Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Marzo de 2016

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  































DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DEL BUQUE ESCUELA ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01), PARA VISITAR DIVERSOS PUERTOS COMO PARTE DEL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “IBERO ATLÁNTICO 2016”, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO, EN LA REGATA “THE TALL SHIP RACES 2016” EN AMBERES, BÉLGICA, Y EN EL FESTIVAL NÁUTICO DE “BREST 2016”, EN BREST, FRANCIA, DEL 12 DE MARZO AL 3 DE OCTUBRE DE 2016

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina. Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Se remite al Ejecutivo Federal.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS BUQUES ARM “HUASTECO” (AMP 01) A LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y VERACRUZ, VERACRUZ; LA HABANA, CUBA; CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA Y COLÓN, PANAMÁ; Y ARM “SONORA” (PO 152) A LOS PUERTOS DE ACAPULCO, GUERRERO, PUERTO VALLARTA, JALISCO; ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; MAZATLÁN, SINALOA Y SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRÁCTICA DEL 14 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016 Y DEL 28 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2016, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina. Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Se remite al Ejecutivo Federal.















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 8 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintiocho minutos del día jueves tres de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del primero de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, oficio por el que informa su decisión de integrarse al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Félix Benjamín Hernández Ruiz como Senador de la República.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Oratoria, en el marco de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 100 años del Periódico El Universal.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Senadora Ana Gabriela Guevara.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica. La Senadora rindió su protesta de ley.

(Iniciativas)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla y Víctor Hermosillo y Celada, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 15 y se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- En la discusión intervinieron los Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.- En la discusión intervinieron los Senadores: Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, a favor; y Héctor David Flores Ávalos del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 votos a favor y 3 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2015.En la discusión intervinieron los Senadores: Jesús Casillas Romero del PRI, a favor, quien presentó una propuesta de modificación al artículo 127, la cual fue aprobada por la Asamblea y se incorporó en el texto del dictamen; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; y Marcela Guerra Castillo del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes en los que se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015.

2. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cabal cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Aviación Civil, su reglamento y la Ley de Aeropuertos y su reglamento, relacionadas con el respeto a los horarios, tarifas, vigilancia y trato hacia los usuarios finales en las aerolíneas asentadas en los aeropuertos de la República Mexicana.- Intervino la Senadora Mely Romero Celis del PRI.

3. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar y remitir un estudio sobre el estado de la legislación sobre los drones comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete motorizados.- Intervino el Senador Tereso Medina Ramírez del PRI.

4. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios bajo los cuales sustenta la limitación de acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno.

5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir y realizar las acciones necesarias para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel.

6. En torno al Día Mundial sin Automóvil.- Intervino la Senadora Erika Ayala Ríos del PRI.

7. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir un informe sobre el proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado de Nuevo León.

8. Que exhorta a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México a expedir las normas jurídicas necesarias, así como a tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para la instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de bicicletas y la protección vial de sus conductores en las zonas urbanas y metropolitanas del país.

9. Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. de C.V. que cumpliera con el requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.

10. Por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba información sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre.

11. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer una disminución en el cobro de casetas de la Autopista del Sol.

Los once dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones necesarias al Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, a fin de integrar a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República a dicho órgano colegiado.

2. Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México a asumir, difundir, promover, instruir y capacitar a la estructura de funcionarios que tengan algún contacto con personas migrantes, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional que la Suprema Corte de Justicia emitió.

3. Que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Veracruz a implementar medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan ese estado.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el Senador Miguel Romo Medina, entregó propuesta de modificación, la cual fue aprobada por la Asamblea.

4. Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales a incluir y activar mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en su tránsito por nuestro país.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el Senador Miguel Romo Medina, entregó propuesta de adición, la cual fue aprobada por la Asamblea.

5. Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra de migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso por el municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en donde perdió la vida un ciudadano hondureño y dos más se encuentran heridos.

6. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que existen para la adecuada implementación de la política del Estado mexicano respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración.- Intervino el Senador Jesús Priego Calva del PRI.

7. Que exhorta al Administrador General de Aduanas a implementar sistemas ágiles de revisión en puestos fronterizos considerados para tal fin, a efecto de evitar las extensas filas de automóviles en condiciones de frío invernal que hacen frustrante la llegada de paisanos para reunirse con sus familias.

8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a legislar en materia de migración.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles “ACLU” por su intervención a favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del litigio ganado mediante el Acuerdo López-Venegas v. Johnson.-

2. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a confirmar que se está llevando a cabo una investigación al Cónsul General en Denver Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos a la entidad Foro Vail.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo se insertaría en el Diario de los Debates. Intervino la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos del PRI, para referirse al de reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles “ACLU”; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse a los dictámenes. Los Acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Proposiciones)

El Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a priorizar recursos para los productores de frijol del país.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Considerado de urgente resolución, sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Ernesto Cordero Arroyo y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un portal electrónico en donde se hagan públicas las discusiones y reuniones de trabajo que llevan a cabo el “Grupo de Notables”, en torno a la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, así como toda la información que se genere en torno a este grupo de trabajo.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, del Estado de México, a considerar la creación de la comisión edilicia para la atención y seguimiento de la alerta de violencia de género.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez, Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación con la problemática del Lago de Chapala.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a atender el testimonio y dar la debida atención a la demanda de presos y ex presos, derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre expresión y del derecho de manifestación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al Senado de los Estados Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular de su Embajada en México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para fortalecer los planes y programas de atención a pacientes con enfermedades raras.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu por los premios otorgados en la 88ª edición de los Premios Óscar.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de Senadores a que la designación de constituyentes de la Ciudad de México se haga con base en un plan de trabajo por la Ciudad y se evite el criterio de cuotas partidistas.- Se turnó a la Comisión de Junta de Coordinación Política.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes en relación a la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar las presuntas irregularidades por parte de funcionarios del estado de Quintana Roo, de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Yucatán y por posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el cambio ilegal de propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo a los titulares de las instituciones encargadas de la prevención y combate a la corrupción; así como a legisladores, académicos y sociedad civil, con la finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su desempeño en el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 2016.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a que, en caso de ser aprobado el proyecto de norma oficial mexicana NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los pequeños productores que no podrán utlizar la denominación “Mezcal”.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud información sobre las cifras verídicas de la emergencia real que existe por los brotes epidémicos de influenza, chikungunya y zika; así como la perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros de la implementación delos conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en materia del recorte presupuestal al CONACyT.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento público a los mexicanos que han sido galardonados con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas “Oscar”.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones y fundamentos jurídicos por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio nacional en vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por dicho Instituto.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones y acciones que conforme a derecho procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Contraloría de la Ciudad de México publicar y enviar al Senado un informe detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno y su comitiva en los viajes a diversas entidades federativas para promover el programa social “Médico en tu casa”.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a integrar e implementar en la política ambiental nacional estrategias, planes y programas para elaborar un producto biodegradable que sustituya al poliestireno expandido conocido como unicel.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer del conocimiento público el monto de los gastos ejercidos durante la actual administración, en materia de comunicación gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el natalicio de Ángel Albino Corzo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre Día Mundial de la Naturaleza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Audición.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 46 aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y tres minutos y citó a sesión ordinaria el martes ocho de marzo, a las once horas; y a sesión solemne ese mismo día, para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, a las diecisiete horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió una comunicación de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, con la que remiten el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas de la Unión Interparlamentaria: “El problema mundial de las drogas: haciendo un balance y fortaleciendo la respuesta global”, realizada en Nueva York, los pasados días 8 y 9 de febrero de 2016.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, la cual se acompaña del dictamen de impacto presupuestario.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Informe de las Visitas de Estado que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó al Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado de Qatar y Davos-Klusters, Suiza, del 15 al 23 de enero de 2016.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió oficios con diversos instrumentos internacionales, que ahora enunciaré:

El Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el 18 de octubre de 2014.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También se recibió el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, se recibieron los siguientes instrumentos:

El Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015.







 

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 13 de marzo de 2015.







 

Y el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el 7 de mayo de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnense los tres instrumentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Igualmente, se recibió el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los Contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el 13 de marzo de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, se recibió el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el 11 de septiembre de 2014.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También se recibió el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 2015.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2015, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Cuarto Informe Trimestral de actividades correspondiente al año 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, la Colegisladora remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo”, en 1826 al inciso a) y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por último, la Cámara de Diputados remitió un Acuerdo que exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Honorable Asamblea: A partir de la licencia autorizada al Senador David Penchyna Grub, esta Mesa Directiva ha convocado a la ciudadana Carmen Dorantes Martínez, quien se encuentra en el salón contiguo a este recinto.

En consecuencia, solicito los Senadores Jesús Priego Calva, Amelia Torres López, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila e Ivonne Liliana Álvarez García, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de rendición de su protesta constitucional.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie, para la toma de protesta correspondiente.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadana Carmen Dorantes Martínez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Carmen Dorantes Martínez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Bienvenida, señora Senadora!

Le ruego ocupe el escaño que le ha sido asignado, a efecto de que se incorpore inmediatamente a las funciones legislativas.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo)

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla, Ricardo Barroso Agramont, Luis Armando Melgar Bravo y el de la voz, sometemos a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y el artículo 585, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En nuestro país, el cuidado del medio ambiente constituye un objetivo fundamental de política pública, ya que la conservación de recursos naturales y del entorno, son vitales para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar la supervivencia digna de las generaciones presentes y futuras.

México cuenta con una riqueza natural excepcional, es considerado uno de los 5 países con mayor variedad de ecosistemas y diversidad biológica, ya que alberga aproximadamente el 12 por ciento de especies de plantas, animales y hongos conocidos del planeta.

Es así que el gobierno que encabeza el Presidente Peña Nieto, ha establecido diversos mecanismos de protección, conservación y cuidado de los diferentes recursos naturales, con el fin de garantizar un desarrollo sustentable y controlar los factores que determinan el deterioro ambiental; sin embargo, resulta fundamental perfeccionar el marco jurídico que facilite las acciones legales correspondientes para exigir, cuando sea necesario, la reparación de los daños causados al ambiente.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992; se establecieron diversos principios que rigen en materia de protección al ambiente, entre los que destacan el Principio 10, el cual establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

El derecho fundamental de acceso a la justicia, obliga a los Estados a poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de la tutela efectiva de sus derechos a través de recursos judiciales accesibles y adecuados, en aras de una protección efectiva del medio ambiente.

En nuestro marco jurídico, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental regula esta responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como a la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 constitucional.

Por lo que hace a las acciones colectivas respecto del medio ambiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que éstas adquieren trascendencia en la medida que permitan a la colectividad determinada o difusa, reclamar y exigir, no sólo la protección de los recursos naturales, sino la adecuación del espacio común, o bien la tutela eficaz de los derechos humanos en materia ambiental.

Dichas acciones colectivas permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses difusos de los miembros de la colectividad o grupo dentro de una sociedad, lo que sin lugar a dudas, implica modificaciones en nuestro marco jurídico para hacer prácticas y efectivas dichas acciones.

Una de las modificaciones propuestas es la correspondiente al artículo 28, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ya que ésta reconoce el derecho e interés legítimo a las asociaciones civiles para ejercer la acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y la compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a que se refiere la ley. Sin embargo, establece que las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, pueden actuar únicamente en representación de las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente y además cuando hayan demostrado estar legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda.

Consideramos que las disposiciones antes mencionada, limitan el ejercicio de las acciones colectivas, como conjunto de mecanismos de defensa para la sociedad, dado que dichas acciones buscan proteger derechos que son comunes a todos, pues todos estamos insertos y expuestos al medio ambiente.

En adición, el máximo tribunal de nuestro país, se pronunció en el sentido de que el artículo 28, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que establece dichos requisitos, viola el artículo 4o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en estos se establecen dos requisitos de legitimación distintos en dos mecanismos que tienen por objeto proteger el medio ambiente, lo que transgrede al derecho de una tutela judicial efectiva, toda vez que la imposición de mayores requisitos de legitimación, sin justificación, inhibe a las asociaciones civiles en ejercicio de las acciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no obstante que el propio legislador, en un medio de defensa similar, no impuso dichos requisitos.

Por lo anterior, con la finalidad de proteger efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia en materia de acciones colectivas, se propone eliminar los requisitos actuales para que aquellas personas morales legalmente constituidas puedan interponer algún recurso en favor de la protección de sus derechos en materia ambiental.

Así mismo, para su armonización, se propone modificar el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles relativo a la legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas, eliminando el requisito de un año para que aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, que pretendan interponer algún recurso para la defensa y los derechos en comento.

Esta es la propuesta, compañeras y compañeros Senadores, estamos convencidos de que esta iniciativa abonará a seguir por la senda de cuidar nuestro medio ambiente, haciendo partícipe a la sociedad civil en esta noble tarea.

Ruego a usted, señor Presidente, que el texto íntegro de este proyecto de Decreto sea publicado en el Diario de los Debates, lo mismo que esta intervención.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Isaías González Cuevas.

El Senador Isaías González Cuevas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Senador promovente, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le consulta el Senador González Cuevas, si acepta que se incorpore a su iniciativa, Senador Sánchez García.

El Senador Gerardo Sánchez García: Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

La lucha por mejores condiciones laborales, la tenacidad en la búsqueda de un salario más digno, y la creciente necesidad de un mejor sistema de seguridad social, si bien parecen demandas del siglo pasado, en realidad son urgencias del México de hoy.

No sólo hacen falta cambios sustanciales que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores.

La gran tarea pendiente sigue siendo la creación de condiciones de verdadera igualdad para mujeres y hombres en los centros de trabajo; pues hoy en día, el camino para las mujeres en el entorno laboral sigue siendo cuesta arriba y muy empinada.

En nuestro país, las condiciones sociales han cambiado y las mujeres cada vez adquirimos un rol más relevante en el ámbito laboral; una de cada cinco mujeres trabajadoras es jefa de familia independiente, que compite contra otros trabajadores en una cancha dispareja.

Me explico, además de desempeñar un rol laboral fuera de casa, el 100 por ciento de las mujeres en México realizamos trabajo doméstico no remunerado, versus solamente una tercera parte de los hombres mexicanos.

Hoy por hoy, una de cada tres familias, las mujeres son el único sostén económico, esto les impide tener cercanía permanente con sus hijos y en general con su ámbito en el hogar.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud determinaron que el desapego de los hijos con sus padres y madres da lugar a un surgimiento de una infinidad de problemas psicológicos graves de distintas consecuencias sociales negativas.

El retardo en la maduración de la personalidad afectiva por falta de atención, la incapacidad para desarrollar relaciones humanas con normalidad, así como el desapego y el distanciamiento de la persona con la sociedad en la que vive, son sólo algunos de los síntomas de este síndrome que silenciosamente afecta a millones de niñas y niños y jóvenes mexicanos.

Las consecuencias de largo plazo las vemos todos los días; niñas y niños que crecen lejanos al cariño y al afecto de su madre y de su padre y sin la atención adecuada en su educación y en su desarrollo, conforman cada vez una sociedad menos cohesionada y más individualista.

Por otra parte, el hecho de que las madres no tengan tiempo disponible para cuidar de sus hijos tiene graves consecuencias para la salud. Los niveles de lactancia materna alcanzaron el preocupante nivel de 14 por ciento hace unos cuantos años, propiciando que toda una generación de niños mexicanos crezca sin los nutrientes esenciales y la cercanía afectiva indispensable que además contiene la lactancia materna.

La presente, compañeras y compañeros, es una iniciativa para ambos géneros, pero pensada en las mujeres, pues a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para intentar cerrar la brecha de la desigualdad de género en los centros de trabajo, lo cierto es que más guarderías no son garantía de mejores relaciones de familia.

Lo que se necesita es crear las condiciones laborales que favorezcan que la mujer cumpla con sus múltiples roles dentro de la familia y al mismo tiempo pueda seguir garantizando un ingreso digno y permanente en su hogar.

Es tiempo de que el Estado y que nosotras como mujeres legisladoras hagamos un esfuerzo real para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las mujeres y de las familias, aunque hemos avanzado para garantizar una mayor y mejor participación política de las mujeres, no podemos negar que la construcción de entornos cotidianos más equitativos y, por tanto, más justos para las mujeres. Es una asignatura pendiente de todas y de todos los legisladores que estamos hoy en este Pleno.

Es preciso que se modifiquen las condiciones actuales de las jornadas laborales y se introduzcan nuevos esquemas que permitan que tanto mujeres como hombres disfruten de más tiempo de calidad con sus familias, lo cual no afectaría los intereses de los patrones ni la productividad de ninguna manera, pues existe evidencia de la Organización Internacional del Trabajo, que permite afirmar que incluir nuevas modalidades de cumplimiento de la jornada de trabajo dan mayor rendimiento en el desempeño laboral, por lo tanto, mayor productividad.

La iniciativa que el día de hoy les presentamos todas las mujeres que formamos parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, incluye también la nueva figura del banco de horas, una modalidad de cumplimiento de las obligaciones laborales que otorga total flexibilidad a los trabajadores para disponer de sus horas libres en función de sus propias condiciones, permitiendo que las mujeres en periodo de lactancia y las madres solteras cumplan y no se alejen de sus hijos y de sus familias.

Esta modalidad de horario flexible beneficia también a los trabajadores jóvenes para que puedan continuar con su formación académica sin ver afectados sus ingresos económicos.

Es necesario y urgente el cambio en el esquema actual de la Organización de las jornadas laborales, pues de acuerdo con datos del INEGI, 8 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez en su vida acoso laboral relacionado con la maternidad y desigualdad.

La introducción de las jornadas laborales flexibles y el banco de horas será el primer paso sustancial para reducir esta cifra tan vergonzosa para México.

En síntesis, compañeras y compañeros, el día de hoy vengo ante ustedes a proponer un cambio sencillo pero de fondo a la Ley Federal del Trabajo, que sin duda beneficiará a todas y todos los mexicanos, pero principalmente a las niñas, niños y jóvenes de este país, y a las mujeres vulneradas por la falta de oportunidades laborales flexibles y la ausencia de empleos que les permitan combinar, efectivamente, el desempeño exitoso de una carrera profesional y la satisfacción de tener una familia armoniosa y unida.

No se puede resarcir con dádivas lo que históricamente ha sido olvido y sufrimiento. Por ello, la mejor manera en la que podemos ayudar a los mexicanos que tienen el anhelo de superarse, en hacer del trabajo un medio tan digno como la misma persona humana.

En nuestras manos como representantes del Estado, recae la responsabilidad de crear las condiciones que permitan la existencia de una verdadera justicia social.

No tenemos que esperar a ver más niños desamparados del afecto de su madre y su padre, no podemos dar lugar a una cifra más de intimidación hacia las mujeres por la maternidad, ni de una familia que pase hambre porque no existen empleos en los que se comprenda la particular situación de las madres solteras. La construcción de un mejor país empieza por darle en justicia, mejores condiciones a las mujeres.

Aprovecho este discurso para referirme a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”. Quiero hacer un llamado de unidad a las mujeres de México, más allá de colores partidistas, condiciones sociales y económicas.
No olvidemos que nosotras somos la suma de cada pequeño paso que damos día con día para alcanzar condiciones sociales de igualdad, que nos hagan una sociedad más justa y por lo tanto mejor.

Son tantas las diferencias a las que nos enfrentamos las mujeres que debemos recordar: Tú lucha es mi lucha, tus logros son los míos.

Lo digo a nombre de las mexicanas y se los digo a todos mis compatriotas, recordemos que el paso que da una mujer en favor de la igualdad sustancial de género lo damos todas.

Conmemoremos el Día Internacional de la Mujer con igualdad, justicia y derechos, y más derechos a todas nosotras, no sólo con discursos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

Las suscritas, Senadoras de la República Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Sandra Luz García Guajardo, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván y Andrea García García Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo para incluir las figuras de horario flexible y banco de horas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los años recientes, se ha hecho necesario establecer un nuevo equilibrio para las jornadas laborales, que integre las necesidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, considerando aspectos fundamentales como el desarrollo familiar, el cuidado de la salud y el desarrollo comunitario; lo cual, trasciende en la necesidad de adecuar las regulaciones laborales que recuperen la idea de que los tiempos mínimos de trabajo son un asunto de derechos humanos.

La reducción de las horas de trabajo fue uno de los motivos que originó la necesidad de regular los tiempos de trabajo. En los últimos años, ha comenzado un serio debate acerca de la pertinencia de nuevos modelos de horarios laborales, debido a la aparición de una serie de problemas causados en menor o mayor medida por horarios de trabajo excesivo: desintegración familiar, problemas de salud relacionados con el estrés, problemas de movilidad en las zonas metropolitanas, etc.

Horarios normales de trabajo vs. Horarios flexibles.

La Organización Internacional del Trabajo, así como diversos tratados internacionales, han establecido que la jornada laboral mínima debe ser de 40 a 48 horas a la semana aproximadamente; es decir, 8 horas diarias en promedio. No obstante, en los últimos años se han desarrollado sistemas de tiempos de trabajo flexible, lo que ha hecho que la semana estándar de trabajo cada vez sea menos frecuente en las relaciones laborales.

Breve descripción del sistema de horarios flexibles.

“Entre los nuevos tipos de flexibilidad del tiempo de trabajo, la segunda categoría consiste en dos modalidades de ordenamiento del tiempo de trabajo similares, a saber: los sistemas de tiempo flexible (denominados «sistemas de tiempo de trabajo flexible» en la CIET 2008) y el sistema de cuentas de ahorro del tiempo trabajado, este último más conocido como «banco de horas». Los sistemas básicos de tiempo flexible permiten que los trabajadores, basándose en sus necesidades personales (dentro de límites prefijados), puedan elegir la hora de inicio y término de su trabajo, y, en ciertos casos, incluso el número de horas que desean trabajar en una determinada semana.

Además, hay empleadores que no cuentan con programas formales de tiempo flexible, pero pueden ofrecer horas flexibles de manera informal. En el otro extremo de la escala, hay que señalar que algunas de las modalidades más complejas de los sistemas de tiempo de trabajo flexible llegan a confundirse con el sistema de cuenta de ahorro del tiempo trabajado (también denominado cuentas de tiempo trabajado), ya que permiten a los trabajadores acumular horas de crédito y, en algunos casos, incluso utilizar sus «reservas» de horas para tomar días libres completos.

En los programas formales de tiempo flexible se establece por lo general un período de horas básicas durante las cuales se exige trabajar a todos los asalariados (por ejemplo, de las diez de la mañana a las cuatro de la tarde), aunque en algunos programas de tiempo flexible no se prevé en absoluto un número de horas básicas. Estas horas básicas están comprendidas entre períodos de horas flexibles (por ejemplo de las siete a las diez de la mañana y de las cuatro a las siete de la tarde) dentro de los cuales los asalariados pueden escoger las horas en que prefieren trabajar, siempre y cuando las horas contractuales obligatorias se trabajen durante un período de trabajo especificado. Los sistemas de tiempo flexible se introducen normalmente en las empresas no tanto para atender a un determinado objetivo empresarial como para facilitar el equilibrio trabajo-vida de los empleados”.1

Reglamentación de la flexibilidad del tiempo de trabajo: Promediación de horas y horas anualizadas.

Durante los últimos veinte años los sistemas de tiempo de trabajo flexible se han convertido en una práctica cada vez más popular entre empleadores y trabajadores, motivo por el cual la semana de trabajo estándar ha ido dejando de ser la norma en el lugar de trabajo. Aunque los regímenes de horas extraordinarias han figurado y siguen figurando entre los sistemas más frecuentemente utilizados para flexibilizar el tiempo de trabajo, los sistemas reglamentados de promediación de las horas extraordinarias constituyen un enfoque alternativo a la extensión de los horarios de trabajo, para permitir que las empresas puedan ajustarse a los cambios de la demanda de bienes y servicios.

Los sistemas obligatorios de promediación de horas hacen posible variar las horas de trabajo diarias o semanales, aunque exigen mantener un promedio de horas semanales a lo largo de un período superior al día o la semana de trabajo tradicionales. En estas variaciones es necesario respetar los umbrales diarios y/o semanales máximos previstos por ley, pero siempre que se observen los límites máximos y los promedios semanales, no habrá́ que pagar horas extraordinarias a tasas especiales por las horas trabajadas en exceso de los horarios normales obligatorios.

La denominada “anualización” de las horas de trabajo, término que suele utilizarse como sinónimo de la promediación de horas, puede considerarse como un caso especial de “promediación”, en el cual el período de referencia es de un año y/o el número total fijo de horas se distribuye a lo largo del año. El pago de horas extraordinarias a tasas especiales sólo será́ posible cuando se sobrepase ese total. Por otra parte, la remuneración no se calcula normalmente sobre la base de las horas realmente trabajadas por semana, pues consiste en una cantidad fija correspondiente a la remuneración de la semana promedio de trabajo o se basa en un número fijo de horas a lo largo del período de referencia.

Negociación colectiva: Adaptar las reglas relativas al tiempo de trabajo para atender a las necesidades sectoriales y de la empresa.

En países con sistemas de negociación colectiva muy desarrollados e interlocutores sociales fuertes, como es el caso de algunos países europeos, la negociación colectiva en todos los planos puede desempeñar una función significativa para complementar las normas obligatorias vigentes. En este contexto, la negociación colectiva puede contribuir de manera considerable a conciliar el interés de los empleadores por las prácticas de trabajo flexibles con el interés de los trabajadores por las modalidades de flexibilidad orientadas al trabajador. El proceso de negociación colectiva permite a empleadores y sindicatos llegar a concertar convenios creativos e innovadores para conciliar sus respectivos intereses.

Al desglosar los datos sobre horarios reducidos (tiempo parcial) por sexo, se obtiene un patrón uniforme en lo que respecta tanto a los países desarrollados como en desarrollo: las mujeres tienden a ser más numerosas que los hombres entre quienes cumplen esos horarios en todos estos países (véase el gráfico).

En el caso de los países desarrollados, no hay duda de que muchas mujeres recurren a los horarios de trabajo reducidos para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, aunque este tipo de flexibilidad suele “penalizarlas” en términos de salarios, prestaciones de empleo y acceso a la protección social. En los países en desarrollo resulta menos claro si la proporción de mujeres con horarios reducidos se debe a una situación de subempleo o es consecuencia de una estrategia encaminada a conciliar el trabajo asalariado con las responsabilidades familiares, o bien de una combinación de ambos factores. En el caso de las economías de transición, lo más probable es que la muy escasa proporción de trabajadores que trabajan menos de 35 horas por semana (fenómeno que se observa también en la mayoría de los demás países de Europa Oriental).

Datos recientes en cuanto a los efectos de las horas de trabajo para los trabajadores y las empresas.

Se han identificado cuatro tipos de reducciones de horas de trabajo que pueden influir favorablemente en la productividad individual y de la empresa, neutralizando al mismo tiempo una gran parte o incluso la totalidad de los costos relacionados con los horarios reducidos. Éstos son los siguientes: reducción de horas excesivas; reducción gradual de horas estándar; reducción acelerada de horas estándar; y opciones individualizadas para que los trabajadores reduzcan sus propias horas de trabajo.

Es posible mejorar la productividad gracias a los beneficios psicológicos derivados del hecho de cumplir horarios más cortos (un cansancio físico y/o fatiga mental menores), o a una gestión y organización más eficaces del uso del tiempo, lo que incluye horarios de trabajo más flexibles para minimizar los tiempos muertos y de espera. Dado que extender el tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo completo suele redundar en un aumento de la producción menos que proporcional a esa extensión, las medidas que se tomen para impedir que las horas resulten excesivas pueden hacer que la producción se reduzca de manera menos que proporcional, lo que dejaría, por tanto, margen para acrecentar la producción por hora.

Las reducciones mencionadas deberían destinarse cuidadosamente a aquellos trabajadores y ocupaciones que experimentan una “sobrecarga” de trabajo, que puede definirse como el número de horas de trabajo a partir del cual comienza a verse afectada la salud y la seguridad de los trabajadores, las familias, las organizaciones y el público en general.

Una iniciativa para ambos géneros, pensada en las mujeres.

Aunque la presente iniciativa plantea un beneficio a ambos géneros, ésta favorecerá particularmente a millones de mujeres trabajadoras que encabezan familias monoparentales. Son muchas las mujeres que se enfrentan a la difícil tarea de ser madre, realizar los quehaceres domésticos y trabajar. Hoy es cierto que tenemos diversas medidas para tener una sociedad más incluyente con el género femenino en el ámbito político, sin embargo es necesario poner a la mano de las mujeres trabajadoras de México, medidas normativas que aligeren esta carga.

De acuerdo con las cifras de la encuesta trimestral de ocupación y empleo del INEGI, el número de madres - jefas de familia se elevó a 3 millones 832 mil personas cuando concluyó 2014. Se precisó que de los 48 millones 823 mil mexicanos que trabajan 18 millones 791 mil son mujeres, es decir 38.4%. De ellas, las que son madres de uno y hasta más de 6 hijos suman 13 millones 853 mil trabajadoras, es decir 73% de la población laboral femenina.

Las madres que cumplen con la doble condición de trabajar y ser jefas de familia suman, a su vez los 3 millones 832 mil 689 referidos. Dicha cantidad representa, a su vez, 89% entre el total de jefas de familia (se incluyen las que no tienen hijos), 27.6% entre las madres trabajadoras y apenas 20% o la quinta parte entre todas las mexicanas que trabajan.

Más de la mitad de las madres trabajadoras (7 millones 68 mil) tienen uno o dos hijos. Otro 41% (5 millones 696 mil) tiene entre 3 y 5 hijos y hay un 7.3% equivalente a un millón 87 mujeres que declaró tener 6 hijos vivos o más.

Si se introduce la jornada laboral flexible a la legislación vigente, 3 millones 832 mil 689 hogares se verían beneficiados, que multiplicados por el promedio de hijos (2) reportarían beneficios para más de 7 millones 665 mil 378 menores de edad, quienes podrían tener mejores beneficios por la cercanía con sus madres y una mayor calidad en la convivencia familiar. Esto podría significar una labor preventiva para evitar casos de síndrome de carencia afectiva y carencia materna, lo que a largo plazo implicaría también un tejido social más sólido e íntegro.

La jornada laboral flexible, que permitiría un mejor desarrollo familiar es una inversión de mediano plazo para un mejor desarrollo generacional: los menores de edad que crezcan con la atención integral de sus madres serán ciudadanos que tengan mejor formación y menos propensión a la desintegración familiar y social. La presencia de las madres en los hogares fortalecerá y complementará la labor educativa de los profesores y aportará los elementos básicos de la educación cívica y moral de los niños y adolescentes.

Según el documento preparado por Mayra Buvinic, consultora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, publicado por ésta el 19 de Noviembre de 1990:

“Existen 3 conjuntos de factores que determinan la mayor pobreza de los hogares con jefatura femenina, en comparación con los hogares con jefatura masculina, y que se basan en características de la composición del hogar, el género del principal sostén de la familia y la condición singular de ser un hogar cuyo jefe es una mujer.

En 1er lugar, los hogares cuyo jefe es una mujer son más pobres que los hogares que tienen un hombre como jefe porque, aunque pueden tener menos miembros del hogar, tienen que sustentar comparativamente a más dependientes. Los hogares con jefatura femenina en, por ejemplo, Brasil, México y Perú, tienen menos adultos que contribuyan al sostén de la familia o menos trabajadores secundarios en el hogar, a diferencia de los hogares con jefes hombres que pueden contar con la esposa para que trabaje, y una mayor tasa de dependencia, es decir, relativamente más personas a cargo, tanto jóvenes como viejos en comparación con los trabajadores.

En 2do lugar, la vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por mujeres se explica por el hecho de que debido a que las jefas son mujeres, tienen menores ingresos medios, menos bienes y menos acceso a empleos remunerativos y recursos productivos, como tierras, capital y tecnología, que los jefes de hogar masculino.

El 53% de las mujeres jefas de hogar tienen empleos de baja remuneración en el sector informal, en comparación con solo el 30% de los hombres.

En 3er conjunto de razones para explicar la mayor pobreza de los hogares encabezados por mujeres es el resultado de la combinación singular de tener como jefe a una mujer. Es decir hay un efecto independiente de la jefatura de hogar femenina en la vulnerabilidad económica del hogar que no puede reducirse a las características de las mujeres o del hogar.

Es probable que la totalidad de los 3 conjuntos de factores antes mencionados contribuyan a explicar la pobreza de los hogares encabezados por mujeres en los países de la región de América Latina y el Caribe, pero también es probable que la contribución de cada uno de ellos tenga mayor o menor importancia en los distintos medios.”

Los hogares monoparentales dirigidos por mujeres se encuentran entonces ante una desventaja social y económica derivado de esta multiplicidad de tareas que deben cumplir. Favorecer a las mujeres con horarios flexibles o banco de horas es favorecer a millones de familias cuyo bienestar se ve dividido entre contar con los recursos necesarios.

