Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 25

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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PROTESTA DE LEY

De los Ciudadanos Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América; Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia; Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las Repúblicas Eslovaca y de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria; y Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.














































De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Sandra Luz García Guajardo, Andrea García García, Silvia Guadalupe Garza Galván, Juan Carlos Romero Hicks, Sonia Mendoza Díaz, Manuel Bartlett Díaz, Patricio Martínez García, Martha Angélica Tagle Martínez y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se celebre una reunión de trabajo con Senadores para que informen sobre la aplicación del Programa de Estímulo Fiscal al Precio del Diésel Agropecuario. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.



























 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:50 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 89 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Voy a abrir la sesión, Senadora Sansores San Román,   y posteriormente le doy la palabra.

Se abre la sesión del martes 19 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

Sonido en el escaño de la Senadora Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

De acuerdo al artículo 76, numeral 2, fracción VI del Reglamento del Senado, por favor verifique el quórum, porque no sabemos si eso es verdad o son también hechizos como sucedió la vez pasada, y aquí hay menos de 20 Senadores.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Permítame, Senadora Sansores San Román.

El artículo 58 del Reglamento del Senado, dispone que el sistema electrónico de votación se abra 90 minutos antes del inicio de la sesión, y está abierto desde las 09:30 horas.

Asimismo, para facilitar a los grupos parlamentarios la organización de sus actividades previas a la sesión, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo del 4 de febrero de 2016, que permite cumplir con el pase de lista a través de un registro previo de firmas, con la responsabilidad de la Mesa Directiva de verificar previamente a la sesión plenaria la asistencia de cada uno de los Senadores que se encuentren en las reuniones de grupos parlamentarios.

En consecuencia, el quórum de asistencia que se refleja en el tablero electrónico de votación corresponde al número de Senadores que de inicio se encuentran presentes en sus respectivos grupos parlamentarios, y con los cuales tenemos el quórum necesario para dar inicio a la sesión plenaria de cada día.

Espero que quede satisfecho el comentario, Senadora Sansores San Román.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del día jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del doce de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa que a partir del 14 de abril de 2016, el Senador Jorge Toledo Luis, suplente del Senador Eviel Pérez Magaña, se incorpora a las actividades legislativas.

 

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, oficio por el que informa de la reunión que sostuvo el 8 de abril del año en curso con miembros de la comunidad marítima y portuaria nacional, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, oficio por el que da respuesta a un punto de Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhorta al Senado a ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.- Quedó de enterado. Se informó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 

Se recibió del Banco de México, oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio 2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer   trimestre del actual ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participaciones en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos   Hidráulicos.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2015.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas    disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del   Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los Senadores Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

(Iniciativa ciudadana)

Se recibió la iniciativa de ciudadanos, que proponen un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, (Ley 3 de 3 contra la Corrupción), que cumple con el requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, conforme al Informe presentado por el Instituto Nacional Electoral.-  La Presidencia de la Mesa Directiva informó del turno directo a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se determina el trámite legislativo de la iniciativa ciudadana con proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3 contra la Corrupción.-Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 39-C de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur; y Especial de Productividad, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo; Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; y Luis Armando Melgar Bravo, Presidente de la Comisión Especial de Productividad. La Senadora Dolores Padierna Luna  intervino para presentar voto particular. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Jesús Santana García del PAN; y Humberto Mayans Canabal del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT, en contra; Roberto Albores Gleason del PRI, a favor; y Dolores Padierna Luna del PRD, en contra.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En la discusión en lo general del dictamen continuaron los Senadores: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor; Martha Tagle Martínez, en contra; Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; y Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza e Iris Vianey Mendoza Mendoza se insertarían al Diario de los Debates.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

Continuaron en la discusión los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, a favor; Gerardo Sánchez García del PRI, a favor; Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Manuel Cárdenas Fonseca, a favor; Oscar Rosas González del PRI, a favor; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; y Jorge Toledo Luis del PRI, a favor. Para rectificación de hechos, hizo uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz del PT. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Raúl Morón Orozco se integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, al artículo 1 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la denominación del proyecto de ley; del Senador Mario Delgado Carrillo, a los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 33 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y la  denominación de la Sección Primera, del Capítulo Tercero del proyecto de ley; y del Senador Manuel Bartlett Díaz, a los artículos 1, 3, 6, 9, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39 y 41 del proyecto de ley. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 89 votos a favor y 8 en contra. La Mesa Directiva dio cuenta con las propuestas de modificación del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, las cuales no se admitieron a discusión. El Senador Mario Delgado Carrillo presentó sus propuestas de modificación, las cuales no se admitieron a discusión. El Senador Manuel Bartlett Díaz presentó sus propuestas de modificación, las cuales no se admitieron a discusión. Se aprobaron los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39 y 41; la denominación de la Sección Primera, del Capítulo Tercero del proyecto de ley; y la denominación del mismo proyecto de ley, en los términos del dictamen, por 66 votos a favor y 8 en contra. Se declaró aprobado en lo    general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.- Quedó de primera lectura.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a ampliar e intensificar sus campañas informativas sobre los riesgos y efectos nocivos a la salud, inherentes a la mala calidad del aire, así como de la importancia de atender las recomendaciones que dicha dependencia emita al respecto.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que informen las aportaciones realizadas al “Fideicomiso 1490 para apoyar programas, proyectos y acciones ambientales en la Megalópolis”, así como el uso y destino de los mismos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a desgravar las toallas sanitarias y tampones; así como al Sistema Nacional de Salud a realizar campañas informativas sobre la higiene menstrual, como parte del derecho a la salud de las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer una supervisión del proceso penal iniciado en virtud de los vicios en la práctica de la inhumación de 118 cadáveres en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Miguel Barbosa Huerta, Lisbeth Hernández Lecona, Luz María Beristain Navarrete, Martha Tagle Martínez, Raúl Morón Orozco y Pilar Ortega Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar campañas de prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres, padres, tutor o persona que tenga su guarda y custodia, sobre los riesgos que corren los menores al utilizar las redes sociales e internet, fomentando su uso responsable y seguro.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera sur, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Emilio Gamboa Patrón y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se reconoce la trayectoria y aportación política-social de María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada Constituyente del país en el año 1975, luego de la conversión del territorio de Baja California Sur en estado libre y soberano, miembro del pacto federal.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las acciones necesarias relativas al cáncer infantil y evitar que la población infantil se encuentre expuesta al humo del tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República que verifiquen el pago de impuesto, la procedencia y licitud de los recursos gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales señalados en la investigación denominada "Documentos de Panamá".- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere a la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala a disponer lo necesario para dar con el paradero de la niña Karla Romero Tezmol.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al gobierno del estado de Morelos y le exhorta a que actúe en consecuencia y se castigue a los responsables ante la evidente negligencia con la que se condujo durante el desarrollo del incendio en el Tepozteco y que tiene como consecuencia uno de los desastres ecológicos más grandes del estado.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a considerar impulsar la idea ante las organizaciones empresariales residentes en los estados que conforman la Megalópolis, para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular, que es una de las muchas causas de generación de contaminantes ambientales.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero y Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a instrumentar y, en su caso, fortalecer diversos programas de capacitación y promoción en materia de derechos humanos y fomenten entre los servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar un Decreto para que se regularicen los automóviles usados de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional, con el objeto de ordenar la flota vehicular en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y exponga las acciones que ha implementado la institución, a raíz de la investigación periodística Panamá Papers.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para explorar la inclusión de aplicaciones y soportes técnicos que optimicen su motor de búsqueda en el sistema del portal web de esta institución y se propicie una consulta satisfactoria en los usuarios ciudadanos no especializados.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y artísticos del país.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Nacional del Agua y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a emitir un informe en el que se explique el proceso que realizan las empresas que han practicado la fractura hidráulica en el estado de Nuevo León para desmontar la maquinaria de los pozos donde realizaron dicha práctica y que se encuentran fuera de operaciones.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y ampliar sus medidas de supervisión, control e inspección del transporte público concesionado, así como de las empresas que proporcionan una red de transporte privado, a fin de prevenir y, en su caso, sancionar diversas irregularidades como el abuso en el cobro de tarifas durante los periodos establecidos como Contingencia Ambiental Fase I por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano a rendir un informe sobre los pormenores del incidente del vuelo 2268 de la aerolínea Aeroméxico Connect, procedente de la ciudad de Querétaro, con destino a la ciudad de Monterrey, que aterrizó en el Aeropuerto del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer y diversificar sus campañas de difusión para la prevención de incendios forestales en esta temporada de estiaje.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de emitir una declaratoria de desastre en el estado de Nuevo León, derivado de los daños provocados al sector agrícola ante las altas temperaturas que se han presentado en fechas recientes.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la atinada decisión del Gobierno Federal de disminuir el precio de la leche LICONSA a un peso, en 150 municipios del país con alto grado de marginación.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 147 aniversario de la erección del estado de Morelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Américas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Hemofilia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Arte.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 14 de abril de 1823 donde se expide el Decreto que define la forma del Escudo Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Américas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Américas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Andrés Quintana Roo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Arte.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Arte.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Dictámenes a discusión)

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Para presentar los dictámenes intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Intervino la Senadora Layda Sansores San Román del PT. El acuerdo fue aprobado por 68 votos a favor.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado por 62 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

 

Se recibió un dictamen de  las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las Repúblicas Eslovaca y de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, intervino para presentar los dictámenes. El acuerdo fue aprobado por 69 votos a favor.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. En virtud del resultado de la votación y por no alcanzar el quórum reglamentario, se levantó la sesión.

 

La Presidencia levantó la sesión por falta de quórum a las dieciocho horas con veinticinco minutos y citó a la siguiente el martes diecinueve de abril a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.

¿Dígame, Senadora Sansores San Román?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Estoy pidiendo la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se la estoy dando, nada más terminando de votar el acta, Senadora Sansores San Román.

Tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señora Secretaria.

Quiero precisar, sobre el acta que fue aprobada, que no estoy de acuerdo porque contiene varias falsedades. En la sesión anterior este tablero electrónico fue manipulado de una manera tramposa y aparecieron votos de Senadores que no estuvieron presentes en la sesión.

Hemos revisado siete horas de video y podemos comprobar que son votos hechizos que degradan la honorabilidad de este Senado y que, por lo tanto, todos los dictámenes sobre embajadores ante la UNESCO, etcétera, no son válidos porque no había el quórum necesario.

Lo sucedido es un hecho grave, porque no puede quedarse como parte del anecdotario de este Senado, este tablero electrónico lo promocionaron como de tercera generación, de modernidad, mejor que el de la ONU, pero para qué nos sirve tanta modernidad si aquí tenemos prácticas “dinosáuricas”.

Por lo tanto, ese gasto, el uso de la huella, todo este manipuleo que se hace detrás en una computadora y que ahora queremos saber cómo lo manipulan, después de tantos detalles que fueron considerados, para que no se pudiera violar la decisión de los Senadores.

Esta es una trampa que surgió cautelosamente y es una vergüenza para esta institución, que no sólo no cumple con sus funciones de control y contrapeso, sino que hace transa para cumplirle a Peña Nieto todos sus caprichos. El Senado a lo que se dedica es a apuntalar todas sus ocurrencias y ahora, además de todo eso, resulta que tenemos Senadores “mapaches”.

El punto a tratar se decidió incluirlo a las 17:35 horas, el punto de la aprobación de los Embajadores, cuando ya se habían fugado 30 de los Senadores que acababan de votar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Pero qué necesidad de incluirlo como un nuevo punto en el Orden del Día. ¿No se podían haber esperado para el día de hoy? Entonces quieren, a base de trampa, hacer que haya quórum.

Estoy solicitando por escrito al Presidente de la Cámara, una información que ocultó el Senado dolosamente.

Desde el Senador Barbosa Huerta, siempre aparece en el Diario de los Debates el sentido del voto de cada Senador, y qué casualidad que el día de hoy no apareció lo que se refiere a la aprobación de los Embajadores ante la UNESCO, etcétera, este paquete que estuvo controvertido porque, quien fue presentado como Embajador ante la UNESCO, es de dudosa reputación.

Estoy solicitando también todos los videos que estas costosas cámaras de seguridad toman durante toda la sesión. Quiero también la bitácora de las entradas y salidas de los Senadores, para demostrarles que unos nunca entraron y otros salieron dos o tres horas antes de que fuera esa votación, y aparecen sus votos.

Exijo también una explicación de la Vicepresidenta, que hoy también está fungiendo como Presidenta, porque sin ningún rubor se hizo cómplice de esta mentira, y me parece muy grave porque una Presidenta o un Presidente de este Senado debe ser objetivo e imparcial, y se dedicó a tratar de encubrir y a decirnos que aquí estaba el Senador que se había sentado junto a ella y le había susurrado el voto al oído.

En ese momento eran las 19:01 horas, y a las 19:04 horas llega corriendo en el video el Senador aludido, por lo cual del Senador su voto aparecía, pero él todavía no estaba en el salón de sesiones. ¡Qué magia!

Claro, no pudo hacer aparecer al Senador Gil Zuarth, ni con David Copperfield, porque claro, el Senador Gil Zuarth no estaba en el salón, digan lo que digan, y si no, que me lo demuestre, porque ahí están los videos. Es una vergüenza que desde el  Presidente de la Cámara, hasta quien ocupa su espacio, nos estén engañando y estén usando esos tableros, esa información para ocultar la verdad y los resultados correctos.

Sabemos que aquí se practica la sumisión, la simulación, que tenemos vocación de farsantes, que también se traiciona al pueblo, y que van a seguir diciendo sus mentiras y tejiendo sombras. Pero lo que más me dolió en esa sesión es que este tipo de trampas envilecen también a jóvenes del Servicio Parlamentario, uno de ellos que ha hecho de su vida una entrega al Congreso, y que aquí le dimos el aplauso más largo   que se ha dado en este Senado, en reconocimiento a su labor tan puntual y a su preparación.

Qué necesidad de hacerlo cómplice o que nos aclare, porque él no está obligado, no se confunda, a obedecer lo que es ilegal e inmoral, señor Garita. Sí le digo, las verdaderas lealtades no son para los hombres, sino para los principios y los valores, y es necesario saber quiénes son los autores materiales, pero también los titiriteros, los intelectuales que violan nuestra Ley Orgánica, nuestro Reglamento y la Constitución.

Aquí hay quienes son capaces de romper las reglas éticas con tal de mantener inmaculadamente servil su conducta. Esta institución padece un grave déficit de moral y, con hechos como estos, enterramos la dignidad del Senado.

Ciudadanos Senadores, tenemos derecho a saber la verdad, a que se sancione a los responsables y a que nunca más vuelva a repetirse un acto tan vergonzoso.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Le comento que su petición fue recibida el día de hoy en reunión de Mesa Directiva y se dará puntual respuesta, como lo marca el Reglamento y en los tiempos que lo marca.

Para aclaración de lo dicho de la Senadora y aclaración a la Asamblea, me permito leer lo siguiente:

Compañeros Senadores, para aclarar lo que se impugna sobre la última votación nominal del pasado jueves 14, me permito hacer las siguientes precisiones:

1.- En la sesión del 14 de abril pasado, se realizó la votación de tres dictámenes de diversas Comisiones de Relaciones Exteriores, los cuales se sometieron a consideración de la Asamblea, previa autorización de sus integrantes, a efecto de que se integraran los asuntos en el Orden del Día de la sesión, tal como lo establece el artículo 75 del Reglamento del Senado.

2.- Posterior a su discusión, y a petición de diversos Senadores, se procedió a la votación nominal de cada uno de los dictámenes, los tres primeros dictámenes correspondientes a la ratificación de los nombramientos de los ciudadanos Luis Alfonso de Alba Góngora, Andrés Isaac Roemer Slomianski y Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, fueron aprobados en votación nominal por la mayoría de los Senadores.

3.- Únicamente quedó pendiente por desahogar el nombramiento del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador en Polonia, el cual en virtud del resultado de la votación nominal que se realizó en la sesión pasada, no alcanzó el quórum legal que corresponde, por lo que en esta sesión, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, el asunto queda pendiente y se integra en sesión posterior, que es el supuesto en el que nos encontramos, por lo que procederemos a someter a consideración de la Asamblea el dictamen correspondiente en votación nominal en el momento procesal que señala el Orden del Día, es decir, al iniciar la discusión de los dictámenes.

4.- La votación que se realizó para la ratificación del nombramiento del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador en Polonia, en ningún caso puede considerarse como ilegal, en virtud de la reclamación que se hizo respecto de los votos de los Senadores Gil Zuarth y Zamora Jiménez, ya que como está asentado fehacientemente en el resultado de dicha votación, el voto del Senador Gil no quedó registrado por no encontrarse en ese momento presente, y el voto del Senador Zamora se comprobó como válido con su presencia antes de culminar con la votación referida.

5.- El trámite legislativo para el desahogo del nombramiento del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, debe reponerse en virtud del resultado de la votación que no alcanzó el quórum reglamentario y que provocó la suspensión de la sesión, no obstante que el cómputo de votos recibidos, 59 según el tablero, aún no recibía aquellos de los Senadores que evidentemente participaban en la sesión y decidieron no hacer manifestación de su voto.

Es cuanto, Senadora Sansores San Román.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió una comunicación de la Comisión de Cambio Climático, con la que remite el informe de actividades de los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Sánchez Jiménez durante su participación en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Sustentabilidad, Energía y Desarrollo, organizada por la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth-Reino Unido, así como en los eventos paralelos realizados del 14 al 17 de marzo de 2016, en Londres, Reino Unido.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Para hechos, por tres minutos, sonido en el escaño de la Senadora Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Usted me está mostrando el cuadro de la última votación. Enséñeme en este momento, porque ahí lo tiene, los tres anteriores, que son los que estamos pidiendo.

Claro que el Senador Gil Zuarth ya no votó en la cuarta cuando fue evidenciado, y el voto del Senador aparecía; del Senador Zamora Jiménez aparecía antes de que él llegara hasta su escaño de la Mesa Directiva. Entonces, están mintiendo, enséñeme, ¿por qué lo ocultaron si no tienen nada que mentir?

Yo creo que deberían de repetirse los cuatro procedimientos, porque en ninguno se dio el quórum, ustedes lo inventaron; y tan es así que, qué casualidad que hay un minuto de diferencia entre la votación del tercer dictamen y del cuarto; qué casualidad que en medio del reclamo se fueron otros nueve Senadores tan disciplinados como son aquí los priístas. No nos engañen más, por favor.

Y en este momento le pido que nos entreguen los cuadros de las otras votaciones que ocultaron y que no publicaron en el Diario de los Debates, como debió de haber  sido.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Sansores San   Román, las votaciones están publicadas desde el jueves pasado, el día de la votación, como se ha hecho subsecuentemente después de cada votación y después de cada sesión.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Hago del conocimiento de la Asamblea que el viernes pasado recibimos una comunicación de la Secretaría de Gobernación, por la que informa que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 18 y 19 de abril de 2016, con objeto de participar en la inauguración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, a desarrollarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.



El día de ayer remitimos copia de dicha documentación, para su conocimiento, a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió también de la Secretaría de Gobernación, un oficio con la solicitud de autorización para permitir la salida de tropas nacionales de los límites del país, a fin de participar en la competencia denominada “Fuerzas de Comando 2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo del año en curso, en la ciudad de Lima, Perú.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre México e Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 2014.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Agricultura y Ganadería para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Asimismo, la Secretaría de Gobernación nos remitió un oficio con el Protocolo que Modifica el Convenio entre México y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos Sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el 17 de diciembre de 2015.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta ahora con diversos nombramientos de personal diplomático que nos remitió la Secretaría de Gobernación, a favor de los siguientes ciudadanos:

Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.







 

Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay.







 

Fernando Eutimio Ortega Bernes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Paraguay.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnense estos tres nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Recibimos también los siguientes nombramientos, a favor de los ciudadanos:

José Arturo Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.







 

Miguel Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Irlanda.







 

Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnense los tres nombramientos descritos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Asimismo, recibimos los nombramientos de los ciudadanos:

Víctor Manuel Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia.







 

José Octavio Tripp Villanueva, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Sudán, Estado de Eritrea y la República del Chad.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnense ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Igualmente, recibimos los nombramientos de los ciudadanos:

Carlos Manuel Sada Solana, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.







 

De Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América.







 

Y de Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnense estos tres expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Recibimos también el nombramiento a favor del ciudadano Damián Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong, República Popular China.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Recibimos de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, la Ley de Sistemas de Pagos, la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE SISTEMAS DE PAGOS, DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez y Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores; y a todos los televidentes del Canal del Congreso, con su permiso.

El día de hoy presento en esta tribuna, a nombre de mis compañeras y compañeros Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, Lisbeth Hernández y Óscar Rosas, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan cuatro ordenamientos jurídicos cuya finalidad consiste en el establecimiento de medidas preventivas y penales para erradicar el fraude por usurpación o robo de identidad.

Desafortunadamente esta nueva modalidad de delito ha tenido un crecimiento exponencial en nuestro país, y millones de mexicanos han sido víctimas de este delito afectando de manera importante su patrimonio y su economía.

Esta situación nos ha llevado a la construcción de esta iniciativa y consideramos necesario y urgente que para evitar y sancionar los fraudes imputados al robo de usurpación de identidad, es fundamental la participación conjunta de autoridades involucradas en la materia, los intermediarios financieros y los usuarios de los servicios y productos bancarios.

Debemos reconocer que durante los últimos años, los servicios bancarios como el uso de tarjetas de crédito y débito, la banca por Internet y móvil y el comercio electrónico han mantenido tasas importantes de crecimiento.

De acuerdo al informe de Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2015, el uso de los medios de pago electrónicos en México, para el caso de tarjeta de débito, ha representado un crecimiento superior al 30%, y más de un 10% de las tarjetas de crédito, lo cual tiene correlación directa con el aumento del comercio electrónico en un 34 por ciento respecto a 2014 y el predominio del pago con fondeo de una cuenta bancaria a través de tarjetas de crédito y débito.

Sorprendentemente en nuestro país circulan más de 163 millones de tarjetas bancarias, sin considerar aquellas que emiten las tiendas comerciales. Destaca este dato, porque dentro de los países de Latinoamérica sólo somos superados por Brasil.

Cifras del Banco de México reportan que durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, cerca de 19 millones de tarjetas de crédito fueron utilizadas para realizar una transacción, y durante el mismo periodo, se usaron 55.3 millones de tarjetas de débito. Por su parte, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, realizó más de 31.7 millones de operaciones en el mes de febrero de 2016.

Pese a los retos de penetración financiera y al predominio del uso de dinero en efectivo para la realización de transacciones en el comercio minorista, podemos decir que nuestro sistema financiero y su sistema de pago, tienen una importante solidez y avanza a consolidarse como uno de los más eficientes y con buenos indicadores en la calidad de sus servicios.

Sin embargo, a nivel internacional ha proliferado una modalidad de fraude que afecta a los sistemas financieros y México no es la excepción, ocupando el octavo lugar.

De acuerdo al informe Reclamaciones Imputables a un Posible Robo de Identidad realizado por la Condusef, de los más de las 3.8 millones de reclamaciones durante 2015; 2.7 millones se atribuyen a un posible fraude, de los cuales más de 72 mil reclamaciones son imputables a un posible robo de identidad.

Para la elaboración de estas cifras, se consideraron dos causas principales: el producto no reconocido, con más de 40 mil reclamaciones y el retiro no reconocido, con más de 31 mil.

Si se observa por producto, tenemos que diferentes tipos de créditos tuvieron importantes incrementos de hasta 300 y 105 por ciento, como los créditos de préstamo de habilitación y avío y el crédito simple, respectivamente.

En 2014, las compras sin presencia física de las tarjetas de crédito como son: el comercio por internet, telefónico y banca móvil, registraron 17 mil reclamos más respecto a 2013, con un total de 547 mil.

En lo que respecta a las tarjetas de débito, el monto total reclamado por los usuarios sumó 1,600 millones de pesos, 16% más de lo reportado en 2013; y también hubo un aumento de 67 mil reclamaciones más en el canal, sin presencia física de la tarjeta de débito para dar la suma de 146 mil reclamos.

Por otro lado, se ha documentado que comúnmente el fraude se da por la pérdida de documentos, el robo de carteras y/o portafolios y por información tomada directamente de una cuenta bancaria. Con esta información se realizan capturas de cuentas de crédito, contratos de líneas telefónicas, seguros de vida, realización de compras, e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguro de salud, vida y pensiones.

Ante esta grave situación, si atendemos a los principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica y a los riesgos a los que están expuestos los sistemas de pago, podemos decir que no se están cumpliendo a cabalidad estos principios internacionales y existe un riesgo legal y operativo, el cual debemos atender.

Si bien, la banca privada y las autoridades financieras han instrumentado medidas y tecnologías en materia de seguridad, el índice de incidencias sigue siendo alto, y es claro que existe una deficiencia en sus controles de seguridad.

Recientemente, durante la 79 Convención Bancaria las autoridades financieras reconocieron el incremento de este fenómeno e informaron una serie de medidas y acciones, para que a través de convenios de cooperación con autoridades como la Condusef, el INE, INAI, el SAT y la CNBV, pueda abatir este delito. Desde el Poder Legislativo asumimos que es necesario coadyuvar con este esfuerzo y con el presente proyecto pretendemos fortalecer las leyes que regulan la banca y a las autoridades financieras.

De una manera integral, se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México tengan potestades jurídicas para establecer mecanismos de validación y autentificación de la información y documentación de los clientes de los intermediarios financieros.

Asimismo, esta iniciativa establece un tipo penal para seguir, sancionar e inhibir este delito, además de agravar las penas pecuniarias para los que lo cometan.

Finalmente, los legisladores que suscribimos el presente proyecto, estamos convencidos que las buenas prácticas financieras permitirán la consolidación y mejor funcionamiento de nuestros sistema financiero y que en la medida en que fortalezcamos nuestro marco jurídico, acorde a la evolución, a las nuevas plataformas tecnológicas, podremos permitir un mayor acceso a estos servicios y utilizar nuestro sistema bancario como una verdadera palanca de desarrollo en beneficio de la población en general.

Señora Presidenta, le solicito amablemente que el texto íntegro de la presente iniciativa se inscriba en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Pineda Gochi, así será. Se inserta íntegro su texto al Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Turismo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y REFORMA LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO Y ADICIONA LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, a nombre propio y de los Senadores Martha Elena García Gómez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blásquez Salinas y Armando Ríos Piter)

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señora Presidenta.

El día de hoy venimos a esta Asamblea, a presentar una propuesta que consiste en reformar la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley General del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y reforma los párrafos segundo, tercero y adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 16 de la Ley General de Turismo.

Esto lo hacemos conjuntamente y a nombre de mis compañeros, las Senadoras y Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Armando Ríos Piter, Marco Antonio Blásquez Salinas y su servidora.

Como sabemos, el turismo en México es sumamente importante por varias razones:

Primero. El turismo representa más del 8% del Producto Interno Bruto total.

Segundo. El porcentaje de participación de puestos de los trabajo ocupados y remunerados en el total nacional se ha ubicado en niveles entre el 5.8 y el 6.2 por ciento.

Tercero. La media de crecimiento del sector en los últimos años está por encima de la tasa nacional.

Sin embargo, hay tareas pendientes en el sector. Existen componentes de carácter estrictamente económicos, pero también de índole social que exigen que la intervención del sector público con políticas concretas, que estimulen programas específicos en materia del turismo social.

Con base en cifras del Inegi, mientras el turismo receptivo, es decir, el Turismo Internacional en los últimos trimestres registra un incremento que alcanza niveles de dos dígitos.

El consumo de turismo interno no registra cifras con el mismo nivel de crecimiento y en algunos casos, incluso, con un crecimiento moderado incluso negativo.

Por lo tanto, es necesario implementar reformas legislativas específicas que permitan mejorar los resultados económicos y que, en términos sociales, permiten hacer accesible los bienes turísticos a un mayor número de mexicanas y de mexicanos.

Las expectativas de crecimiento del turismo doméstico no son las mejores. Si su tasa de crecimiento permanece bajo la trayectoria actual, el nivel permanecerá por debajo de las proyecciones del turismo internacional. Esto expresa un problema más complejo que se relaciona con la capacidad de las políticas públicas en nuestro país para generar mayor turismo interno.

El enfoque de las políticas de gobierno debe poner atención específica a estrategias de promoción interna a efecto de hacer posible que la población en condiciones menos favorables económicamente acceda y tenga también la oportunidad de disfrutar los beneficios turísticos nacionales.

Se debe enfatizar tanto en los componentes de derrama económica directamente vinculados con el turismo como permitir a las personas que no han tenido el acceso o que lo tienen de forma limitada, aprovechen las experiencias asociadas al turismo mexicano.

La Organización Internacional de Turismo Social, la OITS, por sus siglas en ingles, ha impulsado una concepción del turismo incorporando principios de índole moral a efecto de subrayar los beneficios tanto de los anfitriones como de los turistas. Los postulados que se desprenden de esta conceptualización resaltan principios de solidaridad y de sustentabilidad que deben orientar las políticas del sector.

Esta Organización Internacional de Turismo Social, define al turismo social como los efectos y fenómenos derivados de la participación del turismo más específicamente la participación de los grupos de menores ingresos. Añade que el turismo social debe de beneficiar a personas de bajos ingresos, no sólo facilitando oportunidades de viaje, sino también mediante la extensión de los beneficios del desarrollo turístico para personas de bajos ingresos a nivel del destino.

En el primer caso, la OITS lo interpreta como turismo para todos, y en el segundo, como un turismo solidario.

Como vemos, el turismo social pretende beneficiar a una mayor cantidad de personas.

La experiencia internacional revela la gran importancia del turismo social con la creación de instrumentos legislativos específicos para establecer la obligación del sector público en la promoción de programas concretos orientados a la materia.

Por otro lado, el Código Ética Mundial del Turismo de la Organización Mundial de Turismo, contempla la posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo en un derecho abierto y que sea igual para todos los habitantes de nuestro planeta.

Con el apoyo de las autoridades públicas, debe de desarrollarse el turismo social, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones, a disfrutar de las bellezas de México.

Como vemos, estos principios parten de una concepción sobre el turismo que va más allá de las consideraciones exclusivamente económicas. Habla también, esta concepción, de la importancia del desarrollo personal y colectivo.

Es así, que uno de los criterios de mayor relevancia que deben considerarse para implementar reformas en materia de turismo social, se refiere a la transversalidad de las políticas públicas.

Al incluir el Programa Nacional de Turismo Social como una política transversal; le reconocemos al turismo social su capacidad para ser detonante de crecimiento económico y generador de mejores condiciones de equidad, así como un instrumento para acercar el disfrute y aprovechamiento de los bienes turísticos a un mayor número de mexicanos.

Actualmente, existe esfuerzos que se realizan en diferentes ámbitos de gobierno: el caso del Turissste; el caso de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de algunos estados, como es el caso de mi estado Guanajuato, en donde pertenece a esta Organización Internacional de Turismo Social; pero otros casos, como en Baja California o Quintana Roo, que han promovido programas a nivel local para la promoción del turismo social.

Esta iniciativa pretende articular los diversos proyectos que a nivel local se implementan en materia de turismo social, teniendo en mente la pertinencia de definir bajo una política coherente e integral las diversas concepciones existentes en todas las entidades federativas.

Como vemos, el turismo social es un tema sumamente importante para el Estado mexicano. Es necesario que los tres ámbitos de gobierno y los sectores social y privado trabajen unidos en torno a un Programa Nacional de Turismo Social, con miras de hacer más accesible a las familias, a los que menos tienen, a los estudiantes, a los adultos mayores, a los jubilados, en fin, a todas las personas que por cuestiones de ingresos no han tenido la oportunidad de recorrer y conocer las bellezas de nuestro país.

Con base en los argumentos anteriores, proponemos en la presente iniciativa lo siguiente:

1.- Que el Programa Nacional de Turismo Social se incluya como un anexo trasversal del Presupuesto de Egresos de la Federación. Que se articule bajo principios de transversalidad para efectos presupuestales.

2.- Que la Secretaría de Turismo federal articule y mantenga actualizado el Programa Nacional de Turismo Social, con la participación de los sectores social y privado, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos locales y municipales.

3.- Que la Secretaría de Turismo evalúe anualmente el Programa Nacional de Turismo Social con el fin de hacer las adecuaciones que resulten necesarias.

4.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule y haga pública la metodología para la elaboración del anexo transversal.

Para quienes suscribimos esta iniciativa, es sumamente importante que más y más mexicanos puedan disfrutar de vacaciones, de los atractivos turísticos de nuestro país, de nuestras playas, de nuestras zonas arqueológicas, de nuestros destinos culturales y coloniales.

No pueden quedarse los mexicanos sin conocer las bellezas de nuestro país, mientras presumimos que llega un gran número de turismo internacional por cuestiones de carácter económico. Por eso decimos e impulsamos un turismo para todos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Los suscritos, FERNANDO TORRES GRACIANO, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS y ARMANDO RÍOS PITER, Senadoras y Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral I fracción l, 76 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1. y 2., 169, 172 numeral 1. y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y; REFORMA LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO Y, ADICIONA LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia económica del turismo en México es un hecho que revelan los indicadores en el sector. La Cuenta Satélite del Turismo de México presenta datos que son contundentes:

i. El turismo representa más del 8% dentro del Producto Interno Bruto total.

ii. El porcentaje de participación de los puestos de trabajo ocupados remunerados en el total nacional se ha ubicado en niveles entre el 5.8 y el 6.2%.

iii. La media de crecimiento del sector en los últimos años está por encima de la tasa nacional.

Sin embargo, existe información que muestra las tareas pendientes que existen en el sector, considerando tanto componentes de carácter estrictamente económicos, como aquellos de índole social que exigen la intervención del sector público con políticas concretas que estimulen programas específicos en la materia.

Los datos publicados en el Sistema de Cuentas Nacionales de México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran trayectorias de crecimiento en materia turística que son indicativas, tanto de lo que ocurre en el escenario internacional, como de las políticas de gobierno que deberían considerarse en nuestro país.

Específicamente, al conocer los datos sobre el turismo receptivo y el turismo interno, se observan tendencias que requieren revisarse con detenimiento. Al analizar las tasas de crecimiento del consumo de ambas variables se observan trayectorias con diferencias porcentuales contrastantes.

En discrepancia con las tasas de crecimiento del turismo receptivo, los resultados del consumo interno en materia turística no exhiben una fortaleza similar. En los últimos seis trimestres el consumo turístico receptivo registra incrementos que alcanza niveles de dos dígitos. No se trata de un efecto estadístico. El último registro público al segundo trimestre del 2015 indica una tasa anual por encima del 20%. El registro del mismo periodo del año anterior fue del 20%.

El consumo turístico interno, sin embargo, no registra cifras con el mismo nivel de optimismo. El crecimiento no es constante. La trayectoria es discontinua. La variación tiene signos de crecimiento moderado e incluso negativo. Al observar el comportamiento de las cifras del turismo interno es claro que se requiere establecer un programa específico orientado a su respectivo fortalecimiento.

Consumo turístico interno

Consumo turístico receptivo

Año

Trimestre

Índice de volumen físico

Variación porcentual anual

Índice de volumen físico

Variación porcentual anual

2012

I

102.4

3.1

107.8

9.7

2012

II

101

2.4

95.8

17.4

2012

III

102.6

2.6

83.3

8.5

2012

IV

104.6

1.9

93.9

-4.5

2013

I

105.3

2.8

104.6

-3

2013

II

103.8

2.8

87.3

-8.9

2013

III

105.8

3.1

83.4

0.1

2013

IV

107.3

2.6

99.9

6.4

2014

I

104.1

-1.1

120.1

14.9

2014

II

102.9

-0.9

105.2

20.6

2014

III

107.7

1.8

94.1

12.9

2014

IV

107.7

0.4

115.7

15.8

2015

I

103.8

-0.3

144

19.9

2015

II

104.4

1.5

131.5

24.9

Fuente: INEGI

Las razones del comportamiento de los indicadores precitados son diversas, pero algunas en particular requieren análisis detenidos, pues de las conclusiones se deriva la necesidad de implementar reformas legislativas específicas que permitan mejorar los resultados económicos y que, en términos sociales, permitan hacer asequibles los bienes turísticos a un mayor número de mexicanos.

Resultan particularmente interesantes los análisis que se han hecho sobre aquello que explica, por ejemplo, la trayectoria del turismo receptivo en el país. De acuerdo con reportes de investigación publicadas por el Banco de México1, las cifras negativas del nivel del turismo receptivo que se han registrado en el país en décadas previas se explicaba por dos factores principales: recesión en la economía norteamericana e incremento en los precios de los servicios turísticos nacionales.

Esos factores, hoy no necesariamente están presentes en el escenario actual.

En la primera materia, aún con las incertidumbres económicas actuales, el panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía norteamericana tiene signos positivos en el corto y mediano plazos. El reporte más reciente del Fondo Monetario Internacional, que actualiza las perspectivas de crecimiento en el mundo, indica escenarios, si bien moderados, positivos para el caso norteamericano.

El Reporte indica que la actividad global conserva el vigor en Estados Unidos, gracias a condiciones financieras que aún son favorables y al fortalecimiento del  mercado de la vivienda y del trabajo, además de subrayar que su crecimiento mantendría el ritmo actual con niveles que conservarán cifras sobre el 2.6 y 2.7% anual para 2016 y 2017.

En el segundo caso, las razones son aún de mayor peso. Gracias a las políticas del Banco de México, los niveles de inflación son bajos y existen razones fundadas para afirmar que las proyecciones parten de postulados objetivos y con altos niveles de predictibilidad.

Un tercer factor resulta necesario considerar en este análisis. El desliz tan significativo del tipo de cambio del peso que se ha registrado en los últimos meses impulsará los destinos turísticos nacionales. Aún está por observarse la incidencia que este factor tendrá en la inflación y en otras variables económicas, sin embargo, es un factor del que deberá tomarse ventaja competitiva.

Los análisis más recientes sobre el comportamiento del turismo receptivo revelan la importancia de este factor relativo al tipo de cambio, además de otros componentes que incluyen la seguridad y el crecimiento de las principales economías generadoras de turistas.2

Para el caso del turismo doméstico, las expectativas de crecimiento no son necesariamente optimistas. Si la tasa de crecimiento permanece bajo su trayectoria actual el nivel permanecerá por debajo de las proyecciones del turismo receptivo. Al observar el comportamiento histórico, es indicativo que la trayectoria expresa un problema más complejo que se relaciona con la capacidad de las políticas públicas internas para generar turistas internos.

El enfoque de las políticas de gobierno deberá poner atención específica en un programa de promoción interna a efecto de hacer posible que la población en condiciones menos favorables económicamente acceda a bienes turísticos nacionales.

Este enfoque debe enfatizar tanto los componentes de derrama económica directamente vinculados con el turismo, como el permitir que personas que no han tenido acceso o que lo tienen de forma limitada, aprovechen de las experiencias asociadas al turismo.

La Organización Mundial de Turismo Social ha impulsado una concepción del turismo incorporando principios de índole moral a efecto de subrayar los beneficios tanto de los anfitriones como de los turistas. Los postulados que se desprenden de esta conceptualización subrayan principios de solidaridad y sustentabilidad que deben orientar las políticas en el sector.

La experiencia internacional revela la importancia de la materia con la creación de instrumentos legislativos específicos para establecer la obligación del sector público en la promoción de programas concretos orientados al turismo social.  Los casos incluyen la incorporación de disposiciones genéricas en materia de turismo social, la aplicación de legislación concreta enfocada en el ejercicio de políticas de gobierno para la promoción de un turismo incluyente, el desarrollo de sistemas nacionales como exigencia ética para garantizar el acceso del turismo a los sectores más desfavorecidos, así como la vinculación con organismos multilaterales para incrementar la accesibilidad del turismo a un mayor número de personas.

El Código de Ética Mundial del Turismo integra expresiones concretas para el cumplimiento de diversos postulados de inclusión en materia turística. Señala este instrumento: La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno… Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones.

Estos principios parten de una concepción respecto del turismo que supera las consideraciones exclusivas de índole económica a fin de afirmar su importancia en el desarrollo personal y colectivo. Añade el Código: (el turismo) es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad.

Uno de los criterios de mayor relevancia que deben considerarse para la implementación de reformas en esta materia se refiere a la transversalidad de las políticas.

En el ejercicio de programas de gobierno para la promoción del turismo social confluye la necesidad de mejorar la infraestructura a fin de vincular destinos; en ellos también concurren acciones en materia de seguridad pública, desarrollo social, protección a personas vulnerables y la búsqueda de mejores opciones de financiamiento. En tal sentido, se pretende hacer uso de un instrumento presupuestal que ha aprovechado la articulación de varias políticas a través de programas en los que concurren diversas dependencias y entidades pero con objetivos específicos.

El objetivo es la inclusión del Programa Nacional de Turismo Social como una política transversal tomando en consideración la vinculación de diversas acciones del sector público enfocadas en grupos de población específicos o problemáticas nacionales de suma importancia que necesitan ser combatidas de manera integral.

Con ello se pretende reconocer en el turismo social su capacidad para ser detonante de crecimiento económico, para generar mejores condiciones de equidad y acercar el disfrute y aprovechamiento de bienes turísticos a un mayor número de ciudadanos.

El reconocimiento de la transversalidad es, asimismo, un requerimiento para integrar los diversos esfuerzos que se requieren para conseguir fines concretos, así como un mandato que se establecería para las dependencias y entidades del sector público a efecto de que asuman compromisos de coordinación, mejoren la coordinación en el seguimiento del gasto y transparenten el ejercicio de los recursos que se utilicen en la implementación de los programas y proyectos respectivos.

Existen esfuerzos realizados por los tres ámbitos de gobierno para impulsar el turismo social, de los cuales se citan algunos:

• En 2014, el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Turissste, movilizó a 400,000 derechohabientes a diversas entidades del país. Con el programa Rutas de Turissste, acercó a 25,000 personas a destinos turísticos poco visitados.

• La Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha trabajado en la revisión de estrategias para promover el turismo social y sus beneficios para el país.

• En Guanajuato, donde su Secretaría de Turismo Estatal es miembro y socio activo de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS), se han realizado acciones para fomentar el turismo social, tales como el convenir con Turissste para promover a Guanajuato como destino del turismo social; el rescate, promoción y difusión de la gastronomía guanajuatense; los programas integrales en los Pueblos Mágicos de la Entidad y; sus acciones sobre la producción vitivinícola.

