Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 17 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Marzo de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Se abre la sesión del miércoles 16 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y seis minutos del día martes quince de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del diez de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que a partir del 14 de marzo de 2016, el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano es Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se   reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Senador Félix Benjamín Hernández Ruíz como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de enero de 2016.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, y de Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el numeral 5 y el inciso c) de la fracción IV; y adiciona un numeral 8 al inciso c) de la fracción IV, ambos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.-Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El Senador Mario Delgado Carrillo intervino para presentar voto particular. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y Manuel Cavazos Lerma del PRI.
En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, a favor; Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

En la discusión del dictamen continuaron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas de la Senadora Dolores Padierna Luna, a los artículos 33 y 34 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los cuales no se admitieron a discusión; y del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a los artículos 34 y 62 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los cuales no se admitieron a discusión. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 86 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Proposición)

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la proposición con punto de Acuerdo de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, que exhorta a la Cámara de Diputados a expedir, de manera urgente, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas ya que, según lo establecido en la reforma publicada el 10 de julio de 2015, el plazo para su expedición concluyó el 6 de enero del año en curso.- Se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justica, y de Estudios Legislativos del Senado y a la Cámara de Diputados. En atención al fallecimiento de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, intervinieron los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Margarita Flores Sánchez del PRI; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; Layda Sansores San Román del PT; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Dolores Padierna Luna del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Cristina Díaz Salazar del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; y Roberto Gil Zuarth del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la Sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y un inciso c) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a analizar posibles omisiones en la información que Roberto Carlos Flores Treviño, Procurador General de Justicia del estado, proporcionó al congreso local en el momento de su nombramiento y, en su caso, lleve a cabo las acciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a enviar un informe sobre la prospectiva de las tarifas eléctricas, así como de las acciones encaminadas a la transición del uso de combustibles fósiles a gas natural en el parque de generación eléctrica del estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre el cabal cumplimiento y sobre las sanciones aplicadas por el incumplimiento de lo ordenado en los artículos 90 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y 46 del nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México, a los concesionarios de la red de transporte público de la capital del país.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena Gómez García, Andrea García García, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente la actitud del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz hacia las mujeres que laboran en dicha secretaría, durante el evento realizado el pasado martes 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al alarmante aumento de casos de trata de personas y la vulnerabilidad que viven las mujeres en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República designar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar diversas acciones en torno al gasto en seguridad pública, para mejorar las condiciones de trabajo de la policía en México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover entre los trabajadores de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, la adhesión a la campaña HE FOR SHE.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a realizar diversas acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una amplia y permanente campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la que deben sujetarse las casas de empeño del país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en relación a las acciones instrumentadas y las estrategias a implementar, a fin de prevenir y atender eficientemente las fugas de agua en la red hidráulica de la ciudad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a supervisar que los anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la entidad cumplan con los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad, a fin de que no representen riesgos para la población.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe de los recursos destinados, el cronograma de obra, las licitaciones realizadas, las licencias de construcción y la evaluación de impacto ambiental aprobadas, para llevar a cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, ubicado en el Bosque de Chapultepec.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional a favor de los Ríos, el Agua y la Vida.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la Semana Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y siete minutos y citó a la siguiente el miércoles dieciséis de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibieron de la Cámara de Diputados, las siguientes:

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.








Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnense ambos asuntos a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: De la Cámara de Diputados, se recibió minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3o., 7o. Y 11 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo)

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla, Luis Armando Melgar Bravo y el de la voz, sometemos a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 7o. y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de impulsar el uso de energías renovables.

Como ustedes saben, debido al cambio climático, durante las últimas décadas el esfuerzo a nivel mundial por reducir las emisiones contaminantes que han sido elementos causales del cambio climático y que, en la actualidad se han posicionado como un tema primordial en la agenda de los gobiernos de muchos países. Una de las principales soluciones impulsadas es la transición del uso de combustibles fósiles al uso de fuente no contaminantes o de menor impacto ambiental como las energías renovables.

México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de generación de energía mediante fuentes no fósiles.

Se debe de destacar que como producto de la reforma energética, el 24 de diciembre del año pasado fue publicada la Ley de Transición Energética, en la cual se establece la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios así con el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, junto con la ley, se suman como herramientas para el establecimiento de metas políticas y medidas para impulsar el uso energético de los recursos renovables.

El Senado de la República, como un Poder de la Unión, siempre se ha preocupado por atender los efectos del cambio climático; uno de los propósitos del nuevo siglo debe ser el poner al día los diversos ordenamientos a fin de que se redoblen los esfuerzos para cambiar el uso de energías contaminantes por aquellas con menor impacto.

Las fuentes de energía como insumo, son utilizadas en todas las actividades productivas del país; el campo es uno de los sectores esenciales para la producción de alimentos e insumos para la industria, es también uno de los sectores que mayor impacto ambiental tiene al ser gran demandante de recursos naturales.

La energía eléctrica es uno de los insumos esenciales para las diferentes actividades productivas del campo, es utilizada principalmente en sistemas de bombeo para el riego y en las instalaciones de producción pecuaria. El diésel es otro de los combustibles que más demanda las actividades de este sector, ya que es utilizado de igual manera en sistemas de bombeo y en la maquinaria agrícola.

El propósito de la presente iniciativa es fortalecer el impulso para transitar del uso de energías contaminantes en el campo, al uso de energías limpias y con menor impacto ambiental.

Es de destacar que siendo la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el principal ordenamiento que regula las actividades productivas en la materia, el término energía renovable no se encuentra incluido dentro de la misma.

En este sentido, la iniciativa propone plasmar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tanto la definición de energías renovables, como la de obligación del Estado para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural, fortaleciendo así el cumplimiento de metas y objetivos que nuestro país se ha trazado en beneficio del medio ambiente.

Por la importancia del tema, señor Presidente, le solicito que esta iniciativa se turne también a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la de Agricultura y Ganadería.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Senador GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, a nombre propio y de los Senadores MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MELY ROMERO CELIS, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, integrantes en esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3O., 7O. Y 11 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE a fin de impulsar el uso de energías renovables en el campo al tenor de las siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido al cambio climático, durante las últimas décadas el esfuerzo a nivel mundial por reducir las emisiones contaminantes que han sido elementos causales del cambio climático y que en la actualidad se ha posicionado como un tema primordial en las agendas de los gobiernos de muchos países. Una de las principales soluciones impulsadas es la transición del uso de combustibles fósiles al uso de fuentes no contaminantes o de menor impacto ambiental como las energías renovables.

México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de generación de energía mediante fuentes no fósiles; así lo destacó el presidente Enrique Peña Nieto, al participar en la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016, donde destacó las recientes reformas al marco regulatorio para establecer como objetivo que en el 2024 el sistema eléctrico nacional funcione con al menos 35% de energías limpias y con 50% para el año 2050, actualmente esa proporción es de 21%.

En éste sentido se debe destacar que como producto de la Reforma Energética, el 24 de diciembre del año pasado fue publicada la Ley de Transición Energética, en la cual se establece la Estrategia de Transición para promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios así como el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), los cuales servirán como herramientas para el establecimiento de metas, políticas y medidas para impulsar el uso energético de los recursos renovables.

El Senado de la República ha sido un poder siempre preocupado por atender los afectos del cambio climático. Uno de los propósitos del nuevo siglo debe ser el poner al día los diversos ordenamientos a fin de que se redoblen los esfuerzos por cambiar el uso de energías contaminantes por aquellas con menor impacto.

Las fuentes de energía como insumo, son utilizadas en todos las actividades productivas del país. El campo es uno de los sectores esenciales para la producción de alimentos e insumos para la industria y también es uno de los sectores que mayor impacto ambiental tiene al ser gran demandante de recursos naturales.

La energía eléctrica es uno de los insumos esenciales para las diferentes actividades productivas del campo, es utilizada principalmente en sistemas de bombeo para el riego y en las instalaciones de producción pecuaria; a su vez, el diésel es otro de los combustibles que más demandan las actividades en éste sector, ya que es utilizado de igual manera en sistemas de bombeo y en la maquinaria agrícola.

El propósito de la presente iniciativa es fortalecer el impulso para transitar del uso de energías contaminantes en el campo al uso de energías limpias y con menor impacto ambiental. En éste sentido se propone introducir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tanto la definición de energías renovables, como la obligación del Estado para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural, fortaleciendo así el cumplimiento de metas y objetivos que nuestro país se ha trazado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adicionan los artículos 3o., 7o. y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. al XVI.

XVII. Energías renovables. Las así definidas en la Ley de transición energética.

XVIII. Entidades Federativas. Los estados de la federación y la Ciudad de México

Se recorren los subsecuentes 

XIX. a XXXIV.

Articulo 7o. …

El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:

I al VI.

VII. promover el uso de energías renovables en las actividades agropecuarias.

Artículo 11. Las acciones para el desarrollo rural sustentable mediante obras de infraestructura y de fomento de las actividades económicas y de generación de bienes y servicios dentro de todas las cadenas productivas en el medio rural, se realizarán conforme a criterios de preservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención y mitigación del impacto ambiental impulsando siempre el uso de energías renovables que más convengan a la región.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2016.

Suscriben,

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Buenos días.

El 11 de febrero pasado hubo un tremendo motín en la cárcel de Topo Chico que dejó casi 50 muertos y 12 heridos. Todos nos escandalizamos, todos dijimos que qué pasa, fue terrible ese tema pero después las aguas volvieron a su nivel y no hemos vuelto al tema.

Yo entiendo que hay muchos problemas penitenciarios con las sentencias y mucha gente que está esperando ser procesada, pero también las cárceles son un espacio en el que tenemos que pensar de manera diferente, así que la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y una servidora, estamos presentando hoy una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos Cuarto y Sexto del artículo 3o.; así como adicionan el Séptimo párrafo del artículo 3o. realizando recorrido de los subsiguientes, de los párrafos Cuarto y Quinto del artículo 10, del Capítulo VII y los artículos 19, 20 y 21 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, conforme a la siguiente exposición de motivos:

“Cuando estás en la cárcel miras mucho. Miras las paredes. Miras el suelo. Miras el techo”. Esto dijo Philip Kerr, un abogado escocés que cuidaba de los reclusos hace poco tiempo.

Vivimos en un Estado democrático, constitucional y de derecho, es obligación del Estado, respetar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y promover el desarrollo integral de las personas.

Esto es un tema que nos llama mucho la atención, porque en nuestro país, en las cárceles, hay por ejemplo 8 cárceles federales en las que se controla el clima, el alimento, la ropa limpia y cada uno de los aspectos físicos de la vida de los internos, pero pasan horas y horas sin hacer nada. Esto es lo que más afecta al desarrollo de su personalidad, además salen de la cárcel con una mano atrás y otra adelante, y lo primero que hacen muchos de ellos es volver a delinquir para poder tener comida y acercarse a su casa.

Por eso es que queremos hacer esta iniciativa que tiene que ver con cuidar la vida y la dignidad integral de las personas en la cárcel.

A pesar de los esfuerzos normativos, presupuestales y materiales para alcanzar esos mínimos derechos que conllevan la dignidad humana, siguen existiendo espacios oscuros cuyas acciones del Estado, y porqué no decirlo, la sociedad se niega a ver, como lo es el sistema carcelario.

La humanización del sistema de readaptación social no sólo fortalece la cosmovisión que tienen de los reos y los ayuda a identificarse como miembros de una comunidad que no los condena, sino que los pretende ayudar, sino que en esencia será un reflejo de la defensa de nuestros valores, sólo, entonces, seremos una sociedad en la medida que tratemos mejor a nuestros prisioneros.

No hay fórmulas mágicas, pero a partir del 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, encaminada a construir un nuevo sistema nacional penitenciario. De dicha reforma se desprende la obligación de cada entidad federativa de promulgar en un lapso de tres años una legislación secundaria sobre el nuevo sistema de reinserción, así como el régimen de modificación de las  penas.

Pese a esta reforma, los incidentes en los centros penitenciarios del país siguen ocurriendo de manera cotidiana, se registra sobrepoblación en los centros penitenciarios, menos que hace ocho años, pero todavía hay bastante sobrepoblación, especialmente en los centro estatales.

Los datos son cada vez más alarmantes, al mes de diciembre de 2015, más del 41 por ciento de la población penitenciaria total en México estaba en la cárcel esperando a que le dictaran una sentencia. Los 389 centros penitenciarios que existen en México    cuentan con una capacidad total instalada para 208,905 reclusos, sin embargo están registrados 247,488 presos, significa que en México existe una sobrepoblación de  38,585 personas en los 389 centros penitenciarios, es decir, 47 por ciento de sobrepoblación.

Apenas a finales del año pasado fueron reportadas 183 incidencias en el sistema penitenciario. De éstas, 61 fueron riñas, en las que participaron 131 reclusos; 46 agresiones a terceros, con 66 participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; 3 suicidios; un intento de suicidio; una huelga de hambre; un homicidio; un intento de fuga, así que necesitamos ver qué pasa en las penitenciarías.

Así, a 8 años de la reforma nacional del sistema penitenciario observamos con preocupación que el problema no se ha resuelto.

Nosotros queremos en esta iniciativa buscar en primer término regular los casos en que delincuentes del orden federal puedan compurgar sus penas en centros de readaptación social estatales, cuidando la capacidad de población del centro receptor, la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que se cuente; ya que en muchos de los casos de violencia interna ya descritos, han sido causados justamente por reos federales de alta peligrosidad cuya capacidad económica y operativa les permite controlar la vida del centro de readaptación social al que son remitidos.

También queremos fortalecer un sistema de desarrollo integral de las mujeres reclusas, para que cuenten con atención adecuada para que las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación nutricional, salud pediátrica, recreación y educación.

Aunado a lo anterior, se fortalece el trabajo de los reos dentro del centro de readaptación social. Ya sabemos que no se les puede obligar a trabajar, pero promover condiciones para que ellos tengan una realización en lo laboral tiene más que ver con el desarrollo integral de su personalidad que con su trabajo forzoso.

El trabajo no puede ser visto sólo como un medio de subsistencia o posibilidades de ingresos monetarios, sino como un pilar del desarrollo integral de la persona, para que lo reos puedan canalizar sus capacidades, tiempo, frustraciones, ansiedades y anhelos en una actividad productiva. Representa además, el espacio natural de responsabilidad social y un medio fundamental para la realización del ser humano.

El trabajo logra la interacción de las personas que se vinculan para cooperar y realizar una acción creadora y transformadora. Todo ser humano debe tener la oportunidad de un trabajo digno, basado en principios de justicia y equidad. No podemos esperar una reinclusión social, si los reos no han aprendido a cooperar entre sí, teniendo casos de éxito que les dé sentido de utilidad en su familia y comunidad.

Además, de acuerdo con un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, 11 por ciento de las personas que visitan a los reos en los centros de readaptación social percibía menos de un salario mínimo al día y casi 50 por ciento de ellos 800 pesos o menos semanalmente, esto es un máximo de 3,200 pesos al mes, por lo que el trabajo representa también una aportación responsable para mejorar las condiciones de vida de sus familiares.

Por último, se propone un nuevo capítulo en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para establecer la participación ciudadana como herramienta de fortalecimiento de las políticas públicas de readaptación social.

Cabe señalar, que de ninguna manera se busca que los consejos ciudadanos sustituyan o se inmiscuyan en políticas de seguridad, vigilancia o disciplinarias de los centros de readaptación, sino que estén vigilantes las condiciones humanas y el fomento de programas humanizadores que fortalezcan la reinserción de los reclusos.

De igual forma, los consejos ciudadanos vigilarán el correcto ejercicio de los recursos públicos siendo vigilantes de la actuación de las autoridades, previniendo incidentes y detectando un mapa de riesgos producto de la sobrepoblación penitenciaria, infraestructura y en general condiciones sociales dentro de los penales.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Artículo Primero. Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 3o.; así como adicionan el séptimo párrafo del artículo 3o. realizando recorrido de los subsiguientes, de los párrafos cuarto y quinto del artículo 10, del Capítulo VII y los artículos 19, 20 y 21, todos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Señor Presidente, dejo la iniciativa y le pido que toda quede incluida en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

Tome nota la Secretaría de las solicitudes para incorporarse a la iniciativa de los Senadores Héctor Flores, Leticia Martínez, Salvador López Brito, Lavalle Maury, Ernesto Cordero, Octavio Pedroza, Andrea García, Sandra Luz García Guajardo y Víctor Hermosillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 221 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías.

¡Buenos días!

Hoy quiero poner a su consideración un grave tema en la cultura política mexicana, que es “el charoleo”.

El Estado mexicano no había tenido como prioridad el combate a la corrupción. La cooptación y el privilegio se convirtieron en la piedra fundamental del sistema político, lo que se ha traducido en una cultura de la prepotencia y la excepción.

Entre la fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de lo público, una forma de vida: como prevaricadores, traficantes de influencias, gestores del bien público para el beneficio propio, por mencionar algunos, hay unos que por lo práctico y cotidiano se destacan, que es el uso del “charoleo”.

El término “charola” se define como aquella credencial o placa que identifica a un funcionario público, al cual suele dársele el uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que le otorga ser empleado gubernamental.

Quien “charolea” es aquél que por ejercer una función pública, presume de tener una posición jurídica de ventaja o superioridad frente a los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado, según él.

Y es bien conocida la famosa leyenda: “Agradecemos a todas las autoridades civiles y militares, las facilidades que otorguen para la realización de actividades del servidor público, portador de esta credencial”; asimismo, como las frases de “Solicitar la atención”, “¿No sabe quién soy?”, “Sólo por esta vez”, “reciba un saludo del jefe”, salgan, en la práctica, de la cotidianidad de nuestra sociedad.

El “charoleo” constituye un picaporte para lograr beneficios fuera de la ley, la ética, pero también fuera de toda estética.

El periódico El Universal, la define como a la práctica como el acto de usar una placa con logotipos oficiales, legal o falsa, para ostentarse como servidor público y obtener beneficios y protección. Desafortunadamente, señala el mismo trabajo periodístico, que la práctica del “charoleo” surge en los años 60, cuando los Diputados comenzaron a pedir identificaciones para sus colaboradores más cercanos, convirtiéndolos en un sinónimo de personas conectadas, y esto se ha venido extrapolando para todas las áreas del Estado y del servicio público.

Hasta hoy esta práctica no cuenta con ninguna sanción. Con esta iniciativa pretendemos desincentivar la cultura del “charolazo” que tanto daño ha causado a nuestras instituciones, en manos de funcionarios públicos irresponsables.

La propuesta es que quien haga uso de un nombramiento en cualquier institución de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, solicitando una atención especial, trato diferenciado del común de la sociedad, fuera del ámbito estricto de sus funciones, se haga acreedor a una sanción que podrá ir desde una amonestación hasta una sanción económica. Con esto se podrá inhibir la prepotencia y la falsa valentía que les otorga un cargo público.

En concreto, se trata de añadir a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XXIV, una frase que diga:

“Abstenerse de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener un beneficios a causa de su cargo”.

Y también, en específico, en el Código Penal Federal añadir, en la parte del delito de tráfico de influencias, un artículo 221 Bis que diría:

“Se impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, a todos los servidores públicos que, en ostentación de su cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del procedimiento que se pueda iniciar, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Solicito que esta iniciativa se incluya en el marco de los textos que actualmente se están trabajando en la nueva legislación anticorrupción. Estoy seguro que será de gran utilidad y beneficio, y que abonaremos a la cultura de la igualdad.

Los privilegios y las diferencias son odiosas, generan desprestigio y animadversión. Una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada.

El servicio público obliga, no libera de responsabilidad. Independientemente de la dictaminación de esta propuesta, de la cual no veo objeción para aprobarla, el elemento más importante es la cultura, que aprendemos a rechazarlo y a denunciarlo; por lo que convoco a ciudadanos, medios de comunicación y, en particular, de manera muy especial, a los usuarios de redes sociales para que denuncien y documenten este tipo de prácticas.

Quien piense en alardear de su cargo obteniendo un beneficio, lo piense dos veces, que no se suponga que habrá impunidad, porque no la habrá, porque la sociedad estará vigilando.

Propongo que todos subamos fotografías, videos y evidencias que tengamos a la mano bajo el hashtag “no al charoleo”.

Estoy seguro que abonando a esta cultura y una nueva cultura administrativa, le daremos un gran servicio a nuestra nación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Le consultan los Senadores Héctor Flores, Víctor Hermosillo y Ernesto Cordero, si acepta se incorporen a su iniciativa. Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o.  constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Es bien sabido por todos, que los programas de desarrollo social, si así le pudiésemos llamar, que se desarrollan a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, son esquemas que están por un lado agotados y, por otro, que no necesariamente buscan el bienestar de la gente empobrecida, sino las más de las veces buscan clientes electorales con intereses de partido, obviamente.

Esto que es un acto clientela, en alguna época de nuestro país pudo funcionar, sin embargo, cuando tenemos el 45 por ciento de nuestra población en situación de  pobreza, cuando el sistema de pensiones y jubilaciones está al borde del colapso, se mide en 1.4 veces del Producto Interno Bruto, y cuando estamos observando la  tendencia demográfica del país, cada vez menos jóvenes cotizando y cada vez más personas adultas requiriendo de una pensión, pero inclusive sólo un tercio de la  población protegida con una pensión oficial, es un asunto que nos debe llevar a la reflexión.

Nuestro pacto fundamental, nuestra Constitución está a punto de cumplir 100 años, son muy pocas, dos o tres, las constituciones, los pactos fundamentales de un país que logran sobrevivir, no obstante la cantidad de modificaciones que se han realizado a la nuestra durante un centenario.

Es por ello que quiero llamar la atención de mis compañeros en la Asamblea, de la opinión pública, ante el hecho de que si el gobierno de corte neoliberal no es capaz de dar un golpe de timón a su visión en materia de salud pública, de educación y, en general, de desarrollo social, sí es justo y conveniente que dejemos.

Quisiera, y si me lo permiten compañeros, hacer mi exposición, señor Presidente, por favor. Me refiero por la cercanía que hay con el orador, señor Presidente. Muchas gracias.

Les decía, entonces si los gobiernos no tienen la capacidad para desarrollar este  cambio, debemos de dejarles un marco de economía solidaria, de cultura de  participación a las personas esa capacidad para que se auto-organicen. No podemos pasar inadvertido el hecho de que nuestra población esté empobrecida, de que la reforma, si se le pudiera llamar así, a ese gazapo en materia laboral que se aprobó en esta instancia, ha dejado condiciones laborales sumamente desfavorables a la gente.

Existe en el mercado laboral una tendencia a pagar un salario, pero a desentenderse de las prestaciones sociales que el trabajador recibe como consecuencia de su empeño laboral. Es por ello que estoy presentando un proyecto a fin de que se modifique el artículo 4o. de la Constitución, más que modificar, que se le agregue un último párrafo que a la letra señala:

“Las personas que se encuentren en situación de pobreza de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley, tienen derecho a salir de dicha condición a través del desarrollo de habilidades que les permitan el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las acciones, planes y programas así como políticas públicas para la superación de la pobreza tendrán como criterio principal lo dispuesto en este párrafo”.

¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que este añadido se haga a este párrafo de la Constitución al artículo 4o., el último, vamos a permitir la libre auto-organización de la gente.

Ya hemos dicho, es hasta reiterativo señalar que no importa el color. Los gobiernos que han llegado al poder, son gobiernos completamente desentendidos de la política social, son gobiernos que tienen sus veladoras encendidas, que tienen sus cirios encendidos a los grandes dueños del dinero, con los grandes corporativos, con las grandes empresas.

Estamos en un etapa del país en donde lo poco que tenemos de recursos naturales, lo estamos entregando a los dueños del gran capital. Entonces, dejemos que la gente se pueda organizar.

Este es el principio, está modificación, este añadido al artículo 4o. constitucional, es el principio de una serie de iniciativas que, desde mi escaño, voy a presentar a fin de modificar sustancialmente condiciones de pobreza de la gente y, obviamente, darle mayor herramienta a la gente para que pueda salir de su situación de pobreza.

Desde ahora anticipo que en las próximas semanas voy a presentar aquí, un proyecto de Decreto a fin de que se puedan crear sociedades cooperativas para pensionados, jubilados y adultos mayores.

Si tenemos que en este país a los 50 años se es viejo para conseguir trabajo. Si tenemos la condición de que los mexicanos a los 50 años, limpian pisos, escombran escritorios o empacan mandado en algún mercado, en algún centro de autoservicio.

Bueno, vamos a darles la oportunidad a los mexicanos de que con sus propios fondos de jubilación y pensión puedan auto-organizarse para crear sociedades cooperativas y, con ello, puedan emplear prioritariamente a las personas adultas mayores de 60 años que son las que tienen el mayor y más vergonzoso nivel de pobreza. Somos 7.1 millones en este momento, de personas mayores de 60.

En 2030, seremos 25 millones y en 2050, seremos 45 millones de personas mayores de 60 años con un sistema de pensiones y jubilaciones que no se sabe en ese tiempo, ahorita está en el suelo, no se sabe en ese tiempo en dónde andará.

Entonces, si el gobierno no es capaz con sus políticas, si carece de la ética personal y profesional para desarrollar estas políticas, dejemos que las personas que son sujetos de ese oprobio social de la pobreza, se puedan organizar.

Es la cuenta, amigos de la Asamblea.

Iniciativa

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUPERACION DE LA POBREZA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pobreza: injusticia y amenaza.

A pesar de que nos encontramos bien adentrados en el Siglo XXI que se caracteriza    por notables avances científicos y tecnológicos que permiten la producción de alimentos y otros satisfactores a gran escala, México sigue siendo un país en el que más de la mitad de sus habitantes están impedidos de disfrutar de una vida digna. A casi 100 años de la expedición de la primera Constitución en el mundo con una Declaración de Derechos Sociales, la pobreza sigue siendo todavía el principal flagelo del país.

Para una Nación con más de 100 millones de habitantes, la pobreza implica un profundo cuestionamiento ético desde la perspectiva de la justicia social. Revela también la probable disfuncionalidad del Estado Social de Derecho, con lo cual se pone en entredicho la eficacia de nuestra democracia. En los últimos 25 años el segmento de la población que se ubica en la franja de la pobreza se ha mantenido prácticamente inmutable.

El estancamiento persistente de los grupos vulnerables en una de las principales economías del mundo se traduce también en una amenaza para la integridad y permanencia del Estado Mexicano, ya que la presión que se acumula ante la falta de satisfactores para llevar una vida decorosa incrementa el riesgo de una afectación grave a la gobernabilidad democrática. La falta de oportunidades para los llamados "Ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan exige dar un giro para reconocer en el capítulo de derechos fundamentales de nuestra Carta Magna la necesidad de establecer el deber del Estado de atender la pobreza más allá de un enfoque meramente asistencial y pasar al desarrollo de habilidades y capacidades de las personas que les permitan convertirse en protagonistas de su propia autonomía y libertad.

Caracterización de la pobreza en México.

La pobreza en México es producto del modelo de organización social semifeudal importado en el Siglo XVI de España y potencializado con la figura de la encomienda. Desde entonces y durante casi 500 años se ha implementado en nuestro país un esquema basado en la explotación cuyo signo es la exclusión social y la iniquidad. A lo largo de su historia, los habitantes de México han sido testigos de nobles legislaciones con altos postulados que en la práctica no se cumplen. Desde las leyes protectoras de los indígenas dictadas por la Corona hispana hasta la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, la justicia y equidad simplemente no llegan a las y los mexicanos de a pie.

Sin embargo, el primer paso será siempre a través de la Ley Fundamental a efecto de reconocer a título de derecho fundamental el anhelo de justicia de la mayoría del pueblo de México para salir de la pobreza, por medio de enunciados normativos que permitan una política pública acorde con el Siglo XXI. Sin dejar de aceptar que para las capas de la población en pobreza extrema necesariamente el enfoque se traduce en apoyos que permitan a la gente atrapada en la miseria llevar algo a la boca y tener un techo, el derecho al desarrollo de las personas pasa por la creación de condiciones para que cuenten con las capacidades y habilidades que les permitan participar en la vida económica, social y política de la Nación.

