Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 22 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 15



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Marzo de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del martes 15 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día jueves diez de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes cien ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del ocho de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la modificación en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Decreto que en su resolutivo Cuarto exhorta al Congreso Federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de contar con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.- Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Iniciativas)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Mely Romero Celis y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos y el artículo 19 de la Ley de Migración.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción V bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Decreto de la Mesa Directiva, por el que se aprueba la colaboración conjunta con el periódico El Universal de un compendio de artículos sobre la “Importancia de la Constitución a 100 años de su creación”, así como la coedición de un libro que los contenga.- Se recibió la visita del Señor Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del Periódico “El Universal”. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; y Enrique Burgos García del PRI. Para referirse al Decreto, hicieron uso de la palabra los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT y Emilio Gamboa Patrón del PRI. El Decreto fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su ejecución en México.- En la discusión intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; y Miguel Ángel Chico Herrera del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, que desecha el proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.- En la discusión intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Alejandra Roldán Benítez del PRD, en contra; y Layda Sansores San Román del PT, en contra. La Presidencia en términos de lo que establece el artículo 204 del Reglamento, consultó a la Asamblea la devolución del dictamen a comisiones, en votación económica se autorizó su devolución.

(Decreto de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Decreto de la Mesa Directiva, sobre los frentes fríos y sus afectaciones a la población.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los Senadores: José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI; Margarita Flores Sánchez del PRI; y María del Carmen Izaguirre Francos del PRI. El Decreto fue aprobado en votación económica.

La Mesa Directiva suscribió un Decreto para incentivar las tareas legislativas del Senado de la República.- Se comunicó a las comisiones de dictamen y se publicó en la Gaceta del Senado.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a implementar mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Decreto sobre el Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Decreto que exhorta a diversas Secretarías del Gobierno Federal a conformar un frente de esfuerzos institucionales encauzado a fortalecer todas las posibilidades que sus facultades permitan para educar, alertar, informar, coordinar, vigilar y auxiliar sobre la violencia contra las mujeres que ha llegado al punto de una emergencia nacional.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a garantizar la protección de la salud de las mujeres, evitando recortes y ajustes preventivos al presupuesto del sector salud 2016, en lo sucesivo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Decreto por el que el Senado de la República condena el asesinato de la lideresa social e indígena hondureña Berta Cáceres.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Decreto que exhorta a diversas autoridades a trasladar al ciudadano José Manuel Mireles Valverde del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 con sede en Hermosillo, Sonora al Centro de Reinserción social “David Franco Rodríguez”, con sede en el municipio de Charo, Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Decreto por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que revise exhaustivamente la eficiencia, eficacia y efectividad del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de determinar su viabilidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luis Sánchez Jiménez, Francisco Yunes Zorrilla, Dolores Padierna Luna, César Octavio Pedroza Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Fernando Yunes Márquez, Luz María Beristain Navarrete, Juan Fernández Sánchez Navarro, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Decreto que exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio denominado “La Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, logrando así detonar el crecimiento económico de la región.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Decreto por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que explique la falta de un sistema confiable para la supervisión de los títulos de concesiones y el cobro de derechos mineros.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Decreto que exhorta a los organismos públicos electorales locales y a los titulares del poder ejecutivo en diversas entidades del país a asegurar que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año estén libres de violencia política de género.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender una investigación en relación con la importación irregular de armas alemanas a México y se cita al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer sobre el particular ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Decreto que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el estado de Guerrero y se dé a conocer el programa coordinación interinstitucional para su ejecución.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Decreto que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud cumpla con lo establecido en las normas oficiales mexicanas 247 SSAI-2008, 8.15.2 y 050 SCFI-2004, Leyendas Precautorias 4.9, que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en su etiqueta.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De los Senadores Sandra Luz García Guajardo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luis Fernando Salazar Fernández, Andrea García García y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta al congreso del estado de Tamaulipas a no autorizar montos de endeudamiento, ni recursos que no estén debidamente etiquetados en este año electoral 2016.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Decreto que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a informar cuáles y cuántos fueron los pozos y los permisos asignados a Petróleos Mexicanos para la apertura de tres campos exploratorios, donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de los hidrocarburos de lutitas o gas shale, conocida como fracking, así como las garantías para la protección al medio ambiente que se establecieron al otorgar dichos permisos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la Promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el nacimiento de Ignacio Comonfort.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el inicio de la participación de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dos minutos y citó a la siguiente el martes quince de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT, por la que informa que a partir del 14 de marzo de 2016, el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano es Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

VER DOCUMENTO

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

VER DOCUMENTO

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: De la Cámara de Diputados, se recibió minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

VER DOCUMENTO

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la Integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.

VER DOCUMENTO

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, está a la consideración de la Asamblea. Al no haber oradores en este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese.

Dé cuenta la Secretaría con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.






COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2016.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. Al no haber oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto para el mes de marzo de 2016. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Proyecto de Presupuesto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de marzo del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de enero de 2016.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador René Juárez Cisneros, para presentar a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, y con el aval de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

(Presentada por el Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García y de los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, con aval de grupo)

El Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Anabel Acosta Islas, Lizbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont, y de mis compañeras Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Por respeto al tiempo en el desahogo de los asuntos de esta sesión, haré una presentación breve de los objetivos que persigue esta iniciativa.

Refiero que esta iniciativa es parte de un paquete que pretendemos constituya un sistema que le dé soporte al reclamo de los jóvenes de este país, que serán para los próximos 40 años, de acuerdo a las proyecciones de población, alrededor de 30 millones de entre 15 y 29 años de edad.

Como todos sabemos, el 26 por ciento de la población, es decir, un poco más de 31 millones de mexicanos, son jóvenes de entre 15 y 29 años.

Un reto y desafío de los jóvenes es encontrar trabajo, un trabajo digno que les permita construir un escenario de éxito, un escenario para poder vivir con dignidad, para desplegar sus capacidades y para poder tener la posibilidad de un sueño mejor en sus vidas. Sin embargo, cuando la realidad los enfrenta o ellos van al encuentro de la realidad, se dan cuenta que es sumamente frustrante el no encontrar esta posibilidad de un trabajo digno y bien remunerado.

Quienes tienen la fortuna y tienen el privilegio de encontrar una chamba, la gran mayoría lo hacen en la informalidad, mal pagados y sin seguridad social. El 70 por ciento de los jóvenes de este país que logran tener un trabajo no saben qué es la seguridad social; es verdaderamente lamentable.

Quisiera expresar cuál es el propósito fundamental de esta iniciativa, que reitero, viene a conformar un paquete, que como ustedes recuerdan, hace algunos meses se presentó una reforma constitucional precisamente al artículo 4o., después un planteamiento con una iniciativa para la aprobación en su momento de la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, y de ahí se vienen desprendiendo una serie de iniciativas, como la que hoy trato de exponer a todos ustedes.

Requerimos de manera urgente que el gobierno federal cuente con una sólida base institucional y un marco jurídico acorde a los requerimientos de los jóvenes para poner en la práctica políticas públicas que impulsen el crecimiento y el desarrollo del sector social de la economía, a fin de promover su desarrollo integral.

Es por lo anterior que proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4o., 24 y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente propósito:

Primero. Que el Instituto Nacional de la Economía Social coadyuve a la implementación de la política nacional para el desarrollo integral de los jóvenes mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos de grupos integrados mayoritariamente o totalmente por jóvenes.

Segundo. Que el Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social tenga como función proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo a proyectos productivos.

Tercero. Que los programas gubernamentales para fomentar la economía social y solidaria, establezcan acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos públicos los proyectos productivos de los organismos del sector, conocidos también como empresas sociales, conformadas mayoritariamente o exclusivamente por jóvenes.

Señor Presidente, para finalizar, sólo le solicito la inscripción del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates; y espero con una gran convicción, que este tipo de planteamientos que parecieran de poco interés, se tomen en cuenta ahora que estamos a tiempo, que aún podemos responder a la aspiración legítima de más de 30 millones de jóvenes que encuentran sólo frustración, desencanto, desesperanza, cuando enfrentan la realidad y ven que aún, cuando hacen un esfuerzo por formarse de manera académica profesionalmente, en los hechos encuentran las puertas cerradas para poder tener un trabajo digno.

Espero que aún estemos a tiempo, que podamos canalizar la inconformidad de los jóvenes, de manera adecuada, razonable, de manera ordenada y en paz.

Estoy convencido que más de 8 millones de jóvenes que viven en condiciones de pobreza, están sumamente atentos a lo que nosotros podamos plantear como Senado de la República para constituirles al menos una ilusión, contribuir a su sueño de una vida digna y de un futuro provisorio.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuánto, señor Presidente.
Iniciativa

Los suscritos, Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, a nombre de los Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Aval de Grupo que contiene Proyecto de Decreto por el que se expiden reformas y adiciones a la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un grupo de expertos en el tema, señalan en un estudio publicado por la revista México Social, que en las últimas tres décadas el crecimiento de la economía mexicana ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad de la población.

Esta situación se agudiza en el ámbito de los jóvenes que representan la tercera parte de la población y enfrentan una realidad compleja para satisfacer sus fines económicos y sociales, como resultado de que no hay una política de Estado específica para atender integralmente sus necesidades.

En nuestro país los jóvenes han vivido épocas de auge y de crisis políticas, económicas y sociales que han marcado sus vidas. Las generaciones de jóvenes entre 15 y 29 años que vivieron entre 1950 y 1980 se beneficiaron del auge del desarrollo estabilizador que propició un crecimiento anual de 6% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que las generaciones que han vivido entre 1980 y 2010, cuyo PIB solo creció 2%, han subsistido con empleos precarios, menores ingresos y mayor pobreza.

Es evidente que las condiciones del país y del mundo han cambiado en este lapso de nuestro desarrollo. En la primera época señalada, el gobierno mexicano pudo poner en práctica políticas públicas que impulsaron el crecimiento económico y el desarrollo social.

Más aún, en los casos en que los jóvenes encuentran empleos, éstos son precarios, sin seguridad social y con bajos niveles salariales como resultado de una excesiva concentración del ingreso. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, revela que entre 1976 y 2011 los salarios bajaron su participación del 43.5% al 30.3% del ingreso nacional, y las utilidades brutas lo incrementaron del 52.9% al 68.7%. El salario perdió 13.2 puntos y las utilidades ganaron 15.8, afectándose los niveles de vida por la inequitativa distribución de la riqueza.

Por ello, no debe extrañar que el país haya padecido en las dos últimas décadas la mayor diáspora de emigrantes en la historia moderna, cuando ocho millones de mexicanos lo dejaron por no tener oportunidades para vivir con dignidad en su tierra.
Según la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es el segundo país que tiene actualmente el mayor número de migrantes en el mundo, casi la totalidad en los Estados Unidos de América y una proporción importante de ellos son jóvenes.

En consecuencia, el país enfrenta un enorme reto para poner en práctica políticas públicas que abran caminos a los jóvenes. Tales políticas públicas deben orientarse a resolver los problemas actuales de los jóvenes a partir de una mejor comprensión de su contexto nacional e internacional, de su importancia demográfica, de sus problemas económicos de empleo e ingreso, así como de sus condiciones de pobreza.

Como los jóvenes dijeron en un encuentro en Morelia, Michoacán el país puede tener una gran riqueza que va a servir para el desarrollo, pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo.

Los jóvenes son la riqueza de México. Sin embargo, es difícil percibir y utilizar la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno.

Es inaceptable que la única forma que tienen de vivir millones de jóvenes es la pobreza, la marginación; en la marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacitación y educación, en la marginación de la esperanza.

Los jóvenes tienen actualmente un peso específico importante en la estructura demográfica de México. De un total de 121 millones de mexicanos, 31.6 millones, o sea el 26.1%, son jóvenes entre 15 y 29 años, los cuales plantean demandas crecientes de acceso al desarrollo, principalmente en los ámbitos de la educación y el trabajo para satisfacer sus necesidades y para alcanzar un mayor bienestar.

En materia económica, el principal problema de los jóvenes es una inadecuada inserción en la vida productiva, dado que de la población activa juvenil el 7.7% está desocupado, en tanto que de la población activa total el índice es de 4.4%. De la población inactiva, el 17.2 % está disponible para trabajar y no disponible el 82.8%, de los cuales el 60.0 % estudian y el resto realiza otras actividades.

De los jóvenes que trabajan, el 39.0% se ubica en puestos de trabajo formales y el 61.0% en actividades informales. Es preocupante el hecho de que a mayor escolaridad hay mayor desempleo juvenil. El desempleo sólo afectó al 2.4% de los jóvenes con primaria incompleta y al 44.3% de los que habían concluido estudios en los niveles de educación media y superior, respectivamente.

La situación económica actual de los jóvenes en nuestro país se caracteriza por una deficiente inserción en la vida productiva, que tiene su origen en la insuficiencia del crecimiento económico en las últimas tres décadas que contrasta con la evolución productiva que se registró anteriormente. Estas tendencias se deben en parte a que las políticas públicas no fomentaron la productividad general de la economía. Sólo crecieron las ramas orientadas al sector externo.

Esta diferencia de tasas del PIB propició un insuficiente crecimiento del ingreso per cápita y el aumento de los niveles de pobreza. A esta situación habría que añadir la crisis internacional que desde el 2008 ha generado el debilitamiento de la economía global y, por ende, la falta de empleos e ingresos de la población.

Las tasas de desocupación de la población de 15 años en adelante son más altas en las localidades más urbanizadas, respecto a las de urbanización media, baja y del sector rural, fenómeno que se aprecia también entre la población de 15 a 29 años.

La conclusión es pesimista respecto del mercado de trabajo del país: la desocupación juvenil duplica a la adulta, que es creciente y afecta en mayor proporción a los jóvenes de más alto nivel de escolaridad, lo cual ubica al mercado laboral mexicano a contra corriente de los requerimientos económicos, de las políticas públicas y de las políticas educativas del Gobierno Federal.

Del total de la población ocupada de 15 años en adelante, el 42.2% tiene un trabajo formal, con las prestaciones que la ley establece, en tanto el 57.8% tiene un trabajo informal.

El caso de los jóvenes resulta aún más preocupante, pues del total de la población ocupada sólo el 38.8% cuenta con un empleo formal. El resto, 61.2% labora de manera informal.

Con la tendencia creciente a la desocupación laboral juvenil nuestro país está desperdiciando en una medida muy importante su bono demográfico y, además, está incubando una perspectiva social ominosa de grandes grupos improductivos, enfermos o desadaptados sociales.

Siendo los jóvenes la riqueza de México, es indispensable reconocer que las oportunidades que tienen ante sí son insuficientes, más aun cuando continuamente están expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror.

En el país se han cerrado prácticamente las válvulas que aliviaban de manera relativa la presión del desempleo: el reparto agrario y la emigración a las ciudades o al exterior. En las áreas urbanas la informalidad ya ha sobresaturado sus posibilidades y la emigración al exterior, tanto documentada (con visa de trabajo), como ilegal, es cada vez más limitada por el estricto control de las fronteras.

Por tanto, es urgente desplegar las capacidades de recursos humanos, financieros y estructurales disponibles, al tiempo de promover de manera productiva, formal y rentable el empleo de los jóvenes, pues las perspectivas son pésimas. Una proyección ceteris paribus de las condiciones futuras en el mercado de trabajo para los jóvenes, arroja una situación insostenible para la estabilidad del país.

De persistir las actuales circunstancias, la Población Económica Activa (PEA) juvenil ocupada actual del 91.6%, se desplomaría al 89.2% en el 2020, y al 85.5% en el 2030, lo cual redundaría en que la tasa de desocupación juvenil se incrementaría del 8.4% actual, ya muy elevada, a niveles de 10.8% y del 14.5% en 2020 y 2030, respectivamente. En el 2020, se tendrían 1.8 millones de jóvenes desocupados y 2.9 millones en el 2030.

En consecuencia, esta situación debe ser atendida de inmediato con una estrategia que se proponga tener políticas públicas sobre las que se construyan las bases para que la mayor parte de los jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo.

El cambio es necesario porque de no actuar con firmeza, las proyecciones son poco alentadoras para el país pues continuará:

• Polarizándose la distribución del ingreso en contra del factor trabajo y a favor del capital.

• Deteriorándose el mercado, la demanda y el consumo internos por razón del predominio de una masa crítica salarial de ingreso hasta 3 salarios mínimos, especialmente en los jóvenes.

• Incrementándose la tasa de desempleo general y, en mayor medida, la de los jóvenes, sobre todo, paradójicamente, los de mayor grado de preparación académica.

• Aumentando la frustración de las expectativas juveniles: su abstencionismo político y socialmente participativo, a indiferencia o la confrontación con la autoridad, el desacato de leyes y normas, la violencia, la delincuencia y la psicopatología.

En este contexto se propone reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el Instituto Nacional de la Economía Social coadyuve a la implementación de la política nacional para el desarrollo integral de los jóvenes, mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos de grupos integrados mayoritaria o totalmente por jóvenes.

Se propone que el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social, tenga como función proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo a proyectos productivos y, finalmente, esta iniciativa plantea que los programas gubernamentales para fomentar la economía social y solidaria, establezcan acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos públicos los proyectos productivos de los organismos del sector, conocidos coloquialmente como empresas sociales, conformados mayoritaria o exclusivamente por jóvenes.

De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos Senadores de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXI y se adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 14; se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X, recorriéndose la subsiguiente en su orden, del artículo 24; y se adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía para quedar como sigue:

Artículo 14…

I a XX…

XXI. El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo necesario a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector;

XXII. El Instituto coadyuvará a la implementación de la política nacional para el desarrollo integral de los jóvenes mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos de grupos integrados mayoritaria o totalmente por jóvenes, y

XXIII. Las demás que señale el Acuerdo que emita el Secretario de Economía.
Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I a VIII…

IX. Elaborar el balance social de los Organismos del Sector;

X. Proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo a proyectos productivos, y

XI. Expedir su Reglamento Interno.

Artículo 46. ...

...

Los Programas deberán establecer acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos públicos los proyectos productivos de los organismos del sector conformados mayoritaria o exclusivamente por jóvenes.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán establecer recursos específicos para apoyar los proyectos productivos de los organismos del sector integrados total o mayoritariamente por jóvenes.

Tercero. El Instituto contará con un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para incorporar en el Programa acciones ejecutivas para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Enrique Burgos García.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra Chávez.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para sumarnos a la iniciativa del Senador Juárez Cisneros.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: ¿Lo admite, Senador Juárez Cisneros, y al Senador Casillas Romero también? Está todo el grupo sumado a esto. Tome nota la Secretaría.






Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL NUMERAL 5 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV; Y ADICIONA UN NUMERAL 8 AL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que hoy vengo a presentar es de especial relevancia dado que tiene por objeto el fortalecimiento de la autonomía de los tribunales electorales locales.

En primer lugar, se propone regular que los conflictos laborales de estos tribunales se resuelvan de manera interna sin que sea necesaria la intervención del Poder Judicial de cada estado.

En segundo lugar, dotar de una autonomía presupuestaria a los tribunales electorales locales.

No podemos hablar de una verdadera autonomía de estos cuando se depende económica y financieramente de alguien más.

Como ustedes saben, el 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional en materia político-electoral que, entre otros objetivos, planteaba dotar de autonomía técnica e independencia a los tribunales electorales locales.

Por lo que se refiere a los conflictos laborales, es necesario precisar que a nivel federal nuestra Constitución establece que los conflictos y diferencias laborales de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, serán resueltos de forma definitiva e inatacable por el propio tribunal.

En solamente 11 estados se faculta a los tribunales electorales locales para que estos diriman conflictos laborales que se susciten tanto en tribunales electorales, como en los organismos públicos locales electorales. En tanto que las entidades restantes no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir conflictos laborales en su normatividad electoral, dejando esta facultad al Poder Judicial de cada estado, violentando el objetivo de la reforma político electoral que era precisamente otorgarle autonomía a los órganos jurisdiccionales electorales de cada entidad federativa.

Por lo anterior, y con la finalidad de homologar y armonizar el marco jurídico en materia laboral electoral, propongo adicionar un numeral VIII al artículo 116 constitucional, que faculta a los tribunales electorales de los estados para resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos o diferencias laborales entre sus servidores, así como los existentes entre los organismos públicos, locales, electorales y sus servidores públicos.

Por otra parte, y en cuanto al segundo de los aspectos de la presente propuesta, es importante señalar que la reforma en materia político electoral dejó pendiente un tema fundamental para otorgar una verdadera autonomía a los órganos electorales locales, la autonomía presupuestaria.

Es del conocimiento de todos, el control que se tiene por partidos y gobernadores en los procesos electorales a nivel local.
Los tribunales electorales se han sujetado a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos del poder, edificando así instancias jurisdiccionales obsoletas que en ningún momento garantizan la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación.

En la práctica, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores político locales para obtener presupuestos que les permitan tener recursos mínimos para desarrollar su función, situación que es completamente inaceptable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia de la autoridad jurisdiccional electoral hacia el poder político, lo cual provoca desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Si bien, un paso importante de la mencionada reforma político electoral, fue quitarle a los congresos la facultad para integrar los tribunales electorales, lo cierto es que para complementar esta autonomía es indispensable que estos tribunales no dependan de manera alguna del resultado de los acuerdos políticos del momento, sino de una disposición constitucional que determine con toda precisión las bases sobre las cuales deben otorgarse estos recursos.

Recordemos que la autonomía de los órganos electorales en México se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las elecciones, así como la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional.

Es necesario que el Congreso de la Unión retome la importancia de la función jurisdiccional electoral para la consolidación de nuestro sistema constitucional democrático.

En nuestro país algunos órganos jurisdiccionales locales cuentan con escasos recursos económicos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas.

Existen casos de tribunales que no cuentan ni siquiera con oficinas adecuadas para realizar sus funciones, siendo evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación a mediano y largo plazo en las instituciones democráticas, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente.

Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a nivel federal.

Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al numeral 5 del artículo 116 de nuestra Constitución, para que las legislaturas de los estados garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdiccionales, y se les asigne un presupuesto anual que no podrá ser reducido respecto del presupuesto asignado en el año inmediato anterior. Para ello, deberán implementar la normatividad financiera necesaria para hacer que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el cumplimiento total de sus funciones.

En este sentido, es necesario que los congresos locales realicen las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para que la falta de recursos económicos y materiales no sea un impedimento para el correcto ejercicio y garantía de los derechos político electorales de los ciudadanos, y la reforma constitucional en la materia pueda tener plena vigencia y cumplimiento.

Compañeras y compañeros: Los invito a sumarse a la presente iniciativa que estoy seguro contribuirá a contar con tribunales electorales locales más eficientes que cumplan efectivamente con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, logrando así el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Márquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios de todas y todos los Senadores que se suman a la iniciativa del Senador Fernando Yunes Márquez. Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Presento esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, relativa al tema migratorio.

Hoy el Instituto Nacional de Migración sufre una de las mayores crisis, la asignación de recursos para el instituto en el vigente ejercicio fiscal no satisface las necesidades de operación en un contexto en el que la migración es un factor de interés nacional actual muy crucial, por lo que es menester reconsiderar esta asignación presupuestaria para el beneficio del migrante y del instituto como ente operativo.

El Presupuesto de Egresos del año 2015 al año 2016 tuvo un decremento de 76.30 por ciento.

La dependencia, en la actualidad, carece de suficiencia en sus activos monetarios, como se observó en el análisis de estatus financiero realizado por el Instituto Politécnico Nacional, denota la falta de dichos recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se encuentran Oficiales de Protección a la Infancia, Repatriación, Grupos Beta y Programa Paisano, los cuales son fundamentales para la seguridad nacional, además de la protección de las personas migrantes.

Es fundamental el incremento de recursos destinados al instituto, ya que esta institución es vital en la seguridad de nuestro país y para la seguridad humana.

En el 2015, según datos de la Secretaría de Gobernación, los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración rescataron un total de 3,438 migrantes, además de que fueron orientados 193,633, recibieron primeros auxilios 427 que habían sido heridos, además de que se localizaron 46 migrantes que habían sido reportados como extraviados, esto nos habla de un gran esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de Migración con los Grupos Beta en coordinación con las demás autoridades.

Además de un fenómeno grave que vive nuestro país en el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes, y aun más con los no acompañados.

Durante el año de 2013, el instituto rescató a 9,900 menores, muchos de estos rescates fueron realizados vía aérea, esto con las limitaciones presupuestales con los que cuenta el Instituto Nacional de Migración.

Para el año 2015, el Instituto Nacional de Migración informó que fueron rescatados 11,893 menores no acompañados o cargo de traficantes de personas. Mientras tanto autoridades de Estados Unidos informaron que en el 2014 el número de menores que cruzaron solos la frontera creció un 77 por ciento.

Estos números se vuelven aún más graves cuando los menores sufren trabajos forzosos, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltratos físicos y verbales y otras condiciones de riesgo.

Esto hace fundamental el trabajo que realizan los Oficiales de Protección a la Infancia, OPIS, el cual se ha encargado de entrevistar a la niña, el niño o el adolescente, con un objeto de identificar su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares o sus necesidades particulares de protección en atención médica o psicológica.

En razón de lo anterior, el Estado mexicano no puede ser indiferente ante esta necesidad y debe tomar cartas en el asunto para evitar que el Instituto Nacional de Migración colapse y se debe dotar de recursos suficientes para el desempeño de sus actividades, resultaría fácil, pero no es inviable solicitar el incremento del presupuesto del instituto a través del PEF, pero como todos sabemos este recurso no sólo alcanza para todo el aparato de gobierno, sino que debe eficientar su uso, y es por ello que la propuesta que hoy realizo no consiste en quitar un peso a otro ente de gobierno para dárselo al instituto, sino de un mínimo y viable incremento al pago de derechos por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, y es que se incremente de 66 a 132 pesos.

Por lo anterior expuesto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos para que quede de la siguiente forma:

“Artículo 12. Por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de $132.18 pesos”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Guevara Espinoza. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a estudiantes del sexto semestre de preparatoria del Instituto Tlalpan, Campus San Juan de Dios, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth.

Agradecemos su visita a este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos los dictámenes de primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.






La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con los dictámenes, señor Presidente.

Tenemos dos dictámenes de Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

Uno, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se adicionan diversas fracciones del artículo 4o. y se adicional el 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 4o. Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman diversas disposiciones en la materia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se omite la lectura.

Tiene el uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre de las Senadoras y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea este proyecto de Decreto que expide una nueva ley en materia de disciplina financiera para regular los empréstitos en estados y municipios, que modifica artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, también de la Ley General de Deuda Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las Senadoras y los Senadores recordarán la importancia y lo sensible de este tema. Es un tema que en los últimos años ha generado un aumento progresivo del volumen de deuda de estados y de municipios, que si bien es cierto, al día de hoy todavía no refleja un problema macroeconómico en las finanzas públicas nacionales, si lo es para algunos estados, sí debe atenderse para lograr equilibrarse y que esta ruta y ritmo de crecimiento puedan modificarse.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es una ley reglamentaria a las modificaciones constitucionales que ya fueron aprobadas por la Colegisladora y por esta Cámara de Senadores.

Leyes que permiten generar condiciones de mayor certidumbre, de mayor transparencia y que generan, además, disposiciones específicas a observar para poder controlar la dimensión del gasto, para dar claridad al destino de estos recursos y para poderlos vincular a la creación de activos y a la inversión productiva en los estados y en los municipios.

Esta nueva ley regula circunstancias fundamentales para generar orden en el manejo de estos recursos.

Hay definiciones específicas a través de generar un registro general de deuda único para todas las obligaciones, para todos los pasivos, que estarán involucrando en el tiempo recursos presupuestales de los estados y de los municipios.

De manera puntual limita el acompañamiento del gobierno federal en la garantía o el aval de futuros endeudamientos bajo la figura de la deuda estatal garantizada.

La deuda estatal garantizada, son todas aquellas erogaciones que no tienen definido ni etiquetado un destino presupuestal específico y que de alguna forma pueden generar condiciones de apoyo.

Los ingresos de libre disposición que también es una definición de la ley, son estas erogaciones que no tienen un destino particular y que si logran agregar los recursos y los ingresos propios de los estados y de los municipios, más las participaciones congregadas en el rubro 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, más la proporción de los fondos vinculados a la estabilización de los ingresos presupuestarios para las entidades federativas.

Con este conjunto de disposiciones se genera certidumbre de manera puntual en este esquema.

Este conjunto de disposiciones, Senadoras y Senadores, genera un sistema de alertas que logrará medir el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan obligaciones registradas, permitiendo identificar aquellas que cuentan con un endeudamiento elevado de aquellos que han tenido un manejo mesurado en el uso de los empréstitos.

El sistema de alertas definirá un tema de financiamiento neto, autorizado a los entes públicos para los ejercicios fiscales subsecuentes.

En materia de transparencia y de rendición de cuentas, la minuta establece que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de deuda.

Otra aportación de la legislación que estamos proponiendo aprobar con el voto de todos ustedes, tiene que ver también con la definición puntual de lo que debe entenderse por inversión productiva.

La Constitución siempre ha señalado que los recursos provenientes de deuda o de empréstito deben tener por fuerza, sólo como destino, la inversión productiva; pero era un tema vago que con esta nueva legislación de manera concreta se hace explícito en su definición.

La inversión productiva son aquellos recursos que generan beneficios a la población y que pueden manifestarse a través de tres rubros que tienen que ver con la generación de infraestructura, que tiene que ver con la provisión de servicios, particularmente vinculados a educación, salud y seguridad pública.

La minuta recibida por la Cámara de Diputados observó en el análisis de reflexión de las Cámaras y de las comisiones unidas de esta Cámara, algunas modificaciones. Estas modificaciones, en primer término, implicó modificar la Ley de Disciplina Financiera para generar las referencias al Distrito Federal, sustituyendo lo correspondiente por la Ciudad de México.

En segundo término, se propone modificar el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de que las solicitudes de financiamiento que otorguen las instituciones financieras a través del proceso competitivo, también señalen las condiciones de disposición y oportunidad de entrega de recursos.

En tercer término, se propone modificar el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para implementar el porcentaje del techo de financiamiento neto autorizado para los entes públicos que cuentan con un endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15 por ciento.

Una cuarta propuesta de modificación, tiene que ver con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios, en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones, excedan el 100 por ciento de los ingresos de libre disposición que ya fueron expresados en esta presentación.

Por último, también se propone adicionar un nuevo párrafo al Artículo Décimo Cuarto Transitorio, a fin de establecer que los estados y municipios deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones para acceder a la deuda pública estatal.