• En Baja California, el Programa de Fomento al Turismo Social que inició en 1999, ha tenido como propósito elevar el nivel de bienestar de los bajacalifornianos a través de la actividad turística haciendo accesible los viajes a todos los segmentos de la población. Con este Programa, el Gobierno del Estado apoya al micro y pequeño empresario turístico de varias formas y fortalece la oferta turística del Estado.

• En Quintana Roo, el Gobierno Estatal en convenio de colaboración con Turissste, ha buscado promover paquetes turísticos en la entidad para las personas que menos tienen.

• En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, existe un Programa de Turismo Social que se implementó en el último trimestre de 2015, cuyo objetivo es que más niños tengan la oportunidad de visitar varios lugares turísticos.

De la revisión integral de la legislación de los Estados, en casi todas ellas se ha incluido el concepto de turismo social. En algunos casos, se han retomado los términos que se contemplan en la legislación federal y existe identificación del tipo de grupo social que busca ser beneficiario por los programas.

Esta iniciativa pretende articular a través de una reforma federal los diversos proyectos que a nivel local se implementan teniendo en mente la pertinencia de definir bajo una política coherente e integral las diversas concepciones existentes en las entidades federativas.

Se incluye en documento anexo a la iniciativa el detalle de la definición que las legislaciones locales recogen para que se distinga la diversidad de aproximaciones y el objeto que también pretende esta propuesta de establecer las políticas públicas estatales a través de un eje articulador nacional.

Como vemos, el turismo social es un tema sumamente importante para el Estado Mexicano. Es necesario que los tres ámbitos de gobierno y los sectores social y privado trabajen unidos en torno a un Programa Nacional de Turismo Social, con miras a hacer más accesible a las familias, jóvenes, discapacitados, adultos mayores, indígenas y grupos vulnerables, que cuentan con ingresos modestos, consumir servicios de turismo.

En suma, se pone a su consideración, a fin de sustentar la iniciativa, lo siguiente:

Primero. Se requieren fortalecer los instrumentos legislativos a fin de garantizar políticas incluyentes que extiendan los beneficios del turismo a un mayor número de mexicanos.

Segundo. La experiencia internacional indica la pertinencia de establecer instrumentos de política pública específicos para incrementar el acceso a los bienes turísticos.

Tercero. Resulta necesario establecer políticas específicas, dado que las tasas de crecimiento del turismo nacional muestran trayectorias discontinuas y contrastantes con las cifras del turismo receptivo en el país.

Cuarto. Se requiere concentrar la atención, tanto en la capacidad económica de los sectores asociados directa e indirectamente al turismo, como en los valores de inclusión, respeto a las diferencias entre pueblos y culturas y su diversidad y,la promoción de la tolerancia que el turismo desarrolla e incentiva.

Quinto. Por la condición económica de los sectores de la población que deben recibir los beneficios del turismo social y las exigencias para establecer una estrategia integral, es preciso establecer instrumentos transversales entre las dependencias y entidades del sector público que participan en la provisión de bienes en el sector.

Con base en los argumentos anteriores, proponemos lo siguiente:

1.- Que el Programa Nacional de Turismo Social se incluya como un anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación. Que se articule bajo el principio de transversalidad para efectos presupuestales;

2.- Que la Secretaría de Turismo federal articule y mantenga actualizado el Programa Nacional de Turismo Social, con la participación de los sectores social y privado, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos locales y municipales.

3.-Que la Secretaría de Turismo evalúe anualmente el Programa Nacional de Turismo Social con el fin de hacer las adecuaciones que resulten necesarias y;

4.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule y haga pública la metodología para la elaboración del anexo transversal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y; reforma los párrafos segundo y tercero y, adiciona los párrafo cuarto y quinto al artículo 16 de la Ley General de Turismo.

Artículo primero.- Se reforma la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2.-

I. a III.

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; y el Programa Nacional de Turismo Social;

IV. a LVII.

Artículo segundo.- Se reforman los párrafos segundo y tercero y; se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 16 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 16.

Para tal efecto, la Secretaría articulará y mantendrá actualizado el Programa Nacional de Turismo Social con la participación de los sectores social y privado, así como con la inclusión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos locales y municipales.

El Programa Nacional de Turismo Social se articulará bajo el principio de transversalidad para efectos presupuestales.

La Secretaría de Turismo deberá evaluar anualmente el Programa con el fin de hacer las adecuaciones que resulten necesarias

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará y hará pública la metodología para la elaboración del anexo transversal.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología para la elaboración del Anexo Transversal correspondiente al Programa Nacional de Turismo Social, informando sobre los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dicho Anexo.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaría las opiniones y comentarios para que sean considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.

Senado de la República, el 19 de abril de 2016.

Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. Armando Ríos Piter.

1 Vargas Aguayo, Alberto, 1981. Análisis del Turismo Receptivo y Egresivo en México. Documento de Trabajo

2 ChiquiarCikurel, Daniel; Herrera Hernández,Jorge y López Noria, Gabriela. Determinants of International TourismFlowsintoMexico. Dirección General de Investigación Económica, Banco de México.

Anexo de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y; reforma los párrafos segundo y tercero y, adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 16 de la Ley General de Turismo suscrita por las Senadoras y los Ssenadores Fernando Torres Graciano, Martha Elena García Gómez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blásquez Salinas y Armando Ríos Piter.

Definiciones del Turismo Social en las legislaciones locales

Aguascalientes

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALLENTES

Artículo 44. El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados, con discapacidad y personas adultas mayores, viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

Baja California

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Artículo 17.- Para los efectos de esta Ley, el Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales los grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, estudiantiles, magisteriales, burocráticos, de trabajadores no asalariados, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas de la región y demás personas, tengan acceso a sitios de interés turístico estatal, tanto a lugares históricos como culturales, así como sitios típicos y los que tengan por objeto lograr el descanso y el esparcimiento familiar en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Baja California Sur

LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Artículo 4. Turismo Social: EI Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales los grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, estudiantes, magisteriales, discapacitados, burócratas, de trabajadores no asalariados y otros, tengan acceso a sitios de interés turístico estatal y nacional, histórico, cultural y típico con el objeto de lograr el descanso y el esparcimiento familiar en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.
Campeche

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Artículo 24. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, impulsará y promoverá el Turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios que otorguen facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Chiapas

LEY PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

Artículo 22.- Se reconoce al turismo social, como todos aquellos medios e instrumentos a través de los cuales se otorgarán facilidades para que todas las personas viajen con fines de recreación y esparcimiento, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Chihuahua

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Artículo 15. La Secretaría, en coordinación con los sectores público y privado, impulsarán la elaboración del Atlas Turístico, como herramienta para la promoción de la actividad turística en todas y cada una de sus modalidades, las cuales se clasifican en: Turismo de Negocios, Cinegético, Cultural, Náutico, Social y Alternativo; así como las demás que señale el Reglamento de esta Ley.

Ciudad de México

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3. Turismo Social: actividad encaminada a que los habitantes de cualquier nivel socioeconómico, accedan a los atractivos turísticos de su localidad;

Coahuila

LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Artículo 19.- El Turismo Social tiene por objeto facilitar la participación e inclusión en el turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores y demás sectores vulnerables de la población, que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tengan acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos, a través de los planes, proyectos y programas que instrumente la Secretaría.

Colima

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA

Artículo 21.- El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales, los grupos de estudiantes, trabajadores del campo y de la ciudad, jubilados, pensionados, de la tercera edad y otros similares, tengan acceso a sitios de interés turístico Estatal y Nacional, histórico artístico y cultural, con el objeto de lograr el descanso y el esparcimiento familiar en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Las dependencias y las entidades de la administración pública Estatal, coordinarán y promoverán esfuerzos entre ellas y con los Gobiernos Federal y Municipales, concertarán e inducirán la acción social y privada para el desarrollo ordenado del turismo social.
Durango

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE DURANGO

Artículo 29. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Federal, impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Guanajuato

LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 34 Bis. El Turismo Social se integra por las acciones e instrumentos que propicien la participación e inclusión en las actividades turísticas a los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, indígenas y demás sectores vulnerables, que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tengan acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos del Estado.

Guerrero

LEY NÚMERO 494 DE FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO

Artículo 23. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Hidalgo

LEY DE TURISMO SUSTENTABLEDEL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 32. La Secretaría desarrollará acciones para propiciar que todos los habitantes del Estado tengan acceso a la oportunidad de viajar y a obtener los beneficios del turismo que contribuyan a su crecimiento personal y a la valoración de la riqueza natural, cultural e histórica del Estado.

Artículo 33. La Secretaría, en coordinación con las Dependencias y Entidades competentes de la Administración Pública Estatal, Federal y las organizaciones del sector social, llevará a cabo un programa de fomento al turismo social.

Jalisco

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 69D. El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios enfocados a otorgar facilidades con equidad para que grupos sociales vulnerables puedan acceder a la actividad turística en cualquiera de sus modalidades, contribuyendo adicionalmente a disminuir la estacionalidad de la afluencia a los destinos turísticos en el Estado de Jalisco.

La Secretaría deberá de considerar dentro de su presupuesto anual una partida destinada a promover el turismo social en la Entidad.

Estado de México

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MEXICO

Artículo 29.- El turismo social, comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad

Michoacán

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 95. El turismo social comprende todos aquellos programas que instrumente la Secretaría, a través de los cuales se facilite el acceso al turismo por parte de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas discapacitadas, adultos mayores, indígenas y personas que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen acceso limitado al disfrute del patrimonio y los servicios turísticos. El objeto de dichos programas será lograr la recreación y esparcimiento familiar, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad

Morelos

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS

Artículo 41. Promover y coordinar las obras y servicios públicos, así como las medidas administrativas necesarias para procurar la adecuada atención y seguridad del turista y al propio desarrollo turístico de la comunidad; así como realizar las adecuaciones necesarias, para que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los lugares turísticos.

Nayarit

LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT

Artículo 24. Turismo Social. Es el conjunto de actividades que involucra familias y grupos sociales de jóvenes, adultos mayores, y personas con discapacidad, mediante el uso de instrumentos y programas que otorgan facilidades para permitirles viajar con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de accesibilidad económica, seguridad y comodidad.

Nuevo León

LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 32. Las dependencias estatales competentes coordinarán sus esfuerzos con los gobiernos federal y municipal para promover el desarrollo ordenado del turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgarán facilidades para que las personas con recursos limitados, menores, adultos mayores o con capacidades diferentes, tengan acceso a lugares turísticos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Oaxaca

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE OAXACA

Artículo 20.- El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la Secretaría, a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con diferentes capacidades, adultos en plenitud, indígenas y otros que por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tengan recursos limitados para disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

Puebla

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 33. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad, comodidad y accesibilidad.
Querétaro

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Artículo 22. El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas con discapacidad, así como las de recursos limitados, tengan acceso a sitios de interés turístico estatal y nacional, con fines recreativos, deportivos o culturales, según corresponda, que tengan por objeto lograr el descanso y el esparcimiento familiar, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Quintana Roo

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 15.- La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

San Luis Potosí

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ARTICULO 42. El turismo social comprende todos aquellos programas, mecanismos y acciones que instrumente la Secretaría, a través de los cuales contribuya a hacer accesibles los servicios turísticos para su descanso, integración familiar y esparcimiento a las personas con discapacidad y de escasos recursos económicas, que tienen acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

Sinaloa

LEY PARA EL FOMENTO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE SINALOA

ARTÍCULO 18. El Ejecutivo Estatal promoverá, coordinará y llevará a cabo programas o acciones que impulsen el turismo social en la Entidad, con una orientación que afirme los valores de identidad Estatal y Nacional.

Sonora

LEY DE FOMENTO AL TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA

Artículo 3. Turismo social.- Es aquel que comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales personas de recursos económicos limitados o con alguna discapacidad, tengan acceso a sitios de interés turístico que tengan como objeto lograr el descanso y el esparcimiento familiar, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

Tabasco

LEY DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE TABASCO

Artículo 22.- Se reconoce al turismo social, como los medios e instrumentos a través de los cuales se otorgarán facilidades para que las personas de recursos limitados, con capacidades diferentes y adultos mayores viajen con fines de recreación y esparcimiento, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.
Tamaulipas

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Artículo 40.  El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidades, adultos mayores, indígenas y otros que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

Tlaxcala

LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Artículo 66. El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Veracruz

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo 25.- La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Yucatán

LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO EN YUCATÁN

Artículo 50. El Turismo social es el conjunto de actividades que realizan las personas de recursos limitados, mediante el uso de instrumentos y programas que otorgan facilidades para viajar al Estado en condiciones de accesibilidad económica y de calidad.

Zacatecas

LEY PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Artículo 16.- El Turismo Social comprende todos aquellos programas que implemente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de trabajadores, jóvenes, niños, estudiantes, personas con capacidades diferentes, personas adultas mayores, jubilados, pensionados y otros que por razones físicas, económicas, sociales o culturales, que no tengan acceso a disfrutar de los sitios de interés y servicios turísticos y cuyo objeto sea lograr el descanso y esparcimiento familiar, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Torres Graciano. Los Senadores Pedroza Gaitán, López Brito y Cordero Arroyo quieren suscribirse. Pido a Servicios Parlamentarios tome nota de ello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, invitados por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. Agradecemos su visita en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tiene la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar a nombre propio y de Senadores diversos, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Rocío Pineda Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Félix Benjamín Hernández Ruiz, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez)

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta.

Esta iniciativa la presentamos a nombre del grupo parlamentario y también de los Senadores michoacanos: Luisa María Calderón, Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey, Ascención Orihuela Bárcenas y un servidor.

Senadoras y Senadores, compañeras y compañeros:

Desde 1994 los pueblos indígenas de México nos vienen dando una lección de humanidad y de gobierno. Necesitamos reconstruir nuestras comunidades para enfrentar las violencias deshumanizadas y el hambre, la marginación, la exclusión y también el despojo; como sociedad necesitamos organizarnos más y mejor para enfrentar la depredación económica y ambiental propia de nuestros tiempos y construir gobiernos mejores, gobiernos que emanen genuinamente de la propia comunidad.

Dos acontecimientos de la historia contemporánea de México han marcado la situación jurídica actual de los pueblos indígenas, dos levantamientos armados en distintos contextos y épocas, pero con las mismas demandas sustantivas: democracia, libertad y justicia.

Uno, es el del 1° de enero de 1994, en el que surge en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Y el otro, es el 15 de abril de 2011 en la comunidad de Cherán, Michoacán.

A partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se empezó a discutir la posibilidad de crear una ley de derecho y cultura indígenas que reconociera estos derechos y fuera una herramienta para revertir el despojo histórico contra las etnias originarias en México, consecuencia de un proceso de conquista, colonización y barbarie del conquistador que hasta el día de hoy permanece entre las herencias despóticas con la que se gobierna en México.

En octubre de 1995 el gobierno federal y el EZLN iniciaron el debate y la discusión sobre las causas que originaron el alzamiento armado del 1° de enero de 1994. Un esfuerzo de diálogo por la paz en el sureste, pero también por la democratización de un país bajo la promesa de incluir a los pueblos y comunidades indígenas, México fue testigo de un diálogo nacional de gran magnitud que tuvo en el centro la discusión sobre los derechos y cultura indígenas.

En los diálogos de San Andrés Larráinzar se planteó el reconocimiento jurídico y político del régimen de usos y costumbres de las comunidades indígenas y sus formas de participación, los Acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse por parte del Estado mexicano.

Sin embargo, hoy los pueblos indígenas de México han avanzado en múltiples aspectos: en el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística, en su derecho a gobernarse por el sistema normativo de usos y costumbres que ya está consagrado en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna.

La comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán, ante una situación de emergencia, debido a la agresión sistemática y violenta del crimen organizado, y de la complicidad de las entonces autoridades municipales, el 15 de abril de 2011 se levantó en armas para defender y proteger tanto sus bosques como sus propias vidas.

La comunidad de Cherán alzó la voz para reclamar una vez más el derecho a la libre determinación y el hecho innegable de que el reconocimiento pleno de los usos y costumbres indígenas era todavía una deuda pendiente con los pueblos originarios.

Producto de este reclamo, llevado finalmente hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de noviembre de 2011, mediante la sentencia emitida por este alto Tribunal, el Estado mexicano reconoció para Cherán, por primera vez en la historia, el autogobierno como dimensión política y jurídica del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, es decir, el establecimiento de un gobierno propio con autoridades nombradas conforme al sistema normativo de usos y costumbres.

Esta reforma constitucional del artículo 115 que hoy se propone, es una armonización largamente esperada por los pueblos indígenas de México del artículo 2o. de nuestra propia Constitución, el cual dice, cito: “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

Desde el 2001 los pueblos indígenas esperan ya no como víctimas, sino como sujetos de derechos, que les sean reconocidos a nivel municipal el derecho a regirse por los usos y costumbres.

Muchos pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del país llevan ya bastantes años en el proceso actual de construcción de las condiciones para ejercer su autonomía.

En Oaxaca, que experimenta el proceso más intenso en el país en construcción de gobiernos de usos y costumbres de los 570 municipios que existen, 418 eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres; y 152 por el de partidos políticos.

De los 418 ayuntamientos que se rigen por el derecho consuetudinario, 330 duran en su cargo tres años.

Ayutla de los Libres, Guerrero, las 138 comunidades que lo integran, ha sido uno de los últimos municipios que decidió elegir a sus autoridades y gobernarse bajo el sistema normativo de usos y costumbres.

Senadoras y Senadores, México ha manifestado a nivel internacional su compromiso con el desarrollo de los pueblos indígenas y ha firmado diferentes tratados y protocolos en la materia, el más importante por su carácter pionero ha sido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Como firmante de dicho Convenio, México está obligado a reconocer el derecho de libre determinación de estos mismos pueblos y de establecer su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas con los órganos de decisión que ellos mismos se asignen.

Además el Estado mexicano se obliga jurídicamente a garantizar y salvaguardar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como el respeto a sus derechos y seguridad.

La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos indígenas que hoy presentamos, propone que se armonice este mismo artículo de nuestra Carga Magna, con el propósito de sentar las bases de organización y funcionamiento del municipio indígena autónomo.

Lo anterior evitará que se les dé el tratamiento de municipio libre a los gobiernos de usos y costumbres en términos de derechos y obligaciones de su función administrativa, exigiéndoles figuras orgánicas y estructurales que no son propias de su naturaleza jurídica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la consecuente repercusión deficitaria en respuestas a trámites y gestiones, así como en la obtención de beneficios a favor de su bienestar social.

Esta reforma dará certeza jurídica a las acciones de los gobiernos de usos y costumbres, y propiciará su dinamismo administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal.

Sin duda estas modificaciones representan un avance en el doble ciclo de derechos interculturales, en los mismos derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Son parte ya de una nueva realidad a nivel municipal, abierta por los reconocimientos jurídicos tanto constitucional como a nivel internacional con los tratados firmados por México que afirman la vigencia y legitimidad del sistema normativo de usos y costumbres.

La presente iniciativa de reforma es también producto del consenso de las asambleas en la comunidad de Cherán, Michoacán; de una exigencia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas en todo el país, de la necesidad de armonizar el texto constitucional con el compendio contenido de instrumentos internacionales que regulan esta materia para garantizar los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas de México.

Además incorpora en la nueva legislación el novedoso criterio emitido por la Corte en esta materia, como resultado de la protección de los derechos humanos de estas comunidades.

La diversidad lingüística de nuestro país corresponde con nuestra diversidad cultural, pero no siempre con el reconocimiento de una diversidad política y jurídica.

Entendida actualmente bajo la doctrina del pluralismo jurídico, la convivencia y complementariedad de diferentes órdenes jurídicos que de facto se articulan en México, no han encontrado su completo reconocimiento formal en nuestras leyes y en la misma Constitución.

El reconocimiento de gobiernos municipales de usos y costumbres en México, es parte de un nuevo momento democratizador que es estrictamente necesario impulsar en nuestro país. Se vincula a la historia de cada pueblo y comunidad para definir su propia autonomía y su plena articulación como parte del mismo Pacto Federal desde su ámbito municipal.

Tenemos que terminar con el espíritu de encomienda, con esa actitud colonialista y virreinal de negación de los derechos indígenas que obstaculiza su libre determinación, como afirmaba el filósofo mexicano Luis Villoro.

Debemos transitar por fin de un Estado homogéneo y autoritario, con una concepción indigenista anacrónica y que sólo entiende los derechos de estos pueblos desde el paternalismo, a un Estado plural, con el reconocimiento de esta pluralidad de culturas, de sistemas jurídicos y de gobierno que fortalecen el Pacto Federal con el ejercicio de su libre determinación.

Muchos de estos municipios que se rigen por usos y costumbres, son hoy los más seguros de México, entre ellos el de Cherán, en Michoacán.

Son gobiernos en los cuales se articulan plenamente las autoridades municipales o consejos con la misma comunidad. Han logrado que la violencia descienda en algunos casos hasta en un 80% en sus localidades, gracias a que sus gobiernos cuentan con el respaldo de la comunidad y con su vigilancia que evita que haya corrupción, que evita la penetración del crimen organizado.

Sus cuerpos de seguridad, sus policías o sus rondas emanan de la misma comunidad y defienden no a una sociedad en abstracto, sino a sus propios hijos, esposas y hermanos.

También están demostrando que es viable una economía local comunitaria con pleno respeto a lo que denominan como la madre naturaleza, y que el buen vivir no radica en la acumulación irracional de bienes y capitales, sino en el equilibrio individual, comunitario y con la naturaleza.

Hoy en este Senado tenemos la oportunidad histórica de armonizar constitucionalmente el sistema normativo de usos y costumbres para que los pueblos indígenas de México contribuyan con su riqueza cultural y su experiencia jurídica en la solución de los grandes problemas que hoy enfrenta México.

Somos una nación plural que exige formas de gobierno plural. El dolor acumulado de las violencias sistemáticas contra los pueblos indígenas de México nos debe unir, así como la utopía de que este dolor no sea olvidado y se transforme en un reconocimiento pleno de las capacidades de los pueblos indígenas para autogobernarse y garantizar su contribución a la solución de los problemas que actualmente enfrenta nuestro país.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, RAÚL MORÓN OROZCO, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS PITER, FÉLIX BENJAMÍN HERNÁNDEZ RUIZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión, , con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En octubre de 1995, el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciaron el debate y la discusión sobre las causas que originaron el alzamiento armado del 1° de enero de 1994: un esfuerzo de diálogo por la paz en el sureste pero también por la democratización del país bajo la promesa de incluir a los pueblos y comunidades indígenas. México fue testigo de un diálogo nacional de gran magnitud que tuvo en el centro los Derechos y la Cultura Indígenas, con la participación, en primer plano, de indígenas, campesinos, intelectuales, religiosos, comunicadores, legisladores y funcionarios, organizaciones sociales, entre otros.

En la primera sesión de los Diálogos de San Andrés Larráinzar, se planteó el reconocimiento jurídico y político del régimen autonómico de usos y costumbres de las comunidades indígenas y sus formas de participación, la reglamentación del derecho a la información para garantizar su acceso a los medios de comunicación e impulsar la cultura y tradiciones indígenas en los términos que decidieran las propias comunidades.

El 16 febrero de 1996, después de una amplia consulta con sus bases de apoyo, el EZLN llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal para firmar los Acuerdos sobre Derecho y Cultura indígena, conocido también como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se afirmaba la intención estatal de terminar con la desigualdad, la discriminación, la explotación y la exclusión política y cultural que históricamente han sufrido los pueblos indígenas.

En noviembre del mismo año de 1996 se llevó a cabo una reunión en la que participaron la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) del Congreso de la Unión, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el EZLN, con el objetivo de lograr la redacción de una serie de reformas constitucionales sobre el tema de derechos y cultura indígenas. La propuesta final elaborada por la COCOPA como resultado de estos trabajos no fue retomada por el Legislativo federal sino hasta finales del año 2000 y principios del 2001, cuando la sociedad civil mexicana mediante varias marchas y manifestaciones de apoyo a los zapatistas demandó enfáticamente su cumplimiento.

El 1 de diciembre del año 2000 comenzó la Marcha del Color de la Tierra, encabezada por la Comandancia del EZLN con el objetivo de exigir el cumplimento de los Acuerdos de San Andrés. El domingo 11 de marzo, después de su paso por 12 estados de la República, la dirigencia zapatista y la Marcha del Color de la Tierra arribaron al Zócalo de la Ciudad de México. Durante su estancia en la capital del país los zapatistas  dirigieron sus mensajes al Congreso de la Unión y al Presidente Vicente Fox; la meta principal era el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas, es decir, la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la iniciativa de Ley sobre Derecho y Cultura Indígenas que había elaborado la COCOPA, tomando como base los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que concedía a los zapatistas el uso de la tribuna en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

Finalmente, un dictamen de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas fue aprobado el 28 de abril del 2001, y en agosto del mismo año fue publicado, lo que se consideró por el CNI como una “contrarreforma” del artículo 2º Constitucional, llamada así dado que no cumplió con los Acuerdos de San Andrés. La limitación de esta reforma se dio en muchos rubros, pero en particular, en el relativo a la autonomía indígena, reconocida de tal forma que resultó un derecho, las más de las veces, imposible de ejercer de facto por la gran mayoría de nuestros pueblos.

Aunque a nivel nacional el Estado mexicano limitaba con esta reforma los derechos indígenas, a nivel internacional había suscrito desde 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que reconoce de manera amplia derechos humanos indígenas fundamentales, como el derecho a la libre determinación, el derecho a la consulta previa, libre e informada o el derecho al territorio. Sin embargo, a pesar de tener carácter vinculante, también fue por muchos años letra muerta.

No fue sino hasta junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los limitados derechos reconocidos en el artículo 2º Constitucional se expandieron y complementaron con el contenido del Convenio 169 de la OIT, que ahora entraba al bloque de constitucionalidad junto con otros instrumentos internacionales igualmente importantes para los pueblos indígenas.

En este contexto fue que la comunidad purépecha de Cherán, ante una situación de emergencia debido a la agresión sistemática y violenta del crimen organizado y de la complicidad de las entonces autoridades municipales, el 15 de abril de 2011 se “levantó en armas” para defender y proteger tanto sus bosques como sus propias vidas. La comunidad de Cherán alzó la voz para reclamar una vez más el derecho a la libre determinación y el hecho innegable de que el reconocimiento de los usos y costumbres eran una deuda pendiente con los pueblos indígenas de México.

Producto de este reclamo, llevado finalmente hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 2 de noviembre de 2011 mediante la sentencia emitida por este alto tribunal, el Estado mexicano reconoció para Cherán por primera vez en la historia– el autogobierno como dimensión política y jurídica del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, es decir, el establecimiento de un gobierno propio con autoridades nombradas conforme al sistema normativo de usos y costumbres.

La trascendencia de este reconocimiento radica en el contenido del que fue dotado el derecho a la libre determinación y la autonomía como su expresión política. La Sala Superior determinó que tal derecho implica cuatro contenidos fundamentales:

1) El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres;

2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales;

3) La participación plena en la vida política del Estado, y

4) La participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como pueden ser las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que pueda afectar a sus intereses.

Este contenido se materializó en el proceso de nombramiento de las autoridades municipales del municipio de Cherán de acuerdo a sus usos y costumbres, y se instaló el 5 de febrero de 2012 al Concejo Mayor de Gobierno Comunal como autoridad representante del municipio.

Dos años después, en mayo de 2014, el municipio purépecha de Cherán, constituido a la luz del autogobierno como expresión política del derecho a la libre determinación, ganó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacán. En dicho resolutivo, el máximo tribunal del Estado mexicano habló por primera vez de este municipio indígena y le reconoció a Cherán el mismo estatus jurídico que el del Municipio Constitucional, pero incluyendo además dentro de sus competencias, la de defender y velar por el funcionamiento y continuidad del sistema de usos y costumbres a la luz del cual son constituidas las municipalidades indígenas.

Este reconocimiento debe profundizarse, ya que existen todavía vacíos Constitucionales que obligan al Poder Legislativo a legislar en la materia. Los avances son importantes no sólo en México, también en otros países latinoamericanos que también están transitando de un Estado homogéneo a un Estado plural, como caracterizó a este proceso el filósofo mexicano Luis Villoro.

Es en este contexto que se puede entenderla afirmación del investigador Francisco López Bárcenas: en América Latina y en México es “tiempo de autonomías”. Este proceso histórico que lleva como demanda el reconocimiento de los gobiernos de usos y costumbres es descrito e nivel latinoamericano por López Bárcenas de la siguiente manera: “El reclamo se posicionó como demanda central de los movimientos indígenas en la década de los noventas del siglo XX y se consolidó a principios del siglo XXI. No es que antes no existiera, al contrario, desde la época de la conquista -española en unos casos, portuguesa en otros- hasta la consolidación de los estados nacionales, desde las rebeliones de Lautaro, en tierras mapuches, Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en tierras andinas, hasta las de Jacinto Canek en tierras mayas contra el poder colonial; pasando por las de El WillkaPablo Zarate en Bolivia, o las de Tetabiate y Juan Banderas entre los pueblos yaquis de México, durante la época republicana, o las de Emiliano Zapata en México y Manuel Quintín Lame en Colombia, durante el siglo XX, hasta la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también en tierras mayas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas han estado permeadas por las reivindicaciones autonómicas; no siempre con ese nombre, pero sí con los mismos proyectos utópicos, que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos naturales, formas propias de organización y de representación política ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de su propio derecho,  conservación y desarrollo de sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus propios planes de desarrollo, dentro de sus demandas más significativas”.

Y esta tendencia autonómica en las comunidades y pueblos indígenas de México está relacionada directamente con la seguridad humana y la misma democracia, así como con la plena articulación a un pacto nacional que reconoce la pluralidad cultural de los pueblos que componen México. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es en 12 estados de la República, en las regiones Centro, Sur y Sureste, que se concentra el 90 por ciento de la población  que habla una lengua indígena. En Chiapas y Oaxaca reside más de una tercera parte el 34.9%, de la población hablante de lengua indígena; en Puebla el 8.9%, en Yucatán el 7.9%, en Guerrero el 7%, en el estado de México el 5.5%, en Hidalgo el 5.3 por ciento, en  Veracruz el 9.6%, en San Luis Potosí el 3.7%, en Quintana Roo el 2.9 y en Michoacán el 2.0 %.

La diversidad lingüística en nuestro país corresponde con nuestra diversidad cultural  pero no siempre con el reconocimiento de una diversidad política y jurídica, entendida actualmente bajo la doctrina del pluralismo jurídico: la convivencia y complementariedad de diferentes órdenes jurídicos que de facto se articulan en México no ha encontrado su completo reconocimiento formal en nuestras leyes y en la misma Constitución.

El reconocimiento de gobiernos municipales de usos y costumbres en México es parte de un nuevo momento democratizador que es estrictamente necesario impulsar en nuestro país: se vincula a la historia de cada pueblo y comunidad para definir su propia autonomía y su plena articulación como parte del mismo pacto federal desde el ámbito municipal. Así lo expresa el antropólogo Héctor Díaz Polanco: “Los rasgos específicos de la autonomía estarán determinados, de una parte, por la naturaleza histórica de la colectividad que la ejercerá, en tanto está será el sujeto social que, con su acción, a fin de cuentas la convertirá en realidad histórica, y le dará vida cotidiana; y, de otra, por el carácter sociopolítico del régimen estatal-nacional en que cobrará existencia institucional y práctica, por cuanto la profundidad de las conquistas, las facultades asignadas y, en suma, el grado de autogobierno reconocido, en su despliegue concreto dependerá en gran medida de la orientación política y el sistema democrático vigentes”.

Muchos pueblos y comunidades indígenas, a lo largo y ancho del país, llevan más de dos décadas en el proceso actual de construcción de las condiciones para ejercer su autonomía. En Oaxaca, que experimenta el proceso más intenso en el país en construcción de gobiernos de usos y costumbres, de los 570 municipios que existen, 418 eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres y 152 por el de partidos políticos; de los 418 ayuntamientos que se rigen por el derecho consuetudinario, 330 duran en su cargo tres años. Ayutla de Los Libres, Guerrero, las 138 comunidades que lo integran, ha sido uno de los últimos municipios que decidió mayoritariamente su decisión de elegir a sus autoridades y gobernarse bajo el sistema normativo de usos y costumbres.

Por último, se debe considerar que México ha manifestado a nivel internacional su compromiso con el desarrollo de los pueblos indígenas y ha firmado diferentes tratados y protocolos en la materia. El más importante por su carácter pionero ha sido el ya citado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aprobó en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989. Este convenio lo ratificó el Senado de la República, el 11 de julio de 1990 y se expidió el decreto el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. El Estado mexicano registró la ratificación el 4 de septiembre de 1990, en Ginebra, Suiza.

El Convenio 169 de la OIT, elevado a la categoría de tratado internacional en México, reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Este instrumento jurídico constituyó un gran avance a nivel internacional en lo que se refiere a la formalización jurídica de los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Los Estados Parte que ratificaron dicho convenio se obligan a cumplirlo y tienen la obligación de rendir informes para avalar dicho cumplimiento. Algunos de los derechos que los Estados Parte están obligados a reconocer son los siguientes:

- El derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus lenguas, usos, costumbres, cultura, forma de organización social que les permita fortalecer su identidad.

- El derecho de libre determinación de estos mismos pueblos, y de establecer su condición política, su desarrollo económico, social y cultural.

- El reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, con los órganos de decisión que ellos mismo se asignen.

- El derecho a la protección de la integridad de las tierras indígenas, que se garanticen los usos y costumbres en lo que se refiere a las formas de organización de la explotación de las tierras, aguas y bosques.

- El Estado se obliga jurídicamente a garantizar y salvaguardar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como el respeto a sus derechos y seguridad.

- En lo que se refiere a los procedimientos judiciales, el Estado se obliga a respetar la cultura, usos y costumbres de los indígenas, tomando en cuenta, sus características económicas y sociales.

La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos indígenas que hoy presentamos propone que se armonice el artículo 115 de nuestra Carta Magna, que se refiere al régimen político y jurídico de los Estados de la Federación y que sienta las bases del Municipio, en los términos del mismo artículo 2 Constitucional, el cual establece:

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Esta reforma también pretende incorporar a la Constitución el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011 ante la controversia constitucional presentada por el municipio de Cherán, dicha sentencia estableció el derecho a la libre determinación y la autonomía como la expresión política de esta comunidad y que postula cuatro contenidos fundamentales, entre los que se encuentra:

El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales”.

Lo anterior implica  elevar a rango constitucional la autonomía del  municipio de usos y costumbres, y asegurar su plena incorporación al Estado mexicano en términos de la unidad nacional, al permitirles el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y  sociales.

Lo anterior evitará que se les dé  el tratamiento  de Municipio Libre en términos de derechos y obligaciones de su función administrativa, exigiéndoles figuras orgánicas y estructurales que no son propias de su naturaleza jurídica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la consecuente repercusión deficitaria en respuestas a trámites y gestiones, así como la obtención de beneficios a favor del bienestar social.

Por lo que esta iniciativa permitirá dar  certeza jurídica a sus acciones de gobierno y propiciar su dinamismo administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal.

Sin duda estas modificaciones representan un avance en el nuevo ciclo de derechos inter-culturales, en los mismos derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, son parte de una nueva realidad a nivel municipal abierta por los reconocimientos jurídicos señalados en este exposición de motivos.

No sólo se presenta una reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en aquellos municipios que se rigen por el sistema normativo de usos y costumbres, es también una puesta al día en materia constitucional del marco jurídico para que estos gobiernos municipales tengan certeza tanto en sus derechos como en sus obligaciones.

La presente Iniciativa de reforma es producto del consenso de las asambleas en la comunidad de Cherán; de una exigencia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas en todo el país; de la necesidad de armonización del texto constitucional con el contenido de instrumentos internacionales que regulan esta materia para garantizar los derechos políticos a los pueblos y comunidades indígenas de México; además, incorpora a nuestra legislación el novedoso criterio emitido por la Corte en esta materia como resultado de la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas de México.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa:

DECRETO

Por el cual se adiciona y reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 115. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre y el municipio indígena, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. En el caso de los municipios indígenas podrán ser gobernados por una forma de gobierno que se adecúe a sus usos y costumbres y, a principios interculturales de democracia y derechos humanos.

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal o por la estructura de gobierno por usos y costumbres se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos o gobiernos por usos y costumbres, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; en el caso de los municipios indígenas gobernados por usos y costumbres este procedimiento se tendrá que ajustar al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.

II.-  Los municipios o los gobiernos municipales por usos y costumbres estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos o los gobiernos municipales por usos y costumbres tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
a)…

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos o de los gobiernos por usos y costumbres para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento o de los gobiernos por usos y costumbres

c)…

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate este imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento o del gobierno por usos y costumbres respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e)…

III.-…

a)…

b)…

c)…

d)…

e)…

f)…

g)…

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. En el caso de los municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres, se observará lo dispuesto en el artículo 2° de esta Constitución, por lo que esta función y servicio se ejercerá bajo el cuerpo de seguridad que así lo determinen en los términos de su autonomía; 

IV…

a)…

b)…

c)…

Los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre de 1999)

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, por los gobiernos por usos y costumbres, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V…

VI…

VII

VIII…

IX.- Se reconocerá el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para gobernarse a nivel municipal mediante sus usos y costumbres, contando, según lo dispuesto por el artículo 2° de esta Constitución, con autonomía administrativa y jurídica en sus instituciones y prácticas.

Las autoridades de los municipios indígenas gobernados por usos y costumbres serán electos por un periodo no mayor de tres años.

X.- Las comunidades indígenas que constituyan submunicipalidades tendrán derecho, en ejercicio de su autonomía establecida en el artículo 2° de esta Constitución, de administrar directamente los recursos públicos que de manera equitativa les correspondan, sin la intermediación de los ayuntamientos o de los gobiernos municipales por usos y costumbres, atendiendo los controles de fiscalización necesarios.

Salón de Sesiones del Senado de la República, el 19 de abril de 2016

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. José Ascensión Orihuela Bárcenas.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Félix Benjamín Hernández Ruiz.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia saluda la presencia de integrantes del Consejo Mayor de Cherán, Michoacán, invitados a esta sesión por el Senador Raúl Morón Orozco.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Presento una condensación de lo que es el espíritu de esta iniciativa para hacer ahorro de tiempo en tribuna, y de esa manera dar cabida a que haya una mayor capacidad de desahogar los múltiples temas que tenemos pendientes antes de que termine este periodo legislativo.

Presento unas líneas de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre y se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es así, pues, como lo hago, con su permiso, señora Presidenta.

La fauna silvestre es parte de los recursos naturales renovables con que cuentan todos los países. Representan para cada uno diferentes valores y son, sin duda, de una gran utilidad para la humanidad. Esta fauna comprende desde aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios, insectos, reproduciéndose libremente en hábitats naturales.

Esta fauna comprende desde todo esto, y no siempre tiene la comprensión y la consideración del peso específico que tiene para las comunidades y para la humanidad.

Esta, la fauna, es fundamental para el desarrollo del ser humano y a su vez es un componente también fundamental de la diversidad biológica del mundo, ocupa un lugar trascendental en el equilibrio ecológico y el desarrollo económico de los países.

Prueba de esto, en el caso de nuestro país, es el gran número de turistas que acuden a observar Guacamayas en Chiapas, Mariposas Monarca en Michoacán; las Ballenas Grises en el Pacífico, o la importante contribución del Venado Cola Blanca a la fertilidad de los suelos mediante la transportación de semillas. Esto, como muy sencillos ejemplos.

Nuestro país es considerado como un país megadiverso debido al alto número de especies de flora y fauna que lo habitan. Por esta razón, nuestro país ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable, con lo que la protección de la vida silvestre se convierte en prioritaria.

Por otra parte, una realidad insoslayable es que cada día existen más armas en circulación, tanto legales como ilegales, en ciudades y áreas rurales.

Según una investigación del Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, el número de armas en nuestro país se incrementó 331%, tomando como referencia la guerra en contra de los cárteles del narcotráfico.

En esta alarmante cifra vienen incluidos aviones, barcos, vehículos blindados y otros elementos.

En lustros recientes, la inseguridad ha conducido a un creciente armamentismo de gobiernos y particulares.

Desafortunadamente también en estos últimos años se han presentado un importante número de casos en que servidores públicos adscritos a tareas de seguridad pública han estado realizando caza furtiva de animales silvestres, situación que por sí misma representa una violación a la Ley General de Vida Silvestre, en donde la pena impuesta consiste únicamente en una sanción económica que va de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización, sin pena alguna adicional.

Un caso sonado es el de un policía en Campeche, con uniforme de la Policía Estatal Preventiva, que apareció en redes sociales presumiendo la caza de un Venado Cola Blanca, un Lagarto y un Halcón, y que según información de los medios de comunicación, presentó su renuncia.

La presente iniciativa busca incorporar a la pena económica impuesta en la Ley General de Vida Silvestre, una pena adicional para que en caso de que la muerte de ejemplares de la vida silvestre sea ocasionada por algún servidor público de cualquier orden, municipal, estatal o federal, con las armas oficiales a su cargo, estará obligado a cumplir con lo dispuesto en esta ley, y además se le remitirá a lo establecido en esta misma iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalando expresamente que en caso de lo estipulado en el artículo 122, fracción III Bis de la Ley General de Vida Silvestre, referente a la caza de animales por servidores públicos, utilizando su arma de cargo, la pena será la destitución inmediata del servidor público de su puesto de trabajo e inhabilitación de siete años para ocupar puestos públicos de cualquier orden.

Con esta adecuación, se busca eliminar esta práctica despreciable, que es la caza furtiva de animales por parte de servidores públicos que utilizan sus propias armas de trabajo. Esto, es en resumen lo que presento en la iniciativa.

Yo confío que esta iniciativa la reciban todas y todos ustedes, con lo que significa, el presidente municipal que ve impotente, al igual que ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, cómo oficiales de las más variadas policías salen a pasar sus ratos de ocio utilizando las armas que les fueron dadas para establecer el orden en la seguridad pública, o en la rama del trabajo que se les tiene asignada, municipal, federal o estatal, y se dedican a la cacería, haciendo graves destrozos, con otra circunstancia.

No hay posibilidad de que alguna autoridad en esos lugares, especialmente rurales y remotos pueda intervenir, porque aquellos guardianes del orden se convierten en señores de horca y cuchillo, a los que no es posible contener porque tienen un peso específico en aquella comunidad y no hay quién los pueda detener en sus tropelías, al amparo de que traen charola, al amparo de que traen autoridad, traen un arma y pueden hacer lo que les dé la gana, y no hay la posibilidad de que se les denuncie para que se les aplique la pena pecuniaria.

