Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 26 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Marzo de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 78 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 17 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del día miércoles dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del quince de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.- Se turnó a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.- En la discusión intervino la Senadora Erika Ayala Ríos del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos,  con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.- En la discusión intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración.- En la discusión intervinieron los Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, a favor; y Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador Patricio Martínez García, por las comisiones. En la discusión intervinieron los Senadores: Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; y Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- En la presentación del dictamen, intervino el Senador Francisco Salvador López Brito para referirse a los dictámenes. En la discusión intervinieron los Senadores: Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; y Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.-En la discusión intervino el Senador Óscar Román Rosas González del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la Sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar, investigar y, en su caso, sancionar las acciones llevadas a cabo por funcionarios que, en el estado de Coahuila, han instruido a personas beneficiarias del programa social PROSPERA para dar una respuesta determinada a las encuestas sobre pobreza que aplica la dependencia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor Rafael Medrano Guzmán por su labor y trayectoria como cirujano oncólogo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director General de PEMEX y a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía a abstenerse de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la   Violencia contra las Mujeres para que realice las acciones necesarias para fortalecer el trabajo de los refugios para mujeres     víctimas de violencia y sus hijas e hijos.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, mediante el Tecnológico Nacional de México, celebre diversos convenios de colaboración con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de los estados a fin de que los menores de edad que se encuentren en centros de asistencia social puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel medio superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la    República manifiesta su preocupación por la desigualdad de oportunidades que padecen las mujeres en el campo laboral y se solicita un informe pormenorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en    materia de desigualdades de sexo.- Se     turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que contemple incluir a la bicicleta como mercancía integrante del equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar modificaciones a fin de que se creen “consultorios libres de enfermedades virales”, así como mejorar el tratamiento que se brinda a las personas que tienen el virus de la hepatitis C, para incrementar los casos de éxito.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una fecha próxima para que se realice la visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la instrumentación del Programa Mujeres Pyme que otorgará financiamientos para consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, anunciado por el Presidente de la República.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a emprender acciones que permitan mejorar la implementación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Margarita Flores   Sánchez, Angélica Araujo Lara, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Neyra Chávez, Ricardo Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara, Luz María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, Marcela Torres   Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez,  Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta y Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a que los recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos del país.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a implementar un plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la montaña y la sierra de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a encabezar un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, estatales y las dependencias federales del país, en la actualización de las medidas y protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la población debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora suceden en nuestro país, como consecuencia del cambio climático global.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar que sean efectivamente investigadas y sancionadas las agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de derechos humanos en México.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía, los Consejos de Administración en las Empresas Productivas del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los clientes de estos establecimientos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades del país a llevar a cabo una campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe pormenorizado en relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 5.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar las acciones y estrategias que se han implementado ante el incremento de la delincuencia en la Delegación Cuauhtémoc, así como los resultados que hasta ahora se han obtenido.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar acciones sobre los desaparecidos en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a     presentar un informe sobre los procesos administrativos y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones   Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas delegaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintisiete minutos y citó a la siguiente el jueves diecisiete de marzo a las once horas.

 

Fin de Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, la cual se encuentra acompañada del correspondiente Dictamen de Impacto Presupuestario.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.






MESA DIRECTIVA

Les informo que en la mañana del día de hoy, la Mesa Directiva recibió una iniciativa Ciudadana con proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, identificada de forma popular como Ley 3 de 3, a cargo de ciudadanos mexicanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 71, fracción IV de la Constitución General de la República.

La Mesa Directiva comprobó la cobertura plena de los requisitos establecidos por el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el proyecto está en condición de iniciar su trámite legislativo.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 132 de la misma ley, se dará cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral para que dicho órgano verifique que está suscrito por el número equivalente al menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se reciba la respuesta del Instituto Nacional Electoral se estará en condiciones de dictar el turno a las comisiones respectivas, si es el caso.






Honorable Asamblea, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirnos al Septuagésimo Octavo Aniversario de la Expropiación Petrolera.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Vede Ecologista de México.

INTERVENCIONES

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Buenos días. Honorable Asamblea. Con la venia de la Presidencia:

Este próximo 18 de marzo celebraremos en nuestro país, como ya dijo el Presidente de la Mesa Directiva, el Septuagésimo Octavo Aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas, se trata un evento en la historia de México, un evento que, sin duda, cambió el destino de nuestro país, que sentó las bases para una época de desarrollo de nuestra nación, para el desarrollo de una industria nacional, apuntalada por la creación de Petróleos Mexicanos en ese mismo año.

Desde luego que debemos celebrar, debemos recordar este importante acto que le dio un dinamismo a nuestra nación en las décadas que restaron del siglo XX, pero también es muy importante que reconozcamos que el mundo de aquel entonces era muy distinto al mundo que se vive ahora en los inicios del siglo XXI, el mundo cambió, muchas naciones cambiaron, muchas naciones transformaron su industria petrolera y otras industrias.

Los principios bajo los cuales se rige la explotación de los hidrocarburos evolucionaron, lamentablemente nuestro país se quedó atrás, se quedó atorado en una visión que consideraba la inamovilidad de este concepto de tratarse de una industria que debía ser explotada exclusivamente por el Estado, es una visión que, sin duda, pudimos transformar con la pasada reforma energética, el debate en torno a la necesidad de introducir ese cambio se dio con amplitud tanto aquí en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Me parece que aun cuando hayamos hecho esa importante transformación, no podemos olvidar los inicios de esta importante industria, qué fue lo que le dio origen en nuestro país a este concepto de una industria nacional, como fue el caso de la expropiación de la industria petrolera, una industria que nació en el estado de San Luis Potosí, con la explotación del primer pozo petrolero en la localidad de Ébano, San Luis Potosí, localidad que por cierto el pasado martes, también en un hecho relacionado con la historia económica y la historia política de nuestro país, se celebró un sorteo de la Lotería Nacional para celebrar los 100 años de la Batalla del Ébano.

Como decía, en esta localidad inicia la historia de la industria petrolera de nuestro país. Hoy en día por supuesto que la industria petrolera ya no se ubica en esa región de forma preponderante. Tenemos nuevas zonas que han sido explotadas, nuevas zonas por explotar, y ésa es la parte importante de la reforma constitucional que se aprobó aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y en general por el poder reformador de la Constitución, porque con esta nueva situación que vive la industria petrolera internacional, era muy importante permitirle al Estado mexicano no afrontar solo el riesgo de estar involucrado en esta industria.

Hay quienes pretenden señalar que la situación que hoy vive la industria petrolera y lo que está sufriendo Petróleos Mexicanos como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, es una muestra de lo equivocada que supuestamente habría estado la reforma constitucional en la materia.

Nada más alejado de la realidad que un argumento como ése, porque justamente lo que busca la reforma constitucional, es permitir que el Estado mexicano enfrente el riesgo asociado con esta industria, junto con otros inversionistas y no él solo en perjuicio de los ciudadanos mexicanos que finalmente llevarían el costo de mantener esta situación de un riesgo sin compartir.

Al grupo parlamentario del Partido Verde le da gusto estar en esta tribuna celebrando este importante hecho histórico para nuestra nación.

Reconocemos la importancia de la reforma constitucional que se aprobó y estamos seguros que con ese nuevo marco constitucional y nuevo marco legal, eventualmente México podrá disfrutar de los beneficios de una recuperación de esta industria, que necesariamente se tendrá que dar como cualquier otra industria que sufre los vaivenes de sobre oferta o de exceso de demanda, según sea el caso.

Estamos en una situación efectivamente de exceso de oferta en la que México no es un actor solo, sino está inserto en un concierto internacional, y eventualmente habrá correcciones en este mercado.

Pemex y todo el marco constitucional y legal que hemos dado, estarán listos para que México disfrute o aproveche mejor la recuperación que eventualmente vendrá.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vengo de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, ahí se convocó a una sesión de análisis precisamente de todo lo del 18 de marzo.

Nada más que el análisis es diferente al que hacen aquí, porque lo que se denuncia y lo que reúne a Diputados nacionalistas y progresistas, que los hay, es la decisión de mantener la bandera del nacionalismo energético por encima de todo cambio y de todo lo que se ha hecho en este Congreso y en la Cámara de Diputados.

Ahí se recordó, por ejemplo, cómo la minuta que llegó de la Cámara de Senadores, en la que aquí mayoritariamente echaron para atrás la reforma energética y entregaron o dieron la entrada a los intereses extranjeros a dominar la energía nacional.

En la Cámara de Senadores se acordaron y lo mencionaron, como Beltrones, entonces Coordinador de los Diputados; vivió un conjunto de personeros y de seguidores de Beltrones, se cambiaron de auditorio para hacer una trampa más y sin haber mandado a las comisiones la minuta de la Cámara de Senadores, sin tener, por tanto, una convocatoria, sin haber hecho un dictamen, todo esto es historia.

Dictaminaron rápidamente y mandaron a los estados, aquí otras violaciones se dieron, por ejemplo, se cambió el contenido de la iniciativa varias veces en el curso de la discusión para hacer una trampa, así violaron las normas, y luego se mandó a los estados, y estaban orgullosísimos de que se aprobó en 5 minutos en Veracruz, en 7 minutos no sé en donde, en 4 minutos en tal, y se aprobó por la mayoría de los estados y se hizo la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas a la Constitución.

Todo eso violando la Constitución, el artículo 135 que regula el procedimiento para reformar la Constitución, descaradamente, y ustedes lo saben, y cuando un poder viola la Constitución y cuando un poder hacer una supuesta reforma a la Constitución sin haber respetado los pasos que establece el artículo 135, pues es inválida, es nula esa reforma.

Entonces presentamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de amparo que se discutía mucho si procedía, porque hicieron una reforma a la Ley de Amparo que establece en el artículo 5o., el amparo no procede contra reformas constitucionales; sin embargo, el amparo sí procede contra el procedimiento de la reforma constitucional. Perfectamente demostradas todas las violaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no aceptó el amparo, no lo atrajo al Pleno, como debió de haber sido por su trascendencia que está en la Constitución, es su obligación de la Corte, y los 11 ministros mejor lo mandaron a que por ahí el día que quisieron cuando menos se notara. Un colegiado dijera: “que no, que no procede la reforma, el amparo contra la reforma constitucional violando la Constitución que establece que sí procede contra violaciones al procedimiento”.

Así se desnaturalizó la Constitución de la República en este Congreso, por eso estas conmemoraciones son de una brutal hipocresía.

Si vamos a hablar de la gran gesta de Lázaro Cárdenas cuando lo traicionaron, vamos hablar del nacionalismo energético cuando lo enterraron ustedes, por eso es hasta cómico escucharlos, y ya quiero ver porque llegan con discursos escritos, grandes jornadas históricas que ustedes traicionaron, que ustedes destruyeron.

Pero como se decía hace un momento en la Cámara de Diputados en esa reunión, en donde se reclama todo esto, podemos decir que la reforma energética fue un acto de traición a la patria, porque entregaron al extranjero los recursos energéticos de este país.

Y lo que dijimos se está haciendo todos los días. Las leyes, la Constitución misma y las leyes secundarias establecen el cómo se va a ir destruyendo a Pemex todos los día, cómo se destruye a la CFE todos los días, porque ese es el compromiso de Peña Nieto con los Estados Unidos, de manera que los mexicanos nunca vamos a aceptar eso, nunca.

Fue un acto de traición a la patria irregular, inmoral. Peña Nieto engañó durante todo el año, dijo que no lo iba a hacer y ahí está hecho, engañaron al pueblo de México ayudado por los medios de comunicación y las televisoras, de manera que no es hoy un 18 más, un día de luto, sino de reconocimiento a las gestas históricas y el planteamiento que quienes somos realmente nacionalistas y respetamos a este país, a convicción de que esto se tiene que revocar tarde o temprano.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Patriota y visionario, Lázaro Cárdenas del Río, el Presidente más querido por el pueblo mexicano, anunció la Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 1938. Su decisión despertó de inmediato un fuerte respaldo popular y dio lugar a una transformación histórica.

Con la expropiación, México hizo valer el espíritu y la letra de la Constitución de 1917 y las raíces hondas de esa gesta revolucionaria. Con esas armas, las de la ley y la de la justicia enfrentó a los grandes intereses de las compañías petroleras inglesas y norteamericanas, a sus gobiernos, a su política de boicot y chantaje a nuestro país que buscaban quedarse con la riqueza del petróleo para intereses propios.

La decisión de Cárdenas nacionalista y antiimperialista sigue profundamente gravada en la conciencia nacional; es la razón de ratificar, a 78 años de distancia, nuestro compromiso en la defensa de la riqueza energética del país.

La expropiación y el surgimiento de Pemex no son una página amarillenta en nuestra historia, son una herencia viva que nos conmina a no claudicar y a ratificar nuestro empeño de rescatar la soberanía nacional gravemente comprometida por las reformas que en lugar de salvar a México lo están hundiendo.

A lo largo de varias décadas, Pemex se consolidó como columna vertebral del desarrollo nacional y como una de las petroleras más importantes del planeta, hasta llegar a ser la tercera a escala mundial y la décimo primera como empresa integrada. Pemex se convirtió en una pieza clave, incluso en periodos de tormenta, como la crisis de 1995 cuando la empresa pública permitió al país salir a flote.

La reforma impulsada por este gobierno ha puesto fin a ese papel de la empresa pública, a la pesada carga fiscal que se le impone, el gobierno actual ha sumado recortes millonarios así como decenas de miles de jubilaciones y despidos, justo lo que nos dijo que no iba a ocurrir.

Mientras Arabia Saudita mantiene su estrategia de alta producción que no ha conseguido su objetivo de sacar del mercado a los frackers de Estados Unidos, los grandes yacimientos mexicanos se han ido agotando sin que se les reemplace. Las reservas de nuestro país han ido disminuyendo a manera de contraste al tiempo que los ingresos petroleros se desploman.

A pesar de la crisis mundial, los responsables de manejar nuestra industria petrolera han actuado, como desde hace menos de tres décadas, de mantener enormes gastos operativos y suntuarios, sin contar con el escandaloso crecimiento de altos cargos en la actual administración: 24 nuevas direcciones, 92 subdirecciones, 392 gerencias y 900 subgerencias; esa burocracia dorada acabó por hundir a la empresa productiva del Estado, y lo digo entre comillas, “sin que nadie rinda cuentas”.

Ya antes de la reforma, Pemex estaba lleno de focos rojos debido a la corrupción institucionalizada, un modelo de gestión deficiente y un régimen fiscal depredador. Los años que lleva esta administración no ofrecen sino una repetición de todo este esquema, parece que esperaron a este relevo para anunciar el recorte de 162,000 millones de pesos, aunque les faltó anunciar que debe de hacerse una investigación para sancionar las pérdidas millonarias y una deuda galopante y toda la corrupción existente en esa empresa.

Hoy, que deberíamos estar conmemorando una decisión de trascendencia histórica en beneficio del país, en cambio, debemos lamentar los efectos de una reforma entreguista y las políticas que la antecedieron.

Aquí se repitió hasta el cansancio, que con la reforma se aumentaría la producción, los ingresos, los beneficios, etcétera.

Sin embargo, entre 2013 y 2015 la producción de crudo cayó 10.4 por ciento, la de gas natural 3.3 por ciento, la de petrolíferos 14.8 por ciento; la de petroquímicos 13.5 por ciento. Para 2016 se espera que el recorte presupuestal traiga consigo una caída mayor de la producción.

Nos dijeron que no se vendería ni un tornillo de Pemex, pero hicieron algo peor: quitaron a la empresa pública los campos que contienen las reservas más valiosas y se las entregaron a las empresas privadas sin importar las inversiones que Pemex había hecho previamente.

La reforma fue aprobada cuando los precios internacionales rondaban 86 dólares por barril. En 2015, el precio promedio disminuyó a 43.39 dólares por barril y para 2016, se prevé un precio internacional no mayor a 25 dólares, tres veces menos que hace dos años, ¿Mintieron? Tal vez no, pero al menos mostraron una ignorancia monumental de las tendencias del mercado.

Dijeron que la reforma fortalecería nuestra soberanía energética, pero las importaciones de petróleo aumentaron 22.7 por ciento y las de petroquímicos 44.7 por ciento, no satisfechos con ello, han decidido adelantar la apertura del mercado de gasolinas. El impacto de las pérdidas de Pemex sobre las finanzas públicas es muy grave.

En 2015, México dejó de tener Superávit en su balanza comercial acumulando un déficit por más de 10,000 millones dólares. La crisis de Pemex está comprometiendo las finanzas públicas y el futuro de nuestro país.

La reducción presupuestal no solucionará el problema de fondo, porque no se trata de aplicar una terapia de shock, sino de revertir el modelo de desmantelamiento y de sometimiento al que ha estado Pemex.

El enorme pasivo seguirá gravitando sobre la empresa y sobre las finanzas públicas. Más de 2.6 billones de pesos deberán ser pagados y los serán por el pueblo de México.

La ocasión en que conmemoramos uno de los momentos más luminosos de nuestra historia, debería de ser de festejo, pero es, para desgracia del país, el momento de hacer un corte de caja de uno de los más grandes yerros de este gobierno sometido a las dogmas neoliberales que han impedido el crecimiento del país y multiplicado la pobreza.

No acudimos a la historia, como hace este gobierno, para utilizar la figura de Lázaro Cárdenas para justificar un camino que va en sentido contrario al trazado por el del general. No hay nostalgia ni una hueca bandera de afán que nos mueve. Se trata sencillamente de la defensa de nuestra soberanía económica y política como nación.

Se trata de honrar a Cárdenas y al 18 de marzo con acciones que nos conduzcan a la soberanía energética. Lo demás son mentiras de los reformadores que están hundiendo al país y destruyendo nuestras empresas públicas.

Cárdenas y la Expropiación Petrolera, se engrandecen frente a las reformas de las mentiras como la reforma energética que pesará en la historia del actual gobierno y quienes votaron, aprobaron este golpe a la nación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Para nosotros los mexicanos, el petróleo además de ser fuente de energía y de ingresos económicos, es un símbolo de soberanía y de independencia, por eso la Expropiación Petrolera es un referente histórico de enorme relevancia.

La Expropiación Petrolera significó la consolidación del Estado mexicano, con ello México se hizo de recursos propios y suficientes para emprender su desarrollo económico y social como un país emergente, sólido y de gran potencial.

La decisión expropiatoria gozó de un amplio apoyo de ciudadanos de todas las edades y de todas las clases sociales. Contadas son las fechas en que con tanta claridad y contundencia se ha puesto de manifiesto el patriotismo y la solidaridad nacional.

La Expropiación Petrolera y el desarrollo económico nacional basado en la producción y exportación del petróleo es una larga historia de aciertos y de desaciertos que finalmente nos ubicó en el escenario global como un país atado a esquemas jurídicos que ya no correspondían con la modernidad y practicas económico financieras de vanguardia.

Esto se convirtió en un lastre y debido principalmente a la tardanza con la que llegaron las reformas, se fueron acumulando resultados negativos para Pemex. Sin embargo, hoy Pemex debe ser una empresa con gestión innovadora y abierta a todas las tecnologías contemporáneas. Y para ello cuenta ya con los instrumentos jurídicos necesarios.

La Expropiación Petrolera remite inevitablemente a la soberanía y al nacionalismo; sin embargo, la aceptación de estas palabras ha cambiado con el tiempo; pues nuestra realidad ha cambiado también.

Hoy el nacionalismo y la soberanía en materia energética deben referir a garantizar la seguridad energética de los mexicanos de hoy y mañana.

Cómo ser soberano, si el esquema nacionalista de antaño que no modificamos durante décadas nos llevó a importar la gasolina.

Una nación puede ser independiente en lo formal y puede considerarse a sí misma soberana, pero si no cuenta con un marco jurídico flexible para el manejo de sus recursos, la independencia estará irremediablemente acotada.

Del suministro confiable de energía depende el desarrollo de la economía y el mantenimiento de la calidad debida de la población, por eso el Estado mexicano hoy en día conserva en todo momento la rectoría sobre los energéticos. Y rectoría significa dirigir y planear la explotación de los recursos mediante los instrumentos constitucionales y legales con que cuenta.

En 1940, Manuel Gómez Morín dijo: “Pemex debe responder a la necesidad nacionales y a los fines que se le presenten con el tiempo y que fueron invocados como su fundamento”. Por tanto, hoy en 2016 las y los legisladores de Acción Nacional, preocupados y ocupados en el bien común de nuestra nación, participamos activamente en la creación de un nuevo modelo energético nacional y continuamos dando seguimiento a su implementación con el objetivo de alcanzar esos fines para nuestro país.

En Acción Nacional hemos entendido que el petróleo por sí mismo no es sinónimo de riqueza, sino que la administración productiva y transparente de éste y de las nuevas energías nos permitirá explotar el gran potencial energético de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más trascendentales del siglo XX en nombre de los intereses nacionales, del pueblo mexicano, y frente a una coyuntura internacional bastante adversa; firmó el Decreto por el que se declaraba la Expropiación Petrolera.

Conmemoramos esta fecha como el día en que el petróleo se convirtió en el símbolo del progreso y de la identidad nacional.

Nuestras instituciones nacionales, el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico no podrían entenderse sin la nacionalización de los hidrocarburos.

A casi 8 décadas de este suceso simbólico, reconocemos el invaluable papel que ha jugado Petróleos Mexicanos en la construcción de un país con un mejor desarrollo económico y con mayor justicia social.

La labor de todos sus trabajadores para construir una empresa productiva de eficiencia a nivel internacional es de destacarse.

Desde esta tribuna, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional asumimos el compromiso con los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Sin duda, el mayor activo que tiene México en la transformación de su sector energético.

Hoy, al igual que hace 78 años, nos encontramos en una nueva etapa de definiciones nacionales.

Con el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto y la convicción democrática del Congreso de la Unión, hemos modernizado al sector energético para lograr que sea competitivo frente a otras potencias mundiales.

Precisamente y gracias al conjunto de reformas que se aprobaron hace apenas un par de años y que dieron los instrumentos al Estado mexicano, el Gobierno de la República, para contribuir a un proyecto energético que garantiza el fortalecimiento de la industria petrolera.

Hoy no queda duda de que Pemex está en un proceso de modernización, que le permitirá estar a la altura de cualquier empresa transnacional.

Por lo anterior, en los próximos años podremos explotar los grandes yacimientos petrolíferos que se encuentran en aguas profundas y las que aún son inexploradas en reservas naturales de gas; sin mencionar que podremos por sí mismos refinar nuestra propia gasolina.

Por otra parte, en fechas recientes, y por primera ocasión en más de 70 años, se llevaron a cabo las diferentes licitaciones de la Ronda 1, lo cual contribuirá al fortalecimiento de la Hacienda Pública y generará miles de empleos a los mexicanos.

Es preciso reconocer que cada una de las adjudicaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, se han realizado con la máxima transparencia, la legalidad que marca nuestra legislación actual, y con base a principios que las convocatorias públicas internacionales marcan.

En esta Soberanía, alcanzamos los grandes acuerdos que hicieron posible romper con la inercia que impedía a Pemex estar a la vanguardia. Gracias a todos los que en ella contribuyeron.

Y gracias a esta reforma, estaremos en condiciones de modernizar nuestra refinería y construir nuevas. Dejaremos de ser un país solamente importador de gasolina.

Ahora, empresas de diferentes países ya han mostrado interés en intervenir y estar y poder estar vinculados con las instalaciones de gasolineras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cabe señalar que esta nueva realidad generará competencia, reducirá los precios del combustible y atraerá mejores sustanciales para todos los consumidores.

Pemex contribuirá siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas, dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo.

El nuevo modelo corporativo que se ha dado permitirá cavar y acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían el desarrollo de Pemex.

La modernización del sector energético seguirá bajo la rectoría del Estado, que se diga bien y que se escuche bien, no nos cansaremos de repetirlo, los mexicanos seremos los únicos dueños de las reservas petroleras y de sus rentas; lo decimos con toda claridad, Pemex no se venderá ni se va a privatizar.

México contará con más recursos para invertir en escuelas, hospitales y carreteras; bajarán los precios de muchos artículos de primera necesidad como los productos del campo.

Los ingresos del petróleo se destinarán a la seguridad social, a becas universitarias, a la investigación científica por mencionar algunas.

Los mercados internacionales están sufriendo cambios, sin embargo, no tenemos la menor duda de que nuestro sector energético y Pemex es una vez más que va a superar esta coyuntura y seguirá por la ruta rectora de una modernización que permitirá tener mejores beneficios a todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores: contamos con una reforma que enfrenta los desafíos energéticos del siglo XXI, tal y como lo hizo el Presidente Lázaro Cárdenas, un día como hoy que celebramos un aniversario más de la nacionalización del petróleo.

La reforma energética está a la altura de los retos de quienes tienen nuestra industria, con el apoyo de nuestro país y, sobre todo, porque es un proyecto en el que todos los grupos parlamentarios responsablemente seguiremos apoyando los que hemos estado de acuerdo en ella.

Tenemos una reforma que refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos, y que su explotación únicamente se hará en beneficio del desarrollo nacional y de la economía familiar.

Ya hemos dado los segundos pasos, la segunda revolución energética pronto dará resultados, estamos en la antesala de ser una potencia en la producción y transformación de los hidrocarburos. El objetivo será construir una industria petrolera de vanguardia, que responda a las exigencias del México del siglo XXI.

Así, como en los tiempos del Presidente Cárdenas se enfrentaron importantes desafíos para recuperar nuestros hidrocarburos, hoy el sector energético se está transformando para atraer mayor prosperidad a nuestra nación.

En este día, no solamente rendimos un merecido homenaje a todos los mexicanos que hicieron posible la expropiación petrolera, también refrendamos nuestro compromiso de seguir mejorando para lograr que los recursos energéticos permitan construir un mejor México, con una mayor equidad social que permita transformar a nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ayala Ríos.

Les informo que sobre este tema, hemos recibido la inscripción en la agenda de este día de la efeméride suscrita por el Senador Raúl Morón Orozco, misma que se publicará íntegramente, en el apartado correspondiente, en el Diario de los Debates.






Sonido en el escaño del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.

A nombre de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, queremos dar un reconocimiento y felicitar a todo el personal y a todo el equipo de trabajo del Canal del Congreso y, por supuesto, a su Directora.

Un 18 de marzo de 1998, se iniciaron las primeras transmisiones del Canal de Televisión del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

El día de mañana, el Canal del Congreso cumple 18 años de existencia, 18 años de estar llevando las discusiones, los debates en comisiones, en los Plenos de las dos cámaras: de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Un 10 de marzo de 2010, la Cofetel entregó al Congreso de la Unión el permiso para transmitir en señal abierta a través de la televisión digital terrestre. En 2014 se inicia la transmisión por internet del Canal del Congreso.

El año pasado, el 5 de agosto de 2015, el Canal del Congreso inicia transmisiones en señal abierta en la Ciudad de México y en el área conurbada a través del Canal 45.1. El 9 de noviembre del año pasado se inicia la primera transmisión, la primera etapa de Radio-Congreso.

Un 3 de diciembre de 2015, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se da inicio la transmisión con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas en todas las sesiones del Congreso de la Unión.

De verdad, que yo sí quiero darle este reconocimiento y esta felicitación al Canal del Congreso, como Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de televisión del Congreso de la Unión.

Y nada más para concluir, señor Presidente, el día de ayer, el Canal del Congreso recibió el Premio Nacional por la difusión de los contenidos legislativos en televisión abierta a cargo del Club de Periodistas de México, Asociación Civil.

Muchas gracias, y que sigan los éxitos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

La Mesa Directiva se une a la felicitación al Canal del Congreso, encabezada por su directora Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Agradecemos el esfuerzo que todos los días hacen quienes colaboran en el Canal del Congreso, y los invitamos a seguir con ese esfuerzo para ampliar la presencia del Congreso Mexicano en la sociedad.

Muchas gracias al Presidente de la Comisión Bicamaral y, por supuesto, le pedimos que transmita al Canal del Congreso la felicitación de la Mesa Directiva.

Damos la bienvenida a este Pleno a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Así como a regidores del municipio de Degollado, Jalisco, invitados por el Senador José María Martínez Martínez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, sometemos a su consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de Decreto que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes consideraciones.

La sordera o anacusia congénita, es una discapacidad neurosorial más común en recién nacidos, la cual se presenta en el nacimiento por causas genéticas o ambientales.

Dado que la audición es un sentido vital para la comunicación y ubicación del ser humano en su entorno, la sordera representa un serio obstáculo para el desarrollo pleno de la personalidad.

De este modo, el niño cuya sordera no es detectada a tiempo y que no recibe atención médica durante la temprana infancia se ve en desventaja en muchos casos imposibles de superar para la correcta adquisición del lenguaje y, en consecuencia, se ve desconectado de muchos de los canales de comunicación con el mundo que lo rodea.

Por su parte, las pérdidas auditivas representan una barrera efectiva para la integración de las personas en la sociedad, especialmente en la niñez, dado que la adquisición del proceso cognitivo del lenguaje se da en los primeros años de vida en un periodo conocido por los especialistas en lingüística como el “periodo crítico”, puesto que después de los 5 años es muy difícil adquirir el lenguaje.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial para la Salud, en México se estima que alrededor de 10 millones de personas tienen algún grado de problema auditivo, de las cuales entre 200 y 400 mil personas presentan una sordera total. Asimismo, se estima que cada año nacen entre 2 mil y 6 mil niños con sordera congénita; esto equivale aproximadamente de 2 a 3 de cada mil nacimientos en México.

Los factores genéticos son la principal causa de la sordera congénita, en donde la mayoría de los casos no presenta signos y síntomas asociados, pero en algunos casos son consecuencia de síndromes relacionados a la sordera congénita, tales como el Síndrome de Usher, por citar uno de ellos.

Sin embargo, hay factores ambientales causantes de sordera congénita, los cuales se clasifican en prenatales, que son aquellos asociados a las circunstancias de la gestación y el nacimiento, tales como la prematuridad y el bajo peso, o aquellos asociados a la influencia de agentes ambientales que dañan el oído del bebé durante su desarrollo dentro del útero, entre ellos agentes medicinales o drogas ingeridos por la madre, ciertos antibióticos, medicamentos en altas dosis, así como infecciones transmitidas durante el embarazo o el parto, como rubéola, herpes o sífilis, así como las malformaciones craneales; y las perinatales, asociados e influencias patológica que actúan durante las primeras horas de nacimiento.

Por su parte, las pérdidas auditivas se clasifican por su severidad de la siguiente manera: Cuando a lo largo del rango de frecuencias del habla el umbral auditivo está debajo de los 90 decibeles, la pérdida se denomina hipoacusia, a partir de un umbral de 90 decibeles la respuesta al sonido son principalmente táctiles y no son de ayuda para identificar la palabra hablada y la pérdida se denomina anacusia o sordera.

El diagnóstico de la pérdida auditiva durante los primeros meses de vida es de suma importancia, ya que los recién nacidos, que son identificados a tiempo y a quienes se les da un seguimiento y un tratamiento oportuno, tienen un mejor desarrollo de habilidades cognitivas de lenguaje y sociales.

La prueba de tamiz auditivo es una prueba sencilla y rápida que sin causar dolor o molestia al recién nacido permite una valoración de su audición, prueba que se realiza mediante la detección de emisiones otoacústicas, que son sonidos generados por el oído interno como respuesta a estímulos sonoros; la falta de respuesta a esos estímulos permite detectar la anacusia.

Es de resaltar que en México se ha logrado grandes avances en el ámbito de salud preventiva del recién nacido; las recientes reformas generales de salud en el 2013 incluyó la aplicación del tamiz neonatal ampliado en todas las instituciones públicas y privadas, y la realización del tamiz auditivo al prematuro dentro de la atención de salud materno infantil.

Sin embargo, aunque el tamiz neonatal ampliado detecta 67 padecimientos de especial gravedad, entre ellos el hipotiroidismo congénito, enfermedades hepáticas, septicemia, cataratas, entre muchas otras patologías, no contempla entre las pruebas la revisión de la audición.

Asimismo, si bien es cierto que la ampliación del tamiz auditivo a los recién nacidos prematuros es un adelanto sustancial en el diagnóstico de los padecimientos auditivos, vale la pena señalar que, en México, alrededor del 30 por ciento de los recién nacidos que presentan anacusia congénita no tienen ningún factor de riesgo prenatal o perinatal, o antecedentes familiares que justifiquen hacer la prueba bajo el marco normativo.

La aplicación de prueba de tamiz auditivos a todos los recién nacidos permitirá que toda niña o niño que nazca con hipoacusia o anacusia puedan ser debidamente atendidos durante sus primeros meses de vida y así logre desarrollar su lenguaje oral de manera similar al que nace oyendo, para estar en posibilidad de lograr su plena inclusión e integración ante la sociedad.

Considerando que el artículo 4o. de nuestra Constitución Política establece en su párrafo Cuarto, el derecho de toda persona a la protección de la salud y que en relación con el párrafo noveno de este artículo se establece que el Estado deberá velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, resulta necesario incluir el tamiz auditivo como parte de las medidas de salud preventivas para todo recién nacido.

Por lo tanto, el objetivo de la presente iniciativa es establecer como una de las acciones de la atención a la salud materno-infantil la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos los recién nacidos, lo cual permitirá una detección temprana de problemas asociados a la sordera, facilitando un tratamiento oportuno que les permita la plena inclusión de los menores a la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quiero pedirle a la Senadora Margarita Flores, si me permite sumarme a su propuesta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Senadora Flores Sánchez, acepta?

Tome nota la Secretaría de la incorporación de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar y Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle a la Senadora Margarita Flores Sánchez que me permita adherirme a su iniciativa, además, sin duda, reconocer que es un tema muy necesario.