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, México ocupa el segundo lugar de mayor desigualdad social. El último sitio en calidad educativa en ciencias, matemáticas y comprensión de lectura. Más de 52 millones de mexicanos padecen algún tipo de pobreza.1

En torno a la desigualdad, consecuencia natural de la pobreza, cabe mencionar lo siguiente: "Según el Banco Mundial, el 2002 México era la novena economía del mundo, pero se ubicaba en el 69º sitio en ingreso per cápita, y tenía una de las distribuciones del ingreso menos equitativas de América Latina. El 10% más alto de la población concentraba 42% del ingreso nacional, mientras que el 10% más bajo contaba con sólo 1%.”2

Desde un punto de vista estructural, aunque la cita anterior es del 2010, las cifras han variado poco en la actualidad.

La pobreza alrededor del mundo se presente en muchas ocasiones como una fatalidad. En torno a esta dimensión de la pobreza Ramón Eduardo Ruiz, doctor en Historia, manifiesta lo siguiente: "No obstante, la pobreza implica algo más que simple ausencia de cosas materiales. Genera alienación, una sensación internalizada de privación y desesperanza, y a veces hasta sentimientos de inferioridad, de que mejorar excede la capacidad humana. Se nace pobre y se morirá pobre.”3

El estancamiento económico que padece México en el último cuarto de siglo, obliga a mirar hacia el exterior en búsqueda de experiencias de éxito que se pueden aplicar en nuestro país adaptando los modelos a la idiosincrasia mexicana. En un ejercicio comparativo de México con economías hasta hace poco similares, destaca la opinión de José Luis Calva, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México:

"Al comenzar los años 60, México tenía un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de 334.7 dólares corrientes, más del doble del PIB per cápita de Corea del Sur, que era de 157.9; 37 años después, México alcanzó un producto nacional bruto por habitante de $3,680 dólares corrientes, o sea la tercera parte del PIB percápita logrado por Corea del Sur, que era de 10,550. México cruzó la línea que separa los países en desarrollo de los países industrializados. ¿Que hicimos mal los mexicanos para que la diferencia inicial se invirtiera en México Y quedara muy a la zaga en la carrera del desarrollo?”4

En cuanto a la distribución de la pobreza en el territorio nacional, resulta lo siguiente:

“La lista de los estados más pobres se inicia con Chiapas, 76% de cuyos habitantes, en su mayoría indígenas, son pobres. Según un informe de la ONU, las lamentables condiciones de Santiago del Pinar, una de las comunidades indígenas de ese estado, son comparables a las de aldeas del Congo, África. No muy atrás se sitúan los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde, junto con Chiapas, viven cerca de 19 millones.”5

En torno a la intervención del Estado en cuestiones sociales, el doctor Peter Ward formular la siguiente interrogante: "¿Es la política social un paliativo que ofrece el Estado para mantener en un nivel tolerable la inquietud social o -menos cínicamente-, es motivado al menos en parte por un auténtico deseo de mejorar la calidad de vida de la mayores parte de la población?”6

Y al final de la obra consultada, el propio autor intenta una respuesta: "Aunque para los pobres el resultado frecuentemente ha sido positivo, casi no hay duda de que la primera función del bienestar social ha sido de control social y aplacamiento."7

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró en el 2011 el informe sobre Desarrollo Humano para México, cuyas principales conclusiones para enfrentar la desigualdad social fueron las siguientes:

“Nuestro país tiene una educación con problemas de calidad, una Seguridad Social que encarece el trabajo formal, y sus subsidios generalizados altamente inequitativos son particularmente problemáticos. Quizá esta situación es originada por la baja calidad de los servicios y prácticas corruptas.

La corrupción, las presiones grupales y la baja calidad de la burocracia pueden generar distorsiones en la asignación del gasto. La distribución del gasto federal en desarrollo humano promueve la desigualdad en vez de corregir corregirla.

El gasto en educación se asigna en proporción inversa a las necesidades educativas de las personas. Y, ante iguales necesidades, se privilegia a las que más ingreso tiene.

Sólo el programa Oportunidades asigna mayores transferencias a los grupos que más lo necesitan. El resto de las transferencias (por ejemplo, Procampo, pensiones del IMSS e ISSSTE y subsidios al consumo), generan un trato desigual que operan a favor de la población con mayores recursos.

Falta mayor transparencia en la distribución del gasto público y faltan mayores recursos humanos y finanzas financieros que permitan cumplir a cabalidad las tareas de fiscalización, por lo cual las autoridades enfocan en lo financiero, mas no en el desempeño e impacto.”8

Para muchos observadores de la realidad mexicana, uno de los principales factores de la pobreza radica en la política deliberada de mantener mano de obra barata a través de la cual México concurrió primero al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con posterioridad a decenas de tratados de Libre Comercio. En estas condiciones, la contención salarial para mantener a México como un país competitivo que atrajera inversión extranjera fue un ancla adicional que provocó la merma acelerada en caída libre de los salarios que perdieron un elevado porcentaje de su poder remunerador.

Para colocar a millones de mexicanas y mexicanos en aptitud de salir del círculo vicioso de la pobreza se requiere, en opinión del autor de la presente iniciativa, de brindar un amplio abanico de opciones para que desarrollen capacidades y habilidades que les permita obtener mejores salarios por su fuerza de trabajo, con un poder remunerador creciente que les permita gradualmente a corto y mediano plazo proveer lo necesario para una vida digna de sus familias. En opinión de José Luis Calva investigador económico, el reto es el siguiente:

"Cuarto. Elevar de manera sostenida el nivel de bienestar de los estratos de menores ingresos y de la clase media, a través de la generación de empleos dignos, del mejoramiento de la distribución del ingreso y del despliegue de políticas sociales de cobertura general que incidan en el buen desarrollo de nuestros recursos humanos (complementadas, pero no suplantadas, con políticas específicamente orientadas a la atención de los grupos más vulnerables). Se trata de asegurar que cada mexicano pueda acceder a un nivel de vida digno, por encima de una canasta básica de satisfactores esenciales de alimentación, salud, vivienda, vestido, educación y recreaciones sanas; así como de abrir a las clases medias la esperanza certera del mejoramiento continuo de sus niveles de bienestar.”9

El CONEVAL mide el ingreso y las carencias sociales, como el acceso a la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda bajo criterios de espacio y calidad y, finalmente, el rezago educativo.

De acuerdo a los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, las personas que no logran superar la línea de pobreza se elevaron del 45.5 por ciento en 2012 al 46.2 por ciento en 2014. Respecto a la pobreza extrema se obtuvo una caída de tres décimas ya que la población en dicha situación pasó del 9.8 por ciento al 9.5 esto significa que las y los mexicanos pobres no están en aptitud de surtir la canasta básica, carecen de acceso a la seguridad social y sus hijos están condenados al mismo destino por la ausencia total de oportunidades. México es la segunda mayor economía de América Latina pero no es capaz de brindar oportunidades a 55,3 millones de personas que son pobres.

El número de mexicanas y mexicanos que cayeron en la pobreza fue de aproximadamente 2 millones de individuos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, nuestro país es el único de América Latina que retrocedió en la lucha contra la pobreza. Cabe mencionar que se consideran en la pobreza extrema a las personas que tienen un ingreso inferior al de la línea de bienestar, el cual se ha determinado en aproximadamente $77 dólares de los Estados Unidos de América para el ámbito urbano y en 53 para el rural, además de que presentan tres o más carencias sociales. Aun cuando se logró sacar de dicha situación a cerca de 100.000 personas en contraste con el 2012, la realidad es que viven en condiciones paupérrimas 11,4 millones de personas en la República mexicana.

Un nuevo derecho fundamental.

Como se ha podido observar las políticas públicas para la superación de la pobreza pasan por un nuevo concepto que queda anclado en el reconocimiento de un derecho fundamental más acorde con un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho. El naciente derecho humano aquí propuesto establece el deber del Estado Mexicano de convertir a las personas en situación de pobreza en los principales protagonistas en lugar de destinatarios pasivos de las acciones y programas tendientes a lograr un nivel de vida de bienestar verdadero.

A través del establecimiento de un derecho fundamental nuevo como el propuesto en esta iniciativa se daría mayor congruencia a las acciones, programas y políticas públicas en torno a la pobreza con el paradigma de la Constitución mexicana que coloca como el epicentro de la arquitectura fundamental a la dignidad humana. Con ello, además de propiciar una salida de la pobreza con carácter duradero y creciente, se coadyuva en una cultura democrática caracterizada por capital social integrado por personas libres y solidarias.

AmartyaSen, Premio Nobel de Economía en 1998 se ha dedicado a estudiar la   viabilidad de superar la pobreza a través de la inversión en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas.10 Por su parte, Marta C. Nussbaum, desde otra perspectiva, considera que el desarrollo de habilidades es un derecho fundamental que se debe incluir en los textos constitucionales de las naciones del mundo.11 Sus estudios permiten concluir que la superación de la pobreza pasa por reconocer a las personas que se encuentran en dicha situación como titulares de derechos y, en consecuencia, la solución de bienestar no sólo es viable sino también justa.

En nuestro país, autores como Santiago Levy apuestan por transferencias en efectivo condicionadas a la inversión de las personas en su propia salud y educación bajo la percepción de que jóvenes más sanos e instruidos hallarán empleos con salarios más altos y cobertura de seguridad social. Levy propone lo siguiente:

“…eliminar la actual combinación de programas de seguridad social y protección social para trabajadores formales e informales e instituir en cambio los derechos sociales universales, acciones imperativas para que el gobierno pueda dar beneficios similares a trabajadores similares en un contexto de más equidad y mayor inclusión social.”12

Cada vez con mayor intensidad se abre paso la idea que se ha transformado en convicción de que la estrategia contra la pobreza pasa por el desarrollo de habilidades de las personas. El economista Thomas Piketty, desde la perspectiva de la distribución del ingreso coincide con esta visión: "Las políticas de educación y formación, en diversas formas, también constituyen una poderosa herramienta de redistribución eficaz que permite modificar estructuralmente la desigualdad de los ingresos del trabajo”.13

En su obra la gran transformación, el autor Karl Polanyi al tratar de explicar los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo narra cómo en la invención del mercado se fueron retirando los derechos y obligaciones para dejar atrás los estrechos lazos comunitarios como base de la organización social y dar paso al individualismo característico de la era del predominio del capital. Fue así como se generó un ejército de reserva de brazos que tuvieran que concurrir al mercado a vender su fuerza de trabajo.14

En el camino hacia el progreso prometido, se generan millones y millones de pobres. Sin embargo, el signo del Siglo XXI es la Sociedad del Conocimiento. Por ello, la propuesta de un derecho fundamental por medio del cual se establezca el deber del Estado de brindar opciones de desarrollo de habilidades y capacidades para que los pobres salgan de su condición y alcancen la línea de bienestar, implica que gradualmente logren desarrollar mayor autonomía económica para que se les deje de ver como mercancías que ofrecen sus servicios personales subordinados en el mercado. En otras palabras, la superación de la pobreza a partir del derecho fundamental a contar con habilidades para ejercer los propios derechos es una opción mucho más acorde con la tendencia predominante del Siglo XXI y, por ende, más viable que el enfoque asistencialista.

En este orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa radica en la modernización en búsqueda de mejores y mayores resultados de las políticas públicas para superar la pobreza con base en el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental consistente en el establecimiento de las autoridades competentes de las tres órdenes de gobierno como sujetos obligados de dar prioridad al desarrollo de habilidades y capacidades de las personas como componente principal de las políticas públicas para superar la pobreza.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o …

Las personas que se encuentren en situación de pobreza de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley, tienen derecho a salir de dicha condición a través del desarrollo de habilidades que les permitan el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las acciones, planes y programas así como políticas públicas para la superación de la pobreza tendrán como criterio principal lo dispuesto en este párrafo.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.


1 Hipoteca social, David Noel Ramírez Padilla, McGraw Hill, México 2013; página 7.

2 México: Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, Ramón Eduardo Ruiz, Océano, 2010., Página 191.

3 Ibidem,p. 21.

4 México, más allá del neoliberalismo, José Luis Calva, Plaza Janés, México 2000, página 7.

5 México: Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, Ramón Eduardo Ruiz, Océano, 2010., Página 20.

6 Políticas de bienestar social en México, 1970-1989. Peter Ward; Nueva Imagen, México 1989, página 15.

7 Ibídem, página 219.

8 Hipoteca social, David Noel Ramírez Padilla, McGraw Hill, México 2013; página 25 y 26.

9 México, más allá del neoliberalismo, José Luis Calva, Plaza Janés, México 2000, página 39.

10 Véase La Desigualdad Económica, AmartyaSen, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

11 Crear Capacidades, Martha C. Nussbaum, Paidós, España, 2012.

12 Santiago Levy, Buenas intenciones, malos resultados, Océano, México 2010, página 14.

13 La economía de las desigualdades, Thomas Piketty, Siglo XXI editores, México, 2015, página 180.

14 Véase La Gran Transformación, Karl Polanyi, Fondo de Cultura Económica, México 2012.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que considero, más que un deber moral, un acto de justicia social, una obligación inconmensurable en favor de quienes todo lo han sido y todo lo han dado por el progreso de este país, y me refiero, por supuesto, a nuestros queridos adultos mayores.

Impulsar y en su momento aprobar una iniciativa que reconozca el derecho de los adultos mayores a vivir en condiciones de absoluta dignidad, nos obliga a pensar en lo que con justicia reclaman millones de mexicanas y mexicanos que hoy, a pesar de haber entregado sus mejores años, su capacidad productiva, su talento y su experiencia al desarrollo de la sociedad del presente, no cuentan con una habitación cómoda, accesible y asequible a las condiciones de su edad, capacidades físicas y a veces hasta de su estado emocional.

A propósito de estas palabras, quiero referirme a la cita textual pronunciada en el marco de la Presentación del Departamento de Bienestar Social en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa, que a la letra reza lo siguiente:

“Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y sin conciencia de su falta de condiciones dignas. Simplemente se adapta. Y es que no tiene contraste, nadie la motiva ni le fuerza a mantenerse y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es de mañana o de tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque la mayoría de estas personas no nos van a pedir nada”.

Las instituciones de la República no podemos dejar simplemente de mirar y reconocer que la transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. En nuestro caso, nos obliga no solamente a voltear, sino a ocuparnos con mayor grado de sensibilidad y responsabilidad en la búsqueda de soluciones.

La dinámica del envejecimiento que hoy es más que un hecho relevante en nuestro tiempo, se acelerará en las próximas décadas y provocará que al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan un poco más de la cuarta parte de los residentes de nuestro país. Según las tendencias censales que se aprecian en los últimos 15 años.

Es cierto, sin embargo, que la vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos, a la que todos o muchos habremos de llegar en los próximos años, pero lo que no es normal ni justo es que en esta etapa caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales, el Estado muchas veces se muestra indiferente y hasta indolente.

Ante esta situación debemos de reflexionar, ¿qué significa para las familias mexicanas el hecho de que la sociedad está envejeciendo?, ¿qué medidas está adoptando el Estado para responder a esta realidad?

¿Y en qué situaciones, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edad avanzada?

Cualquiera que sea la respuesta, estoy convencido que por lo menos en el caso del Estado, no hemos realizado lo necesario para mejorar su situación personal y patrimonial en condiciones de mayor dignidad.

Por eso creo que este asunto no puede ni debe esperar más.

Nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a enfrentar exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfico, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos internacionales, algunos de estos compromisos tienen relación justamente con la adopción de medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, prohibiendo todos los tipos de discriminación en su contra.

En este contexto, a los legisladores nos corresponde impulsar esas políticas y medidas legislativas de corte humanista, que permita promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, porque debemos de reconocer también, que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en materia legislativa y administrativa a la fecha, las limitaciones y exclusiones persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de nuestros adultos mayores.

Tal es el caso de lo que acontece con relación al derecho que tienen las personas adultas mayores a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, no obstante que este es un derecho reconocido ampliamente en la propia Constitución y en diversos instrumentos internacionales.

Compañeras y compañeros Senadores, para las personas de edad, la vivienda y el entorno son factores particularmente importantes, por la seguridad emocional y psicológica que les brinda el hogar. Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria y adecuada a las condiciones de cada persona y de cada familia, puede ser muy benéfica para la salud y el bienestar. El hogar, no es sólo un edificio o un espacio físico, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, seguridad, por lo que es conveniente que su edificación sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con un desarrollo activo, familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que pueden tener de la ayuda externa.

Desafortunadamente en nuestro país, la mayoría de las viviendas que habitan las personas mayores en general, no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para las personas adultas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de sus necesidades y preferencias, incluidos la opción y el derecho de envejecer en casa y, por otra, la situación de fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia.

En balance, se observa que la relación entre tener un tipo de limitación funcional o disminución de las capacidades físicas y sufrir accidentes en el propio hogar es muy alta; lo que sin duda debe ser un factor para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en el hogar.

Estoy convencido que en ese sentido, que la discapacidad de las personas mayores por la disminución de su capacidad funcional progresiva debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como un atributo inherente a la edad, sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física, el diseño de edificios, la adaptabilidad de las zonas habitacionales, los sistemas de transporte y, por supuesto, los accesos y condiciones de infraestructura de las viviendas.

Por tal motivo es que se propone mediante la presente reforma impulsar, por un parte, la autonomía de las personas mayores como sujetos de pleno derecho con una vida independiente y de interacción con su entorno.

Asimismo, para armonizar el contenido de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y otros como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con relación al tema de la vivienda digna.

Con estas adecuaciones legislativas alcanzaremos el objetivo de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales para que las autoridades administrativas competentes impulsen la construcción y adecuación de viviendas dignas, acordes y seguras, que le proporcione a los adultos mayores cero riesgos, libre movilidad y envejecimiento activo con calidad de vida.

Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores, es una necesidad impostergable y un acto de justicia y equidad social.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 EN SU SEGUNDO PÁRRAFO; EL ARTÍCULO 21, AL QUE SE LE ADICIONA UNA FRACCIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 1 Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; EL ARTÍCULO 4 Y 5; SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 6; SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA. ASIMISMO SE REFORMA EL INCISO B, DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 21 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL MISMO DISPOSITIVO LEGAL, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. Por un lado, la declinación de la mortalidad origina un progresivo aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, un número cada vez mayor de personas alcanza edades avanzadas; y por el otro, la caída de la fecundidad se refleja, a la larga, tanto en una cantidad menor de nacimientos como en una reducción sistemática de la proporción de niños y jóvenes en la población total. La combinación de ambas tendencias conduce, de manera inevitable e irreversible, al envejecimiento demográfico, hecho que se expresa en un estrechamiento de la base y una ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional.

Esta mutación ocurre desde hace varios decenios en los países más desarrollados. De acuerdo con los datos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el número de adultos mayores (es decir, personas de 65 años y más) se multiplicó alrededor de 2.7 veces en los últimos 50 años (de 64 millones a 171 millones de personas) y que su proporción con respecto a la población total casi se duplicó (de 7.9 a 14.4%). La dinámica del envejecimiento seguramente se acelerará en las próximas décadas y provocará que, al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan poco más de la cuarta parte de los residentes de esos países.

La población mexicana también atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica y no podrá sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento demográfico, lo que se aprecia en la encuesta intercensal 2015 publicada por INEGI, en México la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento; en el censo de población y vivienda del 2010 representaba el 6.2 y en el censo del 2000 el 5.0.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que la edad media de la población se incrementará de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050.

La vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos; esta etapa es caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales.

En consecuencia, los problemas de discapacidad de los adultos mayores serán cada vez más intensos y visibles en la sociedad. Al respecto, se estima que el número de personas con algún rasgo de deterioro funcional en la vejez crecerá de 2 millones en 2000 a 7.3 millones en 2030 y a 15.1 millones en 2050.

Ante esta situación debemos reflexionar ¿qué significa para las familias mexicanas el hecho de que las sociedad está envejeciendo?, ¿qué medidas está adoptando el Estado para responder ante este fenómeno? y ¿en qué realidad, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edades avanzadas?

Por tal motivo nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a afrontar exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfica, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos internacionales, mediante los cuales México ha adoptado el compromiso de que la edad sigue siendo un motivo explícito y simbólico de discriminación que afecta el ejercicio de todos los derechos humanos en la vejez, y que las personas mayores requieren atención especial del Estado;

México ha asumido el compromiso de:

a. Adoptar medidas adecuadas, legislativas, administrativas y de otra índole, que garanticen a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y prohíban todos los tipos de discriminación en su contra,

b. Fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores por medio de la adopción de leyes especiales de protección o la actualización de las ya existentes.

En este contexto a nosotros como legisladores nos corresponde impulsar las políticas y las acciones a través de un marco jurídico que permita promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores y trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de que son víctimas.

Pese a los esfuerzos realizados en materia legislativa y administrativa  a la fecha, las limitaciones y exclusiones persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de estas personas; tal es el caso de lo que acontece con relación al  derecho que tienen las personas mayores a disfrutar de una vivienda digna, no obstante de ser un derecho reconocido ampliamente en instrumentos internacionales y nacionales:

Marco Internacional

1. En La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dispone en el artículo 25 que “toda persona” tiene derecho a la vivienda.

2. En El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales se establece en su artículo 11 que los Estados firmantes de dicho instrumento reconocen el derecho a la vivienda de toda persona y su familia.

3. En los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991);

4. La Proclamación sobre el Envejecimiento (1992);

5. La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002);

6. Los instrumentos regionales tales como: la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);

7. La Declaración de Brasilia (2007);

8. El Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009);

9. La Declaración de Compromiso de Puerto España (2009);

10. La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);

11. Y en la reciente Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, dentro de la cual en su artículo 24 se reconoce el derecho a la vivienda.

Marco nacional

A nivel nacional, nuestra carta magna en el artículo 4, párrafo siete, establece que la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda, pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser digna y decorosa: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de Vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” y en la Ley de los derechos de las personas adultas mayores en su artículo 5, fracción VI, inciso b, y en su artículo 21, en donde es visto desde un enfoque de asistencialismo social y no de derechos, además con un alcance limitada.

Compañeros Senadoras y Senadores, no debemos dejar de lado que el derecho a la vivienda está directamente vinculado con otros derechos, lo que significa, que la posibilidad de contar con una vivienda digna y adecuada, es una condición que nos permite acceder a otros derechos.

Para las personas de edad, la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a factores como la importante seguridad emocional y psicológica que brinda el hogar. Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria puede ser beneficiosa para la salud y el bienestar. El hogar, no es sólo un edificio o un espacio edificado, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, por lo que es conveniente que sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con un desarrollo activo familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que puedan tener de la ayuda externa.

La mayoría de las vivienda que habitan las personas mayores en general, no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para las personas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de necesidades y preferencias de las personas mayores, incluidos la opción y el derecho de "envejecer en casa" y, por otra, las situaciones de fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia.

Las caídas de las personas mayores son un serio problema de salud pública. En balance se observa que la dependencia entre tener un tipo de limitación funcional u otra y sufrir accidentes en el propio hogar es grande; lo que sin duda debe ser un factor  para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en el hogar, donde de manera más frecuente se producen estos accidentes.

En cualquier país donde el proyecto de viviendas incluya escaleras, pasos estrechos de puerta, baños y aseos inaccesibles o habitaciones demasiado pequeñas o frías para ser usadas por personas cuya movilidad está disminuida por enfermedad, accidente o edad, éstas se sentirán discapacitadas por su propio hogar.

 Frente a estos factores “discapacitantes” ¿de qué manera es posible intervenir para evitarlos o corregirlos? La adaptación funcional de la vivienda es uno de los medios para evitar ese sentimiento y facilitar la permanencia de la persona en su propio hogar.

El objetivo fundamental de la adaptación de una vivienda es, por tanto, reducir las demandas que presentan el entorno físico interior y el entorno exterior inmediato de esa vivienda para facilitar la realización de las tareas cotidianas y promover las habilidades de sus residentes de modo que puedan llevar una vida independiente.

Debemos considerar que aunque la cantidad de adultos mayores  aumente en el futuro, que es lo único que realmente señalan las proyecciones demográficas, el que esto comporte un aumento paralelo en el número de `personas mayores discapacitadas dependerá de cómo evolucione la prevalencia de la incapacidad funcional en el futuro. La cantidad de discapacidad que una persona experimenta está en función de la interacción de esa persona con el entorno en que se desenvuelve.

Estoy convencido que la discapacidad que adquieren las personas mayores por la disminución de su capacidad funcional progresiva debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como un atributo inherente sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física (diseño de edificios, sistemas de transporte, accesos y condiciones de infraestructura de las viviendas).

Cuando no se atiende esto cito textualmente lo referido en la Presentación del Departamento de Bienestar Social en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa “Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y sin conciencia de su falta de condiciones dignas. Simplemente se adapta. Y es que no tiene contraste, nadie le motiva ni le fuerza a mantenerse y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es la mañana o la tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque la mayoría de esas personas no nos van a pedir nada”.

Por tal motivo se propone la presente reforma para impulsar por una parte la independencia de las personas mayores como personas de pleno derecho con una vida independiente y de interacción con su entorno, asimismo impulsar una política de construcción, y de financiamiento para apoyar el mejoramiento y adaptación de viviendas, que permitan el acceso y la movilidad de las personas mayores en  su hogar y contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda para ser más independientes y autónomas.

De esta manera se cumple con el objetivo 1 y recomendaciones establecidas en la ETRATEGIA REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID:

Objetivo 1: Adaptación del entorno físico a las características y necesidades de las personas mayores para lograr una vida independiente en la vejez.

Recomendaciones para la acción:

a) Promover iniciativas que permitan a los adultos mayores acceder a financiamiento para adquirir una vivienda o adaptar la propia a sus nuevas necesidades de habitabilidad y seguridad.

b). Introducir en la normativa que regula la construcción de viviendas a nivel nacional las necesidades de las personas mayores con relación a su accesibilidad, seguridad y dotación de servicios públicos.

Asimismo para armonizar el contenido de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de Las Personas Adultas Mayores con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y con el contenido de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, con el objeto de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales, para que las autoridades administrativas competentes  impulsen la construcción y adecuación de viviendas dignas, acordes y seguras, en las que el adulto mayor pueda acceder y moverse libremente sin ningún riesgo y poder tener un envejecimiento activo y saludable al lado de su familia.

Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores es una necesidad impostergable. Es importante recordar que las personas de más de 65 años tienen los mismos derechos que los demás, pero, frecuentemente, requieren de condiciones especiales que les permitan vivir con decoro y bienestar, por lo que es apremiante contar con adecuados mecanismos legales y sociales de protección.

Por lo anterior, es de mi interés el proponer está iniciativa, la cual representa un complemento necesario para reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda para las personas adultas mayores ya tenemos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO UNO. Se reforman los artículos 3 en su segundo párrafo; en el artículo 21 se adiciona una fracción marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes; se reforma el artículo 4 y 5; se adiciona la fracción IV bis al artículo 6; se reforma el segundo párrafo del artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; todos de la Ley de Vivienda.

Artículo 3…

Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación, dignidad humana, respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades.

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Adaptación funcional. Es una alteración singular de las características físicas permanentes de la vivienda y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las demandas del entorno físico y potenciar la vida independiente, la confianza, la dignidad y la realización de actividades de la vida diaria.

II. Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción;

III. Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o    colectiva;

IV. Estímulos: las medidas de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que establezcan los diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participación de los sectores social y privado, en la ejecución de acciones, procesos o programas habitacionales;

V. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;

VI. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;

VII. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;

VIII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda;

IX. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;

X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XII. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;

XIII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;

XIV. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia, y

XV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; adaptación funcional de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I a la IV…

IV bis. Promover el diseño, financiamiento, dotación, autoconstrucción y construcción de viviendas acordes a las condiciones de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores, tanto al interior como en el contexto de la vivienda;

ARTÍCULO 47…

Asimismo fomentar progresivamente el acceso al crédito y subsidios u otras formas de financiamiento, a la persona adulta mayor, para adquirir una vivienda propia, para remodelar o adaptar la vivienda de su propiedad, acorde a sus necesidades de accesibilidad y movilidad, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector público, privado y social.

ARTÍCULO 78.- El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar que los espacios interiores y exteriores sean acordes a la accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

ARTÍCULO DOS. Se reforma el inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del artículo 21 y se adicionan las fracciones III, IV y V del mismo dispositivo legal, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

VI. De la asistencia social:

a…
b). Tener acceso a programas sociales para contar con apoyos financieros y asesoría técnica para la adaptación funcional de la vivienda en la que va a residir la persona adulta mayor, así como a programas de adquisición de apoyos técnicos que le auxilien en la limitación funcional que sufre alguno de sus órganos o extremidades corporales.

c). ..

