Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 2

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Febrero de 2016

SUMARIO                                              


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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. Intervienen al respecto las Senadoras Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen; Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros e Hilda Esthela Flores Escalera.







































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:32 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 72 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 4 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día martes dos de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión Permanente, las licencias para separarse de sus funciones legislativas de los Senadores: Héctor Yunes Landa, a partir del 20 de enero de 2016 y Alejandro Tello Cristerna, a partir del 20 de enero de 2016.- Quedaron de enterado.

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a las ciudadanas Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez y al ciudadano José Marco Antonio Olvera Acevedo como Senadores de la República.

Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, oficio por el que informa su decisión de separarse del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y continuar con sus actividades legislativas como senador independiente.- Quedó de enterado. Se informó a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores.

Se recibió de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, el Informe de su participación en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención del as Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada en San Petersburgo, Rusia, los días 2 al 6 de noviembre de 2015.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su Informe Anual de Desempeño 2014-2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibieron de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Cuarto Informe Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y el Programa Anual de Trabajo 2016.- Se  remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Cámara de Diputados,   proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reformar la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos culturales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo duodécimo; y 73, fracción XXIX-Ñ constitucionales.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Cultura y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Se recibió de la Cámara de Diputados,    Acuerdo por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo.- Quedó de   enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo, exhorta al Senado de la República a que, una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio  por el que informa los cambios de legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como Consejeros del Poder Legislativo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

Se recibieron de la Comisión Permanente, las siguiente iniciativas de senadores:

1. Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 22 de diciembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de  Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

2. Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Senador Jesús Casillas Romero y senadores de diversos grupos parlamentarios, el 22 de diciembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

3. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 7 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

4. Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 7 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

5. Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 13 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

6. Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6° de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 20 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

7. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Sonia Rocha Acosta, el 20 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

8. Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el 20 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

9. Proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, presentado por la Senadora Martha Tagle Martínez, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

10. Proyecto de Decreto por el que se    reforman los artículos 2 y 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

11. Proyecto de Decreto que reforma y   adiciona diversas disposiciones del Título Sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, el 27 de       enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

12. Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Enrique Burgos García, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

13. Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

14. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

15. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

16. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

17. Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Comisión Permanente, el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los Ejercicios Navales Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, llevados a cabo del 14 al 25 de noviembre del 2015.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

Se recibió de la Comisión Permanente, el acuerdo aprobado el 13 de enero de 2016, que en su Resolutivo Segundo exhorta a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso a promover activamente la consolidación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, así como a otorgar su beneplácito para que nuestro país sea la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a realizarse en noviembre de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria.

Se recibió de la Comisión Permanente, el acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016 que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República a valorar y, en su caso, firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Relaciones Exteriores.

Se recibió de la Comisión Permanente, la Memoria Anual del año de 2015 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, hicieron uso de la palabra integrantes de los grupos parlamentarios para referirse a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN, y Miguel Romo Medina del PRI.

El Presidente de la Mesa Directiva, procedió a realizar elección por cédula para elegir integrantes de la Mesa Directiva, en atención a lo dispuesto por el artículo 63, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General.- Resultaron electos la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama como Vicepresidenta; y el Senador César Octavio Pedroza Gaitán como Secretario, por 84 votos en pro y 1 en contra. Los Senadores rindieron la protesta constitucional correspondiente.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

La Presidencia dio lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva en torno a la prevención y control del virus del Zika.- Intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

En el uso de la palabra continuaron los Senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Fernando Mayans Canabal del PRD; Francisco Salvador López Brito del PAN e Hilda Esthela Flores Escalera del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth y Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Intervinieron los Senadores: Ernesto Ruffo Appel del PAN; Patricio Martínez García del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; Gerardo Flores Ramírez del PVEM y Fernando Herrera Ávila del PAN. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Excitativa)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Agraria y la Ley de Planeación, presentado el 21 de octubre de 2014.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

(Proposiciones)

De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir a los municipios rurales productores de maíz y frijol del estado de Nuevo León, en las reglas de operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros en la educación, desde la implementación del programa de inclusión y alfabetización digital.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en ocasión del 184 aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Humedales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la siguiente el jueves cuatro de febrero a las once horas.

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el Primer Foro “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera”, celebrado los días 27 y 28 de enero de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, se recibió una comunicación del Senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del grupo parlamentario del PRI, por la que informa que a partir del 3 de febrero del año en curso se integra a su grupo parlamentario el Senador Sofío Ramírez Hernández.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado. Proceda con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También recibimos una comunicación suscrita por los Coordinadores del grupo parlamentario del PRD en las Cámaras del Congreso y por el Presidente Nacional de ese partido, por el que solicitan que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional expida un protocolo para la prevención, identificación y respuesta inmediata frente a indicios sobre la posible infiltración del crimen organizado en las candidaturas a cargo de elección popular.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Proceda con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero del año en curso.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero de 2016.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió también una comunicación del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de este año en curso.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Solamente aprovechando este espacio en el que está pidiendo licencia nuestro compañero Martín Orozco.

Como ustedes saben, es el candidato ya por parte de Acción Nacional para gobernador en el estado de Aguascalientes.

Soy una convencida, y como compañera de Martín Orozco en este Senado de la República, que hizo un excelente trabajo en estos años, es un gran compañero, es alguien que ha trabajado desde hace ya, pues me atrevería a decir, dos décadas por el estado de Aguascalientes.

Tiene todas las herramientas para poder ser, pues no nada más el candidato por parte de Acción Nacional, sino yo estoy segura que será gobernador de este estado.

Martín Orozco siempre demostró ser un gran compañero, un gran parlamentario, una persona honesta, de trabajo, y yo solamente espero que no veamos en Aguascalientes las acciones que hemos estado viendo por parte del gobierno federal con otros de nuestros candidatos en Acción Nacional, como es el caso de Tamaulipas, la estrategia clara contra el compañero Francisco García Cabeza de Vaca.

Yo espero que esto no se convierta en un modus operandi del gobierno federal y que realmente el proceso electoral de este año sea un proceso transparente, sea un proceso democrático en el que permitan que la gente salga a votar.

En el PAN no vamos a estar dispuestos a aceptar estas guerras sucias, embarrando o tratando de embarrar a nuestros compañeros a través de campañas con actos asociados, con actos negativos, vamos a estar ahí, en el caso de Martín Orozco, en Aguascalientes, así como apoyando también a los demás compañeros.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

¿Alguna otra intervención con respecto a las licencias que estamos procesando de los Senadores Fayad Meneses y Orozco Sandoval?

Sonido en el escaño del Senador Martín Orozco Sandoval.

El Senador Martín Orozco Sandoval: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Si me permite usar la tribuna.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante. Senador Martín Orozco Sandoval.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Con su permiso, señor Presidente.

Muchísimas gracias. La verdad es que he aprendido muchísimas cosas durante estos tres años en el Senado, la gran oportunidad de convivir, de acordar, de llevar reformas importantes para nuestro país, de trabajar y de buscar los acuerdos con todos los grupos parlamentarios.

Agradezco la amistad y todo lo que me llevo de este Senado, también quiero agradecer a mi grupo parlamentario, a mi Coordinador Fernando Herrera, Senador por Aguascalientes, a mis ex Coordinadores también, el Senador Preciado, el Senador Cordero, la verdad que siempre pusimos todo lo que está a nuestro alcance para poder hacer las cosas lo mejor posible para nuestro país.

Mi encomienda, sobre todo en el tema fiscal, en el tema económico, ahí estuvimos aportando, se lograron varias cosas, quedan otras pendientes, sin duda que todo los que continúan no quitarán el dedo del renglón en los temas económicos que impulsamos.

Muchísimas gracias a todo mi grupo parlamentario, la verdad es que los voy a extrañar porque no voy a regresar.

Muchísimas gracias a todos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Orozco Sandoval.

Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, desde la tribuna.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vengo a esta importantísima tribuna de nuestro país a reiterarles mi gratitud a todas y a todos por estos tres años en los que he tenido el gran privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes las reformas que, sin duda, están transformando ya a nuestro  país.

Vengo con sentimientos encontrados y se los decía a mis compañeros de partido, porque ésta es la última sesión en la que estaré presente con todas y todos ustedes, porque como lo saben, he presentado mi solicitud de licencia, por tiempo indefinido, para poder acudir a mi estado y participar en el proceso interno de selección para ser precandidato y espero, candidato a gobernador por mi partido en mi queridísimo estado de Hidalgo.

Pero no quise dejar de aprovechar esta gran oportunidad para decirles a mis compañeras y compañeros Senadores, que me siento muy orgulloso de haber formado parte de esta gran legislatura que sin duda marcará un parteaguas en la historia legislativa de este país.
Hacer un reconocimiento a todas y a todos por la voluntad puesta a fin de lograr los consensos necesarios para sacar adelante las grandes reformas que México necesita. De hacer ese esfuerzo, porque aquí ningún partido tiene mayoría, de lograr consensos, acuerdos y de transitar en tiempos difíciles, pero siempre con la voluntad de hacer lo mejor para este país, de darle lo mejor a México, a los mexicanos, y de dejarle un gran legado a nuestros hijos con lo que aquí hacemos.

Debo reconocer, en primer lugar, el trabajo de la Mesa Directiva.

Señor Presidente, Senador Gil Zuarth; Vicepresidentes; Secretarias; Secretarios.

De verdad los felicito por la labor que hacen, saben que los admiro, los aprecio y que reconozco en todo el trabajo institucional con la que conducen las sesiones del Senado de la República, de verdad, mi gratitud y mi reconocimiento, y al hacerlo, al Presidente Gil Zuarth, quiero hacerlo retroactivamente a quienes han presidido esta Mesa Directiva, al Senador Barbosa Huerta, al Senador Cervantes Andrade y al Senador Cordero Arroyo, no han sido tiempos fáciles y han demostrado altura de miras y ser hombres de Estado para conducir los trabajos de este Senado.

Quiero hacer un reconocimiento a compañeras y compañeros que me ayudaron mucho, gracias señoras y señores, gracias coordinadores parlamentarios, porque creo que en todos encontré comprensión, respaldo y ayuda.

Gracias a Fernando Herrera, de verdad de todo corazón; gracias a Miguel Barbosa, también, amigo muy querido; gracias a Carlos Puente, compañero y amigo del Partido Verde; a don Manuel Bartlett, muchísimas gracias Manuel, por este acompañamiento; a Mónica Arriola; y especialmente permítanme hacerlo porque mi corazón así me lo dicta, el agradecimiento más especial de entre los coordinadores parlamentarios, a un amigo muy apreciado, a alguien que ha sido una guía y un ejemplo, alguien que con mucha voluntad y esfuerzo me ha tenido mucha paciencia, con todo mi cariño y mi respeto para don Emilio Gamboa Patrón, de verdad Emilio, sabes que siempre te llevaré en el  corazón.

Y perdón que me alargara un poquito, por la emoción. La verdad estoy muy emocionado, los nervios a veces lo embargan a uno de tanta emoción, pero no quiero dejar de hacer un justo reconocimiento a quienes me acompañaron a lo largo de este tiempo en la Comisión de Seguridad Pública, porque han sido tiempos difíciles y creo que han demostrado ser mujeres y hombres de bien que verdaderamente quieren a México.

Gracias a Fernando Yunes, del Partido Acción Nacional; a Iris Vianey, del PRD; a Ismael Hernández Deras, de mi partido; a Teófilo Torres Corzo, de mi partido; a Ivonne Álvarez, también de mi partido; a Humberto Mayans; a Hilaria Domínguez, también de mi partido; a Luisa María Calderón; a Maki Ortiz, del Partido Acción Nacional; a mi querida Ana Gabriela Guevara y a mí muy estimada Cristina Díaz. Gracias por haber acompasado con su trabajo y con su labor estos tres años en los que el tema de la seguridad pública ha sido un tema complejo en nuestro país y para el que todos hemos contribuido.

De verdad a todas y a todos, y por haber apoyado la moción que pueda yo presentar mi licencia, para poderme acudir al estado, a inscribirme a este proceso. Muchísimas gracias, los llevo para siempre en mi corazón y sé que el nombre de cada uno de  ustedes estará inscritos en los anales de la historia legislativa por la gran labor que han realizado.

Muy buenas tardes.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) El día de hoy dos compañeros nuestros han solicitado licencia para emprender una nueva tarea, una tarea determinada por su vocación, por su espíritu de participación.

Hoy a don Omar Fayad, a nombre del grupo parlamentario quiero extenderle nuestra mano, agradecerle el trabajo que de manera conjunta hicimos en el Senado de la República, con acuerdos, con diferencias, con discrepancias, con contrastes en los diferentes puntos de vista y temas que abordamos, deseamos que le vaya bien en el desempeño de sus actividades y en sus próximas aspiraciones, que tenga la suerte que le sea correspondiente a su esfuerzo, a su dedicación, a su trabajo, los ciudadanos de su estado habrán de valorarlo, ponderarlo y darle el lugar que a él le corresponde.

¡Felicidades don Omar, que le vaya a usted muy bien!

Y de nuestro compañero Martín Orozco, los Senadores del Partido Acción Nacional queremos expresarlo de una manera muy directa, sentimos que pierde el Senado con tu partida, pero estamos ciertos de que gana Aguascalientes con tu arribo allá.

Vamos a desearte lo mejor, Martín, sabemos que cuentas con nuestra amistad, con nuestro respeto, con nuestro compañerismo, hay que hacer equipo, hay que salir adelante y hay que ir por esa gran tarea que te está demandando de manera conjunta, tener objetivos perfectamente claros. Tú eres un hombre de carácter fuerte, responsable y eso es lo que está demandando Aguascalientes. Tengo la seguridad y la certeza de que vas a ser el próximo gobernador de nuestra entidad. Cuenta con nuestro voto.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Herrera Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señora Presidenta. Miembros de la Mesa Directiva:

El día de hoy dos compañeros, uno de Acción Nacional, Senador con licencia, hoy que se la vamos a autorizar, Martín Orozco, va a buscar un sueño, un anhelo que ha tenido, que es llegar a la gubernatura de un estado, al cual yo le tengo cariño y respeto, que es Aguascalientes.

Habla muy bien de su coordinador, como un hombre de Aguascalientes, que le ha dado un reconocimiento a Martín.

¡Te felicito, Fernando, con toda sinceridad!

No te puedo desear que no regreses. Te vamos a extrañar y aquí te volveremos a ver, porque no tienes un contrincante fácil, que es Lorena Martínez.

Jueguen limpio, hagan elecciones limpias, hagan propuestas al estado de Aguascalientes, que es lo que espera este estado que vive en paz y en tranquilidad, y que yo deseo de verdad que gane quien tiene a la sociedad atrás, y que sean limpias las elecciones y no se golpeen personalmente como acaba de pasar en un estado, que yo lamento profundamente.