Estas son las quintas modificaciones que aprobamos las comisiones unidas al texto enviado por la Cámara de Diputados como minuta.

Quiero reconocer aquí el trabajo profesional y serio de las Senadoras y los Senadores integrantes de estas dos comisiones, particularmente saludar el trabajo de quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos, dignamente presidida por el Senador Gracia Guzmán, a quien desde aquí saludamos con mucho afecto.

Reconocer el compromiso de las Senadoras y los Senadores para encontrar salida a un tema que, de no atenderse, podría generar fuertes y graves desequilibrios, no sólo en las finanzas públicas de algunos estados como ya suceden, sino de las propias estabilidad macroeconómica del país; sin distingo de origen partidario, las Senadoras y los Senadores integrantes de estas comisiones le cumplieron a México actuando de manera reflexiva con mucha seriedad y con mucha responsabilidad.

Finalmente también quiero reconocer el arduo trabajo de quienes, por más de 3 años, vienen acompañando técnicamente los trabajos de las Senadoras y particularmente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Saludamos a la Secretaría Técnica y al grupo de asesores y, de manera muy especial, quiero destacar la participación, el compromiso y la aportación del maestro David Fonseca, quien sin lugar a dudas permitió encontrar luces a un tema que conoce particularmente bien.

En términos generales, este es el dictamen que está a discusión en este momento, a consideración de las Senadoras y los Senadores, y a quienes de manera muy sentida y con mucha humildad, les pedimos acompañar con su voto aprobatorio.

Muchas gracias por la atención.

Es todo lo que tendría que decir en términos de la presentación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Zorrilla, presidente de esta comisión.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de Derecho del Instituto Universitario Hispana de Cuautla, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Agradecemos su visita al Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar su voto particular.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Presentamos un voto particular porque parece difícil no estar de acuerdo con una ley que promueva la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, pero me parece que la idea general de lo que se está planteando, lo dijimos desde la reforma constitucional, es equivocada.

¿Por qué estamos aquí?, ¿por qué tenemos que hacer una ley? Por el desorden que hay en estados y municipios y, sobre todo, por el abuso que ha habido de la deuda pública.

Tenemos casos de escándalos en estados y en municipios de todos los partidos políticos por casos de abuso del endeudamiento público. Vamos a ver qué solución estamos planteando.

¿Cuándo empieza a incrementarse de manera exagerada el endeudamiento en estados y municipios? A partir de 2008, cuando la crisis, aquel famoso catarrito, se convirtió en una pulmonía donde los estados y municipios quedaron expuestos a una gran vulnerabilidad de esta insuficiencia que se ha venido agravando de recursos públicos, de ingresos para sostener sus gastos.

En aquella ocasión se abrió la puerta al endeudamiento, en lugar de enfrentar esta situación de falta de recursos, de claros desequilibrios financieros en estados y municipios, donde hay gastos muy por encima de los ingresos que reciben, de una gran dependencia de estados y municipios por parte de las transferencias de la Federación, se optó por el endeudamiento, y empieza a crecer la deuda de estados y municipios que no ha parado hasta nuestros días, y es una salida falsa que tienen los estados ante esta insuficiencia de recursos.

¿De dónde vienen los abusos? Los abusos vienen fundamentalmente de la falta de transparencia.

Los contratos de deuda pública no son públicos, no se puede saber por qué se contrata la deuda con un banco y no con otro, por qué se negocia una tasa de interés y no otra, qué comisiones se cobran por la contratación de ese crédito o qué condiciones se están pactando para el mismo o si se están comprometiendo, por ejemplo, participaciones federales o recursos que se tendrán en el futuro, se están comprometiendo en un crédito.

Entonces, la solución que deberíamos de haber planteado desde la reforma constitucional era que hubiera una mayor transparencia y acotar aquellos espacios de discrecionalidad.

La estrategia que se siguió fue la contraria, fue flexibilizar el concepto de deuda, el artículo 73 constitucional siempre fue una camisa de fuerza para evitar el abuso por parte del gobierno de la deuda. Sin embargo, la nueva redacción de la constitución, el artículo 73 permite que se puedan hacer refinanciamientos, permite documentar deuda de fideicomisos y en el artículo 117 constitucional, donde se regula estados y municipios, todavía es peor, porque se legaliza, se lleva a la constitución el mayor instrumento de abuso que han tenido los estados, que es el famoso endeudamiento de corto plazo, que hasta la aprobación de la reforma constitucional era ilegal, claramente ilegal y era la estrategia que seguían los estados, de simulación, para endeudarse en el corto plazo y después pedir como refinanciamiento que se transformara esa deuda, se regularizará esa deuda y en ella, pues, había una gran cantidad de abusos.
Por eso, esta ley va a ser insuficiente para poder detener los excesos que se están cometiendo con la deuda.

Se optó mejor por un control político, estamos con esta reforma, pues, generando la Secretaría de Hacienda más poderosa de toda la historia, porque el principal interés de los gobernadores no va a ser generar mayores ingresos y ser más transparentes y eficaces en el gasto público y elaborar proyectos de inversión, de infraestructura que puedan ser financiados con deuda.

La tarea más importante que van a tener, es tener una buena relación con el Secretario de Hacienda, porque él es el que le va a autorizar las garantías del gobierno federal en la contratación de su financiamiento, son incentivos perversos y para muestra basta el botón de la Ciudad de México, es el modelo que se sigue, un modelo basado en el control político para la autorización de deuda que ahora se va a replicar en todo el país.

¿Qué estamos proponiendo en esta ley? Cambiar algunos conceptos fundamentales que podrían acotar este modelo, que desde la Constitución me parece que es equivocado, por ejemplo, la deuda de corto plazo.

La deuda de corto plazo debemos acotar aún más el uso que puede tener, acotar la definición de inversión pública productiva que no quede tan flexible como se tiene hasta la fecha, increíble no se toca esa definición, que se ha interpretado en cada estado como ellos quieran, para lo que mejor les cuadre y les sirva, para que no se pueda destinar gasto corriente, que no se pueda utilizar esta farsa del corto plazo para financiar insuficiencias en el gasto corriente que luego se pasa a ser deuda de largo plazo.

Que el refinanciamiento de corto plazo no pueda ser utilizado para un refinanciamiento o una reestructura, es una mala práctica recurrente, como ya lo hemos descrito aquí.

Y la otra es, no basta decir con que la deuda de corto plazo se pague tres meses antes o que no se pueda contratar antes del cambio de gobierno, pues los abusos no están ahí, están claramente en los años electorales, entonces, no debería permitirse que haya deuda de corto plazo en los años electorales; porque se inicia esta simulación y después se pasa al siguiente ejercicio y nada más se va al Congreso estatal a regularizarse.

Otra propuesta que estamos haciendo, no se puede seguir con esta dinámica de que los gobernadores vayan a sus congresos estatales a pedir la autorización de un monto, porque eso es falta de transparencia; tienen que ir, solicitar el financiamiento de proyectos, tienen que plantearle a sus congresos que quieren hacer un hospital, quieren hacer un puente, quieren hacer una carretera y tienen su análisis costo-beneficio y para eso se pide el financiamiento. No ir a pedir 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos que después quién sabe qué destino tengan y, además, en la contratación de esos montos también se dan garantías que comprometen ingresos de los siguientes 10, 15, 20 años, entonces hay que autorizar proyectos, no montos.

También estamos planteando algunos mecanismos para mejorar el ejercicio de la deuda; por ejemplo, se propone que quede prohibido crear fideicomisos para contratar deudas sin la respectiva autorización del congreso local, no se les puede a estos fideicomisos aplicar el secreto bancario, bursátil o cualquier otro previsto en la legislación mexicana.

¿Qué estamos haciendo en el artículo 117 constitucional? Lo contrario, se permite la autorización de deuda a través de fideicomisos, cuando es un mecanismo claramente utilizado para evadir la rendición de cuentas, pero además siempre es necesario un fideicomiso para comprometer las participaciones federales futuras o para comprometer ingresos locales futuros; es una manera de darle la vuelta al Congreso y comprometer recursos de las siguientes generaciones.

Entonces esto tendría que pasar también por los congresos para obligar a una mayor transparencia y, por supuesto, que estos fideicomisos no estén protegidos por el secreto bancario, por el secreto bursátil, son fideicomisos privados que no están sujetos al escrutinio público, también estamos pidiendo se incluya, vamos a presentar reservas además de este voto, incentivos para que los municipios no se endeuden irresponsablemente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe crear y administrar un sistema de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria, de acuerdo con el grado de cumplimiento, estados y municipios tendrán derecho a mejores condiciones para otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos por parte de la Federación; es decir, ponerle reglas al Secretario de Hacienda y Crédito Público de cuándo va a autorizar la garantía federal para ciertos estado y ciertos no. Porque si lo dejamos abierto, el único criterio que va a establecer es el criterio político.

Pongamos algunas reglas que haya incentivos para que los estados y los municipios quieran recaudar más, quieran gastar mejor, que el gasto público tenga mayor impacto, que sea más transparente y que los proyectos que se estén planteando para financiar con deuda tengan más sentido; no que le digamos al Secretario de Hacienda que autorice la garantía libremente como le dé la gana; entonces es acotarle, amarrarle un poco, ponerle reglas cuando menos al Secretario de Hacienda en cómo va a dar estas garantías.

La otra, darle al municipio y al estado la posibilidad de dar por terminado el convenio de esta disciplina fiscal, que aquí parece que seguimos con la ilusión de que el Congreso va a autorizar determinados proyectos para ser financiados, estos compendios de disciplina financiera cambio de la garantía federal en la deuda, aquí y en China significa o recortar gasto o aumentar impuestos, y eso es lo que se va a imponer con esos convenios a los estados y municipios.

Imagínense ahora cómo hablamos de federalismo fiscal, se acabó el federalismo fiscal, estamos entregando a los presidentes municipales y a los gobernadores en su poder de actuación para que estén prácticamente sometidos por la voluntad de Hacienda.

En materia de transparencia, ver cuándo se contrata a un crédito nunca se dan explicaciones de por qué se contrata a una tasa y no a otra. Se está planteando que las ofertas sean públicas, sobre todo aquellas que no resulten ganadoras.

Las reglas dicen: Bueno, sí que sea oferta pública o que haya por lo menos tres, y que se escoja la mejor. Que sean públicas las que no se ganaron, nada más para tener la certeza de que efectivamente se está eligiendo la mejor opción y tengamos una vigilancia más estrecha.

También se establece una deuda que está fuera del alcance del famoso registro público, que dará más transparencia, pues es la deuda de corto plazo, otra vez es lo mismo, se deja fuera del escrutinio el mecanismo de simulación que luego se convierte en deuda regular, tiene que estar como parte del registro, tiene que ser público, ¿qué garantías, qué tasas, qué plazos, qué condiciones?, si no, no va a cambiar lo que está pasando.

También cuando se procede a la cancelación de una obligación o financiamiento se deberán de publicar las razones por las cuales no se dispuso de este financiamiento y se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que esté obligada a conciliar la información completa y precisa en el registro único de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos celebrados con instituciones financieras o el mercado de valores.

También estamos pidiendo que aumente el número de ofertas para financiamiento, a un mínimo de 3, cuando la solicitud de crédito sea mayor a 10 millones de UDIS, desglosar las tasas, es elemental, es un dato fundamental que tiene que ser público, la tasa efectiva de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos por cada concepto.

También que la Comisión Federal de Competencia nos haga un estudio, nos ayude con un estudio para revisar la competencia económica del mercado de financiamiento de deuda y, en su caso, dar recomendaciones.

Creo que también tenemos que distribuir las responsabilidades en aquellos casos donde haya un abuso y haya aún en condiciones que son claramente de insolvencias, haya un banco que esté dispuesto a dar el crédito, apostando a que va a llegar el gobierno a salvar ese crédito, hay que decirle que no al banco; el banco tiene que asumir la pérdida en caso de que otorgue un crédito cuando claramente esté este estado o este municipio sin capacidad de pago, el banco tiene que hacerse responsable si no estamos en esta conducta perversa donde el banco sabe que no lo van a dejar sin pago por más condiciones de insolvencia que esté un estado, que siempre va a llegar alguien a salvarlo, no, tiene que hacerse responsable y tiene que perder el crédito, tiene que hacerse responsable de eso.

Con estas medidas que estamos planteando, ¿qué queremos? Cambiar la lógica de esta ley.

Creemos que la fortaleza de las finanzas públicas debe construirse de abajo hacia arriba, debe ser una ley que incentive a que los estados se preocupen por mejorar su perfil financiero, por recaudar más, por gastar de manera más eficaz y transparente y por generar proyectos de infraestructura social que puedan ser financiadas con deuda y que salgan a un mercado competitivo de financiamiento por mejores condiciones para sus estados.

Optar por el control político me parece que no va a ser la solución y lo que podríamos esperar como un freno a los abusos que se han cometido en los últimos años no va a ser suficiente; y vamos a tener muy rápido la prueba de ello, porque este año se parece mucho al 2008 donde hay una simulación por parte del gobierno de que sí se va a cumplir la expectativa de crecimiento y sí se va a cumplir la expectativa de ingresos y sí se va a cumplir la expectativa de participaciones federales.

Los indicadores nos muestran que eso no va a pasar, y como en el 2008, tal vez hasta septiembre u octubre, el gobierno lo reconozca y ya va a ser muy tarde para que los estados puedan hacer un ajuste en sus finanzas y nuevamente se les ofrecerá la falsa puerta del endeudamiento. Este es un año donde tendremos nuevamente un brinco en la deuda de estados y municipios nada más que ahora sí todo legalito y todo bajo el amparo de la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en el orden creciente y por el tiempo de 10 minutos, por supuesto con la debida tolerancia en aquellos casos en donde no se pueda sintetizar.

Y en ese sentido, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Buena intervención del Senador Delgado Carrillo.

El Congreso de la Unión, en el mes de diciembre de 2014, aprobó la reforma constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, y votamos nosotros en contra. Votaremos nuevamente en contra en esta ley secundaria por razones muy similares.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que deriva de la reforma constitucional, presenta los siguientes inconvenientes:

Se trata de una reforma que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local.

De los recursos fiscales que recibe la hacienda pública nacional, en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, aproximadamente el 80 por ciento de los recursos se destina a la Federación, y sólo el 20 por ciento a los estados y los municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula el federalismo mexicano.

La reforma legal es para intervenir en las finanzas de los estados, y no sólo en materia de deuda porque al aplicar el mecanismo de deuda garantizada la Secretaría de Hacienda revisa, para autorizar la deuda de cada estado, la totalidad en las finanzas locales.

Es una reforma que reduce las competencias de los congresos locales a favor de la Secretaría de Hacienda. Es un pretexto porque se generaliza un problema focalizado en 7 estados, que son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, solamente ellos tienen problemas graves de la deuda.

Es una reforma antifederalista porque se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados.

Lo estoy comentando aquí en el Senado, que es el defensor de los estados, la ley es para establecer las bases de endeudamiento de los estados, Ciudad de México y municipios, esa ley señala modalidades, límites y condiciones para el endeudamiento local y municipal, los que son definidos no en el marco de la Constitución o de la ley, sino por convenios administrativos entre los estados y la Secretaría de Hacienda, según las circunstancias de cada caso.

En los estados no podrán disponer con soberanía de sus recursos propios porque la ley sí indica en qué deben gastar, fundamentalmente en cubrir las deudas y, posteriormente, en atender los programas prioritarios y sociales, se parece al Banco Mundial. Es decir, se privilegia el pago a los acreedores financieros sobre las necesidades sociales de las poblaciones de los estados y los municipios.

El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento de la Ciudad de México, existirá una comisión bicameral que analizará las estrategias de ajuste y para fortalecer las finanzas de los estados, lo que faculta al Congreso de la Unión para intervenir en la autonomía de los estados y municipios, otra interferencia.

Existirá un registro público para la deuda de estados, Ciudad de México y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación.

Existe para los estados, municipios y Ciudad de México la prohibición para contraer deuda destinada a sufragar el gasto corriente, y no existe la prohibición correlativa y expresa para la Federación que nos tiene endeudados hasta la coronilla, eso sí, no existe.

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de los estados y municipios cuando los recursos provengan de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación. Los empréstitos federales los aprueba el Congreso de la Unión por mayoría, mientras que los empréstitos locales, para aprobar por los congresos por mayoría de dos tercios; es decir, la Federación no tiene límites por mayoría y los congresos locales tendrán que aprobar con una mayoría de dos tercios.

Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo para estados y municipios, y no para la Federación.

Es una reforma que suprime el poder de las entidades federativas para planear soberanamente su desarrollo y de dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general.

En caso de incumplimiento de los convenios entre la Secretaría de Hacienda y los estados, los estados y municipios deberán pagar el costo asociado a la garantía de la deuda.

Se elimina el secreto bancario, financiero y bursátil porque la Secretaría de Hacienda podrá conocer el manejo de las cuentas y con ello la administración total de las finanzas de estados y municipios.

El gran problema de endeudamiento en el país es federal y no estatal y municipal. El endeudamiento federal es el más grande de la historia de México, y sin ningún pudor vienen aquí a poner límites a los estados, que son muy relativos como veremos.

El origen del desorden en la deuda focalizada en algunos estados y municipios de la República, obedece a la inexistencia del principio de división de poderes al interior de los estados.

Los congresos locales y las auditorías superiores de los estados están controladas, cooptadas y compradas por los ejecutivos locales.

Los ejecutivos en estados y municipios con problema de deuda, han hecho uso de instrumentos financieros, bursátiles, mecanismos de inversión, fideicomisos, asociaciones público-privadas, con el argumento de que no se trata de deuda pública. Aquí lo estuvieron defendiendo a Moreno Valle en la sesión anterior, diciendo que no era deuda pública lo que es deuda pública. Todo ello con el propósito de eludir la fiscalización de los congresos locales y de la sociedad en su conjunto, diría yo.

Esos instrumentos son deuda pública por el solo hecho de pagarse con el presupuesto público.

Los congresos locales, como están subordinados a los gobernadores, han sido cómplices y omisos en el ejercicio de sus competencias de control hacia el ejecutivo local, lo que ocurre también en la Federación vía fibras y toda clase de financiamientos que ocultan, los bonos educativos y demás instrumentos que se crean para eludir la fiscalización del gobierno federal, y la miopía de la Auditoría Superior.

Pero también este Congreso no canta mal en relación con los congresos locales. Cuando decimos que los congresos locales están controlados por los ejecutivos, pues qué decir de este Congreso Federal, de este Senado de la República que está controlado por Peña Nieto.

Ya en la siguiente intervención nos iremos todavía más a fondo en este tema.

Votaremos en contra de esta ley por ser antifederalista, por reducir la soberanía de los congresos locales y por simular que se trata de problemas de deuda, cuando el problema de fondo es constitucional y democrático porque los congresos locales controlados por los gobernadores, no realizan adecuadamente sus facultades de control y de fiscalización de las cuentas públicas.

En lugar de esta ley, se debería fortalecer a los congresos locales y a los ayuntamientos; establecer que si el congreso local correspondiente no aprueba una cuenta pública, el gobernador o el alcalde deben ser destituidos de su cargo.

En materia de sanciones es ridículo, y repito, vamos a tener una segunda intervención en lo general en contra.

Todo este asunto de la focalización ya lo discutimos cuando analizamos la reforma constitucional, y les recuerdo, y dijimos que no es general, sino se aprovecha el asunto del escándalo de ciertos estados para hacer un control absoluto y total del financiamiento de los estados en todo lo que puede significar.

Y ya establecimos que además esos siete estados que han tenido repercusión internacional, lo sabemos, y electoral actualmente, es corrupción.

Ya analizamos, y aquí Delgado decía bien que había que establecer cuál de los bancos va a ofrecer y cuáles son las tasas, pero no es así, porque ellos son los compinches.

Ya hicimos la lista de las deudas en los bancos y vemos que son los mismos. Son los bancos de Hank y los que están controlados por el hankismo. Entonces no es una cuestión que se les olvide analizar qué banco va a prestar, porque son negocios privados, porque es corrupción y ya lo hemos señalado varias veces.

Aquí hay una brutal corrupción en el país con la colusión del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda.

No hay sanciones. Hay sanciones administrativas ahí regularzonas, sanciones cuando son delitos, no debe haber sanciones administrativas, son delitos, delitos que sacrifican a sus poblaciones en general, delitos enormes para convertirse, estos gobernadores delincuentes, en compradores del voto, en compradores de congresos locales, en compradores de todo lo que se pueda comprar que en México ya casi es todo.

De manera que las sanciones finalmente, las sanciones no existen, debería de haberlas, y graves.

Me llama la atención, finalmente, señor Presidente y termino, me llama la atención que esta ley secundaria se retiró, y se retiró porque, decía que el Partido Acción Nacional había pedido que se retirara, y que se había retirado por una serie de inconveniencias y análisis que se presentaron por organizaciones sociales y ONG’s importantes, como Fundar y el Imco, que las tenemos aquí, y ahora sin ningún cambio, ya la dejaron pasar, ¿qué pasó?

¿Por qué la retiraron?, si estaban analizando, aquí tenemos un pequeño resumen, lo sacó la prensa, no es secreto, se retiró porque el Partido Acción Nacional consideró que había que revisar esas cosas, esas críticas de dos instituciones muy acreditadas, y de repente ya hubo una aquiescencia, y vámonos, ahí va, sin ninguna corrección; yo esperaba que hubiera una discusión sobre lo que dice Fundar y el Imco, nada.

Por eso digo que se parece mucho este Senado a la crítica que hacemos de los congresos locales.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, Senador Bartlett Díaz.

Para hechos, ha solicitado el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Víctor Hermosillo y Celada, y entendemos que en la dinámica de este debate, no hay réplica.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Nada más para una aclaración.

El Senador Bartlett Díaz, con todo respeto, mencionó al estado de Baja California, y el estado de Baja California no es de los más endrogados.

Debo decirle que así está Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero Baja California no, quizás con el tiempo, pero ahorita no es de los más endrogados, que es un estado que sus participaciones todas casi se van en educación.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Hermosillo y Celada, se toma.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para efecto de posicionar a nombre de su grupo sobre este tema que está a discusión.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Antes que nada una disculpa, estoy ligeramente afónico, ronco, y voy a ser muy breve.

Las finanzas públicas no escapan de la volatilidad de la economía mundial, por lo cual resulta necesario implementar medidas apropiadas para garantizar que los gobiernos se conduzcan bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus respectivas haciendas.

El año pasado el Constituyente Permanente se dio a la tarea de aprobar una reforma que estableció las bases constitucionales para la expedición de la legislación en materia de responsabilidad hacendaria, que tiene por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en todos los órdenes de gobierno a fin de coadyuvar, de generar condiciones favorables para el crecimiento económico y del empleo.

Es por ello que el componente principal de la minuta que nos ocupa el día de hoy es la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Esta ley establece criterios de responsabilidad, programación y evaluación para la expedición de los instrumentos fiscales y presupuestarios.

Instrumentos que son bajo los cuales se rigen los gobiernos locales como también incluye su ley de ingresos y presupuesto en cada uno de sus ejercicios fiscales.

Se obligará a que el gasto público cuente con un balance presupuestario sostenible, permitiendo excepcionalmente y bajo condiciones especiales la deuda pública.

También se contemplan limitaciones al rubro de servicios personales y mandatos para destinar los ingresos excedentes de las haciendas en las entidades federativas.

En materia de deuda, se establecen reglas estrictas para evitar que los entes públicos locales contraten financiamientos u obligaciones que atenten contra las finanzas, mediante la participación activa de los congresos.

De esta forma se va a garantizar la adquisición de deuda únicamente en casos de necesidad extrema y bajo las mejores condiciones de mercado, ya no más se van a permitir prácticas irresponsables bajo de ningún gobierno, ninguna entidad federativa.

Como mecanismo del control novedoso, se establece un sistema de alertas que permitirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal evalúe la deuda de los gobiernos locales, clasificando a los entes públicos por su nivel de endeudamiento.

Derivado de esta clasificación, los gobiernos locales podrán acceder a techos de financiamiento diferenciados, con lo cual se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el mismo sentido, se crea un Registro Público Único en el que se inscribirán y transparentaran la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos locales.

Finalmente, se establece un esquema de transparencia y rendición de cuentas, sujetando a los entes públicos locales a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de este nuevo modelo de disciplina financiera.

Por todo lo anterior, votar a favor de esta iniciativa es votar a favor de una iniciativa moderna, responsable de transparencia. Sin lugar a dudas que redituará en un mayor control de recursos públicos en el ámbito local y con el debido respeto a toda la ciudadanía en el uso y en el manejo de los recursos públicos.

Por su atención, muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para posicionar a nombre de su grupo parlamentario.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, esta iniciativa que regula la deuda en las entidades federativas y municipios, tiene como propósito ordenar el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, ha sido desproporcionado con propósitos no claros ni transparentes.

Este propósito, a pesar de significar una limitación al federalismo, debe considerarse una medida necesaria, porque existe el riesgo que el gobierno federal tenga que asumir esas deudas en el futuro y acabaría pagándolas el pueblo de México.

Resulta preocupante el nivel de la deuda alcanzada en el sector público nacional, y es mucho más significativa que la deuda de los gobiernos estatales y municipales. Por eso deberíamos de poner reglas también para el gobierno federal, en el tono semejante que se están poniendo para los gobiernos estatales y municipales, sólo baste señalar, que al 31 de enero de 2016, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público fue de 8 billones 905 mil millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento del Producto Interno Bruto.

En contraste, la deuda registrada en las entidades federativas y los municipios al cierre de 2015, fue de 536 mil millones de pesos, el 3 por ciento del Producto Interno Bruto y el 6 por ciento de lo que representa la deuda federal.

Por otra parte, en la deuda del sector público que reporta la Secretaría de Hacienda, se llama: “Saldo de requerimientos financieros del sector público”, ahí no están incluidos todos los conceptos de deuda federal, no están las obligaciones que necesariamente se tendrán que pagar en el futuro, que limitan la disponibilidad de recursos dentro de los que destacan los pasivos por pensiones que, de acuerdo a varios analistas, supera el 100 por ciento del Producto Interno Bruto.

En 2015 destinó el 23.4 por ciento de los ingresos presupuestarios al pago de pensiones y al costo financiero de la deuda, y su comportamiento es creciente.

En el 2010 fue de 20.2 por ciento, ahora es de 23.4 por ciento. En conclusión, se debe de afirmar que es adecuada la preocupación de la deuda subnacional que da origen y motivo a esta iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero no debe obviarse la necesidad de hacer cambios parecidos o semejantes para controlar también la deuda federal, más aún en un escenario de bajo crecimiento económico, caída de los ingresos petroleros y debilidad estructural de las finanzas públicas.

El gobierno federal, al garantizar la deuda de algún estado, asume con ello un pasivo contingente, lo que significa que se compromete a pagar en caso de que las entidades no paguen.

Este otorgamiento de garantías por parte del gobierno federal, se sujeta a un conjunto de reglas; primero, se celebra un convenio entre la entidad federativa y la Secretaría de Hacienda, en el cual se establece un límite de endeudamiento; también objetivos para ir disminuyendo el déficit presupuestario, hacer esfuerzos de austeridad en el gasto y, finalmente, aumentar ingresos propios.

Todo esto viene en el artículo 37 de esta iniciativa.

Se limita la garantía de un endeudamiento de 3.5 por ciento del PIB estatal o al 100 por ciento de los ingresos propios de libre disponibilidad. Es decir, sumar las participaciones federales más los ingresos propios. Eso está en el artículo 35.

Las entidades federativas a su vez, le garantizan o le autorizan al gobierno federal sus propias participaciones que le correspondan.

Cuando una entidad solicite garantías al gobierno federal para contratar deuda y su nivel de deuda sea elevado, el convenio correspondiente deberá ser analizado por la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, quien podrá emitir observaciones.

Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar que las garantías que otorgue el gobierno federal en todo momento, y el gobierno federal, no podrá otorgar garantías por deudas contratadas entre el 1º de enero del 2015 a la fecha de la entrada en vigor de esta ley que hoy se aprobará, a menos que sea para refinanciamiento, reestructuración de la deuda contratada antes del 1º de enero del 2015. En esto haremos una reserva en lo particular que lo han pedido varios organismos de la sociedad civil y nos parecen incorrectas sus observaciones.

Pero en síntesis, la ley no establece explícitamente que el gobierno federal pueda asumir deuda de las entidades federativas y municipios, sólo podrían hacerlo cuando el gobierno federal haya otorgado garantías y la deuda no sea pagada por algún gobierno estatal o municipal, y esta iniciativa acota y reglamenta las condiciones en las que un gobierno federal puede otorgar garantías.

La obligación de las entidades federativas y de los municipios, de incluir un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, se convierte en una obligación a partir de que se emita esta ley.

Esta adición es muy importante, ya que se reconoce explícitamente este importante rubro de gasto que es un compromiso de las finanzas públicas de una manera similar a los conceptos de deuda, lo cual es definitivamente correcto para poder cumplir con los trabajadores, que es un derecho y tener un mayor control de estos recursos, que deberían quedar perfectamente establecidos y reglamentados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el artículo 9 se limita la posibilidad de tener financiamientos a que las entidades tengan un balance fiscal negativo, pero solamente debido a una caída del PIB nacional o a situaciones de un desastre natural en determinada entidad o bien, cuando se tenga necesidad de un gasto hasta un 2 por ciento mayor al del año anterior que se deriva de un balance presupuestal de ejercicios anteriores.

Estas restricciones limitan seriamente la posibilidad de contratar financiamiento.

En el artículo 10 se limita el crecimiento de gastos en servicios personales al valor que resulte menor entre el 3 por ciento o la nueva estimación del Producto Interno Bruto, respecto del año anterior.

Se le pone límite al crecimiento de gasto en servicio personal, lo cual es definitivamente correcto.

Sin embargo, no se establecen mecanismos que permitan evaluar si el monto de referencia, es decir, si el gasto en servicios personales del año anterior es adecuado o no, debería de justificarse la plantilla de personal que tienen los gobiernos estatales y poder forzar a disminuir el gasto corriente de varios estados y de varios municipios.

En el Capítulo V se establece el Sistema de Alertas, que consiste en clasificar a las entidades federativas, dependiendo de su nivel de endeudamiento. Las entidades de bajo endeudamiento estable, estas entidades se les permitirá contratar deuda hasta un 15 por ciento de la que ya tienen.