IX. Derecho a la vivienda.

La persona adulta mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades en continuo cambio, deberá tener prioridad en la asignación aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia, para remodelarla en caso de ya contar con ella o para adaptarla a sus necesidades de acceso y movilidad;

I. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

II. Promover la construcción o la adaptación progresiva de soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su acceso y movilidad.

III. Información y asesoría oportuna y eficaz a las personas de edad, a sus familias y a las personas que las cuidan, sobre las opciones de que disponen en materia de vivienda;

IV. Garantizar que en las viviendas y zonas habitacionales se construyan instalaciones públicas de recreación y deporte acordes a las necesidades de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente, para inscribirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Morón Orozco, le solicita la Senadora Iris Vianey Mendoza, se inscriba en su iniciativa.

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Con gusto, Senadora Mendoza Mendoza, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.






En otro apartado de nuestra agenda de este día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Les informo que el dictamen se acompaña del voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna y está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 4 de noviembre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual fue remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, numeral 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos avocamos al análisis, discusión y valoración de la minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En sesión ordinaria del 29 de octubre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con 360 votos en pro, 59 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos Constitucionales.

2. En sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores dio cuenta al Pleno de la recepción de la minuta antes mencionada enviada por la Colegisladora y mediante oficio No. DGPL-1P1A.-3286, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo del 2 de diciembre de 2015, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer el contenido y su opinión sobre las propuestas de la citada minuta.

4. En reunión de trabajo del 15 de marzo de 2016, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras nos avocamos al análisis del contenido de la citada minuta, a efecto de emitir nuestras observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La minuta en comento tiene como objetivo el establecer un nuevo mecanismo de autorización presupuestaria y mejorar los procesos de programación en relación con el presupuesto que tengan disponible cada año las asociaciones público privadas.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Mediante el procedimiento que la minuta establece, se podrán aprobar proyectos durante el ejercicio fiscal correspondiente, conforme al "monto máximo" que sea aprobado por la Cámara de Diputados, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas (en adelante proyectos APP),de carácter presupuestario, a fin de atender los compromisos de pago requeridos tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Actualmente, los proyectos APP presupuestarios que no son autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a más tardar en el mes de agosto, no podrán incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo, por lo que tendría que trascurrir otro ejercicio para iniciar la contratación y ejecución del proyecto, toda vez que está sujeto a la aprobación de la H. Cámara de Diputados. Con las modificaciones aprobadas por la minuta que se analiza, se podrá autorizar durante todo el ejercicio fiscal, como ha sido mencionado, proyectos APP.

Considerando que la rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto contribuyen a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público, así como a ofrecer un claro seguimiento a las asignaciones presupuestarias realizadas por el Congreso de la Unión a este tipo de proyectos, la minuta establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su Portal de Transparencia Presupuestaria, la información prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Igualmente y con la finalidad de conocer los proyectos APP que hayan cumplido con los requisitos que marca la Ley y estén autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la minuta indica que en dicho proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de indicar la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos APP, se deberá agregar el listado de proyectos APP autorizados a esa fecha por la citada Comisión.

Con la intención de robustecer el procedimiento de autorización de los proyectos APP, en la minuta se prevé la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de remitir a la Cámara de Diputados, para consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. para tales efectos, se dispuso de un periodo de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá aprobado el proyecto de que se trate.

Se adicionó también, la obligación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incluya en un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos plurianuales, los proyectos APP que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto mencionado. Para tales propósitos, se deberá señalar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y del calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso en que ya se hubieran contratado.

Con la finalidad de transparentar las acciones de gobierno, la minuta establece que en el contenido de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal rinde ante el Congreso de la Unión, se incluya una rendición de cuentas sobre los proyectos APP, indicando al efecto los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante.

Por otra parte, la minuta contiene el tipo de autorizaciones que requiere cada proyecto APP, dependiendo de su fuente de recursos, con lo que se evitan confusiones y demoras innecesarias, para los ejecutores de gasto.

Para mejorar la figura de las Propuestas no Solicitadas y dirigir de mejor forma a los particulares interesados sobre los proyectos que podrán impulsar ante el sector público, la minuta dispone que en los acuerdos que, en su caso, emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para determinar las propuestas de proyectos APP que están dispuestas a recibir, deberán especificar metas físicas estimadas y fechas previstas de inicio de operación o beneficios esperados, así como la vinculación de los proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de éste.

Igualmente, con el propósito de dar certeza a los promotores sobre los aspectos que se evaluarán en los casos de Propuestas no Solicitadas, la minuta precisa que se valorará su conveniencia, las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica - financiera, además de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, y la rentabilidad social del proyecto, en su caso.

También por lo que hace a las Propuestas no Solicitadas, la minuta estimó la obligación del Ejecutivo Federal de reportar al Congreso de la Unión, a través de los informes trimestrales que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Propuestas no Solicitadas que reciban las dependencias y entidades durante el periodo que se reporta, que hubiesen cumplido con todos los requisitos que la Ley establece para su valoración.

Por último, la Colegisladora realizó algunos ajustes en materia de los contratos de asociación público-privada, particularmente por lo que hace a los efectos de la rescisión y terminación anticipada, así como de la figura de la intervención.

En la minuta que nos ocupa se prevé que el Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, en las disposiciones transitorias se precisa que el Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del   Decreto.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultamos competentes para dictaminar la minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia las modificaciones que prevé la presente Minuta, en virtud de que .contribuyen a hacer más expeditas la operación del esquema de inversión de Asociaciones Público Privadas (APP), así como precisar y simplicar su reglamentación, particularmente en materia de disponibilidad de recursos destinados a proyectos de inversión bajo este mecanismo y la simplicación de los procedimientos de preparación y autorización de los proyectos, mediante la especificación de conceptos y de las reglas aplicables a los contratos y su ejecución, tanto como la precisión de las responsabilidades de los participantes y de la Administración Pública Federal.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras concordamos con lo planteado por la Colegisladora y estimamos conveniente la aprobación de la minuta en sus términos, toda vez que resulta necesario fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la preparación y autorización de los proyectos APP, así como su gestión presupuestaria.

CUARTA.-Existe plena coincidencia con la Colegisladora sobre la conveniencia de fortalecer, los procesos de transparencia y rendición de cuentas vinculados a los proyectos APP, mediante la inclusión en los informes que el Ejecutivo Federal rinde al Congreso de la Unión de manera trimestral, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de diversa información relativa a los proyectos APP aprobados durante el período que se reporta o bien en proceso de revisión, así como aquella derivada de las Propuestas no Solicitadas que reciban de particulares las dependencias y entidades paraestatales.

QUINTA. En suma, consideramos que con las modificaciones expuestas además de fortalecer y simplificar el marco que regula las APP, se mejorará la eficacia y calidad del gasto público.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 3, párrafo tercero; 11, párrafo primero; 12, fracción VIII; 14, párrafos primero, tercero y su inciso i), cuarto y sexto; 21; 23; 24; 26, párrafo segundo; 27; 29, párrafo tercero; 31, párrafo primero y su fracción III; 59, fracción II; 64, párrafo tercero; 91, párrafo segundo; 92, fracciones IX y XIII; 99, párrafo primero; 112, párrafos primero y tercero; 113, párrafo primero y 142, y se derogan el quinto párrafo del artículo 14, y el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.



Artículo 3.

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en términos del Capítulo IV, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación público privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en dicha ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto.

Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraNet, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público-privada federales, así como de las propuestas no solicitadas que reciban las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la presente Ley. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

Artículo 12.

I. a VII.

VIII. Dependencias: Las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética;

IX. a XVI.

Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público privadas serán viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. a IX.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información contenida en los análisis a que se refieren las fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente:

a) a h)

i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción IX del primer párrafo de este artículo, y

j)

La información a que se refiere el párrafo anterior será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha información será publicada de manera permanente en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos.

Quinto párrafo se deroga.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos de asociación público-privada autorizados, los montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante la vigencia del contrato.

Artículo 17.

Segundo párrafo se deroga.

Artículo 21. La dependencia o entidad que pretenda participar con recursos públicos federales en proyectos de asociación público-privada que haya dictaminado como viables en términos del artículo 14 de la presente Ley, deberá obtener el registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 23. El procedimiento de contratación de un proyecto de asociación público-privada sólo podrá iniciarse conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando cuenten con:

a) El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley;

b) El registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

c) La autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en términos del artículo 24 de esta Ley;

II. En el caso de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales en numerario, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con los requisitos previstos en los incisos a) y b) de la fracción anterior, y

III. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales distintos a numerario, deberán contar con el dictamen de viabilidad, en términos del artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para determinarlos compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de asociación público-privada, se deberán tomar en consideración los proyectos que se prevea iniciar en el ejercicio fiscal correspondiente, aquéllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación y los proyectos que ya estén en operación. Dichos compromisos serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público federal.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas, a fin de atender los compromisos de pago requeridos, tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá los proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos del quinto párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como cambios sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán analizados y, en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la cual deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto. La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos que hayan sido contratados.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 26.

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias o entidades federales podrán publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, un acuerdo mediante el cual determinen las propuestas de proyectos de asociación público-privada que estarán dispuestas a recibir, especificando como mínimo los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En estos casos, sólo se analizarán por las dependencias o entidades las propuestas recibidas que atiendan los elementos citados.

Artículo 27. Las propuestas a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Se presentarán acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes:

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas;

b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos;

c) La viabilidad jurídica del proyecto;

d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto;

e) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada;

f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto;

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y

h) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, y

III. No se trate de propuestas no solicitadas previamente presentadas y ya resueltas.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las fracciones del párrafo anterior, sin que pueda establecer requisitos adicionales.

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, o los estudios se encuentran incompletos, no será analizada.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las propuestas no solicitadas que las dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 29.

Para la evaluación de la propuesta no solicitada deberá considerarse, entre otros aspectos, la alineación a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, institucionales, especiales o regionales; la rentabilidad social del proyecto de asociación público-privada, en caso de ser aplicable; la conveniencia para llevar a cabo dicho proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica-financiera.

Artículo 31. Si la propuesta no solicitada es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes:

I. y II.

III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 20 de esta Ley, la evaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso;

IV. a VII.

Artículo 59.

I.

II. El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 64.

I. a VI.

No procederá la adjudicación directa tratándose de propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo tercero de la presente Ley.

Artículo 91.

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad deberá cumplir.

Artículo 92.

I. a VIII.

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;

X. a XII.

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, incluyendo las obligaciones, reembolsos y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas, así como los términos y condiciones para realizarlas;

XIV. a XVI.



Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el monto de éstas, en su conjunto, no deberá exceder:

I. y II.

Artículo 112. La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público-privada, cuando a su juicio el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro el desarrollo mismo del proyecto.

En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, la dependencia o entidad podrá proceder a la rescisión del propio contrato.

Artículo 113. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 115 de la presente Ley. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la presente Ley.

Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse en términos de las disposiciones jurídicas que rigen dichos procedimientos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los proyectos de asociaciones público-privadas que se encuentren en proceso de autorización a la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a las disposiciones del mismo.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 15 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, en materia de deudores alimentarios.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo general y en lo particular en un mismo acto.

En consecuencia, está a su consideración.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros del Senado.

Uno de los principios por los cuales se rige el Estado, es el interés superior de la niñez, el cual se encuentra estipulado dentro del artículo 4o. constitucional, y su principal objetivo es garantizar de manera plena los derechos de las niñas y de los niños, especialmente en lo referente a la salud, alimentación, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral de nuestros niños.

Esto mismo, también se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, instrumento internacional que en nuestro país ha firmado y ratificado.

Bajo este tenor, dentro de nuestro Código Civil Federal, está prevista la pensión alimenticia como la obligación que tienen los padres de un menor para proporcionar la alimentación e insumos necesarios para su desarrollo integral. Esto incluye habitación, vestido, asistencia médica, educación, cultura y esparcimiento. La pensión debe entregarse aun cuando los padres no están casados y se hayan divorciado.

En beneficio de la niñez es necesario que el Estado asegure que los deudores alimenticios cumplan con su obligación de cuidado y manutención de los menores, por lo que es necesario establecer los mecanismos pertinentes que eviten que en algún caso, algún padre pueda faltar a su obligación de dar alimentación, vestido y salud a sus hijos.

Nuestro derecho a entrar, salir y transitar por el territorio nacional, así como para cambiar de residencia, se encuentra previsto en el artículo 11 constitucional; sin embargo, este derecho puede ser limitado por las autoridades judiciales, en casos de responsabilidad criminal o civil, y por las autoridades administrativas en cuestiones sobre migración y salubridad.

En este sentido, la propuesta de la presente minuta que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, resulta conveniente para asegurar los derechos de los acreedores alimentarios, ya que impide la salida del territorio nacional de aquellos que no han cumplido con su obligación de pensión alimenticia, se encuentran en mora y estos no cubran su adeudo, esta parte.

México ha sido uno de los países que ha velado y trabajado por la protección de los derechos de las niñas y de los niños, así como de los grupos vulnerables.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, mencionamos que a nivel nacional nuestro país ha suscrito en gran diversidad tratados cuyo propósito es la protección de estos derechos.

A nivel nacional hemos realizado un gran esfuerzo adecuando nuestra normatividad interna a nuestro compromiso con los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas.

El interés superior de la niñez debe seguir siendo y prevaleciendo como un principio rector de la política de nuestro país, tanto en la construcción de las políticas públicas como en la creación de nuevas leyes que protejan los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños, ya que en ello se encuentra el presente y el futuro de este México.

Por lo anterior expuesto, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la presente minuta.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ayala Ríos.

Se inserta intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones .

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, en materia de enfoque de convencionalidad y perspectiva de género en la protección de migrantes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 28 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición a favor del dictamen.

La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Históricamente México ha tenido un flujo constante, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, del proceso migratorio.

Hemos de reconocer derechos de las personas migrantes. La magnitud, alcances e implicaciones de la migración han hecho que este tema esté en el centro de la agenda internacional y la agenda nacional, tanto desde la perspectiva gubernamental, como de la sociedad civil.

En este contexto se enmarcan las reformas planteadas en el presente dictamen, que buscan incorporar a la ley los tratados internacionales en materia, como marco de referencia para la protección de los derechos de las personas migrantes, me refiero a las reformas y adiciones de los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.

Basta señalar que las y los connacionales radicados en Estados Unidos, representan el 65 por ciento de los 52 millones de hispanos que viven en aquel país, y el 11 por ciento de la población nacional.

Los datos que da el Instituto Nacional de Migración cada año reportan en promedio 450 mil migrantes mexicanos. Lo más preocupante es que en varios casos sufren alguna violación a sus derechos por parte de autoridades del país del norte, sobre todo, y también de instituciones de nuestro país.

Por otro lado, cada año unos 120 mil centroamericanos ingresan a México por la frontera sur, si bien con una menor proporción, perdón, entre la población migrante las mujeres, los niños, las niñas, cuyo número va en aumento, presentan mayor vulnerabilidad y lo que hace necesario tomar en cuenta tanto el enfoque de género como el enfoque de los derechos humanos.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, proteger y garantizar estos derechos de las personas migrantes acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es imprescindible garantizar los mecanismos de protección en materia de derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país señalando expresamente la aplicación de la Ley Fundamental y de los convenios y tratados internacionales como fundamento de la política migratoria del Estado mexicano, así como establecer diversos principios en materia de derechos humanos en los que se debe sustentar dicha política.

Estamos de acuerdo en la necesidad de facultar a la Procuraduría General de la República para celebrar convenios para la eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas las y los migrantes.

Consideramos de primera relevancia el fondo de esta iniciativa en el sentido de recoger el criterio del interés superior de la niñez establecido en los instrumentos internacionales.

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es de consideración que la soberanía nacional debe ser no sólo un actor de la conformación de una agenda en materia de política migratoria, sino un promotor permanente de apoyos para la protección de los derechos de las y los migrantes, principalmente de las y los niños.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Se inserta intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, en materia de medidas de protección a los derechos humanos de los migrantes.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 20, 25, 69 Y 107 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT,  para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Nuestro país reconoce que los migrantes transitan por nuestro territorio por diversos derechos consagrados en nuestra Carta Magna, tratados internacionales firmados por México y sin importar su nacionalidad ni su situación migratoria, ya que es un Estado parte de una serie de tratados internacionales del sistema de derechos humanos y de protección de migrantes y miembro activo en la ONU.

Asimismo y por tener una de las mayores y más transitadas fronteras del mundo, debe ser un defensor permanente de los derechos de migrantes a Estados Unidos, lo que afecta incluso a migrantes nacionales que buscan cruzar de forma irregular la frontera norte.

Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su  condición.

Sin embargo, a pesar de este marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.

Por ello es que las comisiones unidas coinciden en el fondo de la iniciativa que considera que deben aprobarse las modificaciones que quedarían en el artículo 20 como sigue:

"I. Instrumentar la política en materia migratoria con respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros;

III. Ejecutar conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y demás dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas, programas, medidas y acciones que promuevan la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas como de alto riesgo;

IV. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;

V. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y su Reglamento;

VI. Imponer las sanciones previstas por la Ley y su Reglamento;

VII. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;

VIII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

IX. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

X. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informativos que administra, a las diversas instituciones de seguridad     nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas y aplicables, y

XI. Las demás que le señala esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables".

El artículo 25 quedaría: "Los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes, al hacerlo, deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el Reglamento de esta Ley. Dicho protocolo deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana".

Artículo 69, en su fracción II: "Recibirán por escrito sus derechos y obligaciones así como las instancias donde pueda presentar denuncias y quejas;

III. El motivo de su presentación;

IV. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo a lo establecido por la legislación aplicable;

V. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado;

VI. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y

VII. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley.

Artículo 107, fracción V "Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentando; facilitando su comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos";

Creo que es importante cada uno de ellos, y como decía ayer, dentro de la iniciativa presentada a la ley de derechos, fortalecer este marco, darle, y robustecer la modificación de sus artículos, contribuiría de gran manera a darle seguimiento a una ley y cumplir esta ley de derechos humanos, pero también contar con las herramientas necesarias dentro del propio instituto y de nuestra propia nación para poder garantizar estos derechos a los migrantes tanto nacionales como extranjeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.

México históricamente se ha caracterizado por ser un territorio de origen, destino y, al mismo tiempo, de tránsito de este fenómeno social como lo es la migración; pero también tenemos que reconocer que México se ha caracterizado por promover el respeto a los derechos humanos, y es por eso que el grupo parlamentario del PRI atentos a reforzar el marco jurídico y poder coadyuvar en la ejecución de políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y sancionar agresiones, vejaciones, agravios o violación a los derechos humanos de la cual son víctimas los migrantes que transitan por el territorio nacional, vamos a dar nuestro voto a favor.

Y queremos darles algunas estadísticas. En Estados Unidos existe una población de 33.7 millones de origen mexicano y de los cuales 11.4 son migrantes.

En esta problemática el sector más vulnerable es el de las mujeres y niñas, tan sólo en el 2015 en nuestro país fueron detenidas en las estaciones migratorias más de 46 mil, es una cifra que preocupa y que hay que atender, todo esto refleja el aumento entre enero y agosto de 2015 de la presentación de personas ante las autoridades migratorias en un 66 por ciento.

En los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca se concentran cerca del 77 por ciento de los casos, por lo que es importante mencionar que en la mayoría de las personas presentadas, eran, hay que expresarlo así, originarias de Guatemala, con el 42 por ciento; Honduras el 31 por ciento, y El Salvador el 18 por ciento.

Para prevenir y sancionar diversas agresiones y la violación a los derechos humanos es importante, fundamental, aprobar diversas reformas y adiciones a la Ley de  Migración.

Por lo tanto, pedimos su voto a favor de la presente propuesta, debido a que fortalece todo el concepto jurídico institucional, al contemplar en las atribuciones del Instituto Nacional de Migración, el garantizar la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes.

Y no nada más hablamos de los migrantes que tienen como tránsito nuestro territorio, sino que también es un derecho universal de tener que promover el respeto al derecho humano de nuestros hermanos mexicanos, que muchos tienen que transitar desde el sur-sureste, del centro del país, o aún de los estados colindantes con Estados Unidos, tienen la necesidad de transitar, de buscar una oportunidad de trabajo.

Y consideramos que como parte de los derechos universales del ser humano, debemos de fortalecer la relación institucional, bilateral con Estados Unidos, pero lo más importante: fortalecer el marco institucional.

Dicha propuesta garantiza que los migrantes tengan contacto con el Consulado de su país para un debido proceso y también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que puedan denunciar en el supuesto de que existan tratos inadecuados.

Es por ello, compañeras y compañeros Senadores, que expresamos que el Estado mexicano está comprometido con el respeto a los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional.

Pero también nuestro país, los gobiernos de nuestro país deben también seguir pidiendo, exigiendo a las autoridades norteamericanas que se garanticen los derechos de los hermanos mexicanos, que por alguna circunstancia tienen la necesidad de trasladarse a aquel territorio.

Es por eso que hacemos el llamado para que los grupos parlamentarios y los Senadores aquí presentes podamos dar un voto a favor de este dictamen, y que con ello podamos garantizar la oportunidad del respeto pleno a los derechos de los migrantes.

Quiero aprovechar también el espacio para expresarles que parte del compromiso que debemos tener como representantes populares, es de que podamos asegurar la plena garantía de los derechos de miles de hermanos mexicanos que se han trasladado a otro territorio, particularmente a Estados Unidos.

El exhorto respetuoso para fortalecer la relación bilateral. La migración como fenómeno social para muchos, da una oportunidad de vida al no encontrar razones de ingreso o de economía en sus propios territorios.

Para muchos mexicanos, particularmente en mi caso, que es Guerrero, buscar oportunidades en otro país, les permite una mejora de ingreso económico para su familia, pero no podemos ocultar una realidad social que también lastima, la migración desintegra familias, la migración conlleva a que en el tránsito muchos de ellos pierden la vida o algunos otros, estando en Estados Unidos, no tienen empleo, o a los que bien les va pueden tener un trabajo y pueden enviar sus remesas y, con ello, fortalecer la economía de sus familias.

Pero también es cierto que pueden tener aquí en su territorio nacional un patrimonio, una casa de dos pisos, pero los hijos aquí se quedan y los niños crecen bajo la tutela de la madre quien también hace el papel de padre y, en el peor de los casos, encontramos a niñas y niños que están bajo la responsabilidad y la tutela de los abuelitos.

Por eso considero importante que debemos seguir fortaleciendo todas las acciones en materia de lo que pueda ser una plataforma jurídica que pueda permitir y garantizar los derechos humanos, pero sobre todo, que podamos fortalecer acciones para hacer de este gran territorio nacional, de sus riquezas naturales, del campo guerrerense un espacio generador de empleo, de economía y de alimentación para que ya no estén emigrando nuestros paisanos buscando oportunidades en otro territorio.

Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.

Gracias, señor Presidente.

Intervención



Se inserta intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de integración del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este  día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, mismo que ha sido firmado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, a quienes agradezco su apoyo y participación para la aprobación del mismo.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración se deriva de una propuesta que en su momento presentara el ahora Senador con licencia, Alejandro Tello Cristerna.

Por distintas razones, México se encuentra aún rezagado en el fomento de una política científica y tecnológica.

Si bien, en los últimos años hemos avanzado en distintos rubros legislativos y en temas relacionados con la inversión pública para el financiamiento de este sector, es evidente, y varios diagnósticos así lo indican, que como país aún enfrentamos grandes retos para hacer de la ciencia y la tecnología verdaderas palancas para el desarrollo económico y social.

En este sentido, es claro que las oportunidades para impulsar el desarrollo científico y tecnológico nacional no se encuentran solamente en los temas relativos con su inversión y financiamiento, sino también en los relacionados con la gobernanza y diseño institucional que sustentan y articulan la generación de acciones y políticas públicas en esta materia.

La Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 5, contempla la creación del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual es el máximo órgano decisor y cabeza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en todo el país, de él depende la definición, seguimiento y evaluación de los grandes objetivos nacionales en materia de política científica y tecnológica, así como la definición programática y presupuestal de este sector estratégico.

Este consejo es encabezado y convocado por el Presidente de la República e integrado por nueve Secretarios de Estado.

El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien tiene el carácter de Secretario Ejecutivo.

El Coordinador del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología.

Tres representantes del sector productivo.

Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación.

Y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Entre las principales facultades que la Ley de Ciencia y Tecnología otorga al Consejo General, se encuentran aprobar, y menciono solamente algunas, aprobar y actualizar:

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia.

Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias e identidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia de los programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Así, pues, son algunas, en este sentido, de las tareas que tiene, y por eso hoy les informo que la reforma planteada en este dictamen tiene dos objetivos específicos:

En primer término, propone la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

En México, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada son instituciones claves en las tareas relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y el auxilio a la población en caso de desastres.

Por esto, hoy resulta fundamental que las actividades desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina, se encuentren vinculadas directamente con el desarrollo científico y tecnológico, sin duda, el impulso de la ciencia y tecnología en los ámbitos de atención de desastres y de seguridad nacional, resulta estratégico para garantizar una mejor atención en estos temas.

Por otra parte, es necesario que la estructura educativa, militar y naval, se encuentre relacionada y coordinada con las actividades científicas y tecnológicas nacionales.

Con esta incorporación se busca una relación directa entre las Secretarías mencionadas con las ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de mantener actualizada y a la vanguardia a estas Secretarías para el mejor cumplimiento de sus funciones y, obviamente, a todo su personal.

En segundo término, y con el fin de darle mayor operatividad y eficiencia a este importante órgano, la reforma planteada en el dictamen establece la posibilidad de que tanto el Presidente de la República como los Secretarios de Estado, que forman parte del mismo, puedan nombrar representantes en las sesiones respectivas, dichos representantes deberán tener el nivel de subsecretario o equivalente a nivel jerárquico, de modo que las decisiones o resoluciones sean emitidas desde el más alto nivel posible.

Asimismo, se establece que el Presidente de la República acuda cuando menos una vez a las dos sesiones anuales que mandata la propia ley, esto sin impedir que pueda acudir a ambas o a las extraordinarias que lleguen a celebrarse.

Con la aprobación de este dictamen, las comisiones unidas que presentamos este dictamen reiteramos el compromiso que el Senado de la República tiene con el desarrollo científico nacional y con el trabajo permanente para hacer de la ciencia, tecnología e innovación las bases para lograr un México más próspero y competitivo al que como Senadores aspiramos, al igual que todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su apoyo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Martínez García.

Tiene el uso de la palabra el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El impulso de la ciencia y tecnología tiene una relevancia vital para todas las sociedades modernas, con efectos positivos a corto y largo plazo en el crecimiento económico, la productividad, la competitividad, entre otros aspectos.

La ciencia, tomada como un proceso de investigación en la búsqueda de resultados, es un proceso productivo, razón por la cual se emplea a personas y capital, y que incide de manera inmediata en la actividad económica.

En el largo plazo, citando a economistas como Robert Solow, se tiene que a mayor cantidad de inversión en ciencia y tecnología, la curva de posibilidades de producción se amplía, teniendo un efecto positivo en la producción, en la generación de empleos y, por lo tanto, obviamente en el crecimiento económico, esta es una de las razones fundamentales de la importancia de la ciencia y la tecnología, y que tiene para la sociedad y la economía contemporánea.

El gobierno de la República ha puesto especial énfasis desde el inicio de la actual administración, basta señalar que el presupuesto destinado a estos rubros se ha venido incrementando en términos reales cada año con el propósito de cumplir el compromiso establecido por el gobierno federal, y alcanzar al final del sexenio por lo menos el 1 por ciento del presupuesto destinado para tal fin.

La Ley de Ciencia y Tecnología constituye el marco legal para el desarrollo del sector, la cual establece la existencia del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, este es el órgano de decisión de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología.

Este consejo es encabezado por el Presidente de la República, por nueve Secretarios de Estado, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el titular del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el titular de la Academia Mexicana de Ciencias, el Secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y tres representantes del sector empresarial.

El consejo tiene entre sus principales facultades, aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; y definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia, entre otros.

El presente dictamen plantea la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, como parte de dicho consejo.

Además, tiene el propósito de flexibilizar su operación, permitiendo que los titulares que lo conforman, incluyendo al Presidente de la República, cuenten con un suplente, quienes podrán acudir a las reuniones de dicho consejo y éste pueda sesionar como la ley lo mandata, al menos dos veces al año.