Suerte de verdad.

Y quiero decir algo con gran sinceridad a nombre de mis compañeras y de mis compañeros del grupo parlamentario del PRI.

Sentimientos encontrados, decía Omar Fayad. Es quizá, y estoy seguro que así será, la última vez en estos tres años que nos faltan, dos años y medio, que usa o usará la tribuna del Senado de la República.

A Omar lo conocen todos los grupos parlamentarios. Es un hombre con principios, es un hombre de convicciones, es un hombre que supo demostrar a través de la Comisión de Seguridad Pública, que podía llegar a acuerdos.

No hubo un punto que Omar tratara de sacar, buscando siempre los consensos y los acuerdos, y así lo hizo.

Felicito también a su Comisión que acompañó al Senado de la República y al Presidente Omar Fayad, que el día de hoy deja de serlo.

Omar, yo tengo el privilegio de conocerte hace mucho tiempo, como tengo el privilegio también de conocer a un gran Senador, que es David Penchyna, al cual le dejo también mi testimonio de reconocimiento por su seriedad, por su profesionalismo, por su integridad, y sin duda alguna, felicitar al que va a ser su candidato, el mismo día que se enteró, a los 40 minutos, mandándole un mensaje a Omar, deseándole mucha suerte y que Hidalgo siga por el buen camino.

Omar será el gobernador, sin duda alguna, de Hidalgo. Hidalgo es un estado que viene progresando, Hidalgo es un estado que requiere de un hombre joven, impetuoso, con carácter y que conozca, como lo es y lo ha hecho siempre, todo el estado.

Omar ha transitado no siendo Senador de la República. Omar ha transitado todo el estado de Hidalgo durante mucho tiempo.

Por eso, mucha suerte, señor gobernador.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Muchas gracias, Senador Gamboa Patrón.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Simplemente el día de hoy, a nombre de mi grupo parlamentario de las Senadoras y Senadores del Partido Verde Ecologista de México en este Senado de la República, saludar a dos compañeros Senadores, a Martín Orozco, Senador por el estado de Aguascalientes, y reconocer su trabajo, su empeño y su compromiso que demostró a lo largo de estos más de tres años para con México y para con el Senado de la República.

Decirle que reconocemos su trabajo, su empeño y que le deseamos suerte en este camino que hoy emprende, en una aspiración personal, y que, como lo decía el coordinador Gamboa, exhortamos a todas y a todos nuestros compañeros que van a contender en procesos electorales, a tratar de privilegiar la propuesta que es lo que la sociedad allá afuera está esperando.

Suerte, que sea lo mejor y que Aguascalientes gane, Martín.

Para mi compañero Omar Fayad, para las Senadoras y los Senadores del Partido Verde, nos sentimos orgullos y reconocemos el trabajo, el compromiso, el ímpetu con el cual trabajó cada una de las más de 50 iniciativas que presentó en este Senado de la República.

Propuestas que muchas de ellas hoy ya son leyes aprobadas, no sólo por este Senado de la República, sino por el Congreso de la Unión, un hombre de compromiso con Hidalgo, un hombre de trabajo a favor de México.

Estamos seguros, Omar, que vas a tener mucho éxito y que sepas que cuentas con tus compañeras y tus compañeros, Senadoras y Senadores del Partido Verde, para acompañarte y respaldarte; estamos seguros que contigo, como aquí en el Senado ganó México, contigo Hidalgo ganará, y contigo ganará México.

¡Mucho éxito y muchas felicidades!

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Simplemente en el mismo sentido.

Yo quiero, por un lado, reconocer el trabajo serio, comprometido, honesto, constante que ha tenido mi compañero el Senador Martín Orozco, que además de ser solidario con el grupo parlamentario, y en causas también de género, quiero agradecerle esa solidaridad que siempre he encontrado en él.

Y, por otro lado, diferir del Senador Gamboa. Estoy segura que Martín Orozco va a ser el próximo gobernador en su estado, y no solamente de eso; estoy segura que va a ser un gran gobernador. Creo que lo tiene muy claro y creo que va a mejorar la situación económica de muchas personas, mujeres y hombres allá, y también sé que es un hombre que defiende sus ideas hasta el final.

Mucha suerte, muchas felicidades para el próximo gobernador en Aguascalientes, Martín Orozco.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo en donde solicitan licencia los Senadores Martín Orozco y Omar Fayad.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las licencias de los Senadores Omar Fayad Meneses y Martín Orozco Sandoval. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobadas, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, se concede licencia al Senador Omar Fayad Meneses para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero del año en curso; y se concede licencia al Senador Martín Orozco Sandoval para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero del año en curso. Comuníquense.

Compañeros Senadores: A partir de las licencias autorizadas a los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Martín Orozco Sandoval, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Sandra Luz García Guajardo y al ciudadano José de Jesús Santana García, quienes se encuentran en el salón contiguo; por esta razón, solicito a los Senadores: Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Aréchiga Ávila y Francisco Salvador López Brito, los inviten a pasar a este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Solicito sean tan amables a las señoras Senadoras y Senadores de ponerse de pie.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadana Sandra Luz García Guajardo y ciudadano José de Jesús Santana García: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadores de la República que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Sandra Luz García Guajardo y José de Jesús Santana García: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señores Senadores!

Les solicito pasen a ocupar el escaño que se les ha asignado, a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que devuelve la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la Promulgación de la Constitución de 1917.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

INTERVENCIONES

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestra Constitución es el reflejo del conjunto de principios y de acuerdos políticos que el pueblo mexicano ha venido construyendo como parte de un Estado democrático, representativo y federal.

Es resultado de una lucha revolucionaria del pueblo mexicano, con voluntad de decidir y hacer un cambio jurídico y político que en ese periodo se requería a nuestra nación.

Recordemos que para conformar este documento constitucional, se retomaron los documentos históricos, entre ellos la Constitución de 1857, de la cual conservaron parte fundamental de nuestra forma de gobierno, bajo una división de poderes y destacando la no reelección.

Nuestra Constitución fue una de las más avanzadas e innovadoras de la época, por contener aspectos sociales de libertad de culto, educación gratuita y laica, elementos laborales y de propiedad de la tierra; hechos que hicieron resaltar la voluntad del pueblo mexicano y que nos obligan a transformar a nuestra Nación en el México anhelado, un país consolidado y fortalecido.

Hoy, a casi un año de que se cumpla un Centenario y frente a la conmemoración del Aniversario 99 de la promulgación de nuestra Constitución, se han tenido más de 600 modificaciones que han marcado la historia y la política de nuestro país, sin perder de vista los principios fundamentales y las necesidades del pueblo mexicano para mejorar y renovar a nuestra Nación. Esto se debe a la versatilidad y al dinamismo que tiene la Constitución, a través de su artículo 135, que permite al poder reformador realizar las adecuaciones necesarias y tener un instrumento que se actualice y que le de vigencia y garantías a todos los mexicanos, conservando la esencia, pero ajustado a la modernidad por los cambios sociales. Ese es el desarrollo, el progreso y el bienestar para el presente y el futuro en nuestro pueblo mexicano.

Con sus modificaciones trascendentales, como las de los derechos humanos, transparencia, energía y medio ambiente, han sido pilar para el crecimiento y el beneficio de la sociedad. Reformas que han sido motivo de intensos debates en el Congreso de la Unión, buscando los consensos y consolidando una mejor Nación.

Sabemos que aún tenemos que analizar, debatir y avanzar en las reformas estructurales que el país requiere. Aquí lo único permanente es el cambio, hay que continuar con la modernidad y con lo que el país se requiere.

Al igual que esta Constitución siguió todas las reformas que, a partir de 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha venido impulsando y con esto consolidando lo que hoy nos da una Carta Magna vigente, dinámica y que consolida, sin lugar a dudas, los anhelos del pueblo mexicano con una visión de modernidad y con una visión de progreso.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, celebremos hoy nuestra Constitución.

Por su atención, muchísimas gracias.

Con su venia.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

El día de mañana, 5 de febrero, se conmemora el 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Una Constitución producto de una revolución social y política. El pueblo en armas, en lucha por más de seis años, plasmo sus ideales y demandas en el texto constitucional.

Esta Constitución es un acto fundacional de la República, es la continuidad de la herencia liberal, federal y republicana de la Constitución de 1857, pero fue mucho más. La Constitución de 1917 fue la expresión de un nuevo proyecto nacional, el que emanó de la Revolución iniciada en 1910, bajo la convocatoria de Francisco I. Madero.

Un millón de vidas fue el costo que se tuvo para derrotar una dictadura y transformar a México hace casi un siglo.

En la Constitución de 1917 se expresa no sólo la visión de los vencederos en la lucha armada, el Ejército Constitucionalista; la Constitución retomó e integró en su texto la lucha y las reivindicaciones de los militarmente derrotados o traicionados, pero políticamente triunfadores. Esto es la herencia liberal y anarquista del magonismo, la lucha democrática de Madero, el programa agrario del villismo y zapatismo.

El texto constitucional de 1917 postuló la organización política del Estado mexicano, asumió el principio del Sufragio Efectivo, No Reelección, pero también la reorganización de la propiedad, de la riqueza y del poder; reivindicó la soberanía nacional, el control y el aprovechamiento de recursos naturales en favor del desarrollo nacional y el bienestar colectivo.

Fue así una Constitución democrática, federal, liberal, municipal, a la par que nacionalista, agraria y con un profundo sentido de justicia social, en especial para la clase obrera y los campesinos del país.

Y reitero, fue un carácter municipalista, ahora que se amenaza con prácticamente desaparecer a los municipios quitándoles la oportunidad de brindarles seguridad a sus ciudadanos. 99 años han pasado desde su promulgación.

Las 642 reformas contenidas en 225 Decretos que ha sufrido el texto original, en muchos casos, han trastocado de fondo el espíritu de la letra revolucionaria que le dio origen.

Así ha sido en el caso de las reformas salinistas al artículo 27 en materia agraria y las más recientes en materia energética.
Las visiones conservadoras y regresistas han insistido una y otra vez en imponerse en el texto constitucional.

Hoy es un gran reto para las visiones democráticas y populares defender las conquistas históricas del pueblo de México, el fruto de luchas, de vidas, de ideales y esperanzas que se han levantado por tener una patria libre, justa, soberana y democrática.

Hay que defender y ver a futuro.

Es muy importante conmemorar la promulgación de nuestro texto constitucional. Debemos honrar la memoria de los millones de mexicanas y mexicanos que se comprometieron para cambiar a nuestro país, quienes lo hicieron por la vía armada ante el autoritarismo y la sinrazón de una dictadura. Es lo menos que podemos hacer por quienes han luchado y nos han heredado la nación que hoy tenemos.,

Pero el compromiso debe de ir más allá, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, debemos conocer la historia para proyectar el futuro.

El México de hoy nos demanda un nuevo proyecto de nación, congruente con nuestra historia y consistente para darle viabilidad presente y futuro a la nación.

El México de hoy está en crisis, en decadencia, sometido a la corrupción, al afán de lucro sin medida, al entreguismo, al crimen, la violencia, a la falta de empleos y salarios dignos, una nueva oligarquía, inspirada en lo científicos y la oligarquía terrateniente del porfiriato nos domina, pretende someternos a sus visiones e intereses.

Es tiempo de rebelarse, de alzar la voz ante la decadencia, de poner un freno al cinismo, con la fuerza de la ciudadanía, con la razón, con la ley, con la fuerza de la conciencia y la razón, debemos hacer frente a los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, de nuestra generación, como en su momento lo planteó Andrés Molina Enríquez.

La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 son una gran herencia. A 99 años de su promulgación, la necesidad de un nuevo Constituyente es insoslayable. Tenemos que transformar de fondo y refundar nuestro país; debemos generar las condiciones para que los verdaderos intereses populares y nacionales sean los que prevalezcan, los que nos unifiquen, los que marquen el destino de la nación para los años por venir.

Un nuevo Constituyente para un México con esperanza, con futuro, con dignidad y justicia para todas y todos, es el compromiso que debemos asumir hoy a 99 años de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Nuestra Constitución requiere de una revisión integral, tanto en lo formal, como en lo material. México demanda una nueva Constitución que establezca un trazado formal correcto y que refleje la realidad mexicana del siglo XXI. Así, entonces, será posible determinar con precisión y claridad la generalidad constitucional de la particularidad legal.

El día de ayer, en el marco del inicio de la Conmemoración del Centenario de la Constitución, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en voz de Pedro Salazar, refería la recomendación de los constitucionalistas Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro, a la par de nuestra Carta Magna, que exista una Ley de Desarrollo Constitucional en la que se regule la particularidad legal que hoy está en la Constitución. Me parece una propuesta provocadora y que da luces a un camino hacia el quehacer a 100 años de nuestra Constitución.

La otra mirada, la de no hacer nada, no es más que no entender a esta nueva sociedad del siglo XXI.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta.

La Constitución de 1917 es el resultado de un pacto social después de la Revolución Mexicana, y fue conocida en su tiempo como la primera Constitución social del mundo. En ella se establecieron las garantías sociales del derecho a la tierra, a la salud, a la educación pública laica, gratuita y obligatoria, entre muchos otros derechos de los que las mexicanas y mexicanos hemos gozado.

A lo largo de estos 99 años, la Constitución se ha visto enriquecida por diferentes reformas; por ejemplo, fue en 1974, que en el artículo 4o. constitucional se reconoció la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; y muchas otras reformas que le han dado vida a esta Constitución.

Sin embargo, y también hay que decirlo, durante estos 99 años, la Constitución se ha visto gravemente violentada a partir del proyecto neoliberal que se instaló en nuestro país.

Es en la década de los 90’s cuando empezamos a ver profundas reformas regresivas que vienen justamente a atacar esas garantías que los mexicanos conquistaron con la Revolución Mexicana.

Por eso, en el sexenio de Salinas se reformaron artículos como el 27, el 3o. y el 123 constitucionales. Estas reformas han continuado, y no podemos negar que es precisamente durante este sexenio y la anterior legislatura, en el que este Senado ha participado, donde se han concretado las reformas más regresivas que dañan el espíritu de nuestra Constitución.

Hoy, a 99 años, y después de todas estas reforman neoliberales, poco queda de esa Constitución de 1917; y sin embargo, todavía podemos decir que en la Constitución se encuentran las garantías de los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos, porque no podemos dejar de hablar también de la gran reforma que se concretó en el 2011 en materia de derechos humanos, una reforma que vino a reconocer la jerarquía en materia de tratados internacionales de derechos humanos y también el principio pro-persona que nos ha dotado, a las mexicanas y mexicanos, de un marco legal más allá de nuestras fronteras y del cual hoy muchas organizaciones pueden justamente echar mano cuando se requiere.