El endeudamiento en observación, serán las entidades que puedan contratar deuda hasta por un 5 por ciento de la existente; y las entidades de endeudamiento elevado no podrán contratar nada de deuda. Todo esto se considera correcto, aunque en un esquema rígido, porque no toma en cuenta la situación específica de cada entidad, y debiera distinguirse el estado que guardan las finanzas y los ingresos, estado por estado, municipio por municipio.

Se establece la constitución de un Fondo para la Atención de Desastres, y la reconducción de infraestructura, una especie de Fonden estatal. Suena bien la propuesta, pero habría que ver si su implementación no va a pesar mucho en las finanzas, o que la Federación quiera deslindarse del Fonden que ha sido muy importante ante desastres naturales.

Es importante tener en cuenta también que la aprobación de la deuda pública de las entidades federativas y municipios es responsabilidad de los congresos locales, y aunque haya una ley federal pudiera no aplicarse en los estados. Esta ley está supeditada a que los estados firmen convenios con la Federación, cuando necesiten que la Federación les garantice los financiamientos que soliciten.

Finalmente diría, que en el artículo 33, esta iniciativa establece unos requisitos adicionales a los financiamientos de la Ciudad de México, que no se estipulan para el resto de las entidades federativas.

Se establece, por ejemplo, que para la Ciudad de México se sujetarán a producir incrementos en los ingresos públicos, esto lo dice el artículo 33, inciso a), fracción II, que colocado así, especialmente para la Ciudad de México, es porque se hizo desde diciembre, antes de que se aplicara la reforma política del Distrito Federal.

Ahorita esta redacción, comparada con la que viene para el caso de las demás entidades federativas, que dice, no se estipula una frase idéntica, se establece “Que sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, o a refinanciamientos de la deuda, o a restructuras de la deuda”. Esto viene en el artículo 22. Esto, aparentemente es equivalente a lo que establece el artículo 33 para el caso de la Ciudad de México, pero pareciera discriminatorio para la ciudad.

Antes de que tuviera autonomía administrativa y política, se justificaría, pero después de la reforma política al D.F., ya no se puede justificar esta diferenciación.

Nosotros proponemos que se modifique la redacción para que diga: “Producir un incremento en los ingresos públicos que se destinen a inversiones productivas o refinanciamientos o reestructuras”.

En cuanto a refinanciamientos y reestructuras, también debe de haber una auditoría en cada entidad para saber si la deuda realmente fue aplicada a gastos de inversión, y no a gasto corriente, como ocurre en muchas entidades.

Nuestro voto será favorable, el voto del PRD será a favor de esta iniciativa, aunque sabemos que la misma arroja más pendientes a nivel federal y también a nivel estatal.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Este posicionamiento, a nombre del grupo parlamentario del PAN, ha sido preparado por el Senador Ernesto Cordero, que por razones de justificación no puede estar en este momento aquí.

Ha sido largo el camino, el que hemos recorrido hasta el día de hoy, en que finalmente estaremos votando la legislación secundaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Haciendo un poco de historia y un breve recuento de las motivaciones que en Acción Nacional tuvimos para incluir esta ley como un irrenunciable dentro de nuestra agenda legislativa, podemos remontarnos a 2011 y 2012, cuando por primera vez en los informes anuales del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero se consideró al endeudamiento de estados y municipios como un riesgo a atender, por la magnitud y el ritmo acelerado de su crecimiento.

Cito textualmente: “En los últimos años se ha observado un incremento significativo en la exposición de la banca múltiple a los gobiernos de los estados y municipios al aumentar 125 por ciento entre los años 2007 y 2011”.

Asimismo, esta tendencia ha venido acompañada de un nivel creciente de endeudamiento de estas entidades, así del apalancamiento de entidades, medido como el cociente de la deuda total entre el monto de participación federal, alcanzó un nivel de 79 por ciento al cierre de 2011.

Pero fueron realmente los casos particulares, como el de Humberto Moreira, en Coahuila, donde la deuda se disparó de 323 millones de pesos en 2005 a 36 mil millones de pesos en 2011, los que encendieron las señales de alarma tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el sistema financiero mexicano.

No solamente se había heredado una deuda monumental a ésta y varias generaciones de coahuilenses, también habían cometido una serie de delitos para su contratación, los cuales incluso fueron objeto de denuncias penales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero aún, fue darse cuenta que aunque con otras características, igualmente irresponsable, la contratación de deuda para financiar excesos y ocurrencias de gobernantes en turno de los estados y municipios se había vuelto una práctica recurrente en el marco legal mexicano, al respecto era, por pedir lo menos, insuficiente.

No existían elementos en la legislación que regularan, exigieran cuentas y mucho menos castigaran este tipo de prácticas, y fue en ese mismo 2012 que los Senadores y Senadoras del PAN comenzamos a trabajar una iniciativa de reforma constitucional en materia de disciplina financiera, que entre otras cosas pusiera orden, transparencia, límites y responsabilidades a la contratación de deuda pública de estados y municipios.

Finalmente encontramos aliados de esta misma preocupación en otras bancadas y en la propia Secretaría de Hacienda, y después de muchas idas y venidas de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores que enriquecieron la iniciativa, esta reforma constitucional entró en vigor el 27 de mayo de 2015.

Pero el trabajo no estaba terminado, era imprescindible hacer que la ley funcionara y para ello se requería que el marco legal estuviera completo, quedaba entonces un último paso para dar y éste, estoy seguro, lo daremos el día de hoy cuando se concrete la aprobación de la legislación secundaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas.

Pero cuáles son las características y, sobre todo, las virtudes de esta legislación secundaria.

Primero. Se establecen con absoluta claridad reglas de disciplina financiera, estas reglas contienen reglas de balance, reglas presupuestarias y reglas de ejercicio que en su conjunto van a contribuir a mejorar substancialmente el manejo financiero de las entidades federativas y municipios.

Pues entre otras cosas consideran medidas como el balance presupuestario sostenible, limitan el ejercicio del gasto fuera de presupuesto, prevén fideicomisos para atender desastres naturales, incorporan la obligación de realizar estudios de factibilidad para los proyectos de inversión e impacto presupuestario y estipulan la amortización de deuda como uno de los destinos de los ingresos excedentes, al mismo tiempo que consideran ajustes en áreas no prioritarias en caso de que los ingresos del ente público sean menores a los presupuestados.

Segundo. Específicamente en el tema de contratación de deuda y obligaciones esta nueva legislación incorpora definiciones claras de qué se considera como deuda pública, obligaciones e inversión pública productiva, de esta manera el destino de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento público queda acotado a la realización de inversión pública, productiva, refinanciamiento o reestructura.

Además, quedan establecidos mecanismos para mejorar las condiciones de los créditos contratados mediante la celebración de procesos competitivos entre instituciones financieras, optando siempre por aquella alternativa que habiendo cumplido con todos los requisitos haya ofrecido la menor tasa efectiva.

En este mismo sentido, se crea un nuevo apartado especial para incluir la contratación de deuda pública por parte de la Ciudad de México, trasladando lo que hasta hoy estaba considerado dentro de la Ley de Ingresos.

Tercero. El documento que hoy estaremos votando pone énfasis en la prevención, pues incorpora un novedoso sistema de alertas a través del cual se dará seguimiento permanente, trimestral, a indicadores relevantes que permitirán ubicar a cada entidad y a cada municipio dentro de un nivel de endeudamiento categorizado como sostenible o coloquialmente en verde, elevado o en semáforo rojo, o en observación en amarillo, cuyos resultados serán publicados de manera trimestral por la Secretaría de Hacienda y serán vinculantes para establecer el techo de financiamiento neto permitido para cada entidad federativa.

Es decir, dependiendo de la categorización tendrá un techo de financiamiento obligatorio. Asimismo, el monto de la deuda que apruebe el congreso local no podrá en ningún momento ser superior a este techo.

Las entidades y entes que se encuentren en niveles de endeudamiento elevado deben firmar un convenio con la Federación en el que se establezcan puntualmente las obligaciones de responsabilidad hacendaria.

Cuarto. De manera similar como funciona en el Distrito Federal, los estados y municipios contarán con el aval de la Federación a través de la deuda estatal garantizada, esta deuda estatal garantizada, en su conjunto de todos los estados, no podrá ser mayor a tres y medio puntos del PIB, que se podrá respaldar de manera gradual hasta el 100 por ciento de los ingresos disponibles de cada ente público. Seguirá contratando fideicomisos como fuente de pago de participaciones.

Es decir, la deuda que el gobierno federal garantice tiene que estar legalmente aprobada por los congresos, tiene que tener en garantía los flujos de las participaciones y estar constituido sin fideicomiso, que de ahí se tome para pagar este pasivo.

En el caso de los municipios, estos deberán suscribir conjuntamente con sus estados el convenio con la Federación.

En este mismo sentido me gustaría destacar la participación del Congreso de la Unión que tendrá a través de una comisión bicameral de cuatro Senadores y cuatro Diputados de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto, quienes darán seguimiento puntual a los estados y municipios que sean señalados por tener un endeudamiento elevado, es decir, están en semáforo rojo, pudiendo solicitar información y emitir observaciones sobre las estrategias de ajuste de los convenios.

Cinco. Se creará el Registro Público Único que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y en los que deberán inscribirse todos los financiamientos y obligaciones, ya sean estas asociaciones público-privadas, arrendamientos, factoraje, deuda de fideicomisos, cortos plazos e instrumentos derivados, garantías, flujos de pensiones, entre otros.

Posteriormente todo lo que se haya inscrito en el Registro Público Único será cotejado con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuando existan discrepancias, éstas serán publicadas de igual forma en dicho registro.

Para poder inscribir alguna operación en el Registro Público Único será necesario incluir acreedores, monto contratado, tasa efectiva, plazo y recurso otorgado como fuente de pago o garantía.

Por último, esta legislación reglamentaria establece sanciones que incluyen las estipuladas dentro de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El pago de indemnizaciones vía crédito fiscales por el monto correspondiente del daño causado a las haciendas públicas y las sanciones penales correspondientes.

Ciertamente quedan pendientes reformas por hacer a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice toda operación que sea susceptible o que sea solicitada, cuente con la garantía federal.

Y también, sin duda, avanzar en una sólida reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pero estoy seguro que hoy avanzamos con una reforma que mejorará sustancialmente la situación del manejo financiero de las entidades federativas y de los municipios de todo el país.

Con la legislación que hoy se someterá a votación de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, no habrá espacios para nuevos moreirazos, que actuando con ilegalidad, hipotequen el futuro de los ciudadanos.

Casos similares podrán ser detectados a tiempo, y las únicas salidas posibles a aquellos que incurran en un nivel de endeudamiento elevado será ajustarse el cinturón y tomar austeras medidas de disciplina financiera.

Desde el día que el PAN presentó la primera iniciativa en 2013, al cierre del año pasado el endeudamiento de estados y municipios en México pasó de 434 mil millones de pesos a 536 mil millones de pesos. Es decir, nos hemos tardado más de 100 mil millones de pesos en completar esta legislación. Que no pase un día más, pues cada día que pasa le cuesta más a los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, porque creemos decididamente que las finanzas públicas sanas son parte fundamental para el desarrollo económico y bienestar de la gente, los Senadores que formamos parte del grupo parlamentario del PAN, votaremos a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace 24 siglos el más grande filósofo de todos los tiempos nos dijo: “que el objetivo de la política es el bien, el bien estar, que es un requisito para el bien ser”.

Pero el bien estar requiere ingreso para las familias; el ingreso de las familias requiere empleo; el empleo requiere crecimiento económico; el crecimiento económico necesita estabilidad económica; la estabilidad económica demanda estabilidad financiera; la estabilidad financiera de todos los órganos del Estado mexicano, de todas las entidades y dependencias de todos los órdenes de gobierno, y éste es el propósito de la ley que hoy nos ocupa, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Una ley nueva que se emite, más las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley de General de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lograr disciplina financiera en estados y municipios, o mejor dicho, en entidades federativas y municipios, y para lograrlo establece reglas y criterios a los que se tienen que ajustar los endeudamientos futuros de las entidades federativas y de los municipios.

Esas reglas incluyen transparencia y rendición de cuentas para que la gente sepa qué se contrata, para qué se contrata, quién contrata, en qué se gasta, para qué se gasta, quién se beneficia, cuáles son los costos y beneficios de ese endeudamiento.

Por ello, establece también un sistema único de registro de deuda para poder hacer comparables las deudas y los conceptos de deuda de las entidades federativas y de los municipios. Y establece un sistema de alertas, qué estados y municipios están en el nivel de deuda sostenible, qué es un nivel aceptable; qué estados y municipios están en estado de observación, es decir, se prende el foco amarillo. Y un tercer nivel, aquellos que tienen endeudamiento elevado, ahí el foco es rojo.

Estos tres niveles nos permiten tener una idea más clara de cómo está el endeudamiento local, no subnacional, como aquí se dice, es el endeudamiento local, el endeudamiento de estados, o mejor dicho entidades federativas y municipios para saber si el endeudamiento es elevado y está en focos rojos, si el endeudamiento es en observación y está en foco amarillo o es una deuda sostenible y está en luz verde.

Pero, además, llena un vacío que existía en las leyes secundarias. La Constitución habla de inversión productiva, la deuda debe dedicarse a inversión productiva. Ahora se define con precisión qué es la inversión productiva, y establece, primero, que es aquella que trae beneficio social, de manera que implica estudios de costo-beneficio social, no privado.

Pero, además, tiene que dedicarse a tres renglones básicos: Primero, producción de construcción de bienes del dominio público; segundo, equipamiento de esta construcción; y tercero, la contratación de bienes para proveer servicios que son bienes públicos, servicios públicos.

De manera que hay reglas y criterios que indican el camino a seguir y el camino a evaluar si la deuda contratada es de beneficio social o no cumple con este requisito.

¿Pero qué pasa con aquellos estados que ya están en focos rojos?, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un endeudamiento elevado? La ley les ofrece una salida y les dice: Puedes hacer una reestructuración con el apoyo, con el aval de la Federación a través de un convenio de coordinación que te permita reestructurar la deuda en términos de mercado, en términos más cómodos, a precios y condiciones más accesibles.

De manera que estamos a favor de la aprobación de esta minuta, y concretamente quiero señalar 12 beneficios que nos permiten documentar este optimismo.

Primero. La regulación de la contratación de deuda pública de las entidades federativas y municipios dará estabilidad a las finanzas públicas, al sistema financiero, a la economía y al crecimiento económico, para que haya empleo, ingreso para las familias y mayor bienestar.

Segundo. Establece las bases para el manejo de los recursos, que ahora se hará bajo los criterios de racionalidad, austeridad, transparencia, control, supervisión, seguimiento y rendición de cuentas.

Tercero. Sólo se podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones productivas, que son aquellas que generan beneficio social y que se destinan específicamente a la construcción, equipamiento o provisión de bienes públicos o servicios públicos.

Cuarto. El gasto para servicios personales debe tener límites. Las obligaciones y empréstitos contratados deberán tener un interés colectivo, un interés nacional.

Quinto. Esta minuta plantea que la contratación de deuda pública se haga con apego a los principios ya señalados, entre los que destaco eficiencia, impacto, transparencia y rendición de cuentas.

Sexto. Los estados y municipios buscarán mejores condiciones de mercado para las operaciones de financiamiento público, y tendrán para ello el apoyo del gobierno federal para lograr este propósito.

Séptimo. La fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación de deuda pública de las entidades federativas y municipios, será obligatoria.

Octavo. Se crea un Registro Público Único de Deuda donde se inscribirán los empréstitos locales.

Noveno. Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de deuda pública, para un mayor control del financiamiento de los estados, o mejor dicho, entidades federativas y municipios.

Décimo. Se fijan sanciones a los servidores públicos que incurran en un manejo irresponsable de los recursos y de la deuda pública.

Décimo Primero. Se permitirá conocer en qué se gasta, para qué se gasta y quién gasta el dinero que piden prestado los gobiernos locales.

Décimo Segundo. Se establecen reglas y criterios para armonizar y hacer comparable la deuda pública de todas las entidades y de todos los municipios del país.

Todo ello significa estabilidad financiera. La estabilidad financiera significa estabilidad económica. La estabilidad económica significa crecimiento económico. El crecimiento económico significa empleo. El empleo significa incremento en el ingreso disponible de las familias. Y todo esto significa bienestar nacional.

Por eso estamos a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Cavazos Lerma.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Fernando Salazar Fernández, Mario Delgado Carrillo, Jorge Aréchiga Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Martha Angélica Tagle Martínez y María del Rocío Pineda Gochi.

Al culminar la lista de oradores preguntaré si el asunto está debidamente discutido.

El Senador me está solicitando la palabra para hacer un voto particular. No lo hizo en el momento procesal oportuno. Sin embargo, le vamos a permitir que haga uso de la palabra cuando finalice esta lista de oradores.

También se anota para la lista de oradores, a la Senadora Dolores Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, con la tolerancia correspondiente.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hubiera sido más fácil que esos 12 puntos grandilocuentemente presentados a esta Asamblea, se le aplicaran al gobierno federal porque ahí está el problema.

Cada uno de esos puntos son violados por el gobierno federal, por el gobierno de Peña Nieto, pero ya vimos que el consenso aquí está ya establecido sin tomar en consideración los planteamientos que hicieron las ONG’s, que se quedarán para mejor ocasión.
Ya expusimos puntualmente por qué estamos en contra de esta reforma anti federalista, anti soberanía de los estados y, desde luego, simuladora.

En la sesión anterior se discutió el tema de Puebla; y voy a usar el tema de Puebla para exponer asuntos ya de carácter político, como lo anuncié en la primera intervención.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha hecho una evaluación del desempeño sobre el tercer año de sesiones de la legislatura del Congreso del estado de Puebla. Y ahí analiza, en el anexo dos, el problema que significa para el estado de Puebla y la visión que tiene esa ley, y no lo resuelve; porque según aquí se ha dicho y lo tienen las leyes del estado de Puebla, quién define que es deuda pública es el propio gobierno a través del congreso del estado; y quién vigila que esa deuda se mantenga en los límites es el propio gobernador del estado a través de su Secretario de Hacienda; y si además hay algo que requiera una auditoría, también lo hará el señor gobernador del estado de Puebla. Y lo voy a explicar.

Analiza y no tiene caso volver otra vez, que es la ley en la que se basan para este endeudamiento cínico, que va de 21 mil millones a 60 y tantos mil millones, que supera a los que aquí han señalado como escandalosas, porque es una deuda; y no es y aquí lo dice el instituto con un análisis cuidadoso, es una deuda disfrazada de estos mecanismos que se han utilizado últimamente para defraudar no solamente al congreso del estado, a la Secretaría de Hacienda que es parte de estos mecanismos, sino para defraudar a la nación mexicana.

Cómo es posible que un individuo por sus ambiciones personales amase enormes fortunas que blanquea y convierte en hoteles, inversiones, etcétera, para poner al estado de Puebla a pagar durante 30 años una deuda inconmensurable que él ha decidido por sí mismo.

¿Cuál es el problema a final de cuentas?, y con eso terminaba yo mi presentación en cuanto al posicionamiento.

El problema que tenemos en la deuda pública es un problema de democracia, es un problema político esencialmente, y aquí lo vienen a resolver con una serie de planteamientos que ni siquiera son suficientes por todas las vueltas que le dan.

Yo esperaba que el Partido Acción Nacional se retirara de esto, porque había algunos puntos que tenía que aclarar, pero no es así.

Este centro de estudios analiza al Congreso del estado de Puebla, es un documento hecho con un gran cuidado, es un centro de estudios, y analiza cómo opera el Congreso del estado de Puebla, estudio técnico, que dice que no es posible afirmar que los legisladores realizaron un escrupuloso estudio, etcétera, etcétera.

Y resulta que se ha dado, en el Congreso del estado de Puebla, dice este estudio, una gran homogenización de todos los partidos, todos son iguales, ahí está una alianza, por un lado entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esa alianza está situada en el congreso.

Pero hay otra alianza que es la del PRI, que está enfrente y era de esperarse, señala el estudio, que hubiera un enfrentamiento ideológico entre las dos alianzas. La alianza de Moreno Valle y la alianza del PRI por otro lado, pues no, año con año estudia este tema y se sorprende de la homogeneidad en todo el ejercicio de los tres años, aunque se consideró que la elevada cohesión podría indicar falta de independencia del poder legislativo. Hubo otros muy inteligentes que dijeron, es que hay una capacidad de negociar todo para llegar a un consenso maravilloso durante tres años; y ese consenso que explica, lo pone un poco en sospecha con una gran ingenuidad, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias.

Podría ser que este congreso no tiene ninguna independencia, que depende de Moreno Valle el gobernador dice: ¡no!, ¡cómo! Este congreso tiene una capacidad de análisis, una calidad absoluta de sus planteamientos y sus debates; y por otro lado el Centro de Estudios dice que no hay debates, que no hay ningún debate, que no dieron información sobre los supuestos debates, sino que se logra frente a esa alianza de esos tres partidos y la alianza del PRI se hace homogénea.

¿Qué es lo que dicen? Bueno, es que tiene una gran capacidad. Yo creo que si es cierto, tienen una gran capacidad de convencimiento, porque precisamente la corrupción que está en la base de todos estos problemas a todos los convierte en asociados.

No es el Congreso del estado de Puebla el único, podemos revisar lo que está sucediendo en los congresos estatales y vamos a encontrar muchas similitudes. Pero este estudio es muy bueno, aunque sea un poco ingenuo de aceptar que es posible que en el Congreso del Estado de Puebla haya una gran calidad de convencimiento, pero todos sabemos que el convencimiento es corrupción, dinero.

El Congreso del estado de Puebla está al servicio de este gobernador manirroto, que va a poner en riesgo a generaciones de poblanos, a generaciones durante 30 años, a pagar su capricho para comprar la candidatura a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional, o a lo mejor de alguna alianza, como estas maravillosas que logran una gran capacidad de comunión ideológica que todavía no acabamos de entender.

Ese es el problema, el problema que existe en este país es la corrupción generalizada, congresos que tienen Diputados comprados de todos los partidos, Congresos que operan así como dice este estudio, que se los recomiendo, así operan, todo lo aprueban, porque además estudia.

¿Cuántas iniciativas han salido de los Diputados? Ninguna. Y en cambio las del gobernador, una gran celebridad, aquí lo dice; y no es un centro que tenga una tendencia ideológica, es un centro de estudios.

Hay una gran capacidad de que todos ideológicamente se unifiquen en favor de la maravillosa inteligencia formidable del gobernador de Puebla para que someta al estado un pago durante 30 años y que, además, yo se los explicaba, cosa que no ve el congreso del estado.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Bartlett Díaz, me permite.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Ya casi termino.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Me permite, la Senadora Layda Sansores San Román, quiere hacerle una pregunta.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Mi compañera Layda Sansores, todo lo que pida, claro.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, Senadora Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Senador Bartlett Díaz, estoy muy interesada en todo lo que está diciendo, pero como usted habló hace rato en la intervención anterior del problema de la deuda federal que aquí se elude, quisiera que se subrayara, con base a lo que dijo el Senador Cavazos Lerma, que es uno de los beneficios es que vamos a tener un sistema de semáforos, con amarillo de alerta oportuno, a rojo, tema de preocupación, y en lo que va de esta administración, la deuda del sector público ya aumentó 10 por ciento del PIB.

¿Cuál considera usted que debe ser el color ahora de la deuda de Peña Nieto?

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Entiendo que acepta la pregunta, verdad.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Claro que sí.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Continúe, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, esa es la gran preocupación.

Por eso, al iniciar mi exposición en lo general decía yo que esos 12 puntos maravillosos con los que terminó esta perorata a favor de la ley se la aplicaran a Peña Nieto, porque es que el orden financiero nos da un orden social, el orden social nos da un orden político y el orden político nos lleva al nirvana, al cielo.

Aplíquensela a Peña Nieto, que nos está hundiendo en una deuda brutal.

Tiene usted la razón, Senadora, gracias por la pregunta.

Tal vez los 12 puntos los podemos tomar y se los aplicamos a esos faros, esa luz roja, pero ya hay que ponerle la luz roja a Peña Nieto.

Gracias, Senadora.

Continúo, señor Presidente.

El problema es ese. Quién cree que haya una gran unificación ideológica en el Congreso del estado de Puebla, cuando hay izquierda, semi izquierda, izquierda dulcificada, derecha morenizada y toda esa calidad de ideólogos y de representantes del pueblo, todos caen en la misma posición. Nadie cree eso.

Pero además, como decíamos, esa unidad de todos en estos principios, en estos programas, todos del gobernador y ninguno de los Diputados, eso va a la corrupción; porque como señalamos, cuando discutimos la reforma constitucional, si vemos esos estados que son focos rojos, tienen su deuda en los bancos afines, son bancos que financian los negocios turbios del gobierno federal, los mismos. Entonces son clientes de los mismos bancos.

Por eso digo, esa es la corrupción, la absoluta corrupción, la corrupción que hace pedazos al país y hace que se aprueben esas deudas, hace que se ponga a pueblos enteros a pagar lo de unos déspotas sin ninguna limitación.

Dice este estudio que es un requisito fundamental, en todo lo que es deuda pública y financiamiento, el equilibrio de poderes. Esto trae las tesis, si no trae equilibrio de poderes no hay ninguna posibilidad de que haya una deuda democrática, un financiamiento democrático. El equilibrio de poderes no existe, el equilibrio de poderes no existe por la corrupción económica, política e ideológica, esa que vivimos en este país.

Ponemos el caso de Puebla, porque podríamos poner otros, yo creo que aquí, podemos sacar todos los demás.

No me quiero meter mucho en el problema de España y la liberación de un distinguido ex gobernador, pero podríamos meternos también con este lado, con Sonora, que dio origen a una controversia constitucional que estableció que todo lo que había hecho el gobernador de Sonora estaba mal. Entonces están equilibrados.

Peor entonces, ese equilibrio hace que haya empate, empate porque los de aquí se empatan con los de acá, ese es el gran problema de la deuda, ese es el gran problema del país.

Ese es el gran problema de los sistemas electorales comprados; el dinero es el que compra votos, el dinero es el que compra autoridades, el dinero es el que compra resultados, de autoridades electorales. Ese es el problema.

Y si teníamos la menor duda, para qué criticamos al estado de Puebla, si aquí en este Senado tenemos el mismo caso. Aquí todos de repente se uniforman, todos piensan igual. Aquí la izquierda, la derecha y el PRI se funden en una visión ideal, en una visión que nos va a llevar como diría unos de los 12 puntos con que concluyó el que me antecedió en la palabra, eso nos da estabilidad, nos da tranquilidad, nos da pobreza, nos da desvergüenza, nos da violaciones en todos los ámbitos, nos da violaciones en el sistema bancario y nos da violaciones electorales brutales.

Si aquí estamos así, todos unidos en contra de los estados cuando representamos a los estados, pues por qué pedirles que sean un poco más recatados los poblanos. Todos están en el “morenovallismo”.

Ese que le va a costar a Puebla 30 años de pobreza, porque al señor se le dio la gana, porque está engatusado con la candidatura de la Presidencia que quiere comprar, pero habrá otros que también vayan a comprar. Ese es el problema, la corrupción infinita que existe en ese país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Partido Acción Nacional, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a esta tribuna para señalar los motivos por los cuales mi voto será a favor del presente dictamen que tiene por objeto expedir la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.

Para ello, considero pertinente hacer referencia al significado de la palabra “disciplina”, cuyo origen etimológico se relaciona con la acción de aprender y con el concepto de una enseñanza que se recibe por parte de otro; me refiero a ello, porque queda claro que este dictamen no es sino el resultado de la enseñanza y la lección que nos ha dejado el padecer tantos ejemplos de gobiernos que han sido absolutamente irresponsables en el manejo de sus finanzas.

Mi estado Coahuila es un ejemplo que ilustra la urgente necesidad de contar con una ley que ponga un límite al endeudamiento irresponsable y que establezca lineamientos para la contratación de crédito público de entidades federativas y municipios; porque si algo nos han enseñado los casos como la desafortunada administración de Humberto Moreira en Coahuila, es que para quienes se han sentido protegidos por una red de corrupción, de impunidad y de complicidades, comprometer el futuro de generaciones enteras al endeudar de la noche a la mañana a todo un estado, incrementar el nivel de deuda en más de 10 mil por ciento, con un monto equivalente a 36 mil millones de pesos, se dice fácil.

Lo que también nos ha enseñado casos como éste, es que, para quienes no ha sido fácil es para los ciudadanos, para las miles de personas, de coahuilenses que sí han tenido que pagar las consecuencias de una deuda irresponsable que ha comprometido el futuro de todo un estado.

No ha sido fácil para quienes nacen debiendo más de 12 mil 183 pesos de deuda, para quienes a diario deben pagar mayores impuestos, sin que ello se traduzca en mejores servicios, en proyectos de infraestructura que produzcan empleo o en el desarrollo del lugar en el que nacieron.

Para quienes están conscientes que los recursos que le retiene el estado y que son producto de su trabajo, no serán destinados a tener mayor seguridad o contar con mayor inversión para la educación de sus hijos, sino para cubrir deuda, esa deuda que se heredó con un costoso servicio y manejo financiero de la misma.

El caso de Coahuila es un caso lamentable. Cuando el gobernador Rubén Moreira asumió el cargo en 2011, los coahuilenses debíamos 36 mil millones de pesos.

Han transcurrido 4 años de este gobierno, hemos pagado más de 17 mil 200 millones por concepto de intereses y manejo de deuda; y hoy los coahuilenses seguimos debiendo 36 mil millones de pesos.

Cada año en Coahuila pagamos más de 4 mil 200 millones de pesos de intereses, esto supera el presupuesto de Saltillo, la capital, Torreón y Monclova, donde habita más del 50 por ciento de la población del estado.

Y muchos, compañeras y compañeros, me pueden llamar monotemático, pero por supuesto que soy monotemático, cuando la deuda ha sido el gran detonador de problemas del estado de Coahuila.

Por esta deuda se redujo el presupuesto de salud en 62 por ciento.

Por esta deuda los coahuilenses nos es más caro nacer, morir, contraer matrimonio, divorciase, poner un puesto de tacos. Es más caro en Coahuila que en cualquier otro lugar del país.

Esta deuda nos trajo las licencias de conducir más caras. Esta deuda nos trajo la tenencia vehicular más cara del país.

Por ello, mi voto es a favor de este dictamen para que exista una ley que contribuya a darle una mejor vida a una reforma constitucional que nosotros impulsamos como primer paso para poner orden a las finanzas de nuestros gobiernos locales.

Una ley que asegure que tanto las entidades federativas como los municipios se conduzcan bajo criterios y reglas que aseguren gestión responsable, equilibrada y sostenible de las haciendas locales.

