empresas: Automotive Trucks, Zapata Camiones y Detroit Diesel Allison de México; quienes también habían concursado en dicho proceso de licitación. En las declaraciones se señaló, que existían inconsistencias en el proceso de licitación.

Lo anterior, da indicios de haberse fabricado una licitación a la medida de quien la terminó ganando.

Es menester de las autoridades correspondientes, garantizar que todos y cada uno de los procesos de licitación pública se lleven a cabo bajo los principios de máxima transparencia, de libre competencia y libre de cualquier acto de corrupción. Cuando estas condiciones no se cumplen, son los ciudadanos y las empresas los únicos perjudicados, pues terminan pagando costos adicionales, en favor del beneficio de algunos, que su único mérito fue el de coludirse con estas autoridades.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México a dar trámite legal a la denuncia presentada el día 2 de septiembre del 2015 por el C. Jesús Alberto Guerrero, en relación a presuntas prácticas de corrupción en el proceso de Licitación Pública Nacional OM-DGRMSG-004-15, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes resulten responsables.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe del Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas que garanticen la máxima trasparencia y libre competencia en los procesos de licitación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Gobierno de la Ciudad de México a que realice las gestiones necesarias que permitan renovar el parque vehicular destinado a la prestación de distintos servicios en la Ciudad de México en un marco de máxima transparencia y libre competencia que garanticen el menor costo a los ciudadanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías de las 32 entidades federativas a instruir a los ministerios públicos a garantizar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LAS PROCURADURIAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS A GARANTIZAR EL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ, EL CUAL DEBERÁ SER CONSIDERADO DE MANERA PRIMORDIAL, EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE UNA CUESTIÓN QUE INVOLUCRE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra niñas, niños y adolescentes, tiene muchas expresiones. Si bien el uso de la fuerza a través de las agresiones es desafortunadamente amplia en sus víctimas, también loes en las distintas formas en que es ejercida en nuestro país.

Nos enfrentamos a  una situación alarmante por la normalización de la violencia, en algunas zonas de nuestro país, como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, sin embargo, más allá de esta expresión grotesca es importante señalar que la violencia comprende distintos niveles y modalidades de existencia que resulta pertinente hacer visible, denunciar, cambiar.

Lamentablemente México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niñas, niños y adolescentes, desde la violencia física, el abuso sexual y el homicidio.

La Organización de Naciones Unidas ha ubicado a México entre las naciones más violentas del mundo. Además de todo lo que esto implica en lo económico, político y social, su impacto más negativo lo tiene, sin duda alguna, entre las niñas, niños y adolescentes que viven a diario distintas situaciones de violencia.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que México, Estados Unidos y Portugal "tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por 30 naciones.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los organismos encargados de crear mecanismos que permitan proteger a la niñez, en el entendido de que el maltrato es conocido generalmente en la atención hospitalaria. La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones e incluso la muerte.

De acuerdo al organismo, el maltrato infantil es “el maltrato o la vejación de menores abarcando todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo y dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

En México 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia o adolescencia. Al menos el 20% de las personas han sufrido o sufrirán abuso sexual durante su infancia. El último número oficial (2013) refleja que el total de denuncias realizadas por este delito fue de 5 mil 736, sin embargo se estima que éste representa tan sólo el 10% del total de abusos sexuales que suceden y de éstos en solamente el 1.5% de los casos se consigna al agresor.

Otra cifra alarmante, es que en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños el agresor es familiar directo; el incesto ocurre en todos los tipos de familia. Por otra parte, 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual infantil es contactado a través de Internet.1

El abuso sexual ocurre entre un menor y un adulto que es el padre, cuidador o responsable de la niña o el niño. Típicamente involucra la explotación sexual del menor o sirve para estimular sexualmente al adulto. El abuso sexual abarca un amplio rango de comportamientos que pueden incluir o no los contactos de naturaleza sexual.

Los actos que no involucran dicho contacto incluyen: los comentarios de índole sexual, el exhibicionismo y la masturbación, el vouyerismo y la exposición a material pornográfico. Los actos de contacto, en cambio, incluyen: el contacto sexual, la penetración digital o con objetos y el intercambio sexual. Los abusos sexuales ocurren preponderantemente al interior de la familia en todos los grupos étnicos y clases sociales.

La mayoría de las definiciones de abuso sexual infantil establecen dos criterios básicos para identificar el abuso: a) la coerción, dado que el agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el menor, y b) la asimetría de edad, ya que el agresor debe ser significativamente mayor que la víctima, aunque no necesariamente mayor de edad.

De acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF, se reportaron 39 mil 516 casos de abuso contra niños y niñas y  fueron comprobados 27 mil 675. Cifra diferente al año 2013 en el que se recibieron 32 mil 652 denuncias de casos y se comprobaron 18 mil 277.

Los Estados donde se reportaron la mayoría de los casos contra de niñas, niños y adolescentes, en 2014, son: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.2

Como muestra del aumento en los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, solo basta con hacer una búsqueda en internet para visibilizar las múltiples trabas que enfrentan los padres de estos  infantes, al tratar de denunciar el abuso.