Pero hoy, a 99 años de la Constitución de 1917 se requiere, sin duda, hacer un alto y darnos cuenta de si esta Constitución es realmente la que requieren los mexicanos.

Yo me sumo a las voces de quienes están planteando una revisión a esta Constitución, de estos académicos, como Diego Valadés y Pedro Salazar, quienes han planteado que se haga una revisión y que podamos devolver a la Constitución los principios y derechos fundamentales que le dieron origen a la Constitución de 1917, y que se han venido enriqueciendo a lo largo de los años a nivel internacional, pero también que se cuente con una ley general que permita justamente en ella encontrar los mecanismos para que esos derechos sean garantizados y exigibles por la ciudadanía.

Hoy, compañeras y compañeros Senadores, tenemos, sin duda, una importante oportunidad de cara al Centenario de la Constitución, y me parece que podemos realmente hacer historia si reconocemos el valor social que tiene la Constitución de 1917.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de mi Presidenta, de mi Secretario de la Mesa y con el permiso de todos ustedes.

Se cumple un aniversario más de la Promulgación de nuestra Constitución, la de 1857 y la de 1917.

La primera fue orgullo nacional al amparo de la cual se consolidó nuestra nación, pero las reformas políticas, surgidas durante la Revolución para garantizar la efectividad y el pleno goce de los derechos de todos los mexicanos, hicieron necesaria la redacción de un nuevo texto.

En poco más de 60 sesiones ordinarias se analizó, discutió y aprobó el proyecto de ley presentado el 1 de diciembre de 1916 por Venustiano Carranza, quien señala a los integrantes del Congreso Constituyente lo siguiente:

…“Las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos”.

El 5 de febrero de 1917, el Jefe del Ejército Constitucionalista presentó en el gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, nuestra actual Constitución, la cual entró en vigor a partir de mayo de ese mismo año.

En esa fecha dio inicio a una nueva etapa, una nueva vida como nación, al quedar establecido en ese documento el compromiso de luchar por las causas sociales y defender los derechos de obreros y campesinos.

Un texto constitucional que recoge los deseos y los consensos de momentos históricos determinados, es la suma de los valores y de los deseos de la población para construir una mejor nación.

Este documento refrenda la unión de todos los mexicanos más allá de la pertenencia de alguna comunidad, etnia o cultura; representa la consagración de nuestros pactos políticos y sociales fundamentales, aquello en lo que todos los mexicanos por nuestra historia y por nuestra cultura hemos logrado establecer como acuerdos.

La Constitución de 1917 es el resultado del pensamiento progresista y plural de hombres ilustres, representativos de su época y, a la vez, ejemplo del pensamiento de un tiempo nuevo. Es una ley considerada a la vanguardia en su momento, pues contemplaba el municipio libre, la división de poderes, el voto secreto, libre y directo, el reparto agrario, entre otros.

A partir de este documento arranca un nuevo Estado mexicano, caracterizado por ser laico, federalista, de economía mixta, protector de los derechos políticos y sociales.

Cada uno de sus artículos refleja y proyecta anhelos y aspiraciones de los mexicanos, así como las garantías y los procedimientos para hacer más fuerte el estado de derecho. Es cierto, enfrentamos muchos problemas, pero gracias a nuestro marco legal, los ciudadanos contamos con mecanismos de defensa frente al poder público y el poder del gobierno se encuentra acotado por márgenes claramente definidos.

En buena medida de nosotros depende que la Constitución y las leyes que de ella emanen sigan siendo el mecanismo rector hacia una patria más justa, más segura y más equitativa, con menos corrupción y con menos impunidad.

En el marco de un nuevo aniversario, es preciso reflexionar sobre lo que a nosotros como legisladores nos corresponde, vigilar que sea norma respetada y cumplida, empezando por nosotros mismos, pero también mencionar que existe responsabilidad por parte de ciudadanas y ciudadanos para alcanzar en plenitud el ansiado estado de derecho.

Oportuno es recordar lo dicho en este sentido por Carranza, en la sesión de inicio en los trabajos del Constituyente en mi Estado, Querétaro: “Así, pues, disípese el error, enséñese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de sus libertades si no sabe hacer uso de ellas, o lo que es igual, que la libertad tiene por condición el orden, y que sin éste aquella es imposible.

Constrúyase sobre esa base el gobierno de las naciones latinoamericanas, y se habrá resuelto el problema”. Dijo Carranza.

Nuestro orden institucional y legal está resquebrajado. Honran a nuestra Carta Magna en un aniversario más de su promulgación, esa ocasión para establecer un compromiso por la legalidad y el respeto de nuestro marco legal y de las instituciones de aportar el mejor esfuerzo para lograr el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

Los trágicos acontecimientos de Iguala, los jóvenes desaparecidos en Veracruz, el significativo repunte de homicidios en el inicio de este año tocan fibras muy sensibles en la sociedad. Pero Iguala, Tierra Blanca y muchos otros eventos más, no son desafortunados y dramáticos incidentes locales, tienen profundas raíces sociales e históricas, la miseria que agobia a millones de mexicanos, así como la corrupción que corrompe a muchas de nuestras policías, a amplias esferas de la burocracia y de los negocios privados o públicos, la degradación de gran parte de la clase política y la enorme y solapada expansión del narcotráfico.

En este periodo que estamos iniciando, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha fijado dos prioridades, como ya lo hemos comentado.

La primera, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer realidad la reforma constitucional en esta materia.

La segunda, la reforma relacionada a un nuevo sistema de seguridad, que consiste en tantas policías municipales como sean posibles, tanta capacidad institucional supletoria de estados y federación como sean necesarias, y policías honestos y confiables en todo el país.

Y nuevamente, desde esta tribuna, las Senadoras y Senadores de Acción Nacional manifestamos nuestro decidido apoyo al sistema de seguridad pública; claro, siempre y cuando avancemos en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como bien dijo nuestro compañero Roberto Gil: “Es condición necesaria para tener policías fuertes, que haya instituciones eficaces para prevenir y castigar la corrupción en las corporaciones de seguridad de nuestro país”

Nuestra ley fundamental debe volver a ser nuestro instrumento orientador hacia una patria más justa, más segura, más equitativa, con menos impunidad. Somos custodios de su aplicación, respeto y vigilancia, de ello depende que en nuestro país exista un estado de pleno derecho democrático y con oportunidades para el desarrollo de todos y todas.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Rocha Acosta.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Hoy vivimos una reflexión por motivo de los 100 años de la Constitución.

Este Senado de la República no ha estado ausente en la reflexión constitucional de lo que significa el sistema constitucional mexicano, hoy constitucionalismo del siglo XXI.

En la LXII Legislatura el Senado de la República presentó, firmado por todos sus coordinadores, una iniciativa de reflexión de la evolución de un constitucionalismo de principios, con leyes de desarrollo constitucional. Quien la hizo suya, quien la socializó con la UNAM, quien motivó este libro de la UNAM de reordenamiento, fue, en paz descanse, el Senador Camacho Solís.

El Senado de la República ha generado una comisión que tengo el honor de presidir, sobre el diagnóstico y reflexión del texto constitucional.

Las diferentes visiones que se tuvieron en 1916 y 1917, en donde el reto del Constituyente era basarse en las múltiples visiones de la sociedad en su conjunto que se habían tenido en el siglo XIX.

No se puede entender la discusión del Constituyente de 1916 y 1917, si no pensamos en la Constitución de 1824, de la de 1936, de la de 1947, la de 1957; estas reflexiones de ese liberalismo del siglo XIX y la forma de evolución del constitucionalismo de nuestra región, inspirado también en el constitucionalismo de los Estados Unidos, en esa reflexión, en el debate de los y las garantías individuales que se tenían en esa visión y los derechos sociales, en la discusión del nivel jerárquico de su contenido. Y me explico, ese Constituyente discutía si estos derechos sociales deberían de estar en la Constitución o en leyes secundarias.

Nosotros que hemos tenido el privilegio de ser parte del poder renovador de la Constitución, sabemos lo que significa esta discusión que sigue viva cuando queremos incorporar derechos y buscamos que se incorporen a nivel constitucional y no en leyes secundarias, para no ser modificados por mayorías.

Reflexionaba ayer, en representación de la comisión, sobre pinceladas de reformas por décadas que se dieron, motivo de los principios y valores de 1917, que en el reto que se dio de pasar de un constitucionalismo liberal a un constitucionalismo de justicia social, de generar esos principios que como sociedad nos entendemos y nos incorporamos, y por eso en los 20’s se le dieron facultades al Congreso de la Unión para establecer escuelas rurales, primarias, secundarias, escuelas superiores y profesionales, pero también en los 20’s se les dieron facultades para que hiciera una Ley Reglamentaria del Artículo 123.

La discusión de la educación no acabó en el Constituyente. En los 30’s los principios de la función educativa fueron modificados para evolución de lo que se había discutido en 1917; y también en los 30’s se había consolidado el principio de no reelección para el Ejecutivo Federal y se precisó sobre las comunidades cómo podían recibir sus tierras suficientes.

En los 40’s hay una modificación otra vez a la educación sobre los principios de cómo debe de impartir la educación el Estado mexicano, y ahí incorpora un principio que sigue en la Constitución para la educación de los mexicanos de lo que significa la democracia, y ahí califican que la democracia no es una estructura jurídica o no sólo ni un régimen político, sino un sistema de vida del continuo mejoramiento cultural, económico y social del pueblo.

En los 40’s se empezó a vislumbrar el darle contenido y derecho a las mujeres al voto y se dio sólo para las presidencias municipales.

En los 50’s hay ese pleno reconocimiento a la mujer para votar y ser votada en cualquier nivel de gobierno y fue una enorme evolución que hasta el día de hoy seguimos buscando esa igualdad sustantiva, y ya no estamos en las acciones afirmativas.

En los 60’s, en materia laboral de lo que se había discutido en 1917, se ampliaron para que hubiera un máximo de jornada nocturna, hubiera salario mínimo, hubiera reparto de utilidades; pero también en el régimen político se da en los 60’s una incorporación de los Diputados de partido para incorporar y legitimar la discusión legal y constitucional del Estado mexicano.

En los 70’s hay un principio de igualdad entre el hombre y la mujer, se crean las bases para el fondo de vivienda, la construcción y el derecho a la vivienda, y se hace una reforma política importantísima que hizo que México no estuviera inscrito en casos como Chile o España, en donde se incorporó a las voces que no estaban en el Congreso y se hicieron legítimas su visión democrática de contenido y materias de camino de la vida de nuestro país.

En los 90’s empezamos con órganos autónomos constitucionales, se pensó que la materia económica, específicamente en la política monetaria, en la materia electoral y al creación de los derechos humanos, eran facultades que eran necesarias de extraerse del Ejecutivo Federal, con control constitucional para una evolución de esa materia y un camino más claro en la evolución de nuestro país. También se hace una reforma profunda al Poder Judicial y se crea el árbitro constitucional, se dota de conocer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que las mayorías parlamentarias no puedan pasar encima de la Constitución y que las minorías parlamentarias tengan el instrumento a someter a las mayorías a la Constitución, que los niveles de gobierno no puedan faltarle respeto a la Constitución y que el árbitro constitucional lo ejecutara.

En el 2000 se reconoció y se va a proteger desde esa visión los derechos y la cultura indígena; se creó el órgano autónomo INEGI y tuvimos una enorme evolución constitucional, y empezó la reflexión en esa década a lo que vino a la siguiente de la tan llamada pero importante de conocer, de profundizar, pero sobre todo de vivirla, la reforma de los derechos humanos.

Esta reforma pone al centro al ser humano y no al Estado de toda política pública, creación de ley, ejercitar facultades de niveles de gobierno o entre poderes y a la sociedad en su conjunto.

Hoy, después de este análisis histórico rápido, en donde las reformas han sido, porque eso es una Constitución, la vida misma de una sociedad, la exigencia de la sociedad que se dota a sí misma de una estructura, primero política, que después se convierte en jurídica, para el mejor camino de vivir en comunidad, en una sociedad pluriétnica, pluricultural; en entender nuestro camino como mexicanos.

La comisión que tengo el honor de presidir, se va a encaminar a las diferentes visiones que en el país se tienen de nuestra Constitución. Por eso es un diagnóstico, por eso es una reflexión.

El plan de trabajo que aprobará la comisión, está imbuido en el mandato que este Pleno aprobó de esa comisión.

Queremos saber si estamos inscritos en el constitucionalismo del siglo XXI, si sí o no estamos en un constitucionalismo de principios, cuál es la mejor forma de entender su texto y su evolución.

Hay varias visiones, la citada aquí, otras, la del Senado de inicio, en extraer los principios de la redacción actual y trasladarlos a leyes de desarrollo constitucional con la misma jerarquía. Otros que piensan que lo que tenemos que quitar son los anacronismos y las antinomias. Otros que lo que buscan es una posición ecléctica.

La consulta democrática constitucional, el debate democrático constitucional que conducirá el Senado de la República, es para generar una visión de todos los que quieran participar, porque a todos se les va a escuchar.

Se utilizarán primero instrumentos legales, pero sobre todo de tecnología para una consulta abierta; se generarán y reconocerán ensayos previos sobre el tema de la Constitución; se incorporará a todo el sistema universitario, porque no sólo el tema constitucional es de constitucionalistas, es de sociólogos, es de politólogos, es de economistas.

De todas las materias que toca la Constitución, queremos escuchar no la apertura de la negociación legitimada por varios Congresos que han participado en el poder renovador de la Constitución, sino de lo que se trata es, en la reflexión, de extraer los valores que significa ser mexicano.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Cervantes Andrade.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas procedentes de la Procuraduría General de la República, invitadas por el Senador Roberto Gil Zuarth, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente damos la bienvenida a los niños y niñas ganadores del Concurso de Pintura 2015 de la Comisión de Agua del Estado de México, categorías preescolar “Mi amiga el agua”; infantil “El agua es vida”; y juvenil “Hagamos un uso eficiente del agua”, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.

¡Bienvenidos!

Compañeros Senadores, ruego a ustedes su atención.





 

PRONUNCIAMIENTO

Daré lectura a un pronunciamiento que propone la Mesa Directiva en torno al “Día Mundial contra el Cáncer”, en el que se incluyen los puntos de vista de las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu y del Senador Francisco Salvador López Brito.



Para hablar sobre este tema, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos cada uno.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Al no encontrarse presente, le damos la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, personas que nos acompañan y muy especial mis hermanos mexiquenses y los niños que están allá arriba:

A nivel mundial más de 7.6 millones de defunciones son atribuidas a algún tipo de cáncer en todo el mundo.