Recientemente tuvimos un foro aquí en el Senado de la República para atender este tema de la salud auditiva. Particularmente para identificarla desde los niños en edades tempranas, les cambia la vida.

Gracias, Senadora Flores Sánchez, por permitirme sumarme.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Suscriben también la iniciativa los Senadores Erika Ayala Ríos, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Lucero Saldaña Pérez, Mariana Gómez del Campo Gurza y Dolores Padierna Luna. Tome nota la Secretaría de las manos que se están levantando.

 






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de marzo como el "Día Nacional del Síndrome de Down".

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE MARZO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, César Octavio Pedroza Gaitán, Hilda Esthela Flores Escalera, Yolanda de la Torre Valdez, Luisa María Calderón Hinojosa, Sonia Rocha Acosta, María del Rocío Pineda Gochi, Javier Lozano Alarcón, María del Pilar Ortega Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Luis Fernando Salazar Fernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Andrea García García, Layda Sansores San Román, Amelia Torres López, Erika Ayala Ríos, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Carlos Manuel Merino Campos y Marco Antonio Olvera Acevedo)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente:

Me da mucho gusto en este momento estar presentando esta iniciativa de ley firmada por muchos compañeros Senadores de todas las fuerzas políticas en este Senado de la República, con la única finalidad de poder decretar el día 21 de marzo como el Día Nacional del Síndrome de Down.

Ya existe a nivel mundial este día y ahora queremos que en México el 21 de marzo se convierta en el Día Nacional del Síndrome de Down.

Quiero compartirles que desde hace unos días, gracias a la sensibilidad de nuestro Presidente de este Senado de la República, el Senador Roberto Gil Zuarth, iluminamos el Senado de la República con muchos colores, con una campaña que estamos impulsando entre todos, entre diversas instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Senado.

Esta campaña cuenta con muchos colores porque nuestros niños y jóvenes con síndrome de Down siempre los buscan cuando dibujan, y pueden ver las pinturas expuestas aquí afuera. Ojalá se puedan dar el tiempo de darse una vuelta, de poder disfrutar de las pinturas de Juan José, de Jorge, de Lupita, en donde plasman lo que piensan, lo que sienten, y pueden ver que son pinturas con muchísima vida, con mucho colorido. Por eso hoy traigo también esta blusa roja, porque significa vida, amor, corazón. Y podrán ver en parte de las pinturas algo muy similar.

Quiero compartirles también que a este esfuerzo se han sumado la actriz Leticia Calderón, la periodista Katia D’Artigues, organizaciones de la Sociedad Civil, Arturo Kemchs Dávila, fundador de Arte Down México, A.C.; Pía Carrasco Zanini, Directora General de DAUNIS, que son los niños que venden tamales hechos por ellos, también deliciosos, que pudimos degustarlos el día de ayer; el licenciado Javier Quijano Orvañanos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, entre muchas otras organizaciones que se han sumado a este esfuerzo porque necesitamos concientizar a la población de lo que significa el Síndrome de Down, necesitamos concientizar a la población de lo que significa esta discapacidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la relación estimada de casos de síndrome de Down es de 1 por cada 1000 a 1100 nacimientos. En nuestro país se estima un caso de Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos, según datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

No hay una cifra oficial que con certeza nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y su tipo de discapacidad, porque como ustedes sabrán, hoy desafortunadamente muchas familias por temor o por vergüenza tienen a sus niños en casa amarrados, tienen a sus niños en casa con cadenas, no los dejan salir por tener alguna discapacidad y a veces simplemente porque no tienen con quién dejarlos y para que no se salgan de casa los dejan de esta manera.

Todo esto hace que sea cada vez más difícil que las políticas públicas sean diseñadas acorde a sus necesidades. No contamos hoy con la información básica, es todavía más difícil que se formulen las condiciones sociales, normativas y hasta de infraestructura que les permitan el goce de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a poder tener un empleo digno.

Es lamentable, y hoy tenemos una gran tarea pendiente para crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico del que son objeto.

Parametría publicó en mayo de 2012 una encuesta en la que se indicaba que el 87 por ciento de los mexicanos había escuchado alguna vez hablar sobre el síndrome de Down, el 56 por ciento dijo que conoce a alguna persona con síndrome, el 86 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que las personas con este padecimiento sean integradas a la sociedad, el 91 por ciento dijo no tener ningún inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con dicha condición.

Esta encuesta lo que refleja es lo que en una muestra representativa opinamos los mexicanos sobre las personas con Síndrome de Down.

¿Por qué seguimos viendo discriminación y rechazo?, ¿por qué las autoridades se hacen de la vista gorda como si no pasara nada?, ¿por qué las empresas siguen siendo reticentes a abrirse a las personas con discapacidad y no se les da la oportunidad de poder tener un empleo digno como cualquier otro ser humano?

A los Senadores nos preocupan y ocupan varias cosas: primero, que el 31 por ciento de las personas con discapacidad en México no sean derechohabientes de algún sistema de salud; nos preocupa también que nuestro país cuente únicamente con 87 médicos, ojo, que tienen algún tipo de especialidad o de estudios en materia de Síndrome de Down, y que ninguno labore en el sector público, ojo, estoy hablando de algún tipo de especialidad o de estudios en materia de Síndrome de Down, no estoy diciendo que existan 87 especialistas específicamente encargados del síndrome de Down, de hecho no existe uno solo en nuestro país.

Tenemos cardiólogos, pediatras, terapeutas, genetistas que atienden de alguna manera a nuestros pequeños con síndrome de Down.

Por otra parte, si hablamos de educación pareciera que el panorama tampoco es favorable para nuestros niños con Síndrome de Down. Es un avance que exista el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de la SEP que desde 2012 se atiende en promedio a 91,700 personas con algún tipo de discapacidad intelectual; pero hace falta distinguir que no todos los tipos de discapacidad deben atenderse de la misma forma ni se cuenta con la infraestructura indicada. Y si hablamos de personal calificado, el reto se hace todavía más grande.

Quiero hacer una reflexión sobre lo difícil que le resulta encontrar oportunidades de empleo, pareciera que tener algún tipo de discapacidad en México condena a esa persona a vivir marginado de toda oportunidad laboral y de crecimiento. Tenemos que acabar con esto.

Yo quisiera, insisto, agradecer nuevamente al Presidente del Senado de la República, el Senador Roberto Gil; reconocer también la sensibilidad del Presidente Ministro de la Corte, me parece muy importante que se haya sumado a este esfuerzo con tanta alegría y entusiasmo y con todas las ganas de poder incluir también entre la gente que labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a personas con alguna discapacidad, darles la oportunidad.

A la Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a doña Carmen Carrión, siempre con mucho entusiasmo e ilusión le entra fuerte a estos temas tan sensibles y que nos duele profundamente cuando no son atendidos, y a todos los compañeros y las compañeras Senadoras; muy en especial, insisto, a la Asociación DAUNIS, y también a nuestro amigo Kemchs que hizo todo lo necesario para poder contar hoy con la exposición que tenemos aquí afuera.

Para concluir mi intervención, los invito a que potenciemos esta campaña “Diferentes pero iguales”. Que nos comprometamos a generar conciencia, que nos comprometamos a ver por el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños con Síndrome de Down.

Quiero compartirles que estaremos haciendo lo necesario a través de las redes sociales para que la gente se entere de qué significa tener Síndrome de Down, que tengan información de lo adorables y encantadores que son nuestros niños y que tenemos que brindarles mejores oportunidades e insistir en tener la legislación correcta; y también hacer lo necesario desde este Senado de la República porque urge el nombramiento del titular de Conadis, sabemos que está en un litigio el tema, pero necesitamos y hacemos un llamado al Presidente Peña Nieto, necesitamos que haya titular, no puede estar acéfalo el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nosotros desde aquí haremos nuestro trabajo en materia de legislación que tenga que ver con la accesibilidad, que tenga que ver también con la movilidad.

Quiero pedirles a todos ustedes, ojalá que nos ayuden a generar conciencia a través de las redes sociales. Les hice llegar sus calcetines, estos calcetines son símbolo de inclusión, son símbolo de color y de la vida que nos proyectan nuestros niños y nuestras niñas con Síndrome de Down. Y yo espero que podamos todos sumarnos a esta campaña con el hashtag #diferentesperoiguales, por la inclusión de nuestros niños con discapacidad, concretamente con síndrome de Down.

Y a mí me inspira mucho el hijo de una gran amiga, Tania Galindo, que la conozco desde la universidad y ha hecho lo necesario e impulsó una campaña en redes sociales con mucha fuerza para ayudar a su hijo que tiene Síndrome de Down y también tiene cáncer, “Todos Unidos por Jero”, ha sido para mí una inspiración para entrarle fuerte a este tema y hacer lo necesario para que tengan una mejor calidad de vida.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ROBERTO GIL ZUARTH, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, SONIA ROCHA ACOSTA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, JAVIER LOZANO ALARCÓN, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIO DELGADO CARRILLO, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ANDREA GARCÍA GARCÍA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, AMELIA TORRES LÓPEZ, ERIKA AYALA RÍOS, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS Y JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 numeral 1 fracción II, y 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE MARZO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN” al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 66/149 a través de la cual acordó oficializar el 21 de marzo como “Día Mundial del Síndrome de Down”, con la finalidad de aumentar conciencia pública sobre el Síndrome de Down, así como recordar la dignidad inherente, la valía y las contribuciones de personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

De acuerdo con datos de la ONU, la incidencia del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1,000 y 1 de cada 1,100 en recién nacidos. Por lo que respecta a la expectativa de vida de las personas con Síndrome de Down a principios de siglo pasado era de 10 años, hoy en día la expectativa de vida es de 50 años.

2.- No hay una cifra oficial que nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país o el tipo de discapacidad y por ende no podemos conocer el número de personas que tienen Síndrome de Down, o el número de nacimientos que se tiene al año, lo que dificulta que las políticas públicas sean diseñadas y acorde a las necesidades básicas de las personas con discapacidad que les permitan garantizar el disfrute de derechos básicos como el de la salud, la educación o el trabajo por mencionar algunos; y por otro lado, implementar acciones que prevengan la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico del que son objeto.

En nuestro país se estima 1 caso de Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos según datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

Algunos datos con los que se cuentan son los del Registro y vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas (RIVEMCE), en donde se señala que para el periodo 2004-2008 hubo una prevalencia del 11.37 por ciento por cada 10,000 nacimientos con Síndrome de Down en la población mexicana. Dicho estudio fue obtenido de 21 hospitales de 11 ciudades del país, en donde se registraron 62,000 nacimientos que correspondieron al 3.5 por ciento de nacimientos en México.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el estudio que realizó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2012) señala que la principal causa de discapacidad es la que tiene que ver con la enfermedad 38.5por ciento; la causa por edad avanzada 31 por ciento; el nacimiento 15 por ciento y los accidentes 12 por ciento. Por grupo de edad, niños y jóvenes que tienen discapacidad a consecuencia de un problema o durante el nacimiento es mayor a las que presentan los adultos dado que en etapa temprana representa el 68.9 por ciento y en adultos 53.9 por ciento.

Por lo que respecta al tema de salud, el Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 2010) reporta que 68.8 por ciento de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud. 46.7 por ciento están afiliados al Seguro Social (IMSS), 37.2 por ciento al Seguro Popular, 10.9 por ciento al ISSSTE, 2.7 por ciento a una institución privada, 1.5 por ciento a Pemex, Defensa o Marina y 2.4 por ciento a otra institución no definida.

Dentro del rubro de educación, el Censo reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hacen como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes.

Por lo que respecta al tema del empleo, en dicho Censo se señala que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 pesos, dependiendo de la zona geográfica.

Por otra parte, en mayo de 2012 la empresa Parametría publicó una encuesta en la que se mencionaba que 87% de los mexicanos había escuchado hablar sobre el Síndrome de Down; 56% conocía a una persona con Síndrome de Down; 86% de los encuestados está de acuerdo con una integración total, mientras que sólo el 5% está en desacuerdo. El 91% de los encuestados dijo no tener ningún inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con Síndrome de Down, mientras un 7% dijo no estar de acuerdo en convivir.

3.- Ahora bien, dichos datos nos crean conciencia de la necesidad de implementar acciones que permitan garantizar una vida decorosa para las personas con discapacidad, toda vez que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), el 20.4% de las personas cree que la discriminación es el segundo problema de las personas de acuerdo con su condición, sólo por debajo del desempleo (27.5%) y por encima de no ser autosuficiente (15.7%).

Asimismo, señala que 7 de cada 10 personas creen que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. De la población con discapacidad encuestada 19.1% señala que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades; 78% indica que es difícil o muy difícil recibir apoyo del gobierno y sólo 33% los servicios de salud son suficientes porque le brindan la atención que necesita.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 emitió las Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (ENADID 2014), en donde señaló que la prevalencia de la discapacidad en México es de 6%. Por lo que respecta a las personas que se encuentran en mayor riesgo de experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades representan el 13.2% de la población y quienes no viven con discapacidad o limitación constituyen el 80.8% restante.

Dada la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas con discapacidad y generar cada vez más acciones afirmativas que colaboren a generar una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo que resulta importante que nuestro país adopte en el calendario nacional el 21 de marzo como “Día Nacional del Síndrome de Down”, con la finalidad de incrementar la sensibilidad de las personas para poder ser una sociedad más incluyente.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 de marzo de cada año como “Día Nacional del Síndrome de Down”, a partir del año 2017 con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de contar con políticas de inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad de manera específica del Síndrome de Down.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Suscriben,

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Andrea García García.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Amelia Torres López.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores Sánchez.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, que si nos permitiría unirnos la Senadora Mariana Gómez a participar en esta iniciativa.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Por supuesto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, ¿mismo propósito? Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Lisbeth Hernández Lecona.

Para suscribir el punto de Acuerdo, Senador Mayans Canabal. Tome nota la Secretaría de la solicitud.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentadas por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¡Todos contra Trump! Esto está bien, se ve bien, a favor de los latinos y del pueblo de México, que mucho queremos y amamos.

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1983, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado reconoció por primera vez en el país la existencia de un profundo deterioro institucional a causa de la corrupción.

Quién no recuerda el lema en boga de aquél entonces: “Renovación Moral”, que de inmediato se tradujo en la vox pópuli como “la renovación del morral”.

Hoy, después de 32 años, las estadísticas indican que en los hechos la corrupción simplemente se amplió y profundizó lamentablemente, que ésta no dejó de multiplicarse por lo que sigue presente en la vida nacional, sin que existan avances reales, palpables, significativos en su erradicación o disminución de sus índices.

En la sesión de fecha 9 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva de este Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el Día Internacional Contra la Corrupción, a través del cual se exhortó a los tres niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, favorecer la transparencia, y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

También se hizo un llamado a las y los legisladores federales y a los congresos locales a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

También se exhortó a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción, mediante su denuncia y el fomento de la transparencia en aras de la protección de la democracia y el estado de derecho de nuestro país.

Para alcanzar estos objetivos, ya hemos sostenido que se requiere hacer mayores esfuerzos legislativos para incluir disposiciones dirigidas a detener y erradicar este cáncer que tiene carcomido nuestro estado de derecho y, con ello, nuestra convivencia armónica y pacífica como sociedad y como nación.

Sabemos de la trascendencia del conjunto de reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también reconocemos que se necesitan reformas adicionales que las complementen.

Más aún cuando a la corrupción se le suma la profunda desigualdad social y el clima de inseguridad y de impunidad en el que se encuentra inmerso nuestro país.

Debido al alarmante nivel de corrupción en la esfera pública, México se colocó como el país más corrupto de América Latina durante el 2013, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional.

En 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países, por lo que compartió ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. Además que se colocó por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.

En consecuencia, México se ubicó en la última posición de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Este es el lugar 34.

En materia de impunidad, hay que considerar el Índice Global de Impunidad México, el IGI-MEX 2016, que es resultado de una investigación que recientemente elaboró y dio a conocer a la opinión pública la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, con información oficial obtenida de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

Dicha investigación nos indica concretamente que, la impunidad es un problema generalizado. Ninguna identidad federativa está exenta y 25 de ellas se clasifican como muy elevados y altos los índices.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8 por ciento. La cifra negra son los delitos que no se denuncian, compañeras y compañeros.

Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista de muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza que rebasó a todas las instancias de gobierno y que no pueden atender este problema de manera aislada, ante un fenómeno multicausal y atribuible a los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con este diagnóstico, 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada, entre ellos: Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León y Oaxaca.

Esta realidad nos impone a no postergar más la expedición de la legislación secundaria para dar plena vida al Sistema Nacional Anticorrupción, recién creado.

Y como parte de ella se debe reformar y actualizar la legislación penal en su aspecto punitivo, a fin de sancionar con mayor rigor a quienes estando en el ejercicio del servicio público, incurren en conductas ilícitas.

Nadie puede negar que cuando los ciudadanos que tienen conferida la confianza a nombre del Estado para desempeñar un cargo público y desvía su conducta al ejercerlo para incurrir en algún ilícito, debe considerarse que tal circunstancia constituye un perjuicio grave para la sociedad en su conjunto, porque se afectan bienes jurídicamente tutelados como lo son los valores fundamentales de la sociedad, el mejor desarrollo de la administración pública y el correcto funcionamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, bajo un conjunto de principios tales como la probidad, la honradez, el profesionalismo y la legalidad.

Es por ello que pongo y propongo modificar diversas disposiciones de nuestro código político, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal considerando que:

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, misma que ratificó nuestro país el 20 de julio de 2004, en el marco de este instrumento jurídico internacional se han realizado diversas recomendaciones a México a efecto de que en el tema de penalización y aplicación de la ley se considere la posibilidad de establecer procedimientos para destituir a los servidores públicos acusados de corrupción. Así como la inhabilitación para todos los delitos de corrupción y la inhabilitación para ejercer cargos en empresas de propiedad total o parcial del Estado.

Desde el punto de vista legal, la corrupción se manifiesta con una amplia variedad de conductas ilícitas, algunas de ellas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Federal, tal es el caso del ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, la concusión, el tráfico de influencias, el cohecho, que es lo que la ciudadanía asemeja a corrupción, el peculado, el enriquecimiento ilícito, y también la desaparición forzada de personas.

En la consecuencia, con iniciativa que pongo a su elevadísima consideración propongo un conjunto de reformas:

A.- A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que:

1.- Derogar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional con el propósito de sujetar al Presidente de la República al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previstos en el Título Cuarto de nuestra Ley Fundamental, en virtud de que dicho servidor sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por los delitos graves del orden común, situación que ya no corresponde a nuestro régimen democrático vigente.

2.- De esta manera se propone reformar al artículo 110 constitucional en su primer párrafo para considerar como sujeto de juicio político al Presidente de la República.

B.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales para:

Primero.- Reformar el artículo 167 que se consideren como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los cometidos por servidores públicos comprendidos en el Título Décimo del Código Penal Federal, y contra la administración de justicia comprendido en el título décimo primero del mismo ordenamiento.

También se propone incluir en este precepto a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos comprendidos en el Título Segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Lo anterior con el propósito de que dichas conductas delictivas se encuentran plenamente clasificadas como graves conforme al artículo 150, y en consecuencia el Ministerio Público tenga la posibilidad de ordenar la detención del servidor público o sujeto imputado cuando se actualice el supuesto de caso urgente, al existir riesgo fundado de que el servidor público pueda sustraerse o evadir la acción de la justicia.

C.- Al Código Penal Federal se propone reformar el artículo 85, con el objeto de que todo servidor sentenciado por algún delito comprendido en los Títulos Décimo, y Décimo Primero no se le concede el beneficio de la libertad preparatoria; además de prever que en estos delitos no proceda la sustitución o conmutación de sanciones previstas en el artículo 70 por ser ilícitos que afectan los valores fundamentales de la sociedad, como ya se advirtió.

Por último, se propone incrementar el cuántum no sólo de las penas privativas de la libertad, sino también de la inhabilitación, es decir, el límite mínimo y el máximo de la duración y aplicación de estas sanciones, tratándose de los delitos de los títulos Décimo, y Décimo Primero del Código Penal Federal, además de incrementarse los montos de las multas aplicables.

Debe considerarse que el establecimiento de sanciones que correspondan a todo acto ilícito que entrañe corrupción en el servicio público debe implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido.

Compañeras y compañeros Senadores, desde hace más de tres décadas sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quien hoy en día sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves, pero solo del orden común, esperando que sean de su atención e interés, estas propuestas legislativas, los conmino a que avancemos con estas y otras reformas para erradicar esta enfermedad que tiene al país en un delicado estado de salud como lo es el cáncer de la corrupción.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inserte el texto íntegro de mis dos iniciativas que hoy presento, en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal. El proyecto de reformas a los artículos 108 y 110 constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Al Senador Mayans Canabal, si me permite adherirme.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con mucho gusto, Senador Hermosillo y Celada.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría. Senador Juan Fernández, Senador López Brito. Gracias, Senador.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla; así como a integrantes de la incubadora de legisladores, que han sido invitados por el Senador Héctor Larios Córdova.

¡Bienvenidos al Senado de la República!

Senador Mayans Canabal, le pregunta la Senadora Calderón Hinojosa si acepta que se incorpore a su iniciativa

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.

 






MESA DIRECTIVA

Ruego a la Asamblea su atención para rectificar turnos de cuatro iniciativas.

La primera, el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, presentada por los Senadores Arely Gómez González y Robert Gil Zuarth.

La segunda, el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La tercera, el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La cuarta, el proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, presentada por Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Las cuatro iniciativas se turnarán a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, de tal suerte que tengan el mismo trámite.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos, por favor.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con los dictámenes, señor Presidente.

Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL”

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se adiciona la fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en materia de presupuesto para proyectos de asociación.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 4 de noviembre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual fue remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, numeral 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos avocamos al análisis, discusión y valoración de la minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En sesión ordinaria del 29 de octubre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con 360 votos en pro, 59 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos Constitucionales.

2. En sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores dio cuenta al Pleno de la recepción de la minuta antes mencionada enviada por la Colegisladora y mediante oficio No. DGPL-1P1A.-3286, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo del 2 de diciembre de 2015, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer el contenido y su opinión sobre las propuestas de la citada minuta.

4. En reunión de trabajo del 15 de marzo de 2016, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras nos avocamos al análisis del contenido de la citada minuta, a efecto de emitir nuestras observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La minuta en comento tiene como objetivo el establecer un nuevo mecanismo de autorización presupuestaria y mejorar los procesos de programación en relación con el presupuesto que tengan disponible cada año las asociaciones público privadas.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Mediante el procedimiento que la minuta establece, se podrán aprobar proyectos durante el ejercicio fiscal correspondiente, conforme al "monto máximo" que sea aprobado por la Cámara de Diputados, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público privadas (en adelante proyectos APP),de carácter presupuestario, a fin de atender los compromisos de pago requeridos tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Actualmente, los proyectos APP presupuestarios que no son autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a más tardar en el mes de agosto, no podrán incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo, por lo que tendría que trascurrir otro ejercicio para iniciar la contratación y ejecución del proyecto, toda vez que está sujeto a la aprobación de la H. Cámara de Diputados. Con las modificaciones aprobadas por la minuta que se analiza, se podrá autorizar durante todo el ejercicio fiscal, como ha sido mencionado, proyectos APP.

Considerando que la rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto contribuyen a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público, así como a ofrecer un claro seguimiento a las asignaciones presupuestarias realizadas por el Congreso de la Unión a este tipo de proyectos, la minuta establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su Portal de Transparencia Presupuestaria, la información prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Igualmente y con la finalidad de conocer los proyectos APP que hayan cumplido con los requisitos que marca la Ley y estén autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la minuta indica que en dicho proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de indicar la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos APP, se deberá agregar el listado de proyectos APP autorizados a esa fecha por la citada Comisión.

Con la intención de robustecer el procedimiento de autorización de los proyectos APP, en la minuta se prevé la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de remitir a la Cámara de Diputados, para consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. para tales efectos, se dispuso de un periodo de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá aprobado el proyecto de que se trate.

Se adicionó también, la obligación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incluya en un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos plurianuales, los proyectos APP que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto mencionado. Para tales propósitos, se deberá señalar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y del calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso en que ya se hubieran contratado.

Con la finalidad de transparentar las acciones de gobierno, la minuta establece que en el contenido de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal rinde ante el Congreso de la Unión, se incluya una rendición de cuentas sobre los proyectos APP, indicando al efecto los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante.

Por otra parte, la minuta contiene el tipo de autorizaciones que requiere cada proyecto APP, dependiendo de su fuente de recursos, con lo que se evitan confusiones y demoras innecesarias, para los ejecutores de gasto.

Para mejorar la figura de las Propuestas no Solicitadas y dirigir de mejor forma a los particulares interesados sobre los proyectos que podrán impulsar ante el sector público, la minuta dispone que en los acuerdos que, en su caso, emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para determinar las propuestas de proyectos APP que están dispuestas a recibir, deberán especificar metas físicas estimadas y fechas previstas de inicio de operación o beneficios esperados, así como la vinculación de los proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de éste.

Igualmente, con el propósito de dar certeza a los promotores sobre los aspectos que se evaluarán en los casos de Propuestas no Solicitadas, la minuta precisa que se valorará su conveniencia, las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica - financiera, además de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, y la rentabilidad social del proyecto, en su caso.

También por lo que hace a las Propuestas no Solicitadas, la minuta estimó la obligación del Ejecutivo Federal de reportar al Congreso de la Unión, a través de los informes trimestrales que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Propuestas no Solicitadas que reciban las dependencias y entidades durante el periodo que se reporta, que hubiesen cumplido con todos los requisitos que la Ley establece para su valoración.

Por último, la Colegisladora realizó algunos ajustes en materia de los contratos de asociación público-privada, particularmente por lo que hace a los efectos de la rescisión y terminación anticipada, así como de la figura de la intervención.

En la minuta que nos ocupa se prevé que el Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, en las disposiciones transitorias se precisa que el Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultamos competentes para dictaminar la minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia las modificaciones que prevé la presente Minuta, en virtud de que .contribuyen a hacer más expeditas la operación del esquema de inversión de Asociaciones Público Privadas (APP), así como precisar y simplicar su reglamentación, particularmente en materia de disponibilidad de recursos destinados a proyectos de inversión bajo este mecanismo y la simplicación de los procedimientos de preparación y autorización de los proyectos, mediante la especificación de conceptos y de las reglas aplicables a los contratos y su ejecución, tanto como la precisión de las responsabilidades de los participantes y de la Administración Pública Federal.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras concordamos con lo planteado por la Colegisladora y estimamos conveniente la aprobación de la minuta en sus términos, toda vez que resulta necesario fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la preparación y autorización de los proyectos APP, así como su gestión presupuestaria.

CUARTA.-Existe plena coincidencia con la Colegisladora sobre la conveniencia de fortalecer, los procesos de transparencia y rendición de cuentas vinculados a los proyectos APP, mediante la inclusión en los informes que el Ejecutivo Federal rinde al Congreso de la Unión de manera trimestral, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de diversa información relativa a los proyectos APP aprobados durante el período que se reporta o bien en proceso de revisión, así como aquella derivada de las Propuestas no Solicitadas que reciban de particulares las dependencias y entidades paraestatales.

QUINTA. En suma, consideramos que con las modificaciones expuestas además de fortalecer y simplificar el marco que regula las APP, se mejorará la eficacia y calidad del gasto público.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 3, párrafo tercero; 11, párrafo primero; 12, fracción VIII; 14, párrafos primero, tercero y su inciso i), cuarto y sexto; 21; 23; 24; 26, párrafo segundo; 27; 29, párrafo tercero; 31, párrafo primero y su fracción III; 59, fracción II; 64, párrafo tercero; 91, párrafo segundo; 92, fracciones IX y XIII; 99, párrafo primero; 112, párrafos primero y tercero; 113, párrafo primero y 142, y se derogan el quinto párrafo del artículo 14, y el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

Artículo 3.

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en términos del Capítulo IV, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación público privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en dicha ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto.



Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraNet, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público-privada federales, así como de las propuestas no solicitadas que reciban las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la presente Ley. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

Artículo 12.

I. a VII.

VIII. Dependencias: Las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética;

IX. a XVI.

Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público privadas serán viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. a IX.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información contenida en los análisis a que se refieren las fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente:

a) a h)

i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción IX del primer párrafo de este artículo, y

j)

La información a que se refiere el párrafo anterior será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha información será publicada de manera permanente en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos.

Quinto párrafo se deroga.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos de asociación público-privada autorizados, los montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante la vigencia del contrato.

Artículo 17.

Segundo párrafo se deroga.

Artículo 21. La dependencia o entidad que pretenda participar con recursos públicos federales en proyectos de asociación público-privada que haya dictaminado como viables en términos del artículo 14 de la presente Ley, deberá obtener el registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 23. El procedimiento de contratación de un proyecto de asociación público-privada sólo podrá iniciarse conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando cuenten con:

a) El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley;

b) El registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

c) La autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en términos del artículo 24 de esta Ley;

II. En el caso de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales en numerario, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con los requisitos previstos en los incisos a) y b) de la fracción anterior, y

III. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales distintos a numerario, deberán contar con el dictamen de viabilidad, en términos del artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para determinarlos compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de asociación público-privada, se deberán tomar en consideración los proyectos que se prevea iniciar en el ejercicio fiscal correspondiente, aquéllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación y los proyectos que ya estén en operación. Dichos compromisos serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público federal.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público privadas, a fin de atender los compromisos de pago requeridos, tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá los proyectos de asociaciones público privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos del quinto párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público privadas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como cambios sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán analizados y, en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la cual deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto. La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos que hayan sido contratados.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 26.

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias o entidades federales podrán publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, un acuerdo mediante el cual determinen las propuestas de proyectos de asociación público-privada que estarán dispuestas a recibir, especificando como mínimo los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En estos casos, sólo se analizarán por las dependencias o entidades las propuestas recibidas que atiendan los elementos citados.

Artículo 27. Las propuestas a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Se presentarán acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes:

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas;

b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos;

c) La viabilidad jurídica del proyecto;

d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto;

e) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada;

f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto;

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y

h) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, y

III. No se trate de propuestas no solicitadas previamente presentadas y ya resueltas.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las fracciones del párrafo anterior, sin que pueda establecer requisitos adicionales.

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, o los estudios se encuentran incompletos, no será analizada.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las propuestas no solicitadas que las dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 29.

Para la evaluación de la propuesta no solicitada deberá considerarse, entre otros aspectos, la alineación a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, institucionales, especiales o regionales; la rentabilidad social del proyecto de asociación público-privada, en caso de ser aplicable; la conveniencia para llevar a cabo dicho proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica-financiera.

Artículo 31. Si la propuesta no solicitada es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes:

I. y II.

III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 20 de esta Ley, la evaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso;

IV. a VII.

Artículo 59.

I.

II. El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 64.

I. a VI.

No procederá la adjudicación directa tratándose de propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo tercero de la presente Ley.

Artículo 91.

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad deberá cumplir.

Artículo 92.

I. a VIII.

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;

X. a XII.

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, incluyendo las obligaciones, reembolsos y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas, así como los términos y condiciones para realizarlas;

XIV. a XVI.



Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el monto de éstas, en su conjunto, no deberá exceder:

I. y II.

Artículo 112. La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público-privada, cuando a su juicio el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro el desarrollo mismo del proyecto.

En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, la dependencia o entidad podrá proceder a la rescisión del propio contrato.

Artículo 113. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 115 de la presente Ley. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la presente Ley.

Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse en términos de las disposiciones jurídicas que rigen dichos procedimientos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los proyectos de asociaciones público privadas que se encuentren en proceso de autorización a la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a las disposiciones del mismo.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 15 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Yunes Zorrilla, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Saludando con mucho aprecio y mucho respeto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, a nombre de las Senadoras y los Senadores que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pongo a consideración de este Pleno un dictamen que modifica 21 artículos de la Ley de Asociaciones Público Privadas, un dictamen que tiene por objeto agilizar la construcción de estos contratos y de agilizar el procedimiento presupuestal.

Modificaciones a esta ley, que buscan como objetivo generar condiciones de transparencia en la aplicación de los contratos.

Es importante, es pertinente, desde nuestra perspectiva, como preámbulo de la discusión y del debate de este dictamen, determinar que no es una ley nueva, que son modificaciones, artículos específicos, que la discusión en la Comisión de Hacienda y Crédito Público no consideró la naturaleza de esta figura contractual.

No es materia de este dictamen el definir si las asociaciones público privadas son deuda o no son deuda.

Hay un debate importante en materia de lo que señala sobre este respecto la Ley General de Deuda Pública, y hay también quienes sostenemos que al implicar obligaciones y compromisos fiscales a futuro, que comprometen recursos públicos, pudiesen considerarse en esa acepción.

En este sentido, la iniciativa que recibió como Cámara de origen la Cámara de Diputados, y la minuta que recibimos en la Cámara de Senadores, pretende darle mayor viabilidad a los proyectos de las asociaciones público privadas.

En este sentido se consideró y se analizó la modificación de su artículo 14 con el objetivo de reconocer, por el origen de sus recursos, el tipo de asociación público-privada que puede significar un proyecto.

Hay proyectos que son puros y que tienen su origen en puros recursos presupuestales, y es aquí donde la modificación al artículo 14 cumple con un sentido importante, porque sujeta a esta valoración la anuencia y coordinación de trabajos de 3 pasos y 3 instancias relevantes.

En este sentido, de manera explícita se aclara la participación de las dependencias del ramo que le dan materia al proyecto en el ánimo de tener que emitir un dictamen de viabilidad en ese sentido, en su alcance, en su composición financiera y particularmente en los beneficios sociales que podría generar.