Los hogares encabezados por mujeres son vulnerables a diversas situaciones tales como:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, la tasa de participación económica de las mujeres —mayores de 15 años con al menos un hijo— es de 44.1%, de las cuales, 97.9% combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos2. Según su situación conyugal, la tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras (71.8%), divorciadas (71.7%) y separadas (68.3%), es decir, casi siete de cada diez trabajan o buscan cómo sustentar su hogar.

El 96.3% de las mujeres con hijos participan en la producción de bienes y servicios. El 35% de la población femenina con hijos trabaja en el “sector informal”, 33.5% en empresas y 17.4% en instituciones —por lo regular, de gobierno—. Por tipo de ocupación: 27.8% son comerciantes y 24.6% trabajan en servicios personales. Por otra parte, 44.6% de las mujeres con hijos que ahora buscan empleo renunciaron a su trabajo anterior, 36.9% lo perdió, 7.7% cerró un negocio y sólo 7% no cuenta con experiencia laboral.

Ante una alta tasa de ocupación laboral de las mujeres en el sector urbano, es pertinente aseverar que la modificación de las condiciones en las que se pueden cumplir las jornadas laborales, tendría una fuerte repercusión en aspectos distintos relacionados con la maternidad. El primero de ellos sería el periodo de lactancia, que actualmente prevé la Ley Federal del Trabajo, pero que ha ido adquiriendo mayor relevancia durante los últimos años.

Los estudios realizados por diversos organismos internacionales coinciden en que el periodo de seis meses posterior al parto es un periodo fundamental para el desarrollo del recién nacido, razón por la cual durante este tiempo debe ser provisto con el alimento idóneo para sus condiciones y necesidades: la leche materna. Este periodo, conocido como lactancia materna exclusiva, cada vez se sigue con menor rigor, lo que origina a su vez diversas consecuencias negativas y afecciones en el desarrollo de los menores.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reporta que en el año 2006 solo dos de cada 10 menores (22%) de 6 meses de edad eran alimentados exclusivamente con leche materna, mientras que para el año 2012 la proporción disminuyó a 14%3.
Por otro lado, en ese mismo lapso la lactancia exclusiva aumentó en mujeres que tenían más de 12 años de escolaridad y que viven en la región norte del país. Hablando del área de residencia, 37 de cada 100 mujeres que viven en el medio rural practican la lactancia exclusiva, mientras que esta cifra baja a casi 10 de cada 100 en zonas urbanas. La lactancia materna exclusiva bajó casi 8% en México entre 2006 y 2012, pero en el medio rural bajó a la mitad.

De modificarse la forma en que se cumple la jornada laboral en México, las mujeres que sean madres tendrían el beneficio de contar con espacios de tiempo suficiente para cumplir con la lactancia materna exclusiva sin afectar su desempeño laboral.

Otro problema que podría solucionarse parcialmente con la introducción de jornadas laborales flexibles para la maternidad, es el síndrome de carencia afectiva. La carencia afectiva familiar durante los primeros años de vida es el principal factor que desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación, principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana.

La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. La ausencia grave de estimulación afectiva durante la infancia por parte de los adultos, que juegan un rol relacional afectivo importante, provoca la aparición de trastornos, no tan solo de la maduración, sino también síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales.

La falta de afecto maternal se caracteriza por producir en el niño un estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva de la madre o como si lo ha sentido como tal. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto que permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro4.

Este problema podría ser parcialmente solucionado mediante la introducción de jornadas laborales flexibles, mismas que podrían permitir a las madres realizar sus labores durante el tiempo en el que sus menores se encuentren recibiendo educación, permitiéndoles convivir con ellos en tiempos generalmente vespertinos, y con ello evitar el surgimiento de más casos de síndrome de carencia afectiva.

Otra afección psicológica derivada de la falta de atención materna es el síndrome de carencia materna. Dicho síndrome se origina cuando los casos de bebés y niños pequeños (menores de dos años) con retraso del desarrollo no es causada por una enfermedad.

La mayoría de ellos obedecen a una interacción disfuncional con la persona que cuida al niño, la pobreza, el maltrato infantil y la ignorancia de los padres acerca del cuidado adecuado del niño; tales casos se consideran como retraso del desarrollo “inorgánico”.

El retraso del desarrollo en niños menores de dos años se define como una deficiencia en el aumento de peso adecuado, deficiencia en el crecimiento lineal y deficiencia para cumplir con todos o algunos de los acontecimientos importantes del desarrollo. En el síndrome de carencia materna, aunque la madre u otro responsable del cuidado directo pueden mostrarse preocupados, es posible que el contacto físico y la interrelación normal entre madre e hijo estén ausentes o distorsionados5.

Algunos de los síntomas más comunes de dicho síndrome, son: la disminución o ausencia de crecimiento lineal (“declinación” en la curva de crecimiento); la falta de higiene apropiada; los problemas de interacción entre la madre y el niño, y el peso menor al quinto percentil o una tasa inadecuada de aumento de peso. La introducción de jornadas laborales flexibles ayudaría a atenuar considerablemente estos casos que se presentan cada vez con mayor frecuencia en zonas urbanas de México, y generalmente, en familias donde la madre es la única fuente de ingresos estables.

A raíz de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en diversas familias europeas, y la gran cantidad de niños que quedaron huérfanos como resultado de aquel acontecimiento, la Organización Mundial de la Salud comenzó a realizar estudios acerca de los efectos psicológicos que tuvo su condición en su desarrollo.

M. D. Ainsworth señala que el desarrollo del niño, después del retorno a las condiciones normales, depende de la edad en el momento de la separación y de la duración de la misma, y si ha habido un sustituto maternal durante la separación, si ha mantenido contacto con los padres, de la cualidad adaptativa y de las relaciones antes del episodio de separación. Por otra parte, indica igualmente que ciertas funciones afectivas o cognitivas pueden estar más dañadas que otras: ciertas alteraciones parecen ser menos fácilmente reversibles que otras: este es el caso de aquellas que afectan la función verbal, la función de abstracción y la aptitud para establecer lazos interpersonales profundos y durables. Los sectores más vulnerables son pues el desarrollo del lenguaje, la capacidad de generalización y las relaciones sociales.

A las consecuencias negativas originadas por estas deficiencias en la atención del crecimiento de los menores, la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de un substituto materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana, se le llama síndrome de carencia afectiva. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva.

Por su parte, los casos en los cuales las jornadas laborales exceden el consenso internacional promedio de 8 horas diarias por su propia naturaleza (prestadores de servicios tales como los guardias de seguridad o vigilantes, y similares), también pueden ser objeto de la acumulación de horas trabajadas previstas en el “banco de horas”, en virtud de que su prolongación con respecto a la jornada máxima, ha sido aprobada en criterios jurisprudenciales.

Al respecto, en la tesis de rubro “GUARDIAS DE SEGURIDAD O VIGILANTES. PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO DE HORAS EXTRAS RESULTA INVEROSÍMIL, DEBE ATENDERSE A LA JORNADA Y A LA NATURALEZA DE SUS SERVICIOS”6, se afirma al tenor literal lo siguiente: “[…] En el caso de trabajadores que se desempeñan como guardias de seguridad o vigilantes, para determinar si su reclamo de horas extras resulta inverosímil, debe atenderse a la jornada y naturaleza de sus servicios desempeñados, en los que no se requiere de un determinado esfuerzo físico o mental continuo, ni que se realicen labores con precisión o especial cuidado y, por ello, no resulta inhumana su jornada de trabajo, pues dentro de sus actividades es posible que cuenten con tiempo suficiente para descansar y reponer sus energías”.

Con base en los anteriores argumentos, la presente iniciativa busca incluir dentro del capítulo II, denominado “Jornada de Trabajo” de la Ley Federal del Trabajo, dos definiciones adicionales a la de jornada diurna y nocturna, de la siguiente manera:

Dice

Debe decir

Artículo 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.

Artículo 60.-


Jornada flexible es aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre diferentes intervalos de tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, pudiendo cubrirse de manera continua o seccionada durante el día.

Banco de horas es una modalidad de cumplimiento de la jornada laboral, que permite al trabajador, previo acuerdo con el patrón, elegir qué días y cuántas horas al día trabajar, a efecto de agotar, en los días que decida, las horas que trabajaría en una semana conforme a la duración de su jornada de trabajo en términos del artículo 61.

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será́: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Cuando el trabajador opte por banco de horas, éste podrá exceder la duración de la jornada máxima en un día, siempre y cuando la sumatoria de las horas trabajadas en una semana no exceda el total de horas que debe cubrir en esta.

Las jefas de familia en México están obligadas a cumplir con una doble jornada laboral, una de ocho horas en el trabajo y otra de tiempo completo educando a los hijos y dedicándole el tiempo restante a los quehaceres domésticos.

Como se detalló con diversas estadísticas del INEGI, un gran porcentaje de las mujeres trabajadoras son madres solteras, divorciadas o separadas con hijos, que trabajan para mantener su hogar. Ante estas múltiples ocupaciones son pocas las probabilidades que tienen las mujeres de desarrollar a plenitud su rol como profesionistas y madres. La falta de responsabilidades compartidas con el cónyuge sumada a la tradición que exige a la mujer educar a los hijos y además realizar las labores domésticas, dificultan el desempeño de la mujer en el ámbito laboral.

Incluir estas nuevas definiciones dentro de la Ley Federal del Trabajo, es una cuestión de justicia y derechos humanos que beneficiará a familias enteras, tanto en el ámbito económico/laboral como en el humano. Legislar en materia laboral en pro de las mujeres, es legislar en favor de la familia.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 60 y un segundo párrafo al artículo 61, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 60 y un segundo párrafo al artículo 61, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

CAPITULO II
Jornada de trabajo

Artículo 60.-

Jornada flexible es aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre diferentes intervalos de tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, pudiendo cubrirse de manera continua o seccionada durante el día.

Banco de horas es una modalidad de cumplimiento de la jornada laboral, que permite al trabajador, previo acuerdo con el patrón, elegir qué días y cuántas horas al día trabajar, a efecto de agotar, en los días que decida, las horas que trabajaría en una semana conforme a la duración de su jornada de trabajo en términos del artículo 61.

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será́: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Cuando el trabajador opte por banco de horas, éste podrá exceder la duración de la jornada máxima en un día, siempre y cuando la sumatoria de las horas trabajadas en una semana no exceda el total de horas que debe cubrir en esta.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de marzo de 2016.

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Sandra Luz García Guajardo.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Andrea García García.

1 Organización Internacional del Trabajo, El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Suiza: OIT, 2011. Pág. 53-55.

2 http://www.forbes.com.mx/ser-madre-en-mexico-segun-las-estadisticas/

3 http://www.mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/689-por-que-hablar-de-la-lactancia-materna

4 http://carenciaafectiva.blogspot.es

5 https://www.clinicadam.com/salud/5/001598.html

6 “GUARDIAS DE SEGURIDAD O VIGILANTES. PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO DE HORAS EXTRAS RESULTA INVEROSÍMIL, DEBE ATENDERSE A LA JORNADA Y A LA NATURALEZA DE SUS SERVICIOS”. 161304. IV.3o.T.337 L. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 1358.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senadora Marcela Torres Peimbert, le pregunta la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, si acepta que se incorpore a su iniciativa como suscribiente.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de las adhesiones de los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías.

Quiero iniciar felicitando a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, porque festejando a la mujer y a su lucha por la igualdad, festejamos lo mejor de la humanidad misma.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las activistas que han hecho posible estos avances en la revolución más importante, y en especial a nuestras compañeras Senadoras, que han sido un motor fundamental en esta lucha.

Pero entrando en la propuesta.

A nombre de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto, con quienes comparto una preocupación y una ocupación por la pacificación del país y para generar mejores herramientas para combatir a la delincuencia, pongo a su consideración una iniciativa sobre un problema mayor, que es el número de armas ilegales en el país y los mecanismos que tiene el Estado para controlarlos. El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las armas y, sin embargo, hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control.

El modelo actual permite en la práctica portar armas, como 9 milímetros, sin mayor problema y aún armas de mayor peligrosidad, y la sanción es únicamente una multa sin pena corporal, únicamente se tiene como consecuencias, como agraviante, no como delito por sí mismo. Esto constituye una limitación a las fuerzas del orden y es un pilar en la operación de los grupos del crimen organizado.

Para ilustrar el tamaño del problema, basta decir que son equivalentes las multas por la violación de un Reglamento de Tránsito Federal, a la de la portación de un arma sin permiso. Por ejemplo, la sanción económica por exceder los límites de velocidad permitidos en el Reglamento de Tránsito Federal, es entre 5 mil 112 pesos, a 7 mil 304 pesos, de acuerdo al artículo 136 de Reglamento de Tránsito Federal.

Mientras que la sanción por poseer sin permiso un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, con base en el artículo 83, fracción II, estamos hablando de un revólver calibre .357 o superiores a .38 milímetros, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos contempla penas de una multa entre mil 400 y 7 mil 300 pesos.

En consecuencia, tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, venden y compran armas de fuego, explosivos y accesorios con el beneficio de salir bajo caución, derivado de la falta de sanción.

Coincidirán, sus señorías, en que en un país ensangrentado y marcado por la violencia del crimen, son un despropósito estas sanciones.

La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría de ellos relacionadas con armas de fuego, enajenadas o adquiridas ilegalmente.

La falta de sanción merma la capacidad del Estado para perseguir los delitos y castigar criminales, haciendo más rentable para el crimen organizado y para la corrupción este negocio ilícito.

México es hoy un país armado, se estima que se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas de fuego, lo que nos hace el sexto país con más armas en manos de civiles.

De acuerdo con estudios, el 65 por ciento de estas armas ilegales está en manos del crimen organizado. Frente a este vasto universo de armas, en el 2015, entre enero y septiembre, únicamente hubo 180 casos registrados del delito de portación.

Lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa, no es limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal, esto es, no se están proponiendo nuevos delitos, únicamente darle eficacia y dar la sanción a los que ya existen.

La presente propuesta busca un control más efectivo de las armas. Por ejemplo, a quien fabrique, importe, acopie sin un fin lícito, instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, actualmente tiene una sanción de prisión de 3 meses a 3 años, y una multa de 180 a 360 días de multa y decomiso. Se debe de incrementar de 7 a 15 años, además de 300 a 500 unidades de medida y actualización, así como el decomiso.

En el caso de quien fabrique, venda, trafique o porte armas señaladas sin el permiso, la sanción actual es de 6 meses a 3 años de prisión y/o de 180 a 360 días de multa y decomiso.

La propuesta es que se apliquen de 7 a 15 años de prisión y 500 a 700 unidades de medida, así como el decomiso.

Además esta propuesta contiene los criterios más específicos para el otorgamiento de permisos, que en la actualidad son ambiguos e insuficientes.

La propuesta que ponemos a su consideración es pertinente, conveniente y armónica con el marco jurídico nacional.

Senadoras y Senadores:

Con su apoyo podemos dar un paso importante para la pacificación del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Fuentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

En México, el marco jurídico en que tutela la relación proveedor-consumidor, es la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ante un sistema económico de mercado y ante la potestad legislativa de proteger los derechos del consumidor, hoy proponemos el desarrollo de un Registro Público de Garantías. Garantizar es asumir un compromiso temporal por parte de un fabricante o vendedor por el cual se obliga a reparar algo vendido y que haya resultado averiado.

Existen en la actualidad al menos dos Normas Oficiales Mexicanas que establecen la emisión de garantías como una obligación del proveedor ante el consumidor al adquirir un producto.

El objeto del Registro Público de Garantías, es que cada proveedor que se encuentre obligado a emitir una garantía ante un consumidor, la registrará ante la Profeco, antes de su puesta en venta. Las condiciones de la garantía deben ser autorizadas previamente por la procuraduría referida.

El registro, como su nombre lo dice, será público y consultable vía internet para que el consumidor interesado en un producto pueda conocer las condiciones de garantía y servicio al cliente post-venta de un producto determinado. Esta práctica ya se lleva a cabo de forma voluntaria por parte de diversos proveedores, quienes en su portal cuentan con la exhibición de las condiciones de la garantía a disposición y consulta de los clientes, tanto actuales como futuros.

Así se espera un efecto positivo hacia el consumidor, quien tendrá a la mano una herramienta más para elegir entre la diversidad del producto que presenta el mercado; y por otro, hará a los proveedores más competitivos al presentar a los consumidores las condiciones de servicio post-venta, lo que en la práctica se traduce en beneficio al mercado.

Consumidores más y mejor informados, y proveedores, mejorando continuamente sus productos y servicios, llevan día a día al comercio a los estándares de calidad que queremos todas y todos los mexicanos. Ese es el propósito fundamental de esta iniciativa.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que estarán obligados a su cumplimiento los proveedores y los consumidores. Y todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

De acuerdo a la Real Academia Española “garantía” quiere decir Compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería.

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor cuenta con un capítulo específico de denominado “De Las Garantías.”

Que la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 referente a Etiquetado de Productos define en el numeral 4.6a garantía como: “Documento mediante el cual el productor o importador se compromete a respaldar el producto contra defectos de funcionamiento, de los materiales o de la mano de obra empleados en la fabricación del producto”. El campo de aplicación de dicha NOM es de acuerdo al numeral 2.1 es “todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional.”

Que por su parte existe la Norma Oficial NOM-024-SCFI-2013, referente a “Información Comercial para Empaques, Instructivos y Garantías de los Productos Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos.”

Que en las consideraciones establecidas en ambas normas señalan “Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor; en este sentido y considerando el proceso de transición a la televisión digital, se hace necesaria la emisión de la presente regulación a fin de establecer los elementos normativos y de información comercial que los oferentes de productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos deben cumplir, específicamente los aparatos receptores de televisión, ya que con ello se garantiza la certeza jurídica y la transparencia en la transacción digital de referencia”.

Hoy en día, el avance tecnológico permite a proveedores como consumidores la opción de proveer, obtener y consultar las garantías en línea.

El objeto de esta iniciativa es establecer un registro de garantías consultables en línea dentro del portal de la Procuraduría. Con esta acción los consumidores podrán contar con información clara y precisa sobre las características y condiciones de garantía previo a adquirir un producto, de forma rápida y sencilla, así como los centros de servicio, ubicación y contacto.

Esta acción no deslinda a los proveedores de la obligación establecida del artículo 77 la ley, de emitir una póliza de garantía por escrito en favor del adquiriente. Sino facilita al consumidor un nuevo medio de consulta de dicho documento.

La Procuraduría, por su parte se verá facilitada en su tarea de regulación al contar con un registro electrónico de garantías, en donde cada proveedor hará llegar las condiciones de la garantía a la Procuraduría quien en su registro otorgará un número de identificación electrónica que se establecerá en el producto o su etiquetado.

Esta reforma reducirá la necesidad de tareas de campo para la supervisión del cumplimiento de las normas por parte de la Procuraduría y transita hacia un esquema de autorregulación. En donde los proveedores harán llegar a la Procuraduría las condiciones a registrar.

Esta práctica ya se lleva a cabo de forma voluntaria por parte de diversos proveedores que en su portal cuentan con la exhibición de las condiciones de la garantía a disposición y consulta de los clientes tanto actuales como futuros.

En este orden de ideas, para registrar una garantía, deberá contar con la aprobación de la Procuraduría en sus términos y condiciones para proceder a ser registrada. Este procedimiento se asimila a la de la revisión y registro de contratos de adhesión.

Con esta acción se lleva a cabo la protección de los derechos del consumidor los cuales tienen un rango constitucional, por lo que, el legislador ordinario se encuentra facultado para emitir leyes que protejan el mandato del constituyente permanente. Esta afirmación tiene sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:

CONSUMIDOR. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN TIENE RANGO CONSTITUCIONAL.1

Tras la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional el derecho de protección al consumidor, y desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado, y al hecho de que existen derechos de los consumidores que, cuando son objeto de violación en masa o en grupo, adquieren mayor relevancia que lo que puedan representar las repetidas instancias de violación individual. En ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor da contenido al derecho social previsto en el artículo 28 constitucional, ya que en aquélla se atribuyeron a la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades que se consideraron necesarias para que la protección del derecho de los consumidores sea eficaz y se establecieron los mecanismos para realizar dicha protección.

De aprobarse esta iniciativa consideramos un efecto positivo al consumidor quien tendrá a la mano una herramienta más para elegir entre la diversidad del productos que presenta el mercado, y por otro, hará a los proveedores más competitivos al poner a los consumidores las condiciones de servicio postventa lo que en la práctica se traduce en beneficio al mercado.

Así proponemos, protección al consumidor por medio de la mejora de servicios. Es decir, no una protección estatal burocrática o procesal en la tutela de derechos en la relación consumidor-proveedor, sino que por medio de la publicidad de las condiciones de garantía el consumidor pueda tomarlas en consideración y llevarlo a tener una mejor elección de producto.

Por su parte, los proveedores al contar con consumidores más informados los llevará a mejorar las condiciones de servicio con el fin de captar clientes.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 77.- ….

…….

Se crea el Registro Público de Garantías. Los proveedores que emitan garantías de sus productos o servicios deberán de registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa aprobación, por parte de la Procuraduría, de las condiciones contenidas en la garantía.

El Registro deberá ser consultable vía internet a los consumidores en general.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Al año siguiente que entre en vigor esta disposición se incorporarán al Programa Nacional de Normalización las Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-SCFI-2013 y NOM-050-SCFI-2004 para su revisión y en su caso modificación.

ARTÍCULO TERCERO.- La Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Secretaría de Economía deberá contar con las previsiones presupuestales necesarias para la implementación del Registro Público de Garantías

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.


1 Tesis: 1a. XCVII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,Página: 1094 Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Registro: 2008636

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En materia de salud pública, nuestro país registra un gran reto, este reto es tan complejo como los que se suscitaron a principios del siglo pasado cuando las enfermedades, ahora prevenibles, cobraron miles de vidas.

El crecimiento demográfico y los comportamientos socioculturales han generado nuevos problemas de salud pública como las adicciones.

Las adicciones, que es el tema que nos ocupa en esta iniciativa, superan la esfera de la salud y afectan el núcleo familiar y tejido social.

Desafortunadamente este fenómeno tiene un alcance amplio, logrando permear en sectores vulnerables como es el caso de los niños y jóvenes, quienes representan casi el 50 por ciento de la población del país como lo señala el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014, revela que hay un creciente consumo de drogas entre los adolescentes estudiantes de secundaria y bachillerato. El 17.2 por ciento respondió que alguna vez ha consumido algún tipo de droga. Además, se constató a través de los estudios, que el 2.3 por ciento de los niños que cursaban entre 5º y 6º de primaria consumieron algún tipo de droga, lo que implica una estadística preocupante para la sociedad y el bienestar de futuras generaciones de mexicanos.

Estos datos muestran la vulnerabilidad en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes de nuestro país frente al tema de adicciones.

El caso específico de mi estado, Baja California Sur, no es la excepción. En mi entidad una gran parte de los problemas sociales van acompañados de las adicciones.

Aunque el gobierno del estado de Baja California Sur, de la mano con las instituciones educativas, han tomado acciones y brindado buenos resultados, desde el Senado de la República es mi responsabilidad apoyar con legislación a la altura de este reto, no sólo para las familias sudcalifornianas, sino para todas las familias de nuestro país.

Por ello, Senadoras y Senadores, planteo una reforma a la Ley General de Salud para garantizar los derechos que estos sectores de la población gozan de acuerdo a los Tratados Internacionales, a la Constitución de la República y a otras disposiciones legales.
El artículo 50, en su fracción XV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instruye que debe de existir una coordinación de las autoridades para que se establezcan medidas tendientes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones.

Esta legislación tiene origen en las obligaciones que México ha pactado en Tratados Internacionales relacionados con los derechos humanos, como la Convención de los Derechos del Niño.

Esta propuesta que pongo a consideración de esta Soberanía no sólo significa un refrendo a estas disposiciones, sino un avance en garantizar que el Estado protegerá la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

La política pública debe ir un paso adelante del problema de las adicciones. Debemos buscar tomar acciones para que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta etapa vulnerable de su vida, no caigan en las adicciones.

Colegas Senadores, demos juntos un paso firme para que nuestras niñas, niños y jóvenes vivan un ambiente sano y libre de adicciones.

Mandatar desde la Ley General de Salud que este sector poblacional tenga especial atención en las campañas de información y orientación para la prevención de los daños de salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de la farmacodependencia, será un gran avance para incidir en el abatimiento de esta enfermedad.

Protejamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Garanticemos que desde la ley tendrán un mejor futuro.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Senador de la República del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la lucha contra las adicciones, es eje central para esta soberanía fomentar los controles para su erradicación y combate, con especial presencia en los niños y adolescentes mexicanos, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante los efectos del consumo de sustancias dañinas que generan adicción.

Las adicciones en miles de mexicanos son un problema de salud pública, que lamentablemente cada día llega a las escuelas de niños y adolescentes, para lo cual es necesario reforzar su combate y prevención.

Resulta lamentable que varios tipos de droga se encuentren al alcance de niños y jóvenes, y por lo tanto, es potencialmente un problema de salud a corto, mediano y largo plazo por sus severos efectos secundarios.

Ante ello, la importancia de fortalecer el marco legal a efecto de fomentar la prevención y el combate contra las adicciones que golpea a la población mexicana, con especial atención a niños y jóvenes, sector que representan cerca del 50% de la población en el país, de acuerdo con el último Censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Respecto del sector mencionado, existen cifras que denotan un creciente consumo de drogas en menores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014, entre los adolescentes estudiantes de secundaria y bachillerato el 17.2% alguna vez ha consumido algún tipo de droga.

Otra cifra también alarmante, es el consumo de marihuana en niños de 12 años o menos, donde un 2.7% de esa población ha consumido alguna droga, indicador que aumentó a un 21.3% cuando cumplieron los 17 años de edad. Además de ello, se constató a través de este estudio que el 2.3% de niños que cursaban entre 5º y 6º año de primaria consumieron algún tipo de droga a nivel nacional, lo que implica una estadística preocupante para la sociedad y el bienestar de las generaciones venideras.

Las estadísticas muestran una problemática que debe ser atendida cuanto antes para evitar problemas mayores, sobre todo en el sector de la población constituido por niñas, niños y adolescentes. Por lo que se debe fortalecer el marco jurídico que promueva la atención específica a este sector dentro del Programa Nacional Contra la Farmacodependencia.

Ello con el fin de salvaguardar la integridad personal y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Cabe mencionar que estas acciones se encaminan a cumplir con las obligaciones que el Estado mexicano ha pactado a través de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención de los Derecho del Niño en su artículo 33 establece:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Por lo anterior, resulta indispensable fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha contra la erradicación, prevención y tratamiento de las adicciones a través de modificaciones en la ley que impulsen el diseño y aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en el sector integrado por niñas, niños y adolescentes para poder garantizar sus derechosa la salud física y mental y a un desarrollo libre de adicciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman la fracción I del artículo 191 y la fracción I del artículo 192 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 191.-

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes, con especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes.

II.

III.

Artículo 192.-…

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, con especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes; y

II.…

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Sánchez Navarro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Puede preguntarle al Senador Fernández Sánchez Navarro, si me permite firmar con él esa iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, ¿acepta usted la incorporación de la Senadora Calderón Hinojosa?

Ruego a la Secretaría tome nota de los Senadores que están solicitando incorporarse a la iniciativa del Senador Fernández Sánchez Navarro.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversos artículos del Reglamento del Senado de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

En efecto, vengo a presentar una iniciativa para reformar el Reglamento del Senado de la República, de tal manera que se pueda fortalecer el análisis y la discusión al interior de este recinto.

Si tanto de las iniciativas y todos los tratados internacionales, los nombramientos a los que de acuerdo a la Constitución estamos facultados, y una serie de funciones que tiene este Senado, pero lo que falta es un mecanismo, un procedimiento que vaya en dos vertientes: por un lado, de una amplia difusión, conocimiento y acercamiento con la ciudadanía, que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas y, por otro lado, que tome en cuenta la pluralidad, la diversidad de la representación política en este Senado de la República.

Nuestra iniciativa implementa un formato de comparecencias de los servidores públicos donde no basta que vengan y digan, o protesten, bajo palabra de decir verdad, sino que, en efecto, digan la verdad y haya un control para que de falsear sus declaraciones o de no fundamentar suficientemente sus dichos, sean llamados a cuenta por la propia ciudadanía y este Senado de la República.

De tal manera que se genere también un debate exhaustivo y objetivo acerca del análisis, diferentes análisis que se llevan a cabo en esta Cámara sobre, por ejemplo, el informe que cada año rinde el Ejecutivo Federal. Y a través de la Glosa del Informe se da una serie de rendición de cuentas que las más de las veces en los formatos que tenemos son tan laxos que permiten que los servidores públicos, prácticamente este Senado, les abra una plataforma de lucimiento y no vengan a rendir cuentas y a esclarecer las dudas que se hayan generado en la opinión pública.

Los nombramientos también que se realizan sobre determinados cargos públicos y que se encuentran sujetos a la aprobación y ratificación del Senado, deben de ser más exhaustivos. Aquí proponemos un procedimiento para que esto se lleve a cabo, así como todas las reuniones de trabajo en las comisiones del Senado.

Se establece un sistema para hacer más eficiente el trabajo y asegurar que los temas de las distintas agendas de los grupos parlamentarios y de las y los Senadores independientes, tengan carácter público y se sometan a un proceso de discusión más minucioso, abierto a la ciudadanía a través de foros, audiencias públicas obligatorias, que también garanticen la rendición de cuentas del Legislativo ante la ciudadanía.

Obliga a que las comisiones que integran este Senado se transparenten todas sus reuniones, todas sus juntas, sus entrevistas o encuentros que hayan tenido con cabilderos, con representantes de la sociedad civil, con servidores públicos de diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, y estén relacionados con temas de su competencia.
La ciudadanía y el resto del Senado tienen que estar informados de todos los acuerdos a los cuales se lleguen en este tipo de reuniones que normalmente son a puerta cerrada.

Que los servidores públicos que se llamen a rendir cuentas, vengan a eso y no a fomentar un presidencialismo exacerbado, no a que se les rinda pleitesía, sino a que verdaderamente rindan cuentas. El formato que estamos proponiendo en esta iniciativa así lo permite, así lo considera.

Las comisiones a veces se convierten en escenarios, en plataformas donde no vienen a rendir cuentas, sino vienen a repetir las mismas falsedades que preocupan en la opinión pública.

Esto se da porque en nuestro país ya hay un contexto donde se han formalizado distintos convenios, por ejemplo de que haya Parlamento abierto. Nuestro Congreso de la Unión firmó este Parlamento y por lo tanto todas sus decisiones deben ser conocidas, difundidas, consensuadas con la población, con los sectores correspondientes.

También se tiene que construir todo un sistema para la fiscalización y la real rendición de cuentas.

¿Qué queremos?

Pues un formato debidamente establecido en el Reglamento, que no esté sujeto a acuerdos de coyuntura; que no sean acuerdos cupulares de acuerdo a la ocasión o de acuerdo al compareciente los que se adopten en las comisiones, sino que sea un procedimiento claramente establecido en nuestro Reglamento el que se aplique, de acuerdo a si son comparecencias o si son reuniones de trabajo o si son nombramientos de servidores públicos.

Queremos reformar el artículo 93 de nuestra Constitución, muy en particular en el tema de comparecencias. Que se abra también para que vengan a comparecer los privados, siempre y cuando estos estén ejerciendo funciones del Estado, ya sea por el uso de recursos públicos o porque literalmente están sustituyendo funciones de brindar servicios públicos que corresponderían, en este caso, al Estado.

Nos referimos no sólo a los contratos de explotación de bienes públicos, llámese la minería, llámese la riqueza energética, etcétera, sino todo tipo de funciones cuando se firman contratos de asociaciones público-privadas, entre otras.

Las comisiones deben tener claramente establecido un formato donde comienza el Poder Legislativo, y la última palabra la tendrá siempre el Poder Legislativo en esta casa.

También la palabra deberá ser plural a todos los partidos que tengan participación; que las Senadoras y Senadores puedan intercambiar puntos de vista, de tal manera que se acabe con esos acuerdos cupulares estancos donde se prohíbe la palabra a unos y se exagera el uso de la palabra para otros.

En síntesis, el Poder Legislativo debe hacerse valer como eso, como un Poder del Estado, y el Senado no debe estar subordinado más que a la voluntad popular, más que al interés nacional y más que a la defensa de los intereses y los recursos públicos, sea éste el presupuesto federal o sean los recursos naturales o de la sociedad.

