Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 25 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Febrero de 2016

SUMARIO                                              


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MESA DIRECTIVA

Se aprueba el Acuerdo suscrito por la Mesa Directiva, con motivo del motín registrado en el centro penitenciario de Topo Chico. Intervienen al respecto los Senadores Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de adición que se aprueba; Raúl Gracia Guzmán; Juan Gerardo Flores Ramírez; Marco Antonio Blásquez Salinas; Graciela Ortiz González; Martha Angélica Tagle Martínez; María Cristina Díaz Salazar; Alejandro Encinas Rodríguez; María del Pilar Ortega Martínez; Fidel Demédicis Hidalgo; Javier Lozano Alarcón, quien solicita que el Acuerdo se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para seguimiento; Miguel Barbosa Huerta y María del Rocío Pineda Gochi, quien solicita que el Acuerdo se turne a la Comisión de Justicia, para seguimiento. Se turna a las Comisiones de Gobernación, Bicamaral de Seguridad Nacional y de Justicia.























De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha Angélica Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz y Sandra Luz García Guajardo, con punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara a la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia.
















 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 11 de febrero, correspondiente al segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de los escaños, con el que se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y ocho minutos del día martes nueve de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Jesús Priego Calva como Senador de la República.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, su Tercer Informe de Actividades y Logros, 2014-2015.- Quedóde enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el informe de su participación en la Delegación Parlamentaria Latinoamericana a Australia, llevada a cabo en las ciudades de Brisbane, Camberra y Sidney, del 3 al 9 de septiembre de 2015.- Quedóde enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, comunicación en torno al asesinato de 6 integrantes de la familia Martínez Hernández en Gage Park, Chicago, Illinois.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión Bicamaral del  Canal de Televisión del Congreso de la Unión, comunicaciones con las que remite los siguientes acuerdos: 1. Por el que se    integró su Mesa Directiva por el periodo     que comprende del 3 de febrero de 2016 al 3 de febrero de 2017 y por el que se designó como Presidente al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y como Secretarios a los Diputados Tristán Canales Najjar y Armando Soto Espino. 2. Por el que se conformó su Consejo Consultivo. 3. Por el que se designó al ciudadano Jorge Islas López como Defensor de Audiencia del  Canal de Televisión del Congreso de la Unión.- Los acuerdos quedaron de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, Martha Elena García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, los artículos 96 y 98 y el cuarto párrafo del artículo 100; y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 diciembre de 2014. En la discusión intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Javier Corral Jurado, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 9 de febrero de 2016.- Intervinieron los Senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD; Mario Delgado Carrillo del PRD; y Manuel Bartlett Díaz del PT.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

En el uso de la palabra continuaron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Layda Sansores San Román del PT; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; Gabriela Cuevas Barrón del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; Fernando Herrera Ávila del PAN; Javier Corral Jurado del PAN, y Martha Angélica Tagle Martínez. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016.- Intervinieron los Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN; Fernando Torres Graciano del PAN; Layda Sansores San Román del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Mely Romero Celis del PRI; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; Martha Angélica Tagle Martínez; Javier Lozano Alarcón del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Sonia Mendoza Díaz del PAN; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Fernando Herrera Ávila del PAN; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Marcela Torres Peimbert del PAN; Cristina Díaz Salazar del PRI; y Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con el asesinato de seis integrantes de la familia mexicana en la cidudad de Chicago, Estados Unidos de América.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que expliquen las consecuencias reales del ecocidio generado por la autorización de la construcción del complejo inmobiliario denominado “Malecón Tajamar”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a proponer a las entidades federativas los ajustes legales necesarios para que de forma permanente se establezcan medidas que eviten la proliferación del mosquito Aedes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno del estado de Zacatecas a atender las presuntas irregularidades en el programa 3x1 para migrantes en la entidad, así como mantener una permanente vigilancia en el uso de los recursos del programa.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa para promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta al ejecutivo local del estado de Chiapas a implementar de manera urgente una campaña de información sobre el virus Zika.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir un compromiso pleno con la transparencia y austeridad, implementando lineamientos de racionalidad presupuestal para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos en las giras internacionales.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a coordinar esfuerzos con las cámaras y confederaciones empresariales, a fin de realizar talleres de educación financiera y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro voluntario de los trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que nuestro país participe en una estrategia conjunta a nivel América Latina y el Caribe, para combatir el virus del Zika.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la calidad de los servicios, instalaciones y seguridad que se han visto gravemente demeritados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar la actividad acuícola en las presas del estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De las Senadoras Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un programa de rescate financiero del ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar la recaudación y destino de los recursos procedentes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también denominado impuesto sobre nómina, de los años 2011 al año 2015.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre, en el marco de los trabajos previos del VII Foro Parlamentario contra el Hambre, a celebrarse en noviembre de 2016 en la Ciudad de México.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a explicar cuáles fueron las razones por las que nombró al ciudadano Emilio Rangel Woodyard como Director de las Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de las entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría de la  Defensa del Contribuyente a coordinarse  para establecer un plan integral que permita combatir el robo de identidad.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Odontólogo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Odontólogo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y citó a la siguiente el jueves once de febrero a las once horas.

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Honorable Asamblea: A partir de la licencia que se le autorizó a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Andrea García García, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a los Senadores Armando Neyra Chávez, Sandra García Guajardo y Carlos Merino Campos, la inviten a pasar hasta este recinto para proceder a la toma de protesta que prevé nuestra Constitución.

Ruego al Senador Francisco Salvador López Brito, así como a la Senadora Sonia Rocha Acosta, puedan también acompañar a la Senadora que rendirá la protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadana Andrea García García: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Andrea García García: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Bienvenida, Senadora Andrea García García!

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a las actividades legislativas.

Dé cuenta la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, en alcance al similar del pasado día 2 de este mes, con el que se remitió el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015, mediante el cual se precisa que dicho informe no contiene información clasificada, lo anterior, a fin de que la rendición de cuentas permita el acceso al público en general.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Está en este momento el Secretario informando a este Senado de la República, que la Secretaría de Gobernación nos envía un comunicado donde solicita o aclara que la información de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación no es reservada.

Tengo en mis manos el oficio que llegó al Senado, que también se dio cuenta el pasado 2 de febrero, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que envía el informe de este fideicomiso en liquidación y lo reserva por diez años.

Aquella vez solicitamos que se aclarara este asunto. Hoy 11 de febrero, la Secretaría de Gobernación, señala que la información es pública y reconoce que este fideicomiso no contiene información que deba ser reservada. Entonces, yo quiero solicitarle dos cosas, señor Presidente:

La primera, dado que yo tenía un punto de Acuerdo sobre este tema, que sea retirado de la agenda para reformularlo con los nuevos elementos que hoy se dan.

Y segundo, solicitar que la Mesa Directiva pida una explicación sólida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre los motivos que tuvo en el oficio del 2 de febrero, reservarla por diez años, dado que se trata de una información que debe ser pública, ya que han habido muchas denuncias de los malos manejos de este fideicomiso y hemos, al menos nosotros, recibido la presencia de muchos trabajadores jubilados y pensionados, a los que no les son entregados sus recursos y que año con año vemos en el presupuesto de la Federación cómo se erogan más de 250 millones cada año para este fin, y el problema no se resuelve, hay mucha opacidad, falta de transparencia en el manejo de este fideicomiso, y necesitamos una información de fondo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

La Mesa Directiva toma nota de su solicitud y, en consecuencia, retira para efectos de reformulación la proposición con punto de Acuerdo que usted ha inscrito.

Y también le informo que el día 10 de febrero se recibió un oficio anexo a un documento de la Secretaría de Gobernación, por el cual el Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, aclara que no se trata de información reservada.

Es el documento al que da cuenta el oficio de la Secretaría de Gobernación, mismo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria; es decir, la propia Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal aclara que no hay información de carácter confidencial o reservada en el informe que nos envió, en cumplimiento a las obligaciones legales y, en consecuencia, se hará de uso público y abierto.

De cualquier manera, la Mesa Directiva solicitará las aclaraciones pertinentes.

La Asamblea ha quedado enterada del oficio de la Secretaría de Gobernación. Remítase la documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que se remiten cinco ternas de candidatos para la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

La Mesa Directiva ha suscrito el día de hoy un Acuerdo en relación con el procedimiento para la elección de los Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, hacer un reconocimiento por el proceso de elección que la Suprema Corte de Justicia hizo para poder mandar estas propuestas de terna que vendrán a sustituir a 5 magistrados electorales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hicieron un proceso de selección abierto, transparente y en el que, además, no solamente se verificaron requisitos de elegibilidad de los candidatos, de igual forma, de los 107 que fueron registrados estuvieron estableciendo diferentes cribas para que al final de cuentas nos puedan proponer al Senado a 15 de los mejores que se registraron para este proceso.

Además reconocer que en cumplimiento, seguimiento y en congruencia, a los diferentes lineamientos que se han establecido en el Poder Judicial, han hecho un trabajo importante para cumplir con el principio de paridad, y de quienes nos envían 7 son mujeres candidatas y 8 son candidatos a cubrir las ternas, los espacios en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, me parece que en el Senado tenemos una enorme responsabilidad para poder designar a los magistrados electorales y no caer en los errores del pasado. Me parece por eso y en ese sentido, mencionar que el Acuerdo que hoy nos están poniendo a consideración viene a repetir el mismo mecanismo que ya se ha aprobado para otras designaciones y que no nos deja nada bien parados como Senado.

¿Y por qué lo digo? De entrada se habla que la Comisión de Justicia tendrá que emitir un dictamen para verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos y nuevamente estaremos haciendo comparecencias de los candidatos solamente para verificar los requisitos de elegibilidad.

Perdón, pero eso ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya verificó que los candidatos que nos envían hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, y si bien a este Senado le corresponde verificarlos también, no solamente nos podemos quedar en la Comisión de Justicia, con ver si cumplen o no con esos requisitos que estoy segura que debemos estar convencidos de que, sin duda, los 15 que ya llegaron cumplen con esos requisitos, si no, establecer un mecanismo que nos permita identificar dentro de esos 15 quiénes serán las 5 personas que cumplan de mejor manera la función que se requiere en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No quiero que nos sometamos nuevamente a una tortuosa etapa de comparecencias donde solamente se aplica la expresión: oídos de sordos, de diálogo de sordos y no concretar realmente una elección de Magistradas y Magistrados que puedan ser los mejores para ocupar esos espacios.

Yo les solicito que reconsideren, en este Acuerdo que se presenta, un mecanismo de evaluación que la Comisión de Justicia pueda tener para presentar a este Pleno una mejor evaluación de quienes estén compareciendo, y en ese sentido sea el Pleno quien tenga mejores criterios para poder seleccionar a quienes ocuparán esos cargos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?

Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Asimismo, se recibió de la Colegisladora el Acuerdo por el cual se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 constitucional, de las minutas de ley o decreto que fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2012.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Proceda con el siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un oficio por el que se remite el documento denominado “Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana: Pronunciamiento”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y de Atención a Grupos Vulnerables.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo que propone la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne el próximo jueves 18 de febrero en el que se recibirá la visita del Presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne el jueves 18 de febrero de 2016. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones conducentes. Comuníquese.
Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a alumnas del Instituto Godwin México, así como a estudiantes de la preparatoria Oviedo Schonthal de la Ciudad de México, invitados por el Senador Fernando Mayans Canabal.

¡Bienvenidos al Senado de la República!





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El comercio y la actividad industrial son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla la economía y se solventan las necesidades de la sociedad en todas sus acepciones. El sostenimiento del comercio debe entenderse desde el planteamiento de diversas acciones que contribuyan a su desarrollo y al sano desenvolvimiento entre proveedores y consumidores.

Un Estado de derecho democrático debe garantizar el comercio bajo los estándares y directrices que asume la comunidad internacional; implementando todas aquellas acciones que garanticen una adecuada dinámica entre la oferta de los proveedores y los derechos de los consumidores, concretando de esa forma una base normativa, proporcional y equitativa entre ambas partes, con el objeto de respaldar en todo momento los derechos fundamentales de los consumidores, en la misma medida que se cuida el desarrollo económico que el comercio aporta a la sociedad.

En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la Resolución 39/248, que establece las Directrices para la Protección al Consumidor; consistentes en seis postulados que establecen los principios fundamentales de los derechos del consumidor, destacando entre ellos, la protección a sus intereses personales y económicos, así como el acceso a la información adecuada. Estos principios han sido adoptados por el sistema jurídico mexicano a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La información exacta, veraz y objetiva sobre las condiciones, características y resultados que se desprendan de los productos y servicios ofertados ofrecen un estado garante para la integridad, salud y la economía de los consumidores.

En ese sentido, la publicidad que se realice a través de cualquier medio de comunicación con la intención de invitar o sugerir al consumidor la compra de algún producto o servicio debe atender estrictamente a la información real con la que se caracteriza el producto o el servicio en cuestión.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé en la fracción III artículo 1, el derecho a la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representan.

Asimismo, el Capítulo III del mismo ordenamiento, establece las directrices sobre el derecho a la información y a la prohibición a la publicidad engañosa.

La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé a la publicidad engañosa en la fracción VII de su artículo 1, así como en su artículo 32. Sin embargo, no determina quién tiene la carga probatoria para acreditar que la publicidad de un producto o servicio sea real, veraz y objetiva. Estas cuestiones por simple que parezcan han puesto en riesgo a los derechos del consumidor, debido a que la normativa es omisa o ambigua al determinar la responsabilidad del proveedor a demostrar la veracidad de sus afirmaciones publicitarias.

El consumidor no cuenta con la solvencia económica, técnica y científica para acreditar si un producto cuenta con todas las características y funciones con las que se publicita. Asimismo, atribuirle la carga de la prueba a la Procuraduría Federal del Consumidor, es equitativamente desproporcional.

El atribuirle al proveedor la obligación de probar fehacientemente las funciones, características y consecuencias de sus productos o servicios, no es una carga desproporcional, ya que son ellos quienes a través del desarrollo de estos productos y servicios, conocen las características del producto que ofertan, pudiendo acreditar de forma objetiva y científica lo manifestado en su publicidad.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que existen controversias administrativas e incluso judiciales referentes a la publicidad engañosa o abusiva, en las cuales se han emitido criterios de interpretación a las normas del consumidor con apego al principio pro persona, establecido en nuestra Carta Magna. Muestra de ello, es la resolución al amparo directo en revisión 2244/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que determina la obligación por parte del proveedor a demostrar las características y funciones de sus bienes, productos o servicios.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

“Artículo 32 Bis. Para los efectos del artículo anterior, el proveedor deberá contar con toda aquella información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que oferten.

El proveedor de bienes, productos y servicios derivado al desarrollo de los mismos, se encuentra obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de un bien, producto o servicio. Lo anterior, mediante la presentación de los medios de convicción a los que se refiere el primer párrafo de este artículo y concordancia con lo establecido en el artículo 123 de este ordenamiento legal”.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.
Iniciativa

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el artículo 32 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El comercio y la actividad industrial son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla la economía y se solventan las necesidades materiales de la sociedad en todas sus acepciones. El sostenimiento del comercio debe entenderse desde el planteamiento de diversas acciones que contribuyan a su desarrollo y al sano desenvolvimiento entre los proveedores y los consumidores.

Un estado de derecho democrático debe garantizar el comercio bajo los estándares y directrices que asume la comunidad internacional; implementando  todas aquellas acciones que garanticen una adecuada dinámica entre la oferta de los proveedores y los derechos de los consumidores, concretando de esta forma, una base normativa, proporcional y equitativa entre ambas partes, con el objeto de respetar en todo momento los derechos fundamentales de los consumidores, en la misma medida que se cuida el desarrollo económico que el comercio aporta a la sociedad.

El garantizar los derechos del consumidor se sintetiza en la consolidación de una actividad comercial sustentable y sana, que pugna por la protección integral de las personas a través de los cuerpos normativos que eficientan al mercado y la industria a través de prácticas leales, veraces, proporcionales y mesuradas.

El Estado mexicano ha evidenciado la importancia de materializar un sistema jurídico que determine proporcionalmente los derechos del consumidor frente a las capacidades fácticas que, principalmente, ostentan los grandes proveedores de productos y servicios. Para ello, las disposiciones internacionales han servido como una guía para la promoción y protección de los derechos económicos de los consumidores, los cuales deben de garantizarle el máximo beneficio sobre sus recursos económicos.

En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la resolución 39/248, que establece las Directrices para la Protección al Consumidor; consistentes en seis postulados que establecen los principios fundamentales de los derechos del consumidor, destacando de entre ellos, la protección a sus intereses personales y económicos, así como el acceso a la información adecuada. Estos principios han sido adoptados por el sistema jurídico mexicano a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Pese a lo anterior, la protección a los derechos fundamentales de los consumidores sigue siendo materia de estudio y desarrollo por parte de la función pública y privada, ya que sólo con su continua revisión y análisis se podrá concretizar un sistema jurídico que garantice una igualdad adecuada en cuanto a las capacidades reales y materiales con las que cuentan los consumidores frente a los proveedores.

Las relaciones de consumo, en el Estado mexicano, enfrentan retos primordiales en cuanto a la protección de los intereses personales y económicos de los consumidores en relación a la información que estos tienen sobre los productos, bienes o servicios que adquieren. La información exacta, veraz y objetiva sobre las condiciones, características y resultados que se desprendan de los productos y servicios ofertados, ofrecen un estado de garante para la integridad, la salud y la economía de los consumidores.

El derecho a la información es una de las claves angulares para la protección sistemática de las relaciones de consumo; debido a que visibiliza la vulnerabilidad que el desconocimiento o la falta de información de un producto puede provocar al consumidor ya sea por un error propio, o en el peor de los casos, por dolo intencionado por parte del proveedor que, a través de prácticas desleales y engañosas, conduzca al consumidor a la confusión o inexactitud insuperable sobre las características del producto, bien o servicio que adquiere.

La información y publicidad que los proveedores manifiesten sobre sus productos o servicios, debe en todo momento garantizar el derecho a la información exacta, veraz, real y objetiva; entendiendo que el consumidor desconoce en su totalidad los elementos reales y las características de los productos publicitados. En ese sentido, la publicidad que se realice a través de cualquier medio de comunicación con la intención de invitar o sugerir al consumidor la compra de algún producto o servicio debe atender estrictamente a la información real con la que se caracteriza el producto o servicio.

Adolecer de elementos idóneos y proporcionales entre la publicidad y las características objetivas y reales de un producto o servicio atenta contra el derecho a la información de los consumidores; convirtiéndose en publicidad engañosa, la cual afecta al juicio del consumidor, y a los principios de certidumbre que se debe de observar y garantizar en toda relación jurídica interpersonal.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé en la fracción III artículo primero: el derecho  a la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representan. Asimismo el Capítulo III, del mismo ordenamiento, establece las directrices sobre el derecho a la información y la prohibición a la publicidad engañosa; destacando el artículo 32 que establece lo siguiente:

La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

[…]

La información que deben contener los bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado, es descrita dentro del articulado de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la podemos definir de como: aquella “información sobre bienes y servicios que normalmente se da a conocer por medio de los propios productos, sus etiquetas o envases y, en general por medio de comunicaciones dirigidas directamente a los consumidores de los bienes y servicios.” Bajo esos paramentaros se presentan además del artículo 32, los artículos 33 y 34 de la citada Ley, disposiciones normativas las cuales desarrollan la regulación al derecho a la información del consumidor.

La publicidad radica principalmente en el uso de medios de comunicación social; llevando un mensaje que invita o sugiere al consumidor a obtener o utilizar un producto o servicio. Sin embargo, existe publicidad engañosa, a la cual la Ley Federal de Protección al Consumidor la conceptualiza y prohíbe, debido a que este tipo de publicidad induce al consumidor al error, lo que afecta su juicio, al momento de adquirir algún producto o servicio, traduciéndose como una afectación, personal, económica, e incluso, en algunos casos, a la salud del consumidor.

Si bien la ley Federal de Protección al Consumidor establece el derecho a la información y prohíbe las prácticas engañosas o abusivas por parte de los proveedores, lo cierto es que, en el estado del arte o en la actual condición de las relaciones de consumo, se dista de una eficacia plena en los derechos del consumidor; principalmente, en lo que respecta a la publicidad veraz, objetiva y real sobre las características, funciones y resultados que contienen u otorgan los productos y servicios.

Pese a las disposiciones normativas, los consumidores aún pueden ser víctimas de publicidad engañosa o abusiva al no establecerse obligaciones específicas que, por su función, los proveedores deben de concretizar a efecto de garantizar los derechos a los consumidores.

La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé a la publicidad engañosa en la fracción VII de su artículo primero, así como en su artículo 32; sin embargo, no determina quién tiene la “carga probatoria” para acreditar que la publicidad de un producto o servicio es real, veraz y objetiva. Estas cuestiones por simples que parezcan han puesto en riesgo a los derechos del consumidor, debido a que la normativa es omisa o ambigua al determinar la responsabilidad del proveedor a demostrar la veracidad de sus afirmaciones publicitarias.

Sin embargo, si dejáramos la carga de la prueba al consumidor así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, de acreditar las características,  funciones y lo relativo a toda la información de los productos y servicios, se estaría contraviniendo al principio pro persona establecido en el artículo primero de nuestra carta magna; al atribuir obligaciones legales a la persona que se encuentra fácticamente en una clara posición de desventaja, como lo determina el principio favor debilis, así como el principio al acceso a la justicia.

Es menester visibilizar que en las relaciones de consumo, hay características materiales desiguales entre el consumidor y el proveedor y, que por ello, los consumidores tienen la protección amplia de los derechos humanos como lo establece nuestra Constitución y los instrumentos internacionales.

Desde una perspectiva en derechos humanos, el consumidor debe tener una protección y garantía equitativa de sus derechos, al igual que otras materias que evocan al derecho social.

El consumidor no cuenta fácticamente con la solvencia económica, técnica y científica para acreditar si un producto cuenta fácticamente con todas las características y funciones con las que se publicita. Asimismo, atribuirle la “carga de la prueba” a la Procuraduría Federal del Consumidor, es equitativamente desproporcional, lo que puede hacer nulificar las acciones legales por parte del consumidor. Por ello, al hablar sobre relaciones de consumo, es necesario comprender que estamos ante un tipo de interrelación jurídica que no podemos asociar analógicamente como una relación civil común y, que por ello, tampoco le es aplicable las disposiciones procedimentales de orden civil; en cuanto, a lo que refiere a la “carga probatoria”, sino por el contrario, hay cuestiones reales y materiales que conllevan a procurar la justicia del consumidor de forma especial, es decir, a través de disposiciones normativas que equilibren el acceso a la justicia por parte del consumidor.

El atribuirle al proveedor la obligación de probar fehacientemente las funciones, características y consecuencias de sus productos o servicios, no es una carga desproporcional, ya que son ellos quienes a través del desarrollo de estos productos y servicios, conocen las características del producto que ofertan, pudiendo acreditar de forma objetiva y científica lo manifestado en su publicidad.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que existen controversias administrativas e incluso judiciales referentes a la publicidad engañosa o abusiva, en las cuales, se han emitido criterios de interpretación a las normas del consumidor con apego al principio pro persona establecido en nuestra carta magna. Muestra de ello, es la resolución al amparo directo en revisión 2244/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que determina la obligación por parte del proveedor a demostrar las características y funciones de sus bienes, productos o servicios.

Es oportuno y necesario garantizar el acceso a la justicia de los consumidores, a través de disposiciones normativas que visibilicen su condición real y material; a efecto de tutelar de manera efectiva sus recursos administrativos y jurisdiccionales. Para lograr lo anterior, se requiere concretizar, a través de la función legislativa, las obligaciones de los proveedores en relación a las declaraciones que a manera de publicidad realizan sobre sus productos y servicios, con el objeto de que se hagan responsables de actividades fraudulentas y desleales que son ocasionadas por la publicidad engañosa y abusiva.

Los proveedores deben de contar con toda aquella información que, mediante procedimientos técnicos y científicos rigurosos, acrediten las declaraciones ostentadas en medios de comunicación. La publicidad de bienes, productos y servicios debe estar sustentada a través de estudios e instrumentos que funjan como medios de convicción certera y objetiva, que garanticen de forma idónea y proporcional su veracidad a través de la técnica y los métodos científicos que se encuentren disponibles.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona el artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. Para los efectos del artículo anterior, el proveedor deberá contar con toda aquella información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que oferten.

El proveedor de bienes, productos y servicios, derivado al desarrollo de los mismos, se encuentra obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de algún bien, producto o servicio. Lo anterior, mediante la presentación de los medios de convicción a los que se refiere el primer párrafo de este artículo y concordancia con lo establecido en el artículo 123 de este ordenamiento legal.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:
Ovalle Favela, Jose, Derechos del Consumidor, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000.
Ley Federal de Protección al Consumidor.
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4513
http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3051

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 54 y 116 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 54 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Como recordamos en la reforma política, establecimos una regla importante para evitar la desproporcionalidad de los congresos que fue la regla que limitaba la sub y la sobrerrepresentación. Pero con la venida de la posibilidad independiente y muchas veces en los parlamentos, el chantaje político. Tenemos que esta regla se encuentra con una dualidad que puede convertir dejar a los partidos y a las bancadas en lo peor de los dos mundos.

Tenemos el caso de un partido político que, en determinada elección, tenga acceso por regla ordinaria a determinado número de diputaciones de representación proporcional, pero que por sus mayorías, se le aplica la regla limitante a la sobrerrepresentación y, en consecuencia, se le merma estas diputaciones plurinominales.

Es decir, una, dos o tres diputaciones a las que tenían acceso militantes de su partido que hayan abanderado su plataforma, su ideario y su plan legislativo, no pueden acceder al Congreso, y luego resulta que antes de entrar en funciones, hay legisladores que, abusando de esa sobrerrepresentación de ese partido, dejan la bancada.

Entonces, esta iniciativa lo que pide es que en el caso de aquellos partidos en cuyas listas de RP se hayan limitado por la aplicación de la regla de sobrerrepresentación, se prohíba que los legisladores postulados por ese partido político puedan renunciar al mismo y a su bancada durante el ejercicio del cargo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un cuarto párrafo para quedar como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo en lo dispuesto en el artículo116 fracción II párrafo tercero en el cual se estipula la integración de las legislaturas locales en la cual explícitamente señala:

“Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.”

Aunado a la integración a la que hace referencia el artículo en comentó es de destacar que de igual forma se crea el fundamento jurídico de la sub y sobrerrepresentación en la cual a un partido político no podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

Sin embargo y siguiendo con la primicia de que cualquier noma es perfectible y que esta se tiene que adecuar con el comportamiento humano, nos enfrentamos a un fenómeno conocido como “transfuguismo político” definido así por la Corte Constitucional de Colombia que lo explica como el hecho de cambiar de partido político una vez que ya se esté detentando un cargo público representativo como, cuestión que se encuentra prohibida a nivel constitucional y además lo ha definido puntualmente como un evidente fraude a la ciudadanía1.Incluso, hay una doctrina que estudia dicho transfuguismo intitulada “electoral volatility”, en la que se trata claramente como un tema de fraude y una razón para limitar los derechos de los candidatos electos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversos criterios en los cuales establece la existencia de principios y derechos implícitos.2 Es decir, aquellos que no están expresamente en la letra de la ley, sin embargo pueden extraerse de su esencia.3 A través de la utilización de dichos criterios, se ha llegado al establecimiento de derechos humanos vitales para que el país se consolide como una verdadera democracia. Entre ellos se encuentran el principio de in dubio pro reo -que quiere decir que cuando exista duda razonable se favorecerá al imputado- y el derecho a la identidad, es decir la potestad de cambiar tu nombre e identidad amparada por la ley. Incluso, se ha reconocido en diversas sentencias ejecutorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el derecho a la igualdad sustantiva en temas de género y de acceso a la vida política.4 De lo referido, es fácilmente advertible que aun cuando un derecho o un principio no se encuentren explícitamente reconocido en el texto de la Constitución Federal, esto no quiere decir que el mismo no exista pues se puede extraer de las propias reglas y principios que se contienen en la misma.

Siguiendo tal idea, se advierte que de los artículos 59, 115, fracción I y 116, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece una regla que prohíbe expresamente la doble militancia. Estos artículos, mismos que fueron incluidos mediante la reforma en materia política-electoral de febrero del 2014-dos mil catorce, se traducen en una idea de lealtad y disciplina partidaria, cuestiones que deben ser entendidas como una premisa regeneradora del sistema de partidos político que es el pilar del modelo democrático del país.5 Incluso, el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que los militantes de los partidos políticos con registro en el país adquieren las obligaciones, como lealtad y disciplina a dicho instituto político, desde que obtienen el carácter de afiliados y el partido se encuentra legalmente constituido.6 Para fines de claridad, véase la literalidad de los artículos constitucionales citados:

Artículo 59.- Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 115.-

[…]

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

[…]

Artículo 116.-

[…]

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

[…]

Lo anterior, nos hace ver sin lugar a dudas que la Constitución Federal inserta como valor que los partidos y sus militantes tengan una relación de lealtad y respeto mutua, pues es un elemento necesario para lograr tener un sistema democrático funcional, certeza y de lealtad. En otras palabras, se puede decir que lo que se instauró mediante las reformas de dichos artículos constitucionales fue un principio de institucionalidad política,7 es decir, un principio que tiene como fin mantener el correcto funcionamiento del sistema de partidos en beneficio de la democracia. Así, entendemos que dicho principio persigue que el ejercicio del poder político se realice a través de una base sólida de principios y una correcta relación entre los institutos políticos y sus propios militantes. Por tanto, se busca que la ética rija la búsqueda del poder en oposición a los cacicazgos y caudillismos que pudieran surgir en un país sin orden ni valores constitucionales fuertemente arraigados.

En ese orden de ideas, si entendemos que los partidos políticos tienen como objetivo generar la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso al poder público mediante una plataforma clara, principios e ideas en común, entonces se hace perfectamente claro que el candidato adquiere una obligación a respetar y hacer respetar la plataforma que suscribió al solicitar y aceptar la candidatura mediante un partido político en específico y que fue lo que en campaña fue ofrecido y avalada por su electorado. Es decir, se genera una relación entre el partido y sus militantes, la cual se agudiza cuando estos son candidatos, de suscribir la plataforma política que el partido político presentó para dicho proceso electoral, y de presentar sus propuestas a la ciudanía en esa sintonía. Esto, evidentemente coarta el surgimiento de intereses subjetivos dentro de los institutos políticos, ya que se debe perseguir los valores y principios que fueron establecidos en una misma plataforma política la cual todos los militantes deben respetar y cumplir, por el solo hecho de formar parte de dicho partido político.

Es evidente que lo que se busca a través de los artículos constitucionales antes trasuntos, es fortalecer al sistema de partidos políticos. Claro, se tiene que tomar en cuenta que la misma reforma político-electoral de 2014-dos mil catorce antes mencionada incluyó también la creación de las candidaturas independientes las cuales deben necesariamente converger con el sistema de partidos ya existente. Entonces, los partidos políticos no son instrumentos mediante los cuales un ciudadano puede acceder a una candidatura, sino que los partidos mediante su postura ideológica deben fijar tal postura en la sociedad mediante la selección de ciudadanos, como candidatos, de aquellos que auxilien en dicha labor.

Ya que en caso de que un ciudadano desee acceder a un cargo público pero no tenga como intención compartir la plataforma ideológica de un instituto político, entonces se les garantiza su derecho a ser votados previsto por el artículo 35 constitucional, para que accedan a dichos cargos públicos a través de candidaturas independientes.

Luego, en atención a dicho principio de institucionalidad política, es congruente pretender proteger la efectiva representación que otorgo el voto ciudadano que se emitió por un candidato adscrito a un partido político así como a sus ideologías y propuestas, para efecto de limitar los derechos de dicho candidato electo de que, una vez ya en funciones, deje dicha afiliación que le otorgó un cargo público. Esto, pues permitirlo se traduce en avalar un fraude al electorado. Esto, no con el ánimo de salvaguardar los derechos o intereses de los partidos políticos, sino con el único fin de proteger el derecho que el electorado tiene respecto a que los candidatos por los que votaron respeten la ideología y la lealtad política con la que se ostentaron durante el periodo de campañas electorales, cuestión que ulteriormente fortalecerá el sistema de partidos lo que debe ser prioridad para cualquier legislador. Así, la deslealtad o peor aún el chantaje político atenta tanto contra el instituto político y sus miembros, como contra el sistema democrático y, especialmente, contra el electorado.

Además, de permitir que un candidato electo renuncie a la plataforma y a la ideología que lograron su mismo cargo público sería una violación al principio de certeza jurídica (además de aquel identificado como de institucionalidad política), pues la plataforma política y las propuestas que dicho candidato presentó para obtener el triunfo en la elección cambiaron sin mayor explicación a la ciudadanía que votó por dicho candidato, cuestión que no puede avalarse en ningún momento. Ya que de lo contrario, sería como permitir una artificialidad al momento de la campaña y del despilfarro de recursos públicos con la intención de seguir intereses unipersonales y no de un grupo representativo que, por el contrario, busca lo mejor para la democracia.

Es decir, a partir de un estudio de proporcionalidad de ambos derechos, se ha determinado que vale más privilegiar el derecho de los ciudadanos que aquellos de los funcionarios electos, pues este se limita en menor grado y además es una medida razonable, necesario e idónea para garantizar la certeza de los votos emitidos en los comicios, bajo ciertas ideas representadas en un plataforma que posteriormente fueron desconocidas por presiones ajenas a la ley.

Pero aun así cuando este fraude al electorado, este despropósito representativo se suscita en cualquier caso de transfuguismo político, la intención de esta reforma no es e prohibirlo en cualquier caso, sino que la presente iniciativa se centra en evitarlo en el caso más grave que es en aquel en que un partido político, los electores que se identifican con el, les es aplicada la regla que limita la sobre representación, y en consecuencia espacios de representación que le correspondían aplicando la regla ordinaria de representación proporcional, son revocados al aplicar esta regla extraordinaria.

En consecuencia un legislador tránsfuga político, estaría mermando doblemente la representación de la ideología y plataforma legislativa de un partido avalado por la ciudadanía, primero en cuanto que se contabiliza como sobre representación, la cual no sería tal al declinar a pertenecer a la bancada del partido que los postulo

Ahora bien, concretamente en el estado de Nuevo León se suscitó un hecho en donde se plasma particularmente lo anteriormente comentado, en donde el Partido Acción debido a la alta votación obtenida se le otorgaron dieciséis curules de Mayoría Relativa y tres de representación proporcional, no accediendo a posteriores curules debido a la sobrerrepresentación, sin embargo, días antes de entrar en funciones los nuevos Diputados, dos de ellos renunciaron a la bancada del Partido Acción Nacional por lo que deja en un estado de indefensión al partido ya que por un lado la ciudadanía les había conferido la mayoría del congreso mediante el voto a sus candidatos, pero debido a decisiones personales estos abandonan la bancada y deciden formar una bancada independiente traicionando la plataforma política e ideales por los cuales fueron votados.

INICIATIVA

Se propone reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyendo un cuarto párrafo para quedar como sigue:

Artículo 54. La elección de los 200 Diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

Los legisladores que hayan sido postulados por un partido político al que se le aplique la regla para evitar la sobrerrepresentación contemplada en el párrafo anterior, no podrán renunciar a la bancada del partido que los postulo.

Artículo 116.

II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete Diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los Diputados a las Legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Las Legislaturas de los Estados se integrarán con Diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Los legisladores que hayan sido postulados por un partido político que debido al porcentaje de votación emitida que caigan en el supuesto de sobrerrepresentación contemplado en el artículo 41, no podrán renunciar a la bancada del partido que los postulo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

1 Véanse las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia de claves C-303/10 y C-490/2012.

2 A su vez, vale la pena distinguir entre la definición de reglas y principios. Por reglas se entiende enunciados normativos de estructura cerrada, mientras que los principios son enunciados abiertos a los que se le debe dotar de contenido. Por esa razón, si bien las reglas deben encontrarse explícitamente, los principios –por su naturaleza– se encuentran implícitos en la mayoría de las veces. Ahora, estos no se cumplen en grados, al contrario de las reglas que se cumplen en todo o en nada, cuestión que no sólo depende de las posibilidades reales sino que también de las jurídicas.

3 Tal idea la sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007.

4 Véanse el juicios de claves SUP-JDC-12624/2011 y acumulados; SUP-JDC-510/2012 y su acumulado; SUP-JDC-611/2012 y SUP-REC-936/2014.

5 Una idea similar se sostiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio de revisión constitucional electoral de clave ST-JRC-142/2015.

6 Véase el juicio ciudadano de clave SUP-JDC-641/2011.

7 Igualmente, dicha idea se puede ver en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de clave ST-JRC-142/2015 y sus acumulados.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El derecho al trabajo fue primero en reconocerse de manera específica dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es una garantía que se refiere a la posibilidad de integrarse libremente en actividades de producción y prestación de servicios a cambio de un beneficio, que normalmente es económico, para garantizar un nivel de vida adecuado.

En nuestro país, la legislación laboral protege este principio estipulando el derecho a condiciones dignas de trabajo, a una remuneración adecuada, a una jornada preestablecida, a periodos de descanso remunerado, a constituir sindicatos, al derecho de huelga, de equidad por remuneración y a la igualdad en el trato.

Como puede apreciarse, se trata de un derecho que depende de múltiples elementos jurídicos que interactúan entre sí, acompañados de variables asociadas a indicadores económicos, educativos, de competencia e incluso condiciones sociales de cada persona.

Por lo tanto, garantizar el ejercicio de los derechos laborales es una situación que demanda la generación de condiciones básicas, tanto en materia legislativa como presupuestal e institucional, junto con la implementación de medidas que no sólo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad con prestaciones de ley.

La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado el concepto de trabajo decente, mismo que contempla la estipulación de un contrato, remuneración justa y el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes que cuenten con un crecimiento y capacitación, que puedan superarse profesionalmente, incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU; por ende, los Estados miembros han aceptado el compromiso de aceptar metas trazadas para este objetivo, situación que se ve más complicada para las economías en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su informe sobre el trabajo en el mundo 204, la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo, y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo, pero genera gran parte del flujo del capital de estos países.

En nuestro país se vive una situación similar, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes en cuanto a calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo y sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo, dando como resultado una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución, y que sólo se ha ido agravando por la falta de atención de las autoridades en la materia.

De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre del 2015, 2.3 millones de personas se encontraban en desempleo, cifra que se mantiene estancada al compararla con el mismo periodo del año anterior, no obstante, el subempleo va a la alza, pues las personas que buscan un empleo sumaron 4.2 millones, cifra superior en 150 mil personas a la registrada en 2014.

En el mismo sentido se ve el comportamiento de la informalidad, el INEGI destacó que las modalidades del empleo informal sumaron 29.1 millones de personas para un avance del 2.5 por ciento respecto del mismo periodo de 2014; es decir, sumaron 697 mil personas en la informalidad durante el año anterior.

Dentro de los sectores más afectados por estas condiciones son las personas jóvenes y, muy particularmente las amas de casa, ya que se encuentran en una situación que llega a ser determinante para que las empresas les nieguen un empleo bajo el pretexto de la inexperiencia o la disponibilidad tiempo, o sobre todo de la edad.

Por lo tanto, tienen que buscar acceder a espacios de trabajo que se ofrecen bajo el engaño y en donde, incluso, se les llega a solicitar una inversión inicial para capacitación o para formar parte como socio de alguna empresa.

A lo largo de nuestro país existen muchas demandas por parte de nuestros ciudadanos de supuestas empresas que ofertan puestos de recepcionistas, auxiliares de oficina, encargados e incluso para trabajos desde casa empaquetando productos de marcas reconocidas en el mercado, en jornadas de 4 horas y con sueldos por encima de lo que normalmente pueden encontrarse en el mercado laboral y que suelen ir de los 800 a los 1,200 pesos semanales.

Sin embargo, esas ilusiones se desvanecen conforme las personas van atravesando los filtros o etapas, ya que llegado el momento, les llegan a solicitar recursos para una supuesta inversión inicial, que suele concluir en la venta de cosméticos, perfumes o algún artículo para venta de cambaceo.

Las personas, muchas veces desesperadas por la crisis que atraviesan a nivel económico, llegan a ser víctimas de esos timadores, mismos que incluso llegan a robar la identidad de las personas aportando datos a grupos delictivos para realizar fraudes de todo tipo, que incluso llegan a trascender las fronteras, pues se han documentado casos de ofertas laborales para otros países.

Este tipo de anuncios son comunes en Internet y en la mayoría de clasificados de los periódicos. Por ello, es necesario incidir en este tipo de conductas que están afectando la vida de millones de personas, afectando su patrimonio jurídico, mismo que es protegido penalmente cuando se comete fraude en su contra.

Conforme a lo contenido en los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, donde es señalado el fraude genérico y las sanciones contempladas para el mismo, por ello, con la presente iniciativa buscamos especificar este tipo de fraude para tipificar la conducta ya descrita.

Como bien sabemos, la mayoría de personas que son víctimas de estos problemas no cuentan con los recursos suficientes, por lo que una vez que son defraudados no es factible que presenten una denuncia y sigan un procedimiento que implicaría un costo adicional, por lo que el defraudador continúa impune e incidiendo en este tipo de actos; por ello, con esta reforma se facilitaría este proceso al otorgar una herramienta para tipificar la conducta en una demanda.

Estamos ante una situación compleja que requiere nuestra atención inmediata, más aún si consideramos la grave crisis de empleo o de calidad por la que atraviesa nuestro país, y que ha sido alertada por distintos organismos internacionales.

El Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan esta problemática, y velar porque el respeto a los derechos laborales de nuestras y nuestros ciudadanos sea legítimo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII DEL ARÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al trabajo fue el primero en reconocerse de manera específica dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mismo que en su artículo 6 establece: “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”.

Esta garantía, se refiere a la posibilidad de integrarse libremente en actividades de producción y prestación de servicios a cambio de un beneficio, que normalmente es económico, para garantizar un nivel de vida adecuado.

En nuestro país, la legislación laboral protege este principio estipulando el derecho a condiciones dignas de trabajo; a la libertad de escoger actividad laboral; al derecho a una remuneración adecuada, a una jornada pre-establecida; a periodos de descanso remunerado; a constituir sindicatos y afiliarse a los mismos; el derecho de huelga; de equidad por remuneración y a la igualdad en el trato.

Como puede apreciarse, se trata de un derecho que depende de múltiples elementos jurídicos que interactúan entre sí, acompañados de variables asociadas a indicadores económicos, educativos, de competencia e incluso condiciones sociales de cada persona.

Por lo tanto, garantizar el ejercicio de los derechos laborales es una situación que demanda la generación de condiciones básicas, tanto en materia legislativa como presupuestal e institucional; junto con la implementación de medidas que no sólo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad con prestaciones de ley, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protección a la integridad física y mental del trabajador, entre otras características que deben tener la realización de cualquier trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un concepto de trabajo decente, mismo que contempla la estipulación de un contrato, remuneración justa y el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente, incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU; por ende, los Estados miembros han aceptado el compromiso de alcanzar metas trazadas para este objetivo, situación que se ve más complicada para las economías en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su informe sobre el trabajo en el mundo 204 la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo, y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo, pero genera gran parte del  flujo del capital en estos países.

En nuestro país se vive una situación similar, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes en cuanto calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo y sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo dando como resultado una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución, y que sólo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia.

De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre de 2015, 2.3 millones de personas se encontraban en desempleo cifra que se mantiene estancada al compararla con el mismo periodo del año anterior, no obstante, el subempleo va a la alza, pues las personas que buscan un empleo sumaron 4.2 millones cifra superior en 150 mil personas a la registrada en 2014.

En el mismo sentido se ve el comportamiento de la informalidad, el INEGI detalló que las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas para un avance de 2.5 por ciento respecto del mismo periodo del 2014, es decir, sumaron 697 mil personas en la informalidad durante el año anterior.

Dentro de los sectores más afectados por estas condiciones son las personas jóvenes y, muy particularmente las amas de casa, ya que se encuentran en una situación que llega a ser determinante para que las empresas les nieguen un empleo bajo el pretexto de la inexperiencia o la disponibilidad de tiempo; por lo tanto, tienen que buscar acceder a espacios de trabajo que se ofrecen bajo el engaño y en donde incluso se les llega a solicitar una “inversión inicial” para capacitación o para formar parte como “socio” de alguna empresa.

A lo largo de nuestro país existen muchas demandas por parte de nuestros ciudadanos de supuestas empresas que ofertan puestos de “recepcionistas”, “auxiliares de oficina”, “encargados” e incluso para trabajo desde casa “empaquetando” productos de marcas reconocidas en el mercado; en jornadas de 4 horas y con sueldos por encima de lo que normalmente puede encontrarse en el mercado laboral y que suelen ir de los 800 a los 1,200 pesos semanales.

Sin embargo, estas ilusiones se desvanecen conforme las personas van atravesando los filtros o “etapas”, pues llegado el momento les llegan a solicitar dinero para una supuesta “inversión inicial”, que suele concluir en la venta de cosméticos, perfumes o algún artículo para venta de cambaceo.

Las personas, muchas veces desesperadas por la crisis que atraviesan a nivel económico, llegan a ser víctimas de estos timadores, mismos que incluso llegan a robar la identidad de las personas, aportando datos a grupos delictivos para realizar fraudes de todo tipo que incluso llegan a trascender las fronteras pues se han documentado casos de ofertas laborales para otros países.

Este tipo de anuncios son comunes en internet y en la mayoría de clasificados de los periódicos, por ello, es necesario incidir en este tipo de conductas que están afectando la vida de millones de personas, afectando su patrimonio jurídico mismo que es protegido penalmente cuando se comente fraude en su contra, conforme a lo contenido en los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, donde es señalado el fraude genérico y las sanciones contempladas para el mismo, por ello, con la presente Iniciativa buscamos especificar este tipo de fraude para tipificar la conducta ya descrita.

Como bien sabemos, la mayoría de personas que son víctimas de estos problemas no cuentan con los recursos suficientes, por lo que una vez que son defraudados no es factible que presenten una denuncia y sigan un procedimiento que implicaría un costo adicional por lo que el defraudador continua impune e incidiendo en este tipo de actos, por ello, con esta reforma se facilitaría este proceso al otorgar una herramienta para tipificar la conducta en una demanda.

Estamos ante una situación compleja que requiere nuestra atención inmediata, más aun si consideramos la grave crisis de empleo de calidad por la que atraviesa nuestro país y que ha sido alertada por distintos organismos internacionales, el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan esta problemática y velar porque el respeto a los derechos laborales de nuestras y nuestros ciudadanos.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO PENAL FEDERAL

PROPUESTA DE ADICIÓN

 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

I. a XVI. …

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega.

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. a XXI. …

 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

I. a XVI. …

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega.

De la misma manera a quien invite o se haga valer de publicidad engañosa para ofrecer la firma de un contrato laboral como resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención del empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas.

XVIII. a XXI. …

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Código Penal Federal

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

I. a XVI. …

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega.

De la misma manera a quien invite o se haga valer de publicidad engañosa para ofrecer la firma de un contrato laboral como resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención del empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas.

XVIII. a XXI. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe,

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas)

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Haré referencia, y el objetivo de la presente iniciativa que el día de hoy comentaré con ustedes, busca incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes a la política nacional de vivienda y al programa nacional, también el sector, respectivamente.