Efectivamente, para las próximas dos décadas se tiene estimado por la Organización Mundial de la Salud que 22 millones serán afectados, esto quiere decir que habrá 22 millones de personas con cáncer, como casos nuevos.

Hasta el 2012 este repunte fue de 14 millones, provocando más de 8.2 millones de muertes.

Este año, en el marco del “Día Mundial contra el Cáncer” la Organización de las Naciones Unidas, bajo el lema “Nosotros podemos. Yo puedo”, hace un llamado a la esperanza y a la fortaleza de millones de personas que sufren de cáncer. Es cierto, nosotros podemos.

Para el caso de la región de América se registraron 2.8 millones de casos nuevos, generándose 1.3 millones de muertes.

Se sabe que poco más del 30 por ciento de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos.

Aquí, esta es la parte más importante que tendremos que hacer conciencia todos, porque la buena noticia y al hacerlo mención, es que son prevenibles, que depende de nosotros, que por más políticas públicas y acciones que se desarrollen por parte de las instituciones de salud no podrán tener efecto si no hay consciencia, si no hay conciencia familiar, si no hay conciencia individual de que podemos evitarlo.

Y esto tiene relación, por supuesto, a uno de los grandes problemas que tenemos en México, me estoy refiriendo a la obesidad, al sobrepeso, a que también en nuestra dieta hemos dejado de comer frutas, verduras; la comida tradicional que tenemos en nuestra localidad, los quelites, los elotes, la espinaca, la zanahoria, los chayotes, los quintoniles, etcétera, todas y cada una de la variedad que tenemos en México y que por supuesto nos permitiría prevenir el tener cáncer.

Hemos dejado también de hacer ejercicio, cada vez menos, ¿por qué?, porque hoy estamos en muchas de las ocasiones viendo televisión, jugando nuestros juegos interactivos o bien, simple y sencillamente tomando una siesta, que se prolonga durante casi toda la tarde.

Pero quiero hacer énfasis en dos temas que cada vez toman mayor relevancia en los niños y en los adolescentes.

El uso temprano de drogas que son licitas y que, sin embargo, ponen en riesgo su salud. Ese del caso del tabaco y, también, del consumo de alcohol.

Entre más temprana empiece la ingesta y, por supuesto, la inhalación en el caso de tabaco, quiero decirles que ponemos en riesgo, por supuesto, el que será, entre más temprana también este tipo de conductas, también será la presencia de las enfermedades.

Fíjense bien. El consumo de tabaco es considerado el factor de riesgo más importante, siendo la causa de más del 20 por ciento de las causas de muerte a nivel mundial y, en este caso, el 70 por ciento, son cáncer de pulmón y que generan la muerte de los pacientes.

Por eso, dentro de las recomendaciones, pues es muy fácil deducirlas, y ustedes, sobre todo los niños que están y nos acompañan, podrían decirnos hoy cuál sería entonces la solución, pues evitar el consumo excesivo de carnes procesadas, de carnes rojas en conserva y, por supuesto, también evitar el consumo de alcohol. Debemos de considerar y, sobre todo, el que evitemos el fumar y aún más, en el caso de nuestro país, la causa de mortalidad, o sea, por lo que la gente se muere, ocupa la tercera causa más frecuente es el cáncer.

La primera, es porque nos da diabetes mellitus; la segunda, es porque tenemos alguna enfermedad del corazón; la tercera, es por cáncer.

Pero fíjense, todas estas, las tres tienen alguna relación con nuestro peso y con nuestra nutrición.

Por eso, hoy quiero comentarles y, sobre todo, el enfatizar con este lema que la ONU nos invita a participar, nosotros podemos evitarlo, por supuesto que todos y cada uno de nosotros depende nuestra salud.

Por ello, llevemos este mensaje a nuestras familias. Nosotros podemos mamá, nosotros podemos papá, nosotros podemos evitar y, sobre todo, si hay historias de cáncer en sus familias, podemos evitar que siga la historia triste y, sobre todo, de sufrimiento cuando uno de nuestros familiares padece cáncer y que lo pudimos evitar es lo más triste.

Muchísimas gracias y que sea conciencia de todos: “Nosotros podemos”.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, hasta por cinco minutos.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muy buenos días, compañeras y compañeros, Senadores:

Al pueblo de México.

Pues ya ven hoy como está el mundo de cabeza, contaminación, cambio climático, alimentos chatarra, y pues todo esto nos va llevando a que el cáncer, si bien existe desde que existe la humanidad, pues ahora se acentúa y cada día tenemos una situación mucho más compleja para tratar el cáncer que, si bien, si se detecta a tiempo, se puede curar.

Por ejemplo, los japoneses que sufren de cáncer gástrico, ellos, a toda, su población a los 30 años de edad le hacen una endoscopia para ver y estar monitoreando que no vayan a tener algún daño que los pueda llevar a un cáncer gástrico por los alimentos ahumados y por los alimentos muy calientes, que es algo que lleva a este tipo de cáncer.

Y así nosotros aquí en México, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, desde que estamos haciendo el Papanicolaou y estamos haciendo la colposcopia, pues se ha disminuido mucho el tema del cáncer cervicouterino. Sin embargo, también los condones han ayudado mucho por el tema del papiloma.

Así que un día como hoy, pero hace 16 años, se instaura a nivel internacional uno de los días más importantes, pues se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.

 En el ámbito de salud, es la enfermedad que ha causado el mayor número de muertes a nivel internacional, con un número de decesos superiores a los 8 millones de personas al año. ¡Terrible!

Se prevé que a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45 por ciento entre 2007 y 2030. Pasará de 7.9 millones a 11.5 millones de defunciones, debido en parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población.

En las estimaciones se han tenido en cuenta las ligeras reducciones previstas de la mortalidad por algunos tipos de cáncer, como platicaba con ustedes, en países con grandes recursos. Nosotros somos pobres, se estima que durante el mismo periodo el número de casos nuevos de cáncer aumentará 11.3 millones de 2007, a 15.5 millones en el 2030.

En la mayor parte de los países desarrollados el cáncer es la segunda causa principal de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, y los datos epidemiológicos muestran el comienzo de esta tendencia en el mundo, en los paises menos desarrollados, en particular en los países en transición y en países de ingresos medianos, por ejemplo, en América del Sur y Asia, y más de la mitad de los casos de cáncer se registran ya en países en desarrollo.

El cáncer de pulmón mata a un mayor número de gente que cualquier otro tipo de cáncer y se prevé un aumento de esta tendencia hacia el 2030, a menos que se intensifique mucho la actividad de control mundial del tabaquismo, por ejemplo.

Algunos tipos de cáncer como los de próstata, mama, colon, son más frecuentes en los países desarrollados.

Otros tipos de cáncer como los del hígado, estómago y cuello uterino, decíamos, son de más frecuencia en los países en desarrollo.

La aparición del cáncer se ha asociado en varios factores de riesgo común, a saber, un modo de vida poco sano, por ejemplo, consumo de tabaco, alcohol, una dieta inadecuada, falta de actividad física y exposición a carcinógenos, por ejemplo, el amianto.

En el entorno laboral o en el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación del aire, los locales cerrados, radiaciones, por ejemplo, ultravioleta, ionizantes y algunas infecciones como el papiloma, también de la hepatitis C, que ahora hay vacunas, y de aprobar aquí la iniciativa que presentamos el año pasado para medicamentos innovadores, en el ahorro de las compras consolidadas y se lo recuerdo a la audiencia, hay que sacar esa iniciativa de innovación, vamos a tener, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis C, que la cura al 100 por ciento, al 100 por ciento, entre otros medicamentos innovadores para el cáncer.

Ya no necesitamos la bomba de cobalto, eso ya es parte de la historia en la medicina contra el cáncer, ahora tenemos equipos nuevos, técnicas nuevas para combatirlo y afortunadamente en nuestro país tenemos aceleradores lineales, ya no la bomba de cobalto que tanto sufrían los enfermos.

Los principales factores de riesgo de cáncer, ahí se los dejo, el consumo de tabaco, el exceso de peso, la obesidad, falta de actividad física, el consumo nocivo del alcohol que causa 351 mil defunciones anuales por cáncer; infecciones por virus, decíamos, 235 mil defunciones anuales del papiloma, nada más, y agentes cancerígenos en el entorno laboral, estamos hablando de aproximadamente 152 mil defunciones al año.

Por lo anterior, debemos otorgar unos minutos para detenernos a reflexionar y ponernos a pensar qué acciones podemos implementar para contribuir a la lucha contra esta enfermedad, pues como les mencioné, las cifras estadísticas, es una enfermedad que puede atacar cualquier parte de nuestro cuerpo.

Fomentemos la atención y detección temprana que sí se puede curar y evitemos muertes innecesarias, es una cuestión de cultura, una cuestión de educación.

Estimados legisladores, hagamos conciencia, sumemos fuerzas y apoyemos el lema utilizado a nivel mundial, “Nosotros podemos”, “Yo puedo”. Estamos con ustedes y haremos lo necesario para luchar contra esta terrible enfermedad.

Por su atención, muchas gracias, aunque hay que recordar que hay otro cáncer que también tiene cura, como la corrupción. Y aquí este Pleno tiene la obligación de tomar todas las medidas para el bien de México. Ese cáncer tiene otro tratamiento y no es con pastillas ni con inyecciones, es con pantalones.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señora Presidenta.

Miren, quería venirles a hablar aquí de los números que ustedes ya conocen y han escuchado con mis compañeras, pero mejor les voy a hablar de una experiencia de vida.

Yo tengo una familia de tres: mi esposo, mi hijo y yo. Llevamos cuatro cánceres en esa familia de tres.

Y cuando me pregunto, ¿por qué sobrevive, por ejemplo, mi esposo, que ha padecido tres cánceres? Luego me lo contestó cuando llego el jueves a mi casa, y voy a abrir la puerta con la llave, y me da un vuelco el corazón, porque sé que cuando la abra, voy a oír: ¡Ja, ja, ja! Una persona riéndose, con buena actitud.

Cuando te dicen: que tienes “cáncer”, el mundo se derrumba y mueres cinco veces; piensas, ¿qué va a ser de tu hijo que está chiquito?

¿Quién lo va a cuidar como tú? Piensas.

¿Qué va a ser tu mal? Que le acabas de romper el corazón sin querer.

Pero igual piensas, ¿qué va a ser de tu esposo que te quiere; de tus amigos, de tu familia?

Te tapas con colcha y duras acostada cinco días.

Y poco a poco, a través de la gente que te quiere, te das cuenta que tienes que tomar la decisión más importante de la vida cuando tienes una enfermedad mortal.

Estar enferma del cuerpo y del alma, o nada más del cuerpo.

Yo siempre decidí estar enferma solamente del cuerpo; y entonces decidí, y mi esposo también, poner la enfermedad con los mejores médicos y dedicarme a cultivar mi alma para sacar adelante fortaleza.

Yo pienso que al final Dios nos da a cada uno un libro que tiene diferentes páginas, unos pueden ser de 80, otros de 30, otros de 20, otros de 50, que representan los años de tu vida. Pero no importa cuántas páginas tenga un libro, lo importante es que sea un buen libro, y hay libros buenos de 30 páginas, de 50 o de 100, por eso es que no hay que desperdiciar cada día de la vida para escribir esa historia con buena actitud.

La vida es cuestión de actitud, y no importa qué es lo que pase en tu vida, ni cuántas enfermedades tengas que pasar.

¡Nunca le debes de poner condiciones a la felicidad!

La felicidad está dentro de ti. La felicidad es fuerza, es poder, es valor y es el saber que amanece cada día con la oportunidad tan grande como la que tenemos nosotros de hacer el bien por México, de que una idea repercuta en 120 millones de personas; de que un cambio, un acuerdo sea el bien en alimentación, en salud, en derecho humano, en acabar con la violencia, con el narcotráfico, con la delincuencia.

Que un acuerdo de nosotros genere riqueza.

Que un acuerdo de nosotros haga avanzar este país por la ruta de la buenaventura y del triunfo.

Por eso es que pienso que el cáncer, al final, se vuelve una bendición cuando aprendes a vivir y a saber que no tienes la vida comprada, que te mueres en un tic, y que lo que hay que hacer es vivir, vivir con intensidad, vivir viendo de frente a la gente y vivir sabiendo que si te mueres hoy, hiciste el bien.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Maki Ortiz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

“Nosotros podemos”, “Yo puedo”, el lema que para 2016 ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, y que desde luego, el grupo parlamentario del PRI se suma en lo que nos corresponde, a hacer efectivo este lema.

Hoy hemos escuchado aquí en tribuna posicionamientos muy interesantes, por ejemplo, el de mi compañera María Elena Barrera, que ha establecido cuáles son los mecanismos para prevenir este mal que ya ha cobrado la vida de por lo menos 8 millones de personas en el mundo, solamente en el año 2015.

Escuchar los mecanismos de prevención que nuestro compañero Fernando Mayans nos ha comentado aquí desde tribuna, como el abuso del alcohol, del tabaco, la obesidad, la falta de actividad física, y que sin duda, todos hemos de coincidir aquí en que este mal se puede prevenir. Entonces, lo que nos falta es, seguramente, información.

Mucha gente que puede tener esta enfermedad no lo sabe, o porque como es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que prácticamente cuando está en fase terminal, es cuando se presenta y cuando ya es difícil de curar.

Por eso los testimonios, como el de mi compañera Maki Ortiz, que realmente nos conmueve saber que con una actitud positiva, con buen ánimo y de cara a un porvenir mejor para todos nosotros, también puede contribuir a este mal.

¿Pero qué es el cáncer? El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de las células, que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo.

Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia global que afecta a todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos con grandes consecuencias sociales, económicas, sobre el desarrollo y los derechos humanos, que tan sólo en 2008 se le atribuyen a esta enfermedad, como ya lo comentaba, más de 8 millones de muertes.

En América es una de las principales causas de mortalidad, pues en ese mismo año causó 1.2 millones de muertes en este continente, de las cuales, el 45 por ciento ocurrieron en América Latina.

Según el Centro de Información de las Naciones Unidas, más del 60 por ciento de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70 por ciento de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.

El último informe de cáncer de la Organización Mundial de la Salud informa que en el 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos, y se estima esa cifra que habrá de subir a 22 millones en las próximas décadas. Sin embargo, el lugar donde vive una persona no debe determinar sus posibilidades de vivir o morir por esta enfermedad, es necesario que la comunidad internacional, en conjunto, trabajemos para erradicar este mal como un problema de salud pública y reducir la carga de morbilidad por cáncer de todos los tipos que afecta a millones de personas.