Lo dejamos a consideración. Esperamos que las comisiones correspondientes lo discutan.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Rojas Hernández.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para pedirle a la Senadora Dolores Padierna, si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta, Senadora Padierna Luna? Tome nota la Secretaría.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Justo hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero comenzar por agradecer a todos aquellos que se han acercado a nosotras las mujeres para felicitarnos, pero también quiero decirles, compañeras y compañeros, que desafortunadamente el Día Internacional de la Mujer no es un día de festejo, es un día para conmemorar, para traer a la mente la lucha que cientos de mujeres han dado para que el día de hoy podamos nosotras estar aquí en el Senado de la República; para que el día de hoy las mujeres podamos ocupar espacios de toma de decisión; para que el día de hoy las mujeres podamos gozar de derechos y muchas de esas mujeres han tenido que dar la vida en esa batalla.

Por eso, el 8 de marzo no es un día para festejarnos ni celebrarnos, ni felicitarnos, sino para reconocer que todavía tenemos mucho camino por andar y que en lugar de felicitarnos les pedimos a ustedes se levanten y se unan a esta lucha por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y en ese sentido vengo el día de hoy a presentar esta iniciativa que tiene como propósito garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial.

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos políticos tiene un largo recorrido, existen múltiples instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y diversos instrumentos internacionales.

A día de hoy, a nivel mundial, los compromisos para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de liderazgo no han sido cumplidos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instruye a los Estados a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país, y así garantizar la igualdad de condiciones con los hombres.

Sin embargo, en la actualidad sólo contamos con 14 mujeres Jefas de Estado, lo que representa el 9 por ciento del total de los países; 20.9 por ciento de congresistas en el mundo son mujeres; y sólo el 27 por ciento de jueces del mundo son mujeres.

En América Latina y El Caribe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público también muestra niveles bajos y transversales en las tres ramas de los poderes públicos.

Recientemente ONU Mujeres ha señalado que dentro del Llamado a la Acción, que a este ritmo se necesitarían 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo, más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre mujeres y hombres por el mismo trabajo realizado; y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. Por eso señalan que es necesario entrar en acción porque la hora de la igualdad sustantiva ha llegado.

En México el panorama no ha sido ajeno al contexto internacional, un Estado donde su ordenación y distribución de funciones recae en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la participación de las mujeres y su empoderamiento en ellos ha sido insuficiente y en condiciones desiguales frente al género masculino.

Desde que las mujeres mexicanas podemos ser electas hasta el día de hoy, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal; tampoco ninguna mujer ha podido presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo Tribunal de Justicia en México; y en el ámbito legislativo, tan sólo en una ocasión la mujer ha asumido la titularidad de la Presidencia del Senado.

En el Poder Judicial la participación de las mujeres en este espacio ha sido y es desequilibrada frente a los hombres.

A lo largo de 55 años, y hasta la fecha, solamente han podido acceder al máximo órgano de justicia de nuestro país diez mujeres.

Actualmente de los once miembros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan sólo dos mujeres, y ninguna de ellas ha presidido alguna de las salas que integran ese tribunal.

En lo que compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de un total de siete Magistrados que componen la Sala Superior, tan sólo una es mujer.

Y de las cinco Salas Regionales y la Sala Especializada en Materia Electoral, sólo cuatro son Magistradas de un total de 18 espacios en ese cargo; y sólo dos de ellas presiden alguna de las salas existentes.

Por cierto, justo ahora que estamos en el proceso de selección de Magistradas y Magistrados Electorales faltantes para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos en el Senado la oportunidad de revertir esos números en el Tribunal Electoral y hacer que más mujeres lleguen a ocupar cargos de Magistradas Electorales.

Y ya que estamos atrasados, espero que dentro de las discusiones, justamente de selección de Magistrados sea, entre otras cosas, porque estén pensando que queden más mujeres en ese órgano de representación.

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, de los siete Magistrados que integran ese órgano, sólo dos son mujeres.

Por otra parte, de un total de 395 Jueces Federales de Distrito, sólo 96 son mujeres.

En tanto que en la categoría de Magistrados de Circuito, de un total de 740, solamente 130 son mujeres.

Como podemos observar, el reconocimiento de la participación de las mujeres mexicanas en los espacios del Poder Judicial de nuestro país se ha caracterizado por ser un proceso lento y tardío que impide hasta hoy su plena participación política en condiciones de igualdad con los hombres.

La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades; una democracia paritaria exige tanto a mujeres como a hombres participar de manera equilibrada en todos los ámbitos de la sociedad porque supone una nueva cultura, un nuevo espacio y nuevas reglas de participación equitativa.

La paridad busca una mejor representación que refleje en mayor medida la pluralidad de las experiencias, visiones y preferencias de la sociedad.

No es una cuestión de que las mujeres representen a las mujeres, sino de dar a las mujeres las mismas posibilidades de influir en el destino común con los hombres, de lograr que la sociedad se reconozca en ellas como lo hacen con sus contrapartes masculinas.

Ante lo mencionado no podemos esperar otro siglo para lograr la paridad en los órganos que velan por la justicia de este país, y es necesario garantizar medidas legislativas que avancen a favor del empoderamiento de las mujeres en condiciones de igualdad y de manera paritaria entre los géneros.

Por ello esta iniciativa propone que en toda la estructura piramidal del Poder Judicial, se garantice la participación equilibrada de mujeres y hombres a través del principio de paridad de género, particularmente en los espacios más altos de su estructura.

Plantean que en la conformación de todos los tribunales y demás órganos que integran el Poder Judicial se garantice una integración paritaria entre los géneros tanto en sus plenos como en sus salas.

Establece que durante las elecciones a este cargo se garantice el principio de alternancia entre los géneros; propone eliminar el principio de la reelección en las presidencias con el objeto de que todos los Magistrados durante su mandato puedan acceder en igualdad de condiciones al cargo de Magistrado Presidente.

En suma, es una iniciativa que busca llevar a las mujeres que en el Poder Judicial han demostrado con experiencia y capacidad que tiene en todo para ocupar los más altos cargos de decisión en el Poder Judicial.

Esperamos que se sumen, pero que además, pronto se pueda hacer una realidad.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura de H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a la consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos tiene un largo recorrido, que trasciende las fronteras nacionales. Desde la Revolución Francesa, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones de igualdad con los varones para acceder al ámbito público. Sin embargo, en pleno siglo XXI vemos que lamentablemente los logros todavía han sido suficientes para que la mujer alcance un papel protagónico y auténticamente significativo en los diferentes ámbitos de la vida pública.
Si bien existen múltiples instrumentos internacionales que reconocen el derecho que las mujeres tienen a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna, tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y diversos Instrumentos Internacionales. Al día de hoy a nivel mundial los compromisos para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de liderazgo no han sido cumplidos.

A pesar de que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instruye a los Estados a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país y así garantizar la igualdad de condiciones con los hombres, lo cierto es que al día de hoy, ningún país ha alcanzado la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y la desigualdad entre mujeres y hombres continúa persistentemente.

En la actualidad solo contamos con 14 mujeres Jefas de Estado, lo que representa el 9% del total de países; 20.9% de congresistas en el mundo son mujeres; y, tan solo el 27% de jueces del mundo son mujeres1. En América Latina y el Caribe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público también muestra niveles bajos y transversales en las tres ramas de los poderes públicos. En promedio las mujeres integran únicamente el 23.8% de los gabinetes del Poder ejecutivo; el 27.7% de la composición de los parlamentos son mujeres; y, el 25.5% de los integrantes en la integración de las Cortes Supremas de Justicia en la región2.

Recientemente, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES) han señalado dentro del Llamado a la Acción que a este ritmo se necesitarán 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo; más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre mujeres y hombres por el mismo trabajo realizado; y, más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión.

2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PODERES PUBLICOS DE MÉXICO.

En México el panorama no ha sido ajeno al contexto internacional. Un Estado donde su ordenación y distribución de funciones recae en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La participación de las mujeres y empoderamiento en ellos ha sido insuficiente y en condiciones desiguales frente al género masculino.

Si bien, dentro de los derechos políticos de las mujeres mexicanas está el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas en nuestra legislación, en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación alguna, la realidad es que en México, en la práctica, aún no se ha alcanzado esa plena igualdad de condiciones, lo que sea ha traducido en una ausencia de liderazgos femeninos en los cargos más altos de toma de decisión en nuestro país.

Desde que las mujeres mexicanas podemos ser electas hasta al día de hoy, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo. Tampoco ninguna mujer ha podido presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de justicia en México y en el ámbito legislativo tan solo en una ocasión la mujer ha asumido la titularidad de la presidencia del Senado.
Cabe destacar que en más de 300 elecciones a gubernaturas estatales desde que la mujer tiene derecho a participar y con más de 1500 candidaturas, sólo 86 ocasiones algún partido ha postulado a una mujer y solamente en 7 de esas 253 elecciones han ganado una mujer una gubernatura. Actualmente, solo 1 mujeres es titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa de las 32 que conforman esta República.

A) Poder Ejecutivo Federal

En el caso del Poder Ejecutivo, el puesto más alto que han ejercido las mujeres en la Administración Pública Federal ha sido el de Secretarías de Estado; hasta 2012, sólo 23 mujeres ocuparon este cargo. En esta administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual ha asumido un discurso a favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres en la vida pública y política, tan solo han existido 3 mujeres Secretarias de Estado y una Procuradora General de la República, de un universo 17 Secretarías de Estado que acompañan al Poder Ejecutivo Federal.

B) Poder Legislativo Federal

En el ramo del Poder Legislativo donde la toma de decisiones recae en un sistema bicameral conformado por 500 Diputados y Diputadas, así como 128 Senadores y Senadoras, desde que María Lavalle Urbina se convirtió en la primera mujer electa como Senadora en México, es decir hace 52 años, tan solo han existido 274 mujeres Senadoras de las 1,280 veces que han podido acceder a este cargo. Por otro lado en la Cámara de Diputados desde 1952 y hasta el día de hoy solamente han existido 1,359 mujeres Diputadas de las 10,500 veces que han podido acceder a este cargo3.

En la más reciente Legislatura (LXIII Legislatura) del Congreso de la Unión existen 212 Diputadas Federales y 47 Senadoras, eso representa 42% y 36% respectivamente de ambas cámaras, si bien, esos porcentajes han venido creciendo lo cierto es que lo ha sido muy lentamente; hace 18 años eran 14% y 13% respectivamente; hace 12 años 16 y 15%; y hace seis años 21 y 23%. La tendencia es innegable, pero la velocidad insuficiente4.

C) Poder Judicial de la Federación

Por otra parte, en el Poder Judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral y sus respectivas Salas Regionales; los Tribunales Colegiados de Circuito; los Tribunales Unitarios de Circuito; los juzgados de distrito; el Consejo de la Judicatura Federal; el jurado federal de ciudadanos, y los Tribunales de los Estados. La participación de las mujeres en este espacio de Poder ha sido y es desequilibrada frente a los hombres. A lo largo de 59 años y hasta la fecha, solamente han podido acceder al máximo órgano de justicia de nuestro país 10 mujeres. Actualmente, de los 11 miembros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tan solo dos son mujeres y ninguna ellas ha presidido alguna de las Salas que integran este tribunal.

En lo que compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de un total de 7 magistrados que compone la Sala Superior tan sola 1 es mujer. Por otra parte, de las siete Salas Regionales y la Sala Regional Especializada en materia electoral solo 4 mujeres son magistradas de un total de 18 espacios en este cargo y solo 2 de ellas presiden alguna de las 7 salas existentes de este Tribunal.

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal de los 7 magistrados que integran este órgano, solo 2 magistradas son mujeres. Por otra parte de un total de 395 jueces federales de Distrito, solamente 96 son mujeres y los restantes 299 son hombres. En tanto que en la categoría de magistrados de Circuito, de un total de 740, son hombres 610 y solamente 130 son mujeres5.

Como podemos observar el reconocimiento de la participación de las mujeres mexicanas en los espacios de poder el país se ha caracterizado por ser un proceso lento y tardío que impide hasta hoy su plena participación política en condiciones de paridad con los hombres.

Las múltiples barreras y obstáculos existentes en el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios ejecutivos de poder, adopción de decisiones y cargos de representación política forman parte del sistema social de género que sustenta las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Atender este problema estructural requiere de la puesta en marcha de medidas y mecanismos concretos que aseguren la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos de adopción de decisiones, acorde con lo señalado desde la teoría de género.

3.- PARIDAD DE GÉNERO

La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. La necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad.

Una democracia paritaria exige tanto a mujeres como a hombres participar de manera equilibrada en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que supone una nueva cultura, un nuevo espacio y nuevas reglas de participación equitativa.

Una sociedad integrada en partes iguales por mujeres y hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en la funciones decisorias de la política esa condición previa del disfrute pleno de la igualdad ciudadana, en donde la participación equivalente de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático un principio.

Fue en la Primera Cumbre Europea “Mujeres al Poder”, celebrada en Atenas, Grecia, donde las ministras y ex ministras europeas emitieron la Declaración de Atenas, en la que señalaron que la igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano, y que la democracia exige paridad en la representación y administración de las naciones.

Asimismo, la Convención de Quito reconoce que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

De esta forma, en la XI Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, o Consenso de Brasilia instó a las autoridades y gobiernos de la región a fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. Para ello, recomendó promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cambios de ámbito legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, con el objetivo de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe.

La paridad más bien busca una mejor representación que refleje en mayor medida la pluralidad de las experiencias, visiones y preferencias de la sociedad, no es una es una cuestión de que las mujeres representen a las mujeres, sino de dar a las mujeres tantas posibilidades de influir en el destino común como a los hombres, de lograr que la sociedad se reconozca en ellas como lo hace con sus contrapartes masculinas.

En nuestro país, el principio de Paridad de Género llego con la reforma político-electoral (promulgada el 31 de enero de 2014), el cual lo elevo a rango constitucional el en la integración de candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales. La reforma establece en el artículo 41° Constitucional que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales".

Sin duda, lo anterior constituyó un avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática. Esta Paridad Electoral llevó a que las mujeres tengamos mayor poder de decisión en los partidos políticos y que se tomen decisiones más compartidas en cuestiones vinculadas con toda la población.

Sin embargo, el camino de la integración paritaria no ha llegado a todos los poderes públicos de nuestro país, al día de hoy vemos que las mujeres que son partícipes en otros poderes, como el Poder Judicial de la Federación, siguen teniendo una limitada participación en los niveles decisorios más altos y una desigualdad de condiciones para acceder a ellos.

Cabe destacar que nuestro país ha suscrito múltiples instrumentos internacionales relacionados con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido para avanzar en materia de igualdad de género múltiples compromisos irreductibles en materia de igualdad de género como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011).

Asimismo, la actual administración ha asumido un compromiso para promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones en ámbito judicial a través del PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, particularmente la acción 1.3.5 que tiene como propósito impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el Poder Judicial.

Ante lo antes mencionado, no podemos esperar otro siglo para lograr la paridad en los órganos que velan por la justicia de este país y es necesario garantizar medidas legislativas que avancen a favor del empoderamiento de las mujeres en condiciones de igualdad y de manera paritaria entre los géneros.

4.-PROPUESTA DE INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como principal propósito garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial de la Federación. Para ello se propone que en toda la estructura piramidal este Poder, se garantice la participación equilibrada de mujeres y hombres, a través del principio de paridad de género, particularmente en los espacios más altos de su estructura.

De tal forma, que esta iniciativa plantea que en la conformación de todos los Tribunales y demás órganos que integran el Poder Judicial, se garantice una integración paritaria entre los géneros en sus plenos y salas. Asimismo, esta propuesta busca garantizar un mayor acceso a la mujeres en las presidencias de salas y plenos de tribunales, así como la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y sus órganos respectivos, por lo que se establece que durante las elecciones a este cargo se garantice el principio de alternancia entre los géneros.

En el caso de las Salas Regionales y la Sala Especializada del Tribunal Electoral, integradas por tres magistrados, eliminamos el principio de relección en las presidencias, con el objeto de que todos los magistrados durante su mandato puedan acceder en igualdad de condiciones al cargo de magistrado presidente.

Adicionalmente, establecemos que el Consejo de la Judicatura Federal en las determinaciones que realice respecto al número total y especialización de los plenos de circuito, las realice garantizando una conformación paritaria entre los géneros dentro de la totalidad de plenos de circuito que determine. De igual forma establecemos que dentro de sus atribuciones como órgano encargado de expedir reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, así como las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascenso y promociones por escalafón se realicen observando en todo momento la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres.

En lo que refiere este ordenamiento al sistema de la Carrera Judicial proponemos adicionar que este sistema se guie bajo los principios de igualdad de condiciones y paridad de género dentro del ingreso y promoción de las y los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial y que el Consejo de la Judicatura establezca un modelo de ingreso, promoción y desarrollo de la actividad jurisdiccional de los tribunales con paridad de género, tal y como lo hizo en días pasados el Tribunal Electoral de la Federación con el “Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Finalmente, la presente iniciativa establece un régimen transitorio donde se plantean diversas acciones afirmativas, a fin de garantizar un pleno acceso a las mujeres durante los próximos procesos de selección a cargos de ministros, magistrados y jueces. Con lo anterior se logrará que los órganos de este Poder estén equilibrados más rápidamente y logremos una mayor inclusión de las mujeres en los puestos de liderazgo del Poder Judicial.

Cabe destacar que esta iniciativa responde a los múltiples instrumentos internacionales que México ha suscrito relacionados con la no discriminación contra las mujeres y a los compromisos irreductibles que ha asumido para avanzar en materia de igualdad de género y se enmarca en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, particularmente en la estrategia 1.3, la cual refiere a Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones, esta estrategia plantea la acción 1.3.5 que tiene como propósito impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el Poder Judicial.

Además de lo antes mencionado, la iniciativa responde a las recomendaciones que ha realizado el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEPAW), particularmente en la recomendación general número 23° en donde pone de manifiesto que la mujer está excluida del desempeño de altos cargos en el gobierno, la administración pública, la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces se nombra a mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de influencia. Por lo que los estados parte deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Convencida de que mayores liderazgos de mujeres en la vida pública de nuestro país ayuda a construir una mayor democracia y un mayor desarrollo en la vida social, económica, cultural y política de México; así como de que la paridad llegó para quedarse y que este es el camino para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el desarrollo de nuestras sociedades, pongo a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los artículos 2, 12, 15, 23, 33, 41 bis, 69, 81, 84, 86, 93 y 105; se adiciona un artículo y se recorre el actual contenido del artículo 106; y, se modifican los artículos 107, 109, 113, 115, 187, 190, 192 y 196 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros, se integrará de manera paritaria entre los géneros y funcionará en Pleno o en Salas. Quien presida la Suprema Corte de Justicia no integrará Sala.

Artículo 12. Cada dos años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán de entre ello, garantizando la alternancia entre los géneros, a la persona que deba fungir como su presidente, la cual no podrá ser reelecta para el período inmediato posterior. Los procesos de elección se llevaran a cabo en la primera sesión del año que corresponda.

Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros observando una integración paritaria entre los géneros, bastando la presencia de cuatro para funcionar.

Artículo 23. Cada dos años los miembros de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta, ni ser del mismo género para el período inmediato posterior.

Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados, en donde al menos uno de ellos será de diferente género, un secretario de acuerdos, así como del número o de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto respetando la integración paritaria entre los géneros.

Artículo 41 Bis.- Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo que en la integración se garantice principio de paridad entre los géneros y a las circunstancias particulares de cada circuito judicial.

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se integrará, de manera paritaria entre los géneros, por siete consejeros en los términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en Pleno o a través de comisiones.

Artículo 77.-…

Cada comisión se formará por tres miembros, en donde al menos uno de ellos será de diferente género: uno de entre los provenientes del Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado

Artículo 81. -…

II.- Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación en igualdad de condiciones entre géneros, así como todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascenso y promociones por escalafón, garantizando en todo momento la igualdad de condiciones entre los géneros, así como la remoción del personal administrativo de los tribunales de circuito y juzgados de distrito.

Artículo 84.-Cada una de las Comisiones designará de manera paritaria entre los géneros a los secretarios técnicos y personal subalterno que fije el presupuesto.

Artículo 86.- El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretariado ejecutivo, el cual no excederá tres integrantes de un mismo género, y se integrará cuando menos de la siguiente forma:

Artículo 93.- El Instituto de la Judicatura tendrá un Comité Académico que presidirá su director y estará integrando de manera paritaria entre los géneros, por ocho miembros designados por el Consejo de la Judicatura Federal para ejercer por un periodo no menor de dos años ni mayor de cuatro, de entre personas con reconocida experiencia profesional o académica.

Artículo 105.- El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presidente Titulo, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, indecencia, igualdad de oportunidades, paridad de género y antigüedad, en su caso.

Artículo 106.- En el desarrollo de los esquemas de capacitación y evaluación para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial se debe reconocer la necesidad de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual, se otorgarán licencias, horarios escalonados, mecanismos amplios o incluyentes de convocatoria, o algunas otras medidas positivas que permitan a las mujeres, y particularmente, a las que sean madres, así como a hombres que ejerzan labores de cuidado, contender en igualdad de circunstancias.

Articulo 108.- Para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar con experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Los secretarios y actuarios de los tribunales de circuito serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de carrera judicial privilegiando en todo momento la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 110. Los secretarios de juzgado deberán contar con una experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el de la edad mínima.

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Los secretarios y actuarios de los juzgados de distrito serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial privilegiando en todo momento la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 114.- Las designaciones que deban hacerse en las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En los concursos internos de oposición para la plaza de magistrados de circuito, se emitirá una convocatoria la cual garantice una integración paritaria entre los géneros dentro de los tribunales y únicamente podrán participar las y los jueces de distrito, así como las y los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral. Para los concursos de plaza de juez de distrito, quienes se encuentren en las categorías señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de esta ley.

Artículo 116. La celebración y organización de los exámenes de aptitud para las categorías a que se refieren las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley, estarán a cargo del Instituto de la Judicatura en términos de las bases que determine el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo que disponen esta ley y el reglamento respectivo.

Para la aplicación de exámenes de aptitud, el Instituto de la Judicatura deberá privilegiar que la fijación de la sedes genere igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres.

Los exámenes de aptitud se realizarán a petición del titular del órgano que deba llevar a cabo la correspondiente designación, debiendo preferir a quienes, se encuentren en las categorías inmediatas inferiores, garantizando que se genere igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres. Igualmente podrán solicitar que se practique un examen de aptitud, las personas interesadas en ingresar a las categorías señaladas en el primer párrafo de este artículo, quienes de aprobarlo serán consideradas en la lista que deba integrar el Consejo de la Judicatura Federal, para ser tomados en cuenta en caso de presentarse una vacante en alguna de las categorías contempladas en las propias fracciones III a X del artículo 110.

Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales de manera paritaria entre los géneros y tendrá su sede en el Distrito Federal. Bastará la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes.

Artículo 190.- Los Magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su Presidente, quien lo será también del Tribunal, por un período de cuatro años, y no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. En los procesos de elección los Magistrados garantizarán la alternancia entre los géneros.

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, no excediendo tres integrantes de un mismo género, cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal.

Artículo 196.- Los Magistrados de cada Sala Regional elegirán de entre ellos a su Presidente, quien durará en su cargo tres años, no pudiendo ser reelecto.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Los Congresos Locales de las entidades federativas realizarán las adecuaciones necesarias al marco jurídico correspondiente, dentro de los naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. A partir de que entre en vigencia el presente Decreto y con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en la composición del pleno de la Suprema corte de Justicia, el Presidente de la República enviara al Senado de la República ternas integradas exclusivamente por mujeres durante los cuatro procesos de renovación inmediatos.

Quinto. A partir de que entre en vigencia el presente Decreto y con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en la integración del pleno de Sala superior del Tribunal Electoral de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enviará al Senado de la Republica propuestas integradas exclusivas por mujeres durante los tres procesos de renovación inmediatos.

Sexto. A partir de que entre en vigencia el presente Decreto y con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en la integración del pleno de cada una de las Salas Regionales y la Sala Especializada del Tribunal Electoral de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá enviar al Senado de la República ternas integradas exclusivamente por mujeres durante los dos procesos de renovación inmediatos.

Séptimo. A partir de que entre en vigencia el presente decreto y con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en la integración del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, El Presidente de la República y el Senado de la República designaran conforme a sus procedimientos a tres mujeres durante el proceso de renovación inmediato.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la Sesión Plenaria del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP). Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México (7 de Octubre de 2015).

2 Datos tomados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Cámara de Diputados (2012).

3 Las mujeres y el poder en México, Roy Campos (El Economista, 3 de Noviembre de 2014).

4 Sólo 5% de mujeres que laboran en el PJF son juezas, magistradas o ministras, Fernando Ramírez de Aguilar (El Financiero, 20.05.2014).

5 El silencio que habla “Democracia, paridad y género”, Lucero Saldaña (2015).

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de visitantes de Medio Oriente y del Norte de África, que han sido invitados por esta Presidencia, y vienen acompañados por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales con sede en la Ciudad de México.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora, si me puedo sumar a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Senadora Tagle Martínez acepta la incorporación, y por favor tome nota la Secretaría de la suscripción de la Senadora Dolores Padierna Luna.

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy cuenta de los dictámenes.

Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyectos de Decreto:

Por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. Este dictamen se acompaña del voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo)







 

Y por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

1. En sesión ordinaria del 19 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentó la iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1065 turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo del día 3 de marzo de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada iniciativa, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), para ello, se propone reformar el artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, se plantea la autorización al gobierno Federal, por conducto del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América. Esto con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Ejecutivo Federal en su iniciativa, hace referencia a los organismos financieros internacionales como un referente clave de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el desarrollo.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), parte integrante del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), se constituyó el 19 de noviembre de 1984, con el objetivo de promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo, mediante el estímulo al establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y mediana escala; complementando las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es por ello, que el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 1986.

Posteriormente, el Ejecutivo Federal refiere en su iniciativa, que el 1 de junio de 2001 se publicó en el DOF el Decreto por el que se autoriza al Gobierno Federal realice la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o partes sociales del organismo a que se refiere el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, por un monto de treinta y cinco millones veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Al 2013 la Corporación Interamericana de Inversiones culminó con 71 operaciones aprobadas por un total de 415.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. Particularmente, para el caso de México, la CII comprometió financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América que se han destinado al apoyo de 9 empresas de los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. De manera complementaria, la Corporación Interamericana de Inversiones aprobó un préstamo de hasta 400 millones de pesos a un banco de nicho mexicano especializados en microfinanzas, para otorgar alrededor de 400,000 préstamos a microempresarios en zonas rurales del país. Bajo el esquema de canalizar recursos a las pequeñas y medianas empresas, México ha sido apoyado por el CII en más de 100 subproyectos.

Con motivo de las presiones presupuestales y las medidas de austeridad anunciadas por los Estados Unidos de América en febrero de 2012, éste resultó imposibilitado de pagar 1,581 acciones del paquete accionario que la Asamblea de Gobernadores de la CII le había autorizado incrementar en el año de 1999. En octubre de 2012, el Presidente de la Asamblea de Gobernadores informó a sus miembros el monto de acciones disponibles, a fin de realizar una oferta para suscribir dichas acciones. A México se le ofrecieron 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, mismos que debieron ser cubiertos antes del 1 de marzo de 2015; de conformidad con las condiciones establecidas en la resolución del Directorio Ejecutivo CII/DE-55/08, y sus modificaciones contenidas en la Resolución CII/DE-48/12 de conformidad con la oferta para la suscripción de las acciones disponibles realizada por la CII al Gobierno de México; esto mediante escrito de fecha 15 de enero de 2013.

El Ejecutivo Federal destaca que con el Aumento General de Recursos aprobado en 1999, el poder de voto relativo entre los países miembros permaneció inalterado; sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron disponibles y que fueron ofrecidas en octubre de 2012, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementará. En el caso de México pasará de 7.22% a 7.38%.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo Federal estima que con la propuesta de incremento del número de acciones para México en el CII, incrementará la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales; así como lo fortalecerá en la región de América Latina y el Caribe.

De igual forma, el Ejecutivo Federal plantea que para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales (tales como la Corporación Interamericana de Inversiones), con los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación del Congreso Federal de negociaciones diplomáticas y tratados con las potencias extranjeras; resulta necesario reformar el artículo 9o. del Decreto en mención, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultamos competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA.- Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que el presente Instrumento promueve el desarrollo económico de México como miembro de organismos financieros internacionales, para este caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), dado que estimula el espíritu del emprendimiento, a través del establecimiento- ampliación- modernización de empresas privadas (principalmente de pequeña y mediana escala).

TERCERA.-Resulta pertinente mencionar que nuestro país ha tenido una participación activa en la Corporación Interamericana de Inversiones, al ser uno de sus principales accionistas, así como de los principales receptores de su asistencia técnica y beneficiarios de financiamiento.

La CII culminó 2013 con 71 operaciones aprobadas, por un total de 415.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. En tanto que para México, la Corporación Interamericana de Inversiones otorgó financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América, destinados a apoyar a 9 empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. Además de que, recientemente, la CII aprobó un préstamo de hasta 400 millones de pesos a un banco mexicano especializado en las microfinanzas, que busca otorgar alrededor de 400,000 préstamos a microempresarios en zonas rurales del país.

CUARTA.-Estas Comisiones Unidas concebimos adecuada la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en el incremento de capital de la Corporación Financiera Internacional. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, en virtud de la reciente crisis económica global de 2009 y del reconocimiento del estatus de las economías emergentes, como la mexicana, como motores del crecimiento mundial.

De igual manera, es relevante destacar que la CII promueve el acceso al financiamiento para microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia que fortalezcan la competitividad, y como organismo financiero internacional funje como una fuente de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el desarrollo.

QUINTA.- Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia el incremento de la participación y presencia de México en el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, a través de la suscripción de 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América; en virtud de que es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

Asimismo, la participación de México en la Corporación Interamericana de Inversiones es acorde a las acciones de impulso al desarrollo económico, propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

SEXTA.- Estas Comisiones Dictaminadoras referimos que el fortalecimiento de la Corporación Interamericana de Inversiones, a través de la suscripción de acciones, cobra una gran relevancia para México ya que con ello se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo a través del apoyo al sector privado, que es reconocido como el sector clave para lograr la prosperidad compartida y avanzar en la eliminación de la pobreza extrema.

SÉPTIMA.- Al participar en la suscripción de acciones de la Corporación se fortalecerá la participación porcentual de México en el poder de voto de los países de 7.22% a 7.38%. Asimismo, México se mantendrá como uno de sus principales accionistas además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que otorga la Corporación Interamericana de Inversiones.

OCTAVA.- De manera complementaria, estas Comisiones Unidas destacamos la necesidad de armonizar el Decreto que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. En tal virtud, consideramos no sólo conveniente, sino necesario, reformar el artículo 9o. del Decreto de mérito, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, requerirán la aprobación exclusiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

NOVENA.-Estas Comisiones Dictaminadoras concluimos que la presente reforma al Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, fortalecerá la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe. A la par que garantizará la potestad exclusiva del Senado de la República para aprobar las modificaciones y enmiendas que se hagan al presente instrumento jurídico internacional de que se trata.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, para quedar como sigue:

“Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 207 acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones, hasta por el equivalente a 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO anterior.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, para visitar diversos puertos como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-México, en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica, y en festival náutico de “Brest 2016”, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DEL BUQUE ESCUELA ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01), PARA VISITAR DIVERSOS PUERTOS COMO PARTE DEL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “IBERO ATLÁNTICO 2016”, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO, EN LA REGATA “THE TALL SHIP RACES 2016” EN AMBERES, BÉLGICA, Y EN EL FESTIVAL NÁUTICO DE “BREST 2016”, EN BREST, FRANCIA, DEL 12 DE MARZO AL 3 DE OCTUBRE DE 2016

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el dictamen al que se ha hecho referencia se le dispense la segunda y se ponga de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está abierto el registro de oradores. Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del buque escuela ARM “Cuauhtémoc” para visitar diversos puertos como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-México, en la regata “The Tall Ship Races 2016”, en Amberes, Bélgica, y en el festival náutico “Brest 2016”, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos conducentes.





 

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia y Colón, Panamá; y ARM “Sonora” a los puertos de Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa; y San Diego, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 2016 y el 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS BUQUES ARM “HUASTECO” (AMP 01) A LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y VERACRUZ, VERACRUZ; LA HABANA, CUBA; CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA Y COLÓN, PANAMÁ; Y ARM “SONORA” (PO 152) A LOS PUERTOS DE ACAPULCO, GUERRERO, PUERTO VALLARTA, JALISCO; ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; MAZATLÁN, SINALOA Y SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRÁCTICA DEL 14 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016 Y DEL 28 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2016, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se le dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para fundamentar los dictámenes en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En representación de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, y en cumplimiento con lo establecido en la fracción III del artículo 76 constitucional, presento ante esta Soberanía cuatro dictámenes por los cuales se autoriza al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de elementos de la Armada de México para participar en diversos cruceros de instrucción y ejercicios navales.