¿Cuáles son los lineamientos, estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género?

Y aquí es donde quiero puntualizar el acceso a las mujeres a una vivienda digna y decorosa, y preferentemente hacemos referencia a las mujeres jefas de familia.

Estamos ciertos que tenemos que implementar acciones afirmativas que ante la desigualdad en oportunidades puedan colocar a las mujeres que trabajan, a las mujeres que tienen una familia, a las mujeres que solamente son ellas el sustento de la misma, que tengan un acceso real a una vivienda y, por ello, brindarles una vida libre también de discriminación.

También sabemos todos que la conformación de las familias ha ido cambiando en nuestro país, allá afuera hay mujeres, hay madres y abuelas que son el único sustento de sus hogares, y la gran mayoría no tienen una vivienda propia, la gran mayoría renta, la gran mayoría tiene que arreglárselas para tener un espacio dónde vivir y, sobre todo, en aquellos casos de mujeres solas, adultos mayores donde ya no tienen nadie quién les cuide, no tienen nadie quién les proteja y mucho menos un espacio dónde vivir.

El 25 por ciento, me refiero a que 25 hogares de cada 100 en nuestro país, está comandado por una mujer, esto es una cuarta parte de los hogares en México se encuentran, si así lo queremos ver, en una situación de desventaja, sobre todo una desventaja socioeconómica, porque no tienen tampoco estas mujeres la misma facilidad que tiene el hombre para tener un salario digno.

Una mujer que aun cuando tenga un trabajo de tiempo completo, cómo podría adquirir una casita por sencilla que fuera, cuando en el sector laboral también las mujeres sufren de discriminación, las mujeres perciben hasta un 30 por ciento, un salario menor en comparación a los que reciben los hombres, y como yo les mencionaba, este círculo vicioso cada vez se va acrecentando y en aquellas familias que las mujeres sí pueden tener una casita, sólo 1 de cada 5 de estas familias, de estas mujeres, dispone de escrituras.

Es menester de todos, del Estado mexicano, el que planteemos alternativas, de que generemos jurisprudencia para darle certeza jurídica a las mujeres y también a la propiedad de su patrimonio.

Claramente las mujeres, y en especial las jefas de familia, viven esta forma de discriminación que tendremos que resolver para ejercer este derecho a la vivienda, como les comentaba, tenemos que buscar los mecanismos que le permitan un acceso real por parte de todos los grupos sociales y en especial a aquellos que están en situación de vulnerabilidad.

Ya la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha puesto un programa especial para apoyo de estas mujeres, así como para tener una vivienda, como también la construcción del “Cuarto Rosa”; sin embargo, creemos que tenemos que ir más allá, tiene que estar inscrito en la Constitución para que no nada más sea por un periodo, que sea un programa, que también se le dé prioridad a las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad y, sobre todo, aquellas jefas de familia.

Por ello, sometemos a su consideración, quienes me acompañan en la suscripción de esta iniciativa, para que pueda ser discutida y para que podamos mejorar las condiciones de vida, no tan sólo de la mujer, porque sabemos que apoyando a la mujer jefa de familia, apoyamos a todos y cada uno de sus integrantes de la misma.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la vivienda contenido en artículo 4° de nuestra Carta Magna establece el derecho fundamental que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, este derecho se encuentra instrumentado en la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo constitucional, en la cual se establece la política, los programas y los mecanismos a través de los cuales toda familia puede hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y decorosa.

El derecho a la vivienda es una prerrogativa reconocida internacionalmente, destacando el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los siguientes términos:

“Artículo 11.

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.

Tanto el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y decorosa como el derecho a una vivienda adecuada, son conceptos equiparables y complementarios que interpretados de la manera más favorable a la persona permiten al gobernado el correcto ejercicio a una vivienda donde pueda desarrollarse a cabalidad en estricta atención a la dignidad humana.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha interpretado a cabalidad el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinando las características y el alcance efectivo del derecho a la “vivienda adecuada” en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23) de dicho Comité, de donde se debe destacar lo siguiente:

“1.  …el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia "para sí y su familia" supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de que impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de "familia" debe entenderse en un sentido lato. Además, tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación.

7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.

Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".

(Énfasis añadido)

De lo anterior resulta relevante el numeral 6 de la Observación General citada, donde se concluye que el derecho a la vivienda adecuada no se encuentra limitado en cuanto al titular del derecho contemplado, esto es que no puede acotarse como un derecho propio de sexos o roles, y debe tratarse de establecer mecanismos que permitan el acceso a la vivienda por parte de todos los grupos sociales especialmente para miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.

En este orden de ideas, es necesario reconocer que la conformación de la sociedad mexicana ha cambiado con el paso del tiempo. Aunque el derecho a una vivienda nace como una prerrogativa laboral destinada en principio al género masculino, la población económicamente activa ha cambiado y las mujeres han ejercido un papel fundamental en el desarrollo social.

Para 2014, según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) las mujeres componían el 51.2% de la población mexicana, de las cuales 43 de cada 100 mujeres disponibles para trabajar son económicamente activas.

Aunado a lo anterior, en 2014 de acuerdo con datos del INEGI existían 3 millones 832 mil mujeres jefas de familia en México, esto es, madres que son el único sostén económico del hogar, que se encuentran en una situación desventajosa ya que existen sectores laborales donde las mujeres perciben hasta un 30% menos de salario por trabajos similares a los hombres.

Es obligación del Estado Mexicano establecer los lineamientos y mecanismos que permitan abatir cualquier forma de discriminación basada en el sexo hacia las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer establece las directrices bajo las cuales los Estados deberán asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

Párrafo 2 del artículo 14

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

[…]

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Párrafo 2 del artículo 15

Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

(Énfasis añadido)

De los artículos 14 y 15 de la Convención destaca la necesidad de garantizar condiciones de vida adecuadas, haciendo especial énfasis en el derecho a la vivienda, como un área prioritaria para erradicar la discriminación, asimismo se requiere dar certeza jurídica a este tipo de actos para permitir que las mujeres gocen de igual derechos sobre su propiedad y la administración de sus bienes.
Por lo tanto, en orden a evitar la discriminación entre mujeres y hombres, el Estado Mexicano debe realizar acciones positivas en favor de las mujeres para permitirles el acceso a la vivienda.

Es importante señalar que las viviendas con mujeres jefas de familia se encuentran en constante crecimiento; en el año 2010, ya ocupaban 25 de cada 100 hogares. Aunado a lo anterior, son mayores los porcentajes de hogares con jefatura de mujeres que ocupan viviendas rentadas o alquiladas.

En los casos de vivienda con jefe de familia masculino, el 91% de ellos son dueños, mientras que en las de jefaturas femeninas sólo el 42% son propietarias.

La forma de obtener una vivienda para más del 50% de las mujeres es con el uso de recursos propios, esto es a través de la autoconstrucción, sin embargo, en una de cada cinco viviendas en propiedad de  mujeres, no se dispone de escrituras.

De acuerdo con cifras del INEGI, los hogares con jefatura de mujeres tienden a tener menores ingresos que aquellos hogares donde el jefe da familia es hombre.

De lo anterior, es posible concluir que efectivamente las mujeres se encuentran en una situación desfavorable en el acceso a la vivienda, por lo que requieren de acciones afirmativas que propicien la no discriminación y la igualdad real entre hombres y   mujeres, promoviendo métodos e instrumentos que permitan la legal tenencia y posesión de una vivienda para las mujeres, así como herramientas financieras que les permitan acceder a créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda, como instrumento rector en el ramo señala las características que deberá seguir la Política Nacional de Vivienda para poder dar plena efectividad a este derecho:

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población,        preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades;

III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares;

V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;

VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano;

VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y diversidad;

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias;

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la     convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública, y

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.

En el mismo orden de ideas, el artículo 8 de la Ley de Vivienda establece latu sensu las bases programáticas sobre las que descansan las acciones a nivel nacional en materia de vivienda:

ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de sus principales problemas y tendencias;

II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de las distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social;

IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos necesarios para las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de su demanda, así como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la vivienda;

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;

VII. Los lineamientos para la normalización de los bienes y servicios que se utilicen en la producción de vivienda;

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la vivienda, así como los mecanismos que eviten prácticas indebidas que encarezcan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;

IX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la ordenación del territorio y el desarrollo urbano;

X. La definición de los programas, mecanismos e instrumentos que permitan implementar las acciones necesarias en materia de suelo;

XI. La identificación de las necesidades de suelo y la estimación de los recursos que hagan posible la disponibilidad del mismo;

XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de construcción progresiva y a la vivienda rural;

XIII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades rurales e indígenas;

XIV. La tipología y modalidades de producción habitacional que oriente las acciones en la materia;

XV. Las estrategias y líneas de acción para fomentar el desarrollo del mercado secundario y de arrendamiento de vivienda;

XVI. Las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la reubicación de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por desastres, en congruencia con la política de ordenación territorial;

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda, y

XVIII. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

Las dependencias y entidades que participen en la instrumentación de las acciones previstas en este artículo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán con la Comisión para efectos de su ejecución.

Tanto del Programa Nacional como de la Política Nacional de Vivienda debemos resaltar la ausencia de lineamientos o contenidos específicos en favor de la mujer o con perspectiva de género para el acceso a una vivienda digna y decorosa.

Sin embargo, actualmente en el Programa Nacional de Vivienda se estableció en la estrategia transversal "Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres" las siguientes líneas de acción:

Línea de acción 3.7.3: Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de vivienda para hogares con jefatura femenina en municipios prioritarios.

Línea de acción 4.1.9: Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de hogar con empresas de responsabilidad social.

Dos líneas de acción específicas que atienden a una estrategia transversal no propiamente una estrategia del ramo, por lo que en orden a evitar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, es necesario establecer las bases jurídicas que den fundamento a la instrumentación de líneas de acción y ejercicios programáticos que permitan el acceso a la vivienda con una perspectiva de género, haciendo especial énfasis en las jefas de familia, sin ser en ningún caso una oración limitativa para todo el género femenino que requiere atención similar para ejercer su derecho a la vivienda.

A manera de reiteración, la reforma del primero de junio de 2012 a la Ley General de Desarrollo Social contempla en el artículo 3° como un principio rector de la Política de Desarrollo Social la perspectiva de género, definiéndola como:

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

Es necesario destacar el papel fundamental que juega la Ley General de Desarrollo Social en concordancia con la Ley de Vivienda, ya que esta reforma es un ejemplo de la inclusión de la perspectiva de género en la Ley General de Desarrollo Social en orden a evitar cualquier tipo de discriminación, asimismo es relevante para la Ley de Vivienda dado que en el primer párrafo del artículo 9 se señala que “El Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Comisión, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en este ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social.” A manera reiterativa sobre el alcance y definición de la perspectiva de género que se pretende abordar por la presente reforma, la definición encontrada en la Ley General de Desarrollo Social en un claro ejemplo de economía legislativa sirve para definir el concepto que se pretende adicionar a la Ley de Vivienda, evitando así la conceptualización innecesaria de la misma.

Sin duda alguna, nos enfrentamos a un gran reto de equidad real para mujeres y hombres, las circunstancias que han orillado a las mujeres a convertirse en parte fundamental del sostenimiento de los hogares, obliga a que se reconozcan y reafirmen sus derechos principales, obligando a hacer efectivo el derecho a la propiedad, al suelo y por ende también a la vivienda y sus servicios.

Por todo lo anterior la presente iniciativa busca incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda respectivamente, lineamientos, estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia.

Por los argumentos expuestos, las Senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6.-…

I a XII…

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, que fomenten la participación de las mujeres en las acciones de vivienda.

Artículo 8.-

I a XVII…

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Maria Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Anabel Acosta Islas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle a mis compañeras que me permitan sumarme a su iniciativa, que me parece relevante, de sensibilidad social y, sobre todo, solidario con las mujeres.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta la incorporación de la Senadora Pineda Gochi?

Tome la Secretaría nota de las solicitudes de diversas Senadoras para incorporarse a la suscripción de esta iniciativa.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto Armando Albores Gleason, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Recientemente el Congreso de la Unión aprobó la reforma financiera, una reforma fundamental para los y las mexicanas que cambia los paradigmas en el acceso al crédito o al financiamiento; financiamiento que se convierte en más accesible, más barato, de manera que pudieran potenciar las actividades productivas de millones de mexicanos.

Hay instituciones financieras, de hecho, que ofrecen una gran cantidad de servicios financieros; sí, una gran cantidad de opciones y de diversidad, pero son para quienes son sujetos de crédito.

Quienes se consideran así, se determinan en función de su renta o su ingreso, de los hábitos de consumo, de sus hábitos de ahorro, de los bienes que tienen bajo su nombre.

Sin embargo, son las mujeres en general las que, por no tener ingresos consistentes, ni bienes patrimoniales, resultan excluidas precisamente de créditos, de financiamientos, aun cuando hemos impulsado una reforma tan significativa.

De hecho, en nuestro país, solamente el 18 por ciento de las mujeres tiene acceso garantizado a créditos o a financiamiento. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que tiene todavía más dificultad para ser beneficiadas, son las mujeres del campo, las mujeres productoras que tienen una gran tarea en el sector primario de nuestro país.

Aproximadamente el 15 por ciento de las mujeres que viven o que trabajan en la tierra, son propietarias. De éstas, únicamente el 10 por ciento tiene acceso a crédito y el 5 por ciento tiene acceso a asistencia técnica.

Estamos hablando de unas cifras sumamente bajas.

Si deseamos potenciar la actividad económica productiva, dar una oportunidad de ingreso digno, de sustento real para las mujeres y sus familias, necesitamos garantizar que tengan acceso a financiamiento, a crédito, y que con esto puedan potenciar el desarrollo de sus actividades.

Buscar que tengan esta posibilidad, significa que puedan ampliar, que puedan diversificar, que puedan mejorar la calidad de la producción de sus cosechas, de sus cultivos, aumentar su productividad y, por supuesto, generar mejores ingresos.

La consecuencia positiva por lo tanto es sumamente importante para ellas, para sus familias, para las comunidades y, por lo tanto, para el país entero; es decir, invertir en las mujeres rurales de México es invertir en el desarrollo mismo de nuestra nación.

Esta correlación positiva ha sido documentada por instituciones internacionales, como el Banco Mundial, la ONU, universidades prestigiadas en el mundo, y por eso es tan importante que lo consideremos, como legisladores, de manera que podamos propiciar políticas públicas, mecanismos, herramientas que apoyen a las mujeres, de manera que puedan tener acceso a crédito o financiamiento mucho más accesible.

La presente iniciativa, por lo tanto, tiene como propósito reformar el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La presento a nombre de un grupo de compañeras y compañeros que nos importa mucho que las mujeres que viven y que trabajan en el campo tengan la posibilidad de tener acceso al crédito, específicamente respecto de una de las mayores limitantes para ellas mismas, que es el hecho de no tener garantías al momento de estar solicitando estos créditos.

Si podemos impulsar la creación de programas que generen garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas, en particular, estaremos abriendo una gran oportunidad para que las mujeres tengan acceso a los créditos que están brindando tanto las instituciones financieras del sector público como del sector privado.

Y es que podemos mencionar que a través de un programa como éste, podemos revertir el círculo vicioso, perverso del empobrecimiento en el sector rural, que significa el 40 por ciento de la población que vive en las zonas rurales, 40 por ciento que vive en pobreza y 21 por ciento que vive en pobreza extrema. Son cantidades significativas que, reitero, podemos revertir con una política pública como ésta.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración, tiene como meta democratizar la productividad a través de políticas que tengan perspectiva de género, que sean transversales.

El incorporar políticas afirmativas como ésta, por supuesto que garantiza que las mujeres tengan sus derechos garantizados, que tengan la posibilidad en igualdad de circunstancias que los varones de acceder a crédito, acceder a financiamiento, y con esto, insisto, generar mejores ingresos para ellas y para sus familias.

La presente iniciativa quedaría concretamente como una reforma al artículo 5o. de la siguiente manera:

El artículo 5o. dice: En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a cumplir los siguientes objetivos:

Se enumeran las fracciones de la I a la V, y se propone agregar la fracción VI que dice: Disminuir la brecha de género en el acceso al financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y laboran en el sector rural a través del impulso y fomento de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en beneficio de las mujeres rurales.

Con esto, estoy convencida que estaremos abriendo la posibilidad para muchas mujeres del campo que hoy en día no tienen acceso a un recurso financiero que potencie su actividad económica; estaremos cumpliendo con los objetivos mismos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, y con los planteamientos que ha hecho el Presidente de la República al impulsar reformas tan importantes para beneficio de nuestro país.

Es cuanto.

Iniciativa

Los que suscriben, MELY ROMEO CELIS, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMOT, JESÚS CASILLAS ROMERO, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE ACCESO A RECURSOS PÚBLICOS PARA MUJERES QUE HABITAN Y LABORAN EN EL SECTOR RURAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el párrafo primero del artículo 4o. constitucional establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. Este derecho humano constitucional y fundamental tiene su presencia en el derecho internacional a través de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que señala “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción la igualdad de la ley para su protección”; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el que se expresa “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que menciona “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”; y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que alude “todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho, sin discriminación alguna a la protección de la ley”1.

Para el constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, señaló que la idea jurídica de igualdad consiste en “la posibilidad o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos o contraer obligaciones, propios de todos aquellos sujetos que se encuentran en su misma situación jurídica determinada”2. En el caso del constitucionalista contemporáneo, Miguel Carbonell Sánchez, alude que el principio constitucional de igualdad deriva de dos sub-principios: el de la ley y ante la ley; el primero, de la ley, se dirige principalmente al Poder Ejecutivo y Judicial en el cual su mandato debe ser de trato igual en la aplicación de la ley, en tanto que el segundo, ante la ley, se encuentra dirigido al Poder Legislativo en el cual el legislador no debe y no puede establecer en los textos legales diferencias no razonables o en su caso no justificadas para las personas que se encuentran en la misma situación3.

El principio humano de igualdad jurídica señalado en el artículo 4° constitucional forma parte de la visión actual de la teoría jurídica en la que se deja de ser normativa para ser principialista, es decir, pasar del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. Al respecto, el jurista argentino Rodolfo Luis Vigo menciona que los principios suponen un derecho concentrado que no llegan a definir una hipótesis y mucho menos una consecuencia, a través de los principios se pueden expresar y justificar diferentes normas. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización debido a que mandan una mejor conducta ante las posibilidades fácticas y jurídicas.4

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el titular del Ejecutivo Federal plantea como objetivo general de su actuar en la administración pública federal la de llevar a México a su máximo potencial a través de la implementación de cinco metas nacionales-México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global- y tres estrategias transversales–democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género-.

En la meta nacional “México en paz”se aspira en consolidar y garantizar la democracia, gobernabilidad y seguridad hacia la población mexicana por medio del dialogo y construcción de acuerdos con actores políticos y sociales ello para respetar y proteger los derechos humanos, erradicación de la violencia de género, combate a la corrupción y fomento a la rendición de cuentas; en lo que respecta a la meta nacional “México incluyente”se busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los ciudadanos mexicanos para abandonar el asistencialismo hacia el fortalecimiento del capital humano para que lo conecte a mayores oportunidades y de esa manera puedan insertarse a la economía nacional; en la meta nacional “México con educación de calidad” se anhela en garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y con ello poseer un capital humano preparado para incrementar la calidad educativa y de esa manera se cierre la brecha en lo que se enseña en las escuelas y lo que requiere el mercado laboral; en lo concerniente a la meta nacional “México próspero”se desea seguir promoviendo un crecimiento económico sostenido por medio de la estabilidad macroeconómica y la generación de igualdad de oportunidades para todos; finalmente en lo tocante a la meta nacional “México con responsabilidad global” se pretende fortalecer la presencia del Estado mexicano ante la comunidad internacional para reafirmar los compromisos adquiridos con antelación en materia de libre comercio, movilidad de capitales e integración productiva. 

Lastres estrategias transversales, a saber: i) democratizar la productividad, ii) gobierno cercano y moderno, y iii) perspectiva de género. En lo que respecta al eje transversal “Democratizar la productividad”se busca en eliminar las barreras de entrada que impiden alcanzar el máximo potencial económico de todos los sectores de la economía nacional, para contrarrestarlo se plantearan estímulos en materia de ingresos y egresos para incorporar a todos los mexicanos a la economía formal, así como de todas las acciones públicas que instrumenten todas las dependencias de la administración pública federal para ampliar la capacidad productiva de la economía; en el eje transversal “Gobierno cercano y moderno” se aspira en contar y poseer con un gobierno eficiente que permita mejorar su desempeño y calidad de servicios que proporciona a través de la simplificación de normatividad y trámites gubernamentales, además de implementar una serie de estrategias financieras para optimizar recursos públicos, y se utilicen tecnologías de la información que logren comunicar e impulsar la transparencia y rendición de cuentas del gobierno hacia la ciudadanía; y el eje transversal “Perspectiva de género”desea garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de acciones orientadas hacia asegurar los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y con ello evitar las diferencias de género que tienden a generar desigualdades, exclusiones y discriminaciones, a través de esta estrategia transversal el Estado mexicano podrá hacer tangibles los compromisos adquiridos por éste en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).5

A partir de la meta nacional “México incluyente” y del eje transversal “Perspectiva de género” las acciones y políticas públicas que diseñe e implemente la actual administración pública federal permitirán en coadyuvar y consolidar el derecho humano constitucional y fundamental de igualdad de la ley e igualdad ante la ley entre hombres y mujeres.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) manifestó en el apartado de retos y oportunidades que el financiamiento al sector agropecuario es escaso y caro debido a que únicamente el 1.5% del financiamiento total de la economía se canaliza al sector rural, además de señalar la existencia de barreras de entrada que enfrentan los productores agropecuarios para acceder a los créditos de la banca comercial ya que éstos son denegados por la falta de garantías y ausencia de historial crediticio, contexto que propicia el desincentivo y desinterés de los productores para contratar créditos tanto con la banca de desarrollo como comercial, y en el caso de que lleguen a cubrir los requisitos solicitados se enfrentan con costear altas tasas de interés.

Para revertir la problemática planteada por la SAGARPA en su programa sectorial se propuso en impulsar políticas públicas para coadyuvar y fortalecer la formación de sujetos de crédito y aumentar los flujos financieros a las actividades agroalimentarias por medio de diversos instrumentos: i) fondos de garantía líquida para apoyar proyectos de capitalización e innovación, ii) esquemas de capital de riesgo para proyectos agroalimentarios, iii) cofinanciamiento de proyectos donde participen dependencias de los tres órdenes de gobierno, iv) contratación de coberturas de precios a productos estratégicos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, v) acompañamiento técnico de los proyectos y capacitación integral para los productores, entre otros.

Aunado a ello, la referida secretaria se planteó como acción pública prioritaria el apoyo al acceso de crédito para los productores de granos básicos con bajos recursos a través de programas orientados a garantías líquidas y la adquisición de coberturas de riesgos para hacer frente a las imperfecciones del mercado.6

El 10 de enero de 2014 se culminó con el proceso legislativo de las iniciativas de reforma legal en materia financiera, promulgación y expedición en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma modificó 34 ordenamientos jurídicos, mismos que tienen como objetivos: i) incrementar la competencia en el sector financiero; ii) fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; iii) ampliar el crédito por parte de las instituciones financieras privadas; iv) mantener un sistema financiero sólido y prudente; y v) hacer más eficientes a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.

En lo que respecta al objetivo “Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo” la reforma financiera busca crear programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas, y pequeños productores; así como mandatar a la banca de desarrollo a proveer la inclusión financiera de la población en general y específicamente a las mujeres, niños y jóvenes, y con ello las instituciones financieras implementen programas y productos financieros con perspectiva de género para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en materia de acceso a servicios financieros.7

Por lo tanto, la reforma financiera es una reforma legal de carácter estructural que aspira en sentar las bases sólidas para que el sistema financiero mexicano contribuya a fortalecer el acceso al crédito e inclusión financiera de todos los mexicanos a través de la competencia sana de la banca comercial y de desarrollo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dieron a conocer y publicaron con fecha del 10 de agosto de 2015 los resultados de la “Encuesta Nacional Agropecuaria 2014”, entre sus resultados más sobresalientes señala que las unidades de producción aumentaron su acceso al crédito de 7.7% en 2012 a 10.4% en 2014, este crédito tuvo como fuente de financiamiento las cajas de ahorros, empresas o personas que compran la producción y en una menor medida la banca comercial. Las unidades de producción que logran acceder al crédito lo utilizaron para el cultivo de caña de azúcar, frijol, maíz blanco, sorgo de grano y trigo de grano; el destino del crédito fue utilizado para la compra de materias primas, pago de sueldo, compra de maquinaria y animales de trabajo, y compra de ganado.

Entre las principales razones que dan las unidades de producción que no lograron acceder a un crédito son las altas tasas de interés, la gran cantidad de requisitos y sobre todo que al productor no le gusta endeudarse.8

La penetración del crédito en nuestro país es escasa y mínima, 28%, si se compara con el promedio de países de América Latina, 47.9%, y de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 157.3%.9

Del proyecto de Decreto:

La presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como fin adicionar la fracción VI al referido precepto jurídico para que las autoridades administrativas del gobierno Federal en coordinación con las autoridades administrativas de los gobiernos estatales y municipales implementen acciones y políticas públicas de carácter afirmativas para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que laboran y viven en el sector rural ello con el objetivo de disminuir la brecha de género para el acceso de financiamiento de éstas a través de la formulación, diseño e implementación de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en favor de mujeres rurales, a partir de estos programas se coadyuvará a la generación de empleos e ingresos con el fin de contrarrestar su situación vulnerable con el fin de insertarse al crecimiento y desarrollo económico del campo debido a que en los últimos años sea incrementado su presencia laboral en el campo -feminización del campo10- que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 el 15.1% del total de productores a nivel nacional son mujeres en tanto que en 2012 eran 13.5%11, así como las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra agrícola y producen entre el 60 al 80 % de la producción alimentaria en los países en vías de desarrollo12.

A través de la coordinación de acciones y políticas públicas de los tres órdenes de gobierno para disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento hacia las mujeres rurales por medio de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas se coadyuvará con revertir el círculo vicioso y perverso del empobrecimiento del sector rural –el 21.5% de los habitantes en zonas rurales están en pobreza extrema y el 40.1% en pobreza13- en razón de que solamente el6 % de las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito institucional14 yel 25.3% de las unidades productoras del país han manifestado abiertamente dificultades para acceder al crédito, además de mencionar que el 83.4% de dichas unidades productoras tienen como problemática principal los altos costos de insumos y servicios15.

Con la finalidad de tener una mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual:

Texto propuesto por la iniciativa:

Título Primero
Del objeto y aplicación de la ley

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I a III…

IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y

 

 

 

VI.- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I a III…

IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable;

V.- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional;

VI.- Disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y laboran en el sector rural a través del impulso y fomento de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en beneficio de las mujeres rurales.

La iniciativa de reforma legal a la ley reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aspira y pretende que las mujeres del sector rural hagan valida y ejecutable los derechos humanos y fundamentales de no discriminación por origen de género y de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se encuentran establecidos en los artículos 1° y 4° de la ley suprema del país a través del acceso al financiamiento de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas, estos programas son instrumentos de carácter crediticio y financiero que permitirán coadyuvar y sumar esfuerzos para la inclusión financiera de las mujeres rurales al sistema financiero nacional y con ello se incorporen a la economía formal, tan sólo el 30 % del total de mujeres del país tienen una cuenta de ahorro, nómina o inversión en los bancos comerciales mientras que los hombres asciende al 42%16.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo 5o., y se adiciona la fracción VI al artículo 5o., del Título Primero “Del objeto y aplicación de la ley”, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I a III…

IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sustentable;

V.- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional; y

VI.- Disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y laboran en el sector rural a través del impulso y fomento de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en beneficio de las mujeres rurales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

1 Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia, y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, México, 2012, Segunda edición, pp. 938-939.

2 BURGOA, O. Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. México, 2011, Octava edición, editorial Porrúa, pp. 217.

3 CARBONELL, Sánchez Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. México, 2004, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 173 y 174.

4 LUIS, Vigo Rodolfo. De la Ley al Derecho. México, 2012, Tercera Edición, Editorial Porrúa, pp. 4-6.

5 Plan Nacional de Desarrollo 203-2018, Presidencia de la República, pp.  22-23, www.pnd.gob.mx

6 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pp. 11, 20 y 21, www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUELAES%20Y%PLANES/Programa_Sectorial_SAGARPA_2013-2018%20(1).pdf

7 Explicación ampliada de la reforma financiera, pp. 3, 4, 8, www.reformas.gob.mx/wp-contentuploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf

8 Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, www.inegi.gob.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf

9 Óp. Cit. Explicación ampliada… pp. 9.

10 Evaluación de la Política Agraria, Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, Auditoría Superior de la Federación, pp. 38, www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1201_a.pdf

11 Óp. Cit. Encuesta Nacional Agraria 2014.

12 LAHOZ, Laura. Mujeres campesinas y su papel en el sistema alimentario en México. México, 2011, Oxfam, pp. 19.

13 Óp. Cit. Evaluación de la política agraria, pp. 38.

14 Óp. Cit. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 82.

15 Óp. Cit. Encuesta Nacional Agraria 2014.

16 Op. Cit. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 75.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 164 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las tareas domésticas tradicionalmente han sido consideradas como una obligación relegada al género femenino, sin otorgárseles la importancia que merecen en su aportación a la economía del hogar.

En los últimos años se ha dado un importante avance en cuanto a su reconocimiento, situación de acuerdo con la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares en México elaborada por el INEGI, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados respecto al PIB Nacional es de 24.2 por ciento, alcanzando un valor de 4.1 mil millones de pesos.

La importancia del trabajo del hogar es tal que representa un porcentaje mucho mayor del PIB que el de otras actividades, tales como las manufactureras que tienen el 16.7 por ciento o el comercio de 15.5 por ciento, lo cual nos muestra que las mujeres y hombres que la realizan en realidad están llevando a cabo una labor de suma relevancia para la economía, la sociedad y muy particularmente para la familia.

Debemos reconocer también que cuando hablamos de trabajo del hogar, estamos hablando de una actividad que están realizando las mujeres en una mayor proporción, datos del INEGI señalan que la participación de las mujeres en trabajos del hogar tiene un valor de 47 mil 400 millones de pesos mientras que la de los hombres sólo alcanza los 16 mil 900 millones de pesos.

Lo anterior sucede como consecuencia de una sociedad que por años ubicó a las mujeres en el espacio doméstico y a los hombres en las actividades públicas, generando situaciones de desigualdad que persisten en la actualidad.

Si se observa la dedicación por género al trabajo en general, o dicho de otra manera, la carga global de trabajo soportada por mujeres y hombres, se puede comprobar una contribución desigual al mismo en donde las mujeres asumen el 54.8 por ciento de la carga global del trabajo, mientras que a los hombres les corresponde el 45.2 por ciento restante.

Además, según se deduce de las Encuesta del Empleo del Tiempo, las mujeres dedican menos tiempo que los hombres a todas las categorías de actividades, con la única excepción de aquellas que tienen que ver con el cuidado del hogar y de la familia.

A pesar de que los patrones en el empleo del tiempo de mujeres y hombres parecen estar acercándose, existen diferencias significativas tanto en el porcentaje de personas de cada sexo que dedica parte de su tiempo a las distintas actividades, como en el tiempo empleado en las mismas.

Las mayores diferencias se concretan y se concentran en el empleo del tiempo dedicado a las aficiones, y la informática, y al trabajo remunerado que siguen siendo actividades que llevan a cabo los hombres. Esto porque culturalmente el cuidado de los hijos y el hogar siguen siendo, hasta la fecha, trabajo femenino.

Además, uno de los fenómenos sociales más relevantes de la sociedad mexicana contemporánea es la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

En las últimas décadas se ha dado un mayor acceso a las mujeres a la educación y la reducción de las tasas de fecundidad, así como la transformación de los valores sociales, que han dado lugar a un proceso de cambio que se expresa en la mayor participación de las mujeres en el ámbito público y, al mismo tiempo, en la persistencia de la división sexual del trabajo tradicional: el trabajo remunerado asignado a los hombres y el trabajo doméstico y del cuidado no pagado asignado a las mujeres.

A pesar de que estos cambios han significado que las mujeres representen ya el 25 por ciento de la población económicamente activa del país, hablando de un trabajo remunerado; eso no exime a ese porcentaje de mujeres de ser las principales proveedoras del trabajo del hogar.

La irrupción de las mujeres en los espacios públicos ha dejado velada una realidad que ha cambiado poco en la esfera doméstica: las mujeres siguen siendo, por mucho, las responsables de las tareas, del cuidado y la reproducción de la vida familiar.

Estos cambios sociales que han abierto las puertas a las mujeres para insertarse en la vida económica, aunados a la persistencia de los roles de género, ocasionan una enorme tensión en su vida cotidiana: la necesidad de combinar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares.

Por otra parte, las políticas públicas siguen siendo en su mayoría acciones encaminadas a responder a una imagen familiar compuesta por el padre proveedor, la mujer ama de casa, hijas e hijos. Este sesgo que persiste en las acciones de gobierno llega a ser negativo para el género femenino porque no facilita su ingreso y permanencia en el mercado de trabajo y porque ignora las responsabilidades que los hombres necesariamente habrán de asumir en el hogar ante los nuevos roles sociales.

Diversos sociólogos han referido que las instituciones refuerzan y reproducen los roles de género y las jerarquías que sobre estos se construyen y han coincidido en la necesidad de crear políticas de conciliación, con corresponsabilidad social para impulsar la participación de hombres y mujeres en el cuidado de las personas y del hogar.

Atendiendo a esto, la presente iniciativa buscar dar respuesta a las necesidades inmediatas de transformación del modelo de organización social del cuidado y trabajo del hogar, que tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres, pero que en las condiciones de la economía actual resulta ya obsoleta.

Este tipo de políticas, llamadas por algunos autores como de conciliación con corresponsabilidad son prácticamente inexistentes en México, de ahí la necesidad de iniciar un proceso de debate público sobre el tema de las desigualdades de género en el ámbito laboral y su relación con el hogar y sus integrantes.

Este debate es indispensable para posicionar en la agenda gubernamental el tema de las tensiones y dilemas que enfrentan las mujeres, con el objeto de transformar la concesión, fundamentación y diseño de las políticas y programas de gobierno que tienen impacto en la vida laboral, personal y oportunidades de desarrollo para las mujeres.

Se trata de plantear como prioridad la intervención gubernamental con la finalidad de convertir la conciliación con corresponsabilidad social en objeto de la política pública. De igual manera, es importante incluir en el debate la idea promovida por la Organización Internacional del Trabajo, en torno a la doble capacidad de la conciliación y de los ciudadanos como generadores de empleo y como proveedores de protección.

En suma, la propuesta busca la respuesta y modificar la situación de mujeres que enfrentan inequidades en el ámbito público, y la que viven en sus familias, pues trabajan más en el hogar que sus contrapartes, los compañeros hombres.

Las mujeres mexicanas dedican 373 minutos cada día a diversas actividades del hogar, más de tres veces que los 113 minutos destinados por los hombres, según las cifras de la OCDE.

En algunas de las tareas realizadas en casa, las diferencias de género son mayores: en el cuidado de los hijos las mujeres destinan 53 minutos al día y los hombres sólo 15; ellos pasan 75 minutos diarios realizando actividades rutinarias como limpieza, preparación de alimentos o lavado de ropa, mientras que ellas le dedican 280 minutos al día, casi el cuádruple de tiempo.

Consideramos que esta iniciativa busca atenuar la desigualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la importancia del trabajo del hogar, incluido el cuidado de los hijos. Se reconoce asimismo que este trabajo implica una contribución a la economía de las familias y una condición para el sostenimiento del hogar, razón por la cual se incluye en el artículo 164 del Código Civil Federal para asegurar que las personas, hombres o mujeres, que están contribuyendo de esta manera a la economía de sus hogares, sean reconocidos por la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las tareas domésticas tradicionalmente han sido consideradas como una obligación relegada al género femenino, sin otorgárseles la importancia que merecen como aportación a la economía del hogar. Por su tipo pueden agruparse bajo el concepto de  trabajo doméstico expresado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, como el realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niñas y niños y otros cuidados personales.

En los últimos años se ha dado un importante avance en cuanto al reconocimiento del Trabajo del Hogar; de acuerdo con la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares en México elaborada por el INEGI, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados respecto del PIB nacional es del 24.2%, alcanzando un valor de 4.1 mil millones de pesos.

La importancia del trabajo del hogar es tal que representa un porcentaje mucho mayor del PIB que el de otras actividades, tales como las manufactureras (16.7%) o el comercio (15.5%), lo cual nos muestra que las mujeres y hombres que la realizan en realidad están llevando a cabo una labor de suma relevancia para la economía, la sociedad y muy particularmente para su familia.

Debemos reconocer también que cuando hablamos de trabajo del hogar, estamos hablando de una actividad que están realizando las mujeres en una mayor proporción, datos de INEGI señalan que la participación de las mujeres en trabajos del hogar tiene un valor de 47,400 millones de pesos mientras que la de los hombres sólo alcanza los 16,900 millones de pesos.

Lo anterior sucede como consecuencia de una sociedad que por años ubicó a las mujeres en el espacio doméstico y a los hombres en las actividades públicas, generando situaciones de desigualdad que persisten en la actualidad.

Si se observa la dedicación por género al trabajo en general, o dicho de otra manera, la carga global de trabajo soportada por mujeres y hombres, se puede comprobar una contribución desigual al mismo en donde las mujeres asumen el 54.8% de la carga global de trabajo, mientras que los hombres les corresponde el 45.2% restante.

Además, según se deduce de las Encuestas de Empleo del Tiempo, las mujeres   dedican menos tiempo que los hombres a todas las categorías de actividades, con la única excepción de aquellas que tienen que ver con el cuidado del hogar y de la     familia.

A pesar de que los patrones en el empleo del tiempo de mujeres y hombres parecen estar acercándose, existen diferencias significativas tanto en el porcentaje de personas de cada sexo que dedica parte de su tiempo a las distintas actividades, como en el tiempo empleado en las mismas. Las mayores diferencias se concentran en el empleo del tiempo dedicado a las aficiones y la informática, y al trabajo remunerado que siguen siendo actividades que llevan a cabo los hombres. Esto porque culturalmente el cuidado de los hijos y el hogar siguen siendo trabajos femeninos.

Además, uno de los fenómenos sociales más relevantes de la sociedad mexicana contemporánea es la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. En las últimas décadas se ha dado un mayor acceso de las mujeres a la educación y la reducción de las tasas de fecundidad, así como la transformación de los valores sociales, que han dado lugar a un proceso de cambio que se expresa en la mayor participación de las mujeres en el ámbito público y, al mismo tiempo, en la persistencia de la división sexual del trabajo tradicional: el trabajo remunerado, asignado a los hombres y el trabajo doméstico y de cuidado no pagado, asignado a las mujeres.

A pesar de que estos cambios han significado que las mujeres representen ya el 25% de la Población Económicamente Activa del país (hablando de trabajo remunerado); eso no exime a este porcentaje de mujeres de ser las principales proveedoras del trabajo del hogar.

La irrupción de las mujeres en los espacios públicos ha dejado velada una realidad que ha cambiado poco en la esfera doméstica: las mujeres siguen siendo -por mucho- las responsables de las tareas del cuidado y la reproducción de la vida familiar.

Estos cambios sociales que han abierto las puertas a las mujeres para insertarse en la vida económica, aunados a la persistencia de los roles de género, ocasionan  una enorme tensión en su vida cotidiana: la necesidad de combinar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares.

Por otra parte, las políticas públicas siguen siendo en su mayoría acciones encaminadas a responder a una imagen familiar compuesta por  el padre proveedor, la mujer ama de casa,  hijas e hijos. Este sesgo que persiste en las acciones de gobierno llega a ser negativo para el género femenino porque no facilita su ingreso y permanencia en el mercado de trabajo y porque ignora las responsabilidades que los hombres necesariamente habrán de asumir en el hogar ante los nuevos roles sociales.

Diversos sociólogos han referido que las instituciones refuerzan y reproducen los roles de género y las jerarquías que sobre estos se construyen y han coincidido en la necesidad de crear políticas de conciliación con corresponsabilidad social para impulsar la participación de hombres y mujeres en el cuidado de las personas y del hogar.

Atendiendo a esto, la presente Iniciativa busca dar respuesta a las necesidades inmediatas de transformación del modelo de organización social del cuidado y trabajo del hogar, que tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres pero que en las condiciones de la economía actual resulta ya obsoleta..

Este tipo de políticas, llamadas por algunos autores como  de conciliación con corresponsabilidad son prácticamente inexistentes en México, de ahí la necesidad de iniciar un proceso de debate público sobre el tema de las desigualdades de género en el ámbito laboral y su relación con el hogar y sus integrantes.

Este debate es indispensable para posicionar en la agenda gubernamental el tema de las tensiones y dilemas que enfrentan las mujeres, con el objetivo de transformar la concepción, fundamentación y diseño de las políticas y programas de gobierno que tienen impacto en la vida laboral, personal y oportunidades de desarrollo para las mujeres.

Se trata de plantear como prioridad la intervención gubernamental con la finalidad de convertir la conciliación con corresponsabilidad social en objeto de la política pública. De igual manera es importante incluir en el debate la idea, promovida por la Organización Internacional del Trabajo, en torno a la doble capacidad de la conciliación y de los cuidados, como generadores de empleo y como proveedores de protección.

En suma, la propuesta busca dar respuesta y modificar la situación de  mujeres que enfrentan inequidades en el ámbito público, y la que viven en sus familias, pues trabajan más en el hogar que sus contrapartes hombres.

Las mujeres mexicanas dedican 373 minutos cada día a diversas actividades del hogar, más de tres veces que los 113 minutos destinados por los hombres, según cifras de la OCDE.

En algunas de las tareas realizadas en casa, las diferencias de género son mayores: en el cuidado de los hijos, las mujeres destinan 53 minutos al día y los hombres solo 15; ellos pasan 75 minutos diarios realizando actividades rutinarias como limpieza, preparación de alimentos o lavado de ropa, mientras que ellas le dedican 280 minutos al día, casi el cuádruple.

Consideramos que esta propuesta busca atenuar la desigualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la importancia del trabajo el hogar, incluido el cuidado de los hijos. Se reconoce asimismo que este trabajo implica una contribución a la economía de las familias y una condición para el sostenimiento del hogar, razón por la cual se incluye en el artículo 164 del Código Civil para asegurar que las personas (hombres o mujeres) que están contribuyendo de esta manera a la economía de sus hogares sean reconocidas por la ley.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS


TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 164.-Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.

 

 

 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.

El trabajo del hogar, incluido el cuidado de los hijos, será considerado dentro de las contribuciones económicas para el sostenimiento del hogar.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 164 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Código Civil Federal

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.

El trabajo del hogar, incluido el cuidado de los hijos, será considerado dentro de las contribuciones económicas para el sostenimiento del hogar.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a Inna Payán, Productora de Cine Nacional y de la película “La Jaula de Oro”, la cual ha recibido más de 80 premios internacionales, y es también la más reconocida en la historia del cine mexicano.

¡Bienvenida, Inna Payán, al Senado de la República! Ha sido invitada por la Senadora Marcela Torres Peimbert.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Al inicio del segundo periodo de sesiones del primer año de esta legislatura del Congreso de la Unión, reafirmé mi compromiso de continuar con la representación ciudadana actuando con libertad y autonomía para impulsar los temas de verdadero interés y beneficio para la ciudadanía.

Convencida de que quienes somos legisladores tenemos la obligación de hacer oír la voz de la ciudadanía en el Senado, y ello implica mantener espacios abiertos para el intercambio de iniciativas y propuestas.

Al abrir los caminos para la inclusión ciudadana implica el acercamiento con organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido Animal Heroes, organización de la sociedad civil orientada al reconocimiento de los derechos de todos los animales no humanos como seres de reconocimiento merecedores de una vida digna, de respeto y libre de sufrimiento; preocupados por garantizar la protección animal a través de una ley, elaboró la propuesta de iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que se presenta el día de hoy, y que ha sido suscrita por los Senadores Zoé Robledo, Mario Delgado y una servidora.

En México reconocer la necesidad de erradicar la violencia en nuestra sociedad, implica traspasar la frontera del reconocimiento y promoción de los derechos humanos para incluir a los animales. Una vez llegados hasta aquí, valores como la solidaridad, la reciprocidad una relación moral de respeto con otras especies de una manera más interesada en su bienestar, la promoción de leyes de bienestar animal, respetarlos, protegerlos del maltrato, modificar nuestros hábitos que impidan causarles dolor, es avanzar como seres humanos. La verdadera prueba de ética de los seres humanos, radica en la relación hacia los seres que ha considerado están a su merced: los animales.

En ese sentido, el Estado juega un papel fundamental como garante de derechos y promotor de una sociedad respetuosa y libre de violencia, debiendo incorporar y desarrollar políticas públicas como mecanismos necesarios para garantizar una educación basada en valores como el respeto a la vida y a la libertad.

La tendencia global sobre este tema ha permeado, por ejemplo en la República Federal de Alemania, donde desde el año 2002, se considera la protección por parte del Estado como un derecho de los animales no humanos. Chile y Argentina en América Latina, también ya han dado pasos concretos en tal sentido. En las sociedades modernas y avanzadas se considera inaceptable cualquier acción injustificada capaz de provocar dolor y estrés a los animales.

El conocimiento más profundo de estos conceptos de bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel cultural de los pueblos, han originado una inquietud en la especie humana que es el origen de su actual actividad legisladora para proteger a los animales.

El maltrato hacia los animales constituye una grave problemática social y dado que el grado de violencia no discrimina entre raza, color de piel, bandera o idioma, es un problema ampliamente distribuido a nivel mundial.

Es innegable el valor social que estas reformas obtienen, legitimadas por argumentos concretos derivados de los datos científicos e investigaciones aportadas por expertos de organizaciones serias y profesionales de la sociedad civil, como lo hace en esta y muchas otras iniciativas en México y en otros países.

Animal Heroes, organización civil que lucha por la reivindicación de los derechos de los animales, trabaja y promueve alternativas viables para la erradicación de cualquier forma de maltrato animal, en pro de una sociedad más informada, responsable, consciente y justa, y promueve legislar desde las raíces psicosociales en consecuencia, ya que en los últimos 100 años, el entendimiento humano ha prosperado con el fin de que el hombre conozca el medio con el cual interactúa.

El Poder Legislativo está obligado a responder a las necesidades básicas de sus representados, al igual que a las exigencias de cambios que sean tangibles y viables, proyectando al país desde una perspectiva de promoción y respeto a los derechos de cualquier ser vivo, y no es posible considerar que la crueldad hacia los animales es totalmente ajena a la que se puede ejercer hacia otros seres humanos.

En este entendido, debemos reconocer la urgencia e importancia de defender esos derechos, escuchar el reclamo de sus representados quienes a través del cuerpo de organizaciones civiles estructuradas bajo los términos legales correspondientes, especializadas en el tema que nos ocupa, hacen llegar información real, comprobada, documentada y justamente argumentada para legislar de una manera responsable sobre la Ley General de Bienestar Animal como un conjunto de medidas que promueven desde distintos ámbitos de la sociedad, una cultura de valor y respeto por la vida de los animales no humanos.