Tal es el caso del Colegio Montessori Matatena, que a pesar de las denuncias interpuestas y de salir positivas las pruebas que constatan el abuso sexual cometido a por lo menos tres niños, no se haya salvaguardado el interés superior de la niñez con la finalidad de garantizar y salvaguardar los derechos de las niñas y niños que asistían a este colegio.

Los tratados internacionales que protegen y reconocen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito universal son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños en conflictos armados y los relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

En la esfera interamericana se puede citar la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados parte respetarán tales derechos y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. La convención establece que los Estados parte deberán tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o tutores o familiares.

En 2014, se aprobó la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como objeto “reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte. 3

Lo anterior, en congruencia con el principio especial de integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos, que deben ser protegidas solidaria y simultáneamente por la familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio pleno sus derechos.

Por tal motivo todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que una vez que se identifica o sospecha de abuso sexual sean llevados a consulta médica inmediata y posteriormente a realizar la denuncia al Ministerio Público.

• La atención hospitalaria que reciban debe ser de emergencia. El abuso sexual debe tratarse siempre como emergencia muestren o no lesión aparente y deben de recibir los servicios de profilaxis, anticonceptivos de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Ley.

• Tiene derecho a que se les reciba y atienda en cualquier institución de salud. No se les debe exigir condición previa de admisión.

• Todos tienen acceso gratuito a la justicia. Además deben recibir medidas de ayuda, protección, atención y reparación del daño así como un trato igualitario sin discriminación y sin que se les soliciten requisitos para acceder a este derecho.

El 31 de marzo, presente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los 32 Congresos Estatales a tipificar como delito grave el delito de abuso sexual infantil en sus respectivos Códigos Penales.

El Código Penal Federal establece en el artículo 265, que comete “violación”, quien por medio de la violencia física o moral realice copula, e indica que “Abuso sexual” es quien ejecute en una persona sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar actos sexuales. Cada entidad define en su legislación local el término de violencia sexual infantil y sus derivados. Específicamente solo nueve de las 31 entidades y el Distrito Federal contemplan en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave. Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. Sin embargo, las penalidades no son severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de 18 años.

Las entidades que estipulan como grave este ilícito en sus códigos penales estatales, tienen como mínimo sanciones de seis meses y máxima de 10 años; en cuanto a las 23 entidades restantes en las que no se califican como delito grave al abuso sexual a menores, los agresores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los 1,200 días.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de las 32 Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los Ministerios Públicos a: 

• Garantizar el interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial, en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y adolescentes;

• Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza de la investigación y del procedimiento lo requiera; y;

• Dar aviso a la Procuraduría de Protección a fin de garantizar la efectiva representación, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal y como lo establece la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual-muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/

2Veáse.http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/repunta-el-maltrato-infantil-en-el-pais-1090126.html

3 Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Diario Oficial de la Federación. 04 de diciembre de 2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf






Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta y requiere a diversas autoridades a fin de que cesen  los ataques en contra del diario Vanguardia de Coahuila. Se turna a la Primera Comisión.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Y REQUIERE A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE QUE CESEN LOS ATAQUES EN CONTRA DEL DIARIO VANGUARDIA DE COAHUILA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De la intención de acallar a la prensa crítica.

En el estado de Coahuila se registró un acontecimiento político de carácter atípico. Lo que llamó la atención no fue que la transmisión del Poder Ejecutivo tuviera lugar entre miembros del mismo partido en una entidad que no ha conocido la alternancia sino que, además, se produjera entre integrantes de una misma familia. El gobernador saliente hizo entrega del poder político a su hermano. Como es natural, esta situación ha despertado todo tipo de comentarios. La condición política de Coahuila constituye un incentivo para un género específico del ejercicio periodístico ya que alimenta las notas de opinión y ejerce una atracción del seguimiento periodístico en torno a la actividad del gobierno del estado. Lamentablemente la peculiaridad en el contexto político coahuilense también da lugar a la tentación de acallar a la crítica que en un escenario así es más aguda y profunda en la labor informativa de los medios de comunicación de la propia identidad. Vanguardia, uno de los diarios más acuciosos en el ejercicio de la libertad de expresión en Coahuila, ha denunciado una campaña sistemática de hostigamiento en su contra a partir de enero del año en curso y que desembocó en un ataque directo a quien dirige el medio de comunicación. Vanguardia ha denunciado agresiones sumamente graves a través de la fabricación de procesos judiciales.

Denuncia de amenazas.

Con fecha cinco de mayo de este año, el diario afectado hizo lo que cualquier medio de comunicación cuando se desencadenan las agresiones por parte del poder político. En dicha ocasión Vanguardia denunció de manera prolija las agresiones que se habían ido intensificado al parecer con motivo de señalamientos diversos sobre la actuación del gobierno local. El contenido de la denuncia periodística fue el siguiente:

“Desde hace unas semanas VANGUARDIA y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos.

Hacemos un llamado a la comunidad periodística nacional e internacional, a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía para visibilizar lo que pareciera un intento por mutilar la libertad y derecho para informar que desde hace 40 años venimos ejerciendo primero desde Saltillo, Coahuila, y ahora a la comunidad global con las nuevas plataformas informativas.

Sin la certeza del origen y responsables de estas agresiones, pero con pleno entendimiento de las lamentables consecuencias que otros compañeros periodistas sufren en estos momentos en distintas latitudes del País, lanzamos esta alerta.