El primero de los dictámenes se refiere a la autorización que el Ejecutivo Federal somete a la consideración de esta Soberanía para la salida del buque escuela ARM “Cuauhtémoc”, que recientemente votamos como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-México en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica y en el festival náutico de “Brest 2016”, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre 2016.

Para este ejercicio, la Marina contempla disponer de 163 elementos entre capitanes, oficiales, clases y marinería, así como 85 cadetes de cuarto año de la carrera del cuerpo general de la Heroica Escuela Naval Militar.

De acuerdo con los datos que ofrece la Secretaría de Marina, el costo del crucero será de 35 millones 969 mil 395 pesos.

El segundo de los dictámenes, es para autorizar la salida de los buques ARM “Huasteco”, a los puertos de La Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia; y Colón, Panamá; y el buque ARM “Sonora” al puerto de San Diego, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 2016 y del 28 de junio al 22 de julio de 2016 respectivamente.

El dictamen propone que a bordo del ARM “Huasteco”, AMP 01, se permita la salida de 64 elementos de dotación, 90 cadetes masculinos y 17 femeninos; 14 elementos de personal directivo y de apoyo de la Heroica Escuela Naval Militar y 3 elementos de Infantería de Marina, como fuerza de reacción.

Asimismo, se propone en este dictamen que la salida del buque ARM “Sonora”, PO 152, se realice con 74 elementos de dotación, 26 cadetes masculinos y 18 femeninos y 10 elementos de personal directivo y de apoyo de la Escuela Médico Naval Militar.
Estos ejercicios tienen como propósito que los efectivos pongan en práctica los conocimientos adquiridos y compenetrarlos en el ámbito marítimo real, adquiriendo la experiencia práctica en las áreas de máquinas, navegación de estima, costera y astronómica, comunicaciones y conocimientos marineros generales de una unidad de superficie.

El costo del viaje tendrá un valor de 1 millón 39 mil 52 pesos.

El siguiente dictamen propone que se autorice la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el ejercicio multinacional “Cuenca del Pacífico”, que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016, en dos áreas de operaciones de los Estados Unidos de América; una en las inmediaciones de las Islas de Hawái y la otra en el sureste de California.

Éste es el ejercicio naval más grande del mundo, cuyo fin es fortalecer la interoperabilidad entre las unidades armadas participantes mediante la aplicación de procedimientos operativos estandarizados, así como construir capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales.

Se propone que la Armada de México disponga para tal efecto de 134 elementos de la Compañía de Infantería de Marina y 20 elementos del equipo de Fuerzas Especiales.

El costo del ejercicio se calcula que llegue a los 2 millones 650 mil 32 pesos.

El último de los dictámenes propone autorizar al Ejecutivo Federal para la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2016”, del 16 al 30 de junio de este año.

Mediante este permiso que contempla la participación de 120 efectivos, la Armada de México pretende fortalecer el desarrollo de nuestra fuerza naval, permitiendo con ello incrementar su nivel de capacitación y adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos, actualizar la doctrina naval operativa para las fuerzas operacionales multinacionales y exponer a las demás fuerzas armadas participantes las capacidades operativas de nuestras unidades, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad regional en El Caribe y los lazos de amistad con las referidas armadas, dando proyección de nuestro país ante la comunidad internacional.

Compañeros Senadores, de acuerdo con las comisiones dictaminadoras, los cuatro asuntos que hoy discutimos se propone sean aprobados, ya que se trata de cruceros y ejercicios navales que ya cuentan con antecedentes favorables para poder determinar que los objetivos de capacitación y adiestramiento que se proponen serán útiles y no implican riesgo alguno para la seguridad de nuestro país.

Quiero reconocer la participación de la Secretaría de Marina para el procesamiento efectivo de estos dictámenes, tanto para trabajar de manera conjunta con las comisiones dictaminadoras, así como para cumplir estrictamente el mandato constitucional establecido en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, remitiendo oportunamente dichas autorizaciones presidenciales a este Senado de la República.

Recordemos que este paquete de dictámenes forman parte de la relevante facultad constitucional que en el Senado de la República tenemos para autorizar al Presidente de la República para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país; facultad que hoy ejercemos y que vigoriza el espíritu constitucional que motivó la existencia de un mecanismo de control parlamentario a cargo del Senado para poder revisar las causas y sus fines, para los cuales se pretende autorizar la salida de nuestras Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional, lo cual dota a estas expediciones, no solamente del elemento técnico e institucional propio de las Fuerzas Armadas, sino además, de un respaldo democrático gracias a la aprobación que desde este órgano legislativo estamos emitiendo.

Es cuánto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

¿Alguna otra intervención?

Al no haber otros oradores inscritos, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia; y Colón, Panamá; y el ARM “Sonora” a los puertos de Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa; y San Diego, California, Estados Unidos de América, a efecto de que realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 2016 y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos conducentes.





 

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional “Cuenca del Pacífico”, que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO PARA QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “CUENCA DEL PACÍFICO” (RIMPAC-2016), QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2016, EN DOS ÁREAS DE OPERACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se le dispense la segunda lectura al dictamen para que se someta de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión se desahogará en lo general y en lo particular en un solo acto.

En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a los que refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional “Cuenca del Pacífico”, que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016, en dos áreas de operaciones de los Estados Unidos de América. Se remite al Ejecutivo Federal.





 

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México, a fin de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se llevará a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de Jamaica.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “TRADEWINDS 2016”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016, EN LAS COSTAS DE JAMAICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se le dispense la segunda lectura a este dictamen y se someta de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen consta de un solo artículo, por lo que la discusión en lo general y en lo particular se hará en un solo acto.

En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema  electrónico, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México, a fin de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se llevará a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de Jamaica. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos conducentes.

Honorable Asamblea, informo que a petición de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se retiraron de la agenda del día los dictámenes sobre puntos de Acuerdo.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal celebre diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el Senador Jesús Casillas Romero ha entregado a esta Presidencia el texto de su intervención. Insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra.

El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De la misma manera, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez entregó el texto de su intervención, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias. Señoras y señores Senadores:

Celebro que la Comisión de Relaciones Exteriores esté emitiendo este dictamen del punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Hubiera sido importante también que en este dictamen hubiesen tomado en consideración otras propuestas en el mismo sentido de otras Senadoras y Senadores, para aprovechar y que hubiera un dictamen que integrara a todas y a todos los que hemos propuesto algún punto de Acuerdo relacionado con estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Tomando en consideración que ha sido una preocupación nuestra lograr que en términos del artículo 76 de la Constitución, en su fracción I, párrafo segundo, como se establece, es facultad del Senado de la República aprobar los tratados internacionales, que por cierto va acorde con el artículo 89 de la Constitución, fracción X, respecto de que es facultad del Presidente de la República celebrar tratados, pero después de la celebración efectivamente tienen que enviarse al Senado de la República, puesto que en esta Cámara es nuestra facultad aprobar los tratados internacionales.

Hay una ruta que efectivamente tiene que lograr, concretarse, de que el Presidente de la República nos mande estos tratados internacionales para que sea el Senado finalmente quien los apruebe o les haga alguna enmienda.

Entonces, me parece importante que este tema que tiene que ver con los derechos laborales que, en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, como debemos recordar, tiene configurada su organización desde 1919, ha prevalecido en todo el proceso de integración de las naciones hasta que finalmente en 1945, que se celebra la Carta de las Naciones Unidas.

En esta nueva Organización de las Naciones Unidas se distingue a la Organización Internacional del Trabajo como una de las instancias preponderantes de las Naciones Unidas que se ha dedicado durante todos estos años, precisamente, al diseño de distintos tratados internacionales para lograr distinguir, visibilizar los derechos laborales diversos de mujeres y hombres en distintas temáticas y, por supuesto, también la prohibición de ciertos trabajos que pueden resultar inscritos en diversas formas de esclavitud o la prohibición del trabajo en personas menores de edad.

En este resolutivo, por lo que acabo de decir de lo que establece la Constitución, tengo algunas observaciones respecto cómo lo resuelven; es decir, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando no es la que tiene la facultad, para que realice las gestiones necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal celebre los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la OIT y se remitan a esta Soberanía.

Yo hubiese pensado que lo conducente es que, en vista de que ya han sido celebrados por el Poder Ejecutivo, hay que recordar que México permanentemente está en los ámbitos internacionales discutiendo estos temas, tiene un papel muy dedicado a la discusión de todos estos tratados, de todos estos convenios; y entonces, me parecería que lo lógico es que el punto de Acuerdo hubiese establecido exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que mande al Senado de la República estos convenios para que sean aprobados.

Pero en fin, yo lo celebro de todas maneras, es un avance importante que se haga este punto de Acuerdo en vista de que luego tenemos resistencia para lograr que los tratados que faltan de aprobarse por parte del Senado de la República y que tienen, necesariamente, como repito, pasar por el titular del Ejecutivo Federal, sean enviados al Senado para su aprobación.

Ahora bien, quiero terminar enfatizando la importancia que, sobre todo, el Convenio C189 de la Organización Internacional del Trabajo ya se envíe al Senado de la República, son muchos años, son muchas discusiones en el ámbito del gabinete para ver si es pertinente o no, desde el punto de vista económico, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, si se aprueba este tratado o no.

No es posible que sigamos deteniendo un tratado tan importante en función de lo que el IMSS nos diga, se trata del reconocimiento de millones de personas que se encuentran muchas de ellas en situaciones de esclavitud, de trata de personas, en una gran discrecionalidad. Estos grupos sufren una gran discriminación y la única manera de evitar que esta discriminación siga prevaleciendo es dotándoles, como es su derecho, del reconocimiento de todos sus derechos laborales.

De tal manera que celebro que hoy estemos discutiendo este punto de Acuerdo; y particularmente hago énfasis en la importancia, en la necesidad, de que el C189 sea enviado al Senado de la República.

Ojalá que con el nuevo director del IMSS ya se quiten las trabas; y señalo que es el IMSS, porque no es ninguna otra dependencia del gobierno federal, es el IMSS, lo digo de manera textual, el IMSS, así es como enfrentan todos los días quienes están pugnando porque se reconozcan estos derechos de las y los trabajadores del hogar.

Yo creo que ya es necesario que asumamos esta responsabilidad para, insisto, dotarles del reconocimiento de sus derechos plenos de todas estas mujeres que hoy trabajan en la indefensión.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República.

Este día y este año son fundamentales en el camino de las mujeres a los derechos plenos porque hace 100 años tuvo lugar en nuestro país el primer congreso feminista, en él nuestras mayores lucharon porque tuviéramos igualdad de derechos políticos.

Pero el día también es especial, porque se conmemora el que fuera originalmente el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo conmemora luchas laborables, conmemora episodios trágicos, pero también representa el marco en el que comenzó a demandarse el sufragio realmente universal para todos y también para todas las ciudadanas.

Estos hechos ya tienen un siglo y más, por eso, conmemoramos la persistencia de las luchas; por eso, este día debe servirnos para tomar nuevos bríos en el recorrido hacia una autonomía efectiva.

Es así, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que discutimos este dictamen; en ese sentido tenemos que seguir la lucha por quienes están más marginadas, entre ellas, uno de esos sectores son las trabajadoras del hogar.

Generalizo en femenino porque se trata de una situación mayoritariamente femenina, hay 189 mil 452 hombres en esta condición; mientras su equivalente femenino cuenta con 1 millón 991 mil 646 mujeres.

En México, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar; y debido a las condiciones de desempleo persistentes en el país, estas personas se ven obligadas a aceptar las condiciones y la paga que dicte su empleador.

Frente a la vulnerabilidad y discriminación que enfrentan las personas trabajadoras del hogar durante la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio C189, el cual contiene los siguientes derechos: Libertad de asociación y libertad sindical, libertad de cualquier trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia; salarios en efectivo a intervalos regulares y, como mínimo, una vez al mes; un entorno de trabajo seguro y saludable.

Este convenio fue ya suscrito por 22 países y es definitivamente un asignatura pendiente que no debe quedar así.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo dictamen.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Relaciones Exteriores, somete a la consideración de esta Soberanía el presente dictamen con punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las gestiones necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo suscriba cinco convenios con la Organización Internacional del Trabajo, todos ellos destinados a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores  domésticos.

Este dictamen deriva de la proposición presentada por nuestra compañera Secretaria de la Mesa Directiva y de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien ha estado muy sensible dando seguimiento a este importante tema del trabajo doméstico.

El exhorto que se realiza a la Secretaría de Relaciones Exteriores, parte de la necesidad de que se robustezca nuestro marco jurídico a través de una serie de normas protectoras en materia laboral expedidas por la Organización Internacional del Trabajo.
Es de preocuparse que nuestro país no haya suscrito todavía todos los tratados internacionales que de alguna u otra manera representen una mayor protección a los derechos humanos de los mexicanos, sobre todo de los grupos más vulnerables con lo cual incurre en una violación a la obligación expresa contenida en el artículo 1o. de nuestra Constitución.

Precisamente los convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la OIT adquieren esta calidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos dirigidos a reconocer una serie de derechos específicos a favor de las y los trabajadores domésticos.

Y es que tanto en México como en todo el mundo existe una total desvalorización del trabajo del hogar. Entre las labores realizadas por mujeres, el trabajo doméstico es el peor remunerado respecto a otras ocupaciones.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México el 32.2 por ciento de las trabajadoras del hogar ganan apenas un salario mínimo o menos; 40.4 por ciento de uno a dos salarios mínimos 21 por ciento tienen un ingreso mayor a dos salarios mínimos y, lo más alarmante, 0.4 por ciento de las trabajadoras del hogar, no reciben ingreso alguno por el trabajo realizado.

Las niñas, niños y adolescentes son quienes más desprotegidos se encuentran, al verse en la necesidad de trabajar en labores del hogar. Ya que aparte de mermar su desarrollo psíquico y social, quedan expuestos a violaciones graves a sus derechos humanos, como es el caso de la trata de personas.

Ante este escenario, resulta urgente que el Estado mexicano amplíe la protección jurídica para quienes se dedican al trabajo doméstico; y son precisamente esta serie de instrumentos internacionales los que pueden contribuir a ello.

En la Comisión de Relaciones Exteriores, estamos convencidos de que los convenios de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, son una herramienta necesaria en la eliminación de la desigualdad laboral que en pleno siglo XXI sigue aquejando a una porción importante en la población.

Se trata de proteger a un sector imprescindible y numeroso en nuestra sociedad. Cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar.

De las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8 por ciento efectuaron trabajo del hogar, lo que equivale a casi 2 millones de mujeres. En el caso de los hombres, sólo 189 mil 452 se emplearon como trabajadores del hogar.

La Comisión de Relaciones Exteriores hace suya las consideraciones expresadas en el punto de Acuerdo, ya que es evidente que se les resta certeza jurídica a los trabajadores del hogar hasta en tanto el Estado mexicano no suscriba los citados convenios.

Además, la no suscripción de estos convenios impide eliminar cualquier tipo de diferenciación que hoy en día existe para el trabajo doméstico, así como darles a los trabajadores un trato más justo y equitativo, en tanto este tipo de actividades, no son menos importantes que las realizadas por cualquier otra persona que labore en el sector público o privado.

Derechos fundamentales como el gozar de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia, disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como de condiciones de vida que respeten su privacidad para aquellos trabajadores y trabajadoras que residan el hogar para el que trabajan el derecho a ser informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible y, cuando sea posible, mediante contratos escritos, son apenas una muestra del abanico de protección que ofrecen estos tratados internacionales de los que México aún no forma parte.

Compañeras Senadoras y Senadores, los invito a formar parte de este exhorto respetuoso dirigido a la autoridad competente para iniciar el proceso para la incorporación de tratados internacionales a nuestro sistema jurídico.

De quedarnos como simples espectadores, se retrasará más el día en que tengamos la oportunidad de aprobar estos importantes tratados internacionales, los cuales, sin lugar a duda, abonarán para que sigan en marcha la tradición de reconocimiento y protección de los derechos sociales, sobre todo de aquellos grupos invisibilizados históricamente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo que modifica el previo aprobado el 23 de febrero pasado, relativo a la sesión solemne para la entrega del reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto".

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé lectura la Secretaría al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, un punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fomentar políticas en favor de la igualdad de género.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

Resulta preocupante que más de un tercio de las mujeres en todo el mundo, han experimentado violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.

La forma más común es la violencia doméstica o la agresión de los socios actuales o anteriores, que se producen con mayor frecuencia entre los años de adolescencia y la menopausia de una mujer. Aunado a ello, al menos 46 países no tienen leyes que protejan a las mujeres contra la violencia doméstica, y muchas naciones que teniéndolas no las hacen valer.

Se estima que 120 millones de niñas y mujeres menores de 20 años han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas u otro tipo de actos sexuales contra su voluntad, es decir, alrededor de 10 por ciento.

Un informe de UNICEF encontró que la violencia era una realidad global en todos los países y grupos sociales que podrían incluir el acoso, la violación o la explotación sexual en la prostitución o la pornografía. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación debido al estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades.

Por otro lado, casi dos tercios de los adultos analfabetos son mujeres y la proporción se ha mantenido sin cambios durante dos décadas. La gran mayoría de las mujeres mayores en el Norte de África, África subsahariana y Asia meridional son analfabetas, de acuerdo con estadísticas de la ONU.

A nivel mundial, sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y sólo había 19 mujeres Jefes de Estado y de Gobierno en 2014, apenas 7 más que en 1995. La proporción de los ministros del gabinete del mundo que eran mujeres, casi se triplicó entre 1994 y 2014; sin embargo, sigue siendo baja en un 17 por ciento, según la ONU.

El uso por parte de algunos países de las cuotas de género ha mejorado las posibilidades de ser elegidas. En el sector privado, menos del 4 por ciento de los directores ejecutivos que conducen las 500 grandes corporaciones más grandes e importantes del mundo son mujeres. Mientras tanto, la representación femenina entre los directores de empresas, legisladores y funcionarios de alto rango oscila entre el 21 por ciento en África y el 37 por ciento en América Latina y El Caribe.

Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los puestos más altos de toma de decisiones y de los países desarrollados, mientras que los datos de las regiones en desarrollo son escasos.

La subrepresentación de las mujeres es aún más extrema en el sector privado. Las mujeres representan sólo 55 de las 500 personas más ricas del mundo, según la lista de multimillonarios de Forbes.

Un estudio de Oxfam encontró que sólo 62 personas poseen actualmente la misma riqueza que la mitad más pobre de la población más pobre del mundo en su conjunto, y de ellas sólo 9 son mujeres.

Referente a fuerza de trabajo, alrededor de 600 millones de mujeres, equivalente al 53 por ciento de las personas que trabajan a nivel mundial, están en puestos de trabajo que son inseguros y, por lo general, no están protegidas por las leyes laborales.

En promedio, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todos los sectores y ocupaciones; con las mujeres que trabajan a tiempo completo, ganan entre 70 por ciento y el 90 por ciento de los salarios masculinos equivalentes, según Naciones Unidas.

La brecha de género global a través de la salud, la educación, las oportunidades económicas y la política se ha cerrado sólo un 4 por ciento en los últimos 10 años, con la diferencia económica de cierre con sólo un 3 por ciento. El Foro Económico Mundial estima que tardará otros 118 años, es decir, hasta 2133.

Alrededor de un tercio de las mujeres en los países en desarrollo están excluidas de las decisiones sobre las compras importantes en sus propios hogares, mientras que alrededor de una de cada 10 mujeres casadas no se les consulta sobre cómo se gastan sus propias ganancias en efectivo.

Respecto al trabajo remunerado y no remunerado, así como las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, las mujeres trabajan más horas que los hombres y dedican entre dos y tres horas más al trabajo no remunerado todos los días, de acuerdo con cifras de la ONU. El trabajo de cuidado no remunerado a las mujeres se estima en un valor de 10 billones de dólares.

ONU Mujeres, la Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento, está tratando de acelerar el progreso hacia los objetivos fijados para 2030, con los eventos en más de 40 países, el 8 de marzo.

México ha implementado medidas que representan un avance en la materia, sigamos por esa ruta, seamos líderes en la lucha por la igualdad, hagamos a un lado los temas ideológicos, derribemos las barreras sociales y legales.

Esta proposición tiene por objeto exhortar a los tres órdenes de gobierno a que redoblen la lucha contra la desigualdad de género e implementar políticas públicas que permitan contar con un México más igualitario y equitativo.

Por su atención y apoyo, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.
Proposición con punto de Acuerdo

Las suscritas HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

Hoy en el año 2016, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todos los sectores y ocupaciones, tienen sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios a nivel mundial y se estima un periodo de 118 años para el cierre de la brecha salarial de género.

Estas son algunas estadísticas que muestran la brecha a cubrir para mejorar la educación, la salud y la calidad de vida medida que se acerca el Día Internacional de la Mujer.

Más de un tercio de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. La forma más común es la violencia doméstica o la agresión de los socios actuales o anteriores, que se producen con mayor frecuencia entre los años de adolescencia y la menopausia de una mujer. Aunado a ello, al menos 46 países no tienen leyes que protegen a las mujeres contra la violencia doméstica, y muchas naciones que los hacen cumplir mal.

Se estima que 120 millones de niñas y mujeres menores de 20 años han sido sometidos a relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales forzados, es decir, alrededor de 10 por ciento.

Un informe de UNICEF encontró que la violencia era una "realidad global" en todos los países y grupos sociales que podrían incluir el acoso, la violación o la explotación sexual en la prostitución o la pornografía. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación debido al estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades.

Por otro lado casi dos tercios de los adultos analfabetos son mujeres y la proporción se ha mantenido sin cambios durante dos décadas. La gran mayoría de las mujeres mayores en el Norte de África, África subsahariana y Asia meridional son analfabetos, de acuerdo con estadísticas de la ONU.

Mientras que el progreso notable en la educación que se ha visto en los últimos 20 años, en las niñas es aún insuficiente a nivel mundial en las escuelas secundarias y universidades, en particular en los países en desarrollo.

A nivel mundial, sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres y sólo había 19 mujeres jefes de estado o de gobierno en 2014 - apenas siete más que en 1995.La proporción de los ministros del gabinete del mundo que eran mujeres casi se triplicó entre 1994 y 2014, sin embargo, sigue siendo baja en un 17 por ciento, según la ONU.

El uso por parte de algunos países de las cuotas de género ha mejorado las posibilidades de ser elegidos de las mujeres. En el sector privado, menos del 4 por ciento de los Directores Ejecutivos que conducen las 500 grandes corporaciones más grandes del mundo son mujeres. Mientras tanto, la representación femenina entre los directores de empresas, legisladores y funcionarios de alto rango oscila entre el 21 por ciento en África y el 37 por ciento en América Latina y el Caribe.

Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los puestos más altos de toma de decisiones y de los países desarrollados, mientras que los datos de las regiones en desarrollo son escasos. La sobre presentación de las mujeres es aún más extrema en el sector privado.

Las mujeres representan sólo el 55 de las 500 personas más ricas del mundo, según la lista de multimillonarios de Forbes. Un estudio de Oxfam encontró que sólo 62 personas poseen actualmente la misma riqueza que la mitad más pobre de la población del mundo en su conjunto y de ellas, solo nueve son mujeres.

Referente a fuerza de trabajo, alrededor de 600 millones de mujeres, equivalente a 53 por ciento de las personas que trabajan a nivel mundial están en puestos de trabajo que son inseguros y por lo general no están protegidos por las leyes laborales.

En promedio, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todos los sectores y ocupaciones, con las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan entre 70 por ciento y el 90 por ciento de los salarios masculinos equivalentes, según la ONU.

La brecha de género global a través de la salud, la educación, las oportunidades económicas y la política se ha cerrado sólo un 4 por ciento en los últimos 10 años, con la diferencia económica de cierre con sólo un 3 por ciento. El Foro Económico Mundial estima que tardará otros 118 años, hasta 2133.

Alrededor de un tercio de las mujeres en los países en desarrollo están excluidos de las decisiones sobre las compras importantes en sus propios hogares, mientras que alrededor de una de cada 10 mujeres casadas no se les consulta sobre cómo se gastan sus propias ganancias en efectivo.

Respecto al trabajo remunerado y no remunerado, así como las tareas del hogar y el cuidado de los niños, las mujeres trabajan más horas que los hombres y dedican entre dos y tres horas más al trabajo no remunerado todos los días, de acuerdo con cifras de la ONU. El trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres se estima en un valor de $ 10 billones de dólares.

ONU Mujeres, la agencia de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento, está tratando de acelerar el progreso hacia los objetivos fijados para 2030 con los eventos en más de 40 países, el 8 de marzo.

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU está en una campaña personal para promover a las mujeres y garantizar su representación democrática en todo el mundo.

Para ello establece la agenda 2030 que consiste en:

● Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

● Que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

● Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

● Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

● Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a implementar políticas públicas tendientes lograr la igualdad de género en nuestro país en atención a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a la Comisión Para la Igualdad de Género.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta de la Mesa Directiva. Señoras y señores Senadores:

El punto que suscribo tiene que ver con un problema, por cierto, no nuevo. Es un problema que goza de cierta discrecionalidad, no hay posibilidades de conocer debidamente cómo de repente aparecen diversas instituciones de educación media y de educación superior, sin que cumplan con los requisitos que establecen la Ley General de Educación y, por supuesto, los reglamentos que emanan de la misma.

Es verdad que tenemos un serio déficit en la presentación de los espacios que las universidades de educación pública tienen adscritos. Sabemos cómo cada año se convierte en un verdadero problema el que quienes solicitan entrar, por ejemplo, a la UNAM, prácticamente el 90 por ciento se queda sin poder lograr entrar a alguna de las carreras de esta institución. Lo mismo pasa con el Instituto Politécnico Nacional y también con la Universidad Autónoma Metropolitana.

La UNAM, no obstante que ha incrementado mil lugares más, sólo logró aceptar a un promedio de 8 mil estudiantes en la que fue su segunda vuelta de selección, de cerca de 70 mil que en esta ocasión aspiraban a entrar, cuando en su primer examen de selección, la cifra de rechazados superó los 100 mil y los de aceptados apenas rebasó los 11 mil.

En este mismo periodo, la UAM tenía espacio para 15 mil estudiantes, sin embargo, más de 80 mil que realizaron el examen de ingreso no pudieron tener acceso a esta institución.

Con el IPN pasa exactamente igual, alrededor de 90 mil aspirantes se quedaron sin espacio porque solamente lograron 23 mil entrar.

Y si vamos al resto del país, en cada una de las instituciones educativas del gobierno estatal, o de algún ámbito gubernamental, vamos a encontrar que ciertamente tenemos un déficit para lograr atender la demanda de las y los jóvenes.

Es un problema muy grave que México tiene que resolver, porque la educación resulta ser el asunto más importante para lograr el desarrollo pleno de una nación.

No es posible que podamos avanzar, lograr el adelanto de las nuevas generaciones, éstas que hoy están empezando a incursionar en su educación, si no logramos atender que lo puedan concretar hasta el final, concretar su proyecto de vida, ser lo que quieren ser, y que cuando deciden aspirar a estar en una carrera universitaria, no hay las condiciones por parte del Estado para poder garantizar este derecho.

Por eso hay un avance, por decirlo de alguna manera, en distintos estados, en donde la educación privada ha tenido un lugar importante y preponderante.

¿Qué es lo que no nos gusta?

Lo que no nos gusta es que, a partir de 1993, que se instala el Registro de Validez Oficial de Estudios, que regula el funcionamiento de todas las instituciones educativas, que deben tener cumplimiento de una serie de requisitos para que puedan funcionar como centros de educación, no están cumpliendo con su responsabilidad.

Y hoy tenemos una gran cantidad, miles, centenas de centros de educación que no cumplen con los requisitos para llamarse universidades, para estar dotando de los insumos educativos en la educación media, pero también en la educación superior.

Quiero insistir que aunque ha estado visibilizado, porque actúan con una gran discrecionalidad, hoy llama la atención que en el caso de un partido político, al revés, lo que ha hecho es ufanarse respecto de que, como no se atiende la educación, entonces yo voy a instalar un centro de educación superior, y se ufana, incluso, al no cumplir con los requisitos que la Ley General de Educación ha inscrito para poder funcionar debidamente y no defraudar a quienes están ahí por una necesidad obvia de no tener posibilidades de ser atendidos, y entonces recurren a estos centros.

Y hoy tenemos a 4 ufanados que ahí están, que funcionan, y que no les importa cumplir con los requisitos institucionales, oficiales, qué sé yo; y uno más en el estado de Tabasco, y uno más creo que en el estado de Yucatán.

Entonces, nos parece que ya no podemos permitir que haya esta discrecionalidad y se ponga orden en todos los centros que hoy actúan con esta discreción.

Por eso mismo, hemos planteado en este punto de Acuerdo considerar los tres puntos para pedirle a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, un informe sobre la situación de las escuelas de educación superior que no cuentan con ningún tipo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, así como las medidas y acciones encaminadas para su regularización y evitar el funcionamiento de aquellas que no cuenten con dicho registro.

También nos importa que la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, nos informe sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior que tampoco cuentan con este reconocimiento.

Tenemos que poner como interés superior el caso de, sin lugar a dudas, y ese es el sentido de mi punto de Acuerdo, el interés superior, de manera preponderante, el de las niñas, los niños y los adolescentes, más que cualquier otra cuestión de diferencia partidaria.

Por eso ni siquiera nombro al partido que se ufana de hacer la construcción de estos centros de educación superior, en donde prácticamente pareciera que no le importa lo que dice la ley.

Y el tercer punto, también le solicitamos al Instituto Nacional Electoral, para que se exhorte al Consejo General de dicho organismo a realizar la investigación con la finalidad de resolver el origen, monto, destino y aplicación de las prerrogativas de un partido político que está ufanándose respecto de que eso lo está utilizando para un propósito que no es el que le da origen a sus prerrogativas.

Yo no creo que debamos actuar con discrecionalidad, no creo que debamos permitir que frente a algunas ausencias en la rigurosidad que deben distinguir a las autoridades de educación pública, se permita que sigan utilizándose recursos que deben ser utilizados para otros propósitos, y mucho menos prestarse a defraudar a jóvenes ilusionados que van, buscan y se inscriben a una universidad que resulta que no tiene la rigurosidad de haber cumplido con los requisitos que establece la Ley General de Educación.

Es cuanto, muchas gracias.
Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y ELECTORALES A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE NO CUENTAN CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Para el ciclo escolar 2014-2015, el número de lugares ofertados por las principales instituciones de educación superior volvieron a ser insuficientes, ya que el 90 por ciento de las y los aspirantes se quedó fuera de las listas de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); -sin contar la demanda de las universidades públicas de las entidades federativas- donde únicamente fueron aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que buscaban ingresar.

La UNAM, no obstante de haber incrementado en mil sus lugares, sólo logró aceptar a un promedio de ocho mil estudiantes en la que fue su segunda vuelta de selección, de cerca de 70 mil que en esta ocasión aspiraban a entrar, cuando en su primer examen de selección la cifra de rechazados superó los 100 mil y la de aceptados apenas rebasó los 11 mil. En ese mismo periodo, la UAM tenía lugar para 15,000 personas, pero más de 80,000 personas realizaron el examen de ingreso en sus dos convocatorias. El IPN superó los 90,000 aspirantes, para una oferta de sólo 23,000 lugares.

SEGUNDO. Esta falta de acceso para que los jóvenes cuenten con un espacio en las universidades públicas, ha generado la proliferación de escuelas poco serias que buscan lucrar con quienes ellos consideran clientes antes que estudiantes. El blanco de estas escuelas efectivamente lo son los miles de jóvenes que por falta de espacios en las universidades públicas han sido rechazados y por tanto al no tener la posibilidad económica de acceder a las instituciones particulares, recurren a escuelas que les prometen un futuro educativo atractivo, pero que difícilmente cuentan con la autorización, los recursos humanos y materiales para preparar verdaderos profesionales.

Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor señalan que en el país existen más de 1,100 instituciones privadas de educación superior pero sólo 74 comprueban su calidad académica1. En la mayoría de los casos, estas escuelas se enfocan en áreas específicas, que tienen alta demanda, pero no abarcan un amplio campo de temas que necesitará saber el alumno al término de sus estudios. Además, ofertan carreras cuya práctica no requiere una fuerte inversión en laboratorios, como es contabilidad, administración, pedagogía y derecho. Se llega a tal extremo, que existen escuelas que asistiendo dos días a la semana, durante dos años y cierta cantidad de dinero te expide un título profesional.

La expedición de los títulos profesionales, tradicionalmente se ha vinculado a los estudios formalmente cursados en las instituciones educativas autorizadas para tal efecto; sin embargo, en la actualidad, en algunos casos, es posible obtener tales títulos por procedimientos diferentes, como son la adquisición de conocimientos y experiencias por medio de la práctica, sin haber cursado estudios en programas reconocidos. Asimismo, dado el uso de nuevas tecnologías y herramientas, los estudios se cursan por sistemas abiertos o conducidos a distancia, lo cual implica una mayor dificultad en la evaluación de la calidad de los conocimientos que poseen las personas que obtienen sus títulos de esa forma.