Legislar a favor del bienestar animal para eliminar prácticas de maltrato y crueldad, abonará a construir una sociedad menos indolente.

La propuesta de Ley General de Bienestar Animal que hoy pongo a su consideración se compone por 6 títulos y 77 artículos, que contienen disposiciones generales para crear las condiciones necesarias que hagan posible un ambiente de bienestar animal, atribuye competencias a las diferentes Secretarías de Estado.

Entre las innovaciones de esta ley se encuentra la propuesta de convertir los centros antirrábicos en Centros de Atención y Rehabilitación Animal que será la primera instancia en otorgar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de los animales abandonados así como brindar servicios de consulta y esterilización entre otros. Siendo la Secretaría de Salud la encargada de la atención y operación de estos.

La creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía que de igual manera estará bajo la administración de la Secretaría de Salud, que aportará información con datos fidedignos sobre la población de animales de compañía en situación de abandono en un principio.

Y la creación de una Procuraduría de Protección Animal, que será el organismo encargado de atender denuncias respecto a la violación o incumpliendo en materia de bienestar y protección animal.

Sabemos que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se tienen ya otros proyectos pendientes por dictaminar sobre este tema.

Por ello les solicito se incorpore al análisis y discusión, esta iniciativa realizada por Organizaciones de la Sociedad Civil, y que se avance en el proceso parlamentario, a fin de concretar esta Ley General de Bienestar Animal.

Es cuanto, muchas gracias.
Iniciativa

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, el suscrito ZOE ROBLEDO ABURTO Senadores de la República en la LXIII Legislatura de H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al inicio del segundo periodo de sesiones del primer año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, reafirmé mi compromiso de continuar con la representación ciudadana actuando con libertad y autonomía para impulsar los temas de verdadero interés y beneficio para la ciudadanía.

Convencidos de que las y los Senadores tenemos la obligación de hacer oír la voz de la ciudadanía en el Senado, ello implica mantener espacios abiertos para el intercambio de iniciativas y propuestas.

El abrir nuevos caminos para la inclusión ciudadana implica el acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, en este sentido ANIMAL HEROES organización de la sociedad civil orientada a la lucha por la búsqueda y el reconocimiento de los derechos de todos los animales no humanos como seres merecedores de una vida digna, de respeto y libre de sufrimiento; preocupado por garantizar el la protección animal a través de una ley elaboró la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que se presenta el día de hoy.

DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ANIMALES

“Un país, una civilización, se puede juzgar
por la forma en que trata a sus animales”
-Mahatma Gandhi-

Actualmente nuestra manera de percibir y tratar a los animales se basa en el llamado “especismo”, entendido como un sesgo a favor de los miembros de nuestra especie, dejando de lado a los miembros de otras especies. Esto puede interpretarse como una forma de discriminación hacia seres vivos que son diferentes a nosotros.

Bajo este pensamiento especista y antropocéntrico, el mundo natural existe para beneficio de los humanos, sin importar los medios utilizados para la obtención de un “bien” por encima de cualquier ser vivo. En ese sentido, el actuar del ser humano se ha desarrollado bajo un pensamiento que tiene como premisa: obtener un beneficio propio, sin considerar que somos al igual que ellos, seres que cohabitan en un mismo espacio llamado planeta Tierra.

Existe una tendencia a considerar a los animales como objetos sin capacidad de sentir placer y dolor, razón sobre la que se basa el uso y explotación en términos de alimentación, vestimenta, experimentación y diversión o lucro a costa de su sufrimiento, y que aunado a ello, muchos animales sean violentados por placer o por simple gusto, dejando fuera toda consideración como seres vivos capaces de razonar, crear relaciones sociales y sentir dolor y placer.

Se ha demostrado que algunos mamíferos como son los cerdos, caballos y perros, son capaces de razonar mejor que los humanos recién nacidos y aun así, concedemos derechos humanos básicos a todos los seres humanos, mientras que los negamos a todos los animales no humanos, de ahí que el maltrato hacia los animales no ha sido considerado como una cuestión grave, siendo minimizado durante mucho tiempo en nuestro país.

A decir de las Médicas Veterinarias Zootecnistas MC Claudia Edwards Patiño, MC Sandra Hernández Méndez y la Dra. Beatriz Vanda Cantón:

“La idea de que los animales no tienen emociones es una idea arcaica que se vienen arrastrando desde la época de Descartes, así pues como se demostró durante el desarrollo del análisis, los animales vertebrados tienen todas las estructuras cerebrales y la fisiología para poder desarrollar emociones, incluso tienen todas las estructuras y la fisiología para demostrarlas, aunque no de una manera verbal, si de una manera conductual que es claramente apreciable al observar a un animal. Incluso los estudios que se desarrollan actualmente sobre la neurofisiología de las emociones en humanos se realizan en modelos animales.

Por lo tanto podemos afirmar que los animales son capaces de sentir emociones.” (sic)

Derivado de la investigación científica en el ámbito social, médico y cultural, que ha realizado ANIMAL HEROES, se puede concluir que el maltrato animal comprende una gama de comportamientos que causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional.

La crueldad animal se divide en dos categorías: negligencia y crueldad intencional. La negligencia es la falta de suficiente agua, comida, refugio o cuidado necesario para mantener la salud y bienestar físico y mental de un animal. Ejemplos de negligencia incluyen: el hambre, la deshidratación, vivienda inadecuada, infestaciones de parásitos, no buscar atención veterinaria cuando un animal está en necesidad de atención médica, confinamiento sin luz, ventilación y espacio o en condiciones insalubres. Crueldad intencional es cualquier comportamiento o acto que causa dolor, sufrimiento, estrés o muerte a un animal, pudiendo cualquiera de éstos ser evitados.

Se entiende por bienestar animal: el estado positivo de un animal en relación a su ambiente. Se determinará un estado de bienestar tras evaluar:

a. Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal.

b. Ausencia de patógenos.

c. Ausencia de heridas. En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento.

d. Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y sangre, de acuerdo a la especie.

e. Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que serán determinados a través de un etograma.

De aquí la necesidad de definir de manera más concreta y diferenciar los conceptos de “maltrato” y crueldad” animal:

Maltrato: Las formas de maltrato animal pueden ser: directa cuando es intencional y se lleva a cabo mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación que pueden dar lugar en un caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, como provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el abandono.

Crueldad Animal: El concepto de crueldad, generalmente, es definido como la voluntad de causar un dolor o sufrimiento, y en algunas circunstancias el beneficio de un cierto placer relacionado con el logro del hecho cruel de la violencia ejercida en contra de los animales que implique la mutilación que ponga en peligro la vida, tortura, envenenamiento, tormentos, privación habitual o continua de sustento necesario para un animal, tal como el agua, alimento, atención médica o refugio, dar muerte por métodos no previstos en esta ley que los cause o promueva que se trate de esta manera a un   animal.

La diferencia jurídica principal implica que con “crueldad” se reconoce un nivel más severo de maltrato. Con este término, el alcance de los hechos incriminados es enormemente restringido, excluyendo el maltrato común (sin crueldad subsecuente). Por ejemplo en la legislación francesa los tribunales han definido, el concepto de crueldad en el campo de la protección animal:

"El hecho de crueldad se diferencia de la simple brutalidad, porque está inspirada en la maldad pensada y traduce la intención de infligir el sufrimiento"xxxi.

Otros tribunales, definieron el concepto como:

"cerca del barbarismo y el sadismo"xxxii, "denotó una voluntad o un instinto pervertido".

De acuerdo a éstas definiciones judiciales se destaca que los distintos tipos de responsabilidades en que una persona puede incurrir (penal, civil, administrativa, política, laboral, etc.) descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, de modo que un individuo puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Teniendo esto en cuenta es posible advertir que existen sectores de la sociedad que gustan arremeter por entretenimiento, ocio, negocio u otras causas injustificadas en contra de muchas especies animales, maltratándolos, mutilándolos o sacrificándolos, aspecto que resulta alarmante pues es sabido que el grado de desarrollo de una comunidad, también puede medirse por el grado de respeto y valoración hacia los seres más débiles e indefensos y de preservación a todos los integrantes de nuestro medio ambiente natural y social, entre ellos los animales.

Considerar a los animales no humanos como seres vivos y no objetos, capaces de sentir placer y dolor y por ende, como sujetos a derechos como el de una vida digna, es una premisa fundamental en la evolución del ser humano como un ser con capacidad de consciencia, inteligencia y ética, capaz de promover la construcción de una sociedad más justa y libre en sus diferentes aspectos

Del contexto social y relación del maltrato animal con la violencia humana

En los últimos años, México se ha caracterizado por un incremento acelerado de los índices de violencia en la sociedad, misma que tiene sus raíces en la pérdida de valores éticos (como el respeto y la dignidad humana), y la “naturalización” de la violencia en todos los ámbitos de nuestra vida: social, familiar, conyugal, de género, etc. De esta forma, se ha demostrado que existe una relación importante del maltrato animal con la reproducción de conductas violentas en nuestra sociedad.

La Doctora Nuria Querol Viñas, fundadora del Grupo para el Estudio de la Violencia Hacia Humanos y Animales (GEVHA), señala en el artículo titulado La importancia de la consideración del maltrato a animales por menores:

Antecedentes de crueldad hacia animales se han asociado a delincuencia posterior y criminalidad (Arluke, Levin, Luke, & Ascione, 1999; Henry, 2004), violencia adulta hacia humanos, (Merz-Perez, Heide, & Silverman, 2001) y trastorno antisocial de la personalidad en la edad adulta (Gleyzer, Felthouse, & Holzer, 2002). Los adolescentes maltratadores de animales presentan una relación parental, familiar y con compañeros más negativa que los no maltratadores (Miller & Knutson, 1997).

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión lógica de la necesidad del trabajo integrado de diversos colectivos: padres, educadores, maestros, asociaciones de protección animal, (…) Cada vez que no tomamos en consideración el maltrato a los animales, somos partícipes de una actitud moralmente injusta (Solot, 1997) y perdemos una oportunidad de identificar un comportamiento que podría ser un precursor de violencia contra los humanos (Merz-Perez et al., 2001).

Existen numerosos estudios a nivel mundial que precisan que es de suma importancia la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales, con la finalidad de controlar y a futuro erradicar la violencia entre seres humanos a todos los niveles.

Según un estudio realizado por los psicólogos franceses Joël Lequesne y Jean Paul Richier, cuando los niños observan el maltrato animal que no es castigado, tienden a reprimir los impulsos de aversión hacia este tipo de abuso y su compasión hacia el animal victimizado. Al observar este tipo de conductas culturalmente aceptadas, el menor reafirma su auto-concepto superioridad a través de la identificación que tiene con los miembros de su especie y aprende a minimizar al animal para justificar los actos violentos que más adelante cometerá contra ellos. Esto se hace posible debido a que observa cómo el maltrato culmina con estímulos positivos para el abusador y/o por la ausencia de penalizaciones o sanciones. Si un niño que observa la violencia contra animales no humanos como algo “normal” a la vez que es violentado, entra en una dinámica de convivencia dañina que se denomina “Ciclo de la violencia”. La repetición de los actos de maltrato produce en el espectador y en el agresor una cada vez mayor desensibilización ante el sufrimiento tanto de los animales como de los humanos.

Este indicador toma aún más relevancia en la actualidad si tomamos en cuenta que, gracias al estudio DOMPET (Querol, N., Cuquerella A, Ascione F, Pujol S, Puccia A., Pinizzotto A., Gradante F., Bogaerts E.), estudio que tiene como objetivo principal adquirir más conocimientos sobre los procesos de maltrato animal y la violencia doméstica en términos de prevención e intervención y en el cual se trabajó con más de 80 albergues de Latinoamérica y España, se tiene cifras como las siguientes:

• 79.3% de los refugios ha reconocido una relación entre la violencia familiar y el maltrato animal.

• 71% de las mujeres que ingresan en centros de acogida informaron que su agresor había herido, mutilado, o amenazado con dañar al animal para controlar psicológicamente a las víctimas.

• 68% de las mujeres maltratadas informó la violencia hacia los animales.

• 87% de estos incidentes se produjo en presencia de las mujeres.

Pero esto no queda limitado a la detección o identificación de hechos en la infancia, estos estudios han demostrado que abusar de animales y lastimar niños está íntimamente relacionado. Según José Capaces de la Asociación de Veterinarios Españoles, la espiral se inicia con abusos verbales e insultos; después el agresor rompe todo aquello que puede tener un valor simbólico para el otro miembro de la familia, por lo regular contra su pareja, y, seguidamente, en su lucha por el control encuentra al elemento más desvalido de la comunidad familiar: “el que golpea a un animal”, afirma el referido profesional, “se socializa con la violencia y a partir de este momento, será muy fácil que continúe”. Un aspecto básico dentro del perfil del maltratador o violento patológico es la búsqueda  de control del entorno a través de la agresión, directa o indirecta. Misma conducta que puede ser adquirida a temprana edad debió a periodos críticos, “el imprinting”, en los cuales las circunstancias externas van conformando o acuñando los instintos agresivos y fecundando lo que Freud llamó “trieb” o “pulsión”. Esta definición cobra relevancia cuando encontramos estadísticas donde el 75% de los episodios de violencia reportados en el DOMPET fueron en presencia de los niños.

La violencia doméstica es la forma de violencia familiar más frecuentemente reportada, seguido por abuso de niños y de mayores. 21% de los casos de crueldad animal intencional también involucra alguna forma de violencia familiar. 13% involucra violencia doméstica. En estos casos, el perpetrador abusa de la víctima mayor y la obliga a observar la crueldad animal.

En ese sentido, avanzar en la erradicación de la violencia como problema social a través de la promoción de formas de convivencia sanas con nuestro entorno, entendido éste hacia cualquier especie con vida, es de crucial importancia desde un enfoque ético que promueva pensamientos y acciones encaminadas al respeto y la búsqueda de una sociedad libre de violencia. Fomentar acciones que promuevan el trato digno hacia los animales es directamente proporcional a fomentar acciones que promuevan un desarrollo armónico de la sociedad.

Del marco jurídico en México y a nivel internacional

Hablar de condiciones jurídicas para el reconocimiento, defensa y promoción de derechos a favor de los animales, es retomar esfuerzos históricos a nivel mundial.

En Europa, ya desde 1850 se mostraban los primeros avances en leyes en contra del maltrato animal, la ley Grammont, en Francia, incriminó el acto "de maltratar abusivamente" un animal doméstico.

En Alemania desde el año 2002, se considera la protección de Estado como un derecho de los animales no humanos.

En diferentes partes del mundo entre ellas Estados Unidos, Canadá e Inglaterra se han hecho cambios para que la policía, la judicatura, las agencias de servicios de bienestar de la familia, trabajadores sociales, educadores, las agencias de salud mental, empleados de refugios de animales y la Iglesia trabajen juntos en los casos de abuso de animales aun cuando en no exista una sociedad protectora de animales en el área, haciendo reportes de los casos en los que consideran que debe intervenir el estado y fundamentándose en el hecho de que cuando el animal doméstico es maltratado existen amplias probabilidades de que la mujer e hijos también lo sean.

Si bien en México, la penalización del maltrato contra los animales es una tendencia en crecimiento que goza de la aprobación de la sociedad, pues la Ciudad de México y estados como Coahuila, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León ya se han hecho reformas y adiciones a sus respectivos códigos penales para dar una protección más fuerte desde el ámbito legal a los animales, estableciendo multas y penas punitivas, es necesario avanzar desde un enfoque integral que vaya desde el ámbito jurídico hasta el educativo, cultural, de salud, etc., sin dejar de tomar en cuenta que sólo el Estado de Oaxaca no cuenta con una Ley de Protección Animal, dejando claro que todo esto deberá derivar en una Ley General de Bienestar para los Animales que procure los parámetros generales en todas las áreas de explotación y aprovechamiento. 
De la responsabilidad del Estado como promotor de derechos

Como los derechos humanos, los derechos de los animales provienen del conocimiento de las múltiples formas de injusticia de que son víctimas, y en México, reconocer la necesidad de erradicar la violencia en nuestra sociedad, implica traspasar la frontera del reconocimiento y promoción de los derechos humanos para incluir a los animales. Una vez llegados hasta aquí, valores como la solidaridad, la reciprocidad una relación moral con otras especies de una manera menos egoísta y más interesada por su bienestar, es avanzar como seres humanos. Conceder derechos a partir de la promoción de leyes de bienestar animal, respetarlos, protegerlos de la violencia, modificar nuestros hábitos que impidan causarles dolor, es avanzar como seres humanos. La verdadera prueba de ética de los seres humanos, radica en la relación hacia los seres que ha considerado están a su merced: los animales.

En ese sentido, el Estado juega un papel fundamental como garante de derechos y promotor de una sociedad respetuosa y libre de violencia, debiendo incorporar y desarrollar políticas públicas como mecanismos necesarios para garantizar una educación basada en valores como el respeto a la vida y a la libertad.

La tendencia global sobre este tema ha permeado por ejemplo en la República Federal de Alemania, por ejemplo, desde el año 2002, se considera la protección del Estado Alemán como un derecho de los animales no humanos. Chile y Argentina en América Latina también ya han dado pasos concretos en tal sentido. En las sociedades modernas y avanzadas se considera inaceptable cualquier acción injustificada capaz de provocar dolor y estrés a los animales.

El conocimiento más profundo de estos conceptos de bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel cultural de los pueblos, han originado una inquietud en la especie humana que es el origen de su actual actividad legisladora para proteger a los animales.

El maltrato hacia los animales constituye una grave problemática social y dado que el grado de violencia no discrimina entre raza, color de piel, bandera o idioma, es un problema ampliamente distribuido a nivel mundial.

Es innegable el valor social que estas reformas obtienen, legitimadas por argumentos concretos derivados de los datos científicos e investigaciones aportadas por los expertos de organizaciones serias y profesionales de la sociedad civil, como lo hace en esta y muchas otras iniciativas en México  y otros países.

ANIMAL HEROES, organización civil  mexicana preocupada, pero sobre todo ocupada y por tanto un referente social e ideológico en la lucha por la reivindicación de los derechos de los animales; que trabaja y promueve alternativas viables para la erradicación de cualquier forma de maltrato animal, en pro de una sociedad más informada, responsable, consciente y justa al legislar desde las raíces psicosociales en consecuencia, ya que en los últimos 100 años el entendimiento humano ha prosperado con el fin de que el hombre conozca el medio con el cual interactúa.

La ciencia nos puede hablar ahora acerca de la inteligencia de otras especies, sus medios de comunicación, etología, consciencia, elaboración de herramientas, cultura, lazos familiares y emociones. Estudios psicológicos, ambientales y de comportamiento nos han ayudado a entender su mundo. Con este mejor conocimiento de la capacidad de sufrimiento de las criaturas con quienes compartimos la Tierra, ya no es aceptable para la sociedad el abuso de los animales en los circos para nuestra diversión. Este no debería ser el comportamiento de una sociedad del siglo XXI.

Los funcionarios públicos al servicio de la sociedad mexicana, están obligados a responder a las necesidades básicas de sus representados, al igual que a las exigencias de cambios que sean tangibles y viables, proyectando al país desde una perspectiva de promoción y respeto a los derechos de cualquier ser vivo, en donde ya no es posible preservar como "normales”, actos crueles hacia otros seres vivos. No es posible considerar que la crueldad hacia los animales es totalmente ajena a la que se puede ejercer hacia otros seres humanos, como anteriormente se puntualiza y desarrolla, las mismas comisiones internacionales de derechos humanos consideran que los derechos de los animales se engloban en el derecho humano a un medioambiente sano.

En este entendido, debemos reconocer, la urgencia e importancia de defender esos derechos,  escuchar el reclamo de sus representados, que a través del cuerpo de organizaciones civiles estructuradas bajo los términos legales correspondientes, especializadas en el tema que nos ocupa, hacen llegar información real, comprobada, documentada y justamente argumentada para legislar de manera responsable al respecto de una Ley General para los Animales como un conjunto de medidas de carácter integral que promueven desde distintos ámbitos de la sociedad, una cultura de valor y respeto por la vida de los animales no humanos.

Así pues, queda claro y comprobado que legislar a favor de la protección de los animales estaremos vacunando a la sociedad contra vicios y comportamientos que la violentan y truncan su desarrollo en todos los aspectos. El defender a los animales del maltrato y la crueldad como seres indefensos ante el dominio de la humanidad, transmite también el mensaje y la enseñanza de que se debe defender a todo aquel que sea víctima de la injusticia, sin importar su especie, edad, género, preferencias, etc. Esto resultará en una sociedad más justa y con valores como empatía, respeto, solidaridad y no discriminación.

La Ley General de Bienestar Animal se compone por VI títulos y 77 artículos que contienen disposiciones generales para crear un ambiente de bienestar animal, atribuye competencias a las diferentes Secretarias de Estado.

Entre las innovaciones de esta ley se encuentra la propuesta de convertir los centros antirrábicos en Centros de Atención y Rehabilitación Animal CARA´s que será la primera instancia en otorgar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de los animales abandonados así como brindar servicios de consulta y esterilización entre otros. Siendo la Secretaría de Salud la encargada de la atención y operación de estos.

La creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía que de igual manera estará bajo la administración de la Secretaría de Salud, que aportará información con datos fidedignos sobre la población de animales de compañías en situación de abandono en un principio.

La creación de una procuraduría de protección animal que será el organismo encargado de atender denuncias respectos a la violación o incumplimiento en materia de bienestar y protección animal.

Ley General de Bienestar Animal

TÍTULO I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Del objeto de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y las zonas sobre las que la nación ejerza su soberanía y jurisdicción. Su objeto es establecer los parámetros generales sobre el bienestar animal, además de brindar la protección necesaria en todos los ámbitos de relación humano-animal.

Artículo 2.- La Federación, a través de sus secretarías, los Estados y los municipios, deberán implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las conductas de buen trato y respeto a los animales; así como celebrar convenios de colaboración y coordinación dentro del ámbito de sus respectivas competencias a efecto de lograr la consecución del objeto de la presente ley.

Artículo 3.- Para lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria y en lo conducente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal.

Artículo 4.- Son objeto de tutela y protección de esta ley los animales de compañía, de trabajo, de consumo, de enseñanza-experimentación, utilizados para espectáculos.

Capítulo II
De las definiciones

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Animal- Ser orgánico vivo, no humano, sensible, capaz de reproducirse, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a cualquier especie.

b) Animal abandonado- Aquel animal que deambula libremente por los espacios públicos, sin placa de identidad u otra forma de identificación.

c) Animal para consumo- Todo animal que de acuerdo con su función zootécnica produce un bien, o sus derivados, que sean destinados a la alimentación humana y animal.

d) Animal doméstico- Animales de diversas especies sometidas a un proceso de selección artificial o domesticación, cuyo objetivo es la explotación de la capacidad de diversos animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios.

e) Animal de compañía- Cualquier animal que se encuentra bajo dominio del ser humano, cohabitando y teniendo una relación afectiva con éste que no ponga en peligro la vida del ser humano.

f) Animal de trabajo- Aquellos animales que se utilizan para beneficio del ser humano, e incluyen a aquellos adiestrados para trabajar en diversas labores y actividades, incluyendo los perros detectores de estupefacientes, los de servicio, los utilizados para zooterapia, del deporte, y para el tratamiento y prevención de patologías humanas-físicas y psiquiátricas, así como psicomotrices y en estado de vulnerabilidad, y aquellos de carga tiro y monta.

g) Animal utilizado en espectáculos- Animales de cualquier especie empleados en espectáculos públicos o privados.

h) Albergue y/o refugio de animales- Lugar temporal en que un animal abandonado o donado es alojado, hospedado o abrigado y donde se le proporcionan los cuidados básicos, alimentación, tratamientos veterinarios y demás cuidados sin fines de lucro, por periodos superiores a los 10 días, y cuyo objetivo primordial es dar en adopción al animal procurando siempre su mayor bienestar.

i) Adiestramiento- Proceso continuo, sistemático y organizado de enseñanza-aprendizaje que por medio de ciertas técnicas logra que un animal desarrolle y potencialice determinadas habilidades. Dicho adiestramiento deberá realizarse necesariamente buscando respetar los principios del Bienestar Animal.

j) Adopción- Contrato verbal o escrito entre un adoptante y una organización de carácter civil, dependencia o particular, mediante el cual el adoptante adquiere la calidad de tutor responsable de un animal de compañía o doméstico, y que establece los derechos y obligaciones de las partes contratantes con el fin de asegurar y proteger las condiciones futuras del animal y su destino.

k) Bienestar animal- Conjunto de condiciones que le permitan al animal a lo largo de su vida su sano desarrollo físico, de comportamiento y natural, así como el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio.

l) Cartilla de control de animales de compañía- Documento que describe características de un animal: edad, especie, sexo, raza y estado de salud así como el registro de inmunizaciones y tratamientos médicos avalado por un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional. Deberá contener los datos del criador o tutor responsable: nombre completo, domicilio así como los del médico responsable de su salud y bienestar.

m) CARA: Centro de Atención y Rehabilitación Animal. Centros Públicos destinados a la canalización de primera instancia que otorga alojamiento y cubre las necesidades básicas a animales abandonados. Al tiempo de promover la concientización sobre el bienestar animal en la comunidad.

n) Crueldad Animal- Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

o) Enriquecimiento ambiental o conductual- Consiste en la incorporación de aditamentos o características al entorno de un animal cautivo o se modifica de tal manera que con ello se estimulan conductas semejantes a las propias de un animal sano en su medio natural. El enriquecimiento pretende estimular comportamientos adecuados para la especie y que satisfagan las necesidades físicas y psicológicas del animal.

p) Esterilización de animales - cirugía, procedimiento químico u otro método realizado por un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente para provocar la infertilidad del animal, que enunciativa pero no limitativamente son la castración para los machos y la histerectomía para las hembras, entre otros.

q) Experimentación en animales- La manipulación, medicación, procedimiento quirúrgico, aplicación de un protocolo de comportamiento, a un animal con el fin de obtener información sobre la anatomía, fisiología, funcionamiento farmacológico o comportamiento de un animal o de los humanos.

r) Ley- Ley General de Bienestar Animal.

s) Maltrato animal- El acto de ejercer violencia hacia los animales, la omisión de proporcionar la atención de sus necesidades fisiológicas o de resguardo requeridas en razón de su especie, someterlos a carga excesiva, ya sea sobre el propio animal o en vehículos tirados por los mismos, someterlos a sobre trabajo, así como cualquier otra conducta que ocasione lesiones, enfermedades, deterioro a la salud, afectaciones psicológicas y afectivas, o que ponga en peligro su vida.

t) Procuraduría de Protección Animal.

u) Registro Nacional de Animales de Compañía– RNAC, Base de datos básicos de los animales que se encuentren bajo tutela responsable, cuya finalidad es contar con un control de animales de compañía en México.

v) Sacrificio o eutanasia- Acto que provoca la muerte de los animales por medio de métodos físicos o químicos. Para efectos de la presente Ley, todo sacrificio o eutanasia deberá efectuarse de manera adecuada bajo la responsiva de un Médico Veterinario Zootecnista, con el fin de lograr el menor sufrimiento del animal.

w) Sufrimiento- La carencia de bienestar animal en cualquier forma que este se presente, causado por diversos motivos que pongan en riesgo la salud física y emocional, la integridad o vida de un animal.

x) Tutor o responsable- Persona física que adquiere voluntariamente la responsabilidad de un animal, obligándose con esto a procurar bienestar de un animal, tanto frente a dicho ser vivo como de la sociedad en su conjunto y de las autoridades competentes. Para efectos de esta Ley, el tutor responsable tendrá el tratamiento y la calidad de propietario.

y) Trato digno y respetuoso- Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como Tratados Internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

TÍTULO II
Atribuciones y Competencias

Capítulo I
De las atribuciones de la Federación

Artículo 6.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejercerán sus atribuciones en materia bienestar animal de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

a) La planeación, diseño, implementación y evaluación de la política nacional  en materia de protección y bienestar animal en todas las áreas de explotación y aprovechamiento, así como en el ámbito de relación humano-animal.

b) Procurar en la esfera administrativa la estricta observancia de las Leyes Estatales en materia, en todo lo no previsto por la Ley General de Bienestar Animal y en las materias que sean de su competencia.

c) Fomentar programas para evitar el abandono, pérdida y/o sobrepoblación de los animales, y su sacrificio injustificado

d) La observancia y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, en materia animal.

e) Promover el establecimiento de campañas de vacunación,  esterilización y desparasitación, así como de erradicación de enfermedades zoonóticas.

Artículo 8.- Corresponde a los Estados:

a) Formular, conducir, operar y evaluar la política local de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales de su competencia.

b) Abstenerse de otorgar permisos para la celebración de espectáculos públicos en su territorio que impliquen maltrato hacia cualquier animal.

c) Asignar en sus presupuestos de egresos correspondientes, recursos suficientes para la operación de Centros de Atención y Control Animal, con la finalidad de que cumplan con las funciones señaladas en esta Ley y en otros ordenamientos legales en la materia.

d) Promover una cultura de respeto, responsabilidad,  protección y trato digno y respetuoso hacia todos los animales, así como difundir permanentemente información en esta materia;

e) Promover que los antirrábicos se conviertan en CARA´S, verificando que este opere de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente Ley, procurando siempre fomentar la adopción de los animales abandonados y organizando campañas masivas de esterilización.

Artículo 9.- Corresponde a los municipios:

1) Implementar operativos permanentes para supervisar la venta de animales en establecimientos mercantiles legalmente autorizados, así como evitar y sancionar su comercialización en la vía pública;

2) Implementar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y adopción de  animales de compañía;

3) Realizar programas de formación ciudadana sobre trato digno y respetuoso hacia los animales;

4) Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad e higiene y olores fétidos que se producen por la crianza o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal y la salud humana;

5) Atender las denuncias que se presenten e imponer las sanciones correspondientes en los términos de esta ley;

6) Abstenerse de otorgar permisos para la celebración de espectáculos públicos en su territorio que impliquen maltrato hacia cualquier animal.

7) Supervisar frecuentemente que los rastros municipales cumplan con las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas vigentes para su operación.

8) Establecer campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización de animales domésticos en coordinación con la Secretaría de Salud;

9) Establecer, crear, regular, controlar y vigilar la operación de los establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento y cuidado temporal o definitivo de los animales.

10) Promover que los antirrábicos se conviertan en CARA´S, verificando que este opere de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente Ley, procurando siempre fomentar la adopción de los animales abandonados y organizando campañas masivas de esterilización.

Capítulo II
Distribución de Competencias

Artículo 10.- Las Secretarías y Dependencias Federales ejecutaran las acciones necesarias para el cumplimiento de los principios y objetivos de la presente Ley.

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

a) Coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

b) Verificar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a todas las formas de vida, y que no inciten al maltrato o crueldad hacia los animales.

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

a) Establecer y conducir la política nacional en materia de salubridad general, evitando el exterminio de animales considerándolos plagas y aplicar las medidas necesarias para procurar la protección y el bienestar animal en todas sus decisiones.

b) Establecer, conducir y aplicar a nivel nacional, un Plan de Concientización en el Cuidado de los Animales, dirigido a la población a la que presta sus servicios, en el que promueva de forma muy especial la esterilización como la forma más efectiva de reducir el número de animales abandonados en México.

c) Proveer de forma basta y suficiente las vacunas, medicamentos para la prevención de zoonosis y epizootias y demás insumos para la realización de esterilizaciones, y barbitúricos para sacrificios animales.

d) La atención y operación de los CARA´S;

e) Emitir la Cartilla de Control de Animales de Compañía, mismas que serán distribuidas de forma controlada a los Médicos Veterinarios Zootecnistas encargados de los CARA´s, a las Asociaciones Civiles Certificadas, a los establecimientos mercantiles cuyo giro sea la compra-venta de los Animales de Compañía, a criaderos debidamente autorizados y rescatistas independientes.

f) Destinar los recursos necesarios para para cubrir las necesidades diarias de los CARA´s;

g) La creación y administración del Registro Nacional de Animales de Compañía, cuyo objeto es mantener un control de los animales de compañía en el país y contar con estadísticas precisas en caso de brotes de enfermedades relacionadas con estos.

Artículo13.– Son atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:

a) Certificar, verificar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las que de ella deriven, en el ámbito de su competencia.

b) La capacitación y certificación respecto a los métodos, técnicas condiciones, procedimientos necesarios para la insensibilización y posterior sacrificio de animales.

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

a) Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación de estrategias referentes a la protección y bienestar animal, así como promover inversiones de forma conjunta con los sectores social y privado.

b) Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos en materia de protección y bienestar animal.

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

a) Incluir en los planes y programas de estudio la enseñanza de materias sobre protección y bienestar animal, así como en el ámbito de relación humano-animal. Así como, promover la creación de institutos de investigación científica y técnica que procure y promueva la protección y bienestar animal.

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Cultura:

a) Difusión de campañas de sensibilización sobre la protección y bienestar animal.

b) Dirigir, coordinar y transmitir en las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, programación con contenido sobre la protección y bienestar animal.

TÍTULO III
De los animales de compañía

Capítulo I
Del Tutor o Responsable

Artículo 17.- Son obligaciones del tutor o responsable:

a) Inscribir a su animal de compañía en el Registro Nacional de Animales de Compañía.

b) Dotarlo de un espacio que le permita libertad de movimientos para expresar cómodamente sus comportamientos naturales de alimentación, descanso y cuidado corporal en condiciones higiénicas y sanitarias;

c) Otorgarle protección contra condiciones climáticas, estableciendo una zona de sombra permanente y un sitio de resguardo;

d) Proporcionarle agua limpia y fresca en todo momento, servida en un recipiente limpio, adecuado a su tamaño, fisiológico y edad;

e) Suministrar diariamente al animal de compañía la dotación correspondiente de alimento nutritivo y en cantidad suficiente, con base en su raza, talla, edad y estado fisiológico;

f) Proporcionarle atención médico-veterinaria primaria;

g) Garantizar que tenga suficiente convivencia y segura socialización con seres humanos u otros animales;

h) Establecer las medidas necesarias no escape o ponga en riesgo la seguridad y la integridad física del ser humano, de él mismo y de otros animales;

i) Colocarle un collar que no lastime su cuello, el cual deberá portar de manera permanente, con una placa de identificación donde se establezca la dirección y la forma de contacto del tutor o responsable;

j) Trasladarlo con correa cuando se encuentre en la vía o espacios públicos y comunitarios, la cual deberá garantizar que el tutor ejerce control sobre el mismo;

k) Llevarlo sujeto de una correa de no más de dos metros de largo. Deberá utilizar un bozal cuando tenga antecedentes de agresión o sea poco sociable con el ser humano u otros animales;

l) Levantar sus heces y depositarlas en contenedores de basura.

m) Esterilizar al o los animales de compañía que se encuentren bajo su responsabilidad;

n) Será responsabilidad del tutor dar aviso al lugar que emitió la Cartilla de Control de Animales de Compañía si el animal de compañía ha fallecido, ha cambiado de tutor o se ha extraviado con la finalidad de que los datos sean actualizados.

Capítulo II
De los Centros de Atención y Rehabilitación Animal

Artículo 18.- Los Centros de Atención y Rehabilitación de Animales tendrán como objetivo:

a) Concientizar y educar a la sociedad sobre tutela responsable de los animales.

b) Promover la tutoría responsable de los animales.

c) Reducir y controlar la reproducción de los animales abandonados, ponderando la esterilización sobre el sacrificio y difundir las ventajas de esterilizar a los animales de compañía.

d) Reducir el riesgo que las poblaciones de animales sin hogar representan para la salud pública y de otros animales organizando campañas masivas de esterilización.

e) Ofrecer servicios básicos como consultas a bajo costo, vacunación, esterilizaciones con una cuota mínima de recuperación y otras cirugías.

Artículo 19.- La Secretaría de Salud, a través de la autoridad competente en cada Estado y Municipio del País, será la autoridad encargada de operar los CARA´s y destinar los recursos necesarios para el logro de los objetivos establecidos en esta Ley.

Artículo 20.- El personal que preste sus servicios en los CARA´s, deberá estar calificado y capacitado, liderados por un especialista certificado en materia de salud animal.

Artículo 21.- Cada CARA estará obligado a contará con un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente.

Artículo 22.- El Médico Veterinario Zootecnista tendrá las siguientes obligaciones:

a) Solicitar a la Secretaría de Salud, por conducto de sus órganos competentes, la remisión de cartillas de control de animales de compañía necesarias para el correcto funcionamiento del CARA.

b) Llevar un control de las adopciones de cada CARA, por medio de las Cartillas de control de animales de compañía, y remitirlo trimestralmente a la Secretaría de Salud, para la actualización del Registro Estatal de Animales de Compañía.

c) Entregar a cada animal que sea dado en adopción debidamente esterilizado y con placa de identificación.

d) Verificar si existen antecedentes en el Registro Estatal de Animales de Compañía, cuando se reciba a un animal de compañía presuntamente extraviado.

e) Llenar la Cartilla de Control de Animales de Compañía señalando su historial médico.

Artículo 23.- Las facultades y actividades que tendrán los CARA´s serán de manera enunciativa más no limitativa las siguientes:

a) Prestar la atención médico-veterinaria primaria a que se refiere esta Ley;

b) Prestar servicios de reintegración de animales de compañía a través de la adopción;

c) Prestar servicios de eutanasia, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y cremación de animales de compañía;

d) Prestar y calendarizar campañas de esterilización de animales de compañía, ya sean gratuitas o a bajo costo;

e) Realizar, de manera permanente, campañas de tutoría responsable de animales de compañía;

f) Implementar acciones de difusión y promoción de vacunación;

g) Llevar el registro de Asociaciones Civiles Certificadas, y actualizarlo semestralmente;

h) Realizar, por medio del médico veterinario zootecnista encargado, la inscripción al Registro Estatal de Animales de Compañía;

i) El tiempo de estancia de los animales capturados serán 10 días hábiles;

j) No se sacrificarán animales que no supongan peligro para la sociedad, para otros animales o que no se encuentren en sufrimiento irremediable;

k) Fomentar la adopción de animales que tengan a su resguardo, en conjunto con las Asociaciones Civiles Certificadas;

l) Todos y cada uno de los animales de compañía que se entreguen a su tutor por medio de la adopción, deberán ser entregado esterilizado, con copia de la Cartilla de control de animales de compañía para que tenga conocimiento del estado de salud del animal adoptado.

Capítulo III
Compra-venta, y adopción de animales de compañía

Artículo 24.- Los establecimientos mercantiles cuyo giro sea el de la reproducción, compra venta de animales de compañía y criaderos debidamente certificados ante la autoridad correspondiente, serán los únicos autorizados para la reproducción y compra-venta de animales de compañía. En todos los caso casos, deberán contar con un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente encargado en sus instalaciones, que tendrá las siguientes obligaciones:

a) Solicitar a la Secretaría de Salud, por conducto de sus órganos competentes, la remisión de Cartillas de Control de Animales de Compañía necesarias para su correcto funcionamiento.

b) Llevar un control y registro, por medio de las Cartillas de Control de Animales de Compañía, de las adopciones y/o compra venta de animales de compañía que se lleven a cabo en el establecimiento o criadero, así como remitirlo trimestralmente a la Secretaría de Salud, con la finalidad de mantener actualizado  el Registro Nacional de Animales de Compañía.

c) Entregar todos y cada uno de los animales de compañía que sean dados en    adopción o que sean objeto de compra debidamente esterilizados y con placa de identificación.

Artículo 25.- Todos y cada uno de los animales de compañía que se entreguen a su tutor o responsable, ya sea por medio de adopción o de compra venta en establecimientos mercantiles con giro de venta de animales y criaderos, deberán entregarse sanos, esterilizados y recuperados de la cirugía.

Las esterilizaciones deberán realizarse por un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente.

Artículo 26.- Los criaderos de animales de compañía deberán registrarse ante los CARA´s y deberán cumplir con los siguientes requisitos a efecto de poder criar, reproducir y realizar compra venta de animales de compañía:

Deberán manifestar y demostrar ante las autoridades competentes que:

a) Cuentan con instalaciones adecuadas para el manejo de animales, de conformidad con las características propias del animal que será sujeto de crianza.

b) Cuentan con jaulas con dimensiones suficientes para respetar el principio de bienestar animal.

c) Cuentan con un área de esparcimiento y enriquecimiento ambiental para los animales criados.

d) Que el responsable legalmente del correcto funcionamiento del criadero es un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente, señalando el nombre del mismo, número de cédula y datos de contacto.

e) Que cuentan con un área de cuarentena.

Artículo 27 - Los criaderos de animales de compañía deberán:

a) Realizar la venta de animales sanos, esterilizados, y con su cartilla de vacunación actualizada con los datos del animal.

b) Entregar al tutor o responsable del animal de compañía una guía en la cual se especifiquen y expliquen los cuidados básicos de alojamiento, alimentación, ejercicio, atención veterinaria y control sanitario que deberá tener el animal de compañía.

c) Mantener actualizado su registro ante el CARA correspondiente a su Municipio o Entidad.

Artículo 28.- En todo el territorio nacional queda prohibida la compra y venta de animales de compañía en cualquier vía o espacio público.

Capítulo IV
Del Registro Nacional de Animales de Compañía y
de la Cartilla de Control de Animales de Compañía

Artículo 29.- La Secretaría de Salud será la autoridad encargada de crear el Registro Nacional de Animales de Compañía, con el objeto de mantener un control de los animales de compañía en el país y contar con estadísticas precisas en caso de brotes de enfermedades relacionadas con los animales de compañía.

Artículo 30.- Los CARA´s, y los establecimientos mercantiles cuyo giro sea el de la reproducción, compra venta de animales de compañía y criaderos debidamente certificados ante la autoridad correspondiente, las Asociaciones Civiles Certificadas y los rescatistas independientes, remitirán un informe trimestral a la secretaría de salud con la finalidad de mantener actualizado el Registro Nacional de Animales de Compañía.

Artículo 31.- La Secretaría de Salud Federal, a través de sus dependencias Estatales, tendrá la obligación de emitir la Cartilla de Control de Animales de Compañía, mismas que serán distribuidas de forma controlada a los Médicos Veterinarios Zootecnistas encargados de los CARA´S, a los establecimientos mercantiles cuyo giro sea la compra-venta de los Animales de Compañía, a criaderos debidamente autorizados, a las Asociaciones Civiles Certificadas y rescatistas independientes.

La Cartilla de Control de Animales de Compañía deberá contener los siguientes datos:

a) Datos del tutor o responsable del animal de compañía: nombre completo, datos de contacto; dirección donde vivirá el animal de compañía, número telefónico.

b) Raza del animal de compañía.

c) Características físicas del animal de compañía.

d) Edad aproximada

e) Especificar si es compra-venta o adopción.

f) Especificar si es un animal que tenga alguna enfermedad, si ha tenido alguna intervención quirúrgica, aparte de la esterilización, y con qué vacunas cuenta.

g) Nombre, domicilio laboral, teléfono, número de Cédula Profesional del médico veterinario zootecnista encargado de la salud y vacunación del animal de compañía.

h) Cada cartilla deberá ir complementada con copia simple de la identificación oficial con fotografía y el comprobante de domicilio del tutor encargado del animal de compañía.

TÍTULO IV
De la participación de organizaciones civiles

Capítulo I
De las Asociaciones Civiles Certificadas y rescatistas independientes

Artículo 32.- Las asociaciones de rescate de animales domésticos y/o de compañía, resguardo temporal, y que tengan por objeto social coadyuvar para establecer campañas de esterilización, impartir cursos o talleres para inculcar el cuidado a los animales y cualquier otra actividad relacionada con las descritas, deberán estar constituidas ante fedatario público y tendrán la obligación de registrarse ante los CARA´S que corresponda a la zona donde llevarán a cabo sus actividades.

Artículo 33.- Las Asociaciones Civiles Certificadas deberán cumplir con los siguientes requisitos en sus instalaciones:

a) Contar con espacios adecuados para los animales que tengan a su resguardo, así como un espacio especial y separado para animales en cuarentena.Dichos espacios deberán permitir al animal la movilidad según su tamaño y actividad.
b) Contar con un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente, el cual será el responsable del cuidado y bienestar de los animales de compañía en resguardo y deberá emitir la Cartilla de Control de Animales de Compañía para todos y cada uno de los animales que ingresen a las instalaciones.

Artículo 34.- Son obligaciones de las asociaciones civiles certificadas las siguientes:

a) Llevarán, un libro de registro de movimientos, en el que figurarán los datos relativos a las altas y bajas de animales producidas en el refugio o albergue, o cualquier otra incidencia relevante. El cual deberá estar a la vista de las autoridades en caso de serles requerido.

b) Dispondrán de servicio veterinario, encargado de la vigilancia del estado físico de los animales residentes y responsable de informar periódicamente de la situación de los animales alojados a la autoridad competente que lo requiera.

c) Deberán tener buenas condiciones higiénico-sanitarias, acordes con las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales bajo su cuidado y custodia.

d) Contar con un protocolo que garantice la salud física y emocional de los animales.

e) En caso de contar con ejemplares con antecedentes de agresión comprobados o que les hayan sido remitidos por alguna autoridad debido a ello, quedan obligados a mantener un registro fidedigno, riguroso y eficiente sobre cualquier incidencia que se suscite con tales animales de compañía, permitiendo a la Autoridad Competente la revisión del documento cuando así lo solicite; asimismo, deben contar con equipo específico y con personal debidamente capacitado para el correcto manejo, sujeción y control de tales ejemplares así como tener implementado un protocolo para solventar cualquier emergencia.

f) Por ningún motivo pueden darse en adopción los animales con antecedentes de agresión comprobada, a menos que el Médico Veterinario Zootecnista asegure que el animal se ha rehabilitado y se entregue a un adoptante que cuente con los conocimientos necesarios para su correcto manejo.

g) Los animales deben ser objeto de una meticulosa revisión médico veterinaria al llegar a sus instalaciones.

h) Todos los animales deben ser sometidos a esterilización, en cuanto su estado físico y edad lo permitan y siempre antes de ser entregados en adopción.

Artículo 35.- Las personas físicas que se dediquen al rescate, curación y adopción de animales de compañía, y que no se encuentren constituidas como una asociación civil, serán consideradas como Rescatistas Independientes e igualmente tendrán la obligación de registrarse en los CARA´s, con la finalidad de poder dar en adopción a los animales que rescaten.

Los Rescatistas Independientes deberán contar con la Cartilla de Control de Animales de Compañía para todos los animales que se encuentren bajo su resguardo, la cual podrá ser elaborada por cualquier Médico Veterinario Zootecnista asignado a cualquier Centro de Atención y Rehabilitación Animal o por un Veterinario particular.

Al contar con su correspondiente Cartilla de Control de Animales de Compañía, los animales de compañía bajo el resguardo de Rescatistas Independientes, se    esterilizarán de inmediato, pudiendo acudir al Centro de Atención y Rehabilitación Animal que elijan.

TÍTULO V
De los animales de trabajo, consumo, experimentación y utilizados para el espectáculo y exhibición

Capítulo I
Disposición general

Artículo 36.- Ningún animal podrá ser utilizado para trabajo cuando estédesnutrido, deshidratado, enfermo o lesionado. Es responsabilidad del propietario tener a los animales en un estado de bienestar físico y mental, así como proveerles atención médica veterinaria oportuna.