A continuación una relatoría de la reciente ola de ataques:

A partir del pasado 27 enero diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de la familia VANGUARDIA, al igual que a otros periodistas y comunicadores de Coahuila.

El pasado 25 de abril, los servidores de VANGUARDIA fueron atacados desde un DDos desde Puebla, Coahuila y Nuevo León. Muchas de esas computadoras al parecer fueron ubicadas en diversas universidades. El equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

El martes 3 de mayo antes de las 21:00 horas, un vehículo con dos personas a bordo se mantuvo afuera de las instalaciones aparentemente en labores de vigilancia y espionaje.

En los primeros minutos de ayer miércoles 4 de mayo, ese vehículo sospechoso con los dos hombres jóvenes a bordo siguió en todo su trayecto (17 kilómetros) a una compañera reportera, quien era trasladada a su domicilio por el proveedor de transporte que da servicio a la empresa desde hace años.

Todo el trayecto cerca del taxi, intimidando. Al llegar al destino, a unos 30 metros, el auto sospechoso detuvo la marcha, esperó a que la reportera ingresara a la casa, el taxista se fuera y un par de minutos después se colocó frente al domicilio unos segundos, donde los sospechosos pudieron darse cuenta que en el lugar había más personas, se retornaron y retiraron a velocidad muy baja. Cuatro minutos después, regresaron y volvieron a circular frente al domicilio a mínima velocidad casi deteniendo la marcha frente a éste.

A partir de las 02.00 horas la reportera fue llevada a resguardo, donde permanecerá mientras no se conozca la naturaleza de la persecución e intimidación.

No necesitamos evaluar posibilidades en este tipo de embestidas, pues en tiempos que creíamos ya en el pasado nuestros compañeros han sido perseguidos, agredidos, “levantados” y secuestrados.

DEMANDA HMV A VANGUARDIA

La reportera perseguida la madrugada de ayer es una joven especializada en educación y notas comunitarias y humanas; no maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

Actualmente está demandada junto con VANGUARDIA por Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, quien ante la justicia civil argumenta daño moral por una nota publicada tras su liberación el pasado 23 de enero de una prisión en Madrid, España.

La demanda, que se encuentra radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Saltillo, fue notificada a VANGUARDIA hace dos semanas.”1

Siempre que un medio de comunicación denuncia intromisiones en su labor informativadesde las altas esferas del poder, tiene repercusión en otros medios. Fue por ello que diversos medios de comunicación de circulación nacional recogieron y reprodujeron la nota con valoraciones propias desde luego rechazando cualquier tipo de prácticas que pudieran llevar a la censura o a la imposición de una línea editorial específica a cualquier medio de comunicación. Sin embargo, la solidaridad de periodistas y empresas de comunicación no produjo ningún efecto ya que en días posteriores las agresiones se magnificaron. En esta ocasión de manera abierta y utilizando a la dependencia que debiera velar por la vigencia de los derechos humanos dentro del orden constitucional, incurrió en lo que ha sido considerado no sólo por los medios de comunicación sino también por líderes de opinión así como actores políticos y sociales dentro y fuera de Coahuila, como un auténtico atropello.2

Ataque bajo la apariencia de diligencias judiciales.

El 6 de mayo del año en curso se llevó a cabo lo que personal de la Secretaría General de Gobierno del estado de Coahuila presentó como la práctica de una actuación ordenada por un juez. Integrantes de Fuerza Coahuila junto con elementos del cuerpo de policía municipal se presentaron en un inmueble y desalojaron a Armando Castilla Galindo, director general de Vanguardia. El periodista denunció el uso ilegítimo de la fuerza al implementar un operativo del todo desproporcionado con la naturaleza, alcances y propósito de la diligencia. Se instaló un perímetro exterior de varios kilómetros. Se utilizó maquinaria pesada para bloquear los accesos. Y finalmente se destinaron docenas de policías de élite para notificar y llevar a cabo una práctica judicial que se realiza a diario por lo general con un par de policías municipales que acompañan al actuario y al representante de la parte actora.

Durante la diligencia y en prueba de la intención de hostigamiento con que ésta se llevó a cabo, Armando Castilla Galindo, director general de Vanguardia fue herido. El número en exceso de miembros de las instituciones de seguridad pública de Coahuila fue insuficiente para impedir que el director del diario fuese atropellado y terminara a bordo de una ambulancia. Ante la ola de cuestionamientos por el desalojo del inmueble del periodista, la Secretaría General de Gobierno difundió un comunicado con el que pretende demostrar que su intervención se limitó a cumplir un exhorto judicial procedente de la Ciudad de México. Éste es el contenido del comunicado:

“En relación a la nota publicada en el portal de internet del periódico Vanguardia el día 6 de mayo del año en curso, bajo el título “Ataca Fuerza Coahuila casa del director de Vanguardia”, esta Secretaría puntualiza:

El Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, licenciado César Alejandro Saucedo Flores, giró oficio al encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social de Fuerza Coahuila, para que auxiliara con el uso de la fuerza pública la realización de una diligencia dentro del exhorto 29/2016. Actuación que correspondió en desalojar un predio y ser entregado a las personas a las cuales hace referencia el exhorto.