Que establezca, entre otras cosas, reglas claras para la contratación y registro de deuda pública.

Que garanticen que los recursos se destinen a proyectos productivos y a la inversión en beneficio de la población.

A pesar de coincidir en que existen algunas cuestiones del dictamen que pudieran reforzarse, mi voto no puede dejar de ser a favor de que en esta materia existan mecanismos de prevención, transparencia y rendición de cuentas.

Es a favor de establecer la obligación de inscribir y publicar en un registro único la totalidad de las obligaciones de pago, que exista una comisión bicameral que pueda dar un seguimiento puntual y un sistema de alertas que permita advertir el nivel de endeudamiento de estados y municipios.

Para ello, también hay que decirlo, esta ley debe significar el compromiso por parte de las autoridades para garantizar su aplicación con efectividad, pues si algo hemos aprendido, es que de nada sirve contar con mecanismos de prevención o sanción si como hasta ahora, no existe la voluntad de aplicarlos a cabalidad.

En conclusión, mi voto es a favor de este dictamen por la urgencia de contar con una ley que contribuya a la situación que viven los coahuilenses y muchos mexicanos que viven en estados gobernados bajo la irresponsabilidad, que no se siga convirtiendo en un factor común a muchos otros mexicanos que viven en entidades y municipios alrededor del territorio nacional en estas condiciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente.

Yo creo que esta ley debería llamarse "ley para flexibilizar la contratación de deuda de estados y municipios".

Les voy a contar una triste historia de las muchas que tenemos de abusos de deuda pública.

El estado de Colima, que es uno de los últimos casos de escándalo que tenemos, nada más para demostrarle que el caso de Colima podría repetirse el día de mañana sin ningún problema, un caso muy parecido al de Tabasco y a otros estados, a Sonora también si se aprueba esta ley hoy.

En junio de 2003 el Congreso del estado de Colima modifica su legislación para hacer una definición a modo de deuda de corto plazo, donde dice que las deudas de corto plazo tendrán que pagarse en el mismo ejercicio fiscal, pero pueden reconocer obligaciones financieras en operaciones de deuda pública cuando se destinen a inversión pública productiva, es decir, puedes contratar deuda de corto plazo, pero si la destinas a inversión pública productiva, entonces, puedes refinanciarla y la mandas a largo plazo.

Por ejemplo, qué dijeron en Colima, que el gasto en cadenas productivas y pago a proveedores se convirtieron en inversión pública productiva, se mandaron a 25 años, eso fue en 2013.

Fitch Ratings, sistemas de alertas e información, decía que la calidad crediticia del estado se estaba deteriorando, tenía un gasto operacional creciente y un pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Llegó 2015, se vuelve a alertar sobre la situación del estado de Colima, todo va muy bien, hay la elección de junio y explota la bomba en julio, resulta que ya había un elefante debajo de la alfombra que era imposible ocultar.

Incumple el estado con el pago de dos créditos que hay en default por un monto de 343 millones de pesos, un crédito de 200 millones con BBVA y 143 con HSBC.

¿Qué hace el gobierno del estado? Contrata un crédito para pagar estos dos créditos con interacciones, pero si debía 343 millones, por qué no pedir 638 millones de pesos.

¿Qué se incluyó adicional? ¿Por qué de 343 a 638? Pues el costo del incumplimiento el costo del refinanciamiento y una reserva extra por ahí, total que fueron 638 millones de pesos.

Después, en septiembre, un mes después, el 21 de septiembre, a días de que terminara la legislatura, se pide una contratación de deuda de 1,728 millones de pesos, se dice que para dos cosas: para reestructurar el crédito por 638 millones de pesos y mil 90 millones de pesos para el financiamiento de inversión pública productiva.

A ver, septiembre, el gobierno terminaba el primero de diciembre. Inversión pública productiva a tres meses de terminar el gobierno, cuando se supone que inversión pública productiva es para infraestructura y demás; y en una perspectiva histórica se estaba duplicando la deuda del estado, que a esa fecha era un monto menor al que se estaba autorizando, casi se duplica la deuda histórica.

¿Con esta legislación qué sería diferente? Nada, ¿por qué? Porque hay un gran error en este diseño.

En los artículos 73 y 117 constitucionales no existía la palabra reestructura, ni refinanciamiento.

¿A qué obligaba eso? A que todas las reestructuras y todos los refinanciamientos, siempre tuvieran un costo menor, Porque no había la posibilidad de que un refinanciamiento, le terminara costando más a los contribuyentes.

¿Había refinanciamientos? Claro que había refinanciamientos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad hizo un refinanciamiento de toda su deuda histórica en agosto de 2007 y tuvo un costo menor, entonces se pudo hacer un gran refinanciamiento de una deuda histórica, ¿por qué? Porque se demostró que no te endeudabas más, sino al contrario, aprovechabas las condiciones favorables del mercado para desendeudarte, tu reestructura o refinanciamiento significaba siempre desendeudamiento.

Al permitir endeudarse por reestructura o refinanciamiento, y además incluir en la deuda los gastos y costos relacionados con esta contratación, se pierde esa restricción que se tiene.

¿Qué pasaría ahora si mañana entrara en vigor? Pues que va a continuar este mecanismo de simulación, donde el endeudamiento de corto plazo, ahora que está incluso a nivel constitucional, se utiliza para meter ahí el gasto corriente o los balances que se tienen no cubiertos, se disfraza de inversión pública productiva, porque todo es inversión pública productiva, aún en esta nueva definición, pudiera entrar gasto corriente, porque se destina a inversiones sociales o al funcionamiento, por ejemplo, de los servicios de salud o el pago de cadenas productivas, como lo consideró el estado de Colima, y se registra como deuda pública a corto plazo, hasta que se vuelve tan grande que entonces sí se hace un refinanciamiento y se pasa a deuda de largo plazo. Entonces va a continuar la simulación, no va a ser una solución.

Hay un contrasentido también muy grande. Esta ley abre la posibilidad de que las obligaciones que se generen de las asociaciones público-privadas, que es contratación de servicios, puedan ser registrados como deuda.

Ésta es una broma de muy mal gusto. ¿Por qué? Porque las asociaciones público-privadas lo que hacían era, o el concepto fundamental, es que el estado se asocia con un privado y le contrata un servicio, ¿para qué? Para que no sea deuda; y ahora en esta ley permite que las obligaciones de los servicios contratados en asociaciones público-privadas puedan registrarse como deuda.
Pues entonces llamémosle deuda, no contratación de servicios, no hay tal, no hay asociaciones público-privadas, eso es un cuento entonces, es deuda pública; y además los proyectos financiados a través de APP van a ser mucho más baratos financiados a través de deuda, porque se ahorraría todo el costo del servicio que está dando el privado.

Otra cosa, se permite con esta ley que los fideicomisos contraten deuda, le abren otra posibilidad a los estados para que registren deuda.

Por ejemplo, el Metro hizo un fideicomiso para poner los dos pesos adicionales y utilizar ese fideicomiso para contratar deuda a largo plazo sin cargo al erario. Finalmente ¿qué es? Es deuda.

Entonces por qué no se prohíbe la creación de estos fideicomisos o que los autoricen los congresos de los estados para que no haya sorpresas.

Por eso digo e insisto, sin duda que le hace falta al país mayor control, mayor vigilancia, transparencia, mayor disciplina financiera.

El tema fundamental de esta ley, donde está el gran desorden, es en el tema de la deuda. Y el modelo de deuda que se está proponiendo es una flexibilización mayor y esto no es casualidad.

¿Por qué se está planteando esto? Porque Hacienda se quiere desentender del problema fundamental, lo que no quiere ver es que ya estados y municipios tienen un tren de gasto insostenible, que no es posible financiar con las participaciones federales, ni con las aportaciones, ni con todas las transferencias que hace el gobierno federal; y se va agravar este año, porque por más que lo sostenga Hacienda, que se va a cumplir la meta de crecimiento y se va a cumplir con el monto proyectado de participaciones, solamente ellos se lo creen. Y vamos a tener un reconocimiento de estos ajustes, que no crece el PIB y que no se van a cumplir las metas de participaciones hasta septiembre-octubre, obligando a los estados a endeudarse ahora que ya tienen un menú más amplio de posibilidades para contratar deuda.

Lo que estamos haciendo es posponer el tema fundamental de que ya no alcanzan los ingresos que reciben los estados para financiar el tren de gasto que tiene y que esta ley debería ser utilizada para cambiar los incentivos, para que los gobiernos de los estados estuvieran preocupados y les interesara recaudar, salir a cobrar los impuestos que tienen disponibles y que no lo hacen.

Tener un mejor gasto, más transparente, más eficaz, que tampoco lo hacen, se van al despilfarro. Tener proyectos de inversión que sí generen un impacto en la calidad de vida de la población que gobiernan.

Los proyectos ahora se hacen más bien por qué empresario lo va a tener y si se puede plantear esto a largo plazo e incrementar su costo. Y el incentivo fundamental aquí va a ser, tener una buena relación con el Secretario de Hacienda. No importa si gastas bien, si gastas mal, si recaudas o no recaudas, si es buen proyecto o no es buen proyecto, es cuál es tu relación política con el Secretario de Hacienda para que te dé la garantía a tu crédito.

Adiós al federalismo fiscal, no existe más.

Si hay un poder en serio de sometimiento a los estados, a los municipios, es el económico, nada genera más dependencia y nada distorsiona más la relación entre el gobierno federal y los estados y municipios. Quienes hemos estado el gobierno locales lo sabemos; y estamos empoderando, como nunca antes, a la Secretaría de Hacienda, que va a tener un control, me parece, excesivo del financiamiento de las entidades federativas.

No es una ley que nos vaya a servir para generar los incentivos que necesitamos en este país, no es una ley que vaya a generar un fortalecimiento de las finanzas públicas de abajo hacia arriba, es una ley que simplemente amplía el menú de posibilidades de endeudamiento como una falsa salida a esta insolvencia que tenemos ya en nuestro sistema de coordinación fiscal; y no puede ser de otra manera.

¿Cómo le vamos a pedir a los gobernadores, a los presidentes municipales que no se endeuden, que no sean irresponsables, cuando el ejemplo lo está dando el propio Presidente de la República?

El nivel de endeudamiento que ha tenido en esta administración rebasa lo que teníamos como deuda histórica acumulada hasta el 2008, ya lo dijeron por aquí, más de 10 puntos del PIB. Estamos en un gobierno que se endeuda irresponsablemente, por eso prevalece esta visión en esta ley, porque para ellos comprometer el futuro de las futuras generaciones no les importa, porque no están dispuestos a revisar su gasto, porque no están dispuestos a apretarse el cinturón, como lo hacen las familias mexicanas.

No es una ley que vaya a tener los resultados aquí esperamos, como se ha dicho, creo que se va a quedar a la mitad del camino y lo vamos a ver muy pronto en este mismo año.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

Administrar las finanzas públicas no es un asunto menor, pues se trata más allá que de los recursos necesarios para que los entes públicos satisfagan las necesidades de la población, se trata de un dinero que no pertenece a gobierno alguno, sino que es de todos los mexicanos.

Por ello, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha establecido un compromiso firme con la transparencia y rendición de cuentas; y los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde avalamos y hacemos nuestro ese compromiso.

La minuta que nos ocupa el día de hoy tiene como principal finalidad que el dinero de los ciudadanos, confiado a los gobiernos locales, sea debidamente planeado desde su recaudación hasta su gasto, con un componente importante de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Esto cobra la mayor de las relevancias, pues México no es un país rico y los limitados recursos con que cuenta el gobierno deben ser optimizados para la creación de empleo, escuelas, obra, infraestructura y, en general, la prestación de los servicios públicos que la población requiere.

Por ello, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sujetará a los gobiernos locales a estrictas reglas de responsabilidad hacendaria, evitando el endeudamiento y haciendo de las facultades hacendarias un ejercicio    eficaz.
Un aspecto a destacar es la sinergia que existirá entre diversos entes públicos, y prueba de ello es que esta nueva ley deriva de un mandato del Constituyente Permanente, en donde se encuentra plasmada la voluntad del Estado mexicano como Federación.

Si bien, el objetivo fundamental de esta ley expedida por el Congreso de la Unión será la fiscalización de los recursos públicos de los gobiernos locales, la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y los congresos locales será fundamental para lograr el equilibrio de las finanzas públicas.

No se debe perder de vista que una hacienda pública sana y con reglas claras y transparentes constituye presupuestos básicos para la existencia de condiciones económicas favorables para el empleo, la productividad y, en general, el bienestar de nuestros bolsillos.

En resumen, mediante esta nueva legislación se logrará que los gobiernos locales queden sujetos a reglas homogéneas de disciplina financiera, garantizando así la sostenibilidad de las finanzas públicas en todo el país.

Compañeros Senadores, ha llegado la hora de hacer del federalismo mexicano un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas.

Los invito a asumir con seriedad nuestra responsabilidad como legisladores, votando a favor del presente dictamen que, sin duda alguna, contribuirá al ejercicio eficiente de los recursos públicos de los gobiernos locales.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

El dictamen que hoy estamos discutiendo y posiblemente estaremos aprobando, representa para nosotros y para México la última parte, desde mi punto de vista, de uno de los productos legislativos más trascendentes y más urgentes que tenemos actualmente.

Yo soy uno de los Senadores que el Senador Salazar le dijo monotemático, pero lo entiendo y lo comparto.

Sí me parece que es un tema indignante, no solamente para cualquier habitante del estado de Coahuila, sino para cualquier mexicano; y por eso la urgencia de esta ley en la cual debemos legislar para poner orden y para poner reglas claras que nos permitan tener certidumbre a todos los mexicanos sobre lo que está pasando, no con el dinero de hoy, sino con el de mañana.

La Ley de Disciplina Financiera de los Entidades Federativas y los Municipios, las modificaciones realizadas a diversas leyes que se incluyen en este dictamen, marcan un antes y un después en uno de los problemas nacionales con mayor impacto negativo de los últimos años: el endeudamiento ilimitado e irresponsable de algunas entidades.

Para los Senadores de Acción Nacional, que por cierto este tema ha sido impulsado por todos y cada uno de los legisladores de Acción Nacional, obedeciendo a esta urgencia a la cual me refería, significa la obtención de uno de los principales objetivos que nos propusimos antes de llegar a este Senado, casualmente, de legislar para impedir que los mexicanos paguen un solo peso de cualquier financiamiento que haya sido adquirido irresponsablemente y que no esté dirigido y reflejado para su beneficio y la mejora en su entorno y su vida diaria, así como el sentido de responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, como les decía hace un momento.

Tanto la minuta que recibimos de la Colegisladora como este dictamen que hoy discutimos, tiene la virtud de considerar el financiamiento del que se hacen los estados y municipios como un medio importante para el desarrollo de la infraestructura y obra pública.

Es por ello que con esta legislación no se priva a las entidades de realizar planeación y ejecución de inversiones productivas a base de crédito, que como estado soberano les corresponde, solamente que ahora deberán realizarlo bajo esquemas viables de pago y transparencia y en concordancia con los historiales crediticios que presentan al momento de contratar el crédito.

Entre otras cosas, lo que logramos con esta nueva ley es establecer límites de endeudamiento proporcionales a la capacidad de pago de cada estado, así como señalar lineamientos claros para poder contar un financiamiento y se crea un sistema de información y semaforización a través de los cuales puedan conocerse a detalle los movimientos y los estados financieros de las entidades y municipios en materia de deuda.

Las deudas irresponsables y no reguladas en contra de la salud de las finanzas públicas de los estados y, sobre todo, del buen uso y del dinero y las contribuciones de los ciudadanos que en algunas entidades los gobiernos han endeudado a los hijos y nietos de quienes aún no los tienen y, lo peor de todo, es que se desconoce el destino de una buena parte de estos recursos.

Los últimos tres años el endeudamiento de las entidades se incrementó 17.7 por ciento; y del total de los créditos contratados más del 50 por ciento ha sido comprometido con la banca comercial que opera en nuestro país y que a su vez es acreedora de alrededor de 300 mil millones de pesos a la fecha.

Acción Nacional, como bien lo dijo el Senador Héctor Larios Córdova, votará a favor de este dictamen, porque atiende una problemática que, como ya lo señalaba, fue prioridad para nuestro partido y nuestro grupo parlamentario.

Estamos a favor porque México necesita un instrumento como éste para frenar la irresponsabilidad, el dispendio y el derroche de recursos públicos.

Esta nueva ley es un mandato tradicionalmente a los instrumentos y disposiciones jurídicas que establece, envía un doble mensaje, desde mi punto de vista, a nuestro país.

El primero es a los ciudadanos, a quienes les muestra el compromiso que tiene este Senado con la salvaguarda de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas públicas nacionales.

Y el segundo a los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, a los que invitamos a comprometerse con responsabilidad en el manejo de los recursos ciudadanos, a comprometer que el dinero público no es de los gobernantes, sino de todos los ciudadanos y que por eso mismo su administración exige total cuidado, transparencia y responsabilidad.

La circunstancia económica nacional exige en estos momentos, de los ejecutivos locales, asumir la disciplina financiera bajo la perspectiva de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, hemos alcanzado los acuerdos necesarios para frenar el endeudamiento irresponsable y desmedido para cambiar la realidad financiera de los estados y municipios y así respaldar esta nueva legislación.

Por último, me gustaría solamente detallar los que me parecen los cambios más significativos que le hicimos a la minuta que nos vino de la Cámara de Diputados, que de por sí, venía bastante bien redactada, pero parecieron importantes para efecto de generar mejores condiciones en el contenido.

Primero, en el tema del concurso de las tasas, consideramos que no solamente el valor económico o la tasa más barata necesariamente comprende el universo de los criterios que debemos considerar para poder garantizar las mejores condiciones cuando se lleva a cabo este endeudamiento, si bien la tasa es la que determinará al final del día cuál es el mejor instrumento para poder acceder a este tipo de concurso, será necesario cumplir con otros criterios como son de oportunidad y disposición en la entrega de los recursos.

Por otra parte, en el artículo 46, cuando hablamos de las semaforización, hablamos de los tres niveles bajo los cuales los estados estarán catalogados a efecto de poder o no acceder a un nivel de financiamiento o adicional de crédito.

Cuando está en semáforo rojo, como bien comentaban nuestros compañeros, este derecho será cero; cuando esté en semáforo amarillo, estará en un 5 por ciento, pero requeríamos ser realmente generar un incentivo para que todos y cada uno de los estados de nuestro país tengan este incentivo para estar en semáforo verde, para estar en un estado correcto y sano de finanzas públicas.

Es por ello que este techo se elevó del 10 al 15 por ciento; y quiero aclarar que esta medida en ningún sentido pudiera significar que estamos duplicando los niveles de endeudamiento; los niveles de endeudamiento están especificados en esta ley en un 3.5 por ciento y donde hoy están alrededor en la realidad en un 3.1 por ciento; entonces, no vamos a llegar a un 6.6 por ciento, eso me parece que es un tema que valía la pena aclarar.

Por otra parte, en materia de transparencia, y me parece muy importante que todos los estados antes de poder acceder a los beneficios de esta ley, cumplan con todo lo que se debieron haber ya cumplido y comprometido en los transitorios en materia de transparencia, en materia de informar el estado real que guardan sus deudas al congreso y a la Secretaría de Hacienda.

Por último, ultimas dos aclaraciones, las APP, por ahí alguno de los compañeros Senadores lo comentaban, debe ser reportada y debe ser transparentada, pero no son una deuda, son una obligación y sí cuenta para el tema de los semáforos. En consecuencia, el manejo correcto debe ser responsable y deber ser adecuado al nivel de endeudamiento y al tipo de finanzas públicas y al estado que guarda en éstas en cada uno de los estados.

Por otra, toda la deuda ahora será para inversión pública, por ahí comentaban también que se van a endeudar para gasto corriente y es exactamente lo contrario, lo que queremos conseguir con ésta es que la deuda, así como debe ser responsable, debe ser destinada a inversiones que nos generen beneficios a todos los ciudadanos.

Consecuencia, los Senadores de Acción Nacional estamos conscientes de que toda ley, por supuesto, es mejorable y es perfectible; pero los términos en los cuales se encuentra actualmente, redactada, nos parece que son, no solamente urgentes, sino van a ser sumamente benéficos para nuestro país y para todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para exponer sus argumentos en favor del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Sí nos encontramos hoy ante la discusión de un dictamen de la minuta que viene de Cámara de Diputados, a razón de una reforma constitucional que fue aprobada y publicada el pasado 25 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación; y es una ley que se requiere por lo que ya se ha expresado acá.

El tema de la deuda en estados y municipios, es un tema realmente preocupante para las finanzas públicas de nuestro país y también la deuda nacional contraída por este gobierno de la República, que además cabe recalcar que precisamente esta ley no contiene ningún mecanismo para controlar la deuda nacional, solamente nos dirigimos a controlar deuda de estados y municipios.

Hay que poner el punto en lo que es importante, la deuda subnacional en 2013 equivalía a 169 mil 909 millones de pesos y el monto a diciembre es de 418 mil millones de pesos.

Nada más para tener una comparación, las participaciones federales en total han pasado a 490 mil millones de pesos; es decir, está deuda subnacional está prácticamente cerca de lo que implican todas las participaciones federales para estados y municipios.

Y mucho se ha tocado aquí del tema de Coahuila que, sin duda, fue el que detonó de manera importante la necesidad de una ley de esta naturaleza.

Pero déjenme decirles que no solamente es el tema de Coahuila. Desafortunadamente, el asunto de la deuda publica en estados y municipios la tienen muchos estados; y tan sólo las obligaciones financieras de Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, representan más del 200 por ciento de sus participaciones y las obligaciones financieras de Sonora, Veracruz y Baja California, representan entre el 100 y el 200 por ciento de sus ingresos por participaciones.

Con esto debemos advertir, este es un problema que no solamente se presenta en un solo estado ni a un gobierno de un solo partido, sino que varios estados y municipios están contratando de manera indiscriminada este tipo de deuda.

Por eso es importante avanzar con esta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que tiene como propósito establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Es una ley que busca asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios. Presenta los principios generales en materia presupuestaria de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas.

Acuerda que la contratación de financiamientos y obligaciones este destinada a inversión pública productiva o su refinanciamiento o restructuración.

Reconoce los esquemas de asociaciones público-privadas como una opción que pueda destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago incluya inversión pública productiva realizada.

Y aquí es muy importante recalcar que este tema queda abierto a una ley que todavía no se dictamina, que buscará regular las asociaciones público-privadas y que, sin duda, es hoy en día un nuevo mecanismo de contratación de deuda, como lo hemos visto en el caso de Puebla.

En esta ley se incluye la obligación de los entes público-locales de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado.

Porque lo que ha estado sucediendo es que en cada estado se han establecido diferentes condiciones de contratación de deuda, lo que ha implicado que las tasas sobre las cuales se adquiere esta deuda simple y sencillamente son de manera diferente para cada estado y en cada municipio y las deudas se contraen generalmente por muchos años y a tasas muy gravosas para la ciudadanía.

Además, se establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, con lo que se crea el registro público   único que contendrá información completa al respecto, incluyendo los cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y créditos de largo plazo, entre otros.

En las reformas que se introducen a la minuta de la Cámara de Diputados por las comisiones dictaminadoras, están las modificaciones a la solicitud de financiamiento de entes públicos, por las cuales se adiciona que las solicitudes de financiamiento de estados y municipios a las instituciones financieras deben precisar y ser igual en condiciones de disposición, oportunidad y de entrega de recursos.

También se adiciona la aplicación de techos de endeudamiento. Una vez determinado el sistema de alerta, se permite que los entes públicos que se ubiquen en la clasificación de bajo endeudamiento sostenible, puedan elevar su techo de endeudamiento del 10 al 15 por ciento de ingresos de libre disposición.

Uno de los temas que es también importante señalar y, sin embargo, es una crítica que todavía debemos considerar con respecto al régimen que se tiene en la Ciudad de México, es que se incluye, sí, efectivamente, la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, pero todavía hay un capítulo específico para tratar de manera diferenciada la deuda que se habrá de contraer por parte de la Ciudad de México, correspondiéndole al gobierno federal y al Congreso de la Unión la posibilidad de otorgar garantía sobre esa deuda.

También es importante mencionar que, como ya se ha dicho aquí, también hay observaciones por parte de la sociedad civil en el sentido de que esta ley puede ser un buen avance, pero todavía tiene varios temas que sería importante reconsiderar en el momento de las reservas para poder modificarlo.

Por una parte, en materia de sanciones, como se estableció desde la reforma constitucional, las sanciones de quienes adquieran deuda de manera irregular, simple y sencillamente se dirigen a las leyes estatales de responsabilidades de los funcionarios públicos. Y es justo ahí donde en los estados estaremos viendo que no se castiga a quienes contraten de manera irregular deuda que tendremos que pagar todos los ciudadanos.

Por otra parte, al establecer dentro de las definiciones que en las obligaciones entra lo mismo la deuda pública que los fideicomisos, se abre la posibilidad, si no se redacta de manera correcta, como está sucediendo en el actual dictamen, que todos aquellos mecanismos que no son deuda pública, sobre los cuales ya hay reglas claras para contraer la deuda y tienen que ser aprobados por el Congreso y una serie de medidas, los otros mecanismos de contraer obligaciones, puedan pasar por esto que no tiene ningún límite para contraerse como son los fideicomisos y las sesiones público privadas y los proyectos o prestación de servicio, puedan entrar también en esta garantía a pesar de lo que se dice en el propio dictamen.

Por otra parte, hay toda una discusión sobre el tema de cuál es precisamente el tema de la deuda contraída. En la deuda contraída sí se va a financiar por parte de esta nueva ley; y el gran problema que existe con esta deuda es que, efectivamente, no importa la manera en la que se contrajo, no importa si de manera irregular los congresos locales contrajeron deuda y avalaron la contracción de deuda por parte de los gobernadores o por parte de los municipios, esta deuda será avalada por parte del gobierno federal y pasará a formar parte de la deuda garantizada.

Eso es uno de los temas que sin duda genera mayor molestia entre la sociedad civil y organizada, porque precisamente los escándalos que hay en materia de deuda, justo a través de las solicitudes de información de la ciudadanía, que son los que han hecho públicos lo que está sucediendo con la deuda, serán simple y sencillamente avalados, porque ya pasaron, aparentemente, por los requisitos que se establecen en las leyes locales.

También, y me parece que es una de las observaciones que debería hacer atendible por parte del dictamen, es que en el artículo 55 de esta ley se establece que la Secretaría podría solicitar a la instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos. Lo establece como una posibilidad, no como una obligación. La propuesta concreta, es que se convierta en una obligación en el sentido de decir que la Secretaría deberá solicitar a las instituciones, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos.

Y también, por otra parte, en el artículo 56 en materia del registro público único, se solicita por parte de las organizaciones de la sociedad civil que se incluyan también en este registro público, el saldo, el destino, la tabla de amortización, comisiones y gastos asociados a los financiamientos. Y aunque por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se argumenta que esto ya está siendo operado, me parece que hacerlo específico en este artículo no estaría de sobra, por lo cual es una de las observaciones que deben ser consideradas.

En ese sentido, y volviendo a insistir, que aunque no es una ley que pueda realmente dejar satisfechos a todos, es una ley necesaria, es una ley que se requiere para poner control de ahora en adelante a la contratación de deudas en estados y municipios, y simple y sencillamente no podemos ya calificar lo que ha sucedido, pero a partir de ahora estar poniéndole mayor control a la deuda estatal y municipal.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente.

Durante la pasada y la presente Legislatura hemos aprobado una serie de leyes y reformas legales que dotan a nuestro país de un nuevo ordenamiento jurídico integral, que rompe viejos paradigmas y una serie de vicios que imposibilitan un funcionamiento armónico de diversas instituciones del país y, por ende, un crecimiento y desarrollo sostenido.

Bajo este nuevo enfoque, hoy tenemos diversas leyes en materia de acceso a la información, de combate frontal a la corrupción, en materia hacendaria y fiscal, y una reforma constitucional que sienta las bases jurídicas para legislar sobre la disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Como es de su conocimiento, el estado que guardan las finanzas públicas en estos niveles de gobierno, ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos durante los últimos años.

La diversidad de los municipios y la creciente necesidad de proveer de bienes y servicios públicos a una población en crecimiento, y el papel cada vez más relevante que juegan estos niveles de gobierno, desencadenaron un fenómeno generalizado de endeudamientos financieros.

Más allá de la complejidad de la administración de las finanzas públicas, con sus principios, criterios y fórmulas técnicas para la asignación del presupuesto, las dependencias financieras de los recursos de la Federación y la forma en que se reparten las potestades tributarias y los recursos, ha agravado esta tendencia creciente.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de estados y municipios llegó a su nivel máximo, de más de 536 mil millones de pesos, en 2015, monto superior en 5.2 por ciento respecto al de 509 mil millones de pesos, al cierre de 2014.

Si bien el endeudamiento total sólo representa el 3.1 por ciento del PIB estatal, porcentaje que se ha mantenido en esos niveles durante los últimos años, y estos niveles están por debajo del promedio de los países de la OCDE, es necesario frenar esta problemática, porque la garantía de las contrataciones de los créditos son los ingresos de las participaciones federales comprometiendo la prestación de servicios públicos y, en ocasiones, el patrimonio estatal y municipal.

Por tal razón, es fundamental tener este nuevo ordenamiento jurídico que, después de una serie de debates y análisis, asegura un manejo sostenible de las finanzas públicas bajo principios generales en materia financiera y presupuestaria de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto, reconociendo la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.

En este sentido, se establece que los entes públicos de las entidades federativas y los municipios deberán cumplir con las reglas de disciplina financiera, acorde con la normatividad contable que les corresponda.

Por ello, se incorporan las definiciones aplicables en el marco de la nueva ley, destacando el concepto de inversión pública productiva, la cual se define como toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y cuya finalidad sea la construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de bienes de dominio público, la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico.

Aunado a lo anterior, y por economía de tiempo, sólo destaco las siguientes medidas que beneficiará esta ley:

Los estados y municipios sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, también sólo se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes, siempre y cuando cuenten con la autorización de la secretaría de finanzas o su equivalente.

Como una manera de estandarizar las medidas de evaluación de los proyectos a nivel local, cuando éstos rebasen un monto de más de 10 millones de UDIS, deberán contar con un análisis de costo-beneficio.

También, sólo se podrán hacer pagos por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado en el Presupuesto de Egresos autorizados.