Capítulo II
Animales de trabajo

Artículo 37.- Para los perros de trabajo, queda prohibida la administración de estupefacientes como método de entrenamiento para detección de los mismos. El adiestramiento debe ser mediante exposición controlada.

Artículo 38.- Cuando se determine que cualquier animal de trabajo ya no será utilizado para la detección de estupefacientes en aduanas  serán trasladados a una Asociación Civil Certificada donde serán dados en adopción o trasladados a algún albergue.

Artículo 39.- Si el animal de trabajo se encontrare enfermo, deberá recibir atención médica veterinaria inmediatamente y reposar el tiempo suficiente para que se encuentre en óptimas condiciones al reincorporarse a sus labores.Si el médico veterinario con cédula profesional vigente, determinará fundada y motivadamente que el perro debe ser cesado de sus tareas, será entregado a una Asociación Civil certificada para que sea dado en adopción.

Artículo 40.- Los propietarios de los animales destinados a tiro y carga deberán procurar lo siguiente:

a) Servicio médico veterinario constante y oportuno.

b) Proveer comida y agua suficiente durante su jornada laboral.

c) Resguardarlos de los climas extremos, tales como lluvia, sol y frío.

d) Proveer descanso suficiente durante la jornada laboral y después de ella.

Artículo 41.- Queda prohibido:

a) Sobrecargar a los animales.

b) Exceder las 10 horas de trabajo.

c) Utilizar hembras preñadas, animales lesionados o enfermos.

d) Sacrificar a un animal sano o enfermo a menos que tenga una condición letal. El sacrificio deberá atender lo estipulado en las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas de la materia.

Artículo 42.- Queda prohibida la utilización y circulación de vehículos de cualquier naturaleza de tracción a sangre animal en todas las áreas urbanas. Queda excluida dicha actividad en las zonas rurales.

Artículo 43.- Cada uno de los Estado de la República a través de la secretaría correspondiente y en coordinación con los Municipios sustituirá la tracción a sangre animal por vehículos de tracción motora, en todas las actividades urbanas en las que ésta se utilice como modalidad de transporte.

Capítulo II
Animales de consumo

Artículo 44.- Las personas físicas o morales responsables de un animal destinado al consumo, tienen las siguientes obligaciones:

a) Aplicar todas las medidas para asegurar el bienestar general e integral de los animales bajo su cuidado y asegurarse de que no se les cause ningún dolor, sufrimiento innecesario o que se les lastime innecesariamente.

b) Proporcionarles agua y alimento en cantidad y calidad nutritiva de acuerdo a su especie, edad y estado fisiológico.

c) Contar de manera permanente con un Médico Veterinario Zootecnista con Cédula Profesional vigente, que tendrá a su cargo el diseño, implementación y operación de un programa de medicina preventiva, incluyendo la vacunación y desparasitación de los animales, así como el proporcionarles atención médica por inmediata en caso de que enfermen o sufran alguna lesión.

d) Contar con lugares e instalaciones apropiados de alojamiento para cada una de las especies, que les permita libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, descanso y cuidado corporal.

e) Los niveles de circulación del aire, los niveles de polvo, la temperatura, la humedad relativa y la concentración de gases, deberán mantenerse dentro de los límites establecidos en los ordenamientos correspondientes para evitar causar un daño a los animales.

f) En caso de que los animales se deben alojar en algún edificio, éste deberá tener acceso a la luz natural el mayor tiempo posible, y sólo en caso de que la misma sea insuficiente para cumplir con las necesidades fisiológicas y etológicas, se deberá proveer de luz artificial apropiada.

g) Si los animales se encuentran a la intemperie, se deberá proveer un área con suficiente espacio que les proporcione protección y alojamiento adecuado contra las condiciones climáticas adversas.

Artículo 45.- Los propietarios, poseedores y demás empleados que trasladen o transporten animales destinados para el consumo ya sea por medios propios o contratando una compañía especializada en transporte de animales, deberán estar certificados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos, además de los estipulados por la propia Secretaría, en sus ordenamientos y las normas oficiales mexicanas.

a) Ningún animal deberá ser transportado de alguna manera que le lastime o le cause sufrimiento;

b) Los vehículos destinados para viajes de más de ocho horas de duración, deberán ser inspeccionados y tener un certificado de aprobación emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y contar con las siguientes especificaciones:
1) Deberán contar con un lecho apropiado que garantice absorción de la orina y las heces;

2) Deberá contar con un sistema de ventilación que pueda operar aún con el vehículo apagado. El sistema de ventilación deberá ser capaz de mantener las temperaturas entre 5 ºC y 30 ºC.

3) Deberá contar con divisiones suficientemente amplias para crear compartimentos separados.

4) Deberá contar con agua y alimento para alimentar a los animales durante el viaje;

Asimismo, para los viajes de más de ocho horas, los choferes deberán llevar consigo un plan de viaje donde se indique el lugar de partida y de llegada, el tiempo estimado de viaje y el(los) lugar(es) donde los animales descansarán y se alimentarán.

Después de 8 horas de viaje, el vehículo de transporte deberá parar y tener un periodo de descanso de por lo menos 12 horas, periodo en el cual se permitirá el descanso y alimentación de los animales, de conformidad con las siguientes especificaciones:

I. El ganado bovino y ovino podrá ser transportado por 28 horas, con un periodo de descanso de por lo menos una hora después de 14 horas, si el viaje dura más de 28 horas, el chofer deberá descargar a los animales, alimentarlos y permitirles un descanso de por lo menos 24 horas.

II. Los cerdos y caballos podrán ser transportados por 24 horas, si el viaje dura más de 24 horas, el chofer deberá descargar, alimentar y permitir un descanso para los animales de, por lo menos, 24 horas.

III. Los animales no destetados podrán ser transportados por 18 horas, si el viaje dura más de 18 horas el chofer deberá descargar, alimentar y permitir un descanso para los animales de, por lo menos, 24 horas.

Artículo 46.- Los animales deberán estar aptos para ser transportados. Si alguno se lastimara o enfermara durante el trayecto, este deberá de recibir atención médica veterinaria a la brevedad, y de ser necesario sacrificado en el momento de tal manera que no se cause sufrimiento innecesario.

Artículo 47.- Durante la carga o descarga, ningún animal deberá de ser suspendido por medios mecánicos, tomado o arrastrado siendo tomado por la cabeza, orejas, cuernos, extremidades, cola, pelaje o plumaje.

Artículo 48.- Queda prohibido el uso de dispositivos eléctricos para arrear a los animales.

Artículo 49.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá ser ejecutado por personas capacitadas y certificadas para tal actividad, procurando en todo momento el bienestar animal.

Artículo 50.- El sacrificio siempre deberá ser ejecutado procurando no causar dolor, estrés o sufrimiento innecesario, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas que regulen la materia.

Artículo 51.- Cada establecimiento y/o rastro municipal, deberá contar con procedimientos operativos y de monitoreo, así como medidas de bienestar animal.

Además, deberán contar con un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional vigente, que deberá inspeccionar los cuerpos de los animales post-mortem para identificar posibles indicadores que evidencien falta de bienestar animal.

Artículo 52.- Todos los animales deberán de ser aturdidos con anterioridad a su sacrificio.

Artículo 53.- Quedan prohibidos los sacrificios con motivos religiosos o por manifestaciones de cualquier tipo.

Artículo 54.- Si el sacrificio se llevará a cabo por desangramiento, se debe ejecutar inmediatamente después del aturdimiento para evitar que el animal recupere la conciencia, además por colocarlo de manera que se facilite el desangrado.

Artículo 55.- Cuando se trate de gallinas ponedoras, estará prohibido:

a) El uso de las jaulas de batería, debiéndose usar en su lugar jaulas de 600cm2 por cada gallina y una altura de 50cm, las cuales deberán contar con un área de nido y yacija.

Si las gallinas no se encuentran alojadas en jaulas, estas deberán contar con un área de refugio bajo techo que cuente con al menos 250cm2 de área con suelo con lecho por gallina.

b) Queda prohibido el corte de pico en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 56.- En el caso de los pollos, se les deberá proporcionar las siguientes especificaciones:

a) Para no dañar la calidad del lecho, los bebederos deberán estar posicionados y mantenidos de tal manera que los derrames sean mínimos. El lecho en todo momento deberá mantenerse seco y en buenas condiciones higiénicas.

b) La ventilación y la calefacción deberá de ser adecuada para impedir humedad excesiva, dentro de los espacios destinados para ellos;

c) El ruido deberá mantenerse al mínimo, por lo que la maquinaria deberá ser construida, colocada, operada y mantenida de tal forma que cause el menor ruido posible;

d) La luz artificial deberá tener una intensidad de 20 lux, medida a partir del nivel de vista del ave y deberá alumbrar el 80% del área donde se encuentren. La luz artificial deberá seguir un ritmo de 24 horas, con al menos 6 horas de oscuridad total, con un periodo ininterrumpido de 4 horas de oscuridad.

e) Todas las aves deberán ser inspeccionadas por lo menos dos veces al día por personal debidamente capacitado.

f) La densidad máxima de pollos deberá ser de 39 kg/m2 mientras se cumplan con requerimientos de bienestar como estar dentro de los niveles de temperatura, humedad, concentración de amonio y dióxido de carbono, de lo contrario el máximo permitido será de 33 kg/m2.

Artículo 57.- Queda prohibido el escaldado a cualquier especie de animal.

Artículo 58.- A las cerdas reproductoras y lechones se les deberá:

a) Mantenerlas en grupos durante el periodo de gestación.

b) Se les proporcionará una dieta adecuada alta en fibra y energía.

c) Para satisfacer su etología, deberán tener acceso permanente a material suficiente que le permita investigar y manipular materiales tales como paja, heno, madera, aserrín, composta de hongos, turba, o una mezcla de estos;

Artículo 59.- Queda prohibido el destete antes de los 28 días de nacido, a menos que el bienestar de la madre o el lechón esté comprometido.

Artículo 60.- Se prohíbe el corte de cola, descolmillado y castración de los lechones.

Artículo 61.- Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, diseñar, implementar y ejecutar un plan sobre el etiquetado obligatorio del huevo, siguiendo las siguientes premisas:

a) Huevo de libre pastoreo: cuando este provenga de gallinas que tengan acceso a espacios al aire libre durante el día, los cuales están cubiertos en su mayoría por vegetación.

b) Huevo de granero: cuando este provenga de gallinas que no estén enjauladas y sean alojadas dentro de un granero, cobertizo, establo, etc.

c) Huevo de jaula: cuando este provenga de gallinas en jaulas.

Capítulo III
Animales para experimentación

Artículo 62.- Quedan prohibidas las prácticas con fines docentes o didácticos en todos los niveles de enseñanza, tales como:

a) Disección- La exploración interna de órganos de un animal que fue sacrificado con el objetivo de cumplir este ejercicio, o cualquier otro sacrificio y no de muerte natural o por enfermedad.

b) Vivisección- Realizar un procedimiento quirúrgico a un animal vivo, anestesiado o no, con el objeto único de ampliar los conocimientos acerca de los procesos anatómicos, patológicos y fisiológicos de los animales y los humanos.

c) Experimentación en animales- La manipulación, medicación, procedimiento quirúrgico, aplicación de un protocolo de comportamiento,  a un animal con el fin de obtener información sobre la anatomía, fisiología, funcionamiento farmacológico o comportamiento de un animal o de los humanos.

Artículo 63.- Las autoridades educativas a nivel Federal y a nivel Estatal estarán obligadas a vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, y son las encargadas de sancionar a las instituciones educativas que lleven a cabo las prácticas de vivisección, disección y experimentación,  sin importar el nivel de estudios.

Artículo 64.- Las autoridades educativas a nivel Federal y Estatal deberán difundir y promover el uso de métodos de enseñanza que no utilicen animales y deberán poner a disposición de las instituciones educativas la información necesaria para sustituir los planes de estudio que contemplen dichas actividades.

Artículo 65.- Las instituciones educativas de cualquier nivel, estarán obligadas a modificar su plan de estudios de conformidad con esta ley.

Igualmente deberán implementar alternativas y reemplazos a las prácticas de vivisección, disección y experimentación con animales, tales como, la utilización de modelos de pasta, acompañamiento en consultas veterinarias y zootécnicas, realización de prácticas profesionales y servicios comunitarios bajo la supervisión de personal capacitado en la materia,

Artículo 66.- Ninguna persona física, moral o gubernamental puede vender, alquilar, prestar o donar animales vivos para que se realicen experimentos en ellos.

Artículo 67.- Queda prohibido capturar animales abandonados, entregarlos voluntariamente o establecer programas de entrega voluntaria de animales para experimentar con ellos. Los CARA´s no podrán destinar animales para que se realicen experimentos con ellos.

Capítulo IV
Animales utilizados para espectáculo y exhibición

Artículo 68.- En todo el territorio mexicano queda prohibido cualquier espectáculo público o privado en donde se lidien, con o sin dar muerte, toros, novillos, becerros, vaquillas o cualquier otro animal, incluyendo las corridas de toros, novilladas, vaquilladas, tientas, becerradas, encierros, o cualquier otra actividad en donde se lidien animales.

Artículo 69.- En todo el territorio mexicano quedan prohibidas las peleas de gallos.

Artículo 70.- En todo el territorio nacional queda prohibido, por cualquier motivo, el establecimiento y operación de circos fijos o itinerantes públicos o privados, que, como  espectáculos utilicen o exhiban animales vivos, cualquiera que sea su especie, en cualquier espacio de sus instalaciones.

TÍTULO VI
De la Procuraduría de protección animal y las sanciones

Capítulo I
De la procuraduría de protección animal

Artículo 71.- Cada Estado de la República deberá contar con una Procuraduría de Protección Animal que será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera.

Artículo 72.- La Procuraduría de Protección Animal tendrá por objeto la defensa de los derechos de los habitantes de cada Estado a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes estatales en materia de bienestar y protección animal, así como de la presente Ley.

Artículo 73.- Son atribuciones de la Procuraduría de Protección Animal, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

a) Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones en materia de bienestar y protección animal.

b) Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con la protección y bienestar de la fauna silvestre, terrestre y acuática; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

c) Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimientos de la presente ley.

d) Coadyuvar con el ministerio público en los procedimientos penales que se deriven de la violación de las leyes estatales en materia de protección y bienestar animal, así como de la presente Ley,

e) Realizar visitas, conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones a las leyes estatales en materia de bienestar y protección animal, así como de la presente Ley.

f) Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo en las leyes estatales en materia de bienestar y protección animal, así como de la presente  Ley.

g) Emitir recomendaciones a las dependencias; órganos desconcentrados y entidades de la administración pública estatal y municipal, con el propósito de promover la aplicación de las leyes estatales en materia de bienestar y protección animal, así como de la presente Ley.;

h) Informar, orientar y asesorar a la población, dependencias y Delegaciones, órganos desconcentrados de la administración pública, respecto de los derechos y obligaciones de los habitantes de los estados.

Artículo 74.- La Procuraduría estará integrada por:

a) Un Procurador(a);
b) El Comité Técnico Asesor;
c) Las unidades administrativas necesarias para su operación.

Capítulo II
SANCIONES

Artículo 75.- Cualquier persona, sea física o moral, podrá realizar las denuncias correspondientes, cuando la presente ley sea incumplida, a las autoridades correspondientes y de conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes a cada una de las autoridades competentes.

Artículo 76.- Los procedimientos por posibles infracciones a la presente ley, serán llevados a cabo por la autoridad competente a la materia que corresponda.

Artículo 77.- Las sanciones por el incumplimiento de la presente ley, serán impuestas y ejecutadas por la autoridad competente, y de conformidad con la legislación que corresponda a cada caso.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Por lo que respecta al artículo 41 de la presente Ley, la prohibición en zonas urbanas entrará en vigor de la utilización y circulación de vehículos de cualquier naturaleza de tracción a sangre animal, entrará en vigor 730 días naturales después de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO: Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus legislaciones para dar cumplimiento al presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO: Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

QUINTO: El ejecutivo federal emitirá por decreto la creación de la Procuraduría de Protección Animal en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Le consulta la Senadora Dolores Padierna, Senadora Martha Tagle, si acepta su incorporación a la iniciativa. Aceptada la incorporación.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a personal directivo y alumnos de XXXIX Promoción de la Maestría en Seguridad Nacional que imparte la Secretaria de Marina, a través del Centro de Estudios Superiores Navales.

Asimismo, saluda al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y al Capitán de Navío, Ángel Velo, realizadores de esta promoción.

El grupo que nos acompaña el día de hoy está conformado por 15 capitanes de navío de la Armada de México, 7 coroneles de Infantería de Diplomado del Estado Mayor del Ejército Mexicano, 2 coroneles de Caballería de Diplomado del Estado Mayor del Ejército Mexicano, un Coronel de la Fuerza Aérea Mexicana, 4 capitanes de Fragata Diplomados del Estado Mayor, un teniente coronel, un mayor Diplomado de Estado Mayor, un teniente de navío, 2 tenientes de corbeta, 3 militares extranjeros de Guatemala, Nicaragua y Colombia, y 5 invitados de diferentes dependencias de la Administración Pública Federal.

Ellos se encuentran en el Senado, a partir de una visita que autorizó e impulsó la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para un encuentro y que conocieran los trabajos legislativos y el proceso parlamentario.

En estas sesiones tuvieron la oportunidad de conversar con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado de la República, así como con el Presidente de la Comisión de Marina, quienes les hicieron saber y explicaron las actividades que desarrolla el Senado Mexicano, con respecto a la seguridad nacional y al proceso legislativo que se sigue en relación con esas materias.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, en relación con el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

INTERVENCIONES

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Esta ronda de posicionamiento de las fracciones es importante, tanto que se están dando ya pasos con la firma del Presidente de la República al Tratado ese, el TPP.

El Tratado de Asociación Transpacífico ha sido presentado como un modelo de tratado del siglo XXI, lo que es totalmente falso. Es un acuerdo negociado por cabilderos de las empresas transnacionales en el más absoluto secreto a espaldas de los ciudadanos y de los parlamentos.

Los capítulos y anexos que integran el texto del TPP, contienen disposiciones contrarias y violatorias a cualquier régimen político republicano. La pretensión de concentrar las facultades legislativas y judiciales en instancias del Poder Ejecutivo y de tribunales supranacionales para dirimir controversias entre inversionistas y Estados, violentan claramente la soberanía de los Estados y de sus pueblos, pues además, existe la pretensión de modificar nuestras normas y régimen jurídico nacional conforme a los propósitos y exigencias del Tratado.

Es el TPP contrario al principio de justicia al conceder derechos a las corporaciones que son vinculantes para los Estados, mientras el ejercicio de los derechos humanos integrales se les ubica en la condición de cumplimiento voluntario, como reiteradamente se establecen los textos del TPP, soslayando los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos que da preferencia a los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas.

El TPP atenta contra los derechos laborales: salario digno, estabilidad en el empleo y seguridad social, pues genera escenarios de incertidumbre de las condiciones de los trabajadores y vulnera la auténtica representación laboral democrática.

Se agudizará la concentración de la riqueza generando desempleo, precarización del trabajo y desigualdad social, por tanto, se violentarán para las relaciones laborales nacionales e internacionales.

Como efectos inmediatos del TPP estará el grave e inminente deterioro de la salud, de la salud de la población o la extensión de protección de los datos y de las patentes de los medicamentos, lo que tendrá como consecuencia que en los 12 países miembros los medicamentos biológicos genéricos del más bajo costo demoren 8 años en estar disponibles para la población, lo que implica encarecer el acceso a la salud.

El TPP, en general, favorece la privatización de los servicios públicos a que tienen derecho los ciudadanos a fin de favorecer los intereses comerciales.

El TPP mantiene el modelo subdesarrollado de economías, pues establece reglas y normas de política pública que impedirán cambios autónomos en la productividad de las naciones, especialmente para aquellas dependientes de las materias primas y del modelo primario exportador.

El TPP profundizará la dependencia alimentaria, la desigualdad, la pobreza, la malnutrición, el deterioro ambiental y la migración rural provocada desde antes por el Tratado de Libre Comercio y las políticas gubernamentales a favor de las grandes corporaciones agroalimentarias y del modelo de la Revolución Verde.

Representará una grave amenaza contra los derechos de los campesinos al intercambiar sus propias semillas y producir sus propios alimentos.

Una vez firmado el TPP, los parlamentos no podrán modificar sus textos y sus términos, pues para su ratificación, última etapa antes era adoptado, los legisladores no pueden modificar una coma del texto, limitándose a la aprobación o rechazo; tampoco podrán legislar leyes nacionales contrarias a los términos del tratado.

El tratado violenta el derecho a la consulta de los pueblos originarios. En sus cláusulas y contenidos no se garantiza el derecho de la consulta previa, libre e informada en clara violación del Convenio 169 de la OIT.

El TPP en síntesis tiene, entre otros muchos, los siguientes inconvenientes:

Es parte de los acuerdos reforzados de libre comercio que han sido seriamente cuestionados por economistas como Piketty y Stiglitz.

El TPP mantiene la continuación de un modelo ampliamente criticado que ha incrementado las brechas de desigualdad.

El TPP, que dice apoyarse en el libre mercado, no lo hace, porque exige a los Estados firmarlo para beneficio de las corporaciones trasnacionales en contra de las empresas nacionales.

Stiglitz, Premio Nobel, dice: “Que el TPP no es un tratado, y lo analiza, no es un Tratado de Libre Comercio, pues establece que ya se han eliminado todos los aranceles, por tanto no es un Tratado de Libre Comercio”. ¿Verdad?

“Y es, nos señala el Premio Nobel, un arreglo en variados ámbitos económicos para beneficio de trasnacionales en contra de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales”.

Tiene una finalidad geopolítica, ya que es una asociación para obtener la hegemonía en Oriente.

No es un tratado de asociación por la simetría económica y política entre los países y las corporaciones globales.

Las inversiones de capital se definen como expectativas, expectativas de obtención de ganancias o de asunción de riesgos.

Aún sin inversión efectiva, los Estados pueden ser demandados ante instancias supranacionales, si en sus regulaciones o decisiones entienden por inversión lo que la ciencia económica ha concebido como tal.

Las empresas trasnacionales, voluntariamente, si es que lo desean, pueden cumplir con las obligaciones nacionales en materia de salud y medio ambiente.

Se promueve la especulación con servicios financieros derivados de alta volatilidad en contra de la estabilidad financiera de los países.
Se restringe el acceso de instituciones financieras para eliminar la competencia.

En telecomunicaciones se busca eliminar cualquier regulación que dará discrecionalidad en los precios de mercado en contra de los consumidores.

En compras gubernamentales se promueven las adquisiciones discrecionales y sin licitación con el propicionamiento de la corrupción.

Un teórico mexicano, Arturo Oropeza, explica cómo el gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal promotor del TPP. Se trata de una confrontación entre sistemas económicos y políticos, es una embestida norteamericana para ampliar la protección de su sector de servicios sin renunciar a sus privilegios en el sector agrícola.

¿Es una renovación del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN?

O ¿Es una asunción de nuevas facultades sin quitar las actuales?

Estamos frente a una grave amenaza para nuestro país que aún ya después de la experiencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio que tanto se mencionó como el camino hacia el desarrollo, sabemos que el Tratado de Libre Comercio ha generado en este país una división brutal entre quienes tienen la riqueza acumulada y la pobreza en el resto del país.

Nosotros consideramos que se requiere de un análisis profundo para evitar que las presiones que vendrán hagan que se apruebe, en este Senado, algo que no se conoce.

Hemos, en nuestra fracción, organizado ya un primer foro aquí en el Senado, con participación de legisladores de diversos países que están comprometidos por sus gobiernos, y la visión general es la que acabo de presentar, los resultados que he leído son producto de una participación de legisladores de diversas partes del mundo y de analistas.

En México existe una organización importante que congrega a muchas ONG’s que están en contra de este tratado y que conocen perfectamente de las consecuencias, porque han participado en diversos tratados similares y en la batalla en contra de la Organización Mundial del Comercio. No es una incógnita para muchos mexicanos y organizaciones, pero lo que es verdaderamente dramático en que es una incógnita para este Senado que va a tener que aprobarlo.

Son 6 mil hojas, es un tratado de difícil comprensión, está, decía yo, acordado por las grandes trasnacionales e impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica para sus fines, nosotros no podemos aprobar a ciegas lo que no conocemos.

Yo invito a los Senadores, a las Senadoras, a que estudiemos el asunto, que no volvamos a aprobar cosas complejas sin conocerlas, que asumamos nuestro compromiso con quienes nos trajeron aquí. No se puede aprobar este tratado, y es necesario que el Senado organice auténticamente foros con analistas y no como los que han venido organizando, como los del mando único. Estas cuestiones simplemente, o la reforma energética, para apoyar al Ejecutivo en sus propósitos.

Seamos responsables, el TPP es una amenaza contra el país, contra los campesinos, contra los obreros.

Hago un llamado a los líderes obreros que aquí están para que tomen cartas en el asunto, a los que tienen vinculación con las organizaciones campesinas está este tratado en contra de ellas.

No olvidemos, es un tratado negociado con las trasnacionales en el dominio de la geopolítica y de la economía a través de esta presión permanente, de estos organismos que van más allá de las fronteras.

Recomendamos muy especialmente el estudio de este instrumento y no la votación a ciegas, como acostumbran a hacer en otros casos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, vengo a hacer este posicionamiento con relación al TPP.

Como todos ustedes saben, hace más de 20 años México hizo historia con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Acuerdo firmado con Estados Unidos y Canadá. Yo diría que nuevamente México hace historia al suscribir este Acuerdo, porque se trata de un modelo de acuerdo comercial que podría considerarse de nueva generación, es un acuerdo que supera en gran medida todas las disciplinas incorporadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y es un Acuerdo que, sin lugar a dudas, traerá beneficios importantes para México.

Yo no comparto esa visión de que es un Acuerdo negociado para favorecer a las corporaciones, para favorecer a las grandes trasnacionales. Me parece que hay evidencia empírica suficiente para acreditar que el libre comercio contribuye al desarrollo de las naciones, a la mejora del bienestar de su población, pero desde luego siempre debe esto estar acompañado de un andamiaje legal e institucional que permita que los beneficios del libre comercio lleguen a la población de esos países.

En nuestro caso, el TPP es firmado por nuestro gobierno después de una serie de reformas que fueron aprobadas en este Congreso, en este Senado de la República, reformas importantes que modifican de manera sustantiva la posición competitiva de nuestra país.

Hicimos reformas en el plano laboral, reforma educativa, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica, financiera, energética, en fin, hicimos una serie de ajustes a nuestro marco legal e institucional que nos permitirán estar bien posicionados para poder disfrutar de las ventajas y beneficios que nos da un tratado comercial de la naturaleza del TPP.

Con el TPP México demuestra que está comprometido a ser un jugador cada vez más relevante en el contexto económico global al incidir en la definición de nuevos esquemas de productividad y competitividad.

El TPP es la negociación comercial más relevante por su nivel de ambición, la amplia gama de disciplinas que incluye, los altos estándares que establece en cada una de ellas y el número de países participantes de cuatro regiones geográficas: Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Asia.

Como decía hace un momento, es un nuevo modelo que guiará las negociaciones comerciales internacionales. Esta es una referencia muy importante porque de manera paralela tenemos el ejemplo de cómo se ha estancado o cómo ha fracasado la discusión sobre la liberalización del comercio en el plano multilateral en el seno de la OMC.

En este sentido, la negociación del TPP sin duda ayuda mucho y va a contribuir a enfrentar este problema que hoy encara el mundo, de un aparente estancamiento en el crecimiento del comercio internacional, un comercio internacional que se ha estancado en parte por las bajas tasas de crecimiento que hoy prevalecen a nivel internacional, pero también por una serie de prácticas de protección comercial que han introducido diversos países desde mediados de la década pasada, que han contribuido también a que se frene o que se estanque el ritmo de expansión del comercio internacional, lo que a su vez ha provocado o ha tenido efectos sobre las tasas de crecimiento económico de diversos países.

El TPP incluye 30 capítulos con disciplinas tradicionales como: el comercio de bienes, reglas de origen, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, inversión, entre otros, así como temas de siguiente generación, como disciplinas para empresas propiedad del Estado, comercio y trabajo, comercio y medio ambiente, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, tratamiento a Pymes y comercio  electrónico.

Refrenda el compromiso de los países participantes, el de México en particular con el libre comercio como motor de crecimiento y desarrollo, y como una alternativa al estancamiento en los procesos de mayor apertura comercial a nivel multilateral, como ya lo dije.

Hace poco más de 20 años el proceso de apertura comercial y reforma económica en México fue inducido, por así decirlo, de afuera hacia adentro para generar condiciones de competitividad, el surgimiento de un sector exportador robusto y el desarrollo de nuestra economía.

En aquel entonces se optó por llevar a cabo un acuerdo comercial primero y dejar las reformas económicas para después.

Desafortunadamente los cambios de administración en aquella época truncaron los planes para complementar lo negociado en el Tratado de Libre Comercio y no se hicieron las reformas que se requerían para poder complementar ese tratado y así poder dar a la economía mexicana la posibilidad de explotar al máximo el potencial del Tratado de Libre Comercio.

Como lo mencioné hace un momento, hoy o en esta ocasión me parece que vamos por el camino correcto. Primero hicimos una serie de reformas que nos posicionan, nos dan una mejor ventaja competitiva para poder disfrutar o aprovechar los beneficios que nos da un Acuerdo como éste.

En esta ocasión, a diferencia de hace más de 20 años, primero se hacen las reformas, posteriormente se firma un Acuerdo de esta magnitud, y por lo tanto estoy convencido que los resultados para nuestro país serán aún mejores que los que ha representado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para nuestra economía.

Las reformas a las que me referí, refuerzan las ventajas comparativas de nuestro país, nuestra privilegiada ubicación geográfica en el centro de las corrientes mundiales de comercio, así como el bono demográfico que experimentamos, que mantiene nuestro atractivo como destino para la inversión y los negocios.

El TPP abre nuevos espacios que, con base en las reformas, permitirán seguir transformando al país en campo fértil para la innovación con capital humano de clase mundial que florece como uno de los centros más importantes a nivel mundial para la atracción de la inversión y la exportación a nuevos mercados, y con ello generar un mayor nivel de bienestar para la población.
El TPP fortalece la presencia de México en nuestros mercados tradicionales, expande las oportunidades mediante el acceso a mercados nuevos, en crecimiento, y posiciona a México como un destino estratégico para las inversiones.

Este instrumento permitirá a nuestro país incrementar nuestras sinergias con Norteamérica y la región Asia-Pacífico profundizando el contenido altamente integrado de nuestras exportaciones y creando mayores oportunidades de negocios, de esta forma el TPP debe verse bajo dos dimensiones: La dimensión norteamericana en el sentido de que es un vehículo para consolidar nuestra presencia en mercados tradicionales de América del Norte, favorece la integración productiva de México con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al actualizar e incluir más disposiciones, lo que contribuye a la meta de convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo.

En la dimensión Asia-Pacífico, el TPP representa una estrategia de comercio e inversión articulada hacia la región Asia-Pacífico.

México ha contribuido a incrementar el comercio entre Asia-Pacífico y Norteamérica al convertirse en un actor central en la cadena de valor entre ambas regiones. El TPP viene a fortalecer el posicionamiento de México en esa cadena de valor.

El TPP permitirá una mayor diversificación de nuestra estrategia comercial hacia Asia en beneficio de nuestras exportaciones. Prevé un trato preferencial para expandir nuestras exportaciones o expandir nuestras oportunidades en 6 nuevos mercados de Asia-Pacífico, como: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, una de las regiones de mayor dinamismo en constante crecimiento que tienen ciclos económicos alternativos conectados a los ciclos económicos de China y la India.

Este Acuerdo abre nuevas oportunidades de inversión: proveeduría y mercado para el sector productivo en Asia-Pacífico.

Aún estamos, creo yo, en una etapa muy temprana de la discusión de este instrumento comercial en el seno del Senado de la República; sin embargo, no tengo ninguna duda que todos los grupos parlamentarios contribuiremos a un debate de altura, un debate informado, un debate razonado sobre las bondades del comercio internacional para una sociedad como la nuestra.

Me parece que en el momento en que tenga acabo la discusión sobre la ratificación o no de este tratado todos los grupos parlamentarios sabremos argumentar sobre la conveniencia para nuestro país de este tratado comercial.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es el tratado de integración económica más ambicioso que se haya celebrado a nivel global.

Los 12 países que lo integran representan el 26 por ciento del Producto Interno Bruto global mundial, el 36 por ciento del comercio de bienes y servicios. La población de estos 12 países es de 810 millones de personas, y por lo tanto se convierte en un mercado potencial.

México ya tiene celebrados tratados comerciales con 5 de estos 12 países: Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú. Estos 6 países, contando a México, representarían el 91 por ciento del PIB de todo el TPP, representarían el 78 por ciento del comercio y el 81 por ciento de la población.

La incorporación de los otros 6 países con los que México no tiene tratados comerciales resultan francamente irrelevantes. Es por ello que el Banco Mundial ha dicho que México será el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones por efecto del TPP, ya que si acaso crecen sólo lo haría en un 4.7 por ciento de aquí hasta el 2030, mientras que el país más favorecido sería Vietnam con un crecimiento de 30.1 por ciento.

Y el crecimiento económico de nuestro país, el PIB de México, hacia 2030, estaría creciendo un 1.4 por ciento más que lo que hoy estamos creciendo.

Los países más favorecidos serían los países asiáticos tanto en crecimiento económico como en exportaciones, ya que ellos accederían con mayor facilidad al principal mercado potencial del TPP, que seguiría siendo Estados Unidos. Y los países que no entran al TPP, como Colombia, por ejemplo, no pierden absolutamente nada.

Es falso de toda falsedad que si México no entra al TPP tendría pérdidas, esto no se sustenta con datos duros.

De las estimaciones del Banco Mundial se desprende que México tendría beneficios de la integración sumamente limitados para las necesidades del país. Lo grave es que las estimaciones del Banco Mundial difieren significativamente de las del gobierno federal que no las sustenta con datos duros.

Ha señalado el gobierno, que espera un crecimiento de la economía de 3.1 por ciento, un comercio en 150 mil millones de dólares en los próximos cinco años, lo que implica que se tenga que crecer en 18 por ciento, lo cual no parece objetivo, mucho menos viendo las cifras que hoy nos da el Banco de México, de inflación, que ya está por despuntarse después de una profunda devaluación de nuestra moneda.

¿De dónde saca el Secretario de Economía que podamos crecer al 18 por ciento?

Por ello es importante que las autoridades mexicanas, en particular el Secretario de Economía, explique con toda precisión y detalle, cómo hace sus estimaciones tan optimistas de los resultados que espera del TPP.

El TPP en efecto consta de 30 capítulos que abarcan temas muy delicados. El comercio de bienes, reglas de origen, la administración aduanera, la inversión, las medidas sanitarias, fitosanitarias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, compras de gobierno, política de competencia, empresas estatales, propiedad intelectual, aspectos laborales, medio ambiente, cooperación y fomento de capacidades, competitividad, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción, soluciones de controversias, que son cosas ya viéndolas en lo particular, gravísimas, que es lo que está planteando el TPP.

Cada uno de estos temas, en primer lugar deben abordarse con mucho cuidado, deben informar a la sociedad con toda precisión, cuáles serían las repercusiones para México, y las acciones y medidas que se deberán tomar antes de tomar la decisión por parte de este Senado.

El documento ya lo firmó el gobierno el pasado 4 de febrero, pero para que México pudiera beneficiarse se tendrían que implementar políticas efectivas que mejoren su posición y competitividad en el mundo.

El tema de transparencia y de corrupción son temas torales, son las causas del estancamiento económico de México.

Según el Foro Económico Mundial la falta de transparencia y la corrupción son el principal factor que impide hacer negocios en México. En su reporte 2014, Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 103 de los 175 países con una calificación reprobatoria de 35 sobre 100.

Una de las principales características del TPP es la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, aplicables a las importaciones de bienes y servicios que se realicen entre los países de este tratado.

En el caso de México, la mayoría de los aranceles en este tratado se eliminan de manera inmediata y en automático a su firma. Y para algunos productos provenientes de países específicos, se haría de manera paulatina.

Como México ya tiene tratados comerciales con los principales países del TPP, los beneficios de la desgravación arancelaria serían marginales, ya no habría beneficios adicionales. Hay que recordar que el principal promotor del TPP ha sido Estados Unidos, con el propósito de evitar la hegemonía China en el comercio mundial.

Y como México tiene una enorme dependencia económica y política de la economía de Estados Unidos, se vio obligado a integrarse, lo que seguramente restringió también sustancialmente su capacidad negociadora.

Lo que es seguro es que México tendrá que competir con los países del TPP para conservar su participación en el mercado norteamericano que es el único que tiene, y para ello tiene serias limitaciones, ya que su nivel de competitividad es de los más bajos de todo este bloque.

Según el Foro Económico Mundial, el Índice Global de Competitividad que tiene México solamente lo supera Perú, es el penúltimo en la lista, con los países que no tienen tratados comerciales, serían los países que tienen más posibilidades de beneficiarse de este tratado.

Las exportaciones de México a los países del TPP representan el 85 por ciento de las exportaciones totales de nuestro país, dentro de ellas, el 84.5 por ciento se destinan a los países con los que ya tenemos tratados comerciales, y un 0.5 por ciento con los que no se tendría tratado comercial, entonces, ¿qué estamos ganando?

En cuanto a importaciones, el 61.5 por ciento provienen de países del TPT de las cuales el 56.3 por ciento corresponden a países con los que se tienen tratados comerciales, y sólo el 5.2 por ciento restante a los países con los que no tenemos tratado, ¿cuál es la ventaja?

Existe el riesgo de que los países asiáticos aprovechen la cercanía de México con Estados Unidos para incorporar sus productos a nuestras exportaciones y no necesariamente implicaría que crecieran las exportaciones mexicanas, de productos mexicanos, por lo que la competencia se intensificaría entre México y los países con los que se tiene este tratado.

Una muestra de ello es lo que ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también hay que señalar que el aumento de las exportaciones derivadas del TLCAN se debió en gran medida a la instalación de empresas trasnacionales que utilizan a México como país maquilador, lo que tiene un impacto relativamente menor en el crecimiento y el desarrollo económico.
A raíz de que existe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nuestra economía sólo ha crecido 2.4 por ciento en promedio; el TLCAN tampoco permitió reducir el número de pobres. En 1992 eran 46 millones; en 2014 es 64 millones de pobres, no hay ninguna razón que pueda inferirse de que derivado del TPP pudiera producir resultados distintos a los que ya se tienen con el TPP.

Preocupa mucho lo que ha declarado el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villareal, por ejemplo, ante los embajadores y cónsules de nuestro país, a ellos les dijo que no enviarían el documento al Senado de la República hasta no ver cómo avanza el procedimiento en Estados Unidos.

Y las bancadas del PRI y el Verde, en su grupo parlamentario, les dijo que esperarían hasta el resultado del proceso electoral de Estados Unidos para evitar que nos dejaran colgados de la brocha, repito lo que dicen algunos medios, lo que preocupa de las declaraciones de Idelfonso Guajardo, es, en primer lugar que les dicte la línea a los Senadores priístas y del Partido Verde, y que les dijo, no se dejen convencer por los argumentos de la oposición en contra del TPP ya que va a fomentar el empleo y la economía; aparte de tratarnos como ignorantes e incapaces de tomar sus propias decisiones, cosa que es totalmente falsa, no expuso ni ha expuesto argumentos sólidos que corroboren su dicho.

También agregó que los Senadores de oposición, entre los que yo me suscribo, que la economía japonesa va a crecer porque acaba de abrirse, y México ya lleva 20 años en la apertura comercial, pues hay que dejar, hay que decirle al señor Secretario, en primer lugar, es inaceptable que también a los de oposición nos trate como ignorantes, yo no lo soy, y no acepto ese trato del Secretario de Economía.

En segundo lugar, es muy discutible su dicho. Si bien es cierto que la apertura comercial de Japón es reciente, su nivel de competitividad lo ha colocado como uno de los principales países exportadores del mundo, además de que tiene enormes inversiones en otros países y se le ha permitido participar indirectamente en el mercado mundial, así que está muy claro que el Secretario de Economía debe estudiar un poco más, debe fundamentar mejor sus datos.

Para el Senador del Partido Verde, que dice que no tiene nada que ver Estados Unidos. Si no nos cree a nosotros, pues que lea el periódico y las declaraciones de Obama que dijo: este tratado se va a firmar porque de él depende el crecimiento de las multinacionales de Estados Unidos.

Y Obama está dictando la línea, Obama dice: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a nuestros productos estadounidenses estableciendo altos estándares para la protección de los trabajadores y preservando el medio ambiente”. Se refiere a las multinacionales de Estados Unidos, señor Senador del Partido Verde.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre el mismo tema, hasta por diez minutos.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

El libre comercio, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incrementando la competitividad de los países, pues supone la eliminación de barreras artificiales al comercio, permitiendo el flujo de bienes y servicios, lo que significa el acceso a diversos mercados.

En el Senado de la República somos conscientes de la importancia de los vínculos comerciales de nuestro país. Hemos dado un seguimiento puntual a los instrumentos internacionales en materia económica que suscribe México, y hemos hecho un especial énfasis en el análisis y la evaluación de ellos para darles el trámite legislativo serio que ameritan, pues inciden directamente en el día a día de los ciudadanos en sus oportunidades de trabajo y también se ve reflejado en sus bolsillos.

Ese análisis proactivo y responsable, le dimos al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que aprobamos el mes de noviembre de 2012, y su protocolo adicional aprobado en diciembre pasado, así como también al Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá para lo que consultamos a la sociedad civil, a las Cámaras de Comercio y a la Academia también.

Sabemos que nuestra labor no termina al aprobar un tratado internacional. Debemos evaluar su aplicación siempre buscando que los ciudadanos sean los beneficiados.

Es el caso de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional de gran alcance en América Latina.

El pasado jueves 4 de febrero, 12 países suscribieron el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP, en Nueva Zelanda.

El TPP es un instrumento internacional, multilateral que plantea la eliminación de barreras arancelarias en áreas como: las compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual, protección al ambiente, entre otros temas.

Asia-Pacífico es la región más dinámica en términos de su crecimiento económico, pues pese a componerse en su mayoría por economías emergentes. Ha presentado un rápido crecimiento y concentra una significativa población.

Además, el poder adquisitivo de su población va en aumento, y en unos años el grueso de la clase media se encontrará allí, lo que fomentará que el intercambio comercial se dinamice y se estrechen relaciones económicas, principalmente con los países con los que hayan establecido tratados comerciales.

Como legisladores, sabemos que el libre comercio tiene impactos de todo tipo en la economía, las oportunidades de crecimiento de México, gracias al TPP son amplias, pues representan el 36 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, 25 por ciento del comercio mundial; y llegar a un mercado de 700 millones de personas que consumen 3.3 billones de dólares al año, con ganancias netas estimadas en 295 billones de dólares al año.

Una de las principales fortalezas para México en el TPP, es la industria alimenticia, y conocemos que la carne de puerco y el tequila podrían beneficiarse con la ratificación del TPP, pero por otro lado, los lácteos se ven amenazados por los productos de Australia y Nueva Zelanda, dos importantes competidores.

En ese sentido, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche ha solicitado al Congreso que dicho sector sea eliminado del TPP y muchos de ellos, incluso se encuentran hoy en este Senado de la República.

El sector logístico también resultaría beneficiado, gracias al incremento del intercambio de productos entre países parte del TPP. Otros productos que se podrían beneficiar son los textiles, minerales, autopartes, el sector financiero, entre otros.

Sin embargo, hay segmentos de la población que se han posicionado contra el TPP, y no podemos dejar de escucharlos o dejarlos fuera de la discusión y del análisis de este instrumento.

Ante el TPP, el gobierno federal tiene retos claros, por un lado, establecer un mecanismo para fortalecer a los sectores de la economía que se vean afectados y, por otro lado, mejorar la competitividad para hacer frente a los otros Estados Parte.

Es necesario que todas las comisiones legislativas a las que será turnado el TPP, establezcamos un canal de comunicación directo, transparente y permanente con el gobierno federal para que todas las dudas que surjan sobre el texto de todos los sectores de la población mexicana, sean respondidas clara y oportunamente.

 Tenemos un serio compromiso con la transparencia y pese a que las negociaciones del TPP se desarrollaron en secrecía, el proceso de análisis, discusión y dictaminación se hará de una forma abierta y pública, para que todo aquel que esté interesado en conocer cualquier detalle del tratado pueda acceder a toda la información que requiera.

Estoy segura que este Senado de la República no tiene un tiempo límite para la aprobación del TPP, no legislaremos ni a la carrera ni al vapor este importante instrumento internacional, tomaremos el tiempo que sea necesario para escuchar a todas las voces, privilegiando en todo momento el bienestar de los mexicanos.

Si el saldo final del TPP es positivo para nuestra población y compensa adecuadamente y con justicia a los menos favorecidos, entonces contará con el respaldo de los Senadores de Acción Nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Vengo ante esta tribuna a fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la conclusión de las negociaciones por parte del gobierno mexicano y la firma del Tratado de Asociación Transpacífico TPP, por sus siglas en inglés.

El pasado 4 de febrero del presente, en Nueva Zelanda, el gobierno mexicano junto con los representantes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Singapur, firmaron este tratado multilateral, el cual se constituye como una de las principales plataformas para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de nuestro país en la región Asia-Pacífico.

En este lugar donde el peso económico de los 12 miembros participantes representa el 36 por ciento del PIB mundial, el 25 por ciento del comercio y el 11 por ciento de la población, así como el 28 por ciento de la captación de la inversión extranjera directa.

Este es el tamaño de lo que estamos hablando.

La participación de México en este importante instrumento internacional busca fortalecer la integración latinoamericana, apuntalada por la Alianza del Pacífico, y también brindar accesos a seis nuevos mercados que en su conjunto cuentan con 155 millones de consumidores potenciales, y al ser un país fundador, facultará el establecimiento de precondiciones para las naciones que quieran ingresar al TPP posteriormente.

Esto constituye, sin duda, oportunidades para nuestro país en los términos del mercado de intercambio tecnológico y también de cooperación.

Estimamos que ser miembros del TPP posibilitará a nuestra economía a conservar las ventajas económicas, financieras y comerciales que ganamos frente a Estados Unidos y Canadá con el TLCAN, y permitirá profundizar de manera significativa nuestra sociedad con el único país asiático con el que tenemos un acuerdo comercial, que es Japón, así como iniciar una estrategia de vinculación con el resto de las economías asiáticas involucradas en este tratado.

Señoras y señores Senadores: Tras la firma de este tratado comienza la fase legislativa, y nuestra visión será su análisis profundo, mediante el diálogo respetuoso, propositivo, con reflexiones y propuestas que surjan del resultado de escuchar a los representantes de los sectores productivos, a los campesinos, ganaderos, académicos, a la sociedad civil y, en general, a todos aquellos que estén interesados en este tema. Esta será la tarea que nos ocupa y nos ocupará en los siguientes meses.