Esta iniciativa busca no solamente el castigo, sino también que con la posibilidad de este castigo haya una inhibición para estos malos guardianes del orden público que utilizan sus armas para hacer esta clase de destrozos en la fauna, que es un recurso nacional y que no es propiedad de las generaciones actuales, sino de las generaciones futuras.

Yo espero su apoyo, su comprensión y que se entienda que esta iniciativa es por el bien de un bien público que siempre está en riesgo con esta clase de ciudadanos y de guardias del orden que hacen mal uso de sus armas.

Espero su apoyo y la aprobación para esta iniciativa.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN INCISO III BIS AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La fauna silvestre es parte de los recursos naturales renovables con que cuentan todos los países. Representan para cada uno diferentes valores y son de utilidad para la humanidad. Una de las características de esta fauna es que con manejo adecuado se reproduce por si misma y permanece sin peligro de desaparición.

Esta fauna comprende desde aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos, reproduciendose  libremente en hábitats naturales.

Esta fauna silvestre es fundamental para el desarrollo del ser humano y a su vez, es un componente fundamental de la diversidad biológica del mundo. La fauna silvestre, además, ocupa un lugar transcendental en el equilibrio ecológico y el desarrollo económico del país. Prueba de esto, es el gran número de turistas que acuden a observar guacamayas en Chiapas, Mariposas Monarca en Michoacán, las ballenas grises en el Pacífico o la importante contribución del venado cola blanca a la fertilidad de los suelos mediante la transportación de semillas.

Nuestro país es considerado como un país megadiverso debido al alto número de especies de flora y fauna que lo habitan. Por esta razón, nuestro país ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable, con lo que la protección de la vida silvestre se convierte en prioritaria.

México junto con países como Colombia, Brasil, Indonesia, Perú, Congo, China e India, forma parte del selecto grupo de países megadiversos, gracias a su variedad de climas, topografía e historia geológica. Se calcula que en México habitan entre el 10 y 12% de las especies del mundo, a pesar de representar tan sólo 1.5% de la superficie terrestre del planeta, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies de plantas, el cuarto de anfibios, el segundo de mamíferos y el primero de reptiles.

Debido a esta riqueza natural contamos con la Ley General de Vida Silvestre, la cual en su artículo 1° señala que:

“…. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.”

Y en su artículo 4° señala:

“Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación”.

Por esta razón, nuestro país cuenta con políticas públicas e instituciones que defienden la vida silvestre y que se empeñan por preservar la vida de  flora y fauna silvestre en su territorio.

Una realidad insoslayable es que existen y permanecen muchas más armas, tanto legales como ilegales, en ciudades y áreas rurales.

Según una investigación del Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, se incrementó 331%, tomando como referencia la guerra en contra de los cárteles del narcotráfico. En esta alarmante cifra vienen incluidos aviones, barcos y vehículos blindados.

En lustros recientes, la inseguridad ha conducido a un creciente “armamentismo” de gobiernos y particulares.

Sin embargo, y a pesar de nuestra visión de transparencia de país, no es posible conocer el número exacto de armas, cortas o largas, con las que el personal de seguridad pública, municipal, estatal, federal, bancaria, cuentan para realizar sus labores de seguridad y protección de la ciudadanía.

Según la revista Nexos en su reportaje “Las armas en México. Tema pendiente de la Agenda Nacional”, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta no tener información sobre la evolución del total de armas legales en México y se reserva la información sobre el total de armas en manos de cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, ya que se encuentra clasificada como tal1.

Esta información resulta valiosa en la presentación de esta iniciativa, toda vez que se han presentado un importante número de casos en que servidores públicos adscritos a tareas de seguridad pública han realizado caza furtiva de animales silvestres, situación que por si misma representa una violación a la Ley General de Vida Silvestre en donde la pena impuesta consiste en una sanción económica que va de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización, sin pena alguna adicional.

Un caso sonado es el de un policía en Campeche con uniforme de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que apareció en redes sociales presumiendo la caza de un venado cola blanca, un lagarto y un halcón, y que según información de los medios de comunicación, presentó su renuncia.

Otro caso fue el de la caza de un puma por parte de otro policía estatal en Durango, sin embargo, se argumentó que fue por causas de seguridad para la población al encontrarse cerca de un centro poblacional.

Existen muchos casos no reportados por medios, pero vividos por muchas comunidades y municipios rurales, desde hace muchos años y hasta los tiempos actuales.

La presente iniciativa busca incorporar a la pena económica impuesta en la Ley General de Vida Silvestre, una pena adicional para que en caso de que la muerte de ejemplares de la vida silvestre sea ocasionada por algún servidor público, de cualquier orden, municipal, estatal o federal con las armas oficiales a su cargo, estará obligado a cumplir con lo dispuesto en esta Ley y además se le remitirá a lo establecido en esta misma iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalando expresamente que  en el caso de lo estipulado en el artículo 122 fracción III bis de la Ley General de Vida Silvestre, referente a la caza de animales por servidores públicos utilizando su armamento de cargo, la pena será la destitución inmediata del servidor público de su puesto de trabajo e inhabilitación de 7 años para ocupar puestos públicos de cualquier orden.

Con esta medida se busca desincentivar que se lleve a cabo la caza de especies animales sin justificación alguna por parte de servidores públicos, que cuentan con armamento autorizado para ejercer sus labores de protección a la población y que por su posición de autoridad, abusan de su circunstancia y amedrentan a habitantes de comunidades rurales.

Es en base a estos comentarios, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se adiciona un inciso III bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I…III.- 

III Bis.- En caso de que la muerte de ejemplares de la vida silvestre sea ocasionada por algún servidor público de cualquier orden, municipal, estatal o federal, con sus armas de cargo, estará obligado a cumplir con lo dispuesto en esta Ley y además a lo establecido en el Título Tercero “Responsabilidades Administrativas” de la Ley Federal de Responsabilidades  de los Servidores Públicos.

SEGUNDO: Se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

ARTÍCULO 53.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
.

.

.

…..sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

En el caso de lo estipulado en el artículo 122 fracción III bis de la Ley General de Vida Silvestre la pena será la destitución inmediata del servidor público de su puesto de trabajo e inhabilitación de 7 años para ocupar puestos públicos de cualquier orden.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 19 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.

1 Revista Nexos, Enero 4 de 2016. “Las armas en México. Tema pendiente de la Agenda Nacional”.  http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7562#_ftn23

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Martínez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley Federal de Acceso a las Nuevas Tecnologías en los Servicios y Trámites de la Administración Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

Yo vengo a presentar una Ley de Acceso a las Nuevas Tecnologías en los Servicios y Trámites de la Administración Pública.

El acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las llamadas TIC´s, se han convertido en un derecho humano fundamental para eliminar las disparidades sociales.

De nada sirve tener buenas leyes de transparencia o acceso a la información, así como sistemas de consulta y de solicitud, como el SISI, si no se traduce en hechos concretos que mejoren la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

La administración pública con sus vericuetos burocráticos se vuelve cada vez más una caja de opacidad y de barreras que paradójicamente se encubren en la tramitología en momentos que ya no es necesario este exceso de documentación.

La mayoría de la población se queja por la existencia de esta tramitología por el pésimo servicio relacionado a la eficiencia y la eficacia en la gestión de los servicios públicos, así como la lentitud legendaria para concluir un trámite, desde una solicitud de licencia hasta la renovación del Seguro Popular o cualquier otro trámite, uno puede perder días o semanas o nunca nos llega determinado trámite. La ineficiencia, la tramitología excesiva, la lentitud y la falta de información que guie al ciudadano son elementos que alimentan la corrupción y el maltrato de la burocracia a la ciudadanía.

Por estas razones proponemos una iniciativa que capitalice y aproveche las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no solo para beneficio de las empresas o del gobierno, sino a favor de la ciudadanía para disminuir el exceso de trámites, para facilitar el acceso a los servicios públicos, proteger sus datos personales y hacer más eficiente la administración pública.

Esta iniciativa de Ley Federal de Acceso a las Nuevas Tecnologías en los Servicios y Trámites de la Administración Pública, tiene las siguientes 12 propuestas:

1.- Establecer una ventanilla única nacional para trámites e información del gobierno que estará disponible en la dirección www.gob.mx.

Esta ventanilla única estará sujeta a principios de máxima publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

2.- Se implementará la firma electrónica avanzada, emitida por el Sistema de Administración Tributaria, para garantizar la identificación de la persona y la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. En el caso de las personas morales se empleará la firma del representante legal.

3.- Facilitará el acceso a medios electrónicos y digitales a las personas que deseen realizar distintos procedimientos administrativos, así como el acceso a la justicia fiscal y administrativa.

4.- Garantizará la preservación de los datos personales, la intimidad y la garantía de seguridad física y electrónica.

5.- El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAP se transformará también en un defensor del usuario de la administración electrónica; no se necesita crear más burocracia, sino aprovechar el despliegue del INAP junto con el de la Cofemer, y la coordinación de estrategia nacional de la oficina de la presidencia para desarrollar las funciones establecidas en el artículo 10 de esta iniciativa.

6.- Las funciones son las siguientes:

a) Asegurar la compatibilidad e interoperatividad de los sistemas y aplicaciones empleados en la administración pública.

b) Preservar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración pública electrónica, emulando los medios electrónicos de comunicación.

7.- En su calidad de defensor del usuario el INAP, presentará cada 6 meses un informe al Congreso de la Unión sobre las quejas y sugerencias recibidas, así como las propuestas de las actuaciones y medidas a adoptar para cumplir las funciones establecidas.

8.- Simplificar los procedimientos administrativos, proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia y, por ende, eliminar focos de corrupción y abusos a los ciudadanos.

9.- La transmisión de la información se realizará preferentemente por medios cerrados de comunicación, utilizando los protocolos y estándares tecnológicos.

10.- En cada uno de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal existirá al menos un sistema de registros electrónicos suficientes para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los sujetos obligados.

11.- Se establece un método avanzado para la emisión, copia y almacenamiento de los documentos electrónicos, los medios o soportes en los que se almacenen los documentos, deberán contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.

12.- Y última. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión, a aquella persona que con ánimo de lucro, provoque la modificación o alteración de la información contenida en los sistemas electrónicos sujetos, del sujeto obligado.

Esta iniciativa plantea, en síntesis, un modelo para que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sean de verdad un derecho humano en la Administración Pública Federal.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo que propone la Mesa Directiva para realizar sesión solemne el jueves 21 de abril, en la que se reciba la visita del Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo para recibir en sesión solemne la visita del Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, les informo que el día de ayer se remitieron comunicaciones a algunas comisiones informando de cambios en su integración.

Este día someteremos a consideración los dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política para formalizar los correspondientes movimientos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al primer Acuerdo:



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al segundo Acuerdo:



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, están a discusión los anteriores Acuerdos. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los Acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquense.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con los dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en materia de envases de plaguicidas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47-K A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de registro de nacimiento extemporáneo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de formación en derechos humanos para diplomáticos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de reinserción social de agresores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)







 

Ocho, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, que contienen los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de guías de práctica clínica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de noviembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de Guías de Práctica Clínica.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 18 de septiembre de 2015, se aprobó en esta Cámara de Senadores el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios legislativos sobre la iniciativa en comento.

4. El 24 de septiembre de 2015, se turnó la minuta a la Cámara de Diputados.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 222/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

6.- Con fecha 31 de marzo de 2016 fue aprobada la minuta que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud con cambios, por lo que se devolvió a este Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7.- Con fecha 5 de abril de 2016, fue turnada la minuta a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos para du dictamen respectivo.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Las y los legisladores plantean incluir cambios en lo aprobado por el Pleno del Senado de la República, en el artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CÁMARA DE SENADORES.

DICTAMEN DE LA COMSIÓN DE SALUD CÁMARA DE DIPUTADOS.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, las Guías de Práctica Clínicay medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de las Guías de Práctica Clínica y medios electrónicos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, es que se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes.

A partir de ello se delimitó el objetivo primordial de la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, que fue para ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país y así fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, y contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la atención médica.

C. Las Guías de Práctica Clínica son un elemento base de rectoría en la atención médica cuyo objetivo es establecer un referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención  médica.

D. Así mismo de acuerdo con la “Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud” , las Guías de Práctica Clínica, (GPC), son documentos técnicos desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, emitiendo recomendaciones concretas para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de salud.

De esta manera, se originó la estructuración de las Guías, tomando en cuenta la siguiente metodología:

• Pertinencia.

• Magnitud.

• Trascendencia.

• Vulnerabilidad.

• Factibilidad.

• Evaluación económica.

E. Dicha estrategia se constituyó a partir del Acuerdo Secretarial publicado en junio de 2008, en el DOF; para su elaboración tuvo intervención un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, Instituciones de Salud -tanto del ámbito público como privado- en México, Academias Nacionales y Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina, con la finalidad de armonizar dichas guías para la atención médica.

F. Para la materialización de dichas guías, se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, integración de GPC, de nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud; asimismo, es el encargado de proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

G. Por ello las Guías de Práctica Clínica, son de suma importancia para la mejora y atención médica para nuestro país. En consecuencia estas comisiones unidas dictaminadoras consideran viable la modificación hecha por la Colegisladora ya que solo para darle mejor redacción y en su momento, dicho artículo de ser interpretado no exista confusión alguna. Por ende se coincide con el Proyecto de Decreto de la Minuta en sus términos que lo plantea la Cámara de Diputados.

Derivado de todo lo anterior es que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO: Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud, en materia de código bidimensional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la minuta que desecha el proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 30, 222 y 464 ter de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Senado de la República de la LXII Legislatura, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El dictamen elaborado por las comisiones mencionadas fue votado a favor con modificaciones y por consiguiente fue turnado al Pleno de la Cámara de Senadores para ser votado en sesión de fecha 25 de abril de 2013.

4. Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha 29 de abril de 2013, el dictamen pasó a una segunda lectura y votación para la sesión de fecha 30 de abril de 2013, en la cual fue votado a favor por 98 votos y ordenándose turnar a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

5. En sesión de fecha 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó se turnara la minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

6. En sesión ordinaria, la Colegisladora aprobó el dictamen de la comisión dictaminadora el cual rechaza el proyecto en términos del artículo 72 fracción D, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La iniciativa proponía que, del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

Por ello, pretendía que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

El dictamen aprobado por el Senado de la República se limitó únicamente a modificar los artículos 30, 222 y 464.

La colegisladora en Comisión dictaminadora y en Pleno, rechazó totalmente el proyecto de Decreto, por los argumentos que se plasman en el apartado de Consideraciones.

De tal forma que el proyecto ha sufrido diversos cambios tal como se plantea en la siguiente tabla:

LEY GENERAL DE SALUD
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

DICTAMEN APROBADO POR EL SENADO

MINUTA APROBADA POR CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes; y establecerá su registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

NO EXISTE CORRELATIVO

 

NO EXISTE CORRELATIVO

NO EXISTE CORRELATIVO

Artículo 29 Bis.- El registro será a través del  Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.
La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.
Para la población, será posible identificar la autenticidad del medicamento a través de etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparecerá la autorización por parte de la Secretaría por la adquisición del producto.

NO EXISTE CORRELATIVO

NO EXISTE CORRELATIVO

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el Artículo anterior.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

 

 

RECHAZÓ EL PROYECTO.

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y    Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. De manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos,    para que se garantice la disponibilidad de medicamentos con elevado costo,      a la población   que así los requieran.

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO

 

Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus   procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley.

Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier medicamento, se verificará previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento así como la certificación de sus principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el caso, se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países.

 

NO EXISTE CORRELATIVO

Artículo 222.  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, asimismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor, ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha e elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del sector salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición de producto, por parte de la Secretaría.

RECHAZO EL PROYECTO.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

 

 

IV.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, código bidimensional, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II.- …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

 

 

RECHAZÓ EL PROYECTO.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

B. El Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en su salud, su vida laboral, su economía, su vida social etc.

Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos y a medicamentos de calidad, ello por su alto costo.

Por otro lado, cabe señalar que los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Por ende, podemos decir que un medicamento apócrifo, falso o de dudosa procedencia puede poner en peligro la salud del paciente incluso la vida.

C. Así mismo este problema se enfatiza en 2007 y 2008, cuando el Gobierno Federal incautó cerca de 75 toneladas de medicamentos en muestras médicas, y medicinas del sector salud, las cuales eran vendidas en plena vía pública, en tianguis sobre ruedas, mercados y garajes de casas adaptadas como farmacias. Así mismo en Septiembre de 2012, la COFEPRIS a través de los diferentes operativos que realiza a nivel nacional, había asegurado en boticas y farmacias 19,000 cajas de medicamentos y suplementos por no contar con la autorización correspondiente y estar caducos.

El incremento en la oferta de fármacos robados o falsificados, además del contrabando y la venta ilegal de muestras médicas, han contribuido a la piratería.

Al observar este problema en México, se prioriza la  falsificación de medicamentos y el tráfico de muestras médicas, así como medicamentos del Sector Salud, que ostentan en el empaque leyendas de prohibida su venta y se ha encontrado que son   comercializados en farmacias, en mercados populares y en casas habitación en algunos casos.

D. Hoy en día la falsificación de medicamentos, incumplen las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia parte primordial que debe dar un medicamento. En las etiquetas de esos medicamentos se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o su fabricante.

Esta práctica afecta tanto a productos de patente así como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase o empaque ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es insuficiente.

D. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), plasmó que los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que pidió a la comunidad internacional que tome medidas concretas e inmediatas para combatirlas.

E. La falsificación de medicamentos es un fenómeno mundial que representa el 10% del comercio mundial de medicinas. De los casos reportados a la OMS, entre los medicamentos más falsificados se encuentran con un 28% los antibióticos, seguidos de antihistamínicos con un 17%, hormonas en un 12% y esteroides con un 10%, medicamentos para el tratamiento del SIDA, la tuberculosis o la malaria, o parches anticonceptivos que simulan el producto original aunque su efecto es nulo, pudiendo causar embarazos no deseados.

Cabe señalar que la falsificación de medicamentos mueve alrededor de 35.000 millones de dólares anuales, por lo que comienza a perfilarse como un negocio en perjuicio no sólo de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, sino también y más importante, creando un grave y serio riesgo para la salud pública a nivel mundial.

E. El mercado negro de los fármacos esta enquistado en nuestro país yha generado graves consecuencias en nuestro Sector Salud, afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos. Y es que, tan solo durante 2010, la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 40 por ciento.

F. Se debe enfatizar que los medicamentos para la disfunción eréctil tienen el primer lugar en falsificación en el mercado nacional, y continúan las medicinas destinadas a atender enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas, como la diabetes.

Estos medicamentos apócrifos son fabricados en México, Sudamérica y Asia, y este hecho es preocupante porque es muy fácil que se expanda en nuestro país al no tener un control correcto de trazabilidad como lo menciona la iniciativa y dictamen aprobado por la Cámara de Origen.

El sector farmacéutico de nuestro país ha mencionado que en promedio, cada farmacia del país es asaltada dos veces al año, mientras que a los industriales les roban un camión por mes y a los distribuidores los hurtan en 10 ocasiones en el mismo periodo en sus camionetas en cualquier parte del país y como consecuencia toda la cadena se ve afectada porque asaltan unidades de transporte de los fabricantes, de los distribuidores, a las farmacias y sus repartidores, con ello generando en el mercado negro la venta de medicamentos ilícitos.

Y cabe mencionar que la venta ilegal, no sólo viola los derechos de propiedad intelectual, sino también, atenta contra la salud pública.

G. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 millones, mientras que en México se estima que va de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.

H. Es lamentable el hecho de que México ocupe el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.

J. Se debe enfatizar que las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.

Características de la falsificación:

• El empaque es diferente.

• El cartón de pésima calidad.

• Los frascos son diferentes al original.

• Los colores y relieves son de muy mala calidad.

• Los empaques primarios y secundarios son diferentes.

• Falsificación de marcas en sus empaques usando redes de impresores que abastecen diversos mercados.

• Utilización de medicamentos del sector salud en empaques falsificados.

De lo anterior es que se analiza el tema de incumbencia de este instrumento legislativo, relativo a los argumentos por los cuales la Colegisladora rechaza el proyecto en su integridad y lo devuelve a este Senado de la República, Cámara de Origen, para los efectos del inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primera parte donde establece; Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho.

Al tenor se comenta lo siguiente:

I. La Colegisladora hace referencia que respecto de la propuesta de reforma del artículo 30, se señala que el actual artículo 204 de la Ley General de Salud, que dice:  “los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. Así como también establece que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno participarán en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos, y actuarán conforme a sus atribuciones” ya lo contempla y por ende, no es procedente.

Ante lo anterior estas Comisiones codictaminadoras hacen referencia que el argumento es ambiguo ya que lo que se pretende es que la Secretaría de Salud lleve un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función. Y si se realiza una interpretación expresa del art. 204 que antepone la revisora observamos, que habla de que dichos establecimientos deben tener la autorización sanitaria correspondiente y en la segunda parte del precepto habla de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos, más no de falsificación o un control de medicamentos.

II.- Respecto al artículo 222 la revisora argumenta que el propio artículo 222 señala que la Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley. Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier medicamento, se verificará previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento así como la certificación de sus principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el caso, se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países.

Así mismo hace referencia a los artículos artículo 376 de la misma Ley, que  establece que requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos. Así mismo refiere el precepto 210 y 212.

Al tenor estas comisiones consideran que los artículos no terminan con el grave problema de falsificación de medicamentos así como el inoperable sistema de rastreo o de trazabilidad de los medicamentos en el sector de la salud es decir en el propio sistema, lo cual merma la salud de todos los mexicanos ya que al no ser eficiente se pone en riesgo a la población consumiendo fármacos de dudosa procedencia.

El Sistema que se pretende plantear con un código bidimensional permite conocer y  tener controlado en todo momento el recorrido que hace un medicamento, desde que sale del laboratorio titular de registro -ya sea un producto elaborado nacionalmente o importado- hasta que se dispensa o administra al paciente. Lo que se busca, principalmente, es brindarle seguridad al paciente respecto de la legitimidad y la calidad del producto que recibe. Y que la autoridad tenga mayor certeza de que dentro del país circulan medicamentos hechos y comercializados atendiendo a las buenas prácticas y con ello dándole certeza al consumidor de que su salud no  peligra.

Es por ello que estas comisiones difieren de la colegisladora y emiten el proyecto de decreto en términos del artículo 72 fracción D, segunda parte, el cual plasma “Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones¨.

Derivado de todo lo anterior es que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO: Se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 222.-

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 464 Ter.-

I. a II.- …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV.…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el artículo 17 Bis de Ley General de Salud, en materia de consultorios en farmacias.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de regulación de consultorios en farmacias.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de marzo de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero y adiciona un cuarto párrafo al artículo 47 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 1 de marzo de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 77 bis 5 inciso B fracción VII y 90 fracción 1; así como también se adiciona la fracción XIII al artículo 17 bis, todos de la Ley General de Salud, a fin de mejorar las condiciones de los servicios de salud ofrecidos en los consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1.- La primer iniciativa pretende un proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero y adiciona un cuarto párrafo al artículo 47 de la Ley General de Salud.

Propone regular la prestación del servicio de farmacias con consultorio adyacente, incorporando a los consultorios y farmacias entre los establecimientos de servicios de salud obligados a satisfacer los requisitos que señalen los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Con dicha propuesta se propone incluir en la ley disposiciones claras que establezcan que en la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud, incluidos consultorios y farmacias, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Para ello la Secretaría de Salud establecerá las disposiciones y lineamientos para el funcionamiento de los consultorios adyacentes a farmacias, y para que dichos consultorios presten los servicios de atención médica integrada de carácter preventivo a que hace referencia el artículo 27 de la Ley General de Salud.

Por ende, dicha iniciativa pretende el siguiente proyecto de Decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

Artículo 47.- Los establecimientos de servicios de salud deberán presentar aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 200 bis de esta ley. En el aviso se expresarán las características y tipo de servicios a que estén destinados y, en el caso de establecimientos particulares, se señalará también al responsable sanitario.

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta Ley.

En la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 47.- Los establecimientos de servicios de salud deberán presentar aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 200 bis de esta ley. En el aviso se expresarán las características y tipo de servicios a que estén destinados y, en el caso de establecimientos particulares, se señalará también al responsable sanitario.

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse dentro de los diez días posteriores al inicio de operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 bis de esta ley.

En la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud, incluidos consultorios y farmacias, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

La Secretaría de Salud establecerá las disposiciones y lineamientos para el funcionamiento de los consultorios adyacentes a farmacias, y para que dichos consultorios presten los servicios de atención médica integrada de carácter preventivo a que hace referencia el artículo 27 de esta Ley.

2.- En la segunda iniciativa, se propone atribuirle a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, regular el servicio médico que se brinda en los consultorios médicos adyacentes a las farmacias.

Por ende, la propuesta pretende el siguiente proyecto de Decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. a XII.

XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión.

ARTÍCULO 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones 1, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a !a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

XIII. Regular el servicio médico que se brinda en los consultorios médicos adyacentes a las farmacias.

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) …

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I. a VI. Realizar el seguimiento operativo de las acciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en su entidad y la evaluación de su impacto, proveyendo a la Federación la información que para el efecto le solicite;

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;

 

VIII. ..

IX.

Artículo 77 BIS 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) …

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

 

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación del personal médico y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

 

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros, y

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.

ARTÍCULO 90. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las· entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos pertenecientes al Sistema Nacional de Salud que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

 

….

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. De acuerdo con las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, para medición de la pobreza multidimensional, en México se calcula un total de 53.3 millones de personas en pobreza, es decir, el 45.5 por ciento del total de la población registrada en 2012, vive con alguna carencia. Dicha consideración es manifestada por el proponente ya que de aquí parte para identificar, que aquellas personas pobres tienen menor oportunidad de acceder a los servicios de salud y en consecuencia, se genera una restricción en hacerse llegar de una consulta médica y de la adquisición de medicamentos por falta de ingreso, y esto los vuelve vulnerables.

C. Por otro lado cabe señalar que las enfermedades no transmisibles, tales como; las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, dan cuenta de alrededor 35 millones de muertes cada año, o 60% de las muertes en el mundo; el 80% de esas muertes ocurren en los países de ingresos bajos y medianos. Si este hecho no se enfrenta, se prevé que las muertes producidas por enfermedades no transmisibles aumenten 17% al 2018.

Nuestro país ha venido haciendo acciones y estrategias para tener una cobertura en salud y que no se genere un gasto de bolsillo alto.

Sin embargo, como bien sabemos aún falta por hacer, para lograr eso y mayor calidad y atención en los servicios de salud. Hay acciones que fueron y deben ser necesarias porque desafortunadamente nuestro país tiene un incremento de enfermedades crónico-degenerativas, fenómeno que está relacionado con el envejecimiento de la población y con estilos de vida poco saludables. Ante este problema se diseñaron e implementaron acciones como el Sistema de Protección Social en Salud “Seguro Popular”, diversos mecanismos para dar cobertura en salud a la población mexicana, como son:

1) El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que cubre la totalidad de las intervenciones del primer nivel de atención médica y la mayoría de los padecimientos reportados como principales egresos hospitalarios.

2) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), el cual funciona para financiar la atención de enfermedades que por su complejidad y alto costo son consideradas catastróficas.

D. Cabe señalar que la prevención de la enfermedad, es una de las cinco funciones básicas de la Salud Pública, las cuales en conjunto constituyen las etapas del proceso de atención integral de la salud. Por ello se enfatiza que las funciones básicas de la atención de la salud de la población, de acuerdo a la doctrina de la Salud Pública son:

• PROMOCIÓN DE LA SALUD, para el sector salud significa realizar acciones de salud dirigidas a proporcionar a la población los medios para ejercer mayor control sobre su salud para mejorarla.

• PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, Son las “Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas.

• RESTAURACIÓN DE LA SALUD, Acciones de los Servicios de Salud, mediante Asistencia Sanitaria, destinadas a recuperar la salud de las personas que la han perdido, llevadas a cabo en dos niveles:

- Nivel Primario: Es el que la atención se brinda en la comunidad, a través de establecimientos de salud como los Puestos Sanitarios y los Centros de Salud, donde los pacientes tienen el primer contacto con el sistema de atención sanitaria y donde se realiza atención recuperativa y principalmente de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, así como la vigilancia y control de los factores ambientales que pueden afectar la salud.

- Nivel Hospitalario: Es la atención que se brinda con la finalidad de recuperar la salud de las personas que la han perdido, se realiza en establecimientos de diferente complejidad.

E. Sin embargo, a pesar de que se ha venido avanzando en la atención de la salud y este sector no se ha dado abasto y han surgido a la par consultas externas en un modo diferente. Es decir que la insuficiente capacidad de atención de los servicios públicos de salud y el alto costo de las consultas médicas privadas favorecieron el crecimiento de las farmacias que tienen un médico en el punto de venta, al grado de que actualmente 40 por ciento del total de dichos establecimientos ofrecen ese servicio a sus usuarios.

A la par de lo anterior, cabe señalar que en México, 10 millones de pacientes son atendidos al mes en unos 13 mil consultorios médicos con los que cuentan unas 28 mil farmacias del país, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

En el año 2010 existían cuatro mil 900 consultorios con farmacias adyacentes, pero debido a la demanda generada por la obligatoriedad de presentar receta médica para comprar antibióticos, su número se incrementó a 13 mil en el 2013.

Otro factor importante es la prohibición de la venta de antibióticos, que sin prescripción médica el paciente no puede allegarse de ellos, no así aquellos que son de Libre Acceso, como lo marca el artículo 226 de la Ley General de Salud, lo anterior para evitar la auto prescripción y poner en riesgo la salud y muchas veces la vida. Por ello la orientación profesional del médico bajo este esquema tiene los siguientes beneficios:

• Que exista un diagnóstico médico adecuado a las enfermedades de los pacientes, orientándolos a la compra de antibióticos o de otros medicamentos como los antivirales.

• Que no exista auto-medicación perjudicial con antibióticos.

• Que se reduzca el riesgo a la resistencia bacteriana ocasionada por la medicación inadecuada.

• Que se reduzca el riesgo de desviación de antibióticos al mercado informal.

F. Por lo antes plasmado, estas Comisiones codictaminadoras coinciden con el proponente en que es imperante regular la prestación del servicio de farmacias con consultorio adyacente, ya que diariamente 10 mil médicos atienden en promedio a 25 pacientes cada uno, unas 250 mil diarias, lo cual representa tres veces más de las que se ofrecen en la atención de primer nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que registra 89 mil. Apenas superada esa cifra por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ofrece 290 mil consultas de atención primaria por día.

De acuerdo a la consultoría IMS Health, el éxito de este tipo de negocios que son utilizados por los pacientes para atender malestares ligeros y de urgencia, se atribuye a su bajo costo y facilidad de acceso, ya que evitan la pérdida de tiempo por hacer filas en los institutos de salud como el IMSS y el ISSSTE, ofrecen consultas gratuitas o en promedio de 35 pesos, con medicamentos genéricos que le generarán un gasto promedio menor a los 120 pesos.

G. Hay que señalar que la Ley General de Salud, mandata que corresponde a la COFEPRIS la obligación de garantizar la protección al paciente en su atención médica, así como evitar abusos comerciales y evitar la venta de antibióticos con receta médica de forma indiscriminada, por ello la existencia del esquema de Farmacias con Consultorio.

En este tenor de ideas, es prioridad que la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS otorgue la certeza que tanto las farmacias como los consultorios cumplan con las normas correspondientes para su funcionamiento:

a) Las farmacias están sujetas a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el libro de Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, cuarta edición 2010.

b) Los consultorios están sujetos a la Norma Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatoria, vigente desde Octubre de 2010; en caso de ser consultorios de atención médica especializada, deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 016-SSA3-2012.

Por ello se destaca lo relativo a la Norma Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, que hace mención a los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deben cumplir los establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes ambulatorios, como se plasma a continuación:

6.1. Consulta General.

6.1.1. Consultorio de medicina general o familiar:

6.1.1.1. Deberá contar al menos con dos áreas: una para el interrogatorio con el paciente y su acompañante y otra para la exploración física, delimitada con un elemento físico que asegure la privacidad del paciente;

6.1.1.2. Las áreas de interrogatorio y de exploración de un consultorio de medicina general o familiar pueden estar contiguas o separadas; cualquiera que sea el caso, la superficie total de estas dos áreas deberá contener el mobiliario y equipamiento que se menciona en el Apéndice Normativo "A" y contar con los espacios necesarios para las actividades del personal, de los pacientes y acompañantes. Se presenta como Apéndice Informativo "I" el croquis de un consultorio de medicina general o familiar;

6.1.1.3. En aquellos consultorios en donde se realicen actividades docentes, se deberán considerar espacios suficientes para la permanencia del personal en formación, de tal forma que no interfiera la circulación ágil y segura del personal médico;

6.1.1.4. Deberá tener un lavabo con jabón y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física;

6.1.1.5. Si el consultorio no está ligado físicamente a una unidad hospitalaria, clínica o sanatorio, deberá contar con un botiquín de urgencias, cuyo contenido se establece en el Apéndice Normativo "H". En el caso de un conjunto de consultorios que estén interrelacionados en una misma planta o nivel, será suficiente que exista un solo botiquín de urgencias que se encuentre accesible para todos ellos;

6.1.1.6. Contar con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento, cumpliendo con los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana la NOM-168-SSA1-1998, referida en el numeral 3.2. de esta norma.

6.1.2. Consultorio de medicina preventiva:

6.1.2.1. El consultorio de medicina preventiva, además de lo señalado en cuanto a infraestructura y equipamiento para el consultorio de medicina general, deberá contar con un sistema de refrigeración con control y registro, que garantice una temperatura constante y estable para preservar exclusivamente biológicos;

Así mismo en los apéndices de la misma norma marca los mínimos de equipo que deben tener dichos consultorios:

EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL O FAMILIAR

1.1. Mobiliario

1.1.1. Asiento para el médico;

1.1.2. Asiento para el paciente y acompañante;

1.1.3. Asiento para el médico en la exploración del paciente;

1.1.4. Banqueta de altura o similar;

1.1.5. Báscula con estadímetro;

1.1.6. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como contendor rígido para residuos peligrosos punzo-cortantes, conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de esta norma;

1.1.7. Guarda de medicamentos, materiales o instrumental;

1.1.8. Mesa de exploración con pierneras;

1.1.9. Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable;

1.1.10. Mueble para escribir;

1.1.11. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

1.2. Equipo

1.2.1. Esfigmomanómetro mercurial, aneroide o electrónico con brazalete de tamaño que requiera para su actividad principal;

1.2.2. Estetoscopio biauricular;

1.2.3. Estetoscopio Pinard;

1.2.4. Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);

1.2.5. Lámpara con haz direccionable;

1.2.6. Negatoscopio.

1.3. Instrumental

1.3.1. Caja con tapa para soluciones desinfectantes;

1.3.2. Espejos Graves chicos, medianos y grandes (opcional);

1.3.3. Mango para bisturí;

1.3.4. Martillo percusor;

1.3.5. Pinza de anillos;

1.3.6. Pinza de disección con dientes y sin dientes;

1.3.7. Pinza tipo mosquito;

1.3.8. Pinza para sujetar cuello de matriz (opcional);

1.3.9. Pinza curva;

1.3.10. Portaaguja recto, con ranura central y estrías cruzadas;

1.3.11. Riñón de 250 ml o de mayor capacidad;

1.3.12. Tijera recta;

1.3.13. Torundero con tapa.

1.4. Varios

1.4.1. Cinta métrica;

1.4.2. Termómetro clínico.

Así mismo se menciona que en 2014, la COFEPRIS emitió la "Guía para las Buenas Prácticas Sanitarias en Farmacias con Consultorio", la cual establece lineamientos precisos que deben observar estos sitios para evitar sanciones, tales como contar con: título profesional a la vista del público del médico que brinda la atención médica, documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento; expediente clínico de los pacientes, los cuales habrán de conservarse cuando menos por un periodo mínimo de 5 años, así como un registro diario de las personas atendidas.

Además, el protocolo de atención indica que el médico tratante: debe dar aviso a los casos de enfermedades infecto-contagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias más cercanas y contar con recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes.

H. Como bien sabemos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la responsable de llevar a cabo la vigilancia sanitaria de los establecimientos de atención médica.

Datos de la propia Comisión marcan que de 2013 a 2015, se han supervisado alrededor de 6,939 establecimientos de este tipo, de los cuáles 374 han sido merecedores de suspensiones por irregularidades en su funcionamiento; La vigilancia que realiza se basa en tres fases: Visitas de Fomento Sanitario, Visitas de Verificación y Calidad en el Servicio, pero deja en un área de vulnerabilidad los temas de certificaciones y capacitaciones al personal que ellos labora.

La calificación nacional promedio del cumplimiento de la normatividad de los establecimientos médicos fue de un 75%, mientras que los consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas solo se cumplió en un 60%, lo cual evidencia el gran reto que se tiene debido a la importancia que están adquiriendo en la salud de la población.

Los principales puntos de incumplimiento fueron los siguientes:

a) No hay una obligación de que los médicos den aviso a la Secretaría de Salud de los casos de enfermedades infecto-contagiosas que se atienden.

b) En algunos establecimientos no hay accesos para pacientes con capacidades diferentes.

c) No cuentan con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos, incumpliendo los requisitos que establece la NOM-004SSA3-2012.

d) En ocasiones, el consultorio no cuenta con Aviso de Responsable Sanitario con título profesional del responsable en turno.

e) La infraestructura de dichos establecimientos debe cumplir con la NOM-005SSA3- 2010 (consultorios generales) y la NOM-016-SSA3-2012 (consultorios de especialidad).

I. Por lo anterior se desprende que estas Comisiones, están a favor de la propuesta parcialmente, ya que la regulación de los consultorios adyacentes es un tema sumamente prioritario por los argumentos anteriormente vertidos, sin embargo, otro tema que contiene una de las 2 propuestas es la certificación médica, sin embargo, estas comisiones puntualizan lo siguiente:

Por lo que respecta al ámbito de competencia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se menciona que éste es un mecanismo de financiamiento por el que el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de sus beneficios, tal y como lo establece la Ley General de Salud. En su artículo 77 bis 1:

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Acorde a lo anterior, es importante resaltar que el Título Tercero Bis de la misma ley, determina las disposiciones sobre las cuales se establece el Sistema de Protección Social en Salud, en específico el artículo 77 Bis 5, el cual forma parte de la reforma propuesta por el legislador, establece las competencias entre la federación y entidades federativas para la ejecución de las acciones relativas al Seguro Popular.

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

...

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:



Por ello, se enfatiza que al interpretar la propuesta que pretende el alcance de la certificación al personal médico a que se refiere en la propuesta, tenga como objeto al Sistema Nacional de Salud, por lo que establecer la obligación de incentivar dicha certificación del médico dentro del apartado B) del art. 77 Bis 5 resultaría insuficiente e inviable, ya que dicho apartado se circunscribe a la competencia de las entidades federativas en la ejecución de acciones del seguro popular.

J. Por todo lo anterior es imperante, llevar a Ley la propuesta de regulación de consultorios adyacentes a farmacias y es en este tenor de ideas, es que las Comisiones codictaminadoras consideran viable la propuesta con cambios ya que la viabilidad jurídica recae en la Iniciativa presentada en Marzo de 2016 y no así en la primera presentada en marzo 2014, tal como lo marca el apartado de antecedentes del presente instrumento legislativo, y en aras de salvaguardar la salud de los mexicanos y darle certeza de que cuando se acerquen a este esquema a tratar su padecimiento, estos consultorios tengan todos los elementos para que pueda ser atendido por un profesional y en un establecimiento que cumple con la reglamentación correspondiente, y de esta forma su salud no se vea mermada.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO: Se reforma la fracción XII y se adiciona la fracción XIII, recorriéndose la actual a la subsiguiente, todas del artículo 17 bis de Ley General de Salud, para queda como sigue:

ARTÍCULO 17 bis.

I. a XI. …

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia;

XIII. Regular el servicio médico que se brinda en los consultorios médicos adyacentes a las farmacias, y

XIV. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VACUNACIÓN

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de vacunación.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de diciembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar; Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flore Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juna Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de vacunación.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa tiene como objetivo:

• Consolidar la vacunación como un derecho.

• Otorgar a las vacunas el carácter de insumos de seguridad nacional.

• Fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación para garantizar la rectoría normativa del Poder Ejecutivo federal.

• Reforzar la operación continua del Programa, incluyendo el establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en todas las instituciones de salud.

• Consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de inmunizaciones.

• Garantizar que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible, para cubrir las coberturas necesarias.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de vacunación en México.

B. De acuerdo con la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización (GIVS), elaborada por el Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos, de la Organización Mundial de la Salud y la División de Programa, Sección Salud, del UNICEF, la inmunización es una de las intervenciones de salud pública más costo-eficaz de mayor éxito en todas las épocas.

No obstante, actualmente se estima que 2.5 millones de niños menores de 5 años, mueren cada año por enfermedades prevenibles con vacunas, lo que equivale a aproximadamente 600 muertes infantiles diarias.

En el mismo tenor, un estudio denominado “El Costo de los programas de inmunización en los próximos 10 años”, realizado también por la OMS/UNICEF arrojó que, con US$ 1.000 millones adicionales por año, la inmunización podría salvar 10 millones de vidas más en una década.

Tan solo en diciembre de 2005, la OMS y el UNICEF presentaron los resultados de un estudio que cubría el impacto potencial de inmunización, durante la próxima década, y que destacaba la financiación necesaria para las actividades de inmunización a realizar en los 72 países más pobres del mundo.

Así mismo destacan que el gasto en inmunización en los 72 países más pobres del mundo se ha incrementado en los últimos cinco años, pasando de US$ 1.100 millones en el año 2000 a US$ 2.500 millones en el año 2005, pero dicha cantidad tendrá se incrementaría todavía más, hasta alcanzar los US$ 4.000 millones para el año 2015, cantidad con la que se pretenden salvar 10 millones más de vidas.

Aunado a ello, un estudio reciente de la Universidad de Harvard, muestra que la inmunización produce unos beneficios económicos netos del 18 al 30%, dando amplio reconocimiento de la rentabilidad de la inmunización, el cual ha adquirido aún más peso.

Hay que señalar que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años.

D. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018, señala que su propósito consiste en la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, con ello, alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95% por biológico y el 90% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad.