Por ello, a fin de fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, observan el 4 de febrero, el día de hoy que estamos celebrando todos y que nos estamos comprometiendo desde aquí, desde el Senado de la República, y que este tema nos ha hecho coincidir prácticamente a todos los grupos parlamentarios, a todas las Senadoras y a todos los Senadores en que debemos de trabajar juntos para contribuir a la erradicación de este mal.

Existen días y campañas afines, como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre o el Día Mundial sin Tabaco; sin embargo, este día está encaminado a recordar las acciones y reflexiones sobre todas las manifestaciones y causas de la enfermedad.

Por ello, estimadas compañeras y compañeros, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento de solidaridad y apoyo a las personas con cáncer, un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de la lucha contra el cáncer y sus hasta ahora descubiertas medidas de prevención.

Las Senadoras y los Senadores del PRI estamos listos, lo que esté a nuestro alcance, lo que esté en nuestra posibilidad y en nuestra capacidad la ponemos al servicio de esta causa.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.

Informo a ustedes que la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo entregó el texto de su intervención sobre este tema, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

(Presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta.

A nombre de mis compañeras Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, María del Rocío Pineda y Mely Romero Celis, presentamos ante este Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de lactancia materna.

En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud convocó a todas las naciones a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que declaró que la lactancia materna es un valor de suma importancia para la sociedad, que debe ser salvaguardado por las autoridades, los empresarios y las familias, debido, sobre todo, a sus múltiples beneficios con la primera infancia y el desarrollo de los habitantes de un país, además de que también es fundamental para los trabajos formales, puesto que hay una relación real e importante entre la maternidad y paternidad con la productividad en el trabajo.

La lactancia materna es benéfica para la economía, no sólo en términos macroeconómicos, sino que también aporta beneficios directos a las empresas, si bien éstos pueden ser poco visibles, la lealtad a la empresa como resultado de la gratitud y la satisfacción, menor ausentismo por parte de las madres que están amamantando a sus bebés y también reduce la necesidad de pedir permisos y la pérdida del personal calificado y mayor productividad en lo general.

Aunado a ello, vemos que los niños que son alimentados con leche materna, son niños que tienen menos enfermedades y que crecen con mayor seguridad y confianza.

Hemos visto que la Secretaría de Salud tiene una encuesta, que solamente el 16 por ciento de las madres alimentan a sus bebés con leche materna, es un bajo índice real en donde podemos colaborar para que mayor número de mujeres puedan estar al tanto de alimentar a sus bebés y poderles proveer de este menor alimento, que previene enfermedades, tales como la que se ha mencionado el día de hoy, como es el cáncer.

De la misma forma, cuando un patrón facilita a sus empleadas la posibilidad de amamantar a sus hijos, consigue mayor rendimiento de las horas trabajadas y mayor tasa de rápido regreso al trabajo, puesto que la madre y su bebé logran una experiencia única de salud y armonía en la relación, que les da más tranquilidad para trabajar, sin culpa o sensación de estar abandonando a sus hijos. Está también el factor a largo plazo de nutrición, no sólo existe alternativa real a la lactancia materna, es sólo la leche materna la que puede brindarle al bebé los anticuerpos que todavía no es capaz de generar por sí mismo, lo que genera a su vez el favorecimiento de una fuerza laboral más saludable para el futuro.

Por todo esto y mucho más, la Organización Internacional del Trabajo ha dado gran importancia a las disposiciones legislativas con relación a las licencias de maternidad y paternidad, la protección de la salud en el trabajo, la protección del empleo y la no discriminación y las disposiciones en torno a la lactancia y el cuidado infantil, pidiendo a los gobiernos dar prioridad a la creación y aplicación de marcos normativos incluyentes que propicien políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Por lo anteriormente expuesto, se propone, basados en el Convenio 183 de la OIT, que estipula que cada mujer debe tener derecho a la licencia por maternidad, por lo menos 14 semanas y por la recomendación del Convenio 191 de la OIT, firmada por varios países, en donde se establece que los países deben intentar proveer una licencia de maternidad hasta por 18 semanas como mínimo, se sugieren menos horas de trabajo y un horario flexible, con el propósito de favorecer la lactancia exclusiva, se tendrán los descansos extraordinarios de media hora y adicionalmente se podrá reducir una hora hasta de su jornada de trabajo, con base al Convenio 183 de la OIT, que otorga a las mujeres el derecho a poder amamantar a sus bebés en el horario que pueda ser fuera de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros Senadores, es por ello que nosotros proponemos este proyecto de Decreto que reforma las fracciones II y IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Agradezco la participación de la agrupación 2 Kilos de Ayuda por esta propuesta.

Señora Presidenta, le solicito sea insertada la presente iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Hernández Lecona, así será su petición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, y para opinión, a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 95 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta.

Someto a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 y un tercer y cuarto párrafos al artículo 95 de la Ley General de Salud y se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo.

El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y sirve, entre otras cuestiones, para satisfacer las necesidades materiales del ser humano. Su distribución y duración, es uno de los elementos más importantes para el desempeño de las funciones y la vida familiar del trabajador.

El trabajo se debe realizar respetando los principios y derechos laborales fundamentales, encontrando que la duración del trabajo en algunas actividades, como lo es el internado de pregrado y la residencia médica, puede llegar a ser hasta 36 horas continuas, generándose problemas fisiológicos y alterando drásticamente las fases del trabajo, comida y sueño, lo que provoca modificaciones en el ritmo natural de muchas funciones corporales y genera una considerable disminución en las actividades familiares y sociales.

La residencia médica y el internado de pregrado son actividades en donde se necesita dedicación completa, ya que se debe actuar en forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones tan delicadas que se presentan, lo que genera un alto contenido de estrés.

Aunado al estrés causado por la propia actividad que se realiza, se deben considerar las altas horas de guardia que deben cumplir dichos médicos, lo que puede provocar desde realizar una negligencia médica hacia un paciente, hasta provocar ellos mismos daños cognitivos, cerebrales, males cardiacos, hipertensión, diabetes, e inclusive depresión.

La intención de la presente iniciativa es proponer la reducción de la jornada de dichos médicos a ocho horas, a efecto de favorecer la intensidad de trabajo y reducir espacios que pueden generar una carga negativa en el ambiente, además de beneficiar una calidad de vida del médico en formación, lo que igualmente causará un aumento en su productividad.

El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo que pone al centro a la persona humana y genera, por ende, un mejor trabajador.

Existe la suficiente evidencia científica que establece que trabajar 24 horas continuas origina una desincronización de las funciones corporales, el internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país.

Las residencias médicas, de conformidad con el artículo 353-A de la Ley Federal del Trabajo, son el conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente en el periodo de adiestramiento, las guardias en las residencias médicas son muy parecidas a las realizadas en el internado de pregrado, ya que los horarios establecidos tanto en una como en otra violan los derechos humanos de los médicos en formación. Hay días en que el médico debe de cumplir 24 horas de guardia y luego cumplir con su turno normal, lo que conlleva a afirmar que se puede llegar a cumplir una jornada de más de 30 horas sin dormir, cuestión que no debe ni puede ser permitida en ninguna actividad humana, mucho menos en una tan delicada.

Podemos afirmar que el internado de pregrado, el servicio social y las residencias médicas cuentan con los mismos vicios, esto es, existe una saturación de horas de servicio que afecta la salud del médico en formación y pone en riesgo a los pacientes que atiende.

Es importante recordar que nuestra Carta Magna establece en el artículo 123 que; “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que de manera general la duración de la jornada máxima será de ocho horas”.

No pasa desapercibido para la promovente que han existido diversas propuestas en diversas legislaturas de la Cámara de Diputados, que han buscado terminar con esta esclavitud moderna, y que en el mejor de los casos se quedaron sin dictaminar o fueron desechadas con agravios tan discutibles como afirmar que los médicos residentes no pueden ser tratados como trabajadores en estricto derecho, ya que su residencia consiste en la especialidad de un área formativa que difícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral de ocho horas, olvidando por completo que el artículo 353-B de la Ley Federal del Trabajo habla de lo contrario, sin embargo, suponiendo sin conceder, que no existiera una relación laboral, cabría preguntarnos:

¿Es moral y constitucionalmente aceptado que una persona cubra jornadas de 36 horas continuas?

¿Es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente atienda la salud de personas en estado de enfermedad?

Compañeras y compañeros Senadores:

Espero su apoyo para esta noble iniciativa, también comento que me acompañan en esta iniciativa la Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Juan Alejandro Fernández y la Senadora Sonia Rocha.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.
Iniciativa

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 Y 95 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, conforme al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y sirve -entre otras cuestiones- para satisfacer las necesidades materiales del ser humano. Su distribución y duración, es uno de los elementos más importantes para el desempeño de las funciones y la vida familiar del trabajador, por lo que un mal diseño de tiempo de la jornada laboral puede causar numerosos problemas de tipo físico, psicológico y emocional.

El trabajo se debe realizar respetando los principios y derechos laborales fundamentales; encontrando que la duración del trabajo en algunas actividades como lo es el internado de pregrado y la residencia médica puede llegar a ser hasta de 36 horas continuas, generándose problemas fisiológicos y alterando drásticamente las fases de trabajo, comida y sueño, lo que provoca modificaciones en el ritmo natural de muchas funciones corporales y genera una considerable disminución en las actividades familiares y sociales.

La residencia médica y el internado de pregrado son actividades en donde se necesita dedicación completa, ya que se debe actuar de forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones tan delicadas que se les presentan, lo que genera un alto contenido de estrés.

Auando al estrés causado por la propia actividad que realizan se debe considerar las altas horas de guardia que deben cumplir dichos médicos, lo que puede provocar desde realizar alguna negligencia médica hacía algún paciente hasta provocarse ellos mismos daños cognitivos, cerebrales, males cardiacos, hipertensión, diabetes e inclusive depresión.

Por todo lo anterior, la intensión de la presente iniciativa es proponer la reducción de la jornada de dichos médicos a ocho horas, a efecto de favorecer la intensidad de trabajo y reducir espacios que pueden generar una carga negativa en el ambiente; además de beneficiar una mejor calidad de vida del médico en formación, lo que igualmente causará un aumento en su productividad.

El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo que pone al centro a la persona humana y genera, por ende, un mejor trabajador.

Existe la suficiente evidencia científica que establece que trabajar veinticuatro horas continuas origina una des-sincronización de las funciones corporales, ya que los seres humanos somos seres diurnos que estamos programados para desarrollar actividades durante el día y recuperarnos de la fatiga durante la noche.

El internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país, considerándolo como período obligatorio previo al servicio social e indispensable para que los estudiantes de la carrera de medicina integren y consoliden los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los ciclos escolarizados previos de la carrera.

Con el propósito de asegurarle a la sociedad la existencia en nuestro país de médicos cada vez más capacitados y así propiciar una mejor calidad de atención médica, las instituciones educativas y las instituciones operativas buscan permanentemente la creación de un currículo escolar óptimo, por lo que el ideal es organizar el internado de pregrado de una manera que corresponda adecuadamente a las necesidades de los alumnos, a los objetivos del plan de estudios y procurar así una mejor formación profesional de los estudiantes.

Durante este período el estudiante tiene la oportunidad de participar en la actividad asistencial que se desarrolla en los hospitales de segundo nivel de atención y en el contacto con la comunidad en las unidades de primer nivel, en donde, bajo la tutoría de médicos especializados, permanentemente ponen en práctica sus conocimientos y tienen la oportunidad de observar la respuesta en el corto y el mediano plazo.

Por su parte, las unidades aplicativas reconocen que la existencia de médicos en formación y de actividades de docencia, son estímulos y factores que promueven la elevación de la calidad en la atención médica, entre los objetivos generales del internado de pregrado destacan:

• Integrar los conocimientos obtenidos previamente en los ciclos escolares previos y aplicarlos en el estudio y atención de los pacientes.

• Obtener habilidades y destrezas a través de la práctica de competencias clínicas al grado de dominio que corresponda a la solución de problemas de primer nivel de atención.

• Capacitar al Interno de Pregrado en las habilidades y destrezas que desarrollará en el Servicio Social.

• Proporcionar al Interno un entorno en el marco operativo de las especialidades troncales de la medicina para que posteriormente decida con base en la experiencia vivida a que actividad o especialidad se va a dedicar en su vida profesional.

• Aumentar en el alumno un apego a los valores humanos y principios éticos de la práctica médica.

Por su parte, se establece que la frecuencia y duración de las prácticas clínicas complementarias, conocidas comúnmente como “guardias”, deben estar determinadas por la institución de salud, sin exceder un máximo de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días. En días hábiles inicia a la hora que termina el turno matutino y concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas. Las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de “castigo” no son aplicables.

Las residencias médicas -de conformidad con el artículo 353-A de la Ley Federal de Trabajo-son “El conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en período de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de posgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas.”

Es decir, un médico ya titulado que desea especializarse en alguna rama de la medicina debe cumplir con la residencia médica, realizando el conjunto de actividades  académicas, asistenciales y de investigación dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes.

Es importante señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, es la encargada de regular la organización y funcionamiento de las residencias médicas, ya que considera los elementos indispensables para la realización de dichas residencias expresados en deberes de las instituciones de salud integrantes del Sistema Nacional de Residencias Médicas, como son la existencia de convenios, disposiciones para los profesores y los requerimientos mínimos de las unidades médicas receptoras de residentes, además de los derechos y obligaciones de los médicos residentes, entre otros. Cabe destacar que la coordinación de todo lo relativo a la formación de médicos especialistas en las residencias médicas, le corresponde a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a través de su Comité de Enseñanza de Posgrado y Educación Continua.

En atención a lo antes expresado, la Secretaría de Salud emite la Norma Oficial Mexicana para la organización y funcionamiento de residencias médicas, a fin de garantizar la formación óptima de los médicos especialistas; sin embargo, en opinión de la suscrita dicha norma viola los derechos humanos de los médicos y crea inseguridad en la atención que brindan a la salud de la población.

Las guardias en las residencias médicas son muy parecidas a las realizadas en el internado de pregrado, ya que los horarios establecidos tanto en una como en otras, violan los derechos humanos de los médicos en formación.

La Norma Oficial Mexicana establece en lo relativo a las guardias de los residentes lo siguiente:

8.1 Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.

8.2 Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.

8.3 Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.

8.4 En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.

8.5 Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.

8.6 El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.

8.7 Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.”

De la anterior transcripción se desprende que hay días en que el médico debe cumplir 24 horas de guardia y luego cumplir con su turno normal, lo que conlleva a afirmar que pueden llegar a cumplir más de 30 horas sin dormir, cuestión que no debe ni puede ser permitido en ninguna actividad humana y mucho menos en una tan delicada.