El grupo plural de Senadores que fuimos designados y que asistimos a las distintas etapas de negociación del TPP, pudimos observar que éstas se realizaron teniendo en cuenta todas las importantes situaciones de los sectores sensibles de nuestra economía, con lo que se garantizó la protección de 14 denominaciones de origen de México, liberación paulatina de cientos de sectores y la protección total de productos como el azúcar, entre otros.

Por todo lo anterior, esperamos que se remita a esta Cámara de Senadores el texto íntegro del tratado para su análisis, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 76, fracción I párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que otorga facultades exclusivas a esta Soberanía para la aprobación de los tratados internacionales.

El TPP es un acuerdo comercial, sin duda, el más ambicioso, novedoso e importante a nivel internacional que ha tenido México.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI en el Senado se manifiesta para iniciar a la brevedad posible el análisis exhaustivo con alcance nacional para conocer con toda profundidad las implicaciones, la trascendencia del mayor tratado plural en que ha participado México en su historia, así como la amplitud de los temas por las disciplinas que incluye y la importancia económica de los países que lo integran.

Quiero terminar haciendo un señalamiento a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, extendiendo una felicitación a la Secretaría de Economía, y en lo general, al gobierno federal por el trabajo serio y responsable que realizaron en el transcurso de las negociaciones y del propio tratado.

Ahora corresponderá a nosotros el análisis, el estudio y el profundizar en los temas para entregar a los mexicanos un tratado que beneficie y que impulse el empleo, y que impulse el beneficio de los mexicanos hacia los siguientes 30 años.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Torres Corzo.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, Señor Presidente, solicitarle la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para rectificación de hechos.

El Senador Héctor Larios Córdova: Agradezco la oportunidad al Presidente de rectificar hechos.

Lo primero que quisiera es celebrar que estemos discutiendo estos temas en el Senado, son temas que a veces tienden a ponerse en una dimensión que no tienen.

Los tratados comerciales abren oportunidades, depende de los países si aprovechan o no aprovechan las oportunidades, eso es lo que puede significar el TPP para México, pero también puede conllevar a amenazas.

Concretamente quisiera referirme a algunas afirmaciones que hizo aquí la Senadora Dolores Padierna Luna, en torno al TPP.

Ella afirma, con absoluta razón, que entre 6 países, que están entre los 12 que han firmado el TPP, concentran el 91 por ciento del comercio del TPP.

Los 6 países son: Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Japón. Con esos países México tiene Tratado de Libre Comercio.

Si ya tenemos un Tratado de Libre Comercio con el 91 por ciento del Producto Interno Bruto de la región del TPP, como que representa, dice la Senadora Dolores Padierna, más amenazas que oportunidades para México entrarle a esta región.

Es más, afirma que los países más beneficiados, y a lo mejor así será, serán los países que no forman parte de estos 6, concretamente señala que uno de ellos es Vietnam.

Me parece que sería mala idea dejar esta información sin complementarla. Para México tiene, no solamente el valor de poder comerciar con estos 6 nuevos países en condiciones de libre comercio, es decir, sin aranceles, que por cierto no es el caso de México que se desgraven todos de un solo trancazo, se establecieron 4 plazos.

Varios productos que entran de inmediato, otros que entran a los 5 años, otros a los 10, y los productos sensibles de los países tienen plazos mayores de 10 años, incluido México.

Bueno. ¿Cuál es el mayor valor que para México tiene este tratado? El mayor valor que tiene es que nuestro comercio, fundamentalmente es con Estados Unidos.

El comercio exterior de México en Estados Unidos representa más del 85 por ciento del comercio total que hacemos, por eso para Canadá y para México fue indispensable incorporarse a esta negociación, ambos países, Canadá y México nos incorporamos en el 2012 al TPP precisamente porque el TPP también constituyó un mecanismo que nos ayuda a profundizar nuestra relación comercial entre los tres.

Si México es el país privilegiado para exportar a Estados Unidos y vamos perdiendo posición, hoy China nos gana en cuanto a las exportaciones a Estados Unidos, qué mejor oportunidad que incorporarnos al TPP, esto saldrá en los análisis que hagamos en todo este proceso, qué mejor oportunidad de incorporarnos al TPP para profundizar nuestro acuerdo comercial con Estados Unidos y Japón.

Hay varios temas que no están incluidos en el TLCAN, que se firmó ya hace 21 años, y que ahora sí están incluidos y nos obligarán a los tres países, lo cual aumenta nuestra capacidad de exportar a Estados Unidos, no está contemplado y ahora sí estará el comercio electrónico.

No está contemplado el tratamiento especial para las Pymes, que es un tema que México desde hace tiempo quería incorporar en el TLC.

No está incorporado el tema de la competitividad, que sí lo está en el TPP, de las regulaciones que es una de las cosas que sufrimos en México de exceso de regulaciones, ahora tendremos qué hacer esfuerzos constantes y acreditables entre los socios de mejora regulatoria.

No está contemplado el tema de combate a la corrupción en el TLC, sí lo está en el TPP, y es un tema que también nos puede ayudar.

No está contemplado el tema de facilitación aduanera, que sí lo está en el TPP.

Y no está contemplado el tema del desarrollo.

Es decir, este Acuerdo puede representar, si lo ratificamos, y eso será el resultado de un análisis largo, pero puede significar profundizar nuestra relación comercial con Estados Unidos. Además, incorporados a otros países, automáticamente nos da la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de origen de mercancías que exportamos a Estados Unidos, que ha sido la gran virtud que México ha tenido para poder crecer en su economía.

Yo no puedo decir que el TPP sea la panacea ni ningún Tratado de Libre Comercio.

Al inicio comenté, los Tratados de Libre Comercio son oportunidades, depende de los países si las aprovechan.

En el transcurso del análisis tendremos qué averiguar si este Acuerdo, en los diferentes capítulos que tiene, le beneficia a México, pero no podemos partir del supuesto de decir, como ya tenemos el 91 por ciento Acuerdos de comercio, mejor no corramos riesgos.

¿Por qué? Porque entonces perdemos nuestra posición competitiva en donde comerciamos, en donde éramos el socio comercial número uno y bajamos al dos con Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Larios Córdova.

¿Alguna otra intervención?

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quisiera participar para hechos, de la misma manera que el Senador Larios Córdova, por favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Dolores Padierna, sonido en su escaño.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Por alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que nuestro Reglamento da preferencia a las alusiones personales, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

Senador Bartlett Díaz, el Reglamento ordena que se dé preferencia a las solicitudes de intervención por alusiones personales, la Senadora Dolores Padierna Luna me lo está pidiendo en esas condiciones.

En consecuencia, le daré el uso de la palabra, y posteriormente usted por rectificación de hechos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Gracias al Senador Larios Córdova.

Coincide absolutamente en los datos, son datos del Banco Mundial, muy revisados, muy supervisados, y es bueno repetir, porque es muy importante, en el 91 por ciento del mercado total del TPP ahí está México. De tal manera que solamente el 0.5 por ciento sería lo que faltara con los países donde no tenemos acuerdo comercial, ese es el tamaño de la ganancia, del beneficio, 0.5 por ciento, una esperanza de crecimiento de 1.4 por ciento de aquí al año 2030, y un crecimiento de las exportaciones de 4.7 por ciento. Bueno, realmente son metas pírricas a cambio de los riesgos que implica.

¿Por qué decimos riesgos? Porque tenemos firmado el Tratado de Libre Comercio y, desde luego, muchas cosas se refieren a la competitividad.

México tiene su principal mercado en Estados Unidos.

Ahora entrarán los países asiáticos a disputar ese mercado. Y México tiene que ser más competitivo para que los países asiáticos no le arrebaten ese mercado, pero México está en el penúltimo lugar en competitividad, y en corrupción y falta de transparencia es el elemento que atora toda nuestra economía, sin factores que tenemos que considerar antes de tomar la decisión.

Pero preocupa porque a 20 años de distancia, o más de 20 años de distancia de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los beneficios que México ha obtenido con esta apertura son también muy limitados: 2.4 por ciento en promedio anual de crecimiento económico, un PIB per cápita casi en cero, la pobreza no se abatió, la competitividad está estancada o en los últimos lugares, los beneficios se concentraron sólo en algunos sectores que operan como maquiladoras, se profundizaron las diferencias entre los distintos grupos de la población y regionales. Son resultados concretos.

Luego, ante la falta de datos se dice que hay que recordar lo que se dijo cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es muy parecido a lo que hoy dice el Secretario de Economía.

En aquel tiempo, mayo de 1993, Carlos Salinas de Gortari decía que el TLCAN sería un acuerdo para crear millones de empleos, un acuerdo para mejorar los salarios, para reducir la migración.

Y digo textualmente lo que Carlos Salinas dijo: “Los mexicanos no tendrán que migrar al país del norte en busca de trabajo en aquel país, sino que serán capaces de encontrarlo en el mío”.

Y resulta que México se convirtió en un país exportador, pero de personas, al punto que ahora las remesas son la principal fuente de divisas del país, por encima del petróleo y del turismo.

Y lo que ha resultado fue el desmantelamiento de gran parte de la industria que en 1993 era boyante en nuestro mercado nacional y en nuestro campo, que hoy da verdadera lástima el asunto de invadir nuestro mercado con importaciones indiscriminadas que compiten con los productos nacionales, y lo que ha provocado eso es el desmantelamiento de nuestra planta productiva.

Dice el Senador Larios Córdova que ahora los productos que no estaban en el TLCAN, van a estar en el TPP, o sea, lo que no faltó desmantelar, ahora se va a desmantelar, dicho sea de acuerdo a los datos que como resultado hay del TLCAN.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para rectificación de hechos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Desde luego, la decisión que tomó en orden, es correcta y así la reconozco.

Yo no quisiera dejar pasar muchas cosas que se han señalado aquí, porque me parece que Torres Corzo estuvo muy bien al final, digamos, cuando dijo que hay que estudiar. De manera que adelantar juicios no es lo más positivo, sino tenemos que comprometernos a estudiar y analizar, y les voy a decir por qué.

Sí es cierto, es libre comercio y recitamos una página del libro de x o z: el comercio genera beneficios, el intercambio es siempre positivo. Pero eso no es cierto, es un planteamiento general, y depende en qué condiciones se hace.

Y no olvidemos que el Tratado de Libre Comercio ha construido, con grandes esperanzas de quienes lo propusieron, un país absolutamente desigual, un país que no tiene industria, un país que está con un campo devastado, un país donde la acumulación de la riqueza es enorme y la pobreza crece, porque tenemos un modelo basado en estos planteamientos.

Cuando decimos que ya está abierto el comercio -lo dice Stiglitz-, un Tratado de Libre Comercio ya está hecho.

Aquí dice la Senadora Dolores Padierna, y dice bien, que ya tenemos relación con la mayoría de estos países. No, es que es peor de lo que hemos tenido. Eso es lo que hay que estudiar, es en lo que tenemos que ir a fondo.

No olvidemos que ésta es la profundización del Tratado de Libre Comercio, es más allá todavía. No olvidemos tampoco que es un documento, un tratado, un acuerdo que se negoció con las grandes trasnacionales del mundo, que son las que tienen el dominio y son las que se han beneficiado brutalmente de la globalización. Ellos son los que negociaron este tratado. Estados Unidos es el promotor y los actores han sido las trasnacionales.

Por eso comentábamos lo que yo señalaba que tiene este tratado y que fue producto de una discusión, de un foro inicial, que tuvimos aquí mismo en el Senado con gentes que han analizado las seis mil páginas de este tratado y que encuentran todo lo que está amenazando, la profundización del sometimiento de este país y del Estado mexicano a su casi extinción.

El solo hecho de que elimina toda posibilidad de los parlamentos, el solo hecho de que establecen garantías a los derechos de las farmacéuticas brutales, que han generado una angustia en todo el mundo, y está aprobado ahí, está firmado ya por Peña Nieto sin haber consultado a ningún sector mexicano, como no sea algunos empresarios.

Entonces, ese es un tratado que se ha negociado con y por las transnacionales y en la defensa de sus intereses, eso es lo que es. Pero eso sí, es público, así es. Son las transnacionales las que fueron, las que negociaron y las que estuvieron en este plan, nosotros estuvimos fuera de esta discusión.

Aquí se mencionó que Obama dijo que: “No iban a ser los chinos los que iban a escribir las condiciones”. Ni los chinos ni nosotros, porque México es un actor silencioso. Entonces, hay que tener conciencia de que un tratado que está impulsado por Estados Unidos para sus transnacionales, para una competencia hegemónica en torno del Pacífico, pues no es muy alentador para México, de ninguna manera.

Y esta discusión sobre la pérdida de derechos, el sometimiento del país ya sin ninguna limitación a los tribunales internacionales controlados por las grandes corporaciones, entonces no digamos o no presentemos en términos teóricos de que todo tratado es bueno, de que toda apertura del comercio es buena porque no necesariamente es así.

Es un tratado que firmó Peña Nieto a espaldas de los mexicanos, que nos han venido pasando poco a poco las informaciones, y que es, y la menor información en el mundo lo sabe, es un acuerdo para las grandes corporaciones que han sido las beneficiadas absolutas del mundo globalizado.

De manera que yo sí quisiera insistir y sumarme a Torres Corzo, vamos a estudiar, ¿verdad que es necesario? y no vamos a aceptar lo que se haya dicho en el Ejecutivo, que tampoco nos consultó nada, sino vamos a ver si esto nos va a llevar a mayor profundización de los enormes problemas que tiene este país por el esquema que nos ha sido impuesto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

No habiendo más intervenciones, pasamos al siguiente asunto.

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con los hechos ocurridos en el centro penitenciario de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy, el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.





 

MESA DIRECTIVA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Doy lectura al Acuerdo.



Está a su consideración. Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Si usted me permite ponderar ante ustedes, que pueda incluirse además de lo que usted nos ha señalado, que se atiendan por parte del gobierno del estado, respecto a este centro de privación de libertad de Topo Chico, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ese sería mi agregado, que son varias y todas trascendentales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por acuerdo de esta Mesa Directiva, se adiciona lo propuesto por la Senadora Angélica de la Peña, en los términos antes apuntados.



Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Puede intervenir desde su escaño o desde la tribuna, si así lo desea.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

“Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”.

Así como los neoloneses no reconocieron la historia de 30 años de militancia partidista, del hoy llamado gobernador independiente, y en consecuencia queriendo sacar a un partido político del gobierno, pusieron a uno de sus militantes en el mismo.

Igualmente, quienes no conocen y reconocen hoy, desde el gobierno, la historia penitenciaria de Nuevo León, hoy repiten los mismos errores.

¿A qué me refiero? En el 2012, en febrero, Nuevo León tuvo una tragedia de las mismas dimensiones, casi un poquito mayor a ésta, de más de 40 muertos en un motín en el Cereso de Apodaca, y las condiciones eran las mismas, supervisión estatal, o falta de supervisión estatal, hacinamiento y condiciones, que como ya se mencionaron, han sido condenadas por diferentes organizaciones de derechos humanos.

¿Y qué decisión se tomó? El gobierno estatal de ese entonces, y el gobierno federal de Felipe Calderón, firmaron un convenio para que las fuerzas armadas de nuestro país tomaran el control de los tres centros penitenciarios de Nuevo León e igualmente de los focos rojos de nuestra entidad federativa.

Ese convenio, como cualquier convenio, tenía una fecha de vigencia, que era septiembre del año pasado, justo a unos días del cambio de gestión en el Ejecutivo estatal.

Ni el gobernador saliente, Rodrigo Medina, ni el gobernador entrante, Jaime Rodríguez Calderón, ni el Ejecutivo Federal, tomaron las previsiones para renovar dicho convenio.

¿Y qué pasó? Desde octubre, noviembre, diciembre, enero y hoy febrero, la situación de inseguridad en Nuevo León se exponencializó, a grados de gran temor y de gran riesgo que se consideraban superados. Es decir, la comunidad ordinaria, el ciudadano de a pie resintió la falta de renovación de este convenio.

Y hoy, esa falta de renovación de ese apoyo militar, tiene a Nuevo León y a México en la mira internacional por esta gran tragedia penitenciaria.

Exigimos que se renueve este convenio. Exigimos que se defina claramente quién es el responsable de que no haya sido renovado, y en consecuencia, quiénes son los responsables de esta gran tragedia, que no es sino la gota que derramó el vaso, de estos cuatro meses de crecimiento en la inseguridad de Nuevo León.

Hoy, desde esta tribuna, hacemos un llamado de ¡ya basta! Ya basta a las campañas proselitistas, y por favor, que el gobierno de Nuevo León y su titular, se dediquen a lo que son llamados, que es a gobernar y a dar seguridad a los neoloneses.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Raúl Gracia.

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Si el orador me autoriza una pregunta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Le autoriza una pregunta, Senador Gracia?

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Mayans Canabal, por favor.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Senador, ¿usted sabe que el sábado y domingo no hay gobernador en Nuevo León?

¿Qué medida van a tomar los paisanos suyos para poner orden allá, y además, de que de dónde salen los recursos para tanto viaje, y estar paseando por toda la República, haciendo campaña de su gobernador? ¿sabía usted eso?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con su respuesta, Senador.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Parece que la pregunta no es para mí. Pero sí me sirve para marcar algo.

Muchos de los que hoy recriminan a esta figura de gobernador independiente, en campaña estaban felices pensando que con un ex priísta de 30 años iba a cambiar Nuevo León e iba a cambiar México.

¡Qué bueno que ya se dieron cuenta que se equivocaron! Seguiremos trabajando porque Nuevo León tenga un verdadero gobernador.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta madrugada en Monterrey, Nuevo León, desde luego que no obstante se trata de gente que estaba purgando alguna pena, debemos lamentar el fallecimiento de 52 personas en esta grave tragedia en Nuevo León.

El problema que yo destacaría en este momento es el hecho, es la distracción que todos sabemos, es la distracción en la que ha incurrido el titular del gobierno estatal, porque es una persona que ha caído o ha sucumbido ante el encanto de las redes, ha sucumbido ante la oferta o el ofrecimiento de una fama efímera que dan las redes; se ha distraído de su responsabilidad de gobernar, ya lo han dicho otros compañeros aquí en esta tribuna, se está dedicando a hacer giras por todo el país, descuidando la tarea fundamental que tiene, que es la de velar por la seguridad de su población.

El problema de la sobrepoblación en los penales de Nuevo León no es nuevo, sí es verdad, pero él lo conocía, su equipo de transición lo destacó como un tema a partir de que ganó las elecciones en el pasado verano, y sin embargo, pues lamentablemente seis meses después de esos hechos, donde ellos manifestaban estar al tanto de este problema, pues resulta que aparentemente no hubo una atención especial al mismo.

Y más grave aún es el silencio que guardó durante horas el gobierno del estado, manteniendo en zozobra a la población por no poder saber qué estaba ocurriendo en el interior del penal de Topo Chico.

A primeras horas de la mañana, el gobierno del estado se aventuró a decir que era prematuro dar cifras sobre las víctimas, ya sea fallecidos o heridos, que no había elementos para poder señalar eso. Sin embargo, también, de manera aventurada, pues señalaron que, en eso sí estaban en condiciones de afirmar, que no había habido una fuga.

Entonces, desde luego que es un gobierno del estado que no ha sabido estar a la altura de la responsabilidad que le dieron los ciudadanos de Nuevo León, me parece que es un hecho muy grave, y aquí, no quiero que suene como una crítica a los candidatos independientes, pero hay una, yo diría que hay una cuestión que debemos atender porque desde luego que un candidato independiente sabe que no tiene a quién rendirle cuentas una vez que acabe su gestión, pues porque no hay un partido que tenga que pagar los platos rotos, porque haya gobernado mal.

Entonces, hay ahí un vicio, me parece que eventualmente hay que ver de qué manera se corrige, pero hoy estamos viendo cómo esta figura, pues se tradujo en una distracción que lamentablemente ha costado vidas a medio centenar de mexicanos, lo cual no debió haber ocurrido, y en el grupo parlamentario del Partido Verde lo lamentamos y exhortamos al gobierno del estado a que ya no se distraiga, a que se enfoque a vigilar y a cuidar la seguridad de los neoleoneses.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, nada más para solicitarle al Senador Gerardo Flores, si acepta una pregunta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta la pregunta, Senador Flores Ramírez?

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias. Bueno, sin duda hay una competencia de responsabilidades. Sin duda, éste, que es un penal que se ubica, efectivamente, en el estado de Nuevo León, y que tiene que tener una línea de conducción, una línea de responsabilidad y de mando.

Y bajo ese esquema quisiera preguntarle, si nos pudiera ilustrar, ¿bajo qué autoridad se tiene el manejo del penal de Topo Chico?

Y en todo caso, ¿cuáles serían las autoridades responsables de rendirle cuentas, no solamente a los ciudadanos de Nuevo León, sino de todo el país, porque se trata de la pérdida de vidas humanas, de 53 mexicanos que alguien se tiene que hacer responsable?

Entonces, si me supiera responder.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Formule su respuesta, Senador Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con mucho gusto. Gracias por su pregunta, señor Senador.

Desde luego que es claro que este penal o el resguardo de este penal, recae dentro de la esfera de atribuciones del gobierno del estado.
Me parece que no hay vuelta de hoja en eso, y era obligación del gobierno del estado estar pendiente de eso, y comunicar lo que ahí ocurría, pues prácticamente, en tiempo real.

Hoy no podemos darnos el lujo de mantener periodos de silencio tan largos como el que lamentablemente ocurrió en Nuevo León esta noche. No debe volver a ocurrir.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con permiso, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea:

Independientemente de que en política, ni en la sociedad, nadie por sí mismo es una isla, y nadie se puede decir independiente. Siempre se cuestionó y se cuestiona esa forma que se ha creado, de mercadotecnia política, de llamarse independiente para tratar de llamar la atención del electorado.

Porque quien se dice independiente de un esquema republicano, en un esquema de división de poderes, en un esquema de poderes ejecutivos, el compañero, el personaje señalado aquí, detenta la titularidad de un Poder Ejecutivo estatal, pues la verdad incurre en un serio error.

Los convenios de coordinación en materia de seguridad pública que han designarse todas las intervenciones, todas las reuniones de alto nivel que deben llevarse a cabo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por supuesto, el orden, la tranquilidad, la institucionalidad en los centros penitenciarios, no pasan por una persona independiente; pasan por un funcionario público, por un servidor público relacionado con las diversas instituciones.

En el caso de Topo Chico, que es un penal vetusto, me parece ya completamente rebasado por los tiempos, se fundó a mediados del siglo pasado, y tiene una sobrepoblación importante, más del 150 por ciento de su capacidad real. Sí creo que es momento que la Federación intervenga y lo haga a fondo.

Casi todos los estados, las entidades federativas, aquí representadas, han registrado en su momento este tipo de actuaciones, este tipo de situaciones.

Se han registrado eventos fuertes en Guerrero, en Nayarit, no se diga Baja California, en Tijuana, mi tierra, donde hubo hace unos siete años un motín bastante cruento que no supimos nunca la real cantidad de muertos.

Y esto no se puede hacer de manera independiente, repito, esto se tiene que hacer con la actuación, con el concurso de todos los niveles de gobierno, de manera que, pues, sea éste un primer aprendizaje, un pequeño detalle que debe de tomarse en cuenta para que aquellos que aletean con el discurso éste de los independientes y que fomentan, inclusive, odios en contra de las instituciones políticas establecidas, pues que lo piensen muy bien porque aquí nadie por sí mismo puede ser una isla.

Asimismo, señor Presidente, si me permite, ojalá se pudiera extender nuestra sesión, a efecto de que pudiéramos llegar al momento de los puntos de Acuerdo, porque tenemos un asunto muy grave qué discutir y que ocurrió en el estado de Veracruz: Es el asesinato cobarde, como son todos, pero éste en un grado todavía superlativo, de una compañera periodista de nombre Anabel Flores Salazar.
Sí me gustaría apelar, señor Presidente, a su sentido común, porque son situaciones que no se pueden ya tolerar. Creo que debemos ya poner un fin a estas agresiones, que de manera frecuente y de manera artera se dan en el estado de Veracruz.

No pretendo, de ninguna manera, tomar un tema, si pedí la palabra por uno, entrar a otro, solamente llamar a su buen juicio, porque creo que sería importante escuchar las piezas parlamentarias que en esta materia se tienen.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Senado:

Aquí me tienen de regreso, y con el enorme gusto de saludarlos a todos ustedes.

Hoy, este día, con el apoyo a este punto de Acuerdo que se está planteando sobre los lamentables, lamentabilísimos hechos que ocurrieron en nuestro querido estado de Nuevo León, hechos que cobraron vidas, que dejaron víctimas lesionadas, muertas y que le han dado ya la vuelta al mundo.

Desde aquí, el grupo parlamentario del PRI quiere expresar, de manera solidaria, nuestras condolencias y desde luego, nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas, familiares que han sido doble víctimas, tienen el dolor de sufrir, de haber sufrido el encarcelamiento de un ser querido, y hoy tienen el dolor de sufrir la muerte de algunos de ellos, de muchos de ellos y las lesiones y las heridas que sufren algunos más.

¡Vaya! De verdad, nuestra más sentida condolencia para todos ellos.

Venimos a apoyar un punto de Acuerdo que busca exigirle, pedirle al gobernador de Nuevo León, explique por qué se dieron estos hechos, explique y le diga a la sociedad, con toda claridad, a qué se debió este lamentable hecho que dio como resultado las muertes que ya expresamos. Que nos diga, que le diga al Senado de la República, pero que sobre todo le diga a la sociedad de Nuevo León, a los habitantes de Nuevo León, a sus gobernados, si hubo una revisión al momento de su llegada al gobierno del estado de Nuevo León, una revisión acuciosa, exhaustiva, profesional y atenta, de lo que son las instituciones de seguridad.

Que explique desde el nombramiento de su secretario de seguridad hasta la revisión de los protocolos, de las acciones que las instituciones de seguridad tienen en el estado de Nuevo León, porque ese es uno de los primeros actos de gobierno que se llevan a cabo una vez que asume el mando de todas las instituciones de una entidad, y a partir de ahí, se debe de tener un diagnóstico que los lleve a revisar y a tomar las decisiones que correspondan.

Si ese diagnóstico se hizo y en ese diagnóstico había acciones inmediatas qué tomar, decisiones qué asumir, hay que explicarle al pueblo de Nuevo León si éstas fueron tomadas, y desde luego, por qué fueron tomadas, y si no fueron tomadas, el por qué no se hizo ninguna acción en este sentido.

Es importante que el gobernador de Nuevo León le diga al pueblo de Nuevo León y le diga a México entero qué acciones específicas en materia de seguridad, de manera especial, en materia de seguridad penitenciaria asumió desde el momento en que tomó el mando.

Las explicaciones que hasta ahora nos ha dado, lo que hemos leído en los medios de difusión, lo que le hemos escuchado en las entrevistas de radio y televisión, son verdaderamente insuficientes, absolutamente cortas y totalmente, totalmente inexplicables para un mandatario que debiera a estas horas del día haber dado mayores elementos que expliquen y señalen las razones de lo que sucedió en Nuevo León. Se perdieron vidas, se puso en riesgo la gobernabilidad del estado, se puso en riesgo la seguridad de los habitantes que están en el penal de Topo Chico, que rodean el penal de Topo Chico y que son regularmente, cuando estos hechos suceden, por fortuna no hubo fuga, pero, pues en ese desorden, en ese total descontrol del centro penitenciario, que se dio por horas, pues pudo haber pasado cualquier cosa.

La seguridad de los habitantes que rodean el centro penitenciario estuvo totalmente en total condición de vulnerabilidad.

Es importante que el gobernador de Nuevo León nos diga: ¿Qué está haciendo en Nuevo León, en materia de seguridad pública?

Nos preocupa, insisto, la insuficiencia de sus declaraciones, y nos preocupa mucho, sobre todo en el contexto de lo que está aconteciendo.

A lo largo, a lo largo de su mandato, del corto tiempo de su mandato, nos deja la impresión de que esta tragedia es producto de un gobernador que no está atendiendo su responsabilidad primigenia, que es gobernar para esa gran, gran entidad en la que la economía del país mucho descansa.

Es un gobernador que no está atento a lo que ocurre en su entidad. Sigue en campaña, ahora apoyando a los candidatos independientes de las entidades donde habrá elección.

Funciona, veamos el absurdo, funciona como presidente de un partido independiente, sea esto lo que signifique. Así es como está funcionando Jaime Rodríguez.

Y dice el compañero, y con razón: ¿De dónde se financia? ¿Con qué se mueve?

La segunda reflexión que debemos hacer, y me parece que es de la mayor importancia.

¿A quién, en estos casos, en el caso de las candidaturas independientes, a quién le cobra la sociedad la mala actuación de un candidato que ayer apoyó porque le generó expectativa y esperanza, y que hoy estamos viendo no cumple con los elementos mínimos indispensables con los que debe de cumplir quien tiene la altísima responsabilidad de gobernar un estado?

No hay detrás de él una institución, no hay detrás de él un partido, no hay detrás de él institución o partido que pague los costos de una mala actuación.

Es importante que hoy que tenemos la oportunidad de revisar cómo están actuando quienes llegaron por esta vía, una vía que aquí en el Senado de la República mucho apoyamos, es importante que definamos cómo la sociedad va a cobrar esa mala actuación.

¿Cómo la sociedad va a reclamar la incapacidad evidente, patente que está haciendo todos los días para gobernar?

De verdad, y hagamos esta reflexión: ¿Son los independientes la respuesta que el país merece?

Aquí dijimos: “Que la democracia representativa era ya insuficiente para atender los grandes reclamos y anhelos de la sociedad”.
Vale la pena que hoy discutamos, definamos y revisemos si esta vía, la vía de las candidaturas independientes son las que le van a dar respuesta.

Le pedimos al gobernador de Nuevo León saque las manos de las campañas de todo el país, deje su campaña para ser el candidato en el 2018, pendiente, y se ponga a gobernar ese gran estado. Ese gran estado lo merece.

Y cierto, aquí se dijo: “Que por 30 años fue priísta”. ¡Es verdad!

Nada más recordemos que no fue el PRI el que lo postuló. Llegó postulado como independiente y apoyado por una gran figura del PAN en ese estado, no por el PRI.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores:

Estamos frente a los acontecimientos del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, de Nuevo León, ante una crónica anunciada.

Si revisamos el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el funcionamiento de estos centros de privación de libertad en todo el país, encontraremos, de manera clara y precisa, cuáles son los puntos de preocupación que hoy derivaron en la tragedia que todo mundo conoce.

Y entonces no podemos ocultar que lo que dejamos de atender, la sobrepoblación, el hacinamiento, el gobierno por parte de las mafias en estos centros de privación, en éste, en particular, pues iba a derivar en la tragedia que hoy estamos viviendo.

Y quiero recordar, por cierto, que muchos centros de privación se encuentran en esas condiciones, ahí mismo, en Nuevo León, por ejemplo, la que aconteció no hace mucho tiempo, en 2012, en el centro de privación de Apodaca, donde también 44 personas internas mueren y alrededor de 30 internos se dan a la fuga.

Nunca habíamos tenido tan alto el número de personas asesinadas como el que enfrentamos en este centro de privación de libertad, pero, en serio, simplemente yo les pido a todas y a todos ustedes que verifiquen los diagnósticos de la comisión que año con año revisan y nos ilustran de cómo se encuentran los centros de privación federales y locales, la inmensa mayoría con cogobierno.

Además, en particular, por eso digo, ésta es una crónica anunciada que no podemos ocultar, es muy fácil echarle la culpa a quien hoy gobierna sin tomar en cuenta que esto viene de atrás, por ejemplo, del año 2009 al 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 26 recomendaciones relacionadas con faltas realizadas por personal de seguridad al interior de este centro de privación de libertad, de las cuales 23 recomendaciones advierten al gobierno estatal de que se deben atender estas faltas, particularmente los señalamientos a quienes están al frente del Centro de Readaptación Social.

Se menciona prácticamente, y quiero destacarlo con puntualidad, que se deben realizar acciones pertinentes encaminadas a suplir el déficit existente en el número de personal de seguridad y custodia.

Si hay un déficit en quienes están al frente, quienes tienen el resguardo de llevar el funcionamiento de un centro de privación de libertad, donde tienen internos de mafias que están enfrentadas, obviamente es muy fácil que repercuta en lo que hoy estamos viviendo, esto no se da de la noche a la mañana, y estas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no han sido, no fueron atendidas como se evidencia con los resultados que hoy todo el país conoce.

Por ejemplo, la Recomendación 20/2012 que atiende quejas de familiares de tres internos que murieron aparentemente suicidados por ahorcamiento, y ahí se pide a la Secretaría de Seguridad Pública del estado que efectivamente tome, haga una investigación escrupulosa de lo que está pasando.

En fin, hoy estamos signando todos los grupos parlamentarios un punto de Acuerdo que va dirigido a que, entre otras cosas, como lo propusimos hace rato, se tome, se atienda, seguramente la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hoy, en la persona de la Tercera Visitadora, está en Monterrey en este centro penitenciario, para que ciertamente conozcamos y respaldemos lo que seguramente van a recomendarle al gobierno estatal.

Pero, insisto, esto no es nuevo, viene desde hace mucho y así tenemos, por desgracia, varios centros de privación de libertad que hoy enfrentan hacinamiento, autogobierno, sobrepoblación. Las autoridades son figurones, porque quienes deciden ahí lo que acontece, son las mafias y tarde que temprano cuando se encuentran entre ellas, enemigos entre ellas, vivimos este tipo de tragedias que hoy a todo mundo preocupa, todo mundo nos escandalizamos.

Pero, insisto, esto no es nuevo, no se da de la noche a la mañana y, en todo caso, atendámoslo, hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra responsabilidad, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en ningún centro de privación de libertad del país.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Estamos hablando aquí de la masacre ocurrida en el penal de Topo Chico, en Monterrey, que ha costado la vida de 52 internos y al menos dejado a 12 personas más lesionadas, y se aprestan todos los grupos parlamentarios a condenar el hecho.

Sin embargo, esta masacre se inscribe en la grave crisis del sistema penitenciario que se vive desde hace muchos años. Nuestro sistema penitenciario tiene un grave problema de sobrepoblación, de hacinamiento, de violación constante de los derechos humanos de quienes están presos, porque no por estar presos dejan de tener derechos, de lo cual no nos hemos hecho cargo.

Y también hay una grave crisis en el sistema penitenciario que todo mundo conoce, que tiene que ver con la corrupción que permite que subsistan las mafias dentro de los reclusorios.

Ahora esto ha costado la vida de 52 personas, y es muy fácil condenar al Ejecutivo del estado por no cumplir con su deber, y además, utilizar el tema para decir que tiene que ver con los independientes que no tienen ninguna fuerza política que les respalde.

¡Qué fácil es condenar, cuando todos tienen una responsabilidad por ser parte del Estado!

Apenas en septiembre el propio Presidente del Senado, ante otra situación que tenía que ver con el sistema penitenciario, afirmaba que el sistema penitenciario en México está rebasado. Lo hablaba por la fuga del El Chapo, si recuerdan, y en ese entonces se afirmaba que desde el periodo anterior íbamos a concretar una ley que tuviera precisamente como fin resolver los problemas que tiene el sistema penitenciario.

¿Qué pasó?

Pasó el momento de la fuga del El Chapo, lo volvieron a recapturar y ya nadie se acordó de esa ley.

Ahora sucede esta masacre y venimos a esta tribuna a condenar el hecho, sin hacernos responsables de la parte que nos corresponde, porque como parte del Estado, el Senado de la República también tiene responsabilidad en esa masacre.

¡Qué bueno que hoy se trate este tema aquí en esta tribuna!, ¡qué bueno que lo estemos hablando!, pero que no nada más se quede en una exigencia, sin tener que hacer lo que también nos corresponde.

Y además, no confundamos el tema, esto no tiene que ver con los candidatos independientes y ciudadanos, sino con la falta de responsabilidad del Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:  Tiene usted el uso de la palabra Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Estamos en la discusión a favor o en contra del Acuerdo.

Permítame, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, por favor.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Me gustaría hacer algún comentario y precisar algún dato importante.

Desde 2013, en las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Gobernación se está trabajando en un tema que es fundamental, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretende y busca modernizar el sistema penitenciario mexicano.

Sin duda, es un tema que tiene muchas aristas, no es un tema fácil para legislar; el esfuerzo ahí está presente, llevamos ya un 90 por ciento de lo dictaminado; estamos ya con el pendiente último y estamos seguros que en la voluntad de quienes estamos trabajando en la Ley Nacional de Ejecución Penal, muy pronto estaremos llevando a las comisiones respectivas, la dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y hacer lo propio en el Pleno. Creo que esto va a dar un vuelco importante en la modernización del sistema nacional penitenciario.

Aprovecho para solidarizarme con lo señalado por la Senadora Graciela Ortiz. Exigimos al gobierno del estado de Nuevo León que asuma su responsabilidad, que se haga una profunda investigación, que se llegue a las consecuencias de los hechos y que se aplique todo el castigo de la ley a quienes resulten responsables.

Por otra parte, esperamos muy pronto estar ya dictaminando la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar.

Soy testigo directo del esfuerzo que está haciendo ese grupo de trabajo en la construcción de la Ley Nacional de Ejecución Penal, desde hace muchos meses.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente,

Yo creo que más allá de las valoraciones políticas que se han presentado en esta tribuna respecto al desempeño del actual gobernador y al conjunto del gobierno del estado, deberíamos plantear preguntas muy puntuales que ameriten una respuesta por parte del gobierno del estado de Nuevo León, en una situación trágica solamente equiparable a la dimensión que tuvo el motín en la prisión de Carandiru, en Brasil, donde fallecieron 112 internos en un enfrentamiento.

Estamos frente a una situación no solamente que pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, sino también cómo dentro de los penales no solamente hay una verdadera ausencia de autoridad, sino que los grupos criminales detentan el gobierno de los penales.

Y es lamentable que a estas horas del día el gobierno del estado no dé información puntual de los asuntos más elementales.

Primero. ¿Cómo es posible que haya existido un enfrentamiento entre población penitenciaria que estaba adscrita a distintos dormitorios?

¿Quién abrió las esclusas que permitieron la comunicación entre la población penitenciaria de estos dos módulos?

¿Qué papel desempeñaron los custodios que permitieron el tránsito y el enfrentamiento entre grupos distintos absurdamente ubicados en dormitorios colindantes?

Y, al mismo tiempo, que nos den la información de por qué la autoridad tardó, por lo menos conforme a la información que el propio gobierno del estado ha dado a conocer ahora, 5 horas para reaccionar en la contención de este enfrentamiento.

¿Fue un acto de negligencia? ¿Fue un acto de omisión? O, ¿fue un acuerdo para permitir el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que se están disputando el gobierno de este centro de readaptación? Que más bien es un centro de segregación social en nuestro país.

Yo creo que aquí el problema es más de fondo que la condena al gobernador. No solamente en esos momentos está consignada la anterior responsable del sistema federal penitenciario por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, sino que ahora tenemos evidencia de este nivel de descomposición en el sistema penitenciario, en donde no se han resuelto varios de los problemas pendientes.

Uno de ellos la revisión, efectivamente, del marco jurídico y legal, en donde el endurecimiento de las penas con el que se pretendió disminuir el alto nivel de incidencia delictiva en el país no logró su objetivo; y por el contrario, no solamente llevó a una sobrepoblación a todos los penales en nuestro país, sino que además llenó de jóvenes primo delincuentes y, particularmente, de gente que no tuvo los recursos para comprar su inocencia, la mayor parte de los penales del país.

Y cómo en este endurecimiento de las penas el cumplimiento de cuotas por la presentación de detenidos también llevó a muchos inocentes, como es el caso ampliamente discutido en los foros recientes sobre la regularización de la marihuana y otras drogas, para que estén detenidos jóvenes por consumo de droga cuando no está penado el consumo de ningún tipo de droga en nuestro país, son preguntas que tienen que ir al fondo del asunto.

Es inaceptable que a esta hora del día el gobierno del estado solamente haya informado sobre la identidad de 20 de los 52 internos asesinados. ¿Cuáles son los mecanismos de control de identificación de la población penitenciaria?

O que haya informado solamente de la identidad de 4 de los 5 heridos. Que no sepa cuál es el quinto herido, cuando debe de existir un registro muy puntual de la población penitenciaria; y una vez que ha sido controlado este enfrentamiento o motín, o lo que haya sido, porque todavía no queda claro cuál fue el móvil de este conflicto, no se tenga la información puntual.

Aquí hay problemas de negligencia, de omisión y de corrupción que debemos atender a fondo; y creo que corresponde a la Comisión de Gobernación, en particular, hacer el seguimiento de este caso, solicitar respuestas puntuales a los cuestionamientos y preguntas que aquí se han formulado, y demandar que el gobierno de Nuevo León dé respuesta puntual con un agregado, ¿cuál es el nivel de coordinación y el papel con la autoridad federal, toda vez de que ese penal estuvo bajo resguardo de fuerzas federales, particularmente de la Marina Armada de México, y posteriormente, en esta transición de gobierno, a la autoridad local?

¿Cuáles son los mecanismos de coordinación para atender a quienes están detenidos por la comisión de delitos del fuero federal y los del fuero común, en donde en esta disputa de bandas, se reporten hasta los internos que llegan a ese penal y que no tienen ninguna adscripción a alguno de los grupos delictivos?

Creo que es un problema de fondo, hay que analizarlo en particular, pero tomar medidas puntuales para resolver todos estos problemas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Primero que nada, lamentar esta terrible tragedia ocurrida en el penal de Topo Chico y solidarizarnos con las víctimas de estos hechos.

Ya el compañero Senador Raúl Gracia expresaba cuál es la posición del grupo parlamentario del PAN, en cuanto a clarificar y establecer las responsabilidades de los dos niveles de gobierno y, sobre todo, del gobierno del estado de Nuevo León; y la explicación acerca de por qué no se atendió este convenio que se había celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional, justamente a partir de la problemática ocurrida en el mismo estado en otro penal.

Decir que, efectivamente, el Senado de la República está trabajando desde hace meses en la configuración de una Ley Nacional de Ejecución Penal.

Decir también que fuimos los Senadores del PAN quienes suscribimos una de las iniciativas de reforma constitucional para que el nuevo sistema penal acusatorio dejara de tener una vigencia estatal y federal y se convirtiera en una Ley Nacional de Ejecución Penal, que ya sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Decir también que ha habido mesas de trabajo para analizar esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal durante varios meses en comisiones unidas, en donde se ha avanzado en un proyecto de dictamen que está ya a la vista de quienes formamos parte de las comisiones relativas.

Decir también que fue Acción Nacional uno de los que propusieron una de las iniciativas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que justamente en este momento se analizan conjuntamente con otras iniciativas, entre ellas una suscrita por Senadores de todas las fuerzas políticas.

Es una prioridad que esta ley salga adelante, pero también es importante que se escuche la voz de expertos en el tema.

Se ha venido enriqueciendo este dictamen con la visión de la Comisión de Derechos Humanos y de expertos en el tema.

Éste es un tema que para nosotros, como grupo parlamentario, es importante y lo marcamos dentro de nuestra agenda legislativa como un asunto prioritario; y en ese sentido, hemos seguido trabajando para que esto se consolide y, efectivamente, tengamos esta ley que vendrá seguramente a ayudar en el problema que tenemos en nuestro país en materia penitenciaria.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores.

Es necesario que sucedan acontecimientos como los que se registraron, y que estamos comentando, en el penal de Topo Chico, que sucedan fugas como las de “El Chapo” Guzmán, para que se revise a profundidad cómo están funcionando los penales en México.
Si realmente están cumpliendo con su objetivo de reinserción, o sólo son escuelas del crimen en donde se especializan los inocentes que se les fabrican delitos; no son criminales, pero salen especialistas en algún delito.

Los ejes para lograr la reinserción están claros: el respeto a los derechos humanos de quienes ahí ingresan, el respeto del trabajo y la capacitación del mismo, la educación, la salud y el deporte. Es decir, estos ejes plantean que la persona que llega ahí por una situación de haber delinquido, tiene la posibilidad de modificar su conducta a partir de aplicar estos ejes.

Pero, ¿cuál es la situación que se vive en casi todos los penales del país?

Aquí ya se ha mencionado, hay hacinamiento en casi todos los penales de México, y  esto genera una situación de enfrentamientos, de roces permanentes entre los que ahí viven esa condición. Hay una mezcla de inocentes con criminales; y estos inocentes son los que muchas veces pasan situaciones que no saben enfrentar porque no son criminales.

El ejemplo más claro lo tenemos con los maestros que están en el penal del Altiplano, señalados de situaciones que, hasta la fecha, no se les han podido comprobar.

O el caso de las estudiantes normalistas que, imagínense, fueron a parar al penal de Michapa, en Coatlán del Río, treinta jóvenes que no rebasaban los 20 años y que fueron a parar a un penal de alta seguridad.

El tráfico de drogas es lo común; y lo que aquí se planteaba, también, el tema del auto o de los autogobiernos, hay una disputa permanente en los penales de México porque no se ha querido atender el tema de fondo: la corrupción, de la que tanto se habla en este Senado, pues no ha sido posible trastocarla en los penales de México, tanto de quienes los dirigen como de los propios custodios que se deben de encargar de lo que ahí sucede.

Existe delincuencia organizada; y hoy, yo creo que la descalificación no es lo que va a sacar adelante el problema penitenciario en México, se tiene que revisar a profundidad qué cosa es lo que pasó ahí; es decir, se debe de abrir una investigación a fondo para conocer la verdad histórica y poder deslindar responsabilidades.

Se ha ocultado información, hay que ver ¿cuál es la causa de este ocultamiento de la información y quién lo está haciendo y por qué? ¿Quiénes son los muertos? ¿Todos son reos o hay custodios también? Hasta ahora, las últimas noticias plantean que se han ubicado a 20 de los 52, pero no han dicho si son de un bando, me refiero a los que cuidan o a los que están ahí recluidos. Hay un pleito entre dos grupos del penal, pero solamente hubo reos muertos, ¿cuáles fueron las causas que motivaron el problema? Es decir, como señala el compañero Senador Encinas, hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre este problema y que se tienen que contestar estas preguntas a partir de abrir una investigación a fondo.

¿El sistema penitenciario en México está en crisis? Por supuesto, lo que pasa en Topo Chico es una situación que se da en casi todos los penales del país.

En Morelos hemos tenido fugas de reos, hemos tenido enfrentamientos en el penal de Atlacholoaya, pero el asunto no se compone, el autogobierno existe, existe la corrupción; y mientras éstas no se ataquen de fondo, difícilmente vamos a poder resolver el problema de los penales en México y estas tragedias seguirán ocurriendo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que todos en el Estado mexicano, los que tenemos una función pública y tenemos parte de la responsabilidad de que el sistema integral de justicia, y que incluye al sistema penitenciario como tal, todos debemos de asumir esa parte de responsabilidad, pero hay de responsabilidades a responsabilidades.

Y en esta ocasión estamos hablando de una negligencia criminal por parte de quien, en teoría, y repito, en teoría, es el encargado del Poder Ejecutivo en el estado de Nuevo León.

Él mismo, en sus primeras, tardías y titubeantes declaraciones dice que esto fue una batalla campal entre los grupos de los Zetas y los del Cartel del Golfo; es decir, él mismo identifica que dentro de ese penal están recluidos peligrosos delincuentes de estos grupos mafiosos.