Del oficio en mención se deduce que este exhorto fue girado por la Secretaria Conciliadora adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, licenciada Rosalba Reyes Rodríguez, deducido del Juicio 1102/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido desde el año 2009 por Olga Leticia Muñoz Cena en contra de Gustavo Antonio Lara Ramos.

Por tal razón se presentaron elementos de las fuerzas del orden que quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien es la responsable de hacer las diligencias y decidir lo correspondiente.

Los elementos de Proximidad Social de Fuerza Coahuila acudieron en cumplimiento de la Ley y por instrucciones de la autoridad judicial limitándose a ofrecer seguridad en la diligencia, misma que estuvo a cargo del licenciado Oscar David Benavides López, actuario del Juzgado local a que se hace referencia; quien sabemos levantó las actas correspondientes que deben estar glosadas al expediente.

Además de lo anterior, llama la atención que en la nota difundida por el periódico Vanguardia no se menciona que el señor Armando Castilla Galindo tuvo comunicación telefónica con el Secretario de Gobierno, profesor Víctor Zamora Rodríguez, para solicitarle se suspendiera la diligencia.

Igualmente, es importante señalar que durante esa comunicación el señor Armando Castilla Galindo no manifestó en ningún momento haber sido agredido, así como tampoco alguna otra persona cercana a él.

Después de cruzar varias llamadas telefónicas, se le explicó al señor Armando Castilla lo que arriba se describe: que se actuó en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.

Cabe destacar que en ninguna de las constancias remitidas obra el nombre del señor Armando Castilla como propietario del predio en litigio.

Esta autoridad rechaza todas las conclusiones que aparecen en el editorial que contiene la nota en referencia. Como se señaló, la actuación de la policía estatal fue a petición de la autoridad judicial de Coahuila y el Distrito Federal.

El profesor Víctor Zamora ha solicitado que sobre el particular se dé vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además de que ha instruido a la Dirección de Asuntos Internos de esta Secretaría de Gobierno para que lleve a cabo la investigación correspondiente,  y en caso de que haya ocurrido una irregularidad, sea castigada aún y cuando no se aprecie que exista alguna violación legal.”3

Denuncia de los medios de comunicación.

En la edición del día 9 de mayo, Vanguardia publica no sólo que la diligencia es simulada, pues destaca que el exhorto se dirigió en contra de una persona ya fallecida, el señor Gustavo Lara Ramos sino que dicha persona le vendió al diario el inmueble hace más de veinte años. A continuación, para ser precisos, se transcribe la denuncia de vanguardia:

“Saltillo.- En menos de 24 horas el Gobierno de Coahuila armó un “superoperativo”, como pocos se han visto en los últimos años en Saltillo… para lanzar de su predio ¡a una persona fallecida desde hace cinco meses! Así, la rapidez con que actuaron contrasta con el tortuguismo que sufren muchos ciudadanos que piden auxilio, o son víctimas de delitos y de los múltiples abusos de los cuerpos policiacos denunciados continuamente.

Pero en este caso, poco importó que las autoridades estatales hayan publicado esquelas expresando sus condolencias por el deceso del saltillense Gustavo Lara Ramos en diciembre de 2015, pues el pasado 6 de mayo “Fuerza Coahuila”, de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Víctor Zamora, desplegó un comando de unos 30 de sus policías de élite, algunos incluso con pasamontañas cubriendo el rostro, con el pretexto de dar cumplimiento a una orden de desalojo.

Y aunque Lara Ramos fue alguna vez dueño de ese predio, Grupo VANGUARDIA lo adquirió legítima y legalmente desde hace más de 20 años, pero la labor de “Fuerza Coahuila” en ese operativo policiaco fue atrincherarse en un cerco de más de dos kilómetros para evitar que los abogados de esta casa editorial llegaran al lugar para acreditar la legal propiedad y posesión.

Al verse evidenciado por este abuso a nivel nacional e internacional, el Estado se vio obligado a emitir un “mañoso” boletín. Con el comunicado pretende justificar a sus elementos policiacos, a cargo de Zamora, tratando de engañar a los ciudadanos al decir que se trataba de dar cumplimiento a una orden del juez civil, pero la verdad es que ilegalmente era un supuesto abogado y otro hombre vestido de civil quienes daban órdenes directas a los policías.

Además, para buscar minimizar el atropello, afirman que el nombre del editor en jefe de VANGUARDIA no aparecía en la solicitud del juez. Algo cierto, pues el documento de la diligencia establece claramente que la orden era contra “Gustavo Lara”… fallecido hace cinco meses y a cuyo funeral asistieron muchos de los secretarios del Gobierno Estatal. El deceso de Lara Ramos fue muy sentido, pues fue un promotor del deporte, primero como uno de los propietarios del club de béisbol Saraperos de Saltillo, y después, como organizador de carreras para celebrar su cumpleaños.

A pesar de ello, la gente a cargo de Zamora llevó a cabo el operativo policiaco, en el que protegió no sólo el saqueo de los bienes de la vivienda -que a 72 horas del operativo siguen desaparecidos-, sino que también permitió que participaran civiles armados con machetes.

“Fuerza Coahuila” encabezó en todo momento un grupo de más de 100 personas que fueron a desalojar a un hombre fallecido. Además, se encargó de evitar que los abogados de VANGUARDIA llegaran al lugar.