TERCERO. Un aspecto muy importante de las relaciones entre el gobierno y las escuelas privadas concierne a la autorización oficial de los programas de estudio que se ofrecen. Con motivo de la aprobación de la Ley General de Educación de 1993, en los años siguientes se aprobaron reformas al marco normativo que regula dichas autorizaciones, principalmente el denominado Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). En cuanto a educación superior, dejó de ser otorgado exclusivamente por la Secretaria de Educación Pública Federal y se convirtió en una facultad concurrente de las oficinas estatales de la SEP, lo que multiplicó la creación de universidades privadas.

Para obtener el RVOE, la Ley General de Educación señala que el particular debe cumplir con tres requerimientos genéricos: 1) personal académico que satisfaga los requisitos establecidos por la autoridad educativa, 2) planes y programas de estudio que la autoridad considere procedentes, y 3) instalaciones que satisfagan condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas.

Cabe señalar que de no obtener el RVOE, la escuela particular no podrá otorgar a sus alumnos el título y la cédula profesional correspondiente cuando termine sus estudios, por lo que éstos no serán válidos oficialmente y las instituciones sólo podrán expedir diplomas sin reconocimiento de ninguna autoridad educativa.

CUARTO. En agosto de 2015 el Movimiento de Regeneración (Morena) anunció la creación de universidades para que las y los jóvenes rechazados en las universidades públicas puedan seguir estudiando, posterior a ello se resolvió la creación de cinco asociaciones civiles para que con una inversión inicial(provenientes de la mitad de sus prerrogativas como partido político, así como una parte de las subvenciones y dietas de sus legisladores) de 120 millones de pesos, Morena pondría en marcha ocho planteles educativos de nivel superior en las regiones donde gobierne.

Mediante este mecanismo irregular un partido político –Entidad de Interés Público-trasfiere a una Asociación Civil –privada- recursos públicos para que jóvenes rechazados de las universidades públicas del país cuenten con una oferta educativa gratuita en las delegaciones del Distrito Federal donde ese instituto político resultó ganador en las pasadas elecciones del 7 de junio como Azcapotzalco, Tláhuac, Cuauhtémoc,  Tlalpan y Xochimilco. Lo mismo ocurrirá en los municipios de Valladolid, Yucatán; Calkiní, Campeche, y Comalcalco, Tabasco, donde Morena también resultó vencedor en las elecciones.

QUNTO. El pasado 18 de febrero de 2016, mediante el comunicado número 26 la Secretaría de Educación Pública informó que las escuelas promovidas por el Partido Político Morena en la Ciudad de México no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y que con relación a éstas la dependencia sólo ha recibido dos solicitudes para tramitar el RVOE. Se trata de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C. y la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, A.C.

La demás Escuelas son:

● Escuela de Contabilidad y Administración Pública Carmen Serdán, en Azcapotzalco

● Escuela de Ingeniería Heberto Castillo Martínez, en Tláhuac

● Escuela de Medicina Comunitaria y Salud Integral Dr. Guillermo Montaño Islas, en Tlalpan

● Escuela Normal Othón Salazar Ramírez, en Xochimilco

● Escuela de Agricultura de la Universidad de Calkiní, Campeche

● Escuela de Derecho Alberto Pérez Mendoza, en Comalcalco, Tabasco

● Escuela Normal Intercultural Bilingüe María Alicia Martínez Medrano, en Valladolid, Yucatán.

En dicho comunicado, la SEP advierte que los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con RVOE carecen de validez oficial, no forman parte del Sistema Educativo Nacional, y por tanto los títulos que se expidan no tienen validez y no son susceptibles de obtener una cédula profesional. Más aún, la no validez repercute de manera directa en los estudiantes, ya que en el caso concreto, las carreras de Derecho y Contabilidad requieren necesariamente de cédula profesional para el ejercicio de su profesión.

Por otro lado, cabe señalar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General de Educación, las instituciones que ofrecen servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial están obligadas a informarlo a los alumnos y a incluir en toda su publicidad, por cualquier medio, que no se encuentran incorporadas, y para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública realiza visitas de verificación.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal un informe sobre la situación de las escuelas de educación superior que no cuenten con ningún tipo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), así como de las medidas y acciones encaminadas a su regularización y evitar el funcionamiento de aquellas que no cuentan con dicho registro.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita de la titular de La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior que no cuenten con ningún tipo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y que hasta el momento operan en la Ciudad de México.

TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la Autonomía del Instituto Nacional Electoral exhorta al Consejo General de dicho organismo a realizar una investigación con la finalidad de resolver si el origen, monto, destino y aplicación de las prerrogativas del Partido Político Morena destinadas a Asociaciones Civiles para la creación de Instituciones Educativas constituyen violaciones a los gastos de las actividades de dicho instituto político.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Cómo reconocerlas. Universidades patito. Revista que hay de tras…Procuraduría Federal del Consumidor en http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_03/univer_patito_jul_03.pdf

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para presentar a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, un punto de Acuerdo que exhorta a promover e iniciar las gestiones necesarias para la expropiación del predio ubicado en Montes Apalaches de la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy este punto es muy importante, necesitamos su colaboración, necesitamos terminar con esta devastación que se está haciendo, y no solamente a la Ciudad de México en los diferentes predios, sino al país. Necesitamos entender que los árboles son nuestros mejores aliados, las fábricas de oxígeno, los que capturan el bióxido de carbono, y con los miles y miles de metros cuadrados de raíces hacen posible frenar el agua y permitir su infiltración a los mantos acuíferos.

Estamos degradando y devastando nuestros ecosistemas, y tenemos que reflexionar que la vida se sustenta en tres vértices: agua limpia, suelo limpio y aire limpio.

Si cualquiera de estos vértices faltara entonces no podríamos concebir la vida como la conocemos. Así que estamos solicitando ponerle fin a estos litigios tan largos, y no solamente del Bosque de Chapultepec, que es un referente turístico, cultural, ambiental, de diversión, un referente nacional e internacional, el bosque urbano más antiguo de América, uno de los bosques urbanos más bellos del mundo.

Necesitamos que el gobierno federal, que el Presidente Peña Nieto ejerza su facultad de expropiación, con una nueva utilidad pública y blinde este predio y se lo entregue a todos los ciudadanos del Valle de México. Necesitamos que la autoridad federal entre en acción y que no esté como un simple observador, ya que al existir especies que están en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, es necesario que haga algo.

Necesitamos también ayudar a la Ciudad de México. Nueve recursos seguidos han perdido en este litigio, independientemente de que la forma cuadrada de resolver por parte del juez, y que le da, y tengo muchísima duda en este tema, siempre el fallo a los particulares. Está también otro predio que se llama Parque Reforma Social, que en 1977 el Presidente Portillo lo declara un área verde, y que hoy lo reclama una familia, y que se le da el fallo a esa familia, de 34 mil metros cuadrados de ese parque.

Estuvimos la Senadora Mariana Gómez del Campo y su servidora, pero invitamos a todos los Senadores del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, los invito a que se sumen a esta causa.

A usted, Senadora De la Peña, que es una defensora incansable de los derechos humanos, también hagamos posible el derecho a un ambiente sano.

A la Senadora Dolores Padierna, que está fuertemente siempre presente en los temas económicos y en la defensa y en las críticas fuertes al sector energía. La invito, Senadora, con ese ímpetu incansable que tiene, a defender su ciudad, a defender las áreas verdes, a defender las áreas de valor ambiental.

El predio, el Parque Reforma Social es muy importante, porque ahí huele a podredumbre, huele a corrupción. Y tenemos que hacer que el Tribunal de la Judicatura, necesitamos que empiece, que inicie una investigación.

Esto no está bien, compañeros. Casualmente el Juez del Cuarto Distrito siempre está fallando a intereses privados, necesitamos poner manos en acción todos, pero sobre todo, necesitamos mandar un mensaje claro, contundente, que los Senadores de la República estamos interesados en cuestiones ambientales y de protección a las áreas más importantes, a nuestros amigos, a nuestros aliados, que son los árboles.

Así que los invito a defender nuestros recursos naturales. Al Partido Verde, los invito a sumarse a esta defensa, a hacer realidad lo que llevan en su logo.

Gracias, Senador, yo sé que usted es muy comprometido con el medio ambiente y le reconozco su valor, señor Presidente de la Comisión del Agua.

Gracias por sumarse a esta defensa.

Es cuanto.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, Senadores a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO PROMOVER E INICIAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN MONTES APALACHES DE LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; ASIMISMO, INFORME EL GRADO DE AVANCE DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y QUE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN MAESTRO PARA LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, de acuerdo con lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El Bosque de Chapultepec es considerado a nivel internacional como un ecosistema de biodiversidad invaluable, está conformado por tres secciones que cuentan con más de 686 hectáreas.

Es el Área Verde Urbana de mayor importancia en la Ciudad de México. El Bosque de Chapultepec, es el parque público más antiguo de América.

2.- El Bosque de Chapultepec es un bosque urbano, conformado por tres secciones en más de 686 hectáreas, lo que lo hace el Área Verde Urbana de mayor importancia en la Ciudad de México, debido entre otras cosas a dos ámbitos:

• El Ecológico: El parque representa el principal remanso de naturaleza dentro de la Ciudad y presta diversos servicios ambientales, como la producción de oxígeno y la recarga de mantos freáticos, el aislamiento de ruido, la regulación de temperatura y humedad entre otros.

• El Social: Engloba aspectos recreativos, económicos, culturales, educativos y políticos.

Los ecosistemas son parte importante de la infraestructura de los suelos, Chapultepec es un ecosistema urbano y se encuentra constituido por una gran diversidad de especies de árboles, entre los que destacan, los ahuehuetes y eucaliptos. El Bosque de Chapultepec es fuente de oxígeno de la capital del país y contribuye a recargar los mantos acuíferos, la Ciudad de México tiene un problema serio de abasto de agua, ya que se siguen extrayendo grandes cantidades de agua del subsuelo y cada vez a mayor profundidad.

A lo largo de los años han habido intervenciones, remodelaciones y ampliaciones; muchas de ellas han sido positivas y otras han dado resultados desfavorables, afectando en ocasiones las condiciones naturales, visuales e históricas que lo forman, por lo cual, el Gobierno del Distrito Federal implementó un Plan Maestro para la Rehabilitación Integral de dicho bosque.

En 2003 se realizó el primer inventario de áreas verdes del Distrito Federal conforme a la Ley Ambiental del Distrito Federal. Con base en los datos generados a partir de dicho registro, la cobertura vegetal del Distrito Federal, es decir las zonas arboladas, constituyeron en 2003 tan sólo 8.4 metros cuadrados de área verde por habitante. Hoy (a 13 años de distancia) ya estamos en 5.3 metros cuando a la Organización Mundial de la Salud señala que una ciudad debe contar con al menos 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.

CONSIDERANDOS

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que el artículo 4° Constitucional, establece el derecho que tiene toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar, fijando como una obligación por parte del Estado de garantizar este derecho y de generar responsabilidades para quien provoque un daño y deterioro ambiental.

4. Resulta evidente la importancia que tiene el Bosque de Chapultepec para lo cual el Gobierno del Distrito Federal, anunció en el mes de septiembre de 2014 el inicio de trabajos del Plan Maestro de rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con la finalidad de preservar, remodelar y rehabilitar la Segunda Sección, para lo cual creó un Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec con una inversión de 550 millones de pesos que permitieran mejorar aspectos de movilidad; agua e infraestructura; áreas verdes y recreativas; y comercio y servicios de la 2ª. Sección del Bosque de Chapultepec. No obstante lo anterior, no se ha dado a conocer que espacios fueron dedicados a la remodelación, cuantos fueron destinados para la preservación y en que consiste la etapa de rehabilitación. Por tal motivo, es necesario solicitar al gobierno capitalino que nos informe sobre el estado que guarda no sólo sobre la rehabilitación, sino que nos calare cual es el estatus actual que guarda cada uno de los predios que integran la primera, segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec y se nos informe si cuentan con proyectos a corto, mediano y largo alcance y en qué consisten cada uno de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores proponentes sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno para que lleve a cabo acciones legales tendientes a proteger cada uno de los predios considerados como Área de Valor Ambiental, que integran la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. De manera específica, que promueva e inicie las gestiones para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expropiación del inmueble ubicado en el número 525 de Montes Apalaches de la Delegación Miguel Hidalgo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que informe a la brevedad el grado de avance del Plan Maestro de Rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que diseñe e implemente un Plan Maestro en el que se contemple la preservación, remodelación y rehabilitación de cada una de las áreas que comprenden la Tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Mario Delgado Carrillo.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Me gustaría solicitar el apoyo de cinco Senadores, por favor, para que sea la votación nominal, porque se considere de urgente resolución este tema tan enorme y tan importante, no solamente para la Ciudad de México, sino para México.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora, le recuerdo que son dos terceras partes que tienen que votarlo, pero concediéndole, solicito nuevamente tome la votación el Secretario para dar fe de lo que aquí ha dicho.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Le solicito, señora Presidenta, que se abra el sistema electrónico para mayor claridad.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a los cinco Senadores que están proponiendo, favor de levantar la mano.

Solicito se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para dar fe de la votación y saber si se acepta o no de urgente resolución.

El voto por la afirmativa es porque sea de urgente resolución, y el voto por la negativa para que no se considere de urgente resolución.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

Dé cuenta el Secretario de la votación, por favor.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: En virtud del resultado de la votación, no se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: No es considerado de urgente resolución el punto de Acuerdo. Por lo tanto, túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Le solicito a la Senadora Garza Galván, si me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tome nota la Secretaría. Gracias, Senadora.





 



 

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita, Mónica Tzasna Arriola Gordillo Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha de la mujer por una igualdad merecida inherentemente, ha sido incansable.

Sabemos que esta batalla ha tenido que lidiar con cimientos estoicos en nuestra sociedad que han tenido sus raíces desde el comienzo de la vida, y por lo mismo, no se vislumbra un fin cercano.

Inclusive con los significativos cambios que se han dado en las estructuras familiares actuales, y la creciente participación laboral de las mujeres, podemos observar una división sexual del trabajo que permanece inamovible.

En el artículo 1º  de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer propone como definición de la discriminación "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil”.

Este concepto se encuentra actualmente establecido dentro de las relaciones familiares entre hombres y mujeres.

Las estadísticas nos continúan mostrando que persiste la minúscula participación masculina en las tareas domésticas y de cuidado, y que por lo mismo, las mujeres se ven apartadas de la posibilidad de desarrollar una independencia económica suficiente que les permita una verdadera autonomía en caso de divorcio.

De hecho, como ya lo ha reportado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres padecen de una sobrecarga de trabajo y demandas que las ancla económicamente, en consecuencia al persistente rol tradicional y naturalizado de cuidadoras que se suma al esfuerzo de incorporarse a la vida pública y laboral.

Es cierto, requerimos como sociedad de una trasformación de los patrones culturales para poder obtener los resultados necesarios que manifiesten un verdadero cambio útil para las mujeres; sin embargo, como legisladora, me veo obligada a utilizar las herramientas a mi alcance para contribuir a la lucha por la igualdad de género, y transformar la legislación vigente en favor de la protección social y económica de las mujeres.

En el documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina 2009, señala que

“La crisis del cuidado refiere a un momento histórico en que se reorganiza simultáneamente el trabajo salarial-remunerado y el doméstico no-remunerado, mientras se mantiene rígida la división sexual del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral.

Estas asincronías afectan la continuidad y equilibrio de los tradicionales “arreglos” del cuidado en nuestras sociedades. Y atentan contra las opciones de las mujeres para insertarse sin las barreras seculares en los mercados laborales, y alcanzar mayor autonomía económica y bienestar.

Esta crisis se produce cuando, por un lado, aumenta el número de las personas que por su condición requieren de cuidado, y, al mismo tiempo, disminuye la proporción de personas (tradicionalmente mujeres) que están en condiciones de ejercer esa función de cuidado.

Vale decir, asistimos a una situación de aumento de la demanda (transición demográfica) y de disminución de la oferta (inserción de la mujer en los mercados de trabajo). Esta tensión opera como un freno a las mujeres para una mayor inserción laboral remunerada y obliga a un diseño e implementación de políticas públicas respecto de esta materia.

Tal situación se da sin que se produzca mayor involucramiento masculino en este trabajo, y sin que se desarrollen suficientes mecanismos estatales y de mercado que asuman la responsabilidad social del cuidado.”

Lo anterior, como podemos advertir, ha perjudicado a la mujer gravemente, ya que ahora ésta debe dividir su energía en un esfuerzo por incorporarse a la vida laboral productiva en miras de lograr una independencia económica, y cumplir con las tareas domésticas y de cuidado.

Lo anterior no puede ser utilizado en favor del cónyuge dedicado al empleo totalmente para evitar el pago de su obligación alimenticia para con su cónyuge.

El documento de la Comisión continua diciendo que “existe, pues, consenso en que la crisis del cuidado se produce en un contexto en que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no se complementa con nuevas alternativas privadas o sociales de redistribución del cuidado dentro del hogar ni de un mayor involucramiento de los hombres en ello, lo que permitiría pensar que “la domesticidad no ha muerto, ha mutado”.

Detrás de estas asincronías entre transformaciones en una y otra esfera para hombres y mujeres, que son resultado de mecanismos de discriminación1 de género, se encuentran incentivos de mercados y estados, así como matrices culturales y de análisis, que tienden a reforzar una distinción falaz entre lo económico y lo doméstico, reduciendo el primero a lo mercantil y subsumiendo el “valor” a lo que se expresa socialmente en forma monetaria.

En la configuración de esta crisis destacan principalmente tres fenómenos simultáneos: la creciente incorporación femenina al mercado laboral y los procesos de autonomía y/o emancipación de las mujeres, el envejecimiento de la población y las transformaciones familiares. Conviven con ello tres esferas que mantienen las rémoras de un ordenamiento patriarcal e inhiben que la sociedad en su conjunto logre un proceso adaptativo, igualitario y eficiente:

1) los mercados laborales en sus incentivos y organización,

2) los Estados en sus prestaciones y políticas, y

3) las familias en su división sexual del trabajo, de los recursos y del poder.

Esta desvalorización es producto de la naturalización del rol de cuidadora para las mujeres, y del supuesto generalizado de que tal trabajo se vincula a relaciones afectivas de parentesco y familiares, convirtiéndolo no en una actividad económica sino en un “acto de amor y de entrega” en el mejor de los casos, y de “obediencia y subordinación” en sus peores versiones.

La expresión directa de esa falta de valoración se plasma en una doble jornada de trabajo para las mujeres latinoamericanas, caracterizada por una sobrecarga de trabajo doméstico y una inserción laboral precaria, que agudizan los problemas de la conciliación entre las dos esferas, e incrementa la vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión tanto de la mujer como de los niños.

Doble inequidad, pues, que castiga a las mujeres por su inserción más precaria en el empleo y su carga nada disminuida y poco valorada en el cuidado. Todo ello con un supuesto cultural falso: que el trabajo “natural” no es trabajo y por tanto el tiempo es elástico; y que el trabajo remunerado de la mujer es secundario y por tanto puede ser peor pagado y más inestable, y eventualmente eliminarse.”

Ya se ha reiterado en investigaciones sociológicas de manera incalculable que la participación de las mujeres en el mercado laboral, considerada una de las transformaciones sociales y económicas más importantes y sostenidas de las últimas décadas, no ha retrocedido durante ninguna crisis, pero se ha desacelerado en el comienzo del nuevo milenio.

Asimismo, la incorporación de la mujer ha mantenido los rasgos de precariedad que caracterizan al empleo femenino.

Las mujeres con mayor nivel educativo, menores cargas familiares y más recursos para adquirir servicios de cuidado presentan tasas de participación económica más elevadas. Esta estratificación en la experiencia laboral de las mujeres se profundiza con la segmentación propia de los mercados laborales y se combina con débiles y restringidas ofertas de servicios de cuidado.

Es por lo anterior, que se requiere de manera urgente, un esfuerzo legislativo que aporte, aunque de manera marginal, auxilio a las mujeres que además de tener un empleo remunerado se encargan de las tareas domésticas y de cuidado.

La presente reforma tiene por objeto contribuir a un cambio estructural que consolide el lugar de las mujeres en la sociedad, a pesar de conservar diversos obstáculos históricos como el que da cabida a la presente modificación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 288.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente.

Cuando el cónyuge inocente haya realizado tareas domésticas y de cuidado se le pagaran alimentos, aun cuando hubiere tenido o tenga un empleo remunerado, en caso de que el ingreso recibido no sea suficiente.

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se exhorta a los congresos estatales de las entidades federativas a adecuar su legislación vigente, a efecto de armonizarla con el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de ésta H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración en materia de protección y debido proceso para las y los migrantes al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración ha existido a través de la historia de la humanidad, por causas demográficas, políticas, económicas y sociales, a finales del siglo XX se observa un incremento importante sobre la migración internacional con la intención de tener acceso a mejores condiciones de vida, laborales y económicas.

Nuestro país con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, actualmente reconoce y pondera los mismos, que se establecen en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales que ha suscrito y ratificado, derivado de ello es que deben ser protegidos y respetados.

La migración entendida como un principio de libertad de tránsito, y debido a que es cada vez más constante, deberá visibilizarse para proteger a las y los migrantes de discriminación y vulneración de sus derechos sea legal o no su estancia en nuestro país, también está relacionado con otros derechos como son la libertad personal, y el pleno ejercicio de sus derechos económicos y1 sociales.

En este orden de ideas encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en aquellos casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El citado Protocolo proporciona las reglas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los principios y los principales instrumentos jurídicos que les aseguran la mayor protección posible. Basado en el marco jurídico de origen nacional e internacional, pretende dotar de herramientas a quienes imparten justicia para identificar la norma que protege de manera más amplia los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.2

Su aplicación busca coadyuvar en la emisión de criterios jurisprudenciales con enfoque de derechos humanos que consoliden el cambio del paradigma de aquél que criminaliza a la migración por el que reconoce a las personas migrantes y sujetas de protección internacional como sujetas de derecho. El Protocolo reconoce que compete al Poder Judicial la garantía de los derechos humanos de las personas en general, y de las migrantes en particular; la creación de precedentes tendientes a una mayor protección de las personas migrantes, y la eliminación del riesgo de futuras violaciones a los derechos humanos.3

Dicho Protocolo está dirigido a todas aquellas personas cuya labor diaria es la impartición de justicia, tanto en sede local como en sede federal, y que, deciden sobre casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Asimismo ha resultado útil para las organizaciones de la sociedad civil y otras personas defensoras, así como para las instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de esta población.

Bajo esta tesitura podemos resaltar que existen dos reformas de importancia, la primera fue a la Ley General de Población en nuestro país, ya que en el año 2008 se despenaliza la migración, al reconocer que las personas que entran al territorio nacional no comenten delito alguno, solamente es una falta administrativa.

Por otra parte, en el 2010 se da acceso a la justicia a las y los migrantes, sin importar su situación migratoria.

En mayo de 2011 se publica la Ley de Migración, reconociendo derechos que no habían sido garantizados antes a favor de los extranjeros, es decir, derechos fundamentales como son:

El derecho a la procuración e impartición de justicia, debido proceso y poder ingresar quejas ante organismos de derechos humanos.

Si bien es cierto, se tiene un avance significativo en este rubro, también lo es que en la práctica existen obstáculos que impiden el acceso de las y los migrantes a una defensa profesionalizada, encontrándose con trámites burocráticos sin dar un adecuado seguimiento a sus procedimientos, o bien, falta de ética de las personas que los asisten legalmente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera que el flujo de migrantes internacionales asciende a 214 millones de personas, siendo el caso que 40 millones son migrantes indocumentados, por tanto con este cálculo una de cada 33 personas en el mundo es migrante.4

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional las Migraciones (IOM) el flujo de migrantes internacionales asciende a 214 millones de personas a nivel mundial.

De esta cifra:

• Se enviaron $440 billones en remesas por los migrantes en 2010.

• Se enviaron $325 billones en remesas por los migrantes a países en desarrollo en 2010.

• El 49% porcentaje de migrantes en el mundo que son mujeres.

• Existen 27.5 millones de desplazados internos en el mundo y;

• Las personas migrantes constituirían el quinto país más poblado del mundo.

Aunado a ello el Informe de Migración, remesas, trasmigrantes y deportaciones elaborado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, presentado en marzo de 2015, revela que: En el año 2010, alrededor de 3% de la población mundial, cerca de 213 millones de personas, residían en un país diferente al que nacieron. • De conformidad con la clasificación que utiliza el Banco Mundial, en 2010 los desplazamientos Sur-Norte fueron la corriente migratoria más importante (45% del total), seguidos de los desplazamientos Sur-Sur (35%), Norte-Norte (17%) y Norte-Sur (3%).
Que los Estados Unidos son el principal destino de importantes corredores migratorios en el contexto Norte-Norte y Sur-Norte.

Reveló que los principales países de envío y de acogida de migrantes en el mundo son los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Ucrania y la India. Algunos Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania, Italia Polonia y el Reino Unido, son los principales países de origen en el contexto Norte-Norte.

Asimismo enuncia que la mayoría de los migrantes son hombres, salvo en el caso de la migración Norte-Norte, en la que hay una mayoría de mujeres.

MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN

El artículo primero Constitucional reconoce que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Estableciendo el principio pro persona al favorecer en todo momento la protección más amplia de las personas, señalando los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia y progresividad.

Asimismo el artículo 11 en donde se reconoce el derecho a solicitar asilo, por causas de carácter humanitario.

Los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 establecen el acceso a la justicia y el debido proceso, toda vez que las personas migrantes pueden ser privadas de su libertad al permanecer en las estaciones migratorias.

Finalmente el artículo 33 establece el derecho de audiencia de las personas consideradas extranjeras.

Por otra parte, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecen las obligaciones de nuestro país en materia migratoria, tales como:

a.- Controlar sus fronteras.

b.- Definir los requisitos de ingresos.

c.- Estancia y expulsión de los extranjeros en su territorio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el principio de igualdad de la siguiente manera:

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier otra forma lo discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”.5

Los principios de igualdad y no discriminación tienen como fin la protección de los derechos humanos, contemplados en los tratados Internacionales y en nuestra Constitución.

De igual forma, existen otros principios constitucionales, tales como el de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso, los cuales se refieren a:

• Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un Juez.

• Juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Juez previamente establecido, conforme a leyes expedidas con antelación al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con 17 apego estricto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales y leyes que de ella emanan.

• Debido proceso: Que se desarrollara garantizando la protección de los derechos humanos de las personas.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

En este contexto es menester resaltar que el debido proceso en una garantía cuya finalidad es que la defensa se realice de forma eficaz y en condiciones de igualdad a las personas.

Por ello para que una persona migrante cuente con esta protección deberá tener un traductor de ser el caso, y una defensa profesional.

Actualmente la Ley de Migración estipula que podrán ser asistidos por la persona que designen, por lo que se considera que para una adecuada defensa es necesario contar con un profesionista jurídico, que no solo sea corresponsable sino también que tenga la formación necesaria que le permita garantizar eficazmente el acceso de la persona migrante a sus derechos.

Derivado de lo anterior LA FINALIDAD DE LA PRESENTE PROPUESTA ES: Reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo tercero y cuarto al Artículo 70de la Ley de Migración con el objeto de garantizar la protección y debido proceso ponderando por los derechos humanos de las y los migrantes que se encuentren en territorio nacional, debiendo ser asistidas y asistidos por un Licenciado en Derecho, mismos que tendrán las siguientes obligaciones:

1. Dar asesoría respecto a sus derechos y obligaciones, así como el funcionamiento del ordenamiento jurídico vigente.

2. Brindar asistencia en todas sus formas, adoptando medidas jurídicas para protegerlos y defender sus intereses.

3. Revisar los plazos y términos del procedimiento administrativo migratorio.

4. Interponer los recursos que la ley establezca en beneficio de su representada o representado.

5. Los abogados serán corresponsables de los trámites y procedimientos en los que intervengan.

Derivado de ello y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la o el Licenciado en Derecho que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá́ celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá́ facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

(…)

La o el Licenciado en Derecho que sea designado durante el procedimiento administrativo migratorio, deberá:

I. Dar asesoría respecto a sus derechos y obligaciones, así como el funcionamiento del ordenamiento jurídico vigente.

II. Brindar asistencia en todas sus formas, adoptando medidas jurídicas para protegerlos y defender sus intereses.

III. Revisar los plazos y términos del procedimiento administrativo migratorio.

IV. Interponer los recursos que la ley establezca en beneficio de su representada o representado.

V. Los abogados serán corresponsables de los trámites y procedimientos en los que intervengan.

Para los asuntos en que estén involucradas personas migrantes, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece esta Ley, así como los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacionalespecializados y demás disposiciones aplicables.

Artículo Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente,

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.
Cuadro Comparativo

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

 Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá́ celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá́ facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.
Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.

 Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la o el Licenciado en Derecho que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá́ celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá́ facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

(…)

La o el Licenciado en Derecho que sea designado durante el procedimiento administrativo migratorio, deberá:

I. Dar asesoría respecto a sus derechos y obligaciones, así como el funcionamiento del ordenamiento jurídico vigente.

II. Brindar asistencia en todas sus formas, adoptando medidas jurídicas para protegerlos y defender sus intereses.

III. Revisar los plazos y términos del procedimiento administrativo migratorio.

IV. Interponer los recursos que la ley establezca en beneficio de su representada o representado.

V. Los abogados serán corresponsables de los trámites y procedimientos en los que intervengan.

Para los asuntos en que estén involucradas personas migrantes, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece esta Ley, así como los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional especializados y demás disposiciones aplicables.

1 https://www.scjn.gob.mx/ComunicacionSocial/documents/Gaceta201309.pdf

2 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/protocolo_migrantesISBN.pdf

3 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/protocolo_migrantesISBN.pdf

4 www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.htlm.

5 Tesis Aislada: IV. 2º.A.15 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3; Pág.; 1946. Registro IUS





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de tratados internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Las más representativas, las reformas de junio de 2011, en materia de amparo y las propias específicas en materia de derechos humanos.

Estas reformas son consideradas especialmente trascendentes, al pretender una nueva era en materia de derechos humanos en nuestro país, en la que la aspiración a lograr estándares internacionales constituye un gran reto nacional, ante el reconocimiento expreso como derechos humanos, de todos aquellos reconocidos por el Derecho Internacional a través de las convenciones y tratados de los que el Estado mexicano sea parte, además de los establecidos en nuestra Constitución.

Reforma muy de la mano a la materia de amparo, que trajo como consecuencia una nueva Ley de Amparo más garantista, con mayores alcances con los que el Poder Judicial habría de constituirse como un factor determinante para que los derechos humanos alcancen las exigencias deseadas y coadyuvar a suprimir las desigualdades en el país.

Así, encontramos novedades como el interés legítimo, el juicio de amparo en línea, el amparo colectivo, una suplencia de la queja más amplia en favor de grupos vulnerables o en desventaja, incluso, casos de excepción a las tecnicidades que aún conservó la materia, en los que resulta de destacar un universo muy peculiar de sujetos entre estos grupos, como es el caso aquellos que por su situación de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social en el juicio.

Esto constituyó un significativo avance, como un reconocimiento real a la situación de desventaja a dichas personas y por ende, como objeto de ciertas prerrogativas procesales, como las siguientes:

• Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, de conformidad al artículo 79 de la Ley de Amparo;

• Excepción a la indispensabilidad de presentar copia para traslado en la interposición de recursos; y

• La excepción al requisito de preparación del juicio de amparo directo a través de la interposición de los medios de defensa ordinarios.

Sobre esta última, consistente en la exigencia legal de que el quejoso, para hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, es de destacar lo siguiente:

• Como ya se dijo, la materia de amparo conservó un grado considerable de tecnicidad, como lo es en este caso, el “preparar” el juicio de amparo directo por lo que hace a violaciones procesales que repercuten al fallo, pero también, como avance significativo, la nueva Ley de Amparo previo la posibilidad de que esta situación pusiera en seria  desventaja y apuros a personas en situación de vulnerabilidad, como lo es la pobreza y la marginación.

• Sin embargo, también debemos destacar, para el caso concreto del juicio de amparo directo, que éste procede contra sentencias, fallos o laudos que ponen fin al juicio, que su interposición es ante la autoridad responsable y que no existe la posibilidad de ofrecer y presentar pruebas, que por ejemplo, acrediten el extremo de excepción de la desventaja por pobreza o marginación.