Para los proyectos que no incorporan de manera pura los recursos presupuestales solamente, sino otras figuras, además de la participación privada, sólo deben limitarse, no sólo a la viabilidad del dictamen, que ya comenté, expresan las dependencias, tampoco al registro en la cuenta de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además a la valoración que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación pudiesen señalar, sino únicamente en los 2 primeros pasos.

También este dictamen que estamos presentando, y esta modificación, prevé la posibilidad de generar, en el momento de presupuestación en la Cámara de Diputados, una estimación de monto máximo anual para proyectos de asociaciones público privadas.

Esto genera un cambio importante con respecto al funcionamiento vigente que rige este tipo de instrumentos de política pública presupuestal, y en este sentido logra que haya flexibilidad y que se puedan, a lo largo del año fiscal, incorporar proyectos que puedan contar con la anuencia, tanto de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, como también por las dependencias que pudiesen estar de manera puntual generando condiciones de participación privada en el desarrollo de algunas inversiones.

Esta es una diferencia relevante que queda salvaguardada en condiciones de transparencia, y que de manera puntual involucra a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Y en este sentido, al aprobar la Cámara de Diputados, en su proceso de presupuestación, una estimación del monto máximo anual para proyectos de asociaciones público privadas, permite que no sólo puedan instrumentarse en ese ejercicio fiscal las que hubiesen, de manera expresa, sino aprobadas por la Cámara de Diputados, sino que se da la posibilidad de que se puedan incorporar a lo largo de ese ejercicio nuevas, siempre y cuando no trasgredan este monto máximo.

Otra de las modificaciones relevantes que se consideran en este dictamen y que está a su consideración, es lo que tiene que ver con las propuestas no solicitadas. Y hoy se genera, de manera explícita, una mayor publicitación de aquellos rubros en los que los particulares pudiesen, en coordinación con los ámbitos públicos, poder atender.

Obliga a las dependencias involucradas a definir, a explícitamente hacer público a través del Diario Oficial de la Federación, o a través de sus páginas de Internet oficiales, cuáles pudiesen ser los temas, los alcances y los propósitos sujetos a poder considerarse como figura de asociación pública-privada, así como también para las propuestas no solicitadas estas dependencias tendrían que hacer pública su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Hay en términos de autorización de recursos las propuestas ya mencionadas bajo el camino que acabo de mencionar, y también este dictamen y este conjunto de modificaciones en los 21 artículos modificados, genera de manera puntual avances significativos en el ámbito de los contratos y de su intervención, para que pueda haber, de manera muy clara, condiciones de decisión o determinación anticipada a los acuerdos contractuales que pudiesen haber sido considerados.

Por esto, y particularmente en momentos en donde las presiones presupuestales son evidentes y la demanda social por realización de infraestructura, por atención de servicios vinculados a su realidad requieren de recursos, creemos muy pertinente poder respaldar, con el voto aprobatorio, este conjunto de modificaciones que harán de las asociaciones público privadas un vehículo de desarrollo sujeto a principios de transparencia, de responsabilidad y de rendición de cuentas.

Por estas razones, de manera muy respetuosa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, votamos a favor en el sentido de la minuta, y solicitamos respetuosamente su acompañamiento esta tarde.

Quisiera concluir reconociendo el trabajo siempre comprometido de las Senadoras y de los Senadores integrantes de ambas comisiones, y de manera particular el acompañamiento siempre profesional y comprometido del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el Senador Alejandro Encinas.

Muchas gracias por su atención.

Está a su disposición este dictamen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como bien lo ha señalado el Senador José Yunes, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este Senado, tras un debate que hemos tenido sobre este tema, no ahora, sino a lo largo de varios años desde la creación de la propia ley que genera la posibilidad de establecer contratos de asociación público-privada en nuestro país, hemos venido debatiendo sobre la naturaleza, los alcances y lo que ha significado la generación de esta figura en lo que es tanto el desempeño de la función pública como el desarrollo de la infraestructura en el país, y lamentablemente el fortalecimiento de muchas empresas en demérito de lo que son el erario público y los asuntos del interés público.

Por supuesto que en torno a esas experiencias de contrato de asociación público-privada existen diversas experiencias, experiencias que han sido exitosas y que han tenido resultados favorables al interés público, incrementando la infraestructura y el patrimonio público de distintas entidades.

Yo pongo como ejemplo la primera asociación de carácter público-privada que desarrollamos en el gobierno de la Ciudad de México, cuando en una asociación entre el gobierno federal, la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo financiero, el Grupo Inbursa y el Gobierno del Distrito Federal, construimos la Plaza Juárez enfrente de La Alameda Central de nuestro país, donde se ubicó el actual edificio de la Cancillería del gobierno mexicano, y en ese contrato se establecieron un conjunto de acciones que permitieron el ganar-ganar a los distintos participantes.

En primer lugar, la ciudad ganó al momento de recuperar predios que aún se encontraban ocupados por los escombros del sismo de 1985, y en un arreglo con empresas como RAYMAN, a cambio de quien tenía la propiedad de esos predios en una negociación cónica se permitió concluir la actual Torre Mayor. Al mismo tiempo los terrenos ocupados, propiedad ya de la ciudad, se entregaron al gobierno federal para la construcción del edifico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México logró que a cambio de estos predios que beneficiaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le transfiriera lo que actualmente constituye el Centro Cultural Tlatelolco, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, donde actualmente está el Memorial del '68 de nuestro país.

Creo que ésta ha sido una de las experiencias más exitosas. Basta ver el desarrollo tan importante que en torno a la oficina de la Cancillería se generó con no solamente el Tribunal de lo Familiar del Distrito Federal, el Museo de la Tolerancia, distintas inversiones de carácter privado.

Lamentablemente a lo largo de estos años esta figura no solamente se ha distorsionado y ha incurrido en el abuso en demérito del patrimonio y de los bienes y el erario público de nuestro país, ya que este tipo de asociaciones ha representado hasta ahora una subordinación del interés público al interés privado, y al mismo tiempo se mantiene una enorme opacidad en el desarrollo de este tipo de contratos.

Muchos de quienes instrumentan este tipo de asociaciones, lo conciben no como un instrumento para fortalecer los bienes públicos y el interés público, sino como continuidad del proceso de privatización, y de esta forma se han venido delegando al sector privado funciones sustantivas que corresponden al ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública, entre otros factores, a lo que se adiciona lamentablemente la existencia de intermediarios financieros que han incrementado de manera significativa el costo del desarrollo de infraestructura.

Así se han generado carreteras, hospitales, escuelas, prisiones; se han edificado construcciones de gobierno, pero lamentablemente hay evidencias sumamente negativas a las cuales quiero referirme, voy a poner unos ejemplos muy concretos: Uno de ellos es la construcción del Hospital de Especialidades en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, un hospital para atender fundamentalmente quemaduras por la naturaleza de las actividades económicas en el manejo de pólvora que se realiza en esta región del Estado de México, y que se construyó para atender 28 especialidades, a 48 pacientes de manera simultánea, y que cuenta con 124 camas censables. En contraparte, este hospital se construyó en el 2009.

En el 2006 el Gobierno del Distrito Federal construyó un Hospital de Especialidades con mayor capacidad en la prestación de servicios, que es el Hospital Enrique Cabrera, en la Delegación Álvaro Obregón, que cuenta con una capacidad de 120 camas censables y 74 no censables, en donde la diferencia de los costos de construcción es realmente ofensiva para nuestro país.

En el caso específico del Hospital de Especialidades en Álvaro Obregón, el costo total de la obra, del equipamiento y de la instalación misma, representó un costo total de 350 millones de pesos, mientras que los términos de la concesión a través de una asociación pública-privada para la construcción del Hospital de Especialidades de Zumpango representará al término de la concesión un total de 7 mil 38 millones de pesos, es decir, con el costo del Hospital de Especialidades de Zumpango pudieron haberse construido 20 hospitales similares al de especialidades en la Delegación Álvaro Obregón.

Esto se reproduce en todo tipo de infraestructura. Pongo un segundo y último ejemplo, que es la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, aunque valdría la pena echarle una buena revisada a los términos en que se construyó este edificio del Senado de la República.

Por ejemplo, en febrero del 2003, siendo gobernador Arturo Montiel Rojas, otorgó una concesión a la empresa OHL para construir 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, con un costo inicial de 24 mil 921 millones de pesos, concesión que estaría otorgando una rentabilidad anual del 10 por ciento a la empresa.

Sin embargo, a la fecha el contrato original ha sufrido seis modificaciones que han permitido no solamente hasta el año 2051 la concesión, sino incrementar en 50 por ciento en términos reales las ganancias de la empresa OHL.

Esto ha llevado no solamente a la modificación de las tarifas de manera sistemática, sino incluso a prácticas de enorme opacidad, donde, por ejemplo, no solamente no se han construido los 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, sino solamente 110 kilómetros, y se ha acreditado de acuerdo a los convenios de modificación, una inversión de 23 mil 300 millones de pesos, de acuerdo a la empresa, cuando la empresa que audita estas obras, señala que solamente se han invertido 18 mil 600 millones de pesos. Esto al mismo tiempo, no solamente es una opacidad, sino que no hay claridad en el desarrollo de estas empresas, sino que con tantas modificaciones el incremento en términos reales, del costo de esta obra, superará el 35 por ciento sin considerar las ganancias en su extensión hasta el año 2051.

Yo por eso insisto, uno de los temas fundamentales es garantizar la transparencia en el establecimiento de estos convenios, que no pueden ser en agravio de los bienes y el patrimonio público, deben fortalecer la infraestructura, el equipamiento y todo lo que es el desarrollo de nuestro país, y con las modificaciones que hoy se presentan se profundiza la opacidad.

Pongo, por ejemplo, el artículo 24 que se reforma en este dictamen, donde se elude la responsabilidad para que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Ejecutivo los contratos de asociación pública-privada que se van a desarrollar y no se van a presentar ni van a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que conculca la facultad de fiscalización tanto de la Cámara de Diputados como de la Auditoría Superior de la Federación dejando en manos de la Secretaría de Hacienda un gran margen de discrecionalidad y de opacidad en el tema.

Y en segundo lugar, yo veo un problema, resulta, ayer con el Senador Cordero y hoy con el Senador Cervantes, visos de inconstitucionalidad en la reforma al artículo 12 de la actual ley al incorporar dentro de las dependencias que pueden establecer contratos de asociación público-privadas a los órganos reguladores coordinados en materia energética, cuando los órganos reguladores solamente pueden dictar normas y no pueden asumir labores de carácter ejecutivo.

Me decía el Senador Cordero que era, por ejemplo, para que pudieran contratar la prestación de servicios de limpieza en las oficinas de los órganos reguladores. Bueno, para eso existe la contratación de empresas, este mismo Senado contrata a Fonatur para prestar los servicios de limpieza sin necesidad de llegar a un contrato de asociación público-privada, o que era para construir un edificio propio de una asociación para construir su propia infraestructura, con eso basta realizar un contrato con cualquier empresa una licitación pública.

El problema es que el margen que abre esta reforma, a que los órganos reguladores puedan establecer contratos de asociación en las materias en las cuales sólo puede regular, ellos mismos otorguen concesiones y otorguen contratos.

Este es un tema que estamos revisando y con toda seguridad cuestionaremos ante la Corte.

La votación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda fue mayoritaria, efectivamente 2 a 1, como se habló con el Senador Yunes con quien siempre tenemos una relación muy franca, abierta, de trabajo, reconociendo nuestras diferencias, y espero que este tema, y que tanta controversia ha generado, si no lo resolvemos aquí, pues lo resolveremos en la Corte.

Por su atención, muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Las asociaciones público privadas son contratos de prestación de servicios celebrados entre entidades gubernamentales y privadas.

La reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta por Enrique Peña Nieto, aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy discute el Senado, tiene como propósito flexibilizar el procedimiento de aprobación de los proyectos de asociaciones público privadas, particularmente aquellos propuestos directamente por las empresas atraídas y motivadas por la oportunidad de hacer negocios rentables y seguros con cargo al presupuesto público.

Esta minuta tiene también el objetivo de diluir o eludir mecanismos del control parlamentario. Además, esta iniciativa permite de manera explícita la celebración de asociaciones público privadas por parte de los órganos reguladores del sector energético, lo cual es muy grave. Al facilitarse la aprobación de las asociaciones público privadas, se va a contrapelo de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como Gran Bretaña, por ejemplo, tierra natal de estos contratos.

Allá se está cuestionando severamente la efectividad de este tipo de asociaciones en relación a su costo-beneficio, a la transparencia de su otorgamiento, en su administración, a las dificultades para que los contratistas respeten los términos pactados y se desempeñen con honestidad.

La minuta no aborda y menos aún resuelve el gran problema de la debilidad institucional que da alrededor de las asociaciones público privadas. Este instrumento de APP se caracteriza por su alta fragmentación y la falta de controles.

Esta iniciativa no hace nada para asegurar que no habrá corrupción, que no habrá conflictos de interés en el otorgamiento de contratos. No contiene nada para asegurar que los contratos que se entreguen, otorguen beneficios tangibles, claros, medibles y significativos para la sociedad y para el Estado.

Las dependencias que celebran y operan las APP durante el ciclo de vida de proyectos, no están sujetas a controles independientes que los revisen, por ejemplo, la calidad de los servicios a la que se comprometan, o que al finalizar el contrato las obras o servicios pasen a la propiedad del Estado, de tal suerte que la infraestructura termina privatizándose mediante este mecanismo de APP.

La minuta presenta muchos problemas, mencionaré tres muy graves:

Uno. Se relajan o flexibilizan los procedimientos de análisis y aprobación de las APP.

Esta minuta aligera los requisitos para la contratación de estos instrumentos. Los proyectos que involucran recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; también los proyectos que involucran recursos federales, aunque no estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o los que impliquen los pagos en efectivo.

La decisión de determinar si las APP son viables se deja en manos de las propias dependencias, no son valoradas por técnicos independientes, como se hace en otros países. Esta iniciativa modifica los elementos valorativos de las APP, entre otros, la instrucción de analizar otras opciones.

Se elimina la obligación de incluir sistemáticamente el análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social, la pertinencia del plazo, las alternativas de los proyectos y la necesidad de este financiamiento.

El dictamen pretende que el análisis de la conveniencia elaborado bajo las líneas de la Secretaría de Hacienda se convierta en un instrumento a considerar, no indispensable para la decisión de viabilidad de la propuesta.

La minuta o este dictamen diluye los procedimientos previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bastará que la dependencia decida que un proyecto es viable para solicitar y obtener su registro en la cartera de inversión.

Un retroceso que aquí pretende presentarse como avance, es que la minuta acumula el gasto programable destinado a las APP en un monto máximo anual, sin embargo ello extiende un velo de opacidad porque los contratos ya no serán tratados de manera individualizada, se revuelven todos en un solo monto anual, mientras que ahora está desglosado proyecto por proyecto, su monto, su plazo, su tasa de interés y su impacto en las finanzas públicas, ahora se revuelve todo en un monto máximo anual, lo que hará más difícil de fiscalizar o hará más difícil su fiscalización. Facilita las posibilidades de endeudamiento, esconde otros compromisos adquiridos por el sector público, son negocios privados que tendrán un etiquetado asegurado en su pago en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que necesariamente haya una forma de corroborar que los contratos se están cumpliendo con eficiencia por el sector privado.

Además, el dictamen elimina la obligación de reportar los convenios modificatorios, y todos sabemos que ahí está el verdadero saqueo a los recursos públicos, que son recursos adicionales que implican los convenios modificatorios y que estos no se informen, ni se describan, esto presenta una enorme discrecionalidad y evidentemente se presta a la corrupción.

El dictamen modifica el contenido de las propuestas de asociaciones público privadas presentadas por particulares para hacerlo compatible con el análisis de viabilidad que deben hacer las dependencias, ello tiene un triple efecto.

Por un lado convierte el expediente que presenta un particular, en un pre dictamen.

Dos. Delega al particular el análisis de viabilidad de la conveniencia de llevar a cabo el proyecto, presentándose un claro y evidente conflicto de intereses y para colmo permite que el particular ofrezca, presente a las dependencias elementos para que se rechace cualquier otra figura de financiamiento que no sea las APP, cuestión que se debería dictaminar por el Estado, no por los particulares.

Otro grave problema es que se eluden los controles parlamentarios. El dictamen le quita efectividad al control parlamentario sobre el endeudamiento derivado de los contratos de APP.

El efecto de esta iniciativa brinda la posibilidad de incluir nuevos contratos en cualquier momento del ejercicio fiscal corriente. Esto tiene como objetivo eludir el conocimiento y el visto bueno del Pleno de la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El dictamen empobrece las facultades del Congreso, pues la inclusión de nuevos proyectos en el ejercicio fiscal corriente o falta de pronunciamiento de la Comisión Parlamentaria, la aprobación; entonces, la aprobación se obtiene mediante una afirmativa ficta. Basta que transcurran los 30 días siguientes a su recepción y no se convoque a la comisión de la Cámara de Diputados, o no haya, no se incluya el tema en el Orden del Día, o simplemente no haya quórum, pues entonces se dan por aprobadas todas las APP.

Por si fuera poco, se permite modificar el alcance de los contratos ya autorizados y en curso de desarrollo con convenios modificatorios.

Estas cuestiones implican modificaciones por la vía de los hechos al Presupuesto de Egresos de la Federación, por organismos que no son competentes para ello. Solo la Cámara de Diputados puede autorizar el presupuesto, no los particulares.

Esto propicia también que se dificulte o impida una adecuada rendición de cuentas y produce opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

De hecho resulta contrario al artículo 126 constitucional que establece que no podrá hacerse pago alguno del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no esté contenido en el Presupuesto mismo. También se debilitan otros controles parlamentarios, elimina la obligación de la Secretaría de Hacienda de incluir en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, la evaluación del impacto financiero de cada proyecto durante su ciclo de vida, afectando las obligaciones de transparencia presupuestaria, de mejor planeación financiera e impide conocer el costo total de cada uno de los proyectos.

Otro de los graves problemas es que además del empobrecimiento de los controles parlamentarios, esto genera un endeudamiento fáctico, un endeudamiento paralelo, una deuda contingente que no está autorizando el Congreso de la Unión.

Otro tema es que se faculta a los reguladores energéticos a usar APP. Se faculta explícitamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía para celebrar estas APP.

¿Con qué finalidad?, pues que las facultades legales de estos órganos que son reguladores y quiero recordarlas, es hacer visitas de verificación, inspección o supervisión en el ámbito de su competencia.

A la CRE o a la CNH le toca vigilar el cumplimiento de la ley de los permisos que otorguen regular los contratos o convenios relativos a las actividades reguladas, contratar, aquí viene el caso, contratar servicios de consultoría, estudios e investigaciones que sean necesarias para sus actividades, especialmente las de supervisión y administración de permisos, contratos y asignaciones.

Con esta iniciativa se deriva el riesgo de que los contratos APP, se van a contratar APP para subrogar las actividades regulatorias, o sea, se va a delegar en empresas privadas las tareas de verificación, de vigilancia, de supervisión que corresponden al Estado de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley de la CRE y la Ley de la Comisión Nacional de Órganos Reguladores. Eso no le toca a privados.

Pero debiendo ser realizadas por órganos reguladores, las descargarían en particulares dándose el pleno conflicto de interés. Se están privatizando los servicios de regulación, esto es verdaderamente el colmo.

Lo que es inadmisible por todos lados, especialmente si se trata del sector estratégico que, además genera rentas económicas muy importantes.

Termino

De todo lo antes expuesto nosotros concluimos que el objetivo de esta reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas consiste en ampliar, profundizar, facilitar y acelerar la suplantación del Estado por actores privados en la provisión de servicios públicos, en otras palabras, en privatizar las pocas actividades que ya la ley y la Constitución reservan para el Estado.

El PRD se opone no sólo a estas reformas, sino a toda la Ley de Asociaciones Público Privadas por ser un instrumento perverso de endeudamiento público paralelo de privatización y de dilución del Estado, originalmente se utilizó esta figura de APP como un esquema contractual de largo plazo para encarar o más bien para encargarle al sector privado un financiamiento de construcción de infraestructura pública, así se hicieron los Pidiregas, por ejemplo, o las carreteras en el sexenio de Carlos Salinas, que lo conocemos muy bien por su fracaso y por los cuantiosos recursos públicos empleados en el rescate carretero, cuya deuda todavía estamos pagando a este momento.

Y esas experiencias negativas se traen ahora a legalizar en esta Ley de Asociaciones Público Privadas, con el tiempo los intereses privados fueron penetrando toda la administración pública mediante las asociaciones público privadas a nivel federal, estatal y municipal.

En otra intervención voy a dar cuenta de al menos cien asociaciones público privadas que no cumplieron sus objetivos, que están incurriendo en corrupción y que se les está pagando muy puntualmente.

Los promotores de esta iniciativa quieren que prácticamente cualquier actividad a cargo del Estado sea productiva o social pueda ser contratada por privados; esta iniciativa lleva al extremo de proponer que se utilicen APP para delegar en los privados la regulación económica del sector energético con el enorme riesgo de perder el poco control que le dejó al Estado la reforma energética.

Las APP son un esquema de contratación externa, son el outsourcing de las actividades del Estado, son una versión actualizada de los Pidiregas, se quiere que invadan todas las actividades económicas, sociales que corresponden al Estado, pero sin controles. Hoy quieren usar APP para darle la vuelta a la prohibición de otorgar concesiones o contratos en áreas reservadas al Estado, descargado delegar responsabilidades del Estado a actores privados para privatizar la infraestructura pública, para realizar lucrativos negocios tanto por parte de funcionarios banales y corruptos que se prestan al saqueo de los recursos públicos como por parte de empresas ávidas de enriquecimiento a costa de los ingresos públicos.

No conocemos una sola APP que arroje beneficios a México o beneficios tangibles para la sociedad. El origen y la naturaleza de este instrumento, así como los resultados concretos de múltiples experiencias encienden focos rojos y señales de alerta que desaconseja su utilización.

Por eso, el voto del PRD será unánimemente en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar la posición de su grupo parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos, desde luego, a votar en contra de la reforma, pero habría que ir más allá, habría que votar en contra de la ley y de su existencia.

Ese instrumento que fue aprobado en 2011, promovido por el entonces presidente Calderón, estableció ese mecanismo con una serie de planteamientos de su bondad, el sistema permitiría apoyar al Estado en el desarrollo de sus actividades y el impulso de la infraestructura, etcétera, ayudaría a descargar el riesgo en los particulares, en las empresas particulares y, desde luego, beneficiaría a los pobres, porque tendría un resultado de justicia social.

Ya desde entonces en 2011, cuando lo aprobó la mancuerna PAN-PRI, desde entonces ya consolidada, ya desde entonces había muchísimos análisis y críticas. No se tomaron en cuenta.

Y estos argumentos que les recuerdo, son ni más ni menos el Banco Mundial.

Para poder entender lo que significa esa Ley de Asociaciones Público Privadas, necesitamos conocer su origen. El origen es el Banco Mundial, es una recomendación del Banco Mundial. Y el Banco Mundial inició este proceso en un momento de sobrecapitalización de los fondos, de los bancos, etcétera, que no tuvieran salida.

Entonces se lanzaron sobre servicios y los presupuestos públicos. Ya desde entonces se podía saber cuál era el significado y cuál era el resultado a final de cuentas de estas asociaciones público privadas, que son básicamente empresas transnacionales promovidas con créditos abiertos del Banco Mundial.

Por eso el análisis que hace aquí la Senadora Padierna es una profundización más del desmantelamiento, incluso, de esa ley que no debería de existir, porque es una ley que tiene por objeto el que las empresas transnacionales, grandes sectores, fondos, etcétera, obtengan ganancias aseguradas.

Entonces es un mecanismo perverso que ha significado otra vez un saqueo de las economías del mundo en desarrollo o del mundo subdesarrollado.

Desde luego, América Latina está infestada de contratos de este tipo.

No hay ninguna posibilidad de que pierdan, porque están aseguradas por el presupuesto público, son préstamos del Banco Mundial perfectamente asegurados.

A final de cuentas, quien paga cualquier riesgo o el mal desempeño de estos contratos es el Estado respectivo. En todo el mundo subdesarrollado, es un mecanismo de saqueo, y nadie lo toma así, nadie lo estudia, como si fuera algo normal, de que se asociaran privados en el desarrollo de los servicios de un país.

Por ejemplo en Canadá, en donde se empezó a aplicar este mecanismo, teníamos estudios desde entonces, un condado necesitaba más recursos para mejorar su sistema de salud, un hospital, y se asocia con una empresa norteamericana que aporta el capital.

Esa empresa norteamericana, su cabeza en Estados Unidos, tenía para entonces, estoy hablando del 2011, tenía contratos en todo el mundo y administraba 3, 4 mil hospitales con una infraestructura de abogados, economistas, ¿y qué paso entonces con el sistema que cayó en este mecanismo? Pues el presidente municipal, como podríamos decir de este condado, se fue, era electo, pero la empresa se quedó, y la empresa llegó a desarrollar el servicio de salud de Canadá, de esta entidad canadiense.

¿Qué hacen? Llegan, corren empleados, porque ellos van a la ganancia, quitan empleados, bajan los servicios, decae la calidad del servicio de salud canadiense, pero además no se puede hacer nada, porque está garantizado por el Estado, y porque además esas empresas tienen abogados que en todo el mundo imponen lo que se les da la gana y un condado canadiense pues no puede competir con estos monstruos que son los que se van haciendo, ¿de qué?, de los servicios públicos del desarrollo, dicen infraestructura. En todo están metidos, porque es un mandato del Banco Mundial y no esos gobiernos neoliberales, nuestros gobiernos neoliberales por llamarles de alguna manera son obedientes al Banco Mundial.

Entonces todo lo que puedan ir manejando de esa manera lo han hecho. Claro que no tenemos ninguna información. Y aquí lo decían, ¿qué ha pasado con esa inversión?

Se apoderan de servicios públicos, se apoderan de infraestructuras, y van haciendo a un lado la inversión pública, y el impulso del Banco Mundial, a nivel mundial, ha generado una extracción de capital hacia los fondos de pensiones y los fondos generales que sigue empobreciendo a los países.

Es decir, es un atraco más, es un atraco, es un atraco a México, ¿verdad?, porque se apoderan de los servicios públicos, y tienen la garantía del Estado.

No hay ninguna mejoría en el riesgo ¡Eh! No, el riesgo lo sigue teniendo el Estado, los siguen teniendo las naciones, y entran en estas inversiones, que se ha convertido en una gran fuente de ingresos de eso que son ahora, los fondos de inversión, se venden, inclusive.

Cuando se firma un contrato aquí en México, público-privado, después ya no sabemos en dónde está, ¿quién está? Lo venden, se venden las acciones, entran en un río de dinero que mantiene una estructura financiera mundial. Y, ¿quiénes pierden? Los estados.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda no informa qué ha pasado con estas inversiones? Pues porque están protegidas, porque están bajo el control del Banco Mundial.

Aquí se analizó la reforma que están metiendo, que es todavía peor ¿No? para hacer todavía más flexible la autorización, porque es autorización del presupuesto ¡Eh!

Todos esos contratos son echarle el guante al presupuesto nacional, el presupuesto, en todo lo que ustedes quieran.

El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, dice, aquí se incluye información para que se sepan cómo están los efectos, porque son efectos del presupuesto.

Si ustedes le pican a esto, se van a encontrar, es la información que da Hacienda. ¡Nada, no hay información alguna!

¿Cuánto del presupuesto están succionando? ¡Miles de millones, ya!

Y el Banco Mundial está creciendo, en esta desesperación por convertir todo lo público en privado, creciendo y creciendo el porcentaje de inversión en todos estos países de estos grandes fondos, va creciendo, ahorita, creo que es el 30 por ciento ya de lo que corresponde a los estados invertir, lo tienen ellos, sin ningún peligro.

Ojalá pudiera haber algún estudio que diera Hacienda, ¿verdad? y no estas pamplinas, que a lo que nos llevan es a tener menos información, porque se están apoderando del presupuesto público de México.

Entonces, hay que ir al fondo para saber de qué se trata, se trata de una instrucción del Banco Mundial. Y aquí los gobiernos son obedientes al Banco Mundial, además de la corrupción que entra en estos acuerdos.

Yo oí de un proyecto muy positivo, por aquí, pero luego de otro muy negativo, ¿no?

¡Ese es el bueno!

El otro es una perla que yo no había visto en el estercolero. Pero el otro de los hospitales es claro, pero ahí, ahí lo que ocurre es que el Estado garantiza ese robo: 7 mil millones un hospital que iba a costar 300, porque están asegurados. Es casual, es el esquema, es el esquema del Banco Mundial.

Yo les recomiendo, para que se vayan enterando, porque luego ni siquiera escuchan, ni oyen, ni se define nada, ni saben qué están aprobando, no tienen la menor idea los que están aquí, los que van a llegar a votar al rato.

Bueno, existe un estudio que les recomiendo, está en internet ¡Eh! Es decir, el menor esfuerzo que hagan, se van a enterar del saqueo hacia México, ¿verdad?, se llama, estas asociaciones, como una estructura de extracción financiera y que va incrementando la concentración de recursos en las grandes economías, en detrimento de las nuestras, es un proceso neocolonial nuevo, moderno, este está hecho por la Universidad de Manchester, la Universidad de Manchester ingresa en la Escuela de Negocios, y ahí describe lo que está pasando en el mundo.

Del 2011, cuando se aprobó esto por el PRI y el PAN, en el Congreso, ahora, bueno, han perfeccionado, y si algo estorbaba, lo van a quitar ahora con esto que describen aquí al hacer el análisis. ¡Véanlo! Es un atraco, ni siquiera invierten. Viene de aquí toda una serie de ejemplos a nivel mundial.

¿Cómo lo invierten? Presta una parte el Banco Mundial; otra la garantiza el Estado, y todo eso, ¿qué genera? Genera flujo de recursos de los enfermos de un país, de los usuarios de servicios de diferentes tipos, y son ríos de dinero que se van a los fondos en una estructura financiera que aquí se analiza, verdaderamente escandalosa.

Ellos manejan el dinero de los que utilizan ese famoso hospital de Zumpango, están pagando todos los días, gente pobre pagándole a esta estructura de fondos internacionales.

Véanlo, entérense, sería bueno, se trata del robo al presupuesto nacional, garantizado por los gobiernos neoliberales, apoyado por la Secretaría de Hacienda, cuál es la cantidad ya de recursos de los que se están apoderando del propio presupuesto nacional, y ahora les quitan nuevas maneras de poder encontrar y poder saber cuánto se está yendo de esos pobres pacientes de Zumpango, de esos pobres que tienen que circular en los viaductos estos que suben sus cuotas siempre, cuánto dinero se llevan, miles de millones del presupuesto nacional solapado por el gobierno de Peña Nieto y el Secretario de Hacienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

En su carácter de garante de las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la sociedad, el Estado tiene la obligación de proporcionar servicios públicos fundamentales como: salud, educación, comunicaciones, transporte y, en general, cualquier otra de infraestructura.

Sin embargo, los recursos de los que dispone el Estado son limitados, de tal suerte que es frecuente que requiera mecanismos de inversión diversificados.

El esquema de asociaciones público privadas representa una alternativa para que la obra y la prestación de servicios públicos no se vean limitados por la insuficiencia de recursos, esto se logra mediante contratos de largo plazo que, al mismo tiempo que permite la participación privada y la generación de empleo, satisfacen las necesidades básicas de la población.

El presente dictamen tiene como finalidad reformar la Ley de Asociaciones Público Privadas a fin de incorporar nuevas disposiciones para hacer más ágil y eficiente la programación del presupuesto destinado a este tipo de asociaciones.

Cabe mencionar que si bien se propone flexibilizar las reglas para la celebración de asociaciones público privadas, esto no implica la discrecionalidad de recursos, pues su ejercicio quedará sujeto en todo momento a dos mecanismos de control.

En primer lugar, se establece un monto máximo de recursos que podrán ser destinados a proyectos de asociación público-privada, los cuales dependerán del presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados para cada ejercicio fiscal.

En segundo lugar, todos los proyectos de asociación público privada deberán cumplir con reglas estrictas en materia de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo su incorporación a los informes trimestrales que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, con ello quedará garantizada la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos, sin poner en riesgo las finanzas públicas, pues en lugar de acudir al endeudamiento, los particulares acompañarán al gobierno en el esfuerzo de promover y ejecutar la obra pública.

Compañeras y compañeros Senadores, por mandato constitucional la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, para lo cual el gobierno planea, conduce y coordina las actividades económicas, pero nuestra Constitución también mandata la concurrencia de los sectores social y privado en el desarrollo económico social.

Sin duda alguna, las reformas que se someten a nuestra consideración el día de hoy coinciden plenamente con estos mandatos, pues servirán para hacer más accesibles los esquemas de asociaciones público privadas para la realización de obras en beneficio de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos ante propuestas de modificación a una ley que no ha funcionado. Desde el 2012 existe la Ley de Asociaciones Públicos y Privadas, y tenemos en cuatro años apenas cuatro proyectos, más los de 2016, para llegar a diez.

En teoría, estos cambios que hoy se plantean deberían responder a por qué no se han tomado como una opción, por qué no han funcionado las asociaciones público privadas al amparo de esta ley.

Creo que hay un mal diagnóstico y creo que las propuestas que hoy se hacen no van a funcionar, porque no hay un diagnóstico claro de por qué esto no está funcionando; y no está funcionando principalmente porque es un problema de transparencia y a un problema de transparencia se le quiere resolver con mayor discrecionalidad.

Las APP surgen en 1992, en Inglaterra, donde ese país viene con una tendencia baja de inversión pública y parte de un supuesto que debe probarse y que está sujeto a los incentivos que se establezcan en cada contrato.