El Presidente de la República tendrá la obligación de encabezar la reunión de este consejo una vez al año.

Con estas modificaciones se busca una mayor dinámica al interior de este consejo, así como una mayor productividad, flexibilizando la asistencia de todos y cada uno de sus integrantes.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del impulso de la ciencia y tecnología, por ser éste un elemento toral para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de la sociedad mexicana.

Por todas estas razones, votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Olvera Acevedo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del  dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Sin duda que cualquier esfuerzo en favor de la ciencia y la tecnología en nuestro país es algo que debemos de apoyar, si vemos lo que pasa en el mundo con los países que tienen éxito, pues no es muy difícil encontrar la fórmula que siguen, el apoyo, la innovación a la ciencia y la tecnología es lo que está haciendo la diferencia en las tasas de crecimiento de los países que tienen éxito, de aquellos que no. Y podemos ver este éxito también realmente donde se ven las prioridades de un gobierno, que es en el presupuesto.

En el discurso se podrán decir muchas cosas, pero es en el presupuesto, la cantidad de recursos que se destinan donde vemos realmente cuáles son las prioridades.

Aquí hay que recordar que el Presidente de la República se comprometió a que en esta administración se iba a alcanzar la cifra histórica del 1 por ciento del PIB para investigación científica, y estamos muy, muy lejos de lograrlo.

Apenas en 2016, en este año ya deberíamos andar en un .78 del PIB para que pudiéramos llegar en el 2018 al 1 por ciento. Sin embargo estamos en .57, igual que el año pasado.

Si la política del despilfarro del gasto público, también se ha llevado entre las patas, con los recortes, al presupuesto para la ciencia y la tecnología.

¿De qué se trata la iniciativa de hoy? Tiene un buen propósito aunque no sabemos el resultado, es obligar a que el Presidente de la República asista por lo menos una vez al año a las sesiones del Consejo Maximo de la Ciencia y Tecnología en el país, que tenga la obligación de que vaya, de que asista él físicamente, por lo menos una vez al año.

Lo que me parece incongruente es darle la posibilidad a todos los Secretarios de Estado de que nombren a un suplente, difícilmente van a atender.

Ahora, creo que ésta debería ser una de las prioridades del Presidente de la República, si quiere romper esta falta de crecimiento económico que tenemos desde hace 30 años y que en su gobierno se mantiene esa tendencia con tasas de crecimiento por debajo del 2.5 por ciento.

No va haber otra forma de encontrar cómo crecer si no se le apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Cuando se recortan los fondos para investigación, para ciencia, en época de crisis, pues realmente se revela que no es ninguna prioridad.

Es en época de crisis, como ésta, en época de recortes presupuestales donde se debe mantener la convicción de que se le apueste en serio a la ciencia y la tecnología.

Si vemos el número de patentes que registra nuestro país, si vemos el número de investigadores que tenemos en comparación a otros países, estamos muy lejos, no somos un país que esté dando resultados en materia de ciencia y tecnología.

Qué bueno que el Presidente tenga la obligación de ir cuando menos una vez al año a ver si crea conciencia, a ver si se da cuenta del desastre que tenemos en el país en esta materia, para que, no sé, si el Secretario de Hacienda en sus reuniones de evaluación, le pase los datos de los recortes presupuestales en esta materia; pero sí sería bueno que el Presidente de la República, en su asistencia a estas reuniones, creara conciencia de lo importante que es la ciencia y la tecnología para nuestro país.

Por ejemplo, el día de ayer vimos cómo gira instrucciones a todos sus funcionarios, incluyendo al gobierno de la Ciudad, para que tomen medidas respecto a la crisis ambiental en la que estamos.

Y si pensamos por un momento, porqué hemos llegado a esta calidad del aire tan mala, a este retroceso que nos regresa a niveles de calidad del aire a los que teníamos a finales de los 80’s, vemos cómo se ha suspendido esta evolución tecnológica que se propició por una crisis parecida, en materia de los automotores, en la calidad de las gasolinas, en las tecnologías que utiliza la industria que está en la Ciudad, todos esos esfuerzos se suspendieron durante mucho tiempo o no se alentó esa evolución permanente y lo que tenemos es la crisis ambiental que ahora estamos enfrentando, y que una de las respuestas no sólo va a ser con medidas restrictivas, como las que se están planteando, que afectan a la ciudadanía, sino que se va a tener que encontrar la solución en la ciencia y la tecnología otra vez yendo a la calidad de las gasolinas, a usar tecnologías más sustentables en transporte público, a revisar también la calidad de las emisiones de los automotores, nuevas tecnologías para medir estas emisiones en los centros vehiculares; es decir, difícilmente nos podemos escapar o difícilmente podemos incrementar nuestra calidad de vida sin la investigación científica, sin una mejor tecnología.

Por eso insisto, termino como empecé, qué bueno que hoy se vaya aprobar esta iniciativa. Les pido compañeros, que la apoyemos, conste que estoy diciendo no sé si el resultado va a ser bueno o malo, porque con un Presidente que se dedica a recortar el presupuesto a la ciencia y la tecnología no sé si su asistencia a estas reuniones vaya a ser en favor o en contra.

Entonces, pero cuando menos que le sirva para crear conciencia de que no vamos a salir de este estancamiento económico si no apostamos por caminos diferentes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

En 1970 el Presidente Echeverría creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a partir de ese momento una aspiración ha sido el diseñar un sistema nacional de ciencia y tecnología, ese sistema tiene como autoridad máxima este consejo, que lo preside actualmente el Ejecutivo Federal, y que tiene la participación de las Secretarías federales más representativas del tema, así como también participan los sectores académicos y el sector empresarial.

La incorporación que hoy se propone para las nuevas Secretarías de Marina y Defensa, tiene un sentido muy importante porque aparte de la ciencia, tecnología e innovación, pasa por fondos sectoriales en donde la investigación mexicana con un alto sentido de pertinencia sirve para entregar mejores resultados.

En esta aspiración siempre hay áreas de oportunidad y lo que hemos visto y en lo que hemos recogido para el día de hoy, para la discusión, es precisamente tener una política de Estado y que genere políticas públicas y el mayor involucramiento de todos los actores, principalmente, uno la parte académica, dos la parte empresarial, y tres la parte gubernamental.

El tema de ciencia, tecnología e innovación es muy importante para garantizar mejores condiciones de bien ser y de bienestar.

Y particularmente a la incorporación de estas Secretarías está el tema de seguridad pública, donde recientemente ha habido esfuerzos importantes en áreas de investigación.

Nosotros recibimos esta iniciativa en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y la hemos visto con mucha apertura porque sabemos que el conocimiento tiene que estar al servicio de la ciudadanía y que tiene que entregar mejores resultados.

Por eso el apoyo a esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Al no haber más oradores inscritos y al no haberse reservado ningún artículo para discusión y votación en lo particular, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de impacto de cambio climático en las pesquerías.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo general y en lo particular en un mismo acto.

Para fundamentar el dictamen en términos dispuestos por el artículo 196 del Reglamento del Senado, se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Francisco López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Salvador Francisco López Brito: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Quiero comentarle que son tres dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura: uno reformando el artículo 33; otro, que reforma los artículos 4o. y 25 Bis y un tercer dictamen que modifica los artículos 4o. y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sentido negativo.

Si me permite fundamentar los tres dictámenes, si cuento con su anuencia para de una vez exponerlos brevemente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador López Brito.

El Senador Salvador Francisco López Brito: Muy bien, muchas gracias.

En relación a las modificaciones al artículo 33. Las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; de Estudios Legislativos estamos aprobando con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir en la Carta Nacional Pesquera información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y su ambiente.

La iniciativa tiene como propósito incorporar al artículo 33 esta fracción para que se instruya la integración de información básica y precisa de los cambios y resultados que se han registrado y que se registran en la pesca debido al fenómeno de cambio climático.

Según el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal.

Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, suscribimos el presente dictamen. Aprobamos con modificación esta iniciativa; esto es en relación al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que les pido su apoyo para que se quede inscrito en la Carta Nacional Pesquera información sobre el cambio climático.

En relación a modificaciones a los artículos 4o. y 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura, igualmente es un proyecto que hemos dictaminado en las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con modificaciones al articulado que antes he referido.

La iniciativa que hoy estamos sometiendo a su votación a través de este dictamen, tiene como finalidad reformar el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables referente a las definiciones empleadas en el sector pesquero y acuícola por dicha ley, con el fin de incorporar a aquellas que sean aplicables en las materias como acuacultura en aguas interiores, aptitud acuícola, centro de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, maricultura, ordenamiento acuícola y pesquería basadas en la acuacultura, las cuales son necesarias para conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad.

Esta iniciativa fue presentada por la Senadora Diva Gastélum y tiene el objetivo de incorporar todos estos conceptos dentro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos que suscribimos el presente dictamen, hacemos nuestra la intención de incorporar en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables diversas definiciones relacionadas con el fomento a la acuacultura marina, por lo que aprobamos con modificaciones esta iniciativa a través de este dictamen, para la que les pido su apoyo.

El otro dictamen que estamos presentando es en sentido negativo. Se pretende modificar los artículos 4o. y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para introducir la definición de “grupos con vulnerabilidad”. Esta definición viene ya dentro de la Ley General de Desarrollo Social, y tiene como objetivo aplicar en sus programas en contra de la pobreza y también en el Programa de Lucha contra el Hambre.

Pero en el tema de desarrollo social se define a los grupos en situación de vulnerabilidad como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar, que es la descripción de ellos, como les decía, en la Ley General de Desarrollo Social.

Pero el hecho de resolverlo en sentido negativo, es porque precisamente, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ya vienen dentro de la redacción de los artículos 43 y 47, precisamente, el apoyo que se le debe dar a los permisos, la prioridad que se le debe dar; y lo voy a leer textualmente.

“Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicta el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso que se trate. La Secretaria basará sus decisiones con criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen las artes de pesca autorizadas”.

Y este mismo artículo, en el segundo párrafo dice: “En igualdad de circunstancias, tendrán preferencias las solicitudes de las comunidades indígenas. Cuando la concesión o permiso pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad”. También ya se incluyen las comunidades indígenas.

Y en el artículo 47, fracción III, dice: “Priorizará las solicitudes de los habitantes de las comunidades locales y las que tengan un impacto benéfico en lo económico y en lo social en la región”.

Por lo tanto, ya viene contemplada está propuesta y hemos resuelto este dictamen, en sentido negativo, para no sobrelegislar sobre el tema.

Por lo tanto, les pido su apoyo para que salgan estos tres dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy venimos a hablar en favor de este dictamen, porque quienes tenemos el honor y el privilegio de vivir en algún puerto pesquero o en un estado que vive y se puede beneficiar de los recursos, hemos podido ser testigos de como la importancia del cambio climático en estos momentos ha venido afectando a las comunidades pesqueras en cada uno de nuestros estados.

Todos y cada uno de nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer estos campos pesqueros, hemos recibido innumerables quejas de la necesidad de limitar y crear una nueva Carta Nacional Pesquera en nuestro país.

Es por eso que el día de hoy, haciendo eco de miles de pescadores en todo nuestro país, venimos a apoyar estos dictámenes, para que sean ellos quienes se beneficien, porque todos podemos ser testigos de cómo cada día las zonas de pesca se han alejado de las costas; cómo en cada uno de los diferentes estados pesqueros de nuestro país, las especies se han alejado o han cambiado o se han extinguido, como lo hemos podido percatar en mi estado, Baja California Sur.

Hoy estamos viendo y estamos recibiendo la preocupación recurrente de cientos de miles de familias, como es el ejemplo del municipio de Los Cabos, que al día de hoy, por este cambio climático y la sobreexplotación, se ha visto relegada y minimizada a la pesca deportiva en nuestro querido estado, esto afectando la economía de miles de sudcalifornianos.

Hemos sido testigos y hemos recibido el exhorto de la gente del Golfo de México, donde muchas especies al día de hoy se han salido de los polígonos de pesca.

Es por eso que el día de hoy venimos a aprobar y venimos a apoyar favorablemente estos dictámenes para hacer este exhorto y estas reformas necesarias, para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto en beneficio de los pescadores de nuestro querido país.

Por eso, el día de hoy venimos a solicitarles su apoyo para la aprobación de este dictamen, que ha pasado por las comisiones unidas y hoy ponemos a su consideración.

Por lo pronto, los miembros de la Comisión de Acuacultura y Pesca estamos a favor y pedimos su apoyo para el presente dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barroso Agramont.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores. Buenas tardes.

En los últimos días hemos sido testigos del dominio de la naturaleza, del gran poderío de sus elementos naturales y como seres humanos somos vulnerables ante su mandato.

Nuestras acciones contribuyen en gran medida a que la naturaleza nos beneficie o bien, nos reclame por agotar su capacidad de residencia.

El cambio climático es la mejor bandera para ejemplificar estas acciones.

Ante este fenómeno, una actividad que se ve claramente afectada es la pesca, la cual contribuye de manera determinante en la seguridad alimentaria, suministrando alimento de calidad en proteína animal, aunada a generar empleo en diferentes regiones del país.

Por ello, la ley en materia prevé la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera con el propósito de proporcionarle al sector los instrumentos que faciliten el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y fortalezcan la comercialización de los productos y subproductos obtenidos del mismo medio. Asimismo, proporcionar el resumen de la información necesaria de la actividad pesquera y acuícola, al igual que el indicador de la situación actual de los recursos pesqueros y los factores que afectan al sector entre los que destacan la sobreexplotación, deterioro ambiental, flota caduca, falta de inspección y vigilancia y cambio climático.

En este punto se encuentran el aumento gradual de la temperatura, cambios en circulación de corrientes marinas, patrones de lluvias y caudales de los ríos, por citar algunos.

Ante esta situación, las pesquerías se ven afectadas, ya que los organismos marinos cambian por la alteración de las condiciones físicas, químicas y biológicas, representando pérdidas para el gremio pesquero.

Es por ello, compañeros Senadores, que el Partido Verde acompaña con su voto a favor este dictamen.

Es trascendental que se incluya en la Carta Nacional Pesquera la información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y su ambiente.

Es indispensable que los pescadores tengan información clara, eficaz y suficiente de las variaciones climáticas y afectaciones que genera el cambio climático en las poblaciones de los recursos pesqueros, al igual que tener de manera oportuna los elementos científicos para influir en la toma de decisiones.

Estamos ciertos que el tener una herramienta como ésta dotará de condiciones suficientes al sector pesquero y acuícola de México, para potenciar su desarrollo y crecimiento.

Con la información veraz y oportuna se podrá prever desplazamientos y movimientos migratorios de los recursos pesqueros, cambios en los niveles marinos y cambio en la frecuencia, distribución e intensidad de las tormentas; y con ello, minimizar los embates del fenómeno climático.

El cambio climático es ya una realidad, debemos actuar ante ello con medidas, adaptación y mitigación.

Con esta inclusión en la Carta Nacional Pesquera, estamos dando un paso certero en beneficio de un gremio azotado por la falta de políticas públicas. Necesitamos detonar el potencial de nuestros mares y acuacultura.

Hoy podemos mirar esa realidad e impacta de manera contundente en beneficio de los pescadores de México y su medio ambiente.

Muchas gracias, Senadores, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura en derecho del Centro Universitario Campus Chimalhuacán, del Estado de México.

Asimismo, a un grupo de alumnos de la carrera de derecho del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Quecholac.

¡Bienvenidos, ambos grupos, al Senado de la República!

Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 4o. y 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de acuacultura en zonas marinas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 4o. Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Óscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

La actividad pesquera, como ya lo hemos manifestado en anteriores ocasiones en esta tribuna, representa un sector que impacta en el desarrollo regional y el sustento de miles de familias en nuestro país.

La pesca y la acuacultura aportan cerca del 1 por ciento al Producto Interno Bruto nacional.

La producción asciende a 1.5 millones de toneladas anuales, con un valor de más de 16 mil millones de pesos; el 83 por ciento corresponde a desembarcos de la pesca en los litorales y el restante esto corresponde a la acuacultura.

Hace unos días aprobamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para impulsar la actividad acuícola. Con este cambio el costo del agua será igual al suelo del sector agrícola ganadero.

El dictamen que hoy discutimos busca incorporar al sector pesquero otra subclasificación de la pesca susceptible de ser explotada: la maricultura, definida como el cultivo acuícola producido en ambiente controlado, pero adentro de los mares; con esta actividad es posible obtener hasta diez veces más de la producción en comparación con la pesca actual tradicional.

Si bien la Sagarpa y la Conapesca han empezado a destinar recursos presupuestales para el fomento de esta actividad por medio de los recursos informativos, así como también de la capacitación y cursos y apoyos a proyectos, la maricultura es todavía una actividad incipiente en nuestro país.

Por esta razón, el presente dictamen busca colocar a la maricultura como una actividad importante a desarrollar en los mares de nuestro país, la cual debe de estar estratégicamente planeada para generar crecimiento y riqueza en todas las zonas costeras de México.

Entre sus ventajas está la obtención de los productos cosechados en ambientes y alimentación controlados, con los que se generan alimentos ricos en nutrientes, además de importantes beneficios económicos y la creación de empleos en las zonas de donde ésta se desarrolla.

Votaremos a favor de este dictamen, ya que otorga el soporte jurídico necesario para el fomento y el desarrollo de la maricultura en las zonas costeras e incorpora definiciones tales como acuacultura de aguas interiores, aptitud acuícola, centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, maricultura, ordenamiento acuícola y pesquería basada en la acuacultura, que otorgan claridad y certeza al desarrollo de esta actividad.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que el sector pesquero necesita un fuerte impulso, porque es la fuente generadora de empleos y coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Rosas González.

En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4o. y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones del Senado. Comuníquese.






Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 54 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI)

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia es la repercusión de actos de poder y dominio de un ser humano sobre    otro ser humano, de manera irracional, antijurídica y falta de toda ética y sentido moral. Los entramados de la violencia se logran materializar por medio de de victimas  históricas; es decir, en aquellas personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales destacan: las niñas, niños, mujeres, adultos mayores y las comunidades indígenas, así como cualquier otro grupo de personas que por cuestiones sociales, étnicas, antropológicas y económicas han sido y siguen siendo oprimidas por medio de la violencia.

La violencia se manifiesta en un principio a través de la cultura y de los saberes cotidianos, los cuales permean en la dinámica social e incluso institucional, dando como resultado una percepción errónea de lo correcto, lo adecuado y lo válido. Esta violencia cotidiana, desemboca a largo plazo en acciones que pueden poner en riesgo la vida, la dignidad y la integridad de las personas.

La violencia de género es una de las prácticas más usuales entre las dinámicas interpersonales; abarcando, varios aspectos de la vida social, tales como: la familia, el ámbito laboral, la educación e incluso el acceso a los servicios públicos, dentro de los cuales destaca el acceso a la justicia; lo que dificulta desde lo social hasta lo institucional el garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Las formas más graves en las que repercute la violencia en contra de las mujeres y las niñas es en cuanto a su dignidad, su libertad, su integridad y su vida. El daño que se ejerce por medio de la violencia de género a estos bienes jurídicos fundamentales es irreparable; resultando en una afectación y transgresión a la esfera jurídica de las mujeres de manera intolerable por el ámbito moral, institucional y jurídico.

La desaparición de las mujeres y niñas es uno de los modus operandi mediante los cuales se concretiza con mayor intensidad un daño irreparable a las mujeres y niñas, así como a sus familiares. La desaparición de mujeres y niñas es una afectación grave al Estado de derecho y a la protección de sus derechos fundamentales, así como una laceración moral a la sociedad y a las familias de nuestro país, ya que se constituye como una conducta delictiva gravosa que en la mayoría de los casos es continuada con otros tipos penales como son la trata de personas y el feminicidio.

Es menester visibilizar que las mujeres y las niñas son un grupo en situación de vulnerabilidad; razón por la cual representan estadísticamente un punto focal en      cuanto a las personas desaparecidas en nuestro país. El Registro Nacional de          Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que 7,185 mujeres están desaparecidas en México.1 La mayoría de estos casos son arrastrados desde hace 15 años por parte de la función pública. Asimismo, y pese a los numerosos esfuerzos llevados a cabo por la presente Administración Federal, es evidente que esta temática debe ser atendida por todos los órdenes de gobierno, así como también, con la intervención y participación directa de la sociedad civil.

El Estado mexicano se encuentra obligado de salvaguardar y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, para ello, se debe de emplear todas aquellas acciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales idóneas para conseguirlo. La desaparición de mujeres y niñas, pese a ser una violación grave a derechos humanos, puede ser minimizada y tolerada por factores, sociales, culturales, antropológicos, económicos e institucionales.

Las funciones públicas e instituciones del Estado deben afrontar de manera directa y concisa las conductas que violentan los derechos humanos de las mujeres en todas sus acepciones. Las instituciones administrativas y jurisdiccionales deben precisar y economizar sus actuaciones ante cualquier tipo de reporte de desaparición de mujeres y niñas, a efecto de que su actuación no dificulte el acceso inmediato y eficaz a la localización y, en su caso, procuración de justicia.

En ese sentido, la comunidad internacional establece plenas obligaciones a los Estados para que, en correspondencia de sus atribuciones, establezcan las acciones, mecanismos e instrumentos de derecho interno necesarios para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para” establece en su:

Artículo 7.-

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

[…]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado en múltiples ocasiones que la desaparición de mujeres y niñas, bien puede ser resultado de conductas particulares propiciadas por agentes sociales como la delincuencia organizada. Es obligación irrestricta por parte del Estado mexicano atender de forma precisa estas problemáticas socio jurídicas, debido a que éstas constituyen una violación grave a múltiples derechos humanos; actualizándose también como una violencia de género que en provecho de la posible situación de indefensión o vulnerabilidad de las mujeres y las niñas puede volverse en una actividad altamente lucrativa para las cedulas de la delincuencia organizada.

Ante la desaparición de mujeres y niñas, el tiempo se convierte en un factor  trascendental para su localización, así como para la protección de sus derechos fundamentales. Las actuaciones por parte de la autoridad correspondiente se vuelven determinantes desde el primer momento en que se reporta la desaparición; por ello, las primeras actuaciones son fundamentales y deben encontrarse en plena correspondencia a los protocolos y directrices que, internacionalmente, se han establecido como los más idóneos para la localización y, en su caso, apertura de una carpeta de investigación de índole penal.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptualiza los ámbitos en los cuales se produce la violencia de género en la sociedad mexicana y, a efecto de combatir estas formas de violencia de género, establece la creación del Sistema Nacional y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; determinando para ello las obligaciones y atribuciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. No obstante, al hablar de la desaparición de mujeres y niñas, es menester especificar los puntos coyunturales sobre los cuales deben de establecerse acciones conjuntas y coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La incapacidad de la autoridad correspondiente para actuar o activar los protocolos procedentes ante la desaparición de mujeres y niñas pueden constituir violencia institucional por parte las autoridades. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptualiza a la violencia institucional en su:

ARTÍCULO 18.-

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Erradicar la violencia de género que provoca la desaparición de mujeres y niñas es de vital importancia para el Estado mexicano y, es por ello, que se han empleado diversas acciones tendientes a mitigar esta problemática y a cumplir con las determinaciones y observaciones que la comunidad internacional y los organismos de derecho internacional público han emitido. En ese sentido, la actual Administración Pública Federal ha llevado la consigna de elaborar y dirigir un registro oficial que sistemáticamente recabe toda la información referente a las personas desaparecidas en el territorio mexicano.2

Aunado a lo anterior, el Estado mexicano ha dado cabal respuesta a las indicaciones establecidas en la segunda evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)3, en virtud del crecimiento y del desarrollo   democrático que nuestro país afronta de manera concisa y a la par de la comunidad internacional.

De igual manera, la presente Administración Pública Federal, presentó en marzo de 2015 el informe mediante el cual da seguimiento y respuesta a las recomendaciones emitidas en el 2012 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)4, destacando de dicho informe: la implementación del protocolo ALBA, el cual consiste en acciones en conjunto por parte de los tres órdenes de gobierno con el objeto atender de manera inmediata los reportes de desaparición de mujeres y niñas, así como la creación del Grupo Técnico de Coordinación del Protocolo ALBA, encargado de trabajar en su fortalecimiento

Pese a los múltiples esfuerzos, por parte del actual Gobierno Federal, es menester visibilizar que la problemática que engloba la violencia de género, así como la desaparición de las mujeres y niñas supone nuevos retos, los cuales deben ser asumidos de manera conjunta por los Poderes de la Unión y por todos los órdenes de gobierno. Para ello, se debe de eficientar y capacitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales para que sus actuaciones sean relevantes y determinantes para dar con el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.

El trabajo en conjunto de la Federación, las entidades federativas, las autoridades municipales, los medios de comunicación y los integrantes de la sociedad civil es concluyente para la debida atención de contingencias en donde se desconoce el paradero de mujeres y niñas. Los protocolos utilizados para la localización de mujeres, niñas y niños han demostrado tener su grado de efectividad, dentro de los cuales podemos destacar la Alerta ALBA y la Alerta AMBER. Sin embargo, sigue habiendo reticencia por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para actuar de manera precisa e inmediata.

La Alerta ALBA ha tenido mayor relevancia en el Estado mexicano después de la determinación de su obligatoriedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;5 la cual requiere de la actuación inmediata por parte de las Instituciones públicas y de la participación activa de la sociedad civil. Pese a lo anterior, la coordinación y colaboración entre las agencias de investigación y entre los órganos de gobierno siguen siendo insuficientes o, en su caso, limitados principalmente por el factor humano y la capacitación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, las cuales son ajenas a las condiciones operantes en las problemáticas de género, así como también la inefectiva comunicación, coordinación y colaboración entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, quienes son responsables ante este tipo de hechos.

A la luz de estas consideraciones, es menester fortalecer por medio de acciones legislativas la coordinación y cooperación de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de activar de forma eficiente e inmediata los protocolos establecidos para la localización y la realización de las primeras diligencias de investigación por parte de la autoridad encargada de la procuración de justicia; ya que así se estará protegido a cabalidad los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas que se reporten como desaparecidas.

Es idóneo llevar a cabo acciones legislativas que fundamenten en vías de cooperación y coordinación a todas aquellas autoridades que sean conocedoras de algún reporte de desaparición de mujeres y niñas, propiciando el trabajo en conjunto de todos los órdenes de gobierno para la protección de los derechos humanos de las mujeres; evitando de esta manera, las conductas constitutivas de la violencia institucional que determina la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se adicionan el artículo 19 Bis y la fracción XIV del artículo 38; se reforman la fracción IX del artículo 41; la fracción IV del artículo 42; la fracción II del artículo 44; el inciso b) de la fracción I del artículo 47 y el inciso b) de la fracción XXI del artículo 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 19 Bis: Los tres órdenes de gobierno tienen como tarea primordial salvaguardar la dignidad, la libertad, la integridad física y la vida de las mujeres, por ello, ante cualquier reporte de desaparición, deberán actuar de manera inmediata, conjunta y coordinada para activar los protocolos de actuación pertinentes para dar con la localización de las mujeres desaparecidas y, en su caso, llevar a cabo las diligencias iniciales de investigación de índole penal.

Toda autoridad de los tres órdenes de gobierno, ya sea administrativa o judicial, que tenga conocimiento sobre la desaparición de una mujer, deberá dar aviso sin dilación alguna al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como a la autoridad ministerial competente a efecto de que integren las diligencias y protocolos de actuación pertinentes.

Artículo 38.El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. a XIII. …

XIV. Diseñar, capacitar y evaluar los mecanismos, directrices y protocolos de actuación destinados a las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objeto de atender y localizar a las mujeres y niñas desaparecidas. 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. a VIII. …

IX. Garantizar medios de comunicación, coordinación y colaboración efectiva entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres.

X. a XX. …

Artículo 42: Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a III. …

IV. Formular las bases para la comunicación, coordinación y cooperación entre las autoridades federales, locales, y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, bajo criterios de eficiencia e inmediatez;

V. a XV. …

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I. …

II Tomar medidas, realizar las acciones y activar los protocolos de actuación necesarios, en comunicación, coordinación y cooperación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

III. a XII. …

Artículo 47.Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a)…

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, así como la oportuna activación de los protocolos especializados para la atención y pronta localización de mujeres y niñas desaparecidas.

c). y d) …

II. a XII. …

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a XXI. …

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) …

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, así como la oportuna activación de los protocolos especializados para la atención y pronta localización de mujeres y niñas desaparecidas;

c) y d)…

XXIII. a XXV. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2016.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes consultadas:
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para”
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Informe: “La Situación de los derechos humanos en México 2015” Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Adición Información suministrada por México sobre el seguimiento de las observaciones finales, CEDAW/C/MEX/– CO/7-8/Add.1, 23 de abril de 2015.
“Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/ consultada en fecha 28 de febrero de 2016.
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2949-287 consultada en fecha 29 de febrero de 2016.