• Asimismo, que es obligación de las autoridades que conozcan de un amparo directo, el eximir de la obligación de “preparar” el juicio a personas en estas condiciones.

Ante este escenario, la interrogante inexorable sería la forma o mecanismo mediante el cual, la autoridad de amparo, podría cumplir con esta prerrogativa social, fundamental y humanitaria para con las personas en pobreza o marginación, pues recordemos que es una situación oficiosa.

La puerta que ha abierto la solución a esta disyuntiva es la sistematicidad con la que debe observarse el derecho en nuestra nación. Esto es, a través de otras normas e instancias que interpretadas de manera correlacionada han sido útiles: la Ley General de Desarrollo Social.

Esto se traduce a que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizada dicha excepción cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad de organismo público descentralizado y, por ende, deberá analizar directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos ordinarios  procedentes.

Así se complementaría y haría efectiva la reforma aludida en materia de amparo. Máxime que los instrumentos empleados resultan jurídicamente, de obvio conocimiento para los órganos jurisdicciones en materia de amparo, al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por ello, que para lograr la eficiencia de nuestro sistema jurídico, a fin de salvaguardar el derecho de las personas en situación de desventaja por pobreza o marginación, que la Ley de Amparo contemple que estas hipótesis se actualicen en base a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Esto, a través de la consideración expresa en el artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la propuesta en concreto contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCLOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE POR SU SITUACIÓN DE POBREZA O MARGINACIÓN SE ENCUENTREN EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL EN EL JUICIO DE AMPARO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones de pobreza o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por Entidades Federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Carlos Romero Deschamps.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 54 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RÍOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión , integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 54 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo y mantenimiento de refugios. La creación y operación de dichos refugios en México, se impulsó en la década de los noventa con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal y educativa a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Su equipo multidisciplinario asesora a las mujeres para conocer sus derechos y ejercerlos1.

Los últimos años, se ha dado a conocer que las mujeres que experimentan violencia presentan varios problemas de salud durante su desarrollo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, el 47 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida y puede ser ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual.

La encuesta reveló que 4 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas. Mientras que 2 de cada 10 mujeres en México han sufrido de violencia económica, recibiendo reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, se les ha prohibido trabajar o estudiar, o incluso les han recogido su dinero o bienes. Adicionalmente, 7 de cada 100 mujeres han sido obligadas a tener relaciones sexuales por sus propias parejas sin su consentimiento ejerciendo violencia sexual. La violencia física (la más común), ha afectado a 14 de cada 100 mujeres en México2

Uno de los principales objetivos de los refugios es que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder construir una vida sin violencia.3

Actualmente, existen 45 refugios distribuidos en toda la República Mexicana los cuales operan con gran discreción por seguridad de las mujeres y del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal que en ellos labora es absolutamente confidencial.

Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, se contemplan medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las mujeres tomando como base estándares internacionales la Convención Belem Do Pará y La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en las cuales se establece que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

En este sentido, la Convención Belem Do Pará distingue diversos niveles de actuación para que los Estados partes cumplan con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que incluyen acciones inmediatas, progresivas y de atención. Sobre las medidas de atención, establece la obligación de los Estados para “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio de los sectores público y privado, refugios, orientación para la familia y custodia de los menores afectados cuando así sea el caso”.4

Es así que esta disposición da cuenta de la obligación que tiene el Estado para facilitar espacios como los refugios garantizando la seguridad de las víctimas de violencia, y así lograr un desarrollo óptimo a través de la recuperación física, y psicológica5.
En 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para los refugios con el fin de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos humanos.

Con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así como la creación, operación y mantenimiento de los refugios para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia y su respectivo Reglamento, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer el apoyo que reciben los refugios.

Único. Se reforman las fracciones X del artículo 49 y VII del artículo 50.

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a IX. ...

X. Impulsar y apoyar la creación, operación y mantenimiento de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XI. a XXV. ...

...

Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes     atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Apoyar la creación, operación y mantenimiento de refugios seguros para las víctimas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley;

VIII. a XI. ...

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. De acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, destinarlos recursos suficientes y necesarios para la creación, operación y mantenimiento de los refugios.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de marzo de 2016.

Sen. Maria Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Distrito Federal, Noviembre 2015.

2 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México. Sistema de Indicadores de Género, México, D.F. 2011.

3 http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-refugio.html

4 Convención Belem Do Pará, artículo 2º.

5 “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Distrito Federal, Noviembre 2015





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Angélica Tagle Martínez, Mely Romero Celis, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, María Elena Barrera Tapia, Andrea García García y Fernando Enrique Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el ajuste preventivo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, recientemente aplicado al sector salud, debido a la intensificación de los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Campeche a instruir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que garantice el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese el hostigamiento a militantes y simpatizantes de Morena. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La que suscribe, Senadora Layda Sansores San Román, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE CAMPECHE PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 6 Y 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TODOS LOS CAMPECHANOS Y CESE DEL HOSTIGAMIENTO A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MORENA, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De nuevo la administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se caracteriza por la mano dura y la represión en vez de garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestarse. El pasado 28 de febrero, pobladores de la comunidad de Lerma, en el municipio de Campeche, Campeche, fueron agredidos por equipos antimotines de la Policía del Estado, mientras sostenían una manifestación que implicó el cierre parcial de una vialidad con el que exigían solución a una controversia por un predio en disputa.

El viernes 26 de febrero, lermeros inconformes iniciaron un cierre a la calle 20, cabe señalar que a pesar del “bloqueo” nunca se incomunicó a la ciudadanía pues arterías aledañas estaban libres. Que los pescadores siempre se condujeron de forma pacífica y que la agresión se da en un clima de hostigamiento constante a movimientos sociales y, particularmente, a miembros y militantes de Morena.

Su inconformidad, explicaron surge de la venta de un predio que, durante muchos años, funcionó como Centro de Salud y que pescadores locales habían solicitado fuera habilitado como mercado para así comercializar sus productos.

El actual gobernador, durante su campaña prometió que dicho predio sería habilitado como mercado para que los pobladores, que en su mayoría viven de la actividad pesquera, pudieran comercializar sus productos. Al descubrir que el terreno había sido vendido por Ricardo Chávez, a través de Franco Sánchez, quien es ex delegado del PRI, los pobladores consideran dicha compra-venta un acto de corrupción, tráfico de influencias y una promesa incumplida.

En ese orden de ideas, el día domingo 28 de febrero del año en curso, arribaron aproximadamente cien policías estatales antimotines, sin mediar dialogo alguno, comenzaron a retirar a los manifestantes, entre los que se encontraba el coordinador distrital de Morena, Héctor Malavé Gamboa, quien fue agredido y el único ciudadano arrestado de forma arbitraria por parte de los elementos de seguridad.

No se puede pasar por alto, que este arbitrario desalojo se suma al clima de violencia generada por los actos represivos de esta nueva administración en el gobierno del estado. Como muestra está la persecución del líder campesino Pedro Celestino May; el desalojo a pescadores de Sabancuy e Isla Aguada; el asesinato del dirigente estatal del Sindicato de Trabajadores Estatales de Campeche.

Solo resta invocar las palabras de Ponciano Arriaga: “entre más me golpean, más digno me siento”. Que entiendan en el Gobierno estatal que no vamos a dejar de luchar por nuestros ideales y nuestros principios. En Campeche, Morena seguirá respaldando a la población en general y sus justas demandas.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al gobernador de Campeche para que instruya al titular de la Secretaria de Seguridad Pública a garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y simpatizantes de Morena.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a investigar la presunta participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en la agresión de un joven en un bar de la colonia Roma; asimismo, a reforzar los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos meses, en la Ciudad de México se han presentado una serie de hechos que dan cuenta del incremento de la inseguridad. El homicidio del dueño de un bar en la colonia Condesa; las extorsiones por parte de la delincuencia organizada a los dueños de establecimientos de esa zona; el multihomicidio en la colonia Narvarte; y la aparición de cuerpos descuartizados, son algunos ejemplos de dicha situación.

De acuerdo a una encuesta publicada por el Diario Reforma, 6 de cada 10 capitalinos consideran que la inseguridad es el principal problema de la capital del país. Además, 3 de cada 10 manifestó que ha sido víctima de un delito y sólo cerca del 38% acudió ante las autoridades para presentar una denuncia.

Las cifras son reveladoras y ponen de manifiesto que la seguridad pública constituye uno de los grandes pendientes del gobierno de la Ciudad de México.

Hace unos días, a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, circuló un video en el que dos jóvenes fueron golpeados por un grupo de hombres  afuera del bar The Bronx, ubicado en la colonia Roma. El grado de la agresión fue tal que uno de los jóvenes quedo inconsciente.

El noticiario Punto de Partida, en su emisión del día primero de marzo, mostró una investigación en la que identificó plenamente a dos de los agresores, los cuales de acuerdo a la información de dicho programa, laboran en la Secretaría de Seguridad Pública.1

Los presuntos responsables de golpear al joven son: Rolando Olvera Silva que se despeña como policía desde el año 2005 y William Argel Manzo Rodríguez, quien ingresó en el año 2008 a la Secretaría de Seguridad Pública en mayo de 2008, en la que desempeña el puesto de profesional en informática.

Este último, es hijo del ex Subsecretario de Control de Tránsito de la Ciudad de México, quien fue cesado de su puesto, por encubrir a Luis Enrique Posadas, el cual se hacía pasar por policía para extorsionar y vender plazas de manera ilícita. 2

Por si esto no fuera suficiente, en el noticiario en comento también se señala que entre los otros agresores, se encuentran hijos de funcionarios de la Policía Bancaria e Industrial.

Para el grupo parlamentario del PRI, resulta preocupante que quienes son los encargados de proteger y garantizar la seguridad pública de la Ciudad de México, en su vida privada sean los primeros en transgredir la ley y atentar contra la seguridad de los ciudadanos, lo cual arroja serias dudas sobre los procesos de ingreso y  selección a las instituciones de seguridad pública de la capital del país.

En el grupo parlamentario del PRI, condenamos toda forma de violencia y hacemos un llamado para que las instancias de procuración de justicia de la Ciudad de México lleven a cabo una investigación pronta, expedita e imparcial para que los agresores sean castigados conforme a derecho y que este hecho no quede en la impunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue la presunta participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública,  en la agresión de un joven en un bar de la colonia Roma.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las instituciones competentes, refuerce los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 Funcionarios Golpeadores, Punto de Parida < http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/1603/funcionarios-golpeadores/>  Consultado el 01-02-2016.

2 Golpeador de la Roma, Hijo de exfuncionario, El Universal, 02-03-2016,
<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/2/golpeador-de-la-roma-hijo-de-ex-funcionario> Consultado 02-03-2016.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y convenios internacionales sobre protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la brevedad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA DIVERSOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES, A FIN DE SER APROBADOS A LA BREVEDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destaca en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 23 que:  “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”

“El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad.” 1

“El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario.”2

De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 18, sobre el derecho al trabajo, son elementos esenciales de este derecho la:

● "Disponibilidad: Los Estados deben contar con servicios especializados que orienten a las personas en la identificación de empleos disponibles y las ayuden a acceder a éstos.

● Accesibilidad: El mercado de trabajo debe ser accesible a todas las personas. La accesibilidad abarca tres dimensiones:

◦ Prohíbe toda forma de discriminación en el acceso al trabajo y en la conservación del mismo, sea por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza.

◦ La accesibilidad física referida al derecho de las personas con discapacidad a contar con los medios necesarios y adecuados para poder desenvolverse en los ambientes laborales, y

◦ La accesibilidad a la información sobre el mercado del trabajo en los planos local, regional, nacional e internacional.

● Aceptabilidad y calidad. La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo.”3

Los Derechos Humanos, en la medida que nuestras sociedades  evolucionan y se desarrollan han ampliado su cobertura, considerando  paulatinamente aspectos que desde las necesidades humanas han surgido  y que colectivamente se han valorado como relevantes para tener una vida no sólo digna, sino que con mayores niveles de calidad, tal es el caso del derecho al trabajo, y más recientemente la incorporación del concepto de Trabajo Decente.

El concepto de Trabajo Decente, fue instituido, en 1999, por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), Juan Somavia, presentó esta propuesta que busca generar un estándar adecuado  en aspectos laborales en un contexto económico y social a nivel  mundial que claramente atentan contra la dignidad de las mujeres y hombres que viven de aportar su trabajo a cambio de una retribución  económica, y, en ciertas condiciones que socialmente les asegure un  desarrollo como personas y como miembros de una sociedad determinada.

El trabajo decente nace en un momento de la historia marcada por  procesos complejos, la ampliación de los conceptos neoliberales a  nivel mundial, doctrina que ha afectado directamente a las  trabajadoras y trabajadores, un modelo de globalización que no ha  logrado “globalizar” los derechos y avances a sectores amplios de la  humanidad, sino más bien han generado una deshumanización creciente.

Para Amartya Sen, premio Nobel de Economía y creador del Banco de los  Pobres, el Trabajo Decente, es un Derecho Humano, más allá de esta  afirmación que viene de un personaje que a nivel mundial ha trabajado  por humanizar la economía, es en el trabajo donde millones de mujeres y hombres se dignifican, pues no sólo participan por la necesaria y  justa retribución económica, sino que es “desde el trabajo” que  podemos desarrollarnos como personas e insertarnos socialmente.

El trabajo decente es un término caracterizado por cuatro objetivos estratégicos:

• Los derechos en el trabajo;

• Las oportunidades de empleo;

• La protección social, y

• El diálogo social.

Para Virgilio Levaggi, autor del libro Democracia y trabajo decente en América Latina, considera que “cada uno de estos objetivos cumple, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.”4

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) ha coincidido en lo siguiente:

Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible. Para la creación de nuevas oportunidades laborales es imprescindible contar con un entorno que fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial.

Es fundamental que mujeres y hombres tengan oportunidad de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y equitativa.”5

Ante este panorama, México atraviesa por una crisis económica que impacta negativamente en la seguridad humana de sus habitantes, limitando el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud y la vivienda. Una de las consecuencias más graves tiene que ver con la violación del derecho al trabajo y demás derechos humanos laborales en el país causada por el desempleo, los trabajos con calidad exigua, los bajos salarios, la discriminación y la falta de justicia laboral, factores que ahondan el ya de por sí complejo entorno de pobreza y desigualdad social en el país.

Esta problemática afecta principalmente a mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas y migrantes, quienes se ven obligados a emplearse en trabajos inestables, que en algunas ocasiones han llegado a situaciones de esclavitud, ante la carencia de trabajos decentes apegados a los principios y derechos humanos laborales fundamentales que garanticen un ingreso suficiente y equitativo por el trabajo desempeñado, prestaciones sociales e igualdad de oportunidades.

Lamentablemente, en este complejo escenario se incluye a por lo menos 3 millones de niñas y niños que trabajan en México para afrontar las condiciones de pobreza en que se encuentran.

El reto de garantizar el derecho al trabajo y a los derechos humanos laborales en nuestro país exige la observancia y el cumplimiento absoluto de las normas nacionales e internacionales en la materia. México ha ratificado importantes instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que protege el derecho al trabajo, y una medida para cumplirlo es la capacitación laboral (artículo 6°); a gozar de condiciones de empleo y remuneración equitativas y satisfactorias para las y los trabajadores y sus familias (artículo 7°), a afiliarse a sindicatos y a la huelga (artículo 8°), y a la seguridad social (artículo 9°).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1998 esta Declaración que compromete a los Estados miembros, entre ellos México, a respetar y promover, hayan o no ratificado los convenios pertinentes, los principios y derechos laborales comprendidos en cuatro categorías: libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; abolición del trabajo infantil, y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Lamentablemente nuestro país aún no ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales lo cual ha generado vacíos jurídicos que incrementa el deterioro de los derechos humanos laborales, impidiendo así el desarrollo e implementación del concepto de Trabajo Decente.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que remita a esta soberanía los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, para que sean aprobados por el Pleno de esta soberanía a la brevedad posible, con la finalidad de garantizar el respeto y aplicación de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro país.

Pacto Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Convenio 81 sobre la inspección del trabajo.

Convenio 97 sobre trabajadores migrantes.

Convenio 129 sobre inspección de trabajo agrícola.

Convenio 156 y Recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras.

Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad.

Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a retirar las reservas a los siguientes Convenios.

Convenio sobre la seguridad social.

Convenio 188 sobre la igualdad de trato.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar programas, estrategias y métodos para que el estrato de los jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de derechos humanos, conforme a la reforma constitucional de junio de 2011. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el trámite dado a los artículos depositados por los pasajeros en los contenedores ubicados en los puntos de inspección de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A EFECTO DE QUE SE SIRVA INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL TRÁMITE DADO A LOS ARTÍCULOS DEPOSITADOS POR LOS PASAJEROS EN LOS CONTENDORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE LOS AEROPUERTOS, CUANDO SE TRATA DE AQUELLOS PROHIBIDOS PARA SER LLEVADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO, ASIMISMO, A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE BRINDEN AL PASAJERO LA POSIBILIDAD DE RECUPERARLOS; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad en aeropuertos y aeronaves es un asunto muy serio, cuyos controles se han incrementado considerablemente a la fecha.

La implementación de medidas adicionales de seguridad en los aeropuertos, surgieron principalmente como una consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11).

A partir de esa fecha, en la mayor parte del mundo empezamos a percibir y sufrir procesos en torno a viajar en avión, empezando con los tiempos de anticipación con los que hay que llegar al aeropuerto.

Si bien esas medidas fueron propuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, los convenios y tratados internacionales obligaron a todos los países con acuerdos de este tipo a también endurecer sus medidas de seguridad y revisión de acceso a las salas de los aeropuertos y a las aeronaves, principalmente por lo que respecta a los equipajes de mano.

Recordemos que los pasajeros tienen el derecho de facturar o documentar su equipaje según la clase adquirida de su pasaje, y de igual manera, pueden llevar consigo a bordo del avión algunos objetos ligeros y de determinado tamaño, los cuales se clasifican como equipaje de mano.

En esta hipótesis, los pasajeros no están autorizados a introducir en la zona restringida de seguridad, ni en la cabina de la aeronave, los artículos que constituyan un riesgo para los pasajeros y la tripulación, como también por la seguridad de la aeronave, máxime que tratándose del equipaje de mano, el pasajero tiene además acceso directo a éste.

En este caso, encontramos una lista de artículos prohibidos, que para en nuestro país se encuentran contenidos en la Circular obligatoria CO SA-17.2/10 R3, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que establece la “regulación de artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de servicio al público, y su posesión en zonas estériles de los aeródromos civiles de servicio al público para la prevención de actos de interferencia Ilícita”.

Artículos Prohibidos en el Equipaje de Mano, que en síntesis, señala lo siguiente:

● Armas de fuego y réplicas, aun siendo de juguete.

● Explosivos o pirotécnicos de cualquier especie.

● Objetos punzantes, punzocortantes, contundentes, tijeras mayores a 6 centímetros o cortaúñas con navaja mayor a 6 centímetros.

● Sustancias químicas, biológicas y radiológicas, tóxicas e infecciosas (venenos, sangre y otros fluidos corporales, biopsias, isótopos medicinales o comerciales)

● Bebidas alcohólicas y

● Todos aquellos líquidos en cantidades mayores a 100 mililitros…

Como se lee, algunos son bastante obvios, pero existen algunos que las personas que no viajan de manera frecuente pueden encontrarse con la sorpresa de no poder transportarlos consigo.

Los casos más comunes ocurren con los artículos señalados en el último de los puntos listados, esto es, los líquidos, geles o aerosoles mayores a 100 mililitros, cuya recomendación es que este tipo de envases sean transportados en su equipaje documentado.

Los artículos que pueden encuadrar en este supuesto pueden ser bastante amplios, por ejemplo, shampoo, cremas, pasta dental, perfumes, aceites, lociones, cajetas, miel, agua, jugos, sopa, salsas, moles, botellas de vinos, ungüentos medicinales, espumas de afeitar, fijadores para el pelo, desodorantes. Incluso en otros puntos, como es caso de herramientas, artículos deportivos, encendedores, cerillos y en fin, una extensa variedad de artículos que cabrían en la hipótesis de no deber ser trasladados en equipaje de mano.

Definitivamente, las necesidades de seguridad estricta no son de escatimarse, por lo que ello no constituye el fondo del presente documento, porque en realidad se trata del trámite a seguir a este tipo de materiales, cuando el pasajero no está en tiempo de documentarlo en equipaje facturado o bien, que de cualquier forma opta por deshacerse del artículo.

De acuerdo a la invocada circular CO SA-17.2/10 R3, la forma de proceder del revisor cuando advierte un artículo como los señalados, y que tampoco constituyen delito o infracción, por ejemplo el caso de líquidos, geles y aerosoles, el revisor informa al pasajero que no puede viajar llevando consigo el artículo de que se trate, y lo instruye para que pase al mostrador de la línea aérea para que se incluya en su equipaje facturado o se deshaga de él fuera del punto de inspección.

No obstante, como ya se dijo, el pasajero es común que opte por deshacerse del artículo y procede a depositarlo en los contendores ubicados en los puntos de inspección.

La interrogante sería entonces, sobre el trámite dado a estos productos o artículos depositados en los referidos contenedores.

Lo anterior, en virtud de que dichos artículos son materiales útiles, incluso, en muchos de los casos que hasta representen cierto valor; pues recordemos que la decisión de deshacerse de ellos no está relacionado con que el pasajero no les de importancia, sino a que por cuestiones de tiempo o de poca practicidad prefiere deshacerse de ellos.

Por lo mismo, que en el trámite dado a estos productos, no estaría mal que se brindase la oportunidad al pasajero de recuperarlo. Una forma de ello, sería a través de la entrega de un comprobante y un plazo perentorio para pasar a recogerlo en determinada oficina o ventanilla de atención al público, mas según se sabe, este trámite no existe.

Tampoco se tiene registro estadístico de los casos en los que esto ocurre, los que sin duda son un número significativo si consideramos que por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta a la fecha, una atención a más de 35 millones de pasajeros al año.

Por ello, atentos a que se trata de pertenencias útiles a los pasajeros, muy adecuado sería dar un trámite a estos casos, en los que más oportuno sería concederles la posibilidad de recuperarlos.

Siendo esta la sugerencia que me permito proponer que sea realizada respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concretamente al tenor de la contenida en la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que…

a).- Se sirva informar a esta soberanía sobre el trámite dado a los artículos depositados por los pasajeros en los contendores ubicados en los puntos de inspección de los aeropuertos, cuando se trata de aquellos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano y que el usuario, por cualquiera que sea la razón, no decide incluirlos en su equipaje documentado y opta por deshacerse de ellos a través de los referidos contenedores.

b).- Considere en el ámbito de su competencia, la posibilidad de implementar normatividad y/o programas encaminados a dar la oportunidad a los pasajeros a recuperar los artículos a que se refiere el párrafo que antecede, por ejemplo, través de la entrega de un comprobante y un plazo perentorio para pasar a recogerlo en determinada oficina o ventanilla de atención al público.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Servicio de Administración Tributaria a realizar investigaciones e informes a partir de los hechos acontecidos en la aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual, corrupción y conflicto de interés. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, Silvia Guadalupe Garza Galván y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a implementar acciones urgentes para aprovechar la posición de nuestro país denominada “Cinturón Solar” a través de producción de energías renovables. Se turna a la Comisión de Energía.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a convocar a un foro nacional de diversos especialistas temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas tecnologías como recurso en materia de políticas públicas y como recurso ciudadano de testimonio y prueba en materia de la actuación de los servidores públicos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado y a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia en la construcción del Centro Cultural Museo “Juan Soriano”, a fin de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de la obra arquitectónica. Se turna a la Comisión de Cultura.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En junio de 2014, el Gobierno del estado de Morelos y el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anunciaron la propuesta ganadora para la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano en  la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El recinto sería edificado en una superficie de 5,000 m2 y contaría con un auditorio, espacios para talleres, salas temporales, archivo y un jardín donde se realizarían obras al aire libre.

Es un proyecto que permitirá detonar la recuperación y mejoramiento de la zona, además de ofrecer un espacio verde, abierto a los visitantes y a los vecinos de las colonias circundantes, de acuerdo con el comunicado oficial.1

Contrario al espíritu de este proyecto, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer una serie de irregularidades en la construcción esta magna obra. Destacan conceptos de papelería que no están justificados por la cantidad de 15 millones 835 mil 100 pesos o “Estudios de mecánica de suelos, Geofísica y geotecnia” y “Diseño estructural” por los cuales se erogó la cantidad de 494 mil 300 pesos y 548 mil 300 pesos, respectivamente, sin que exista la documentación que acredite la aplicación de las deductivas correspondientes.

Aunado a lo anterior, se autorizó y pago por concepto de anticipo el 50% del monto al contratista por la cantidad de 84 millones 427 mil 700 pesos, cuando en la convocatoria se estableció que se otorgaría el 30% del monto de la primera asignación. Además, se formalizó el contrato con fecha 13 de diciembre del 2014 por 168 millones 855 mil 400 pesos, más 27 millones 16 mil 900 pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a esa fecha la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, sólo contaba con un monto autorizado de 100 millones de pesos que incluyendo el IVA.

En este particular, la Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 35, relativo a las adquisiciones, instruye que solo se podrá “convocar, adjudicar o realizar adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando dicha erogación se encuentre contemplada en el Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de que se trate o tenga la suficiencia presupuestal, sin que necesariamente se cuente con la disponibilidad del recurso, ya    que este se requiere solo hasta el momento de fincar el pedido o Contrato correspondiente”.

La suficiencia presupuestal que autorizó el 24 de diciembre del 2014 la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos por 100 millones de pesos para poder llevar a cabo el proyecto, resulto ser posterior a la formalización del contrato y por ende incumple con la normatividad aplicable.

Lo anterior deja de manifiesto que, pese a que está claramente prohibido en la Ley, el gobierno del estado ha incurrido en una serie de irregularidades que faltan al principio constitucional de máxima transparencia.

El artículo 134 de nuestra constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; asimismo, señala que el Estado debe buscar las mejores condiciones disponibles en relación al precio, calidad, financiamiento, oportunidad en la contratación de bienes, servicios y obra pública.

Ante estos acontecimientos, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional no podemos ser indiferentes, por el contrario, nos pronunciamos para que se realicen las investigaciones correspondientes y los responsables del uso indebido de recursos públicos sean sancionados conforme a derecho.

La fiscalización es un instrumento que nos permite conocer cómo han sido ejercidos los recursos públicos, los alcances y el ejercicio de los funcionarios públicos. Por ello, es necesario que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la Contraloría, den seguimiento a la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y que los funcionarios se apeguen al marco jurídico correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Morelos, para que en el marco de sus atribuciones solicite a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la Contraloría, llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia y supervisión en la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de la obra arquitectónica. Asimismo, para que envíe al Senado de la República un informe sobre los resultados de las auditorías.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://cultura.morelos.gob.mx/noticia/centro-cultural-museo-juan-soriano-en-cuernavaca





 

De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y María del Rocío Pineda Gochi, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar la reanudación de la relación con el Foro de Federaciones, como instancia internacional especializada en el desarrollo de la gobernanza en países con vocación federalista. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destinar los recursos disponibles en sus fideicomisos públicos, entre ellos el de pensiones complementarias, para pagar los gastos que actualmente se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo recomienda la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia.

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y

CONSIDERACIONES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado la forma poco eficiente en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opera 6 fideicomisos con distintos fines, pero que tienen en común ser cajas para ir acumulando recursos que al cierre de 2014, contaban con recursos casi cercanos a los 3 mil 800 millones de pesos.

Como mera referencia, para 2016, el presupuesto de la SCJN autorizado por la Cámara de Diputados supera los 5 mil millones de pesos.

Al cierre de 2014, los seis fideicomisos tuvieron erogaciones superiores a los 12 millones 700 mil pesos. Reporta la ASF que los recursos de los referidos fideicomisos representan el 92.8% del presupuesto total ejercido por la SCJN en 2014.

Este caso de la SCJN preocupa demasiado, porque el ejercicio del gasto de las unidades de gobierno de este país es en ocasiones irracional y fuera de los propósitos públicos.

Por un lado, hay casos en donde no se cumplen las metas y objetivos y se ejercen los recursos sin resultado alguno: la pobreza no baja, los derechos humanos sociales siguen sin alcanzarse para satisfacción de los que menos tienen, mientras los resultados en seguridad pública no llegan. El despilfarro de los recursos se instala. Por otro lado, algunas unidades ejecutoras de gasto, apelando a su autonomía, mantienen reservas de recursos que bien utilizadas podrán servir para financiar actividades y funciones productivas.

Cabe recordar que la SCJN, con base en la ley de presupuesto federal, como órgano constitucional autónomo posee autonomía presupuestaria, lo que significa que ejerce su presupuesto sin restricción alguna, sometido a las leyes de presupuesto que aplican para a las unidades ejecutoras de gasto; en el caso de que haya contracción económica, debe coadyuvar a la disciplina presupuestaria.

Esa misma autonomía, le permite crear instrumentos financieros como los fideicomisos en los que actúa como fideicomitente y como fideicomisario, auxiliándose de una institución autorizada por la ley que actúa como fiduciaria para cumplir alguno de los fines que tiene conferidos.

Sin embargo, la SCJN también ha abusado de la figura de los fideicomisos, pero no para eludir solamente las reglas de gasto federales, sino para destinar recursos a fines que no son necesariamente sustantivos, y que le permiten formar reservas actuariales que funcionan como un mecanismo de doble presupuestación, pues por un lado está el presupuesto fiscal, aquel que aprueba la cámara baja y por otro lado la serie de fondos en los que acumula año con año recursos.

Estos instrumentos tienen la ventaja de se crean con base en la citada autonomía presupuestaria, pero el problema es que (como lo señala la ASF) generan muchas dudas sobre la forma en que operan, ya que sobrepasan la lógica de ejercicio anual y de hecho se colocan en una lógica multianual, sin control del Congreso federal y sin que esto esté necesariamente regulado.

Es el espacio de la informalidad presupuestal, que ha ido avanzando día con día y que nadie hace algo para contener.

El problema es que se trata de la SCJN, máximo tribunal del país, quien debe, al igual que todos, hacer un ejercicio para coadyuvar a la racionalidad y disciplina presupuestaria.

En el caso de la SCJN, como lo documenta la ASF, se siguen acumulando recursos, sin que se ejerzan los mismos para los fines que se plantearon en los contratos de fideicomiso. Por ejemplo, en 2010, en los seis fondos se ejerció el 5.6% de recursos disponibles comparado con el saldo total que mantuvieron; en 2011, fue el 2.5%, mientras que para diciembre de 2014, sólo se utilizaron 0.3% de los recursos disponibles. De hecho, en ese año, los rendimientos provenientes principalmente de los rendimientos fueron 10 veces superiores al ejercicio anual del gasto.

El nombre de los 6 fondos en los que se acumulan los recursos, son los siguientes:

● 80691 “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN”,

● 80690 “Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”,

● 80688 “Plan de Prestaciones Médicas”,

● 80689 “Manejo del producto de la Venta de publicaciones, CD´S y Otros Proyectos,

● El fideicomiso número 80687 “Remanentes Presupuestales del año 1998 y anteriores” y

● El fideicomiso número 2125 “Fondo JURICA”.

Los fideicomisos números 80691 “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN” y 80690 “Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”, se alimentan principalmente de recursos fiscales para pagar pensiones complementarias de miembros del poder judicial hasta por 76 y 81 años,

Los fideicomisos números 80688 “Plan de Prestaciones Médicas” y 80689 “Manejo del producto de la Venta de publicaciones, CD´S y Otros Proyectos”, siguen la misma estrategia de acumulación de recursos.

El fideicomiso número 80687 “Remanentes Presupuestales del año 1998 y anteriores”, es de destacarse por la posible duplicidad de recursos en la que incurre la SCJN, y por ello se retoma literalmente lo que señala la ASF, que señala que el objeto del fideicomiso es “… otorgar recursos para la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales o para el mantenimiento de los ya instalados, así como para la adquisición de activos fijos, (pero) se comprobó que, en el periodo de 2011 a 2014, no se erogaron recursos para dichos conceptos, no obstante que en ese mismo periodo, la SCJN ejerció, en el capítulo 6000 “Obra Pública”, recursos presupuestales por 226,904.2 miles de pesos que bien pudieron cubrirse con recursos de dicho fideicomiso de acuerdo con el objetivo para el cual fue creado.”1

Finalmente, el fideicomiso número 2125 “Fondo JURICA”, sigue la misma estrategia de los anteriores, y en él se documenta que el costo del fiduciario sobrepasa el pago anual estándar de los demás fondos.

La información de la ASF muestra que hay una estrategia de sobrestimación de recursos por parte de la unidad de administración de la SCJN que sigue alimentando los fondos con recursos fiscales para hacer frente a obligaciones contingentes en el futuro.

Esta condición es preocupante.