El supuesto es que el sector privado es un mejor gestor que el sector público, y lo que hace no es otra cosa más que un modelo de innovación financiera para abrir la puerta al sector privado en la gestión de servicios públicos, aprovechando aparentemente esta mejor capacidad de gestión.

El tiempo ha demostrado que este supuesto es incorrecto y que depende, y siempre dependerá, de cómo se establezcan esos contratos.

¿Por qué no funcionan las APP en México?

¿Por qué sólo hay diez proyectos?

Creo que la principal razón es que la ley no distingue las distintas modalidades de asociaciones público privadas que existen, para las cuales deberían requerirse distintos modelos de evaluación de transparencia, distintos requisitos para ser aprobadas. Hay que identificar los distintos modelos, como los contratos de prestación de servicios de largo plazo, las coinversiones, las concesiones, entre otros esquemas.

La modificación que hoy se debería proponer, si se quiere detonar la inversión privada a través de estos instrumentos, debería consistir en que la ley reconociera estas modalidades y no la distinción que se está planteando a partir de las fuentes de recursos, que nos parece incorrecto, porque realmente lo único que va a provocar esto es que algunos proyectos pasen por un nivel de transparencia y fiscalización mayor que otros, cuando el problema claro de las APP es la transparencia.

No sólo hay diez proyectos de APP en el país, hay otros más a nivel local; y también en las dependencias federales que no están registradas o no están sujetas al presupuesto público federal.

¿De dónde viene el desprestigio de las APP? De la discrecionalidad con que se han contratado y de la falta de transparencia de las mismas.

Entonces, este modelo que pudiera ser útil, termina siendo pervertido por la corrupción.

No hay competencia cuando se contrata este tipo de servicios. Normalmente hay un solo proyecto. No hay APP porque el costo del proyecto siempre será un obstáculo para que una empresa haga o no, se involucre o no en estos proyectos.

En otros países se tiene establecido, por ejemplo en Chile, que el sector privado puede elaborar proyectos, se los propone al gobierno, y si el gobierno acepta ir por ese proyecto, se hace una licitación, y si aquella empresa que presentó el proyecto originalmente no gana, puede recuperar el costo de la elaboración del proyecto, de tal manera que no hay un costo hundido en la elaboración de proyectos y por esto no hay proyectos.

¿Qué proponen estos cambios para resolver eso? Que la propia dependencia evalúe el proyecto, lo cual es un claro conflicto de interés y que no necesariamente va a mejorar la transparencia de estos servicios.

¿Por qué no funcionan las APP? Porque no hay transparencia en la gestión de riesgos, porque finalmente como no hay a nivel estatal una regulación clara, hay cierta protección de la incertidumbre que genera la obligación multianual, tratándose de cubrir con costos en caso de que se pierda esta garantía, y eso genera los sobrecostos que vemos y la corrupción en muchos de estos proyectos.

Tenemos algunas propuestas que vamos a presentar como reservas, tratando de que esto pudiera mejorar.

Esta ley, ahí coincido con el Senador Bartlett Díaz, hoy deberíamos desaparecerla por una sencilla razón, porque al aprobarse la Ley de Disciplina Financiera, en los términos que se hizo, mata el corazón de la definición de una asociación público privada.

La asociación público-privada, la gran ventaja que tiene, es que no constituía deuda pública porque era un contrato de prestación de servicios que tiene otro tipo de registro en el gasto que no afecta la evaluación de deuda de los gobiernos; pero al haber convertido en la Ley de Disciplina Financiera, en la fracción XXIX del artículo 2, a las obligaciones de las asociaciones público privadas como deuda, no tiene sentido una ley de APP, porque a partir de esa ley, y todos los que aprobaron esa ley, pues es una modalidad distinta de deuda que ya no vale la pena tener, una ley con los costos que genera esta gestión del sector privado.

Simplemente se tiene una modalidad de deuda adicional, no tiene mucho sentido ya tener una ley de APP, mataron la definición de APP, le cambiaron por completo su naturaleza.

Quienes dicen que las APP son deudas. Sí, ahora son deuda gracias a la Ley de Disciplina Financiera.

Lo que está mal en todo esto es, en el fondo, que el gobierno está renunciando a su papel de promotor de la actividad económica. Ningún país puede crecer sino hay una inversión pública sustantiva.

En este año, 2016, vamos a llegar al nivel de inversión pública medida como porcentaje del PIB de apenas 3 por ciento. Eso es lo que invertía nuestro país en los años veinte, es la cifra de inversión pública más baja.

Se está claudicando en el papel del Estado promotor de la actividad económica, cegados por esta idea de que con este tipo de instrumentos va a llegar la inversión y con eso vamos a tener crecimiento económico, eso no ha pasado en ningún país del mundo. Veamos el nuevo menú de posibilidades de inversiones a la que apuesta el gobierno federal, veamos cómo hasta ahora no dan resultados.

Las Fibras-E, que es un esquema de inversión privada vía mercado de valores, se espera que este año llegue a 140 mil millones de pesos. Los famosos certificados de participación que están desde 2009 apenas y hay 85 mil millones de pesos. Las APP de 2012 a la fecha no suman, y suponiendo que se van a cerrar los proyectos de este año, apenas y llegaría a una inversión de 13 mil millones de pesos.

La famosa Fibra-E en el sector energético esperan invertir 120 mil millones de pesos; es decir, entre todos, desde 2009, 2011 y 2015, entre todos estos instrumentos, que según esto va a ser el menú para atraer inversión privada y que detone el crecimiento económico, no suma más de 3 puntos del PIB.

Es decir, el sector privado no va a sustituir la labor de la inversión pública; y el fondo del asunto es éste, además de que estas modificaciones lo único que hacen en el fondo es darle mayor discrecionalidad otra vez, a la Secretaría de Hacienda para que tenga una nueva modalidad de deuda, lo único que ha a hacer es seguir aumentando los riesgos y no va a detonar estos proyectos para el país.

No se puede resolver un problema de transparencia con mayor discrecionalidad; y no podemos permitir que se siga con esta visión donde el Estado se retira en su obligación de ser promotor de la actividad económica.

Si queremos romper la tendencia de bajo crecimiento en esta administración, por cierto el más bajo todavía que el promedio de los últimos 30 años, el país debería estar invirtiendo por lo menos 30 por ciento del PIB si queremos tener tasas de crecimiento anual por encima del 5 por ciento, estamos muy lejos.

Países como China, que nos sorprende su tasa de crecimiento, invierte el 48 por ciento del PIB, la India 30 por ciento, Corea del Sur 35 por ciento, Alemania 30 por ciento, México entre la pública y la privada apenas está en 22 por ciento; es decir, estamos todavía muy lejos y la tendencia va en sentido contrario. El crecimiento en el gasto público es en gasto corriente, la inversión no crece y no tenemos crecimiento.

La alternativa que se plantea es abrir el menú de posibilidades para el sector privado, que ya vimos que en un promedio de cinco años de vida de estos instrumentos no suman ni siquiera tres puntos del PIB.

Y la solución que hoy se plantea para las APP, que es un instrumento que funciona en todo el mundo, es mayor discrecionalidad, es un voto de confianza para que el Secretario de Hacienda pueda determinar qué proyectos van y cuáles no.

Al mismo tiempo, hace un par de días destruyeron por completo la naturaleza de las APP, al convertir las obligaciones contratadas en APP en deuda pública. Esta ley si hoy la derogamos no pasaría absolutamente nada, porque en la Ley de Disciplina Financiera hay una nueva modalidad de deuda pública, lo cual destruye la definición originaria de una asociación público privada.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Vengo, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a hablar a favor del contenido de este dictamen, porque consideramos que es una buena herramienta para el desarrollo económico del país.

Los esquemas de coparticipación público privada bien implementados han sido exitosos en muchos países, y en México nos han brindado la oportunidad de potencializar las inversiones en bienes y servicios de interés público.

Estos esquemas pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta de empresarios y el sector público, lo cual convierte al sector privado en un proveedor de servicios de administración pública con la obligación directa de construir la infraestructura necesaria para la prestación de servicios en los casos que así se  requiera.

Asociarse con el sector privado es una buena alternativa para explotar el potencial económico de México, bajo una legislación que regula el financiamiento en la ejecución de proyectos para la prestación de servicios.

Tanto la OCDE como el Banco Mundial recomiendan la participación de los capitales privados en la generación de la infraestructura pública que provea servicios indispensables a la población como un factor importante en la superación del subdesarrollo.

Otro elemento importante que valdría la pena resaltar, resulta el desincentivar a las APP, es que el sector privado profundiza en la investigación y en la búsqueda de soluciones a problemas de interés público.

Con las modificaciones que estaremos votando el día de hoy, la competitividad obligará a las grandes empresas a invertir más en este aspecto, con la certeza de que sus esfuerzos resultarán atractivos para futuras necesidades o inversiones con factores de riesgo más factibles y convenientes para ambas partes.

La Ley de Asociaciones Público Privadas fue promulgada en el sexenio anterior, de hecho en 2012, algunos de los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra ya lo mencionaron, para regular los entonces denominados Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Con lo que hoy se contempla en este dictamen, se amplían las oportunidades de explotar esa figura y mejorar las condiciones de negociación con el sector privado.

Como bien comentaba hace un momento y señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Senador Yunes Zorrilla, ésta no es una ley nueva, se están modificando 20 artículos, es una ley federal, que por cierto, cabe destacar que alguno de los ejemplos que daba el Senador Encinas Rodríguez, con el caso de Zumpango, son asociaciones público privadas estatales provenientes y pertenecientes a leyes y legislaciones estatales, en un momento dado, una vez que se aprueben las mejoras, porque es lo que representan estos 20 cambios, las mejoras a esta ley federal. Habría que ver si podemos exhortar a los estados, para efectos de no solamente normalizar, sino generar mejores condiciones en las legislaciones estatales para garantizar que den mejores resultados los modelos de asociaciones público privadas de carácter estatal.

Una aclaración de lo que mencionaba también otro Senador que me antecedió en el uso de la voz, las APP no necesariamente son deuda, sí están contempladas en la Ley de Disciplina Financiera, pero son una obligación, que si bien no directamente se ve reflejada como deuda pública, sí contabiliza para los sistemas de alerta de los estados y municipios; en consecuencia, sí van a contar para efectos de manejar y; sobre todo, ver reflejado el estado de salud de las finanzas públicas de los estados y municipios de manera integral incorporando todos estos conceptos.

Yo les comentaría que considero que hay seis temas de especial relevancia que debemos señalar en estas 20 modificaciones.

Primero. El dinamismo y la generación de mayores incentivos a la inversión para disminuir las barreras y los tiempos en los cuales se pueden llevar a cabo estas asociaciones público privadas.

Se establece un techo presupuestal para realizar este tipo de asociaciones que será vigilado y fiscalizado por la Cámara de Diputados, en cumplimiento con las atribuciones constitucionales en la materia.

De hecho aquí se manejan dos tipos, las que conocíamos normalmente a partir de la reforma de 2012, que venían incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; pero ahorita se está autorizando un techo adicional para efecto de que las barreras y los tiempos bajo los cuales las APP no solicitadas previas al Presupuesto de Egresos de la Federación pudieran, siempre y cuando cuenten con la aprobación de todos los entes involucrados y el escrutinio y el análisis de viabilidad que también se está incorporando en esta nueva minuta, puedan ser susceptibles de ser aprobadas en un menor plazo.

Los nuevos proyectos de APP que con componente presupuestario serán revisadas por la Colegisladora, realizando un análisis más detallado sobre su viabilidad.

El segundo elemento que me parece importante es el tema de transparencia. Me parece que una de las áreas de oportunidad más importantes que tenía la ley existente desde 2012, es que no nos daba un esquema adecuado de transparencia y de rendición de cuentas y, sobre todo, para que la ciudadanía conozcamos de manera periódica cuáles son los APP, qué resultados está dando, cómo están participando y, sobre todo, bajo qué primicias y estándares de viabilidad homogéneas se están llevando a cabo en los diferentes aspectos o instituciones públicas en los cuales se desarrollen.

Estas APP que no estén solicitadas, también corrigiendo, me parece uno de los puntos que señalaba uno de los Senadores que me antecedió, es que van a estar al contrario, van a estar más supervisadas y más fiscalizadas que las convencionales, porque una a una tendrán que ser revisadas y, en su caso, aprobadas por la Comisión de Gasto y Financiamiento, por el escrutinio del Ejecutivo Federal, por el escrutinio de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y, ahora, a través de los instrumentos de transparencia, todos los ciudadanos conoceremos con un reporte detallado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera trimestral informará al Congreso y nos dará a conocer a todos los mexicanos.

Entrando más al tiempo de transparencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con estos reportes trimestrales, explicará también a través de un formato con datos abiertos el análisis de viabilidad con el cual deben contar estos proyectos para efecto de ser aprobados.

Y aquí entro al tema del análisis de viabilidad. Una de las principales medidas que se establecen con esta reforma, es la responsabilidad que le daremos ahora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para llevar el registro y publicidad de los proyectos donde se incluirá el análisis de conveniencia o viabilidad de esto. Me parece que es el tercer elemento que debemos rescatar de manera muy importante.

Cuarto, la armonización con otras reformas como la energética. Hace rato también se señalaba que pareciera un error el incorporar a la nueva figura que creamos en la reforma energética que son los organismos reguladores coordinados.

Aquí hay que recordar dos cosas. Primero que nada, sería falso que un organismo regulador coordinado fuera empezar a explotar hidrocarburos o hacer actividades de exploración. Ellos son los que regulan el mercado.

El incorporar a la CRE y al CNH en este modelo es simple y sencillamente normalizar y homogenizar la nueva nomenclatura con estas instituciones que creamos en la reforma enérgica. Hay que recordar que estos eran organismos descentralizados y desconcentrados.

Hoy creamos la nueva figura de organismos reguladores coordinados y estamos simple y sencillamente subiéndolos a esta ley donde sí se contemplaba y definitivamente estaría totalmente exenta la posible participación directa en actividades de exploración y producción. Es totalmente falso y no hay manera de que eso se lleve a cabo, porque además es una prohibición específica de la reforma energética.

Quinto. Me parece que de manera integral a través de los cuatro puntos anteriores estamos fortaleciendo los mecanismos de autorización, no solamente con los análisis de viabilidad, no solamente con la parte de transparencia, sino por el escrutinio al cual van a ser sometidos uno a uno todos los proyectos no solicitados.

Y sexto. Me parece que se genera una mejor interacción y transparencia entre el Congreso y el Ejecutivo Federal. Con ese tipo de modificación lo que estamos logrando es que de manera trimestral el Congreso y los Diputados conozcan de manera detallada cualquier actividad en esta materia que quisiera impulsar a solicitud de la iniciativa privada el gobierno federal.

De esta manera, ya no será a través del PEF anual, sino de manera trimestral con un reporte detallado que es precisamente lo que requiere en uno de los artículos y modificaciones que se están haciendo en esta minuta.

Es por ello que para Acción Nacional, la relación y la participación pública del sector privado es importante y trascedente para involucrar a todos los actores en el desarrollo del país como se ha repercutido en diversas ocasiones.

El gobierno requiere del esfuerzo conjunto de la industria, las inversiones y la ciudadaníai para consolidar los proyectos que México necesita para mejorar la vida y el entorno de todas y todos los mexicanos.

De este modo, Acción Nacional votará a favor del dictamen y en favor de generar mayor inversión para el desarrollo de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus motivos en relación a la minuta que se está discutiendo el día de hoy.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este posicionamiento incluye cuatro puntos.

Primero, haremos algunas precisiones sobre lo que aquí se ha dicho.

Segundo, hablaremos de cuál es el objetivo general y el objetivo específico de estas modificaciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Tercero, qué se va a hacer para lograr estos objetivos generales y específicos.

Y cuarto, cuáles son las ventajas que ofrecen estas modificaciones de esta iniciativa y que nos permiten votar a favor de la misma.

Primero, algunas precisiones.

Esta es una ley federal, no es una ley local.

Segundo, no es una nueva ley, son modificaciones a la ley ya existente.

Tercero, en doctrina jurídica las funciones no son delegables; los bienes, las obras y los servicios sí se pueden delegar, esta ley sólo habla de obras, bienes y servicios, pero no de funciones; las funciones, repito, son indelegables.

Cuarto, esta es una ley que complementa, enriquece y engrandece el gasto público; no lo elimina, no lo erradica, no lo desaparece.

Quinto, el Estado aumenta su papel de promotor del crecimiento vía las inversiones y no abdica de esta función que por su naturaleza es indelegable.

Otra precisión. La economía es la ciencia de la escasez, la economía existe porque las necesidades son mayores que los recursos; por lo tanto, si aumentamos los recursos disponibles, aumentamos el potencial para satisfacer necesidades, si aumentamos los recursos públicos, aumentamos la capacidad del Estado para satisfacer necesidades públicas.

Esta ley permite aumentar esos recursos para satisfacer más necesidades públicas.

Ese es el objetivo general de la Ley de Asociaciones Público Privadas; APP, y el objetivo específico de estas modificaciones es hacer más ágiles, más eficaces, más eficientes las reglas, los mecanismos y los procedimientos presupuestarios para que las aprobaciones de propuestas de APP sean más numerosas, más transparentes, más rentables socialmente y más en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Este es el punto dos, cuál es la naturaleza general y la naturaleza específica de los objetivos de estas modificaciones.

Punto tres. Para lograr estos objetivos específicos, estos cambios en análisis buscan:

Primero. Agilizar los procesos de preparación y autorización de los proyectos de APP, así como su gestión presupuestaria.

Segundo. Definir los procesos de autorizaciones que resulten necesarios para atender y para estructurar proyectos de APP.

Tercero. Establecer reglas más claras para los contratos y para su ejecución.
Para lograr estos objetivos la iniciativa propone:

Primero, qué tipo de autorización se necesita para cada tipo de asociación público-privada, y aquí se establecen tres tipos: primero, aquellos proyectos que se financian con recursos presupuestarios; segundo, aquellos que se financian con recursos federales no presupuestarios; y tercero, aquellos que se financian con recursos privados, es decir, son autofinanciables.

Cada tipo tiene requisitos de tramitación diferentes. Para el primer tipo, el que utiliza recursos presupuestarios, se requiere primero un dictamen de viabilidad de la entidad o dependencia encargada; segundo, obtener el registro en la cartera de inversiones de Hacienda; y tercero, la autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Para el tipo dos, que requieren recursos federales no presupuestarios, sólo se requieren dos requisitos: el dictamen de viabilidad y el registro en la cartera de inversiones de Hacienda.

Para el tipo tres, que son las autofinanciables, sólo se requiere un requisito, el dictamen de viabilidad por parte de la entidad o dependencia encargada.

Segundo punto. Para hacer viables estos objetivos, que la Cámara de Diputados, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apruebe un techo presupuestal para los nuevos proyectos, así como para los que han sido aprobados en ejercicios anteriores.

Tercero. Esta modificación hace más ágil el proceso de autorizar proyectos de APP, porque antes sólo se podrían autorizar en el presupuesto y los que no quedaban autorizados tenían que esperarse hasta el otro presupuesto.

Ahora se pueden aprobar todo el año, sujeto al monto autorizado, no se sustituye la función indelegable de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto.

Además, los presupuestos que se aprueben en el curso del año, tendrán que ser reportados en el informe trimestral que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Cuarto. En materia de propuestas no solicitadas, es decir, una entidad o dependencia dice: "Necesito esta obra, este servicio", y presentan propuestas pero alguien dice; "tengo una propuesta mejor", esa es una propuesta no solicitada.

Éstas también deben aparecer públicamente en el Diario Oficial de la Federación, en la página de Internet de la Secretaría y en el informe trimestral.

De manera que esta ley aumenta la transparencia y hace más eficaces y más eficientes las APP.

Quinto instrumento. Para hacer realidad estos objetivos, esta reforma otorga certidumbre a dependencias, y entidades y también a los particulares sobre las propuestas que reciben las entidades y dependencias.

Sexto instrumento. Se aclara que los contratos de APP, deben indicar los efectos de la recesión y de la terminación anticipada de los contratos cuando no se ajustan al interés público, al interés social, al interés nacional; y además, enriquece la figura de la intervención, para indicar que la entidad o dependencia responsable será acreedora de todos los ingresos del proyecto, mientras dure esta intervención.

Séptimo. Se aumenta la transparencia en el otorgamiento de las APP, porque se publica la información en el portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y todo esto se detalla en los informes trimestrales que rinde al Congreso el titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuarto punto. ¿Cuáles son los beneficios o ventajas de estas modificaciones que nos hacen estar a favor del proyecto?

Primero. Permite autorizar durante todo el ejercicio fiscal proyectos de asociaciones públicos-privadas de carácter presupuestario.

Segundo. Brinda mayor certeza jurídica a los inversionistas y al Estado mexicano.

Tercero. Fortalece los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Cuarto. Establece reglas más claras a los contratos y a su ejecución.

Quinto. Plantea que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá indicar el monto máximo del gasto programable para los proyectos de APP y agregar el listado autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Sexto. En los montos máximos se deben contemplar los compromisos de pagos requeridos, tanto por los nuevos proyectos como por los proyectos anteriores.

Séptimo. Coadyuvará a mejorar la eficacia, la eficiencia, la congruencia y la calidad del gasto público.

Si el fin de la política, si el fin del Estado es aumentar el bienestar de la población, estas modificaciones permiten aumentar la inversión, permiten aumentar el empleo, permiten aumentar el crecimiento, permiten aumentar el ingreso disponible de las familias, permiten proporcionar más y mejores servicios públicos y permiten, por tanto, mayor bienestar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Cavazos Lerma.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Mi posicionamiento, en este momento, es en contra del presente dictamen, en virtud de que desafortunadamente, como suele suceder en la política mexicana y a cargo de algunos políticos, las buenas intenciones siempre terminan desvirtuándose.

Cuando en 2012 se aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas, fue con la intención de generar mecanismos de financiamiento que precisamente no tuvieran como fin privatizar servicios públicos y el desarrollo de diferente obra pública. Era una medida intermedia entre generar y desarrollar obra a través de los recursos públicos y privatizar ese tipo de servicios públicos. La medida intermedia eran las asociaciones público privadas.

Desafortunadamente, a 5 años de que ha entrado en vigor esta nueva modalidad de asociaciones público privadas, hay que decir que se han desvirtuado completamente y se han convertido en un mecanismo para que los gobernadores, entre otras cosas, puedan generar por esta una bolsa de recursos para sus campañas, y si no, veamos el caso de Puebla, que es uno de los más ejemplares.

También este tipo de asociaciones público privadas, han servido para hacer obras monumentales de no interés público, pero que sí pueden permitir a los políticos seguirse promoviendo en busca de otros cargos.

Y desafortunadamente, esta reforma que se planteó hoy acá, no tiene, como se ha venido a decir en múltiples ocasiones por quienes me han antecedido, el interés de limitar este tipo de perversiones de las asociaciones público privadas; no tiene como fin transparentar los recursos, sino flexibilizar la posibilidad de que precisamente sea ahora el Secretario de Hacienda "Todo poderosa", para decir a quién apoya políticamente.

Sí, eso es lo que se está aprobando el día de hoy, que haya mayores facilidades para que a través de estas reformas se pueda seguir haciendo algo que es realmente lamentable, que es hacer de lo público un negocio; privado, y eso es lo que está sucediendo con las asociaciones público privadas, hacer del bien público un negocio privado a costa, además, de endeudar a la ciudadanía, porque se ha negado una y otra vez que no constituye deuda pública, y hace 2 días, justamente, en la definición de obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, se estableció ahí: que dentro de las obligaciones que pueden constituir deuda pública, se encuentran las asociaciones público privadas.

Entonces, no pretendamos engañarnos entre nosotros. Las organizaciones especialistas en el tema han manifestado que esta reforma no puede aprobarse porque pervierten el proceso presupuestario.

Es decir, ya las modificaciones que se tengan que hacer en los montos y a quienes van dirigidos, no pasará por la Cámara de Diputados sino por la oficina del Secretario de Hacienda.

Promueven el desvío de los recursos públicos, les digo, se generan contratos a modo de los gobernadores; y si no, también revisemos el tema de las foto-multas, que en cada estado están generando contratos a modo de los gobernadores, justamente para desviar el uso de recursos públicos y ocultan el déficit de la cuenta pública.

Esas son algunas de las observaciones que organizaciones como México Evalúa, están haciendo a este dictamen; y espero que así como en otros temas, también escuchen lo que dice la sociedad civil organizada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Los promotores de estas figuras, aquí han dicho que las APP facilitan la prestación de servicios que no pueden prestar los gobiernos. Si no pueden hay que quitarlos y poner a algunos que sí puedan, que los riesgos de las inversiones se transfieren al sector privado, les voy a demostrar que no en un montón de ejemplos. Que los servicios que presta el sector privado son de mejor calidad, la Auditoría Superior de la Federación demuestra lo contrario.

Que las inversiones de este tipo no se contabilizan como deuda pública, la propia Auditoria Superior de la Federación, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicen que es deuda pública y están pidiendo la suministración de esos pagos, dicen que se reduce el gasto público y que se tiene que demostrar que como ya no hay dinero para inversión tienen que entrarle los privados, en eso sí tienen mucha razón.

La tasa de inversión, la caída de inversión pública, ha sido una constante en toda la época neoliberal, viene a un ritmo, tan sólo en el último estudio de 1993 a 2014 se ha venido reduciendo en un 1.5 por ciento promedio anual, y esta caída de inversión es deliberada para justamente hacer los negocios con el sector público; y el sector público no viene a invertir para no sacar nada, no son varones de la caridad, vienen a invertir para sacar la más alta rentabilidad que se pueda, esa es la naturaleza del capital privado, no estoy criticando eso, esa es su naturaleza de la empresa; lo que no es correcto, lo que no es aceptable es que el Estado renuncie, decline a sus facultades, a sus funciones y las delegue al sector privado; y lo cierto es que las asociaciones público privadas son un mecanismo de financiamiento que no ha beneficiado a la población.

Quiero poner algunos ejemplos.

En enero de 2013, en el municipio de Rosarito, se firmó un contrato con la empresa CUC Light por más de 102 millones de pesos para el reemplazo de 6 mil 92 luminarias, con una asociación público-privada.

Ese monto se pagaría a 15 años, pero ya con intereses rebasa los 300 millones de pesos; es decir, cada luminaria sale en 50 mil pesos, para colmo, a casi un año de la firma del contrato, sólo se habían instalado 500 luminarias, menos del 10 por ciento, y ya estaba totalmente pagada.

Incluso Silvano Abarca, el nuevo presidente municipal, dijo que iba a defender a Rosarito del saqueo del gobierno anterior, se refería al anterior presidente municipal que cometió, en efecto, a través de esta APP un enorme fraude al municipio de Rosarito.

En el caso de hospitales regionales de alta especialidad federal: el Bajío, el Bicentenario, el Tamaulipas y el de Ixtapaluca, cuatro ejemplos en el Estado de México, y uno estatal en Zumpango, Estado de México, se demuestra que el monto de los contratos, el costo de la obra con equipamiento y el costo de la obra, hecho por el gobierno, hubiera tenido, si el gobierno contrata un crédito con Cetes, hubiera tenido un crédito a diez años y hubiera hecho estos hospitales el gobierno, el costo excedente sería menor al que se hace a través de los privados.

El costo excedente bajo el esquema de asociaciones público privadas suma más de 12 mil millones de pesos equivalente a otros 12 hospitales de alta especialidad, y para colmo dos de estos hospitales federales terminados no se concluyeron a tiempo y el arranque de prestación de servicios médicos ha sido lentísimo.

El hospital del Bajío se inauguró en marzo de 2007, y en agosto de 2010 apenas alcanzaba el 35 por ciento de las metas pactadas en el convenio de asociación público privada. Ese es un ejemplo.

Otro más, la propuesta que hizo Carlos Slim a través de una figura de asociación público-privada que se llama IDEAL, que requerirá una inversión de 7 mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizó a IDEAL ya le dio, todavía no se aprueba la ley, pero ya le dio 36.5 millones de pesos, más IVA, por los diversos estudios técnicos que está realizando IDEAL; y esta obra no fue solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir y operar por 30 años la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, la cual se encuentra ya en proceso de licitación y el próximo 14 de abril darán el fallo. Es una autopista de 90 kilómetros y el fallo se dará el 14 de abril para los trabajos de construcción que iniciarán el 23 de agosto.

Este es un caso muy especial que ya contiene los cambios que se hacen a esta ley, porque ahora los particulares pueden decirle al gobierno qué hacer, ya no el gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo, ya no es el plan estratégico que tengan las Secretarías, no, ahora son los particulares que quieren hacer un negocio, van y se lo proponen al gobierno y el gobierno se los acepta.

Otro ejemplo es el puente fronterizo en el aeropuerto de Tijuana-San Diego. El esquema de asociación público-privada para hacer este puente fronterizo en el aeropuerto de Tijuana, que conecta con San Diego, es un nuevo sistema que busca implementar y construir nuevas garitas entre México y Estados Unidos, así lo aseguró el Presidente de The Border Group, Mario López, el nuevo cruce es con un nuevo financiamiento de asociaciones público privadas.

El acueducto Monterrey 6, es una construcción de 372 kilómetros de longitud, cinco estaciones de bombeo que inician en San Luis Potosí, cruzan por Veracruz y Tamaulipas, hasta llegar a Linares, Nuevo León. Tuvo un costo de 47 mil millones de pesos mediante un esquema de asociaciones público privadas.

En el informe de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades en la APP que llevaría a cabo este proyecto. Los funcionarios omitieron realizar las gestiones para hacer pública la información de este proyecto. No hay seguimiento del impacto en las finanzas públicas, no hay evaluación del costo-beneficio, entre otras irregularidades que encuentra la Auditoría.

La Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2013, detectó proyectos que implican compromisos financieros por 25 años para el Estado en al menos doce hospitales regionales de alta especialidad.

Estos proyectos no se reconocen como deuda pública a pesar de serlo; que no se revelan en la cuenta pública al no registrarse como un pasivo de la Secretaría de Salud.

La Auditoría Superior de la Federación recomienda en estos doce casos que se reconozcan financiera y contablemente las obligaciones que se han contraído con estas asociaciones público privadas, porque representan deuda pública.

El Hospital General "Doctor Gonzalo Castañeda Escobar" es un proyecto de asociación público-privada para la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios de atención médica.

La Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2014 encontró que el ISSSTE no realizó el análisis ni la evaluación para verificar que este modelo financiero cumpliera con los requisitos de la licitación. Además determinó que la contraprestación de 7 mil 550 millones de pesos, difiere en 523 millones con la pactada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente incorporará al Presupuesto de Egresos de la Federación el monto para pagar al privado bajo el rubro de gasto corriente, hecho que es un financiamiento.

Todo esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no Dolores Padierna, dice que se está registrando como gasto corriente a pesar de ser un financiamiento, pero que no se registra así para que no se reconozca como deuda. Entonces, este proyecto pide que sea cancelado, y creo que se canceló en noviembre de 2015, pero se erogaron recursos que fueron al caño de la corrupción.

La construcción de ocho Ceferesos, ocho cárceles para proveer además de alimentación, laboratorios médicos y jardinería.

El Tercer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guillermo Andrés Aguirre, comentó que estos contratos elevan el gasto público. Hubo un incremento en el costo de 350 pesos promedio por interno al día, a 650 pesos promedio por interno al día, o sea, más del doble.

Los contratos no se conocen, argumentando que es un caso de seguridad nacional, pero el diagnóstico arrojó múltiples irregularidades y deficiencias por parte del inversionista privado.

La remodelación del Auditorio Metropolitano y el Museo Internacional del Barroco en Puebla. En la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación determinó daños por 22.3 millones de pesos por obra no ejecutada. Pidió aclarar el proyecto de prestación de servicios de este museo porque encontró daños a la hacienda pública, aclarar al menos 9.6 millones de pesos que no formaban parte del proyecto inicial y valorar si es conveniente un proyecto público privado y la Auditoría remata diciendo que no se requiere una asociación público-privada para el desarrollo de esta obra.

Otra más, compromisos carreteros hay un tomo completo en la Auditoría Superior de la Federación. Déjenme dar algunos ejemplos:

El tramo carretero Querétaro a Irapuato, la Auditoría Superior sugiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere todas estas carreteras como deuda pública.

Léanlo en el tomo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación en todas las cuentas públicas, esta es la de 2013, vienen todas las observaciones y cómo todas son asociaciones público privadas y todas generan deuda pública.

Ello por los Senadores que vienen aquí a decir que son obligaciones de pago, pero que no son deuda pública, cómo se explica eso. En las carreteras federales de cuota las APP, en la cuenta pública 2013, dice la Auditoría Superior de la Federación que las que fueron hechas mediante asociaciones público privadas son un mecanismo de financiamiento de largo plazo que instrumenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos compromisos de pago no se trasparentan, no aparecen ni en los registros de la propia dependencia, por ende no están contabilizados ni como deuda pública, ni como otra cosa, son negocios que se pagan con recursos públicos a los privados.

Y dice la Auditoría Superior de la Federación que no está en ningún registro. Este mecanismo oculto, opaco, no permite distinguir cuánto dinero de los pagos hechos a particulares corresponden a gastos de inversión, que sería la obra pública, y cuánto dinero sería a gasto corriente, que sería la prestación de servicios, esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, propiciándose todo ello en total opacidad, el tipo de concepto de gasto, el monto real de los pasivos, que están comprometidos con cargo al erario público.

En la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación hace una serie de consideraciones a las asociaciones público privadas que no se identifican una serie de ejes que son irregulares, que no hay justificación suficiente de la factibilidad de los beneficios de este modelo de contratación con otras formas de financiamiento, que no hay mecanismos de transparencia que permitan determinar los precios ofertados por maquinaria, mano de obra o equipo, que no se puede valorar si son precios de mercado o no, que no hay claridad en la desagregación de los elementos que integran los proyectos, que no se conoce el costo total de los proyectos, etcétera.