Aunado a lo anterior, en algunas especialidades se tiene que cumplir con un Servicio Social Profesional, que es definido como “El conjunto de actividades de carácter temporal, cuya duración en ningún caso será menor de 3 meses ni mayor de seis meses, que ejecutan los residentes del ultimo año de la especialidades troncales (Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría) Anestesiología y Medicina Familiar, como parte de su formación y en interés de la Sociedad y del Estado, por lo que queda abierta la posibilidad de incorporar otras especialidades, con base en los programas académicos y operativos en cada Institución.”

Así, el Servicio Social Profesional se establece como un elemento más de la estructura curricular en estas disciplinas médicas al que se le asigna un doble propósito, académico y asistencial, que al mismo tiempo sirve para fortalecer el proceso de formación del residente y da justa satisfacción a las demandas que en materia de salud son competencias del Estado, sin embargo, en dicho servicio social profesional también existen guardías de hasta 36 horas continuas. Es importante destacar que igual ocurre en el servicio social que por ley deben cumplir los aspirantes a ser médicos.

Por lo anterior, podemos afirmar que el internado de pregrado, el servicio social y las residencias médicas cuentan con los mismos vicios, esto es, existe una saturación de horas de servicio que afecta la salud del médico en formación y pone en riesgo a los pacientes que atiende.

Es importante recordar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que de manera general la duración de la jornada máxima será de ocho horas.

Igual ocurre en las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, ya que la jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete horas respectivamente.

No pasa desapercibido para la promovente que han existido diversas propuestas en diversas legislaturas de la Cámara de Diputados que han buscado terminar con esta esclavitud moderna y que –en el mejor de los casos- se quedaron sin dictaminar o fueron desechadas con agravios tan discutibles como afirmar que los médicos residentes “no pueden ser tratados como trabajadores en estricto derecho, ya que su residencia consiste en la especialidad de un área formativa que difícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral de ocho horas”, olvidando por completo que el artículo 353-B de la Ley Federal del Trabajo establece que hay una relación laboral entre los Médicos Residentes y la persona moral o física de quien dependa la Unidad Médica Receptora de Residentes. Sin embargo, suponiendo sin conceder que no existiera una relación laboral cabría preguntarnos: ¿Es moral y constitucionalmente aceptado que una persona cubra jornadas de 36 horas continuas?, ¿Es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente atienda la salud de personas en estado de enfermedad?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA y ADICIONA el artículo 353-Ede la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 353-E.- Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. La jornada del médico residente no deberá exceder de ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno.

Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces por semana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 87 y un tercer y cuarto párrafo al artículo 95 de la Ley General de la Salud, para quedar como sigue:

Artículo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.

En todo momento se garantizará que la jornada laboral del prestador del servicio social sea adecuada y permita el desarrollo profesional y personal de la persona.

Artículo 95.- Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Igualmente, en los lineamientos y normas que se expidan para regular las actividades y horarios de los internos de pregrado y médicos residentes deberán garantizarse que se cuenten con las condiciones idóneas para realizar su actividad. La duración del servicio no podrá exceder de ocho horas en el día y siete en la noche.

Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces por semana.

TRANSITORIOS

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de febrero del 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete, por favor.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para felicitar a la Senadora Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Garza, y pedirle si me permite sumarme a tan importante iniciativa.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Silvia Garza, es para el mismo asunto.

Solicito a la Secretaría acudir con los Senadores que quieran suscribir la iniciativa de la Senadora Silvia Garza. Senadora María Elena, Senador Santana García, Senadora Calderón Hinojosa, Senadora Lorena Cuéllar.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 159 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Compañeras y compañeros:

El martes pasado que iniciamos un nuevo periodo de sesiones aquí en el Senado de la República, y que tuvimos una sesión con varios temas, por ahí leí en la Gaceta que algún Senador había incorporado al Orden del Día una efeméride para celebrar el “Día Internacional de los Humedales”, porque justamente antier fue el “Día Internacional de los Humedales”, y sorpresivamente el Senado de la República no dijo absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo en uno de los humedales más importantes que tiene nuestra patria. Todo el sistema lagunario y el sistema de manglares que existe, particularmente en el sur-sureste del país.

Por supuesto que es el tema de Tajamar, que si no fuera por la Senadora Beristain Navarrete, pues seguramente estaría completamente ausente del debate del Senado.

Por eso es que a pesar de que haya sido hace dos días, vale la pena recordar a Tajamar, porque Tajamar debe ser una lección, debe ser un ejemplo oprobioso de lo que nunca más debe ocurrir en nuestro país.

Afortunadamente existen instituciones que sí entienden su función de protección y conservación. Una de esas instituciones es Ramsar, que es la convención internacional que determina cuáles humedales deben ser considerados de importancia internacional porque aportan enormes servicios ambientales.

Como seguramente ustedes saben, México tiene 142 sitios Ramsar, y de esos 142 sitios Ramsar, 12 están en el estado de Chiapas.

Y seguramente todos ustedes, si alguna vez han estado en Chiapas, lo mismo por actividades políticas que turísticas, pueden estar de acuerdo conmigo de la riqueza natural de mi estado, riqueza natural que siempre contrasta con la pobreza de la gente.

Esa riqueza natural siempre al viajante, al visitante le regresa un sentido de pertenencia porque, bueno, Chiapas es México y México debe estar muy orgulloso de las riquezas chiapanecas.

Y justamente una de esas bellezas son las Lagunas de Montebello, ahí, en Comitán, que nadie que visite Chiapas deja de estar en ellas.

Yo recuerdo alguna vez a la Senadora Mariana Gómez del Campo, cuando estuvo en Chiapas, y me decía cómo estas lagunas la habían impresionado tanto por los colores tan hermosos que se generan en ellas, distintas todas entre sí.

Del Senador Demédicis Hidalgo, pasen a su oficina a ver las fotografías que tiene de un viaje a Chiapas, en donde estuvo recogiendo testimonio de la pobreza y también de la riqueza natural.

¿Y a qué va todo esto?

No estoy aquí como agente turístico, estoy aquí como Senador, porque en Montebello está pasando una desgracia que está siendo documentada por muchísimas organizaciones, por muchísimas instituciones y la academia. Todas están preocupadas por lo que ocurre en Montebello.

Y es que este Parque Nacional de las Lagunas de Montebello está en riesgo de perder su enorme atractivo.

Permítanme enseñarles de manera gráfica un antes y un después de lo que ocurre en Montebello. Así eran antes las lagunas, ése era su color. Hoy empiezan a tomar estas tonalidades verdosas y con otro tipo de elementos químicos que están haciendo que esos colores de Montebello se empiecen a perder en por lo menos 4 de las 59 lagunas. Son 59 lagunas que, si no nos apuramos a hacer algo, terminarán así, como un lago contaminado de este color verde tan desagradable.

¿Cuál es el problema?

Pues el problema es que en los últimos años estos cuatro lagos de Montebello han perdido su tono, este tono reconocido mundialmente por ser único, este tono azul turquesa.

Y son muchas las autoridades que se han acercado a ver qué ocurre, la Conagua, el Conacyt, la UNAM, la propia CFE que ha estado ahí para ver qué ocurre, y nadie se pone de acuerdo en saber qué está ocasionando este daño ambiental en Montebello.

Hay una hipótesis sostenida por la bióloga Margarita Gutiérrez Ruiz, del Laboratorio de Bioquímica Ambiental de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Qué dice ella?

Pues que hay contaminación en el río Grande, en cuya cuenca se encuentran las Lagunas de Montebello.

¿Qué contamina las Lagunas de Montebello?

Primero, las descargas de aguas residuales de los municipios de Comitán, Trinitaria, Margaritas y La Independencia.

Segundo, aportes excesivos de fertilizantes y agroquímicos de todo el desarrollo agroindustrial, particularmente de tomate, que se encuentra ahí en la meseta comiteca.

Fue esta propia bióloga que en su momento advirtió al gobierno de Chiapas que, la cito: “El origen del problema era una planta de tratamiento de aguas residuales que funcionaba mal en el municipio de Comitán, y que esas aguas residuales recorrían el cauce de las lagunas”.

Es decir, aunque funcionaran bien, las aguas iban a tener aportes de nitratos, que son veneno para las lagunas.

Dice esta experta, “la segunda causa que se identifica fue que en este momento hay invernaderos de cultivo de tomate que habían impulsado alrededor del área de las lagunas y usaban fertilizantes nitrogenados”.

¿Por qué esto lo digo presentando una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente?

Porque lo que ocurre en Montebello es muy fácil que ocurra en cualquier otra parte del país, porque nos hemos hincado ante las ganancias, ante la generación de empleos, generalmente mal pagados, a costa de perder estos lugares de los cuales se nos llena la boca de orgullo cuando los presumimos con algún amigo de otra parte del mundo u otra parte del propio país, porque no hacemos absolutamente nada para protegerlos.

Hace algunos días, el 27 de enero ya había yo presentado un punto de Acuerdo para la atención y la información por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de, ¿qué ocurre en Montebello, y qué van a hacer?, y además la petición de la declaratoria de desastre ambiental en las Lagunas de Montebello.

Es decir, que se descubra qué está pasando y que se detenga, si hay alguna responsabilidad, ya sea de alguna industria o de la propia negligencia de autoridades municipales, que no tienen buen manejo en sus plantas de tratamiento de agua o peor aún, que estuvieran haciendo descargas de aguas, ya sean residuales o aguas negras al río Grande que nutre toda la cuenca de estas Lagunas de Montebello.

Por eso es que mi planteamiento es muy simple.

El primero es, modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que la Semarnat tenga y asuma una muy simple tarea, informar de todos y cada una de nuestras áreas naturales protegidas, un informe anual de su estado.

Es decir, que todos los años podamos tener y recibir nosotros, como Senadores, un informe de qué pasa en todas y cada una de las áreas naturales protegidas.

Porque Tajamar es un ejemplo, pero ahí está el tema del río Sonora y las descargas de cobre que todos conocieron hace algunos meses; pero ahí está el tema de la minería que se acerca peligrosamente a la Reserva de la Biosfera del Triunfo, argumentando que van a hacer una suerte de minería sustentable para sacar a Chiapas de la pobreza, pero atacando uno de los lugares y de ecosistemas, el Bosque de Niebla más extraño y con más peligro de extinción que existe en el mundo entero, la única casa que le queda al quetzal.

Porque ahí está también el santuario de la tortuga golfina, en Puerto Arista, en Tonalá, Chiapas, que también está siendo amenazado por todos aquellos ecocidas que trafican y comercian con el huevo de la parlama.

Allí están muchos casos, seguramente en todos y cada uno de sus estados, casos que no los van a perdonar sus representados por no decir algo.

¿Les parece un exceso pedirle a la Semarnat un informe anual de las áreas que tiene la responsabilidad de cuidar?

Pues a mí me parece que no.

Y la segunda, pues que pongamos sanciones penales mucho más fuertes para todos aquellos particulares que contaminen aguas en áreas naturales protegidas.

Las ganancias no son el pretexto para quitarle a las próximas generaciones de mexicanos, y en el caso de chiapanecos, la oportunidad de maravillarse ante los colores increíbles de las Lagunas de Montebello.

Las ganancias de una calera, como lo ocurre también en el Cañón del Sumidero, jamás van a poder estar por encima de la posibilidad de que todos vuelvan a sentirse humanos pequeñitos ante la grandiosidad del Cañón del Sumidero, y que hoy está a punto de generarse un derrumbe gigantesco a partir de la negligencia.

¿A qué huele todo siempre?

A corrupción, a cochupo, a complicidad de autoridades con alguna industria.

Yo creo que como Senadores debemos de ser y asumirnos también como protectores de las áreas naturales protegidas, y por supuesto, de todos los entornos que en el altar de las ganancias se ponen en riesgo.

Ahí está el caso de Montebello, se los quise traer para ejemplificar lo que ocurre, y que no nos llenemos de Tajamares constantes, cotidianos, y nos acostumbremos a que el país, para que tenga más riqueza, más productividad, más competitividad, tiene que poner en riesgo lo más rico, lo más grandioso que México posee: su medio ambiente, su naturaleza, su herencia ambiental para las futuras generaciones.

Ojalá se sumen a esta propuesta, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto.

Iniciativa

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 159 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parque Nacional Lagunas de Montebello cuenta con 6,022 hectáreas de extensión, es un parque compuesto de 59 lagunas y lagos de diferentes características y dimensiones, la zona está cubierta de cavernas, grutas y dolinas, las serranías también forman parte de la postal. Entre las lagunas más reconocidas están la Laguna Encantada, Tinta, Ensueño, Perol, La Cañada, San Lorenzo, Bosque Azul, Esmeralda, Montebello, Pojol, Tzizcao entre otras.

La declaración de protección en la categoría de Parque Nacional para las Lagunas de Montebello se realizó a través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1959.

Desde su creación, el Parque Nacional Lagunas de Montebello representa uno de los escenarios naturales más bellos a nivel nacional. Su ubicación geográfica le confiere especial importancia ya que se encuentra en la zona que comunica la región fisiográfica de la Altiplanicie de Chiapas y la Planicie Costera del Golfo, lo que corresponde al macizo central y las llanuras y declives del Norte del macizo central de las regiones florísticas de Miranda.

Lagunas de Montebello forma parte de sistemas ecológicos, culturales y económicos más amplios. Entre sus valores ecológicos están sus funciones como vaso de captación de agua, regulador climático regional y corredor biológico. Los ecosistemas de bosques de pino, pino-encino, pino-encino-liquidámbar y mesófilo de montaña albergan una importante riqueza biológica, que incluye algunas especies protegidas. Ubicado en la región terrestre prioritaria, en su función como corredor biológico proporciona hábitats para diversas especies de aves migratorias y permite la dispersión de la flora característica del macizo central hacia la región de los Altos de Chiapas. El Parque constituye un área de importancia para la conservación de aves, la riqueza de los vertebrados terrestres la encabeza el grupo de aves, seguido por los grupos de mamíferos, anfibios y reptiles.

El 27 de noviembre de 2003 Lagunas de Montebello obtuvo el reconocimiento como Sitio Ramsar número 1325, esto significa que el Parque se encuentra en la lista de humedales de importancia internacional según los criterios establecidos por la Convención sobre los Humedales (realizada en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971), que es el único tratado ambiental mundial acerca de un ecosistema en particular y que entró en vigor a finales de 1975.

Por todo ello, los bienes y servicios ecológicos que producen los ecosistemas del Parque Nacional Lagunas de Montebello incluyen el resguardo del patrimonio genético, la absorción de gases invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación de valores paisajísticos, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, y la estructuración de hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna.