1Página web: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/ consultada en fecha 28 de febrero de 2016.

2 Véase la Ley Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

3 Para su consulta véase: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2949-287 consultado en fecha 29 de febrero de 2016.

4 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Adición Información suministrada por México sobre el seguimiento de las observaciones finales, CEDAW/C/MEX/–CO/7-8/Add.1, 23 de abril de 2015.

5 Consúltese “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar, investigar y, en su caso, sancionar las acciones llevadas a cabo por funcionarios que, en el estado de Coahuila, han instruido a personas beneficiarias del programa social PROSPERA para dar una respuesta determinada a las encuestas sobre pobreza que aplica la dependencia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR, INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR FUNCIONARIOS QUE, EN EL ESTADO DE COAHUILA, HAN INSTRUIDO A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL PROSPERA PARA DAR UNA RESPUESTA DETERMINADA A LAS ENCUESTAS SOBRE POBREZA QUE APLICA LA DEPENDENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En junio de 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer los resultados de la medición de pobreza 2014.

Dicho informe reportó el aumento en el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza, el cual entre 2012 y 2014 subió de 45.5 a 46.2 por ciento. El crecimiento de la población que padece estas condiciones equivale a 55.3 millones de mexicanas y mexicanos que cuentan con carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y de cohesión social.

El mismo informe reportó el repunte de la pobreza en distintas entidades federativas del país, entre ellas: Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Hidalgo y Coahuila.

En este último estado, el poder ejecutivo estatal rechazó las cifras que reflejan el aumento de 81,900 a 92,000 coahuilenses en extrema pobreza. A través de los medios y ante el Congreso local, el gobernador Rubén Moreira y el Secretario de Desarrollo Social del estado, Rodrigo Fuentes Ávila, manifestaron que el mal resultado se debía a fallas en la metodología del CONEVAL y a que los encuestados respondieron con información falsa.

Al respecto, es preciso recordar que nuestro marco jurídico vigente prevé la obligación de las autoridades de establecer y garantizar mecanismos efectivos y transparentes de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, en el combate a la pobreza.

A partir de diversos sistemas de valoración de información, como el desarrollo de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o la propia Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que se enfocan directamente a la evaluación de los programas sociales o que retroalimentan la política social, se cuenta con un marco estadístico útil para la toma de decisiones cuyo objetivo es conocer la distribución de la población en distintas condiciones de pobreza en el país.

Dichos mecanismos de medición de pobreza, tienen como finalidad permitir tanto al gobierno federal, como a los gobiernos locales y al Congreso de la Unión, tomar mejores decisiones de política pública para abatir las carencias sociales que aquejan a tantos mexicanos.

Por lo anterior, la importancia de garantizar la transparencia en los procesos de evaluación, para que los resultados puedan reflejar la verdadera realidad que viven millones de personas en el país, a fin de instrumentar los ajustes que sean necesarios en el diseño, la ejecución de programas y el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos.

Desafortunadamente, en este contexto, se ha dado a conocer recientemente que, en el estado de Coahuila, funcionarios a cargo del programa de inclusión social PROSPERA han instruido a un grupo de sus beneficiarios para dar una respuesta determinada a las encuestas sobre pobreza que aplica la SEDESOL y el INEGI.1

Estas conductas han sido denunciadas por los propios beneficiarios en municipios como Piedras Negras y Torreón, donde auxiliares de Programas Sociales como el Lic. Leobardo Hernández, los ha instado a negar la carencia que padecen en materia de acceso a la alimentación.

Los testimonios dan cuenta que a pesar de que existen beneficiarios que no han recibido apoyos por parte del Programa en el transcurso de un año, se les ha indicado que en los sondeos que realicen las dependencias correspondientes, deben responder que no carecen de alimentación.2

Lo anterior, resulta preocupante toda vez que el objetivo de tales conductas consiste en influir en la percepción de los ciudadanos más vulnerables, a fin de alterar los resultados de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas   y políticas públicas en materia de desarrollo social, atendiendo a fines político  electorales.

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que tienen acceso a programas sociales y de garantizar una efectiva y transparente evaluación y seguimiento de los mismos en su tarea de combatir la pobreza que existe en nuestro país; frente a la preocupación de que las conductas descritas sean una práctica reiterada no sólo en Coahuila sino en otras entidades del país y, particularmente, ante un próximo proceso electoral que requiere del fortalecimiento de acciones que permitan blindar el uso de los programas sociales en los estados donde habrán de celebrarse elecciones, se considera necesario exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que informe sobre estos  hechos.

Asimismo, resulta preciso exhortar a la misma dependencia y al titular del ejecutivo del estado de Coahuila a que, en el ámbito de sus atribuciones, se establezcan las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar a quienes, como lo narra la información publicada, se conduzcan en contravención del marco jurídico que regula la Política de Desarrollo Social de nuestro país.

Por último, también se estima pertinente requerir información sobre las acciones previstas para garantizar que los programas sociales, así como los mecanismos de evaluación y seguimiento de los mismos, no atiendan a fines político electorales.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a informar sobre las acciones llevadas a cabo por funcionarios de dicha dependencia que, en el estado de Coahuila, han instruido a personas beneficiarias del Programa de Inclusión Social PROSPERA, a dar una respuesta determinada a las encuestas sobre pobreza que aplica la Secretaría a su cargo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se establezcan las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar a quienes, como han sido señalados por los beneficiarios del programa PROSPERA en dicha entidad, se conduzcan o hayan actuado en contravención del marco jurídico que regula la Política de Desarrollo Social de nuestro país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades competentes, se implementen las acciones para garantizar que los programas sociales, así como los mecanismos de evaluación y seguimiento de los mismos, no atiendan a fines político electorales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

1 Sandoval, A. (2016, 11 de marzo). Asesoran a beneficiarios cómo contestar encuesta de pobreza. El Siglo de Torreón. [en línea]. Consultado el 11 de marzo de 2016, de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1205119.tambien-en-torreon-piden-negar-hambre.html; Arellano, R. (2016, 10 de marzo). Les piden negar el hambre. El Siglo de Torreón. [en línea]. Consultado el 11 de marzo de 2016, de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1204746.les-piden-negar-el-hambre.html

2 Sandoval, A. (2016, 11 de marzo). También en Torreón piden negar hambre. El Siglo de Torreón. [en línea]. Consultado el 11 de marzo de 2016, de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1205119.tambien-en-torreon-piden-negar-hambre.html






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se reconoce y felicita al doctor Rafael Medrano Guzmán por su labor y trayectoria como cirujano oncólogo. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE Y FELICITA AL DOCTOR RAFAEL MEDRANO GUZMÁN POR SU LABOR Y TRAYECTORIA COMO CIRUJANO ONCÓLOGO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, también reconocido como tumores malignos o neoplasias malignas. Se trata de una enfermedad que se manifiesta a través de la alteración celular y provoca un aumento descontrolado de células, las cuales se extienden más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Este proceso se denomina metástasis, y es la causa principal de muerte por cáncer.

Debido a su alta incidencia y a que sus consecuencias impactan no solo al paciente sino también a la familia y la comunidad, su tratamiento requiere de atención especializada, motivo por el cual desde 1990 se considera un problema de salud pública.

Esta enfermedad se ha convertido en la  principal causa de muerte a escala mundial, ya que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 2012. Asimismo, destaca que el mayor porcentaje de muertes por dicha causa se presenta en países con ingresos  bajos y medios, debido a la dificultad para brindar atención oportuna a la enfermedad. Específicamente en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2013 del total de defunciones 12.8% se debieron a algún tumor y de éstas, 93.4% por tumores malignos.

Es por ello que el  diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento adecuado y eficaz. En este sentido la oncología juega un papel trascendental al llevar a cabo el estudio de todos los tipos de tumores con el fin de poder prevenirlos y curarlos eficazmente en el futuro.

En el Senado de la República consideramos de suma importancia reconocer la labor diaria de los oncólogos y principalmente de aquellos que a través de su labor engrandecen a nuestro país a través de la investigación y la práctica, dando como resultado una mejor calidad de vida para los pacientes e incluso la cura.

Por dicho motivo, resulta trascendental reconocer la trayectoria del Dr. Rafael Medrano Guzmán, quien recientemente en 2015 recibió la Mención Honorífica por logros y trayectoria profesional a Nivel Nacional e Internacional por parte del Jefe del Estado Mayor General de la Armada; y el Premio Nacional de Cirugía año 2015 “Dr. Francisco Montes de Oca”, otorgado por la Academia Mexicana de Cirugía, Órgano Consultivo del Gobierno Federal.

En el marco de la larga trayectoria profesional del Dr. Rafael Medrano Guzmán, destaca su labor como docente en universidades tanto públicas como privadas en el país; así como ser el fundador del primer capítulo de Investigación en Tumores Neuroendocrinos en el país; y ser el Jefe de Servicios del Departamento de Sarcomas y Tubo Digestivo Alto del Hospital de Oncología de Centro Médico Siglo XXI-IMSS.

Asimismo, se debe resaltar  la recepción de diversos reconocimientos de los que ha sido merecedor como lo son: el Primer Lugar del Premio Nacional a la Investigación en Cirugía Oncológica durante los años 2014, 2013, 2012, 2010 y 1999; y la Mención Honorífica en 2015 por su examen de Maestría en Ciencias de la Salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República felicita al Doctor Rafael Medrano Guzmán por su amplia trayectoria profesional a nivel nacional e internacional en materia de oncología, y por su constante servicio en el Hospital de Oncología de Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, con punto de   Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director General de PEMEX y a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía a abstenerse de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales. Se turna a la Comisión de Energía.

El suscrito MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,  con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II, y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director General de Pemex y a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la comisión Reguladora de Energía, para que se abstengan de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales, sin tomar en cuenta los derechos de los integrantes de la nación, sin que se debatan esos instrumentos en el seno de la sociedad para que ésta aprecie, con profundidad y críticamente, el contenido de los actos jurídicos convenidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El párrafo séptimo del artículo 27 constitucional señala en su parte conducente que: “Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.

La parte final del primer párrafo del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional en materia energética indica: “En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación”.

El segundo párrafo del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional energética dice: “La Nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo al largo plazo”.

Las anteriores normas claramente establecen que el sistema de contratación y de licencias en materia de hidrocarburos es para maximizar los ingresos de la Nación. Sin embargo, los contratos y la licencia hasta ahora aprobados, no tienen este propósito. Por el contrario, maximizan los beneficios de los inversionistas con clara afectación a la   renta petrolera de la nación. Es decir minimizan los ingresos de la Nación en contravención a los mandatos de la reforma constitucional energética aprobada en   2013.

Nuestros argumentos para sostener lo anterior, son los siguientes:

1. Se contempla la existencia de la comercialización. Es decir, habrá intermediarios, que son innecesarios, y que venderán el petróleo a nombre del Estado y, que por sus servicios, cobraran una contraprestación reduciendo con ello los márgenes de beneficio para la nación.

2. Los contratos transfieren la propiedad de la renta petrolera a través del “booking”. Esta figura permite solicitar créditos a la banca internacional estableciendo como garantía los recursos de la nación acordados en el contrato, tanto los convenidos expresamente como los que resultaren en el futuro y que deriven de la exploración y explotación de las áreas pactadas.

3. Se maximiza el beneficio a favor de los contratistas y se minimiza a favor del Estado, porque los contratistas, según los contratos reciben los siguientes beneficios: la recuperación de los costos, la utilidad operativa y, un mecanismo de ajuste final a favor del contratista.

4. Se garantiza al contratista apropiarse de las rentas futuras del petróleo, cuando aumente el precio internacional, según las fórmulas que se han pactado en los contratos celebrados y en la licencia.

5. Se venden los activos de Pemex y CFE a través de fideicomisos de inversión y bienes raíces del sector energético e infraestructura (Fibras E).Lo que desmantela y liquida a ambas empresas en beneficio de los particulares –nacionales y extranjeros- que saquean los bienes de la nación.

En cuanto al primer argumento, el Estado mexicano no necesita de un comercializador que venda su petróleo. El Estado mexicano puede y debe vender directamente su petróleo. Es obvio que la empresa comercializadora se apropiará de una parte de la renta petrolera porque cobrará por sus servicios.

Respecto al segundo argumento, los contratos y la licencia aprobada, transfieren la renta petrolera. De acuerdo a los contratos firmados en la licitación 1, ronda uno, las empresas participantes podrán reportar para efectos contables y financieros los contratos y los beneficios esperados. Los beneficios esperados incluyen el valor de los hidrocarburos, por lo que los contratistas se convierten en propietarios de dicho valor. Lo anterior se confirma en la medida en que los bancos reconocen a esos contratos como garantía real para otorgar financiamientos.

Nuestro tercer argumento, nos demuestra que no se maximiza con los contratos y la licencia otorgada, los beneficios para el Estado. Por el contrario se minimizan. ¿Por qué? Porque el contratista recibe las siguientes contraprestaciones: la recuperación de sus costos; un porcentaje remanente de la utilidad operativa; y, un porcentaje adicional relacionado con el mecanismo de ajuste que prevé cada contrato y licencia. Con estos mecanismos, la renta petrolera que anteriormente recibía el Estado que era de un 100%, ahora se reduce a un 33.03%. La razón es que el contratista tiene derecho al 55.5% del valor contractual de los hidrocarburos, tiene un 31.01% de la utilidad operativa y, recibe además un porcentaje de ajuste de conformidad con cada acto jurídico celebrado.

El cuarto argumento nos dice que los contratos garantizan a los contratistas la renta petrolera a futuro. En el caso que aumente el precio internacional de petróleo –así indican los contratos y la licencia- se les pagará una mayor cantidad de dinero valuada en dólares por el mismo trabajo. Eso significa que si aumenta el precio internacional del crudo, los beneficios los recibirán en su mayor parte los contratistas y no los mexicanos que integramos la nación.

En cuanto al último de nuestros argumentos, señalamos que por medio de las Fibras E (Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura), se pone a la venta, a través de la bolsa de valores, la propiedad de la nación porque dichos instrumentos pagan intereses a sus tenedores, éstos tienen acceso a la propiedad de los bienes que garantizan y, además y, por si fuera poco, tienen derecho a las utilidades.

Todo lo expuesto anteriormente, más otras razones, como:

El hecho de que los yacimientos licitados sean los del sureste, que es la región más prolífica en hidrocarburos del país.

La evidencia de que el gobierno de Peña Nieto haya modificado tres veces las bases de licitación de la primera convocatoria para entregar una mayor proporción de la renta y utilidades a los inversionistas extranjeros.

La prueba de que algunas de las empresas ganadoras no tienen ninguna experiencia petrolera directa.

La circunstancia de que algunas de ellas tienen demandas ambientales en Nigeria y Argentina. Y,

Que las empresas privadas no pagarán a PEMEX los costos de inversión previamente realizados por nuestra empresa productiva para encontrar las reservas, las que posteriormente les beneficiarán sin haber erogado costo alguno.

Nos demuestra que el gobierno de Peña Nieto está rematando los recursos de la Nación a favor de particulares nacionales y extranjeros y, que no está observando los principios de la reforma constitucional energética de 2013, que él mismo impulsó.

Por esos graves motivos y en virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director General de Pemex y a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la comisión Reguladora de Energía, para que se abstengan de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales, sin tomar en cuenta los derechos de los integrantes de la nación, sin que se debatan esos instrumentos en el seno de la sociedad para que ésta aprecie, con profundidad y críticamente, el contenido de los actos jurídicos convenidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Manuel Bartlett Díaz.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.








De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, mediante el Tecnológico Nacional de México, celebre diversos convenios de colaboración con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de los estados, a fin de que los  menores de edad que se encuentren en centros de asistencia social puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel medio superior. Se turna a la Comisión de Educación.








De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que realice las acciones necesarias para fortalecer el trabajo de los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De todos es conocida la grave situación de violaciones a derechos humanos por las que atraviesa nuestro país,  el reciente informe presentado por la Comisión Interamericana de derechos humanos, muestra un panorama aterrador, que aunque el gobierno mexicano diga “que el informe no refleja la situación general  del país” otros informes lo confirman, el presentado por Amnistía internacional sobre desaparición forzada, las noticias periodísticas sobre levantones, personas desaparecidas, y por su puesto las muertas en puebla, Ecatepec, y un largo etcétera.

Como sucede con otros muchos temas la violencia cobra particulares matices para el caso de las mujeres;  “De acuerdo a información actualizada al 30 de abril de 2015, respecto a desapariciones del fuero común, se registraron 7.060 mujeres desaparecidas o extraviadas desde el 2011. De estas mujeres, 1.170 desaparecieron en Tamaulipas, 1.007 en el Estado de México, 579 en Baja California, 549 en Nuevo León, 412 en Coahuila, 367 en Guanajuato, 333 en Puebla, 323 en Jalisco, 281 en Distrito Federal, 224 en Chihuahua, 218 en Michoacán, 206 en Sinaloa, 173 en Sonora, 154 en Guerrero, 148 en Hidalgo, 143 en Veracruz, 124 en Aguascalientes, 111 en Tabasco, 100 en Oaxaca, 99 en Querétaro, 72 en Quintana Roo, 54 en Campeche, 42 en Durango, 42 en Zacatecas, 40 en Morelos, 24 en Yucatán, 21 en Colima, 19 en Chiapas, 12 en San Luis Potosí, 7 en Tlaxcala y 2 en Baja California Sur”1.

Datos del INEGI, registran un mayor porcentaje de mujeres víctimas (respecto a hombres) de violación simple (82%), trata de personas (81%), abuso sexual (79%), violencia familiar (79%), violación equiparada (71%), otros delitos contra la familia (56%), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83%)2.

El incremento de la violencia es grave, el observatorio ciudadano de violencia feminicida ha documentado que tan solo en México se asesinaron entre 2012 y 2013 a 3,892 mujeres3. De estos casos, sólo 613 fueron investigados como feminicidios4. 60 de cada 100 mujeres declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, si hablamos de violencia económica, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011dos de cada 10 mujeres en México han sufrido este violencia económica; y el 3.9% de las mujeres de 15 años y más violencia patrimonial; las mujeres casadas o que alguna vez lo fueron son quienes más han sufrido este tipo de violencia (7.9%)5.

Dada la complejidad de la problemática de la violencia su prevención, atención sanción y erradicación requiere de políticas con un carácter integral, multidisciplinario e interinstitucional, en particular cuando hablamos del nivel de atención, al respecto, tanto la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer han señalado la obligación de los Estados parte de “otorgar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de refugios o casas de acogida en donde se pueda brindar atención integral y servicios especializados para las víctimas”.

La sociedad civil organizada fue quien en la década de los noventa, inició proporcionando servicios de protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, y así surgieron los refugios.

Los refugios son definidos como “espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención integral, es decir servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social, a mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia extrema en el ámbito familiar”6.

Los refugios se ubican en el tercer nivel de atención que brinda a las mujeres un   espacio de rehabilitación, capacitación y protección temporal que les permite reconstruir una vida libre de violencia a partir de proporcionar a las mujeres servicios de atención integral.

En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. 10 De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización de la sociedad civil que desempeña un papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género7.

La coordinación entre actores es obligada, sobre todo en el nivel de la atención, ya que ésta incluye una diversidad de acciones, como las líneas telefónicas, los centros de atención especializada, los módulos itinerantes, los refugios, etc.8

Existe una preocupación por la falta de una política integral que privilegie un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género institucionalizada servicios especializados y de protección que garantice el acceso a de las mujeres a una vida libre de violencia.

En este tema la sociedad civil, más concretamente las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel fundamental, impulsando en todo momento iniciativas de vinculación con el gobierno, no obstante, predominan los vínculos informales de coordinación, basados en el conocimiento previo entre funcionarias/os, y en la buena intención, desafortunadamente se carece de instrumentos que formalicen su existencia y actuación, ello debilita las políticas para combatir la violencia, en la medida en que las hace depender de la buena voluntad de los actores/as, además de que se enfrentan a la movilidad del personal.9

Para fortalecer el trabajo de los refugios desde el año 2012, se puso en marcha una iniciativa llamada Grupo Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Refugios en el que participaron, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, CONAVIM, quien encabeza el Sistema Nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, en su calidad de secretaría ejecutiva, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, en concreto FEVIMTRA, el Instituto de Desarrollo Social, y por parte de la sociedad civil la Red Nacional de Refugios, dicha iniciativa tuvo algunos resultados como: compartir diagnósticos sobre la situación de los refugios, generación de otras propuestas para avanzar más en la profesionalización de la atención, entre ellas la creación de un Norma Oficial Mexicana que coadyuve a estandarizar la calidad de los servicios que se brindan en estos espacios, incluso como grupo se tuvieron reuniones con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para solicitar la asignación de recursos etiquetados.10

Este grupo había venido sesionando con regularidad pero desde el 2014, dejó de hacerlo, o al menos ya no lo hizo con regularidad y dejó de hacer partícipe a la sociedad civil,  a la fecha no se tiene claridad respecto a sus reuniones, en fecha 23 de junio en sesión de la Comisión de Atención del Sistema Nacional, se planteó la posibilidad de que el Grupo Interinstitucional pasara a dicha Comisión, esta situación resultaría poco acertada, pues si bien el sistema se dividió en comisiones con fines organizativos, pasar al grupo interinstitucional a la Comisión de Atención en la práctica lo desmantelaría, soslayando la especificidad de los refugios agrupándolo en los diferentes servicios de atención.

En incluso en dirección contraria a lo señalado en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 2014 – 2018, que en su Objetivo 5 habla de Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y en las estrategias 5.3.2. Realizar un diagnóstico nacional de refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia y 5.3.3. Generar espacios para la sistematización e intercambio de buenas prácticas en materia de casas de acogida y CJM.

La Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM tiene que Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa (fracción VII, artículo 42 de la ley de acceso).

Para reforzar la necesidad de que el grupo interinstitucional o algún mecanismo para fortalecer a los refugios, agregaremos que existe una fuerte crítica de la sociedad civil, ya que, si bien en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y su reglamento, se contempló la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional), como herramienta de la política integral definiendo atribuciones para cada Secretaría de Estado, esta coordinación sigue sin verse reflejada en los hechos, la política se sigue percibiendo fragmentada.

Las Naciones Unidas han reconocido que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública; que debe ser atendido de manera integral, atendiendo a todas las aristas, esa atención integral debe contemplar la participación de todos los sectores de la sociedad, por ello, es de suma importancia involucrar a la Red Nacional de Refugios en el trabajo de diseño e implementación de las políticas públicas de atención a la violencia, y desde luego fortalecer el trabajo que los refugios desempeñan con la finalidad de profesionalizar y brindar atención de calidad a las mujeres que viven violencia.
Por lo anteriormente fundado y motivado proponemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación que encabeza el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, instruya a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres convoque a sesionar a la Comisión de Atención de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de Salud para que se evalúe la posibilidad de reinstalar el Grupo Interinstitucional de Refugios a fin de fortalecer su desempeño como parte fundamental de la política de prevención y atención a la violencia.

SEGUNDO: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación que encabeza el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, instruya a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que se incorpore al Grupo Interinstitucional de Refugios a organizaciones de la sociedad civil especializadas y con amplia experiencia en los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Informe sobre la situación de derechos humanos en México, CIDH, Marzo de 2016. En URL:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdfpágina consultada 07 de marzo de 2016.

2 Ibídem.

3 Demandan organizaciones declaratorias de alerta de género. Amnistía Internacional, En URL:
http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/04/29/organismos-de-la-sociedad-civil-exigen-al-estado-frenar-la-violencia-feminicida/

5 ¿Qué es violencia económica y cuántas mujeres la sufren en México?, EL Universal, 8 de marzo de 2016, en URL: http://www.dineroenimagen.com/2016-03-08/69839, fecha de consulta: 8 de marzo de 2016.

6 ¿qué es un refugio?, Red Nacional de Refugios, en URL: http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-refugio.html Fecha de consulta 8 de marzo de 2016.

7 Cecilia Toledo Escobar Cécile Lachenal, Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Documento PDF.

9 Ibídem.

10 Cuarto Informe trimestral, CONAVIM 2012,  documento pdf, en URL;
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/527/3/images/4informetrimestral2012.pdf






De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la desigualdad de oportunidades que padecen las mujeres en el campo laboral y se solicita un informe pormenorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en materia de desigualdades de sexo. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE PADECEN LAS MUJERES EN EL CAMPO LABORAL Y SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA LABORAL EN MATERIA DE DESIGUALDADES DE SEXO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Más que un festejo, se trata de una oportunidad para reflexionar sobre la situación de las mujeres tras varias décadas de lucha por la igualdad, la dignidad y la autonomía.

En el caso mexicano, la situación de las mujeres sigue presentado profundos rezagos en el terreno de la equidad laboral y salarial. Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) revelan que el 65 por ciento del trabajo total que realizan las mujeres no es remunerado, a pesar de que el 54.7 por ciento de la Población Económicamente Activa son mujeres.1

Las cifras del INEGI también destacan que las mujeres laboraron 20.6 por ciento más horas de trabajo total que los hombres. Esto significó que por cada 10 horas que trabajaron las mujeres (2014), los hombres lo hicieron 8.3 horas. La carga total de trabajo incluyó las “labores domésticas” y el cuidado del hogar, además de aquellas actividades por las que se percibe un ingreso.

Desafortunadamente, se trata de un tema doblemente injusto, no solamente las mujeres trabajaron más sino que ganaron menos y en muchos casos no se les remuneró. De acuerdo al INEGI,2 el valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidados del hogar fue el equivalente al 18.0% del Producto Interno Bruto en el año 2014, es decir, a 3.1 billones de pesos. Cabe señala que el valor económico total de estas actividades aportó 1 de cada 4 pesos al PIB (24.2%) equivalentes a 4.2 billones de pesos. Estas cifras son superiores a las que se presentan en otras áreas productivas como: la industria manufacturera (representa el 16.7 por ciento del PIB); el comercio (15.5 por ciento) y los servicios educativos (4.1 por ciento).En otras palabras, las mujeres mexicanas están subsidiando con su trabajo no remunerado buena parte de nuestra economía nacional.

Adicionalmente, diversos rezagos importantes se pueden observar a partir de la participación de las mujeres en las actividades económicas de acuerdo a los Censos Económicos 2014.3 En primer lugar destaca que las mujeres solamente aportan el 43.8% del total del personal ocupado en las unidades económicas del país. En contra parte, los hombres aportan, el 56.2%. Esto significa que los hombres aportan 12.4% más del total del personal ocupado y casi más 30%4 de lo que aportan las mujeres.

En segundo lugar, se pueden observar diversos sectores económicos que siguen siendo espacios predominantes para los hombres y donde pocas oportunidades se han abierto para las mujeres. Entre otros destacan: la pesca y la agricultura donde las mujeres solamente participan con el 10% del personal ocupado; la construcción con sólo el 10.9%; la minería con el12.1%; transportes, correos y almacenamiento con el 15.8%; electricidad, agua y gas con el 21.1%; Manufacturas con el 35.1%, entre otras (Censos Económicos, 2014).

En tercer lugar, la participación de las mujeres por el tamaño de la empresa es mucho mayor en las unidades micro (donde 49.5% del personal ocupado eran mujeres), que en las empresas medianas y grandes (donde alrededor del 35% del personal ocupado eran mujeres). Esta información es muy indicativa pues en las microempresas se presentan las condiciones de trabajo más desventajosas en términos de la calidad de los empleos: menores salarios, menores prestaciones, mayor inestabilidad, mayor inseguridad, mayores abusos, entre muchas otras.