No obstante ello, y a pesar de ello, como dijeron mis compañeros Senadores Raúl Gracia y Alejandro Encinas, ¿qué demonios tenían que estar fuera de sus celdas a las once y media de la noche todos estos reos? ¿Quién y por qué les abrió las puertas? ¿Quién vigilaba, qué hacían? No intentaron fugarse, se mataron a pedradas, a palos, entre ellos, y fue tardía la presencia y la respuesta de la policía local.

¿Quién demonios fue el que ordenó que no se ratificara o renovara el convenio con el Ejército Mexicano que se había suscrito precisamente para resguardar ese centro de readaptación social?

¿Fue Rodrigo Medina?

¿Fue el nuevo gobernador, Jaime Rodríguez Calderón?

¿Fue Medina por instrucciones o a petición de Rodríguez Calderón en la transición?

Y no es que estemos criticando las figuras de los independientes, pero que tampoco se adornen los independientes que son la salvación de México.

Lo que está quedando claro y en evidencia es que aquí se necesita de instituciones, de toda una estructura y de la colaboración entre Poderes, que no se puede enfrentar a la delincuencia solos.

Y lo que es criminal, además de esta muy lamentable tragedia, es ver a un gobernador itinerante que pareciera, o se cree todavía en campaña. Anda por todo el país, anda pontificando, se pelea con López Obrador, ya se apuntó para el 2018.

Esas distracciones pasan a cobrar factura y claro que hay muchos otros responsables, y el hacinamiento en los penales y el estar mezclando o combinando reos de alta peligrosidad con los de baja peligrosidad. Claro que hay muchos problemas y claro que tenemos que avanzar en la legislación y todo el sistema.

Pero esto pudo evitarse, esto es una negligencia criminal; y criminal también es la tardía respuesta informativa, no pueden pasar nueve horas. Tan dado que es a las redes sociales “El Bronco”, y ni un Twitter puso para informar o por lo menos para expresar sus condolencias, cero sensibilidad.

Y luego, obviamente, la gente, los familiares apostados en las puertas del penal pidiendo una cosa, una sola cosa, información: díganme quiénes son los que murieron; díganme si mi hijo, mi esposa, mi tío, mi hermano, están ahí.

Son incapaces, dan una conferencia de prensa hora y media después de lo que habían ofrecido y no aceptan preguntas, ni siquiera de los medios de comunicación.

Es tragedia tras tragedia. Eso pasa cuando no se asume a cabalidad la responsabilidad.

Nuevamente quiero expresar nuestro más sentido pésame para los familiares de las víctimas de esta tragedia.

Obviamente, apoyamos este Acuerdo; y solicito una cosa muy concreta, que se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para los efectos conducentes.

Sí, necesitamos que den cuentas, necesitamos que se deslinden responsabilidades y, obviamente, reprobamos que, por negligencia, se hayan perdido estas 52 vidas humanas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Me parece que este Senado ha respondido de manera oportuna a los lamentables hechos de Monterrey, en el Penal de Topo Chico.

Pero también debo decir, con mucho respeto y mucho cuidado, que se ha hecho abuso de esta tribuna.

Aquí sí debemos de exigir el esclarecimiento de lo que allá ocurrió, sí, claro que sí. Hay 49 personas fallecidas, ya hay una corrección de 52 a 49, que es la última noticia. Hay otro número de personas heridas y, sin duda, hay hechos de corrupción en el penal de Topo Chico, hay un mal manejo de esta crisis, que todos lamentamos también, de parte de la autoridad. La mejor forma de transitar en una crisis es dando información; y los hechos que ocurrieron a partir de las 23:00 horas del día de ayer se han manejado de manera casi secreta.

Yo espero que no se estén acomodando las cosas para que se cree una verdad histórica en el caso de Topo Chico, como luego ocurre, se acomodan las cosas para dar la versión oficial.

Ahí tiene que haber un deslinde de todo lo que ocurrió y que demuestra el deterioro, la descomposición del sistema penitenciario mexicano, tanto del ámbito federal como en los estados. Claro que sí.

Es la primera gran bronca de “El Bronco”, y es un asunto que, desde luego, tiene que ver con el gobierno que está instalado. Pero no hagamos, de verdad, una crítica destructiva, sólo por visiones político-electorales, no pongamos énfasis en los temas que no son los que hoy son del interés y no aprovechemos las circunstancias para reproches y para cobrar facturas políticas.

Eso no hace ver bien al Senado de la República.

Exijamos el esclarecimiento de los hechos, veamos si hubo negligencia de parte de la autoridad, pongamos énfasis en cada detalle para que se pueda conocer la verdad de esta tragedia de 49 muertos.

No nos acostumbremos a ver noticias de tragedias humanas como ésta y que ya no nos conmueva o que ya no nos provoque incomodidad, seamos reclamantes oportunos, pero no aprovechemos esta oportunidad política para hacer la crítica política del que es el gobernador. Eso tampoco es de políticos que están actuando con toda la responsabilidad en este asunto.

Claro que sí, que se determine cada una de las responsabilidades de quienes ahí estuvieron, que se nos explique por qué en la transición de este gobierno local se asumió el control de este penal dejando a un lado el control federal que sobre él se tenía.

La Federación tiene que también involucrarse, la Federación tiene que involucrarse porque en este reclusorio se encuentran procesados por delitos federales, condenas impuestas por juzgados federales, seamos solidarios con las familias de las personas fallecidas, las familias de las víctimas, ahí hay dolor humano, ahí hay tragedia, muchos de los detenidos en las cárceles mexicanas son detenidos porque no pudieron pagar la defensa que los hubiera puesto en libertad.

Seamos solidarios con el dolor y no seamos quienes vengamos a tribuna a aprovechar una oportunidad política para hacer la crítica, sólo política, de quien es el gobernador.

No defiendo a “El Bronco”, no, claro que no. Tiene que dar cuenta de las cosas que ocurrieron. Sí, tiene que dar cuenta de las cosas que ocurrieron, pero que no hablemos ahorita de sus aspiraciones, que no hablemos de sus rivalidades, que no pongamos ese énfasis de lo que no debe de verse en este momento.

Gracias a todos ustedes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

¿No hay más oradores inscritos? En consecuencia, pondremos a votación el Acuerdo con tres modificaciones que han surgido en el curso del debate.

En primer lugar. A propuesta de la Senadora Angélica de la Peña, incluir un resolutivo en el cual se exhorta a que se atiendan y acaten las recomendaciones en materia de derechos humanos que se han girado en torno a la situación penitenciaria en el estado de Nuevo León.

En segundo lugar. Derivado de la propuesta que hizo el Senador Javier Lozano Alarcón, que el asunto se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para su seguimiento, conforme a las respectivas atribuciones legislativas y de control de dichas instancias parlamentarias.

En tercer lugar. La precisión sobre el número de víctimas en razón de la evolución de las noticias que hemos recibido del estado de Nuevo León, dado que la primera versión señalaba al parecer un número de víctimas mayor, y que se ha ajustado a través de distintas versiones oficiales del propio gobierno.

Con estas tres modificaciones, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que ha sido presentado y debatido.

Sonido en el escaño de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo solicitaría, de la manera más atenta, que este asunto también fuera turnado a la Comisión de Justicia.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto, Senadora Pineda Gochi.

Se turnará, en consecuencia, a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y Bicameral de Seguridad Nacional para los efectos de seguimiento en función de las atribuciones legislativas y de control del Senado y del Congreso.

Continúe la Secretaría con la votación.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, apelo a su sensibilidad.

Que bien que se haya tratado de inmediato un tema sensible como el de Topo Chico, pero también creo que hay otros temas que nosotros seguimos posponiendo, como es el tema de la periodista Anabel Flores y, también hoy es un tema de actualidad, el avión presidencial.

Yo quisiera nada más, me permitiera, aunque sea desde mi escaño, hacer un comentario porque, si bien es cierto, yo no estoy defendiendo a nadie, creo que esto se tiene que investigar.

Pero dicen por ahí, mi compañera la Senadora Graciela, que el problema es que no tiene una infraestructura, un respaldo de partido el gobernador de Nuevo León; pero el de Veracruz sí lo tiene. ¿Para qué le sirve el PRI? De tapadera, porque Veracruz vive un infierno, y lo que está sucediendo es que buscan a 5 y encuentran a decenas.

Y en el caso de Anabel, lo más grave es que se le está criminalizando. Por eso presentamos un punto de Acuerdo que se pospone y se pospone, y somos varios Senadores que lo hemos suscrito, junto con el Senador Yunes, con el Senador Blásquez, también por mi parte y otros Senadores más.

Nosotros tenemos que exigir justicia para Anabel. No es posible que se le quiera hoy relacionar con el narcotráfico, esta es la forma que tienen, las estrategias que usan los gobernadores para lavarse las manos.

El fiscal salió a explicar que se basaba en los Twitter, en las redes sociales. Ahora resulta que ya no investigan, sino rumorean, y esto nos parece todavía más doloroso.

Y yo nada más quisiera exigir que se aplicaran las medidas cautelares para Anabel, para los familiares de Anabel, para los periodistas que están investigando el caso, para los comunicadores que siempre están viviendo esta zozobra en Veracruz y también ahora para Álvaro Delgado, de Proceso, que ha recibido una serie de tuits amenazándolo de muerte.

Y nada más, otra reflexión, porque qué contraste, mientras en el hogar de Anabel hay luto, en Los Pinos hay fiesta. ¡Claro! Porque, pues por eso no ha tenido tiempo de enviar un Twitter.

Ahí dijo mi compañero, no envió el señor Bronco ni un Twitter de condolencia, tampoco Peña Nieto, igualito. ¿Cuál Twitter de condolencia para los familiares de Anabel, para los de Tierra Blanca? Entonces, ahí no sabemos nada de él. Pero no le podemos pedir nada, hay que comprenderlo, paciencia, está estrenando su Casa Blanca voladora.

Y sí valdría la pena hacerle algunas precisiones a sus imprecisiones, porque él sí tiene los medios de comunicación para venir a decir verdades a medias, es experto en las verdades a medias, pero todavía más experto en las mentiras históricas; y ayer dijo que fue casi un exhorto del Congreso.

No fue el Congreso, fue la Cámara de Diputados la que exhortó, en ese entonces, en el 2011, a la Presidencia para que se renovara el avión presidencial y las aeronaves de presidencia. Pero nunca se habló de montos y menos de lujo, como dice el periodista Rafael Cabrera.

Y dice que se compró en el periodo de Calderón. Mire, es verdad a media. El contrato se firma, no fue en el 2011, como él dice, fue en el 2012, y se firmó el 12 de noviembre, 18 días antes de que tomara protesta el señor Peña Nieto.

Y el contrato decía que él iba a diseñar todo el interior del avión; y claro, el avión no se pudo entregar en el 2014 porque no se acababan las adecuaciones para que realmente resultara a la altura, digno de un Sultán, como él parece que se comporta.

Y nada más para terminar. Creo que es ofensivo, porque estamos en el umbral de un desastre económico, inflacionario, de pronósticos reservados.

Hay una crisis de derechos humanos. Su prestigio, como nunca ha tenido un Presidente de la República, les digo, a la altura del Betún, y en lugar de presentarnos un planteamiento para enfrentar esta crisis, resulta que lo que sale a presumir, sí, ya concluyo, todavía no tengo 5 minutos, sale a presumirnos su avión faraónico, pues eso es tener el tacto de un mamut.

Es imprudente, es frívolo, es un insulto a los ciudadanos y exigimos que atienda los asuntos urgentes, nada más, que se proteja a los periodistas. El periodismo se ha convertido, en nuestro país, en una profesión de alto riesgo, una profesión extrema.

Y los periodistas valientes cuando escriben ya no lo hacen con tinta, ahora los obligan a escribir con sangre.

Gracias por su comprensión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tengo solicitud, desde su escaño, de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Declino, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Declina?

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco su buen juicio.

Como presidente de la comisión respectiva, sí quiero solicitar, lo hice a través de un punto de Acuerdo compartido con el Senador Yunes Márquez, que se ejerza la facultad de atracción en el caso del asesinato de la compañera Diana Flores Salazar. Lo considero así porque definitivamente ella fue asesinada por acciones que tienen que ver con su profesión.

Segundo. La investigación de su homicidio, por cierto artero, está dentro de un esquema de investigación impropio, que es el del gobierno del estado de Veracruz. Yo creo que no es lógico, no es sano que el fiscal de ese estado investigue un asunto tan trascendental y que suma 19 ya el número de periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador Duarte.

Asimismo, quiero pedir de manera pública que se proteja, a través del mecanismo de gobernación, ya lo hice a través de un oficio confidencial a todos los periodistas que están siendo amenazados como consecuencia de este asesinato, porque al investigar los compañeros ya están siendo asesinados, y por supuesto, que se ponga mucho cuidado en el tema del compañero Álvaro Delgado, de la revista Proceso, que ha recibido tres o cuatro amenazas a través de mensajes de texto y que tienen que ver absolutamente con el ejercicio de su profesión.

Además, señalar a lo que decía el compañero Senador Barbosa, que algunas cosas no se valen; y yo creo que no se vale que sí estemos abordando un tema tan importante como es el del penal de Topo Chico, y mandemos a una pequeña ventana, sino es que una rendija, un tema tan importante y sentido como es el de la libertad de expresión y sus consecuencias en este país.

Por lo mismo, a la Asamblea, a usted como un abogado prestigiado, quiero recordarles que tenemos pendiente la fiscalía autónoma, no especializada, que investigue esos crímenes; porque mientras no tengamos un fiscal autónomo de presupuesto, autónomo de burocracia y autónomo de línea política que investigue estas masacres, vamos a seguir navegando en círculo, como inclusive ya ocurrió en el caso de Rubén Espinosa con la procuraduría de esta ciudad.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Las dos proposiciones que han sido invocadas por los Senadores que han intervenido, están incluidas en el Orden del Día, lamentablemente por el curso de la sesión no hemos logrado abordarlo para su presentación.

Les consulto si, en consecuencia, aceptan que se turne directamente a las comisiones, a efecto de que el dictamen pueda irse construyendo y eventualmente la discusión pueda darse por esa vía en el Pleno.

Mantienen su solicitud de que se presente en el Pleno en el momento procesal oportuno.
Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que dicho asunto se incorpore a la agenda de este día.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, dé lectura la Secretaría al Acuerdo presentado.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

EXCITATIVA

A petición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, esta Presidencia emite atenta excitativa a las comisiones correspondientes para que presenten el dictamen al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 102 constitucional.

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo 1, inciso g) y 122 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta EXCITATIVA PARA QUE SE ELABORE EL DICTAMEN FAVORABLE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El asesinato de la reportera veracruzana Anabel Flores Salazar es la prueba de que se requiere mayor agilidad y sentido de oportunidad por parte de la Procuraduría General de la República en la investigación de delitos en agravio de periodistas y medios de comunicación. Del catálogo de medidas legislativas adicionales que se pueden adoptar para que el Agente del Ministerio Público de la Federación desarrolle una capacidad de respuesta idónea en casos como el del allanamiento de la morada, privación ilegal de la libertad y posterior ejecución de Anabel Flores Salazar, destaca el de dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión.

Por ello, con el propósito de elevar el nivel de seguridad de los periodistas y medios de comunicación en nuestro país es que me permito solicitar se proceda al estudio, análisis y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 102.- A...

...

I...

...

II...

III...

...

IV...

V...

VI...

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de atención a delitos contra la libertad de expresión, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El Fiscal General podrá solicitar al Senado de la República por causa justificada la remoción de dichos funcionarios, la cual se decidirá por el mismo voto calificado.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 



 

Compañeros Senadores: hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieran su segunda inscripción, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con la siguiente:

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS

La federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos tiene a su disposición recursos económicos para la construcción de obra pública, tal encomienda está regulada por una serie de instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para darle forma a dicha atribución.

Todos conocemos que estos ordenamientos son generados a través del proceso legislativo que invariablemente emana de nuestra Carta Magna y presentan una materia reservada como es el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene su fundamento en el artículo 134 constitucional que eleva a rango constitucional la materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes así como la prestación de servicios de toda naturaleza.

Entre otras disposiciones el artículo de referencia señala:

… la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El precepto también nos indica que las acciones que se realicen en la materia deberán hacerse dentro de un marco de actuación que asegure “que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

De modo que podemos notar que la contratación de obra pública es un tema que ha adquirido relevancia ya que, invariablemente, tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos lo que se traduce en una especie de efecto multiplicador que tiene impacto sobre el campo económico a la vez que repercute directa e indirectamente en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública.

Los dos ámbitos en los que se circunscribe todo lo relacionado con los procesos contratación de obra pública son el jurídico y administrativo-organizacional, que tienen por objetivo el de regular, definir y determinar el quehacer de la gestión pública en lo relacionado a la planeación e instrumentación del procedimiento de dichas contrataciones, por lo que se requieren una serie de medidas y acciones que enmarquen estos mecanismos a fin de tener elementos de prevención y corrección de circunstancias que posiblemente vulneren todo este esquema.

En la presente propuesta pretendemos dar los argumentos para que uno de estos ordenamientos se modifique a efecto de poder asegurar que este esquema se encamine a dar prioridad a contratistas mexicanos bajo el principio de regionalización y con especial énfasis en procurar el impulso al sector social de la economía. A fin de lograr que estos recursos federales tengan como primera opción de destino compañías de índole local.

En relación con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución deposita en el Estado la responsabilidad del desarrollo nacional con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional tomando como base, entre otras, la competitividad, el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución del ingreso y la riqueza; para que cualquier individuo, grupo o clase social tenga las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico.

El ordenamiento constitucional de mérito también señala, en sus párrafos séptimo y octavo:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Es en este punto donde encontramos que el gobierno tiene la obligación de promover un crecimiento económico a través de principios como la regionalización y el impulso al sector social de la economía.

Por lo que creemos que estos dos principios deben integrarse al esquema normativo que enmarca la contratación de obra pública y los servicios relacionados con las mismas, para lograr que los recursos públicos otorgados a este rubro se encaminen a impulsar el desarrollo económico regional y local a través de priorizar como sus potenciales depositarios a grupos empresariales locales en concatenación de lo que dispongan los programas anuales de obra pública, es decir, que el gobierno ejerza su gasto dando mayor importancia a empresas mexicanas regionales, buscando un doble efecto, ya que también se estaría beneficiando al sector social de la economía.

Lo anterior, en virtud de que cualquier grupo económico social debidamente conformado tendrá consideraciones especiales en cualquier proceso de contratación de obras de infraestructura pública.

En virtud de lo anterior, queremos destacar que el propósito nodal de esta iniciativa es el de apuntalar al sector empresarial mexicano de la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia obras públicas con un carácter local.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) tienen como una  de sus características la falta de oportunidades para generar desarrollo por lo que sostenemos que a través de este proyecto el Estado asumirá en una mayor proporción su responsabilidad de asegurar y fomentar la competitividad y desarrollo de las mismas incluyendo obligatoriamente el principio de regionalización para que por ningún  motivo se margine a este sector en el tema de las contrataciones.

Si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas considera una serie de criterios mediante los cuales pretende dar un trato especial a estas empresas aún hace falta que estos mecanismos se consoliden y se dirijan por razón de ley al principio de regionalización a fin de que las compañías referidas sean beneficiadas en un mayor número y sobre todo respondiendo a su carácter local.

En este sentido el artículo 9 de la Ley de mérito en lo conducente señala:

Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de empresas resultan de gran relevancia para el sector económico en México, ya que ante la ausencia de un verdadero gobierno rector de la economía, estos grupos empresariales representan un pilar de la economía, un eslabón fundamental e indispensable para el desarrollo del país tanto por generar empleos como por crear riqueza.

De manera tal, que resulta imperativo que el ejecutivo federal consolide más mecanismos para estimular las labores que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país ya que por el papel que están jugando en la economía nacional merecen una atención efectiva, ya que en los hechos no hay un verdadero interés por parte de las administraciones por cumplir de manera cabal las responsabilidades legales frente al sector mencionado.

Por lo que creemos que la inclusión del principio de regionalización abonará para que la autoridad cumpla con sus atribuciones en la materia de una manera más definida y con un objetivo específico: impulsar el desarrollo de las empresas locales y con esto se dará un mayor impulso al sector social de la economía.

Lo anterior, basados en el "Principio de no Discriminación" a las empresas que deseen participar en alguna licitación pública emitida por el gobierno mexicano; además de establecer la obligación de otorgar a todas las compañías las facilidades para su participación.

Lo anterior viene a colación en virtud, de que a nivel internacional nuestro país a suscrito tratados que se sustentan en una legislación de avanzada en materia de licitaciones públicas encaminada a abrir la participación en dichos procesos a compañías extranjeras; y dentro de su propio territorio a dejado a su suerte al sector local de la micro, pequeña y mediana industria, al no otorgarle las condiciones jurídicas indispensables para su pleno desarrollo y crecimiento al no lograr beneficiarse del todo en los procesos de contratación de obra pública y cualquier servicio relacionado con las mismas.

Ahora bien, la Ley de mérito en su artículo 30 determina el carácter de las licitaciones públicas en nuestro país, para pronta referencia citamos algunas de estas disposiciones:

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente;
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, o

Logramos observar que existe un cuidado en estipular que el origen de las empresas sujetas a concurso mayoritariamente tiene que ser mexicanas. Sin embargo, esta condición no define bien el tipo de empresa, situación que ha valido para beneficiar solo a algunas compañías mexicanas, cuando la Ley deja abierta la posibilidad a cualquier empresa.

Esta es precisamente la problemática a resolver en la presente propuesta, a saber: las administraciones públicas federales se han servido de esta particularidad para favorecer a ciertas empresas y sectores.

Haciendo a un lado de prácticamente todos los procesos de licitación a las micro, pequeñas y medianas empresas de índole local dificultando su desarrollo y sin tomar en cuenta que es en sector preponderante en la economía nacional.

De modo que integrando al precepto legal la obligación de incorporar de forma prioritaria al sector empresarial de mérito con base al principio de regionalización, pretendemos dar solución a esta circunstancia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Único.- Se adiciona una fracción al artículo 17, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 17. …

I. …

II. …

III. …

IV. Lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución en lo relativo a la expansión de la actividad económica del sector social y el principio de regionalización a fin de dar prioridad a la contratación de empresas locales.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

MONICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho que los adolescentes y jóvenes tienen que tomaren algún momento decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, mismas que pueden ser cruciales para su vida. Sin embargo, la realidad y los datos arrojados por diversas investigaciones nos muestran que la mayoría de los adolescentes y jóvenes carecen de los conocimientos e información necesaria para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, y se exponen a los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Sólo con una educación sexual integral, con programas que los preparen para la vida y basados en los principios de derechos humanos los adolescentes y jóvenes tendrán los elementos para tomar decisiones fundamentadas sobre su sexualidad y salud. El derecho a acceder a una educación integral de la sexualidad está basado en uno de los derechos humanos fundamentales y representa un medio de capacitación de los adolescentes y jóvenes para proteger su salud, su bienestar y su dignidad.

Es nuestra responsabilidad como sociedad, impulsar las acciones y medidas necesarias que pudieran tener un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes antes que inicien su actividad sexual, y una que sin duda cumple con estas características es la de integrar la educación en sexualidad al currículo, asegurando que ésta sea impartida por maestros y maestras especializados.

Es importante reconocer que a pesar de la permanente crítica a su desempeño, los maestros y maestras continúan siendo fuentes confiables de conocimientos y habilidades, constituyendo recursos altamente valorados en la respuesta del sector de educación frente a problemas como los embarazos de adolescentes y enfermedades de trasmisión sexual.

La principal meta de una educación en sexualidad debes ser el aportar a niños, niñas y personas jóvenes el conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsablemente su vida sexual, en un contexto en el cual la ignorancia y la información errónea pueden representar una amenaza para la vida.

Considero que la educación en sexualidad es parte de la responsabilidad que deben asumir las autoridades y establecimientos de salud y educación, ya que de acuerdo con los estudios realizados las personas jóvenes viven su primera experiencia sexual mientras aún asisten a la escuela, hecho que confiere a este entorno aún más valor en cuanto a representar una oportunidad para impartir educación acerca de la salud sexual y reproductiva.

En la mayoría de los países, los niños y niñas, pasan una parte importante de su tiempo en la escuela. Por esta razón, la escuela constituye un espacio privilegiado para llegar a los jóvenes de distintos estratos sociales con metodologías replicables y sostenibles, además de que las escuelas ya cuentan con la infraestructura apropiada y con una fuerza docente que representa una fuente de información confiable y con los recursos para impartir programas de largo plazo a través del currículo aprobado por las autoridades educativas.

Asimismo, por el hecho de representar establecimientos confiables capaces de vincular a niños, niñas, padres, madres, familias y comunidades con otros servicios (por ejemplo, servicios de salud), las escuelas pueden funcionar como centros de apoyo social.

La incorporación de la educación en sexualidad se justifica en la evidencia derivada de diversos estudios sobre la problemática relacionada con los embarazos en adolescentes y en los patrones de comportamiento sexual observados entre jóvenes (incluso entre quienes son más vulnerables) junto con otros estudios sobre factores específicos asociados con el riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/ITS.

Las tasas de fecundidad por edad estimadas con información de la ENADID 2014, muestran que en el trienio 2011 a 2013 las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tienen la fecundidad más alta con 126 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 113.1.

Lo preocupante es que entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77 con ello, el embarazo a esta edad no solo representa un problema de salud para la madre y su producto, sino además tiene una repercusión económica para la madre, ya que implica menores oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de desigualdad de género.

Conforme a la ENADID 2014, de las adolescentes de 15 a 19 años que declaró haber tenido relaciones sexuales, 44.9% dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual; en las jóvenes de 25 a 29 años esta proporción aumenta a 54.4 por ciento. Cabe señalar que el inicio temprano de las relaciones sexuales entre los adolescentes sin la debida protección los expone a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos de alto riesgo que implican peligro para la vida de la madre y su producto.

Para entender la dimensión del problema veamos que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se estima que en México una de cada cinco personas tiene entre 10 y 19 años. Esto significa que en el país viven 22.4 millones de adolescentes, prácticamente la mitad (11.3 millones) tienen de 10 a 14 años y 11.1 millones tienen entre 15 y 19 años de edad. El peso relativo de este grupo poblacional prácticamente se ha duplicado desde 1970, año en el que la población de 10 a 19 años era sólo 11.4% del total nacional.

Es decir que el día de hoy, hay más adolescentes y jóvenes entre los 10 y 24 años que en toda la historia de México, por ello, representa un verdadero problema el hecho de que en los últimos dos años, la fecundidad en adolescentes haya repuntado, el 18.7% del total de los nacimientos, y que la tendencia actual del VIH, según la distribución de las edades que presentan los datos recabados de las personas diagnosticadas en 2013, sean las y los jóvenes de 15 a 29 años donde se concentra el 41.5% de todos los casos de VIH y sida diagnosticados (CENSIDA: Informe Nacional de avances en la respuesta al VIH/SIDA 2014).

Estos datos nos muestran que existe una sistemática violación a los derechos sexuales a las y los jóvenes, mismas que se agudizan por las condiciones de desigualdad, pobreza, marginación y escasas oportunidades de desarrollo en que viven millones de jóvenes. Hoy, con una gran población de adolescentes y jóvenes sin precedentes tenemos la oportunidad de impulsar profundos cambios, sin embargo, el impacto positivo o negativo dependerá en gran medida de las estrategias que el gobierno diseñe para cubrir sus necesidades y disminuir las desigualdades y retos que persisten en estos grupos, considerando sobre todo que esta etapa es crucial para sentar las bases de un buen desarrollo y buena salud en la edad adulta.

Pese a los esfuerzos del Estado mexicano en la implementación del modelo de educación sexual, se continúan registrando altos porcentajes de embarazos en adolescentes y de acuerdo con los expertos el problema irá en aumento si no se atiende la insuficiencia en materia de educación sexual, la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, la falta de apoyo presupuestario para que los maestros se capaciten en la materia y la posición de gobiernos locales que obstaculizan la implementación de las políticas públicas.

Por ello la presente iniciativa pretende incorporar el modelo de educación sexual integral desde una perspectiva basada en los derechos humanos, con pleno respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que se incluyan aspectos étnicos, biológicos, emocionales, culturales, de género y de preferencias sexuales. Lo anterior como parte de uno de los fines en la educación que imparta el Estado mexicano sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

A 40 años de implementarse el modelo de educación sexual en las escuelas de tipo básico y en los niveles de primaria y secundaria principalmente, es innegable que en pleno siglo XXI, la perspectiva biológica en el diseño de sus contenidos continúa prevaleciendo con independencia de los diversos intentos para modificar o ampliar su contenido por razones demográficas, de prevención de enfermedades de transmisión sexual o de la ideología imperante.

Es importante considerar que nuestro país ha suscritos diversos instrumentos internacionales que nos obligan a adecuar el marco normativo y a instrumentar políticas públicas para evitar consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/sida. Destacan, desde la Declaración Universal de Derechos  Humanos (1948), la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Declaración del Milenio (2001), la Declaración de Compromiso en la Lucha Contra el VIH/sida (UNGASS 2001), la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Declaración política y las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de 10 de junio de 2000, las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 2 de Julio de 1999, la Declaración de la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de 18 de noviembre de 2000; la Alianza Pancaribeña contra el VIH/sida, de 14 de febrero de 2001, la Declaración de Buenos Aires de los Ministros de Educación del 30 de marzo de 2007, el Pacto de San José, la Carta Andina de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Informe Final de Dakar del Foro Mundial de la Educación.

En este contexto, es indispensable actualizar el modelo de educación sexual vigente por otro con perspectiva integral en el que se incluyan las medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas como salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia y el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

Con esta medida, estaremos como país avanzando en el cumplimiento de los acuerdos celebrados, el 1 de agosto de 2008 en el marco de la XVII Conferencia Internacional de Sida celebrada con el objetivo de fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto educativo formal y no formal, donde los ministros de Salud y de Educación de América Latina y el Caribe acordaron implementar entre otras acciones:

• Fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluya la prevención del VIH e ITS y en las que se complementen los esfuerzos que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y atribuciones se lleven a cabo. Para que estos esfuerzos sean sustentables y sostenibles, se fortalecerá la cooperación entre ambos sectores mediante mecanismos formales de planificación, monitoreo, evaluación y seguimiento de las acciones conjuntas, así como mediante la vinculación con otros sectores.

• Ampliar la perspectiva de la educación integral en sexualidad basada en los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente. Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales.

• Evaluar los programas de educación existentes en nuestros países, para identificar el grado en el cual se incorporan e implementan la educación integral en sexualidad en el currículo en todos los niveles y modalidades educativas que sean competencia de los ministerios de educación.

• Actualizar antes del fin de 2010, los contenidos y metodologías del currículo educativo que sea competencia de los ministerios de educación, para la inclusión de temas de educación integral en sexualidad, en colaboración con los ministerios de salud. Esta actualización se guiará por la mejor evidencia científica disponible avalada por los organismos internacionales competentes en la materia y en consulta con expertos reconocidos. Asimismo, se tomará en cuenta a la sociedad civil y a las comunidades, incluyendo a las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes, al personal docente, y a las familias.

• Revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal docente desde la formación magisterial hasta la capacitación de los maestros en activo. Para el año 2015, todos los programas de formación y actualización magisterial bajo la jurisdicción de los ministerios de educación, habrán incorporado los contenidos del nuevo currículo de educación integral en sexualidad.

Para concretar estos compromisos, propusieron alcanzar las siguientes metas:

• Para el año 2015, se habrá reducido en 75 por ciento la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los centros educativos bajo la jurisdicción de los ministerios de educación.

• Para el año 2015, se reducirá en 50 por ciento la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud, para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Es evidente que los datos con que se cuenta muestran que no se ha cumplido con las metas propuestas y que si bien a partir del 10 de junio de 2011, México dio un paso fundamental al reconocer los derechos humanos y sus garantías a nivel constitucional y por ende, inició además una etapa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido, una etapa en la que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos, aún hay pendientes en diversos ámbitos como el que nos ocupa.

Considero que en medio de la implementación de este nuevo paradigma constitucional, es oportuno incorporar el derecho a la educación sexual integral desde una perspectiva de los derechos humanos en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, como un medio para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen todas sus capacidades, potencialidades y ejerzan de forma responsable sus derechos sexuales y reproductivos.

Estoy convencida que nuestro país debe transitar a la consolidación de una educación sexual integral como una política de estado estructurada e institucionalizada para concebirla a partir de un concepto amplio que promueva la igualdad de género, la autoestima y el respeto por el derecho de los demás como una alternativa en la búsqueda de soluciones de uno de los problemas fundamentales en la educación de las niñas, niños y adolescentes de México.

Con base en estas consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno del Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7 de la Ley General de educación

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o...

I. - a IX. ...

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud; fomentar y promover la educación sexual integral desde la perspectiva de los derechos humanos, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI. a XVI. ...”

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 27, 28 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero Lainas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios al menos el presupuesto con el que contaron en el ejercicio fiscal 2015. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para emitir una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos de los 200 años del natalicio del General Ángel Albino Corzo. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL Y UN BILLETE DE LOTERÍA CONMEMORATIVOS DE LOS 200 AÑOS DEL NATALICIO DEL GRAL. ANGEL ALBINO CORZO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ángel Albino Corzo fue un ilustre político y militar liberal chiapaneco, nacido el 1 de marzo de 1816. Esto es, el mes próximo se estarán cumpliendo 200 años de su natalicio, y como una de las figuras más prominentes de la historia de Chiapas, merece una celebración acorde con su legado de patriotismo e integridad permanente la región, y que entre otros logros permitió la integridad del territorio mexicano en la frontera sur.

Oriundo del pueblo de Chiapa que hoy lleva su apellido, fue Tesorero General de Rentas del Estado, diputado al Congreso local y gobernador de la entidad. Corzo asumió la gubernatura del estado el 20 de octubre de 1855 de manera interina hasta el 15 de marzo de 1856. Sin embargo, a partir de entonces “y durante casi una década, fue la figura dominante en la política del estado”1.

A lo largo de su labor política enfrentó las resistencias que opuso la Iglesia chiapaneca a las disposiciones liberales como la Ley Lerdo –sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia-, que favoreció el desarrollo de los mercados regionales y suprimir la propiedad comunal. Del mismo modo, Albino Corzo se enfrentó a la debilidad institucional que el gobierno –ante la falta de recursos suficientes-, tenía frente a los caciques locales en las diferentes regiones de Chiapas, que en los hechos, son quienes ejercían el poder en aquel entonces en la entidad.

En este contexto, a fines del año de 1856, Corzo hizo frente a la rebelión de José María Chacón –líder político del Soconusco, quien intentó escindir a esa región del resto de la entidad y del país. Como aliado de Chacón, se unió Juan Ortega, un conservador de la región de los Altos y opositor al gobierno central. Corzo salió victorioso y regresó a la capital del estado, para más tarde, ser electo gobernador conforme a la nueva Constitución de 1857, de orientación liberal. Ejerció el cargo con interrupciones –tres por motivos de salud y una más por campaña militar- de 1856 a 1860.

Mientras esto sucedía en Chiapas, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, encabezaba el bando liberal en la pugna entre estos y los conservadores por el dominio político del país que sólo concluyó hasta diciembre de 1860. Lo relevante en este caso, es que la guerra civil en el país también se vivió en Chiapas “entre los hacendados, comerciantes y políticos tradicionalmente asociados a los bandos “liberal y conservador.”2

Como resulta evidente, Ángel Albino Corzo encabezó la lucha liberal en el estado. Enarboló y defendió los mismos ideales que Juárez para todo el país, en Chiapas.

A causa dela situación histórica que le tocó enfrentar, el gobernador Ángel Albino Corzo tuvo que trasladar la capital del estado a Tuxtla desde San Cristóbal, debido a que en esa ciudad los conservadores ejercían presión sobre al gobierno. En los Altos hubo hacendados que se sumaron al Plan de Tacubaya –con el que en diciembre de 1857 militares de la ciudad de México se habían levantado, disuelto el Congreso y formado un gobierno conservador-, lo que orilló a que el gobernador se decidiera por tomar San Cristóbal. El 4 de enero del año siguiente se promulgó una nueva constitución estatal en línea con la federal de 1857. Como queda claro, la decisión del gobernador Corzo fue crucial para que Chiapas se mantuviera del lado liberal.

Por cierto, una situación opuesta se vivió en el vecino estado de Tabasco, donde el conservadurismo tomó fuerza y triunfó. El gobernador Albino Corzo, al detectar un flanco de riesgo en la región fronteriza entre Chiapas y Tabasco –en particular por los antecedentes expansionistas de ese estado sobre la región norte chiapaneca (Palenque, Pichucalco, Simojovel y Chilón)-, y decidió apoyar al bando liberal. Para ello, envió tropas a la capital tabasqueña, San Juan Bautista, que sin embargo, no tuvo éxito en su empresa de tomar la ciudad. Esto sólo se consiguió hasta que el mismo gobernador Ángel Albino Corzo encabezó la expedición.

Con el triunfo liberal en la Guerra de Reforma (1857-1860), el gobernador Corzo tomó las medidas necesarias “para extender las posibilidades de inversión de los terratenientes liberales.”3Corzo pugnó por establecer las Leyes de Reforma en la entidad. Esto implicó reducir el poder de los hacendados en los Altos, que apoyaba la Iglesia. Para ello, en 1961 dio inicio la enajenación de bienes de aquélla, pero a pesar de ello, las finanzas públicas nacionales y las del estado no se fortalecieron como era esperado.

Como se sabe en la historia de nuestro país, debido a la debilidad financiera del gobierno de la República, el presidente Juárez suspendió el pago de intereses de la deuda externa, y como consecuencia, Gran Bretaña, España y Francia decidieron tomar represalias. Francia emprendió una invasión hacia el interior del país. Los gobernadores debían reclutar soldados y financiar las tropas para hacer frente a los franceses.

Desde Chiapa, Ángel Albino Corzo –gobernador reelecto para el período 1861-1866) envió a su hombre de confianza, José Pantaleón Domínguez, a dirigirse al centro del país. Pese al apoyo, las tropas mexicanas fueron derrotadas en 1863, en Puebla, un año después de la gloriosa batalla del 5 de mayo.

Con el temporal triunfo conservador, los simpatizantes de esta corriente en Chiapas -encabezados por Juan Ortega y José María Chacón-, dirigieron ataques contra el gobierno local. Ortega logró ocupar San Cristóbal de Las Casas y formó un gobierno conservador ese mismo año de 1863. Para ese momento el gobernador liberal Gabriel Esquinca reubicó los poderes a Tuxtla Gutiérrez y dio inicio una guerra civil, de nuevo, entre liberales y conservadores de esa ciudad y la de San Cristóbal.

A Ángel Albino Corzo, se le rinde homenaje el 1 de marzo y el 12 de agosto de cada año, fechas que corresponden respectivamente a su día de nacimiento y muerte. En la actualidad, municipios, comunidades, escuelas, entre otros, llevan su nombre. Corzo falleció en el año de 1875.

Su legado incluye además de lo mencionado, la promulgación del Estatuto de la Universidad del Estado, la Ley de Administración de Justicia del Estado, la Ley de Asesores, la creación de la Escuela de Primeras Letras para Indígenas y el levantamiento de la segunda Carta Geográfica de Chiapas.

En virtud de los motivos expuestos, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Correos de México, y a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para que respetivamente emitan una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos de los 200 años del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 11 de febrero de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Zebadúa, Emilio, Chiapas. Historia, Primera Reimpresión, México, FCE-Colmex, 2012, p. 110

2 Ibídem, p. 112

3 Ib. p. 113





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social a crear centros de atención para personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula de la participación de México como país  integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo Rural; de Energía; de    Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de Justicia; y de Fomento Económico.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 5 de octubre de 2015, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, junto con sus homólogos de los países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), anunciaron en Atlanta, Georgia la conclusión de las negociaciones y la firma de este importante acuerdo comercial, después de cinco años de arduas negociaciones.

El 4 de febrero del presente año, México firmó el Tratado en Nueva Zelanda, junto con los representantes del resto de los Estados Miembros que lo integran. Posteriormente a la firma, el TPP tendrá que ser ratificado por sus respectivos Congresos.

El TPP es el acuerdo comercial de negociación más importante y ambicioso a nivel internacional, por la cobertura de productos y disciplinas que incluye, así como la importancia económica de los países participantes. Los países integrantes de dicho acuerdo comercial son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Representa el 40% de la producción de bienes de todo el mundo, así como el 27% de las exportaciones y el 24% de las importaciones.

Los 11 países que también forman parte del TPP, representan casi tres cuartas partes (72%) del comercio exterior de México, y son el origen de más de la mitad (55%) de la inversión recibida por el país desde 1999.

El acuerdo busca crear estándares regionales en materia comercial, de inversión, de intercambio de información, de propiedad intelectual y de control medioambiental, así como de reglas referentes al comercio ilegal de especies animales exóticas.

Ser parte de este acuerdo, permite a México consolidar las ventajas que ya se habían obtenido desde hace 20 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a través del diseño de las nuevas reglas que definirán las relaciones comerciales de los países miembros, principalmente en relación con la región asiática, una de las más competitivas del mundo.

La condición de ser un país fundador del TPP, le da a nuestro país la posibilidad de establecer precondiciones para los países que quieran ingresar al tratado posteriormente, resguardando así sus intereses comerciales y protegiendo la industria nacional.
El TPP, representa una oportunidad para que México diversifique sus relaciones comerciales con países con los que hasta ahora no ha tenido un intercambio importante y que, sin embargo, constituyen grandes oportunidades para nuestro país en términos de mercado, cooperación e intercambio tecnológico.

Algunos de estos países son: Australia, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. No debe de olvidarse que estos países representan también un mercado potencial en términos poblacionales (155 millones de consumidores), así como una plataforma de exportación y especialización de nuestros productos que se venden en China, nuestro segundo socio comercial.

Las exportaciones e importaciones de México a los países asiáticos han mostrado un importante incremento en los últimos años, siendo la región más dinámica comercialmente. La liberalización de esos mercados se traduciría en mayores oportunidades para el intercambio comercial con esos países.  Al ser parte de este acuerdo, México podrá incrementar las exportaciones de sus productos más competitivos como automóviles, camiones, aguacates, tomates y cervezas, productos que estarían libres de aranceles.

El TPP le brinda a México la oportunidad para mejorar su posición dentro de las cadenas globales de valor. Actualmente, nuestro país sólo se está especializando en etapas intermedias y finales de estas con muy poco valor agregado. Con el acceso a mercados de bienes intermedios con un menor costo, México tiene la oportunidad de importar dichos bienes a un costo más bajo e imprimir un mayor valor agregado para su exportación a otros mercados. Una participación en el TPP evitaría quedar en desventaja frente a Estados Unidos y Canadá como destino para atraer futuras inversiones.

La firma del TPP, el más importante acuerdo comercial de los últimos años, ha sido un acierto de la política exterior mexicana que permitirá a nuestro país aumentar su comercio con antiguos socios y hacia otras regiones del mundo, diversificar sus relaciones exteriores, introducirse de mejor manera en las cadenas de valor mundiales y continuar con el desarrollo económico y social de México. Para ello, se espera que la ratificación del Acuerdo se realice en tiempo y forma por los Congresos de los países integrantes.

El TLCAN fue en su momento la plataforma de comercio internacional que inspiró la firma posterior de cientos de acuerdos comerciales y de integración económica; en el siglo XXI, el TPP será sin duda el Tratado que defina las nuevas plataformas de integración comercial.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República se congratula de la participación de México como país integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a diseñar e implementar acciones tendientes a erradicar violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión que existen en nuestro país, así como atender las diversas problemáticas que aquejan a los internos y sus familiares. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno del Senado de la República la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE DISEÑEN E IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A ERRADICAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS, ASÍ COMOATENDER LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN A LOS INTERNOS Y SUS FAMILIARES:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con el informe “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estado en que se hallan los centros penitenciarios es lamentable; dado que existe un gran número de deficiencias por parte de dichos centros lo que representa una gran problemática, el diagnóstico en cuestión incluyó los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y femeniles), en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de la supervisión fue de 195 mil 329 internos; asimismo, se hizo un análisis en 20 centros federales con el 90.06% del total de la población penitenciaria a nivel nacional.

Entre las deficiencias con mayor incidencia se encontraron las siguientes:

● Violaciones a derechos humanos

● Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos

● Sobrepoblación y aglomeración

● Inexistentes programas de prevención de adicciones y deficientes programas de desintoxicación para los internos con adicciones.

● Deficiencias en la calidad y cantidad de los alimentos.

● Insuficiente personal de seguridad y custodia.

● Cobros indebidos por parte de los custodios.

2. Así mismo, de acuerdo con los últimos datos que publica el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente al mes de octubre de 2015, emitido por Secretaría de Gobernación, la población total penitenciaria es de 251 mil 512 personas de los cuales 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres; de ellos 203 mil 226 (80.80 por ciento) corresponden al fuero común y 48 mil 286 (19.20 por ciento) corresponden al fuero federal.

Otra de las problemáticas que se refleja en dicho informe, es la sobrepoblación que asciende a 45 mil 140 personas en 194 centros penitenciarios.

3. Dentro de las diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en torno a la situación que ha prevalecido en los centros penitenciarios del país, se encuentran las siguientes:

a) Derivado de las prácticas de revisiones que realizó el personal de esa Comisión Nacional, encontró prácticas indignantes que realizan a las personas que visitan los centros de reclusión estatales y federales, (del 19 de junio de 2001):

Erradicar la constante práctica de exploraciones de cavidades corporales a visitantes de los centros de reclusión, a fin de que se garantice un absoluto respeto a la dignidad personal.

Se adquiera el equipo y tecnología disponibles para la detención de objetos y sustancias prohibidas, y se dote de tales herramientas a todos los centros de reclusión.

b) Sobre mujeres internas en centros de reclusión, (de fecha 14 de febrero de 2002), destacan las siguientes:

Giren instrucciones a las autoridades responsables de la organización y funcionamiento de los centros de reclusión bajo su autoridad, para que tomen las medidas necesarias a efecto de que las mujeres reclusas reciban un trato respetuoso a su dignidad y a su condición femenina.

En razón del interés superior de la infancia, ordenar se realicen las gestiones administrativas y presupuestales para que se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o familias en los centros de reclusión del país.

c) Sobre la situación en materia de derechos humanos de los internos que padecen trastornos mentales y que se encuentran en centros de reclusión, (las recomendaciones realizadas el 9 de octubre de 2004), son las siguientes:

A los señores gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal a que instruyan a quien corresponda con el objeto de que se tomen las medidas necesarias para que los internos con enfermedades mentales que actualmente se encuentran en los centros de reclusión de las entidades federativas, reciban la atención médica y de rehabilitación psicosocial que requieren.

Al secretario de salud federal en cumplimiento a las facultades que otorga el artículo 13, apartado A), fracción IV, de la Ley General de Salud, oriente y apoye a los gobiernos de las entidades federativas para que los internos con enfermedades mentales que se encuentren en los centros de reclusión que de ellos dependen reciban la atención médica que requieren.

d) Sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a internos, (emitida el 25 de enero de 2006):

A los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomen las medidas necesarias para que en la normatividad de la materia, se incorporen aquellos elementos que permitan eliminar la discrecionalidad durante el procedimiento y determinación de los beneficios de la libertad anticipada, a fin de evitar, en esta materia, las violaciones a los derechos humanos de los internos en los centros de reclusión.