Desde 1804, gracias al Dr. Francisco Balmis, se introdujo a México por primera vez, la vacunación antivariólica, misma que ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad a la Viruela, 14 años después, mediante Decreto Presidencial, dicha vacuna se hace obligatoria en el país y se inician campañas masivas para prevenir esta enfermedad.

En adelante, la cobertura de vacunación fue evolucionando e integrando nuevos biológicos, conforme los avances científicos y las necesidades sanitarias de la población mexicana. Fue hacia 1948 que se introdujo la vacuna combinada contra la tosferina y difteria. En 1951 se introdujo la BGC que protege de Tuberculosis y en adelante se introducen otras inmunizaciones como: tétanos, antipoliomielítica, antisarampión, la triple viral, la pentavalente, entre otras, que se incluyeron conforme a la transformación epidemiológica del mundo y nuestro país, como la reciente contra la Influenza A/H1N1) o aquella contra el Virus de Papiloma Humano.

Acciones como las anteriores, han permitido resultados en nuestro país, por ejemplo, después de la introducción de la vacunación antivariólica, en 1951, se registró el último caso de viruela en San Luis Potosí, en 1978, se creó por Decreto Presidencial, la Cartilla Nacional de Vacuanción, en 1990, se reportó el último caso de poliomielitis, en Tomatlán, Jalisco un año después, en 1991, por decreto presidencial se creó el Consejo Nacional de Vacunación y en 1996, se dio el último caso de Sarampión endémico en la Ciudad de México.

Es de destacarse que gracias al Consejo Nacional de Vacunación, quien coordina las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera).

Aunado a ello, con la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el 3 de julio del 2001, se establecen, implementan y supervisan las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propician la equidad en salud entre todos los mexicanos. Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país.

Hay que destacar que actualmente, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de 12 vacunas:

1. Vacuna Hepatitis B.

2. Vacuna Poliomielitis Sabin.

3. Vacuna contra Rotavirus.

4. Vacuna triple viral SRP y SR contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

5. Vacuna BCG.

6. Vacunas contra neumococo.

7. Vacunas Pentavalente, la cual protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por HaemophilusInfluenzae tipo b.

8. Vacuna DPT, protege contra difteria, tos ferina y tétanos.

9. Vacuna Td, que protege contra tétanos y difteria.

10. Vacuna contra Influenza

11. Vacuna Tdpa, protege contra tétanos, difteria y tos ferina.

12. Vacuna VPH, que protege a las niñas contra algunos de los tipos más comunes de Virus del Papiloma Humano y cáncer.

Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para garantizar que la población total en México, cuente con las inmunizaciones necesarias para salvaguardar su salud. Así mismo en los últimos años, se han suscitado diversos brotes de nuevas enfermedades tales como Dengue e Influenza A (H1N1).

Por ello, se considera necesaria la actualización de la Ley General de Salud, con la finalidad de contar con las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a cualquier tipo de brote o epidemia que se pueda suscitar en el mundo o en nuestro país, en un futuro y continuar así con la mayor y mejor cobertura de vacunación, que no sólo ha sido costo-eficaz, sino que previene la muerte en muchas personas y que representa una de las políticas mejor diseñadas, a partir de la cual se puede brindar realmente acceso oportuno a la salud y con ello, la prevención de muchas enfermedades, varias de las cuales pueden llevar a ser incapacitantes o mortales.

Por ello se coincide con la propuesta de reformas a la Ley General de Salud, en materia de vacunación, con ciertas modificaciones, que en adelante se muestran, con la finalidad de lograr la correcta implementación en la materia y cumplir con el objetivo primordial de salvaguardar la salud de la población mexicana. 

LEY GENERAL DE SALUD
VIGENTE

INICIATIVA PROPUESTA

DECRETO PROPUESTO POR COMISIONES

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la
poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare
necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las  que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles que estime necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije dicha Dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. La Secretaría de Salud, determinará, en los términos de esta Ley, los sectores de la población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, mismas que serán obligatorias para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha Dependencia, y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles, en los siguientes casos:

I. Cuando no hayan sido vacunadas, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 144 de esta Ley;

II. En caso de epidemia grave;

III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional, y

IV. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables.

Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la vacunación de personas como medida de seguridad en aquellos casos señalados en el artículo 157 Bis 7 esta Ley.

Artículo 408. Las autoridades  sanitarias competentes   ordenarán la vacunación de  personas como medida de seguridad, en los siguientes casos:

I. a II. ..

III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional;

IV. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables;

V. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades trasmisibles o agentes infecciosos e territorio nacional, o de alguna que se considere controlada, eliminada o erradicada, y

VI. Ante un desastre natural que por sus características incremente el riesgo de aparición de enfermedades prevenibles por vacunación.

Las acciones de inmunización extraordinaria, serán obligatorias para todos los individuos en el territorio nacional.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 13, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 10, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

 

CAPÍTULO II BIS
Vacunación

CAPÍTULO II BIS
Vacunación

No existe

Artículo 157 Bis 1. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho a recibir gratuitamente, en las instituciones públicas del Sistema Nacional de  Salud, las vacunas contenidas en el   Programa Nacional de Vacunación, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Los individuos serán corresponsables con el Estado de mantener actualizado su estado vacunal y estarán obligados a realizar lo conducente para que les sean aplicados los biológicos que correspondan.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas respectivas.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación de la Secretaría, deberán instrumentar mecanismos para garantizar la vacunación de los individuos que forman parte de los grupos de población cautiva.

Para efectos de esta Ley, por grupo de población cautiva deberá entenderse al conjunto de individuos que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado, capacitación, control o que comparten de manera, tanto temporal como permanente, un área geográfica específica.

Los responsables de los establecimientos a que se refiere este artículo darán todas las facilidades y colaborarán en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Artículo 157 Bis 1. Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquier de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca.

 

 

 

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán  obligados a tomar todas     las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

 

No existe

Artículo 157 Bis 2. Las vacunas que formen parte del Programa Nacional de Vacunación deberán suministrarse y aplicarse a la población en los términos y las condiciones señaladas por las disposiciones aplicables, sin que puedan alegarse en contrario razones económicas, de falta de abasto en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o de cualquier otro tipo.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán, en el ámbito de sus atribuciones, establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 157 Bis 2. Las dependencias y entidades de la Administración, tanto federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva.

Para efectos de esta Ley, por grupo de población cautiva se entiende al conjunto de personas que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado, capacitación, control o que comparten de manera, tanto temporal como permanente, un área geográfica específica.
Los responsables de las instituciones a que se refiere este artículo darán todas las facilidades y colaborarán en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación.

No existe

Artículo 157 Bis 3. Las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los  lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, deberán desarrollar campañas de comunicación educativa permanentes, con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para el individuo como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

Artículo 157 Bis 3. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los  lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

No existe

Artículo 157 Bis 4. Para efectos de este Capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Definir, previa opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación; 

II. Dictar las normas oficiales mexicanas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en territorio nacional; 

III. Conducir el Programa Nacional de Vacunación y coordinar las campañas y operativos nacionales de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios; 

IV. Coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los lineamientos para su operación; 

 

V. Supervisar y evaluar  las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo, y 

VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 157 Bis 4. Para efectos de este Capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación;  

II. Emitir normas oficiales mexicanas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en territorio nacional; 

III. Dirigir el Programa de Vacunación Universal y coordinar las campañas y operativos de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios; 

IV. Implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los lineamientos para su operación; 

V. Vigilar y evaluar  las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo, y 

VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

No existe

Artículo 157 Bis 5. En el Programa Nacional de Vacunación se integrarán aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud, previa opinión del Consejo Nacional de Vacunación, como la apropiada selección de biológicos para el control efectivo de las enfermedades inmunoprevenibles en el territorio nacional.

Artículo 157 Bis 5. En el Programa de Vacunación Universal se integrarán aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación.

No existe

Artículo 157 Bis 6. Los establecimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán tener disponibles en todo momento, las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Vacunación. Esto, sin perjuicio de que se puedan realizar campañas u operativos específicos de carácter ordinario o extraordinario.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud estarán obligadas a participar con recursos humanos, materiales y financieros en los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando la Secretaría de Salud o alguna otra de las autoridades sanitarias del país así lo requieran.

Artículo 157 Bis 6. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como ocal, deberán participar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las autoridades sanitarias del país así lo requiera.

No existe

Artículo 157 bis 7. La Secretaría de Salud podrá ordenar la aplicación de vacunas de manera extraordinaria en los siguientes casos:

I. Cuando las personas no hayan sido vacunadas de acuerdo con el Programa Nacional de Vacunación; 

II. Ante brotes o   epidemias; 

III. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades transmisibles o agentes infecciosos en territorio nacional, o de alguna que se considere controlada o erradicada; 

IV. Ante un desastre  natural que por sus características incremente el riesgo de aparición de enfermedades inmunoprevenibles; 

V. Ante la aparición de un nuevo agente infeccioso o la reaparición de uno que se consideraba controlado o erradicado, y 

VI. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables. 

Las acciones de inmunización extraordinaria serán obligatorias para todos los individuos en el territorio nacional.

EL CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO SE FUSIONÓ CON LA REFORMA A ARTÍCULO 408, ACTUALMENTE VIGENTE.

No existe

Artículo 157 Bis 8. El Consejo Nacional de Vacunación es una instancia permanente, multidisciplinaria e intersectorial, de consulta para definir, promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación del territorio nacional de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de   vacunas.

El Consejo se regirá por las disposiciones de esta Ley y las de su reglamento interno, basando su actuación en la evidencia científica, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.

El Consejo Nacional de Vacunación tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. Proponer a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las políticas, estrategias y medidas que considere necesarias para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de      vacunas; 

II. Proponer la inclusión de vacunas al Programa Nacional de Vacunación en los casos siguientes:  

a. Cuando se trate de una nueva vacuna que cuente con Registro Sanitario en el país; 

b. Cuando se trate de una nueva vacuna con alto potencial de obtener Registro Sanitario en el país dentro del corto o mediano plazo; 

c. Cuando se trate de una vacuna recomendada para su aplicación por organismos internacionales de salud o que haya obtenido la aprobación de las autoridades sanitarias de sus países de       origen; 

d. Cuando se trate de     una vacuna que ya forme parte del Programa pero, de acuerdo con la evaluación correspondiente, requiera la inclusión de una o más dosis como refuerzo para protección de la población, y

e. En general, respecto a  todas aquellas vacunas que  hayan demostrado ser seguras y eficaces; 

III. Emitir opiniones y proponer a la Secretaría de Salud ajustes al    Programa Nacional de Vacunación, así como a las campañas, operativos y cualquier acción relacionada con la prevención, el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades que pueden evitarse por vacunación; 

IV. Proponer que se realicen estudios de factibilidad en torno a las acciones propuestas para el Programa Nacional de Vacunación; 

V. Opinar sobre los sistemas de información e indicadores de   desempeño vinculados con las acciones de vacunación; 

VI. Sugerir modificaciones a las disposiciones     jurídicas vigentes que se relacionen con la prevención, el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas; 

VII. Expedir su Reglamento Interno, y 

VIII.      Las demás que le asignen esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 157 Bis 7. El Consejo se regirá por las disposiciones contenidas en esta Ley, su reglamento interno y demás normativa aplicable, basando su actuación en la evidencia científica, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.

DADA LA NATURALEZA DEL CONSEJO, COMO ÓRGANO DE CONSULTA PARA PROPONER, PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL, ELIMINACIÓN Y ERRADICACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, SE SUGIERE QUE TANTO SUS FUNCIONES COMO SU INTEGRACIÓN, SE ESTABLEZCAN E SU REGLAMENTO INTERNO, ELABORADO POR EL PROPIO CONSEJO, EN LOS TÉRMNOS DEL ARTÍCULO TRANSITORIO QUE SE AGREGARÍA A LA PROPUESTA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.
LO ANTERIOR PROPICIARÍA QUE EL PROPIO CONSEJO MODIFIQUE SUS FUNCIONES Y SU INTEGRACIÓN A LA CONVENIENCIA DEL MISMO, YA QUE DE O CONTRARIO, LAS MODIFICACIONES TENDRÍAN QUE SER FORMULADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

 

Artículo 157 Bis 9. El Consejo Nacional de Vacunación se integrará por los siguientes miembros, quienes tendrán derecho a participar en las sesiones del mismo con derecho a voz y voto:

I. El Secretario de Salud, quien lo presidirá; 

II. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien fungirá como Vicepresidente del Consejo; 

III. Los directores generales de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Nacional de Pediatría, así como del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”; 

IV. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual no podrá tener nivel inferior a Subsecretario; 

VI. Tres secretarios de Salud o sus equivalentes, de las entidades federativas; 

VII. Los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, Academia, Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y 

VIII. Tres representantes de organizaciones, sociedades o instituciones científicas o de organismos internacionales, cuyo objeto se vincule con la vacunación. 

Los miembros a que se refieren las fracciones VI y VIII de este artículo se renovarán cada tres años, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto señale el Reglamento Interno del Consejo.

El Titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, fungirá como Secretario Técnico del Consejo y tendrá voz en las sesiones del mismo.

En las sesiones del Consejo Nacional de Vacunación podrán participar con voz, pero sin derecho a voto, representantes de las empresas productoras de vacunas relacionadas con los temas que se aborden en la sesión del pleno que corresponda. Para tal efecto, se difundirán con una semana de anticipación los órdenes del día de las sesiones, a través de los sitios de internet de la Secretaría y del propio Consejo.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL PRESENTE ARTÍCULO QUEDA SIN EFECTOS Y SE ELIMINA DE LA PROPUESTA.

No existe

Artículo 157 bis 10. Todos los aspectos de la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Vacunación no previstos en esta Ley se definirán en su Reglamento Interno.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL PRESENTE ARTÍCULO QUEDA SIN EFECTOS Y SE ELIMINA DE LA PROPUESTA.

No existe

Artículo 157 bis 11. Las vacunas podrán ser administradas por médicos, paramédicos, enfermeras y, en general, por cualquier persona capacitada de acuerdo con lo que determine la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Artículo 157 bis 8. Las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitado para tal efecto.

No existe

Artículo 157 bis 12. Las cartillas del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud son documentos gratuitos, únicos, individuales e intransferibles, a través de los cuales se lleva el registro y control de las vacunas que se han aplicado a un individuo.

La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de cada una de las cartillas del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, mismo que deberá ser utilizado en todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado en todo el territorio nacional. Asimismo, la Secretaría determinará en la Norma Oficial Mexicana respectiva las indicaciones para el llenado de las cartillas.

Artículo 157 bis 9. La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único,   individual e intransferible, a través del cual se lleva el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas.

La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de la Cartilla Nacional de Vacunación, misma que deberá ser utilizada en todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional.

No existe

Artículo 157 Bis 13. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de eventos adversos o temporalmente asociados a la vacunación, de conformidad con que señalen esta Ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 157 Bis 10. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, de conformidad con que señalen esta Ley y demás disposiciones aplicables.

No existe

Artículo 157 Bis 14. Todas las vacunas para uso en seres humanos que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

 

 

Estarán igualmente sujetos a control sanitario el resto de los insumos para la vacunación, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, establecerá lineamientos para la simplificación del registro de vacunas, otorgamiento del permiso de importación o liberación de lotes, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. Se trate de vacunas certificadas por organismos internacionales de salud o autorizadas por países o autoridades con altos estándares de vigilancia sanitaria. En estos casos, los procedimientos se llevarán a cabo de manera administrativa, sin necesidad de realizar pruebas en territorio nacional y se resolverán en un plazo máximo de diez días naturales; 

II. Se considere el historial de seguridad y calidad de la vacuna, así como la experiencia en el mercado mexicano; 

III. Se tomen en cuenta los resultados de las visitas de inspección de la Comisión Federal a las plantas fabricantes en el extranjero; 

IV. Se evalúe la factibilidad de realizar las pruebas de control de calidad en México, así como el impacto de las pruebas en la disponibilidad de vacunas indispensables, y 

V. Los demás que determine la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

En casos de emergencia o por considerarse necesario por razones de política de salud pública o de seguridad nacional, la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, según corresponda, podrán solicitar bajo su estricta responsabilidad que se autorice una vacuna o libere uno o varios lotes de la misma sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto.

Artículo 157 Bis 11. Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

SE ELIMINA

 

 

 

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

SE ELIMINA LO SUBSIGUIENTE

 

 

No existe

Artículo 157 bis 15. Por su importancia para la salud pública y la seguridad nacional, el Estado Mexicano garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad permanente de todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de vacunación.

A efecto de lo anterior, la Cámara de Diputados asignará cada ejercicio los recursos presupuestales etiquetados para ese fin dentro del Presupuesto de Egresos de la    Federación, en los rubros siguientes:

I. Los recursos necesarios para implementar las acciones del Programa Nacional de Vacunación en la Secretaría de Salud, las entidades federativas y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
Entre los recursos a los que se refiere esta fracción deberán incluirse los necesarios para la compra de las vacunas y los insumos para la vacunación,  así como aquéllos para fortalecer la operación de la Cadena o Red de Frío a partir de que ingresen en custodia de la institución;

II. Los recursos necesarios para que la Secretaría implemente, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley; 

III. Los recursos necesarios para que las entidades federativas implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley; 

IV. Los recursos necesarios para que las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley, y 

V. Los recursos necesarios para que el Sistema de Protección Social en Salud implante las acciones de vacunación entre sus afiliados. Para efectos del presente artículo, la Secretaría de Salud conservará los recursos financieros que le correspondan al Distrito Federal y a los estados para adquirir las vacunas y los insumos de vacunación de manera directa, por lo cual dichos recursos serán entregados siempre en especie a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. 

La Cámara de Diputados se asegurará de que los recursos asignados para las acciones de vacunación en los rubros señalados se incrementen anualmente para garantizar que las coberturas no decaigan; para cumplir los objetivos del Programa Nacional de Vacunación; para cubrir el crecimiento demográfico, y para hacer frente a las necesidades producto de la aparición de nuevas enfermedades o nuevas vacunas.

La Secretaría de Salud y las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud estarán obligadas a considerar anualmente en sus anteproyectos de presupuesto anual recursos para los rubros señalados, considerando los criterios de incremento que se mencionan en el párrafo anterior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá contemplar las previsiones presupuestales necesarias para los siguientes casos:

I. Para transferencias extraordinarias de recursos que permitan ampliar el techo presupuestal para cubrir el costo de las acciones de vacunación extraordinaria señaladas en el artículo 157 bis 7, constituir una reserva estratégica, o enfrentar cualquier otra circunstancia extraordinaria que determine la Secretaría de Salud, conforme a la recomendación del Consejo Nacional de Vacunación. Los recursos para acciones extraordinarias de vacunación deberán incluir el monto necesario para la compra de vacunas y los insumos para la vacunación, así como para la realización de todas las actividades necesarias por parte de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y 

II. Para cubrir el costo de incorporación de nuevas vacunas al Programa Nacional de Vacunación en cualquier momento del ejercicio fiscal, incluyendo la compra de los biológicos y de los insumos para la vacunación. 

Artículo 157 bis 12. El Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación.

Artículo 157 bis 13. Con base en lo establecido en el artículo anterior, la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin.

No existe

Artículo 157 bis 16. Por su importancia para la seguridad nacional, a las vacunas les será aplicable la excepción prevista en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En ese sentido, se deberán llevar a cabo compras centralizadas que comprenderán las   vacunas y los insumos  para la vacunación necesarios para cubrir las necesidades de las secretarías de salud estatales y de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mismas que serán coordinadas por la Secretaría de Salud. Asimismo, se realizarán compras coordinadas para atender los    requerimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en el nivel federal y estatal, las cuales también serán conducidas por la Secretaría de Salud.

Para la realización de las compras centralizadas y coordinadas se deberá justificar, a juicio de la Secretaría de Salud Federal, que se cumple al menos uno de los objetivos siguientes:
I. Reducir los costos administrativos y de transacción en la adquisición, mediante mecanismos de compras coordinadas nacionales e internacionales; 

II. Cuando la patente o el licenciamiento exclusivo de una vacuna corresponda a un solo titular; 

III. Atender una situación que ponga en riesgo la salud pública del país; 

IV. Cuando la seguridad nacional se encuentre en riesgo; 

V. Facilitar la introducción al mercado nacional de vacunas de reciente desarrollo y probada efectividad; 

VI. Cuando la adquisición de vacunas con el apoyo de o a través de organismos internacionales ofrezca condiciones favorables en materia de precio y oportunidad, y 

VII. Permitir la continuidad en el suministro, el abasto permanente y la aplicación de vacunas. 

En la adquisición de los insumos a los que se refiere el presente artículo, se deberá favorecer la transparencia en los procedimientos respectivos, mismos que serán auditables por los órganos fiscalizadores correspondientes.

La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos aplicables a las adquisiciones de vacunas, de acuerdo con lo previsto en el presente artículo.

SE ELIMINA, TODA VEZ QUE POR TÉCNICA LEGISLATIVA, NO ES CONVENIENTE ESTABLECER EN LA LEY, EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA A LA QUE SE DEBERÁ SUJETAR UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD, YA QUE SI CAMBIAN LAS MISMAS TAMBIÉN SE TENDRÍA QUE MODIFICA LA LEY EN DONDE SE ESTABLECE DICHA CIRCUNSTANCIA.

No existe

Artículo 157 bis 17. La operación en el ámbito local del Programa Nacional de Vacunación, incluyendo los aspectos administrativos, de distribución de los insumos y de prestación de servicios, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para la adecuada y oportuna operación del Programa, las entidades federativas deberán contar con la infraestructura física necesaria, así como con personal capacitado y actualizado.

Artículo 157 bis 14 La operación del Programa de Vacunación Universal en el ámbito local, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quienes deberán contar con los recursos físicos, materiales y humanos necesarios.

No existe

Artículo 157 bis 18. La Secretaría de Salud establecerá los indicadores que deberán ser usados como referencia para la definición de las políticas públicas en materia de vacunación, además de servir como elemento para la vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destinen a las acciones de inmunización.

Cuando derivado de la supervisión que la Secretaría de Salud Federal haga a las entidades federativas se determine que, de acuerdo con los indicadores establecidos, el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría de Salud procederá a notificar a las autoridades de control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en contra del Secretario de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos involucrados. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil o penal que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los funcionarios locales.

Artículo 157 bis 15. La Secretaría de Salud supervisará el cumplimiento de los indicadores de desempeño del Programa de Vacunación Universal que servirán como elemento para la vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destinen a las acciones de inmunización.

No existe

Artículo 157 bis 19. El Ejecutivo Federal promoverá, a través de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con las demás instancias competentes, la creación de incentivos fiscales, así como de otros mecanismos de fomento que estimulen y aceleren la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas en el territorio nacional, particularmente las dirigidas a combatir las enfermedades consideradas como de importancia en salud pública para el país.

Asimismo, el Ejecutivo Federal favorecerá la cooperación, la colaboración y las inversiones del sector privado para la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y la producción de vacunas en el territorio nacional, de acuerdo con lo que señalan la Ley de Asociaciones Público-Privadas y otras disposiciones aplicables.

Artículo 157 bis 16. La Secretaría de Salud promoverá la investigación, desarrollo y producción de vacunas en el territorio nacional, en coordinación con las instancias competentes.

No existe

Artículo 462 Bis 1. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a sabiendas de ello:

I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el Programa Nacional de Salud o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y 

II. Venda a terceros las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de  Salud. 

Artículo 462 Bis 1. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, al que por sí o por interpósita persona:

 

I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y 

II. A sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de     Salud.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En sus términos

 

SEGUNDO. Se abroga el Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001.

En sus términos

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

En sus términos

 

CUARTO. La Secretaría de Salud contará con un   plazo que no podrá exceder de los sesenta días naturales para convocar e instalar el Consejo Nacional de Vacunación con la composición que se   señala en el presente Decreto.

El Consejo Nacional de Vacunación tendrá un plazo de treinta días hábiles para emitir su Reglamento Interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión de instalación.

CUARTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo de noventa días hábiles para convocar e instalar el Consejo Nacional de Vacunación de conformidad con el presente Decreto.


El Consejo Nacional de Vacunación tendrá un plazo de noventa días hábiles para emitir su Reglamento Interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión de instalación.

 

QUINTO. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y de las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán todas las acciones necesarias para garantizar que para que en el siguiente ejercicio presupuestal se destinen los recursos necesarios para desarrollar las acciones de vacunación, en los términos previstos en el presente Decreto.

QUINTO. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, instrumentarán las acciones necesarias para iniciar la constitución de una reserva presupuestaria estratégica para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias, así como para establecer una previsión para cubrir el costo de la incorporación de nuevas vacunas al Programa de Vacunación Universal, conforme a los ahorros generados como resultado en la eficiencia del gasto público a partir del siguiente ejercicio presupuestal, en los términos previstos en el presente Decreto.

 

SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de sesenta días para establecer los lineamientos para la adquisición de vacunas a los que se refiere el presente Decreto.

SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de hasta 360 días para emitir las disposiciones a que se refiere el presente Decreto.

 

SÉPTIMO. La Secretaría de Salud contará con un   plazo que no excederá de los noventa días    naturales para emitir los lineamientos correspondientes a los indicadores para la evaluación del desempeño en las acciones de vacunación a los cuales se refiere el presente Decreto.

SE ELIMINA

 

OCTAVO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no excederá de los 180 días naturales para emitir las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el presente Decreto.

SE ELIMINA

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 144, se reforma el primer párrafo, fracciones III y IV y se adicionan las fracciones V y VI y párrafo último del artículo 408, se reforma el artículo 420 y se adiciona un Capítulo II Bis, al Título Octavo, que contiene los artículos 157 Bis 1 a 157 Bis 16 y se adiciona un artículo 462 Bis 1 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha Dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

CAPÍTULO II BIS
Vacunación

Artículo 157 Bis 1. Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquier de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

Artículo 157 Bis 2. Las dependencias y entidades de la Administración, tanto federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva.

Para efectos de esta Ley, por grupo de población cautiva se entiende al conjunto de personas que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado, capacitación, control o que comparten de manera, tanto temporal como permanente, un área geográfica específica.

Los responsables de las instituciones a que se refiere este artículo darán todas las facilidades y colaborarán en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Artículo 157 Bis 3. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los  lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

Artículo 157 Bis 4. Para efectos de este Capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación; 

II. Emitir normas oficiales mexicanas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en territorio nacional; 

III. Dirigir el Programa de Vacunación Universal y coordinar las campañas y operativos de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios; 

IV. Implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los lineamientos para su operación; 

V. Vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo, y 

VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 157 Bis 5. En el Programa de Vacunación Universal se integrarán aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación.

Artículo 157 Bis 6. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, deberán participar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las autoridades sanitarias del país así lo requiera.

Artículo 157 Bis 7. El Consejo se regirá por las disposiciones contenidas en esta Ley, su reglamento interno y demás normativa aplicable, basando su actuación en la evidencia científica, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.

Artículo 157 bis 8. Las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitado para tal efecto.

Artículo 157 bis 9. La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se lleva el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas.
La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de la Cartilla Nacional de Vacunación, misma que deberá ser utilizada en todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional.

Artículo 157 Bis 10. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, de conformidad con lo que señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 157 Bis 11. Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

Artículo 157 bis 12. El Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación.

Artículo 157 bis 13. Con base en lo establecido en el artículo anterior, la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin.

Artículo 157 bis 14. La operación del Programa de Vacunación Universal en el ámbito local, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quienes deberán contar con los recursos físicos, materiales y humanos necesarios.

Artículo 157 bis 15. La Secretaría de Salud supervisará el cumplimiento de los indicadores de desempeño del Programa de Vacunación Universal que servirán como elemento para la vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destinen a las acciones de inmunización.

Artículo 157 bis 16. La Secretaría de Salud promoverá la investigación, desarrollo y producción de vacunas en el territorio nacional, en coordinación con las instancias competentes.

Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas como medida de seguridad, en los siguientes casos:

I. a II. …

III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional;

IV. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables;

V. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades trasmisibles o agentes infecciosos en territorio nacional, o de alguna que se considere controlada, eliminada o erradicada, y

VI. Ante un desastre natural que por sus características incremente el riesgo de aparición de enfermedades prevenibles por vacunación.

Las acciones de inmunización extraordinaria, serán obligatorias para todos los individuos en el territorio nacional.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 10, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 462 Bis 1. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, al que por sí o por interpósita persona:

I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y 

II. A sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga el Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

CUARTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo de noventa días hábiles para convocar e instalar el Consejo Nacional de Vacunación de conformidad con el presente Decreto. El Consejo Nacional de Vacunación tendrá un plazo de noventa días hábiles para emitir su Reglamento Interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión de instalación.

QUINTO. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme a los ahorros generados como resultado en la eficiencia del gasto público a partir del siguiente ejercicio presupuestal instrumentarán las acciones necesarias para iniciar la constitución de una reserva presupuestaria estratégica para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias, así como para establecer una previsión para cubrir el costo de la incorporación de nuevas vacunas, en los términos previstos en el presente Decreto.

SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de hasta 360 días para emitir las disposiciones a que se refiere el presente Decreto.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 333 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 324 y los artículos 333 Bis y 338 Bis, todos de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 333 Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 324 Y LOS ARTÍCULOS 333 BIS Y 338 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII y LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen seis iniciativas con proyectos de Decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplantes de órganos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de marzo de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 333 y se adiciona un artículo 338 bis de la Ley General de Salud, en materia de tráfico de órganos.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, turnada el pasado 04 de marzo de 2014.

3. Con fecha 28 de mayo de 2014, los Senadores Graciela Ortiz González, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Hilda Esthela Flores Escalera y los Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Kamel Athie Flores, José Ignacio Duarte Murillo, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez y Adriana Fuentes Téllez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 322 y 329; y adiciona los artículos 322, 324 y 329 bis de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos en nuestro país.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 23 de octubre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó prórrogas para la elaboración del dictamen de las iniciativas turnadas el pasado 28 de mayo de 2014, que contiene proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

5. Con fecha 25 de junio de 2014, el Congreso del Estado de Chihuahua, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

6. Con fecha 23 de abril de 2015, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 329 bis y se adiciona la fracción VII al artículo 338 de la Ley General de Salud, en materia de identificación de donadores de órganos.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 29 de septiembre de 2015, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

8. Con fecha 30 de septiembre de 2015, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1. La iniciativa propuesta el pasado 4 de marzo de 2014, tiene como principal objetivo reformar la Ley General de Salud, para establecer los requisitos que se deben de cumplir para la realización de trasplantes de órganos entre donantes y receptores mexicanos y extranjeros. Al respecto propone:

“Artículo Único.- Se reforma el artículo 333 y se adiciona un artículo 338 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 333.- …

I. a V. …

VI. …

a) Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá de estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes;

b) Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables y el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente en el Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de por lo menos quince días hábiles.

Cuando no exista parentesco entre el donador y el receptor, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país de por lo menos ciento sesenta días.

c) Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con la condición de estancia regular, en términos de las disposiciones migratorias vigentes, con una estancia en el país de por lo menos ciento sesenta días previos a la realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia, debidamente documentados, de extranjeros con diagnóstico de hepatitis fulminante;

II. Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes, y

III. Cuando un extranjero se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar que en primer término, se encuentren satisfechas las necesidades del trasplante de que se trate para los mexicanos.

La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución.”

2. La propuesta presentada el pasado 28 de mayo de 2014, pretende hacer más efectiva la voluntad expresada por el donador, estableciendo mecanismos eficientes para que la donación expresa asentada en los diversos documentos oficiales, pueda ser vinculada al Registro Nacional de Trasplantes. Al respecto se propone la siguiente:

Artículo 322.‐...

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, entendiéndose por éstos los señalados en el artículo 314 fracción XVI de esta ley, así como cualquier persona ajena a la voluntad del donante. Únicamente el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Cuando la donación expresa conste en documento oficial expedido por dependencia de gobierno facultada para ello, diverso al referido en el artículo 329 de esta ley, se tendrá por reconocido su carácter de irrevocable en términos del párrafo anterior, siempre y cuando se encuentre registrada en el centro de trasplantes nacional o de la entidad que corresponda.

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

La Secretaría de Salud realizará las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar órganos.

Los centros de salud autorizados para la extracción de órganos adoptarán las medidas convenientes a fin de garantizar que los ciudadanos que en ellos ingresen y sus familiares, tengan pleno conocimiento de la regulación sobre donación y extracción de órganos.

Artículo 329…

...

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten, el que invariablemente contendrá la precisión de ser irrevocable por terceros.

Artículo 329 Bis....

La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, procurarán que las dependencias que tienen a su cargo la realización de trámites públicos y expedición de documentos oficiales, pongan a disposición de los posibles donantes que hubieren manifestad su aceptación, el formato elaborado por la Secretaría de Salud correspondiente y se informe de ello al Centro de Trasplantes respectivo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

3. La propuesta presentada el pasado 25 de junio de 2014, pretende al igual que otras propuestas vertidas en el presente dictamen, que se garantice la difusión entre la población, del alcance del consentimiento tácito. Al respecto se propone la siguiente:

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa expresa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

La Secretaría de Salud deberá garantizar que la población esté plenamente informada acerca de los alcances del consentimiento tácito y de que disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a donar sus órganos.

4. La propuesta presentada el pasado 23 de abril de 2015, pretende que se incluya un distintivo en para las personas que otorguen su consentimiento de donación. Al respecto se propone la siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 329 Bis y ADICIONA la fracción VII al artículo 338 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. En el caso de emisión de identificaciones se utilizará un distintivo para las personas que otorguen su consentimiento de donación conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro  Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. a VI. (…)

VII. La base nacional de donadores que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

5. La propuesta presentada el pasado 29 de septiembre de 2015, pretende que se promueva la donación de órganos. Al respecto se propone la siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo 324 de la Ley General de Salud, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 324.-

Para proceder a la donación de órganos o tejidos, la persona donante debe haber manifestado a través de un documento firmado y avalado por la Secretaría de Salud o a través de cualquier otra identificación que para este fin determine la ley su deseo de donar. En estos casos no será necesario el consentimiento de los familiares.

En el caso de las personas que no desean convertirse en donadores, podrán manifestarlo por medio de un escrito simple de carácter personalísimo, o hacerlo constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud.

Cuando no se cuente con algún documento que manifieste la voluntad de la persona fallecida, la Secretaría de Salud se encargará de informar a los familiares sobre las ventajas de la donación de órganos. Se podrá proceder a la donación siempre y cuando se obtenga el consentimiento de alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelación señalada.

La Secretaría de Salud deberá garantizar que la población esté plenamente informada acerca de los beneficios de la donación de órganos y facilitar los mecanismos para que puedan manifestar su disposición u oposición a donar sus órganos.

Transitorio

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6. La propuesta presentada el pasado 30 de septiembre de 2015, pretende que se incluya un distintivo en para las personas que otorguen su consentimiento de donación. Al respecto se propone la siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;

II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura;

III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;

IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante; y

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los artículos 322 y 323 de esta Ley, en el que además manifieste que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante.

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de donación y trasplante de órganos.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los Principios Rectores de la OMS Sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, señala que la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos sin parentesco con los receptores.

A partir de ello, la OMS, emitió los Principios Rectores de la donación, con la finalidad de proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Estos consisten básicamente en:

1. Que la extracción de órganos del cuerpo de las personas fallecidas, para fines de trasplante se permita con el consentimiento exigido por la ley y cuando no haya razones que indiquen que la persona fallecida se opusiera a dicha extracción;

2. Que los médicos que determinen la muerte del donador, no participen en la extracción ni trasplantes de los órganos;

3. Que las donaciones de órganos de personas vivas, deberá ser consciente, informada y voluntaria;

4. Que se debe proteger el interés superior de los niños y no extraerse órganos de menores, ni de personas con discapacidad, salvo las excepciones que pueda prever la legislación correspondiente;

5. Que las donaciones deberán ser gratuitas y se deberá prohibir cualquier tipo de lucro relacionado con el trasplante de órganos.

6. Que se fomente la promoción de la donación altruista;

7. Que los profesionales de la salud se abstengan de participar en un trasplante si existe conocimiento que no fue una donación, sino que hubo alguna remuneración de por medio;

8. Que no se permitan remuneraciones excesivas por el trasplante, sino lo justificado por los servicios prestados, entre otros.

C. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, el proceso de trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante. Actualmente, existen 443 hospitales vigentes autorizados en materia de trasplantes.

En marzo de 2016, son 20, 127, las personas que requieren recibir un trasplante, la falta de atención médica integral oportuna y los malos hábitos alimenticios y de sedentarismo que las personas adoptan, han generado el detrimento de su salud, por ejemplo, de acuerdo con cifras del CENATRA, en 2007 había 5,677 casos en espera de receptores de córnea actualmente el número se incrementó a 7491, afectación que también se relaciona con el envejecimiento poblacional.

Más preocupante, son las cifras por ejemplo de receptores de riñón, ya que en 2007 había una espera de 4,584 personas y actualmente dicha cifra se triplicó, siendo la lista de espera de 12,139 personas. Con respecto al hígado las cifra en 2007 fue de 359 a 2013 a 418 en 2016, que pacientes que esperan de este órgano.

En México, se tienen registros de que el primer trasplante fue realizado en 1966 y a la fecha se han realizado poco más de 43 mil trasplantes en total, pero estas cifras varían de acuerdo a la disponibilidad de órganos que exista en nuestro país.

Con lo que es importante que se refuercen las acciones en la materia, para que cada vez se genere de manera altruista la donación no sólo de órganos, sino de sangre, y tejidos que pueden salvar la vida de miles de personas.

Es importante señalar que una parte importante de los trasplantes se realizan en hospitales privados y por ello, regular la materia resulta imperante, con la finalidad de dar certeza a los pacientes sobre su salud y evitar que se lucre con este procedimiento.

A partir de ello es que se analizan las reformas propuestas en el siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTAS DE REFORMAS

TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES Y OBSERVACIONES

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

 

 

 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 322.‐...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, entendiéndose por éstos los señalados en el artículo 314 fracción XVI de esta ley, así como cualquier persona ajena a la voluntad del donante. Únicamente el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Cuando la donación expresa conste en documento oficial expedido por dependencia de gobierno facultada para ello, diverso al referido en el artículo 329 de esta ley, se tendrá por reconocido su carácter de irrevocable en términos del párrafo anterior, siempre y cuando se encuentre registrada en el centro de trasplantes nacional o de la entidad que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE DESECHA LA PROPUESTA
(La reforma que se promueve en el presente párrafo y que remite al artículo 314 fracción XVI, es redundante, ya que son los disponentes secundarios enunciados en el precepto señalado, entendiéndose que son él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos y el adoptado o el adoptante)

SE DESECHA LA PROPUESTA

(Así mismo, con respecto  a la presente propuesta, lo que se pretende con la Ley vigente es facultar únicamente al Centro Nacional de Trasplantes para la expedición del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, tal como lo establece el Artículo 329 de la Ley General de Salud, de tal manera que facultar a otras dependencias a expedir dicho documento, dificultaría la correcta inscripción al CENATRA, además de que si se omite dicho registro perdería valor.

Así mismo se estaría eliminado el texto vigente que corresponde a sujetar la donación a los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que como han sido un gran avance para la legislación mexicana y que están conforme a los Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud en materia de donación de órganos.

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

La Secretaría de Salud realizará las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar órganos.

Los centros de salud autorizados para la extracción de órganos adoptarán las medidas convenientes a fin de garantizar que los ciudadanos que en ellos ingresen y sus familiares, tengan pleno conocimiento de la regulación sobre donación y extracción de órganos.

Artículo 324.- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, realizará las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar órganos.
Con dicha redacción, queda también contemplada la Iniciativa presentada el 25 de junio de 2014.

Así mismo, es coincidente también la propuesta presentada el 29 de septiembre de 2015, párrafo último y se desecha la redacción propuesta en los primeros tres párrafos.

Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten.

Artículo 329…

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten, el que invariablemente contendrá la precisión de ser irrevocable por terceros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La presente reforma también resulta inviable porque ya duplica en la misma norma el objetivo, ya que el Artículo 322 de la Ley General de Salud, ya establece en su párrafo cuarto que la donación expresa, es decir aquella que se ha realizado ante el CENATRA, de manera oficial, no podrá ser revocada por terceros.

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Artículo 329 Bis....

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, procurarán que las dependencias que tienen a su cargo la realización de trámites públicos y expedición de documentos oficiales, pongan a disposición de los posibles donantes que hubieren manifestado su aceptación, el formato elaborado por la Secretaría de Salud correspondiente y se informe de ello al Centro de Trasplantes respectivo.

PROPUESTA 23 DE ABRIL DE 2015

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. En el caso de emisión de identificaciones se utilizará un distintivo para las personas que otorguen su consentimiento de donación conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó fomentar que dichos documentos oficiales de la manifestación de la voluntad, pueden ser expedidos por otras instituciones puede crear error o vicios y perder valor probatorio, de otra manera se considera la viabilidad de respetar la redacción vigente, donde dicho documento debe ser definido por el Centro Nacional de Trasplantes para que no pierda vigencia y que aquellas personas que tienen la intención de donar, en su momento puedan lograr el beneficio para el receptor.

Así mismo, al igual que en la anterior se considera que se debe respetar la redacción vigente donde el Centro Nacional de Trasplantes define el documento donde se manifieste la voluntad, ya que  resulta ambiguo el tipo de identificación a que se refiere la propuesta, ya que puede referirse a la licencia de conducir o la identificación nacional electoral y la Secretaría de Salud no tiene atribuciones ni competencia para instruir a los órganos federales o locales a incluir en dichas identificaciones el distintivo que les dé carácter de donadores a las personas.

 Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;

II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura;

III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;

IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante;

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los artículos 322 y 323 de esta Ley, y
VI.- Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica;

 

 

 

 

 

 

 

b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, y

 

 

 

 

c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.

Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su legal estancia en el país con la calidad migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de al menos quince días hábiles si se trata de un trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad hasta el cuarto grado.

Cuando no exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país de al menos seis meses.

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

Artículo 333.- …

 

 

I. a V. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. …

 

 

 

 

 

 

a) Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá de estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes;

b) Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables y el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente en el Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de por lo menos quince días hábiles.

Cuando no exista parentesco entre el donador y el receptor, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país de por lo menos ciento sesenta días.

c) Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

Artículo 333.- …

 

 

I. a V. …

 

 

 

 

En el caso de la propuesta con fecha 30 de septiembre de 2015, donde propone que la fracción V del Artículo 333, señale que el consentimiento para la donación entre vivos puede ser revocable en cualquier momento, resulta innecesaria, toda vez que actualmente el Artículo 322 vigente, establece en su cuarto párrafo que el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad alguna.