El régimen de protección que mantiene la región Lagunas de Montebello como Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional constituye el fundamento para la conservación de su diversidad biológica y de un gran número de funciones ambientales vitales.

Sin embargo, en los últimos años, al menos cuatro lagunas, han perdido sus tonos cristalinos azules y turquesa, y adquirieron colores amarillentos, verdosos y llenos de lodo. Diversas autoridades han realizado estudios sin haber determinado la causa precisa, ni el tiempo de afectación.

Por su parte un estudio del Departamento de Geohidrología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó que el cambio de coloración comenzó en 2008 en el complejo de lagunas conocido como Vuelta de Agua, y en 2010 el deterioro se extendió a las lagunas Bosque Azul y La Encantada.

En cambio, una investigación realizada con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que monitorea los ciclos de lluvia y estiaje al interior del área natural, determinó que los cambios de coloración se presentaron desde enero de 2003.

Entre las diferentes dependencias que han realizado muestreos aislados para determinar la calidad del agua han encontrado por lo general sulfatos y sulfuros en concentraciones elevadas en comparación con otras lagunas del sistema que no se encuentran afectadas por este fenómeno.

Esta circunstancia ha fortalecido la hipótesis de la contaminación del Río Grande, en cuya cuenca se ubica el sistema de lagunas, debida a descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. Los municipios aledaños, que podrían ser responsables de las descargas, son Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Trinitaria y La Independencia, los cuales podrían contribuir a la entronización (proceso a través del cual repentinamente empieza a llegar más carga de materia orgánica de fósforo y nitrógeno) a través de tres factores principales, la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado, aportes excesivos de fertilizantes y agroquímicos, y la deforestación y cambio de uso de suelo en la zona.

Asimismo, tratándose de uno de los principales sitios turísticos de la entidad, algunos lugareños han señalado que la contaminación de los lagos ha provocado disminuciones en la afluencia de turistas.

La situación descrita revela una falta de control por parte de las autoridades competentes, así como desconocimiento por parte de los habitantes aledaños, y la falta de incentivos para proteger la zona y en especial su manto acuífero. Por ello se propone adicionar un párrafo al artículo 159 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para obligar a la Secretaría a elaborar y publicar informes anuales sobre el estado de las áreas naturales protegidas, en el entendido de que el fenómeno ocurrido en las Lagunas de Montebello puede repetirse en otras áreas naturales protegidas por la falta de control hacia sus actividades. Por otro lado, se propone el endurecimiento de la normatividad penal en materia de contaminación de aguas en áreas naturales protegidas con la finalidad de desincentivar estas acciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 159 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

ARTÍCULO 159 BIS 1.- La Secretaría deberá elaborar y publicar bianualmente un informe detallado de la situación general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Anualmente, la Secretaría deberá elaborar y publicar un informe sobre el estado y el impacto ambiental de cada una de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, así como las acciones de vigilancia, control, protección y salvaguarda de los mismos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, se impondrá pena de tres a quince años de prisión y de mil a diez mil días multa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de febrero de 2016.

Atentamente,

Sen. Zoé Robledo Aburto.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Primero, para felicitar al Senador Zoé Robledo por esta iniciativa presentada en este momento.

Me parece crucial hablar de las Lagunas de Montebello, aunque hay muchos otros sitios en el país que, desafortunadamente, están muy descuidados. Bueno, no quisiera entrar ahorita a hablar de cada uno de ellos.

¡Felicidades! Senador. Me encantaría sumarme a este esfuerzo.

Además, Chiapas es uno de los lugares más queridos; más hermosos, no nada más para el turismo nacional, sino también para el turismo internacional y, desafortunadamente, las Lagunas de Montebello, ya no son lo mismo que eran hace cinco o diez años.

¡Felicidades y Enhorabuena, Senador!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: También la Senadora Silvia Guadalupe Garza, la Senadora Luisa María Calderón, el Senador López Brito, la Senadora Martha Elena. Tome nota la Secretaría; la Senadora Pilar Ortega, el Senador Monreal Ávila, tome nota la Secretaría.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73 y 115 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venía, señor Presidente.

Hemos presentado una iniciativa en relación con la pretensión de imponer en México esa desarticulación del sistema político, con la eliminación de las policías municipales en este país, en contra, con toda claridad, del mando único.

Después de un año de haberse presentado el famoso decálogo que fue rechazado realmente por este Senado, con la oposición del Partido Acción Nacional y otros más, vuelve otra vez la ofensiva y la presión.

Osorio Chong llega otra vez a presionar con unos argumentos absolutamente banales o contradictorios.

Osorio Chong dice: Es más fácil controlar a 32 que a 2 mil 800 o mil 800.

Es más fácil controlar a los estados que a los municipios.

No puede ser más absurdo este planteamiento, o más claro el interés del gobierno federal, y vamos a explicar por qué, es controlar a las policías; es controlar, no hacerlas eficientes, controlar, ese es el objetivo, hay que controlar, y hay que desaparecer a las policías municipales, con lo cual desaparece realmente la autoridad del municipio en este país, que es un avance histórico fundamental. O sea, el argumento de Osorio Chong es muy claro.

El mando único, dice Osorio Chong: evitará repetir los hechos de Iguala. Bueno, un ejemplo al revés.

Todos sabemos porque lo analizaron; lo analizaron los expertos extranjeros de la OEA, analizaron que en los documentos de la Procuraduría de la República, estaba claro que en todos los escenarios en donde masacraron a los estudiantes y en donde los secuestraron y se los llevaron, estaban los policías federales y estaban, inclusive, representantes de la zona militar del Ejército.

O sea, el ejemplo de Iguala, es el ejemplo de que no estuvo en manos de las autoridades municipales, porque no han podido ni siquiera presentar una acusación al presidente municipal de Iguala y a su mujer. En cambio el otro si está aprobado, mal argumento que sirve para lo contrario de Osorio Chong.

Dice Osorio Chong: que presentemos oposiciones, que discutamos. Aquí está una.

Yo espero que sea cierto lo que dice Osorio Chong, y que haya una discusión pública, abierta en el Senado de la República, en comisiones para discutir ese tema que es crucial para la estructura política del país.

La Conago vino también, vamos a presionar. Nos echaron a todos los gobernadores aquí a decir que eso es indispensable.

El gobernador del Estado de México repitió la misma batea de babas, es más fácil controlar a 32 que a 1,800. Nada nuevo, dijeron que iban a entregar un documento. No lo hemos visto.

¿Cómo es que los gobernadores argumentan ante el Senado de la República que es una representación federal?

¿Cómo los gobernadores se suman a la destrucción de las policías municipales?

Vamos a verlo con interés.

Ojalá y les diga el Presidente Gil Zuarth, que presenten el documento que vinieron aquí a presumir.

¿Por qué?

Y ésa es una simple introducción.

¿Por qué regresa la presión de esta manera? Toda la carga al asador.

Presión a los gobernadores, presión al Senado abiertamente, siendo que estaba en contra, lo dijeron desde un principio.

¿Por qué?

Porque no ha cumplido el Presidente con lo que le ordenan los Estados Unidos de Norteamérica.

Pues es la presión de esa medida que se suma a las otras medidas que se han tomado como es el establecer un régimen especial, penal en contra de cualquier atentado por pequeño que sea, de las empresas transnacionales que van a llegar en materia de energía, como también ya se logró, a petición de ellos, que los agentes aduanales norteamericanos estén presentes aquí en México armados en todas las agencias aduanales del país y que los agentes migratorios, esos que matan y que los vemos en la televisión, que matan con una gran facilidad, los vamos a tener aquí, porque se aprobó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ahora cumplir con compromisos que ni siquiera se han discutido en el Senado.

Es decir, en este esquema, en el esquema de la ocupación de tierras que se aprobó aquí, como privilegio de las empresas transnacionales que tendrán el derecho de ocupar las tierras de los mexicanos, esa reforma pues necesita que los municipios no tengan ningún elemento de defensa, porque la ocupación de tierras va a ser y es ahorita la ocupación de tierras en las zonas municipales, indígenas, comunales, rurales, hay que quitar toda la fuerza y concentrarla en los bandos que a final de cuentas hemos dicho, es el establecimiento ya pleno de un régimen, de un estado policiaco militar.

Vamos a concentrar todo arriba para garantizarles a los señores que tienen interés en invertir, que habrá una gran seguridad a su favor.

Eso está explicado. No lo invento yo.

En enero 11 del 2016, una editorial del New York Times, dice que el gobierno mexicano se estaba retrasando de cumplir una serie de medidas y que habían estado estorbando ya a la “cooperación”, en materia de seguridad de ellos aquí en México, que se estaba retrasando, entorpeciendo, pero que la salida de El Chapo, el escape y eso, pues ya se dieron cuenta que necesitamos que ellos estén aquí manejando la seguridad. Eso lo dice John Kerry, del Departamento de Estado, que se está volviendo a encontrar terreno en común.

En dos o tres artículos del New York Times, se explica por qué otra vez insisten aquí que hagamos este rompimiento del sistema político que parte del municipio libre.

Esa es la razón.

Nuestra iniciativa va en contra, y justifica, y demuestra por qué es una absoluta barbaridad que no tiene más objetivo que establecer a un nivel elevado en las policías estatales y más bien en las policías federales y el Ejército y Marina, establecer ya un sistema de control, como dice claramente Osorio Chong, en este dislate para controlar y que no haya a nivel de las comunidades, de los municipios, ninguna resistencia a la intervención de los intereses extranjeros.

Se propone reformar los artículos 73, fracción XXIII y 115, fracción VII de la Constitución. La reforma al artículo 73 es para que el Congreso de la Unión refuerce, con visión municipalista, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el que debe comprender, crear y consolidar un sistema de profesionalización policial, nacional en sus tres niveles de gobierno, profesionalización de los cuerpos policiacos, locales y municipales, por eso digo, con visión municipalista, no al revés. Consolidación de una cadena de policía, consolidación del Registro Nacional de Policías, alcanzar estándares internacionales en número de policías por cada mil habitantes, identificar cuántos municipios existen con alto índice de criminalidad, que ese es otro punto, no son todos, hay reconocimiento claro de las propias autoridades, no son todos los municipios, son menos de 10 por ciento los que están en crisis permanente. ¿No?

Verificar la política financiera en materia de seguridad pública en los últimos años, para demostrar el abandono en materia de seguridad de los municipios.

La reforma al artículo 115, fracción VII, es para que se mantenga la competencia originaria de la policía municipal en los ayuntamientos, y que por excepción, ¡por excepción!, el gobernador pueda intervenir.

Para ello, la correspondiente Ley de Seguridad Pública del Estado, determinará en los casos de excepción las causas, procedimientos, responsabilidades y sanciones de los gobernadores.

Los municipios tendrán expedita siempre su facultad para promover controversias constitucionales y defender sus competencias constitucionales.

Ahí tenemos los ejemplos de Guerrero, de presidentes municipales que están protestando, y tenemos los ejemplos de Graco Ramírez, invadiendo a su gusto a todos los municipios, estableciendo, de acuerdo a su voluntad, el mando único sin tener facultades para ello.

Nuestra tesis, nuestra tesis es que los problemas de seguridad en el país no son, ni se deben a las violaciones del estado de derecho por parte de las autoridades nacionales, sino fundamentalmente a la influencia geopolítica de los Estados Unidos para integrarlos a la política policiaca, militar que ellos han diseñado en su beneficio para México.

Lo anterior lo probamos con documentos oficiales del gobierno norteamericano, que espero lean, y a las tesis de sus académicos que sostienen este punto de vista.

Lo probamos con la guerra contra las drogas que ellos iniciaron, en donde México pone los muertos, y los delincuentes y lavadores de dólares en Estados Unidos reciben los beneficios.

Lo probamos con la inconstitucional Iniciativa Mérida, inconstitucional Iniciativa Mérida, porque es un acuerdo que interviene en toda la política de este país y no ha sido aprobada por el Senado, con una marrullería que establece que puede haber convenios interinstitucionales, o sea, el Secretario de Gobernación de México se pone con el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y se acabó. ¡Bueno!

Lo probamos, así también con la inconstitucional Iniciativa Mérida y la aprobación de instrumentos como el ASPAN, que implica la intervención directa del gobierno norteamericano en la soberanía de México.

También lo probamos con las reformas que se han aprobado por este Congreso, en donde se ha permitido que agentes migratorios, lo decía yo e insisto, y aduanales norteamericanos porten armas en territorio nacional, con la reforma energética que permite la ocupación temporal, repito, de tierras en manos de ejidatarios y pueblos originarios, y con diversas reformas en materia penal para sancionar a los mexicanos que atenten contra las infraestructuras energéticas.

Este asunto de la ocupación y de las llamadas inversiones, porque tenemos el caso de Puebla. En Puebla están privatizando el agua, están acabando con las zonas de bosques para las minas, a cielo abierto, están estableciendo programas, que en Puebla se llaman: “De muerte”.

¿Quién lo impone? El gobernador Moreno Valle, él lo impone a petición del gobierno federal.

Y quienes defienden sus tierras, quienes defienden su agua, quienes defienden sus derechos como comunidades, son las presidencias municipales.

En todo el estado de Puebla están defendiendo los presidentes municipales. Eso es lo que demuestra que son el principal obstáculo las presidencias municipales, sus autoridades, sus policías, por malas que sean, que no las han mejorado, son las que defienden sus intereses.

Por eso significan los presidentes municipales y las autoridades municipales un estorbo para la implantación de estas políticas que estamos señalando y que son parte de lo mismo.

Nadie podría entender estas medidas si no vamos a la visión geopolítica, a los documentos que se han firmado, al ASPAN, a la Iniciativa Mérida, y a lo que ha ido avanzando para destruir la soberanía nacional.

Lo probamos igualmente con el incremento brutal del gasto militar y policial en México, que está muy por encima del gasto social abandonado, y eso es lo que afecta el rompimiento de las estructuras sociales de los municipios, el que el gasto militar sí se ha dado brutalmente como si estuviéramos en guerra, analizado ya por quienes analizan los gastos militares.

Nosotros tenemos un incremento del gasto militar, la Marina, el Ejército y la Policía Federal, hoy con su gendarmería nueva. Esos sí reciben una enormidad de gasto, no lo reciben las autoridades municipales.

No se ha invertido en esto que nosotros pedimos para que las policías municipales, que son las que la sociedad tiene; las policías municipales son las que están en contacto con la población.

Es una violación a los derechos humanos de los mexicanos, quitarles a las sociedades, a las comunidades, a los pueblos la defensa de los intereses con sus propias policías.