Además de la información presentada por los Censos Económicos, datos de otras fuentes nos indican la desventajosa situación de las mujeres en el mercado laboral y las todavía limitadas oportunidades de empoderamiento para impulsar cambios que permitan revertir las desigualdades, por ejemplo: “las mujeres ganan 30.5 por ciento menos que los hombres como industriales; 16.7 por ciento menos como comerciantes; y 15.3 por ciento menos como profesionales (Fundación: Angélica Fuentes, datos al 2015)”.5

En cuanto a la participación en algunos puestos claves del sector público, también se siguen presentando importantes rezagos. Aunque en las Cámaras se ha presentado un avance (alrededor de 38% del Senado y 42% de las Diputaciones están ocupadas por mujeres), todavía no se ha alcanzado la paridad de género. En el Poder Ejecutivo, se presenta una amplia disparidad, solamente el 16% del gabinete son mujeres (3 de 19 miembros) y solo 1 de cada 5 espacios (20%) del gabinete legal y ampliado son ocupados por mujeres (6 de 30 miembros). En el caso de los Ejecutivos de las entidades sólo hay una mujer gobernadora, en la Suprema Corte, solo dos de nueve ministros son mujeres y se registran 241 presidentas municipales por dos mil 226 hombres. Es decir, apenas el 11% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.6

Con base en todo lo hasta aquí señalado, no extraña que algunas estimaciones indiquen que: la igualdad en participación laboral entre hombres y mujeres significaría para México un aumento de entre 15 y 19 por ciento del PIB. 7 De esta tamaño es el costo económico para el país de la injusticia que padecen las mujeres como consecuencia de las desigualdades en la participación laboral y económica. Más allá del costo económico, esta situación tiene grandes implicaciones en la calidad de vida y bienestar de millones de mujeres país en el país.

A pesar de esta situación, pocos avances se registran en materia de desigualdades de género en la política laboral. Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta algunas iniciativas, lo cierto es que en su gran mayoría son acciones compensatorias que siguen administrando las desigualdades laborales entre sexos en lugar de buscar un cambio estructural de fondo. Adicionalmente, la información presentada por la dependencia en el marco del Día Internacional de la Mujer, hace referencia al número de apoyos entregados por los programas y no los avances en la reducción efectiva de las desigualdades.8 De esta forma no se tiene información sobre la eficacia de las acciones del gobierno federal. Desafortunadamente, la información que se ha presentado indica la prevalencia de grandes rezagos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su preocupación por la desigualdad de oportunidades que padecen las mujeres en el campo laboral y su falta de atención efectiva por parte del Gobierno Federal.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. Alfonso Navarrete Prida, envíe un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los resultados que ha tenido la política laboral en materia de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Inegi (2016), “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer: datos económicos nacionales”, fecha de acceso, 13 de marzo de 2016 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf 

2 Ibídem, p.1

3 Los datos otorgados por el Censo son para el 2013.

4 28.3%.

5 Fernanda Celis, Es necesario el empoderamiento de la mujer, El financiero, 18 de marzo de 2015, fecha de acceso, 13 de marzo de 2016,
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/es-necesario-el-empoderamiento-de-la-mujer-angelica-fuentes.html

6 Abner Chávez, “Paridad en el gobierno, sólo en el discurso; hay una mujer gobernadora por 31 hombres”, Excelsior, fecha de acceso, 13 de marzo de 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079535

7 Fernanda Celis, Op. Cit.

8 STPS, “En el marco del Día Internacional de la Mujer, la STPS refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las trabajadoras mexicanas, y con el impulso de políticas públicas que sigan mejorando sus condiciones laborales”, 9 de marzo de 2016, fecha de acceso 13 de marzo de 2016, http://www.gob.mx/stps/articulos/stps-comprometida-con-mejorar-las-condiciones-laborales-de-las-mujeres-mexicanas?es-MX






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que contemple incluir a la bicicleta como mercancía integrante del equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LUIS VIDEGARAY CASO, A EFECTO DE QUE EN SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA ADUANERA Y DEL COMERCIO EXTERIOR, CONTEMPLE INCLUIR A LA BICICLETA COMO MERCANCÍA INTEGRANTE DEL EQUIPAJE DE MANO DE PASAJEROS EN EL APARTADO 3.2.3 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2016; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es una realidad que en nuestro país, el uso de la bicicleta ha recuperado un auge inigualable. Tan sólo en el Distrito Federal se estima que hay aproximadamente 200 mil ciclistas habituales. Esto abre una ventana de oportunidad para retomar las experiencias exitosas a nivel internacional que han colocado a este medio de transporte como uno de los más socorridos.

Y no es para menos, pues son muchas las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamiento.

1.- El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran protección ante enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras asociadas a la obesidad.

2.- La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición como a su mantenimiento y no necesita combustible.

3.- La utilización diaria de la bicicleta en distancias cortas supone la disminución en la pérdida de tiempo de trabajo, o de desplazamiento, a causa de embotellamientos.

4.- Mayor agilidad de desplazamiento que el automóvil en las distancias cortas y medias (usuales en la ciudad).

5.- No presenta problemas de espacio de estacionamiento, una plaza de aparcamiento de un coche, caben una docena de bicicletas.

6.- No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y hace que cada desplazamiento sea un paseo.

7.- Es un medio de transporte no contaminante (no produce gases tóxicos, ni contaminación acústica).

8.- Ocupa mucho menos espacio que los automóviles tanto en su desplazamiento como en la superficie que necesita para estacionarse. Por ello ahorraría mucho dinero, incluso en infraestructuras.

9.- La bicicleta es un medio de transporte flexible y eficiente en la ciudad, no requiere tarifas, combustible, licencia ni registro; entre otros.

Sin duda, las razones son bastantes, por lo que las políticas públicas deben incentivar y fomentar el uso de este extraordinario medio de transporte.

Una buena forma de hacerlo, pueden serlo las medidas arancelarias, para lo que a este documento se refiere, a las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento  a las reglas en materia aduanera.

Sobre este particular, cabe destacar que en la Ley Aduanera se prevén diversas exenciones al pago de los impuestos al comercio exterior, como es el caso de aquellas que por disposición expresa se consideran integrantes del equipaje de pasajeros, en el apartado 3.2.3 de las REGLAS referidas, que contienen exenciones a mercancías nuevas o usadas, como las siguientes:

Franquicia de pasajeros

3.2.3. (…)

I. Bienes de uso personal, tales como ropa, calzado y productos de aseo y de belleza, siempre que sean acordes a la duración del viaje, incluyendo un ajuar de novia; artículos para bebés, tales como silla, cuna portátil, carriola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios.

II. Dos cámaras fotográficas o de videograbación; material fotográfico; tres equipos portátiles de telefonía celular o de las otras redes inalámbricas; un equipo de posicionamiento global (GPS); una agenda electrónica; un equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora portátiles; un quemador y un proyector portátil, con sus accesorios.

III. Dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca, tres deslizadores con o sin vela y sus accesorios, trofeos o reconocimientos, siempre que puedan ser transportados común y normalmente por el pasajero.

IV. Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido o mixto; o dos de grabación o reproducción de imagen y sonido digital y un reproductor portátil de DVD, así como un juego de bocinas portátiles, y sus accesorios.

V. Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD), tres paquetes de software y cinco dispositivos de almacenamiento para cualquier equipo electrónico.

VI. Libros, revistas y documentos impresos.

VII. Cinco juguetes, incluyendo los de colección, y una consola de videojuegos, así como cinco videojuegos.

VIII. Un aparato para medir presión arterial y uno para medir glucosa o mixto y sus reactivos, así como medicamentos de uso personal. Tratándose de sustancias psicotrópicas deberá mostrarse la receta médica correspondiente.

IX. Velices, petacas, baúles y maletas o cualquier otro artículo necesario para el traslado del equipaje.

X. Tratándose de pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, hasta 3 litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino.

XI. Un binocular y un telescopio.

XII. Dos instrumentos musicales y sus accesorios.

XIII. Una tienda de campaña y demás artículos para campamento.

XIV. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, los artículos que por sus características suplan o disminuyan sus limitaciones tales como andaderas, sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros.

XV. Un juego de herramienta de mano incluyendo su estuche, que podrá comprender un taladro, pinzas, llaves, dados, desarmadores, cables de corriente, entre otros.

Listado de mercancías, en las que no se encuentra contemplada la bicicleta, ni siquiera en el apartado de equipos deportivos, pues este apartado quedaría excluido al estar expresamente considerada en el diverso 1.3.1, solamente para conceder que no será necesario inscribirse en el padrón de Importadores, cuando se trate de la importación de una bicicleta.

“1.3.1. No será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV, de la Ley, cuando se trate de la importación de las siguientes mercancías:”…

… “XIV. Las efectuadas por personas físicas para su uso personal, hasta por el número de unidades por pedimento que se encuentren contenidas en la siguiente lista, siempre que no se tramiten más de 2 pedimentos por un mismo importador al año:”…

Bicicleta

1

De esta forma, lo más que puede ser favorecida la importación de una bicicleta para uso personal, es la franquicia POR MERCANCIA QUE EXCEDE DEL EQUIPAJE, prevista en la parte final de la invocada regla 3.2.3.

“podrán introducir las mercancías que excedan de su equipaje como franquicia, conforme a lo siguiente:

I. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

II. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.”

Regla que en los periodos que correspondan al “Programa Paisano” publicados por el Instituto Nacional de Migración en las páginas electrónicas www.inm.gob.mxy www.sat.gob.mx, sólo podrán ampliarse a 500 dólares, cuando se trate de los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre.

De esta manera, las exenciones en materia de comercio exterior en favor de la bicicleta son un tanto reducidas.

Por ello, la idea de la presente propuesta es apostar con mayor empeño la adquisición y por ende, uso de la bicicleta, que en nuestro país, pese al auge de los últimos años, difícilmente llegaría a contar con un parque de .02 bicicletas por habitante, lo que contrasta dramáticamente con las naciones que a la fecha disfrutan de ciudades más amables y humanas, con bicicletas por habitantes como los siguientes:

Holanda, 1 bicicleta por cada habitante.

Dinamarca, .8 bicicletas por habitante.

Alemania .75 bicicletas por habitante.

Suecia con .63 bicicletas por habitante.

Razones por las que la sugerencia que propongo sea realizada a la Secretaría de Hacienda, es favorecer la bicicleta en las referidas REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, de manera que la bicicleta se considere parte del equipaje del pasajero y por ende EXENTA del pago de impuestos.

Claro está, que esta medida no afectaría al mercado interno, pues es evidente que las mercancías materia de la franquicia de referencia, no se tratan de productos que ingresen al mercado, al tratarse de un artículo en equipaje de pasajero; sin embargo, considero que sí contribuiría a elevar el parque vehicular en bicicletas, su uso y por ende que sea capaz de consolidarse en la alternativa de transporte que se desea.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a efecto de que en sus atribuciones en materia aduanera y del Comercio Exterior, contemple incluir a LA BICICLETA como mercancía integrante del equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016, con su consecuente publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, a efecto de que este artículo quede exento de contribución en materia de comercio exterior, cuando se ingrese como parte del equipaje y en un solo artículo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar modificaciones a fin de que se creen consultorios libres de enfermedades virales, así como mejorar el tratamiento que se brinda a las personas que tienen el virus de la hepatitis C, para incrementar los casos de éxito. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que fije una fecha próxima para que se realice la visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace más de quince años, México extendió una invitación permanente a los organismos internacionales de Naciones Unidas, especialmente a la Relatorías para que visitaran y documentaran la situación de derechos humanos en nuestro país.

En el marco de esta invitación permanente, el señor Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos  de la ONU, solicitó visitar nuestro país durante el año 2015; sin embargo, el Estado mexicano solicitó aplazar esta visita para el año 2016. El Relator Forst solicitó se le invitara durante los días 18 al 29 de abril de 2016; sin embargo, al día de hoy, el gobierno mexicano no ha confirmado las fechas en las que se llevará a cabo dicha visita.

Es menester recordar que hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública y protección integral para prevenir las posibles violaciones a los derechos humanos hacia quienes integran este grupo en situación de riesgo.

De acuerdo con la CNDH “las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país; no obstante, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad”, señala el texto de la recomendación general.

En su recomendación, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.

El organismo hace hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la problemática que implican las agresiones a los defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

De esta forma señala que la CNDH observa con preocupación que el nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos años, que dichas agresiones son atribuidas, frecuentemente, por acción o por omisión, a servidores públicos y que, no obstante lo anterior, las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad”.

De acuerdo con la evaluación hecha por la Comisión Nacional las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos se han incrementado en la última década. Se debe recordar que ya en el año 2014 Margaret Sekaggya, ex Relatora de personas defensoras de derechos humanos, “reiteró su profunda preocupación sobre las alegaciones recibidas indicando la persistencia de un clima de violencia e inseguridad para los defensores y defensoras en México” y llamó la atención sobre “el alto nivel de impunidad que prevalece en torno a las violaciones cometidas con los y las defensoras en el país”.

Asimismo, en su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de la ONU  para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husseinseñaló: “Muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas” por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para “ofrecer más y mejor protección tanto a las defensoras y defensores de derechos humanos como a quienes ejercen el periodismo, quienes han sufrido una terrible serie de asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación en los años recientes.”

De acuerdo con lo anterior, la visita del Relator se vuelve en un situación de extrema relevancia, ya que urge que en nuestro país se realice una valoración externa e independiente de los avances y retrocesos en la materia, y se emitan recomendaciones que permitan avanzar en la plena protección y vigencia de los derechos de las personas defensoras en nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que fije una fecha próxima, lo más pronto posible, para que se realice la visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.






De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la instrumentación del Programa Mujeres Pyme que otorgará financiamientos para consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, anunciado por el Presidente de la República. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

La que suscribe, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cada 8 de marzo, desde 1975, se celebra el Día Internacional de la Mujer; una fecha que sirve para reflexionar acerca de los avances logrados y los retos que aún tenemos en el mundo para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres.

A más de cien años de que iniciara la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres hay importantes avances. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016”, presentado por ONU-Mujeres, 143 países garantizan la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones.1

Por décadas hemos roto estereotipos y derribando barreras que nos impedían crecer plenamente. Hoy, millones de mujeres en el mundo han logrado incorporarse a diversos ámbitos como la academia, el deporte, la música, la literatura, los negocios y la política. Por ejemplo, en América Latina países como Brasil, Chile, Costa Rica y Argentina han elegido a mujeres para presidentes.

A pesar de los avances, se estima que debido a la falta de participación laboral de las mujeres se pierde alrededor del 16 % del PIB per cápita en la región latinoamericana, y en el caso de México más del 22 %.2

A nivel mundial, alrededor del 50 % de las mujeres tiene un empleo remunerado; sin embargo ganan entre un 10 y 30 % menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. En los últimos 20 años se ha duplicado su participación en la política pero aún representan únicamente el 22 % de los parlamentarios.

En nuestro país, 53.8 millones de personas integran la fuerza laboral, 20.7 millones son mujeres, de este segmento, el 95.6 % cuenta con un empleo y la mitad gana menos de 2 salarios mínimos.

Se ha demostrado que las condiciones de desventaja de determinados grupos sociales son un factor que incide en la violación de sus derechos humanos y en este sentido las mujeres se ven profundamente afectadas, consciente de ello, el Gobierno de la República ha implementado diversos programas y políticas tendientes a apoyar a las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional, con el propósito de que accedan a mejores oportunidades a lo largo de su vida.

De manera concreta, destacan las acciones orientadas a eliminar las barreras que limitan su participación y desarrollo en la economía nacional.
En este contexto, es de gran trascendencia el Programa Mujeres Pyme, anunciado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo central es facilitar el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres.

A través de esta estrategia se ofrecerán 2 productos de crédito con financiamiento de los 50 mil a los 5 millones de pesos y a una tasa de interés de 9.9 % anual fija.

El programa constituye un instrumento más de apoyo a las mujeres que permitirá, gracias a la Reforma Financiera, aprobada por el Congreso de la Unión, ofrecer créditos más bajos para lograr su autonomía económica y que pueden acceder a mejores condiciones de vida.

Actualmente, 3 de cada 5 empresas que se abren en el país están lideradas por mujeres; las empresarias aportan el 37 % del PIB y de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 99 % de las mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa salda sus deudas de manera íntegra.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son la columna vertebral del crecimiento de la economía mexicana, por su aporte a la producción y a la generación empleos. De acuerdo con cifras del INEGI, existen poco más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8 % son Mipymes, las cuales generan 52 % del PIB y 72 % del empleo total del país.

Las mujeres tienen una mayor participación en los establecimientos micro y pequeños, con 49.4 y 37.9 %, respectivamente, siendo de 34.3 % en el caso de los medianos.

Asimismo, cabe destacar que 4 de cada 10 de estos establecimientos son emprendidos por mujeres, aumentando su participación de 35.8 % en 2008 a 37.6 % en 2013.

La mayor equidad en el acceso de las mujeres al ámbito empresarial constituye un reto solo para México, sino a nivel mundial. Más del 95 % de las empresas en los países de la OCDE son Pyme, estimándose que existen entre 420 y 510 millones de estas empresas en el orbe, de las cuales 9 % pertenecen a la economía formal.

La Corporación Financiera Internacional (CFI) estima que el número de Pyme de la economía formal que son propiedad de mujeres oscila entre los 8 y los 10 millones, es decir, un tercio aproximadamente de todas la Pyme de la economía formal.

En la Unión Europea, el 25 % de todos los trabajadores considerados como “trabajadores independientes con empleados” son mujeres, porcentaje similar al de Brasil, Canadá, Chile, República de Corea, Estados Unidos, Japón y México.

Asimismo, el volumen de negocios medio de las empresas propiedad de mujeres es solo una fracción del de las empresas que pertenecen a hombres: en México es de 38 %; en Italia de 26 %; y en los países bajos de 18 por ciento.

Las mujeres juegan un papel importante en la reducción de la pobreza y en el crecimiento económico de los países, ONU-Mujeres afirma que para crear economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente es fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores.

Destinan más del 70 % de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo utilizan entre 30 y 40 % de sus recursos para dichos fines.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de la necesidad de continuar implementando políticas públicas con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en el sector empresarial, que coadyuve al mejoramiento de su bienestar y que permita avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la instrumentación del Programa Mujeres Pyme, que otorgará financiamientos para consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, anunciado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.

1 http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf

2http://imco.org.mx/banner_es/avances-y-retos-en-la-igualdad-de-genero-en-america-latina-via-the-economist/






De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a emprender acciones que permitan mejorar la implementación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La suscrita, Senadora ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE EMPRENDA ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la Cuenta Pública de 2014, la Auditoría Superior de la Federación analizó los resultados de 2014 de la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el marco del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH). El informe de la ASF revisa el diseño de la estrategia, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Además, se revisaron los resultados de la SEDESOL en la implementación y funcionamiento del SNCH, la focalización de la población objetivo, y el control y seguimiento de la CNCH; asimismo, se evaluaron los resultados de la estrategia en la mejora del ingreso económico y la atención de las carencias sociales de las personas en situación de pobreza extrema alimentaria, y en la erradicación de la misma.

En el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre se estableció a través de un Decreto en 2013, el cual se instrumentó para atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.1El derecho a la alimentación adquirió rango constitucional en la reforma 2011, mediante la que se adicionó el párrafo tercero al artículo 4o, que establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. En este marco, el SNCH tiene la misión de conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social para erradicar el hambre, conceptualizada por el Estado mexicano como la condición de pobreza extrema alimentaria, la cual debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios, y en la segunda (2014), en 1,012 municipios.

El informe de la ASF concluye que la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones, por lo que no se pudo verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los 7.0 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas en esa condición”.2

Para hacer su evaluación la ASF sigue los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(CONEVAL), quien identifica el problema del hambre con la carencia por acceso a la alimentación y que la conceptualiza en términos de la seguridad alimentaria asociada a las experiencias de hambre, a diferencia de la forma en la cual el Gobierno Federal identifica el problema, puesto que el mismo relaciona el hambre con otras carencias sociales que se refieren al acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación, a los servicios básicos y a la calidad en la vivienda, así como al mejoramiento del ingreso. Según la ASF, el problema con la conceptualización del Gobierno Federal es que dificulta la evaluación y seguimiento de la focalización, implementación y coordinación de acciones.

Con los datos del CONEVAL, las ASF identifica 7 millones de personas en situación de pobreza extrema alimentaria. A partir de esta población objetivo, la ASF procede a la auditoria de la Cruzada.

En 2014, la Comisión Intersecretarial de la Cruzada señaló que operarían 90 programas federales en el marco de la estrategia, pero en la revisión de la ASF se determinó que sólo había 61 operando. Sin embargo, aún en estos 61 se encontró que “cada programa tiene su propia población objetivo (personas, viviendas, localidades, etc.) y su ámbito de actuación (nacional, regional, etc.), por lo que sus acciones pueden o no incidir en la población objetivo que pretende atender la estrategia, que son los pobres extremos alimentarios”3.

Asimismo, se identificó que de estos 61 programas que operarían en el marco de la Cruzada en 2014, el 14.7% (9 programas)4 se asocia directamente con la atención de esa carencia, mientras que el otro 85.3% (52 programas), con la atención de las demás carencias sociales y del ingreso5, integradas por el Gobierno Federal en su conceptualización del hambre.

Aunado a lo anterior, a 2014 la Secretaria de Desarrollo Social no integró un padrón único de beneficiarios de la CNCH que permita revisar la adecuada focalización e identificar la problemática a nivel de hogar e individuo.

En dicho año el Gobierno Federal implementó el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) para identificar de manera puntual a los hogares y sus integrantes que presentan una condición específica. Con el Análisis del SIFODE, se identificó que el Gobierno Federal registró a 5.3 millones de personas; de los que el 79.8% (4,211.1 miles) pertenecía a municipios de atención de la CNCH. De esos 4.2millones de personas, el 61.7% (2.6 millones) son personas en pobreza extrema. Esto es el 37.3% de la población en pobreza extrema alimentaria en 2014 (7.0 millones de personas). Asimismo, la ASF encontró que sólo se registraron 19 programas en el SIFODE, lo que significó el 31.1% de los 61 programas que incidirían en la CNCH, y de los 19 programas, sólo el 21.0% (4 programas) se dirige a atender directamente el problema referente a la falta de acceso a la alimentación.6

Más aún, el diseño presupuestal de los 61 programas no permite identificar la gestión financiera, ni los indicadores y metas definidos para contribuir en la solución del problema público de pobreza extrema alimentaria en que pretende incidir la estrategia. Es decir, ninguna dependencia ni entidad de gobierno, que se supone están coordinadas en torno a la Cruzada, reportó los recursos asignados y ejercidos a estos programas presupuestarios que se incluyen en la estrategia.

La ASF recomendó que cada uno de los programas tenga indicadores para evaluar de qué forma contribuyen a combatir la pobreza alimentaria y para identificar cómo se utilizan los recursos que pudieran utilizar para este fin en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Además, sugirió que para poder tener una focalización más efectiva y para una mejor implementación y evaluación de los programas en el marco de CNCH se debe de sustituir el que utiliza el gobierno federal para determinar quiénes son los beneficiarios de la misma por el de CONEVAL, porque le primero provoca que sea imposible identificar el funcionamiento de la estrategia.

La SEDESOL respondió a las recomendaciones ofreciendo documentos que aclaraban o justificaban los resultados presentados por la ASF. El argumento principal establecía la pertinencia de relacionar la pobreza alimentara extrema con otras carencias lo que, según la ASF, vuelve imposible la operación y evaluación de las acciones de la Cruzada.

Esta discrepancia entre la conceptualización de pobreza alimentaria extrema impide la correcta operación de la Cruzada y su evaluación. Por lo tanto, es urgente que la SEDESOL se coordine con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para encontrar la conceptualización que permita una mejor implementación y coordinación de las acciones de la misma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, armonice una conceptualización de pobreza alimentaria extrema que permita definir el problema público y la población objetivo por atender; homologar los apoyos, y coordinar de la mejor forma las actividades entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos locales y los gobiernos municipales, en concordancia con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Alejandra Roldán Benítez.

1 DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL PARA LA
CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/302401/1006625/file/decreto%20de%20la%20cruzada%20nacional%20contra%20el%20hambre.pdf

2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, “Secretaría de Desarrollo Social, Cruzada Nacional contra el Hambre, Auditoría de Desempeño: 14-0-20100-07-0226”, Auditoría Superior de la Federación, disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0226_a.pdf, pág. 23

3 Informe del Resultados, Óp. Cit. pág. 5

4 Los 9 programas cuyos objetivos se vinculan con la atención de la carencia por acceso a la alimentación son: 1) Programa Comedores Comunitarios; 2) PROSPERA Programa de Inclusión Social; 3) Programa de Apoyo Alimentario; 4) Programa de Abasto Social de Leche; 5) Programa de Compra de Leche Nacional; 6) Programa de Abasto Rural; 7) Programa de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 8) Programa de Escuelas de Tiempo Completo con Apoyo Alimentario, y 9) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero.

5 Informe del Resultados, Óp. Cit. pág. 5

6 Informe del Resultados, Óp. Cit. pág. 6






De los Senadores Jesús Casillas Romero, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Neyra Chávez, Ricardo Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luz María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud, para que los recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad en todos los niveles educativos del país. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, DIVA HADAMIRA   GASTELUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MAGARITA FLORES SANCHÈZ, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ARMANDO NEYRA CHÀVEZ, RICARDO BARROSO AGRAMONT, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, ARMANDO RIOS PITER, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT, ZOE ROBLEDO ABURTO, MARIO DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA ROCHA ACOSTA y MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTINEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente         PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE   A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EDUCACIÓN   PÚBLICA Y DE SALUD, PARA QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS       PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO (IEPS), POR BEBIDAS AZUCARADAS Y DE ALTA DENSIDAD CALÓRICA SE DESTINEN, ENTRE OTROS, A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO Y OBESIDAD, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL PAÍS.

CONSIDERACIONES

El sobrepeso y la obesidad son consideradas enfermedades crónicas, que afecta tanto a niños como adultos, que a su vez se constituyen como propicias para el desarrollo de otras Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) , enfermedades cardiovasculares (ECV), y algunos tipos de cáncer.

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, en nuestro país, la prevalencia de estas enfermedades se ha triplicado y continua creciendo a un ritmo alarmante, especialmente entre los niños al punto de que 1 de cada 3 en edad escolar presentan problemas de sobrepeso y obesidad, lo que nos coloca como el 2° país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con mayor incidencia.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3% (que representan a 48.6 millones de personas).

La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso de 38.8%. La obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5%) que en el masculino (26.8%), al contrario del  sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5% y el femenino de 35.9%.

Sabemos que estas enfermedades son causadas por múltiples factores, entre ellos el sedentarismo, factores genéticos y una alimentación mal balanceada. No obstante, el acceso a la Salud y al deporte son derechos fundamentales que deben hacerse  efectivos, que en este caso, bien podría ser a través de programas que inciden en ambos.

Esto, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, siendo el Estado el encargado de su promoción, fomento, y estímulo; mientras que el sedentarismo es un problema de salud pública mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto principalmente por la insuficiente realización de actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas.

El sedentarismo o falta de actividad física es uno de los factores que mayor inciden en la prevalencia de sobrepeso y obesidad ente de la niñez y juventud de nuestro país.

En ese sentido, la Reforma Educativa promovida por el Presidente Peña Nieto y aprobada por esta soberanía incluyó la necesidad de fomentar la actividad física en todos los niveles de educación, así como contar con la infraestructura necesaria para su promoción.

Por otra parte la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la Diabetes promovida el Gobierno Federal desde el 2013, promueve una política pública nacional que genere hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la población, involucrando, a los sectores público y privado, así como a la sociedad civil.

A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de citada Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, se estima que 58.6% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física organizada (participación en deportes) durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizó una o dos actividades y 2.5% más de tres actividades. La actividad más frecuente para este grupo de edad es el fútbol.

Es por ello que resulta imprescindible que los planteles educativos cuenten a la brevedad con la infraestructura necesaria para que los niños y jóvenes de nuestro país puedan realizar actividad física diariamente y así combatir el grave problema de sedentarismo que hay en nuestro país.

Al respecto, también es de destacar que una de las reformas importantes promovidas por el Gobierno de la República, tuvo que ver con el Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS), específicamente el dirigido al cobro de un peso por cada litro para bebidas saborizadas y azucaradas.

Se propuso el establecimiento de impuestos al consumo de bienes nocivos para la salud a fin de combinar los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población al inhibir las actividades que dañan la salud de las personas y contar con recursos adicionales para ello.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, el impuesto a las bebidas azucaradas ha tenido un impacto positivo, ya que durante el año 2014, se disminuyó el consumo en 6%, así como se aumentó el consumo de agua potable en 4%. Se espera que esta medida, de la mano de otras políticas, logren contener en el mediano y largo plazo los índices de sobrepeso y obesidad en el país.