Con base en las disposiciones jurídicas aplicables, en específico la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como se señaló, la SCJN goza de autonomía presupuestaria, y por ello, puede constituir fidecomisos públicos y mantener los recursos aportados en los mismos para el cumplimiento de sus fines, razón por la cual no se puede obligar a la SCJN, a devolver esos recursos y reintegrarlos a la TESOFE.

Sin embargo, lo que sí puede hacer la SCJN es, como lo recomienda la ASF, destinar esos recursos para que “se apliquen al pago de los gastos que actualmente se cubren con recursos del presupuesto de ese Alto Tribunal, los cuales bien pueden pagarse con las disponibilidades de recursos que mantienen los citados fideicomisos y de esta forma cumplir también con los objetivos para los cuales fueron constituidos”.2

Esto permitiría salvaguardar la autonomía presupuestal de la SCJN al mismo tiempo que permitiría cumplir con los fines de los fideicomisos; en adición, sería una muestra de responsabilidad hacendaria por parte del más alto tribunal del país.

La SCJN, como lo establece la ASF, debe ser sensible a la situación económica del país. No podemos negar que se requieren recursos para el pago de prestaciones obligatorias y complementarias en la carrera judicial, que además son derechos adquiridos en una perspectiva de derechos humanos; a lo que nos oponemos es que se abuse del ejercicio del presupuesto y de la autonomía presupuestal que no son prudentes en un contexto de carencia de recursos en la población, de estancamiento económico, y a ello sumar abusos de los funcionarios públicos que se asignan salarios de escándalo, gastan con exceso en privilegios personales y se auto-otorgan pensiones vitalicias que salen del bolsillo de los contribuyentes.

No queremos que llegue el momento en que, como lo recomienda la ASF, se tenga que emitir una ley ad hoc, para que la SCJN sea sujetada a la legalidad presupuestaria y se le obligue a disminuir su presupuesto en la misma medida y monto de las reservas que acumula en sus 6 fideicomisos, o bien, a proponer a la Cámara de Diputados que en el próximo presupuesto de egresos únicamente se le asignen recursos equivalentes a la diferencia entre sus reservas y disponibilidades y el presupuesto aprobado anterior (para 2017 sólo se le estarían asignando un poco más de 2 mil millones de pesos).

La SCJN puede y debe actuar con voluntad republicana y disciplina hacendaria. No puede tomar al presupuesto como botín.

La SCJN, como garante de la legalidad, no puede simular. No puede darle la vuelta a la ley en su propio beneficio, negando al mismo tiempo su papel de representante de la ley y la justicia.

Si la SCJN no cumple la ley, prácticamente ya no hay ninguna garantía para que los demás entes públicos lo hagan, puesto que se trata del primer y último garante de la constitución y la ley. Si nuestra máxima institución para la justicia hace trampa para mantener sus privilegios, entonces es comprensible que los ciudadanos no tengan confianza alguna en sus instituciones públicas.

Lo ilegitimo nunca puede ser legal. El abuso de la ley no es signo de justicia.

Debemos darle la oportunidad de que enmiende el ejercicio del presupuesto y utilice con responsabilidad sus disponibilidades financieras.

Pero en caso contrario, como representantes populares y como vigilantes del ejercicio público de los recursos, no nos dejarán otra opción que denunciar los excesos de la SCJN y poner en entredicho su esfuerzo por salvaguardar nuestros derechos.

No puede haber instituciones ricas con pueblo pobre.

Por lo anterior, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que atienda a la brevedad las recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Cuenta Pública 2014, mediante las cuales propone que los recursos disponibles en los seis fideicomisos públicos en los que el máximo tribunal del país es fideicomitente, se utilicen para sufragar los gastos que actualmente se cubren con recursos del presupuesto de ese Alto Tribunal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Cfr. ASF. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

2 Ídem.





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a cesar las descalificaciones a los organismos internacionales; en particular al informe “Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en curso. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora Layda Sansores San Román, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, fracción II, 108 numeral I, numeral 2, numeral 3, 276 numeral 1 fracción I y numeral 2 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración del Pleno la presente, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION QUE EXHORTA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CESAR LAS DESCALIFICACIONES A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, Y EN PARTICULAR AL INFORME “SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO” PUBLICADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL 2 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DAR CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EN SU CARÁCTER DE COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS PERMITIR QUE EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL CASO AYOTZINAPA REALICE ENTREVISTAS A INTEGRANTES DEL 27 BATALLÓN DE INFANTERÍA, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

● En medio de la crisis de derechos humanos que se vive en el País, y un año después de los trágicos acontecimientos en contra de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado Mexicano, así como con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos, periodistas, y víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares.

● En sus observaciones preliminares, presentadas, al concluir su visita, la CIDH sentenció que “México vive una grave crisis de derechos humanos”, con base en hechos que no son ajenos de lo que tristemente, los mexicanos nos enteramos en la cotidianidad: violencia y amenazas contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos; desplazamiento interno forzado, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, impunidad y falta de acceso a la justicia, entre otros males y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Ante el terrible contexto, la CIDH consideró que la grave crisis “es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada `guerra sucia´ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”; y emitió las siguientes recomendaciones:

● Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles.

● Tomar medidas para que en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los resultados de una investigación.

● Adoptar medidas de protección específicas en los casos en que estén en riesgo las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores que participen en la investigación o búsqueda de justicia. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas personas.

● Revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación.

● Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.

● Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.

● Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.

● Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.

● Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.

● Maximizar los esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han registrado altos niveles de violencia.

● Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal.

● Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas desaparecidas actualizadas, confiables que contengan toda la información necesaria para el proceso de identificación.

● Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar el desplazamiento interno forzado conforme a los estándares internacionales en la materia.

● Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean puestas a disposición inmediata de un juez sujeto a sanción en casos de incumplimiento.

● Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada.

● Eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano.

● Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan denuncias o indicios de tortura. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional en forma expedita y bajo riesgo de sanción.

● Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación.

● Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia.

● Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al mecanismo se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.

En el caso Ayotzinapa, atender las recomendaciones del GIEI. La CIDH acompaña la solicitud del grupo sobre el cambio del equipo completo de investigación del caso, nombrar un fiscal especial, trasladar la investigación de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, seguir las líneas de investigación identificadas por el GIEI, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería

Cabe resaltar que la visita de la CIDH se llevó a cabo también en el contexto de un insano e insensato ataque y descalificación que desde el Gobierno de la República se orquestó contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la propia CIDH, para brindar asesoría técnica al Estado, sobre el caso Ayotzinapa. Tras la presentación de su investigación y primeras conclusiones –que desvirtuaron la “verdad histórica” de la PGR-, estas fueron cuestionadas mediáticamente por altos funcionarios del Gobierno, como Miguel Ángel Osorio Chong y Roberto Campa Cifrian, Secretario de Gobernación y Subsecretario de Derechos Humanos, respectivamente.

Por lo anterior, cobra relevancia la última recomendación de la CIDH, al tratarse de una investigación que ha sido paradigmática e ilustrativa de nuestra grave crisis, y en cuyo curso, no se han atendido las recomendaciones, especialmente en lo referente a permitir al GIEI entrevistar a los testigos integrantes del 27 batallón de infantería.

● El día de hoy, se ha hecho público el informe “Situación de derechos humanos en México”, de la CIDH, que reitera en lo sustancial las observaciones preliminares del 2 de octubre de 2015, afirmando que el Estado no ha Implementado acciones efectivas para atender la grave crisis de inseguridad y violencia.

Las observaciones y recomendaciones de la CIDH son las siguientes:

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de violencia e inseguridad en México señalada en este informe, generada por el accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, y la captura de elementos del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada, ha tenido como consecuencia el incremento en graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, la información recibida apunta a que la inseguridad y la violencia continúan sin la debida respuesta estatal requerida. Esta se alimenta del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad que rodea estos hechos.

En este contexto, continúan siendo de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

Para la Comisión, la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y efectiva.

Por lo tanto, el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.

En este contexto, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, algunas de las cuales, están siendo realizadas por el Estado mexicano según sus observaciones al proyecto del presente informe783:

A. Seguridad ciudadana

Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.

Adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Tomar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación.

Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

Asegurar que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.

Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad.

Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución.

B. Desapariciones y desapariciones forzadas

Adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.

Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada. Una base de datos debe contar con información personal de las personas desaparecidas, la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento, y la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no identificada que fuera privada de la vida. Dicha información personal deberá ser protegida en el portal del Registro de acuerdo a estándares internacionales sobre acceso a la información.

Fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas, para asegurar su aplicación efectiva a nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para que éste proporcione información precisa y confiable sobre las mujeres y niñas desaparecidas y desaparecidas forzadamente.

 Atender las recomendaciones del GIEI conforme las atribuciones conferidas en su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27, y continuar con las investigaciones en el caso. Considerar la utilización de mecanismos similares para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.

C. Tortura

Adoptar una Ley General sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En particular, asegurar que la Ley General sobre Tortura excluya “pruebas” y “confesiones” obtenidas mediante tortura del proceso penal de la persona torturada y de otras personas implicadas en dichas confesiones. Establecer claramente en la ley que la parte acusadora tiene la carga de la prueba para demostrar la licitud de cualquier prueba impugnada.
Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean puestas a disposición inmediata de un juez bajo riesgo de sanción.

Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan denuncias o indicios de tortura o malos tratos. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional por autoridades competentes e independientes en forma expedita y bajo riesgo de sanción.

Establecer el uso obligatorio de cámaras y otros protocolos de seguridad durante los interrogatorios y en las patrullas, como medida preventiva de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.

Eliminar el arraigo y la flagrancia equiparada del ordenamiento jurídico mexicano.

D. Ejecuciones extrajudiciales

En cualquier acto en donde haya privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, realizar una averiguación e investigación exhaustiva conforme a los estándares internacionales, que las investigaciones desde la escena del crimen sean procedidas por peritos no integrantes de organismos policiales o militares.

Asegurar que las Fuerzas Armadas registren las cifras sobre personas muertas y heridas en sus operaciones y que se abran las investigaciones correspondientes cuando corresponda.

Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en panteones de todo el país con causa de muerte violenta. Asimismo, se recomienda la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han registrado altos niveles de violencia.

Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.

Realizar todos los procesos de exhumación e identificación de restos con apego estricto al trato digno de los familiares de las víctimas por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno involucradas en el proceso.

Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal.

Implementar un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información forense sobre restos no identificados de personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México con los bancos forenses de migrantes desaparecidos que se han desarrollado en la región.

E. Acceso a la justicia

Fortalecer a las procuradurías en el país en materia de capacitación técnica e independencia, con el fin de garantizar una debida investigación.

Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación.

Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores y defensoras que participen en la investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso a los expedientes a las y los familiares y representantes legales. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas personas.

Adoptar medidas de protección específicas para operadores de justicia de acuerdo a sus necesidades particulares y en consulta con ellos.

Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas.

Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los hechos cometidos durante la época de la llamada Guerra Sucia.

Fortalecer el Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al Mecanismo, en tanto, se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores del medio ambiente, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.

Reformar el Código de Justicia Militar para disponer que cuando un elemento de las fuerzas armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los derechos humanos, dichos actos sean juzgados por tribunales de jurisdicción civil, independientemente de si la víctima es civil o militar.

Monitorear la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal así como la efectividad de las capacitaciones. Incluir a defensores públicos en las capacitaciones.

Evaluar la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal así como las áreas en las que se requerirá un acompañamiento más cercano, con capacitación adecuada y recursos necesarios. Incluir capacitación permanente a operadores de justicia y defensores públicos sobre control de convencionalidad.

F. Personas en situación particular de vulnerabilidad

En cuanto a las personas LGBT, la CIDH insta al Estado mexicano a:

Adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGBT, de acuerdo con estándares de debida diligencia. Las investigaciones en casos de violencia contra personas LGBT deben estar libres de nociones estereotipadas de las personas LGBT y deben incluir la determinación de si estos actos fueron cometidos por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

Adoptar medidas necesarias en materia de prevención de la violencia, incluyendo medidas legislativas y en políticas públicas en miras hacia la erradicación de la discriminación social que existe hacia personas LGBT, la cual potencia y refuerza la violencia basada en prejuicio.

En cuanto a los derechos de las mujeres la CIDH recomienda al Estado mexicano:

Implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres; ello comprende la capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas desde la investigación – incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la justicia.

Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad;

Implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de procuración de justicia para los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como una debida supervisión sobre su implementación.

Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres;

Diseñar e implementar políticas culturalmente adecuadas, con la participación de mujeres indígenas, y aplicando un enfoque comprehensivo y holístico, que tengan como objetivo la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación cometidos en su contra.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, la CIDH insta al Estado mexicano a:

Elaborar protocolos de actuación de la policía respecto de las intervenciones con niños, niñas y adolescentes con el fin de asegurar la protección de sus derechos.

Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos y considerar los agravantes correspondientes dada la edad de la víctima.

En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos humanos:

Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva culturalmente adecuada y se tome en cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus integrantes sean víctimas de violaciones a derechos humanos.

Garantizar la disponibilidad de traductores en todo el territorio nacional y en todos los niveles de gobierno para que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan tener acceso a la justicia cuando así lo requieran.

Adoptar las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e informadas en proyectos que afectan sus territorios.

En relación a las personas privadas de libertad:

Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada.

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una estrategia de reinserción social. En este sentido, garantizar que los recursos financieros sean dirigidos a humanizar e implementar medidas que permitan la reinserción de las personas privadas de libertad. En particular, respecto a las personas con discapacidad, identificar una estrategia de inserción social mediante la implementación de servicios en la comunidad.

Hacer pública la información sobre los estándares de la

Association (“ACA” por sus siglas en inglés) para acreditar centros American Penales Correctional.

Implementar medidas de carácter normativo y de cualquier otra índole a fin de garantizar condiciones de detención adecuadas a las necesidades particulares de grupos en especial situación de vulnerabilidad. En relación con las mujeres privadas de libertad, el Estado debe garantizar que la adopción de medidas respectivas atienda a un enfoque de género. Respecto a las personas con discapacidad privadas de su libertad, el Estado mexicano debe garantizar la eliminación de barreras del entorno que dificultan el ejercicio de sus derechos, mediante la realización de ajustes razonables.

Adoptar medidas para hacer frente a la prisión preventiva y a los altos niveles de hacinamiento. Las medidas a adoptar pueden consistir, entre otras, en el incremento de jueces de ejecución penal, y el establecimiento de brigadas periódicas de revisión de expedientes que permitan identificar casos de duración excesiva de la prisión preventiva.

Asegurar que la Ley Nacional de Ejecución Penal incluya los estándares internacionales que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, tanto procesadas como sentenciadas, con énfasis en un debido proceso penal y reinserción social.

Respecto a las personas migrantes:

Cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

Elaborar un diagnóstico nacional para “caracterizar” el desplazamiento interno en México y, consecuentemente, adoptar una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.

Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.

Asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la protección de las personas contra el desplazamiento forzado.

Respecto a defensores y defensoras:

Fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su vez, se insta al Estado mexicano a incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño y adopción de medidas de protección para defensoras y periodistas;

Respecto a la libertad de expresión, la Comisión recomienda al Estado mexicano:

Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.

Definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y desagregadas sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las agresiones así como sobre las medidas de protección adoptadas. Definir una autoridad estatal como encargada de capturar la información y publicar las estadísticas, e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la aplicación de dicha metodología.

Remover todos los obstáculos para que en la práctica la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, pueda atraer la investigación de los delitos cometido contra periodistas y contra la libertad de expresión. De esta forma hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.

Mantener el carácter de fiscalía especializada de la FEADLE y dotarla de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor.

Adoptar protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se deba agotar completa y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u agresión con el oficio periodístico.

Mejorar la relación existente entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal a fin de evitar que conflictos de competencia entorpezcan o retarden las investigaciones.

Permitir que las víctimas, sus familias y cuando haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir una reparación.

G. Acceso a la información:

En cuanto a la atribución que le confiere la ley de Acceso a la Información a la Consejería Jurídica de la presidencia, se recomienda reglamentar dicha facultad de acuerdo a los principios internacionales referidos a acceso a la información pública y seguridad nacional.

Fortalecer las leyes, políticas y prácticas para asegurar que las autoridades judiciales tengan pleno acceso a la información relevante cuando investigan y procesan casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.

Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos de seguridad recopilen, sistematicen y publiquen periódicamente la información referida a afectaciones a la vida e integridad, como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. La información relativa a tales afectaciones deberá hacer una descripción del lugar donde ocurrieron, la fecha, los datos de la unidad del sector seguridad que hubiera estado presente cuando ocurrieron, información sobre su mandato y control.
Así mismo, cuáles fueron las causas de la afectación y de la incapacidad para impedirlas.

Respecto del Mecanismo de Defensores y Periodistas la Comisión recomienda al Estado mexicano:

Requerir a las autoridades competentes tomar en consideración los parámetros internacionales en materia de protección, especialmente, las consideraciones desarrolladas en el “Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y el “Informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH”.

Proporcionar todo el apoyo político necesario para el adecuado funcionamiento del mecanismo de protección, el cual incluya los recursos económicos necesarios para que puedan desarrollar eficientemente sus competencias en materia de protección y el mismo sea sostenible en el tiempo.

Adoptar todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario para su operación adecuada.

Garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de prevención y de protección sean realizados de manera adecuada y atendiendo la urgencia de los asuntos. Por tanto, que en los procesos de valoración de riesgo, asignación de esquemas de protección y revisión sobre su idoneidad, se garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las personas amparadas por el mecanismo de protección, así como beneficiarios de medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales.

Exhortar al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, en los diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección de las y los defensores de derechos humanos, así como también de periodistas.

Alentar al mecanismo de protección a implementar una estrategia de difusión sobre sus competencias, los requisitos para ingresar al programa, entre otra información necesaria, con el objetivo de que defensores de derechos humanos y periodistas conozcan sobre la protección que puede proporcionar el mecanismo. De igual forma y de acuerdo a estándares internacionales, proporcionar acceso a la información necesaria sobre el mecanismo de protección, a fin de proporcionar mayor transparencia sobre el trabajo que se está desarrollando.

Alentar al mecanismo de protección a adoptar un procedimiento que le permita ordenar medidas de protección de oficio en aquellos casos que por su gravedad y urgencia las requieran de forma inmediata.

Instar al Estado a duplicar esfuerzos para investigar los hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el mecanismo de protección, con el propósito de establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención.

Alentar al mecanismo a adoptar herramientas que le permitan realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo”.

4. La reacción del Estado Mexicano ha sido nuevamente, virulenta y peligrosa. La Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la PGR, emitieron un comunicado conjunto descalificando el informe y las conclusiones de la CIDH al afirmar que “La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.

Además, nuevamente afirma el gobierno, que lo informado por la CIDH no refleja la situación general del país.

El Senado de la República no puede ser omiso a esta falta de compromiso del Gobierno Federal con la labor hecha por un órgano fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las recomendaciones de la CIDH deben ser cumplidas a cabalidad en vez de ser desacreditadas a prioridad de insistir en el incumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado ha suscrito.

Cobra relevancia, nuevamente, el caso Ayotzinapa y la negativa a permitir el trabajo del GIEI, que a su vez ha reportado que la investigación de la PGR se ha fragmentado, con lo que se ha complicado su trabajo y por lo tanto, el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad Mexicana en general.

Por lo anteriormente expuesto, se someten a consideración de esta soberanía, las siguientes proposiciones con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a cesar las descalificaciones a los organismos internacionales, y en particular, al Informe “Situación de derechos humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del presente año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a dar cabal cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a permitir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, realice las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de Infantería, tal y como se ha solicitado reiteradamente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar en el último trimestre de 2015, veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar sobre el desempeño de los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.







 

De los Senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía para informar respecto de los ajustes anunciados por la Empresa Productiva del Estado el 29 de febrero de 2016. Se turna a la Comisión de Energía.







 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a liquidar los adeudos por prestación de servicios con empresas hoteleras, contratados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal en cumplimiento al “Operativo Conjunto” y “Operativo Guerrero Seguro”. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE SE LIQUIDEN LOS ADEUDOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EMPRESAS HOTELERAS, CONTRATADOS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL EN CUMPLIMIENTO AL “OPERATIVO CONJUNTO” Y “OPERATIVO GUERRERO SEGURO”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, será́ recordado porque en él se redefinió́ la política de seguridad pública en México. El componente más polémico fueron los operativos de seguridad pública, en tanto que implicaron la militarización de la mitad del territorio nacional.

Los operativos conjuntos se implementaron en 16 estados de 2006 a 2011: Michoacán, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí  e involucraron a las Secretarias de Seguridad Pública, la Defensa Nacional  y Marina-Armada , así́ como la Procuraduría General de la República  en coordinación con las corporaciones policiales estatales y municipales, para reforzar el combate a los delitos federales y brindar apoyo a las autoridades locales en su lucha contra delitos del fuero común.

Los operativos conjuntos fueron justificados con el argumento de que permitían erradicar o asegurar drogas y precursores químicos; detener o abatir delincuentes; confiscar bienes materiales como armas, dinero, vehículos y laboratorios; desarticular bandas criminales.

En Guerrero se puso en marcha el operativo conjunto en enero de 2007, en una acción del Gobierno Federal contra el crimen organizado. En 2009 con el cambio de Gobierno Estatal se mantuvieron los operativos conjuntos y en octubre de 2011, siendo Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, anunció el “OPERATIVO GUERRERO SEGURO”, ante el aumento de homicidios en el estado, principalmente en Acapulco.

En un inicio, el manejo de los recursos destinados para estos operativos, en los conceptos de hospedaje y alimentación de los elementos de policía federal, los administraba directamente la Secretaría de Seguridad Pública. En el periodo comprendido de 2009 a 2011, los hoteles firmaban contrato directamente con la Secretaría de Seguridad Pública y no existió atraso tan prolongado, ya que las cuentas se liquidaban entre los 15 y 21 días de la fecha en que se prestaba el servicio.

En enero de 2012, la policía federal decidió contratar a la empresa TURISSSTE para el manejo de las solicitudes de servicios para policía federal y a su vez TURISSSTE contrató a la Agencia “Turismo Nuevo Milenio”, para ser el enlace con los hoteles, en este modelo se presentaron atrasos por más de cuatro meses y derivado de esto se canceló el convenio con TURISSSTE y lo volvió a tomar la Secretaría de Seguridad Pública de agosto a diciembre 2012.

Al inicio de 2013, se asignó nuevamente a TURISSSTE para el manejo de las solicitudes de servicios para policía federal, y ésta a su vez, contrató a la Agencia ARTMEX VIAJES, para ser el enlace con los hoteles con quienes se prestaba el servicio de hospedaje y alimentación en ese año, presentándose nuevamente en este año un retraso de cuatro meses en el pago de las cuentas con los hoteles que prestaron los servicios.

En abril de 2013, se asignó el contrato para el manejo de los servicios de hospedaje y alimentación a la Agencia de Viajes CORPORATE TRAVEL SERVICES, quien fue la responsable de solicitar los servicios en los meses restantes de 2013, teniendo un retraso en el pago de sus cuentas de hasta más de un año, después de los servicios prestados.

En el 2014 se asignó nuevamente el contrato a TURISSSTE para el manejo de las solicitudes de servicios para la policía federal y ésta a su vez, contrató a la Agencia ARTMEX VIAJES para ser el enlace con los hoteles a quienes se prestaba el servicio.

Este periodo ha sido el peor en atrasos de pagos, ya que desde el mes de julio 2014 a febrero de 2016, se tiene un retraso en el pago de servicios prestados de 1 año con 7 meses. Dicho adeudo asciende a un monto de 25 millones de pesos en el estado de Guerrero.

En este tiempo, los hoteles que han podido cubrir sus deudas generadas durante la estancia de la policía federal, tuvieron que recurrir a préstamos bancarios; y otros que no pudieron pagar sus deudas provocaron una crisis en toda la cadena productivas y se vieron obligados a cerrar dejando deudas con proveedores y trabajadores debido a la falta de liquidez.

En este mismo período el Gobernador en turno Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Comisario a cargo de la Policía Federal, Héctor González Valde peña, con la finalidad de resolver el problema, acordaron que el Gobierno de Estado cubriría los servicios de hospedaje y alimentación para los elementos de la policía federal, para darles un estímulo a su trabajo en el estado adicional a sus viáticos. Durante esa administración, los pagos se hicieron de manera regular, sin embargo, al darse el cambio de gobernador (Interinato), se desconoció el acuerdo, aun cuando la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, tenía en su poder las facturas que amparan la deuda.

En la entrega recepción de la actual administración, iniciada el 27 de octubre de 2015, no se hizo mención del adeudo que le corresponde al Gobierno del Estado, derivado del acuerdo multicitado, que asciende a un monto de más de 15 millones de pesos.

Es lamentable, que tratándose de servicios prestados a funcionarios o dependencias de gobierno, los pagos generados por hospedaje y alimentación, no hayan sido cubiertos en tiempo y forma; lo que se afectó la frágil economía de las empresas locales y se creó un adeudo que hasta la fecha no ha sido saldado en su totalidad, en particular al sector hotelero del Puerto de Acapulco, pese a las múltiples gestiones de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco.

Es urgente y necesario que la Secretaría de Gobernación dé a conocer los montos, destino y ejercicio de los recursos etiquetados a los “Operativos Conjuntos” y “Guerrero Seguro” y las causales por las que la dependencia no ha podido cubrir las deudas contraídas después de 1 año 7 meses de prestados los servicios; y de esta manera evitar que se siga incrementando la deuda y afectar la economía del Estado de Guerrero.

Los hoteleros manifiestan su preocupación y solicitan que los recursos lleguen íntegros  a las empresas hoteleras que en su momento prestaron los servicios, y vigilar que las empresas intermediarias que realicen los pagos condicionen el pago por porcentajes de comisión que va del 7 al 12% de lo facturado.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhortaal titular de la Secretaría de Gobernación, para que presente un informe detallado de la cantidad del adeudo y del ejercicio de los recursos destinados para el pago de servicios contratados en el cumplimiento del “Operativo Conjunto” y “Operativo Guerrero Seguro”, instalados para combatir la inseguridad en el Estado de Guerrero, con el objetivo de conocer las causas por las que no se han pagado los servicios prestados.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad liquide los adeudos generados por los operativos: “Operativo Conjunto” y “Operativo Guerrero Seguro”, por concepto de hospedaje y alimentación a empresarios hoteleros del Estado de Guerrero, en el periodo que comprende de 2009 a 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar acciones para sancionar y, en su caso, clausurar los establecimientos comerciales y tiendas departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o servicio cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de débito. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA CONDUSEF Y A LA PROFECO A QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA SANCIONAR Y EN SU CASO CLAUSURAR, A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES QUE REALICEN EL COBRO DE COMISIONES O RECARGOS QUE AUMENTEN EN UN PORCENTAJE EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA O SERVICIO CUANDO SU PAGO SE REALICE CON TARJETA DE CRÉDITO O DE DÉBITO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es importante estar bien informado en el momento de utilizar o realizar pagos con tarjeta de crédito o débito, ya que se han detectado que algunos establecimientos comerciales realizan el cobro de una “comisión” o “recargo” que puede variar del 3% al 5% sobre el valor total de la compra o servicio.1

Esta situación incumple con lo que los comercios han pactado con las instituciones bancarias, ya que en los contratos establecidos para hacer uso de las terminales punto de venta, se deja claro que el pago de este servicio no debe repercutir en el precio de los bienes y de los servicios que son ofrecidos por los establecimientos a los clientes.

La CONDUSEF ha declarado que este tipo de prácticas son indebidas, ya que condiciona la aceptación de dicha forma de pago y resulta onerosa para el tarjetahabiente. Además de esto, obstaculiza la promoción de la Inclusión Financiera, ya que el usuario de las tarjetas interpreta que el hecho de hacer uso de ellas resulta en una operación más costosa que utilizar dinero en efectivo.

Por mencionar un ejemplo, si tan solo el 2% de las operaciones diarias fuesen condicionadas por comerciantes adeptos a estas prácticas abusivas, se estaría hablando de alrededor de 73 mil usuarios afectados en lo relacionado con sus intereses económicos, hasta por un importe que rebasa los 2 millones de pesos diarios. Con esto se puede concluir que algunos comerciantes generan ganancias indebidas con este tipo de prácticas.

Sin embargo, es justo mencionar que a los establecimientos o comercios, les es cobrada una comisión por recibir el pago con tarjeta de débito o crédito por hacer uso de la llamada  terminal punto de venta, pero también reciben beneficios como:

● Aumentar su potencial de ventas, ya que ha habido un incremento de los usuarios de dichas tarjetas.

● Disminuir sus costos, ya que se reduce el riesgo de realizar el depósito bancario de las ventas diarias y se elimina la necesidad de contratación de una organización que traslade el efectivo.

● Incremento del nivel de seguridad en el establecimiento. Debido a la menor existencia de efectivo en el mismo, se desincentiva la actividad delictiva.

Una vez que se tiene esta información, de acuerdo a la CONDUSEF, es recomendable reportar este tipo de situaciones a la Institución Bancaria de la cual se es cliente, o a la misma CONDUSEF, para aportar los datos pertinentes del comercio infractor para poder aplicar las medidas pertinentes. Sin embargo han existido algunos casos en los que los propios comerciantes señalan que esta situación es por el banco que les presta el servicio, ya que los comerciantes argumentan que se trata de una medida para hacer frente a ciertos recargos que les hacen las instituciones bancarias por utilizar sus terminales de venta o para cumplir con ventas diarias mínimas requeridas, lo que genera confusión entre los usuarios.

En lo referente a la realización de los reportes mencionados, existen varios de ellos  hechos por consumidos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la CONDUSEF, señalando que restaurantes, tiendas multilínea, departamentales y hasta servicios de taxis llevan a cabo esta mala práctica de realizar cargos adicionales.2

Entre las organizaciones que llevan a cabo esta conducta y que fueron señaladas por los usuarios, destacan Office Depot, Levi´s, Price Shoes, Costco, Sam´s y los restaurantes California. 3

De cualquier forma, esta actividad no se limita solo a los grandes comercios o a las grandes empresas minoristas o de servicios alimenticios, ya que se han registrado casos de este abuso cometido por bases de servicio de transporte (Taxis) y se ha reportado que fuera de la zona metropolitana es más evidente. Incluso esta actividad es llevada a cabo por algunas concesionarias de la armadora automotriz japonesa Nissan.

También llama la atención que se han registrado múltiples quejas de los usuarios relacionadas con el organismo gubernamental Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ya que al momento de pagar su tarifa con algún tipo de tarjeta, se hace un cobro proporcional al 3% de comisión.

Como sanciones a este tipo de actividades, la PROFECO tiene la facultad de clausurar a los comercios y establecimientos infractores, mientras que la institución bancaria dueña de la terminal puede requisar la terminal punto de venta. Ambas medidas pueden ser aplicadas en el momento en que se determine que el acuerdo bilateral no fue cumplido.

Sin embargo el vicepresidente de la CONDUSEF reiteró que si bien se trata de una acción indebida, las autoridades financieras no pueden hacer nada para detenerlo, puesto que no tienen injerencia en los establecimientos de los diversos tamaños y diferentes sectores en los que se ha detectado este problema.

Derivado de la implementación de las reformas estructurales, entre las que se incluye la reforma en materia financiera y crediticia, se ha generado un cambio en la percepción de los mexicanos respecto a la utilización del crédito que brindan las instituciones de banca múltiple, gracias a la Reforma Financiera que fue promulgada en 2014, el saldo de la cartera de crédito total de la banca comercial ascendió a 3.1 billones de pesos, y este aumento significo un incremento anual de 4.9% en términos reales, como lo afirmo el Presidente Enrique Peña Nieto.4

También se señala que uno de los rubros destacados en lo referente a este aumento, es el de la vivienda, ya que destaca por su incremento de 9.6% en términos reales, recalcando que la evolución del crédito en México se ha logrado sin afectar la solidez del sistema bancario mexicano.

La citada reforma fortalece el Estado de Derecho para que se puedan otorgar más créditos, se promueve la inclusión financiera y además se reoriente la función de la banca de desarrollo y comercial, para que exista una complementación en pro de los mexicanos.

Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,  la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que de manera coordinada, implementen las acciones que resulten necesarias dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, a efecto de sancionar y en su caso clausurar, a los establecimientos comerciales y tiendas departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o servicio, cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de débito y a que se les exija a dichos proveedores a que cobren por dichos productos y servicios la misma cantidad como si su pago se realizara de contado, toda vez que estos cargos adicionales afectan la economía familiar de las y los consumidores.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2012/810-pagar-con-tarjeta-no-es-mas-caro

2 http://www.milenio.com/negocios/Comercios-cobran-comision-prohibida-tarjeta-pago-debito-dinero-electronico_0_593940627.html

3 http://sipse.com/mexico/cobro-comisiones-prohibidas-pago-tarjeta-credito-170501.html

4 http://www.elfinanciero.com.mx/politica/con-reforma-financiera-credito-de-la-banca-aumento-epn.html





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre las causas que fundaron y motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS QUE FUNDARON Y MOTIVARON LA DECISIÓN DE REMOVER ÚNICAMENTE A TRES CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS POR LAS VIOLACIONES A LA NORMA ELECTORAL, COMETIDAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE 2015, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de los comicios realizados en Chiapas el mes de Julio de 2015, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), denunció ante el TEPJF violaciones al principio de paridad de género en la contienda electoral realizada.