Giren las instrucciones correspondientes a efecto de que cada centro de reclusión cuente con los servicios de un consejo técnico interdisciplinario que contribuya a la aplicación del tratamiento adecuado para la reincorporación social del delincuente.

e) Sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana, (el 21 de septiembre de 2010), la CNDH emitió lo siguiente:

Impulsar la adopción de medidas por parte de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que las correspondientes leyes de ejecución de sanciones penales, así como los reglamentos internos que deben regir los centros penitenciarios bajo su autoridad, contemplen lo dispuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales, a efecto de garantizar a los internos una estancia digna y segura, sobre la base del respeto de los derechos humanos.

Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar que en los centros penitenciarios que dependen de las autoridades estatales y del Distrito Federal, se lleven a cabo campañas de promoción y prevención para la salud.

Promover y apoyar las acciones en materia de educación del Distrito Federal, así como en las entidades federativas, a fin de garantizar el derecho a la educación de los hombres y mujeres que se encuentran privados de la libertad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

f) Sobre las prácticas de aislamiento en los Centros de Penitenciarios de la República Mexicana (de 2015); entre las que destaca:

Se implementen acciones en los Centros Penitenciarios para regular el aislamiento como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada, y de aquellos que requieren medidas especiales de seguridad en términos de lo previsto en el artículo 18 constitucional.

Se instruya a quien corresponda para que las administraciones del sistema penitenciario tanto federal como de las entidades federativas, realicen los ajustes presupuestales y administrativo a efecto de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que la plantilla del personal penitenciario sea acorde con las funciones necesarias para lograr la reinserción social de los internos y la seguridad del centro.

4. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que durante 2014 ocurrieron mil 737 incidentes, 993 en Centros de Reinserción Social; 740 en Centros Federales de Readaptación Social. El acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas con un total de mil 435; el segundo lugar lo ocupan los desórdenes; el tercer lugar lo ocupan los suicidios con 68; el cuarto lugar lo ocupa los abusos y el quinto lugar los homicidios.

Las Entidades Federativas que reportaron mayor incidencia en este tipo de eventos fueron Sonora con 170, Puebla con 62, Baja California con 61, Nuevo León con 58 y el Distrito Federal con 54 reportes.

Las Entidades Federativas donde se presentan más suicidios son el Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí. Las entidades con mayor índice en homicidios son Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Sonora.

5. De acuerdo con el documento “La cárcel en México, ¿para qué?”, elaborado por la organización México Evalúa, señala que hay más de 242 mil personas recluidas en centros penitenciarios, cuando su capacidad es para 190 mil, lo que origina un 80% de hacinamiento, aunado a que quienes están recluidos en prisiones federales han declarado no recibir visitas de familiares.

De igual modo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), realizó un estudio en ocho países de América Latina, entre ellos México, donde señala que durante un periodo de 10 años (1992-2012) la población penitenciaria aumento en un 100 por ciento.

Es evidente que las deficiencias en los centros penitenciarios han ido incrementando como son la sobrepoblación, escases alimentaria, personal de custodia insuficiente, así como las constantes violaciones a derechos humanos, lo cual ha provocado que el país ocupe el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a número de población penitenciaria, así mismo se destaca que el 65 por ciento de las prisiones están sometidas a un autogobierno, lo cual es otro problema grave ya que la autoridad no está ejerciendo el control. Y más aún preocupante la situación que indica que entre los años 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron y alrededor de 600 perdieron la vida.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que de acuerdo al artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será protector de derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, así mismo podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando lo considere o lo pidiere alguna de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

IV. Que con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de la Secretaría de Gobernación, la adscripción de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados al área de responsabilidad en este caso al Comisionado Nacional de Seguridad, tal es el caso Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dentro de sus atribuciones de este último tiene que coordinar las acciones necesarias para la debida administración y funcionamiento del sistema penitenciario.

V. Que de conformidad a la atribución XII del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, debe atender las observaciones las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los centros federales y centros de readaptación social de las entidades federativas.

VI. Que con fundamento en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Nacional Penitenciaria deberá promover mecanismos para implementar la educación y el deporte como medio de reinserción social, así como promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios y promover la adopción del trabajo comunitario como medio de reinserción social.

VII. Que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados de la OEA, deberán entre otras cosas adoptar medidas, judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole que permitan corregir la aplicación de la prisión preventiva, aplicando en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.

Adoptar políticas públicas integrales que reúnan elementos de continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. Las cuales deberán incluir un modelo de política criminal acorde con las normas del derecho internacional de los derechos humanos; que contenga información técnica, evaluaciones y datos científicos. Entre dichas medidas la CIDH emite las siguientes líneas de acción por lo que respecta al hacinamiento:

a) velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un enfoque integrado, sostenido y que abarque todo el sistema;

b) asegurar que la tramitación de los procesos penales se realice dentro de un plazo razonable;

c) optar por un diseño de política criminal en la que se garanticen los derechos fundamentales;

d) adoptar pasos concretos para asegurar un uso excepcional y racional de la prisión preventiva;

e) aumentar el empleo de medidas no privativas de la libertad, aplicando el principio del encarcelamiento como último recurso y el principio de la proporcionalidad;

f) fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública;

g) fortalecer la aplicación de los mecanismos de libertad previa al cumplimiento de la sentencia propios del proceso de ejecución de la pena;

h) fortalecer las medidas para prevenir la reincidencia, como los programas de actividades productivas (educativas y laborales);

i) garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables;

j) aumentar la capacidad de las cárceles si es absolutamente necesario;

k) establecer sistemas eficientes de gestión y análisis de la información judicial y penitenciaria; y

l) desarrollar programas de capacitación a los operadores de justicia en torno al carácter excepcional de la prisión preventiva.

Es evidente que con las reformas a nuestro sistema penal contribuirán a que haya menos personas en los centros de reclusión, sin embargo, resulta urgente que los Gobiernos federal y de las entidades federativas rediseñen sus políticas a fin de erradicar violaciones graves a derechos humanos y diversos problemas que ocurren al interior de los centros de reclusión, por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las Secretarías de Gobierno de las entidades federativas, para que implementen acciones que permitan erradicar graves violaciones a los derechos humanos y atender diversas problemáticas que ocurren al interior de los diversos centros de reclusión que afectan a la población de internos así como de sus familiares.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas para que diseñen e implementen programas de prevención y atención dirigida a la población que se encuentra recluida en los diversos centros que existen en nuestro país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido al Poder Ejecutivo Federal, así como al poder ejecutivo de las Entidades Federativas relacionadas con la atención que han brindado a dichas recomendaciones relacionadas con el sistema penitenciario del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 11 de febrero de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a solicitar y coordinar medidas de seguridad para proteger la integridad física de los médicos pasantes en zonas rurales. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Todos los estudiantes y profesionistas merecen un reconocimiento y protección a sus actividades porque representan la mejora inmediata y futura de nuestro país. Existen algunas especialidades como es el caso de Medicina, donde los años de estudios, dedicación e importancia para la salud de los mexicanos son trascendentes y vitales. Ellos, cuando son pasantes, al final de sus estudios deberán realizar un servicio social, que durará un año.

De acuerdo a la Secretaría de Salud,

Los pasantes se asignan preferentemente en áreas rurales de población dispersa y concentrada y las actividades a desempeñar son eminentemente en el primer nivel de atención…

Los derechos y obligaciones de los pasantes en servicio social, se rigen en base a lo estipulado por la Dirección General de Enseñanza en Salud, así como los programas de colaboración que para tal efecto han concentrado la Secretaría de Salud de cada una de las entidades federativas con las instituciones educativas correspondientes.

(http://www.enmh.ipn.mx/Egresados/Documents/serviciosoacial/MANUALDELPASANTEDEMEDICINA
DELASECRETARIADESALUD.pdf,p.9
)

2.- Sin embargo, la inseguridad en diversas partes del territorio nacional, lamentablemente, se extiende a las unidades médicas de zonas marginadas, en particular en contra de la integridad física y emocional de médicos y médicos pasantes que llegan a estos lugares en una labor verdaderamente heroica de servicio social. Lugares donde las condiciones de sacrificio y carencias, podrían llegar a ser extremas por la falta de infraestructura y aislamiento de las comunidades.

La propia Secretaría de Salud, establece los lugares:

Se presenta a continuación la descripción de las unidades en las que se realizan el servicio social los pasantes de las carreras relacionadas con la atención médica. Se sustenta en el sistema de prestación de servicios en la estructura de la Secretaría de Salud, donde participan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, utilizándose el mismo criterio que se establece el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda que clasifica a los grupos de la población en tres categorías como son:

- Rural. Localidades de menos de 2,500 personas (rural dispersa).
- Rural–urbano, con un rango poblacional entre 2,500 y 14,999 habitantes (rural concentrado).

- Urbano, la que se ubica en poblaciones de más de 15,00 habitantes.

Características de la población.

- Rural dispersa; elevado índice a los servicios de dispensación, carencia de vías de comunicación que dificulta el acceso a los servicios de educación y salud principalmente, sus actividades económicas se asocian a las agropecuarias y pesquera con métodos e instrumentos de trabajo del promedio del salario mínimo nacional, la mayor parte de las viviendas carecen de agua potable, energía eléctrica, elevada disposición de excretas a raz de suelo y niveles alimentarios y nutricionales muy por debajo del promedio nacional.

- Rural concentrando: disposición poblacional poco acentuada, deficientes vías de comunicación que limita el acceso a los servicios sociales; con actividades económicas predominantemente agropecuaria y pesquera con métodos y técnicas de trabajo con cierto desarrollo; ocupación permanente, servicios urbanos en relación a la recolección de desechos, agua potable, energía eléctrica y drenaje, deficientes niveles alimentarios y nutricionales; acentuado el déficit de viviendas y hacinamiento de 9 personas en promedio por habitación. (op. Pag.21)

3.- De esa manera preferente, los médicos pasantes, van a las zonas rurales, en el contexto de una problemática de inseguridad en muchos casos también extrema. Desde el año 2004, la cifra de muertos, desapariciones y de violencia empezaron a aumentar exponencialmente en México a la par de presencia amplia de carteles delincuenciales que además de confrontarse entre ellos, también lo hicieron en contra de las fuerzas armadas a partir del sexenio pasado.

4.- No hay cifras exactas al respecto, pero se menciona en los medios de unos 85,000 muertos solo en el sexenio de Calderón, y de otros 22,000 en el actual hasta 2014. Una manera de medir la incidencia de la violencia, es determinar el número de homicidios de este tipo por cada 100 mil habitantes y en el período mencionado se reportan por parte de INEGI, 23 –que se supone bajó a 19 en el presente sexenio-- mientras que en EUA es de 4.7. Una diferencia muy amplia y preocupante.

5.- Esta secuela de muertes, tiene un espectro, una sombra más amplia, que es el número de heridos que dejan los enfrentamientos que mencionamos. Aquí es donde surge el asunto de la atención médica que requieren víctimas y victimarios que operan en la ilegalidad, y que por lo mismo no pueden ser atendidos en los órganos componentes del Sistema Nacional de Salud que abarca todas las instituciones relacionados con el tema. Y por ello muchos pasantes y médicos de esos sectores rurales se convierten en víctimas de secuestros, amenazas y de vida según los requerimientos médicos de los victimarios del crimen organizado.

En investigación periodística reciente, El Universal da cuenta de la violencia con que fueron atacadas las instalaciones de la unidad médica y los propios pasantes médicos que ofrecían su servicio social en Santiago Tepetitlán, en San Martín de las Pirámides, una población del Estado de México. Además, señala que agresiones de tal magnitud han producido inclusive asesinatos de doctores en otras partes de la república.

Según el reportaje (El Universal, 07 de febrero de 2016, pag A11) el Instituto Politécnico Nacional tiene registrados 50 incidencias distribuidos en 20 estados. Así como 5 asesinatos de pasantes ocurridos en Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora y Tamaulipas: todo ello en el período de los últimos cinco años. También, precisa, se han denunciado violaciones a jóvenes pasantes en diversos lugares como Nayarit y en San Pedro Comintacillo, Tehuantepec, Oaxaca donde una médico pasante fue violada por cuatro sujetos.
Así mismo se muestran los resultados de una encuesta, contenida en un estudio de la UNAM, “Expectativas y motivación en la transición de rol en el servicio social de la Facultad de Medicina” con una muestra de 814 entrevistados en el período 2009—2010, que precisa que el 57 por ciento de los médicos pasantes que realizaron su servicio social se sienten inseguros; el 23 por ciento estuvieron a punto de renunciar.

Hay en la actualidad un total de 14 mil estudiantes de Medicina que hacen su servicio social cada año y que de acuerdo a los lineamientos institucionales deben de hacerse prioritariamente en “área de menor desarrollo económico y social” con lo cual la mayoría de ellos llegan a las zonas marginadas en unidades médicas de la SSA y del IMSS

6.- Por supuesto que falta conocer la parte no denunciada, y que sin duda es mucho mayor, dada la incidencia de la violencia en el país, que al dejar heridos en abundancia requerirá de servicios médicos los mismos que son obtenidos bajo amenazas, chantajes y violencia en general.

Por estas razones expuestas, y por la urgente protección de los jóvenes y las jóvenes médicos y médicos pasantes

PUNTO DE ACUERDO

Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaria de Salud a solicitar y coordinar medidas de seguridad para proteger la integridad física de los médicos pasantes en zonas rurales

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación con el uso de insecticidas naturales para el control de mosquitos del género Aedes. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL USO DE INSECTICIDAS NATURALES PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS DEL GÉNERO AEDES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mosquitos del género Aedes, principalmente la especie Aedes aegypti, son los principales vectores de enfermedades humanas infecciosas como el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y recientemente, el virus zika. Se distribuyen en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo.1

Estos mosquitos tienen un ciclo de vida complejo, con cambios dramáticos de forma, función y hábitat. Los mosquitos hembra depositan los huevos en lugares húmedos, como las paredes internas de los contenedores de agua. Las larvas eclosionan en el agua y en los días siguientes se alimentan de microorganismos y materia orgánica, pasando por cuatro etapas de hábitat acuático. En la cuarta etapa, cuando la larva ha adquirido suficiente energía y tamaño, sufre metamorfosis para formar una pupa, que no se alimenta, de la cual surge el mosquito adulto, que emerge del agua y tiene hábitat terrestre. El ciclo de vida completo dura de 8 a 10 días, dependiendo de la temperatura y disponibilidad de alimento.2

Los mosquitos adultos, machos y hembras se alimentan de néctar de plantas; sin embargo, las hembras necesitan sangre para producir huevos, por lo cual se alimentan de sangre humana y de otros mamíferos.3

De esta manera, los humanos se infectan por picaduras de hembras infectadas, que a su vez se infectan principalmente al succionar la sangre de personas infectadas. El virus infecta el intestino medio del mosquito y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Tras este período de incubación, el mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas.4

El control de las poblaciones de mosquitos es una tarea difícil, ya que son resistentes a perturbaciones del entorno por fenómenos naturales o por medidas de control implementadas por los humanos. Asimismo, se adaptan a diversas condiciones ambientales en sus distintas fases del ciclo de vida:5

● Los huevos pueden soportar la desecación por varios meses, de modo que pueden sobrevivir y eclosionar al terminar la sequía, aunque hayan sido eliminadas todas las larvas, pupas y adultos.

● Las larvas pueden vivir en contenedores naturales o artificiales de agua, como tinacos, macetas, floreros, llantas viejas, cubetas, latas, tuberías tapadas, fuentes, dispensadores de agua, pozos y drenaje, entre otros.

● Los mosquitos adultos viven alrededor de tres semanas, escondiéndose en lugares sombreados. Son activos principalmente durante el día, dos horas después de la salida del sol y varias horas después de la puesta de sol.

En este sentido, para la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, se recomiendan diversas medidas enfocadas en evitar las picaduras, por ejemplo, usar sustancias repelentes de insectos, poner barreras físicas en los hogares y eliminar las diversas fuentes de agua estancada.

Cabe destacar que desde 2003, México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, “Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector”, la cual tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector.6

Dicha NOM incluye especificaciones sobre las medidas de atención y control de diversos agentes infecciosos, incluyendo los mosquitos del género Aedes. Entre las medidas específicas de prevención y control, se incluye el empleo de insecticidas (numeral 9.8) y repelentes (numeral 9.2.1.2).

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de insecticidas como estrategia de control de los vectores (mosquitos). Sin embargo, la propia OMS indica que todos los plaguicidas son tóxicos en cierta medida, por lo que, al usarlos, han de respetarse las medidas de precaución. En particular, hay que manejarlos con cuidado, respetar las normas de seguridad laboral para quienes los usan y aplicarlos de forma apropiada.7

La aplicación indiscriminada y sin control de insecticidas puede ocasionar daños al ambiente, como la generación de plagas resistentes, el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación de suelo, de mantos freáticos y aguas continentales y costeras.

Los insecticidas también pueden ocasionar daños a los humanos, como intoxicaciones de grado diverso y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.

Como alternativa al uso de los plaguicidas e insecticidas industriales, existen los bioplaguicidas y los insecticidas naturales, es decir, productos formulados a partir de extractos naturales de plantas, hongos, bacterias y microorganismos, que ejercen un efecto sobre insectos y otras plagas.

Algunas ventajas de los insecticidas naturales son: bajo costo; fácil acceso; promueven la independencia del agricultor; no requieren equipo ni entrenamiento especializado; son biodegradables; generan productos sanos libres de tóxicos y contaminantes; baja prospección a crear resistencia; mínimo impacto ambiental; se puede integrar con otras técnicas de manejo; son inherentemente menos nocivos que los pesticidas convencionales o de síntesis química; afectan sólo a los organismos perjudiciales; y son eficaces en cantidades muy pequeñas.

En consecuencia, los insecticidas naturales son una alternativa viable para ser utilizados dentro de esquemas de control biológico de organismos vectores de enfermedades, en complemento o sustitución parcial de otros insecticidas de fabricación industrial.

Cabe mencionar que varios insecticidas naturales han surgido de los conocimientos tradicionales, retomados por la investigación científica para aplicarlos de manera práctica. Tal es el caso del aceite esencial de la flor de cempasúchil (Tagetes erecta), que ha sido avalado como bioplaguicida por la Universidad Autónoma Chapingo, a fin de aprovecharse para el control de araña roja, ácaro blanco, escamas, entre otras plagas agrícolas.8

También existen estudios publicados en2014 por la Universidad Autónoma de Puebla, que comprueban la efectividad repelente del aceite esencial de citronela (Cymbopogonnardus y Pelargoniumcitrosum) sobre adultos del mosquito de la especieCulexquinquefasciatus.9

Como último ejemplo, investigadores de la Universidad Veracruzana comprobaron en 2003 que la anonacina, sustancia obtenida de las semillas de la guanábana (Annonamuricata) es un potente pupicida y larvicida para el mosquito Aedes aegypti, que como ya se dijo, es vector de diversas enfermedades infecciosas.10

Por estas razones, es importante seguir impulsando la investigación científica en México, así como aprovechar adecuadamente los conocimientos científicos generados por investigadores mexicanos.

De manera concreta, la mejor medida para evitar la propagación de las enfermedades transmitidas por medio de vector, son las acciones de prevención, por lo que resulta necesario impulsar el uso de repelentes e insecticidas naturales como parte complementaria de las diversas medidas de control de mosquitos del género Aedes, a fin de prevenir el dengue, el chikungunya y el virus zika en nuestro país.

Esta necesidad se vuelve especialmente relevante en estos días, ya que el 1º de febrero de 2016, la OMS declaró una emergencia sanitaria internacional por el virus del zika, indicando que se trata de una amenaza de proporciones alarmantes, por lo cual recomendó a los países reforzar las medidas preventivas.11

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, a que en las acciones de cumplimiento de la NOM-032-SSA2-2002 se promueva el uso de repelentes e insecticidas naturales para el control de mosquitos del género Aedes.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en coordinación con la Secretaría de Salud, considere organizar un Congreso Internacional sobre el Virus del Zika, a fin de fomentar el intercambio de información científica para contribuir al control del mosquito Aedes en todo el continente americano, preferentemente con repelentes e insecticidas naturales.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a aprovechar el conocimiento científico generado en las Universidades e Institutos de Investigación mexicanos, relativo al control del mosquito Aedes con repelentes e insecticidas naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Dengue and theAedesaegypti mosquito (consultado en febrero 2016) http://www.cdc.gov/dengue/resources/30Jan2012/aegyptifactsheet.pdf

2 CDC. Dengue Homepage. Mosquito Life-Cycle (consultado en febrero 2016)
http://www.cdc.gov/dengue/entomologyEcology/m_lifecycle.html

3 CDC, op. cit. (fuentes 1 y 2).

4 Organización Mundial de la Salud (OMS). Lucha contra el dengue (consultado en febrero 2016)
http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/es/

5 CDC, op. cit. (fuentes 1 y 2).

6 Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. DOF: 21/07/2003http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=693223&fecha=21/07/2003

7 OMS. Lucha contra el dengue. Estrategias de lucha antivectorial (consultado en febrero 2016)
http://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/es/

8 Utilizan aceite de cempasúchil como bioplaguicida en Chapingo. Reporteros en movimiento. 30 de octubre de 2012 https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2012/10/30/utilizan-aceite-de-cempasuchil-como-bioplaguicida-en-chapingo/

9 Aragón García A, JL De Vega Lotzin, BC Pérez Torres, MA Damián Huato, O Romero Arenas, JF López Olguín. 2014. Aceite de Cymbopogonnardus y Pelargoniumcitrosum, como repelentes de Culexquinquefasciatus. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 5(4): 591-603. http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/Agricolas/article/download/3099/2550

10 Domínguez Martínez V, M Martínez Vázquez, E Colar G, J Atzin García, FL Chimalpopoca. 2003. Pupicidalactivity of Annonacinfor Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae)Folia Entomologica Mexicana. 42(3):349-358.
http://www.folia.socmexent.org/revista/folia/Vol%2042/Vol46Num3/349-358.pdf
Nota: Este artículo no está disponible en línea. Se solicitó a la Revista Entomológica Mexicana por correo electrónico.

11 Organización Panamericana de la Salud (PAHO). La OMS anuncia una emergencia de salud pública de importancia internacional, 1 de febrero de 2016.
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11640&Itemid=135&lang=es

 





 

De los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos senadores, Martha Angelica Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI fue creado en el marco de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en noviembre de 2015.

Su mandato trabajar en cuatro grandes líneas de acción:

1. Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas.

2. Análisis técnico de las líneas de investigación.

3. Análisis técnico de la atención a víctimas y sus familiares.

4. Recomendación de políticas públicas frente a la desaparición forzada.​

La calidad del trabajo del grupo habla de la trayectoria y experiencia de sus integrantes, el papel que ha desempeñado se ha caracterizado por la ética y profesionalismo con el que se han conducido, con el único objetivo de lograr el verdadero esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala.

Gracias al Informe del GIEI presentado en el mes de septiembre se cuenta ahora con nuevas líneas de investigación, en él se cuestionó la versión oficial sobre los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre del 2014. Una conclusión resaltaba el hecho de que pese a lo que se había sostenido hasta el momento, los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y resaltaba la evidencia de la existencia de un quinto camión, hallazgos que desmentían “la verdad histórica”.

El GIEI reconoce que, la Procuraduría General de la República de México (PGR) ha accedido a las peticiones que han realizado, aunque lamentablemente hay una en la que hasta hoy no hay acuerdo, de hecho, la respuesta negativa ha sido rotunda: la posibilidad de entrevistar a los militares del 27 batallón de Infantería de Iguala1.

De manera coincidente a partir de dicha petición por parte del GIEI, se ha desatado una campaña de señalamientos mediáticos para desprestigiar al grupo de expertos, de manera particular contra Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz Baile, dicha campaña tiene la clara intención de restar legitimidad al trabajo realizado por el grupo.

La trayectoria de estas mujeres es impecable, las dos son reconocidas abogadas.

Ángela Buitrago es abogada colombiana, doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas; cuenta con una maestría en derecho penal; es profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.2

Buitrago, se ganó el mote de “Fiscal de Hierro”, por su entereza y firmeza en su desempeño como fiscal, después de 20 años logró destapar y encontrar nuevas pruebas en uno de los casos más emblemáticos y oscuros de la historia colombiana reciente. “Puso contra las cuerdas a los militares que, con un acción desproporcionada, al intentar recuperar en noviembre de 1985 el Palacio de Justicia que había sido tomado a sangre y fuego por la guerrilla del M-19, desparecieron y torturaron personas, civiles y guerrilleros. Armó un caso sólido que terminó en una condena a uno de los más altos rangos del Ejército de la época, el ex coronel Alfonso Plazas Vega”3.

Las notas en su contra sin ningún fundamento la acusan de haber falseado testimonios4.

Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, abogada y en 2010 fue la primera mujer Fiscal General en su país. Es experta en derecho penal. Durante su desempeño como Fiscal General, los diez narcotraficantes más buscados en Guatemala fueron detenidos y ahora extraditados. En esos años también creó fiscalías especializadas para la atención de mujeres víctimas de violencia de Género, en varias zonas del interior del país. En su gestión como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido diversos premios de derechos humanos y en 2013 fue nominada como candidata a r ecibir el nobel de la Paz. Actualmente es profesora residente de la Universidad de Gerogetown.

A Paz y Paz, se le acusa de “comunista” y de proteger a grupos “disfrazados de activistas” que cometían delitos como toma de instalaciones públicas
(http://razon.com.mx/spip.php?article292908)5.

Esta campaña mediática y política para desacreditar la labor de las abogadas tiene una fuerte carga misógina, es alarmante y debe denunciarse, es preocupante que la Procuraduría General de la República no se hayan pronunciado respecto a este tema, y más alarmante es la pasividad con que el gobierno permite esos embates, debido a que el GIEI es un mecanismo de asistencia técnica internacional aceptado por el estado mexicano.

La propia Secretaría de Gobernación que es la responsable de operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya creación obedece a la obligación de que el Estado de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, tendría que haberse manifestado para detener esta andanada mediática que intenta denostar la labor del GIEI.

Diversas organizaciones y grupos tanto nacionales como internacionales han manifestado su respaldo total al GIEI, tal es el caso de mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, quienes redactaron una carta de apoyo de la que se destaca “Urgimos enérgicamente a las autoridades mexicanas a que renuncien firmemente a cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquier miembro del grupo de expertos, ya que es importante que la confianza pública en el proceso no sea disminuida. Es de mayor importancia que la seguridad de todos los miembros del grupo de expertos sea resguardada para que realicen su trabajo”.6

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones civiles locales también se han manifestado y han dicho que siguiendo con la Declaración sobre las y los defensores de Derechos Humanos de la ONU que establece que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afectan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, exigen “Garantías de seguridad para que las y los expertos integrantes del GIEI puedan continuar con su labor sin obstáculos ni calumnias”7.

Ayotzinapa reveló el verdadero horror de violencia, corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado que existen hasta el día de hoy, y demostró lo terriblemente equivocados que estaban aquellos que se negaron a escuchar.8
El GIEI no ha recibido el respaldo que requiere para concluir su importante labor, muestra de ello es la renuencia que se ha mostrado respecto la solicitud de que las y los integrantes de dicho grupo entrevisten a militares testigos de lo ocurrido en iguala.

El pasado domingo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que el gobierno mexicano manifestaba “su absoluto respaldo, respeto y reconocimiento a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvantes y asesores del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa... dijo que “hay comunicación y trabajo permanente a diario con cada uno de ellos y en ocasiones en conjunto, tanto en las coincidencias como en las diferencias.”9

En América Latina existen dolorosos antecedentes de lo que sucede cuando gobiernos y figuras públicas se ponen al servicio del Ejército, encubriendo sus atrocidades. Sería conveniente que, por primera vez, escucháramos las voces oportunas que desde el exterior apuntan a investigar en esa dirección.

Ese pronunciamiento del gobierno era indispensable sin embargo será fundamental ir màs allá y no sólo respaldar la labor del GIEI como una forma de garantizar el derecho a la verdad de toda la sociedad, y poner un alto a la impunidad, sino además ofrecer todas las garantías de seguridad ante los posible riesgos que pudieran enfrentar.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores reconoce la amplia experiencia y trayectoria de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y manifiesta su total respaldo a la actuación y desempeño en la asistencia técnica internacional en las investigaciones realizadas en torno a los hechos ocurridos en Iguala y el rechazo total a la campaña de desprestigio de la que han sido objeto en los últimos meses.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores hace un extrañamiento al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República por la pasividad que han mostrado ante los embates de los medios de comunicación en contra de las y los expertos del GIEI.

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.

1Ángela Buitrago: “México no dejará que el ‘caso Iguala’ quede impune”, El País. En URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html Fecha de consulta: 3 de febrero de 2016.

2 Página del GIEIhttp://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!miembros-del-giei/cjg9

3Ángela Buitrago: “México no dejará que el ‘caso Iguala’ quede impune”, El País. En URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html Fecha de consulta: 3 de febrero de 2016.

4 Las notas salieron en diversos medios, uno de ellos el periódico La Razón, incluso algunos personajes como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Miguel Barbosa Senador de la República y el diputado secretario de la comisión especial de seguimiento al caso Ayotzinapa Arturo Álvarez, realizaron declaraciones en contra de la doctora Buitrago. http://www.razon.com.mx/spip.php?article291916

5 Una vez más es una nota del periódico La Razón, en la que se entrevista a Gilda Aguilar quien también fue fiscal en Guatemala. Estas acusaciones en particular provienen de la Liga Pro Patria, aquí en México, integrantes del Yunque, como José Antonio Ortega Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., cabe mencionar que este personaje forma parte del Yunque una organización de extrema derecha clerical, nota de la Jornada en Línea, http://www.jornada.unam.mx/2016/01/19/opinion/017a2pol.

6 Que el gobierno mexicano renuncie a desacreditar al GIEI, urgen mujeres Nobel de la Paz, en Aristegui Noticias, URL: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/que-el-gobierno-mexicano-renuncie-a-desacreditar-al-giei-urgen-mujeres-nobel-de-la-paz/

7 COMUNICADO | Defensoras de Mesoamérica exigimos alto a la campaña de desprestigio contra expertas del GIEI, en URL: http://www.tlachinollan.org/comunicado-defensoras-de-mesoamerica-exigimos-alto-a-la-campana-de-desprestigio-contra-expertas-del-giei/

8 Solidaridad con el GIEI: No a la impunidad del caso Iguala, Artículo de opinión, La Silla Rota http://lasillarota.com/solidaridad-con-el-giei-no-a-la-impunidad-del-caso-iguala/Ricardo-Mejia-Berdeja#.VrEHA7J96M8 Fecha de consulta 03 de febrero de 2016.

9 Respaldo absoluto del gobierno a expertos del GIEI, dice Campa. En La Jornada en línea. Fecha de consulta 08 de febrero de 2016. URL: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/07/politica/005n1pol





 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo local del estado de Morelos a salvaguardar el derecho humano a la educación de los morelenses, mediante el acatamiento de las obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2016. Se turna a la Comisión de Educación.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se sugiere hacer un reconocimiento público a Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, por su nominación, como única persona mexicana, al Premio Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE SUGIERE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A SASKIA NIÑO DE RIVERA, DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “REINSERTA UN MEXICANO”, POR SU NOMINACIÓN, COMO ÚNICA PERSONA MEXICANA, AL PREMIO NELSON MANDELA – GRAÇA MACHEL 2016,CON MOTIVO DE SU DESTACADO TRABAJO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, REFLEJADO EN EL ANUARIO “NIÑOS INVISIBLES”; ENCAMINADO A DAR A CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS QUE NACEN Y VIVEN EN LAS CÁRCELES DE MÉXICO PARA CAMBIAR SU REALIDAD; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La gran pasión y entrega de Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil Reinserta un Mexicano, cosecha buenos resultados”. Así reza un encabezado editorial, con motivo de que Saskia fue nominada al Premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016.

Este premio da reconocimiento a personas, iniciativas y campañas destacadas que trabajan a favor de la sociedad civil, que inspiran y demuestran tener enfoques innovadores, estrategias sólidas y un impacto medible.

Los Premios a la Innovación son parte de la plataforma de la Campaña Be The Change, que busca hacer conocer y celebrar el activismo de la sociedad civil y de campañas en todo el mundo. Liderados por la red global de la sociedad civil, CIVICUS; a través de la Iniciativa del Espacio Cívico, Be The Change y los Premios a la Innovación ponen de relieve la importancia de proteger activamente el espacio cívico global.

Los premios a la Innovación Nelson Mandela – Graça Machel 2016 están celebrando su décimo primer año de reconocimiento a la excelencia, innovación y actitud valiente de activistas y organizaciones de la sociedad civil.

El caso de Saskia Niño de Rivera no es para menos. Es la única mexicana nominada al premio, al demostrar su capacidad para poner su vida al servicio de la sociedad e inspirar a través de sus actividades, la promoción de un cambio social positivo.

Esto, como resultado del trabajo que Saskia Niño de Rivera ha realizado en años y que está reflejado en el anuario “Niños invisibles”. Este documento generó gran visibilidad e impacto entre los medios de comunicación y gobierno, pues a través de dibujos e historias desarrolladas por niños que viven en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, muestra las condiciones y situaciones que viven día a día.

La intención de Saskia fue “dar a conocer la situación de los niños que nacen y viven en las cárceles de México para cambiar su realidad, se haga presente en más lugares para que más gente sepa de esto y todos podamos sumar esfuerzos”.

Y lo logró, la presentación del libro “Niños invisibles” está generando conciencia sobre los menores que viven en prisión. Llamado precisamente así, debido a que estos pequeños son prácticamente invisibles para los ojos de la sociedad y porque no están debidamente protegidos.

La lista de ganadores del premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016, se dará a conocer la última semana de febrero de 2016, en los que seguramente nuestra connacional saldrá victoriosa y seguramente será reconocida internacionalmente. Sin embargo, en su tierra, en nuestro México, también debiéramos hacer un reconocimiento a Saskia Niño de Rivera, máxime que su trabajo fue realizado en este país y en favor, en primer término, de los pequeños mexicanos que viven en situación de cárcel al lado de sus madres en reclusión.

Por ello, la propuesta en concreto a esta honorable Asamblea, es que el Senado de la República realice un Reconocimiento Público a Saskia Niño de Rivera, por su nominación como única persona mexicana, al Premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, hace un Reconocimiento Público a Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, única persona mexicana nominada a los Premios Nelson Mandela–Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”; libro encaminado a dar a conocer la situación de los niños que nacen y viven en las cárceles de México con la finalidad de cambiar su realidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con  punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral para informar a la población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a efecto de aumentar la cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para trasplantes. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1,  fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. El trasplante de órganos es una terapia consolidada, eficaz y que salva vidas: un trasplante de órgano con éxito puede ser el único tratamiento disponible para algunas formas de fallo orgánico terminal, y es el mejor tratamiento posible, en términos clínicos y de costo-beneficio, para la insuficiencia en salud.

El proceso de donación y trasplante de órganos se compone de una secuencia de etapas que se deben seguir, sin excepciones, para alcanzar la donación eficaz de órganos.

El ser humano está atado de forma irremediable a su propia mortalidad; esa cualidad lo persigue todos los días y, cuando finalmente le da alcance, se manifiesta de muy diversas formas, sin embargo hoy con la ciencia médica nos podemos apoyar para salvar vidas; las que piden una segunda oportunidad para disfrutar a sus familias, y gozar de manera más digna la misma.

La vida humana llega a su fin por diferentes factores; bien se puede perder la vida ya sea en razón de un trauma fuerte, por alguna enfermedad crónica o, incluso, de manera casi espontánea y, aparentemente sin razón; sin embargo, lo que siempre será constante será la resistencia de las personas a ceder de forma temprana ante el destino que todos compartimos. No sin antes darnos la oportunidad de cuidar nuestra salud.

El desarrollo del conocimiento humano ha abarcado gran cantidad de materias, todas ellas de gran relevancia y fundamentales para el progreso científico, cultural y social de la especie, no obstante, el conocimiento adquirido por el hombre en materia de conservación de la salud ha ocupado siempre especial importancia, pues debe ser reconocido que sin salud poco vale cualquier otro adelanto.

Los avances en la comprensión de la ciencia médica han sido mucho muy importantes y, dicho sea que, ha aumentado notablemente la expectativa de vida del ser humano promedio; una rama de esos avances médicos es ciertamente la que se conoce sobre asuntos de trasplantes de órganos de un ser humano otro.

Los trasplantes de órganos humanos, significan la salvación para miles de personas, brinda a las personas la posibilidad real de reintegrarse a la vida que, de no existir esta posibilidad, nunca habrían disfrutado. No se debe dejar de mencionar los avances en la materia, pues los tratamientos han sido tan exitosos que se ha convertido en indispensable para muchos casos que de otra forma no tendrían remedio y, a consecuencia de ello, la demanda ha superado la oferta en este tema.

Cada día que pasa en el mundo hay gran cantidad de personas esperando un órgano para trasplante y, cada día también, hay gran cantidad de personas que pierden la vida mientras esperan.

En México, la donación, y la eventual trasplantación de órganos, tuvo su comienzo en 1963, cuando los doctores Federico Ortiz Quezada, Manuel Quijano y Gilberto Flores, exitosamente lograron el primer trasplante renal en el país. Desde entonces, los avances médicos y tecnológicos han permitido a médicos en todo el país llevar a cabo trasplantes de hígado, páncreas, corazón y de pulmón, entre otros.

En ese orden de ideas, no debe dejar de mencionarse que el OBSERVATORIO MUNDIAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE (GODT), arroja que México ocupa a nivel mundial el lugar 42 de 84 países en donación de órganos, México posee el cuarto lugar, entre 84 países incluyendo Estados Unidos y China, en el área de donantes vivos, el segundo en el continente americano y el primero en Latinoamérica.

Actualmente existen cerca de 20 mil personas en espera de un trasplante; se distribuye en 12,044 personas esperan recibir un trasplante de Riñón, 7,476 personas esperan recibir un trasplante de Córnea, 389 personas esperan recibir un trasplante de Hígado,  43 personas esperan recibir un trasplante de Corazón, 10 personas esperan recibir un trasplante de Páncreas, 9 personas esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas, 2 personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón, 1 personas esperan recibir un trasplante de Corazón-Pulmón, datos provenientes de la estadística del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Por otra parte, se han reportado en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), 2,141 trasplantes de Córnea, 1,727 trasplantes de Riñón, 106 trasplantes de Hígado, 28 trasplantes de Corazón.

Gran ejemplo de éxito en materia de fomento a la cultura de donación de órganos lo vemos en el Estado de Jalisco, que mediante la implementación del programa “Hospital Donante”, impulsado por el Consejo Estatal de Implantes de Órganos y Tejidos (CETOT), estableció la figura conocida como “procuradores de órganos”, que son aquellas personas que se encargan de dialogar con las familias de potenciales donadores, para que otorguen sus órganos, o los de sus familiares, a personas que lo necesitan. Lo anterior ha derivado en buenos resultados en lo que respecta al  incremento de donantes. Este programa hospitalario se debe extender a nivel nacional, pues, derivado de los resultados ya observables, se puede concluir que dicho programa continuará arrojando beneficios si se le da impulso.

Es importante que tanto la Secretaría de Salud y la Secretaria de Educación Pública implementen acciones específicas que logren concientizar a la población sobre la ayuda que se otorga a los demás, cuando ya la persona ha fallecido y muchos de sus órganos puedes ser donados a una o más personas que requieren un trasplante 

Por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano procurar condiciones que aumenten la oferta de órganos disponibles para trasplante; junto con este tratamiento es indispensable, buscar el aumento a la disponibilidad de órganos, tanto como no dejar de atender el derecho Constitucional que tienen las personas a la salud.

En virtud de todo lo anterior, concluyo acertado expresar que, en base a las observaciones, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Mediante el cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la coordinación entre la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, se establezca un programa integral de relevancia nacional, que tenga como propósito informar a la población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a efecto de aumentar la cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para trasplantes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente.

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República da la más cordial bienvenida al Papa Francisco en su visita a México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

El suscrito Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA AL PAPA FRÁNCICO EN SU VISITA A MÉXICO; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino que tomó el nombre de FRANCISCO cuando fue elegido Papa, ha marcado su periodo por la humildad, la toma de riesgos y por un profundo cuestionamiento del papel de la Iglesia Católica en el mundo, lo que lo ha colocado como más que popular entre los católicos, como entre los miembros de otras iglesias, incluso, entre los incrédulos o antirreligiosos.

Tan así, que la revista Fortune, consideró que el Papa Francisco es el líder más influyente del mundo y justificó la decisión en su peculiar estilo de gestión pastoral y en las reformas que encaró en la Iglesia Católica. Esta publicación ubicó al primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia en el primer lugar de una lista de 50 personalidades mundiales destacadas.

De eso no cabe duda, un líder mundial, plural y tolerante, que sabe que la diversidad es buena. La diversidad de opiniones, antecedentes, experiencia e ideales. Se dice esto con gran fundamento, pues tradicionalmente, un Papa podía hablar sin que nadie cuestionara lo que decía; pero en contraste, Francisco respeta la opinión de los demás.

Por ello que su inminente visita a México haya creado grandes expectativas y motivo de júbilo para más de 90 millones de mexicanos católicos en el país, al grado que mexicanos en el extranjero han viajado para presenciar esta visita.

Se trata de la primera del Papa Francisco a México, del 12 al 17 de febrero del actual, en 5 estados de la República Mexicana, con 6 ciudades previstas: Distrito Federal, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez.

El avión papal partirá el viernes 12 de febrero de 2016, desde el aeropuerto “Leonardo Da Vinci” de Roma-Fiumicino con destino a la ciudad de México, para regresar hasta el día 18.Tras un recorrido de más de 10 mil kilómetros, la aeronave aterrizará por la tarde-noche del viernes 12 en la capital mexicana donde el líder católico será recibido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, autoridades civiles y religiosas.

Ese encuentro será breve y no están previstos discursos, porque la ceremonia oficial de bienvenida tendrá lugar el sábado 13 de febrero en Palacio Nacional.

El Papa y el Presidente de México sostendrán una reunión privada, luego dirigirá un mensaje a la nación ante autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

Al salir del Palacio Nacional, el pontífice abordará el papamóvil para dar un recorrido entre la multitud que se congregará en el Zócalo de la ciudad, antes de dirigirse a la catedral metropolitana, donde sostendrá un encuentro con obispos del país.

Sólo habrá un evento oficial, el de Palacio Nacional, donde se reunirá con las autoridades públicas. El resto de sus intervenciones será de carácter pastoral. Por lo que su visita es realizada en la doble calidad de Jefe de Estado y religioso.

A partir del referido evento oficial, comenzará un intenso recorrido por las ciudades incluidas en la agenda, que como ya se dijo, han causado grandes expectativas y reacciones de agrado entre el grueso de la población.

Por ello, La mayoría de los mexicanos se apronta a dar la bienvenida al Papa Francisco, ante la distinción de su visita a nuestro México. Desde estos momentos, ya se respira un ambiente festivo.

Los mexicanos han comenzado a presumir su entusiasmo por la visita del Papa Francisco al país y lo comienzan a reflejar en mensajes del Episcopado, anuncios en las calles y de forma personal, incluso por parte de las autoridades del país, tanto federales como de algunos estados de la República.

Por ejemplo, la presencia de carteles en lugares visibles de la capital en los que el estado de Michoacán da la bienvenida al Papa Francisco, mientras algunos medios han colocado publicidad de la visita a Chiapas.

Bienvenida y atención mínima de la que no puede ser ajeno este honorable Senado de la República, al tratarse de la instancia parlamentaria responsable de la política exterior del país.

Máxime que al no estar prevista una visita del Papa Francisco a la sede del Senado de la República, y que por ende, no será posible hacerlo de manera presencial, es que se sugiere sea realizado a través de destacados editoriales o publicitarios en medios de comunicación.

Cabe destacar, que México es un país con una enorme diversidad religiosa, en la que la existencia del Estado laico constituye un elemento esencial para nuestra convivencia plural y para el respeto de los derechos de todas las personas, como la libertad de conciencia y la equidad entre creyentes o no creyentes.

Por ello, la propuesta de bienvenida en medios publicitarios se sugiere sea de una manera muy respetuosa, institucional y laica, como Jefe de Estado, líder de reconocimiento mundial y personalidad distinguida. De tal forma, que sea la Dirección de Comunicación de esta Senado de la República, de acuerdo a la normatividad interna, quien realice las acciones necesarias para estructurar y publicitar un mensaje de bienvenida en los términos referidos.

Un mensaje de bienvenida, como una atención institucional y cortés que la distinción de su visita nos debe merecer.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto De.

ACUERDO

PRMERO.- El Senado de la República manifiesta su beneplácito por la visita del Papa Francisco a nuestro país y le da la más cordial bienvenida.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, a estructurar y difundir un mensaje de bienvenida al Papa Francisco en medios publicitarios, de una manera muy respetuosa, institucional y laica, conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a hacer valer el estado de derecho y aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los derechos del joven Damián González del Río y de sus familiares. Se turna a la Comisión de Justicia.

El suscrito FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE HAGA VALER EL ESTADO DE DERECHO Y QUE APLIQUE TODO EL PESO DE LA LEY QUE PERMITA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL JOVEN DAMIÁN GONZÁLEZ DEL RÍO Y DE SUS FAMILIARES; SE SOLICITA SE INSTRUYA A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA Y BRINDAR SEGURIDAD A CAPACITAR A SU PERSONAL EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA QUE SUS ACTUACIONES NO FAVOREZCAN A LA IMPUNIDAD; ASIMISMO SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A ADOPTAR MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN A FAMILIARES DE LA VÍCTIMA, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 30 de julio de 2012 el joven empresario de 31 años de edad Damián González del Río originario del Municipio de San Pedro de los Garza García, fue víctima de secuestro en la colonia Privadas de Santa Catarina en el estado de Nuevo León. Posteriormente el día cuatro de agosto de ese mismo año su cadáver fue encontrado en el Municipio de Salinas Victoria pese a que sus familiares realizaron un pago de medio millón de pesos por el rescate.

SEGUNDA. El 17 de agosto de ese año agentes ministeriales detuvieron a Diego Zárate Ibarra de 30 años apodado “el negro”; a José Fidencio Armendáriz Guardiola de 20 años apodado “el perro o el monstruo”; a José Antonio Porras Ramírez de 43 con el alias “el lecho Garras”; y a José Ángel Álvarez Lázaro de 36, alias “el gogy” o “el pelón”.

TERCERA. Los detenidos fueron acusados de plagio y homicidio y sentenciados en dos ocasiones la primera en el año 2013 y la segunda en el año 2015 en ambas sentencias con condenas de hasta 90 años de cárcel.

CUARTA. En la última sentencia, el Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez González ordenó liberar a los delincuentes por considerar que las detenciones fueron ilegales; ante esta liberación cuatro hombres que secuestraron y mataron a un joven emprendedor hoy están nuevamente en libertad, lo que se traduce en una clara injusticia producto de tecnicismos en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

De las consideraciones anteriores podemos concluir que el actuar del Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez González quien libero a los 4 plagiarios que asesinaron al joven Damián González del Río, manda un mensaje de impunidad para la delincuencia y cuya decisión sin duda alguna motiva a delinquir y abre la puerta a la corrupción.