El equipo bajo las órdenes de Zamora Rodríguez resolvió así, en menos de un día, la solicitud de un Juzgado Civil, lo que contrasta con los retrasos que lleva en casos de importancia no solo nacional, sino internacional, como las masacres en el municipio de Allende en 2011, y las presuntas desapariciones masivas en crematorios y “cocinas” instaladas en el penal de Piedras Negras, donde fueron ejecutadas alrededor de 150 personas entre 2008 y 2011.”4

Arbitrariedad y ataques a la libertad de expresión.

La lucha por los derechos de los periodistas no es nueva en nuestro país. Siempre que proliferan los ataques, los periodistas y los medios de comunicación salen en defensa de la libertad de expresión de la única manera que saben hacerlo: persistiendo en su labor informativa. La reacción por parte de las autoridades es siempre con la tendencia de influir en la línea editorial buscando preservar sus privilegios. En nuestro país las agresiones a periodistas provienen en su mayoría de servidores públicos, tal y como ha sido el hallazgo en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de organizaciones de periodistas defensoras de sus derechos como Artículo 19, entre otras. Los ataques por parte de servidores públicos que no toleran el escrutinio de la prensa en torno a su actuación oficial, son lamentablemente todavía reiterados. Hemos sido testigos desde homicidios en los que presidentes municipales aparecen como autores intelectuales en el estado de Veracruz, hasta la orden de propinar golpizas a reporteras en las propias instalaciones del medio de comunicación, como se registró en el estado de Guanajuato. Las autoridades en muchas ocasiones tratan de criminalizar a las víctimas aprovechando el contexto de violencia e inseguridad que se padece en el país. Las procuradurías de justicia y las fiscalías de las entidades federativas colocan en primer lugar de la línea de investigación supuestos vínculos con la delincuencia para evitar indagar los hechos ilícitos en relación con la labor informativa de la víctima. Los Relatores tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, luego de visitar nuestro país recientemente, destacaron entre sus conclusiones la necesidad de crear una nueva cultura de respeto a la libertad de expresión que hiciera conciencia entre las autoridades para acabar con la coacción desde el poder público hacia los medios de comunicación.

Es por ello que en una entidad con las características ya descritas con anterioridad, se hace necesario esclarecer de manera absoluta los hechos que resultan indicativos de una práctica sistemática para imponer la ley mordaza a un medio de comunicación. La atípica condición política que se vive en el estado de Coahuila así como el uso desmedido de la fuerza son hechos reveladores de que el diario Vanguardia y su director Armando Castilla Galindo han sufrido agresiones en su libertad de expresión. El modo de operar a través del cual se perpetran los ataques es ahora más sofisticado pues se sitúa a la fuente de la agresión fuera de las fronteras del Estado, es decir, la autoridad aduce que simplemente está cumpliendo un exhorto proveniente de la Ciudad de México; asimismo, se construye toda una fachada, de acuerdo a la denuncia de Vanguardia, para afectar la propiedad inmobiliaria del diario ya que el pretendido juicio de origen de la diligencia se encuentra incoado en contra de una persona ya fallecida.

En este orden de ideas, se hace necesario que se lleve a cabo una investigación seria y responsable. En homenaje a la libertad de expresión, derecho fundamental que posibilita el ejercicio de otras libertades como la de manifestación y la de asociación, entre otras, un ente que goce de plena autonomía requiere de revisar las constancias judiciales para determinar el menor grado de simulación en los autos e identificar una sola voluntad como autora de todas la secuela hasta culminar con el desalojo de la propiedad de Vanguardia. Es importante actuar lo antes posible ya que de persistir la impunidad, las autoridades de Coahuila continuarán en su escalada de ataques y agresiones en contra de Vanguardia en tanto medio de comunicación de línea crítica hacia el gobierno local. Mientras se llevan a cabo, por parte del organismo imparcial con autonomía constitucional, las investigaciones conducentes es prioritario brindar protección al medio de comunicación, a su director y a todo su personal. Por ello, la presente proposición contiene el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta, con toda atención, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de su titular, para que inicie una investigación sobre los hechos de amenazas, agresiones y ataques que han venido siendo denunciados por el diario Vanguardia del Estado de Coahuila para efectos de investigar violaciones a la libertad de expresión.

Segundo. Se requiere, con toda atención, al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que tome medidas de protección urgentes y garantice la vida e integridad de su director Armando Castilla Galindo y de todo su personal así como dela seguridad de las instalaciones del medio de comunicación denominado Vanguardia del Estado de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la nota siguiente, consultada el 10 de mayo de 2010: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/espionaje-intimidacion-y-ataque-vanguardia

2 Véase la nota siguiente consultada el 10 de mayo del año en curso:
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/lideres-de-opinion-condenan-ataques-contra-libertades-en-coahuila

3 Véase la nota siguiente de El Heraldo de Saltillo, consultada el 10 de mayo del año en curso: http://elheraldodesaltillo.mx/2016/05/06/aclara-secretaria-de-gobierno-desalojo-de-predio/

4 Véase la siguiente nota, consultada el día de hoy: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/superoperativo-fue-para-lanzar-un-muertO






De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de gobierno de la Ciudad de México que instruya a sus colaboradores a realizar las  acciones pertinentes para atender las demandas de los capitalinos peticionarios y para que se deslinde públicamente de las acciones que miembros de su partido han llevado a cabo en perjuicio de las y los habitantes de la Delegación Tlalpan. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

El pasado 8 de mayo, un grupo de aproximadamente 300 personas, instaló un plantón en la Explanada de la Delegación Tlalpan, ese mismo día fueron atendidos por funcionarios de la demarcación y toda vez que las peticiones eran atribución de instancias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Jefa Delegacional Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, hizo las gestiones para que fueran atendidas por las oficinas correspondientes llamando en todo momento al diálogo y la concertación.