Ante estos hechos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en su sentencia SUP-REC-294/2015 mediante sentencia dictada el 8 de julio en el expediente SUB-REC-294/2015, ordenó tanto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) como a los partidos políticos y coaliciones participantes observar y vigilar el estricto cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas a los cargos de Diputados al Congreso local, así como miembros de los Ayuntamientos. En esta sentencia, por unanimidad, los magistrados revocaron la mayoría de candidaturas en la entidad.

En acatamiento de dicha sentencia, el Consejo General del IEPC, emitió el 9 de julio de 2015 un acuerdo por el que se establecieron nuevos parámetros que supuestamente cumplirían con el mandato del Tribunal.

Si bien la determinación de los magistrados electorales fue un logro significativo, en muchos casos solamente se consiguió que los excandidatos únicamente hicieran enroques para colocar a incondicionales moviendo a los aspirantes a presidentes municipales a los cargos de síndicos o regidores, en tanto que a la cabeza de las planillas quedaron las esposas, hermanas o hijas de éstos, en clara violación a la normatividad electoral.

Por otro lado, en la referida sentencia del 8 de julio de 2015, por unanimidad, los magistrados ordena rondar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que, analizara la conducta de los miembros del Consejo General del IEPC, e iniciara el proceso de remoción de los consejeros chiapanecos al aplicar los artículos 32 y 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resaltó que los consejeros electorales de Chiapas incurrieron en una negligencia grave al permitir que los partidos colocaran a una mayoría de hombres como candidatos.

En acatamiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lunes 13 de julio, el Consejo General del INE acordó investigar su desempeño al no garantizar la equidad de género en el registro de candidaturas para los comicios de este domingo, contraviniendo la ley electoral y mandató el inicio de un procedimiento contra los consejeros del IEPC sin plantear el tema de la remoción.

El miércoles 15 de julio, el titular de la Unidad Técnica de lo contencioso electoral del INE, Carlos Alberto Ferrer Silva, notificó a los partidos políticos, con fundamento en lo establecido en el artículo 36, párrafo 3, del Reglamento del INE para la designación y remoción de los consejeros presidentes y los consejeros de los organismos públicos locales electorales, el inicio del procedimiento de remoción contra el consejero presidente y los consejeros electorales del IEPC, por aprobar las candidaturas sin que cumplieran el principio de paridad de género. Sin embargo, hasta ahora, no se ha publicado información del estado que guarda el proceso de revocación contra los consejeros del IEPC.

En este sentido mediante acuerdo INE/CG433/2015, el Consejo General del INE ordenó iniciar un procedimiento en contra de la consejera presidente y los consejeros electorales del IEPC, al haber incumplido diversas disposiciones constitucionales, legales, así como criterios jurisprudenciales, en materia de paridad de género, relativas a garantizar la efectiva aplicación del derecho a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en la conformación de órganos colegiados de representación política.

En este procedimiento se acumularon otras denuncias; como por ejemplo las de personas que en la jornada electoral para renovar los Ayuntamientos y el Congreso del estado de Chiapas, estuvieron impedidas para emitir su voto porque presuntamente fueron indebidamente incluidas en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero del estado de Chiapas, mientras que sí habían podido participar en las elecciones federales del 7 de junio. Las de partidos políticos y los oficios de la agencia del Ministerio Público adscrita a la FEPADE, mediante los cuales hizo del conocimiento que la Consejera Presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, así como la Consejera Electoral y Presidenta del Comité Técnico Especial, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, ambas del referido Instituto, presuntamente se condujeron en perjuicio de la procuración de justicia.

El pasado viernes 19 de febrero, siete meses después de los comicios, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE se decidió el destino de los consejeros del Organismo Público Local Electoral chiapaneco.

En el proyecto de resolución del INE se determinó que el actuar de los consejeros denunciados, actualizan las causales de remoción, previstas en los incisos b) y f) del artículo 102, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):

Artículo 102.

(…)

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

(…)

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

(…)

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo,

(…)

Causales que se consideraron actualizadas, porque los consejeros denunciados (Todos) dejaron de observar las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia de paridad de género, al momento de aprobar las listas de las candidaturas.

De acuerdo con el proyecto de resolución las faltas de los integrantes del OPLE se pueden resumir en términos generales en tres puntos:

1. En primer lugar, incumplieron el mandato constitucional de garantizar la efectiva aplicación del derecho a la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres en la conformación de órganos colegiados de representación política.

2. En segundo lugar, incurrieron en irregularidades en el trámite de registro e incorporación de ciudadanos que supuestamente solicitaron votar desde el extranjero.

3. En tercer lugar omitieron hacer uso de sus facultades para iniciar de manera oportuna un Procedimiento Administrativo Sancionador ante la denuncia de estos hechos.

Sin embargo, únicamente votaron a favor de todas las remociones siete consejeros: Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, siendo que el mínimo requerido para validar la remoción es una mayoría calificada de 8 consejeros. (Artículo 103 párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales)

Por este motivo, únicamente se determinó la remoción por decisión unánime de los consejeros locales Carlos Enrique Domínguez Cordero e Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y, por ocho votos a favor y tres en contra -de los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Javier Santiago- la remoción de la consejera local Margarita Esther López Morales. Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Los consejeros del INE Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y Javier Santiago Castillo no expusieron las razones, fundamentos ni motivos, por las cuales consideraban que debían permanecer en su encargo los cuatro consejeros locales que no fueron removidos gracias a su voto, a pesar de que en el proyecto de resolución se acredita su participación en las decisiones que por unanimidad adoptó el pleno del IEPC y que resultaron en acciones lesivas para la competencia electoral.

Esta decisión a pesar de que un fraude fue posible por decisiones unánimes de los siete consejeros electorales del IEPC de Chiapas.

Ellos, los siete consejeros electorales del IEPC de Chiapas, por unanimidad, aprobaron la contratación de la empresa que orquestó la manipulación, dejaron pasar la lista inflada y la otra mañosamente disminuida; de 6 mil 628 votos supuestamente emitidos vía electrónica, sólo 15fueron para partidos políticos nacionales de oposición en el estado.

Ellos, los siete consejeros electorales del IEPC de Chiapas, por unanimidad, aprobaron incumplir el mandato constitucional, el mandato legal y el mandato jurisprudencial, en materia de paridad de género, alegando que las condiciones sociales eran adversas, que eran muy complejas. Pero cuando la Sala Superior revocó esa determinación, 10 días antes de la jornada electoral, bastaron esos 10 días para cambiar a todos los candidatos precisamente para cumplir con este principio.

Ellos, los siete consejeros electorales del IEPC de Chiapas, por unanimidad, omitieron hacer uso de sus facultades para iniciar de manera oportuna un Procedimiento Administrativo Sancionador ante la denuncia de diversos partidos políticos respecto de un importante número de ciudadanos que no pudieron votar en el Proceso Electoral Local Ordinario porque se encontraban incluidos en la Lista de Votantes del Extranjero sin haberlo solicitado.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Sanado de la República sobre las causas que fundaron y motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015, a pesar de que las acciones del Organismo Público Local Electoral chiapaneco que dieron origen a las violaciones electorales fueron aprobadas por unanimidad de sus integrantes.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Sanado de la República sobre las causas que fundaron y motivaron la decisión de no remover a la consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015, a pesar de su responsabilidad como titular del organismo y de ser ella quien firmó y autorizó todos los documentos y las acciones.

TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

Hago ahora de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
OBSERVADO EL 8 DE MARZO.

El 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, el cual fue impulsado por la Organización de las Naciones Unidas y que se celebró por primera ocasión en 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer. Aunque encuentra su origen en los movimientos obreros suscitados a finales del siglo XX en América del Norte y Europa, gradualmente se ha posicionado como un fenómeno global.

Sobre sus objetivos, en términos generales consiste en llevar a cabo distintas acciones y manifestaciones en favor de una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad, en condiciones de igualdad y respeto con los hombres. Para ello, cada año se elige un tema central, en 2016 es: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

A propósito de este día tan emblemático para las sociedades del mundo, incluida la mexicana, es oportuno celebrar los avances alcanzados en el fortalecimiento de la inclusión y participación de las mujeres, pero también es fundamental reflexionar y asumir responsabilidades en torno a la discriminación, carencias, rezagos e injusticias que prevalecen por cuestiones de género.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y equidad de género en nuestro país, asimismo, hacemos el respetuoso pero enérgico llamado para que desde esta Soberanía, concentremos nuestros esfuerzos para seguir impulsando el empoderamiento de las niñas, jóvenes y mujeres mexicanas.

Vamos por el camino correcto en la implementación de políticas públicas de igualdad de género y la promoción de los derechos humanos femeninos, sin embargo, todavía tenemos retos por superar.

A propósito de la ocasión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional, son mujeres. En 2014, en el sector del comercio al por menor, la fuerza laboral que aporta la población femenina ascendió a 51.3% del total del personal ocupado.

De acuerdo con el propio organismo, durante el año 2014, las mujeres participaron con el 47.9% del personal ocupado total en los servicios privados no financieros, entre los que se encuentran los siguientes: restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelas del sector privado, servicios legales y médicos, entre otros. Las cifras muestran que cada vez más, hay mayor igualdad entre hombres y mujeres.

Otro aspecto a destacar, es que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, la equidad e igualdad de género, representa una prioridad para los Gobiernos, incluido el mexicano. Por ejemplo, hoy la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una realidad.
Respecto a la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, entre los 58 nuevos parlamentos formados en 2015, el mexicano se situó como el país con el mayor número de mujeres legisladoras, con 42.4% (212 de 500 integrantes) en la Cámara de Diputados, seguido de Finlandia con un 41,5 % y de España, con un 40 %.

Lo anterior es motivo de satisfacción, sobre todo al ver que en el Senado de la República la cifra es muy similar, en virtud de que 47 de los 128 escaños de la actual Legislatura (36.71%), son ocupados por mujeres. Aunque estos números son alentadores, lejos de generar conformismo, nos constriñen a seguir trabajando, en especial cuando hay ámbitos en los que la realidad es muy distinta.

Ante este panorama, el reto es claro, redoblar esfuerzos para que en nuestro país exista plena equidad e igualdad de género. El camino no es sencillo, pero con voluntad, trabajo y responsabilidad, es posible.

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, hacemos el llamado para que desde esta Soberanía, impulsemos y acompañemos las acciones, planes y estrategias que hagan asequible escenarios de respeto e inclusión para las mujeres.

¡Felicidades a todas las niñas y mujeres mexicanas!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO

“Si al hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no será controlada. Ambos, hombres y mujeres, deben sentirse libres de ser fuertes. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto en vez de como un juego de polos opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a los otros. Ambos podemos ser más libres”

Emma Watson.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

La historia del 8 de marzo está ligada a diversos acontecimientos en torno a la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la lucha por el sufragio femenino, así como la participación femenina en diferentes sindicatos socialistas durante las primeras décadas del siglo XX.

No obstante, el primer Día Internacional de la Mujer conmemorado en México ocurrió hasta 1935.

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

Este día más que la celebración de la mujer es una conmemoración para recordar que debemos luchar día a día por nuestros derechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO

«La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación por motivos de género y la discriminación es una de las causas principales de dicha violencia»

ONU, 2006

El derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación ha sido consagrado y establecido en diversos instrumentos nacionales e internacionales desde hace ya más de medio siglo.

Sin embargo, la violencia de género continúa siendo uno de los fenómenos sociales más extendidos y a la vez más silenciados en el mundo. Al quedar relegado al espacio privado, el maltrato a las mujeres resulta ser el crimen más oculto, lo que muchas veces obstaculiza su correcta investigación.

En contraste, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2014, las mujeres representaban el 51.2%1 de la población mexicana, mujeres que cada día dan mayores pasos en todos los ámbitos de la vida política, pública y privada de nuestra nación.

De ahí que las medidas de paridad en la organización política, el desarrollo en las ciencias y las artes, así como el desenvolvimiento tanto en el mundo laboral como en el educativo reflejan un gran avance de la mujer en su lucha por lograr la verdadera equidad de género.

Es condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres, así como su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida, eliminar cualquier tipo de violencia de género.

Es una realidad que las mujeres sufren a diario, miles de niñas, adolescentes y mujeres que suelen ser víctimas de diversas formas de violencia a manos de sus parejas, familiares, o sus empleadores, así como de otros actores o hasta de manera institucional, ¡Esto debe tener un fin!

Nosotras, principalmente como representantes populares, y hago un atento llamado a mis compañeros senadores hoy aquí reunidos, a sumarse y asumirnos obligados a “aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”, estamos llamados a legislar en materia civil, penal, laboral y administrativa para sancionar las ofensas realizadas a las mujeres que sean objeto de violencia.

Si bien es cierto que hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, también es cierto que estos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural, y especialmente hacia las mujeres indígenas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo segundo estipula que “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”.

Esta Convención constituye un paso definitivo para el avance en la condición de las mujeres, que obliga a los países miembros a modificar y adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección de la mujer contra la violencia de género, perpetrada en el ámbito público como en el privado, por cualquier persona, incluyendo al Estado.

De igual forma La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) establece en su artículo 4 que  “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.

Recordemos que esta Convención firmada por México, fue aprobada por el Senado en 1998 y constituye el primer instrumento regional cuyo propósito específico es dirigirse y remediar la violencia basada en el género.

Es por ello que quiero enfatizar que la violencia no sólo es una manifestación de relaciones de poder desiguales, abusivas e injustas. Es un fenómeno de alto costo económico cuyo resultado merma en el potencial productivo de un Estado o Nación.

Lamentablemente, los autores de estos actos de violencia suelen atribuir sus actos de violencia a la pobreza, desempleo, alcoholismo u otras drogas, sin embargo, no existe razón alguna que justifique el maltrato de mujeres y/o niñas dentro del seno familiar.

De aquí que la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia tenga el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo  y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Y que entre los mecanismos de esta ley trabajemos para que se lleve a cabo una plena coordinación y concurrencia entre Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación la Violencia contra las Mujeres; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y por supuesto en casos muy específicos, la Alerta de violencia de género.

En este sentido, el Estado de México ha sido enérgico al enfatizar su postura manteniéndose en alerta permanente para apoyar, proteger y respaldar a las      mujeres, con el objetivo de garantizar su independencia y el ejercicio pleno de sus derechos.

Sin embargo, aunque parte de las obligaciones del Estado Mexicano sean respetar, proteger, garantizar y promover; creo que el reto más grande que tenemos recae en la educación, especialmente la que recibe la mujer, las generaciones más jóvenes; ahí debemos apostar el cambio cultural, trascender a las a las diferencias que nos vuelven complemento biológico, humano, intelectual y por supuesto ideológico.

Cierto es que esta tarea es la más difícil pero ya hemos empezado, y el camino debe continuarse con el fervor de hallar una sociedad donde se hable con certeza de inclusión, donde la mujer no quede excluida de oportunidades labores y mucho menos de las legales, de educación o salud.

Celebro verdaderamente que en los últimos años se haya logrado mayor inclusión de la mujer, que el diseño de las políticas públicas estén cada vez más orientadas a fomentar y fortalecer este esfuerzo que implica a todos los sectores, a todos los actores y en principio al individuo.

Pues aunque no es exclusivo, en la mujer y en su capacidad natural reside la fuerza de la educación y los valores. Por lo cual, desde este espacio les envío a todas mi más sincero reconocimiento y felicitación por ser mujeres.

¡Es cuanto, muchas gracias!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mujeres y hombres en México 2014, México, INEGI-INMujeres, 2015, p. 3.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Los primeros esfuerzos por conmemorar un Día Nacional de la Mujer, surgen tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, iniciando las celebraciones el día 28 de febrero y subsecuentemente el último domingo de febrero de cada año hasta 1913.

Para 1910, a raíz de la propuesta realizada por Clara Zetkin, la Internacional Socialista proclamó, aunque sin una fecha específica, el Día de la Mujer “de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal”1

Consecuencia de ello, el 19 de marzo de 1911, se conmemoró por vez primera el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, congregando a millones de mujeres y hombres que, entre otras cosas, luchaban (tal y como actualmente lo seguimos haciendo) por el derecho al voto y a ocupar cargos públicos; el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Sin embargo, no podemos dejar de lado lo ocurrido unos días después, en Nueva York, donde 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes, murieron como consecuencia de un incendio en una fábrica de camisas del que no pudieron escapar al quedarse atrapadas bajo llave.

Esta dolorosa tragedia impactó de manera directa en el sentido que se le daría al 8 de marzo y, según la Organización Internacional del Trabajo “hoy en día sigue inspirando a la Organización en la búsqueda de la justicia social y de mejores condiciones de trabajo, en todo lugar y momento donde esto sea posible”.2

Sería hasta 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer y, tras la suma de esfuerzos a lo largo de varias décadas, que el 8 de marzo fue reconocido por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, sentando así las bases de esta importante conmemoración que en 2011 cumplió su primer centenario y que, ahora en 2016, nos hace recordar los avances que hemos tenido a favor de las mujeres y de la igualdad de género pero también nos refiere a los retos y el largo camino que aún queda por recorrer en la materia, tomando en consideración las alarmantes cifras que presentan organismos como ONU Mujeres que indican, por ejemplo, que una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente de su compañero sentimental.

Al respecto, vale la pena recordar que el año pasado se conmemoraron los primeros veinte años de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual es resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 con un único objetivo: “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes”.

Aunado a ello, también en 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la nueva agenda mundial 2030 y con ello 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan, a través de 169 metas, “cambiar el curso del siglo XXI, abordando retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. El empoderamiento de las mujeres es una condición previa a estos objetivos.”3

En este contexto, Naciones Unidas ha establecido que este año, el 8 de marzo se enmarque bajo la campaña “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, la cual busca que los gobiernos realicen compromisos nacionales para abordar las dificultades que impiden progresar a las mujeres y las niñas, y alcanzar su pleno potencial; de la cual México forma parte con otros 90 países.

Al respecto, en la reciente “Reunión de Líderes Globales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un compromiso para la acción”, celebrada en Nueva York el 27 de septiembre de 2015, el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se pronunció durante su discurso, por el establecimiento de tres medidas para avanzar hacia una mayor igualdad:

PRIMERA. Ahora serán las Secretarias y Secretarios de Estado, quienes encabecen los trabajos del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, máximo mecanismo de coordinación interinstitucional en esta materia.

SEGUNDA. Se promoverá una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres, para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar.

TERCERA. Intensificaremos las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la mortalidad materna.

Es por eso que hago un llamado al H. Congreso de la Unión a que, en el marco de nuestras atribuciones, emprendamos acciones que permitan cumplir con estos compromisos adquiridos por nuestro país, en ánimos de sumar esfuerzos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y, con ello, transformar nuestro planeta.

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres pasa por reconocernos los mismos derechos, pero también por propiciar los entornos para poder ejercerlos en igualdad de condiciones. El poder legislativo tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde para avanzar en este tema y ello requiere que se establezcan acciones afirmativas en la ley que permitan acceder a las mujeres a todos los espacios de toma de decisiones públicas, y a reformar las leyes con una perspectiva de género a fin de atender las desigualdades que enfrentan las mujeres para ejercer todos los derechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 ONU, Día Internacional de la Mujer. Disponible en: http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml

2 OIT. El incendio en la fábrica “TriangleShirtwaist” y el Día Internacional de la Mujer: Cien años después. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_152727/lang--es/index.htm

3 ONU Mujeres, ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality





 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.



(Se inserta la intervención de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo)







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
08 DE MARZO

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como objetivo la reflexión de la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, exigiendo a los gobiernos realizar compromisos nacionales, desde leyes y políticas, hasta planes de acción e inversiones necesarias para poner fin a la brecha de género. En 2016 el lema adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ONU Mujeres para este día será: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

El Día Internacional de la Mujer es un llamado a la unidad; para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y para incrementar los esfuerzos puestos hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas y las mujeres. Es un día para regocijarse en los extraordinarios actos de las mujeres y para trabajar juntos, como una fuerza unitaria para avanzar hacia la igualdad de género en todo el mundo.

Desde su concepción, el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una celebración mundial de iniciativas de mujeres de la historia y del presente, y una oportunidad para mirar hacia el futuro del potencial y las oportunidades inexploradas para futuras generaciones de mujeres.

En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se instaló como el primer acuerdo internacional para consolidar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Con esta convicción, la ONU celebró de manera oficial el primer Día Internacional de la Mujer en 1975, hace casi 41 años.

Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo fundamental es lograr la igualdad de género. La incorporación de una perspectiva de género en las políticas públicas de salud, implica abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas de atención de la salud.

Resulta sumamente necesario proteger el presupuesto destinado a la atención de la salud, evitando los recortes y ajustes presupuestarios en lo sucesivo, toda vez que se afecta la calidad de la atención y los servicios, particularmente en las mujeres debido a que por las condiciones de desigualdad de género, tienen un menor grado de acceso a los recursos y menor ingreso, por lo que su acceso a los servicios salud se puede ver seriamente afectada bajo este panorama.

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades, es tarea de todos.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

EFEMÉRIDE A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Al cumplirse 39 años de que el 8 de marzo se conmemore el día internacional de la mujer, la deuda que tenemos con la igualdad sigue siendo la misma. La brecha entre oportunidades, salarios y derechos reales no ha disminuido y por el contrario se ha ensanchado.

El problema es que la raíz de tal desigualdad se encuentra en las fases educativas y, desafortunadamente, se acentúa en la edad adulta.

Si bien es bueno corregir, siempre es mejor educar.

Mientras no fortalezcamos nuestro sistema educativo, poco obtendremos para cerrar esa brecha que hiere y lastima.

Son ya más de 100 años de que comenzó la lucha. Y se requerirá otro siglo, al ritmo que vamos, para que la igualdad sea plena.

En el último informe de la Brecha de Género Global 2014, del World Economic Forum, se indica que a pesar de que la brecha de género se cerró entre 2006 y 2014, tendrían que pasar 81 años, para ver reducida por completo la brecha de genero global.

Nuestro país, como en otros indicadores, se localiza en una terrible y mediocre   medianía.

En este mismo reporte, México, dentro de 142 países, se coloca en el lugar 80 y la caída en sus posiciones se debe al “resultado de la reducción de la representación de mujeres en la política” aunque está contrarrestada “con las mejoras en las brechas de participación en la fuerza laboral e ingresos.”

El hecho es que -evidente aunque no lo queramos ver-, las niñas, desde temprana edad, tienen menos oportunidades y cuando las obtienen son de menor calidad, condenadas a valores productivos inferiores.

Por ejemplo, al revisar los datos de la población económicamente no activa que      realiza trabajo doméstico, en México solo un 9.5% de hombres adolescentes lo realiza frente a un 32% de mujeres; si se compara a los jóvenes, la diferencia es más profunda de 13.4% y 68.7%, respectivamente. Son las adolescentes las que realizan trabajo doméstico.

Otro dato revelador es que en México los jóvenes entre 20 y 24 años, edades en las que se presenta la transición del estudio al mercado laboral, el 24.3 % de los hombres están en la Población No Económicamente Activa, pero cuando se trata de mujeres este porcentaje sube a 53.7%. Son las jóvenes las que no tienen trabajo.

Con base en la Organización Internacional del Trabajo, la disparidad salarial entre hombres y mujeres se basa en la infravaloración del trabajo femenino, las características del puesto de trabajo, la segregación que canaliza a las mujeres a labores de menor valor, la estructura salarial del país, la percepción de la mujer como económicamente dependiente y la falta de representación sindical de las mujeres pero también es determinante el rol que juega el modelo familiar que dispara esa desigualdad.
Es el trabajo de la mujer el que vale menos.

Además de enfrentar un menor salario, las mujeres resienten directamente la penalidad laboral por la maternidad y una menor remuneración por trabajos de medio tiempo que en conjunto suman un panorama de muchas dificultades que les vuelven casi imposible conciliar su maternidad, los deberes familiares y la profesión, cortando de lleno su desarrollo profesional. Son las mujeres las que no tienen futuro.

La evidencia de los hechos no requiere mayor explicación.

Nos preocupa sobremanera que a las niñas y adolescentes, provenientes de comunidades indígenas, se les está condenando a una menor educación y por lo tanto a realizar labores domésticas, que acentúan aún más la brecha de género en nuestro   país.

Se ha hablado tanto de las reformas estructurales, pero cuando vemos que la educación inclusiva, la educación de los menos desfavorecidos, de las niñas y adolescentes en comunidades indígenas, no forma parte de la agenda sustancial, como una de las verdaderas reformas estructurales, ¿qué podemos esperar como sociedad, si cada día la brecha entre pobres y ricos, entre hablantes de español y hablantes de lenguas originarias, entre hombres y mujeres se amplía?

La realidad es que no estamos haciendo algo fuera de serie para que las niñas y adolescentes tengan un mejor futuro.

Nuestro sistema educativo inclusivo y de calidad que debería ser su mejor motivación y un trabajo digno y bien remunerado como su mejor entusiasmo, son sueños aun difíciles de alcanzar.

Mientras no hagamos algo serio por la educación de las niñas que menores oportunidades tienen, no hay reforma estructural que valga.

Es urgente tomar medidas para que las mujeres tengan acceso a educación, y con ello a trabajo y beneficios sociales iguales a las de los hombres; no podemos permitir que el destino que les espere a miles de niñas y adolescentes sea dedicarse, por un fatal destino, por nuestra terrible indiferencia ante lo importante, al trabajo doméstico.

El poder de las mujeres comienza con su educación y es éste el derecho humano más importante que niñas y adolescentes tienen para encarar mejor su futuro.

Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer recordemos nuestros pendientes históricos: démonos el tiempo para asirnos del pasado y recordar que no hemos avanzado lo suficiente y también tiempo para estrechar la promesa que hicimos como representes de los intereses de todas y de todos para hacer de este país un país de igualdad de oportunidades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

"Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia del hombre hacia la mujer". 

Mahatma Gandhi.

El 8 de marzo de cada año se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona; además de un buen día, al igual que el resto del año, para felicitarlas y apapacharlas.

Esta celebración va más allá, tiene historia; cuando hace más de un siglo inició el camino para reconocer los derechos de la mujer, con luchas y debates; un trayecto en el que han enfrentado un sinnúmero de obstáculos y donde la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce desafíos pendientes para alcanzar la igualdad.

Por eso, que para este año, el tema para la celebración será “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

Tema elocuente sobre el indispensable compromiso de acompañar a la mujer hasta lograr la plenitud que tienen de sobra merecido.

Es una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, generar los cambios necesarios y celebrar los actos de valor y decisión que las mujeres han mostrado para lograrlo y acompañarlas en la lucha por lo que natural y legítimamente les corresponde. Porque cuando consolidemos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, habremos logrado el escenario perfecto para a su vez, consolidar la paz y el desarrollo de la nación.

En el marco de esta conmemoración, aprovecho para repudiar y condenar la opresión de que aún son objeto muchas mujeres, la violencia y la falta de igualdad de género, como también, para pronunciarme por enfatizar los esfuerzos para lograr el reconocimiento de los derechos de la mujer, algo que es suyo, que les pertenece, pero que lamentablemente hay quienes no lo han sabido reconocer.

Por eso, este 8 de marzo, decretemos 365 días internacionales de la mujer al año, con 366 cada cuatro.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo; mis más sinceras Felicitaciones y profundo Reconocimiento a la corona de la creación: “LA MUJER”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas efectuada en el año de 1975 se declaró el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer y se estableció como una acción para evitar que las mujeres sean víctimas de discriminación y fomentar la participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y su desarrollo en múltiples áreas.

La carta de la Organización de las Naciones Unidas, firmada en el año de 1945, contiene el primer acuerdo internacional que vincula a las mujeres y hombres con el principio de igualdad, siendo su principal objetivo el de fomentar el papel de las mujeres y su inclusión en la sociedad para hacer valer los diferentes derechos de los cuales fueron privadas en épocas anteriores.

En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas, junto con diferentes organismos técnicos, ha promovido la participación de las mujeres en condiciones que permitan un desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de las mujeres en todo el mundo. Cabe mencionar que el poder en la mujer seguirá siendo un elemento central para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y políticos y así llegar a los países en donde las mujeres siguen siendo víctimas de represión, maltrato y olvido a sus derechos humanos.

Este día surgió a finales del siglo XIX con movimientos que surgen en América y Europa en donde un grupo de mujeres promovieron la igualdad de derechos sociales, civiles y laborales entre el hombre y la mujer.

El primer acontecimiento ocurrió en Europa, en el que las mujeres trabajadoras protestaban por sus derechos laborales teniendo como resultado un proceso revolucionario. El otro suceso ocurrió en New York, un incendio intencional en una fábrica de textil en el que resultaron calcinadas mujeres obreras que permanecían en protesta por los bajos salarios y condiciones inhumanas en el cual estaban laborando.

Esta conmemoración reivindica el papel de las mujeres trabajadoras como protagonistas de la historia y su participación en la sociedad, así como la equidad en los programas y acciones que fomenten la colaboración en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural evitando los rezagos por causa de la discriminación.

En nuestro país uno de los avances sustanciales en materia de igualdad se logró en 1953, cuando se reformó la Constitución para que las mujeres pudieran ejercer el derecho a votar y ser votadas.

Al interior del país se observan las condiciones de igualdad, es decir que existen entidades donde la desigualdad entre mujeres y hombres es menos y en otros donde ni siquiera se observa. Existe la preocupación de  la participación política con normas, planes y presupuestos participativos con enfoque de género.

La política es uno de los ámbitos en el que se manifiesta la situación de desigualdad entre mujeres y hombres,  ya que aún existen restricciones  para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y la toma de decisiones.

Las inequidades de género se conservan vigentes en la participación de la mujer  a pesar de la formalidad ante la ley, que garantiza la igualdad de goce de derechos entre mujeres y hombres, situación que forma un problema central en la democracia. 

Por lo anterior hemos se manifestado en el Senado de la Republica la preocupación de la violencia y discriminación de género que reciben las mujeres, considerándolo un problema social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.







 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

Con su venia, Senador Presidente,

Compañeras y compañeros,

En México es común que las mujeres son el eje familiar y en muchos casos el único sustento de las familias, sometiéndose a las limitaciones y atavismos de una sociedad desigual como la nuestra.

Hoy que es Día Internacional de la Mujer se hacen más evidentes estas circunstancias.

Si bien la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, son las características más comunes que se persiguen con las acciones afirmativas en nuestros días, no podemos olvidar las acciones y circunstancias que dieron origen a la conmemoración de esta fecha.

El Día Internacional de la Mujer conlleva diversos orígenes. Es el reconocimiento a la labor de las mujeres trabajadoras, que promovieron los gremios socialistas en los Estados Unidos de América y en Europa a principios del siglo pasado. También es la conmemoración de un triste acontecimiento, la muerte de 146 mujeres trabajadoras durante un incendio en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Asimismo es un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.

Actualmente, es notable que muchos de los obstáculos y carencias que dieron origen a esta conmemoración, por desgracia siguen existiendo. Por lo cual debemos luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, como lo establece el Primer Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas  de 1975, ya que aunque sus objetivos fueron ambiciosos, ningún país ha logrado completar  dicho  programa.

Las cifras no son alentadoras, las mujeres ganan menos que los hombres y tienen mayores probabilidades de trabajar en empleos de baja calidad. La tercera parte de ellas sufre violencia física o sexual en el transcurso de su vida. Las brechas en los derechos reproductivos y la atención de salud causan la muerte de 800 mujeres al dar a luz cada día.

Es por ello que el año pasado, a veinte años de la Plataforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas promovió, ante los Estados parte, el programa "Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso por la igualdad de género" en el cual solicita a los gobiernos realizar compromisos nacionales para abordar las dificultades que impiden progresar a las mujeres y las niñas, y alcanzar su pleno potencial. En un tiempo determinado. ¡México forma parte de esta iniciativa y debe cumplir!

Esta fecha debe recordarnos nuestra responsabilidad como legisladores y en general como personas, de luchar por una sociedad más equilibrada y justa, donde no exista distinción entre mujeres y hombres. Construir una sociedad en la que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos y poner fin a la brecha en la igualdad de género.

Es cuanto, Senador Presidente.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne este mismo día a las 17:00 horas, para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la señora Rosario Marín.

Asimismo, se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 10 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:14 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2799&lg=63&anio=1