Resulta en una grave equivocación del Juez Raymundo Martínez quien solo está privilegiando los derechos de los procesados, decisión que nuevamente deja el sentir en la ciudadanía y la indignación de que los derechos humanos solo se aplican a los criminales y no a las víctimas.

En Acción Nacional nos sumamos a la indignación por la que atraviesan los ciudadanos de Nuevo León tras la inmerecida libertad dictada por el juez segundo de lo penal en favor de los delincuentes enunciados en el cuerpo del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Nuevo León a que haga valer el estado de derecho y que aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los derechos del joven Damián González del Río y de sus familiares.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Nuevo León a que instruya a las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad a capacitar a su personal en la integración de los expedientes, así como a los policías ministeriales y estatales que les permita actuar dentro del marco de la legalidad para que sus actuaciones no favorezcan a la impunidad.

TERCERO. EL Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado a adoptar medidas específicas de protección a familiares de la víctima.

Dado en el salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir el Decreto por el que se declare Área Natural Protegida a la zona de Barra de Potosí, municipio de Petatlán; y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión otorgado a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. de la administración portuaria integral, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EMITA EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARE ÁREA NATURAL PROTEGIDA, A LA ZONA DE BARRA DE POTOSÍ, MUNICIPIO DE PETATLÁN; Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REVOCAR EL TÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO A FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V. DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL,EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de enero de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., el título de concesión por 25 años del fondeo de la bahía del puerto y aguas adyacentes, todo el recinto portuario, la Laguna de las Salinas, en Zihuatanejo de Azueta, así como Barra de Potosí y sus colindancias, pertenecientes a Petatlán, Guerrero, con el propósito de promover, administrar, operar, impulsar y realizar todo aquel acto necesario para llevar a cabo proyectos integrales de desarrollo social, regional, turístico y de sustentabilidad, mediante la prestación de todo tipo de servicios, entre otros más objetivos.

Después de los recientes hechos ocurridos en “Malecón Tajamar”, el 16 de enero de 2016, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en que fueron destruidas 22 hectáreas de 78.4, de manglares, selva y sabana, sepultando vivos a los animales que habitaban en el lugar, representan una violación a la Ley General de Vida Silvestre (Artículo 60 TER, adicionado en el DOF 01-02-2007). No podemos permitir que sigan ocurriendo otros “Tajamar”, debemos pedir a la SEMARNAT y PROFEPA que se revisen todos los casos que tengan autorización de impacto ambiental con base en las reformas y adiciones a la Ley General de Vida Silvestre del DOF 10-01-2002 y DOF 01-02-2007, y que se revoquen aquellos que la contravengan.

En el caso que nos ocupa, la concesión otorgada a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. ha sido rechazada por la población que vive de la pesca y turismo libre nacional y extranjero, y violenta su derecho a la autodeterminación, sobrevivencia en relación con la rica biodiversidad del entorno y su cultura como comunidades pesqueras, de igual manera del disfrute libre de la playa a lugareños y turistas nacionales y extranjeros. Dicha concesión se dio sin consulta alguna de los lugareños, lo que agrava la arbitrariedad contra la población, no toma en cuenta el impacto ambiental ni social, solo hace ligera mención de que se aplicaran las leyes vigentes, sin mencionar la riqueza de la biodiversidad, cultural y turística de la zona construidas por la población.

Como cualquier administrador portuario, la empresa concesionaria está sujeta a un Programa de Desarrollo Portuario que esta misma elaboró, y en el que se establecen los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje.

No obstante, en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la Concesionaria no se menciona nada sobre cómo se pretende hacerlo realmente sustentable, cuidando y respetando la biodiversidad, incluyendo a los lugareños en el proceso de modernización y desarrollo del puerto, lo que ha generado exista un abuso de sus derechos de propiedad y en su caso, su desplazamiento.

En el decreto de concesión no son suficientes las salvaguardas ambientales, se deja sólo la mención de que se apliquen las leyes vigentes, sin una actualización necesaria que debe acompañar cambios de tal importancia, ni la presentación de planes de mitigación y conservación de los recursos naturales de la región.

Las comunidades de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo de Azueta, viven de su interacción con el mar, la pesca y la atención diversa del turismo libre nacional y extranjero, que muchas generaciones de lugareños han dado a la zona el prestigio que ahora tiene.

En esa lógica, prestadores de servicios, hoteleros, comerciantes, taxistas, restauranteros y en general las comunidades lugareñas, acompañadas de ecologistas, defensores de derechos humanos se han expresado demandando la revocación de la concesión mencionada, manifestándolo de diversas formas legales exigiendo el justo respeto de sus derechos a la autodeterminación y la preservación y aprovechamiento sustentable de su entorno.

En Noviembre de 2011, en mi calidad de diputado federal, realice un exhorto a la dependencia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones diera por concluido el Título de Concesión.

Entre las variables existentes para pedir la revocación de la concesión, en voz de los propios afectados, es que no hay un compromiso para limpiar la bahía y restringe el tráfico marítimo a todos los usuarios y prestadores de servicios, así como el acceso público al muelle fiscal, va a regularizar las construcciones ilegales en la bahía, despoja a los pescadores de sus áreas de varadero y atracadero en la playa principal, Laguna de Salinas y amenaza con la destrucción de la vida silvestre en Barra de Potosí.

El 03 de junio de 2013, se publicó en medios que la Administradora Portuaria Integral de FONATUR, se retiraría del recinto portuario, la fuente explicó que “debido a la oposición de pescadores y prestadores turísticos con la llegada de FONATUR, se decidió terminar con la concesión porque “no se permitió hacer nada”, motivo por el cual el recinto portuario será operado nuevamente por Capitanía de Puerto, dependencia federal que estuvo al frente del lugar hasta dos años antes, cuando se dio a conocer el tema de la concesión” (ABC de Zihuatanejo).Sin embargo, independientemente del retiro de la Administradora Portuaria, no se tiene ningún documento que dé certeza jurídica de la revocación el título de concesión DOF 12/01/2011otorgado a favor de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

De acuerdo con el Capítulo VII, Condición cuadragésima quinta del Título de la Concesión, la Concesión podrá ser revocada cuando se incurra en cualquiera de las causales contenidas en el artículo 33 del ordenamiento legal mencionado anteriormente, o en cualquiera de las que a continuación se indican:

● Por ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros operadores, prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;

● Por no conservar y mantener debidamente los bienes concesionados;

● Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de las obras o servicios sin autorización de la Secretaría;

Por incumplir con las disposiciones legales o administrativas aplicables en materia ecológica y las determinaciones de autoridad competente, así como con aquellas que se refieren a las áreas naturales protegidas y parques marinos nacionales o con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Título de Concesión, en materia de protección ecológica;

Bajo este contexto, es importante resaltar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) reconoce a la Laguna de Potosí como sitio prioritario de manglar y rehabilitación ecológica del pacífico Sur, y a las “Playas Petacalco y Piedra del Tlacoyunque” como sitios prioritarios para la conservación de ambientes costeros y oceánicos de México, manifestando su rica biodiversidad que ejemplifica con la anidación de tortugas marinas, aves diversas y otras especies.

Esta zona es objeto de estudio de diversas universidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco ha detectado más de 212 diversas especies de aves en la zona, algunas de ellas en riesgo, y 180 especies de mariposas, entre muchas otras muestras de vida. Por esto y más, esta zona es considerada por la Comisión Nacional como prioritaria para la conservación de la biodiversidad, y es en sí protegida.

En términos del artículo 34 de la Ley de Puertos, la revocación tiene que ser declarada administrativamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie el procedimiento y dicte resolución. Por tal motivo, en el Senado de la República tenemos la responsabilidad de emitir los llamados necesarios a las dependencias de gobierno competentes, para exigir la garantía de los derechos de los ciudadanos. Es una obligación de los que somos representantes populares garantizar que no haya perjuicios en contra del medio ambiente y ni de quienes son el motor económico de nuestras comunidades. En este caso, buscamos proteger la biodiversidad de la zona que contempla la concesión que debe ser considerada como un área protegida y por otro lado que los prestadores de servicios turísticos y quienes se dedican a la actividad pesquera en Zihuatanejo de Azueta y Petatlán no queden desprotegidos, no sean desplazados, ni perjudicados productivamente, pues cientos de familias dependen de ellos.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que emita de manera urgente el decreto por el que se declare Área Natural Protegida, a la zona de Barra de Potosí, Municipio de Petatlán, la cual abarca las lagunas Valentín, Potosí, Carrizal y Playa Blanca, al igual que los Morros Potosí y el arrecife ubicado en Playa Manzanillo, con el propósito de preservar la rica biodiversidad de la región, la seguridad alimentaria de los vecinos y sus futuras generaciones; y el desarrollo del turismo ecológico sustentable.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión DOF 12/01/2011otorgado a favor de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. para la Administración Portuaria Integral, en el recinto portuario correspondiente al Puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, ubicado en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como en Barra de Potosí, Municipio de Petatlán, ambos en el Estado de Guerrero, con el propósito de evitar conflictos sociales, originados por afectaciones de impacto ambiental, social y económico.

Dado en el salón de sesiones del H. Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha Angélica Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz y Sandra Luz García Guajardo, con punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara a la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos MARCELA TORRES PEIMBERT, FERNANDO HERRERA ÁVILA, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, MAKI ESTHER ORTÍZ DOMINGUEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, SONIA ROCHA ACOSTA, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, DANIEL ÁVILA RUIZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ZOE ROBLEDO ABURTO, ARMANDO RÍOS PITER, MIGUEL BARBOSA HUERTA, MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senadores de la República de diversos grupos parlamentarios a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE,EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN Y COLABORACIÓN DE PODERES, SE INVITA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE ESTA CÁMARA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 19 de julio de 1994 se publicó el decreto que creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (en adelante “FEPADE”), como resultado de una serie de reformas constitucionales y legales efectuadas en materia electoral a partir de 1989, tendientes a conformar un sistema digno de la confianza de la ciudadanía para el ejercicio libre del voto.

El análisis histórico de la evolución democrática en México durante el siglo XX, permite apreciar que los avances institucionales y legales en materia político-electoral fueron lentos durante los primeros cincuenta años posteriores al fin de la Revolución Mexicana, y más acelerados durante el último cuarto del siglo, hasta culminar con la alternancia democrática en la Presidencia de la República en el año 2000.

Durante los setenta años en los que México vivió bajo el dominio gubernamental de un solo partido político, los comicios electorales casi siempre fueron espacio de la demostración del más indignante abuso del poder público, así como del uso constante de la violencia y la coacción para lograr el triunfo electoral de los candidatos del partido en el poder.

En diversas crónicas periodísticas, estudios históricos y narraciones de la época, están presentes los testimonios del uso de toda clase de trampas, mañas y amenazas utilizadas por verdaderos hampones electorales para coaccionar la voluntad de los ciudadanos. El sistema electoral estaba bajo el control del propio gobierno, y pocas  veces les fueron reconocidos sus triunfos a los candidatos de los partidos políticos opositores.

Los gobiernos del PRI no mostraron preocupación alguna por dotar de legalidad y certeza los comicios electorales hasta 1976, año en el que la resignación ciudadana frente al ya tradicional empleo del fraude y las trampas en las elecciones, fue tal que no se postularon candidatos opositores para la Presidencia de la República, siendo candidato único José López Portillo.

Un ejercicio interno de análisis que nada tenía de convicción, pero sí mucho de pragmatismo, hizo que el partido en el poder reflexionara acerca de la necesidad de legitimidad en las elecciones para preservar el sistema político, lo que generó las condiciones políticas propicias para que se hablara de una primera reforma en materia político electoral en 1977, con la proposición de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE).

A pesar de ese febril intento por comenzar la institucionalización y apertura del sistema político mexicano, persistían los casos en los que era evidente la utilización de recursos públicos (materiales y humanos), condicionamiento de programas sociales, robo de paquetería electoral, y hasta “caída del sistema”, para favorecer a los candidatos del partido gobernante. Cada comicio electoral era una auténtica elección de Estado, en la cual se conocía en automático el posible ganador, pero nunca las nuevas artimañas que se utilizarían para sostener su triunfo.

El gobierno de Miguel de la Madrid se caracterizó por el uso acentuado de esas prácticas, recurriendo incluso al llamado “fraude patriótico” para la elección de gobernador en Chihuahua en 1986, y la elección presidencial de 1988 -en la que resultó electo Carlos Salinas de Gortari- que evidenció el fraude electoral orquestado desde la Secretaría de Gobernación para sostener la victoria del PRI.

Durante el sexenio de Salinas de Gortari se volvieron emblemáticos los casos de las elecciones a gobernador en Michoacán (1989), San Luis Potosí (1991) y Guanajuato (1991), donde no fueron reconocidos los triunfos de candidatos de oposición a pesar del enorme reclamo de la ciudadanía. Ese fue el contexto del inicio de las reformas legales e institucionales que dieron paso a la creación de la FEPADE.

Es importante resaltar que en toda sociedad democrática, es indispensable la absoluta imparcialidad por parte del aparato gubernamental, es decir, la no injerencia para favorecer o perjudicar a candidato alguno. Una auténtica democracia se fundamenta en el respeto a las decisiones de los ciudadanos, así como en la equidad en la contienda de donde resultan electos los gobernantes.

La experiencia de distintos países demuestra que mientras haya una mayor intromisión del Estado en las elecciones, se inhibe más la participación de la ciudadanía. México es un ejemplo de ello: los índices más altos de abstencionismo en las elecciones tuvieron lugar en los años en los cuales el régimen tenía el control absoluto de los medios electorales; los índices más altos de participación se registraron cuando los ciudadanos tuvieron la expectativa real de cambio en el gobierno.

La garantía de imparcialidad en la competencia política es actualmente uno de los valores primordiales para la democracia en México. La abstención del uso de los recursos públicos para favorecer a los candidatos ya no es un gesto de condescendencia de parte del gobierno; es una obligación que debe ser respetada para garantizar que la voluntad popular sea el origen verdadero de las decisiones públicas.

Por ello es imprescindible que la FEPADE, la institución encargada de la vigilancia de las conductas abiertamente antidemocráticas, cuente con las más amplias facultades, instrumentos jurídicos de vanguardia y absoluta libertad de actuación, para garantizar que los ciudadanos que cometan un delito electoral no gocen de impunidad.

Los principales retos de la FEPADE en la actualidad, son seguir impulsando la transición democrática y consolidando los procesos a través del fortalecimiento de sus instituciones públicas, el equilibrio de poderes y la continua mejoría en la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales.

Al hacerse pública la noticia respecto a la investigación que en meses recientes llevara a cabo la FEPADE en contra de Arturo Escobar y Vega,ex vocero del del Partido Verde Ecologista de Méxicoy ex subsecretario de Prevención del Delito de Gobernación, , generó una reacción sorprendente de su partido político el cual, no debemos olvidar que es aliado del actual gobierno, tanto la denuncia penal que presentó como las constantes declaraciones en contra de la credibilidad del Fiscal, buscan deslegitimar a la Fiscalía vulnerando la ya de por si endeble confianza que tienen los mexicanos en el régimen democrático.

La amenaza latente de la denuncia presentada en contra del Fiscal Especial de la FEPADE ante la Procuraduría General de la República, así como el súbito freno a la investigación que se llevaba a cabo en contra de Escobar,son señales inequívocas de un esfuerzo para obstaculizar la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la equidad e independencia de los comicios. Este es un grave precedente en contra de la democracia en nuestro país y sobre todo en la persecución de delitos electorales.

Más allá de los ataques personales al Fiscal Especializado, lo que subyace en esta actitud antidemocrática del Partido Verde Ecologista de México, esun intento por debilitar las instituciones que buscan prevenir y combatir los delitos electorales, este embate se vuelve de suma relevancia en vísperas de la renovación de 12 gubernaturas, Congresos locales y diversas alcaldías.

Si bien es cierto, existió control parlamentario para garantizar la imparcialidad de la FEPADE, pues el nombramiento del Fiscal,derivado de un artículo transitorio de la reforma Constitucional a la Procuraduría, se realizó por única ocasión por esta   institución Senatorial, aun no se aprueba la Ley de la Fiscalía General de la República,   la cual debe establecer las bases de organización, recursos y competencias de la FEPADE. Ante esta omisión legislativa, compete a la Procuradora establecer la organización y el funcionamiento de la FEPADE, ergo, depende de ella su eficaz funcionamiento.

Paralas y los Senadores promoventes, resulta necesario conocercuales son las unidades administrativas, competencias y sobre todo los recursos materiales y humanos con que cuenta hoy día la FEPADE para el eficaz ejercicio de sus funciones, así como las medidas institucionales que va a implementar la Procuraduría General de la Repúblicacon el fin degarantizar su independencia, dotar la de mayor funcionalidad y eficacia frente a las elecciones de 2016, y para evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o sesgos político electorales.

Por otro lado, la reciente filtración de información falsificada que implicaba alprecandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con el crimen organizado, dejó entrever tanto la vulnerabilidad de la secrecía de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, como la corrupción de algunos funcionarios públicos al utilizar información clasificada como reservada en beneficio de un partido político y en perjuicio de otro. Conductas como esta son la regla y no la excepción en nuestro País.

Como resultado de esta grave situación las Senadoras y los Senadores abajo firmantes, necesitamos saber qué medidas de fortalecimiento institucional y, en su caso que procediemientos sancionatorios se están llevando a cabo para evitar que la Procuraduría General de la República sea usada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones que se llevarán a cabo el presente año

En virtud de la necesidad de garantizar procesos electorales íntegros, transparentes, equitativos e imparciales, con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Cámara de Senadores, en el marco del principio de división y colaboración de poderes, invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión, a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, con la finalidad de que ilustre al seno de la misma respecto a:

a) Qué unidades administrativas componen hoy día a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; cuál es su competencia específica y cuántos agentes de investigación se encuentran permanentemente adscritos a la misma para el eficaz ejercicio de sus funciones;

b) Qué diseño institucionalde ese órgano persecutor se está planteando para dotarle de mayor funcionalidad y eficacia de frente a las elecciones de 2016, con el fin de evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o sesgos políticos.

c) Qué medidas se están tomando para evitar la alteración de documentos contenidos en investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, así como su filtración a medios de información, con el fin de perjudicar a candidatos para las elecciones de 2016; y

d) Qué medidas de fortalecimiento institucional se están llevando a cabo para evitar que la Procuraduría General de la República sea utilizada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones a realizarse el presente año; qué procedimientos sancionatorios se han iniciado por ese motivo, cuántos de esos procedimientos han concluido con sanción y, en su caso, en qué han consistido las sanciones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de Febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Héctor David Flores Avalos.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Sandra Luz García Guajardo.





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a considerar una disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se utilicen derivados del petróleo como fuente principal para la generación de electricidad. Se turna a la Comisión Energía.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A QUE SE CONSIDERE UNA DISMINUCIÓN EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DE LOS ESTADOS EN LOS QUE SE UTILICEN DERIVADOS DEL PETRÓLEO COMO FUENTE PRINCIPAL PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la última edición del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas del mercado de productos básicos), el Banco Mundial redujo su proyección del precio del petróleo crudo para 2016 a USD 37, siendo que en octubre había proyectado un precio de USD 51 por barril. El precio del petróleo cayó un 47% en 2015, y se espera una baja adicional, en términos de promedio anual, del 27% en 2016.

De acuerdo con el último informe trimestral del Banco de México, esta baja en la proyección refleja varios factores relacionados con la oferta y la demanda: el hecho de que las exportaciones de la República Islámica de Irán hayan recomenzado antes de lo previsto; la mayor resiliencia de la producción estadounidense a causa de los recortes de gastos y las mejoras en la eficiencia, el invierno moderado del hemisferio septentrional y la debilidad de las perspectivas de crecimiento de las principales economías de mercados emergentes.

Esta baja en los precios del petróleo impacta en el precio de bienes y servicios, por ejemplo, de acuerdo con el Informe Anual de la Comisión Federal de Electricidad 2014, el 80% del costo de la generación de energía eléctrica depende del precio del combustible que se utiliza para generarla, elemento que influye a su vez, en la determinación de las tarifas del servicio eléctrico.

Tarifas que impactan en la economía de las familias, por tratarse de un servicio público necesario en los hogares, al respecto cabe mencionar que en las regiones del país que presentan climas extremos, el consumo de energía eléctrica suele elevarse en los meses más calurosos del año debido a que es necesario recurrir a aparatos de aire acondicionado o ventiladores, asimismo, los aparatos eléctricos, especialmente los de refrigeración -indispensables para conservar los alimentos en buen estado- registran un consumo más elevado a altas temperaturas.

Tal es el caso de Baja California Sur, estado en que buena parte del gasto de las familias se dirige a cubrir el recibo de electricidad. Cabe mencionar que el parque de generación eléctrica en dicho estado se constituye en su mayoría por unidades térmico convencionales, con altas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y que recientemente se han instalado plantas de combustión interna que emplean diésel o combustóleo.

Siendo derivados del petróleo, la principal fuente de generación de energía en Baja California Sur y considerando la baja en los precios de los hidrocarburos, se considera necesario que se realice un ajuste en las tarifas del servicio de electricidad, que impacte positivamente en la economía de las familias mexicanas.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía a que considere una disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se utilicen derivados del petróleo como fuente principal para la generación de electricidad.

Dado en el Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una investigación en relación a la presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios de comunicación por parte del ciudadano Jorge Morales Borbón, quien se desempeñó como Secretario de Comunicación Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales correspondientes y se sancione conforme a derecho. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en virtud de que se trata de elementos indispensables para hacer asequible la consolidación del sistema democrático mexicano. En este tenor, es fundamental que desde Soberanía Nacional coadyuvemos de manera efectiva al combate y erradicación de toda conducta que contravenga el orden jurídico nacional.

El 1º de febrero del año en curso, se dio a conocer que Jorge Morales Borbón, quien fungió como Secretario de Comunicación Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora (2009-2015), fue aprehendido por la probable comisión de los delitos de extorsión en contra de empresarios de medios de comunicación a quienes presuntamente intimidaba para solicitarles dinero a cambio de liberar los pagos que tuvieran pendientes después de prestar sus servicios.

Al respecto, el primer párrafo del artículo 293 del Código Penal del Estado de Sonora, dispone a la letra que: “Al que sin derecho y mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a ochocientos días multa”.

El titular de la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción estatal señaló que conforme a lo dispuesto en la mencionada ley penal sustantiva de la entidad, el ex funcionario podría recibir una sentencia de 5 a 60 años de cárcel y una sanción económica de hasta 12 mil 726 pesos.

El propio fiscal expresó que Jorge Morales Borbón, presumiblemente colectó beneficios económicos en su favor valiéndose de las facultades inherentes a su facultad de servidor público. Además refirió que para llevar a cabo la captura del ex funcionario cercano al ex gobernador Padrés Elías se recabaron testimonios de tres empresas y dos particulares; y se analizaron órdenes de pago y transferencias bancarias que fueron consignadas ante el juez.

El 13 de octubre de 2015, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) inició una investigación contra el exsecretario de Comunicación Social, debido a que en los últimos tres meses de la pasada administración estatal se hizo cargo de la televisora estatal Telemax y solicitó un crédito de 90 millones de pesos.

Diversos medios han señalado que dicho crédito fue ratificado de manera unilateral por el ex gobernador de la entidad con el objetivo de que se comprometieran las participaciones estatales de la televisora hasta 2025. Es importante referir que hasta el momento se han retirado 45 millones para la modernización digital de la televisora y el capital restante no tiene registro fiscal.

Posteriormente, el 13 enero del año en curso, Jorge Morales Borbón y Luis Enrique Montejano, quienes manejaban los medios y la imagen pública a Guillermo Padrés, comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción por la creación de supuestas empresas fantasmas en perjuicio del erario estatal.

Lejos de representar la conclusión de un capítulo, debe ser el inicio de acciones encaminadas a investigar y sancionar a quienes defraudaron la confianza ciudadana. Es fundamental que los hechos sean investigados de una manera integral a fin de que todos los responsables, por acción u omisión, sean sujetos de las penas y medidas correspondientes. 

Si bien es cierto que las investigaciones se encuentran en curso, también lo es que el Senado de la República no puede ser omiso ante casos de esta naturaleza, sobre todo si tenemos en cuenta que la administración de Guillermo Padrés Elías como titular del estado de Sonora, ha sido cuestionada constantemente por la comisión de múltiples irregularidades, omisiones y arbitrariedades al margen de la ley.

En relación al asunto que impulsa el presente punto de acuerdo, cabe referir que no es la primera ocasión en la que una persona cercana al ex Gobernador panista es aprehendido. Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de diciembre de 2015, fecha en la que se dio a conocer la orden de aprehensión en contra de un empleado Padrés Elías, por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus modalidades de posesión, administración y transporte.

Ante este panorama, quedan de manifiesto la actualización de diversas violaciones y conductas al margen de la Ley, que van desde cuestiones fiscales, hasta la violación de principios rectores del Estado mexicano, como es el del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque reconocemos que las acciones legales hasta ahora emprendidas son las adecuadas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora lleve a cabo una investigación exhaustiva e integral, para sancionar a los responsable de vulnerar las arcas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, para que lleve a cabo una investigación profesional, exhaustiva e integral en relación a la presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios de comunicación por parte del C. Jorge Morales Borbón, quien se desempeñó como Secretario de Comunicación Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías (2009-2015), a fin de que se deslinden las responsabilidades penales correspondientes y se sancione conforme a derecho.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a dar seguimiento puntual a las denuncias interpuestas por la Universidad Veracruzana en contra del gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos federales a dicha institución docente. Se turna a la Comisión de Educación.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace unos años, se ha utilizado el término “nini” para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. La palabra “nini” es una traducción de la voz NEET o Neet (Not in Employment Education or Training). Fue utilizada por primera vez en 1999 en un informe de la Social Exclusion Unit, que es una oficina de apoyo al gabinete del primer ministro de la Gran Bretaña. El nuevo término reemplazó a la Status Zer0 empleado en los reportes previos de esa oficina y que, en realidad, tenía la misma connotación. 1

El fenómeno “nini” se observa no solamente en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en España, el Instituto de la Juventud local acepta que casi 600 mil jóvenes se encuentran en estas circunstancias. 2 De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los 34 países que integran el organismo hay 39 millones de jóvenes de 16 a 29 años que son “ninis”. En México, la cifra es de poco más de 7 millones. 3

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18% de los jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja; porcentaje semejante se presenta en Brasil (19%) y Paraguay (21%). En el Caribe los adolescentes no se quedan atrás, ya que se estima que 20% tienen la etiqueta de “nini”, mientras que en Centroamérica la situación es similar: 21% de la población de 16 a 29 años se inscribe en esta categoría. 4

Adicionalmente, en nuestro país, la situación de los llamados jóvenes “ninis” se agrava debido a que, al no encontrar oportunidades educativas ni laborales, en muchas ocasiones caen en situación de delincuencia organizada, narcotráfico o violencia.

Tan sólo entre 2008 y 2010, la población de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudiaba ni trabajaba en el país, se incrementó 0.5 por ciento según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Ello mantiene a México como el tercer país de la OCDE con el porcentaje más alto de "ninis", con 24.4 por ciento, aseguró Pedro Lenin García de León, especialista del organismo.5

En el caso de la Ciudad de México, en 2013 la titular del Instituto de la Juventud, María Fernanda Olvera, afirmó que de los 2 millones 336 mil 603 jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, el 19.3 por ciento ni estudia ni trabaja.

Del total de 2 millones 336 mil 603 jóvenes que hay en la Ciudad de México, y que representan el 26.39 por ciento de la población, el 49.4 por ciento son hombres y el 50.6 mujeres. 6

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) llevaron a cabo recientemente la Primera Consulta sobre la Estrategia Nacional de Empleo para Jóvenes (ENEJ) 2015-2018 a fin de conocer las inquietudes en materia de empleo, así como recoger las experiencias, propuestas y recomendaciones en el tema. 7

La ENEJ tiene cuatro pilares, que son: Generación de empleo, formalización del empleo, transición escuela-mercado de trabajo y emprendimiento. A la par, se ha realizado un esfuerzo sostenido por elevar la tasa de cobertura educativa, por lo que se cuenta con el programa “Jóvenes por un México Alfabetizado”, junto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que tiene como objetivo atender a 7.5 millones de personas: 2.2 millones serán alfabetizadas, 2.2 millones concluirán la primaria y 3.1 millones la secundaria. 8

Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que se están llevando a cabo importantes acciones dirigidas a fortalecer la política nacional de la juventud en todos los órdenes de gobierno. Se trata de alinear los programas que se instrumentan en las dependencias de la Administración Pública.

Sin embargo, consideramos que existe una importante área de oportunidad, para que gobierno federal junto con los gobiernos de las entidades federativas, puedan fortalecer las estrategias dirigidas a atender integralmente las necesidades de los jóvenes mexicanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, implementen estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_Art6.html

2 http://abcuniversidades.com/Articulos/263/Ninis__generacion_sin_esperanza_.html

3 http://www.jornada.unam.mx/2015/05/28/sociedad/038n1soc

4 http://abcuniversidades.com/Articulos/263/Ninis__generacion_sin_esperanza_.html

5 http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/11/los-ninis-aumentan-en-mexico-ocde

6 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/18/924172

7 http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1151

8 http://www.imjuventud.gob.mx/





 

También les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre la celebración del 69 aniversario de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual las mujeres obtuvieron el derecho de votar y ser votadas en los procesos electorales municipales a nivel nacional.







 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA , 11 DE FEBRERO.

"Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos"

Christine de Pizan

La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barraras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%.

Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es así como lo marca la resolución A/70/474/A.

Aunque las posibilidades de progreso científico y tecnológico son casi ilimitadas, las mujeres y las niñas están ausentes en estos campos, especialmente en lo que refiere a la creación y la toma de decisiones en los ámbitos que transforman nuestro mundo cotidiano.

Las oportunidades económicas abundan. Se calcula que el valor de los sectores del cambio climático y las tecnologías limpias en la próxima década ascenderán a 6,4 billones de dólares, y que el valor de la economía digital, solo en el Grupo de los 20 países industrializados, es de 4,2 billones de dólares.

Existe una gran disparidad de oportunidades con respecto a los trabajadores calificados digitalmente, de 200 millones de personas. Se calcula que hasta 90 por ciento de los empleos del sector formal exigirán formación en Tecnológica. En la energía y la agricultura se necesitarán 2,5 millones de ingenieros y técnicos solamente en África subsahariana para mejorar el acceso al agua limpia y el saneamiento.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, en relación con el “Día Nacional del Águila Real”.

EFEMÉRIDE DÍA NACIONAL DEL ÁGUILA REAL

El 13 de febrero celebramos en Día Nacional del Águila Real, especie utilizada como uno de los símbolos más emblemáticos de nuestra cultura, al ser parte del Escudo Nacional.

En la naturaleza el Águila Real, tiene una gran importancia ecológica derivada de su contribución en la estabilidad del ecosistema, al ser una especie reguladora de poblaciones de pequeños mamíferos y un consumidor superior dentro de la cadena alimenticia.
Sin embargo, ha sufrido diversos impactos por actividades del hombre, que afectaron su distribución y abundancia.

En los años2008 y 2011, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informó que no se tenía el registro de los individuos en México y al día de hoy reporta la presencia de tan sólo 119 parejas de Águila Real.

Es de consideración, que a pesar de que esta especie es una referencia Nacional al estar esculpida en nuestro símbolo patrio, sólo contamos con un número mínimo.

A nivel mundial se estima la existencia aproximada de 300 mil individuos, de los cuales en Europa, se encuentran 24,500 aproximadamente es decir que el resto se encontraría en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, SÓLO 248 EJEMPLARES HABITAN NUESTRO PAÍS. Es decir sólo uno por cada mil ciento diez individuos localizados en América del Norte.

Una de las razones, por las cuales el águila característica de México ha desaparecido es la pérdida o deterioro de su hábitat y la reducción en la disponibilidad de presas y sitios de anidación, principalmente por la agricultura y ganadería extensivas y la urbanización.

Ante estos datos en México se considera al Águila Real, cómo una especie Amenazada que podría llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo.

A razón de lo anterior, México ha realizado diversos programas que buscan la recuperación de la especie y su zona de influencia, tales como:

• El Proyecto de protección, conservación y recuperación del águila real en México;

• El Programa de Acción para Conservación de la Especie, y

• La integración y creación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección y conservación del águila real.

Sin embargo, al momento todavía no podemos hablar de una recuperación de la especie, por ello debemos considerar las acciones realizadas en Estados Unidos para la protección de su símbolo patrio “El Aguila Calva” y por consiguiente del Águila Real.

Ambas especies están siendo protegidas a través de la Ley de Protección del Águila Calva y Águila Real, en la que se prohíbe el aprovechamiento, exportación o importación de cualquier ejemplar, vivo o muerto, incluyendo cualquier parte, nido o huevo. Las sanciones pueden llegar a 250 mil dólares o dos años de cárcel.

Por lo anterior, es necesario que este Día Nacional del Águila Real, seamos conscientes del deterioro de sus poblaciones y busquemos estrategia que permitan el incremento de las mismas con el fin de que esta especie no se convierta sólo en un visitante más de nuestro país.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.





 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración del derecho al voto, a ser votado y el sufragio efectivo.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Energía”.

EFEMERIDE DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA

El día domingo 14 de Febrero se celebra el Día mundial de la Energía, con la finalidad de reconocer la importancia de la energía en la vida cotidiana de los seres humanos, pero principalmente para promover la disminución de combustibles fósiles y aumentar el uso de fuentes renovables como una alternativa que mejoraría la calidad de vida de los seres humanos y revertir los efectos del cambio climático.

Se calcula que, aproximadamente, el 80% de la energía se produce a partir de combustibles fósiles, y un 36% de ésta proviene del petróleo. Solo un 2% proviene de energías renovables. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas más de un tercio de la población no tienes acceso a la energía en sus formas avanzadas y los 30 países más desarrollados del planeta, que representan un 15% de la población total, consumen más del 60% de estas formas modernas de energía.

Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. El consumo y suministro de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de las sociedades. Uno de los grandes problemas en la actualidad es la crisis energética que aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan.

Las fuentes de energía renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales que tenemos actualmente, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían cubrir un tercio del consumo de electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono cumpliendo con las acciones y medidas que se establecen en el Protocolo de Kioto, del cual nuestro país es parte.

Dichos motivos recalcan la importancia del Día Mundial de la Energía y  debe servir para concientizar a la sociedad y pueblos  de la importancia del uso racional de energía y de la obtención de la mismas por fuentes de energías limpias que la naturaleza nos ofrece.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional contra el uso de niños soldados”.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO DE NIÑOS SOLDADOS

La infancia debiera ser la etapa más bonita de la vida, con personitas inofensivas, sin prejuicios, con sus muy peculiares maneras de ver, pensar y sentir. Sin embargo, no siempre es así y los pequeños se encuentran expuestos a un sinnúmero de abusos y calamidades, como es el caso de los niños soldado.

Un niño o niña soldado es un menor de 18 años que se encuentra formando parte de una fuerza armada regular o irregular, desempeñando diversos trabajos o actividades.

Lamentablemente, miles de menores son secuestrados, reclutados, muertos, mutilados o violados en conflictos bélicos en todo el mundo. Los niños que luchan en conflictos son separados de sus familias, obligados a matar, y sufren violencia y abusos.

Según UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), se calcula que hasta 300.000 niños y niñas en todo el mundo participan en grupos y fuerzas armadas con distintas funciones, como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o por motivos sexuales. Este reclutamiento es ilegal y constituye una de las más graves violaciones de los derechos de la infancia.

Ponerle fin es un proceso complejo que requiere un compromiso por parte de toda la sociedad, y lograr regresar a estos niños soldados a su vida y recuperar su infancia.

Por ello, muy importante la institución del Día Mundial Contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado que se conmemora el 12 de febrero de cada año, para que miles de niños y niñas de todo el mundo puedan tener una infancia digna y no sean utilizados como niños soldados.

Sin duda, un día propicio para recordar a esos pequeños que indebidamente son reclutados para participar en conflictos armados en todos el mundo, como para la reflexión encaminada a evitar que los niños sean utilizados con esos fines.

Razones por las cuales, este 12 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra el Uso de Niños Soldados, un llamado a la comunidad internacional para solidarizarnos en el interés de acabar con el uso de pequeños como soldados en cualquier parte del mundo, lograr reinsertarlos en la sociedad, a fin de que puedan vivir y desarrollarse como niñas y niños que son.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Radio”.

EFEMERIDE DÍA MUNDIAL DE LA RADIO

La RADIO es el medio de comunicación masivo por excelencia, pues su cobertura alcanza al 98 por ciento de la población del país, con una historia de más de 70 años.

Siete décadas en las que el sintonizar una frecuencia en los años veinte era una verdadera hazaña sólo conseguible por iniciados a través de pequeños receptores, pero que a la postre se convirtió en sencillo acto cotidiano, casi natural, practicado por millones de personas que acompañan la jornada diaria con la música, las charlas o la información que la radio ofrece.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) destaca a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro.

En mérito de tal relevancia y trascendencia, el 14 de enero de 2013, la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), aprobó la proclamación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del “Día Mundial de la Radio”.

En su 67.a reunión, la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas) aprobó la resolución adoptada en noviembre de 2011, en la 36 ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en la que se proclamó como tal, el 13 de febrero de cada año, en alusión al día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946.

Es una celebración global en que se festeja la radio como medio, como también, para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar, a las principales redes y radios comunitarias por igual, a promover a través de las ondas, el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género, entre otros valores.

También, una ocasión para reconocer el trabajo de aquellas personas que en cualquier forma, participan para dar existencia a la Radio en nuestro país; a todas aquellas que hace posible que la Radio llegue a prácticamente todos los rincones de la república, llevando información, música y entretenimiento, por citar algunos.

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todos aquellos hombres y mujeres que participan y dan vida a la Radio en México, el 13 de febrero en su día.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

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Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (13 DE FEBRERO).

En la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, los legisladores del PRI, conmemoramos el 123 aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano, ilustre mexicano que por sus grandes aportaciones en la difusión y acceso a la educación, es considerado como el padre de la literatura en México.

Hoy recordamos al extraordinario poeta, escritor, periodista, historiador, maestro y político que destacó tanto en el campo de batalla como en el literario. Aunque cuenta con amplio legado, sin duda, el mayor de sus logros fue establecer las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria en México.

Hombre de origen humilde pero de grandes ideales, como pocos vio en la educación la herramienta más importante para enaltecer los valores nacionales, conservar el orden público y garantizar el cumplimiento del marco jurídico.

A pesar de que aprendió a leer y a escribir hasta en la adolescencia, a los 15 años ganó una beca de estudios en el Instituto Literario de Toluca, institución donde impartía la cátedra Ignacio Ramírez “El Nigromante”, personaje que posteriormente se convirtió en su amigo y maestro.

Después, ingresó al Colegio de San Juan de Letrán para estudiar la carrera de Derecho, misma que interrumpió para incorporarse a movimientos como la Revolución de Ayutla que buscaba derrocar a Santa Anna en 1854 y el estallido de la Guerra de Reforma en 1857. En 1859 se tituló y con la victoria de los liberales fue elegido diputado al Congreso de la Unión.

En 1863 se adhirió a la lucha contra el Imperio de Maximiliano de Habsburgo y en 1865 fue nombrado coronel por el presidente Benito Juárez; Altamirano tuvo una destacada intervención en el Sitio de Querétaro.

Después de alcanzar grandes triunfos en el campo de batalla, en 1867 se retiró de las armas expresando la siguiente frase: “mi misión con la espada ha terminado”, a partir de ese momento dedicó todos sus esfuerzos al fortalecimiento e impulso de las letras en nuestro país.

El legado de Ignacio Manuel Altamirano nos convoca continuar fortaleciendo el sistema educativo de nuestro país. Como diputado del Congreso, impulsó de manera decidida la educación primaria gratuita, laica y obligatoria, la que cual hoy también debe ser de calidad.

No sólo fue un parlamentario brillante, también se desempeñó de manera notable como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia y oficial mayor en el Ministerio de Fomento; fue cónsul de México en Barcelona y París y realizó un postrer periplo por Italia.

A lado de Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, llevó a cabo la fundación del Correo de México y la revista El Renacimiento, medio en el que invitó a participar a los intelectuales de todas las corrientes. Fundó los diarios El Federalista, La Tribuna y La República y la primera Asociación Mutualista de Escritores de la que fue presidente.

Tuvo una destacada labor en la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Comercio, la de Derecho, la Nacional de Profesores, entre otras.

Fue un hombre que dedicó su vida a sentar las bases para el desarrollo de México. Destaca su pasión por la cultura y la literatura, a las que concibió como elementos indispensables para la integración cultural de la nación.

Después de una vida de grandes logros en beneficio de los más vulnerables, falleció el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia.

Hoy, desde esta Soberanía, reconocemos su inquebrantable defensa de los valores indigenistas, su incesante impulsó de la educación y su permanente defensa del reconocimiento de la historia de México.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO (14 DE FEBRERO).

“La patria es primero.” Frase emblemática que sintetiza la vida, ideología y legado de uno de los más grandes héroes nacionales, Vicente Guerrero.

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 185 aniversario luctuoso del General Vicente Ramón Guerrero Saldaña, un prócer que junto a Don Miguel Hidalgo y Costilla y el Generalísimo José María Morelos y Pavón, contribuyeron para lograr la independencia de nuestro país.

El deceso de este destacado político, militar y caudillo, ocurrió el 14 de febrero de 1831. Hoy, desde la máxima tribuna, recordamos con profundo respeto y admiración a quien por sus acciones, es considerado como un símbolo de la historia nacional.

Nació el 9 de agosto de 1782 en Tixtla, actual estado de Guerrero, sus padres fueron Pedro Guerrero y María Guadalupe Saldaña. En la primera etapa de su vida se desempeñó como arriero, actividad que le permitió recorrer en múltiples ocasiones su región natal.
Guerrero es recordado por su inquebrantable lealtad, sagacidad, valentía y notable patriotismo, pero también es incuestionable su rechazo hacia las injusticias que acontecían en aquella época. De esta manera, en 1811 por invitación de los hermanos Galeana, se incorporó al movimiento insurgente, formando parte de las tropas de José María Morelos y Pavón.

Destacó por ser un gran estratega, siendo comisionado por el general Morelos para reforzar la zona costera del sur, etapa en la cual tomó Puerto Escondido y Santa Cruz de Huatulco, además de participar en la toma de Acapulco, batalla crucial para el fortalecimiento de las fuerzas insurgentes.

Después del sensible deceso José María Morelos y Pavón, el general Guerrero fue reconocido como general en jefe del ejército del Sur, aliándose con militares de la zona de Iguala y Taxco.

A finales de 1820 ocurrió uno de los momentos más trascendentes en su vida, después de que Agustín de Iturbide fracasara en su objetivo de terminar con la causa insurgente.

Consciente de que no podría derrotar al General Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide se adhirió al movimiento independentista para redactar el Plan de Iguala, el cual fue promulgado el 24 de febrero de 1821, a través del cual se estableció una proclama de independencia y un plan gobierno nacional, elementos que en su conjunto sentaron las bases para la consumación de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821.

Cuando Agustín de Iturbide se coronó Emperador de México, el general Vicente Guerrero se levantó en armas para derrocarlo y posteriormente decidió apoyar al Presidente Guadalupe Victoria. De esta manera, gracias a su amplia trayectoria, en 1829 fue nombrado Presidente Constitucional, sin embargo, lo destituyeron a unos meses de tomar posesión.

Después de una vida dedicada a la lucha y búsqueda de un país libre y soberano, sin estar supeditados a otros gobiernos, el 14 de febrero de 1831 fue privado de la vida al ser fusilado.

En el Grupo Parlamentario del PRI, homenajeamos a este gran mexicano que con su trabajo coadyuvó a materializar el anhelo de miles de mexicanos que dieron sus vidas por hacer posible la independencia de México.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Radio”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO, OBSERVADO
EL 13 DE FEBRERO.

La radio nos permite estar mejor comunicados e informados, tomando en cuenta estas consideraciones, desde esta Soberanía se aprobaron diversas reformas para posicionar el acceso a la información a la par de otros como el de la salud, la vivienda y el acceso a la justicia.

En este sentido, resulta de vital importancia decir que la radio es un medio efectivo para acceder a nuevos conocimientos, ampliar nuestras habilidades cognitivas en la resolución de conflictos, fortalecer la capacidad de reflexión, análisis y discernimiento, además es fundamental para propiciar una sociedad más informada, dinámica, abierta y plural.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, conmemorar “El Día Mundial de la Radio” tiene como objetivo concientizar sobre la importancia que tiene y animar a los gobiernos a dar acceso a la información a través de este medio, así como estimular la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión.

Esta celebración se desarrolla desde el año 2011, cuando en la Trigésima Sexta conferencia general la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura reconoció el “poder de cambio de la radio” y estableció el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, por ser el día en el que iniciaron las emisiones de la radio de este organismo internacional.

La importancia de la radio en México se demuestra en su amplia cobertura y diversidad de contenidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales, la radio cuenta con 87.3% de recepción de público a escala nacional, aunado a ello, debido a su fácil acceso y recepción, el 35% más de la tercera parte de la población lo escucha de dos a cuatro horas al día.

Destaca que el lugar donde se escucha más este medio es la casa, el transporte público y el centro de trabajo; en cuanto a las diferencias de audiencia entre hombres y mujeres, la encuesta señala que son éstas últimas quienes sintonizan más este medio de comunicación.

Para dimensionar las audiencias, basta mencionar que sólo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, poco más de 9 millones 930 mil personas escucha la radio.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, existen más de 401 estaciones de AM y mil 349 de FM, por su parte el Signum Research posiciona a la radio como uno de los medios con mayor penetración al tener una influencia de 33%, además indica que es el tercer medio que impacta más en la decisión de compra de productos de consumo.

Las últimas cifras de la Consultora Ernst & Young indican que el gasto publicitario para la radio siguen siendo importantes, en nuestro país estas inversiones ascendieron a más de 5 mil 150 millones de dólares en el 2014 y se espera que lleguen a 6 mil 800 millones de dólares en el 2018.

Para 2016, la celebración de este día  pone énfasis en el rol determinante de la radio para prevenir y salvar vidas durante catástrofes como inundaciones, erupciones volcánicas, accidentes de contaminación masiva o nuclear y epidemias, bajo el lema “La radio en tiempos de desastre y emergencia”.

La radio llega a comunidades remotas y marginadas, desempeña un papel fundamental en situaciones de emergencia y en los esfuerzos de auxilio en casos de desastres. También facilita el acceso al conocimiento, promueve la libertad de expresión y el entendimiento multicultural.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reconoce la utilidad  de la radio en situaciones de catástrofes naturales, así como en tiempos de prevención y recuperación de enfermedades, por lo tanto, es necesario garantizar las condiciones idóneas para hacerlo un medio aún más accesible.

En el marco de esta conmemoración, hacemos el llamado a seguir fortaleciendo este necesario e importante medio de comunicación, siempre con responsabilidad, objetividad y profesionalismo.

Dado en la Cámara de Senadores, el 11 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:56 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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