A este llamado, los manifestantes encabezados por líderes, simpatizantes y militantes del PRD en Tlalpan, respondieron con una toma de las instalaciones de la sede Delegacional impidiendo la entrada a los trabajadores, a los servidores públicos y a la ciudadanía que llegó a hacer trámites y gestiones el lunes por la mañana. Cuando la propia Jefa Delegacional intentó dialogar para acceder al edificio y que los servicios como “Ventanilla Única “ y “Base Plata” (seguridad pública) se restablecieran; la cerrazón y violencia de quienes dicen defender demandas legítimas de los ciudadanos obligó a que la propia Jefa Delegacional y su equipo se retiraran entre empujones, gritos y jalones.

La jefatura Delegacional en Tlalpan ha manifestado su apertura al diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, también, ha señalado que aun cuando, resolver las peticiones de este grupo  rebasa las atribuciones  de ese órgano político; asume el compromiso de ser un enlace entre las organizaciones demandantes y las instancias de Gobierno de la Ciudad de México, así como dar seguimiento a las mesas de trabajo, que para tal efecto se lleven a cabo.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no puede permanecer ajena a conflictos de esta naturaleza que se suscitan en la capital del país, porque enrarecen el ambiente político e impiden una solución pacífica, institucional y civilizada.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, el grupo parlamentario de Morena pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera, a que instruya a sus colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los capitalinos peticionarios; de igual modo, hace un atento llamado para que se deslinde públicamente de las acciones que miembros de su partido y con claros intereses político electorales han llevado a cabo, en perjuicio de las y los habitantes de la Delegación Tlalpan.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.






De los Diputados Salvador Zamora Zamora y José Erandi Bermúdez Méndez del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa con la finalidad de destinar un fondo igual o superior para los productores de cada uno de los estados que se encuentran en la misma problemática que Sinaloa. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, SALVADOR ZAMORA ZAMORA, JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ Diputados integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, Fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En México año con año  los productores de maíz se han enfrentado a diferentes problemáticas, como son el cambio climático, plagas, enfermedades, el tipo de cambio de la moneda, la incertidumbre de precios, desvinculación con la operación del gobierno, periodos cortos de aperturas de las ventanillas para la Agricultura por Contrato descapitalización para acceder al pago de las primas de coberturas de precios, altos costos en los precios de los insumos, además del aumento de nuevos impuestos de insumos (IEPS), falta de transparencia en la información de las operaciones comerciales realizadas, entre otros.

2. Todo lo descrito anteriormente ha llevado sin duda a una descapitalización del campo, aunado a la perdida de la productividad y competitividad para que los productores accedan al mercado en similitud de condiciones a las de nuestros socios comerciales por el Tratado de Libre Comercio.

3. La reciente cosecha de maíz en general del ciclo Primavera- Verano 2015 presentó una disminución en sus rendimiento y calidades, lo que trajo como consecuencia que el productor incumplirá con los volúmenes pactados con sus compradores en la modalidad de Agricultura por Contrato y por lo tanto el productor se vio inmerso en problemas para cumplir sus compromisos de pago de los créditos que había recibid de las fuentes financieras y de los proveedores; así mismo, los apoyos federales (Compensación de Bases, IPEC, estímulo a la conversión de maíz blanco a amarillo, entre otros, del ciclo anterior Primavera- Verano 2014), no han sido entregados en su totalidad a los productores, incrementando su endeudamiento y generado el pago de costos  financieros.

4. La Agricultura por contrato desarrollada por SAGARPA se cotiza en dólares, ya que nuestro mercado está regido por la Bolsa de Chicago, por lo cual, al establecer un   precio sin posibilidad de actualización y entendiendo que la variación de la moneda en estos últimos meses ha sido fluctuante, repercute de manera directa y perjudicial al campo, ya que los insumos necesarios para la producción (semillas, fertilizantes, agroquímicos, entre otros), se cotizan y venden al tipo de combo del dólar , lo que evidentemente deja en desventaja a los productores.

5. En los primeros días del presente mes, la SAGARPA, concretamente el Lic. Marcelo López Sánchez, se reunió con diversos productores del estado de Sinaloa llegando a los siguientes acuerdos:

a. A partir del martes 3 de mayo llegarían a Sinaloa 300 millones de pesos para empezar a pagar a los productores los adeudos pendientes de las cosechas del ciclo agrícola 2015 y 2016.

b. Concretar los pagos tanto del concepto de compensaciones como de los paquetes tecnológicos en un plazo de 30 días dando prioridad a los productores de 20 a 40 hectáreas y a los que asistieron a la manifestación este lunes a la Ciudad de México.

c. Se acordó instalar una mesa de participación permanente a partir del 9 de mayo, para revisar la integración de la compensación de bases de maíz u otros mecanismos de apoyo del ciclo 2015-2016.

d. La SAGARPA ha propuesto un fondo de mil millones de pesos a ejercer en el segundo cuatrimestre del año para proteger el programa de Agricultura por Contrato.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que a pesar de que no se informó cuáles son las condiciones que propiciaron la creación del fondo de mil millones para el estado de Sinaloa, es claro que los demás estados productores de maíz, tienen las mismas circunstancias que ellos, por ejemplo, los estados de Jalisco y Guanajuato.