Tengo aquí hojas y más hojas, ejemplos y ejemplos de muchas APP. Terminaré diciendo que las asociaciones público privadas no privatizan empresas, organismos o entidades públicas a veces, pero sí privatizan directamente los servicios públicos que corresponden al Estado.

Las dependencias públicas sirven de aval o de garante de inversiones privadas, son instrumentos concentradores de la riqueza y generadores de pobreza, su principal objetivo consiste en enriquecer al sector privado encargándole realizar tareas que corresponden al Estado, pero todo esto es con cargo al pueblo de México.

Para un privado no es negocio brindar servicios públicos, pero sí es negocio tener un contrato con el aval del gobierno para prestar dichos servicios por cuenta y orden del gobierno, es decir, del pueblo de México.

Las APP representan voluminosos sobrecostos, no ahorran dinero público, todo lo contrario, el sector público termina pagando más; y está demostrado en la Auditoría Superior de la Federación, por cada una de las asociaciones público privadas que se han firmado; los resultados de estas asociaciones son negativos porque sólo buscan la rentabilidad, la ganancia máxima de los privados, pero eso es ajeno al servicio público, que es uno de los fundamento de la existencia del Estado.

Las APP se implementan en otras partes del mundo y se está demostrando que sólo responden a intereses de las multinacionales. Así se degradan los servicios públicos, se privatizan las actividades del Estado y el bienestar social es sólo una mera teoría, un discurso engañoso, representan deuda contingente.

Las APP son un mecanismo de financiamiento que no causan una presión inmediata, pero sí se coloca en la deuda contingente, y detrás de estos contratos está la voluntad de acomodar al sector privado, al presupuesto público, con otro instrumento más de los muchos que ya hay, que son sólo negocios lucrativos que suplantan al Estado.

Les recomiendo varias lecturas, a John Saxe-Fernández, muchos autores hacen un análisis científico, técnico y financiero de estos instrumentos, no tienen nada de positivo para funciones públicas, es solamente negocios privados al amparo del poder público.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de alumnos de la licenciatura en relaciones internacionales de la Benemérita Universidad de Guadalajara, quienes acuden a esta sesión para observar el contenido del debate.

¡Son ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor de la minuta que se discute.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda el Senador Cavazos Lerma hizo una precisa exposición de porqué votar a favor de este dictamen.

Tiene por objeto fundamental fortalecer el marco jurídico para la participación privada. Aquí el tema ha sido, por un lado, reconocer la necesidad de recursos que tienen los gobiernos; y por otro lado, el abuso.

Comparto, y creo que eso es parte de lo que tenemos que revisar y por eso reconocer que las asociaciones público privadas permiten estas inversiones a largo plazo, y bueno el propósito es tener los recursos para poder realizar obras de infraestructura que en condiciones normales no se puede hacer y no cuenta con los recursos el gobierno para llevarlas a cabo.

Es importante también señalar que es una alternativa que responde a esa demanda y a esa astringencia de recursos de los gobiernos.

Por eso tenemos que pensar en que este modelo tiene que utilizarse de manera positiva; y parte del trabajo que tenemos que realizar es acotar, establecer un marco jurídico que nos permita que este tipo de proyectos se realicen con transparencia y con eficacia. No estamos impulsando un modelo para hacer las cosas mal, ni para estimular la corrupción.

Por eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de presentar, de publicar en su portal de transparencia la información y el análisis de viabilidad de todos los proyectos de esta naturaleza.

También al momento de la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación se debe incluir los montos máximos, no se trata de dejar todo libre. Y también la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación debe participar en esto.

Se plantea la creación de un capítulo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, relacionados con los compromisos que ya existen; y también se abona a la transparencia de los gastos relacionados con este tipo de proyectos.

Un elemento que abona es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe presentar su informe trimestral ante el Congreso de la Unión. Aquí es donde debemos tener presente la necesidad de vigilar y darle seguimiento a este tipo de proyectos, pero darle seguimiento.

También hay que revisar la viabilidad económica de los proyectos, no se trata de abrir la puerta para que cualquier interesado invierta o nos maneje esa bondad de invertir en un proyecto de esta naturaleza.

No se trata de quitarle al Estado su responsabilidad, se trata de acercarle recursos que no tiene para cumplir con obras de cierta naturaleza y de cierta envergadura. Pero no es la intención quitarle la responsabilidad en su función como gobierno o como Estado.

Tenemos que reconocer que hay una astringencia de recursos, ojalá y tuviéramos recursos de sobra y entonces no tendríamos la necesidad de recurrir a este tipo de modelos.

Se establece en la aprobación también de los proyectos y para ello se plantea que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados analice los proyectos que han sido dictaminados en sentido favorable por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Tenemos que reconocer las modificaciones planteadas son un esfuerzo que estamos realizando desde aquí y es una alternativa más, es una alternativa para impulsar obras de infraestructura y servicios que el gobierno no puede hacer por sus propios medios.

Se busca perfeccionar y acotar la aplicación y el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Se establece el capítulo de Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados; asimismo, los informes.

Se busca mejorar este instrumento, ese es el propósito para que haya una mejor operación, que se facilite la operación, pero además que haya una transparencia y eficacia en los objetivos que se persiguen.

El tema fundamental es que estamos buscando la manera de acercar recursos al Estado para que pueda enfrentar retos y pueda desarrollar obras de infraestructura que su desarrollo requiere.

Comparto la preocupación que tienen quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en lo que se refiere al abuso y a la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo y no vamos a estimular eso, tenemos que evitarlo, por supuesto, es parte de lo que tenemos que hacer aquí.

Entonces, debemos perfeccionar estos modelos, pero finalmente tenemos que reconocer que estas reformas nos llevan a perfeccionar y a impulsar la trasparencia y la eficacia de las asociaciones público privadas.

Por esas razones, las Senadoras y Senadores del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen.

Con ello queremos contribuir a simplificar y transparentar los esquemas de inversión de este modelo. Ese es el objeto.

Por eso les invito a que votemos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Olvera Acevedo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en contra.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Yo creo que no podemos generalizar.

Esto es simplemente un instrumento de inversión y el problema aquí son los abusos que se han dado utilizando esta figura. Es decir, la deuda es mala o es buena, o sea, no podríamos generalizar diciendo que la deuda es mala; es qué uso hagamos de ella.

Hay casos de éxito de asociaciones público-privado, ya mencionaba uno aquí el Senador Alejandro Encinas Rodríguez. Yo quisiera recordar otro en la Ciudad de México, como la Ciudad de México no tenía los recursos suficientes para hacer una obra, por ejemplo, como el reencarpetamiento de todo el Circuito Interior con concreto hidráulico.

Siempre las decisiones de inversión de los gobiernos tienen una visión de corto plazo. Lo que permiten este tipo de contratos es hacer una evaluación en el largo plazo.

Si la Ciudad de México hubiera hecho una evaluación de corto plazo, por ejemplo, la obra del circuito con concreto hidráulico no hubiera sido posible. Hubiera tenido que decidir si hacía cinco kilómetros con concreto hidráulico o hacia los más de veinte kilómetros con pavimento.

A partir de los montos que tenía para invertir en cada año, esta obra se hubiera tardado aproximadamente ocho años en hacerse con concreto hidráulico.

Se hizo en un año, usando un contrato de prestación de servicios que además incluyo el mantenimiento con luminarias, con áreas verdes del Circuito y ha estado el tiempo en que se construyó en un tiempo record, y se tuvo condiciones muy buenas durante el tiempo que duró el contrato.

Es un contrato que se hizo con trasparencia donde hubo competencia, donde hubo un desglose de costos y que trajo claramente beneficios que hubiéramos tenido que esperar varios años, los trajo al presente.

El problema de esto, es la corrupción; el problema de esto, es la falta de transparencia; el problema de esto, es que no hay una legislación nacional que ponga orden a lo que está pasando en distintos estados, entonces, parece más bien que es un instrumento para la corrupción.

Solamente en México se puede plantear, por ejemplo, hacer un museo, como lo planteaba, como puso el ejemplo la Senadora Dolores Padierna Luna, un museo viene una APP, se desvirtúa por completo la figura para esconder grandes negocios.

Ahora, el problema de esta ley, el problema de las modificaciones que estamos haciendo hoy, es que no abonan para corregir eso; es un problema claramente de transparencia, se quiere resolver con mayor discrecionalidad, debería ser todo lo contrario.

El desglose que plantea aquí las asociaciones público privadas a nivel federal o con el presupuesto público no sirve de nada, es un mecanismo para darle la vuelta a la calificación de los proyectos, el desglose debería ser con las distintas opciones que se tienen que hacer este tipo de asociaciones como prestación de servicios de largo plazo, coinversiones donde incluye activos del gobierno, en fin, las distintas modalidades y hacerlas más claras y específicas para obligar a la transparencia.

Las reglas que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, son muy superiores a lo que se establece esta ley.

Entonces, no va en un sentido que vaya a beneficiar este tipo de figuras; otra vez, es una vía burda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener un techo adicional de endeudamiento y eso es lo que ya no podemos permitir, porque incluso pasa por la posibilidad de que estos instrumentos de inversión pudieran, sí, eventualmente ayudar al desarrollo de infraestructura, a acelerar, sobre todo acelerar el desarrollo de infraestructura.

De por sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se queda con los remanentes del Banco de México, toma lo que quiere de parte de Pemex, tiene un ritmo de endeudamiento de 10 puntos del PIB en tres años, lo cual es una cosa que no se había visto.

Es decir, la deuda que ha tomado Peña en tres años, equivale al saldo histórico que teníamos hasta 2008.

Luego, amplía el concepto de déficit público, es decir, esta definición que se tenía de déficit tradicional y déficit ampliado, ahora la viola para tener un montón de déficit adicional.

Y ahora viene con esto, que es un techo adicional de deuda. Entonces, eso es lo que no deberíamos permitir.

No se puede aprobar un monto general y que Hacienda decida, tiene que estar sujeta a la aprobación y al escrutinio proyecto por proyecto, fue la misma propuesta que hicimos en el caso de la deuda de los estados, que se dejaran de aprobar montos para que se aprobaran proyectos, para que los congresos estatales evalúen proyectos para que el congreso general evalúe proyectos y no darle un cheque en blanco al Secretario de Hacienda y que él decida, con la evaluación de la dependencia, si es conveniente o no la asociación público-privada.

Una cosa que estamos pidiendo también en las reservas es que presenten un análisis de por qué se está recurriendo a esta modalidad de financiamiento para esa inversión.

O sea, sí tendría que demostrarse que una asociación pública-privada en determinado proyecto va a traer ventajas de interés público; si no se logra documentar eso, entonces, no tendría por qué hacerse; y eso abona a la transparencia. Tendría también que haber, en todo caso, siempre en el proceso de licitación tendría que haber competencia, es decir, no podrían hacerse asignaciones, porque entonces es imposible demostrar que es la mejor opción para el interés público.

El Hospital de Zumpango, que planteaba aquí el Senador Encinas Rodríguez, si quisiéramos darle el beneficio de la duda, no sabemos si es caro o barato los servicios que están dando, ¿por qué? Porque no se puede comparar contra nada, no hay otro proyecto que digamos.

Entonces, sí nos conviene esta opción; y además, como se engloba el concepto en un servicio, no se pueden desglosar costos, no sabemos cuánto corresponde al abono que se hace de la inversión original, el activo físico, por ejemplo, en este caso la construcción del hospital, que esa inversión en el activo, tiene que irse pagando en 20 años. No sabemos cuánto corresponde al costo financiero de esa inversión en el activo físico y no sabemos cuánto corresponde a la prestación de los servicios.

Entonces, este englobamiento se aprovecha para la corrupción, pero no es en sí que la APP sea un mal instrumento, es cómo se utiliza, para qué se utiliza y los abusos que se hacen de la misma.

 Es una propuesta que estamos haciendo.

También, todos los proyectos aquí, hay que modificar lo que se quiere aprobar hoy. No puede haber excepciones por el origen del financiamiento. Todos los proyectos tienen que pasar por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación para que sean aprobados todos los proyectos por la Cámara de Diputados. No se vale que por el origen del financiamiento unos pasen y otros no, porque al final del día todos se van a constituir como una obligación.

Y la otra, había dicho yo que esta ley pierde todo su sentido porque cambian la naturaleza de una asociación público-privada. Una asociación público-privada obliga a la reorganización del gasto corriente, la evaluación de los mismos se hace a partir del presupuesto que se tiene del gasto corriente para la prestación de determinados servicios.

Si esto se vuelve deuda pública, esa evaluación se pierde, ya no tiene sentido. Y es el gran error que se comete en la Ley de Disciplina Financiera, donde en el artículo 2, dentro de las definiciones, se plantea que obligaciones son los compromisos de pago a cargo de los entes públicos derivados de los financiamientos y de las asociaciones público privadas, cuando el artículo 73, también que modificaron, define o reconoce dos especies de deuda pública, las obligaciones y los empréstitos. Entonces la definición que hacemos de obligaciones, bueno, que hicieron en la Ley de Disciplina Financiera, es la de las asociaciones público privadas.

Hay un cambio en la naturaleza de esta figura. Me parece un grave error; y lo que hoy, la verdadera reforma de las asociaciones público privadas ya la dieron en la Ley de Disciplina Financiera. Esto va a ser opcional. Esto le ayuda nada más al Secretario de Hacienda a tener una bolsa extra para decidir proyectos, que va a determinar de manera absolutamente discrecional, porque la evaluación la hacen las dependencias.

Entonces, no creo que esto vaya a ayudar a generar mayor inversión. Creo que simplemente se utiliza para darle mayor poder de control político al Secretario de Hacienda y para taparle el ojo al macho del verdadero problema, que es la retirada, pensada, diseñada y ejecutada por parte de este gobierno, de retirar al Estado como promotor del desarrollo económico. Es esta idea, de que el sector público debe encargarse de la inversión y que solamente hay que ampliar el menú de posibilidades para que, incluso, pueda ofrecer servicios públicos. Eso no va a pasar, no ha pasado en ningún lugar del mundo.

Hasta el momento los menús que se tienen de apertura al sector privado, de inversión pública, no son suficientes. Ya dije aquí los datos de las Fibras-E, de los certificados de participación, de las distintas modalidades, que no suman ni siquiera 3 puntos del PIB en un promedio de vida de cinco años.

Entonces eso no va a pasar. Es una ilusión, es una creencia que tiene el grupo económico que gobierna, pero en el fondo está renunciado a la obligación de promover el desarrollo económico, la tasa de crecimiento en este país sigue siendo el gran huérfano de la política económica. Nadie se hace responsable del crecimiento económico y esto no va a ayudar a ello.

Por eso, creo que hay que votar en contra, porque no es un ejercicio serio de análisis de por qué no funciona esta figura y qué tendríamos que hacer para que sí funcionara y efectivamente ayudara a mejorar la calidad de vida de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, para exponer sus argumentos en favor de la presente minuta.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Yo he oído aquí muchas cosas que me llaman la atención: sofismas, acusaciones, etcétera, no todo es blanco y negro.

Primero, el gobierno no construye, construye la empresa privada, el gobierno contrata a los empresarios para que construyan de una manera u otra. En este país, un gobierno de izquierda, uno de derecha, uno del centro, contrata para que construyan, él no construye.

Segundo, para haber una trampa se necesitan dos: el que da contrato y el que lo toma; y los moches y todo eso, pues ya sabemos cómo se hace en nuestro país, desde hace mucho tiempo y de todos los gobiernos, para ser equitativo.

Tercero, la situación de las APP, sí es más caro, es cierto que es más caro, porque nuestro gobierno no tiene dinero, por "x" o "y" circunstancia estamos en esta situación.

Nunca un gobierno va a otro, aquí también, en la Ciudad de México, que también ha tenido la izquierda, no hay dinero, entonces se tiene que recurrir a otro tipo de mecanismos.

Si hubiera honradez, entonces se hace la obra con este tipo de sistema de APP, y lo que nos va a costar más caro, pues va a ser el financiamiento, porque una constructora, del costo total de la obra, quiere una pequeña utilidad, o grande, o como la quieran, pero es una utilidad.

En este caso, la Iniciativa Privada no nada más va a querer su utilidad de eso, está financiando toda la obra, entonces, va a querer también una parte para su dinero que, definitivamente, no tiene ningún problema. Eso, en cualquier lado del mundo, hay precisamente empresas para construir, no son nada bienhechoras.

Aquí se sataniza mucho a la empresa privada. Bueno, a ver, yo quiero que alguno de ustedes construya gratis, y entonces, lo voy a felicitar.

Entonces, de todos modos va a costar más, pero hay una cosa ¡eh!, bien escogidas las obras sí puede haber desarrollo, que dicen que no hay desarrollo, porque va a haber empleo, más caro, porque el gobierno no tiene dinero, pero va a haber empleo, el empleo que van a dar las empresas para, precisamente, hacer estas obras.

Y la otra cosa muy importante es que se deben escoger muy bien las obras para que sean obras que den beneficio, infraestructura, no elefantes blancos, no obras de oropel.

El gobierno necesita producir infraestructura para que haya más progreso, y las obras también dan mucho trabajo.

Entonces, de esa manera, pues aunque nos va a salir más caro, problema nuestro, de nuestra ineficiencia, ineptitud y, por otro lado, de nuestra desvergüenza, también, de hacer trampas, nos va a costar más.

Ahora, otra cosa. Aquí se expresa de que se va a vigilar, etcétera. Miren, les voy a poner dos ejemplos:

Este edificio, yo no he visto un análisis de lo que costó este edificio, y es nuestra casa. Andamos queriendo vigilar afuera y la nuestra no la vigilamos. Aquí, este edificio, yo les aseguro que, aquí costó muchísimo más de lo que debía de haber costado. No ha habido un análisis.

Entonces, vamos a analizar lo de afuera. ¡No lo vamos a hacer, hombre, ni los Diputados, ni los Senadores!

Otra cosa que está pasando, que queremos mucha claridad, hace tiempo estamos pidiendo que se haga la Comisión del Aeropuerto, y es la obra mayor, y no la hemos instalado.

Entonces, ¿qué tanto interés tenemos en las obras que hace el gobierno?

Les aseguro que esa obra va a costar tres veces lo que dijeron, desde ahorita se los digo ¡eh!, porque se van a tardar muchos años y van a desperdiciar dos aeropuertos que funcionan, porque funcionan.

Y, por ejemplo, digo, yo no soy partidario de López Obrador, pero eso de que: Oye ¿por qué no usan la base Santa Lucía? Que vamos a situaciones de práctica, pues ahí está bajando el avión presidencial, yo no he visto que se vaya a estrellar contra un avión comercial.

Entonces, señores, si queremos, sí, yo voy a votar en favor.

Y les digo una cosa, por más leyes que hagamos, si se quiere hacer picardías, se logran, en un país como el nuestro, que hasta ahorita no pone en la cárcel a una serie de bandidos que todo mundo los conoce, y que los defendemos aquí y en el extranjero.

Entonces, señores, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas mejor, esta ley nos puede ayudar, y sobre todo con honradez, porque aquí ha habido obras fraudulentas en la Ciudad de México, pero fraudulentas ¡eh!, y ha habido obras del gobierno federal, también fraudulentas, y de todos lados.

El caso es que aquí ya, señores, por el bien de México, pues portémonos mejor, verdad, para que precisamente un día no nos emplumen a todos los que estamos aquí.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Hermosillo y Celada.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos.

Hemos escuchado en esta tribuna historias de terror, de dispendio, de proyectos fallidos, y me parece que vale la pena aclarar, para que todos votemos con la tranquilidad de que estamos haciendo algo bueno para México, para el financiamiento, infraestructura y también para la dotación de servicios que tanta necesidad tiene nuestro país.

Lo primero que se menciona es que los proyectos APP son asignados discrecionalmente y en total opacidad, y no hay nada más falso que esto.

El artículo 14 de esta ley, que hay que decirlo, la ley existe, no estamos impulsando una nueva ley, son modificaciones, son mejoras a una ley existente.

Bueno, esta ley que existe, en su artículo 14, exige, entre otras cosas, viabilidad técnica del proyecto, viabilidad jurídica del proyecto, viabilidad económica y financiera del proyecto, dictamen de impacto ambiental, rentabilidad social del proyecto, y la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de APP en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.

O sea que cuando se propone financiar un proyecto APP, ya pasó una serie de requisitos técnicos que hacen que esto no pueda ser ni opaco ni discrecional.

Si un proyecto se determina que se va a financiar vía APP, es porque es lo más conveniente comparado con recursos presupuestales u otro método de financiamiento.

Después de esto, una vez que se integra un proyecto que cumpla con todos los requisitos del artículo 14, este proyecto lo lleva la entidad interesada a la Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, donde participan cerca de 9 secretarios de Estado, no nada más el Secretario de Hacienda, sino muchos otros, y ahí se analiza exhaustivamente cada uno de estos proyectos en sus propios méritos.

Una vez que es aprobado en la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación, se integra al Proyecto de Egresos de la Federación para someterse a consideración del Congreso.

Una vez autorizados en la Cámara de Diputados estos proyectos, se realiza un proceso competitivo para asignar el proyecto, esto no se les asigna a los amigos, no se le asigna a los cuates, hay un proceso competitivo para decidir quién puede realizar este proyecto en las mejores condiciones posibles para el país. De esta manera, es absolutamente falso que los proyectos APP se asignen discrecionalmente a los amigos y sean un espacio de opacidad.

Segundo. Se ha mencionado que se está dando un cheque en blanco al Secretario de Hacienda para ejecutar proyectos. Esto es absolutamente falso, el proceso: son las entidades, son las dependencias de gobierno u órganos constitucionales autónomos los que presentan los proyectos APP, no es el Secretario de Hacienda.

Y van de nuevo a una Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación, donde concurren todas las dependencias que tienen que ver con la construcción de infraestructura y provisión de servicios en este país.

Y tercero, se va a enviar a aquellos que pasen por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación, con las modificaciones que estamos haciendo a aquellos proyectos que no hayan sido integrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se van a enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que sean opinados, y la comisión y los   señores Diputados determinen la viabilidad y la conveniencia de llevar a cabo este proyecto.

De manera que no es un cheque en blanco, la Cámara de Diputados tiene absolutamente todas las facultades para decir si consideran que un proyecto no es viable y si es una mala idea.

De manera que la última llave está en la Cámara de Diputados y no en el Secretario de Hacienda.

Algo que no se ha mencionado de lo que estamos aprobando en este momento, se va a determinar un techo máximo para invertir en estos proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al final de cuentas, quien tiene la llave de ese techo máximo no es la Secretaría de Hacienda, son nuestros compañeros de la Colegisladora los que decidirán si el monto es suficiente, mucho, poco, regular, es decisión de ellos determinar el monto de las APP. De manera que no veo también por qué haya que tener tanto recelo a la Secretaría de Hacienda en todo esto.

Tercero. Se menciona que es una deuda disfrazada. En ningún momento se está tratando de darle la vuelta a esto, se está diciendo que los proyectos APP representan una obligación para el Estado mexicano y como tal tienen que ser publicados trimestralmente y tienen que reportarse.

Y en el dictamen que aprobamos hace tan sólo unos días para calcular el techo de endeudamiento de una entidad federativa, se tienen que considerar estas obligaciones que forman parte de las APP.

De manera que no le estamos dando la vuelta a nadie, va a ser absolutamente transparente y todo mundo va a saber cuánto se debe por empréstitos bancarios, cuánto se debe de deuda de corto plazo, cuánto de deuda de largo plazo, cuánto se le debe a proveedores y cuántas obligaciones de pago futuras implican los proyectos APP, de manera que aquí nadie se puede dar por engañado.

Cuarto. Se menciona que todos los proyectos son un desastre, y se mencionaron aquí una serie de proyectos.

Bueno, debemos mencionar que muchos de estos proyectos que no han funcionado bien, fue porque no existía la ley que estamos modificando el día de hoy.

Por eso la importancia de la publicación de la Ley de APP en el año 2012, y precisamente por eso, porque hubo proyectos que tuvieron muy poco control, es que se aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas que hoy estamos perfeccionando.

De manera que yo pido a mis compañeros del Partido Acción Nacional, que tengamos la absoluta tranquilidad de conciencia de que estamos aprobando un buen esquema de provisión de servicios y de financiamiento de infraestructura para nuestro país, que tanta falta nos hace y en el cual estamos absolutamente convencidos de votarla a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Cordero Arroyo.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea, en este sentido, que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29.

Por parte del Senador Mario Delgado Carrillo, los artículos 14, 17, 23, 24, 26, 27 y 29.

En virtud de que no hay más artículos reservados y de que las propuestas ya fueron ampliamente expuestas en la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las reservas a los artículos anunciados se puedan desahogar en este momento.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las reservas a los artículos anunciados por el Presidente, se puedan despachar de inmediato. Quienes estén porque se autorice que estas reservas se puedan despachar de inmediato, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autoricen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Los textos de las propuestas están disponibles en el monitor de sus escaños.



 



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Dolores Padierna Luna a los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que presentó la Senadora Padierna Luna a los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas expuestas por el Senador Mario Delgado Carrillo a los artículos 14, 17, 23, 24, 26, 27 y 29.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que presentó el Senador Delgado Carrillo y que ya describió la Presidencia. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

En virtud de lo anterior, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar del resultado de la votación del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 61 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Informo a la Asamblea que pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la simplificación del juicio.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura de este dictamen se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

En este sentido, se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 186 del Reglamento, y hasta por diez minutos.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Acudo a esta tribuna a presentar un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por diversas Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios.

Este proyecto de dictamen es un proyecto ciudadano realizado en colaboración con legisladores, diversas asociaciones de abogados, autoridades administrativas, universidades y el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si bien han existido importantes avances en la celeridad de este procedimiento, se estima necesario adoptar medidas adicionales que permitan consolidar la simplificación del Juicio Contencioso Administrativo.

En este sentido, la finalidad de esta propuesta es reducir aproximadamente en un 50 por ciento el tiempo de tramitación de dicho procedimiento por medio de la utilización de la tecnología, simplificando trámites y eliminando pasos innecesarios dentro del juicio, garantizando de esta manera el principio de tutela judicial efectiva, beneficiando directamente a los ciudadanos que acuden a este procedimiento.

En este contexto; de la iniciativa se destacan los siguientes aspectos:

La Notificación Electrónica Universal y el Boletín Jurisdiccional; la distinción entre medidas cautelares y de suspensión; la ampliación de procedencia de la vía sumaria; la flexibilización del ejercicio de la facultad de atracción de la Sala Superior, así como la homologación y reducción de los plazos; la mejora al desahogo de la prueba pericial; la eliminación de trámites innecesarios, como acuerdo del cierre de instrucción; la precisión de los efectos tanto de las sentencias y plazos de cumplimentación, como de la queja improcedente; la imposición de multas por promociones notoriamente improcedentes; y, por último, la reducción de requisitos para el juicio en línea.

En este orden de ideas, y sobre la Notificación Electrónica Universal, se plantea modificar la presente ley, estableciendo como supuesto general que la notificación de las actuaciones de las partes en este juicio se realice a través del Boletín Jurisdiccional, mediante un aviso previo enviado a la cuenta de correo electrónico que señalen las partes. Esta obligación recaerá para ellas como para la autoridad jurisdiccional, lo que agilizará el procedimiento contencioso administrativo.

Asimismo, se hace patente la necesidad de establecer como una obligación a cargo de la parte actora, señalar en su demanda una dirección de correo electrónico, a fin de recibir el aviso correspondiente, con el apercibimiento que de no cumplir con dicha carga las actuaciones le serán notificadas por este Boletín Jurisdiccional, sin que medie el aviso respectivo.

De igual manera, se establece la obligación de las autoridades de registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica, entre otros aspectos.

Por otra parte, y por cuestiones de técnica legislativa, formal y material, la iniciativa distingue que las medidas cautelares positivas están encaminadas a evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor, mientras que la suspensión tenga como propósito mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra.

Otro de los aspectos que presenta la iniciativa es la necesidad de incrementar la cuantía de los asuntos que puedan ser resueltos por el Magistrado Instructor y distinguir de otros que, por un monto menor, deban pertenecer a una jurisdicción menor.

Con base en ello y dado que la facultad de atracción puede darse respecto de los juicios tramitados en la vía sumaria, se considera conveniente que la resolución de los mismos pueda quedar a cargo del Magistrado Instructor, o bien de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se ejerza la facultad de atracción o se actualice la competencia específica.

Por otra parte, en la lógica de mejorar la celeridad de los juicios de la jurisdicción administrativa, la iniciativa busca reducir los plazos del procedimiento.

En primer lugar, para la presentación de la demanda y la contestación de la misma, de 45 a 30 días hábiles.

Para presentar la ampliación de la demanda y su contestación, de 20 a 10 días hábiles.

Para que el tercero interesado pueda apersonarse a juicio, de 45 a 30 días hábiles, así como también la reducción del plazo para la interposición del recurso de reclamación, de 15 a 10 días hábiles.

Compañeras y compañeros: Es importante decirle a esta Soberanía que este dictamen fue aprobado por unanimidad en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Reformar y adicionar de esta manera la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo será un avance importante en la impartición de justicia, propia de un verdadero estado constitucional.

Con estas adiciones y reformas lograremos que los juicios de la materia se lleven a cabo con verdadera eficacia, rapidez y transparencia.

Es por ello que los invito a votar a favor del presente dictamen y en la evolución de nuestro Sistema Jurídico Mexicano, generando la garantía de una verdadera tutela jurídica efectiva para todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Márquez.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con la finalidad de exponer posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Este dictamen, que tuvo como promoventes a distintas Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios, es muy importante, voy a enunciar algunas cuestiones que parece que son trascendentales.

1. Notificaciones electrónicas en el juicio tradicional y la incorporación del aviso electrónico, como el mensaje que se tendrá que enviar a la dirección de correo electrónico señalado por las partes a fin de darles a conocer que será realizada una notificación por Boletín Judicial.

2. Medidas cautelares, encaminadas a evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor.

3. Vía sumaria y facultad de atracción, a fin de que el valor del negocio de los asuntos atraídos por la Sala Superior, se determine por el pleno jurisdiccional.

4. Reducción y homologación de los plazos en la vía ordinaria, porque de acuerdo a la experiencia judicial del propio tribunal, esta reducción servirá para abatir el rezago de asuntos en proceso y combatir la tardanza que por mala fe provocan algunos operadores jurídicos en detrimento de sus representados.

5. Referida la prueba pericial, estableciendo la obligación a los peritos para que rindan su dictamen con fundamentación y motivación adecuadas, en la que expongan claramente razones y sustentos en que apoyan su juicio, a fin de evitar que su razonamiento jurídico sea en base y exclusivamente a las respuestas manifestadas por los peritos de las partes.

6. Cierre de instrucción, para que se lleve a cabo por ministerio de ley y no por el acto procesal de la emisión de un acuerdo.

7. Efectos de la sentencia, que se precisa que el tribunal tendrá un mes para cumplir las sentencias por la vía sumaria y cuatro meses para acatar las resoluciones por vía ordinaria.

8. Referido a la jurisprudencia y, de manera particular, lo que tiene que ver con la contradicción de sentencias interlocutorias o definitivas, cualquiera de los magistrados del tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciar tal situación ante el presidente del Tribunal para que éste lo haga del conocimiento al pleno. El cual, con un quórum mínimo de siete magistrados y no de 10, como se encuentra regulado actualmente, se decida, por lo tanto, por mayoría la que debe prevalecer constituyendo jurisprudencia.

9. Respecto a las multas, los Magistrados podrán imponer multas en caso de que algunas de las partes, representantes legales o autorizados legales, delegados, testigos, peritos y cualquier otra persona dentro del juicio, no se conduzcan dentro del marco ético de la función de la abogacía en los escritos, promociones, oficios, comparecencias o diligencias en que intervengan y que en ningún momento utilicen lenguaje inapropiado para referirse a sus contraparte o a personas desde el ámbito jurisdiccional.

Y, finalmente, es importante señalar que respecto a los juicios en línea, se incorpora dentro del sistema de justicia en línea el uso de la firma electrónica avanzada de las personas morales, lo que implica que será la misma persona moral la que se encuentre vinculada a ésta y no a su representante legal.

Finalmente, también tengo que mencionar que toma en cuenta preceptos relacionados con dos tratados importantes para su armonización: el que tiene que ver con la Convención de Palermo y con la Convención de Mérida.

De tal manera que es pertinente que este Pleno lo apruebe en sus términos.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor de la presente minuta.

El Senador Enrique Burgos García: Con su anuencia, señor Presidente. Muchas gracias.

Con coincidencias con lo expresado por el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Yunes, y con lo expuesto por la Senadora Angélica de la Peña, convenimos en que una de las funciones más importantes del Estado mexicano consiste en salvaguardar un adecuado, profesional, objetivo, efectivo y eficiente Sistema de Impartición de Justicia.

En tal sentido, es imprescindible que toda persona tenga la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional, imparcial, por supuesto, para reclamar la protección de sus derechos.

Los cambios propuestos implican la adopción de medidas adicionales que permitan consolidar la simplificación del Juicio Contencioso Administrativo, y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva para que la solución de conflictos se lleve a cabo en plazos muy razonables.

Para ponderar el alcance del dictamen, cabe mencionar que el Juicio Contencioso Administrativo procede contra las alusiones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En este orden de ideas, es de suma importancia que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponga oportunidades procesales adecuadas, así como claridad en sus preceptos y conceptos.

Lo anterior, con el fin de que cada vez sea más sencillo, rápido y efectivo ese procedimiento.

Como se refirió en la presentación del dictamen, las reformas planteadas buscan dar respuesta al constante incremento de la competencia material que ha adquirido el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa durante los últimos años.