VI. …

 

 

 

 

 

 

a) El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, firmada por todos sus integrantes previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tenga por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos.

 

b) y c)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE

NO EXISTE

Artículo 333 Bis. Para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, además de cumplir con lo previsto en el artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se estará a lo siguiente:

I. El receptor y/o el donador extranjero, según sea el caso, deberá acreditar su condición de estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables;

II. El establecimiento en el que vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al receptor del órgano en el Registro Nacional de Trasplantes, con una antelación de por lo menos 15 días   hábiles.

III. Cuando entre el donador y el receptor no exista parentesco alguno, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país, de al menos seis meses previos a la realización del trasplante.

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refiere este artículo, deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y/o tejidos.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. a VI. …

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. a VI. (…)

VII. La base nacional de donadores que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

Dicha reforma prevista en la propuesta presentada el 23 de abril, se considera innecesaria, toda vez que la existencia de una base nacional, no implica que los órganos estén disponibles, ni que los donadores sean viables, ya que se requiere cumplir una serie de requisitos como la compatibilidad, entre otros que permitan la donación.

NO EXISTE

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con la condición de estancia regular, en términos de las disposiciones migratorias vigentes, con una estancia en el país de por lo menos ciento sesenta días previos a la realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia, debidamente documentados, de extranjeros con diagnóstico de hepatitis fulminante;

II. Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes, y

III. Cuando un extranjero se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar que en primer término, se encuentren satisfechas las necesidades del trasplante de que se trate para los mexicanos.

 

 

La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados.

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

I. El receptor del órgano deberá acreditar su condición de estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables, de por lo menos seis meses previos a la realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia con diagnóstico de hepatitis fulminante, debidamente documentados;

 

II. El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, firmada por todos sus integrantes, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos, y

 

III. Cuando se trate de un extranjero, se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano y/o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar, invariablemente, que se encuentran satisfechas las necesidades de los mexicanos, respecto del trasplante de que se trate, antes de proceder con dicha práctica quirúrgica.

La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados.

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución.”

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución.

Tercero. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Con las anteriores propuestas de reforma se pretende:

• Que el Centro Nacional de Trasplantes refuerce las acciones necesarias para continuar con la difusión de la donación de órganos y los alcances del consentimiento tácito;

• Que en los trasplantes que se realicen entre receptor y donador sin relación alguna de parentesco, se vigilará y garantizará la inexistencia de vicios en las donaciones de carácter ilícito, tales como posibles actos de comercio o intermediación onerosa por el beneficio del órgano vital;

• Que en materia de donaciones entre extranjeros en territorio nacional, siendo donador o receptor:

- Se vigile la debida acreditación de la estancia en el país, conforme a las disposiciones migratorias;

- Se lleve a cabo el debido registro ante el Registro Nacional de Trasplantes con 15 días de antelación, con la finalidad de estar en armonía con los requisitos establecidos en el Artículo 333 de la Ley General de Salud, y de la misma manera el plazo de seis meses de historial clínico.

- Se vigile siempre la ausencia de ilícitos que comprendan el lucro a partir de la donación de órganos.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se reforma el inciso a) de la fracción VI, del artículo 333 y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 324 y los artículos 333 Bis y 338 Bis todos de la Ley General de Salud, para quedar como siguen:

Artículo 324.-

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, realizará las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar órganos.

Artículo 333.- …

I. a V. …

VI. …

a) El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable por escrito, del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, firmada por todos sus integrantes previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tenga por objeto la intermediación onerosa de órganos y/o tejidos.

b) y c)…

Artículo 333 Bis. Para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, además de cumplir con lo previsto en el artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se estará a lo siguiente:

I. El receptor y/o el donador extranjero, según sea el caso, deberá acreditar su condición de estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables;

II. El establecimiento en el que vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al receptor del órgano en el Registro Nacional de Trasplantes, con una antelación de por lo menos 15 días hábiles.

III. Cuando entre el donador y el receptor no exista parentesco alguno, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país, de al menos seis meses previos a la realización del trasplante.

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refiere este artículo, deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y/o tejidos.

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

I. El receptor del órgano deberá acreditar su condición de estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables, de por lo menos seis meses previos a la realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia con diagnóstico de hepatitis fulminante, debidamente documentados;

II. El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, firmada por todos sus integrantes, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos, y

III. Cuando se trate de un extranjero, se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano y/o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar, invariablemente, que se encuentran satisfechas las necesidades de los mexicanos, respecto del trasplante de que se trate, antes de proceder con dicha práctica quirúrgica.

La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución.

TERCERO. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, en materia de adicciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Adicciones.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de julio de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención de adicciones en niñas, niños y adolescentes.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 3 de marzo de 2015, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La primer iniciativa comprende un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención de adicciones en niñas, niños y adolescentes.

De esta forma propone reformar la fracción XXI del artículo 3 de la Ley General de Salud para ampliar el alcance del texto actual que señala la “prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos” por el de “prevención de adicciones”, con la finalidad de cubrir todos aquellos aspectos que puedan detonar las adicciones.

Se adiciona un párrafo en el cual los programas establecidos en la Ley General señalada, enfocadas a la atención de adicciones, como lo son los programas contra el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia, contemplen mecanismos dirigidos a la atención y tratamiento de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia en niñas, niños y adolescentes.

También se propone reformar el artículo 112 de la Ley en comento, para establecer que la educación para la salud deberá ampliar sus alcances de atención de “farmacodependencia” a “adicciones”.

Finalmente, en el rubro de educación para la salud, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 113 para establecer que los programas de educación para la salud que elaboren la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública deberán contemplar mecanismos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Por ende, dicha propuesta pretende el siguiente proyecto de Decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XX.

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. a XXVIII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XX.-…

XXI. La prevención de adicciones y el programa contra la farmacodependencia;

 

XXII a XVIII.-…

Tratándose de las fracciones XIX, XX y XXI, se deberán crear mecanismos dirigidos a la atención y tratamiento de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia en niñas, niños y adolescentes.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I y II.-…

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de adicciones, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

NO CORRELATIVO

 


Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

 

 

 

Estos programas deberán contemplar mecanismos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refieren los párrafos anteriores, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

2.- En la segunda iniciativa, se propone establecer que las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana.

Por ende, la propuesta pretende el siguiente proyecto de decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

 

 

 

 


III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol; y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:



I. (…)

 

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

Las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana; y

III. (…)

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. En México actualmente por desgracia el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública.

En las últimas décadas hemos observado como un foco latente que lacera a nuestra sociedad, como se ha incrementado el número de nuestros jóvenes que transitan del alcohol o del tabaco, al consumo de otras sustancias tóxicas, inmiscuidos en las drogas terminando con sus mejores años de productividad y lo peor con su salud.

C. Con las adicciones, como el tabaco, tanto hombres como mujeres adolescentes, tienen una edad promedio de 14.6 años, al tener el primer contacto con un cigarrillo, esta cifra es muy importante, ya que el cigarrillo es la principal sustancia que puede causar adicción y de ella se deriva el consumo de alcohol y otras drogas.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años de edad, en 2011, es de 21.7% lo que equivale a 17.3 millones de personas de las cuales 12 millones son hombres y 5.2 millones son mujeres.

B. El consumo de alcohol, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, ENA 2011, demostró entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que aumentó significativamente la prevalencia mensual, pasando en el caso de los hombres y mujeres que consumieron alcohol en el último mes de 11.5% a 17.4% y de 2.7% a 11.6%, respectivamente, es decir, un aumento del consumo de alcohol, en hombres de aproximadamente el 50% y en mujeres de casi 400% más, la dependencia a esta sustancia afectó a 4.1% de los adolescentes en 2011, tres hombres por cada mujer y representa 2 adultos por cada adolescente afectado.

C. Por otro lado, el inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, comenzando en promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: ejemplo de ello es que nuestro país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil personas al año.

Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes cantidades (5 copas o más para hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 millones (26 millones 828 mil 893) de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre al menos una vez al mes y diario; indicando que aunque no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes cantidades.

C. En el caso de las drogas, de acuerdo con la encuesta citada, la prevalencia de su consumo se mantuvo tanto en hombres como en mujeres respecto de la anterior encuesta 2008, el consumo de marihuana con la mayor prevalencia, seguido de la cocaína y los inhalables. Entre las principales causas que arrojó dicha Encuesta, respecto de la razón por la que se consume una droga, están:

• Que fueron expuestos a las drogas,

• Que no fueron expuestos a la prevención de su consumo,

• Porque no estudian,

• Porque no conocen el riesgo que representa,

• Tolerancia del mejor amigo a drogas,

• No trabajan, entre otras.

En términos absolutos, se registró un incremento de 1 millón 051 mil 593 en 2008 a 1 millón 198 mil 685 usuarios en 2011, que consumieron cualquier droga ilegal en el último año, es decir, más de 147 mil personas que experimentaron con alguna droga por primera vez.

D. Otro hecho que se debe resaltar, es que actualmente el consumo de inhalantes se ha incrementado en nuestro país, la adquisición de los inhalantes es muy fácil, ya que se encuentran en numerosos productos para el hogar, la escuela, la industria, las papelerías, las tlapalerías, etc.

El índice en el consumo de estimulantes crece a diario en nuestro país y esto se da mayormente entre los jóvenes por la influencia del medio social en el que se desenvuelven, donde muchos de ellos quedan atrapados dentro de la red de consumidores, convirtiéndose en adictos al tabaco, alcohol, o a sustancias psicotrópicas como la cocaína, marihuana, metanfetaminas, o de igual manera inhalables y solventes.

Es un hecho que los inhalables causan un daño a la salud, su consumo trae por consecuencias convulsiones, daño renal o hepático, daño nervioso, alteración de la memoria, disminución de la capacidad de razonamiento, depresión, ataques de pánico, ansiedad, alucinaciones, problemas familiares, cambios y descuido en la apariencia física, falta de higiene y un comportamiento antisocial y agresivo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se reporta que los inhalables, representan el 40.4% del uso de sustancias, al menos alguna vez. El grupo afectado es el de los adolescentes de 12 a 14 años de edad, con el 45.5%. El nivel de uso más frecuente es alto, ya que ronda entre los 20 días o más al mes, en el 34.3% de los casos. El nombre genérico y popular más mencionado es el activo con 73.1%.

E. Por lo anterior los retos que se presentan, a partir del Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018, consisten en:

• Consolidar el esquema de atención integral a los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en el Sistema Nacional de Salud;

• Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios para la atención integral de personas con problemas por el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de favorecer el acceso universal a estos servicios, con énfasis en los municipios prioritarios y

• Reforzar la coordinación interinstitucional e intersecretarial para facilitar el diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de adicciones, fortaleciendo el marco normativo y posicionando el liderazgo de nuestro país en el ámbito internacional.

Por ello uno de los principales fines que se debe buscar es retardar la edad de inicio del consumo de drogas adictivas, que día a día se vislumbra que será de menos edad.

F. En este tenor de ideas es que estas comisiones dictaminadoras hacen énfasis en que las propuestas son loables, sin embargo, se acotan a los siguientes argumentos.

Referente a las 2 iniciativas, de la propuesta en común referente a la reforma del artículo 3 y 113 respectivamente de la Ley General de Salud donde se le otorga derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Así como la reforma al artículo 185 de la misma Ley, que nos menciona que las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana.

Respecto a ello se hacen los siguientes comentarios considerando la inviabilidad de dichas reformas.

La Ley General de los Derechos De Niñas Niños y Adolescentes, establece en su artículo 50 fracción XV, que las niñas niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir proteger y restaurar su salud.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes se coordinarán a fin de establecer medidas tendientes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones.

A su vez, el artículo 58 fracción VI, de la Ley mencionada, señala que la educación, además de los dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá, entre otros fines, el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas.

Por otro lado el texto vigente de la fracción II del artículo 185, de la Ley General de Salud, establece la competencia tanto de la Secretaría de Salud como de los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprende la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente, entre otros a niñas, niños y adolescentes; a través de dicho programa se implementan diversas acciones en materia de educación para prevenir el alcoholismo en menores que involucra la participación de la Secretaría de Educación Pública.

Así mismo se menciona que el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, establece como eje prioritario acciones de protección, promoción de la salud y prevención de la salud, a su vez, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, como parte de sus objetivos destaca, la consolidación de acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, esto a través de estrategias como el fomento de conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario, además del establecimiento de entornos que favorezcan la salud, principalmente en escuelas de educación básica, media superior y superior.

Por su parte el Programa de Acción Específico prevención y Atención Integral de las Adicciones, contiene la estrategia 1.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial para realizar acciones preventivas en ámbitos escolares, laborales, culturales y deportivos, de la cual destacan las líneas de acción 1.2.1 instrumentar la coordinación institucional e intersectorial para desarrollar acciones preventivas en centros escolares de educación básica, media superior y superior, 1.2.3. Promover actividades culturales y recreativas que coadyuven a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 1.2.4.Impulsar actividades deportivas que fomentan el uso adecuado del tiempo libre entre la población de niños, adolescentes y jóvenes y 1.2.5. Celebrar acuerdos de colaboración con diversas organizaciones públicas privadas y sociales que favorezcan el desarrollo social de la población en general.

En el año 2007 se creó el Programa Nacional Escuela Segura, a cargo de la Secretaría de Educación Pública el cual tiene dentro de sus objetivos, potenciar la formación ciudadana que se brinda a los alumnos a través del currículo de educación básica en las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Cultura de la legalidad y de otras que contemplan aspectos del cuidado de la salud, la prevención del consumo de sustancias adictivas, la negociación y el diálogo para resolver conflictos, la toma de decisiones y el desarrollo de un plan de vida identificado con el mejoramiento de la convivencia social.

El Programa Escuela Segura ha desarrollado proyectos de difusión, formación y actualización para fortalecer la seguridad escolar, donde la prevención de las adicciones es un tema prioritario. En este esfuerzo, el programa ha contado con el apoyo continuo de la Comisión Nacional contra las Adicciones, desarrollándose una estrategia de colaboración entre el sector educativo y el sector salud, que asumen el impacto de las adicciones en la población escolar, como un asunto de interés colectivo. Así como resultado de este compromiso de colaboración, en el ciclo escolar 2008-2009 se dio marcha a la Estrategia Nacional para fortalecer la prevención de adicciones desde la Educación Básica, cuyo propósito se centra en brindar a las escuelas herramientas teóricas, y metodológicas para participar como agentes de prevención y de contención para evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas entre la población en edad escolar.

Esta estrategia proyecta la atención diferenciada y secuencial de los niveles secundaria y primaria, a través de dos acciones dirigidas a docentes directivos y personal de apoyo.

1. El diseño de materiales didácticos para la implementación en el aula y en la escuela de un modelo preventivo enfocado en el quehacer escolar con apego a los contenidos curriculares.

2. La capacitación y formación continua de los agentes involucrados en la vida escolar, para fortalecer su preparación en torno a la prevención y al desarrollo de competencias vinculadas con el cuidado de la salud física emocional y social.

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, colaboran estrechamente, en acciones tendientes a la prevención de las adicciones dentro de las cuales se encuentra el alcoholismo. Por ello se considera que las propuestas en este rubro de las dos Iniciativas quedan cubiertas y de plasmarse en el proyecto de decreto se generaría una duplicidad de normas, por ende, se observa que la pretensión del espíritu de las propuestas ya se encuentra regulado.

G. Por otro lado, referente a la reforma del artículo 112, se considera viable, ya que se plasma para ampliar el término de prevención en la materia, y plasmar una mejor redacción tanto de forma como de fondo al leer “adicciones”.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO.-Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. …

I y II.-…

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud,  salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de adicciones, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

TRANSITORIOS

Artículo Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de terapia física.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de terapia física.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de febrero de 2015, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la terapia física.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha propuesta pretende reconocer a los Licenciados en Terapia Física, en fisioterapia o Kinesiología, como profesionales en los Servicios de Salud, al incluirse como una de las actividades profesionales enlistadas en el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, de tal manera que se haga un reconocimiento como tal en las instituciones de salud tanto públicas como privadas, tendiendo así a una profesionalización de ese campo de la salud y otorgar servicios de calidad en materia de prevención y rehabilitación física que coadyuve de forma eficiente a la atención de las personas con discapacidad en el país.
Por ende, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. Hoy en día un problema que se enquista poco a poco en nuestra sociedad es la discapacidad y eso detona la atención oportuna y completa para aquellas personas que tienen algún tipo.

Cabe señalar que la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Dicha clasificación, presentada en 2001, señala que las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”

Así mismo de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Mundial, señala que todas las personas del mundo pueden llegar a enfrentar en algún momento de su vida alguna discapacidad, ya sea de manera permanente o transitoria.

Así mismo se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, tienen alguna discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes, entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

C. En México las Estadísticas del INEGI, destacan datos nacionales que revelan que de la población afectada por alguna discapacidad que asciende a más de 5 millones, 51.4 por ciento son personas adultas mayores con alguna dificultad básica, seguida de los adultos con 33.7 por ciento, los jóvenes representan el 7.6 por ciento de las personas con discapacidad y las niñas y niños, el 7.3 por ciento.

Aunado a lo anterior, en nuestro país, cifras de dicha ficha estadística revelan por tipos y causas de discapacidad, que los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia con el 57.5 por ciento, seguido de las dificultades para ver con 32.5 por ciento, dificultades para oír con 16.5 por ciento, para hablar o comunicarse con 8.6 por ciento, mentales con 8.1 por ciento, dificultades para atender el cuidado personal con 7.9 por ciento y dificultades para poner atención con el 6.5 por ciento. Regionalmente, los estados con mayor proporción de discapacitados son Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Nayarit.

D. La situación demográfica se vuelve preocupante si consideramos que datos de los últimos años arrojan una inversión en la pirámide poblacional, lo cual propicia un ascenso considerable en la aparición de discapacidad por enfermedad o por envejecimiento.

Por ello se debe focalizar la estrategia a seguir, para darle mejor calidad de vida a las personas con alguna discapacidad, a través de atención especializada en la materia. Además del acceso a todos los servicios convencionales, de la inversión de programas que beneficien a este sector de nuestra población, y de asegurarle su inclusión plena en la sociedad, debemos dotar de servicios de salud adecuados que hagan un énfasis especial en el tema de la rehabilitación que les devuelva un estado de salud óptimo y acceso a una vida plena en todos los sentidos.

E. A la par hay que mencionar que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad señala que:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible…

Por otro lado, la Ley General de Salud señala de forma puntual lo siguiente:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

(…)

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

(…)

F. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la FISIOTERAPIA o TERAPIA FÍSICA como: “el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud de movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución”.

La Fisioterapia es una disciplina que se encuentra incluida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias.

Cabe señalar que las funciones de los fisioterapeutas, entre otras, está el establecimiento y la aplicación de cuantos medios físicos puedan ser utilizados con efectos terapéuticos en los tratamientos que se prestan a los usuarios de todas las especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de dichos medios, entendiéndose por medios físicos: la electricidad, el calor, el frío, el masaje, el agua, el aire, el movimiento, la luz y los ejercicios terapéuticos con técnicas especiales, entre otras, en cardiorrespiratorio, ortopedia, coronarias, lesiones neurológicas, ejercicios maternales pre y post-parto, y la realización de actos y tratamientos de masaje, osteopatía, quiropraxia, técnicas terapéuticas reflejas y demás terapias manuales específicas, alternativas y/o complementarias afines al campo de competencia de la fisioterapia que puedan utilizarse en el tratamiento de usuarios.

El nivel asistencial, la docencia y la investigación son los tres pilares fundamentales sobre los que gira la Fisioterapia.

Por su parte, la Confederación Mundial de la Fisioterapia (W.C.P.T.) realiza la siguiente definición, que fue suscrita por la Asociación Española de Fisioterapeutas en 1987: "La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud".

Por otro lado hay que hacer mención que la OMS define a la REHABILITACIÓNaquella aplicada a la incapacidad, como la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y profesionales para preparar o readaptar al individuo con objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional.

Y la REHABILITACIÓN MÉDICA. Es la parte de la asistencia médica que trata de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo con objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional.

G. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable dicha propuestaya que aparte de los argumentos vertidos se puede decir que en la actualidad la terapia física es parte de la formación de diversas especialidades médicas como la Geriatría o la Medicina de Rehabilitación y esto se puede identificar en los planes de estudio de las mencionadas especialidades, aunado a lo anterior, existen centros de educación superior que imparten la carrera profesional de terapia física, como la escuela superior de rehabilitación, perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación o bien la Universidad Autónoma de Aguascalientes este otras.

H. Es por ello que en el campo de la rehabilitación encontramos una solución a lo planteado anteriormente, ya que la tendencia mundial se dirige a una profesionalización de dichos servicios en aras de otorgar un servicio adecuado a la población con discapacidad.

En México, la fisioterapia ha logrado avances sustanciales en los últimos años, sin embargo, estas Comisiones coinciden con la proponente y consideran necesario que la profesionalización de los servicios de fisioterapia se deben establecer en el artículo 79 de la Ley General de Salud no sólo para reconocer a los Licenciados en Terapia Física como tales, sino para contar con personal suficientemente capacitado y preparado para afrontar los retos de salud desafían a nuestro país y en pocos años debe afrontar.

Incluso, el artículo 33 de la Ley General de Salud señala que una de las actividades de la atención médica es la rehabilitación, campo que requiere un mayor apoyo en su profesionalización en las instituciones públicas de salud en nuestro país.

La profesionalización de la fisioterapia hoy es un hecho, sin embargo, su reconocimiento en ley aún no se concibe, ya que sólo se le considera una actividad técnica o auxiliar en el campo de la salud a pesar que académicamente ya existen instituciones que la reconocen como tal.

I. Los avances académicos han propiciado que la fisioterapia haya pasado de ser una rama simplemente auxiliar o técnica de la medicina a una profesión con rango de Licenciatura. Al 2014, a nivel nacional se contabilizaban cerca de 20 instituciones de educación de nivel superior que contaban con el programa de estudios de Licenciatura en Terapia Física.

Por último, es de destacarse que de acuerdo con datos del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH), existen solamente 10 mil terapeutas físicos en el país, lo cual implica que habría sólo dos terapeutas por cada 1,000 pacientes en México.

Por ello estas Comisiones están a favor de la propuesta en aras de darle el reconocimiento a la Terapia Física en el precepto jurídico de incumbencia al proyecto de Decreto.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

TRANSITORIOS

ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen de la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 y se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de julio de 2015 la Senadora María del Roció Pineda Gochi y el Senador Daniel Amador Gaxiola, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 y se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la investigación con perspectiva demográfica, para impulsar políticas que atiendan las necesidades de salud de la población adulta, tal como se propone en el siguiente:

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a IX.- …

X. Impulsar una política nacional que atienda las necesidades de salud de la población adulta, y garantice su atención médica en materia de geriatría y de gerontología.

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I.…

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la estructura social y demográfica;

III. a VI. …

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de fines de la investigación en materia de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se destaca que el aumento de la esperanza de vida de las personas, se considera a partir del éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico que se han implementado años atrás, sin embargo, se ha dejado de lado la planeación de políticas enfocadas a la atención de la salud de las personas adultas mayores, ya que dicho enfoque influye desde aspectos como la capacitación y formación de personal que desarrolle habilidades para una adecuada atención a este sector poblacional.

A nivel mundial, se estima que entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial, con más de 60 años de edad, pasará de 900 millones hasta 2 mil millones, lo que equivale a un incremento del 12 al 22%.

La importancia de este tema, radica principalmente en que la falta de incluir este enfoque poblacional demográfico en la planeación, forma parte de una de las formas de discriminación por razones de edad, mismo que la OMS considera como más frecuente, por encima de la discriminación por motivos de sexo o raza y por ello recomienda incluir en el sistema de salud, servicios integrados y específicos para las personas adultas mayores que pueden padecer varias enfermedades crónicas y síndrome geriátricos.

B. De acuerdo con la legisladora proponente, en México, se espera un decrecimiento de la población infantil y un importante crecimiento de la población compuesta por personas adultas mayores, que concluirá alrededor del año 2030, cuando se alcance una relación de cinco personas dependientes por cada diez en edad activa, partir de lo cual, la relación de dependencia comenzará a aumentar debido al incremento de la proporción de adultos mayores; por lo que para 2050, se estima que habrá 58.4 personas dependientes, por cada 100 en edad activa.

Actualmente la Ley General de Salud establece en su articulado:

ARTÍCULO 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. …

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. a XI. …

ARTÍCULO 77 bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Artículo 77 bis 9.-

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

I. a VIII. …

TÍTULO SEXTO
Información para la Salud

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 104.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;

II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y

III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización.

C. En el mismo sentido, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece en las Líneas de acción de la Estrategia 1.7 Promover el envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores:

1.7.1. Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas mayores en coordinación con otros programas sociales.

1.7.2. Cerrar brechas de género en comunidades que garantice envejecimiento saludable.

1.7.3. Fortalecer la prevención, detección y diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes geriátricos y osteoporosis y caídas.

1.7.4. Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia de salud mental.

1.7.5. Incrementar las acciones de promoción de la salud para lograr el autocuidado de las personas adultas mayores.

1.7.6. Fortalecer la acción institucional y social organizada para la atención comunitaria de las personas adultas mayores.

1.7.7. Instrumentar mecanismos para asegurar que los adultos mayores que reciban la Pensión Universal cumplan con la corresponsabilidad en salud.

D. Si bien en la actualidad ya se contemplan estrategias con la finalidad de generar avances en la materia, estas Comisiones dictaminadoras consideran que es importante y abonaría al ejercicio de políticas públicas enfocadas a la salud no solo de las personas adultas mayores, sino en general, que la investigación para la salud desarrolle acciones también, al conocimiento de los vínculos entre las enfermedades y la demografía, con la finalidad de planear la estructura en salud, que será necesaria a mediano y largo plazo.

Por ello se coincide con la propuesta de la legisladora proponente, de modificar el Artículo 96, fracción II, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I.…

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la estructura social y demográfica;

III. a VI. …

Y se elimina lo correspondiente al artículo 6, toda vez que conforme lo expuesto en presente y conforme lo establece el artículo 3 de la Ley General de Salud, fracción II, es materia de salubridad general, la atención Médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, así mismo, el Artículo 27 de la Ley en comento establece que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a, fracción X, la asistencia social a los grupos más vulnerables, y fracción XI, la atención Médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica, entendiéndose como grupos vulnerables de acuerdo, con la Ley General de Desarrollo Social, aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se reforma la fracción II, del artículo 96, de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica, para quedar como sigue:

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I. …

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la estructura social y demográfica;

III. a VI. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 Ter y 462 Ter de la Ley General de Salud, en materia de gestación subrogada.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 TER Y 462 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 462 Ter de la Ley General de Salud, en materia gestación subrogada.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de octubre de 2015, los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, María del Rocío Pineda Gochi y Alejandro Tello Cristerna, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 319 BIS, reforma la fracción VII y adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 462 a la Ley General de Salud, en materia de prohibición de gestación subrogada.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa propone adicionar el artículo 319 Bis, y las fracciones VIII y IX al artículo 462 de la Ley General de Salud.

La pretensión de dicha propuesta, es prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por sustitución y con ello renuncie a su derecho de filiación materna a favor de un contratante o tercero para que esté le otorgue una personalidad jurídica en cuanto a identidad y nacionalidad, además de imponer una sanción de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente hacia las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución.

Por ende, se plasma el siguiente proyecto de Decreto:

Ley General de Salud

Texto propuesto por la iniciativa:

 

 

NO EXISTE.

Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

 

 

 

 


En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia. 

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente:

 

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto;

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes;

VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y

IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución.

En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. Hoy en día existe un gran problema de infertilidad y la esterilidad, desde un punto de vista epidemiológico, afecta entre un 10 a 15% de la población mundial, esta condición está creciendo en todos los países.

Cabe destacar que la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar1, marca lo que se entiende por Infertilidad y esterilidad de la siguiente manera:

5.6.1 Definición de esterilidad

Por esterilidad debe entenderse la incapacidad que presente un individuo, hombre o mujer o ambos integrantes de la pareja, en edad fértil, para lograr un embarazo por medios naturales, después de un periodo mínimo de 12 meses de exposición regular al coito, sin uso de métodos anticonceptivos.

5.6.2 Definición de infertilidad

Por infertilidad debe entenderse la incapacidad de la pareja o del individuo (mujer) para poder llevar a término la gestación con un producto vivo, después de dos años de exposición regular al coito, sin uso de métodos anticonceptivos.

Uno de los factores que enfatizan el problema, es la postergación de la maternidad que se da ya sea por motivos, profesionales, laborales o sociales, entre otros. Actualmente, las mujeres deciden tener su primer hijo a una edad en la que la fertilidad disminuye por causas biológicas. De forma paralela dicha condición de salud enfatiza el estrés físico, emocional y social en las parejas infértiles.

Cabe mencionar que otras de las causas son, la endometriosis, el daño irreparable de las trompas de Falopio, el síndrome de ovario poliquístico, la miomatosis uterina, por mencionar algunas.

Dichos padecimientos son atendidos al mismo tiempo como parte del tratamiento de la infertilidad misma. Por otra parte, la infertilidad en los hombres, principalmente se da por fallas testiculares; daños medulares traumáticos; paraplejía así como alto consumo de diversos estupefacientes y psicotrópicos.

A finales de la década de los 70, se dieron los primeros avances en materia de Reproducción Humana asistida, y ocho años después se dio el nacimiento de la primera bebé “creada” in vitro, con ello se dieron nuevas posibilidades de solución a la infertilidad y la esterilidad para un amplio número de personas que son afectadas.

En Europa desde la década de los 80 se materializó rápido, mediante la aprobación de diversas leyes que permiten técnicas de reproducción asistida.

C. La reproducción asistida, ha sido materia de regulación en otros países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España, entre otros; en estas regulaciones se pretende garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que al igual que en nuestro país se llevan a cabo en diversos estados.

Hoy en día, un número importante de parejas infértiles logra el embarazo mediante tratamientos de baja complejidad, ya sean médicos o quirúrgicos. Sin embargo, todavía un porcentaje significativo requiere de las modernas y sofisticadas técnicas y tecnologías de Reproducción Asistida, así como la propia subrogación de vientre traducida en la figura de maternidad o gestación subrogada.

D. La subrogación gestacional, (subrogación uterina, gestación por sustitución, gestación subrogada o subrogación) es una técnica de reproducción asistida que consiste en que una mujer geste hijos para un tercero con el que puede o no tener algún vínculo genético.

Así mismo una gestante subrogada, también llamada en algunos países madre de alquiler, madre sustituta, madre por encargo, madre suplente, madre portadora o madre gestante, es aquella mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de poder procrear y quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a término y tenerlo en sustitución de la mencionada persona o pareja.

Dicha práctica reproductiva es utilizada en varias ocasiones como solución de último recurso para parejas que han agotado todas las vías médicas disponibles para superar sus problemas de infertilidad, entre los cuales destacan factores de infertilidad femenina debido a problemas uterinos (endometriosis, síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, síndrome de Asherman) y de otra índole (cardíacos, inmunológicos…), factores de infertilidad masculina, entre otros.

Según la Real Academia de la Lengua, Subrogación implica “sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa”.2 La maternidad subrogada, por tanto, haría referencia a una madre que sustituye o se pone en lugar de otra, asumiendo sus derechos y obligaciones.

Se conoce como “maternidad subrogada” a la técnica de reproducción asistida en la que se establece un acuerdo entre una pareja que por diversos aspectos no puede embarazarse (solicitantes), y una mujer dispuestas a “prestar” su cuerpo para gestar a un bebé con el compromiso de entregarlo al nacer (gestante).3

Por ende, se podría traducir en un procedimiento por el cual se sustituye a la madre genética, porque ella no puede tener hijos comprobado medicamente y se suplanta con otra mujer distinta, que es fecundada por el método invitro, el feto quien posee la misma información genética de los padres biológicos (óvulo y espermatozoide), dicha mujer es quien gesta y tiene al infante hasta el nacimiento, por medio de un contrato realizado con anticipación, para entregarlo a la pareja contratante.

La mayoría de las veces quienes realizan esta práctica son madres sustitutas o mujeres jóvenes, que gozan de buena salud y deben cumplir con ciertas características que son exigidas por los progenitores, verificadas por los médicos, que realizan este proceso.

E. Dicho procedimiento en algunos países se permite en otros no:

MATERNINAD SUBROGADA

PAÍSES QUE LA PROHÍBEN

PAÍSES QUE LA PERMITEN

NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA

Alemania
Australia
Francia
Holanda
España
Portugal

Brasil
Canadá
Escocia
India
Rusia
Suecia

Argentina
Colombia
Costa Rica
Estados Unidos (en la actualidad no existe legislación particular sobre estos tópicos en la mayoría de los Estados.)
Inglaterra

F. Sin embargo, cabe señalar que esta técnica de reproducción asistida ha generado un negocio que va contra la dignidad humana ya que aprovechando que existen lagunas en nuestra legislación, es que hoy en día es un hecho que en nuestro país existen abusos, las malas prácticas y el abandono que sufren con frecuencia tanto los solicitantes, como las mujeres mexicanas y los niños nacidos mediante este procedimiento.

G. Cabe resaltar que de acuerdo con un análisis de  Early Institute, un Think Tank especializado en infancia con sede en la Ciudad de México4, la situación legislativa mundial respecto a la Explotación de mujeres con fines reproductivos se encuentra de la siguiente manera:

País

Prohibición General

Prohibición de subrogación comercial

Expresamente facilitada

Alemania

La práctica está prohibida por ser vista como comercio de personas

N/A

No

Australia

No

La subrogación comercial es ilegal. En New South Wales, Queensland y Australian Capital Territory, la subrogación comercial internacional es una ofensa legal

No

Canadá

Quebec prohíbe cualquier proceso de subrogación

Está prohibido que cualquier persona realice un pago por un proceso de subrogación.

No

China

Prohíbe a instituciones y personal médico realizar procesos de subrogación

N/A

No

Dinamarca

No

Está prohibida la realización de contratos en los que exista un pago

No

España

Si

N/A

No

Francia

Si

N/A

No

Países Bajos

No

Si

Requiere un proceso no comercial por ley

Portugal

Si

N/A

No

H. La dignidad del ser humano es un derecho intrínseco natural, consagrado en nuestra Constitución en su artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que se prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada en el año de 2014, que aclara lo siguiente:

“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.5

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°, último párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, fracción II, inciso c); y 25° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- con el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.”

I. En los últimos 2 años se enfatizó un gran problema, en consulta en redes sociales y páginas de internet yace un fructuoso mercado de arrendamiento de úteros por cantidades que rebasan el costo promedio de un proceso de reproducción asistida. Alcanzando hasta los 300 mil pesos. Así mismo, extranjeros vienen a México a hacer el contrato con empresas que se dedican a arrendar úteros, quienes pagan a las gestantes un poco más de 70 mil pesos por gestación, teniendo en condiciones deplorables a la madre gestante.

Desde hace varios años, esta técnica se realiza en México, sin embargo, se efectúa sin ninguna regulación. No es legal, pero tampoco ilegal, el Estado de Tabasco por ejemplo, reconoce, desde 1997, la figura de la maternidad subrogada en su Código Civil.

Es uno de los estados permitía la subrogación de vientre abiertamente, sin embargo, el 13 de enero de 2016 se hicieron modificaciones al Código Civil y quedó regulado de la siguiente manera:

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016 CAPÍTULO VI BIS DE LA GESTACIÓN ASISTIDA Y SUBROGADA.6

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016.

ARTÍCULO 380 Bis. Concepto de Reproducción Humana Asistida 

Se entiende por reproducción humana asistida, el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud, realizadas con la intervención de personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos, además de la reproducción de cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural de la pareja infértil o estéril.  

Se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Se entiende por fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos cónyuges o concubinos; y por fecundación heteróloga, aquella en que uno de los gametos es donado por un tercero y el otro gameto es aportado por uno de los cónyuges o concubinos. 

Sólo será válido el consentimiento expresado en vida por algún cónyuge o por algún concubino, con las formalidades que este Código exige, para los efectos de que sus gametos puedan ser utilizados después de su muerte en un procedimiento de inseminación. 

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016.

ARTÍCULO 380 Bis 1.
Gestación por Contrato 

La gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero. 
ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016.

ARTÍCULO 380 Bis 2.
Formas de Gestación por Contrato 

La gestación por contrato, admite las siguientes modalidades:  

I. Subrogada: implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que, después del parto, entregue el recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena; y  

II. Sustituta: implica que la gestante sea contratada exclusivamente para portar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante.   

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

ARTÍCULO 380 Bis 3.
Condición de la Gestante 

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado determinará el perfil clínico, psicológico y social de la “madre gestante” previamente a su contratación, para comprobar que su entorno social sea estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea favorable para el adecuado desarrollo de la gestación. 

Ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser contratada como madre gestante.  

Pueden ser contratadas como gestantes sólo las mujeres de entre veinticinco y hasta treinta y cinco años de edad que tengan una buena salud biopsicosomática y que hayan dado su consentimiento de manera voluntaria para ser gestante subrogada o sustituta, habiendo adquirido plena información acerca del proceso, previa a la manifestación de su consentimiento. 

La gestante, para poder celebrar contrato de gestación, deberá acreditar, mediante dictamen médico expedido por institución oficial de salud, que no estuvo embarazada durante los trescientos sesenta y cinco días previos a la implantación de la mórula y que no ha participado en más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; lo que no impediría que pueda donar el óvulo para la fecundación in vitro o portar al producto fecundado en su vientre mediando conocimiento del cónyuge o concubino.  

En caso de que la gestante sustituta o su cónyuge demanden la paternidad o maternidad, solamente podrán recibir, previo reconocimiento de su cónyuge, la custodia del producto de la inseminación, únicamente cuando se acredite la incapacidad o muerte de la madre o padre contratantes.  

La voluntad que manifiesten las partes para la realización del contrato de gestación deberá constar de manera indubitable y expresa. Los derechos y obligaciones que de él emanen son personalísimos, no habiendo lugar a la representación legal; no obstante, las partes podrán ser asesoradas por sus abogados, si así lo requieren. El contrato de gestación lo firmarán la madre y el padre contratantes con la gestante y, si fuera el caso, su cónyuge o concubino, así como un intérprete, de ser necesario, debiendo quedar asentados el lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento. El contrato deberá ser firmado ante notario público, quien estará obligado a exigir de los contratantes la presentación del dictamen médico que demuestre el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en los párrafos primero a cuarto de este artículo. 

Las instituciones y clínicas de reproducción humana asistida, así como el personal médico especializado en esta materia, deberán estar previamente acreditados y autorizados por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para la prestación de esos servicios; las clínicas deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente. 

Las instituciones que realicen este procedimiento y el control prenatal, deberán enviar un informe mensual a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con copia del expediente clínico conforme a la legislación federal aplicable a la materia, además de lo que señale la legislación estatal. 

Las instituciones que brinden atención obstétrica, resultado del procedimiento de reproducción asistida, deberán informar el nacimiento a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, durante las primeras veinticuatro horas de ocurrido el mismo y el tipo de atención brindada; esta notificación deberá incluir la copia del certificado de nacimiento del o los recién nacidos. 

Los notarios públicos que participen en la celebración de contratos para estos procedimientos, deberán informarlo en un plazo de veinticuatro horas a la Secretaría de Salud y al Registro Civil del Estado, mediante copia certificada del instrumento celebrado entre las partes. 

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

ARTÍCULO 380 Bis 4.
Nulidad de Contrato de Gestación 

El contrato de gestación será nulo si se realiza bajo las siguientes circunstancias:  

I. Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;  

II. No cumpla con los requisitos y formalidades que señala este Código;  

III. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del niño y la dignidad humana;  

IV. Intervengan agencias, despachos o terceras personas; y  

V. Se establezcan compromisos o cláusulas que contravengan el orden social y el interés público.  

La nulidad del documento no exime a las partes contratantes de las responsabilidades adquiridas y derivadas de su existencia. Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica deberán acreditar que cumplen con la autorización de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, debiendo informar ampliamente de las consecuencias médicas y legales por la implantación de pre embriones y embriones en el cuerpo de una mujer gestante. Actuarán con estricto apego al secreto profesional, respecto a la identidad de las personas que intervienen en la implantación. El médico tratante deberá solicitar los documentos que acrediten que las personas que van a intervenir, cumplen con las formalidades y requisitos legales y físicos.

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

ARTÍCULO 380 Bis 5.
Requisitos del Contrato de Gestación 

El contrato de gestación deberá ser suscrito por las partes, previo cumplimiento por parte de los contratantes de los siguientes requisitos:   

I. Ser ciudadanos mexicanos;  

II. Poseer plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos; 

III. La mujer contratante debe acreditar, mediante certificado médico expedido por el médico tratante de la institución acreditada, que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y que cuenta entre veinticinco y cuarenta años de edad;  

IV. La mujer gestante debe otorgar su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo en su útero la implantación de la mórula y reconocer su obligación de procurar el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional y a concluir la relación contratada, respecto al o los recién nacidos y los padres contratantes una vez producido el nacimiento; y 

V. La gestante cumpla con los requisitos establecidos en el presente Código.  

Para los efectos de la fracción III del presente artículo, el médico tratante adicionalmente deberá extender y solicitar los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes. El médico tratante realizará los exámenes médicos previos a la transferencia y que sean necesarios de la salud física y mental de la mujer gestante, para corroborar que no posee ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el período gestacional.

La mujer gestante, el padre y la madre contratantes, deberán someterse a los estudios que establezca la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y que garanticen la salud de los implicados. 

Una vez que sea suscrito el instrumento jurídico ante Notario Público, deberá ser aprobado por el Juez competente, a través de procedimiento judicial no contencioso, en el que se reconozca el vínculo entre los contratantes y el feto, a su vez que la gestante y, en su caso, su cónyuge o concubino renuncien a cualquier derecho de parentesco con el recién nacido. El Instrumento aprobado deberá ser notificado en sus efectos a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.  

Se autoriza únicamente la implantación de hasta dos embriones fecundados en un mismo procedimiento de reproducción asistida. 