Incluye también la medida de que la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos, no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Adicionalmente, la secretaría de finanzas deberá llevar un registro y control de las erogaciones realizadas bajo este capítulo.

En materia de subsidios, se deberá identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento, y se deberá hacer pública esta información.

Como mencionamos anteriormente, esta nueva ley tiene una alineación integral y transversal con diversas leyes, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y controles de parte de las autoridades de la materia.

Con esta nueva ley, no cabe duda, que su enfoque administrativo y transparente de los sistemas financieros de estados y municipios nos conducirá por un camino eficiente del uso y manejo de los recursos públicos, potenciando sus efectos redistributivos en la sociedad en general.

Por eso los convoco a que votemos a favor de esta ley, porque nuestro compromiso debe ser por un país transparente y eficiente, y por un bien para todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Pongámosle nombre y apellido al problema para que pueda entenderse.

Los estados con mayor endeudamiento como proporción de los ingresos, que es un indicador de mucho riesgo, son evidentemente: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, entre muchos más.

Esta tabla está en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y menciona datos que son necesarios analizar aquí, para que se entienda que esta Ley de Disciplina Financiera, que regula, reglamenta las posibilidades de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, es muy importante que se apruebe.

Según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, Coahuila tiene ya comprometidos 261.5 por ciento sus participaciones federales, y un 103.5 por ciento el total de sus ingresos, o sea que está todo comprometido, todo es deuda.

En Quintana Roo, es la más grave, tiene comprometidos 269.5 por ciento sus participaciones federales, y tiene un 97.2 por ciento de sus ingresos totales comprometidos.

El tema de Nuevo León, 220 por ciento de participaciones ya están comprometidas, el gobierno federal las ha garantizado y ya están comprometidas, y el 93.8 por ciento de sus ingresos totales ya están comprometidos; y sigue Chihuahua, Sonora, Veracruz,  etcétera.

Los datos de deudas estatales corresponden al año 2014, para Quintana Roo, por ejemplo, porque aún no publican los datos de 2015.

Al pago de la deuda, Quintana Roo destinó 2 mil 276 millones, casi lo mismo que el gasto de capital. El pago de deuda representó 8.4 por ciento del gasto total y 13 por ciento del gasto corriente, pero en ese año, 2014, contrató nueva deuda por 3 mil 411 millones, lo que muestra que no se usó para inversión, sino también para gasto corriente, lo cual viola la Ley General de Deuda Pública, y representa un problema porque significa que tiene que pedir prestado para cubrir sus gastos corrientes, y eso implicará que, para no seguir endeudándose, tendrá que reducir su gasto corriente hasta que termine de pagar su deuda.

Preocupa porque cada año que pasa se van más recursos destinados al pago de deuda y cada vez menos para la población. El principal problema estriba en que nada de esto es transparente.

Quiero dar algunos datos, por ejemplo, Nuevo León está peor, en 2014 destinó 3 mil 751 millones al pago de deuda, y aunque sólo representó al 4.4 por ciento del gasto total y el 5.6 por ciento de su gasto corriente, ese año el gobierno de Nuevo León contrató 9 mil 268 millones más de deuda, pero sólo invirtió mil 462 millones, de lo que se infiere que la mayor parte de todo este dinero fue usado en gasto corriente, y esto limita seriamente la disponibilidad de recursos para financiar el gasto y el progreso de los estados.

Si no se quiere seguir endeudando, va a haber recorte al gasto corriente, va a haber recorte a los programas, y el problema principal es que no es transparente el destino de la deuda y eso es lo que trata de transparentar esta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero esta ley al aprobarse, deja fuera de contratación de deuda a Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit, Zacatecas, Ciudad de México, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco, Tamaulipas, esos estados son de alto endeudamiento y, por lo tanto, de acuerdo a esta ley, no pueden contratar más deuda.

Los que sí pueden contratar hasta el 15 por ciento de deuda serían Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, entre otros. Y hay, en término medio, los que pueden contratar 5 por ciento de deuda del total de sus ingresos. Esto es lo que estamos pretendiendo que se regule en la ley.

La Secretaría de Hacienda también publica a qué plazo y a qué tasa de interés fueron contratadas las deudas estado por estado, y si uno ve, por ejemplo Quintana Roo, los datos son que Quintana Roo destina 10.7 por ciento de su ingreso total anual, es la que más destina al pago de la deuda. Le sigue Nuevo León, que destina 9.2 por ciento; luego Coahuila, 8.7 por ciento; Chihuahua, 7.3 por ciento; Sonora, 5.5 por ciento; Baja California, 5 por ciento; Zacatecas, 4.9 por ciento.

Los que no destinan prácticamente nada al pago de la deuda, porque no deben, son Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes, son datos de 2014.

En 2015 y 2016 han pasado cosas muy graves, porque esta ley debió haberse aprobado desde el presupuesto anterior, para que en el 2016 no volvieran a cometerse los errores de sobre endeudar algunas entidades, y se volvieron a sobre endeudar las entidades.

Termino con dos asuntos muy rápidos.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la organización Fundar, el IMCO y México Evalúa, entregaron a todos los Senadores una carta donde hacen una serie de reflexiones muy importantes, entre otras, es necesarísimo hacer caso de lo que están solicitando, y yo lo quiero proponer como adición en una fracción en el tercer párrafo del artículo 34.

Coincidimos con la observación de estas organizaciones de la sociedad civil, respecto a que este dictamen permite que el gobierno federal otorgue garantías para refinanciar deudas estatales sin que se asegure que los financiamientos previamente adquiridos al 1° de enero de 2015, a los que se contraten en el futuro, cumplan con lo que marca la Constitución y las leyes aplicables, muy en especial la Ley General de Deuda Pública.

De no asegurarse el cumplimiento de estos requerimientos se pudieran estar legalizando actos ilegales, por ello consideramos pertinente que se establezca un candado para que antes de tramitar una posible garantía se acredite la legalidad de la deuda; es decir, que toda la deuda fuera aplicada en gastos de inversión, en proyectos productivos que generen ingresos para su propio pago o para refinanciamiento, etcétera.

Por eso proponemos que en el caso de que se solicite una garantía para refinanciar o reestructurar deudas adquiridas con anterioridad, el estado o municipio que la solicite deberá respaldar su solicitud con el resultado de una auditoría que verifique que la contratación de dicha deuda se haya realizado cumpliendo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Aquí sólo puse el ejemplo de Nuevo León, de Quintana Roo, pero tenemos el estudio de las 32 entidades federativas como, salvo la Ciudad de México que está sobrerregulada, que el propio Congreso de la Unión es quien autoriza cada rubro, cada proyecto, el resto de las entidades, indistintamente ocupan dinero de la deuda para gasto corriente, para gastos, en los cuales no está permitido, de acuerdo a la Constitución y la ley, usar deuda pública.

Y por último, el tema de la Ciudad de México. Ya se hizo la reforma política. La Ciudad de México goza ahora de autonomía política y administrativa, por lo tanto, no puede tener un capítulo específico porque eso es discriminatorio de la capital de la República, deben de usarse los mismos términos y valoraciones para la Ciudad de México que para el resto de las entidades.

Por eso, en el artículo 33, fracción II, inciso a), estamos proponiendo que en lugar de decir: “producir directamente un incremento en los ingresos públicos”, que es en el caso de la Ciudad de México, pero en todos los casos así, se diga: “destinarse a inversiones productivas, refinanciamientos o reestructuras, como lo señala, para el resto de las entidades federativas”.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Trataré de ser breve.

Esta ley va en contra del respeto de los estados y de los municipios. Las elecciones ya las controla la Federación, la policía quiere controlarla también, y con esta ley van a controlar, pues, las finanzas de los estados.

Entonces, ¿dónde quedó la soberanía de los estados, dónde quedó el Pacto Federal?

Esto definitivamente es muy delicado, independientemente de que se hable de artículos y de cosas de ese tipo y otro, esto va en contra del federalismo, en contra de los estados y municipios.

Hay datos muy importantes. En estos 3 años, el gobierno federal se ha endeudado, ha endeudado a cada individuo, a cada ciudadano con 16 mil pesos.

Si dividimos los 500 mil millones de pesos que los estados deben entre todos los habitantes, nada más son 4 mil 160 pesos por cada ciudadano. El más endrogado es Coahuila con 12 mil 183 pesos por cada ciudadano.

La Federación quiere controlar a los estados, pero no se controla a sí misma, ese es un gran problema.

Ahora, vamos a ver qué estados están endeudados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Sonora.

Aquí yo siempre escucho de que: ¡Ay, Sonora! Bueno, por un estado del PAN hay 10 del PRI, entonces hay que poner en orden a todos los que están mal.

Si Sonora tiene problemas y el antiguo gobernador tiene situaciones de delito, pues hay que ajusticiarlo; pero también hay que ajusticiar a Moreira, ese es un descaro total de este gobierno que ha sido alcahuete y ha ido hasta España, precisamente a defender a una persona que, a vista de todos los habitantes de México, es una persona que no merece el más mínimo respeto y protección.

Lo mismo está pasando en Veracruz con Duarte, y no se hace nada.

¿Quién nos dice que esta ley va a ser una ley que va a hacer que el gobierno pueda controlar más? Y va a ser discrecional, como lo ha sido hasta ahorita.

O sea, “para los que están de mi lado los ayudo, y a los otros no”.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han endrogado más los estados?

Porque desde el problema de Moreira, que ya hace tiempo sucedió, no pasó nada. Entonces los demás dicen: “A mí tampoco me va a pasar nada”. Y esta situación es contagiosa, por eso estamos como estamos.

Pero el peor ejemplo lo da el gobierno federal, todas sus situaciones, el presupuesto cero, el presupuesto equilibrado, todo eso lo ha roto.

Que el gobierno se está endeudando para cosas productivas, ¡por favor! Está pagando situaciones no nada más de gasto corriente, está pagando situaciones creadas por tiempo, por situaciones de tipo corporativista que nos tienen precisamente con deudas terribles de pensiones, etcétera.

Señores, yo no creo que una ley de este tipo nos va a ayudar. Aparte de eso, va en contra de los principios de mi Partido Acción Nacional, que es un partido precisamente que defiende el federalismo, que defiende al municipio libre y al estado.

Y les voy a decir porqué eso es muy importante. Porque hay que hacer ciudadanos, señores, y la única manera en que se hacen ciudadanos es desde el municipio y el estado, que están cerca de las autoridades y les reclamen a esas autoridades, y no venir hasta México, ya que se pierde toda esta situación.

Nuestra obligación como legisladores es crear ciudadanos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, crear ciudadanos, y con este tipo de leyes lo único que creamos es, precisamente, a individuos distantes de que puedan reclamar, porque la Ciudad de México está muy lejos.

Entonces, ¿qué sucede?

No estamos creando un país moderno, estamos creando un país de regulaciones que, para desgracia nuestra, están hechas a una situación no de derecho de ley, sino de derecho de complicidades y complacencias con los nuestros, y con los de otros no les damos los beneficios.

Ahora van a venir gobernadores, van a venir todos aquí a pedir más.

Ya ahorita la Federación puede exigir, porque simple y sencillamente las participaciones son federales y la Federación debe cuidar ese dinero y no necesita hacer estas leyes.

Ahorita como estamos, queriendo hacer una ley todavía más centralista, todavía más dependiente de un gobierno que no da el ejemplo con sus actos, no nos va a llevar a buen puerto.

Nuestra obligación es hacer ciudadanos responsables. En nuestro país eso es lo que hace falta, ciudadanos responsables que le reclamen a su autoridad inmediata, en ese caso, el municipio o el estado.

Ahorita con lo que estamos creando, estamos creando un centralismo feroz, económico, electoral y de seguridad policiaca.

Cambiemos la Constitución, señores, ésta ya va a ser una República centralista feroz. Por eso no estoy de acuerdo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para presentar reservas a artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 33 y 34 del proyecto de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Y por parte del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, los artículos 34 y 62 también del proyecto de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En virtud de que ambos paquetes de reservas fueron presentados en las distintas intervenciones de la Senadora Dolores Padierna y del Senador Luis Fernando Salazar, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse, en primera instancia, las reservas presentadas por la Senadora Padierna, y en segundo lugar, las presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna se admiten a discusión. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Tomen la votación para la admisión de las reservas planteadas por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. No hay más reservas. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto, en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Ruego a la Asamblea su atención.

La noche de ayer ocurrió el lamentable deceso de nuestra compañera Mónica Arriola Gordillo.

La familia de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, nos hizo saber la determinación de nuestra compañera, de que los actos relacionados a su fallecimiento se realizaran sólo en la intimidad de su círculo familiar.

Por esa razón y con respeto a la voluntad de la Senadora Arriola Gordillo, en esta ceremonia y en esta ocasión, no habrá conmemoración especial en su memoria.

Sin embargo, para honrar a nuestra compañera y despedirla como integrante del Senado, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura a la proposición con punto de Acuerdo que antes de su partida había quedado pendiente de trámite y que nos recuerda en buena medida las causas a las que dedicó su liderazgo, su compromiso y su talento.

La proposición inscrita en la agenda de hoy será leída por la Secretaría y le dictaremos el turno correspondiente.

Si algún integrante de la Asamblea desea sumarse al punto de Acuerdo y hacer referencia a la trayectoria de la Senadora Mónica Arriola, les solicito que lo haga desde su escaño, una vez que concluyamos la lectura de la proposición con punto de Acuerdo.






En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura de la proposición que exhorta a la Cámara de Diputados a expedir de manera urgente la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto de Acuerdo de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

La suscrita, Senadora MONICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A EXPEDIR, DE MANERA URGENTE, LA LEY GENERAL DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS YA QUE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JULIO DE 2015, EL PLAZO PARA SU EXPEDICIÓN CONCLUYÓ EL 6 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El delito de la desaparición forzada de personas no ha sido un delito de formación actual, de hecho, el 1 de diciembre de 2012.

La organización de Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.

Según lo establecido por esta organización en su informe México: una crisis de desapariciones forzadas, en casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron excepcionales los casos en que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones.

“Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas”.

Aún con el tiempo transcurrido, el incremento en las cifras y el dolor de las familias mexicanas, no se ha expedido la Ley General en esta materia.

Cabe mencionar, que dentro del informe de Human Rights Watch, “los casi 250 casos documentados en este informe no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón. Por el contrario, no existen dudas de que hay miles de casos más. Por ejemplo, funcionarios de Coahuila indicaron a Human Rights Watch que 1.835 personas habían desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012. Incluso más preocupante es una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República que se filtró en noviembre de 2012 que incluye los nombres de más de 25.000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. Si bien la lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.”
El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó el pasado mes de septiembre, los pocos avances que ha tenido México en la implementación de medidas para combatir este delito.

En su informe, en el realiza una evaluación del seguimiento que ha dado el país a las recomendaciones que emitió el grupo de la Organización de las Naciones Unidas luego de su visita de exploración en marzo de 2011, se destacan los pocos avances en la implementación de las medidas sugeridas por el órgano internacional para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada.

Asimismo, dentro del documento, el grupo de la ONU menciona una premisa fundamental que no permite el correcto combate para enfrentar el conflicto, pues dice que "constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel".

El año pasado, integrantes de organizaciones civiles, así como integrantes de la Comisión contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, señalaron que los casos de desaparición forzada que existen en México se han incrementado y esta situación hoy ya no sólo se aplica por motivos políticos, y advirtieron que existe retroceso en materia jurídica.

El  subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que “no hay procesos de búsqueda ni de justicia (…) hoy tenemos que decir que la desaparición se aplica de manera generalizada, en los últimos ocho años hemos contabilizado más de 26 mil casos.”

Cifras que justifiquen el presente punto de acuerdo abundan.

Entre 2012 y 2014 existió un incremento del 200 por ciento en la desaparición de mujeres adolescentes de 15 a 17 años.

El propio Presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, refrendó el compromiso público para que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario, sin embargo la aprobación ya es extemporánea.

El autor del libro “Ni vivos, ni muertos, la desaparición forzada en México como Estrategia de Terror”, Federico Mastrogiovanni, declaró que las actuales cifras son conservadoras, a pesar de ser una práctica que se realiza de forma sistemática. “Es la peor tragedia que vive el país, sin que se trate de un tema de la agenda política”.

Aseguró que en el caso de los periodistas asesinados o desaparecidos, las acciones han llegado directa o indirectamente de las instituciones. “Hay frustración en tener que enfrentar a un Estado que te ve como su enemigo”.

Héctor Cerezo, integrante del comité de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, acusó que de 2006 a la fecha han desaparecido de manera forzada 134 luchadores sociales, muchos de estos delitos han sido cometidos por el Estado mismo.

Carlos Karim Zazueta, investigador de Amnistía Internacional en México, sostuvo que la desaparición forzada en el país es un problema de Estado, resultado de una grave crisis por la falta de respeto a los derechos humanos desde la década de los 60’s.

Oficialmente, se reconocen más de 27 mil 600 desaparecidos o etiquetados como “no localizados”, pero “la cifra negra implica un 90 por ciento más, en virtud de que no se reportan ante las procuradurías, y todavía hay muchos cuerpos sin identificar”, refirió.
Michael W. Chamberlin, trabajador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., consideró que si de cada 100 delitos que se cometen sólo ocho son denunciados y de éstos menos de uno llega a proceso, entonces las 27 mil víctimas de desaparición debe multiplicarse por 10, para “tener idea de cuántas personas estamos hablando”.

En razón de todo lo anterior, es que someto a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados a expedir, de manera urgente, la Ley General de Desaparición Forzada ya que, según lo establecido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, el plazo para su expedición concluyó el 6 de enero del año en curso.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Cámara de Diputados la proposición con punto de Acuerdo de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.






INTERVENCIONES

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Verde, desde luego que se suma a este punto de Acuerdo promovido por nuestra querida compañera Mónica Arriola Gordillo.

Al mismo tiempo, queremos expresar nuestras condolencias a su familia, lamentamos su fallecimiento y quiero aprovechar simplemente para destacar que nuestra compañera Mónica Arriola fue una Senadora siempre activa, con muy buena cara para todos sus compañeros, que se supo sumar a distintos acuerdos a pesar de ser la única Senadora que representaba a su partido. Siempre tuvo forma de sumarse a distintos acuerdos, de hacer valer su voto, y es una persona que supo enfrentar con entereza las diversas circunstancias adversas que le presentó el tema de la salud.

Lamentamos que haya fallecido.

Desde luego, nos unimos al pesar que sufre su familia el día de hoy. Le mandamos un abrazo solidario a la familia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.
Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra amiga y Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, a su familia y en especial a sus queridos hijos.

Una mexicana, una compañera, una amiga que siempre mostró disposición a trabajar en equipo. Siempre solidaria con las más nobles causas legislativas.

Una legisladora que siempre escuchaba, era atenta y con disposición al diálogo.

Su trabajo en las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, Para la Igualdad de Género, Especial de Productividad y Especial Sur-Sureste, siempre estuvo marcado por sus convicciones y su anhelo de construir un mejor México, uno sin desigualdades y más equitativo.

El Senado de la República pierde a una mujer que hasta sus últimos días luchó por lo que más quería.

Una mujer inquebrantable que fue un ejemplo de vida y un ejemplo a seguir.

Rendimos un merecido homenaje a nuestra amiga Mónica, quien en todas sus actividades se distinguió siempre por sus concepciones humanistas y su preocupación por la justicia social.

Sin duda, extrañaremos a nuestra amiga Senadora, que siempre ponía en la mesa de los debates sus propuestas para mejorar la calidad de la educación en nuestro país y el fortalecimiento de los derechos de nuestra infancia.

Reiteramos a su familia, a sus hijos, nuestro más sincero sentimiento de pesar y solidaridad por esta pérdida irreparable.

Este Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI siempre recordará a Mónica Arriola Gordillo como una gran luchadora y una gran amiga.

¡Que descanse en paz!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Expresar a nombre del Partido del Trabajo las condolencias a la familia de la Senadora Mónica Arriola Gordillo. Una pérdida irreparable, una compañera de este Senado, de esta Legislatura, que nos deja una enseñanza, como lo acaba de decir ya la Senadora Margarita, una luchadora siempre sensible y preocupada por los temas centrales de México.

Es duro, es duro ver partir a una compañera más de esta Legislatura, unirnos a este duelo y expresar a la familia una pérdida, que repito, es irreparable.
Respetando su decisión, me abstendré de hablar de todo el trabajo y lo mucho que aportó y lo sensible que siempre fue en el tema político en esta Legislatura y en esta arena política, que siempre se preocupó, repito, por muchas cosas que le hubiera gustado cambiar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Pues me quiero sumar a las condolencias que se hacen el día de hoy a la familia de Mónica Arriola, particularmente a sus hijos.

Tuve la enorme oportunidad de conocer a Mónica desde que fuimos diputadas en la LX Legislatura, y pude conocer a la mujer amable, siempre dispuesta y, además, una gran política.

El día de hoy lamentamos, porque sin duda duele su partida, porque es una mujer muy joven, porque estaba en toda la plenitud, porque deja niños pequeños, y la recordamos por lo que ella es, y quiero que la recordemos por lo que ella es, una gran mujer.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Mónica era una compañera muy querida por todos, podría asegurarlo, por su sencillez y solidaridad.

Creo que su muerte, que nos ha impactado por lo prematuro, ella en plenitud de vida, debe servir también para recordarnos que el acto contra su madre no es por justicia, sino es por venganza, y que la misma mano que la ungió es la que la mantiene cautiva. Aún no se sabe con exactitud cuáles son las razones de su encierro y tampoco se modificó en nada el andamiaje ni la corrupción del SNTE.

Creo que la última proposición de Mónica testimonia su calidez humana, y creo que también la mejor forma de rendirle homenaje es darle celeridad a esta Ley General de Desaparición Forzada, y realmente que no se convierta en una simulación y se llegue a fondo.

La vamos a recordar siempre con esa sonrisa a flor de labios, desafiando siempre, también, la adversidad.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Los Senadores de Acción Nacional nos lamentamos profundamente y nos sumamos a esta muy lamentable pérdida, sobre todo a su familia, les mandamos un abrazo con mucha solidaridad y respeto.

Por supuesto que también como grupo parlamentario nos sumamos a este punto de Acuerdo, a este último punto de Acuerdo que nos propuso la Senadora.

Senadora que, bueno, en palabras de John F. Kennedy, “ante un liderazgo ejemplar, se constituye una mayoría”.
Ella siempre por su parte, siempre luchando por sus temas; en muchas ocasiones, no solamente hoy, les diría yo, pues logró el apoyo y la solidaridad de muchos compañeros de varios grupos parlamentarios, porque pues los temas por los que ella luchaba tenían causa.

Fue una gran Senadora, pero sobre todo fue un gran ser humano, una excelente madre, una excelente hija y una excelente amiga.

Hoy nos acordábamos, el Senador Salazar y yo, que tuvimos la oportunidad de convivir con ella a lo largo de estas legislaturas, pues que era muy difícil estar con ella y no esbozar una sonrisa, siempre muy alegre, siempre muy atenta.

La verdad que la quisimos mucho y estamos muy agradecidos con la vida por haber tenido la oportunidad de convivir con un ser humano tan valioso y tan querido por nosotros, y a pesar de las terribles complicaciones, tanto familiares como personales, por los cuales atravesaba, yo creo que ningún Senador aquí presente me podría decir que nunca le regaló una sonrisa.

Hoy, casualmente, el Senador Melgar y yo platicábamos que hace exactamente, bueno, a finales del mes pasado, los dos la buscamos cuando nos enteramos que estaba muy delicada de salud y teníamos la firme intención de irla a visitar.

Con mucho dolor, hoy lamento que no lo pudimos hacer. Pero estoy seguro que ella, en este momento, nos está viendo desde el cielo.

Mónica, gracias por tu amistad, te vamos a extrañar mucho y descanse en paz.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Mónica Arriola fue una Senadora muy estimada, sobre todo entre nosotras, las Senadoras, las mujeres.

Siempre enarboló la causa de género, y en su actividad política la vamos a extrañar.

Tenemos que lamentar profundamente esta prematura muerte de nuestra compañera Senadora.

Mónica permaneció trabajando hasta el último momento.

Todavía el día de hoy, en la Gaceta aparecen puntos de Acuerdo a su nombre, pero sobre todo, ella luchó y trabajó incansablemente contra el cáncer. Ella lo sufrió en carne propia, y a pesar de ello permaneció siempre con la sonrisa a flor de piel que la hacía fuerte en esa batalla.

Todas, todos fuimos testigos de su impulso a programas como: “Programa de Atención de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama”.

Por ello debemos hacer un exhorto a poner especial atención en estos temas, y podamos derribar las barreras mortales, como ella les llamaba.

Expreso, a nombre del grupo parlamentario del PRD, la anuencia al punto de Acuerdo, y nuestras condolencias a sus 3 hijos y al resto de su familia.

¡Descanse en paz!
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Queremos plantear un recause del punto de Acuerdo que ella plantea, respecto de integrar al Senado de la República, en este exhorto que Mónica Arriola determinó en su punto de Acuerdo para incluir al Senado de la República, insisto, porque es Cámara de Origen de prácticamente ya lo que será la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares.

Y además proponer, a nombre del grupo, el que pudiera también incluirse que esta ley, cuando sea dictaminada, se tome en consideración la determinación de hacerlo en memoria de nuestra querida compañera Mónica Arriola.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se rectifica el turno y se turna a las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos del Senado, así como a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Senado de la República está de luto.

Esta es la cuarta ocasión en que un moño negro se coloca en el Salón de Plenos.

Me preguntaba hace un momento, y conversaba con mi compañera Dolores Padierna, ¿qué era la muerte?

Y yo le decía: Recuerda bien lo que te voy a decir: es la nada.

La vida continúa, las decisiones se siguen tomando, nuestros seres queridos sufren, pero siguen transcurriendo las cosas.

¡Esa es la muerte!

¡Esa es la muerte!

Mónica descansa en paz. Su sufrimiento por su padecimiento ya terminó y, sin duda, cuando alguien se quiere, lo que se piensa, lo que se desea, de lo que está uno convencido es que trascienda el pensamiento, la obra, el actuar de la persona fallecida.

Traigo aquí, a esa memoria, algo que escribió Jaime Sabines.

Dijo: “Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estar quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto”.

¡Estar en todas partes en secreto!

“Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios, y en su cerrado puño, crecer igual que un feto.
Morir es encenderse bocabajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo.

Apagarse es morir, lento y aprisa tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza”.

Mónica nos hará falta en el Senado, ¡sin duda que sí!

Le propongo a la Mesa Directiva que haga una reflexión sobre una crónica parlamentaria.

Ya tenemos 4 compañeros fallecidos, que podamos recoger en una crónica parlamentaria el trabajo de nuestros compañeros fallecidos. Hagamos memoria de su trabajo, pero esta es propuesta de la Mesa Directiva, yo solamente doy una idea.

Extiendo el pesar del grupo parlamentario del PRD a los familiares de Mónica Arriola Gordillo, a sus hijos, a su madre, la maestra Elba Esther Gordillo, a sus hermanas, a sus familiares y a todas y todos ustedes.

Hemos perdido una compañera de esta gran familia que se llama Senado de la República.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, por favor.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En memoria de nuestra compañera y de nuestra amiga, la Senadora Mónica Arriola, quiero sumarme al trabajo y a su productividad, quiero destacar que en la Comisión de Gobernación tuvo 15 intervenciones en el pleno en discusión de dictámenes, más las intervenciones en las comparecencias que tuvo frente al Secretario de Gobernación; 69 iniciativas presentadas, de las cuales 7 se turnaron a la Comisión de Gobernación, ello habla de la productividad, del compromiso de una legisladora, de una mexicana ejemplar y, sin duda, de una buena amiga.

Quiero señalar con ello que el silencio no es ausencia, Mónica está presente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo no voy a olvidar aquella sesión que tuvimos, después de que se puso en prisión a la madre de Mónica, y que ella vino a esta sesión, eso se llama entereza, presentarse en la Cámara en esas circunstancias, muy poca gente lo haría, y dicen que “por sus obras los conoceréis”.

Yo no conocí a Mónica más que superficialmente aquí, pero eso me llamó mucho la atención y también, debo decirles, ¿cómo llevó su enfermedad? Asistiendo, una mujer enferma que sabía dónde iba, teniendo hijos de muy poca edad, habla muy bien de la persona.
Por eso, independientemente de su postura de Senadora, la postura humana de esta mujer habla muy bien de ella.

Por eso, creo que perdimos a una persona de carácter, una persona con reciedumbre.

Que nos sirva eso a todos nosotros para hacer una reflexión y, por supuesto, las condolencias a su familia en las circunstancias en que todos sabemos que se encuentra, no hay que juzgar en este momento, somos humanos y como humanos debemos, precisamente, de reconocer el valor de las personas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

A sus 44 años, Mónica Arriola enfrentó en dos ocasiones el cáncer. En la primera ocasión, lo hizo con tenacidad y logró superar esa prueba; la segunda ocasión, la enfermedad fue más fuerte que su voluntad, luchó siempre, nunca perdió la fe, ni su alegría ni sus ganas de vivir, luchó en silencio como si no quisiera compartir con nadie su dolor.

Podemos comprender el destino inevitable de la muerte al paso de los años como un destino inevitable, es difícil consolarnos cuando ese destino se anticipa en el tiempo de manera sorpresiva, de manera inesperada.

Vamos a extrañar mucho a Mónica Arriola Gordillo, nuestra querida amiga, nuestra querida compañera Senadora.






MINUTO DE SILENCIO

Ruego a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias.

Descanse en paz nuestra compañera Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza incorporar el asunto en la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y UN INCISO C) A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

(Presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y un inciso c) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.

Se estima que cerca de 1,000 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento que los coloca en tal situación. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento, según informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En nuestro país, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad.

El 58 por ciento se refieren a limitaciones para moverse y de ahí le siguen las discapacidades para ver, oír, trastornos mentales, del habla o de comunicación, así como las limitantes para el autocuidado personal.

Las inclemencias a las que se enfrentan las personas con alguna discapacidad son innumerables. Se encuentran con obstáculos que dificultan la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, exclusión de la vida cultural y las relaciones sociales normales, en ocasiones se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas.

No obstante, la peor barrera para estas personas es la sociedad, que durante muchos años les atribuyó la imposibilidad de integración plena, marginándolos y rechazándolos por no considerarlos aptos de lo que lo que indebidamente se consideró como la “normalidad”. Esto los alejó en altos índices del acceso a derechos como los de educación, salud, trabajo, a tener su propio hogar, fundar una familia y mucho menos de un desarrollo pleno.