Además, atiende al mandato constitucional y convencional, como lo refirió la Senadora De la Peña Gómez, en el ámbito administrativo y fiscal; asimismo, se aportan diversas medidas que han implementado este tipo de procedimientos.

Entre tales medidas, se encuentra la implementación del Juicio Contencioso Administrativo en Línea, distinto del tradicional en la vía sumaria en la simplificación y en las notificaciones practicadas por el referido tribunal, la cual forma parte de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de diciembre de 2010.

En relación a las innovaciones y beneficios contenidos en el presente dictamen, destaca que se lleva a cabo la simplificación del sistema de notificaciones y el otorgamiento de medidas cautelares, por supuesto, medidas cautelares muy positivas.

Se incrementa la cuantía de los asuntos que pueden ser resueltos por el Magistrado Instructor, a fin de distinguir de otros por un monto menor que debe pertenecer, por supuesto, a una jurisdicción menor.

Otro aspecto a subrayar, es que la interposición de la demanda en la vía incorrecta no debe provocar una nulidad de improcedencia o sobreseimiento del juicio, con la condición de que la misma haya sido presentada dentro del plazo de los 30 días hábiles.

Estos son algunos de muchos avances contenidos en el dictamen, y por ello es importante aprobar el contenido de este dictamen en comento.

Es de significada importancia que en nuestro país existan las condiciones idóneas para que sea posible una justicia pronta, moderna, expedita y es ahí donde radica el valor del asunto a discusión.

Si bien es cierto que hay grandes avances en relación a la celeridad del procedimiento contencioso administrativo, también lo es que resulta indispensable adoptar medidas adicionales encaminadas a consolidar su simplificación y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva.

Hay un innegable impacto social en favor del justiciable, el dictamen fue resultado de las aportaciones no solamente de entidades gubernamentales, también del sector privado, de la Academia, de organizaciones de profesionales.

A través de la reforma propuesta se brinda certeza a la población mexicana y con ello se moderniza el procedimiento contencioso administrativo.

Por ello, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional reiteramos nuestro voto a favor del dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Burgos García.

Está a discusión en lo general. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Educación, en torno a la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado de Morelos.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión.

En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y tiene el uso de la palabra para exponer sus motivos con relación al presente dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Educación ha tenido a bien aprobar por unanimidad este punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos para que respete la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en el estado de Morelos.

En el año 2011, el congreso local elaboró una ley para garantizar la gratuidad de la educación en esta entidad federativa.

Se asignaron 3 salarios mínimos vigentes por cada estudiante del sistema básico, es decir, desde preescolar hasta secundaria. Este recurso es para pagar el mantenimiento de las escuelas y la compra del material didáctico de los maestros.

Desde el año 2013, un porcentaje de un 60 por ciento de las escuelas, no le fue pagado este recurso.

En el año 2014, también ese porcentaje se repitió en el año 2015, un 90 por ciento no se le pagó el recurso; y en el año 2016, ni siquiera apareció en el Presupuesto de Egresos del estado de Morelos.

Todos sabemos que la infraestructura de las escuelas se deteriora por la falta de mantenimiento.

Y el congreso local, en el año ya citado, impulsa como una medida para mantener las escuelas, que este recurso se otorgue, además lo hace con la intención de que la deserción en nuestra entidad federativa, el estado de Morelos, se reduzca, ya que una parte muy importante de los estudiantes de la escuela abandonan sus estudios por el pago de las cuotas escolares.

Con este ánimo, y poniendo por encima el interés superior del niño, la Comisión de Educación, por unanimidad, votó este punto de Acuerdo.

Con estos argumentos, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, les pedimos el respaldo para que los niños de Morelos puedan gozar de manera cabal de este recurso que les otorga la ley que hemos mencionado.

Conocemos de su sensibilidad y del compromiso que hay con los niños del país, y sé que este punto de Acuerdo lo vamos a votar por unanimidad.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del mismo.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

La preparación académica es el camino para el desarrollo de toda nación, así lo ha concebido el Presidente Enrique Peña Nieto.

Paulatinamente se está logrando que los niños y jóvenes cuenten con una educación de calidad, para que puedan ser profesionistas, que contribuyan a la transformación de México, para que estas generaciones sigan moviendo a México.

El futuro de nuestro país depende, en gran medida, del fomento de la educación a través de las instituciones públicas y privadas que se dedican a transmitir, de forma metodológica, los conocimientos generados a lo largo de la historia de la humanidad en diversas ramas de la ciencia.

Es por ello que resulta necesario fortalecer los distintos niveles educativos y, sobre todo, que se vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo con la intención de generar capital humano altamente capacitado que aporte elementos que permitan alcanzar la innovación nacional.

Sin embargo, el cambio de materia educativa nos corresponde a todos. Cada nivel de gobierno debe estar involucrado y debe de participar activamente en la implementación de la reforma educativa.

En este sentido es que los invito a votar a favor del presente dictamen, porque se considera fundamental erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares en el estado de Morelos, mediante el destino de recursos suficientes para garantizar que las escuelas solventen sus gastos de operación y compra de insumos necesarios para atender de forma óptima las necesidades de las escuelas.

Con estas medidas y con la vigilancia adecuada de la asignación y ejercicio de los recursos para las escuelas, estoy segura que creceremos como país, que se podrá erradicar la pobreza extrema y las familias mexicanas contarán con el sustento que les permita desarrollarse plenamente y que se conserve como base fundamental de nuestra sociedad la educación para nuestras niñas y niños.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora Hernández Lecona.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo en sus términos.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con el dictamen de la Comisión de Justicia, sobre las ternas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al documento.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, señor Presidente.








El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia remitió el dictamen que se desprende del análisis de las ternas de candidatas y candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen se emite en cumplimiento al Acuerdo del pasado día 11 de febrero, por el que se determina el procedimiento para el análisis de las propuestas de candidatos.

Como parte de ese procedimiento, la Comisión de Justicia recibió las ternas formuladas por la Suprema Corte para elaborar un dictamen referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos propuestos, el dictamen está a disposición de ustedes, señoras y señores Senadores, en el monitor en sus escaños.

Solicito a la Secretaría consulte la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda el día de hoy.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia se incorpore a la agenda de este día. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Por tanto, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Pasamos a la votación nominal del dictamen. Después de ello, realizaremos la votación por cédula para llevar a cabo la elección de Magistrados para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia, referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos propuestos.

En consecuencia, y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 101 del Reglamento del Senado, procederemos a la elección por cédula de los Magistrados Electorales.

Informo a la Asamblea que por Acuerdo de la Mesa Directiva, realizaremos una sola votación para las cinco Salas.

Para tal efecto, se les entregará un sobre rotulado con su nombre y una cédula, para que manifiesten su elección, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presídium.

Terminada la votación, se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado.

En consecuencia, solicito al personal de apoyo proceda a la distribución de las cédulas de votación, y hecho lo anterior, también se proceda por parte de la Secretaría, a pasar lista de asistencia de las señoras y señores Senadores, a fin de que pasen a depositar sus cédulas en la urna correspondiente.

(El personal de apoyo cumple)

Para conocimiento de la Asamblea, les hago notar que recibieron una cédula en la que están plasmadas las cinco ternas recibidas por parte de la Comisión de Justicia.

Deberán marcar la elección que determinen, de manera que elijan un candidato por cada una de las ternas.

Reitero, deberán marcar la elección que determinen las y los Senadores de manera que elijan a un candidato por cada una de las ternas del listado que les ha sido entregado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se solicita a los Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, se da cuenta del resultado de la votación: Se emitieron un total de 80 votos.

En la primer terna, la candidata Gabriela Eugenia del Valle Pérez, con un total de 80 votos, en pro.

En la segunda terna, la candidata Claudia Valle Aguilasocho, obtuvo 79 votos a favor; y el candidato Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, un voto.

En la tercer terna, el candidato Enrique Figueroa Ávila, un total de 80 votos a favor.

En la cuarta terna, la candidata María Guadalupe Silva Rojas, con un total de 79 votos a favor; y un voto a favor de la candidata Laura Patricia Rojas Zamudio.

En la quinta terna, el candidato Alejandro David Avante Juárez, con un total de 80 votos a favor.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se declara que son electos como Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los ciudadanos:

Gabriela Eugenia del Valle Pérez, para la Sala Regional Guadalajara, Jalisco, Primera Circunscripción.

Claudia Valle Aguilasocho, para la Sala Regional Monterrey, Nuevo León, Segunda Circunscripción.

Enrique Figueroa Ávila, para la Sala Regional Xalapa, Veracruz, Tercera Circunscripción.

María Guadalupe Silva Rojas, para la Sala Regional de la Ciudad de México, Cuarta Circunscripción.

Alejandro David Avante Juárez, para la Sala Regional Toluca, Estado de México, Quinta Circunscripción.

Comuníquense estos resultados al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Informo a la Asamblea que los Magistrados recién electos se encuentran en el salón contiguo. Solicito a los Senadores Fernando Yunes Márquez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila y Jesús Casillas Romero, los inviten a pasar a este recinto a efecto de desahogar el acto de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se solicita a los presentes ponerse pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas y ciudadanos Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Claudia Valle Aguilasocho, Enrique Figueroa Ávila, María Guadalupe Silva Rojas y Alejandro David Avante Juárez: ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado Electoral de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Claudia Valle Aguilasocho, Enrique Figueroa Ávila, María Guadalupe Silva Rojas y Alejandro David Avante Juárez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras y señores Magistrados!

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su nueva encomienda.

Solicito a la comisión designada acompañe a las y los señores Magistrados cuando deseen retirarse del salón de sesiones.






Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificación a la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política se incorpore a los asuntos de hoy para su despacho. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



 

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






EXCITATIVA

Compañeros Senadores, a petición del Senador Mario Delgado Carrillo, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto que adiciona el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada el 3 de octubre de 2013.



 






Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LA FRACTURA HIDRÁULICA

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 2016. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante las vacaciones incrementa el flujo de vehículos en las principales carreteras y el número de turistas en las centrales de autobuses y aeropuertos para desplazarse en el territorio nacional. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se prevé que este año durante el periodo vacacional de semana santa, 10 millones 914 mil visitantes nacionales y 3 millones 616 mil visitantes extranjeros se desplazarán por todo el país, generando una derrama económica total de 24 mil 597 millones de pesos.

Desafortunadamente, en este lapso también aumenta el número de accidentes carreteros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que hay 1.2 millones de personas  que mueren a nivel mundial en accidentes de este tipo anualmente1.

Los traumatismos causados por estos siniestros representan el 59% de las defunciones entre los adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años.

La seguridad de los vehículos es fundamental para evitar los accidentes y reducir la probabilidad de lesiones graves en estos casos. El Foro Mundial de las Naciones Unidas para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, establece siete aspectos clave que ayudan a garantizar la seguridad de los vehículos, pero solo 40 países lo han adoptado.2

De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2014, publicado por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) en nuestro país, fallecieron 17 mil 102 personas por vialidades carreteros; 150 mil personas resultaron con lesiones; y más de 33 mil 300 sufrieron lesiones graves.

Las lesiones no intencionales producidas por los accidentes viales se ubican dentro de las 10 primeras causas de muerte en México, lo que significa que la población enfrenta una amenaza constante para la salud con resultados muchas veces inmensurables y catastróficos.

Los reportes que genera la Policía Federal, indican que las causas de los accidentes en las carreteras federales, alrededor del 80% de las veces se deben al conductor, 7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y solo el 4% al camino.

Las lesiones viales entre la población joven de nuestro país constituyen una de las primeras causas de muerte y discapacidad.

Una lesión puede cambiar la vida de las personas y familias, por lo que la implementación de acciones de prevención y control es una parte fundamental para garantizar su integridad.

Otro de los problemas que enfrentan los vacacionistas es el abuso de diversos establecimientos comerciales, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)3 dio a conocer que durante febrero a septiembre de 2015, se realizaron 5 mil 385 visitas de verificación, reportando 4 mil 024 abusos.

Durante las vacaciones de verano 2015, la Procuraduría logro recuperar 6 millones 800 mil 637 pesos a favor de las y los consumidores, como resultados de la atención a más de 6,000 quejas presentadas en Módulos de Asesoría e Información en las centrales de autobuses del Distrito Federal y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En  2015, el Gobierno Federal emprendió diversas con el propósito de cuidar al turista, agilizar su tránsito y proteger su consumo en los diferentes destinos turísticos del país, se realizaron operativos vacacionales en verano, invierno y Semana Santa en los que participaron 12 dependencias, 23 entidades de la Administración Pública Federal y tres organismos del sector social, haciendo énfasis en tres estrategias transversales: Caravanas Turísticas, Paraderos Seguros y Playa Amiga.4

Este año, a través del Programa Paisano5 se implementará el Operativo de Semana Santa del Instituto Nacional de Migración (INM), vigente de 11 de marzo al 11 de abril, con el objetivo de facilitar el ingreso, tránsito y salida de territorio nacional de nuestros connacionales.

Este operativo contará con mil 107 observadores voluntarios listos para brindar ayuda y orientaciónen163 módulos fijos y213 puntos de observación, distribuidos en150 ciudadesy219 municipios.

Dada la importancia del turismo para la economía nacional, es imprescindible evitar y sancionar cualquier tipo de prácticas abusivas en perjuicio del consumidor, por lo que se deben de realizar acciones de supervisión y verificación de precios en todos los comercios o establecimientos en todo el país.

Por lo anterior resulta, necesario fortalecer los programas destinados a atender estas problemáticas, a efecto de que las autoridades competentes garanticen la seguridad de todos los vacacionistas nacionales y extranjeros.

En el grupo parlamentario del PRI, trabajamos por el bienestar de toda la población, salvaguardando su integridad física para que lleguen bien a sus destinos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, a remitir un informe sobre el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales contemplando las condiciones bajo las cuales se han realizado éstas, previstas en los Artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras implementadas y previstas para tales efectos. Se turna a la Comisión de Energía.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las entidades federativas investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas y remitan información fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, de acuerdo a las cifras difundidas por la propia Secretaría de Gobernación, hay más de 27 mil  personas desaparecidas tan sólo en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2012; del 2012 al 2014, la cifra es de 16,000 y de ellas, según cifras oficiales se han encontrado 8,000 personas vivas y 385 muertas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que tiene registro de 24,800 personas desaparecidas, y señaló que en 2,443 de esos casos hay indicios de posible participación de agentes del Estado en la desaparición de las personas, por ello ha emitido hasta este momento 10 recomendaciones sobre desaparición forzada de 2006 a 2012, que involucran a 26 víctimas, refiriendo a la desaparición forzada de personas cometida por elementos de la SEDENA, la SEMAR, la extinta SSPF así como por algunos elementos de las policías estatales y municipales.

La historia de muchas de estas víctimas ha salido a relucir en las audiencias públicas realizadas por el Senado de la República para discutir los elementos que deberá contener la Ley General sobre Desaparición Forzada en nuestro país.

Las historias de esas desapariciones, pueden ser distintas por el contexto en el que ocurrieron, en el sexo y edad de las víctimas; sin embargo, todas coinciden en la respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familias de las víctimas.

De acuerdo a la información proporcionada durante las audiencias, las autoridades de procuración de justicia únicamente inician un acta circunstanciada o averiguación previa por cada nueve personas reportadas como desaparecidas en el país, lo que se traduce en que la autoridad no realiza una investigación formal para localizar a las personas, generando además que no exista un registro administrativo que haga constar los datos y las circunstancias en que desaparecieron las personas, lo que genera una cifra negra sobre este fenómeno y una ausencia de medidas para prevenir hechos similares.

Otro aspecto que fue evidenciado durante las audiencias, es que cuando se acude a denunciar la desaparición de una persona, las autoridades se niegan a iniciar una investigación o búsqueda, hasta que hayan transcurrido 72 horas, este plazo que exige la autoridad, no se encuentra estipulado en ningún instrumento normativo, pero forma parte de los grandes obstáculos que ponen las autoridades mexicanas para iniciar las acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Esta actuación resulta contraria a lo establecido en los estándares internacionales, que establecen que las primeras horas resultan decisivas para la localización de una persona y que pueden ser la diferencia entre localizarla con vida o sin vida.

En especial vulnerabilidad se encuentran las miles de personas migrantes que desaparecen en su tránsito por México, ya que no existen familiares que puedan denunciar y presionar que sean localizadas, esta situación se agrava, cuando hay presencia de grupos del crimen organizado en la zonas y territorios por los que habitualmente se trasladan los grupos de migrantes, ya que en más de una ocasión se ha constatado que grupos delictivos han sido los responsables de la desaparición masiva de migrantes y de ejecuciones también masivas.

Durante las audiencias, Nadin Reyes Maldonado, del Comité de Familiares “Hasta Encontrarlos”, coincidió con prácticamente todas las personas que habían participado en las audiencias, e insistió en que la búsqueda debe iniciarse en las primeras horas, “poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda de campo”, para ello, demandó la creación de “fiscalías especializadas en cada entidad federativa”, y la adopción de protocolos que contemplen que la búsqueda deba realizarse a nivel nacional o trasnacional, asegurando que se “garantice en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares”.

Otro de los testimonios que evidenció la tragedia que viven las familias de personas desaparecidas, fue el de Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Álvarez, desaparecida en 2004 en el Estado de México, quien denunció a agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado como partícipes en la desaparición de su hija, sufriendo amenazas tanto él como su familia, obligándolos a salir de Ecatepec y buscar una nueva residencia fuera de la entidad.

La desaparición de personas en México es una tragedia a gran escala, que exige desde el Estado mexicano una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los miles de casos de todas las personas desaparecidas.

El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de garantizar a las familias de las personas desaparecidas y a la sociedad mexicana su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y desde luego tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para desarrollar una búsqueda efectiva y una investigación exhaustiva que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas y la sanción de aquellos que los han privado de su libertad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a todas las Procuradurías Generales de Justicia y/o a las Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades federativas para que todas las denuncias de desaparición que reciban den inicio a una carpeta de investigación en la que se asegure el inicio inmediato de acciones de búsqueda y la investigación de los hechos y condiciones de la desaparición para deslindar responsabilidades.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a todas las Procuradurías Generales de Justicia y/o a las Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades federativas, a que instruyan a su personal para que ante cualquier denuncia de desaparición, inicien durante las primeras horas la búsqueda de la persona que ha sido reportada como desaparecida, y se erradique la práctica de esperar 72 horas para el inicio de la investigación, estableciendo las medidas legales respectivas para sancionar cualquier conducta contraria.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a todas las Procuradurías Generales de Justicia y/o a las Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades federativas, a que envíen un informe completo sobre los recursos humanos y materiales destinados a la investigación de casos de desapariciones de personas; y para que remitan, en su caso, el protocolo que usan para la búsqueda de personas; debiendo informar también sobre las medidas con las que cuentan para brindarle protección y atención a las familias de las personas desaparecidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.






De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado de Morelos a realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea restado del presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto de comunicación social del gobierno de la ciudad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A QUE LLEVEN A CABO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEA RESTADO DEL PRESUPUESTO QUE EL JEFE DE GOBIERNO DESTINA PARA VIAJES NACIONALES Y GIRAS INTERNACIONALES Y DEL PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 28 de abril de 2015, el pleno de este Senado de la República aprobó el dictamen sobre la Reforma Política de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El 09 de diciembre de 2015, la minuta que había sido enviada por este Senado de la República, fue aprobada con modificaciones por el pleno de la Cámara de Diputados, y devuelta al Senado para la valoración únicamente de las modificaciones hechas a los artículos transitorios para adecuar los plazos de la implementación de la reforma.

TERCERO.- El 15 de diciembre de 2015, el pleno de este Senado de la República aprobó las modificaciones hechas por la cámara revisora y turnó la reforma Constitucional a las legislaturas de los estados para su aprobación.

CUARTO.- El 20 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México y envió el decreto al Presidente de la República para su publicación.

QUINTO.- El 29 de enero de 2016, el Presidente de la República publicó el decreto de la reforma política de la Ciudad de México en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor al día siguiente.

SEXTO.- El 04 de febrero de 2016, conforme lo indica el texto de la reforma política de la Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, en sesión extraordinaria, la Convocatoria para la elección de 60 de las 100 personas que habrán de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con lo cual dio inicio al proceso electoral.

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial.

CUARTO.- Que la jornada electoral en la que habremos de elegir a 60 de las 100 personas que integrarán la Asamblea Constituyente, se llevará a cabo el próximo domingo 05 de junio.

QUINTO.- Que derivado de la sensible baja en los precios del petróleo a nivel mundial y de la devaluación del peso frente al dólar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó llevar a cabo una reducción en el gasto público, así como la cancelación de obras importantes de infraestructura.

SEXTO.- Que el recorte en el gasto público será de 132,200 millones de pesos (mdp) del gasto público en este año 2016, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), según lo informó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

SÉPTIMO.- Que derivado del recorte en el gasto público y a la etapa de austeridad que atraviesa el gasto en todo el país, el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México debe de ser restado de aquellas partidas que no tienen beneficio para los habitantes de la capital.

OCTAVO.- Que desde el inicio de la presente administración, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha realizado muchos viajes nacionales y giras internacionales con cargo al erario de la Ciudad de México, en los que incluso ha promocionado su imagen personal de forma irregular, lo que resulta preocupante en virtud de que además de que estos viajes y giras no benefician a los capitalinos, éstos han sido en detrimento de las finanzas públicas.

NOVENO.- Que a lo largo de su administración, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y su equipo de trabajo ha realizado más de 200 viajes a diversos estados y países, con cargo a las finanzas de la capital.

Entre los lugares de dichos viajes, de acuerdo con notas de diversos medios de comunicación, están casi todas las entidades federativas de la República Mexicana, así como más de 25 países.

Por sólo citar un ejemplo, los viajes de Tatiana Alcázar Carrasco, del área de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, le han costado a los capitalinos casi 1 millón de pesos en viáticos, incluyendo tratamientos en un spa de Sudáfrica.

DÉCIMO.- Que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable, el gasto en comunicación social se define como aquel presupuesto destinado a cubrir la publicidad de las labores de un gobierno para comunicar a la ciudadanía el quehacer gubernamental.

Con el puro presupuesto de comunicación social del Gobierno de la Ciudad de México se podría cubrir el costo total de la Asamblea Constituyente.

Por ejemplo, la difusión de los informes de gobierno de Miguel Mancera, han costado más de 100 millones de pesos; 37 millones de pesos costó la difusión de su 1er informe y 36 millones de pesos costó la difusión de su 2do informe.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea restado del presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto de comunicación social del gobierno de la Ciudad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a resolver la escasez   de la vacuna pentavalente que se suministra a infantes. Se turna a la Comisión de   Salud.

El que suscribe Senador FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD RESUELVA LA ESCASEZ DE LA VACUNA PENTAVALENTE QUE SE SUMINISTRA A INFANTES con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La vacuna pentavalente o quíntuple celular es una vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa o tos ferina, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B. El Calendario Nacional de Vacunación contempla su aplicación a los 2, 4 y 6 meses de vida, además se aplican dos refuerzos con DPT a los 2 y 4 años de edad.

Las vacunas son gratuitas en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país.

LOS ANTÍGENOS

- Son sustancias que reúnen las siguientes características:

a) Son exógenas, es decir, extrañas al organismo.

b) Son inmunológicas, es decir, capaces de inducir la formación de anticuerpos en el hospedador.

c) Reacciona específicamente con estos anticuerpos.

d) Son de naturaleza química muy variada (proteínas, polisacáridos, lipoproteínas, etcétera) y de gran peso molecular.

e) Se localizan en la superficie de un agente patógeno o bien son sustancias producidas y liberadas por éste.

Las macromoléculas antigénicas constan de dos tipos de estructuras:

1) El portador de la antigenidad, que es una macro proteína

2) Los determinantes antigénicos (epítopes), que son pequeñas moléculas unidas a la anterior, con una configuración espacial particular que puede ser identificada por un anticuerpo; por tanto, los epítopes son los responsables de la especificidad del antígeno por el anticuerpo.

La vacuna es un inmuno supresor de enfermedades, induce la formación de anticuerpos específicos en aproximadamente dos semanas, alcanzan el nivel máximo entre la 6a y 8a semanas.

Después de tres dosis la eficacia es cercana al 100 %, para los toxoides tetánico y diftérico, igual o superior al 95 %, para la fracción pertusis, del 95 al 98 % para el antígeno de superficie de Hepatitis B y superior al 95 %, para el componente HIB.

Aún después de la serie primaria de tres dosis de la vacuna pentavalente y los refuerzos de DPT a los 2 y 4 años de edad, la inmunidad no es vitalicia para tétanos, y difteria, por lo que se recomienda un refuerzo de la vacuna TD cada 10 años.

Reitero, se utiliza para la prevención de la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas producidas por Influenza del tipo B.

La Secretaria de Salud ha declarado “que el desabasto de las vacunas, pentavalente y DPT, se debe a que los proveedores se han tardado en entregar el producto”, revisando las declaraciones en diversos medios de comunicación, señalan las Secretarias de Salud Estatales “que desde el mes de abril del año pasado, no cuentan con las vacunas; hace un año que nuestro país presenta una escasez de la vacuna pentavalente, y ahora en el sector privado tampoco cuenta con ella.

Es preocupante que los bebés no cuenten con la vacuna Pentavalente, es necesario que la Secretaria de Salud informe a esta soberanía por qué no se ha suministrado la referida vacuna y qué medidas están tomando, e indique en qué fecha contarán las y los ciudadanos con la vacuna para sus hijas e hijos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, 139, 144 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Salud.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud informe a esta soberanía por qué no se ha suministrado la vacuna Pentavalente, qué medidas está tomando, e indique en qué fecha contarán las y los ciudadanos con la vacuna para sus hijas e hijos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.






De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que explique los indicadores y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las decisiones que se han tomado a la luz de los resultados de esta estrategia del gobierno federal. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.








De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un porcentaje del Fondo de Gastos Catastróficos para la creación de clínicas de detección de cáncer hereditario. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCO, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE DESTINE UN PORCENTAJE DEL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS PARA LA CREACIÓN DE CLÍNICAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER HEREDITARIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer de mama es la segunda neoplasia más común en el mundo y es la primera causa de cáncer entre mujeres con una presentación de 411,093 muertes por año. En nuestro país se registraron 11,656 casos en el año 2002. Se han identificado muchos factores de riesgo, sin embargo, la historia familiar de cáncer de mama y ovario se encuentran entre los más importantes para este padecimiento, teniendo aproximadamente dos veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad los familiares de primer grado de una paciente afectada. La mayoría de los casos familiares de cáncer de mama se presentan a una edad temprana, comparados con aquellos casos esporádicos y por lo tanto se considera un mayor papel de los factores genéticos en su desarrollo.

Desde la identificación de los genes BRCA1 en 1994 y BRCA2 un año después, las pruebas moleculares para la detección de mutaciones en estos genes de susceptibilidad a cáncer de mama ha ido en aumento y rápidamente se ha incorporado a la práctica clínica diaria de la oncología. Ahora es ofrecido de manera rutinaria el asesoramiento genético y el diagnóstico molecular en las clínicas de cáncer familiar de los hospitales especializados en tratar este tipo de pacientes y aunque los casos de cáncer hereditarios son aproximadamente el 5-10% es importante saber identificarlos y referirlos con el genetista; ya que actualmente además de ofrecer el diagnóstico molecular a la paciente afectada y a sus familiares en posible riesgo, en aquellos con resultado positivo de una mutación se pueden ofrecer estrategias de seguimiento e incluso quioprevención y cirugía profiláctica. El objetivo de este artículo es ayudar a los médicos de primer contacto a decidir cuándo deben enviar a la consulta de genética y su consiguiente estudio molecular a pacientes con sospecha de cáncer de mama hereditario.

Las mutaciones heredadas y adquiridas juegan un papel fundamental en el desarrollo del cáncer, mientras que muchos tipos de cáncer resultan de alteraciones genéticas adquiridas en células somáticas, algunos pacientes con cáncer tienen mutaciones heredadas que juegan un papel etiológico muy importante en su padecimiento. Más de 50 diferentes tipos de cáncer demuestran agregación familiar sugiriendo una predisposición hereditaria, incluyendo tumores de mama, ovario, colon y próstata.

El cáncer de mama es considerado un desorden multifactorial causado tanto por factores genéticos como no genéticos. Una historia familiar de cáncer de mama es una contribución muy importante para el riesgo de padecerlo. Actualmente se conocen varios genes asociados a cáncer de mama; algunos de ellos corresponden a síndromes genéticos que dentro de sus manifestaciones presentan esta patología.

Genes de susceptibilidad a cáncer; estos cuentan para aproximadamente 5-10% de los casos de cáncer de mama y tienen una prevalencia de 1/300 a 1/800.

Dos de estos genes ya se tienen bien caracterizados, BRCA1 y BRCA2, estos se describen como genes de cáncer de mama y ovario hereditarios; sin embargo, hay evidencia de que hay otros genes involucrados y el descubrimiento de tales genes es actualmente objeto de arduos estudios.

Las mutaciones genéticas se han identificado entre el 15 y 20% de las mujeres con historia familiar de cáncer de mama y entre un 60 y 80% de mujeres con historia familiar de cáncer de mama y ovario. Así de todas las mujeres en donde se han detectado mutaciones en este gen tienen entre un 60 y 80% de mayor riesgo de presentar este tipo de cáncer que aquéllas que nos las tienen.

Un segundo gen de susceptibilidad a cáncer fue encontrado un año después. Las mutaciones son las causantes de cáncer en aproximadamente 35% de los casos de cáncer de mama familiares y está asociado a cáncer de mama en varones, cáncer de ovario, próstata y páncreas.

La historia familiar es la herramienta esencial para identificar y derivar pacientes en riesgo de cáncer hereditario, la identificación de familias en las cuales se demuestra un patrón hereditario de cáncer es importantes para brindarles esquemas de seguimiento para detección oportuna. El reconocimiento de una susceptibilidad familiar a cáncer lleva al uso de herramientas moleculares con el fin de identificar portadores antes del inicio de la enfermedad y de esta manera reducir seguimiento innecesario para aquellas pacientes no portadoras.

La historia familiar debe ser tomada como parte del cuidado rutinario de la paciente, tanto por el médico de primer contacto como por el oncólogo; abarcando un mínimo de familiares de primer y segundo grado; ya que una buena historia familiar puede conducir al médico a integrar un diagnóstico sindromático y de esta manera alertarlo para realizar una referencia apropiada a un servicio de genética para recibir el asesoramiento genético tanto la paciente como los posibles familiares en riesgo.

En la consulta nos podemos encontrar  pacientes conocedores de su historia médica familiar, pero aún el más enterado, puede dar información errónea o falsa, por esto es importante obtener confirmación del diagnóstico en forma de reporte de patología o nota médica. Desafortunadamente el proceso para obtener la documentación necesaria puede llevar mucho tiempo y ser frustrante tanto para el paciente como para el médico y muchas veces, aunque se haga el mejor esfuerzo no se puede reunir la información necesaria, en este caso será mejor enfocar los esfuerzos del paciente a conseguir los diagnósticos que sean claves para interpretar la historia del cáncer.

Se debe ayudar al paciente a obtener una buena historia familiar; para los genetistas queda claro que obtener esta información puede ser tedioso, consume tiempo y en algunos casos puede provocar desgaste emocional, es necesario que se le sugieran al paciente algunas formas de tener la información necesaria con el mínimo esfuerzo o involucro de otros familiares.

Por último se debe revisar minuciosamente con el paciente el árbol genealógico una vez que fue completado para confirmar o corregir la información que contenga.

El proceso de asesoramiento genético, se debe llevar a cabo por un equipo multidisciplinario que incluye a un oncólogo, psicólogo o psiquiatra y genetista médico. Los primeros, serán los encargados de canalizar a las pacientes con sospecha de un síndrome de cáncer hereditario y una vez que una paciente sea detectada como portadora de una mutación también se encargará de dar opciones de tratamiento. El psicólogo o psiquiatra se encargará de tratar a aquellos pacientes que tengan problemas de asimilación de riesgo hereditario de enfermedad y a aquellos que tengan reacciones psicológicas adversas al recibir el resultado de las pruebas moleculares. El genetista permanecerá durante todo el proceso con el paciente y la familia para aclarar dudas, ayudar a resolver problemas sobre planes futuros, asesorando sobre riesgo en la descendencia de los portadores de mutaciones, recomendando programas de manejo (seguimiento, quimioprofilaxis, cirugía profiláctica) y referir a los pacientes a los especialistas que puedan brindarles estos servicios.

El National Cancer Institute de Estados Unidos define a una mujer con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama/ovario hereditario como:

- Mujer con cáncer de mama diagnosticada antes de los 30 años; o

- Mujer con cáncer de mama u ovario diagnosticada antes de los 50 años y que tiene una hermana, madre o hija con cáncer de mama diagnosticada antes de los 50 años o

- Mujer con cáncer de mama u ovario de una familia con dos o más casos de cáncer de mama y uno o más casos de cáncer de ovario; o Mujer sin cáncer quién es un familiar en primer grado de alguien con una mutación conocida en BRCA1 o BRCA2; o Mujer judía Ashkenazi con cáncer de mama diagnosticada antes de los 40 años o con cáncer de ovario diagnosticada a cualquier edad.1

En suma, una prueba genética busca cambios hereditarios (mutaciones) en los cromosomas, en los genes o en las proteínas de una persona. Las mutaciones genéticas pueden tener efectos dañinos, beneficiosos, neutrales (ningún efecto), o efectos inciertos para la salud. Las mutaciones que son dañinas pueden aumentar la posibilidad, o el riesgo, de una persona de presentar una enfermedad como el cáncer. En general, se cree que las mutaciones heredadas desempeñan un papel en casi 5 a 10% de todos los cánceres.2

En febrero de este año 2016, se inauguró por esfuerzo del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) la Clínica de Cáncer Hereditario.