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

ARTÍCULO 380 Bis 6.
Asentamiento del recién nacido 

El certificado de nacimiento será expedido por el médico autorizado o tratante que haya asistido a la mujer gestante en el nacimiento del o los recién nacidos; también llenará el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el que contendrá, en este caso, la constancia que la gestación fue asistida a través de una técnica de apoyo a la reproducción humana o práctica médica, denominada gestación por contrato. 
 

El asentamiento del recién nacido deberá realizarse mediante la figura de la adopción plena aprobada por Juez competente, en los términos del presente Código. 

ADICIONADO SUP. AL P.O. 7654 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

ARTÍCULO 380 Bis 7.
Responsabilidades 

El contrato de gestación carece de validez cuando haya existido error o dolo respecto a la identidad de los padres contratantes por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados y presentar denuncias penales, en su caso. 

Asimismo, podrá la gestante demandar a la madre y al padre contratantes el pago de gastos médicos, en caso de patologías genéticas y las que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal. 

Será obligación de los padres contratantes garantizar con una póliza de seguro de gastos médicos mayores, expedido por una institución de seguros establecida legalmente en territorio nacional, que cubra los gastos originados en la atención del embarazo, parto y puerperio, a favor de la gestante sustituta o subrogada. 

Se harán acreedores a las responsabilidades civiles aquellos médicos tratantes que realicen la implantación o fecundación de embriones humanos sin su consentimiento y sin la plena aceptación de las partes que intervienen. 

Los notarios públicos que indebidamente den fe o certifiquen contratos de gestación sin apego a las disposiciones jurídicas aplicables, serán separados definitivamente de su encargo, en términos de la Ley de la materia, sin demérito de las demás responsabilidades o delitos en que incurran.

Aparte de este apartado el artículo 92 nos marca la definición de madre gestante:

ARTÍCULO 92.- Deber de reconocer al hijo. Tanto la madre como el padre, que no estuvieren casados entre sí, tienen el deber de reconocer a su hijo; pero si no cumplen con este deber voluntariamente, no se asentará en el acta de nacimiento el nombre de los mismos y simplemente, se anotará la hora, día, mes año y lugar del nacimiento, así como el nombre propio y apellidos que se pongan a la persona cuyo nacimiento sea registrado. Si el padre o la madre o ambos piden por sí o por apoderado que en el acta de nacimiento se asiente su nombre, se hará constar éste y se mencionará en su caso la petición que en este sentido hagan el padre, la madre, o ambos, o el apoderado. Cuando el hijo sea presentado por uno de los progenitores, se asentará únicamente el nombre del que lo presente. 

En el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la filiación en forma alguna. Las palabras "hijo legítimo", "hijo natural", "hijo ilegítimo", "hijo de padres desconocidos", "hijo de padre desconocido", "hijo de madre desconocida", o "habido como consecuencia de cualquier método de reproducción humana artificial", que se inserten con infracción de este artículo, se testarán de oficio, de manera que queden ilegibles. El Oficial del Registro Civil que inserte en el acta alguna de estas menciones será sancionado, la primera vez con una multa por el equivalente a quince días de salario mínimo general vigente en la Entidad y la segunda con destitución del cargo. La investigación de la paternidad y de la maternidad está permitida en los términos establecidos por este Código. 

En el caso de los hijos nacidos como resultado de la participación de una madre gestante sustituta, se presumirá la maternidad de la madre contratante que la presenta, ya que este hecho implica su aceptación.

En los casos en los que participe una madre subrogada, deberá estarse a lo ordenado para la adopción plena. 

Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer que lleva el embarazo a término y proporciona el componente para la gestación, más no el componente genético. Por el contrario, la madre subrogada provee ambos: el material genético y el gestante para la reproducción. Se considera madre contratante a la mujer que convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o de la madre subrogada, según sea el caso. 

Salvo el caso de que se trate de un hijo nacido de una madre gestante sustituta, cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su esposo, el Oficial del Registro Civil no podrá asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, excepto que éste haya desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare.  

Por ende, se necesita regular de una manera frontal el tema, siempre anteponiendo la dignidad humana, los derechos humanos y la vida del embrión.

J. Por ello, estas Comisiones coinciden con los proponentes en que se debe regular dicho problema, sin embargo, se hace la anotación que en la propuesta se pretende prohibir el tema cuando hoy por hoy puede ser una técnica de reproducción asistida que ayuda a quienes tienen el grave problema de no poder concebir o gestar, así mismo en el art. 462 se pretende introducir el tema de subrogación haciendo una combinación con el tipo penal relacionado con trasplante, órganos y tejidos, por ende, por técnica legislativa se deberá encuadrar en otro artículo ya que el tipo penal se debe separar por el bien jurídico que tutela el mismo.

Además, se considera que esta técnica de reproducción asistida se permita bajo la rectoría de la Secretaria de Salud, pero en lo que concierne al tema que nos incumbe que es el ilícito como lo es la subrogación de vientres con fines de lucro, se plasma una mejor redacción para que no sea prohibitiva totalmente. Tal como se plasma en el siguiente cuadro:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA:

PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

NO EXISTE CORRELATIVO

NO EXISTE CORRELATIVO

Artículo 61 Ter. Por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas. La gestación subrogada se realizará sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas solicitantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, parto, post-parto y puerperio.

La Secretaría de Salud regulará la gestación subrogada en las disposiciones jurídicas correspondientes.

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO.

Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO

 

 

 

 

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

 

 

 

 

 

 

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia. 

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente:

 

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto;

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes;

VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y

IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución.

En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

 

TITULO DECIMO OCTAVO
Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

CAPITULO VI
Delitos

 

 

 

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE CORRELATIVO.

TITULO DECIMO OCTAVO
Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

CAPÍTULO IV
Delitos

Artículo 462Ter. La gestación subrogada estará permitida únicamente bajo   estricta indicación médica, entre  nacionales y sin fines   de lucro, en los términos de esta Ley. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la unidad de medida y actualización, en los siguientes supuestos:

I. Al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago de una contraprestación , el uso de cualquier tipo de violencia, o aprovechándose de una situación de pobreza o ignorancia, para que se transfieran uno o más embriones a su útero y después del   nacimiento, renuncie a los derechos y deberes que derivan de su maternidad, para entregar al o los menores a los contratantes o terceras personas;

II. A quien mediante gestación subrogada transfiera uno o más embriones al útero de una mujer que se haya sometido a dos embarazos previos por la misma técnica;

III. Al que realice un procedimiento de gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes a una persona de   nacionalidad distinta a la mexicana;

IV. A quien promueva, favorezca, facilite, publicite o realice procedimientos de gestación subrogada con fines de lucro;

V. Al contratante que omita cubrir los gastos de atención médica de la mujer gestante, derivados del procedimiento de gestación subrogada, incluyendo las etapas post-parto y puerperio;

VI. Al contratante de una gestación subrogada que abandone al o los menores resultantes del mencionado procedimiento; privándolo además de la patria potestad, y

VII. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la práctica de la gestación subrogada cuando sea ilícita, en términos del presente artículo;

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

K. En este tenor de ideas se debe destacar la opinión emitida por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, la cual hace referencia que en este tema la tendencia más protectora de los derechos humanos de las personas, es aquella que prohíbe todo tipo de tráfico de personas incluyendo la explotación de mujeres con fines reproductivos. Hace referencia a que al referirse de la sustitución de la persona que tiene problemas de fertilidad es hablar de la persona m- mujer en un mero “objeto de insumo” o “maquina” ya que se renta y explota con el fin de satisfacer un deseo.

Así mismo menciona la complejidad de los contratos de subrogación, entre los solicitantes y la gestante por considerarse que existen riesgos en la salud de la   gestante.

Entre los riesgos se ubica también aquellas condiciones o padecimientos procedentes de que comúnmente la gestante en situación de marginación o pobreza así como la posibilidad de que padezca desnutrición, avitaminosis, que puede traer que realice esfuerzos físicos, que padezca alguna adicción o incurra alguna negligencia.

También hace la anotación que en la salud pública también hay riesgos para la madre gestante ya que la explotación no da valor o importancia a ello. Un ejemplo de ello en una hiperovulación ovárica implicada en el proceso pueda traer un embarazo múltiple de alto riesgo.

Por lo anterior, se considera de suma importancia que la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes, en conjunto con los gobiernos locales, incluyan en la regulación que se derive del presente decreto, aquellos supuestos en los que se vele por:

• Garantizar que en el procedimiento no exista lucro;

• Determinar el número de ocasiones a que se sometan al procedimiento, de acuerdo con la viabilidad del embarazo;

• Fomentar que exista un vínculo de parentesco con la gestante;

• Vigilar que no se ponga en riesgo la salud de la gestante, durante el embarazo, parto y puerperio;

• Que se vigile cabalmente el cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo el procedimiento, con la finalidad de evitar y prevenir el abuso de esta técnica, conforme a la ley

Finalmente, la Comisión que emite su opinión al respecto de la explotación de la mujer con fines reproductivos, conlleva desafíos en el ámbito psicológico para todos los involucrados, no solo para la gestante sino para el bebé, los solicitantes e incluso los proveedores de gametos.

L. Por ello estas Comisiones coinciden que el tema se debe regular, sin embargo, también se debe separar el tema de explotación de la mujer, tema que se está regulando y la técnica de reproducción asistida gestación subrogada la cual debe estar debidamente regulada y legislada, por ello este instrumento legislativo lo que pretende es cerrar la brecha para que no exista la explotación de la mujer gestante y sea regulada.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 TER Y 462 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se adicionan los artículos 61 Ter y el 462 Ter, de la Ley General de Salud.

Artículo 61 Ter. Por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas. La gestación subrogada se realizará sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas solicitantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, parto, post-parto y puerperio.

La Secretaría de Salud regulará la gestación subrogada en las disposiciones jurídicas correspondientes.

Artículo 462 Ter. La gestación subrogada estará permitida únicamente bajo estricta indicación médica, entre nacionales y sin fines de lucro, en los términos de esta Ley. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la unidad de medida y actualización, en los siguientes supuestos:

I. Al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago de una contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia, o aprovechándose de una situación de pobreza o ignorancia, para que se transfieran uno o más embriones a su útero y después del nacimiento, renuncie a los derechos y deberes que derivan de su maternidad, para entregar al o los menores a los contratantes o terceras personas;

II. A quien mediante gestación subrogada transfiera uno o más embriones al útero de una mujer que se haya sometido a dos embarazos previos por la misma técnica;

III. Al que realice un procedimiento de gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes a una persona de nacionalidad distinta a la mexicana;

IV. A quien promueva, favorezca, facilite, publicite o realice procedimientos de gestación subrogada con fines de lucro;

V. Al contratante que omita cubrir los gastos de atención médica de la mujer gestante, derivados del procedimiento de gestación subrogada, incluyendo las etapas post-parto y puerperio;

VI. Al contratante de una gestación subrogada que abandone al o los menores resultantes del mencionado procedimiento; privándolo además de la patria potestad, y

VII. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la práctica de la gestación subrogada cuando sea ilícita, en términos del presente artículo;

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, para emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que regulará la gestación subrogada.

TERCERO.- Las entidades federativas armonizarán su legislación a efecto de observar lo establecido en el presente Decreto.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/005ssa23.html

2 http://dle.rae.es/?id=YZ2is6w

3http://earlyinstitute.org/enfoque-early/maternidad-subrogada-en-mexico/?gclid=CMOnxoKTxssCFQ8vaQodLAIJbw

4 Este instituto (antes TAD Think Action Development) realizó, junto con la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la H. Cámara de Diputados, un profundo análisis de la materia, que se recoge en el libro Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos. México, 2014.

5 Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. [TA: Constitucional]; 10ª. Época; 1ª. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 602. 1ª. CCCLIV/2014 (10ª)

Son todos los dictámenes para primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

MESA DIRECTIVA

Voy a dar lectura a un Acuerdo de Mesa Directiva, por el que el Senado de la República se solidariza con la República de Ecuador, con motivo del sismo del 16 de abril pasado.



Comuníquese.





 

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO

(Dictamen a discusión)

Compañeros Senadores, el pasado jueves 14 de abril se llevó a cabo la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, que propone ratificar al ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia. Al momento de la votación del mismo, se levantó la sesión por falta de quórum.



Procederemos ahora a recoger la votación correspondiente, como lo permite el numeral 4 del artículo 59 del Reglamento del Senado.

Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia. Comuníquese.





 

Tomaremos ahora la protesta de los ciudadanos que fueron ratificados en sus cargos diplomáticos en la sesión del pasado jueves 14 de abril, conjuntamente con la del señor Alejandro Negrín Muñoz, ellos son:

El ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para que funja como Representante Permanente de México en la OEA.

El ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para que funja como Representante Permanente de México ante la UNESCO.

Y la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Austria.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran todos ellos, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores Angélica Araujo Lara, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Jorge Aréchiga Ávila, Hilda Ceballos Llerenas, Óscar Román Rosas e Hilaria Domínguez Arvizu, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Compañeros Senadores, el Orden del Día de hoy contiene un considerable número de dictámenes que deberán desahogarse en votaciones nominales. Les solicito permanecer en el recinto para asegurar el despacho de los asuntos agendados, o bien, estar atentos a los avisos que instruya la Mesa Directiva, previos a la realización de las votaciones.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Respetuosamente, solicito a la Asamblea se sirvan ponerse de pie. Reitero la solicitud a la Asamblea de guardar el orden correspondiente y ponerse todos de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señora Embajadora y señores Embajadores:

El Senado de la República ratificó los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor de la siguiente forma:

Al ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos.

Al ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

A la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las Repúblicas de Eslovaquia y de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria.

Y al ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.

Les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos que se les han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Luis Alfonso de Alba Góngora, Andrés Isaac Roemer Slomianski, Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Alejandro Negrín Muñoz: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señora Embajadora y señores Embajadores!

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a la Embajadora y a los Embajadores cuando deseen retirarse del salón.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de igualdad en el deporte.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 Y LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL MISMO ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tomamos en cuenta su voto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y las fracciones XI y XII del artículo 17 y se adiciona la fracción XIII al mismo artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de ubicación de Risperidona como medicamento no controlado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de Abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena barrera Tapia, integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para eliminar la Risperidona de las sustancias consideradas en la fracción III del artículo 245 (las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública) de la Ley General de Salud.

Las proponentes mencionan que la eliminación de la Risperidona del artículo 245 de la Ley General de Salud permitirá una considerable facilitación y simplificación de la adquisición de la misma, y se dispondría de mejor abasto. Ello beneficiando a muchos pacientes con enfermedades como la esquizofrenia, espectro autista entre otros.

Por ende plasman el siguiente proyecto de decreto:

ÚNICO: Se excluya de la lista de medicamentos considerados en el artículo 245 de la Ley General de Salud la Risperidona.

III. CONSIDERACIONES

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que la salud mental es un tema que aqueja a nuestra sociedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la salud mental es el "bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación".

Las enfermedades mentales son uno de los problemas de salud pública más importantes en México. Se estima que el 28.6 por ciento de la población presenta en algún momento de su vida un padecimiento relacionado con la salud mental, el cual puede ir desde los más leves, como la depresión estacionaria, hasta padecimientos altamente complejos. Dichas enfermedades se presentan tanto en niños como en adultos mayores. Asimismo, son presentadas como morbilidades asociadas a otras (la depresión causada por una enfermedad mortal) y pueden presentarse con morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la persona desencadena, a su vez, morbilidades asociadas (discapacidad motriz presentada como resultado de la esquizofrenia).

Todos estos padecimientos son crónicos y algunos se encuentran dentro de las primeras diez enfermedades más discapacitantes. En el caso de la esquizofrenia, 82 por ciento de los pacientes presenta una recaída después del primer episodio psicótico y 78 por ciento presenta una segunda recaída a lo largo de 5 años. Es por ello que se recomienda tratamiento farmacológico de mantenimiento de por vida para aquellos pacientes con más de dos episodios psicóticos en 5 años.

C. El impacto que puede tener una enfermedad mental abarca todos los ámbitos de la vida de una persona: sus relaciones interpersonales con familiares y amigos; el papel que desempeña en su comunidad y frente a sus pares; su capacidad de conseguir y retener un trabajo digno; su capacidad de tomar decisiones conscientes e independientes respecto a su patrimonio; su capacidad de aprender; su capacidad de elección y autodeterminación; su capacidad de tener una vida sexual plena, entre muchos otros.

D. Los avances de la medicina, han permitido generar medicamentos que ayudan a que las personas con esta condición puedan controlar la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse plenamente a la sociedad.

E. En este tenor de ideas cabe enfatizar que la Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, y en el tratamiento de los síntomas en niños con espectro autista. Dicha sustancia es un medicamento antipsicótico de "segunda generación" que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina, y no de "primera generación" que únicamente tienen efecto en dopamina.

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso número de efectos secundarios que genera. Uno de los principales frenos para la continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes que utilizaban medicamentos de primera generación era que los efectos secundarios de éstos se presentaban de tal índole que el paciente rehuía tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

F. Sin embargo, a pesar de los beneficios de dicho fármaco es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un factor que influye en el desabasto es el hecho de que la Risperidona sea considerada como una sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, de acuerdo al catálogo enunciado en su artículo 245 en la fracción III que son aquellas sustancias psicotrópicas que tienen valor terapéutico  pero constituyen un problema para la salud pública.

Este hecho se traduce en un problema para la salud y economía del paciente, ya que está clínicamente demostrado que si un paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de apego a su tratamiento, el gasto por recaídas psiquiátricas se reduce considerablemente. Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, considerando que ésta puede llegar a ser de 30 días. Un paciente que no está controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año (hasta tres o cuatro).

G. Cabe señalar que como ejemplo encontramos a la olanzapina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, misma que no es considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar. En el caso de la risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica en su fracción III del art. 245.

H. La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones", menciona que una sustancia psicoactiva o psicotrópica es aquella que tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. En la revisión de la normativa internacional (FDA, Food and DrugAdministration; Emea, European Medicines Agency; DEA, DrugEnforcementAdministration; y NIDA, NationalInstitute of Drug Abuse) no se tienen considerados a los antipsicóticos atípicos como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia.

Cabe enfatizar que las guías de tratamiento de esquizofrenia nacional e internacionales, recomiendan a los antipsicóticos atípicos como primera línea de tratamiento y en ninguna de ellas hace referencia al riesgo de abuso o dependencia.

Por otra parte, se señala que la coadministración de la misma y el alcohol no es usual, ya que la risperidona no es una sustancia que los usuarios de droga consuman ni por su efecto adictivo ni para contrarrestar los efectos de las mismas drogas.

K. Al respecto estas Comisiones Dictaminadoras señalan que se coincide con los beneficios de la Risperidona y que con el acceso fácil de esta sustancia por parte del paciente, podría prevenir la principal causa para la recaída psicótica que es la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento como al seguimiento clínico.

Sin embargo, es preocupante el hecho de pretender quitar de la lista de psicotrópicos que tienen valor terapéutico y que la propia ley menciona que constituyen un grave problema para la salud pública, a esta substancia.

Por ello se enfatiza que esta sustancia es un fármaco antipsicótico, que tiene efectos adversos de tipo motor, que ocurren como resultado del bloqueo de los receptores 5HT2A de serotinina y D2 de dopamina, en la parte posterior de los ganglios basales, como mínima incidencia de síntomas extrapiramidales, no asociado al desarrollo de agranulocitosis, y forma parte del Cuadro Básico y Catálogo de insumos del sector salud, para el tratamiento de la esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos. Asimismo , es un medicamento que puede ocasionar efectos serios a nivel motor/neurológico y otro tipo de eventos como alteraciones hormonales por el incremento en la liberación de prolactina, efectos de riesgo desde el punto de vista metabólico, como predisposición a diabetes mellitus, y otros efectos secundarios, como daño o lesión permanente a los ganglios basales con la consecuente presencia de movimientos involuntarios irreversibles, y ganancia de peso, por lo que se requiere que sea prescrito bajo la vigilancia médica.

Por lo anterior dado que la Risperidona presenta las complicaciones señaladas, no puede ser eliminada por completo del artículo 245 de la Ley General de Salud, como lo plasma la Iniciativa incumbencia de este dictamen, pues aun cuando otros medicamentos como la ziprasidona, quetiapina, aripiprazol, paliperidona y sertindol que están indicados al igual que la risperidona como anti psicotrópicos para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, son sustancias que no se encuentran en el artículo 245, la COFEPRIS determinó que dichos medicamentos se adquieren con receta conforme lo establece el artículo 226, fracción IV de la misma Ley.

Por último se considera que la risperidona es un medicamento que debe ser dirigido y monitoreado por médicos especialistas, sin embargo al no constituir un problema de adicción, ni utilizarse para la síntesis de sustancias con potencial abuso o dependencia, se sugiere en lugar de eliminarla, cambiarla de fracción quedando en la IV en el propio artículo 245 de la Ley General de Salud, para considerarse como aquellas que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública,  tal como se plasma a continuación.

LGS

INICIATIVA

PROPUESTA DE COMISIONES.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

IV…

 

 

 

V…

 

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

IV…

 

 

 

V…

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

 

Otros:

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

PIPRADROL
PROMAZINA
PROPILHEXEDRINA
RISPERIDONA
SERTRALINA
SULPIRIDE
TETRABENAZINA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V…

G. Un reto importante es lograr que la población conserve la salud mental, depende en gran parte, de la realización exitosa de acciones de política pública para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Es por ello que las comisiones dictaminadoras están a favor con modificaciones de la iniciativa en comento.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 245 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 245.-

I. a II. …

III.-

BENZODIAZEPINAS:

ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)
ALPRAZOLAM
AMOXAPINA
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CAMAZEPAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORACEPATO DIPOTASICO
CLORDIAZEPOXIDO
CLOTIAZEPAM
CLOXAZOLAM
CLOZAPINA
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
EFEDRINA
ERGOMETRINA (ERGONOVINA)
ERGOTAMINA
ESTAZOLAM
1- FENIL -2- PROPANONA
FENILPROPANOLAMINA
FLUDIAZEPAM
FLUNITRAZEPAM
FLURAZEPAM
HALAZEPAM
HALOXAZOLAM
KETAZOLAM
LOFLACEPATO DE ETILO
LOPRAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OXAZEPAM
OXAZOLAM
PEMOLINA
PIMOZIDE
PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)
CARISOPRODOL
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)
ETCLORVINOL
FENDIMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
GLUTETIMIDA
HIDRATO DE CLORAL
KETAMINA
MEFENOREX
MEPROBAMATO
TRIHEXIFENIDILO.

IV.-

GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO)
ALOBARBITAL
AMITRIPTILINA
APROBARBITAL
BARBITAL
BENZOFETAMINA
BENZQUINAMINA
BIPERIDENO
BUSPIRONA
BUTABARBITAL
BUTALBITAL
BUTAPERAZINA
BUTETAL
BUTRIPTILINA
CAFEINA
CARBAMAZEPINA
CARBIDOPA
CARBROMAL
CLORIMIPRAMINA CLORHIDRATO
CLOROMEZANONA
CLOROPROMAZINA
CLORPROTIXENO
DEANOL
DESIPRAMINA
ECTILUREA
ETINAMATO
FENELCINA
FENFLURAMINA
FENOBARBITAL
FLUFENAZINA
FLUMAZENIL
HALOPERIDOL
HEXOBARBITAL
HIDROXICINA
IMIPRAMINA
ISOCARBOXAZIDA
LEFETAMINA
LEVODOPA
LITIO-CARBONATO
MAPROTILINA
MAZINDOL
MEPAZINA
METILFENOBARBITAL
METILPARAFINOL
METIPRILONA
NALOXONA
NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA
NORTRIPTILINA
PARALDEHIDO
PENFLURIDOL
PENTOTAL SODICO
PERFENAZINA
PIPRADROL
PROMAZINA
PROPILHEXEDRINA
RISPERIDONA
SERTRALINA
SULPIRIDE
TETRABENAZINA
TIALBARBITAL
TIOPENTAL
TIOPROPERAZINA
TIORIDAZINA
TRAMADOL
TRAZODONE
TRAZOLIDONA
TRIFLUOPERAZINA
VALPROICO (ACIDO)
VINILBITAL.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

A las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de este Senado, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos.

Me voy al contenido de la iniciativa.

Dicha iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para eliminar el medicamento Risperidona, de las sustancias consideradas en la fracción III del artículo 245, es decir, de las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, como constata la Ley General de Salud.

Hicimos las siguientes consideraciones:

El uso de la Risperidona, efectivamente como antisicótico, tiene una valiosa e importante aplicación en casos como antidepresivo, pero también en problemas de esquizofrenia, pero no lo podemos eliminar, como viene en la intención de la proponente, sino lo aprobamos con modificaciones porque sí se le han encontrado algunos efectos secundarios sobre el sistema nervioso motor que ocurren como resultado del bloqueo de receptores 5H72A de serotonina, y D2 de dopamina, en la parte posterior de los ganglios dorsales, y que provoca ciertos trastornos motores que realmente son de considerar delicados como para eliminar este medicamento de esta tabla.

Nuestra propuesta, y así fue aprobado por unanimidad en comisiones unidas, es que en lugar del lugar tres que ocupan estos medicamentos, es decir, sustancias que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, se envíe a la ubicación cuarta, quedaría como las que tienen amplios usos terapéuticos de los que ya expresé, como esquizofrenia, algunas enfermedades de trastornos mentales, espectro autista, pero que tienen un problema menor para la salud pública. Es decir, se cambia de ubicación en la tabla de medicamentos para uso terapéutico.

Por lo tanto, pido su votación en sentido aprobatorio, ya que sigue estando la Risperidona en la tabla de medicamentos, como un antisicótico importante y el cual debemos de seguir utilizándolo, pero no podemos quitarlo de la tabla de medicamentos que tienen efecto secundario, puesto que sí encontramos algunos efectos secundarios que nos hacen, nos dan el criterio para que siga permaneciendo ahí, pero en un nivel de más bajos efectos secundarios, y es la propuesta que estamos haciendo.

Espero, pues, su apoyo para sacar adelante este dictamen.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Intervención



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador López Brito. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Garantizar el derecho a la salud es una tarea de vital importancia para el Estado mexicano y sus instituciones, estos esfuerzos se traducen en garantizar un sistema de salud accesible y universal para que la calidad de vida y el nivel de desarrollo de las familias mexicanas sea óptimo.

En términos de la Ley General de Salud, esto se entiende como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades; definición que se encuentra en concordancia con la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de los avances que presenta nuestro país en el cuidado, prevención y preservación de la salud, existen diversos padecimientos que aún se consideran como problemas de salud pública. Entre estos se encuentran las enfermedades mentales, para dimensionar la problemática, basta mencionar que se estima que más del 28.6% de la población en algún momento de su vida ha presentado algún padecimiento relacionado con esta enfermedad, que puede incluir depresión estacionaria hasta padecimientos complejos como son la esquizofrenia y espectro autista.

El impacto que tiene una enfermedad mental, abarca todos los ámbitos de una persona, en especial la relación con su familia y amigos, además del papel que desempeña en su comunidad y su capacidad de conseguir y retener un trabajo digno.

Los avances en la medicina permiten generar medicamentos que ayudan a que las personas con esta condición puedan controlar la enfermedad, sus síntomas, el integrarse de manera plena a la sociedad.

Entre otros fármacos destaca la Risperidona, que es un antisicótico de segunda generación que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina. Fármaco de difícil disponibilidad para pacientes con algún padecimiento mental, por ejemplo, si un paciente con esquizofrenia no cuenta con un buen nivel de apego a su tratamiento, puede llegar a estar o ser hospitalizado hasta por 30 días, y tener una reincidencia en su hospitalización de tres hasta cuatro veces al año.

Por lo tanto, la Risperidona no es una antisicótico de primera generación, en los cuales esos contienen neurotransmisores de dopamina.

Compañeras y compañeros, con relación a este Decreto, en el grupo parlamentario del PRI consideramos que la Risperidona al ser un medicamento que debe ser dirigido y monitoreado por médicos especialistas, debe permanecer en la fracción III y adicionarse en la fracción IV del artículo 245, de esta manera se mantiene tanto en la relación de los que tienen un valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y se agrega en la relación de las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública.

Con estas modificaciones estamos convencidos de que se facilitará su abastecimiento, permitiendo que los mexicanos que lo requieran no vean limitada su adquisición.

Todos tenemos el reto de generar acciones responsables en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas que padecen alguna enfermedad mental, como son: la esquizofrenia y el espectro autista, por ello los invitamos a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ceballos Llerenas.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En virtud de que no hay otros oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 245 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

MINUTO DE SILENCIO

Compañeros Senadores, les informo que en la madrugada de este día ocurrió el lamentable deceso del señor Macario Palacios Espinosa, integrante de la plantilla técnica del personal del Senado del Senado de la República.

El señor Macario Palacios ingresó al Senado en septiembre de 2001, y se desempeñaba como Subdirector del Centro de Impresiones y Reproducciones Digitales de la Secretaría Administrativa.

Expresamos nuestras condolencias a su esposa, la señora Rosa Aurora Hernández Silva y a sus hijos Carlos y Andrea.

Les solicito nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Favor de tomar asiento.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

El dictamen que hoy se propone en materia de educación inclusiva es un mérito a la perseverancia, porque tiene más de cinco años, y ya lo recibimos nosotros y se ha venido procesando.

En el camino se encontraron muchos obstáculos de carácter procedimental, incluidos los servicios parlamentarios aquí en esta Cámara de Senadores, por preocupaciones que parecían importantes, pero que por fortuna no eran de sustancia.

Hoy lo que estamos presentando, es un camino legislativo que transita de un modelo asistencialista a un modelo social, centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

Me voy a referir a cinco aspectos: Comentarios introductorios, el proceso en su construcción, a quién atiende, qué es lo que busca, y cuál es en conclusión la estructura de la reforma.

Durante más de cinco años, ambas Cámaras se enriquecieron con opiniones de instituciones, tanto nacionales como internaciones, como Conapred, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, especialistas diversos en el tema de inclusión.

Aquí se fomenta la plena inclusión de personas, sin distinción alguna, al sistema educativo, con el objetivo de menoscabar las restricciones en la participación social.

En este sentido, es importante señalar que la plena integración de las personas es algo de derechos y no de privilegios otorgados; y esta reforma para nuestra tranquilidad y nuestro orgullo, vela para que la inclusión sea una condición esencial en el Sistema Educativo Nacional.

Cuando hablamos de inclusión, nos referimos al rango completo, desde los menos favorecidos hasta los que tienen talento significativo y que no hemos encontrado la mejor forma de atenderlos.

¿Cómo se construyó esto?

Una acción legislativa, atendió a señalamientos, partiendo de datos empíricos locales, así como la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen todos los propósitos.

A partir de iniciativas de diferentes legisladores en ambas Cámaras y de todos los grupos parlamentarios, se empezó a construir este proyecto que hoy se presenta, que reforma 12 artículos de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva; y que, por fortuna, viene en una minuta construida por unanimidad en un trabajo de conferencia informal.

Quiero recordar a todos la etimología de la palabra unanimidad: viene de alma, de una sola ánima, de una sola voluntad.

Es de reconocerse que en este proyecto se fortalecieron las visiones internacionales, así como también la armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República en la LXI Legislatura.

Quiero reconocer el trabajo de la Colegisladora, cómo se fueron formando acuerdos, cómo fueron convergiendo intereses y se fueron disminuyendo aspectos protagónicos para que hoy tengamos un dictamen inclusivo y equitativo para todos.

¿A quién beneficia?

Hay que recordar un principio muy sencillo, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. De hecho, ninguna sociedad puede desarrollarse si una parte de su población se segrega y sigue sufriendo prejuicios.

Hoy día, por ejemplo, ¿Cuáles son las cifras en México?

Inegi, 5.1 por ciento de la población tiene algún problema de discapacidad y más de 85 millones de mexicanos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Estas personas están más expuestas a la exclusión, a la discriminación y tienen menos posibilidades de defender y reivindicar sus derechos.

Hay campos de ejercicio donde el derecho humano resulta indispensable, no está suficientemente atendido y tiene que aplicarse a determinadas zonas sensibles de la ley, en donde el bien jurídico que protege, arropa a los colectivos que requieren una atención cualificada para evitar marginación, exclusión o discriminación.

Esta integración, por ejemplo, de la discapacidad implica mucho más que la incorporación de las personas en esa circunstancia a todas las esferas de la vida; supone un modelo para impedir la exclusión y la discriminación para exaltar el derecho y dignidad de la persona a participar para poder construir su propio futuro.

Los problemas de desigualdad en México los conocemos, son diversos, y aunque no se puede eliminar lamentablemente de un solo momento, en una sola política, son un mal ancestral acumulado que tenemos que atender; y lo que hoy se quiere hacer mediante ley, es un paso sin discriminación, sin distingo alguno del acceso a la educación y su permanencia.

¿Qué busca esta reforma?

Aunque las palabras "integración" e "inclusión", en el castellano tienden a ser sinónimas, en el ámbito internacional la integración es considerada como un derecho a incorporarse o insertarse; mientras que el concepto de incluyente, se le da un sentido más amplio.

Así, la nueva perspectiva de inclusión profundiza el sentido de participación y pertenencia. Este concepto empezó a utilizarse en el ámbito educativo cuando el esfuerzo de integración se fue haciendo cada vez más importante para generar escuelas incluyentes donde las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y necesidades educativas particulares, cursaban la educación básica en aulas regulares de la escuela de su comunidad, en el grado escolar que corresponde a su edad, donde reciben el apoyo que necesitan, instruyéndoles de acuerdo con su propia capacidad y necesidad; sin embargo, este enfoque no estaba presente hasta el día de hoy en el sistema educativo del país.

Esta reforma crea un modelo de educación inclusiva en todo el rango, desde los menos favorecidos a las personas con un talento excepcional, a fin de evitar exclusiones, marginaciones o discriminaciones indeseables.

Se anhela, entonces, la construcción de una comunidad educativa incluyente, priorizando el desarrollo de competencias, sensibilización de educandos y el fortalecimiento de instalaciones que faciliten el acceso, la pertinencia y la igualdad sustantiva.

¿Cuál es la estructura de la reforma?

Lo que pretendemos es consolidar un modelo de educación basado en el principio de inclusión, que depende en gran medida de la existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su instauración en la cultura nacional, lo que implica la incorporación de herramientas que faciliten su instalación definitiva en el imaginario colectivo de los mexicanos.

El dictamen que hoy se discute distribuye derechos y obligaciones para transitar hacia un régimen donde el Sistema Educativo Nacional se centre en el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de todas las personas. Principalmente, destaco cinco modificaciones:

1.- Se asegura que el ingreso y la permanencia al sistema educativo se dé en condiciones de equidad.

2.- Se señala la necesidad de elaborar materiales de trabajo en formato accesible.

3.- Se enfatiza el derecho de los maestros a acceder a programas de capacitación, asesoría y apoyo para atender a alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.

4.- Se obliga a la autoridad a asegurar la plena inclusión y participación social, la cual es indispensable al elaborar formatos accesibles de materiales educativos para todos; y eventualmente infraccionar a quien segregue o discrimine.

5.- Se condiciona a establecer estilos y ritmos del aprendizaje en el rango de menos a más, de acuerdo a condiciones propias de cada alumno, y a incorporar el principio de igualdad sustantiva dentro del salón de clase.

Considero que el Congreso de la Unión, desde las legislaturas anteriores y las dos nuestras, puede sentirse contento.

Sé que hay todavía iniciativas en proceso; por ejemplo, hay una iniciativa de nuestros Senadores de Tabasco del grupo parlamentario del PRI y el Verde, que quieren tener una parte más pormenorizada en la propia ley, que posiblemente en algún momento pudiera incorporarse.

Nosotros creemos que a partir de esta aprobación, la educación, además de ser un derecho fundamental y pieza clave para el ejercicio de los demás derechos, es una herramienta sustancial para la igualdad de oportunidades.

En el diseño actual se podrían haber hecho muchas cosas. Con el diseño que estamos proponiendo se van a poder tener mejores políticas públicas, mejor diseño institucional y, sobre todo, mejor financiamiento para la atención completa a todas las personas.

Nuestros deseos son que la aprobación de este dictamen no sea un punto de llegada, sino una nueva etapa de partida hacia la construcción de un México con una educación más humana, más integral, más justa y más equitativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Romero Hicks. Está a discusión en lo general.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert. Agradecemos su visita a este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos compañeros Senadores.

Quiero reiterar el beneplácito porque finalmente estamos discutiendo el tema de educación inclusiva en este Senado de la República con la integralidad que hoy nos ha expuesto aquí el Presidente de la Comisión de Educación. Quiero decirles que este es un momento histórico porque finalmente, ya lo decía él en su intervención, se está por fin materializando el trabajo que durante las pasadas tres legislaturas hemos realizado diversos Diputados y Senadores con el objetivo concreto de que quienes viven con alguna discapacidad y quienes tienen aptitudes sobresalientes tengan acceso a una educación acorde a sus necesidades.

Por ello, quiero reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión de Educación, del Senado de la República, por supuesto de la Cámara de Diputados, la Colegisladora, y de los integrantes de ambas comisiones por esta apertura y esta posibilidad de que hoy estemos en esta discusión del dictamen.

Recordemos que el derecho a la educación está estrechamente relacionado con la ciudadanía. La educación permite el desarrollo del ser, la adquisición de conocimientos y el estímulo del razonamiento amplían la capacidad de las personas para el ejercicio de sus libertades y posibilita el goce de otros derechos; permite, además, tener acceso a un empleo digno, a la libertad de expresión o a la participación política, el ejercicio de estos derechos son más factibles si las personas están educadas.

Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, el panorama no es sencillo. Ya abordaba el Senador Romero Hicks algunas cifras, pero quiero aquí resaltar que de las 7.7 millones de personas que constituyen dicho grupo poblacional, el 23 por ciento son mayores de 15 años o más, no cuentan con algún nivel de escolaridad y el promedio de escolaridad de quienes lograron iniciar sus estudios es de apenas 4.5 grados.

Sin duda, son datos desalentadores que nos hacen reflexionar, pero sobre todo, nos obligan a actuar y no quedarnos de brazos cruzados.

Ahora que estamos ante un nuevo paradigma de la educación en México, no podemos seguir avanzando y dejar atrás a las personas con discapacidad y a quienes tienen aptitudes sobresalientes.

La educación es el medio idóneo para procurarse una mejor calidad de vida y de desarrollo. Esta reforma abre las puertas de la escuela a miles de niñas, niños y adolescentes, y les presenta un futuro con más posibilidades de un desarrollo autónomo y pleno.

Debemos reconocer que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación, no ha pasado por alto a la educación inclusiva, dentro de las siete  prioridades de la reforma educativa se encuentra precisamente la equidad e inclusión.

De ahí la importancia que desde el Poder Legislativo aportemos a este esfuerzo, nos sumemos y hagamos lo que esté a nuestro alcance para que las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, sin importar su condición, desarrollen al máximo su potencial humano, sentido de dignidad y autoestima.

Compañeras y compañeros, consolidemos una cultura de la inclusión en México, la forma más fácil para lograrlo es vivirlo, practicarlo tanto maestros como alumnos, y que al concluir sus estudios cuenten con las mismas herramientas cognitivas que cualquier otro alumno, garanticemos una educación de calidad a todas las personas y desarrollemos escuelas que acojan a estudiantes de diferentes contextos social, cultural, capacidades y situaciones de vida, son condiciones indispensables para construir sociedades más justas, democráticas o cohesionadas.

Los invito a que aprobemos este dictamen y veamos cómo las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes nos sorprenderán con toda su capacidad, talento y entrega.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy estamos discutiendo uno de los conceptos más hermosos en materia educativa, el tema de la educación inclusiva o educación integradora como la califica la UNESCO.

Este tipo de educación tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la educación que tienen todos los individuos que habitan en un país.

En este caso, la educación inclusiva viene planteada en el artículo 3o. constitucional. Ahí está la base y hoy estamos reformando la ley reglamentaria.

Hemos hecho leyes tan importantes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo que tiene que ver con la educación, ahí se plantean con mucha claridad las características que debe tener la educación para lograr la inclusividad de las niñas, niños y adolescentes, es decir, la educación debe tener en sus características la obligación que marca el artículo 3o. constitucional en materia de gratuidad.

Muchos países en el mundo han erradicado el tema del pago de cuotas para la educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, para la educación básica, y esto ha logrado que la deserción escolar en esos países baje de manera importantísima, es decir, se hacen cargo del mantenimiento de las escuelas y de la compra de material didáctico de los profesores, dos elementos necesarios, torales para poder mantener las escuelas en buenas condiciones.

Escuela a la que no se le da mantenimiento, se va deteriorando de manera paulatina, hasta quedar en condiciones de insuficiencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La OCDE ha señalado que México tiene más del 50 por ciento de sus escuelas en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, desde este punto se excluye la posibilidad de que los alumnos logren la calidad educativa y muchos de estos niños estudian en escuelas no aptas y evidentemente su aprendizaje se hace deficiente.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, plantea que la educación debe ser gratuita y además obligatoria. En el artículo 3o. constitucional se plantea lo mismo.

¿Pero sinceramente, hemos arribado a una educación gratuita?

Esa es una situación que este Senado de la República tiene que preguntarse y que revise con puntualidad si el artículo 3o. constitucional cumple a cabalidad con la exclusión y los grupos vulnerables, es decir, cuáles son los grupos que son excluidos de manera natural de la educación en México.

Aquí se han desgarrado vestiduras cuando se habla de los niños jornaleros que existen en todo el país. San Quintín fue la gota que vino a derramar el vaso.

Pero vayamos a las plantaciones de caña, vayamos a los cortes de caña, al estado que ustedes me digan, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Michoacán, y vamos a encontrar niños que no van a la escuela porque no tienen garantizada la alimentación, y entonces el padre tiene que tomar la decisión de alimentar al infante o mandarlo a la escuela.

En todos estos casos evidentemente los niños jornaleros son un aspecto que el Estado mexicano y la Secretaría del Trabajo tienen que cuidar de manera especial, pero el ciudadano Secretario se hace como que la virgen le habla porque para él no existen los niños jornaleros, para él la inclusión de la escuela es solamente una falacia que hoy están por aprobar los Senadores, pero que en la práctica estos niños seguirán siendo de los grupos vulnerables, los niños discapacitados.

Si las escuelas se están cayendo, pues evidentemente no existen posibilidades para niños discapacitados en las escuelas públicas del país. Están discapacitados de las piernas, están discapacitados de los brazos, pero un porcentaje altísimo no están discapacitados del cerebro.

¿Pero por qué los excluyen? Porque las instalaciones no son las adecuadas y los padres prefieren no mandarlos.