SEGUNDO.- Que las circunstancias descritas en el aparatado de antecedentes concretamente en los numerales marcado como 1, 2, 3 y 4 del presente punto de acuerdo, afectan a todos por igual y que la SAGARPA, atreves de ASERCA ha incumplido con los pagos de los programas de la misma forma, es justo que se realicen las mimas acciones con todos los estados productores de maíz, y

TERCERO.- Que la falta de igualdad en las soluciones plateadas a un solo estado, cuando la problemática es generalizada,  solo repercutirán en las manifestaciones enérgicas en los estados y en la ciudad de México,  de los demás productores en el    país

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la SAGARPA, a que realice los pagos de los adeudos pendientes a todos los productores de maíz del país de manera inmediata

SEGUNDO. Que el Titular de la Sagarpa informe las circunstancias y criterios por las cuales se creo un fondo para proteger el programa de agricultura por contrato de mil millones de pesos únicamente para los productores de maíz del estado de Sinaloa.

TERCERO. Se exhorta al Titular de la Sagarpa, para que cree un fondo cuando menos igual al de Sinaloa para los estados productores de maíz.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Salvador Zamora Zamora.- Dip. José Erandi Bermúdez Méndez.






De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a incentivar la contratación de investigadores y ex becarios por la iniciativa privada. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; con fundamento en lo que dispone el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La experiencia internacional demuestra que la inversión de recursos económicos en investigación científica y desarrollo tecnológico (que en lo sucesivo me referiré simplemente como “investigación y desarrollo”), esta correlacionada con el desarrollo económico y nivel de bienestar de la población de un determinado país. A continuación unos ejemplos.

De acuerdo con datos tomados del “Informe general sobre el estado de la ciencia y la tecnología en México 2013”, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), los países con las economías más grandes del mundo como Estados Unidos de  América, China, Japón, Alemania, Francia, son las que, tanto en términos absolutos como proporcionalmente, invierten más recursos en investigación y desarrollo. Sus inversiones en este rubro van del 1.7 al 3.35% de su respectivo producto interno bruto (PIB), cifras que contrastan con el 0.43% que se invierte en nuestro país. Inclusive una economía similar a la nuestra como la de Corea del Sur dedica el 4.36% del PIB para este fin.

Esta situación ha motivado que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018, incluyan como uno de sus objetivos “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.” Para conseguir este objetivo se plantearon, entre otras estrategias, contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB así como también contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel que haga frente a los retos científico-tecnológicos que implica alcanzar dicho objetivo. Con respecto a este último aspecto, en 2012, la proporción de investigadores en México por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa fue de 0.9, cifra que no sólo está muy por debajo de las de países avanzados, como Alemania, con 7.9, o el Reino Unido, con 8.2, sino de muchos otros, incluso algunos países de América Latina. De acuerdo con una estimación reportada en el referido Programa, con una Tasa Media de Crecimiento Anual de investigadores de 4.6% correspondiente al periodo 2001-2012, tendrían que pasar 20 años para alcanzar los valores actuales de países como Argentina o Turquía, que cuentan con alrededor de 2.5 investigadores por cada mil miembros de su población económicamente activa.

Ante este panorama, para generar capital humano de alto nivel se han hecho esfuerzos importantes mediante el Programa de Becas de CONACyT para realizar estudios de posgrado en México y en el extranjero. Cerca del 20% del Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología, que corresponde al 0.15% del PIB (en 2013), se dedicó al rubro de educación de posgrado. Sin embargo, como se reconoce en el mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología, debido a la falta de    oportunidades de empleo y a otros rezagos existentes, el capital humano formado no ha podido cubrir las necesidades del país. Para incentivar la contratación de ex-becarios de CONACyT se ha implementado el Plan de Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos y las Cátedras CONACyT que junto con las plazas de centros de  investigación públicos y de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas constituyen una opción de empleo para los investigadores mexicanos (conocidos también como científicos). Sin embargo, estas opciones de empleo no son suficientes para el creciente número de científicos jóvenes mexicanos que obtienen el grado de doctor tanto en México como en el extranjero. Además, el sector público no puede ser el principal empleador de científicos ya que eventualmente comprometería la sustentabilidad del sistema de ciencia y tecnología del país debido a que no solo implicaría un alto costo de nómina sino también un altísimo costo para proveerlos de los medios para hacer su trabajo. Durante mi gestión como Diputada de la presente Legislatura, he estado en contacto con investigadores y estudiantes de posgrado  quienes me han manifestado su preocupación por la falta de oportunidad de empleos en México para los investigadores así como de salarios acordes con el gran esfuerzo que han hecho tanto ellos como sus padres para alcanzar el máximo grado académico: el doctorado.