Esta es la única en su tipo en el país y permitirá detectar los casos de cáncer que pudieran ser determinados por un factor genético. Hasta ahora se conocen con relación de herencia familiar el cáncer de mama, ovario, endometrio, próstata y colon.

Luego de hacer un diagnóstico del paciente que tiene una de las enfermedades antes mencionadas y verificar si tiene el riesgo de ser portador una alteración genética, entonces se estudia a su familia para encontrar aquellas personas que pudieran tener la alteración molecular.

Se ha encontrado de cada caso diagnosticado, que potencialmente sea de carácter hereditario, encontrado tres o cuatro miembros de la familia con alteración del gen.

Con este avance en la oncología, en lugar de gastar un aproximado de 800 mil a un millón de pesos al año por paciente, se pueden invertir 30 mil pesos que es el costo de todos los estudios que se necesitan para evitar que se desarrolle el cáncer.

Este logro se extenderá en un par de meses a Monterrey contará con una clínica de prevención cuyo esquema sea basado en la Clínica de Cáncer Hereditario.3

Con los avances de la tecnología y teniendo la posibilidad de detectar en etapa previa a la aparición de un tumor maligno con la ayuda de la genética, el INCAN está coordinando esfuerzos para llevar estas clínicas de detección de Cáncer Hereditario a diversos estados de nuestro país, lo que ayudará a disminuir la morbi-mortalidad para estas enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se destine un porcentaje del fondo de gastos catastróficos para la creación de Clínicas de detección de Cáncer Hereditario.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María del Carmen Izaguirre Franco.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Cáncer de Mama Hereditario. Dra. Silvia Vidal Millán. INCA.

2 Pruebas genéticas para síndromes hereditarios de cáncer. Instituto Nacional del Cáncer.

3 Milenio, 24/02/2016.






Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se aluden por la Auditoría, el destino de estos montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El suscrito, Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado una serie de anomalías en registros, sistemas de control y falta de protocolos claros en las actividades del Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que respecta a los años 2014 y 2015. Además, la Auditoría también ha detectado inconsistencias en el desempeño y en los gastos del mismo INM, a pesar de que es precisamente en este período que se autorizó el gasto más alto en la historia de este Instituto.

Es en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, publicado en febrero de este año, que la Auditoría divulgó su evaluación de los resultados del INM en los últimos dos años. Esta evaluación advierte que existen fallas graves en registros, sistemas de control y falta de protocolos en el desempeño del INM. A esto añade que la detención en Estaciones Migratorias y el retorno de personas no garantizan los derechos humanos de los migrantes que transitan por México, sobre todo los de los migrantes centroamericanos en situación de tránsito, afectando de manera grave a los migrantes menores de edad.

De lo anterior se desprende que las autoridades competentes en materia de migración incumplen con sus atribuciones legales de respetar, proteger y salvaguardar los derechos humanos en el ingreso y salida de extranjeros a territorio mexicano, lo que se establece en la Ley de Migración, en su artículo 20, fracción VII, asimismo, en el artículo 22 de dicha Ley, en relación con el contenido del artículo 1º. Párrafo III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

México vive una grave crisis nacional en materia de derechos humanos; desgraciadamente, nuestro país ha sido objeto de señalamientos a nivel internacional por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y porque estas violaciones han llegado a límites en los que se advierte una deshumanización preocupante. Además, México es de los países con mayor atraso en el cumplimiento de protocolos internacionales en materia de derechos humanos y, enfáticamente, en el trato que diversas autoridades han dado a migrantes centroamericanos en situación de tránsito.

Así, esta evaluación que hace la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración debe ser atendida inmediatamente por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, ya que advierte sobre violaciones sistemáticas cuya inminencia produce daños muchas veces irreversibles en las víctimas.

Con respecto a estos señalamientos, organizaciones, e instituciones de educación superior han denunciado que entre las más preocupantes situaciones están las siguientes:

1. Inconsistencias en los registros de información de las visitas de verificaciones migratorias realizadas y programadas,

2. Falta de acceso a información,

3. No se registra el total de quejas presentadas ante su Órgano Interno de Control,

4. Se desconoce si se entregó el total de las quejas que iniciaron ante la CNDH en su contra durante
2014.

5. Escasa o nula información acerca de los servicios que se ofrecen en estaciones migratorias.

Además, las organizaciones civiles e instituciones públicas que denuncian este comportamiento del INM también afirman:

“La información vertida por la ASF refleja lo que organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos de las personas migrantes han señalado anteriormente en varios informes y denuncias: el enfoque de control y la falta de controles y mecanismos de rendición de cuentas del INM. La privación de la libertad de personas migrantes ha llevado en múltiples ocasiones a agresiones físicas, psicológicas o verbales hacia migrantes. Una política centrada en la detención y no en la búsqueda y utilización de recursos para el establecimiento de alternativas a la detención, ha derivado en peores condiciones de detención de las personas migrantes en las estaciones migratorias. Debido a que el número de detenciones incrementó hasta 190.366 en 2015, las condiciones en Estaciones Migratorias se han recrudecido de manera significativa.

“Cabe destacar la carencia de protocolos de actuación para el personal en las   estaciones migratorias, las inadecuadas condiciones de higiene en las instalaciones, el hacinamiento, la falta de limpieza en pisos y baños, el mal estado de colchones y cobijas, así como la falta de servicio médico. En suma, no se garantizan los derechos de las personas extranjeras y que a su vez deja vulnerables a los agentes del INM que no cuentan con los elementos necesarios para brindar una atención oportuna y eficaz.

“Las respuestas por parte del INM ante los constantes cuestionamientos acerca de sus deficiencias se sintetizaban en el argumento de no contar con el presupuesto adecuado para atender las necesidades. Ante este argumento, son de suma preocupación los datos que se publican desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante los que se evidencia que el gasto mensual a partir de agosto 2014 y hasta diciembre de 2015, cuando el INM empezó a reubicar al personal para detener y deportar masivamente (Programa Integral Frontera Sur), ascendió a 17 mil millones de pesos. El monto es mayor que el presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Turismo, o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el mismo periodo. Es, además, 471 veces mayor que el presupuesto de la  Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

“Los datos son alarmantes y la opacidad con la que está operando el INM, reflejan una política migratoria mexicana alejada de los principios fundamentales de los derechos humanos hacia las personas migrantes, dejando en claro el doble discurso que ha caracterizado al INM y el énfasis en la detección, detención y deportación de personas migrantes”.

Las organizaciones e instituciones que firman la exigencia anterior son las siguientes:

COLECTIVO MIGRACIONES PARA LAS AMÉRICAS (COMPA)

133 redes y organizaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica:

American Civil Liberties Union (ACLU) San Diego and Imperial Counties, Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Albergue Manos Extendidas a los Necesitados, AC; Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM); Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las DIGNAS); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Asociación Mexicana pro Naciones Unidas, AC; Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, AC;  Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Caridad Sin Fronteras, AC; Catholic Relief Services; Casa Refugiados, AC; Centro Bonó; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Coordinación de Migración (BUAP); Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante Casa Nicolás; CEMAC, AC; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Migrante en Querétaro; Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Atención al Migrante (EXODUS); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo); Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM); Centro de Recursos para Migrantes; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI); Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras; Colectivo Transnacional Codetzio; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Colectivo Vía Clandestina; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (CODEHUTAB); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso; CONVIHIVE, AC; Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Diamante de Fuego, AC; El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Es por los Niños, AC; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, AC (EMGM); Estudios Fronterizos - Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM; Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Foro Migraciones (FM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Fundación Isidro Fabela, AC; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD); Fundación Cambia la Historia; Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM); Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Identidad Migrante Derechos Humanos; Help for Progress, Immigrant Initiative; Inclusión y Equidad, AC; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC; Iniciativa Frontera Norte de México; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC (Incide Social); Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM); Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Jose Pablo Rovalo Azcué; Instituto Madre Assunta; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Salvadoreño del Migrante; Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Irapuato Vive, AC; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Acción (JINACO); Jornaleros Safe; Los Otros Dreamers (ODA), Manos extendidas a los necesitados, AC; Mesa Transfronteriza de Género y Migración (MTGM); Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, AC (MATT); Migración y Desarrollo, AC; Migrantes LBGT; Migrantólogos; Nosotras Somos tu Voz; Organización Binacional Aztlán; Por la Superación de la Mujer, AC; Red Bajío en Apoyo al Migrante; Por un Chihuahua Libre y Sin temor; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM); Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red de Mujeres del Bajío, AC (CEREMUBA); Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF); Red de Desarrollo Sustentable; Red para las Migraciones en Querétaro (RMQ) Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM); Ririki Intervención Social, SC; Servicio Jesuita Migrante (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Tres Gatos Film; Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, AC; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Universidad de Guadalajara (UdeG); Programa de Asuntos Migratorios - Universidad Iberoamericana (PRAMI-UIA, Cd. México); Programa de Asuntos Migratorios - Universidad Iberoamericana, Puebla (PRAMI-UIA, Puebla); Un Mundo una Nación; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM); y, Washington Office on Latin America (WOLA).

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:

Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C. (Matamoros), Casa del Migrante Nuestra Sra de Guadalupe (Reynosa), Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla),  Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM):

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica). 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se aluden en la evaluación de la misma Auditoría, el destino de estos montos y su justificación.

SEGUNDO: Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga e investigue, en el marco de sus atribuciones, en relación a los señalamientos de la ASF al INM en materia de violación de derechos humanos de los migrantes.

TERCERO: Se exhorta al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, para que a la brevedad realicen todas las acciones encaminadas a que cesen las violaciones atribuidas a la autoridad en contra de los migrantes, denunciadas por la ASF y por diversas organizaciones de la sociedad civil organizada.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a    implementar medidas que combatan la contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2,, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS A IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE COMBATAN LA CONTINGENCIA AMBIENTAL QUE PADECE LA ZMVM, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después 11 años, se volvió a activar la fase uno de contingencia ambiental en la zona metropolitana del valle de México, luego de que se registrara una concentración de ozono hasta de 203 puntos Imeca en la zona suroeste de la capital. La Comisión Ambiental de la Megalópolis Came determinó activar la contingencia ambiental desde las 16 horas del 14 de marzo1, tras casi dos días de pre contingencia y la mala calidad del aire que prevaleció todo el lunes, que llevó a un incremento extraordinario en la concentración de ozono, al alcanzar a esa hora 194 puntos Imeca en la delegación Cuajimalpa.2

El pasado 19 de febrero de 2016 el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México declaró que la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México fue muy mala y, en consecuencia, emitió recomendaciones para la protección de la salud.

El 20 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que con el aumento de la velocidad de viento y la ausencia de luz solar, la concentración de ozono disminuiría gradualmente, por lo que declaró la suspensión de la fase de pre contingencia ambiental.3Sin embargo el 22 del corriente, sólo dos días después, se realizó la segunda declaratoria de pre contingencia.

Lo anterior no es una situación excepcional. La calificación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se ha mantenido constantemente dentro de “Desfavorable”, “Mala” y “Muy Mala”. En 2015 se declararon 6 episodios de pre contingencias ambientales atmosféricas por ozono y 1 por partículas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, al 15 de marzo de 2016, según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México han transcurrido 74 días, de los cuales 11 han sido limpios; se han declarado 3activaciones de pre contingencia y 1 activad de contingencia ambiental por concentración de ozono.4

En México, estimaciones recientes han evidenciado cómo la mala calidad del aire impacta en la carga de morbilidad y mortalidad. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (Institute for Health Metrics and Evaluation o IHME) ha estimado que la contaminación del aire en México con material particulado fue la causa de cerca de 20,500 muertes en 2010, ocupando el noveno lugar como factor de riesgo.5

La contaminación del aire en exteriores constituye un grave problema de salud ambiental. Ésta resulta de la emisión de sustancias a la atmósfera que provocan un desequilibrio en la composición original de la misma, derivadas tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Estos contaminantes se dividen en dos categorías: contaminantes criterio y contaminantes tóxicos o no criterio.6

El término contaminante criterio ha sido adoptado en muchos países e incluye los siguientes contaminantes: Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2), Material particulado (PM10 y PM2.5), Plomo (Pb), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3).7

La evidencia toxicológica y epidemiológica sobre los daños a la salud por exposición a los contaminantes criterio avala la existencia de un riesgo por exposición incluso a concentraciones relativamente bajas de los contaminantes en el aire. Los padecimientos asociados con los contaminantes criterio son:

Ozono (O3): una exposición crónica a ozono reduce la función pulmonar, además de provocar síntomas respiratorios como tos, flema y sibilancias, lo cual puede ser responsable del agravamiento del asma, enfisema e incluso cáncer de pulmón. La exposición a este contaminante está positivamente ligada a la mortalidad por causas específicas como espiratorias, cardiopulmonares, cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infección respiratoria baja.

Exposición a Material particulado (PM10): se ha asociado con tos crónica, bronquitis, disminución en el control de asma, disminución en la función pulmonar y en general disminución en la calidad de vida.

Dióxido de nitrógeno (NO2): la exposición a este contaminante está asociada con la disminución del desarrollo de la función pulmonar y un incremento en visitas hospitalarias por infecciones respiratorias agudas.

Dióxido de azufre (SO2): puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares.

La contaminación atmosférica, que afecta a las zonas urbanas del mundo, constituye un riesgo medioambiental para la salud, y causa alrededor de 3.3 millones de muertes anuales y más de 78.6 millones de años de vida saludable perdidos.8

Por los daños que representa para la salud es importante que desde el Senado de la República podamos tener la certeza de cuáles son las medidas concretas que se han llevado a cabo para por las autoridades pertinentes para prevenir las contingencias y pre contingencias por la concentración en el aire de los diferentes contaminantes. Para así, asegurar que la calidad del aire no dependa únicamente de las condiciones naturales, como lo es la velocidad de viento.

Dado que dentro de las funciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se encuentra la de implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas,9 resulta pertinente que sea esta Comisión quien informe sobre las acciones que se llevan a cabo principalmente para la prevención, así como para la atención de la contingencias y pre contingencias atmosféricas.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de República exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a que informe a esta soberanía de las acciones que concretamente se llevan a cabo para prevenir las situaciones de pre contingencia y contingencia atmosférica, así como las acciones para subsanar las pre contingencias y contingencia presentadas en los últimos días en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.

1Comisión Ambiental de la Megalópolis. SE ACTIVA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 14 de marzo de 2016. Disponible en:
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?ref=Y2WonZ14kZ4= consultado el 15 de marzo de 2016.

2 Cruz Flores, Alejandro. Se dispara la contaminación. En La Jornada 15 de marzo de 2016. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/15/capital/029n1cap consultado el 15 de marzo de 2016.

3 Grupo Formula. Suspende CAMeprecontingencia ambiental en el Valle de México. 20 de febrero de 2016. Disponible en:
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=572291&idFC=2016 consultado el 22 de febrero de 2016. .

4 SEDEMA. Conteo actualizado del número de días limpios en la Ciudad de México y su área metropolitana. Disponible en:
http://aire.df.gob.mx/default.php?opc=%27aqBhnmOkYg==%27 consultado el 15 de marzo de 2016.

5 Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, México. Op. Cit.

6Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental. Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, México. Disponible en:
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_nal_calaire_mex.pdf consultado el 22 de febrero de 2016.

7 Ídem.

8 Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, México. Op. cit.

9 Diario Oficial de la Federación 3 de octubre de 2013. CONVENIO de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013 consultado el 22 de febrero de 2016.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León a rendir un informe en el que se detallen los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y, en caso de haber ocurrido, cualquier promoción otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE DE MANERA EXPEDITA, RINDA UN INFORME EN EL CUAL DETALLE EN ESTE LOS NOMBRES, CARGOS, FECHA DE ALTA, SUELDOS Y EN CASO DE HABER OCURRIDO CUALQUIER PROMOCIÓN OTORGADA A SUS FAMILIARES CONTRATADOS AL DÍA DE HOY POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ANTECEDENTES

1. La real Academia Española define Nepotismo como:

Nepotismo

Del lat. nepos, -ōtis 'sobrino', 'descendiente' e -ismo.
1. m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. (énfasis añadido)1(Española, 2016)

2. La Ley de LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN en su artículo 50 fracción XIII y XVII señala a la letra que:

“Artículo 50.- Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones:

XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;(énfasis añadido)

XVII. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII. Cuando al asumir el servidor público el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública alguna de las personas comprendidas dentro de la restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por estos últimos. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir en cualquier forma respecto de la promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para éstos;”2(León, 2016) (énfasis añadido)

3. Ahora bien teniendo claro lo que significa la palabra nepotismo y sabiendo que esta conducta hacia un servidor público es antijurídica y se encuentra tipificada y que a fin de complementar dicha conducta el artículo 50 Bis del mismo ordenamiento local anteriormente mencionado señala que:

“Artículo 50 Bis.- Se considerarán como actos de corrupción, los actos u omisiones cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones o funciones que contravengan cualquier obligación de las señaladas en el Artículo 50 de la presente Ley, siempre que obtenga o pretenda obtener un beneficio de valor económico o de cualquier otro tipo, tales como dadivas, favores o ventajas, para sí mismo o para un tercero, o aceptar la promesa de tales beneficios, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.”(León, 2016) (énfasis añadido)

4. Dichos actos antijurídicos señalados con anterioridad son actualmente punibles, y estas penas se encuentran consagradas en la multicitada LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, los cuales señalan que:

“DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 51.- Se incurre en responsabilidad administrativa por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generales a que se refiere el Artículo anterior y dará lugar a la instrucción del procedimiento de responsabilidades establecido en esta Ley y, en su caso, a la sanción correspondiente, independientemente de las obligaciones específicas inherentes a su empleo, cargo o comisión y de los derechos y obligaciones laborales de los servidores públicos.

Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos establecidas en este Título serán de naturaleza disciplinaria, administrativa y económica.

Artículo 53.- Las sanciones disciplinarias consistirán en el apercibimiento y en la amonestación.

El apercibimiento es la llamada de atención dirigida al responsable, conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida. La amonestación es la advertencia hecha al infractor, sobre las consecuencias de la conducta cometida, excitándolo a la enmienda y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia.

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Ambas sanciones podrán ser públicas o privadas. Las públicas se harán constar en el expediente personal del sancionado y se inscribirán en el Registro señalado en el artículo 94 de esta Ley. Las privadas se comunicarán de manera verbal o por escrito y no se harán constar en el expediente y registro antes aludidos.

Artículo 54.- Las sanciones administrativas consistirán en:

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

I.- Suspensión del empleo, cargo o comisión conferidos y, en consecuencia, de la remuneración correspondiente. La suspensión se decretará por un término hasta de tres meses;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

II.- Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los servidores públicos tanto de confianza como de base, la cual se aplicará por la autoridad que substancie el procedimiento de responsabilidad; para los servidores públicos sindicalizados, la destitución se demandará administrativamente por la autoridad mencionada y se resolverá en forma definitiva por el Tribunal de Arbitraje del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado; e

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

III.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, por un período de uno hasta veinte años.

IV.- (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004.)

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Artículo 55.- Las sanciones económicas consistirán en resarcitorias y multas.

Las sanciones resarcitorias tienen como propósito reparar o indemnizar los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal. La multa es la sanción pecuniaria que se impone por la infracción de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, sin el propósito de resarcir los daños y perjuicios causados.

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Artículo 56.- Las sanciones económicas se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, de acuerdo a su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día que fue impuesta, conforme al siguiente procedimiento:

I. La cantidad líquida de la sanción económica impuesta se dividirá entre el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado el día de su imposición y,

II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado al día del pago de la sanción.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Artículo 57.- Para la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y económicas, independientemente de la individualización de los aspectos y circunstancias señalados en el Artículo 86 de esta Ley, la autoridad competente se sujetará a los siguientes lineamientos:

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

I.- Cuando exista lucro o beneficio personal o de las personas señaladas en la fracción XIII del artículo 50 de esta Ley y simultáneamente daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos del lucro o beneficio obtenido y una sanción resarcitoria equivalente hasta el monto de los daños y perjuicios causados. En este caso se impondrá además, la destitución y la inhabilitación hasta de veinte años;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

II.- Cuando exista lucro o beneficio personal y no existan daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos del lucro o beneficio obtenido o suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses. En los casos graves se podrá imponer además la destitución del cargo o la inhabilitación de hasta de diez años;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

III.- Cuando no exista lucro o beneficio personal pero si existan daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una sanción resarcitoria equivalente al monto de los daños o perjuicios causados. En los casos graves se podrá imponer además, la destitución del cargo o la inhabilitación hasta de diez años; y

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

IV.- Cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público que establece el artículo 50 de esta ley, que no implique lucro o beneficio personal ni daño o perjuicio al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá el apercibimiento o la amonestación o una multa de hasta noventa veces la percepción diaria del empleo, cargo o comisión del servidor público. En los casos graves se podrá imponer además, la suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses o la destitución o inhabilitación del cargo hasta de diez años.

(ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013)

Cuando la revelación de información a que hace referencia la fracción IV del Artículo 50 de esta Ley, tenga relación con datos personales de denunciantes de actos de corrupción o testigos, la falta se considerará grave.

V. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

VI. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

VII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

VIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

IX. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

(REFORMADO P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 58.- A quien cometa las infracciones señaladas en la fracción LXIV del artículo 50 de esta Ley, se impondrá una multa de uno hasta cuatro tantos del lucro o beneficio obtenido y una sanción resarcitoria equivalente hasta el monto de los daños y perjuicios causados. En este caso se impondrá además, la destitución y la inhabilitación para el desempeño de un empleo, cargo o comisión públicos hasta de veinte años.

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Artículo 59.- Cuando el incumplimiento de obligaciones sea cometido por servidores públicos miembros de alguna corporación de seguridad pública, de readaptación social, o de vialidad y de tránsito, las sanciones previstas serán aumentadas hasta en una mitad, sin exceder del máximo establecido para las mismas, cuando sean cometidas con dolo.

Artículo 60.- (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)

Artículo 61.- El incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave cuando sea cometido con dolo.

Artículo 62.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el Artículo 50 de esta Ley y que causen con dolo daños y perjuicios al Erario Público Estatal o Municipal, adicionalmente serán sancionados con una multa de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado elevado al mes de la fecha de la infracción.”(León, 2016)

Dicho lo anterior, habiendo plasmado y demostrado que el nepotismo es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Causa gran preocupación a esta soberanía que en diversos medios de comunicación y públicamente el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León el Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón haya tajantemente aceptado que al menos 150 familiares de él son parte de la nómina del Estado de Nuevo León,3(Luciano, 2016) ya que sin duda alguna este tipo de conductas vulneran directamente el estado de derecho que cabe destacar el cómo Gobernador juro defender y sobre todo subordinarse.

5. Aunado a la clara falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones el Gobernador del Estado de Nuevo León, causa agravio, la falta de respeto a nuestros ordenamientos locales que tanto trabajo y esfuerzo han costado a generaciones de neoloses legislar.

CONSIDERANDOS

1. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León a que de manera expedita, rinda un informe en el cual detalle en este los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y en caso de haber ocurrido cualquier promoción otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Nuevo a que de manera expedita realice una investigación minuciosa a fin de deslindar responsabilidades sobre el posible caso de nepotismo en el cual se está incurriendo por parte del titular del poder ejecutivo del Estado de Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Fuentes Consultadas:
Española, D. d. (16 de marzo de 2016). Diccionario de la Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=QPZCcSz
León, L. d. (16 de marzo de 2016). Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León . Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/
Luciano, C. G. (16 de marzo de 2016). El Bronco reconoce tener 150 familiares en el gobierno de Nuevo León . Obtenido de http://www.proceso.com.mx/433628/bronco-reconoce-tener-150-familiares-en-gobierno-nuevo-  leon

1 Diccionario de la Real Academia Española en:http://dle.rae.es/?id=QPZCcSz revisión hecha el 16 de marzo de 2016.

2 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/ revisión hecha el día 16 de marzo de 2016.

3 Campos Garza Luciano El Bronco reconoce tener 150 familiares en el gobierno de Nuevo León en: http://www.proceso.com.mx/433628/bronco-reconoce-tener-150-familiares-en-gobierno-nuevo-leon revisión hecha el día 16 de marzo de 2016.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a verificar y certificar, con absoluto rigor, la salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 14 de marzo elementos policiacos detuvieron en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, a un tráiler y un tracto camión que transportaban caballos y burros desde Almoloya de Juárez al rastro de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México.

Este reciente hecho, se suma a decenas de casos que se han presentado en diferentes entidades federativas y que incluso han sido materia de publicación en los medios de comunicación, relativos a:

- La clausura de rastros clandestinos en donde se sacrifican caballos, potrillos, mulas, burros, vacas, becerros, borregos y otras especies. 1

- La clausura de rastros que incumplen con las normas de sanidad. 2

- La clausura de rastros clandestinos donde se sacrifica ganado robado. 3

- La movilización de carne hacia los puntos de venta, en condiciones insalubres aun cuando son presumiblemente para consumo humano.

- La transportación de animales de las más variadas especies, en malas condiciones e incluso enfermos, hacia diferentes tipos de rastros para su sacrificio. 4

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las carnes más consumidas en México son la de ave (pollo), seguidas de la res (bovino) y el cerdo (porcino). Y, por cuestiones de higiene y de rendimiento, la carne no se debe de manejar “caliente”, es decir sin haber pasado por un proceso de refrigeración y maduración después del faenado, ya que eso favorece las enfermedades, reduce el tiempo de vida útil, su rendimiento y calidad organoleptica. 5

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de la SAGARPA en su documento denominado “Calidad en puntos de venta de carne”, informa que de acuerdo a encuestas realizadas el producto que se comercializa en las carnicerías, el 98 por ciento es nacional en el caso de res y 95 por ciento en el caso de cerdo.

También revela que 45 por ciento del producto que se comercializa en las carnicerías proviene de rastros municipales, 40 por ciento procede de rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y el restante 15 por ciento de rastros privados.

De acuerdo al Directorio Estatal y Nacional de Centros de Sacrificio Tipo Inspección Federal, Municipal y Privado de la SAGARPA, en nuestro país están registrados casi  mil 200 rastros, ubicados en las 32 entidades federativas.

El artículo 14 de la Ley Federal de Sanidad Animal, señala que las medidas zoosanitarias tienen por objeto proteger la vida, salud y bienestar de los animales incluyendo su impacto sobre la salud humana, así como asegurar el nivel adecuado de protección zoosanitaria en todo el territorio nacional.6

Los artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud señalan que corresponde a la dependencia del ramo el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;  así como organizar y operar los servicios respectivos en coordinación con dependencias y entidades del sector salud. 7

La Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, “Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos”, destaca que todos los animales que se reciban en los rastros deberán contar con certificado zoosanitario y/o guía de traslado de ganado.8

Asimismo, se deben llevar registros de los animales que ingresaron al establecimiento, en los que se indique: fecha, procedencia, total de animales, quién realizó la inspección, número de lote; e igual se deben registrar los animales enfermos, caídos o muertos en los corrales, incluyendo su procedencia, identificación y causa posible de la enfermedad, caída o muerte.

Con relación a los municipios, de acuerdo a la fracción III del artículo 115 constitucional, estos tienen a su cargo funciones y servicios públicos diversos, entre los cuales se encuentra el de rastro.

Dentro de las Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del Ganado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), se señala que el transporte de ganado es sin lugar a dudas la etapa más estresante y peligrosa en toda la cadena de operaciones entre la finca y el matadero, y contribuye significativamente al maltrato del animal y a las pérdidas de producción. 9

Un mal transporte tiene efectos muy graves y dañinos para el bienestar del ganado; puede provocarle estrés, hematomas, asfixia, fallo cardiaco, estrés por calor, insolación, distención estomacal, deshidratación, extenuación, envenenamiento, además de lesiones que, obviamente, influyen en la calidad y sanidad de la producción.

El Grupo Parlamentario del PRI considera de suma trascendencia para la salud de la población, la intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno en el cuidado del origen, transportación, sacrificio y comercialización de los productos que se venden en las carnicerías del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en coordinación con el gobierno de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, verifiquen y certifiquen con absoluto rigor, la salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con la SAGARPA-SENASICA y los gobiernos municipales, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, vigilen que la carne y los productos cárnicos que se comercializan en el país cumplan con las normas de sanidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a actualizar la normatividad en materia ambiental local y fortalezca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas; asimismo, fortalecer las campañas de difusión cuando se presente una contingencia ambiental. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La contaminación atmosférica no sólo es un problema que afecta al medio ambiente, también tiene implicaciones en la salud y la economía. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos; tan sólo en 2010, se produjeron 223 mil muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo como resultado de la contaminación del aire.1

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de la población mundial habita en condiciones de calidad del aire inferiores a 2.5 veces a las recomendadas, sólo el 12% de las personas residentes en zonas urbanas respiran aire limpio y la tendencia empeora, sobre todo, en países en vías de desarrollo.

De acuerdo a las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO, entre 2010 y 2013, la contaminación en el aire le ha generado al país un costo que asciende los 13 mil 979 millones de pesos, debido a los problemas de salud que provoca. De los cuales 11.5 mil millones corresponden a la pérdida de productividad y 2.5 millones de pesos a gastos por la salud afectada.2

En el caso de la Ciudad de México, gran parte de la contaminación atmosférica es provocada por las emisiones generadas del parque vehicular particular, las unidades en mal estado del transporte público, la actividad industrial, e incluso, por las irregularidades en los centros de verificación, la ausencia de una política de movilidad y el desperfecto de las vialidades.

El Centro Mario Molina señala que a pesar de que se han instrumentado programas para controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad de aire, las concentraciones atmosféricas de ozono y partículas exceden de manera persistente los límites fijados por las normas mexicanas, e incluso, en el caso del ozono, han aumentado de 2011 a la fecha.

En la Ciudad de México, se realizan más de 22 millones de viajes diarios, 90% es a través de vehículos automotores, lo que produce congestionamientos y altas emisiones de contaminantes y de compuestos de efecto invernadero, en horas pico la velocidad promedio llega a ser de entre 8 y 11 kilómetros por hora.

En los últimos 15 años, prácticamente se ha duplicado el número de vehículos de motor en la Capital del país, al pasar de 2,511,543 en el año 2000 a 4,737,749 en 2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Centro Mario Molina menciona que dentro de las soluciones y medidas más relevantes para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, está el ampliar la red del transporte público y rescatar espacio público y áreas verdes; no obstante, la construcción de obras como los segundos pisos, la Super vía Poniente, las líneas del Metrobús, el deprimido vehicular de Insurgentes-Mixcoac, ha provocado la tala de al menos 56 mil 553 árboles en la Ciudad de México.

Aunado a lo anterior, los ciudadanos han expuesto sus quejas por las malas condiciones en las que se encuentra las viales de la ciudad; además, por lo menos uno de cada siete accidentes viales se deben a las malas condiciones de las    vialidades.3

La falta de planeación en los cruces y la construcción de topes de manera irregular propician el incremento de emisiones contaminantes. En el estudio “Estimación de las emisiones vehiculares, gasto energético y exposición a contaminantes atmosféricos asociados a reductores de velocidad en la Ciudad de México” se dio a conocer que las emisiones de un vehículo se pueden incrementar hasta nueve veces más por un tope.4

En mayo de 2015, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, informó     que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica refirió que no se podía determinar que una zona es exclusiva de contaminantes.

La dependencia observó que de 48 activaciones del programa de contingencias, únicamente 11 casos se derivaron de registros en estaciones de monitoreo ubicadas en el estado de México, en todos los demás, correspondió a contaminantes detectados en la Ciudad de México. 5

Derivado de la mala calidad del aire que prevalece en la Capital del país, el pasado 15 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de Contingencia Ambiental al superarse los puntos en el índice de concentración de ozono. Sin embargo, a pesar de las medidas instrumentadas en los últimos días, los resultados no han sido eficaces para reducir el nivel de contaminación.

Es necesario y urgente que el Gobierno de la Ciudad de México fortalezca las acciones para prevenir, reducir y controlar la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

Se deben establecer medidas de coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los mecanismos de combate a la corrupción en los centros de verificación, con el propósito de que los vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de contaminantes y mejorar la calidad del aire, en beneficio de los habitantes.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es necesario implementar políticas o mecanismos para el mejoramiento del medio ambiente, reduciendo los gases de emisión invernadero, lo que ayuda a tener un ambiente más sustentable y ecológico.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones actualice la normatividad en materia ambiental local y fortalezca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las dependencias correspondientes, fortalezca los operativos de inspección a efecto de prevenir y evitar irregularidades en las Unidades de Verificación y vigilar su correcta operación, con el propósito de que los vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de contaminantes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a dar una mayor difusión sobre las medidas que se instrumentan en caso de contingencia ambiental, con el propósito de que la población cuente con más información y tome las medidas precautorias ante las restricciones derivadas de dicha situación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1251%3Ala-contaminacion-aire-es-principales-causas-ambientales-muerte-cancer&catid=332%3Aarg02epidemiologia-prevencin-y-control-de-enfermedades&Itemid=510

2http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/IMCO_Presentaci%C3%B3n_CalidaddelAire_19Sep13_-FINAL.pdf

3http://capitalmexico.com.mx/index.php/reportajes-detalle/80285-repuntan-accidentes-viales-en-la-ciudad

4http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/09/985986

5 http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/sufre-df-por-la-contaminacion-132002.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país. Se turna a la Comisión de Turismo.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país privilegiado, debido a que cuenta con diversos sitios turísticos, destacando las construcciones coloniales, playas y reservas naturales, espacios que son reconocidos mundialmente por su amplia gastronomía, música, danza, flora y fauna.