Tan sólo en los aspectos laboral y de salud, basta decir que en nuestro país, al menos tres millones de personas con discapacidad no cuentan con seguridad social y 7 de cada 10 en edad productiva están sin trabajo.

Sobre este particular, la falta de seguridad social de las personas con discapacidad, el acceso a los seguros podría ser una alternativa para un segmento de esta población, sin embargo, también ha sido un elemento no exento de exclusión, pues las personas con discapacidad tienen poco acceso a los seguros en virtud de que son advertidos por estas personas, como demasiado condicionados y de este modo, percibidos hasta como discriminatorios.

En realidad, lo que pasa es que la oferta de seguros para personas con discapacidad no es un mercado al que las compañías aseguradoras se enfoquen. Cualquier persona puede ingresar una solicitud de seguro, pero en la práctica, las compañías analizan el caso en particular y aplican sobrecostos que prácticamente alejan estos servicios del alcance de estas personas o sus familias, incluso, no se descarta la negativa de atención a éstas, lo que sería más grave, al adentrarse en el terreno de la discriminación.

En síntesis, puede decirse que los servicios de los seguros, principalmente de salud, cubren a las personas con discapacidad de manera muy selectiva.

Argumentos y razones habrá muchas, sin embargo, para lo que al presente documento interesa es necesario tomar como punto de partida, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todas las personas; y que en estos derechos está incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada precisamente en su discapacidad.

Que ahora, la tónica es caminar en rumbo diferente y que para ello es necesario crear entornos favorables para las personas con discapacidad, promover la rehabilitación y los servicios de apoyo, asegurar su protección y seguridad social, crear políticas y programas inclusivos, y aplicar y crear normas en su beneficio.

En el concierto internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la respuesta que se ha dado a la discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad, en vigor a partir de mayo de 2008.

Como consecuencia en el ámbito nacional, la publicación en el “Diario Oficial de la Federación”, el 30 de mayo de 2011, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 9 señala expresamente;

Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Dispositivo que fue discutido en la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proyecto de resolución en el que a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se pronunció por la prohibición de discriminar a personas con discapacidad en la contratación de seguros, bajo la premisa “de que la discapacidad no constituye una enfermedad”.

El argumento y conclusión toral giró en torno a que en base a tal dispositivo legal y los instrumentos internacionales de que México es parte, era necesario que las compañías de seguros adecuen sus políticas de organización interna, esquema de planeación económica y técnica, así como de contratación de seguros, a efecto de…

1. Permitir el acceso a las personas con discapacidad en la contratación de los servicios de seguros;

2. Dejar de equiparar a las discapacidades con las enfermedades en los términos de contratación;

3. Crear políticas integrales atendiendo a los distintos aspectos relativos al desarrollo y bienestar de la persona; y

4. Diseñar planes de tal forma que incluyan a personas con y sin discapacidad.

Sin embargo, de acuerdo con dicha resolución, ello no implicó “la obligación irrestricta para las compañías de seguros de que celebren un contrato con todo aquel que solicite un seguro, pues las mismas conservan un marco de libertad dentro de sus respectivas empresas, dentro del cual pueden organizar sus actividades”.

Así que el pendiente sobre la necesidad de acercar los servicios de seguros, principalmente los de salud y vida, conforme lo señala el artículo 9 de la invocada Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, continúa como un pendiente a la fecha.

Al respecto, es de hacer notar algunas reflexiones y concusiones que publica la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), denominado “Discriminación por discapacidad en la contratación de seguros”, del ponente Javier González Maciel, en el XXIII Seminario Internacional de Seguros y Fianzas.

En este documento, en muy breve síntesis, se expone lo siguiente:

Que es “factible que los seguros tradicionales de vida y salud no respondan por diversas razones a las necesidades distintas de la población discapacitada”.

Brecha involuntaria entre el seguro tradicional y la población discapacitada:

• Menores recursos financieros y necesidades distintas de protección.

• Mayor vulnerabilidad biológica.

• Enfermedades subyacentes (discapacidad no es equiparable a enfermedad, pero se asocian en 40%).

• Costos mayores en salud.

• Propensión a gastos catastróficos.

Que la “selección de riesgos no implica trato diferenciado o inequitativo. La discapacidad per se no es motivo de rechazo y el riesgo, al igual que en no discapacitados se establece en función de las enfermedades subyacentes”.

Que “si bien discapacidad no es equiparable a enfermedad, se asocian en un porcentaje importante de casos con implicaciones lógicas y no discriminatorias en la percepción del riesgo.”

Por lo que sería “conveniente aludir claramente en los dictámenes a la enfermedad subyacente y no, en su caso, a la discapacidad resultante.

De alguna forma, este contenido aporta razones a argumentos a tomar en cuenta para distinguir entre lo que puede advertirse como un acto de discriminación, y lo que constituye el análisis de factores de riesgo en la contratación de un seguro bajo el principio de libertad de contratación para cualquier caso.

Sin embargo, también es cierto que reconoce la generación de una “brecha” para con la población con alguna discapacidad; la factibilidad de evitar la equiparación de la misma con las enfermedades (sólo analizando el factor de riesgo), como también; que la solución en la que pueden empatarse ambas posturas, es el diseño de productos específicos para las personas discapacitadas.

De esta manera, podría hacerse coincidir al principio de libertad de contratación, con la finalidad de lograr la accesibilidad de los servicios de seguros a las personas con discapacidad a través de la adecuación de seguros tradicionales a necesidades específicas.

No se trata de solicitar a las instituciones de seguros y fianzas, el echarse a cuestas la carga social en materia de salud y vida para las personas con discapacidad, pero en su rol social, con las adecuaciones apropiadas, sí podrían ofrecerles productos específicos, que les proporcionen ventajas acordes a sus necesidades.

Ello no implicaría obviar la referida enfermedad subyacente, pero sí que se dictamine en su justa dimensión, evitando de manera generalizada la equiparación de la discapacidad con las enfermedades, en base precisamente de los productos específicos diseñados.

Ejes sobre los cuales versaría la presente iniciativa: Diseño, ofrecimiento, productos específicos y diferenciación de discapacidad con enfermedad; pero sobre todo, NO DISCRIMINCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SEGUROS para ellos.

Razones por las que la propuesta en concreto sería la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y UN INCISO C) A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA FOMENTAR EL ACCESO INCLUYENTE Y SIN DISCRIMINACIÓN A LOS SERVICIOS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE SALUD Y VIDA A LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Las instituciones de seguros, deberán diseñar productos específicos, políticas y planes de contratación que permitan el acceso incluyente de las personas con alguna discapacidad a los servicios de seguros.

Para estos efectos, la discapacidad reconocida en términos del artículo siguiente, no deberá ser equiparada a las enfermedades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un inciso c) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I. a la V. (…)

VI. En el caso de las Instituciones de Seguros que operen el ramo de salud, deberán:

a) Informar a los asegurados por escrito o a través de cualquier medio convenido por las partes, dentro de los quince días hábiles siguientes, de los cambios en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria ofrecidos por la Institución de Seguros, los cuales deberán mantenerse de tal forma que sean suficientes para cumplir los contratos suscritos,

b) Ofrecer planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la Institución de Seguros, mediante el pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la propia Institución de Seguros y el costo de servicio que le preste el médico conforme a lo pactado; y

c) Ofrecer planes que permitan el acceso incluyente y efectivo de las personas con alguna discapacidad a los servicios de seguros, de conformidad al artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de marzo de 2016.

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Carlos Romero Deschamps.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE A LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y LA AYUDA ASISTENCIAL Y EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad de género implica que todos los hombres y mujeres tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos humanos sin importar su sexo, ni identidad de género.

La igualdad entre mujeres y hombres, entendida como el acceso de todas las personas a la igualdad de oportunidades, se presenta como un referente que permite evaluar el nivel de desarrollo de un estado.

La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias.

La igualdad, según la teoría de los derechos humanos, exige tratamiento no discriminatorio; es decir, exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos por ambos géneros de todas las edades, colores y habilidades

Por ello la equidad de género permite definir un proceso que lleve a ser justo con las mujeres y los hombres tomando medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las mujeres y los hombres funcionar sobre una base equitativa. Las estrategias de equidad de género se usan para lograr con el tiempo la igualdad de género y llegar a una distribución equitativa de los beneficios de la intervención entre mujeres y hombre.

La seguridad social es un derecho humano y los Estados deben de estar atentos al cumplimiento y cobertura.  El propósito es derribar barreras institucionales y legales que limiten el acceso y el disfrute de los derechos y prestaciones que se derivan a las y los derechohabientes.
En el caso mexicano en donde se contempla ese derecho es en la Ley del Seguro Social, la cual debe contar con ajustes, a fin de ser un instrumento de acceso pleno a hombres y mujeres.

Nos referimos específicamente al Seguro de Invalidez y Vida. El cual protege los medios de subsistencia de los asegurados y sus familias, garantizando el derecho a la salud y a la asistencia médica, en caso de accidente o enfermedad que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez o, incluso, la muerte.

Este seguro se divide en dos ramos: Invalidez y Vida. El ramo de Invalidez protege al asegurado de la contingencia de quedar imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior a 50 por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. El ramo de Vida cubre la contingencia del fallecimiento del asegurado o del pensionado de invalidez, otorgando a sus beneficiarios pensiones de viudez, orfandad y ascendencia. Adicionalmente, cuentan con asistencia médica a cargo del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Asimismo las asignaciones familiares y ayuda asistencial. Las son dos prestaciones económicas que se integran a una pensión derivada de un estado de invalidez o de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, cuando se cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social.

La ayuda asistencial se entregará al pensionado por invalidez, a los viudos o viudas pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o continua.

Los derechohabientes y sus asegurados, son quienes gozan de los beneficios que otorga la ley, sin embargo el texto de la ley carece de un lenguaje inclusivo, hablando en el sentido de la equidad de género, lo que puede resultar confuso e inclusive prestarse a cometer un error y con ello lesionar la esfera jurídica de las personas. Esta iniciativa pretende aclarar el lenguaje y con ello cerrar el margen a la interpretación.

Con esta acción se advierte que la no discriminación es una verdadero derecho humano, consistente en el derecho subjetivo público del varón trabajador y mujer trabajadora de ser tratado en la misma forma y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Esta afirmación tiene sustento en la tesis aislada IV.3ot.119 L de la novena época que establece:

INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. EL ARTÍCULO 501, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.1

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los gobernados sin consideración de sexo. Ahora bien, el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo viola el precepto constitucional en comento, al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. Esto es así, toda vez que dicho precepto dispone, en lo que interesa, que tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte, la viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de un cincuenta por ciento o más, lo que implica una distinción entre la viuda y el viudo del trabajador o trabajadora extinto, por razones de sexo, pues a la primera no le impone como requisito la dependencia económica e incapacidad que sí exige para el segundo. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto legal que se impugna, no tiene fundamento constitucional, sino que contraviene lo dispuesto por el artículo 4o. de la propia Constitución.

Por tal razón consideramos que realizar una reforma con equidad de género nos llevara en la práctica a un acceso igualitario a las mujeres y hombres a prestaciones que tengan derechos establecidos en esta ley.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Se reforman los artículos 138 fracción I, III y IV de la sección cuarta y 144 de la sección quinta del capítulo V de la Ley del Seguro Social referente a las Asignaciones Familiares y la Ayuda Asistencial y el Seguro de Invalidez y Vida.

Artículo 138.- Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para la esposa, esposo, concubina o concubino del pensionado o pensionada, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. …

III. Si el pensionado o pensionada no tuviera ni esposa, esposo, concubina o concubino, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

 IV. Si el pensionado o pensionada no tuviera ni esposa, esposo, concubina o concubino, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

Artículo 144.- El total de las pensiones atribuidas a la viuda, viudo, concubina o concubino, y a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María  Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Tesis aislada IV.3o.T.119 L. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo 2003, Novena Época, Página 1736, No de Registro 184,635.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a analizar posibles omisiones en la información que Roberto Carlos Flores Treviño, Procurador General de Justicia del estado, proporcionó al congreso local en el momento de su nombramiento y, en su caso, lleve a cabo las acciones que conforme a derecho procedan. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través del  Ministerio Público, tiene la importante labor de representar y defender los intereses de la sociedad; velar por la exacta observancia de las leyes de interés general; y perseguir los delitos del orden común.

Por ello, no es de extrañar que entre los requisitos para ser Procurador del Estado, la Constitución del Estado establezca que el aspirante debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;1

De acuerdo al párrafo cuarto, del artículo 87 de la Constitución del Estado de Nuevo León, el jefe del ejecutivo local tendrá la enorme responsabilidad de presentar ante el Congreso del Estado la propuesta de quien desempeñará el cargo de Procurador, este último tendrá que comparecer ante esa soberanía para que determine la aprobación de su cargo con el voto secreto de cuando menos dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

El gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, presentó ante el Congreso, en octubre del año 2015, las propuestas de los candidatos a ocupar la Coordinación Ejecutiva de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Procuraduría General de Justicia.

En el caso de este último,  el gobernador de la entidad depositó su confianza en Roberto Carlos Flores Treviño, a quien diversos medios de comunicación recientemente han señalado por haber entregado entre 1999 y 2011 cheques sin fondo en tres ocasiones en el Nevada, Estados Unidos, situación por la cual fue procesado y fichado. Además, de evidenciar su gusto por las apuestas, aspectos por los que presumiblemente adquirió diversas deudas.

Estos hechos manifiestan dos aspectos que resultan preocupantes y que ponen en duda la idoneidad del Procurador del estado para ocupar dicho cargo: en primer lugar, se evidencia una actitud sistemática de éste por violentar la ley; en segundo lugar, muestra que el Flores Treviño falto a la verdad en su comparecencia ante el Congreso que ratificó su nombramiento.

Durante se comparecencia ante el Congreso, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Concepción Landa García Téllez, cuestionó al ahora procurador, sobre su presuntos antecedentes penales, ante lo cual éste mencionó un incidente ocurrido en agosto de 1992, en el que se le acusó de portar arma de fuego de uso restringido; no obstante, indicó que el caso había expirado en 2002. Además, señaló de Administración Penitenciaria de la entidad le expidió un documento en el que se señala que no ingresó a penal alguno.

Evidentemente y de manera dolosa, el Procurador omitió informar ante el Congreso las acusaciones presentadas en su contra por pagar con cheque sin fondos. Situación por la que la decisión del Poder Legislativo Local se dio en un contexto en el que no contaban con todos los elementos para fundamentar su decisión.

Los hechos han sido confirmados por el Procurador, quien ha declarado lo siguiente: “Efectivamente así fue. Todos los que hemos ido a Las Vegas sabemos, perfectamente, que allá los casinos te dan crédito. Entonces, efectivamente les debía yo una lanita que me tardé diez años en pagar, a lo mejor un poquito más.”2

Los Senadores de la República estamos convencidos que el Procurador General del Estado de Nuevo León, debe rendir cuentas al Congreso sobre las omisiones sobre presuntos antecedentes penales durante su comparecencia en ese recinto. Asimismo, debe transparentar el origen y monto de los pagos que realizó a los casinos, para determinar que éstos no se llevaron a cabo con fondos públicos y sean recursos lícitos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León, para que en el ámbito de sus competencias, analice posibles omisiones en la información que Roberto Carlos Flores Treviño, Procurador General de Justicia del Estado, proporcionó al Congreso Local en el momento de su nombramiento, y en su caso lleve a cabo las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 El párrafo tercero del  artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, señala que los requisitos para ser Procurador serán los mismos que los que establece este ordenamiento para acceder al cargo de Magistrado, contenidos en el artículo 97 de dicho ordenamiento.

2 Admite procurador de NL arresto en Las Vegas; “le debía una lanita” a los casinos, explica,
<http://www.proceso.com.mx/432749/admite-procurador-nl-arresto-en-las-vegas-le-debia-una-lanita-a-los-casinos-explica>  Consultado el 9 de marzo de 2016.






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a enviar un informe sobre la prospectiva de las tarifas eléctricas, así como de las acciones encaminadas a la transición del uso de combustibles fósiles a gas natural en el parque de generación eléctrica del estado de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Energía.

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE ENVÍE UN INFORME SOBRE LA PROSPECTIVA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS ASÍ COMO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA TRANSICIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A GAS NATURAL EN EL PARQUE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 6 de marzo del año en curso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer mediante un boletín, la disminución de las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y doméstico en marzo de 2016 en comparación con marzo de 2015.1

La CFE informó que suman ya 15 meses de reducciones consecutivas en comparación con el mismo mes del año anterior. Para el sector industrial disminuirán en marzo de 2016, en comparación con marzo del 2015, entre 15% y 23%. Para el sector comercial la disminución será de entre 4% y 13%, mientras que para el sector doméstico de alto consumo (tarifa DAC) la disminución será de 4%.

Además la CFE destacó que el consumo de combustóleo para la generación de energía eléctrica disminuyó en 2.9% en los últimos 12 meses, mientras que el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica en sus plantas aumentó 7.5% en ese mismo periodo. A su vez, la generación de energía eólica incrementó 12.7%.

Estas cifras resultan alentadoras y acordes con los proyectos del sector eléctrico del país, sin embargo no impactan a todo el territorio nacional, ya que existen circunstancias que impiden que algunos estados se vean beneficiados con las acciones mencionadas con antelación.

Tal es el caso del estado de Baja California Sur (BCS), que se encuentra separado del Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que implica que tiene que generar su propia energía para cubrir la demanda de su población sin poder acceder a la transferencia de energía como sucede con los integrantes del SIN.

Al respecto, la situación de BCS resulta compleja no sólo por tratarse de un sistema aislado del SIN, sino también, en razón de que la zona no cuenta con recursos energéticos propios que hagan posible la incorporación de diversas tecnologías de generación.

En ese sentido, los costos de operación del sistema de BCS son muy altos, pues su parque de generación se constituye en su mayoría por unidades térmico convencionales, plantas de combustión interna que emplean diésel o combustóleo y unidades de turbogás y turbo jet que se incorporaron para cubrir los picos de demanda.

Los sudcalifornianos destinan gran parte de sus ingresos a cubrir el recibo del servicio eléctrico, por lo que durante largo tiempo se ha manifestado la necesidad de implementar proyectos como la interconexión de Baja California Sur al SIN, medida que disminuiría los costos de operación del sistema y que permitiría que BCS gozara de los beneficios logrados en el resto del SIN, como la disminución de tarifas anunciada por CFE.
Ante ello, resulta indispensable conocer la prospectiva que tiene CFE para el sector eléctrico en Baja California Sur, pues esto permitirá tener una visión clara de las acciones que se impulsarán para resolver la problemática de la generación eléctrica en BCS a fin de lograr que la población de este estado pueda acceder al servicio eléctrico en las mismas condiciones que el resto del país y pueda verse beneficiada con la reducción de tarifas anunciada por la CFE.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que envíe un informe relativo a la prospectiva de las tarifas eléctricas, así como de las acciones encaminadas a la transición del uso de combustibles fósiles a gas natural en el parque de generación eléctrica del estado de Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 LAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DOMÉSTICO REGISTRAN DISMINUCIONES EN MARZO DE 2016 EN COMPARACIÓN CON MARZO DE 2015, Boletín disponible en: http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con  punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO SOCIAL A IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PROTEJAN Y APOYEN A LOS PRODUCTORES DE LECHE EN TODO EL PAÍS, al tenor de las siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. México es un destacado importador de productos lácteos. Ocupa el primer lugar en el mundo como comprador de leche en polvo para consumo directo, que significa 36% del consumo nacional aparente. México consumió 4.2 millones de toneladas de leche líquida en 2014 y produjo 11.4 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, no existen empresas mexicanas que produzcan leche en polvo, por lo que importó 200,000 toneladas en 2014. Entre los principales fabricantes de leche en polvo del mundo están Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. También adquiere del exterior insumos para la actividad lechera, así como tecnologías según el modelo de Estados Unidos y Canadá. Por el carácter estratégico del sector lechero, en el TLCAN se definieron tiempos más largos para la plena liberación de su comercio. México dispone de 15 años para eliminar las tarifas arancelarias a las importaciones lácteas. Desde 1986, con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se inició la apertura comercial que permitió incrementar las importaciones de lácteos y de insumos para esta actividad. Con la apertura a los productos del exterior se modificó la estructura de las importaciones, en virtud que crecieron las de derivados lácteos, como quesos y yogures, así como la compra de equipos para la transformación de lácteos, deterioró la balanza comercial y puso en entredicho la seguridad y soberanía alimentarias del país. Lo anterior ha hecho vulnerable a la industria y prevalece el riesgo de que lo sea aún más de seguirse el modelo de producción estadounidense.

SEGUNDO. De acuerdo a la Federación Mexicana de Lechería, la caída de los precios internacionales de la leche y los altos costos de producción que tienen los productores mexicanos, repercuten de manera directa en la descapitalización del sector lechero. Esta situación los obliga a vender sus productos por debajo de los costos de producción, que es de 5.5 pesos por litro. Dentro de las pequeñas destacan 30 grupos industriales con más de 100 marcas de productos lácteos, entre leches, quesos, yogurt, cremas, mantequillas, entre otros. Los productores lecheros están enfrentando una de las peores crisis de los últimos tiempos debido a la depreciación de los precios internacionales de la leche en polvo y a la creciente importación de este producto. Situación que no ha beneficiado de ninguna manera a los productores lecheros nacionales, quienes han visto disminuidos sus ingresos por la compra de leche fresca. Se están generando excedentes de leche cruda que no encuentran destino en el mercado doméstico y esto ha traído consigo serias afectaciones, principalmente para los pequeños y medianos productores.

Por tanto, la industria lechera vive la peor crisis en la historia de México, tan sólo en el estado de Aguascalientes; en lo que va del 2015, ya se han perdido 1800 empleos y 120 millones de pesos, han cerrado 20 establos, se han visto obligados a sacrificar alrededor de 5 mil vacas y a tirar a las coladeras 250 mil litros por no tener quién compre el lácteo debido a la amplia importación de sueros y leche en polvo la cual hidratan en el país y centros comerciales la venden como si fuera leche real. De no frenarse la importación de leche en polvo y prohibirse la venta de fórmulas lácteas se estima que a nivel nacional se verán afectadas 150 mil familias de pequeños y medianos productores pues van más de  2 meses sin poder colocar 2 millones de litros diarios por lo que una parte se vende en 3 pesos y la otra se va directo a la coladera.

TERCERO. Cabe señalar que las importaciones de leche en polvo incrementaron de manera considerable afectando a los productores nacionales pues pasaron de 60 mil toneladas en 2001 a 175 mil en 2013 que combinadas con las 77 mil toneladas de suero sustituyen por día más de 7 millones de litros de leche nacionales. A esto habrá que agregar el hecho de que la importación de 40% de la leche que se vende en México ha generado incertidumbre entre los productores locales y nacionales. La leche en polvo y los lácteos de Australia y Nueva Zelanda, que están entre los productores más grandes del mundo, entrarán gradualmente a México, según la versión del documento del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) que liberaron los gobiernos de los 12 países firmantes. La leche líquida, crema, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, mantequilla, queso y otros productos derivados de lácteos provenientes de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam tendrán que cumplir un calendario de cupos para poder exportar al mercado mexicano. En el caso de la leche líquida, estos ocho países podrán exportar en conjunto a México 250,000 litros hasta pasar a 375,000 litros a partir del onceavo año a partir de la entrada de vigor del tratado. En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), México cuenta con un cupo de importación de leche de alrededor de 80,000 toneladas. Lo acordado en el TPP se sumará a este cupo, según información de la Secretaría de Economía.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía a intervenir de manera urgente a implementar medidas y mecanismos que permitan proteger y apoyar a los productores de leche en todo el país y bridarles la protección ante las importaciones de países con mayor desarrollo productivo.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar los mecanismos necesarios para garantizar que LICONSA cuente con los recursos necesarios a fin de garantizar la compra de leche en volumen y precio justo, con la finalidad de que se permita la subsistencia de pequeños y medianos productores y garantizar  la suficiencia de leche para los programas sociales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.






Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre el cabal cumplimiento y sobre las sanciones aplicadas por el incumplimiento de lo ordenado en los artículos 90 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y 46 del nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México, a los concesionarios de la red de transporte público de la capital del país. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.








De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena García Gómez, Andrea García García, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente la actitud del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz hacia las mujeres que laboran en dicha secretaría, durante el evento realizado el pasado martes 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación al alarmante aumento de casos de trata de personas y la vulnerabilidad que viven las mujeres en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión Contra la Trata de Personas.

La suscrita, Senadora MARÍA DE LOS ANGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN AL ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS Y LA VULNERABILIDAD QUE VIVEN LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La explotación de personas con fines sexuales o laborales lamentablemente ha venido al alza en los últimos años, lo cual demuestra que las acciones y políticas emprendidas en contra de tan lastimero hecho no han resultado ni han logrado mitigar los casos de trata de personas en nuestro país.

De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGG), en el periodo que comprende de 2008 a 2014, las averiguaciones previas por trata de personas crecieron en más de 600 por ciento, al pasar de 25 en 2008 a 178 en 2014 por año. Cabe señalar que en dicho periodo, la PGR ha abierto 676indagatorias por este delito perpetrado tanto en nuestro país como en el extranjero.1

Por lo que respecta a 2015, los datos señalan que tan sólo de enero a mayo se abrieron 56 averiguaciones previas por trata, cifra que ya supera al total de indagatorias de 2008 y 2009. El lado positivo es que de continuar esa tendencia, este año podría cerrar con menos casos, algo que no ocurre en casi un lustro.2

Dentro de los Estados con mayor número de denuncias de casos de trata de personas se encuentra, en tercer lugar, Tlaxcala con un alarmante número de 53 averiguaciones previas ante la PGR, por detrás de la Ciudad de México y Puebla, con 112 y 69 averiguaciones previas, respectivamente.

En el caso particular de Tlaxcala, hay que señalar que en los últimos años la trata de personas ha aumentado de manera considerable y se ha difuminado en poco más de la mitad de sus municipios, los cuales forman parte del llamada corredor de la trata, que abarca los Estados de “Tlaxcala, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Guadalajara, Sinaloa, Estado de México y Querétaro”,3y que incluso llega a los Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Nueva Jersey.
En este sentido, organizaciones impulsoras de la iniciativa popular contra la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala4 han alertado que ya son más de 35 los municipios donde hay presencia de trata de personas y que en cuatro años y medio en Tlaxcala no hay avances en el combate a este delito.5

De acuerdo a diversas investigaciones oficiales y periodísticas, el epicentro de este lamentable fenómeno es el municipio de Tenancingo, catalogado como la capital de la trata de personas en México. Si uno busca en internet al municipio de Tenancingo, los primeros resultados que se encuentran son alusivos a la trata y la forma en la cual los proxenetas trafican con mujeres.

Con base en varias investigaciones realizadas por el periodista Víctor Hugo Michel, publicadas en varios medios de comunicación como Milenio6 y Nexos7, se puede obtener una perspectiva de cómo operan los tratantes radicados en Tenancingo. En primer lugar, los padrotes engañan y enamoran a jovencitas o las secuestran en algún municipio del país, para posteriormente trasladarlas a Estados Unidos, principalmente Nueva York y Nueva Jersey, donde serán explotadas sexualmente "para “satisfacer” a migrantes radicados en estos Estados.

Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó a Tenancingo como el mayor proveedor de esclavas sexuales en todo Estados Unidos de todo el mundo.8. Asimismo, según un documental lanzado en 2014 titulado “Pimp City: A Journey to the Center of the Sex Slave Trade” (La Ciudad de los proxenetas: Un viaje al centro del comercio de esclavas sexuales) las mujeres traficadas son obligadas a tener sexo con hasta 60 hombres por día.9

Ante esta lastimera situación, las organizaciones promoventes de la iniciativa contra la trata de personas, han señalado la inacción del actual gobierno priísta de Mariano González Zarur. A pesar de que el gobierno del Estado señaló en enero pasado que “en cinco años, se realizaron más de 55 mil operativos interinstitucionales, impulsamos políticas públicas de prevención del delito, con especial énfasis en aquellos que atentan contra la dignidad humana y los grupos vulnerables”, la realizad no concuerda con los datos oficiales.

Lo anterior se agrava debido a que las autoridades estatales han pretendido ocultar la información relacionada con el cumplimiento del Plan Sexenal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata, puesto que tanto el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, como el Consejo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, han reservado como confidencial y por 12 años, toda información relacionada con los planes anteriores, mismos que deberían ser públicos.

En este sentido, es necesario que el Gobernador del Estado explique las políticas y acciones que ha emprendido para combatir y erradicar el lamentable aumento de la trata de personas que se ha elevado exponencialmente en Tlaxcala. Asimismo, el Consejo Estatal contra la Trata de Personas y el Consejo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala deben explicar la metodología y los elementos técnicos y jurídicos que se tomaron en cuenta para clasificar, como información reservada, Plan Sexenal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Por último, se pretende solicitar un informe a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, en el cual expliquen las acciones que ha tomado el gobierno federal con el fin de erradicar la trata de personas, con especial énfasis en los señalamientos que ha realizado el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, con el fin de poder conocer si existe o no estrategias conjuntas entre ambos países.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al Gobierno del Estado de Tlaxcala, con pleno respeto a su soberanía, un informe detallado y pormenorizado acerca de las políticas y acciones que ha emprendido para combatir y erradicar el lamentable aumento de la trata de personas que se ha elevado exponencialmente en Tlaxcala, especialmente en el municipio de Tenancingo.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita al Consejo Estatal contra la Trata de Personas y a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala un informe donde se explique cabalmente la metodología y los elementos técnicos y jurídicos que se tomaron en cuenta para clasificar, como información reservada y por 12 años, el Plan Sexenal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata del Estado.

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, un informe en el cual expliquen las acciones que ha tomado el gobierno federal con el fin de erradicar la trata de personas a nivel nacional. Dicho informe deberá contenerlas acciones que ha emprendido el gobierno federal para atenderlos señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, junto con las estrategias conjuntas que existen entre ambos países.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.