Existen escuelas especiales que también están en condiciones muy precarias para atender a los niños con deficiencias en su aprendizaje y hasta en esas escuelas, como son deficientes las condiciones de infraestructura, estos niños son excluidos.

¿Qué aspectos influyen en la exclusión?

Aquí todo mundo aplaudió cuando aprobamos la eliminación de las cuotas escolares, pero ¿saben qué no aprobamos? La obligación del Estado mexicano de hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas y de la compra del material didáctico de los maestros, eso no nos atrevimos a aprobarlo.

Nada más dijimos que ya no se paguen cuotas ni se condicione el servicio educativo a la prestación de un servicio, pero no fuimos capaces de ponerle ahí en la ley, y a pesar de que lo hemos estado insistiendo, que el Estado mexicano tiene que hacerse cargo del pago, del mantenimiento de las escuelas y de la compra de material didáctico, entonces sí la educación sería gratuita y se haría inclusiva, porque hoy los más de 10 millones que están en pobreza alimentaria sus padres tienen que tomar la decisión: o lo mando a la escuela o le doy de comer porque no tengo para pagar 200, 300 o más de mil pesos de cuotas que todavía cobran en la escuela, y que todavía condicionan la inscripción y condicionan la entrega de los documentos.

El tema, compañeros, el tema, dice la UNESCO: Los gastos de la educación deben ser asequibles para las familias". Pero las cuotas, cuando le sumamos el uniforme escolar, los útiles, entonces se hacen gastos impagables para los pobres de este país.

Por eso no quitaremos el dedo del renglón, y desde aquí otra vez conmino al Presidente de la República a que ya se deje de cosas y atienda con carácter de urgente el tema presupuestal para la educación en México; y si no, otra vez la educación inclusiva quedará como un buen propósito del Senado de la República, pero será letra muerta porque los niños jornaleros seguirán existiendo, porque los niños discapacitados no seguirán yendo a la escuela porque no hay instalaciones adecuadas, porque los niños pobres de este país no podrán asistir porque sus condiciones son infames y porque los gastos que tiene que pagar son altísimos.

Ojalá y el Senado reflexione y se sume a este llamado respetuoso al ciudadano Presidente de la República y en el 2017 incrementemos de manera importante el gasto educativo y no le hagamos ningún recorte.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vamos a votar este dictamen sobre educación inclusiva, que hemos analizado y discutido previamente en la Comisión de Educación, y en relación con el cual expreso desde este momento mi voto a favor por considerar que contribuye de manera sustantiva a la equidad, calidad y pertenencia del derecho a la educación.

Se trata, en principio, de un proyecto legislativo construido con aportaciones de una larga lista de iniciativas de todos los grupos parlamentarios, preocupados por una educación para todos, ha presentado modificaciones a la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

Un antecedente importante en la construcción del presente proyecto de Decreto han sido las aportaciones recibidas durante el proceso de consulta y diálogo para la armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República, en el que participaron activamente diversas organizaciones de la sociedad civil, de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En este proceso de diálogo con los actores más calificados en el tema de la educación inclusiva, se hizo presente la realidad incuestionable del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el de la educación inclusiva, así como el compromiso de los legisladores mexicanos para seguir incorporando los nuevos paradigmas internacionales a nuestro marco jurídico constitucional y legal, con la idea de hacer efectivos los derechos fundamentales de este importante sector de la población.

Por eso es que con este dictamen se busca dar certeza jurídica a la educación especial y a quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes mediante la reforma al artículo 8o. de la Ley General de Educación, que propone agregar los principios de inclusión y la no discriminación, así como la obligación de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural, de forma que nuestras instituciones del Sistema Educativo Nacional impartan al servicio educativo de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad.

Compañeras y compañeros Senadores, nos encontramos en el inicio de la transición hacia un nuevo perfil del sistema educativo, que demanda con urgencia un nuevo modelo educativo nacional. Una transición que todavía no le asegura a la sociedad mexicana los mejores resultados y los mayores beneficios en la educación y que por lo mismo requiere de mayores esfuerzos de todos los actores del sistema para garantizar una educación de mayor calidad, pero sobre todo, de mayor inclusión.

Es necesario avanzar con mucha sensibilidad y compromiso para hacer realidad la premisa de la educación para todos, y esta reforma es un gran paso para la construcción de un modelo educativo incluyente. Pero es de reconocer que falta impulsar una reforma que también obligue a utilizar un lenguaje inclusivo, instrumentos didácticos y pedagógicos pertinentes y conceptos y palabras que denoten principios de no discriminación y de igualdad, como ya lo establecen las normas y protocolos internacionales en la materia.

Debemos reconocer también que en México pese a todos los esfuerzos realizados en los últimos años, no se han logrado revertir las profundas desigualdades, desventajas e inequidades que afectan a miles de estudiantes en sus situaciones escolares complicadas, incluso antes de su llegada a las aulas.

Muchos de esos estudiantes provienen de zonas rurales o son parte de comunidades indígenas, o incluso urbano-marginadas, y padecen de pobreza, aislamiento y exclusión por su condición personal o en equidades y desigualdades sociales, culturales y económicas que se pueden verificar en los indicadores educativos, teniendo su fase más aguda en la secundaria y en la preparatoria.

Hacen falta diagnósticos más precisos sobre las brechas de desigualdad y exclusión, más información sobre los estudiantes con discapacidad, que son los más excluidos de la educación, sobre todo aquellos con discapacidades más severas o con discapacidades múltiples.

La elaboración precisa de esos diagnósticos hará más fácil para legisladores y administradores educativos la planeación, diseño e implementación de políticas públicas en la materia para atender integralmente la desigualdad y garantizar la inclusión educativa de miles de alumnos que se encuentran en esta situación. La exclusión educativa es un fenómeno múltiple, donde concurren múltiples factores que muchas veces se potencian entre sí, generando situaciones más graves aún.

Por ejemplo los estudiantes con discapacidad que pertenecen a comunidades indígenas y que viven en zonas rurales, presentan también los índices más altos de pobreza y, por lo tanto, les es más difícil su acceso a la educación; muchos de ellos están casi condenados a no concluir la educación primaria y secundaria, esto genera nuevos desafíos para avanzar hacia una política educativa plenamente incluyente con acciones también múltiples y articuladas entre sí, que puedan combatir de forma eficiente la exclusión educativa en todos los grupos de la población, particularmente entre las personas con discapacidad.

Por eso lo digo con plena convicción, la inclusión educativa es y seguirá siendo uno de los grandes desafíos en el debate del modelo educativo que está pendiente de realizarse en todo el país.

Los convoco respetuosamente a que directamente desde este Senado de la República asumamos como urgente la tarea de impulsar en todo el país un gran debate por la educación, que tenga como fin la construcción social de un nuevo modelo educativo y que entre otros ejes trasversales y prioritarios para el sistema educativo, aborde con mayor profundidad los nuevos paradigmas de la educación inclusiva para México.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Morón Orozco.

Recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández, en favor del dictamen, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas integrantes de la Fundación Morelos Con Visión a Futuro, A. C., invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

En virtud de que no hay otros oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de definición de subproducto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

El bienestar de las comunidades rurales y la calidad de vida de todos los ciudadanos dependen en gran medida del manejo responsable que hagamos de nuestros recursos naturales.

De acuerdo a la información del Programa Nacional Forestal 2014-2018, México posee 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalentes al 70 por ciento de nuestro territorio.

Los ejidos y las comunidades forestales representan un importante componente en la cadena productiva del sector forestal, al mismo tiempo significa un sistema sociocultural y ecológico clave para el desarrollo sustentable.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, actualmente entre 7 y 9 mil ejidos y comunidades son dueños del 80 por ciento de la superficie forestal del país.

Por eso cobran relevancia las modificaciones propuestas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente en nuestro país desde el año 2003.

Este ordenamiento legal tiene por objeto regular y fomentar conservación, protección, restauración, producción, ordenación del cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas del país y de todos sus recursos.

Los recursos forestales pueden dividirse en maderables y no maderables, y dependiendo de su tratamiento o procesamiento se pueden generar materias primas, productos y subproductos.

Sin embargo, en el cuerpo de la ley no se encuentra la definición específica del subproducto forestal, a pesar de que son datos técnicos que nos permiten verdaderamente tener una ley que tenga claridad en su aplicación en el terreno de los hechos.

La reforma que hoy discutimos, establece la definición del subproducto forestal del producto forestal con el objetivo de considerar los procesos de transformación de la madera y así evitar interpretaciones erróneas.

Asimismo, fortalece las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al facultarla para expedir los certificados y la documentación fitosanitaria para la exportación e importación de todo aquello que sea subproductos forestales.

Compañeras y compañeros legisladores, el manejo sustentable de recursos forestales tiene como objeto lograr bosques ecológicamente estables, saludables, sostenibles y sustentables.

En el grupo parlamentario del PRI, está en documento, nos manifestamos a favor de esta reforma, la cual coadyuvará para evitar confusiones o interpretaciones jurídicas erróneas, pero también habrá de lograr reducir los riesgos fitosanitarios que los subproductos forestales pueden ocasionar a los ecosistemas.

El tema de los bosques mexicanos, de las selvas mexicanas, sin duda que son para el grupo parlamentario del PRI un tema de primer orden, producen agua para el país, se produce oxígeno para el país, manejarlos sustentablemente, sin duda es estar pensando en las futuras generaciones.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Hernández Deras.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo  parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hablar a favor del  dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea; compañeros y compañeras:

El presente dictamen tiene como objeto definir qué significa subproducto forestal, ya que la ley contempla materia prima, productos y, también, subproducto forestal, pero no lo define.

Y es necesaria esta reforma que es muy importante y que define subproducto forestal de la siguiente forma.

Aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación, nuevas características y el uso final distinto.

También es necesario reformar el artículo 16 donde se le dan atribuciones a la Semarnat para expedir los certificados y la documentación fitosanitaria para la exportación e importación de materias primas, productos y subproductos forestales.

Nosotros necesitamos dar un giro a nuestras políticas públicas en esta materia.

Hoy México hace compromisos en materia de adaptación en el Acuerdo de París. Compromisos muy importantes y uno de ellos es precisamente llegar al año 2030 con cero deforestación.

Hace ya un buen tiempo, hace años, llegando aquí presenté un punto de Acuerdo relacionado a una grave problemática que no le hemos puesto atención de una plaga que le llaman “gusano descortezador” y que está atacando fuertemente a nuestros bosques, especialmente en todo el noreste y norte del país, y tenemos que poner atención.

También tenemos que entender que este tema de todo lo que son nuestros bosques del tema maderable, de los productos no maderables y maderables tiene que ser cuestiones de desarrollo económico fuerte.

Es lamentable que hace muchos años se llevaron especies de pinos a Chile, y hoy la balanza económica en Chile supera ampliamente a la mexicana.

Necesitamos hacer productivos nuestros bosques, pero aplicar los términos de sustentabilidad bien empleados.

Necesitamos conservar nuestros ecosistemas; por supuesto, pero también necesitamos que las comunidades que ahí viven y hablamos de ejidos o pequeños propietarios, etcétera, que tengan un recurso que puedan explotar, transformar, vivir dignamente sus familias, pero también conservar y hacerlo de manera sustentable.

Hoy tenemos que dar ese gran paso. Iniciemos con estas reformas, pero entremos a las cuestiones de fondo.

Vamos a pedirle a la Conafor qué es lo que está haciendo con todas las cuestiones de nuestros bosques, necesitamos moderar la tala, necesitamos eliminar la tala hormiga que tanto daño hace al país.

Así es que, compañeras y compañeros Senadores, los invito a votar a favor de este dictamen.

El grupo parlamentario de Acción Nacional está siempre a favor de la protección, conservación, pero también el desarrollo de nuestros recursos naturales, está a favor de la vida, está a favor de emplear perfectamente bien el agua y de conservar nuestro  suelo.

Como siempre, con responsabilidad el grupo parlamentario de Acción Nacional,  presente.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza  Galván.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy tiene por objeto definir, dentro de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, a los subproductos forestales como aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación, con nuevas características y uso final distinto a un producto forestal; ejemplo de ello, encontramos al carbón vegetal, debido a que se obtiene por el proceso de combustión de un producto forestal.

La importancia de que definido en la ley es la uniformidad y claridad de elementos contemplado en la propia ley para evitar dar oportunidad a vacíos que permita el incorrecto uso de nuestros recursos forestales.

Desafortunadamente, los recursos forestales han disminuido a lo largo de los años y se habla aún de pérdida de nuestras zonas de bosque, principalmente por la conversión a tierra de cultivos y a la tala clandestina.

De acuerdo a los datos del Programa Nacional Forestal 2014-2018, en México se estima que de los casi 65 millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas, 15 millones tienen potencial para el aprovechamiento comercial de recursos forestales maderables; sin embargo, su incorporación a la producción se ve limitada por problemas legales, técnicos y administrativos.

Por ello, con la aprobación de este dictamen, lograremos dotar a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de mayores elementos que permitan la conservación de nuestros bosques y selvas a través de su correcto aprovechamiento.

En este sentido, es de destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, es quien ha buscado realizar una definición uniforme de los productos forestales no madereros debido a los términos nuevos que han surgido, como los subproductos forestales.

De ahí la trascendencia de delimitar en nuestra legislación los términos y definiciones de forma precisa con la finalidad de evitar confusiones o erróneas interpretaciones jurídicas.

Por ello, un subproducto forestal son aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con la denominación: “Nuevas características y un uso final distinto”.

Adicionalmente, en este dictamen se faculta directamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de subproductos forestales, derivado a que actualmente ya emite certificados fitosanitarios.

Compañeros, los invito a votar a favor del presente dictamen debido a que será una muestra más de nuestra responsabilidad con los recursos naturales y el interés para lograr el objetivo de tasa cero de deforestación para el 2030, el cual, México tiene como compromiso la mitigación de gases efecto invernadero ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

En virtud de que no hay otros oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Senadora Beristain y Senador Chico, se registra su voto a favor del anterior dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señora Presidenta.

A las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, nos turnaron dos iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, para ser más precisos, el 166 Bis, 166 Bis 1 y 166 Bis 2, para que las personas tengan acceso a cuidados paliativos.

Es una pequeña, pero gran reforma, ya que se está incluyendo el tema de los enfermos en fase terminal, es decir, pacientes que por diferentes razones han complicado sus buenos resultados de atención a la enfermedad o hay complicaciones que impiden llegar a la curación, pero a quienes se les debe tratar dignamente a través de cuidados paliativos.

Los cuidados paliativos deben de ser accesibles para todas las personas que de cualquier grupo social y de cualquier edad puedan tener el riesgo de enfrentar alguna enfermedad potencialmente mortal, y es a través de la prevención y el alivio del sufrimiento que se debe identificar y brindar el tratamiento precoz del dolor y los síntomas básicos, además de aspectos psicoemocionales, sociales y, desde luego, hasta espirituales, para que se pueda brindar una mejor calidad de vida en ese momento difícil de la misma.

Por lo anterior, en votación unánime en la Comisión de Salud, y también en la de Estudios Legislativos, Segunda, hemos dado nuestro voto aprobatorio para que se agregue a estos artículos de la Ley General de Salud, el acceso a los cuidados paliativos.

Les pido su voto a favor y, por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador López Brito. Está a discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y Senadores:

Los cuidados paliativos son la respuesta organizada que cubre las necesidades de los pacientes y familiares que pasan por etapas de una enfermedad crónica o una enfermedad que ya se encuentra en fase terminal, momento en el cual la enfermedad deja de ser controlable, apareciendo múltiples síntomas somáticos y un deterioro progresivo asociado a cambios emocionales propios de adaptación a la pérdida de funciones y de roles que afectan tanto a los pacientes como a familiares.

Inicialmente los cuidados paliativos centraban su atención en pacientes oncológicos, y actualmente el modelo es aplicable a pacientes y familiares con enfermedades crónicas, no importando la edad, que va desde la infancia hasta el adulto mayor, y en enfermedades con sintomatología discapacitante, hasta los padecimientos avanzados que están en la fase terminal.

Un paciente puede recibir cuidados paliativos en cualquier etapa de su enfermedad, incluso a partir del momento del diagnóstico. Esto no depende del pronóstico y se puede brindar junto con el cuidado curativo o para prolongar la vida.

Los cuidados paliativos se pueden proporcionar en hospitales, centros para pacientes ambulatorios y en el hogar.

En la actualidad, los cuidados paliativos no son obligatoriamente institucionales, ya que en ellos se destaca el alivio de los síntomas del dolor y del sufrimiento en quienes padecen enfermedades crónicas o en fase terminal, tratándose al paciente en su globalidad, buscando mejorar la calidad de vida.

La tendencia actual no es recluir a los pacientes en unidades médicas para su cuidado y tratamiento, lo más importante es permitirle al paciente disfrutar de su ambiente familiar.

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud impulsa el cuidado del paciente en situación paliativa en el seno de su hogar, en su propio domicilio, y esto tomando en cuenta que cada paciente tiene su propia historia, relaciones y cultura, y que merece respeto como ser único y original.

Tradicionalmente hablar de cuidados paliativos era hablar exclusivamente de momentos de muerte inminente, y sin embargo, estos cuidados se ofrecen hoy desde el periodo inicial del curso de una determinada enfermedad progresiva, avanzada e incurable.

Los cuidados paliativos no sólo son para los padecimientos oncológicos o padecimientos crónicos, algunos son de tipo congénito desde el nacimiento y otros adquiridos, como lo son en padecimientos crónicos degenerativos, como las enfermedades cardiovasculares que pueden complicarse con accidentes cerebrovasculares, causando algún tipo de discapacidad.

De la misma forma, más del 50 por ciento de adultos y de adultos mayores, padecen problemas neurológicos y de la columna vertebral; asimismo, no podemos eximir las enfermedades degenerativas como osteoartritis y artritis reumatoide, todas causantes de discapacidades múltiples, y no se trata de padecimientos en fase terminal.

Aproximadamente una tercera parte de quienes necesitan de estos cuidados paliativos, son pacientes oncológicos y el resto padece enfermedades degenerativas.

La Organización Panamericana de la Salud hace un extenso análisis sobre la hospitalización domiciliaria, atención domiciliaria, alianzas estratégicas, gestión sanitaria e innovación en salud, y con esto se proponen alternativas a la organización tradicional de los servicios de salud, debido a la necesidad de que estos servicios funcionen con mayor eficiencia y eficacia, y disminuir el gasto en salud con actividades innovadoras, de preferencia a la asistencia ambulatoria, favoreciendo la transferencia del paciente del hospital a su entorno familiar.

En resumen, se insta a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a que formulen, refuercen y apliquen, según convengan, políticas de cuidados paliativos en apoyo del fortalecimiento integral de los sistemas de salud.

Por lo anterior, estimados amigos Senadores, les solicito su aprobación a este dictamen.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Se entiende por cuidados paliativos el conjunto de cuidados activos y totales de aquellas enfermedades que no representan un tratamiento curativo. Los cuidados paliativos abarcan el control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.

A fin de sentar las bases para regular lo relativo a los cuidados paliativos, el 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Salud en esta materia, incluyendo la creación de un Título Octavo Bis denominado: "De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal".

Esta reforma representó un paso importante para la atención digna de los enfermos terminales, es decir, aquellas personas que tienen una enfermedad incurable e irreversible y que tienen un pronóstico de vida inferior a seis meses.

Actualmente, los cuidados paliativos están limitados para las personas que se encuentran en situación terminal; sin embargo, existen otras personas que viven en condiciones de vida limitada, no forzosamente en situación terminal, que también pueden requerir cuidados paliativos.

Nos referimos a aquellas personas que presentan discapacidades o enfermedades graves sin posibilidades razonables de cura y con grandes probabilidades de morir. Esta condición causa un deterioro progresivo al cuerpo y hace que se incremente la dependencia del paciente sobre sus familias o cuidadores.

Debemos recordar que el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, se refiere al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos. Por ello, es necesario reconocer que los cuidados paliativos son un área importante de salud pública, ya que contribuyen al tratamiento de los pacientes.

En este sentido, el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, representa una base importante para mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados paliativos.

Con la aprobación de este dictamen, los cuidados paliativos estarán disponibles no solamente para los pacientes con enfermedades en estado terminal, sino para todos aquellos con enfermedad en situación paliativa, entendida como cualquier padecimiento diagnosticado que sea irreversible, progresivo e incurable, incluyendo la fase terminal.

Otra parte importante del proyecto de Decreto es que contribuye a diferenciar entre el tratamiento curativo y el paliativo, ya que permitirá:

1.- Determinar los medios considerados ordinarios y extraordinarios para conservar la vida del paciente.

2.- Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación paliativa y la obstinación terapéutica.

3.- Procurar la atención de los pacientes en situación paliativa, preferentemente en primer nivel de atención en asistencia ambulatoria o atención domiciliaria; y

4.- Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal.

Reconociendo la importancia de estos aportes, los Senadores del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen a fin de garantizar los derechos de los enfermos en situación paliativa.

Es cuanto, compañeros.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Recibimos de la Senadora Graciela Ortiz el texto de su intervención, el cual se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En virtud de que no hay otros oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos ahora la discusión de 12 dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta.

Siete, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de personas con discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de febrero de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos De La Mora y María Elena Barrera Tapia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del Partido Verde Ecologista de México presentaron una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone reformar el artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de personas con discapacidad.

De lo anterior se propone el siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Artículo 173.- Para los efectos de esta ley, se entiende por discapacidad a la o las limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, que presenta una persona que al interactuar con los factores ambientales (barreras) pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Mundial, señala que todas las personas del mundo pueden llegar a enfrentar en algún momento de su vida alguna discapacidad, ya sea de manera permanente o transitoria. Así mismo se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, tienen alguna discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes, entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

La OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale a alrededor del 15% de la población mundial, aunado a ello, dicha cifra tiene una tendencia creciente debido al envejecimiento poblacional, que se traduce en la mayoría de los casos, en el detrimento de la salud de la persona y que puede ocasionar pérdida de visión, audición o motricidad.

B. A partir de la resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, se trató de establecer los conceptos de discapacidad y minusvalía en los siguientes términos:

“Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.”

Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra minusvalía describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad”.

En la actualidad ambos términos pueden ser considerados como peyorativos u ofensivos y, por ende, contrarios al principio de la dignidad humana, y en consecuencia, se reformaron los ordenamientos jurídicos.

Hay que señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social que reafirma que las personas con tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Así mismo precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.

C. Algunos de los obstáculos que las personas con discapacidad pueden enfrentar, están relacionados con las políticas y normas que pueden resultar insuficientes al momento de aplicar las disposiciones a la realidad de cada entorno social; de tal manera que se considera necesario e importante, que se mantenga actualizada la normativa al respecto, con la finalidad de utilizar los términos correctos, así, es que la legislación mexicana, está acorde con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) quien define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Dicha clasificación, presentada desde 2001, señala específicamente que las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

F. Es por ello, que estamos de acuerdo con las proponentes en la intención de buscar una homologación de conceptos, sin embargo, como se expone en el presente, la legislación mexicana actualmente se encuentra en armonía con los términos establecido a nivel mundial y la modificación propuesta no añade a la misma.

La modificación, del artículo 173, dela Ley General de Salud, que a la letra señala: “Para los efectos de esta ley, se entiende por discapacidad a la o las limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, que presenta una persona que al interactuar con los factores ambientales (barreras) pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.”, resulta innecesaria y podría crear confusión.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la Iniciativa en comento, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa que contiene proyecto de Decreto que reformaba del artículo 173 de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el artículo 469 Bis a la Ley General de Salud, en materia de información para la salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 469 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 469 Bis, en relación a establecer una sanción a aquella persona que por cualquier medio oculte información para la salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de enero de 2015, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, presentó iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, en relación a una sanción a aquella persona que oculte información para la salud.

2. Con fecha 3 de Febrero de 2015, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente, plantea una propuesta que pretende reformar el artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, para efectos de plasmar una sanción a quien por cualquier medio oculte información para la salud o asiente como ciertos, hechos falsos, que pudiera resultar en una afectación grave al patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE (2015)

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 469 bis. Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de la presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 469 Bis.- A quien por cualquier medio oculte información para la salud o asiente como ciertos hechos falsos, que pudiera resultar en una afectación grave al patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Si quien realiza una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, técnico o auxiliar, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más.

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Actualmente las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, se hacen presentes dentro del rubro de la salud de una manera importante, ya que cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano.

Las posibilidades que las TIC ponen a disposición de la comunidad entre otras ventajas, es que puede disminuir los desequilibrios y las desigualdades del acceso a los servicios de salud, optimización de la relación costo-beneficio y favorecer al desarrollo y crecimiento.

Además del acceso a la información que proporcionan dichas tecnologías, es igualmente la vigilancia del contenido del sistema de información, su difusión, utilización e impacto en su conjunto. En este contexto, el sistema debe satisfacer las diversas necesidades reales y potenciales de información de sus usuarios.

C. En el sector salud el flujo de información es sumamente importante, ya que hay factores que lo demuestran como un sector con alto grado de regulación y totalmente de gestión pública. La implementación de estas tecnologías dentro del sector salud genera un cambio, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a áreas como planificación, información, gestión, prevención y promoción, siendo de gran utilidad para eficientar al sector sanitario.

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que la información de la salud debe llevar consigo veracidad, integridad, validez y en general la calidad de la misma, que tiene como fin principal la toma de decisiones para proporcionar servicios de salud de calidad a la población.

D. Por lo anterior, se observa que el espíritu de la propuesta es loable, sin embargo se tiene que puntualizar lo siguiente:

• Por lo que hace a la propuesta de tipificar la acción mencionada como delito, en el rubro de información en salud que se genera en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, dicho supuesto, ya se encuentra previsto en el artículo 214 fracción IV, del Código Penal Federal el cual a la letra dice:

CAPÍTULO II
Ejercicio indebido de servicio público

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

I.- a III

IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

V.- y VI.-         

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

• Por otro lado si bien se estima que pudiera establecerse como Ilícito Penal, el ocultamiento o el reporte de datos falsos relacionados con la información en salud que deben proporcionar las instituciones de los sectores social y privado del Sistema Nacional de Salud, el texto propuesto no brinda una debida certeza jurídica, respecto de la conducta típica que se pretende establecer, pues de manera genérica se hace referencia al ocultamiento de información para la salud que se asienten como ciertos hechos falsos, sin relacionar dichas conductas con la obligación que tienen las instituciones de salud integrantes del Sistema Nacional de Salud, de proporcionar a la Secretaría de Salud la información en salud en el Marco del Sistema Nacional de Información en Salud, cuya adecuada integración se pretende tutelar en esta iniciativa, según se desprende de su exposición de motivos.

Cabe señalar que el 4 de junio de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Ley General de salud en materia de Fortalecimiento del Seguro Popular y entre esas modificaciones se realizó una en el artículo 469 Bis, la cual establece la pena siguiente:

Artículo 469 bis. Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de la presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En este sentido, la aprobación de la Iniciativa estaría derogando la disposición mencionada.

Adicionalmente, se hace notar que establecer que la ocultación de información, y asentar como ciertos hechos falsos, puede resultar en una afectación grave al patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud, es inexacto ya que dicha Secretaría como dependencia del Ejecutivo Federal, carece de personalidad y patrimonio propio, y en consecuencia no puede existir afectación de su patrimonio o intereses. Por lo anterior estas comisiones dictaminadoras consideran inviable dicha propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único: Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaba el artículo 469 Bis. de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el   dictamen.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforman los artículos 3o. y 96 de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades hereditarias.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 96 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 96 de la Ley General de Salud, relativas a las enfermedades  hereditarias.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 30 de Junio de 2010, el Senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia de la LXI Legislatura, presentó iniciativa que reforma los artículos 3 y 96 de la Ley General de Salud. En materia de enfermedades hereditarias.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que nos ocupa, reforma los artículos  3 y 96 de la Ley General de Salud en materia de enfermedades hereditarias. Que a la letra establece:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a VIII.  . . . . . . . . .

VIII Bis. La promoción ante los sectores público, privado y social para la creación de fondos de inversión destinados a la investigación y estudio para la atención de enfermedades hereditarias

IX. a XVIII.  . . . . . . . . . .

XVIII Bis. La prevención y el control de enfermedades hereditarias.

XIX. a XXXI.  . . . . . . . . . .

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I. a III.  . . . . . . . . . . . . . .

III Bis. A la prevención y control de las enfermedades hereditarias.

V. a VI.  . . . . . . . . . . . . . .

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Las enfermedades hereditarias son un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por transmitirse de generación en generación, es decir de padres a hijos, en la descendencia y que se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas. Cabe destacar que existen diferencias entre enfermedad hereditaria y enfermedad congénita. La primera, se adquiere con el nacimiento y se manifiesta desde el mismo, puede ser producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario o durante el parto; la segunda, es producida por alteraciones en el ADN, pero que no tiene por qué    haberse adquirido de los progenitores, así ocurre, por ejemplo, con la mayoría de los cánceres.

C. Se coincide que la inversión encaminada a la investigación, es parte medular para el desarrollo en salud de nuestro país, en este caso, apoyaría a las enfermedades hereditarias. El impulso y el éxito de la investigación en enfermedades hereditarias, depende de la planeación y operación integral de los sectores público, privado y académico. Es cierto que gracias a la investigación los gobiernos pueden contar con la posibilidad de que las instituciones públicas de salud alcancen estándares internacionales, dispongan de recursos humanos especializados y ofrezcan tratamientos de calidad para la población; al tiempo que se permite el avance tecnológico y se fomenta el desarrollo económico nacional.

D. Es de señalarse que el proponente hace mención que la inversión en investigación médica es un factor clave para el desarrollo de medicamentos innovadores, el beneficio a pacientes y el impulso de la competitividad en nuestro país. Si este tipo de investigación se focaliza también en las enfermedades hereditarias, se tendrían muchos beneficios.

E. Así mismo, se coincide en que las universidades y los laboratorios requieren una mejora integral para determinar la periodicidad genética sobre la manifestación de enfermedades intestinales, mentales, del corazón, a nivel óseo y todo lo que convierte los genes recesivos en síntomas evidentes en una persona sobre una enfermedad que algunos de sus antepasados padeció.

F. Estas comisiones están de acuerdo con la intención del Legislador, sin embargo, es de destacarse que dicha propuesta resulta innecesaria en virtud de que las modificaciones que se pretenden implementar en materia de enfermedades hereditarias, ya se encuentran contempladas dentro de la propia Ley General de Salud. A través de preceptos generales que regulan los temas de la prevención y control de enfermedades, así como de la investigación en salud.

Por otro lado, es de enfatizarse que la Iniciativa en análisis incumbencia de este dictamen, no considera la universalidad de los padecimientos, pudiéndose entender como un beneficio solo para enfermedades hereditarias y por tanto, se puede considerar discriminatorio respecto de personas que tienen otro tipo de padecimientos.

Así mismo cabe mencionar que en la reforma al artículo 3 donde se pretende adicionar una fracción que marque la promoción ante los sectores públicos, privados y sociales para la creación de fondos de inversión a la investigación. Al respecto se debe decir que el artículo 3 plasma la generalidad de la salubridad, donde no tendría lugar lo pretendido.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran loable el espíritu del Legislador, sin embargo, es inviable la implementación de esta reforma, por considerarse que ya está contemplada en la Ley General de Salud.

Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman inviable aprobar dicha propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 3 y 96 de la Ley General de Salud y se da por concluida.

COMISIÓN DE SALUD.
COPMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de junio de 2011, el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador proponente señala en su iniciativa la problemática de la proliferación de los negocios de apuestas, los establecimientos conocidos como casinos, y no precisamente los salones de eventos, sino de juegos de azar, haciéndose esta forma de diversión bastante popular y socialmente aceptada. Comenta que dicha diversión ha afectado negativamente la salud de los mexicanos, y ha provocado diversas patologías psicológicas entre quienes gustan de los juegos de azar, ya que no existen campañas de promoción, difusión y prevención sobre los riesgos para la salud que implica el jugar compulsivamente.

Es por ello que el Senador propone adiciona un Capítulo V, con los artículos 193 Ter, 193 Quáter y 193 Quintus, al Título Décimo Primero, de la Ley General de Salud, con la finalidad de planear y ejecutar un “Programa Contra la Ludopatía”, para lo cual establece en dicha propuesta:

• Que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, se coordinen para la ejecución del programa contra la ludopatía.

• Que implementen acciones tales como:

- La prevención y el tratamiento de la ludopatía y, en su caso, la rehabilitación de los ludópatas;

- La educación sobre los riesgos que implican los juegos de azar en la salud y en las relaciones sociales, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y;

- El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la ludopatía.

• Realizar actividades de investigación para obtener la información que oriente las acciones contra la ludopatía y el riesgo para la salud que representan los juegos de azar.

III. CONSIDERACIONES

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La ludopatía es un trastorno del comportamiento, que consiste en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o más, tanto si incide en las dificultades que supone para el individuo dejar de jugar cuando está apostando, como si nos referimos a mantenerse sin apostar definitivamente en aquel juego o en otros.

Estas conductas siguen un modelo adictivo en la mayoría de los casos, tanto en la manera en como se adquiere o mantiene el trastorno, como en las distorsiones de pensamiento, emocionales y comunicacionales que provoca y, desgraciadamente, en los efectos desastrosos en las relaciones familiares, laborales y escolares del jugador.

C. En México no hay una cifra exacta de ludópatas, pues la mayoría de los adictos al juego no saben que su padecimiento, erróneamente considerado como un vicio y no como una enfermedad, que puede llegar a ser más grave que la adicción a las drogas y el alcohol.

Según datos de la Asociación Americana de Psiquiatría, cada ludópata afecta por lo menos a las seis personas más cercanas a su vida, ya sea por los efectos psicológicos o por la dependencia económica.

Es precisamente en este plano en donde se genera una de las principales consecuencias, siendo una de las más llamativas, aunque no la más grave, ya que el patrimonio familiar se encuentra amenazado porque el jugador compulsivo pierde constantemente dinero en las apuestas, ocasionando la ruina de familias enteras, que literalmente se quedan en la calle, por la compulsión que tiene el ludópata en obtener dinero para jugar.

D. Entre otras cosas, el jugador patológico puede desarrollar además depresión, altos niveles de nerviosismo, tensión y agresividad. Puede tener pensamientos de inutilidad, de culpabilidad, de que no vale para nada y de que lo único que hace es crearse problemas él y a los que le rodean. En ocasiones aparecen problemas como dolores de cabeza, molestias en el estómago y dificultades para conciliar el sueño.

Cabe resaltar que de todas las adicciones, la del juego es la que más se relaciona con las tendencias suicidas, según estimaciones de especialistas de la Asociación Americana de Psiquiatría, con sede en Estados Unidos.

E. El Estado tiene como deber atender con políticas correctas de prevención,    promoción y tratamiento de este padecimiento, toda vez que está plenamente comprobado por organizaciones internacionales de salud que los costos sociales ligados al abuso de juegos de azar ocasionan problemas graves, como los generados por las adicciones.

En tal virtud el Estado debe de tener una participación bastante activa en este rubro para velar por la conservación de la salud de las personas y fomentar la participación de éstas en el proceso, ya que se requiere de un trabajo conjunto para obtener buenos  resultados.

F. No obstante lo anteriormente vertido, se considera improcedente la reforma toda vez que como se señala en el cuadro comparativo, el espíritu de la misma ya se encuentra contenido en el Capítulo VII denominado Salud Mental del Título Tercero de la Prestación de los Servicios de Salud, de la Ley General de Salud.

Objetivos como la coordinación de autoridades competentes para prevenir y promover la salud mental, la realización de campañas con el objetivo de difundir entre la población los diversos trastornos, pero además el establecimiento de los derechos de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, por mencionar algunas, son disposiciones que se establecen de los Artículos 72 a 77 de la Ley General de Salud Vigente y que como su Capítulo lo indica, son materia de Salud Mental, lo que debe responder a todos los tipos de trastornos mentales, desde la neurosis, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ludopatía, por mencionar algunos.

Aunado a ello, el establecimiento de los Programas de Gobierno deben de establecerse dentro del Plan de Trabajo de la Secretaría de la Materia, lo anterior por diversas razones, pero en concreto 2 importantes, en primer lugar, no se puede establecer un Programa en una legislación federal, toda vez que la Secretaría debe de tener la facilidad de hacer modificaciones y adecuaciones a los mecanismos con los cuales funciona, de otra forma los únicos facultados para modificar las normas del Programa serían los Diputados y Senadores, es decir el Poder Legislativo, toda vez que es a través de reformas o adiciones que se tendrían que hacer las modificaciones y perdería operatividad. En segundo lugar, no se puede especificar el tipo de trastorno mental, en este caso la Ludopatía, porque, una de las características de las leyes es su   generalidad. 

DECRETO PROPUESTO

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

CAPÍTULO V.
Programa Contra la Ludopatía

Artículo 193 Ter.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la ludopatía, a través de las siguientes acciones:
I. La prevención y el tratamiento de la ludopatía y, en su caso, la rehabilitación de los ludópatas;

 

 

II. La educación sobre los riesgos que implican los juegos de azar en la salud y en las relaciones sociales, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la ludopatía.

Artículo 193 Quáter.- Para obtener la información que oriente las acciones contra la ludopatía y el riesgo para la salud que representan los juegos de azar, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. Causas de la ludopatía y acciones para controlarlas.

II. Hábitos en los juegos de azar en los diferentes grupos de población y

III. Efectos en los ámbitos familiar, social, laboral y educativo de practicar de manera compulsiva juegos de azar.

Artículo 193 Quintus.- En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra la ludopatía. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

 

 

La atención de los trastornos   mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque   comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

 

 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I. a II. (…)

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionaban diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental, lo anterior, derivado de que el objetivo de la misma, ya se encuentra establecido en el Capítulo VII “Salud Mental”, del Título Tercero de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el artículo 63 de la Ley General de Salud, en materia de atención al embarazo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 63 de La Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 25 de Octubre de 2011, el Senador Calos Navarrete Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura, presentó iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley General de Salud. En relación a la atención integral de la mujer durante el embarazo.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que nos ocupa, reforma el artículo 63 de la Ley General de Salud. En materia de atención integral de la mujer durante el embarazo. Que a la letra plasma:

“Artículo 63.- La atención integral de la mujer en embarazo debe proporcionarse sin necesidad de ser derechohabiente de alguna institución de salud y sin erogación de gasto alguno, en cualquier unidad de salud del sector público. La unidad de atención deberá realizar la historia clínica y otorgar el servicio de control prenatal hasta el puerperio inmediato para crear condiciones propicias para una labor de parto favorable.

Las instituciones de salud del sector público o privado tienen la obligación de informar a sus mujeres pacientes en embarazo sobre la asistencia gratuita o no que brinden los cuidados de control prenatal y de puerperio.

La atención de la mujer que no es derechohabiente de ninguna institución de salud pública en situación de embarazo de alto riesgo o emergencia obstétrica que sea trasladada por urgencia a cualquier unidad de salud del sector privado deberá ser atendida de manera gratuita y una vez resuelto el problema inmediato y que no se ponga en peligro la vida de la madre y el recién nacido, se procederá a efectuar la referencia a la unidad que le corresponda.

La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.”

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. La atención materno-infantil es de suma importancia, como la palabra dice a este grupo pertenecen las mujeres embarazadas, los recién nacidos, incluso hasta después de los 5 años; e inclusive mujeres que planean embarazarse.

Es relevante que a este grupo de personas reciban la atención adecuada debido a que sin este apoyo pueden generarse gastos en salud y que posiblemente sean prevenidos con la adecuada información y protección, durante y al término del embarazo y en los primeros 5 años de vida del niño que son importantes para su desarrollo.

C. La atención que se les debe de brindar a todas las mujeres gestantes debe ser muy especial pues en ese etapa el cuidado y atención que reciba por parte del sector salud es clave para la salud tanto de la paciente como del ser humano que gesta.

D. Sabemos que hoy en día un número importante de mujeres embarazadas  son expuestas a diversos padecimientos como  la preclamsia, que es la presencia de hipertensión a partir de la semana 20 de gestación, la cual se puede complicar con hemorragia cerebral. La hemorragia obstétrica es la segunda complicación más común y la misma, se presenta principalmente en el momento del parto, aunque puede aparecer durante el embarazo o el puerperio.

Es de destacar que en los primeros tres meses de embarazo la madre se encuentra en la etapa crucial para el desarrollo y salud de su bebé, ya que es cuando los órganos se forman.

E. El cuidado a la mujer embarazada ha sido un tema recurrente debido a que en México aún hay una tasa de mortalidad de casi 40 defunciones por cada mil nacidos. Además en los125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, la mortalidad materna se mantiene constante, pasando de 138.5 muertes maternas por cada 100 mil nacidos en 2009 a 138.6 en 2010, de acuerdo con cifras oficiales.

F. Cabe decir que un objetivo principal, debe ser poder disminuir la  mortalidad materna, mejorando el diagnóstico y tratamiento oportuno de las complicaciones del embarazo, aumentando la calidad y seguridad de la atención del parto.

G. Por otro lado, es de mencionarse que la Secretaría de Salud ha implementado diversas estrategias para fortalecer la salud materna y perinatal, como son: Mujeres Cuidando Mujeres, Observatorio Ciudadano de Mortalidad Materna, Partería Profesional y la Universalización de la Atención de la Emergencia Obstétrica. Así como demás programas que son dirigidos a la prevención, detección y control de factores de riesgo obstétrico y perinatal.

H. Estas Comisiones dictaminadoras consideran que es loable el espíritu de la Iniciativa ya que como se ha mencionado la atención materno- infantil es sumamente importante, sin embargo, se considera que dentro de la Ley General de Salud ya se encuentra regulado en el Capítulo V. “ Atención Materno Infantil”.

En específico se debe mencionar el artículo 61 el cual hace referencia a la protección materno–infantil:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Así mismo el artículo 61 Bis marca que; “ Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley .”

Aunado al argumento anterior es de mérito mencionar el artículo 77 bis. 1 y 77 bis. 3, que establece lo siguiente:

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Artículo 77 bis 3.- Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.

En cuanto a la obligación de las autoridades sanitarias se marca el siguiente artículo de la Ley en comento:

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Así mismo La NOM-007-SSA2-1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Tiene como objetivo establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Su campo de aplicación establece que esta Norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud en las unidades de salud de los sectores público, social y privado a nivel nacional, que brindan atención a mujeres embarazadas, parturientas, puérperas y la atención del recién nacido.