De acuerdo con información oficial, el turismo en nuestro país aporta más del 8.7% del Producto Interno Bruto, debido a ello, somos considerados como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el que este sector tiene un impacto importante en la economía.

Resulta igual de significativo referir que de cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 89.8 son aportados por turistas residentes en nuestro país, las cuales generan más de 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan al menos el 5.9% del total nacional.

Lo anterior deja de manifiesto que el turismo es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo. Ante este escenario, promover estas actividades resulta elemental, debido a que permite dinamizar las economías locales y regionales, genera empleos formales bien remunerados y produce crecimiento económico en las localidades y comunidades de México.

Las políticas de promoción internacional y otras acciones hasta ahora emprendidas por la presente administración, han sido las correctas y están dando los resultados esperados, muestra de ello, es que nuestro país se encuentra posicionado en los primeros lugares en relación a los destinos turísticos a nivel mundial.

Estas estrategias de comunicación e información han permitido que más personas visiten nuestro país, para dimensionarlo basta decir que en el año 2012, un total de 23 millones de turistas visitaron México, y esta cifra aumentó a más de 30 millones en 2014 y a 32 millones en el 2015.

Particularmente, en el año 2015, existieron condiciones favorables para que nuestro país alcanzara su máximo histórico de turistas provenientes de los Estados Unidos, al ubicarse en 17.8%, lo que significó más de 8 millones 391 mil 636 personas.

Los Senadores del PRI, reconocemos que la Secretaría de Turismo está realizando importantes acciones de difusión sobre los sitios turísticos de México. Ejemplo de ello, es que la cancillería participó recientemente en la Guangzhou International Travel Fair 2016, el principal evento de promoción turística del sur de China y uno de los más importantes en la región Asia-Pacífico.

Otra acción a rescatar es el pabellón de México en la feria turística internacional Anato en Colombia, en el que se exhibieron las bondades de lugares como Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, además de espacios como la Riviera Maya, Monte Albán y Mitla en el estado de Oaxaca.

Para ampliar los sectores poblaciones y fortalecer las estrategias de fomento a través de las nuevas tecnologías, es de vital importancia impulsar el acceso de las plataformas informativas como el Atlas Turístico de México, la cual de manera ágil y fácil, proporciona información de los destinos turísticos a nivel nacional, para lo cual, hace uso de mapas temáticos que detallan una serie de servicios y bienes de utilidad como restaurantes, hoteles y atractivos turísticos.

Esta plataforma contiene información detallada, oportuna y actualizada de al menos 85 destinos turísticos; de más de 13 mil hoteles; 199 mil restaurantes; 5 mil agencias de viajes; 14 mil tiendas de autoservicio; 19 mil farmacias, 2 mil casas de cambio y 711 lugares de alquiler de autos.

Con el Atlas Turístico de México, los turistas nacionales y extranjeros, podrán tener información de 31 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 117 museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 184 sitios arqueológicos; 70 aeropuertos; y 106 centrales de autobuses.

Se trata de una aplicación disponible en medios tecnológicos como teléfonos celulares y tabletas electrónicas, que será actualizada por lo menos dos veces al año, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas del país y diversas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal.

En el PRI, creemos que aunado a estas acciones de información y socialización, se deben establecer mecanismos permanentes encaminados a prevenir y sancionar cualquier tipo de prácticas abusivas en perjuicio del público consumidor de servicios turísticos, a efecto de erradicar accidentes, fraudes, estafas o servicios inadecuados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas, consulados y delegaciones diplomáticas, amplíen, incrementen y fortalezcan, sus programas, estrategias y campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar un informe en relación a presuntas irregularidades por parte del gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con los permisos necesarios para construir obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un monumento de este tipo. Se turna a la Comisión de Educación.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del país constituyen un   patrimonio invaluable para los mexicanos, en virtud de que son muestra de nuestro pasado histórico y forman parte de la herencia cultural que nos define como mexicanos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno encargado de difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Asimismo, tiene la importante función de conservar y proteger dicho patrimonio.

Para cumplir con estos últimos objetivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, en su artículo 6º establece que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y en el caso de restauraciones, se deberá contar con autorización del instituto correspondiente. De igual forma, los propietarios de inmuebles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras que puedan dañar las características de estos inmuebles, tendrán que obtener el permiso correspondiente.

En el caso de las autoridades de los estados, la Ciudad de México y de los municipios, el artículo 7º de la ley antes referida señala que cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Además, en el artículo décimo octavo de la ley en comento, se establece que cuando dichas autoridades quieran llevar a cabo obras, están obligadas a utilizar los servicios de antropólogos titulados que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del INAH.

Mediante el trámite INAH-00-07, el Instituto da el Visto Bueno para llevar a cabo cualquier tipo de obra en zona de monumentos arqueológicos, donde se presuma su existencia o predio colindante a un monumento arqueológico, con ello se busca salvaguardar el patrimonio ante posibles obras y restauraciones que pudieran dañarlo.

En este sentido, cabe recordar lo que sucedió con la escultura del Rey Carlos IV de España, mejor conocida como el “El Caballito”, la cual fue severamente dañada por los trabajos de “restauración” que el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo en el año 2013, sin autorización del INAH.

La violación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y demás legislaciones aplicables por parte del Gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones es una conducta sistemática y reiterada que pone en riesgo el patrimonio cultural de las y los mexicanos.

De diciembre de 2008 hasta diciembre de 2015, el INAH detectó 25 obras que comenzaron a realizarse sin contar con la autorización correspondiente. De éstas, 10 eran responsabilidad del Gobierno Central, principalmente de las siguientes dependencias: Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y la Autoridad del Espacio Público.

Por su parte, la delegación Cuauhtémoc, llevó a cabo 4 proyectos sin los permisos correspondientes; el gobierno delegacional de Tláhuac realizó 3 obras; le sigue Azcapotzalco con dos proyectos; mientras que Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco han realizado al menos una obra sin realizar el trámite administrativo necesario.

En el Grupo Parlamentario del PRI, no podemos ser indiferentes ante estas omisiones por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus órganos políticos administrativos que atentan contra el patrimonio cultural de nuestra nación.

Consideramos que la observancia de la ley es una cuestión imprescindible de los gobiernos democráticos, por ello hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y a sus delegaciones para que cumpla con lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y demás legislaciones aplicables a la modificación y restauración de monumentos histórico.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que presente un informe detallado ante esta Soberanía, en relación a presuntas irregularidades por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con los permisos necesarios para construir obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un monumento de este tipo.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones de vigilancia para que la remodelación y conservación de monumentos históricos se observe el cumplimento de la normatividad aplicable.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






Asimismo, hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, sobre el CCX aniversario del natalicio de don Benito Juárez García.








De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre la publicación del Plan de Iguala.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día de la Expropiación Petrolera”.

EFEMÉRIDE DEL 18 DE MARZO,
DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Algunos piensan que después de la reforma energética ya no hay nada que festejar el 18 de marzo. No es para menos. Hacia finales de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos conservadores, llegaron a un acuerdo para desnacionalizar la industria petrolera en un proceso legislativo tan imprudente e irreflexivo como rápido y autoritario.

A la luz de ese lamentable acontecimiento no pareciera tener sentido festejar la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo de 1938. La reforma constitucional y más tarde las leyes secundarias de la reforma energética revirtieron no sólo la expropiación sino también la nacionalización de la industria petrolera. La industria eléctrica corrió la misma suerte.

Por la imposición de una mayoría del PRI, PAN y PVEM alineados a la estrategia del Ejecutivo Federal, hoy las empresas extranjeras tienen nuevamente la posibilidad de controlar  la producción de hidrocarburos y todas  las etapas que integran la cadena de valor, desde la exploración hasta la venta al consumidor final, pasando por la extracción, la refinación, la logística y el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos.

Sin pudor alguno, para de nuevo pretender engañar, la administración de Enrique Peña Nieto festeja “que el petróleo sigue siendo de los mexicanos”, cuando todos sabemos que la reforma energética limitó la propiedad pública al petróleo que yace enterrado profundamente en el subsuelo. El 21 de diciembre de 2013 las y los mexicanos dejamos de ser los dueños de la producción petrolera. A partir de ese día las compañías petroleras extranjeras adquieren la propiedad de los hidrocarburos que sacaron de los yacimientos, para hacer de ellos lo que quieran, por ejemplo llevarlos a industrializar a otros países.

Para simular un nacionalismo que no siente y detesta en realidad, el gobierno peñista simula festejar la existencia de Pemex en un evento desbordante de mentiras y cinismo, porque todos hemos sido testigos de su voluntad y empeño para  llevar a  la empresa productiva del Estado al borde de la quiebra, con la finalidad de  justificar su desmantelamiento y privatización. La caída del precio del petróleo sólo vino a ofrecer un argumento adicional y un clima de urgencia, el plan ya estaba hecho. Hace unos días el presidente Peña Nieto instruyó al nuevo director de Pemex a utilizar “al máximo” los instrumentos creados por la reforma energética, todos ellos  mecanismos de privatización que el gobierno peñista busca disfrazar con edulcorados eufemismos.  “De Pemex no se vende un tornillo” pregonaba el gobierno federal hace unos meses, hoy vende tramos completos de infraestructura; ya está vendiendo partes de gasoductos y en la lista siguen refinerías, centros procesadores y complejos petroquímicos. No se vende un tornillo, ¡se venden instalaciones completas!

Y mientras el gobierno fracciona, privatiza y achica a Pemex para construir una industria petrolera privada, no deja de saquear a la empresa a través de la Secretaría de Hacienda, ávida de ingresos para mantener:

- los lujos y dispendios de la clase gobernante,

- las ventajas tributarias de la élite económica,

- la distribución desigual del ingreso que hace más ricos a los ricos,

- así como la mal llamada  “estabilidad macroeconómica”, que no es más que un prolongado estancamiento que mantiene al país postrado en el subdesarrollo, bombeando dinero y recursos naturales hacia los países ricos. Los gobiernos neoliberales han firmado decenas de tratados comerciales pero México no deja de ser un país extractivista.

Por mi parte, estimo que hay motivos más que suficientes para festejar el 18 de marzo hoy y siempre.

La expropiación petrolera fue uno de los grandes momentos de la historia universal. Fue un acto de emancipación económica, de dignidad y soberanía, así lo calificó el propio Lázaro Cárdenas. Fue un acto luminoso que inspiró a otros países para liberarse económicamente y tomar en sus manos su destino. México estableció la senda que más tarde siguieron Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Irán, Irak, Libia, Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y otros muchos países que nacionalizaron su petróleo y otros recursos naturales.

La expropiación petrolera fue uno de los pilares que sirvieron para construir el México moderno:

- Dignificó al Estado, consolidó y reafirmó su autoridad, aumentó su respetabilidad y su credibilidad.

- Culminó un largo y difícil proceso de recuperación del patrimonio nacional para ponerlo al servicio del desarrollo nacional.

- Antepuso lo colectivo a lo privado, colocó el interés nacional por sobre el extranjero.

- Contribuyó a consolidar a México como un país de progreso, voluntad e instituciones fuertes, hasta que el neoliberalismo corrosivo todo echo por tierra y hoy estamos atascados en el lodo.

También se debe recordar el 18 de marzo por la visión y valentía de un hombre que dio rumbo y destino al país, que no dudó enfrentarse al capital petrolero internacional, que dio la cara a las grandes potencias de esa época, para hacer valer las leyes mexicanas y ejercer la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. El sí fue un estadista. No se parece en nada al sumiso y obediente que acude presuroso al extranjero a recibir premios, honores y aplausos, del mundo de negocios y los centros de la ideología capitalista.

El discurso de Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo es una fuente de lecciones para discernir el alcance de la contra-reforma petrolera que los intereses económicos y las fuerzas reaccionarias le impusieron al país un triste invierno de 2013. Esas lecciones de la historia no están exentas de advertencias sobre lo que ocurrirá si no detenemos la privatización y extranjerización de la industria petrolera, y de la energía en general.

De dicho discurso se desprende lo siguiente: 1

- Que las compañías petroleras extranjeras se habían convertido en actores muy poderosos, con capacidad y ánimo para rivalizar y poner el jaque al Estado. Que sabedoras de su poder económico y político se mostraban rebeldes, insolentes y retadoras, olvidando que se habían constituido como empresas mexicanas bajo leyes mexicanas. Que su poder provenía del control de la producción y suministro de bienes estratégicos, pero también del apoyo que recibían de parte de gobiernos extranjeros y empresarios mexicanos apátridas comprometidos con sus propios intereses.

- Que las compañías querían maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones, ni reparar los daños que ocasionaban sus procedimientos y su obstinación. Que se negaban a obedecer el mandato de la justicia nacional. Que trataron de nulificar los fallos de la justicia mexicana y cuando fracasaron sus intentos se declararon en franca rebeldía. Que implementaron dentro y fuera del país, una campaña política y mediática para lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por ese medio hacer nulas las determinaciones legales establecidas por las autoridades mexicanas.

- Que el gobierno estaba obligado a expropiar, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino para evitar la paralización de la industria petrolera, que ocasionaría males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

- Que una producción insuficiente de combustible o simplemente encarecida por las dificultades, ocasionaría en breve tiempo una situación de crisis incompatible con el progreso del país, la paz de la nación, la vida comercial, la obra pública y la existencia del gobierno.

En ese memorable discurso se dice que soberanía de la nación estaba en juego. Para Lázaro Cárdenas era muy claro que si el Estado perdía poder económico, perdería el poder político y se produciría el caos. Y así lo dijo a la ciudadanía.

Hoy, siete décadas después, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace caso omiso de la historia, se hace el olvidadizo de quiénes son las compañías petroleras transnacionales, de su historial  y de los intereses que hay detrás de ellas.

Ha salido al extranjero para buscarlas, corteja e invita a venir, les ha abierto  las puertas y las ha recibido con los brazos abiertos, les está entregando las llaves del petróleo y de la industria petrolera, pretextando que Pemex no puede, que no tiene ni la tecnología, ni el capital, ni la experiencia, pero sí serios problemas productivos y financieros, creados por el mismo gobierno.

Hoy los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto se acomodan a los intereses del capital petrolero y le ofrecen condiciones contractuales y fiscales inmejorables, para que saquen todo el petróleo que puedan, se lleven lo que quieran y dejen “dos pesos en la mesa”. La escandalosa venta de garaje que lleva a cabo la actual administración federal es justificada por la “difícil situación por la que están travesando las compañías petroleras”, pues desde que cayó el precio del petróleo se han vuelto muy selectiva y se pueden ir a otro país.

Hoy el gobierno ha puesto nuevamente en manos de las compañías petroleras la seguridad energética del país, sabiendo perfectamente que en el futuro podrían nuevamente chantajear al Estado si éste no accede a sus demandas, tal como hicieron en 1938. La reforma energética despojó a los hidrocarburos, a la gasolina, al diésel, al gas LP y a la energía eléctrica, de todo carácter estratégico. El nuevo marco jurídico considera a los combustibles y a la electricidad como simples mercancías, prioritarias pero no estratégicas.

A todo eso le llama Peña Nieto “modernizar”, “atreverse a cambiar”, “dejar atrás atavismos ideológicos”, “superar dogmas”. Detrás de esa fachada de modernidad se esconde la protección de intereses de grupos económicos sobre todo extranjeros.

Hoy el gobierno de Peña Nieto festeja que las compañías transnacionales estén regresando al país y estén tomando posesión de terrenos y campos petroleros de la Nación. También festeja que los inversionistas extranjeros estén comprando instalaciones de Pemex.

Festejar la reforma energética el día que se conmemora la expropiación petrolera, tal como lo hace la actual administración federal, es un insulto a la nación. Es un comportamiento grotesco y perverso. El gobierno peñista pasará a la historia como aquel que revertió la nacionalización y entregó el petróleo de nueva cuenta al extranjero. 

Pero no todo está perdido, vamos por una segunda expropiación, que las compañías petroleras lo tengan presente.

¡Hasta la victoria siempre!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Discurso del Presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la Expropiación Petrolera.
Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1938_227/Discurso_del_Presidente_L_zaro_C_rdenas_con_motivo_1442.shtml





De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Agua”.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 22 DE MARZO

En el año 1992 en Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se declaró el 22 de marzo de cada año Día Mundial del Agua.

La designación de un día anual con el tema del agua, tuvo como objetivo “llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce”.1

El tema específico para el Día Mundial del Agua de 2016 es “El Agua y el empleo”. En esta tesitura, hay que destacar que el agua genera la mitad de los empleos a nivel mundial. Representa la fuente de trabajo para 1 500 millones de personas.2Además de ser elemento vital para la vida, el recurso hídrico es elemento de desarrollo económico.

El agua se utiliza en la fabricación y obtención de todos los productos: son necesarios 3 500 litros de agua para producir 1 kilo de arroz; 15 000 litros para obtener 1 kilo de carne; se emplean 10 litros de agua para fabricar una hoja de papel; 91 litros para generar 500 gramos de plástico. En materia energética, también resulta indispensable: se emplea agua para generar energía y el suministro de agua se logra mediante el empleo de energía; además, el 16 % de la energía producida a nivel mundial es energía hidráulica.3

El agua configura una conexión entre medio ambiente y economía. Se trata de un recurso que vincula desarrollo humano, calidad de vida, medio ambiente, economía y sustentabilidad. Se trata de un recurso estratégico para la vida y para la economía de los países.

“El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.”4

La celebración de un día mundial es una oportunidad para encontrar en la reflexión, la motivación para actuar.

Generemos sinergias entre sociedad civil, gobierno e iniciativa privada. Revaloremos el agua como fuente de vida y riqueza.

En este sentido, compartimos las afirmaciones de Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, al mencionar que:

“Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.”5

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml [Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].

2 Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Información. Disponible en
http://www.un.org/es/events/waterday/[Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].

3 Universidad de Salamanca, Día Mundial del Agua 2015. Agua y Desarrollo, Boletín Ambiental no.27, marzo 2016, CIDTA-USAL, p. 8. Disponible en http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2027%20Marzo.pdf[Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].

4 Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Información. Disponible en
http://www.un.org/es/events/waterday/ [Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].

5 Mensaje del Secretario General con ocasión del Día Mundial del Agua 22 de marzo de 2015, disponible en
http://www.un.org/es/events/waterday/2015/sgmessage.shtml [Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional contra la Discriminación Racial”.








Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, sobre la conmemoración de la Expropiación del Petróleo.

EFEMÉRIDE A PROPÓSITO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA
EXPROPIACIÓN DEL PETRÓLEO, 18 DE MARZO DE 1938

Desde la aprobación de la contrarreforma energética en el año de 2013, llevada a cabo bajo las leyes no escritas de un neoliberalismo a la mexicana, de “compadres”, como lo llamó el economista Joseph Stiglitz, y que combina una privatización a gran escala de la riqueza petrolera y de los bienes naturales que pertenecen a todos los mexicanos, la histórica expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 hecha por Lázaro Cárdenas del Río adquiere un nuevo significado.

Lo que hasta hace unos años era una celebración de nuestra soberanía, de nuestra capacidad como mexicanos para construir un proyecto de Estado, para redistribuir social y solidariamente nuestra riqueza, se transformó también en una de nuestras utopías para el siglo XXI en condiciones sumamente adversas: revertir el daño que este gobierno federal le ha causado al patrimonio de todos los mexicanos; recuperar nuestra soberanía en materia energética, construir una auténtica reforma energética que tenga como principal beneficiaria a la sociedad mexicana; además de devolverle al Congreso de la Unión, y en particular a este Senado de la República, su dignidad y definición como órgano legislativo soberano que no debe por ningún motivo ser aplastado de nuevo por ningún gobierno para imponer una contrarreforma como la energética, tal y como ocurrió en 2013.

La nacionalización de la industria petrolera realizada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 tuvo como punto de partida contrarrestar el abuso que las compañías extranjeras llevaban a cabo en contra de los trabajadores de esta industria. Desde el porfiriato esta explotación laboral era parte de una cadena de intereses que no sólo negaban condiciones dignas de vida a los trabajadores petroleros mexicanos, también funcionaba a partir de una articulación ilegítima entre gobierno dictatorial y empresas extranjeras que violentaban los derechos laborales y humanos más elementales. Como afirma el historiador Lorenzo Meyer: “El objetivo de Porfirio Díaz fue dar seguridad a la inversión externa modificando la legislación de tal manera que el propietario de los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo -no se tenía idea exacta de cuan importantes eran- no fuera ya la Nación sino el dueño de la superficie. Para ello se expidieron las leyes de 1884, 1901 y 1909. Esa batalla fue casi silenciosa y la ganó el capital externo”.

La batalla por el petróleo escaló históricamente en detrimento del país hasta que llegó el 18 de marzo de 1938. Afirma el mismo Lorenzo Meyer: “La sexta batalla fue la mejor: la de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas derrotó en toda la línea a las empresas petroleras y a sus gobiernos al dejar de lado el problema de interpretación del artículo 27 e irse por la expropiación y nacionalización de la industria petrolera argumentando que las empresas extranjeras habían desacatado un fallo de las autoridades laborales en relación al contrato colectivo de trabajo con el recién creado Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La expropiación fue la primera parte de la gran batalla, la segunda fue crear PEMEX y lograr que sobreviviera al boicot del exterior”.

La expropiación petrolera de 1938 es ahora uno de nuestros más poderosos referentes de identidad y dignidad como nación moderna, como país que se niega a someterse a políticas que destruyen su historia y a la misma sociedad que la porta. No sólo es una efeméride más de nuestra historia contemporánea; es un legado vivo que exige que lo actualicemos para defender lo que no se vende y que no tiene precio: la dignidad de este país y una riqueza que a todos pertenece y no a unos cuantos.

Después del fracaso rotundo de la contrarreforma energética del 2013, incluso en contra de sus propias expectativas y de las de quienes la impusieron y la diseñaron como un gran negocio para empresas transnacionales, el despojo de nuestros petróleo e hidrocarburos no debe ser entendido como una fatalidad, es reversible como lo fueron la serie de leyes ilegitimas que el porfiriato le impuso a México hace más de un siglo: ahora más que nunca México tiene que recuperar su pasado de dignidad y soberanía para enfrentar su futuro.

Celebramos hoy el 78 aniversario de la expropiación petrolera llevada a cabo por el pueblo de México y su entonces Presidente, Lázaro Cárdenas del Río; un acontecimiento que no hubiera sido posible sin un gobierno nacionalista en su sentido más genuino posible y una sociedad que respaldó y actúo en consecuencia y con alto sentido de su responsabilidad histórica.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables son la piedra de toque sobre la que descansa el acceso a una sociedad plena de trato equitativo e igualitario en oportunidades, a todos sus miembros.

Uno de los grupos con mayor vulnerabilidad son las personas que ante la presencia de un tercer cromosoma en el par 21, presentan una alteración genética llamada Síndrome de Down.

Esto es posible gracias a nuestra capacidad homeostática, bajo la cual, la condición humana puede presentar combinaciones genéticas distintas a las habituales.

Aunque los datos tan sólo muestran aproximaciones, la incidencia estimada de este padecimiento, es de hasta 1 por cada 800 nacidos vivos.

Actualmente se calculan 6 millones de personas con Síndrome de Down en el mundo, 6 millones que merecen un trato equitativo, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, con acceso pleno a la salud y a su desarrollo personal, 6 millones de familias que luchan día a día por conseguir una vida plena para su miembro más importante.

Aunque no se conoce con exactitud las causas que provocan el Síndrome de Down, su ocurrencia está relacionada con embarazos en una edad materna mayor a 35 años, incrementando el riesgo a una edad más alta.

A pesar de no existir un nexo causal definido si existen condiciones suficientes conocidas que lo generan, por lo que es un padecimiento previsible.

Las personas que sufren Síndrome de Down lamentablemente ven afectada su salud con mayor frecuencia, ya que son propensos a padecer enfermedades especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma extra, además de las limitantes en el aprendizaje y su desarrollo físico.

En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico para mejorar las capacidades intelectuales de los afectados por el Síndrome de Down. Sin embargo, la calidad de vida de estas personas puede mejorar significativamente con terapias de estimulación precoz y sobre todo, a través de la inclusión social.

Es por esta necesidad de concientización y difusión que se instituyó el Día Mundial del Síndrome de Down para impulsar el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como continuar desarrollando la investigación médica de esta condición.

Este año, el Día Mundial se enfoca en el tema “Mis amigos, mi comunidad”, a fin de discutir los beneficios de los ambientes inclusivos y con ello poder generar más ámbitos de la vida pública y privada donde las personas con este padecimiento puedan desenvolverse y desarrollarse plenamente.

De igual modo se busca erradicar las actitudes negativas que generan discriminación y exclusión, creando comunidades donde los niños y adultos con Síndrome de Down no se pueden integrar.

Conscientes de las necesidades y las atenciones que requieren las personas con algún tipo de discapacidad, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, como el medio idóneo para conseguir que las personas con discapacidad puedan tener servicios y apoyos indispensables para su inclusión que efectivamente sean garantizados por las dependencias y órganos gubernamentales.

Desde el Legislativo se ha enmarcado una tendencia consolidada para brindar la más alta protección a las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento que ha estado en constante actualización y perfeccionamiento destacando la existencia de una Comisión específica al interior del Senado de la República para la Atención de Grupos Vulnerables.

Emanado de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad surge el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es un organismo autónomo que tiene por finalidad establecer y ejecutar las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, promover sus derechos, incluirlos plenamente al desarrollo social y permitir que participen en todos los ámbitos.

Es necesario que continuemos trabajando de manera conjunta buscando abrir nuevas oportunidades de participación para todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Por estas razones, hoy nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, para fomentar un mundo más justo, donde todas las personas sean valoradas y tengan igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo.

Evitemos que las personas con Síndrome de Down sean abandonadas, abusadas o segregadas, no podemos permitir la discriminación ni limitar sus derechos en ningún sentido.

Tenemos grandes retos por delante, debemos darles plena inclusión en los sistemas educativos, en los centros de salud y en la comunidad en general.

Hay que entender que los afectados con Síndrome de Down son, antes que nada, personas, las cuales requieren apoyo adicional y deben ser reconocidas por la sociedad, en igualdad con los demás y sin ningún tipo de discriminación.

Tenemos que aspirar a lograr que todos aquellos que padecen algún tipo de discapacidad puedan ser independientes y valerse por sí mismos, siendo parte integral de la sociedad, que convivan en plenitud con los demás.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Agua”.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

“Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.”

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon en el Día Mundial del Agua

Desde una amplia perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), atinadamente señala que el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible, esto porque los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

En ese tenor, destaca que el agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

No obstante, pareciera increíble que en un mundo cubierto en dos terceras partes por agua, el acceso a ella pudiera concebirse como una dificultad con consecuencias en la salud y la pobreza de más de mil quinientos millones de personas.

Sin embargo, es una realidad, pues el agua apta para el consumo humano es una parte muy pequeña y su escasez no sólo se debe a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino al despilfarro y a la contaminación, aunado al incremento de la población.

Esa situación es preocupante y los expertos consideran el acceso a este vital líquido, además del cambio climático, como uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en este siglo.

Por ello, a fin de destacar la función esencial del agua y su imprescindible necesidad para propiciar mejores condiciones para la población mundial, sobre todo de aquella que sufre las consecuencias relacionadas con su falta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de 1992, en Río de Janeiro, recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. La Asamblea General de Naciones Unidas respondió a dicha recomendación, designando el día 22 de marzo de 1993, como el primer “Día Mundial del Agua”, el cual, desde entonces se conmemora.

Es un día para reflexionar y debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, de cómo debemos cuidarlos y conservarlos, evitar su despilfarro, contaminación y desperdicio, como acciones bajo las cuales se habrá de basar la supervivencia humana.

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del 22 de marzo, “Día Mundial del Agua”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad de su uso racional, de su saneamiento, de evitar su desperdicio y contaminación.

Recordemos que no hay agua más cara que la quien no se tiene, más si la sed ocasionada por su falta, será la que veremos en la cara de nuestros hijos y futuras generaciones.

La humanidad y todos los seres vivos en el planeta necesitamos el agua.

¡Cuidémosla!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del 78 aniversario de la Expropiación Petrolera.








Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial de la Tuberculosis”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA TUBERCULOSIS

La Tuberculosis es uno de los padecimientos más antiguos de la humanidad, es una enfermedad infecciosa y sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Afecta principalmente a los grupos vulnerables donde predomina la marginación, la pobreza, la desnutrición y el hacinamiento.

En 2013 según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis, de las cuales, aproximadamente 1.5 millones de ellas murieron a causa de este mal. El 95% de las defunciones se registraron en países de bajos ingresos.

Siguiendo los trabajos realizados en el marco de las actividades de los Objetivos del Milenio, a partir de 2016, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la “Estrategia Fin a la Tuberculosis”. Programa que perseguirá que en 2030 las defunciones desciendan en un 90% con respecto a las reportadas en 2015, los nuevos casos bajen al 80% de lo reportado y que ninguna familia presente empobrecimiento causado por gasto catastrófico debido a la carga económica de la enfermedad.

Según las cifras reportadas por el Perfil Epidemiológico de la Tuberculosis en México, la Secretaría de Salud indica que en 2010 hubo un promedio de 15 mil nuevos casos, de los cuales, 2 mil personas fallecieron por este mal.

La tuberculosis reporta una incidencia mayor en el género masculino, asimismo las cifras reflejan un importante diagnóstico entre la Población Económicamente Activa (14 a 65 años), causando un importante impacto en el ingreso de las familias.

Con relación a la mayor tasa de incidencia en las Entidades Federativas se destacan las cifras reportadas en Baja California, seguido de Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Chiapas.

De conformidad con las recomendaciones emitidas por la Evaluación Externa del Programa de Control de Tuberculosis en México, publicado por la OMS en 2012, las principales áreas de oportunidad son: evitar la fragmentación y segmentación del Sistema de salud, la detección oportuna, innovación, el abasto de medicamentos y el apego al tratamiento.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el septuagésimo octavo aniversario de la Expropiación Petrolera.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
PARA CONMEMORAR EL SEPTUAGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO
DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más trascendentales del Siglo XX. En nombre de los intereses nacionales, del pueblo mexicano y frente a una coyuntura internacionalmente adversa, firmó el decreto por el que se declaraba la expropiación petrolera.

Conmemoramos esta fecha, como el día en que el petróleo se convirtió en el símbolo de progreso e identidad nacional. Nuestras instituciones nacionales, el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico, no podrían entenderse sin la nacionalización de los hidrocarburos.

A casi ocho décadas de este suceso simbólico, reconocemos el invaluable papel que ha jugado Petróleos Mexicanos en la construcción de un país con una economía pujante y con mayor justicia social. El aporte de todos sus trabajadores para construir una empresa productiva y sinónimo de eficiencia a nivel internacional.

Hoy, al igual que hace 78 años, nos encontramos en una nueva etapa de definiciones nacionales. Con el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto y la convicción democrática del Congreso de la Unión, hemos modernizado al sector energético para lograr que se competitivo frente a otras potencias mundiales.

Precisamente, gracias al conjunto de reformas que aprobamos hace apenas un par de años, dimos los instrumentos al Estado mexicano, al Gobierno de la República, para construir un proyecto energético que garantizará el fortalecimiento de la industria petrolera.

Hoy, a nadie nos puede quedar dudas, de que la modernización de PEMEX le permitirá estar a la altura de cualquier empresa transnacional.

En esta Soberanía alcanzamos los grandes acuerdos que hicieron posible romper con las inercias que impedían a PEMEX estar a la vanguardia. Gracias a la Reforma Energética estaremos en condiciones de modernizar nuestras refinerías y construir nuevas; dejaremos de ser un país importador de gasolinas.

Empresas de diferentes países ya han mostrado interés en invertir en la instalación de gasolineras a lo largo y ancho del territorio nacional. Resta decir que esta nueva realidad generará competencia, reducirá los precios del combustible y traerá mejoras sustanciales para todos los consumidores.

PEMEX continuará siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas; dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo. El nuevo modelo corporativo que hemos dado permitirá acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían su desarrollo.

La modernización del sector energético seguirá bajo la rectoría del Estado. No nos cansaremos de repetirlo, los mexicanos seremos los únicos dueños de las reservas petroleras y de sus rentas. Lo decimos con toda claridad, PEMEX no se venderá ni se privatizará.

México contará con más recursos para invertir más en escuelas, hospitales y carreteras. Bajarán los precios de muchos artículos de primera necesidad, por ejemplo, los productos del campo. Los ingresos del petróleo se destinarán a la seguridad social, al ahorro a largo plazo, becas universitarias y a la investigación científica.

Reconocemos que los próximos años serán difícil para nuestro sector energético y no todas las metas podrán cumplirse. Los mercados internacionales están sufriendo cambios y experimentando retrocesos, sin embargo, no tenemos la menor duda de que nuestro sector energético y PEMEX, una vez superada la coyuntura, seguirán por la ruta correcta en su modernización.

Contamos con una reforma para enfrentar los desafíos energéticos del Siglo XXI, tal como lo hizo el Presidente Lázaro Cárdenas, un día como hoy, que celebramos un aniversario más de la nacionalización del petróleo.
La Reforma Energética está a la altura de los retos que tiene nuestra industria, con el proyecto de país que necesitamos, por ello, y como grupo parlamentario responsable, la seguiremos apoyando.

Tenemos una reforma que refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos y que su explotación únicamente se hará en beneficio del desarrollo nacional y de la economía familiar.

Ya hemos dado los primeros pasos, la segunda Revolución Energética pronto dará resultados. Estamos en la antesala de ser una potencia en la producción y transformación de los hidrocarburos.

En este día, no solamente rendimos un merecido homenaje a todos los mexicanos que hicieron posible la expropiación petrolera. También refrendamos nuestro compromiso de seguir mejorando para lograr que los recursos energéticos permitan construir un mejor México, uno de mayores oportunidades y con más equidad social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 29 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 17:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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