1 Estadística de trata de personas, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Procuraduría General de la República, disponible en:
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx#estadistica

2 Arturo Ángel, Las denuncias por trata de personas se disparan 600% en México en 6 años, Animal Políticos, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/07/las-denuncias-por-trata-de-personas-se-disparan-600-en-mexico-en-6-anos/

3 Presentan iniciativa popular contra la trata de personas en Tlaxcala, Observador Tlaxcalteca, disponible en:
http://www.observadortlaxcalteca.com/portal/noticias/presentan-iniciativa-popular-contra-la-trata-de-personas-en-tlaxcala#sthash.c4hL6Kwx.dpuf

4 Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzía, Comité de Derechos Humanos Los Jicotes de Xicohtzinco; Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz de Evangelio de San Juan Huactzinco. Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza de San Rafael Tenexyecac, Comité de Derechos Humanos San José de Nanacamilpa, Comité de Derechos Humanos para una Vida Digna de San Baltazar Temaxcalac, Puebla. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C.; Pastoral Social de Zacatelco, Pastoral de Derechos Humanos, Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; 1, 2, 3 por ti, por mí y por todos A.C. Grupo Interdisciplinario para el Apoyo Comunitario, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Arquitectos Ecologistas de México, Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género.

5 Morales, Pedro, Fracasa en Tlaxcala el combate a la Trata de Personas, e-consulta.com Tlaxcala, disponible en:
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-09-22/tlaxcala/fracasa-en-tlaxcala-el-combate-la-trata-de-personas#sthash.DHJefg3e.dpuf

6 Michel, Victor Hugo, El circuito Tlaxcala-NY de la trata, Milenio, 26 de febrero de 2014, disponible en:
http://www.milenio.com/politica/circuito-Tlaxcala-NY-trata_0_252574756.html

7El circuito Tenancingo-Manhattan, Nexos, 1 de diciembre de 2014, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=23469

8 Documents and Reports, Department of State, U.S Goverment, disponible en:
http://www.state.gov/m/ds/hstcenter/c40292.htm

9 Brennan, Alice y Costantini, Cristina, Pimp City: A Journey to the Center of the Sex Slave Trade, Fusion Investigates, disponible en: http://static.fusion.net/pimp-city/






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8 numeral 1, Fracc. II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

Para la mayoría de los bachilleratos públicos universitarios en el país el proyecto educativo nacional que sirvió de modelo para su implementación y desarrollo, fue la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública el 2 de diciembre de 1867 por iniciativa del Presidente Juárez, misma que fue elaborada por una comisión presidida por el Dr. Gabino Barreda. En este decreto también se estableció la creación de la Escuela Nacional Preparatoria.

Con base en esa Ley, en Guerrero se creó en 1870 el Instituto Científico y Literario, dicha institución estuvo clausurada de 1910 a 1922 por el periodo revolucionario.

En 1922 reinicia sus labores y en 1923 por decreto del gobernador del Estado, se adoptó el plan de la Escuela Nacional Preparatoria. La existencia del bachillerato, transcurrió sin grandes cambios hasta 1942, año en que el Instituto se transformó en Colegio del Estado.

En 1960, el Colegio del Estado contaba con tres escuelas preparatorias, en ese mismo año, el Colegio se convirtió en la Universidad de Guerrero, como consecuencia se hizo cargo de dos de las preparatorias, la tercera desapareció.

En 1963, se estableció el régimen autónomo para la universidad. Para ese entonces ya existían tres escuelas preparatorias. El plan de estudio era anual y el bachillerato se cursaba en dos años.

En el marco de la diversificación de la educación Media Superior, en la XIII Asamblea General ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), efectuada en Villahermosa Tabasco en 1971, se buscó definir los objetivos de la enseñanza Media Superior, para lo cual se estableció que el bachillerato debería de ser formativo, con funciones propedéuticas, y con una duración de tres años.

En 1972 la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) creció el número de escuelas preparatorias con el proyecto Universidad Pueblo. En 1974 la UAGro transformo nuevamente el plan de estudios de las escuelas preparatorias, además era la única institución pública que impartía educación de nivel Medio Superior en el Estado de Guerrero.

En 1980 se reformó el plan de estudio de bachillerato, y no todas las preparatorias lo aceptaron como consecuencia se trabajó con dos planes de estudio.
Por lo tanto el Gobierno Federal y el Estatal implementaron otras ofertas educativas de Nivel Medio Superior como: Colegios de Bachilleres fundados en los años setenta, los CETIS en la misma década, los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), fueron creados a principios de los años ochenta como un organismo público. Los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTES), fueron creados en los años noventas ampliando la oferta existente, encabezada por las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero; como resultado de la ampliación de la oferta, se disminuyó la matricula en el subsistema perteneciente a la Universidad de Guerrero.

Las Preparatorias Populares se crearon en los años setentas con el proyecto Universidad Pueblo incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, sujetas al plan de estudio y programas de la misma Universidad, principalmente en las áreas rurales como alternativas educativas, ya que los otros subsistemas no alcanzaban a satisfacer la demanda de educación Media Superior en las regiones más apartadas del Estado de Guerrero.

MARCO JURÍDICO

En febrero de 2012 se promulgó una reforma de los artículos 3° y 31 de la Constitución Política en la cual se instauró el carácter obligatorio de la educación media superior. Un año después, una nueva reforma al artículo 3° estableció, que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales, y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. 1

De este modo, el desafío de la política educativa consiste actualmente no solamente en garantizar un lugar en la educación media superior a todos los adolescentes, sino también, en que todas las escuelas cumplan con el requisito de la idoneidad en cada uno de los componentes intrínsecos a la educación y establecidos en la reforma, como condición para garantizar el aprendizaje esperado.2

Como se mencionó anteriormente, la educación básica y media superior son obligatorias conforme al artículo 3° constitucional y el 4° de la Ley General de Educación (LGE).

Además, el artículo 3° de la LGE obliga al Estado a: “prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida” en dicha Ley.3 Sin embargo, poder cursar la educación media superior para muchos de los mexicanos representa más que un reto.

Asimismo, el artículo 32 de la Ley General de Educación, establece que: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.”4

Aunado a lo anterior, en la presentación del “Programa Sectorial de Educación 2013-2018” el titular del Ejecutivo afirmó que:

La educación de calidad tiene la mayor importancia para el desarrollo político, social, económico y cultural de México. Es el camino para lograr una convivencia respetuosa y armónica, en una sociedad democrática, justa, pacífica, productiva y próspera. La educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos. Por ello he tomado la decisión política de reconocer a la educación la altísima prioridad que le corresponde y en consecuencia identificar e impulsar las transformaciones que requiere nuestro sistema educativo para estar a la altura de las aspiraciones de los mexicanos y para poder hacer frente a los retos que el país enfrenta.

De igual forma, “una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Un problema especialmente serio es la falta de luz, agua potable y de             instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres. Estas carencias        crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo              de los maestros. Es necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos           recursos.”5

De igual forma, el artículo 2° de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158 determina que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del Estado tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.”

“La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo y formación del individuo y contribuya a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”6

SITUACIÓN ACTUAL

En México, de cada 100 niños que ingresan a la escuela primaria, poco más de 81 la terminan; de esos 81, más de 15 se quedan en el camino, terminando la secundaria únicamente 66 de ellos; menos de la mitad, es decir 32, logran concluir el bachillerato; nuevamente menos del 50% es decir, 13 concluyen la universidad y únicamente 9 de cada 100 logran titularse.7 En el caso específico de Guerrero, de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, 42 egresan de la secundaria, poco más de 25 terminan el bachillerato y menos de 10 acceden a la universidad.8

Pero además, entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, presentan los índices más altos de deserción, por lo que en estos estados, acceder al nivel            medio superior y superior así como la conclusión de una carrera resulta mucho más complejo.9

Refiriéndome específicamente a la educación media superior, Guerrero está en el penúltimo lugar nacional en cobertura, pues de cada 100 jóvenes en edad escolar de ese nivel, sólo se atiende a 56.10

Esta situación de deserción escolar en gran medida se presenta por dos factores, la pobreza y la falta de oferta educativa que sumadas a la geografía propia del estado, dificultan sin duda la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Las Preparatorias Populares desde hace más de cuarenta años, han ayudado a atender la creciente demanda de superación de la juventud guerrerense y llevan la oferta educativa del nivel medio superior, a regiones alejadas de los principales centros urbanos, permitiendo así que menos adolescentes no abandonen sus estudios por falta de escuelas y oportunidades.

Un ejemplo claro de ello es que en la región de la Costa Chica específicamente en el municipio de Tlacoachistlahuaca, la Preparatoria Popular, es la institución del nivel medio superior más importante y hasta el momento cubre el 73.59% de los egresados de las escuelas secundarias de las distintas comunidades, por lo que la mayoría de egresados no se ven obligados a emigrar a otros municipios ni regiones a realizar sus estudios de Educación Media Superior.

Las Preparatorias Populares incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, buscan formar preparatorianos con un perfil académico idóneo que corresponda a los objetivos del Plan de Estudios de la máxima Casa de Estudios del estado de Guerrero; estudiantes con capacidad de autorreflexión y análisis de la problemática del entorno social y de su propia personalidad.

Asimismo, sus egresados son capaces de poseer actitudes fundadas en la sensibilidad y solidaridad humana, coadyuvados con una formación artística, humanística y científica que contribuye al desarrollo cultural de la sociedad en términos generales, con una conducción educativa propositiva, innovadora, democrática y socialmente   comprometida.

Sin embargo, la misión de brindar servicios de calidad, se ve entorpecida por el limitado presupuesto con el que cuentan actualmente. Existen 93 Preparatorias Populares con una planta docente en diferentes disciplinas de cerca de 900 profesores, 300 trabajadores administrativos y Auxiliares de Intendencia con una matrícula de 12,600 alumnos y 280 aulas construidas, distribuidas en las siete regiones del Estado de Guerrero.
La zona de influencia de las Escuelas Preparatorias Populares de acuerdo al            mapa geográfico del Estado de Guerrero está constituida por 32 municipios, Quechultenango, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Atlixtac, Tlalixtaquilla, Leonardo Bravo, Acapulco, Tepecoacuilco, General Canuto Neri, Cuetzala del Progreso, Atoyac, Malinaltepec, Acatepec, Alpoyeca, IIiatenco, Ayutla de los Libres, Ometepec, San Marcos, Tecoanapa, San Luis Acatlán, Azoyú, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ajuchitlan del Progreso, Cuajinicuilapa, Zapotitlan Tablas, Chilapa de Alvarez, Copalillo, San Miguel Totolapan, Igualapa, Coyuca de Benítez, Juchitán, Tlalchapa y General Heliodoro Castillo.

Las regiones con mayor penetración de su oferta educativa que brindan estas Instituciones son zonas en que los otros subsistemas del nivel Medio Superior no cuentan con oferta suficiente para atender la demanda, como el caso de la región Costa Chica y Montaña, aclarando que la Costa Chica es donde en más municipios se brinda una mayor cobertura a través de las Preparatorias Populares.

Actualmente las escuelas Preparatorias Populares compiten en desigualdad con otros subsistemas de Educación Media Superior con mejores presupuestos, infraestructuras, equipamiento de tecnología y acervos bibliográficos. Uno de los retos de éstas preparatorias es adaptarse al plan y programas de estudios implementado por el Sistema Nacional de Bachillerato en el marco de diversidad de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (REIMS), para ser una oferta educativa de calidad y prestigio para los egresados de las escuelas secundarias.

El presupuesto del año pasado de 2015 para las Preparatorias Populares, ascendió a 30 millones de pesos, los cuales fueron aportados únicamente por el Gobierno del Estado de Guerrero, (pues no se reciben recursos ni por parte de la propia Universidad Autónoma de Guerrero, ni por parte del Gobierno Federal), sin embargo desafortunadamente no son suficientes.

Con base en las cifras del Panorama Educativo 2014, el gasto anual por alumno a nivel bachillerato fue de 32,400 pesos, lo que significa, que el presupuesto que logra brindar el gobierno estatal a las Prepas Populares por alumno, asciende a 2,381 pesos por estudiante, es decir, que únicamente se invierte en cada alumno de las Prepas Populares, el 7.35% de lo que se asigna en promedio a otros estudiantes del mismo nivel educativo a nivel nacional.11

Cabe señalar que sólo algunas de las Preparatorias Populares cuentan con instalaciones propias, por lo general han sido construidas a partir del ramo 33 del presupuesto municipal y con la participación de la comunidad a través de apoyos económicos de padres de familias, faena de alumnos, ejidatarios, esfuerzos comunitarios y otras personas que contribuyen.

La mayoría de estas Preparatorias carecen de aulas, laboratorios, talleres, bardas, bibliotecas. Además no se cuenta con equipamiento de cómputo, butacas, pintarrones y otros materiales necesarios para el buen funcionamiento y poder ofrecer una educación de vanguardia.

Otro de los retos por resolver, es dar la seguridad laboral y social a todos sus trabajadores, quienes día a día procuran con su esfuerzo ofrecer nuevas perspectivas a los jóvenes guerrerenses.
A nivel nacional, la educación media superior promedia como porcentaje por tipo de sostenimiento un 22.29% para el tipo Federal, 45.68% el estatal, 12.19% del ramo autónomo y 19.84% es cubierto por los padres a través de escuelas particulares.

En Guerrero, las cifras varían bastante, el 22.61% dependen del presupuesto federal, estatal 34.99%, 36.42%del ramo autónomo y 5.98% en el caso de instituciones particulares.

Con base en lo anterior, es posible apreciar que el ramo autónomo, el que se da principalmente en nuestro estado a través del apoyo de las comunidades y padres de familia o de la propia Universidad Autónoma, triplica prácticamente la media nacional, por lo que es necesario que las autoridades aporten mayores recursos a quienes más los necesitan y están buscando superarse.

Como bien lo ha señalado el propio secretario de Educación Aurelio Nuño, la reforma educativa no solo se concentra en mejores profesores, sino también en más y mejor infraestructura educativa, como es el caso del programa “Escuelas al Cien”, y poder ofrecer instalaciones dignas a los alumnos.

De igual forma resulta imprescindible que también se contemplen este tipo de mejoras en todos los niveles de educación, pero especialmente en los que resulta obligatoria para el Estado.12

No solo resulta imprescindible para conseguir un mejor desarrollo de nuestro país, el otorgar las herramientas para que los jóvenes mexicanos puedan hacer frente a los retos del futuro, sino que es un acto de indispensable justicia que se reconozca el trabajo que por más de cuarenta años han venido realizando las preparatorias populares formando a la juventud guerrerense y permitiéndoles continuar su camino de superación para servir mejor a México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero, establezcan la figura jurídica pertinente para garantizar su reconocimiento pleno e incorporación al subsistema educativo pertinente de la Preparatorias Populares en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinen en el presente año de 2016, al menos otra cantidad igual a la que actualmente provee el Gobierno del Estado de Guerrero, para garantizar y mejorar el funcionamiento de las Prepas Populares del Estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernández.






Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República designar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El suscrito Senador VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EXHORTE A LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, A QUE DESIGNEN A LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1º de septiembre de 2014, durante la presentación del Segundo Informe del Gobierno, el Ejecutivo Federal anunció el proyecto para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, añadido de una campaña mediática donde se promovió la mega obra con fechas y plazos. Sin embargo esto desato una serie de críticas sobre la pertinencia, ubicación, costo y licitación.

Al inicio la inversión del proyecto requería de 169,000 millones de pesos, con un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, pero ya que nuestra moneda se ha devaluado 40 por ciento, ha impactado en el costo de la obra elevando el precio total a 199 mil 134 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), según Federico Patiño Director General del organismo; “Entre 30 y 40 por ciento del proyecto es sensible al tipo de cambio porque son commodities (materiales) que se cotizan a nivel internacional o equipos que se van a importar”.

Por elementos como el costo, las advertencias de los riesgos del terreno y los señalamientos que daban cuenta de alternativas viables, el pasado 11 de septiembre de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), tomando en cuenta la exigencia para que el Congreso se hiciera cargo de revisar a fondo la viabilidad del proyecto.

El Acuerdo aprobado en esa fecha señala que la Comisión Especial estará integrada por: 4 Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, 3 Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, 2 Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, 1 Senador del Grupo Parlamentario del PVEM y 1 Senador del Grupo Parlamentario del PT, con una presidencia rotatoria entre sus integrantes por periodos de seis meses, en orden decreciente, conforme a la representación de los grupos parlamentarios, adoptando acuerdos y resoluciones por consenso. Además, el acuerdo establece que dicha Comisión podrá, solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y llevar a cabo reuniones de trabajo con los servidores públicos que considere pertinente.

El 5 de marzo de 2015 presenté una propuesta junto con más de 50 Senadores para que el Titular de Secretaria de Comunicaciones y Transportes compareciera ante esta soberanía y nos explicara a detalle el proceso que siguió el Gobierno Federal y dio como resultado el proyecto del NAICM.

Derivado de lo anterior el pasado 15 de abril de 2015 junto con la Senadora Silvia Garza Galván, el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Alejandro Encinas, convocamos al Foro El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México a Debate, en donde abordamos los aspectos jurídicos, el impacto ambiental y la transparencia en las licitaciones y adjudicaciones. Dejando conclusiones que exhibían la necesidad de que el Congreso junto con las organizaciones de la Sociedad Civil estudiaran a detalle las características del proyecto.

El 22 de octubre de 2015 el Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designó al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El 4 de noviembre de 2015, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El 2 de febrero del año en curso el Senado de la República, aprobó otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo Celada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Desde la creación de este cuerpo colegiado a la fecha, ha pasado 1 año y 5 meses, donde no se han dado los acuerdos necesarios, ya que solo se han nombrado 4 integrantes de los 10 que la deben componer. Por lo que esta propuesta se suma a otras de distintos Grupos Parlamentarios que demandan a la Junta de Coordinación Política del Senado, vea con urgencia convocar a los Grupos Parlamentarios que aún no designan sus integrantes, lo hagan a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República exhorte a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios a que designen a la brevedad los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 Numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pepino de mar se ha convertido en un importante recurso marino para diversas regiones costeras a nivel mundial. Por lo menos 60 especies son capturadas en 40 países, siendo el destino principal el mercado asiático donde su precio puede llegar hasta 600 dólares por kilogramo (10 mil 800 pesos).

En México, en 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el plan de manejo pesquero de pepino de mar café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridana) en la península de Yucatán, donde se señala que la disminución en la biomasa de muchas poblaciones de pepino de mar es preocupante, ya que una vez presente esta tendencia, aun con la clausura de la pesca, la recuperación puede ser muy lenta, incluso tardar décadas. Actualmente, el 81% de las pesquerías regionales de pepino de mar están sobreexplotadas y el 35% no están reguladas.

El Acuerdo señala que esta pesquería representa una nueva fuente de empleos temporales que brinda ingresos adicionales a las comunidades pesqueras y un gran número de personas que se involucran en el procesamiento y transportación, incluso de comunidades aledañas a las zonas de pesca, o algunas familias provenientes de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Por ejemplo, una persona que trabaja durante las seis semanas de pesca del pepino de mar en Yucatán, es de $250.00 M.N. a $400.00 M.N. diarios, tan solo por eviscerar durante tres horas.

Las capturas en la península de Yucatán llegaron a superar las mil toneladas en 1991; sin embargo, a solo cinco años de haberse iniciado la pesquería las autoridades la declararon en peligro de extinción y prohibieron su captura.

A nivel mundial su captura ha sido indiscriminada y excesiva, causando la extinción del producto en algunas regiones y generando vedas en diversos países como el nuestro con objeto de recuperar los bancos de este producto.

En nuestro país, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece los elementos para realizar la captura de pepino; además, se han impulsado reformas legales que protegen a diversas especies marinas, entre las cuales está incluida el pepino de mar, dicha reforma que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal fue aprobada en el Senado y está pendiente de aprobar en la Colegisladora.

Esta reforma destaca: 1) ampliar la pena mínima de uno a dos años de prisión, así como el rango de multa, el cual será de mil a 20 mil días; 2) precisar que se sancionará a todo aquel que, además de realizar la pesca de manera dolosa, lo haga sin contar con la autorización correspondiente; 3) considerar al camarón, erizo, almeja generosa y pepino de mar, dentro de las especies que no podrán exceder los 10 kilogramos de peso, entre otras disposiciones.
A pesar de la protección legal, su alto valor comercial ha propiciado que crezca la pesca ilegal de esta especie. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha reconocido el contrabando de pepino de mar por método hormiga, ocultos en refrigeradores, bolsas, paquetería, cajuelas de vehículos o hieleras, en donde son cubiertos con otros ejemplares marinos. “Eso dificulta su verificación y ubicación con el objeto de exportarse a países asiáticos” vía marítima o aérea.

Con base a estas consideraciones, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Marina (Semar) para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar diversas acciones en torno al gasto en seguridad pública, para mejorar las condiciones de trabajo de la policía en México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Índice de Paz Global, es una medición, que abarca 23 indicadores con la finalidad de medir el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región determinados, su reporte en 2015, determinó que México se encuentra en el puesto 144 de un total de 162 países, siendo así el país menos pacífico de Centroamérica y el Caribe.

Lo anterior, es de suma preocupación, toda vez que se encuentra entre los últimos 20 lugares, además contrasta por ejemplo, con China cuya población en 2014, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, asciende a 1,364 millones 270 mil habitantes y su lugar en el Índice de Paz Global es el 124, aun cuando su población es 10.8 veces mayor a la nuestra. Por lo que respecta al país vecino de la frontera norte, su lugar es el 94, es decir, 50 lugares menos que México y su población asciende a 318 millones 857 mil habitantes y finalmente Brasil, país latinoamericano, se encuentra en el lugar 103, a pesar de que su población asciende a 206 millones 77 mil habitantes.

Lo anterior denota, que ni el país más poblado del mundo, ni el país vecino, ni aquél con el que podríamos tener ciertas similitudes y aun cuando los 3 rebasan la población que existe en México, se encuentran en tan ínfimas condiciones con respecto a la seguridad que se vive en cada país.

Aunado a ello, es importante destacar que es evidente que varios factores que inciden en los números con respecto a la seguridad en cada país, tienen que ver con el desarrollo y crecimiento económico, oportunidades de empleo y educación, acceso a la salud, entre otros.

De acuerdo con el Índice de la Paz Global, en los últimos 8 años, desde su existencia, la paz se ha deteriorado 24% debido principalmente al agravamiento en los indicadores que miden las muertes por conflictos internos, mismo que se catalogó como el deterioro de paz más grande de la historia de dicho estudio.

En el mismo estudio, se destaca que el impacto económico que representó la violencia en México, ascendió a 221.4 billones de dólares en 2014, el equivalente al 10.3% del PIB o 1,810 dólares por persona, dicho costo ocupa el 6 lugar más alto en el mundo.

Las causas que se destacan al respecto tienen que ver con bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento del gobierno y buenas relaciones con los vecinos, que implica directamente la participación ciudadana. Lamentablemente, lo anterior demostró que en 24 de 32 entidades federativas la impunidad en homicidios empeoró, particularmente en estados como Guerrero, Morelos y Chihuahua, donde el porcentaje de homicidios impunes fue de aproximadamente el 89%.

En el mismo tenor, independientemente de la falta de crecimiento económico en el país, es indispensable que se refuercen las condiciones laborales de las policías estatales en nuestro país. La necesidad de medidas como los exámenes de confianza, tienen que ver con someterlos a un procedimiento que garantice, entre otras habilidades, su compromiso y vocación, toda vez que es muy probable que se unan al crimen organizado, por las condiciones de trabajo en las que se encuentran.

En México, como bien se ha señalado, las condiciones en los que los policías deben trabajar son complejas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2011, los sueldos de policías estatales, en promedio fue de 9 mil 250 pesos, sin embargo hay grandes disparidades entre las entidades federativas, ya que el sueldo de los policías en Tamaulipas en el mismo año, fue de 3 mil 618 pesos, casi una tercera parte del promedio nacional, cuando dicha entidad federativa se ha visto afectada por el crimen y su policía estatal debería contar con mejores sueldos, contrario a estados como Aguascalientes, donde los policías en el mismo año, tenían un sueldo de 18 mil 173 pesos, seguido de Baja California, con 17 mil 636 pesos y Campeche con 13 mil 234 pesos.

De acuerdo con El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, 2015-2016”, de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, el gasto público para dicho ramo en 2015, fue de 153 mil 419 .65 millones de pesos, para 2016 se propuso que fuese de 163 mil 346.76 millones de pesos, es decir tuvo un incremento de 6.47%.

De acuerdo con la distribución del gasto para la Función Seguridad Pública de las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, por unidades responsables, 2015-2016, las diez entidades federativas que mayor gasto obtienen en 2016 son la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.
Al respecto de dicho análisis se destaca que para 2016 se aprobó un total de 60 mil 966.44 millones de pesos para la impartición de justicia, para policía se aprobaron 27 mil 668.37 millones de pesos, para reclusorios y readaptación social el gasto aprobado fue de 18 mil 824.53 millones de pesos y para procuración de justicia el gasto aprobado fue de 17 mil 606.08 millones de pesos.

Así mismo se afirma que uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad pública es que el 87.38% se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales como sueldos, prestaciones de seguridad social, etcétera, gasto de operación para que las organizaciones funcionen adecuadamente, como papelería y equipos de cómputo y subsidios, y que únicamente el 12.62% se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización de patrullas, armamento, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, construcción de infraestructura para centros de readaptación social y juzgados.

Lo anterior obedece a la falta de prioridad que merece este grupo de la población encargado de proteger y salvaguardar la seguridad de las personas. En concordancia con el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es imperante fomentar en la policía de nuestro país, la identidad como parte de una institución, su preparación, óptimas condiciones laborales, sueldos dignos y acordes a su actividad, pero sobre todo el equipo necesario, que los ayuden a cumplir su labor.

Así mismo, resulta de vital importancia saber las estrategias que se implementan a nivel federal, estatal y municipal, para redefinir el gasto en seguridad pública y que éste sea suficiente tanto para un sueldo digno de sus labores, como para la modernización de las instituciones.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía de la existencia de las estrategias que se implementan para favorecer a los policías estatales, con un sueldo por lo menos equivalente al promedio nacional en 2016.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía sobre las acciones que se llevan a cabo para lograr sueldos dignos para la policía mexicana y la modernización de patrullas, armamento y tecnologías que les permitan estar en condiciones de llevar a cabo su noble labor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Andrea García García.






De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, María Lucero Saldaña Pérez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a promover entre los trabajadores de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, la adhesión a la campaña He For She. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno mexicano a realizar diversas acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo.”

En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 países aceptaron como meta, que antes del año 2015, debía lograrse el acceso universal a los servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto.

En el mismo tenor, los Derechos sexuales y de procreación, constituye un derecho de hombres y mujeres. Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

El UNFA destaca los siguientes:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género.

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacciones sexuales y el derecho a la vida privada.

La importancia de señalar lo anterior, tiene que ver con situaciones que viven las personas con discapacidad psicosocial, específicamente las mujeres, la discapacidad psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia, no está relacionada con la discapacidad intelectual y puede ser temporal o permanente que se puede convertir en una condición de vida.

Esta como otras enfermedades mentales pueden llevar como se señaló, a un lapso de su vida que puede cambiar su cotidianeidad ya sea temporal o permanentemente. Ahora bien, otras enfermedades mentales, referimos a partir del Informe “Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México”, realizado por Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan, donde se destacan una serie de problemáticas en nuestro país.
En primer término, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008, la Convención es considerada como un tratado histórico y revolucionario que rechaza el modelo médico, que se ocupa únicamente de cuidar, atender y proteger a las personas con discapacidad y en vez de limitarse, abarca modelos sociales y de derechos humanos, que reconocen a las personas con discapacidad como titulares de derechos consagrados en el derecho internacional.

Así mismo destaca que una discapacidad es el resultado de las barreras físicas y actitudinales a las que las personas con discapacidad se enfrentan en la sociedad y en las políticas públicas, así como las barreras legales presentes en la legislación nacional.

Con la finalidad de contrarrestar lo anterior, México fue a la vanguardia en 2007, al ser de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comprometerse a adoptar todas las medidas posibles para modificar y facilitar el estilo y calidad de vida de las personas con discapacidad.

A partir de ello, es también que por primera ocasión en 2014, el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Disability Rights, evalúan a nuestro país, específicamente en el ámbito de la niñez y adolescencia que se encuentran detenidos en instituciones mexicanas, como albergues y psiquiátricos, donde se demuestra que nuestro país a pesar de los esfuerzos, violenta los derechos de las personas con discapacidad mental.

Lo anterior lo demuestran en su Informe, donde existe una falta total de investigación, que arrojen datos en torno a la situación de los derechos de las mujeres con discapacidad, en concreto lo correspondiente al ejercicio informado de sus derechos sexuales y reproductivos.

El presente estudio se realizó con la participación de poco más de 50 mujeres de diversos hospitales de la Ciudad de México, como la Clínica No. 23 del IMSS, el Hospital Psiquiátrico San Fernando, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino.

Algunos de los resultados que arrojó el Informe, en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad mental, son, que el 51% de las entrevistadas sabe poco o nada sobre salud sexual y reproductiva, el 68% quisiera saber más sobre salud sexual y reproductiva, el 65% nunca visita un ginecólogo, de aquellas que lo visitan, el 43% ha sufrido algún abuso durante la visita al ginecólogo, ya sea físico, sexual, emocional o psicológico.

Así mismo el 57% no ha recibido ningún anticonceptivo, no obstante, al 50% de ellas se les ha recomendado la esterilización. Lamentablemente, de estas dos últimas, es de donde se desprende la mayor problemática en nuestro país, donde se encuentran involucrados el Estado y la familia misma. Ya que las respuestas a diversos cuestionamientos como, si les gustaría tener hijos, sobre si las mujeres con discapacidad tienen  el derecho a ser madres, sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no sostener a una familia, o sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no ser buenas madres, se encuentran enfocados principalmente, no en lo que las mujeres con discapacidad entrevistada piensan de manera individual, sino sobre todas las ideas provenientes de su exterior y posturas de gente de su entorno, así como la falta de información y orientación por parte del Estado Mexicano.

Derivado de ello el estudio destaca que las mujeres con discapacidad mental, han sido consideradas no sólo en México, sino en el mundo, como mujeres que son incapaces de criar hijos.

Por otra parte, otra de las problemáticas que se derivan del anterior, no menos importante, aborda temas de acceso a la salud, toda vez que muchas veces estos servicios les pueden ser negados y en ocasiones se les ha recomendado abortar.
Finalmente conforme lo señalado sobre la esterilización, destacamos de acuerdo al Informe que aproximadamente al 50% de las mujeres con discapacidad, entrevistadas, se les ha recomendado la esterilización como método anticonceptivo.

Este punto resulta importante, toda vez que no solo se violenta el derecho humano de las personas de planear una familia mediante otros métodos anticonceptivos, sino porque en muchas, de acuerdo con el Informe en comento, las mujeres han sufrido abusos físicos.