En esa doble finalidad, de la mano a la recaudación, habría de estar el destino de estos impuestos. Este año, se prevén ingresos por más de 21 mil millones de pesos por el IEPS a bebidas azucaradas, de los cuales, una buena parte, si no es que todo, debería ser dirigido a programas sociales, educativos y de salud que ayuden a combatir enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, y la diabetes, así como para el acceso y disponibilidad al agua potable en escuelas, espacios públicos y zonas rurales.

De esta manera, el IEPS a bebidas azucaradas cumpliría cabalmente con su doble cometido, el de inhibir su consumo excesivo, como el de recaudación encaminada a contar con recursos para implementar mecanismos que incidan en una vida saludable para las personas.

Este cometido se encuentre ya incluido en el 6to Transitorio de las Leyes de Ingresos de los años 2014, 2015 y 2016, señalando que la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a las bebidas azucaradas deberán destinarse “a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo”.

Siendo precisamente el objetivo de la presente sugerencia, a través del respetuoso exhorto por parte del Senado de la República.

Cabe destacar, de acuerdo con observaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que el destino de recursos para este rubro se encuentra muy por debajo de los ingresos, pues por ejemplo, el año pasado la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes contó con un presupuesto de 323.7 millones de pesos, esto es, apenas poco más del 1% de los ingresos previstos para este año.

Los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestro país son alarmantes y mortales. Resulta urgente implementar políticas públicas que contribuyan a disminuir la prevalencia de este fenómeno, que de seguir así, muy pronto se constituirá en una de las principales causas de muerte de nuestros jóvenes.

En este sentido, se propone la creación de un Fondo para la Prevención de la Obesidad, en forma de un Fideicomiso Público, y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho Fondo deberá contar con un Comité de Expertos, cuyo objetivo sea el de diseñar e implementar una serie de reglas de operación para garantizar el uso cabal de los recursos destinados al Fondo, así como la evaluación de impacto de los mismos.

Se propone que dicho Comité de Expertos esté conformado por las instancias de gobierno involucradas en el tema (las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación), así como de un grupo de expertos en salud pública y sin conflicto de interés, que cuenten con experiencia en el sector público, social, académico y/o de investigación.

Siendo esta la sugerencia que me permito proponer que sea realizada respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y de Salud, concretamente al tenor de la contenida en la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, para que en la coordinación del ámbito de sus atribuciones, se destinen recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS), por bebidas azucaradas y alimentos no básicos de alta densidad calórica para…

a) La infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos del país;

b) El diseño e implementación de programas sociales, educativos y de salud dirigidos a combatir el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, así como las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), que éstas pueden detonar, como como la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), y enfermedades cardiovasculares (ECV); y

c) Apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago.

SEGUNDO.- Para dichos objetivos, la creación de un Fondo para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad y Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), en forma de un Fideicomiso Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con posibilidad de aportaciones por el sector privado y social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Sonia Rocha Acosta.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.








Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a implementar un plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la montaña y la sierra de dicho estado. Se turna a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN UN PLAN EMERGENTE DE PREVENCIÓN DE CRISIS ALIMENTARIA EN MUNICIPIOS DE LA MONTAÑA Y LA SIERRA DEL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 2014 derivado de los daños causados en el Estado de Guerrero por la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, y mediante un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se implementaron por parte de la Secretaría de Desarrollo Social una serie de medidas extraordinarias para prevenir una crisis alimentaria en la Montaña de Guerrero, como consecuencia de los daños causados por los meteoros “Íngrid y Manuel”.

La situación que se vive actualmente nos pone frente a una situación que tiene los mismos efectos que los fenómenos meteorológicos ocurridos en septiembre de 2013, ya que las zonas rurales del Estado de Guerrero, sobre todo la zonas de la Montaña y la Sierra, requieren urgentemente atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, debido a que la población del campo se encuentra en condiciones críticas, resultado de diversos acontecimientos y calamidades ocurridas recientemente, que han sido planteadas por diversas organizaciones sociales:

1. La falta de efectividad en la implementación del Plan Nuevo Guerrero, debido a que la entidad todavía no se recupera de la catástrofe generada por los meteoros “Ingrid y Manuel”, ya que desde hace dos años y medio que se anunciaron  acciones y presupuestos millonarios del Plan Nuevo Guerrero, a la fecha han sido aplicados con mucha tardanza e ineficiencia, con muchas discrepancias en lo que se ha informado en los medios y lo que los ciudadanos viven en los lugares donde todavía no han llegado los apoyos, haciendo más lento el proceso de recuperación

2. La mala temporada de lluvias del año pasado, que fue un ciclo en el que las lluvias fueron atípicas, es decir, se presentaron muy escasas durante su temporada regular, y al final del año hubo precipitaciones abundantes. Sin embargo, la mayoría de los productores campesinos que siembran milpa principalmente para su auto abasto, tuvieron muy malas cosechas y a la fecha ya están padeciendo una grave escasez de los granos básicos para su sobrevivencia.

3. La afectación a los cafetaleros del Estado de Guerrero generado por “La Roya”. La producción de café, en las regiones de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande (principalmente la sierra de Atoyac), ha representado históricamente una fuente de ingresos para muchos campesinos que se dedican en esa actividad.

En los próximos meses, dado el fuerte impacto de la afectación de “La Roya”, donde de acuerdo a datos del Consejo Estatal del Café (CECAFE), se tienen 12,573 productores de 161 localidades y 16 municipios del Estado de Guerrero, con mayor afectación, los cuales tienen un riesgo inminente de padecer hambre, esto se multiplica si consideramos a las familias que sin ser productoras de café participan en labores de cosecha u otras relacionadas con el sistema producto café, y donde según estimaciones del propio CECAFE podrían ser alrededor de 25,000 familias quienes directa o indirectamente dependen del café en el Estado de Guerrero.

4. La falta de un plan integral y opciones productivas para la gente que habita en la región de la Sierra de Guerrero, que evite que se dediquen a la siembra de enervantes.

La región de la sierra cuenta con una superficie de 18,797 kilómetros cuadrados, en la parte alta de 14 municipios y 143,579 habitantes; región que se ha identificado por ser el principal productor de amapola en el país; primer abastecedor de goma de opio a los Estados Unidos de Norteamérica; y que en últimas fechas ha sido un área de implementación de operativos y brigadas de combate a la siembra del estupefacientes, afectando de manera indirecta a miles de familias que utilizan estas ganancias ilícitas para alimentarse todo el año.

El 14 de marzo de 2016, fue publicada una nota en el portal de UNOTV, “ Golpe al narco, destruyen 21 millones de bulbos de amapola en Gro.”. Los primeros comentarios que surgieron sobre esta nota son: ¿Cuál es la estrategia integral que se tiene para la gente que vive en estas zonas?; ¿Qué se está proponiendo para que las personas que cultivan estas plantas, no se queden sin comer en los meses siguientes?; ¿Por qué no se promueven alternativas de producción y se implementan actividades productivas lícitas exitosas y se vayan supliendo por la siembra de enervantes?

5. Otros factores negativos son: La corrupción, la ausencia de crecimiento económico, la delincuencia, devaluación del peso frente al dólar, la disminución del precio del petróleo y el reciente recorte presupuestal, ponen al estado en una situación de bomba de tiempo.

La situación alimentaria del campo guerrerense es realmente grave y las consecuencias de no atender o implementar medidas preventivas adecuadas pueden ser lamentables. Una consecuencia es sin duda la intensificación de la violencia, que en se ha venido incrementando en el Estado de Guerrero, y que puede dispararse aún más: La gente desesperada por el hambre es capaz de muchas cosas.

Por ello proponemos que los tres niveles de Gobierno apliquen medidas preventivas de manera inmediata, utilizando las estructuras y programas de sus gobiernos en materia de Desarrollo Social y Desarrollo Rural o Agrícola, del mismo modo se declare por parte de la SEGOB situación de desastre, que permita acceder a recursos del FONDEN, activar el Programa de Empleo Temporal Inmediato a las familias afectadas; así mismo se active un programa emergente de abasto de granos básicos a la población del campo, especialmente de las zonas más afectadas por la roya, y a municipios de la sierra y la montaña de Guerrero.

Se requiere también apoyo a los cafeticultores con asistencia técnica, que les permita renovar sus huertos con variedades más resistentes a la roya y un programa de control con base biológica. Asimismo, se tienen reforzar los apoyos a las actividades productivas potenciales en estas zonas, como la actividad forestal, la siembra de frutales, el aprovechamiento de la fauna silvestre y otras actividades lícitas de gran potencial.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder  Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero para que instalen una mesa de trabajo con las organizaciones cafeticultoras y las organizaciones de la sierra de guerrero con la finalidad de generar un diagnóstico claro y real de las necesidades y acciones que se tienen que llevar a cabo en sus regiones, para que de manera coordinada implementen un plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la Montaña y la Sierra del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder  Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero para que a través de las estructuras y programas de sus gobiernos en materia de Desarrollo Social y Desarrollo Rural o Agrícola, instalen un programa emergente de abasto de granos básicos a la población del campo, especialmente en las zonas más afectadas por la roya y en municipios de la sierra y la montaña de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a encabezar un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, estatales y las dependencias federales del país, en la actualización de las medidas y protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la población debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora suceden en nuestro país como consecuencia del cambio climático global. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace algunos años hemos visto en nuestro país, fenómenos naturales que anteriormente no se presentaban, o al menos no con la frecuencia e intensidad de ahora. Tal es el caso de ventiscas, tornados, nevadas, sequías, inundaciones, lluvias y granizadas intensas clasificadas como “atípicas” que son, presumiblemente, consecuencia del cambio climático producto del calentamiento global.

El cambio climático se puede definir como la variación global del clima de la tierra, medido en diferentes escalas de tiempo, por lo cual se hace necesario hacer un estudio minucioso de todas las variables que pueden influir, como la temperatura, precipitaciones y nubosidad, entre otros elementos. Las causas fundamentales para que ocurra el cambio climático pueden ser naturales, o la acción del hombre.1

En días pasados, en varias entidades federativas, se registraron fuertes nevadas, lluvias constantes y sobre todo vientos intensos que provocaron la caída de árboles, ramas, postes, cables, domos y en los casos más graves, de estructuras que sostenían anuncios llamados “espectaculares”.

En Metepec, Estado de México, una estructura de aproximadamente 25 metros de altura que sostenía un anuncio espectacular fue derribada por los fuertes vientos dejando un saldo de varios heridos y posteriormente una víctima mortal. El hecho fue ampliamente conocido debido a la difusión, por redes sociales y medios de comunicación, de un video que capta el momento preciso en que cae sobre varios automóviles que circulan por la vía pública. 2

En la Ciudad de México, en solo dos días, cayeron 420 árboles, 60 espectaculares y 40 lonas, que dañaron a 52 vehículos y pusieron en riesgo la integridad física de miles de habitantes de la capital del país. 3

La misma situación se pudo observar desde Tamaulipas hasta Chiapas, pasando por los estados de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y varios más, sobre todo del centro del país.

Fueron de tal magnitud y tan evidentes los daños causados por los fuertes vientos y lluvias recientes, que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, demandó a las áreas de protección civil de las entidades federativas del país que realicen una revisión permanente de todos los anuncios espectaculares.4

Cabe recordar que hace 29 años, luego del sismo de 1985, se fundó el Sistema Nacional de Protección Civil y hoy, gracias a la prevención de riesgos y a una profesional organización, éste se ha convertido en un valioso mecanismo que ha puesto a salvo miles de vidas.

Sin embargo, nuestro sistema debe consolidarse como una política pública incluyente que atienda y mitigue los diferentes riesgos en que se encuentran muchas zonas y regiones de nuestro país.

Debe ser un sistema integral, ágil, moderno y eficiente, que debe contar con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de emergencia, y garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles y órdenes de Gobierno.

Con esta amplia visión fue que el pasado 28 de mayo de 2013, por primera vez en la historia de México, el Presidente de la República instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, un órgano de consulta y coordinación de la política de Protección Civil, que fomenta la participación responsable del Gobierno y activa de todos los sectores de la sociedad.

Conforme a la Ley de Protección Civil, en su artículo 27, el Consejo Nacional de Protección Civil se encuentra integrado por:

● El Presidente de la República, quien lo presidirá.

● Los titulares de las Secretarías de Estado de México

● Los Gobernadores de los estados

● El Jefe de Gobierno del Distrito Federal

● Las Mesas Directivas de las Comisiones de Protección Civil del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.5

En ese sentido, la finalidad del Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil encabece un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, estatales y federales del país, para actualizar medidas y protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la población.

Esos elementos urbanos como postes, cables, bardas, anuncios espectaculares o cualquier objeto que, ante estos fenómenos naturales novedosos que ahora se están presentando en nuestro país como consecuencia del cambio climático global, ponen en riesgo la integridad física de la población.

Si bien es cierto que los permisos para los anuncios recae en la autoridad municipal, y que en el tema del permiso de instalación y control de postes y cables puede ser de la autoridad municipal o federal, es momento de realizar una acuciosa revisión de los protocolos de seguridad y de proponer, incluso, cambios en los reglamentos y en la legislación.

El objeto del Consejo es fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil y eficientar sus beneficios a la población Mexicana, incluyendo estos elementos y fenómenos ya mencionados.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para que encabece un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, estatales y las dependencias federales del país, en la actualización de las medidas y protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la población debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora suceden en nuestro país, como consecuencia del cambio climático global.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar que sean efectivamente investigadas y sancionadas las agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de derechos humanos en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE GARANTICE QUE SEAN EFECTIVAMENTE INVESTIGADAS Y SANCIONADAS LAS AGRESIONES DE QUE SON OBJETO LAS MUJERES Y HOMBRES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Uno de los grupos especialmente afectados por el contexto de violencia e inseguridad en el país son las mujeres y hombres defensores de los derechos humanos. Estas personas que dedican su vida a la defensa de los derechos humanos, derivada o no de una situación personal en la que tuvieron que sufrir las consecuencias de verse violentados, representan hoy en día un factor necesario socialmente para develar y contener los excesos del poder político y de otros actores que transgredan la integridad de las personas.

Tal y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en repetidas ocasiones, “las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.

El estado de indefensión en el que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos se recrudece en países como el nuestro, donde muchos de ellos tienen que enfrentar la difícil tarea de confrontar a estructuras de poder arraigadas y encumbradas en redes de impunidad, y que tienen como modo de operar el hostigamiento y la agresión hacia aquellas personas o colectivos que se oponen a sus intereses.

La situación de México en materia de derechos humanos es preocupante, lo que demanda redoblar esfuerzos para cambiar este estado de cosas. Tarea que no nada más le corresponde a la autoridad, pues ahí está la loable labor de los defensores de derechos humanos, que de manera individual o bajo el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, día a día tienen que enfrentarse a riesgos en contra de su vida, integridad y libertad personal.

2. No obstante que el Estado mexicano dio un paso firme para combatir las agresiones en contra de defensores de derechos humanos con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas1, el camino para implementarla ha sido tortuoso, con resistencias de los actores, oficiales o no, para que las reglas e instituciones allí creadas puedan mejorar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos lleven a cabo su trabajo sin temor a ser violentados.

Las agresiones más frecuentes hacia defensoras y defensores de derechos humanos que motivaron la expedición de la Ley en la materia, así como las que siguen persistiendo, son los casos registrados y numerosos de asesinatos, amenazas, intimidación, secuestro, tortura, detención arbitraria, falsas acusaciones, hostigamiento hacía el defensor y su familia, intervención de comunicaciones, confiscación de documentos oficiales, ataques, robos y registros no autorizados a oficinas u hogares.

De acuerdo a cifras de organizaciones de la sociedad civil2, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras en México. Sólo del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, se registraron 248 casos en contra de personas en lo individual, 47 contra organizaciones y 35 en contra de comunidades.

La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Defensoras de Derechos Humanos, creado por la Ley en la materia, desde su constitución en 2012 hasta febrero de este año, ha aceptado 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas, después de comprobarse que los solicitantes se hallaban en situación de riesgo o peligro de ataques con motivo de su actividad en defensa de los derechos humanos, según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Solamente durante 2015 se recibieron 80 solicitudes de personas defensoras de derechos humanos, el mayor número desde la instalación del Mecanismo, mientras que durante enero y febrero pasados, ya se han recibido ocho, de las cuales fueron admitidas seis.

3. Derivado del alto número de agresiones para los defensores de derechos humanos y periodistas, en el periodo comprendido del año 2012 a febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno la aplicación de medidas cautelares en 11 casos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve medidas de este tipo.

En 2015, la Corte Interamericana adoptó medidas cautelares en casos como los siguientes: 1) El 25 de febrero de 2015 a favor de Norma Mesino Mesino y 10 miembros de su familia, quienes se encontrarían en riesgo en vista de los presuntos hechos de violencia, hostigamiento y amenazas a las que estarían siendo objeto; el 27 de abril de 2015 a favor de dos defensoras de derechos humanos que se encontrarían en la región de la Sierra Madre en Sinaloa.

La última medida cautelar se tomó apenas el pasado 08 de marzo del presente año, a favor del ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, activista y defensor de los derechos humanos, quien sufrió agresiones al presenciar el homicidio de la activista hondureña Berta Cáceres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos relata que los defensores y defensoras de derechos humanos protegidos por medidas cautelares respecto de México incluyen a defensores del medio ambiente, migrantes, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, de la comunidad LGBTI, y de organizaciones que se encuentran impulsando el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en México.

En suma, persiste en México un panorama complejo para las y los defensores de derechos humanos, marcado por deficiencias, insuficiencias y obstáculos para la implementación del marco normativo en la materia, tanto el de rango nacional como también el internacional.
4. La persecución, estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos no sólo atenta contra la dignidad de estas personas, sino que también genera un clima de temor y desincentiva la participación de la ciudadanía en la defensa de los derechos humanos. El informe de la Misión de Observación Civil3 define la situación de México como en “un clima de hostilidad en contra de las personas defensoras en México”.

Pero es en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la “Situación de derechos humanos en México”, donde esta apreciación se torna realmente en dato objetivo, al constatarse que las defensoras y defensores continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus derechos humanos4.

En el referido Informe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere, a la letra que: “Durante la visita, la CIDH recibió testimonios de defensoras y defensores de derechos humanos, entre los que se encontraban beneficiarios de medidas cautelares, quienes manifestaron que continúan los asesinatos, agresiones, amenazas que incluirían a los miembros de sus familias, seguimientos, así como una serie de señalamientos por parte de autoridades estatales, las cuales los desprestigian y estigmatizan por su labor de defensa de los derechos humanos. En este escenario y al igual que en el seguimiento a medidas cautelares otorgadas, la Comisión recibió información preocupante sobre serios desafíos en el avance de las investigaciones relacionadas con amenazas, agresiones y hostigamientos, a pesar del efecto intimidatorio que estas situaciones generan en las defensoras y defensores de derechos humanos”.

La postura del Gobierno mexicano frente al informe de la CIDH, descalificándolo por “no reflejar la situación real del país”, vuelve a demostrar que no existe una disposición de las autoridades mexicanas competentes para reconocer la gravedad de la situación en la que vivimos en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

Frente a esas resistencias, se vuelve necesario que desde otros frentes de las instituciones que componen el Estado mexicano, se asuma un compromiso real con la defensa de los derechos humanos, reconociendo la situación de riesgo en que viven los defensores de los mismos. Tal y como asevera la CIDH: “el Estado debe asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades de defensa de los derechos humanos”.

Por tales razones, desde este Senado de la República es indispensable que establezcamos límites a la postura poco deseable del Gobierno ante el Informe de la CIDH, pues más allá de tomar partido por una u otra versión, como normalmente lo asume el Gobierno Federal, lo que debemos hacer es dar cuenta de los datos objetivos, reconocer la situación de gravedad y, lo más importante, actuar en consecuencia, exigiendo a las autoridades competentes, como es el caso de la Secretaría de Gobernación, conducirse con firmeza para atender estas recomendaciones, y no así evadirlas o descalificarlas.

El Estado mexicano, a través de sus autoridades competentes, tiene la obligación de garantizar seguridad de todas y todos los defensores de los derechos humanos, contra todo tipo de presiones, ataques, represalias, hostigamientos, violencia directa o indirecta, con motivo del ejercicio de su importante función social.

Es evidente la tendencia para silenciar a través de la violencia las voces de las y los defensores de los derechos humanos, con lo cual se perpetúa la impunidad y se desdibuja el ideal de conseguir verdad y justicia ante las graves violaciones de derechos humanos.

5. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define su objeto en razón de establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Tales medidas, coordinadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Junta de Gobierno, consisten en:

Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.

Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones.

Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario.

Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario.

6. De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

Además, de acuerdo al artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, corresponde a la Secretaría de Gobernación operar el Mecanismo para la Prevención y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como presidir dicho órgano, que es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, garantice que sean efectivamente investigadas y sancionadas las agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de derechos humanos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a implementar y operar las medidas preventivas, de prevención, de protección, y en su caso, urgentes, que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y hombres defensoras de derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.

1 En junio de 2012, se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, norma que responde al llamado de de activistas y sociedad civil para combatir las agresiones de que son presa aquellas personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Así mismo, esta Ley supone el reconocimiento que el Estado mexicano hace al trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

2 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

4 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía, los Consejos de Administración en las Empresas Productivas del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. Se turna a la Comisión de Energía.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS VACANTES EN LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA DE ENERGÍA, LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y DE CONSEJEROS EN EL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIDAD Y EL DESARROLLO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El modelo energético implementado por la reforma constitucional, promulgada el 20 de diciembre de 2013, prometió que nuestro sector energético sería una verdadera fuente de crecimiento económico y que mantendría la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera. Asimismo, se planteó que con esta reforma, las empresas productivas se fortalecerían y modernizarían, a fin de hacerlas más eficientes, con capacidad y flexibilidad necesarias para cumplir su misión. De igual modo, se prometió fortalecer los órganos reguladores coordinados en materia de energía y así fortalecer la soberanía nacional y la seguridad energética del país. 1

Estas promesas fueron ratificadas en junio de 2014, cuando se promulgó, a su vez, la legislación secundaria. En ese momento, Peña Nieto dijo que con la reforma se reforzaba la autonomía de Pemex y CFE para incrementar su competitividad internacional.2 Asimismo, prometió que con el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo se establecerían “las bases para administrar con eficacia y transparencia los recursos de la renta petrolera”3

El 18 de septiembre de 2014, el Senado en uso de sus facultades constitucionales designó a dos integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y tres de la Comisión Reguladora de Energía. Aunado a lo anterior, ratificó la designación de cuatro Consejeros Independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y cinco de Petróleos Mexicanos; y, aprobó los nombramientos de cuatro miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo.

Los procesos desarrollados en el Senado de designación, ratificación y aprobación no estuvieron libres de irregularidades. Tan sólo nueve días después de la recepción de las propuestas por la Cámara, se votaban ya en el pleno con una notoria ausencia de análisis por la mayoría de sus integrantes.

Lo anterior fue denunciado de diversas maneras por las y los senadores del GPPRD sin que la Junta Directiva de la Comisión de Energía considerara nuestras observaciones.

Uno de los detalles más preocupantes es el hecho de que los procesos de ratificación y aprobación, el Senado no cuenta ni siquiera con la posibilidad de entrevistarse directamente con las personas designadas, siendo únicamente una mera oficina de trámite. Lo anterior se comprueba con los casos de Jaime Lomelín, quien fungió hasta febrero de 2015 como consejero independiente de Pemex, y que renunció por su conflicto de interés, al igual que Arturo Manuel Fernández Pérez, quien renunció el 27 de febrero de 2015 al Fondo Mexicano del Petróleo. Ambos casos los denuncié en la discusión de su ratificación y aprobación en la comisión y en el Pleno.

Por cuanto hace al Senado, en tres casos no ha realizado su tarea de control respecto a estos nombramientos.

● En el de la persona que ocupe la vacante de Alma América Porres Luna en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se recibió la terna desde el 21 de abril de 2015 compuesta por José Antonio Alcántara Mayida, Felipe Ortuño Arzate y Alma América Porres Luna.

Toda vez que el Senado no se pronunció en 30 días, el Ejecutivo está en posibilidades de designar directamente de la terna presentada.

● El segundo es la designación de la persona que cubra la vacante en el Fondo Mexicano del Petróleo dejada por Arturo Fernández Ruiz. La propuesta también fue recibida el 21 de abril de 2015 en favor de José Julián Sidaoui Dib.

● El 21 de abril de 2015 adicionalmente se recibió la propuesta de nombramiento de Héctor Moreira Rodríguez para ocupar la vacante dejada por Jaime Lomelín, en febrero de 2015, como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos al no haberse resuelto en 30 días se tiene por rechazado el nombramiento.

Resulta evidente que, después de año y medio de vigencia de este modelo energético, tanto Peña Nieto, como algunas y algunos Senadores han demostrado su poco interés por fortalecer a las instituciones del sector energético, contradiciendo así todas y cada una de las promesas anunciadas en diciembre de 2013 y agosto de 2014. Hoy día, las empresas productivas del Estado, los órganos reguladores coordinados y el Fondo Mexicano del Petróleo se encuentran debilitados en un entorno internacional adverso, perjudicando aún más al país.

Es momento que el Ejecutivo Federal y los partidos que conforman la mayoría en el Senado de la República den muestra de una mayor voluntad porno seguir debilitando a las instituciones que implementan la reforma energética a la que tanto le apostaron. La situación global que enfrenta el sector, así como la crisis que vive Pemex exigen a las mejores personas al frente de ellas, capaces de tomar decisiones que garanticen la viabilidad de las empresas productivas, la obtención del mayor beneficio social, así como la soberanía energética. Es momento de dejar de tomar decisiones en función de intereses económicos privados.

Es por ello que resulta indispensable exigir que se cumplan los procesos de designación, ratificación y aprobación de las personas que faltan en Petróleos Mexicanos, los órganos reguladores coordinados en materia de energía y el Fondo Mexicano del Petróleo.

El Senado también está obligado a realizar análisis más profundos y detallados y constituirse como un verdadero contrapeso del Ejecutivo, de tal manera que no     resulten aprobadas, designadas o ratificadas personas que sean tan sólo protectores de intereses particulares, propios, de ciertos grupos o del Ejecutivo Federal, sino con una visión general de los intereses del Estado mexicano en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República instruye a la Comisión de Energía a que dictamine en un plazo no mayor de cinco días naturales la propuesta de nombramiento de José Julián Sidaoui Dib para ocupar la vacante producida en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo por la renuncia de Arturo Manuel Fernández Pérez y recibida el 21 de abril de 2015.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor de cinco días naturales remita a esta Soberanía:

a) La propuesta de nombramiento de un miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por la vacante producida por el término del nombramiento de Rafael Rangel Sostmann el 31 de diciembre de 2015.

b) La terna para designar a una persona comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a partir del término del encargo de Guillermo Cruz Domínguez el 15 de mayo de 2014.

c) Las ternas para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía a partir del término de sus encargos de Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano (31 de diciembre de 2015) y Francisco Barnés de Castro (24 de febrero de 2014).

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor a diez días naturales designe a la persona que ocupará el cargo de Comisionada Nacional de Hidrocarburos por el término del encargo de Alma América Porres Luna el 1 de septiembre de 2015.

CUARTO. El Senado de la República solicita al Titular del Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor a cinco días naturales envíe la propuesta de nombramiento de un consejero independiente en Petróleos Mexicanos a partir de la renuncia de Jaime Lomelín en febrero de 2015 y la negativa tácita al nombramiento de Héctor Moreira Rodríguez, recibido el 21 de abril de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Aristegui Noticias, “Lo que dijo Peña Nieto al promulgar la Reforma Energética” en YoutubeMX, (video), 20 de diciembre de 2013, consultado el 7 de marzo de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=EEFZ8TTE2w8

2 Grupo Fórmula, “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la Promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética” en Grupo Fórmula, 11 de agosto de 2014, consultado el 7 de marzo de 2016,  http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=432581

3 Idem






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los clientes de estos establecimientos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los senadores, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas décadas, nuestro país ha presentado un importante proceso de urbanización, propiciando el crecimiento acelerado de diversas zonas metropolitanas y con ello la construcción de supermercados como de centros comerciales.