Así, la presente propuesta con punto de acuerdo tiene como motivación y finalidad incentivar la generación de fuentes de empleo y mejores salarios en nuestro país para los científicos mexicanos que constituyen, sin duda alguna, parte de la riqueza intelectual de México; son motivo de orgullo dado su alto nivel de preparación académica así como la relevancia de su labor que trasciende no solo en el ámbito científico sino en términos de bienestar para la población, siempre y cuando se les permita hacer su labor y se les proporcionen los medios que requieren.

De manera concreta, esta propuesta con punto de acuerdo consiste en realizar un exhorto al CONACyT para que en los requisitos que fija CONACyT a las empresas para hacerlas elegibles a recibir algún tipo de financiamiento de actividades científico-tecnológicas, sean privadas o para-estatales, demuestren tener en su nómina a un número de científicos proporcional al tamaño de la empresa y cuyo contrato tenga una vigencia igual o mayor que la vigencia del proyecto objeto del financiamiento. Para el caso de micro y pequeñas empresas se requerirá al menos 1 científico, para empresas medianas al menos 3 y para empresas grandes al menos 8.

Actualmente, el CONACyT, atendiendo a las estrategias establecidas en el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018, tiene programas como los PEI (programa de estímulo a la innovación) en los que proponen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en los que, de resultar elegidos, pueden recibir fondos para cofinanciar sus proyectos hasta por 20 millones de pesos. Los únicos requisitos son el RFC de la empresa y que ésta se encuentre en el Registro Nacional de instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Considerando el gran beneficio que obtienen las empresas tanto en términos económicos como de incremento de su acervo científico-tecnológico, considerando también la necesidad de crear fuentes de empleo para los científicos en nuestro país.

Mientras no haya expectativas realistas de que los científicos en nuestro país pueden encontrar trabajo con un salario acorde a su formación académica y a la relevancia de su trabajo, el número de jóvenes que decidan ser científicos será bajo, y por lo tanto el déficit de estos profesionales en el país continuará con los consecuentes impactos en términos de independencia tecnológica y desarrollo económico. Por el contrario si crece la demanda de científicos en el país, su salario se incrementará, haciendo más atractiva esta actividad desde el punto de vista de ingresos profesionales.

Por otra parte, es pertinente mencionar que en los países desarrollados, como aquellos mencionados anteriormente, la inversión de las empresas en investigación y desarrollo es de hasta el 76.5% como en el caso de Japón o el 73.7% en el caso de Corea del Sur; el resto lo aportan los gobiernos y otras entidades. En contraste, en México la mayor parte la aporta el gobierno, alrededor del 60%. Si queremos aspirar como país a la independencia tecnológica y al nivel de desarrollo de esos países es necesario que las empresas en México generen más conocimiento científico y tecnológico no solo como producto de la vinculación con universidades y centros de investigación, sino también como producto de las actividades de investigación y desarrollo al interior de las empresas. Un dato estadístico que pone en evidencia esta necesidad es el hecho de que en 2011 la relación de egresos/ingresos del país al exterior por concepto de pago de regalías y de asistencia técnica es de 8 aproximadamente, cuando en los países más desarrollados este cociente es menor que 1. Es decir, México paga más al exterior que lo que recibe por este concepto. Para afrontar este reto, se requiere no solo seguir incentivando a las empresas instaladas en México para invertir en investigación y desarrollo sino también fortalecer su capital humano dedicado a esta actividad mediante la contratación de científicos, como se está proponiendo fomentar en este punto de acuerdo.

Me refiero a “inversión" como los recursos destinados a investigación y desarrollo, la intención es enfatizar la idea de que esta actividad no es un lujo sino un negocio de largo plazo para las empresas y que tiene un impacto benéfico para el país. En la medida que las empresas instaladas en México sean más independientes tecnológicamente, tendrán mayor capacidad de estar a la vanguardia tecnológica y comercial, de otra manera estarán en un segundo plano en este sentido, limitadas a la tecnología que las empresas de otros países quieran venderles y al costo que ellas fijen.

En razón de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), para que dentro de su convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI), dentro de los requisitos, se establezca que las empresas beneficiadas además de contar con el Registro Federal de Contribuyentes, y con inscripción vigente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT, también se  considere establecer requerimientos que obliguen a la contratación de ex becarios del CONACyT por parte de las empresas previamente beneficiadas con el programa ya mencionado de manera proporcional a los apoyos obtenidos, con el fin de que se les dé continuidad a su crecimiento laboral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que crea la Comisión Bicamaral de Seguimiento a las Acciones en Materia de Atención a la Violencia Hacia las Mujeres. Se turna a las Cámaras del Congreso de la Unión.

La suscrita Senadora MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Uniónen ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 1º de febrero de 2007, gracias a la lucha de muchas mujeres y a su mayor presencia en el Congreso, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en la que se define la violencia contra las mujeres“como una respuesta al contexto de violencia que prevalecía en ese momento y a otros factores como la falta de información sistemática debido a que los criterios de registro son diversos sobre la misma y a que no había homogeneidad en la consideración sobre la violencia contra las mujeres… hechos flagrantemente violentos en contra de mujeres son desechados como tales por diversas instancias con el argumento de que podrían haberle ocurrido a cualquier persona mujer u hombre, sin distinción ni especificidad genérica, o se desechan esgrimiendo la edad, el oficio, la actividad o