Lo anterior se respalda además con el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana, de 2013, realizado con la finalidad de conocer la situación que prevalece en dichos establecimientos, durante 2011 y 2012, en 41 hospitales, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental, arrojó dentro de sus recomendaciones que:

Las características propias de las personas con padecimientos mentales, exigen la implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en los hospitales psiquiátricos, a fin de evitar abusos físicos, incluso de carácter sexual, de parte de pacientes que presentan conductas particularmente violentas o con bajo control de impulsos, en contra de otros pacientes.

Lamentablemente durante su estudio se constató la violación equiparada a una paciente internada en el Hospital Psiquiátrico “Villa Ocaranza” en Tolcayuca, Hidalgo, por parte de un servidor público, caso que no es aislado o único en el país.

Lamentablemente las discapacidades motrices, intelectuales y psicosociales, ponen en doble peligro al género femenino, ya que en nuestro país y el mundo, las mujeres de cualquier edad, están constantemente expuestas a sufrir alguna agresión de carácter sexual.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, a implementar una Encuesta a nivel Nacional, con la finalidad de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, implemente programas de orientación y educación, enfocados a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se capacite y concientice a los profesionales de salud, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con cualquier discapacidad, con ello prevenir recomendaciones de aborto o esterilización y ampliar la confianza al acceso de los servicios de salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Andrea García García.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una amplia y permanente campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la que deben sujetarse las casas de empeño del país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó recientemente que a través de 534 visitas de verificación a casas de empeño que realizó entre el mes de enero y febrero de 2016, 91 fueron sometidas a procedimiento administrativo por infringir la ley y la normatividad y 82 fueron suspendidas de su labor. 1

Algunos de los principales incumplimientos detectados en dichos negocios, son:

● No exhibir precios ni montos totales a pagar.

● No contar con contratos de adhesión registrado ante la PROFECO.

● No acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño.

● Ostentar leyendas que inducen error y confusión al proveedor.

● No utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios.

● No indicar el ramo de prendas aceptadas

El Registro Público de Casas de Empeño (RPCE), tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las y los consumidores al inscribir y autorizar a los proveedores que ofrecen y otorgan los servicios de mutuo con interés y garantía prendaría. Este es un registro único e intransferible por cada casa de empeño. 2

La PROFECO aplica al menos dos veces al año el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño a fin de revisar que las prácticas comerciales que realizan los prestadores de este servicio sean acordes a lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 en la materia.

A lo largo de la República Mexicana, de acuerdo a la información que la misma dependencia ha difundido a través de los medios de comunicación, existen al menos 5 mil 406 casas de empeño reguladas, de las cuales 40.4% se encuentra en cinco estados.3

Sinaloa tiene el mayor número de unidades, con 645 establecimientos que representan el 11.9 % del total. Le siguen Nuevo León con 481, Jalisco con 394, Veracruz con 369 y Guanajuato con 299. Entre las entidades con menos casas de empeño se encuentran Zacatecas con 23, Nayarit con 28, y Querétaro con 40.

Los datos de la PROFECO difieren a los que tiene en sus registros la Asociación Nacional de Casas de Empeño (ANACE), que calcula que entre negocios formales e informales, existen al menos 6 mil 500 establecimientos de este tipo, de los cuales 50 % corresponden a negocios de asistencia privada tales como Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz Saviñón o Fundación Dondé; y el 50 % restante se reparte entre empresas privadas como Prendamex, cuya participación oscila en alrededor de 20 por ciento.4
Igualmente existen discrepancias en cuando a la cantidad de usuarios de casas de empeño. La PROFECO señala que 20 millones de mexicanos utilizan sus servicios, mientras que la misma ANACE estima cifras superiores a los 40 millones.

Sobre el tema del interés anual que pagan aquellos que acuden a las casas de empeño, la ANACE señala que éste puede llegar hasta un 372 por ciento anual; mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) habla de hasta mil por ciento de interés anual por un préstamo prendario. 5

En el año 2012, la CONDUSEF firmó el Mecanismo de Corresponsabilidad y Confianza de Casas de Empeño, junto con la PROFECO y la ANACE. En esa ocasión, las autoridades señalaron que de las aproximadamente 6 mil casas de empeño existentes en el país, alrededor del 20% son informales.

El artículo 1º de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que son principios básicos en las relaciones de consumo, entre otros:

● La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

● La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos.

● El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos.

● La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

El artículo 24 del mismo ordenamiento legal especifica que la PROFECO tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

● Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

● Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

● Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación.6

La norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 tiene por objeto establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios. 7

A través del presente punto de acuerdo se propone que, además del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño que lleva a cabo la PROFECO sobre todo después de los dos periodos vacacionales más largos del año, se lleve a cabo una amplia y permanente campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la normatividad a la que se deben sujetar las mismas. Ello de manera coordinada con las instancias públicas y privadas que han estado inmersas en el tema.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que realicen conjuntamente una amplia y permanente campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la que deben sujetarse las casas de empeño del país y así evitar actos que perjudiquen a los usuarios de las mismas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en relación a las acciones instrumentadas y las estrategias a implementar, a fin de prevenir y atender eficientemente las fugas de agua en la red hidráulica de la ciudad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación, han hecho público que en la capital del país persiste un grave problema relativo a la red de tuberías de distribución del agua potable, debido a que promedio tienen más de 60 años de antigüedad, este diagnóstico se traduce en fugas de agua y desperdicio del vital líquido en los más de 10 mil 690 kilómetros de tubería, 960 de la red primaria y 10 mil de la red secundaria.

Para dimensionar la problemática, es importante destacar que al menos 40% del agua potable se desperdicia en fugas, lo que equivale a más de 11 mil 200 litros de los 32 mil que recibe la Ciudad de México por segundo. La mayoría de estos escapes se han identificado en conectores y tubos de distribución en la vía pública y han provocado afectaciones estructurales a edificios y casas, que por horas se han quedado sin el servicio1.

Aunado a estas fugas que son identificadas y tratadas, se encuentran las escondidas o que no se diagnostican, las cuales según informes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ascienden a más de 600 cada año, asimismo, se encuentra la aparición de socavones, que se agrava con las lluvias, debido a que a la filtración de agua reblandece el terreno y al pasar los vehículos se produce el hundimiento.

Existen casos significativos, como los acontecidos en el Centro Histórico en el que una pipa cargada con cinco mil litros de agua cayó a un socavón que se formó en la explanada sur de la Catedral Metropolitana. Además del que también se originó en San Simón Culhuacán en Iztapalapa, por el que se desalojaron más de 15 familias y dejó sin abasto a por lo menos cinco colonias.

Frente a este escenario poco alentador, en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que el Gobierno de la Ciudad de México, instrumente las acciones necesarias con la finalidad de prevenir el desperdicio y las fugas de agua potable en las casas, oficinas de gobierno y edificios públicos de la capital.
Uno de los problemas más comunes al realizar estos trabajos es que el Sistemas de Agua Potable, repara el tramo dañado, pero eso soluciona parcialmente el desperfecto, ya que la línea colindante por el movimiento se fractura. Esta tendencia empeora en delegaciones como Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo ya que eran zonas de minas que potencializan el riesgo, para los mexicanos y sus familias.

Otra complicación que presenta la red de agua potable, es la suciedad acumulada, lo cual provoca mal olor y sabor, debido a la presencia de algas y otros microrganismos que producen un color verde en el agua potable. Por si esto no fuera suficiente, la mayor parte de la red aún está construida con materiales de tuberías de asbesto, que es un material reconocido como cancerígeno.

Diversos análisis de la Organización Mundial de la Salud, arrojaron que “Todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano”. Por su parte, la agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, refiere que el agua potable puede contener asbesto de fuentes naturales o de cañerías y que estas fibras no se evaporan al aire ni se disuelven en agua, es decir, constituye un grave peligro ingerir agua de esta red hidráulica.

La ingesta de residuos de asbesto por líquido contaminado está relacionado con la aparición de cáncer de colon. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado suspender el uso del asbesto para prevenir, contener y eliminar las enfermedades que provoca en los trabajadores y usuarios que reciben este vital líquido a través de aguas de este material.

En este sentido, las autoridades capitalinas han informado que cuando existe una fuga de agua los tubos son reemplazados por otros de polietileno, pero la mayor parte de la red sigue siendo de asbesto.

Los Senadores del PRI, consideramos fundamental que se refuerce el sistema hidráulico de la capital con materiales que no dañen la salud, se sustituya a la brevedad el material dañado, se atienda la sobreexplotación de los acuíferos y se ejecuten estrategias para prevenir el hundimiento causados por la concentración de residuos de magnesio, nitrógeno, hierro y sodio que representan un daño para la salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que presente un informe pormenorizado en relación a las acciones instrumentadas y las estrategias a implementar durante la presente administración, a fin de prevenir y atender eficientemente las fugas de agua en la red hidráulica de la ciudad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que dé a conocer los programas de abastecimiento de agua potable, las estrategias de modernización y los proyectos de construcción de infraestructura hidráulica para garantizar el servicio a los habitantes de la capital del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe de los recursos destinados, el cronograma de obra, las licitaciones realizadas, las licencias de construcción y la evaluación de impacto ambiental aprobadas para llevar a cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, ubicado en el Bosque de Chapultepec. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unas semanas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de una “Rueda de la Fortuna”  en el Bosque de Chapultepec, un proyecto que se ha caracterizado por la opacidad en la información, la nula socialización de sus beneficios y el dudoso cambio de uso de suelo, aunado a ello, es cuestionable la falta de transparencia en las pruebas de evaluación de impacto ambiental y entrega de licencias de construcción.

La “Rueda de la Fortuna” o también denominada “Rueda CDMX”, tendrá una altura de 60 metros y 300 toneladas de peso, las góndolas serán climatizadas, tardarán unos 20 minutos en dar una vuelta completa y su estructura permitirá una visión de 360 grados. Por este servicio a la administración capitalina, la empresa Dutch Wheels pagará 8 millones de pesos de manera anual.

De acuerdo con información de las autoridades de la Ciudad de México, la empresa Mexicana Diversiones S.A. de C.V. será la responsable de llevar a cabo la construcción y administración de la rueda de la fortuna, cuyo objetivo es que los visitantes al subir tengan una vista panorámica del Bosque de Chapultepec y de otros puntos de la capital mexicana.

El proyecto original contemplaba su edificación junto al Museo de Arte Moderno, sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que se instalará en el predio conocido como “La Hondonada”, localizada a un costado del Auditorio Nacional. Este espacio se encuentra ubicado entre la Avenida Chivatito, el Auditorio Nacional, el Paseo de la Reforma y calle Campo Marte; y tiene una superficie de tres mil metros cuadrados.

En este contexto, diversas asociaciones civiles y organizaciones de vecinos, han mostrado su inconformidad con este proyecto, debido a que consideran que con su construcción se agudizarán los problemas de movilidad en la zona, aumentarán los índices de contaminación (producto de un mayor parque vehicular) y acrecentará el comercio informal.

Aunado a estas manifestaciones de desaprobación, vecinos de las demarcaciones  Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc señalaron que la nueva área de construcción, también es parte de la primera sección del Bosque de Chapultepec y después del litigio debe ser restaurado como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos, con proyectos de cuidado y preservación ambiental para acrecentar el  patrimonio natural de la ciudad.
Además, sostuvieron que el atractivo tendrá un costo de 70 a 100 pesos, lo cual lo convierte en un proyecto discriminatorio, debido a que contradice los objetivos de la recuperación de espacios públicos ya que los concesiona a empresas del sector privado. Ante ello, pusieron en duda que se trate de un beneficio para los habitantes de la ciudad de México.

Lo anterior, es incompatible con las declaraciones de la Secretaria de Medio Ambiente, quien aseguró que “estas acciones se realizan con el propósito de continuar con la recuperación de los espacios públicos y rehabilitación de los bosques, por lo que se propuso ese nuevo sitio”1.

Por si esto no fuera suficiente, la construcción de la Línea 7 del Metrobús y el impacto urbano que tendrá la construcción de la Rueda de la Fortuna podría causar daños irreversibles a los animales del Zoológico de Chapultepec. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Bosque de Chapultepec representa uno de los patrimonios más relevantes y emblemáticos del país, debido su importancia histórica y su contribución a la formación de un país democrático, justo, equitativo, institucional y de estado de derecho.

Es incuestionable su contribución benéfica al medio ambiente, y su aporte a un medio ambiente sano adecuado para el pleno desarrollo. Basta mencionar que cuenta con el Certificado de Excelencia, lo cual lo coloca como uno de los  parques urbanos más grandes del mundo, al igual que el Central Park en Nueva York, Hyde Park en Londres o Le Bois de Bologne en París.

En el PRI, estamos a favor de la movilidad, la buena imagen de la ciudad y el combate a la contaminación producto del aumento de automóviles. Por ello no podemos ser indiferentes ante esta problemática, por el contrario, nos corresponde señalar que con su inauguración en el mes de marzo se acrecentará los  congestionamientos viales, el comercio informal y los índices de inseguridad y violencia en las colonias aledañas y en la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que presente ante esta Soberanía un informe de los recursos destinados, el cronograma de obra, las licitaciones realizadas, las licencias de construcción y la evaluación de impacto ambiental aprobadas, para llevar a cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, ubicado en el Bosque de Chapultepec.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a supervisar que los anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la entidad cumplan con los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad, a fin de que no representen riesgos para la población. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La protección civil, concebida como la acción solidaria y participativa, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que se apliquen las medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.1

El pasado 8 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),2 dio a conocer la probabilidad de precipitación de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de diversas entidades, entre las que se encuentran Tamaulipas, Durango, Puebla, Guanajuato y la Ciudad de México.

Por otro lado, pronosticó rachas de viento de hasta 70 km/h en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

El 9 de marzo, el propio SMN3 anunció que se mantenía el pronóstico de lluvias, bajas temperaturas, vientos fuertes y nevadas, en distintas regiones de México, además de que existen condiciones para la precipitación de nieve o aguanieve en distintas entidades, entre las que se encuentra la Ciudad de México.

Por lo que respecta a la Ciudad de México, según información vertida en diversos medios de comunicación, el 9 de marzo del año en curso, se reportó la caída de al menos 160 árboles en la entidad a consecuencia de los efectos de los cambios climatológicos que hemos referido.

Sobre esta situación, cabe mencionar que de acuerdo con el titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, se registraron vientos de 45 kilómetros por hora en Xochimilco, 35 en Tláhuac, 25.7 en Gustavo A. Madero, Milpa Alta e Iztapalapa, 22.5 Coyoacán y 22 en Venustiano Carranza.

En atención a los hechos referidos, otro acontecimiento que llama la atención es las condiciones en las que se encuentra un alto porcentaje de anuncios publicitarios en la Ciudad de México. De acuerdo con medios de comunicación, tan sólo en Viaducto se calcula que de los alrededor de los 200 anuncios colocados en dicha vialidad, menos del 10% cumple con la normatividad exigida por ley.
En relación a los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad que se   deben satisfacer para colocar anuncios espectaculares en la Ciudad de México, cabe mencionar que de acuerdo con la legislación de la entidad, destacan los siguientes aspectos:4

● Los anuncios que para su instalación requieran el concurso de diversos elementos, tales como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, serán considerados una unidad integral. La instalación, modificación o retiro de esta clase de anuncios comprenderá el de todos sus elementos.

● Deben tener una placa de identificación del Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva con las características que señale el reglamento.

● Sólo podrán instalarse anuncios respecto de los cuales se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización temporal.

● En los dictámenes de impacto urbano de los proyectos de edificación de viviendas, oficinas o locales comerciales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecerá como condición del proyecto la prohibición de instalar propaganda comercial en postes, semáforos y demás elementos de la infraestructura urbana.

● Está prohibida la colocación de anuncios de propaganda comercial e institucional en parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas.

● No está permitida la instalación de todo tipo de anuncios en camellones, plazas y demás espacios públicos destinados al tránsito vehicular o a la recreación, salvo los que determine expresamente la presente Ley.

Bajo esta tesitura, resulta de vital importancia que a través de las instancias correspondientes, el Gobierno de la Ciudad de México, supervise que los anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la entidad cumplan con los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad, a fin de que no representen riesgos para la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, que a través de las instancias correspondientes, supervise que los anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la entidad cumplan con los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad, a fin de que no representen riesgos para la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.






Asimismo, las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
15 DE MARZO

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se celebra todos los años el 15 de Marzo, se celebra en esta fecha debido a que un 15 de Marzo de 1963, el presidente de los EEUU John F. Kennedy, brindó un discurso ante el Congreso de dicho país el que se trató de los derechos de los consumidores.

En ese momento, por primera vez el consumidor fue considerado un elemento fundamental dentro del proceso productivo, se reconoció su relevancia política y se instó a las instituciones a arbitrar medidas para la protección de sus derechos.

El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó las directrices para la Protección de los Consumidores, declaración de derechos que hoy goza de reconocimiento internacional.

En México fue en 1976 cuando se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se creó la Profeco, con lo que se convirtió en el segundo país en Latinoamérica en tener una Ley de Protección al Consumidor y el primero en tener una procuraduría.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Al respecto, cada país ha generado sus propias leyes; en México, la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto proteger y promover los derechos y la cultura del consumidor, además de procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Con motivo de la celebración mundial, te invitamos a conocer los siete derechos básicos que resumen las facultades y obligaciones que otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor: Derecho a la información de bienes y servicios oportuna, completa y veraz; a la educación, para conocer la forma en la que la ley protege al consumidor; a la posibilidad de elegir el producto o servicio que atienda sus necesidades; a la seguridad y calidad, así como el cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia; a no ser discriminado por condición, sexo o raza; a la compensación, cuando no son cumplidas las normas de calidad; y a la protección, cuando algún proveedor no respete los derechos enunciados.

El Día Mundial del Consumidor es una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los retos y avances que México tiene en el tema.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día de la Expropiación Petrolera”.

EFEMÉRIDE DEL 18 DE MARZO,
DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Algunos piensan que después de la reforma energética ya no hay nada que festejar el 18 de marzo. No es para menos. Hacia finales de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos conservadores, llegaron a un acuerdo para desnacionalizar la industria petrolera en un proceso legislativo tan imprudente e irreflexivo como rápido y autoritario.

A la luz de ese lamentable acontecimiento no pareciera tener sentido festejar la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo de 1938. La reforma constitucional y más tarde las leyes secundarias de la reforma energética revirtieron no sólo la expropiación sino también la nacionalización de la industria petrolera. La industria eléctrica corrió la misma suerte.

Por la imposición de una mayoría del PRI, PAN y PVEM alineados a la estrategia del Ejecutivo Federal, hoy las empresas extranjeras tienen nuevamente la posibilidad de controlar  la producción de hidrocarburos y todas  las etapas que integran la cadena de valor, desde la exploración hasta la venta al consumidor final, pasando por la extracción, la refinación, la logística y el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos.

Sin pudor alguno, para de nuevo pretender engañar, la administración de Enrique Peña Nieto festeja “que el petróleo sigue siendo de los mexicanos”, cuando todos sabemos que la reforma energética limitó la propiedad pública al petróleo que yace enterrado profundamente en el subsuelo. El 21 de diciembre de 2013 las y los mexicanos dejamos de ser los dueños de la producción petrolera. A partir de ese día las compañías petroleras extranjeras adquieren la propiedad de los hidrocarburos que sacaron de los yacimientos, para hacer de ellos lo que quieran, por ejemplo llevarlos a industrializar a otros países.

Para simular un nacionalismo que no siente y detesta en realidad, el gobierno peñista simula festejar la existencia de Pemex en un evento desbordante de mentiras y cinismo, porque todos hemos sido testigos de su voluntad y empeño para  llevar a  la empresa productiva del Estado al borde de la quiebra, con la finalidad de  justificar su desmantelamiento y privatización. La caída del precio del petróleo sólo vino a ofrecer un argumento adicional y un clima de urgencia, el plan ya estaba hecho. Hace unos días el presidente Peña Nieto instruyó al nuevo director de Pemex a utilizar “al máximo” los instrumentos creados por la reforma energética, todos ellos  mecanismos de privatización que el gobierno peñista busca disfrazar con edulcorados eufemismos.  “De Pemex no se vende un tornillo” pregonaba el gobierno federal hace unos meses, hoy vende tramos completos de infraestructura; ya está vendiendo partes de gasoductos y en la lista siguen refinerías, centros procesadores y complejos petroquímicos. No se vende un tornillo, ¡se venden instalaciones completas!

Y mientras el gobierno fracciona, privatiza y achica a Pemex para construir una industria petrolera privada, no deja de saquear a la empresa a través de la Secretaría de Hacienda, ávida de ingresos para mantener:

- los lujos y dispendios de la clase gobernante,

- las ventajas tributarias de la élite económica,

- la distribución desigual del ingreso que hace más ricos a los ricos,

- así como la mal llamada  “estabilidad macroeconómica”, que no es más que un prolongado estancamiento que mantiene al país postrado en el subdesarrollo, bombeando dinero y recursos naturales hacia los países ricos. Los gobiernos neoliberales han firmado decenas de tratados comerciales pero México no deja de ser un país extractivista.
Por mi parte, estimo que hay motivos más que suficientes para festejar el 18 de marzo hoy y siempre.

La expropiación petrolera fue uno de los grandes momentos de la historia universal. Fue un acto de emancipación económica, de dignidad y soberanía, así lo calificó el propio Lázaro Cárdenas. Fue un acto luminoso que inspiró a otros países para liberarse económicamente y tomar en sus manos su destino. México estableció la senda que más tarde siguieron Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Irán, Irak, Libia, Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y otros muchos países que nacionalizaron su petróleo y otros recursos naturales.

La expropiación petrolera fue uno de los pilares que sirvieron para construir el México moderno:

- Dignificó al Estado, consolidó y reafirmó su autoridad, aumentó su respetabilidad y su credibilidad.

- Culminó un largo y difícil proceso de recuperación del patrimonio nacional para ponerlo al servicio del desarrollo nacional.

- Antepuso lo colectivo a lo privado, colocó el interés nacional por sobre el extranjero.

- Contribuyó a consolidar a México como un país de progreso, voluntad e instituciones fuertes, hasta que el neoliberalismo corrosivo todo echo por tierra y hoy estamos atascados en el lodo.

También se debe recordar el 18 de marzo por la visión y valentía de un hombre que dio rumbo y destino al país, que no dudó enfrentarse al capital petrolero internacional, que dio la cara a las grandes potencias de esa época, para hacer valer las leyes mexicanas y ejercer la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. El sí fue un estadista. No se parece en nada al sumiso y obediente que acude presuroso al extranjero a recibir premios, honores y aplausos, del mundo de negocios y los centros de la ideología capitalista.

El discurso de Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo es una fuente de lecciones para discernir el alcance de la contra-reforma petrolera que los intereses económicos y las fuerzas reaccionarias le impusieron al país un triste invierno de 2013. Esas lecciones de la historia no están exentas de advertencias sobre lo que ocurrirá si no detenemos la privatización y extranjerización de la industria petrolera, y de la energía en general.

De dicho discurso se desprende lo siguiente: 1

- Que las compañías petroleras extranjeras se habían convertido en actores muy poderosos, con capacidad y ánimo para rivalizar y poner el jaque al Estado. Que sabedoras de su poder económico y político se mostraban rebeldes, insolentes y retadoras, olvidando que se habían constituido como empresas mexicanas bajo leyes mexicanas. Que su poder provenía del control de la producción y suministro de bienes estratégicos, pero también del apoyo que recibían de parte de gobiernos extranjeros y empresarios mexicanos apátridas comprometidos con sus propios intereses.

- Que las compañías querían maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones, ni reparar los daños que ocasionaban sus procedimientos y su obstinación. Que se negaban a obedecer el mandato de la justicia nacional.  Que  trataron de nulificar los fallos de la justicia mexicana y cuando fracasaron sus intentos se declararon en franca rebeldía. Que implementaron dentro y fuera del país, una campaña política y mediática para lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por ese medio hacer nulas las determinaciones legales establecidas por las autoridades mexicanas.
- Que el gobierno estaba obligado a expropiar, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino para evitar la paralización de la industria petrolera, que ocasionaría males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

- Que una producción insuficiente de combustible o simplemente encarecida por las dificultades, ocasionaría en breve tiempo una situación de crisis incompatible con el progreso del país, la paz de la nación, la vida comercial, la obra pública y la existencia del gobierno.

En ese memorable discurso se dice que soberanía de la nación estaba en juego. Para Lázaro Cárdenas era muy claro que si el Estado perdía poder económico, perdería el poder político y se produciría el caos. Y así lo dijo a la ciudadanía.

Hoy, siete décadas después, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace caso omiso de la historia, se hace el olvidadizo de quiénes son las compañías petroleras transnacionales, de su historial  y de los intereses que hay detrás de ellas.

Ha salido al extranjero para buscarlas, corteja e invita a venir, les ha abierto  las puertas y las ha recibido con los brazos abiertos, les está entregando las llaves del petróleo y de la industria petrolera, pretextando que Pemex no puede, que no tiene ni la tecnología, ni el capital, ni la experiencia, pero sí serios problemas productivos y financieros, creados por el mismo gobierno.

Hoy los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto se acomodan a los intereses del capital petrolero y le ofrecen condiciones contractuales y fiscales inmejorables, para que saquen todo el petróleo que puedan, se lleven lo que quieran y dejen “dos pesos en la mesa”. La escandalosa venta de garaje que lleva a cabo la actual administración federal es justificada por la “difícil situación por la que están travesando las compañías petroleras”, pues desde que cayó el precio del petróleo se han vuelto muy selectiva y se pueden ir a otro país.

Hoy el gobierno ha puesto nuevamente en manos de las compañías petroleras la seguridad energética del país, sabiendo perfectamente que en el futuro podrían nuevamente chantajear al Estado si éste no accede a sus demandas, tal como hicieron en 1938. La reforma energética despojó a los hidrocarburos, a la gasolina, al diésel, al gas LP y a la energía eléctrica, de todo carácter estratégico. El nuevo marco jurídico considera a los combustibles y a la electricidad como simples mercancías, prioritarias pero no estratégicas.

A todo eso le llama Peña Nieto “modernizar”, “atreverse a cambiar”, “dejar atrás atavismos ideológicos”, “superar dogmas”. Detrás de esa fachada de modernidad se esconde la protección de intereses de grupos económicos sobre todo extranjeros.

Hoy el gobierno de Peña Nieto festeja que las compañías transnacionales estén regresando al país y estén tomando posesión de terrenos y campos petroleros de la Nación. También festeja que los inversionistas extranjeros estén comprando instalaciones de Pemex.

Festejar la reforma energética el día que se conmemora la expropiación petrolera, tal como lo hace la actual administración federal, es un insulto a la nación. Es un comportamiento grotesco y perverso. El gobierno peñista pasará a la historia como aquel que revertió la nacionalización y entregó el petróleo de nueva cuenta al extranjero. 

Pero no todo está perdido, vamos por una segunda expropiación, que las compañías petroleras lo tengan presente.

¡Hasta la victoria siempre!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

EFEMERIDE DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de marzo. Se trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de comprar y de elegir los productos deseados.

La reiterada aparición de los consumidores como víctimas de un conjunto de abusos y daños, consecuentes del ansia de consumir, aprovechada por los proveedores, ha generado que la defensa de los consumidores sea uno de los temas clave de la sociedad moderna.

Así nace el “derecho del consumidor”, que se puede sintetizar, como el conjunto de normas destinadas a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

El objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.

Sus alcances, acordes a un entorno económico global, han logrado necesarios matices garantistas de carácter internacional, al grado que la ONU declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Keneddy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.

Los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo, y poco después, en 1985,la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores, que desde entonces han actuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección.

Por eso, esta jornada del 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, es una oportunidad para participar del movimiento de carácter global en torno a un tema común, unir esfuerzos y conseguir que los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo.

Todos somos consumidores, es una cualidad que nos identifica y coincide a  todos.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional a favor de los Ríos, el Agua y la Vida”.

DÍA INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA
14 DE MARZO

El día lunes 14 de Marzo se celebra el Día Internacional a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, esta celebración muestra la lucha y victoria de miles de personas del mundo por proteger y salvaguardar los ríos de la contaminación y así implementar acciones en favor de su restauración.

Este día fue adoptado en el año de 1997 por un grupo de personas en la ciudad de Curitiba, Brasil, en un foro llamado “Encuentro Internacional de Afectados por las Represas” y así junto con otro grupo de participantes de más de 20 países decidieron que este día se reconociera como un día mundialmente importante en favor de la defensa de los ríos y una lucha contra los proyectos de gestión de agua destructivos que afectan la flora y fauna que dependan de los ríos.

En el mundo se prevé que existan unas 45,000 presas en actividad y 1,400 en construcción, de acuerdo a datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), muchas de estas presas se encuentran como las infraestructuras más peligrosas para el medio ambiente afectando de manera importante la biodiversidad de nuestro planeta.

Las presas pueden provocar grandes cambios en los ecosistemas de tal manera que estos depósitos artificiales provocan perdida del volumen de agua, reducción de la cantidad de peces nativos y efectos sobre los humedales, así como también representan una de las principales causas por la cual la mayoría de los ríos más grandes del mundo están perdiendo su conexión con el mar, contribuyendo a la desaparición de habitad de múltiples especies y ayudando a que los efectos del cambio climático afecten nuestro planeta.

Otro impacto a destacar sobre las presas es la inundación de grandes extensiones de tierra y con ello la pérdida de plantas y animales; así mismo las represas constituyen una de las principales causas directas e indirectas de la pérdida de millones de hectáreas de bosques, quedando sumergidas bajo el agua y en descomposición, emitiendo grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global.

Es importante señalar que existen desplazamientos de miles de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares por la inundación que las presas provocan y la generación de enfermedades como la disentería y diarreas, así como el dengue por la proliferación de mosquitos que se asocian con la construcción de represas y en la actualidad los mosquitos que trasmiten el chikungunya o zika.

Es por eso que este 14 de Marzo tiene como objetivo principal concientizar a la sociedad en general para luchar contra proyectos de gestión de agua destructivos, recuperar el bienestar de nuestras cuencas hidrográficas y exigir una gestión en pro de los derechos de los ríos como una fuente vital de vida y de los ecosistemas del mundo que dependen del agua. Hacemos un llamado a unirnos en solidaridad para celebrar los buenos logros de esta lucha. También es un momento para luchar por la justicia social y los derechos de las comunidades sobre sus recursos y sus vidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, sobre la Semana Mundial del Glaucoma.








De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.



(Intervención de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo)








CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana miércoles 16 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:57 horas)

Directorio

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