Actualmente, en el país existen alrededor de 600 plazas comerciales, los cuales generan más de medio millón de empleos y donde se realiza una importante transacción de compra-venta de productos y servicios.

De acuerdo con el Reporte 2015 de la Industria de Centros Comerciales en América Latina, nuestro país cuenta con el mayor espacio rentable en la región y sus centros comerciales tienen un tamaño promedio de 28,000 m2.

México se transformado en un país predominantemente urbano. A principios del siglo XX, contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde vivían aproximadamente 1.4 millones de personas (10.4 por ciento de la población), a inicios de los ochenta, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, ya habitaban en zonas urbanas.

Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque con menor crecimiento que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana pasará de 71.6 a 83.2 por ciento, respectivamente.

Este proceso ha motivado nuevos hábitos de consumo y entretenimiento que están ocasionando el cambio del comercio tradicional e impulsan la construcción de tiendas de autoservicio y centros comerciales.

En el país, existen cinco mercados de gran trascendencia económica que son la Ciudad México, Monterrey, Guadalajara Puebla y Cancún. Se tiene un inventario de más de 15 millones de metros cuadrados de superficie rentables, de los cuales los centro comerciales tipo Power Center y Fashion Mall concentran el 70% de esta superficie.1

Expertos inmobiliarios han señalado que para los centros comerciales, los ingresos que perciben por entradas a sus estacionamientos se han convertido en la segunda o tercera fuente de recursos, después del arrendamiento de espacios comerciales.2

Medios de comunicación han hecho de conocimiento público que algunos centros comerciales ubicados en el Distrito Federal llegan a cobrar hasta 26 pesos por hora, lo que representa más del doble que el promedio que es de 10 pesos.3

Por otra parte, quienes utilizan los estacionamientos en los hoteles pagan casi el doble que cualquier otro estacionamiento. Por ello, con el fin de incentivar la actividad económica y evitar el abuso a los usuarios, es importante que el uso de los cajones de estacionamiento en los centros comerciales y hoteles no tenga costo para quienes consumen en su interior.

Existen algunos congresos locales que ya aprobaron iniciativas o están legislado sobre este tema, tales como Veracruz, Coahuila y Baja California, entre otros.

El presente punto de acuerdo busca solicitar respetuosamente y en pleno respeto a la autonomía de los Congresos locales, que legislen con respecto a eliminar el cobro del servicio de estacionamiento.

Es en base a estas consideraciones que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a revisar la posibilidad de legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamiento en las plazas comerciales y en los hoteles para los clientes de estos establecimientos en los estados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 https://www.tinsamexico.mx/Pdf/WP2012/COMERCIO/WPcomercial.pdf

2 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estacionamientos-son-negociazo-tienen-margenes-de-hasta-80.html

3http://www.publimetro.com.mx/noticias/df-los-cinco-estacionamientos-de-centros-comerciales-que-cobran-mas/moix!Ao6HljaY1DzY6/






De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El suscrito JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 95, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL Y AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO, EN VIRTUD DE LOS LAMENTABLES HECHOS DE VIOLENCIA QUE SE VIVEN EN ESTA ENTIDAD:

CONSIDERACIONES

Como todos sabemos, la paz y la seguridad deben ser en todo momento derechos irrenunciables de todo ciudadano que el Estado debe de garantizar. La ausencia de estos dos elementos fundamentales en una sociedad trae consigo un debilitamiento institucional donde las personas buscan alternativas distintas a las legalmente establecidas para allegarse de los medios y elementos necesarios para recuperar un poco de paz y seguridad para sus familias.

En la actualidad, la percepción generalizada de inseguridad, aunada a los crecientes acontecimientos de violencia que impera en el territorio nacional, lastiman en un grado alarmante ya a los ciudadanos, que son los principales receptores del daño ocasionado por los hechos ilícitos de los grupos delincuenciales.

Es lamentable ver cómo las autoridades que están obligadas a mantener y garantizar el orden público, se ven ya rebasadas por el creciente poder delincuencial de estos grupos que logran sembrar miedo y temor, incluso cosechar adeptos, en una sociedad que no encuentra respuesta a sus necesidades más primarias, y no hablamos sólo del derecho a la vida, sino del acceso a una vida libre de violencia.

Con estas palabras iniciaba las consideraciones de un punto de Acuerdo que presenté el 14 de abril del 2015, hace prácticamente un año, mediante el cual solicitaba la intervención del Gobierno Federal, y más particularmente al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, llevara a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y seguridad en el Estado de Jalisco.

Dicha solicitud iba acompañada de la lista negra de acontecimientos trágicos donde una gran cantidad de personas perdieron la vida a consecuencia de actos violentos de grupos delincuenciales. Hacía referencia a los integrantes del ejército emboscados en Guachinango Jalisco, al asesinato del Presidente Municipal de Ayutla Jalisco, Manuel Gómez Torres, al Diputado Federal secuestrado y asesinado, Gabriel Gómez Michel. Asimismo, al enfrentamiento en el fraccionamiento Villas Río, de Puerto Vallarta que duró poco más de 10 horas, donde un militar perdió la vida, así como el enfrentamiento en Ocotlán Jalisco en el que asesinaron a cinco elementos de la Gendarmería, un enfrentamiento donde ocho más resultaron lesionados y tres civiles inocentes muertos a causa del fuego cruzado; entre ellos un estudiante de secundaria.

En más hechos violentos enlistados, mencioné el atentado contra el entonces Comisionado de Seguridad del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga, la emboscada al grupo de elementos de la Fuerza Única Regional en la carretera libre de Mascota, en San Sebastián del Oeste, donde 15 de los 20 policías atacados murieron sin accionar sus armas y los cinco restantes resultaron gravemente heridos. Y qué decir del asesinato del director de la Policía Municipal de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, sobre cuyo cuerpo clavaron una cartulina con amenazas en contra de las autoridades. El último asesinato que se había documentado fue el del regidor priista de Tlaquepaque, Feliciano García Fierros.

En ese momento, se había documentado en Jalisco el asesinato de 60 funcionarios públicos en 18 meses. Sin embargo, seguimos viendo con preocupación la misma situación sin que las autoridades sean capaces de garantizar la paz y seguridad en el estado. Considérese que la Comisión de Seguridad Pública del Senado nunca mostró interés para sacar adelante dicho punto de acuerdo, el cual fue turnado al archivero de este órgano congresional hasta el pasado 04 de febrero del presente, que por acuerdo de la Mesa Directiva, se dieron por concluidas las proposiciones con punto de acuerdo que nunca fueron objeto de estudio y dictaminación.

Pero ¿Qué pasó en Jalisco desde la presentación de la proposición con punto de acuerdo del pasado 14 de abril, al que hago referencia? La violencia no ha parado, por el contrario las pérdidas humanas a causa del crimen organizado van en aumento, sin que este Senado de la República tenga a bien pronunciarse al respecto.

Una de las mayores tragedias y de gran impacto a nivel nacional, sin duda alguna, es la del inicio de la fallida “Operación Jalisco” donde un helicóptero del Gobierno Federal fue alcanzado en una agresión de presuntos delincuentes, en los límites de los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. En la aeronave viajaban 18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos agentes de la Policía Federal. El saldo: tres militares muertos, 10 heridos y dos policías lesionados. Tres elementos más se encuentran desaparecidos.

Por si lo anterior no fuera preocupante, en las últimas semanas se han encendido las alarmas nuevamente en Jalisco ante la intensificación de actos violentos. El 27 de enero de este año, en el municipio de Lagos de Moreno murieron seis personas a tiros en la vía pública, ocho fueron calcinados, uno encajuelado y siete más heridos, tras enfrentarse con elementos policiacos. El 24 de febrero el director operativo de la policía de Tlaquepaque y dos de sus escoltas fueron asesinados; cinco días después, un elemento de la Fiscalía General del Estado murió a balazos junto con su pareja sentimental, quien también trabajaba en la Fiscalía. El 01 de marzo fue atacado a balazos el Presidente Municipal de Ahualulco del Mercado, afortunadamente pudo salir ileso, aunque también atacaron las instalaciones de seguridad pública del municipio. Al día siguiente continuaron los hechos violentos en Jalisco; Guadalajara fue escenario de cinco homicidios en el que trascendió el asesinato del dueño del afamado restaurante de comida italiana “Ma come no”. Los hechos ocurrieron al interior del negocio en plena luz del día.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en enero, el número de homicidios ascendió a 94, mientras que en febrero, la cifra aumentó hasta 108. Haciendo un comparativo con el año pasado, el número de ejecuciones se incrementaron considerablemente, puesto que se tuvieron 68 ejecuciones en enero y 50 en febrero. Y a pesar de estas cifras, el discurso que mantienen el gobernador Aristóteles Sandoval, y el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, es de presumir una reducción en delitos de alto impacto; sin embargo, en cuanto a reducir los asesinatos queda demostrado que se tiene una tarea pendiente.

Todo lo anterior demuestra la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir la inseguridad. En un año, sólo ha cambiado una cosa, el escenario político. A esta incapacidad para gobernar se han sumado los mal llamados gobiernos “ciudadanos”, de tal manera que ni ellos ni el PRI han sido capaces de implementar una estrategia eficaz para hacer frente al problema delincuencial en Jalisco. Hoy los jaliscienses están pagando caro los caprichos de estos dos partidos políticos, los caprichos de nombrar a personajes relacionados con la política local al frente de la seguridad pública de la Ciudad de Guadalajara y del Estado mismo, y no a perfiles especializados en el combate a la inseguridad. No podemos esperar resultados positivos de parte de un Fiscal General del Estado y de un Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, que están más comprometidos con su imagen pública y futuro político, que con la seguridad de los jaliscienses.

Compañeros senadores, la seguridad pública en Jalisco y en todo el país no es un tema menor, y lo saben. La intervención de la Federación es cada vez más apremiante y el tiempo se vuelve más valioso cada segundo para evitar que siga creciendo el número de víctimas. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades locales de aceptar su incapacidad, por un tema de imagen pública y político electoral, es que seguimos viendo cómo se apodera la delincuencia de las calles de la Entidad. Por ello, debe ser la Cámara de Senadores, en su calidad de representante del Pacto Federal, quien genere las condiciones y canales de comunicación para que exista una adecuada coordinación entre las fuerzas encargadas de restablecer el orden y la paz en el país.

Es necesario reconocer, compañeros senadores, que el Estado mexicano está en deuda con miles de familias a las que no les ha podido garantizar la paz y la seguridad a la que tienen derecho como ciudadanos. Incluso, es necesario señalar que la deuda es mayor aún, con las familias de los elementos de seguridad pública, que en el ejercicio de su deber, de ese deber que tiene como principal objetivo garantizar la paz social, han perdido la vida.

En este sentido y con los antecedentes considerados en el punto de acuerdo presentado hace poco menos de un año, donde jamás se elaboró un proyecto de dictamen, es que considero de fundamental importancia que la presente proposición sea resuelta de urgente y obvia resolución.

Tenemos una deuda con los Jaliscienses, pues tuvimos la oportunidad de pronunciarnos de manera contundente, con acciones más allá de un fallido operativo, para evitar que se siguieran cometiendo más actos violentos. Espero que esta vez no sea el silencio la única respuesta que podamos dar como Cámara Alta de esta nación.

Y precisamente para evitar que sigamos solicitando más minutos de silencio en este Pleno, me permito proponer a ustedes el presente punto de acuerdo, que plantea medidas preventivas y de actuación, y que por su naturaleza, solicito a ustedes sea considerado de urgente y obvia resolución. Por lo anteriormente expuesto proponemos ante esta Honorable Asamblea las siguientes proposiciones con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Gobierno Federal, Enrique Peña Nieto, y al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a efecto de que se coordinen y lleven a cabo las acciones necesarias para investigar y castigar a los responsables y restablecer la paz y la seguridad en el Estado de Jalisco, en virtud de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos años en diversos municipios de la Entidad, donde un número considerable de elementos policiales, militares y civiles han muerto o han resultado heridos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través de la Gendarmería Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a coordinarse en las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Jalisco, encaminadas a restablecer y garantizar la paz y seguridad de los jaliscienses.

TERCERO.- El Senado de la República expresa un rechazo enérgico ante estos lamentables hechos que han ocasionado la muerte de elementos policiales, militares y civiles; manifestando nuestra más amplia solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia que vive el Estado de Jalisco.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa, y con estricto apego al principio de división de poderes, al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y al Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, para que reconsideren los nombramientos actuales del Fiscal General del Estado y del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, y nombrar perfiles idóneos y especializados en la Seguridad Pública.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. José María Martínez Martínez.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades del país a llevar a cabo una campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La enfermedad renal crónica (ERC), es la pérdida progresiva de la función renal durante un período de meses o años. Esto se debe a un deterioro o daño en las nefronas encargadas de filtrar la sangre que provoca que éstas no puedan realizar esta vital función, lo cual se traduce en el deterioro de la salud.

Cuando la función renal cae debajo de cierto punto, se llama insuficiencia renal, padecimiento de que no tratarse adecuadamente puede ser potencialmente mortal.1

La falta de una detección oportuna de las ERC, puede conducir a insuficiencia renal (Enfermedad Renal Terminal ERT), al que a su vez, llega a requerir el tratamiento de diálisis regular o el un trasplante de riñón para sobrevivir. Asimismo, aumenta el riesgo de muerte prematura asociada a enfermedades de tipo cardiovascular: ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que de acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, en nuestro país, aproximadamente 9 millones 500 mil personas tienen algún grado de deterioro renal y cada año mueren alrededor de 80 mil personas por dicha enfermedad.2 Esta situación resulta preocupante, principalmente porque este tipo de decesos son prevenibles.

La implementación de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar las ERC, es un asunto impostergable para las instituciones de Salud del estado mexicano pues de no atenderse podría representar dificultades financieras para éstas.

Al respecto, cabe señalar que en el año 2014, la atención a los pacientes en terapia sustitutiva de la función renal, diálisis, hemodiálisis o trasplantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo un costo de 13 mil 250 millones de pesos, cifra representó el 14 por ciento del presupuesto de dicho instituto.3

En los últimos años, el incremento de padecimientos renales se ha incrementado en la población infantil, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, cada tercer día se atiende un nuevo caso de algún niño que es diagnosticado con esta condición.

La falta de una detección temprana ha propiciado aumento en la solicitud de trasplantes de riñón entre este sector de la población. Prueba de ello es que el IMSS existen cerca de 500 niños en la lista de espera para recibir un trasplante, mientras que en el Hospital Infantil de México el número asciende a 60.4

En la población infantil de entre cero y cuatro años, los defectos de nacimiento y las enfermedades hereditarias son las principales causas de insuficiencia renal; entre los cinco y 14 años, las enfermedades hereditarias, síndrome nefrótico y enfermedades sistémicas; finalmente entre las niñas y niños de 15 y 19 años, los padecimientos que afectan los glomérulos (unidad del riñón encargada de la depuración y filtración del plasma sanguíneo son la principal causa de esta enfermedad.

Recientemente los problemas de obesidad y diabetes también se han convertido en un factor de riesgo para los padecimientos renales. La ERC, es prevenible, no obstante es progresiva, silenciosa y no presenta síntomas hasta etapas avanzadas.

En virtud de que puede afectar tanto a niños como adultos, en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos apremiante que se lleven a cabo las acciones que permitan la detección oportuna de este padecimiento, así como la promoción de un estilo de vida saludable, principalmente entre las niñas y niños a fin de prevenir y erradicar esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades del país, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo una campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños. Asimismo, para que refuercen los programas de salud orientados a identificar oportunamente dicho padecimiento.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 Enfermedad Renal Crónica, < http://es.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/ > Consultado el 14 de marzo de 2016.

2 Alertan de los males del riñón, < http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/07/1012066> Consultado el 14 de marzo de 2016.

3 IMSS gasta más de 13 mil mdp por Insuficiencia Renal Crónica,
<http://noticias.terra.com.mx/mexico/insuficiencia-renal-cronica-58-mil-pacientes-cuestan-a-imss-13-mil-mdp,9dd038c477787955469517ac1ec32ab7wx9vRCRD.html> Consultado el 14 de marzo de 2016.

4 590 niños necesitan trasplante de riñón; piden hacer pruebas en escuela,
<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/11/1080224#imagen-2> Consultado el 14 de marzo de 2016.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe pormenorizado en relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, constituye uno de los principales medios de transporte para millones de habitantes de la ciudad de México, su zona metropolitana, demarcaciones y colonias.

Lamentablemente, se ha convertido en un medio de transporte que puede vulnerar la seguridad e integridad de sus usuarios; en los últimos años,  los desperfectos y contingencias se han hecho permanentes.

Debido a la nula instrumentación de mecanismos de monitoreo y mantenimiento, en los últimos meses se han aguzado las fallas en rieles, trenes y llantas, las cuales han generado choques y descarrilamientos. Estas deficiencias se suman a la falta de seguridad en las instalaciones por la falta de luminarias, condiciones inapropiadas de higiene, nulos accesos a las personas que presentan alguna discapacidad y vendedores ambulantes.

Una de las principales líneas que a decir de sus trabajadores no ha recibido mantenimiento desde hace 15 años es la Línea 5, la cual presenta un deterioro considerable y fallas en sus instalaciones. Para dimensionar la problemática, basta mencionar que recientemente diversos medios de información han hecho de conocimiento público que el pasado 9 de marzo, dos vagones se descarrilaron y quedaron varados entre las vías, debido a una falla en el cambio de riel, por este motivo, cientos de usuarios se vieron afectados y fueron desalojados de la estación Politécnico.

En relación a los acontecimientos, protección civil, desarrolló diversos trabajos entre los que destaca la utilización de una grúa con capacidad de 50 toneladas para tratar de levantar los vagones. Las primeras indagatorias indican que se trató de una falla en los neumáticos que se montaron sobre la barra guía cuando el tren circulaba sobre el cambio de vías, posiblemente al nulo mantenimiento.

Esta situación se agravó cuando el cambio de vías falló una hora antes del incidente, por lo que se decidió comenzar a operar el mecanismo de cambio de vías de manera manual, junto con la operación con marcha de seguridad, que es cuando el convoy avanza a 5 kilómetros por hora.

El mayor número de personas que hacen uso de esta línea son estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Ciencias y Humanidades en Vallejo, los cuales se vieron afectados en su educación, debido a que no pudieron asistir con normalidad a sus clases, ya que las acciones de desalojo tardaron varios minutos por el personal del sistema colectivo metro.

Estos sucesos se suman a los acontecidos el 4 de mayo del 2015, en el que la mala planeación en la ruta y la nula comunicación, sumado a las condiciones climatológicas, causaron que dos trenes en la estación Oceanía se impactaran y dejaran un saldo de por lo menos 12 personas lesionadas y 6 de gravedad que fueron hospitalizadas.

Lo anteriormente descrito, deja claro que el aumento en el precio del boleto del servicio, no se ha traducido en acciones encaminadas a mejorar la seguridad, compra de trenes o vagones, ampliación de infraestructura, instrumentación de mecanismos preventivos producto del desgaste prematuro en rieles y anomalías en balastros y sujetadores.

El grupo parlamentario del PRI, considera indispensable que se realicen los peritajes necesarios para determinar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de estas acciones que pusieron en peligro la vida de los usuarios de este servicio de transporte.

Consideramos fundamental que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, lleve a cabo diversas acciones de mantenimiento en las vías del metro, mejore la comunicación entre operadores y renueve el parque vehicular, para dar un servicio de calidad, eficiente y accesible para todas las personas de la capital del país.

Los diversos choques y descarrilamientos, exigen que las autoridades a la brevedad realicen una revisión integral técnica y estructural de las instalaciones de la Línea 5 del metro, para garantizar la seguridad de los usuarios. Asimismo, apremia verificar las condiciones del parque vehicular, sus llantas, el sistema de frenado y las condiciones internar para asegurar un servicio de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Jefe de la Ciudad de México, para que a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presente un informe pormenorizado en relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 5 y las estrategias a instrumentar para prevenir este tipo de acontecimientos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al jefe de la Ciudad de México, para que a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dé a conocer las sanciones administrativas y penales contra diversos funcionarios públicos por su responsabilidad, por acción u omisión, en esta contingencia que provocó daños materiales y caos vial en la zona en perjuicio de los habitantes de la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar las acciones y estrategias que se han implementado ante el incremento de la delincuencia en la Delegación Cuauhtémoc, así como los resultados que hasta ahora se han obtenido. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Seguridad Pública es una de las principales atribuciones del Estado mexicano para garantizar para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes, aspectos imprescindibles para hacer asequible el óptimo desarrollo individual y colectivo.

A pesar de los anterior, en el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los delitos más frecuentes son: robo o asalto en la calle o en el transporte público, extorción y fraude. Además, mientras la percepción de inseguridad a nivel nacional asciende a 73.2%, en la capital del país la cifra es de 78.5%.

Por lo que respecta a la Delegación Cuauhtémoc, los habitantes de la demarcación han expresado a través de distintos medios que se encuentran expuestos a múltiples problemáticas, que en esencia se traducen en la ausencia de certeza jurídica.

Sobre el particular, destacan acontecimientos como la presencia de agrupaciones dedicadas a la invasión de predios y edificios en construcción abandonados con el objetivo de apropiarse de los inmuebles de manera ilegal, el presunto cobro de dádivas a trabajadores de la estructura de la demarcación, presuntos casos de extorsión de servidores públicos en contra de comerciantes, y el incremento de la incidencia delictiva en zonas como las Colonias Roma y Condesa.

En relación a la problemática de los predios invadidos en la demarcación, medios de comunicación han dado a conocer que entre los inmuebles afectados algunos se encuentran protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a su valor histórico y arquitectónico,

En cuanto al presunto cobro de dádivas, contrario a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, funcionarios públicos adscritos a la demarcación son vinculados con la comisión de conductas de esta naturaleza.

Sobre este último aspecto, un caso de este tipo ocurrió el 19 de junio de 2015, cuando tres personas que presuntamente colaboraban con el entonces jefe delegacional electo, fueron detenidas con poco más de 2 millones de pesos (recursos de los cuales no pudieron acreditar su origen), cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula.

En cuanto a la inseguridad, según medios de comunicación, el denominado “corazón económico y político” de la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc (polígono Roma-Condesa), la delincuencia se ha posicionado como una preocupación constante y permanente para los vecinos de la zona.

Entre las problemáticas que mayor inconformidad ha generado entre la ciudadanía son los supuestos “cobros de derecho de piso”, esto en perjuicio de negocios ubicados en la demarcación territorial, además de los asaltos a transeúntes, robo de vehículos y autopartes e incluso, robo en casa habitación, situación en la que ha prevalecido la falta de eficacia e incapacidad de las autoridades, tanto de la Delegación como de la Ciudad de México.

La importancia de atender la presente proposición con punto de acuerdo, radica en que la seguridad pública, concebida como una función que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas (párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), representa una de las principales funciones de los autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En este tenor, resulta fundamental que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se conduzca bajo el más estricto cumplimiento de los principios constitucionales de: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Para dimensionar la incertidumbre de los habitantes de la zona, basta referir que en los últimos meses se ha incrementado de manera considerable la adquisición y utilización de sistemas y elementos de seguridad en establecimientos ubicados en las Colonias Roma y Condesa. Pasó del 50% al 80%, lo cual deja de manifiesto la desconfianza generalizada que hay en la demarcación.

En consecuencia, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que se lleve a cabo el presente exhorto para garantizar condiciones de seguridad y pleno desarrollo para los habitantes de la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía las acciones y estrategias que se han implementado ante el incremento de la delincuencia en la Delegación Cuauhtémoc, así como los resultados que hasta ahora se han obtenido.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar acciones sobre los desaparecidos en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los procesos administrativos y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas delegaciones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso eficiente y transparente de los recursos públicos es una condición imprescindible de los gobiernos democráticos, en este sentido, nuestra ley Suprema, en su artículo 134, establece que  los recursos públicos que disponga la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal, así como sus  delegaciones, se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez  para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encarga de revisar que el uso de los recursos públicos federales se ejerzan de acuerdo a los principios anteriormente mencionados. A través de criterios técnicos analiza los resultados de la gestión financiera del aparato gubernamental en su conjunto. Asimismo, comprueba que la Cuenta Pública se haya ajustado a los lineamientos señalados por el presupuesto y constata el cumplimiento de los objetivos y la metas contenidos en los programas de gobierno.

La ASF, tiene la atribución de promover sanciones administrativas ante los órganos de control interno correspondientes; fincar responsabilidades resarcitorias, es decir, la devolución de los recursos usados incorrectamente; y la presentación de denuncias penales o de hechos ante el Ministerio Público.

El más reciente reporte de la ASF, detectó diversas irregularidades en el uso del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por parte de seis delegaciones de la Ciudad de México.

Delegación Álvaro Obregón

En la Delegación Álvaro Obregón, la Auditoria Superior presume un probable daño o perjuicio por parte de la delegación a la Hacienda Pública Federal por un monto de 674 mil 284.95 pesos, principalmente por las diferencias en volúmenes de obra estimados con respecto a verificados físicamente.

La ASF, también realizó una solicitud, para que la delegación proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 307,774.91 pesos, por diversos rubros, tales como pago de señalamientos de obra que no corresponden con los conceptos de obra, luminarias que no fueron identificadas físicamente.

Delegación Cuauhtémoc

El gobierno de la delegación Cuauhtémoc, no acreditó la documentación que justifique el gasto por un monto de 13 millones 286 mil 940 pesos, principalmente porque el Gobierno del Distrito Federal no pudo certificar la propiedad de 5 terrenos en los que llevo a cabo distintas obras.

La Auditoria Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por poco más  de 10 millones 898 mil 990 pesos, de los cuales aproximadamente 9 millones 800 mil pesos corresponden al pago de obra no ejecutada en diversos contratos; poco más de 1 millón de pesos por lámparas que no corresponden a las especificaciones contratadas; y cerca de 53 mil por trabajos contratados de mala calidad.

La ASF concluyó que  la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Delegación Iztacalco

En la Delegación Iztacalco, la ASF determinó que debe aclarar y proporcionar  la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 3 millones 16 mil 866 pesos, relacionada con diversas irregularidades principalmente por el pagos de precios unitarios fuera de los parámetros de referencia; por el pago de obras no ejecutados; incumplimiento de obras de supervisión.

La ASF determinó que la delegación Iztacalco la Delegación Iztacalco, Distrito Federal, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FOPEDEP, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Delegación Iztapalapa

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Delegación Iztacalco generó un probable daño a la Hacienda Pública por 640 mil 200 pesos, principalmente  por obras no ejecutadas y obras de mala calidad.

Delegación Magdalena Contreras

La ASF dio a conocer que el gobierno delegacional cometió diversas irregularidades como el cobro de precios unitarios fuera de los rangos establecidos; trabajos no ejecutados; incumplimientos de las empresas supervisoras por un monto de 7 millones 77 mil 536 pesos, situación por la que la ASF le solicitó la documentación comprobatoria que justifique dicho monto.

La ASF presume un posible probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 452 mil 504, debido al pago de obra no ejecutada y el pago de obra calidad. Por ello, dicha instancia concluyó que en esta demarcación, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FOPEDEP, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Delegación Miguel Hidalgo

En el año 2014, la delegación Miguel Hidalgo incurrió en un daño probable por 4 millones de pesos 624 mil pesos, de los cuales 4.31 millones fueron empleados en obras que no se realizaron, mientras que otros 307 mil 800 pesos se emplearon en obras con deficiencias en la calidad.

Además, la ASF solicitó a esta demarcación la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 8 millones 360 mil 208 debido a que el gobierno de Víctor Hugo Romo no acredito la propiedad de los terrenos donde se ejecutaron las obras al amparo de los contratos. DMH/LPFO-109-14, DMH/IRFO-116-14 y DMH/LPFO-017-14.

Los datos expuestos ponen de manifiesto diversas irregularidades del uso de los recursos públicos, como el pago de obras que no se realizaron; el pago de obras de mala calidad; la falta de documentos que acrediten los trabajos; sobreprecios, solo por mencionar algunas. Por ello, resulta impostergable conocer los procesos administrativos y/o penales que la Contraloría General de la Ciudad de México ha llevado a cabo para determinar a los presuntos responsables por acción u omisión de estos hechos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado sobre los procesos administrativos y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas delegaciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 17 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:27 horas)

Directorio

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