Derivado de esta norma es importante destacar algunos puntos como los siguientes:

5.1.1 La atención de una mujer con emergencia obstétrica debe ser prioritaria, y proporcionarse en cualquier unidad de salud de los sectores público, social y privado. Una vez resuelto el problema inmediato y que no se ponga en peligro la vida de la madre y el recién nacido, se procederá a efectuar la referencia a la unidad que le corresponda.

5.1.2 En la atención a la madre durante el embarazo y el parto debe de vigilarse estrechamente la prescripción y uso de medicamentos, valorando el riesgo beneficio de su administración.

5.1.3 La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y al recién nacido debe ser impartida con calidad y calidez en la atención.

5.1.4 Las mujeres y los niños referidos por las parteras tradicionales o agentes de salud de la comunidad deben ser atendidos con oportunidad en las unidades donde sean referidas.

5.1.5 La unidad de atención deberá disponer de un instrumento que permita calificar durante el embarazo, el riesgo obstétrico en bajo y alto, el cual servirá para la referencia y contrarreferencia (en las instituciones organizadas por niveles de atención).

I. Con lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran inviable  la aprobación de dicha Iniciativa, por considerarse ya prevista dentro de la Ley General de Salud así como otros instrumentos que cobijan y dan respuesta al problema materno infantil que puede tener alguna mujer en embarazo, parto o puerperio incluso del recién nacido.

Las Comisiones dictaminadoras, estiman inviable aprobar en sus términos  la propuesta contenida en la iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley General de Salud y se da por concluida.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforman los artículos 3o. y 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud bucal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 3 y 61 de la Ley General de Salud, en materia de Salud Bucal.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de Febrero de 2012, el Senador Manuel Velasco Coello, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXI Legislatura, presento Iniciativa  que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 61 de la Ley General de Salud, en materia de Salud Bucal.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia   de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador proponente pretende la adición de una fracción IV Bis 3 al artículo 3, así como la modificación de la fracción V del artículo 61, ambos de la Ley General de Salud para generar disposiciones legales que permitan implementar estrategias para la prevención y tratamiento de las enfermedades buco-dentales. El autor de la iniciativa, estima pertinente y oportuna la iniciativa, toda vez que la importancia de la atención de las enfermedades bucales, se debe a que estudios demuestran que  dentro de la medicina odontológica, vinculan este tipo de enfermedades con otro tipo de problemas de salud, tales como cardiovasculares, diabetes, derrame cerebral, entre otros.

III. CONSIDERACIONES

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.

C. Las enfermedades bucodentales a nivel mundial, son consideradas un problema de salud pública, debido a que en ellas se manifiestan factores tales como, la frecuencia, la magnitud, la constancia y los altos costos económicos para su atención.

D. Cabe mencionar que a nivel mundial según la OMS, las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las periodontopatías. El 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dental. Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 5%-20% de los adultos de edad madura; la incidencia varía según la región geográfica.  Así mismo la incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por 100 000 habitantes en la mayoría de los países.

Los defectos congénitos, como el labio leporino y el paladar hendido, se dan en uno de cada 500-700 nacimientos; la prevalencia de nacimiento varía sustancialmente entre los distintos grupos étnicos y zonas geográficas.

Cabe decir que un 40%-50% de las personas VIH-positivas sufren infecciones fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen aparecer al principio de la infección.

La atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga económica para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario público guarda relación con la salud bucodental.

E. En México las políticas de salud bucal se han incrementado, y estas se  enfocan en la disminución de la aparición de caries, de enfermedades periodontopatias y del cáncer bucal, para lograr resultados positivos, se han diseñado acciones dentro de la educación preventiva en escuelas y en la educación asistencial; estas acciones se intensifican durante la Semana Nacional de Salud Bucal, con la participación de los Sectores de Salud y Educativo, así como Escuelas y Facultades de Odontología, Asociaciones Odontológicas y de la Industria especializada en esta materia.

F. De acuerdo a los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB), durante el 2010 se examinaron a 223,240 pacientes de diferentes edades de las 32 entidades federativas del país, de estos, 73,067 se encuentran entre los 2 y los 19 años de edad.

Como podemos ver es un problema que merece estrategias y acciones para combatir de frente esta problemática. Y cabe decir que se han venido implementando dichas acciones las cuales derivan de la legislación vigente.

G. Las acciones realizadas por el gobierno federal han ayudado a la disminución de los índices de caries y enfermedades periodontales dentro de áreas urbanas. Es importante que las acciones en materia de salud bucal, se enfoquen principalmente a la prevención y la disminución del daño que estas enfermedades causan dentro de los grupos vulnerables, sobre todo dentro de la atención materno-infantil, ya que estos, siempre son los más afectados.

H. Coincidimos en el espíritu de la iniciativa de tener como prioridad la salud bucodental, Sin embargo estas comisiones dictaminadoras consideran inviable dicha Iniciativa derivado de  los siguientes argumentos:

Del análisis realizado minuciosamente a la loable iniciativa que incumbe este Dictamen, la cual  adiciona una fracción IV Bis. 3 al artículo 3 y reforma la fracción V del artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia bucodental ya multicitada, se desprende; que dicha propuesta duplica disposiciones normativas que actualmente se encuentran contenidas de manera especial en la Ley en comento en virtud de que la salud bucodental ya se encuentra incorporada dentro del artículo 27  como servicio básico de salud, el cual a la letra expone:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Asimismo es destacarse que el  plasmar  en el artículo 3º la Ley General de Salud,  como salubridad general a la salud bucodental , debe tomarse en cuenta  que las materias de salubridad general del artículo en comento deben contemplarse con la mayor generalidad posible al impactarlo con una reforma legislativa, con la finalidad de evitar que ese precepto se convierta en un catálogo para la atención de enfermedades específicas, así como evitar discriminar la atención de ciertas enfermedades en relación con otras que de igual manera generan mayor impacto en la sociedad y salud pública.

I. Por otra parte cabe mencionar que la salud bucal va de la mano con la educación para la salud la cual orienta, fomenta  y proporciona desarrollo de conductas , conocimientos, actitudes que permitan a la población participar para la prevención de las enfermedades bucodentales. Por ello se desprende que la salud bucal también se encuentra contemplada en el artículo 112 que a la letra plasma:

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

J. Por último estas comisiones dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos consideran que la implementación de dicha reforma es innecesaria, en virtud de que la salud bucodental, ya se encuentra contemplada en la Ley General de Salud como un servicio básico de salud, y se menciona que con las disposiciones vigentes, ya se pueden impulsar programas, estrategias  y acciones que permitan abordar y prevenir los  problemas de la salud bucodental.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba los artículos 3 y 61 de la Ley General de Salud. Lo anterior por los argumentos plasmados en el apartado de consideraciones.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Salud, sobre enfermedades crónicas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de enfermedad Renal Crónica.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, la Senadora Lorena Cuellar Cisneros,   integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud en materia de enfermedad renal crónica.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia   de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen   correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta de modificación a la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud, con la finalidad de crear un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada, desagregando por grupos de edad, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

CAPITULO II
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 17. …
I. al VIII. (…)

 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta
Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general, y

           
X (…)

 

 

CAPITULO II
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

 Artículo 17. …
I. al VIII. (…)

 

IX. Crear un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada, desagregado por grupos de edad.

 

 

X (…)

Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La enfermedad crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

La enfermedad renal crónica (ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las funciones renales.

C. La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente durante meses o años y es posible que no se note ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que no presenta síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar.

La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo.

Hay que destacar que la diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes y son responsables de la mayoría de los casos.

Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, entre ellas:

Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia);

Anomalías congénitas de los riñones (como la poliquistosis renal);

Ciertos químicos tóxicos:

Lesión al riñón:

Cálculos renales e infección;

Problemas con las arterias que irrigan los riñones;

Algunos medicamentos como analgésicos y fármacos para el cáncer;

 Flujo retrógrado de orina hacia los riñones (nefropatía por reflujo);

Otras enfermedades del riñón.

La enfermedad renal crónica lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho en el cuerpo. Este padecimiento afecta a la mayoría de las funciones y de los sistemas corporales, como:

Hipertensión arterial.

Hemogramas bajos.

La vitamina D y la salud de los huesos.

Los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica también son los mismos que para muchas otras enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales.

Los síntomas pueden ser, entre otros:

Inapetencia.

Sensación de malestar general y fatiga.

Dolores de cabeza.

Picazón generalizada y resequedad de la piel.

Náuseas.

Pérdida de peso sin proponérselo.

D. Hay que señalar que este padecimiento es un problema que ha crecido de forma gradual en las últimas tres décadas a nivel mundial pero en mucho mayor medida en México y en Latinoamérica, alcanzando prevalencias tan elevadas, que se ha informado que una de cada 10 personas adultas pueden presentar enfermedad renal crónica de algún grado.

La mayoría de las veces las personas no cuentan con algún tipo de seguridad social que cubra los costos asociados al tratamiento en todos sus rubros, se ven en la necesidad de cubrir gastos de al menos 150 mil a 200 mil pesos por año cuando una persona debe someterse a diálisis y en frecuentes ocasiones no son capaces de enfrentar los costos referidos, lo que lleva a la muerte del enfermo.

E. La proponente hace referencia que existe un aumento acelerado de la incidencia de la enfermedad renal crónica, y al respecto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido a los gobiernos de diversos países latinoamericanos, entre los que se incluye México, que existe un importante sub-registro de la enfermedad, en gran medida debido a carencia de registros y datos estadísticos confiables así como a las carencias que sufren los sistemas de salud pública de la región. Es por ello, que el objetivo final de la propuesta en análisis pretende que México cuente con un registro de enfermedades renales crónicas.

Con ello se obtendría una estimación muy cercana de la prevalencia de la enfermedad renal avanzada, lo que permitiría conocer las causas de la enfermedad con más precisión, tasas de prevalencia e incidencia por estados y regiones, morbilidad asociada, tasas de mortalidad, entre otras muchas aportaciones de información.

F. Estas comisiones dictaminadoras hacen referencia a lo loable de la iniciativa, cuyo espíritu es ir previniendo y erradicando la enfermedad renal crónica, sin embargo no coinciden en el fondo de la propuesta por lo que se hacen las siguientes consideraciones:

1.-La Ley General de Salud contempla en su artículo 7, fracción X que corresponde a la Secretaría de Salud, como coordinadora del Sistema Nacional de Salud, promover el establecimiento de un Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en su artículo 24, fracción IX, prevé como atribución de la Dirección General de Información en Salud diseñar, coordinar y normar los sistemas de información estadísticos, electrónicos e impresos del Sistema Nacional de Salud, así como los catálogos y estándares que se incorporan a ellos.

2.-Así mismo cabe señalar que el 5 de septiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, el cual tiene por objetivo establecer el citado Sistema, como una herramienta que garantice el intercambio de información y su análisis en materia de salud a nivel nacional, integrado de forma estructurada y sistematizada información básica en materia de salud, el cual será administrado por la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, por conducto de la Dirección General de Información en Salud.


3.-Así también, tanto el Acuerdo referido, en su artículo 2, como el Manual de Operación del Sistema Nacional de Información básica en Materia de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre de 2012, establecen que la Información Básica en Materia de Salud, deberá contener, al menos, los siguientes datos: nombre completo, edad, sexo, domicilio, así como el historial clínico, hospitalario e información de última cita de urgencias, respecto de los Beneficiarios.

4.-Por otro lado, a efecto de regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud registren, intercambien y consoliden información, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, la cual en los numerales 3.27, 3.43, 3.49, 3.52 y 3.53 señala la Información Básica en Materia de Salud, el Registro Electrónico en Salud, el Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud, el Sistema Nacional de Información en Salud, el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud y el Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud.

5.- Se debe puntualizar, que el Programa Sectorial de Salud 2013-2014, establece en su objetivo 6, avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, el cual tiene como Estrategia 6.4. Establecer la Integración de un sistema universal de información en salud, en cuyas líneas de acción contemplan: 6.4.4. Instrumentar el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, 6.4.8. Consolidar un Padrón General de Salud de derechohabientes, beneficiarios, asegurados, afiliados, pacientes, profesionales de la salud y padrones sustantivos y 6.4.9. Establecer las bases   para la gestión de la identidad en salud a través de un Padrón General de Salud.

6.-Por último se destaca que la Secretaría de Salud, implementará como parte del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud el proyecto denominado Padrón General de Salud, el cual capta información básica de beneficiarios, entre la que se encuentra, la referente a deficiencias o padecimientos específicos que prestan usuarios de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, como por ejemplo, de enfermedades renales crónicas.

Por ende, estas Comisiones Dictaminadoras consideran Inviable dicha propuesta por las consideraciones anteriormente vertidas.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modificaba la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 10  de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de abril de 2009, la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, remitió a la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que precisa formular ante el H. Congreso de la Unión, el contenido de la iniciativa con proyecto de Decreto, por medio de la cual se propone reformar la fracción IX, recorriendo el contenido de la actual y subsiguientes, que pasarán a ser las fracciones X a la XV, del artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), que contempla las atribuciones y facultades de la Asamblea General.

La iniciativa también establece que dentro de las atribuciones y facultades de la Asamblea General, y una vez que el crédito sea otorgado, deberá considerar las actualizaciones al salario registrado de los acreditados, con la finalidad de modificar el descuento mensual sin contravenir lo dispuesto en el artículo 97, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, misma que establece:

Artículo 97.- Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

I…

II…

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% del salario.

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores.”

Con base en lo anterior, se propone reformar el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual actualmente señala:

“Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

IX.- Aprobar el Código de Ética del Instituto y ordenar al Director General su expedición;”

Conforme a esta propuesta, debe señalar:

“Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I…

II…

III…

IV…

V…

VI…

VIII.

IX.-Una vez que el crédito haya sido otorgado, deberá considerar las actualizaciones al salario registrado de los acreditados, con la finalidad de modificar el descuento mensual sin contravenir lo dispuesto por el artículo 97, fracción III de la Ley Federal del Trabajo.

X.- Aprobar el Código de Ética del Instituto y ordenar al Director General su expedición;”

XI. Aprobar normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al Director General su expedición.

XII.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

XIII.- Conocer los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

XIV.- Ratificar los nombramientos y remociones de los integrantes del Comité de Auditoría, y

XV.- Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo.

Lo anterior, en razón de que a veces se presenta reducción en la jornada laboral o los días laborables para el trabajador, por causas externas a él y en consecuencia, el sueldo que su patrón registró ante el INFONAVIT no está actualizado, y los descuentos que se le hagan al trabajador podrán ser excesivos.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los trabajadores del país, es preciso señalar que:

PRIMERA.- Que la disminución en los descuentos que se efectúan a los trabajadores por virtud de un crédito que otorga el Instituto; (derivado de la disminución de su salario) implica que el trabajador no cubra el total de la amortización a la cual se obligó a pagar al INFONAVIT teniendo dos impactos:

a) En el patrimonio del trabajador, al convertir su crédito en una deuda impagable;

b) En las finanzas del Instituto, ya que al no poder recuperar los montos de créditos otorgados se vería comprometida su capacidad de otorgar créditos a los trabajadores que aún no han ejercido su derecho al mismo.

SEGUNDA.- Que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, vería disminuida su capacidad económica, y su función que es de indudable interés público; ya que el Instituto tiene el derecho y la obligación de recuperar los créditos otorgados, para reintegrar los recursos al Fondo Nacional de Vivienda, propiedad de los trabajadores derechohabientes, por tanto, las prácticas de cobranza deben reconocer en todo momento los derechos fundamentales de los acreditados.; y

TERCERA.- El INFONAVIT desde el año 2005 y con el propósito de considerar las mejores prácticas en materia de administración de cartera hipotecaria, diseñó el modelo de cobranza social, el cual busca brindar alternativas de solución a los acreditados que por falta de capacidad económica se ven imposibilitados para hacer frente a los pagos de sus créditos hipotecarios suscritos con el Instituto en diversos esquema de apoyo para que pueda regularizar su situación de adeudo y conserven su vivienda.

Por tanto, estas Comisiones Dictaminadoras, estiman la inviabilidad del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que se propone, por lo que someten a la aprobación de ésta Honorable Asamblea, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

SEGUNDO.- Archívese el Proyecto de Decreto, materia del presente dictamen, como un asunto plenamente concluido.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA: Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.





 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 116 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 123 constitucional, en materia de normas para regir la vida sindical.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NORMAS PARA REGIR LA VIDA SINDICAL

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 123 constitucional, en materia de igualdad salarial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE IGUALDAD SALARIAL

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, en relación con diversos proyectos de Decreto para reformar la Ley General de Educación y diversas leyes en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DIVERSAS LEYES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Ninguno de estos dictámenes tiene oradores registrados. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los dictámenes. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a sus promoventes.





 

Pasamos al desahogo de 11 dictámenes con puntos de Acuerdo, emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con los dictámenes sobre los que no hay reservas.

Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a remitir al Senado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta)







 

Y por el que se solicita informar los trabajos y actividades de los representantes de México que han encabezado algún órgano dependiente de mecanismos multilaterales en el curso de la presente administración federal.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

Dos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a actualizar la Norma Oficial Mexicana sobre animales de compañía.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se exhorta a redoblar esfuerzos con el propósito de disminuir e inhibir la tala clandestina en bosques y selvas de México.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)







 

Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con puntos de Acuerdo:

Por el que el Senado de la República se pronuncia en favor de la adopción de políticas de austeridad del gasto público y de los gobiernos municipales.

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se exhorta al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a salvaguardar los espacios y símbolos alusivos a la memoria de don Salomón González Blanco.

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)







 

Tres, de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a realizar la campaña sobre el valor de la identidad cultural.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativa a prevenir y evitar actos de discriminación en los jóvenes con identidades culturales diferentes.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 4 de noviembre del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo, promovida por el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a fin de prevenir y evitar actos de discriminación en los jóvenes.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y criminalización de las y los jóvenes con identidades culturales diferentes.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente señala que el derecho a la igualdad entre las personas es uno de los principios jurídicos que garantizan la vida democrática del país; sin embargo, las acciones tendientes a reconocer y velar por la igualdad deben ser proporcionales en cuanto a limitar y erradicar la discriminación.

Resalta que la igualdad debe ser entendida de forma material en el trato de lo social y lo institucional para todas las personas, independiente de sus condiciones sociales, económicas y culturales.

Expone que la sociedad actual en México, y en el mundo entero, genera una dinámica interpersonal que propicia la consolidación de nuevos grupos sociales, que buscan un espacio de identificación en común, donde sobresalen las juventudes modernas, que realizan una praxis de su producción y reproducción social de maneras divergentes; es decir, diferente a los estereotipos comúnmente concebidos como los únicos adecuados o válidos.

Argumenta que las juventudes en México, expresadas en el ámbito de las colectividades urbanas o de las grandes ciudades, buscan un espacio de individualidad y de reconocimiento de identidad, manifestándose a través de simbolismos muy específicos que libremente se expresan mediante rasgos muy particulares en su vestimenta, objetos y signos distintivos en su cuerpo, tales como: tatuajes, perforaciones y modificaciones estéticas.

Ejemplifica que se ha evidenciado en múltiples ocasiones que, los cuerpos policiacos usan como medio de identificación de la persona responsable de un hecho punible, las características físicas e identitarias que se expresan en un estilo de vestimenta y de signos distintivos del cuerpo, como los tatuajes, perforaciones y modificaciones fisiológicas.

Expresa que estos grupos  de jóvenes apelan a su derecho a la identidad y la forma de expresarse por medio de su apariencia física; como una diferencia que les otorga individualidad propia. Sin embargo, su oposición a la visión generalizada que domina lo que es normalmente adecuado, les acarrea diversas problemáticas sociales e institucionales, que se manifiestan a través de la intolerancia, la agresión e incluso la discriminación reiterada.

Concluye que ante sucesos como los descritos, es menester mencionar que el Estado mexicano reconoce y garantiza las diferencias socioculturales, estableciendo en el marco de la normatividad, las disposiciones necesarias para prevenir cualquier tipo de conductas que atenten contra la identidad de las personas.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por el Senador promovente, con referencia a la amplia necesidad de prevenir cualquier actitud o acción con fines preponderantemente discriminatorios.

Sensiblemente estamos ciertos de que existen diferentes manifestaciones de violencia o discriminación contra las personas por motivo de etnia, sexo, religión, diversidades sexuales y discapacidad que generan sufrimiento, dolor y frustración.

Abordar la complejidad y gravedad de estos abusos es subrayar la obligación que tiene el Estado de ocuparse tanto de la violencia como de la discriminación sufrida por cualquier persona.

Consideramos que la discriminación, entendida como aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia que se fundamente en aspectos como la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, el color, el género, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, por lo que todo origen de discriminación debe ser erradicado de la sociedad.

Creemos firmemente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene el principio fundamental de la inadmisibilidad de la discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella consagrados sin distinción alguna.

Concluyen que ante ello el Estado tiene la obligación ineludible de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la formación integral de las personas, generando proyectos de vida prometedores, sustentados en la revisión, modificación y apropiación de una serie de valores y actitudes que permite la vida en sociedad como sujetos de derechos

Por lo anterior quienes conformamos esta Comisión dictaminadora manifestamos  nuestra coincidencia con el Senador promovente en el sentido de que para potenciar la eficacia de las normas antirracismo en cualquier acción de nuestra vida diaria, es necesaria la correcta implementación de medidas encaminadas a la promoción y fomento de una sana convivencia, libre de cualquier tipo de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estudiar la posibilidad de realizar una campaña de medios que oriente a la sociedad en general sobre el valor de la identidad cultural, la diferenciación individual, así como la tolerancia recíproca entre las personas y diferentes grupos socioculturales.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad y la no Discriminación, se implementen las acciones convenientes a fin de fortalecer la instrucción de los elementos de seguridad pública en los tres niveles de gobierno, sobre el derecho a la identidad cultural, con el objeto prevenir y eliminar el estereotipo, la portación de etiqueta sospechosa y cualquier otra forma de discriminación y criminalización que limite, repriman, condicione o violente este derecho.

Senado de la República, el 12 de abril de 2016

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Por el que se exhorta a establecer políticas públicas encaminadas a fomentar el deporte entre las y los jóvenes.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo al impulso del deporte en la juventud.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 12 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fortalecer programas y acciones que fomenten el deporte en la juventud.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de promover que los jóvenes, tengan acceso a la cultura física y el deporte.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente señala que la Cultura Física y el Deporte son elementos indispensables para el sano crecimiento y desarrollo de cualquier población, pues elevan la calidad de vida, previenen enfermedades y promueven la salud.

Argumenta que La Ley General de Cultura Física y Deporte estipula en el artículo 9° que, en la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, el Ejecutivo Federal a través de la CONADE procurará establecer, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector.

Refiere que La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es la instancia encargada de desarrollar e implementar políticas que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano.

Resalta que Datos del INEGI señalan que en México hay alrededor de 53 millones de personas menores de 24 años, de esa cifra, 20.9 millones tienen entre 15 y 24 años de edad, es decir que, la población joven en nuestro país, representa cerca de la quinta parte de la población total.

Por otra parte, señala que la cultura física y del deporte brinda a los jóvenes un sano desarrollo del aparato locomotor, del sistema cardiovascular, del sistema neuromuscular, les permite mantener un peso corporal saludable y fomenta una buena salud mental.

Finalmente, expone que la adolescencia y la juventud son etapas que repercuten en la vida adulta. Los jóvenes representan el futuro de nuestro país, por ello que debemos procurar que accedan a mejores condiciones de vida y desarrollo. La actividad física genera interacción e integración social entre ellos, estimula la sana competencia, la autoconfianza, comportamientos saludables y además previene el consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Por lo que impulsar a nuestros jóvenes para que se apropien de espacios deportivos es una forma de alejarlos de los malos hábitos y de la delincuencia, por ello, es necesario promover que todas las personas, especialmente los jóvenes, tengan acceso a la cultura física y al deporte.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública.

Creemos firmemente en que es necesario, mediante la implementación de programas y acciones institucionalizadas, enseñar a los niños la necesidad de realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, por lo que es preciso que realicen actividad física para conseguir un adecuado balance energético entre la energía ingerida y gastada, ya que esta práctica de actividad física junto con una alimentación adecuada, estamos convencidos que reduce el riesgo de obesidad y de todas las enfermedades asociadas a ella. 

A lo anterior, es de observarse como los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos ampliamente, señalándose que el ejercicio físico constante acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Por ello es que compartimos la idea de la Senadora promovente de recurrir a los resultados y evaluación sobre dicho programa nacional y su repercusión en niños, jóvenes y toda aquella persona en que aplicó, a fin de analizar el impacto de su implementación.

Es por todo lo anterior y conscientes de que es en la activación física y en el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos de vida, así como los valores sobre la salud, es que reconocemos y consideramos que las instancias públicas tienen la obligación de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, evitando su aparición continua, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Todo ello a fin de contar con los elementos suficientes y objetivos para la programación de cualquier ejercicio deliberativo bajo la presencia de quien se acuerde al interior de esta Comisión.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:


CONCLUSIONES

PRIMERA.- Esta Comisión reconoce la plena necesidad de promover los mecanismos que permitan el desarrollo de acciones encaminadas al fomento de la actividad física y deportiva en beneficio de sectores como la juventud nacional.

SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, establezca políticas públicas encaminadas a fomentar el deporte entre las y los jóvenes.

Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Y por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a promover y fomentar programas destinados para contrarrestar el desempleo, trata y migración juvenil.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativa a prevenir y evitar actos de discriminación en los jóvenes con identidades culturales diferentes.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 17 de febrero de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo, promovida por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a fin de generar estrategias que contrarresten el desempleo juvenil, la migración y la explotación laboral de los hidalguenses.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita una serie de exhortos al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a fin de emprender acciones que permitan la generación de acciones favorables en la población juvenil en dicha entidad federativa.


CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente señala que en Hidalgo el desempleo es un problema de carácter social palpable, sumado a los bajos salarios y la falta de incentivos fiscales por parte del gobierno con las empresas que motiven la inversión privada, ha generado limitadas ofertas de empleo y una baja productividad de las empresas en el estado.

Expone que la deserción escolar, la corta oferta de escuelas públicas en el estado, así como la poca oferta de empleos, ha originado que los hidalguenses, abandonen el estado en busca de nuevas oportunidades laborales, generando migración a otros estados de la república o a los Estados Unidos de América; muchas veces desde temprana edad.

Resalta que son las comunidades indígenas quienes más padecen el fenómeno migratorio quienes ante la necesidad de tener un sustento económico; en muchas ocasiones son enganchados a través de falsas promesas de empleo bien remunerado, por lo que ello ha obligado que, principalmente indígenas de la zona se alquilen como mano de obra barata en grandes cultivos en los estados de Sinaloa, Michoacán, Durango, Coahuila, Guerrero y Chihuahua, entre otros.

Refiere que la actual situación laboral en el Estado, muestra que1´055,598 hidalguenses perciben entre 1 y 10 salarios mínimos y solo11,058 personas superan ese nivel de ingreso, llamando la atención que 109,455 personas no perciben ingreso alguno.

Expresando ante ello que la carencia de políticas públicas que fomenten la inserción laboral dentro de los jóvenes hidalguenses, es una deuda que tiene el gobierno del estado; debiendo recordar que los jóvenes son un sector que necesita de todos los esfuerzos gubernamentales, para ser integrados a la vida productiva; lo que a la postre representaría una mayor potencialización del estado en materia económica.

Sugiriendo que las micro-empresas con enfoque de Capital Social, deberán adecuarse de conformidad al alcance de las comunidades, poblaciones o regiones donde se desarrollen, puesto que, a medida de la viabilidad de creación de dichas micro-empresas con enfoque de Capital Social, puedan ser una vía adecuada para la erradicación de pobreza, contra restando la desigualdad, la migración y el desempleo que se padece en dicha entidad.

Concluyendo que el estado de Hidalgo deberá de impulsar políticas públicas que promuevan el empleo juvenil, la inclusión productiva, las oportunidades de formación académica, capacitación y especialización técnica que necesita la región, así como la diversificación productiva, la creación y aplicación de incentivos fiscales para las empresas que decidan incluir al mayor número de jóvenes posibles, con la finalidad de lograr un mayor desarrollo económico estatal; y evitar la migración, principalmente de los jóvenes hidalguenses en busca de oportunidades laborales.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por el Senador promovente, con referencia a la amplia necesidad de instrumentar acciones de gobierno en beneficio de los jóvenes en las entidades federativas.

Estamos ciertos que abordar la complejidad y gravedad de  situaciones precarias en cualquier sector de la sociedad, es subrayar la obligación que tiene el Estado de ocuparse por brindar los mejores elementos que permitan una mayor integridad social y económica en beneficio de cualquier persona.

Creemos conveniente manifestar que las instancias públicas en la entidad deberán propiciar el diseño e innovación de nuevos programas que  permitan la implementación y adopción de políticas públicas que procuren que los jóvenes hidalguenses puedan desarrollarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar.

Asimismo consideramos acertado el impulsar acciones que permitan ayudar a los jóvenes en momentos en que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto creados por situaciones económicas, sociales y culturales que propicien la desigualdad, en especial aquellos de familias indígenas.

Es así que creemos firmemente que ante ello las autoridades estatales tienen el compromiso ineludible de generar una serie de mecanismos y acciones que contribuyan a la formación integral de proyectos de vida prometedores, que permitan el correcto desarrollo e integración a la vida económica y en sociedad a la población juvenil en el estado de Hidalgo.

Por ello quienes conformamos esta Comisión dictaminadora manifestamos nuestra coincidencia con el Senador promovente consientes de la amplia gama de necesidades y oportunidades que el estado de Hidalgo puede ofrecer a un sector de gran de gran importancia como lo es la Juventud.

Por lo que hemos considerado impulsar en dicha entidad la generación, e implementación correcta de planes y programas destinados a los jóvenes  lo que permitirá el correcto y sano desarrollo de las presentes y futuras generaciones del universo juvenil mayormente representado en la vida nacional.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Hidalgo a promover y fomentar programas destinados a contrarrestar el desempleo, trata y  migración juvenil; así como a evaluar, o en su caso implementar políticas públicas que fortalezcan los derechos laborales de los jóvenes hidalguenses.

SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Hidalgo,  para que a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del estado, estudie la viabilidad de formular mayores estímulos fiscales para empresas que contraten a  jóvenes e indígenas.

TERCERO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Hidalgo, para que a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado, y el Instituto Hidalguense de la Juventud, promueva la generación de estrategias para la creación de micro-empresas de capital social, que contribuyan a la formación de redes juveniles productivas, comunitarias y artesanales en las diferentes regiones del estado.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaria de Educación Pública del estado, fomente la creación de programas de formación, capacitación y especialización teórico-técnico, enfocado a las principales ramas económicas que se desarrollan en cada una de las regiones del estado.

Senado de la República, a 12 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Uno, de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a investigar la posible comisión de delitos en venta de tierras catalogadas como selvas, resguardadas en el ejido de Hunucmá, Yucatán.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

(Dictamen a discusión)







 

Y de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo el análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva del país.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.





 

Informo a la Asamblea que se recibieron tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Uno, sobre los expedientes de los candidatos a los cargos de Magistrados Electorales de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco.

Uno, sobre los expedientes de los aspirantes al cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Y uno, relativo a la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primer Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al primer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, en cumplimiento del resolutivo segundo de la convocatoria aprobada el 7 de abril de 2016 del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone el procedimiento para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco, se remiten a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores los expedientes correspondientes a los folios JCP/PSMEL/2016/001 al 040 de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco, los cuales fueron recibidos en el periodo señalado en la referida convocatoria. Comuníquese.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al segundo Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al segundo Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, en cumplimiento de la base tercera del Acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano aprobado el 7 de abril de 2016, se remiten a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, los expedientes correspondientes a los folios JCP/CCSPREM/2016/001 al 006 de los seis candidatos a ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los cuales fueron recibidos en el periodo señalado en la referida convocatoria. Comuníquese.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al tercer Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al tercer Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores: En reunión del pasado jueves 14 de abril, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de diversas iniciativas de reformas a la Ley General de Víctimas, asunto que debió de ser informado al concluir la sesión de esa fecha.

Les informo que el turno de los proyectos que se homologan es para que queden en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y dictamen correspondiente.

El listado de asuntos con su nuevo turno se publicará en la Gaceta Parlamentaria.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

Quienes suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y DIVA HADAMIRA GASTÉLUM Bajo, Senadoras de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral 1 y 165 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri­minación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En consecuencia, los Estados deben tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país […] garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.

La Constitución reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos políticos a votar y a ser votados en las elecciones, contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el principio pro persona, y la no discriminación, desde el enfoque de universalidad, interdependencia, indivisibi­lidad y progresividad.

En suma se trata de violencia contra las mujeres en cualquier de sus modalidades y/o tipos, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Aunado a lo que señala el artículo I para la protección y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas es importante referir que el artículo 2 establece que autoridades o representantes de pueblos indígenas para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizaran que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados”. Además, agrega que “[e]n ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Si consideramos la alta discriminación que sufren las mujeres indígenas por el sólo hecho, es necesario invertir en su respeto.

Conforme con todo ello, la fracción I del artículo 41 Constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad y obliga a que ésta se ejerza en todas las candidaturas del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea de la Ciudad de México.

En el marco de la reforma político-electoral que inició con cambios sustantivos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y culminó con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), México se suma a un total de seis países en América Latina que han adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen diversas reglas cuya finalidad es garantizar el principio de paridad así como la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad; la suplencia y alternancia de género se constituye como la forma de integración de candidaturas las cuales deberán conformarse con personas del mismo género y se integran en forma alternada hasta agotar cada lista como garantía al principio de paridad. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales están facultados para rechazar el registro del número de candidaturas de un género, esto es, más del 50%, exigiendo sustitución improrrogable en un plazo establecido y de no ser sustituidas se harán acreedores a la negativa de registro.

En la Ley General de Delitos Electorales, se establece como una obligación promover los valores cívicos y cultura democrática en niñas, niños y adolescentes, así como la participación efectiva de mujeres y hombres en integración de órganos internos y candidaturas. Determinar criterios y hacerlos públicos para garantizar la paridad de género en ambas Cámaras, Congresos Locales y la Asamblea de la Ciudad de México. Se incrementó del 2 al 3% de financiamiento ordinario del partido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como los rubros en los que se deberá aplicar los recursos referidos.1

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persiste la violencia política, que obstaculiza el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.

“Muestra de ello fue el proceso electoral de 2014-2015 en México. En las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradores y colaboradoras, así como familiares de candidatas.”2

“Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especia­lizada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.”3

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.

En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, en ella se reconoce que:

“Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará.

El 27 de marzo, del presente, se firmó el Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres que fue elaborado por a propuesta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conjuntamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El propósito del Protocolo es permitir a todos los servidores públicos de esa institución, y de la FEPADE, una fácil identificación de actos o agresiones que se puedan calificar y abordar como casos de violencia política contra las mujeres, los cuales van desde obligarlas a competir en distritos y alcaldías en los que no tienen posibilidades de ganar una elección, el uso de frases denigrantes en contra de las mujeres hasta el asesinato de la víctima para evitar que acceda a un cargo de elección popular.4

Como ya se ha mencionado, tanto el Cámara de Diputados, así como en la Cámara de Senadores se han presentado diversas iniciativas, teniendo como resultado la conformación de una mesa de trabajo conformada por representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las presidentas de las Comisiones para la Igualdad de Género, de ambas cámaras, así como las Senadoras y Diputadas autoras de las respectivas iniciativas.

Como un insumo más a la discusión y urgente necesidad de tipificar y sancionar el delito de la violencia política de género, es que presentamos la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el párrafo 2 del artículo 6; se reforma el título primero, del Libro Segundo; se adiciona el numeral 5 del artículo 7; se adiciona el numeral 3 del artículo 26; se reforma el numeral 2 del artículo 159; se reforma el numeral 3 del artículo 227; se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 246; se adiciona un artículo 447 bis; se reforma el inciso V del artículo 456; se reforma el numeral 5 del artículo 458; se reforma el inciso (a) y (b), y se adiciona un inciso (d) del artículo 470; se reforma y adiciona el numeral 3 del artículo 471 recorriéndose los subsecuentes todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. …

...

En el cumplimiento de estas obligaciones se promoverá la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la eliminación de estereotipos y prácticas que desvaloricen a las personas por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

LIBRO SEGUNDO
De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos

TÍTULO PRIMERO
De la Participación de la Ciudadanía en las Elecciones

Capítulo I
De los Derechos y Obligaciones

Artículo 7.

[…]

5. El ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia.

El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, en términos de los artículos 1°, 2°, y 4° de la Constitución, y en el ámbito de sus atribuciones,  establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género.

TÍTULO TERCERO


De la Elección de Gobernadores, Legislaturas Locales y Ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y los Titulares de los Órganos Político- Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 26.

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas.

2. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y no violencia política de género.


LIBRO CUARTO

TÍTULO SEGUNDO
De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPÍTULO I
Del Acceso a Radio y Televisión

Artículo 159.

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo, debiendo observar en todo momento la distribución equitativa de los tiempos para todas las precampañas y campañas en forma paritaria.

LIBRO QUINTO

Título Segundo
De los Actos Preparatorios de la elección Federal

Capítulo II
De los Procesos de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular
y las Precampañas Electoral

Artículo 227

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La cual deberá de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o que constituyan violencia política de género.

Título Segundo
De los Actos Preparatorios de la Elección Federal

Capítulo IV
De las Campañas Electorales

Artículo 246.

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 2do, III 4to, y 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. Así como el derecho a la igualdad entre la mujer y el hombre a  una vida libre de violencia, y el respeto a la conformación pluricultural de la nación.

LIBRO OCTAVO
De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

TÍTULO PRIMERO
De las Faltas Electorales y su Sanción

CAPÍTULO I
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 447 Bis

Constituyen infracciones de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos, Candidatos Independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral a la presente ley:

1. Cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio pleno de sus derechos político electorales o incumplir con sus atribuciones;

2. Imponer, por razones de género, la realización u omisión de actos o actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función;

3. Restringir, por razones de género, la realización de actos o actividades inherentes a su cargo o función;

4. Proporcionar, parcial o totalmente información o documentación incompleta o errónea que no permita el ejercicio pleno de sus derechos políticos-electorales o que induzca al ejercicio indebido de sus atribuciones.

5. Ocultar, parcial o totalmente, información o documentación que limite o impida el ejercicio de sus derechos político-electorales o que induzca al ejercicio indebido de sus atribuciones;

6. Proporcionar o difundir información personal con el objeto de denostar y menoscabar su dignidad, con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales o incumplir con sus atribuciones y

7. Impedir o restringir, total o parcialmente, su reincorporación al cargo o función posterior cuando haga uso de una licencia, permiso o derechos conforme a las disposiciones aplicables.

Las infracciones señaladas serán sancionadas con:

1. Amonestación Pública;

2. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México;

3. Con la pérdida del derecho del precandidato o aspirante infractor a ser registrado como candidato o candidato independiente, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Con la cancelación del número de registros excedentes del género favorecido inicialmente para el caso de reincidencia respecto a la no observancia de registros de candidaturas paritarias en cualquier proceso electivo. El partido deberá indicar cuáles registros desea cancelar. Si no lo hace en el término señalado, la autoridad procederá a la cancelación sustituta al azar, mediante un sistema electrónico validado previamente por los  mismos partidos.

Artículo 458

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:

3. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, tales como la observancia a principio de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y la no violencia política de género entre otras, las siguientes:

LIBRO OCTAVO
De los Regímenes Sancionadores Electoral y Disciplinario Interno

Capítulo IV
Del Procedimiento Especial Sancionador

Artículo 470.

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violen lo establecido en la fracción I, párrafo II y Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia política de género. 

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

d) Constituyan Violencia Política de Género.

Artículo 471.

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

3. Los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política de género, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.

4. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

[…]

SEGUNDO.- Se reforman y adicionan el numeral, 3, 4 y 5 del artículo 3; los incisos (c) y (d) y se recorren los subsecuentes, se reforma el inciso (n) y (o) y se adicionan los incisos (w) y (x) del artículo 25; se adicionan los incisos (l), (m) y (n) del artículo 39 y se reforma el numeral V del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, en la postulación de candidaturas, así como en la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre los géneros.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales así como para la integración de los ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos, Municipios o Entidades Federativas en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso elector

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) Prevenir, atender, sancionar y erradicar actos u omisiones que constituyan violencia política de género;

d) Abstenerse de limitar, condicionar, excluir impedir o anular la pretensión de participación de las mujeres en sus órganos internos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de toma de decisiones en los ámbitos legislativos o ejecutivos en los tres órdenes de gobierno;

e) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

f) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

g) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

h) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

i) Contar con domicilio social para sus órganos internos;

j) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

k) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

l) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

m) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

n) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;

o) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

p) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados, así como en términos de lo previsto en el artículo 3, numeral 3 de esta Ley;

q) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas o que constituya violencia política de género o discriminación.

r) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

s) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

t) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;

u) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley;

v) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone,

w) Abstenerse de cualquier acto u omisión, que limite, condicione, excluya, impida o anule el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales y el acceso o pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función partidista.

Lo anterior a través de actos u omisiones que impliquen presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenaza o privación de la vida en razón del género.

x) Prevenir, atender, sancionar vigilar y erradicar, actos y omisiones que constituyan violencia política de género o inobservancia al principio de paridad.

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

….

l) Promover la formación de liderazgos políticos de mujeres;

m) Implementar mecanismos que garanticen la promoción, protección y respecto de los derechos políticos electorales de las mujeres establecidos en la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

n) Implementar mecanismos que garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación, de la violencia política de género.

TÍTULO QUINTO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I
Del Financiamiento Público

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;



V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario, debiendo informar mensualmente su aplicación a efecto de que conforme a la Ley General y en términos del reglamento, el instituto verifique su cumplimiento, y en su caso aplique la sanción correspondiente.

TERCERO.- Se adiciona una fracción XV al artículo 3 y un último párrafo al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto y Definiciones

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XV. Violencia política de género, la definición prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

La pena se aumentará hasta el doble cuando las conductas, contenidas en las fracciones IV y XVI del presente artículo, se cometan en contra de mujeres.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Los partidos políticos se obligarán a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto en la siguiente asamblea estatutaria posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Véase. http://www.condistintosacentos.com/paridad-de-genero-en-mexico-anverso-y-reverso/

2 Véase. Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015.

3 Ibídem. Página 10.

4 Véase. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/03/27/pgr-firma-protocolo-contra-violencia-politica-mujeres