Lo probamos en la rapidez con la que Peña Nieto ha aceptado la extradición de El Chapo, que ha pedido los Estados Unidos, y es parte de esos artículos que les comento del New York Times, ya les di las fechas para que lo lean, porque no se puede entender lo que está ocurriendo en México si nos desatendemos de lo que pasa a nivel mundial y de lo que pasa en nuestra relación con Estados Unidos

Aquí todo mundo se hace guaje y no tocan el tema, pero ahí está aprobado por nosotros, por ustedes, digamos, aquí está aprobado en los programas que está operando y no podemos decir que entendemos esta prisa y esta insistencia al Presidente, que les dijo que no ya a su famoso decálogo, porque lo están presionando aquí, como se los leí directamente a través del New York Times, el señor Kerry del Departamento de Estado.

En la iniciativa defendemos el principio del municipio libre porque se trata de una decisión política fundamental de la Constitución de 1917, el municipio es la base de toda la organización política y administrativa del Estado y no debe perder una de sus competencias fundamentales, la competencia de la policía. Y no se tiene facultades en esta presión de la Conago, que es una vergüenza porque no respetan a sus municipios, ni debemos de aceptar esta disminución y este atentado contra la estructura política, toda.

En la iniciativa desmentimos los argumentos de los que están a favor del mando único. La corrupción policiaca existe en los tres niveles de gobierno, incluyendo a las fuerzas armadas. Ustedes saben que las fuerzas armadas compran esta cantidad creciente de armamento para beneficio del famoso complejo, que Eisenhower escribió, el famoso complejo político militar que es el que va en las ganancias.

La Iniciativa Mérida apoya con recursos, pero se van billones para allá en detrimento de la política social sin objetivo. No estamos en una guerra para tener tanques, aviones, helicópteros, sin atender a las policías municipales para luego decir que esas son las que tenemos que desaparecer.

En la iniciativa desmentimos estos argumentos, repito, la corrupción policiaca existe en los tres niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas, llámese un ejemplo que nos facilita Osorio Chong, pues Iguala, Ejército, policías federales, todos documentados.

En Tlaquiltenango otra vez hay otro presidente municipal que no quieren, ya fue acusado de narco.

Lo que aquí se ha planteado de policías municipales de primer orden, como aquí en el propio Estado de México, bueno, pues esas las van a desaparecer. El gasto público en las policías municipales es “mínimo” en comparación con el gasto de los policías estatales y federales, y se deben entregar más recursos a la policía municipal y menos a las policías estatales y federales.

Lo importante es la capacitación en la profesionalización de las policías y no el mando único. El mando único concentra el poder en los gobernadores y en el Presidente de la República básicamente, porque ya lo vimos, el poder concentrado obliga a que vengan en tropel los gobernadores aquí a pedir que acabemos con sus propias constituciones, es el mando la concentración del poder a nivel presidencial, a nivel del Ejército, a nivel de la Marina, a nivel de las policías federales, que es lo que se necesita para poder tener una integración con la visión norteamericana.

Recordemos que en Estados Unidos el problema de las policías es gravísimo, la militarización, eso lo ha señalado Obama, la militarización de las policías norteamericanas que son auténticos ejércitos ya están creando conflictos sociales brutales, y no solamente se utilizan estas policías militarizadas o estas milicias armadas para, como las que tenemos aquí, y no las usan nada más para combatir al narcotráfico, no, las usan para combatir cualquier movimiento, cualquier movilización pacífica, cualquier reclamo social, ahí está.

Esta militarización de las policías en Estados Unidos es un gravísimo problema que ha generado conflictos muy grandes en Ferguson y en una serie de localidades en donde han matado a gente y que han llamado la atención al Presidente Obama, que ha criticado esa militarización a través de las decisiones que ha tomado la Secretaría, el Pentágono norteamericano de entregarles a las policías el armamento pesado que está destinado a la guerra.

Conclusión. Los municipios deben mantener su competencia en materia de policía, ir en contra de este argumento es desconocer la experiencia comparada, cuando la policía trabaja mejor es cuando tiene contacto directo con la sociedad, y eso sólo se puede realizar con la policía municipal, que es una policía de proximidad.

El mando único y la policía federal son cuerpos de seguridad distantes de la sociedad, que no viven los problemas de la comunidad concreta y que no tienen el compromiso con las comunidades, como lo tienen las presidencias municipales de Puebla, que les plantee, que tienen el compromiso directo y son las que están defendiendo su territorio, su agua, sus bosques, frente a proyectos extranjeros.

El problema de la policía de México es de profesionalización, de capacitación y de eliminación de la corrupción.

¿Qué pasó en Tierra Blanca Veracruz hace unos días? Quienes secuestraron a cinco jóvenes fue la policía estatal, no la policía municipal. Pero es un mal argumento.

Lo que necesitamos es realmente cumplir con nuestra responsabilidad de Senadores que representamos a los estados, no someternos silenciosamente a esos mandatos que ni siquiera mexicanos son, para que realmente la Federación viva, para que realmente esa cantidad inmensa de recursos que se han designado a las artes de la guerra, se destine a los municipios y además recordemos, la violencia no es una cosa de guerras y guerrillas, no, es la pobreza que existe en México, es el abandono a las sociedades, es un campo sin recursos ni solución, es eso lo que genera la violencia.

No vamos a seguir destruyendo el sistema político mexicano para que nos puedan integrar mejor, más fácil, Presidente y tres gentes más, a lo que llaman ellos Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, y la seguridad entonces de Norteamérica, que va a estar bajo el control de esa agencia que crearon, que creó el Presidente Bush, que se llama Home Line Security.

Muchas gracias.
Iniciativa

El suscrito MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 Y, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE MUNICIPIO LIBRE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR A LAS POLICÍAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, Y PARA SOMETER A LOS GOBERNADORES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción. El Estado policiaco militar obedece a razones geopolíticas.

La política de seguridad en el país en los dos últimos sexenios consiste en: el incremento acelerado del gasto militar y policiaco; la guerra en contra de las drogas; la ocupación territorial, regional y estatal, sin procedimientos de suspensión de garantías y sin respetar los procedimientos vigentes de intervención constitucional; la actuación ilimitada del ejército y de la marina en tareas de seguridad pública, entre otras acciones que prueban que la construcción de un Estado Policiaco Militar puede explicarse desde causas internas como las violaciones al Estado de Derecho en México. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, las razones que originan la construcción de ese Estado policiaco militar son acuerdos externos y tienen que ver con la política de seguridad de los Estados Unidos y su determinación de integrarnos en lo que denominan seguridad de Norteamérica bajo su conducción.

Sustentamos lo anterior con estudios y declaraciones emitidas por autoridades y académicos de ese país, con las propias declaraciones de las autoridades nacionales y desde luego con la observancia de los hechos con una visión amplia informada, geopolítica y no deliberadamente parroquial.

En el documento “North America Time for a New Focus”, elaborado por David H. Petraeus, Robert B. Zoellick y, Shannon K. O´Neil, se señala: “Norteamérica ha progresado desde las guerras del Siglo XIX a la hoy pacífica cooperación en contra de amenazas comunes. Esta relación de seguridad es esencial para el futuro de Norteamérica. Tener inseguridad en cualquiera de estos tres países elimina la habilidad para contribuir y beneficiarse de una región integrada.”1.

“La Fuerza de Cooperación Especial recomienda trabajar hacia una meta a largo plazo de una nueva estrategia de seguridad unificada para Norteamérica. Dicho proceso podría empezar por expandir los programas de seguridad bilaterales para incluir a México. Los programas Estados Unidos-Canadá podrían ser incorporados a la iniciativa ‘’México-Estados Unidos manejo fronterizo del Siglo XXI’’, estos esfuerzos podrían incluir el considerar los riesgos de seguridad más allá de las fronteras y desarrollar un sistema conjunto de análisis de riesgos y amenazas para la “zona’’ Norteamericana. México podría también participar en el programa conjunto de EEUU-Canadá.

‘’Shiprider’’, el cual está formado por grupos de múltiples agencias de seguridad que se enfocan en la actividad criminal transfronteriza. Estos pasos requerirían que México dedicara personal de las fuerzas de seguridad hacia la seguridad de sus fronteras Sur y Norte. Para alcanzar una estrategia de seguridad unificada, los tres países deberían desarrollar la confianza para compartir la información de manera segura entre agentes aduanales, agentes fronterizos, fuerzas de seguridad, oficiales de justicia y personal militar”2.

Parte fundamental de la Iniciativa Mérida ha sido la exigencia de la reforma policial a los municipios. Para los documentos oficiales de los Estados Unidos, la corrupción prevalece a nivel de la policía municipal y, demandan para erradicarla un papel mayor de las policías federales y obviamente de la asistencia policiaca a México de los Estados Unidos. Lo dicen así: “El establecimiento de los comandos unificados de policías estatales que potencialmente podrían absorber a las fuerzas policiacas municipales, ha sido debatido en México por años. El congreso mexicano falló en aprobar una propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno de Calderón para establecer Comandos Unificados de Policía Estatal. Sin embargo, el presidente Peña Nieto está ayudando a los estados a moverse en esa dirección y ha introducido su propia propuesta de reforma constitucional sobre este tema. El resultado de los esfuerzos para una reforma policiaca podría tener implicaciones en las iniciativas de Estados Unidos de expandir la asistencia del plan Mérida para cubrir a fuerzas estatales y municipales, ya que el gobierno mexicano determina cómo se organiza y canaliza esa asistencia. Los recursos del fondo Mérida han mantenido academias estatales y cursos de entrenamiento para policías estatales y locales en seguridad de los oficiales, el aseguramiento y preservación de las escenas del crimen, técnicas de investigación y la recopilación de inteligencia”3.

En el terreno de la seguridad, la compenetración entre los tres países es total. Por ejemplo, en materia energética, los norteamericanos han señalado las deficiencias de inseguridad de la infraestructura nacional en materia de energía y han exigido una permanente colaboración para remediarla. Duncan Wood lo señala así: “La infraestructura crítica de seguridad y la resistencia han sido una prioridad para la colaboración regional de seguridad desde el 9/11, pero con todo y una extensiva consulta entre los tres aliados de NAFTA…”4.

No es por tanto casual, que el Congreso mexicano se haya dedicado durante la administración de Peña Nieto a aprobar reformas coincidentes con las exigencias de los Estados Unidos en México. Ejemplo de ello, fueron las reformas a Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que adiciona la fracción XXIII, deroga el inciso 19) y reforma el inciso 25) de la fracción I, todos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, además de reformar el artículo 254 ter, se adiciona la fracción VI y se derogan el inciso j) de la fracción I del artículo 253, las fracciones VII y VIII del artículo 254, y el artículo 368 quáter del Código Penal Federal y, se reforma la fracción I y adiciona la fracción VIII al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Tal reforma estableció un régimen especial de carácter penal en materia de hidrocarburos, el que es propio de lo que la doctrina denomina derecho penal del enemigo y que es anticonstitucional. Es decir, un sistema que atribuye sanciones penales en función de la peligrosidad de los futuros autores de las conductas y no de las conductas mismas. La reforma criminaliza la protesta social de indígenas, ejidatarios, pequeños propietarios y de otros mexicanos con las categorías penales de terrorismo y sabotaje que se incluyen en ella. Evidentemente, se trata de una reforma legal para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros en México en el ámbito de la energía, lo que coincide con los intereses norteamericanos reclamados pública e insistentemente afirmando que: sin mayor seguridad no habrá inversión extranjera.

En el mismo sentido, hace unos meses se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las que indebidamente e inconstitucionalmente se fundamentaron en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre sus Administraciones de Aduanas de 9 de diciembre de 2013. Las normas legales en México sólo pueden tener por fundamento jurídico para su creación o reforma una norma de mayor jerarquía y no una norma de menor jerarquía como es el caso. Además, el citado acuerdo es interinstitucional porque no fue aprobado por el Senado en contravención al artículo 76 fracción I de la Constitución. No puede haber reciprocidad con la brutal asimetría con los Estados Unidos

La anterior reforma violó el principio de legalidad y certeza, pues la reforma es ambigua, vaga e indeterminada. Por ejemplo: 1) No define cuantos permisos individuales o colectivos se otorgarán a los agentes extranjeros armados en nuestro país; 2) No precisa el número máximo de agentes armados extranjeros que podrán existir en nuestro país; 3) No precisa cuántos agentes extranjeros habrá por cada una de las 94 estaciones migratorias en México y por cada una de las decenas de Recintos Aduaneros del país; 4) No precisa la cantidad de armamento y equipo que estará a disposición de cada agente extranjero; 5) No precisa las relaciones de mando y de coordinación entre los agentes migratorios y aduanales extranjeros con los agentes aduanales y migratorios nacionales; 6) No precisa si en las rutas, caminos o transporte los agentes extranjeros también portarán armas; 7) No define que se entiende por reciento o local migratorio o aduanal; 8) No define el número máximo de prórrogas que se otorgarán por el gobierno mexicano a los permisos individuales o colectivos; 9) No define cuál es el juez penal competente en caso de que un agente extranjero cometa un delito en territorio nacional; 10) No se define cuál es el régimen jurídico al que estarán sujetos los agentes extranjeros en su relación con la población mexicana y en relación con las autoridades nacionales, lo que hace suponer que el sistema migratorio y aduanal mexicano estarán sometidos al control y a la administración del gobierno de los EEUU y no de los mexicanos.

Consideramos ahora como en aquella ocasión, que nuestros servicios de migración y aduanas estarán bajo la autoridad de la Homeland Security, que es el organismo establecido desde el gobierno de George W. Bush para combatir sin ninguna limitación el terrorismo, violando derechos humanos.

El principio de reciprocidad del que habla la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe estar previsto en un Tratado para ser válido porque compromete la soberanía de las naciones involucradas. Por tanto, no puede estar contemplado en un acuerdo interinstitucional que no es aprobado por el Senado de la República, ya que este tipo de acuerdos carecen de la legitimidad constitucional derivada de la representación política nacional de cada Estado.

Podemos decir, que los documentos citados y las reformas aprobadas en México en los últimos años son, pasos en el proceso de integración de nuestro país a la seguridad Norteamericana léase E.U. que conlleva la pérdida acelerada y permanente de la soberanía nacional.

La política de seguridad de nuestro país se dirige a la integración militar y de seguridad de México a la órbita de las decisiones norteamericanas. La soberanía de una nación tiene que ver fundamentalmente con el control de su fuerza pública y militar, y México pierde a pasos acelerados el control pleno sobre sus fuerzas de seguridad a favor de la integración de América del Norte y de los Estados Unidos.

Las declaraciones de las autoridades mexicanas coinciden con lo que aquí señalamos, los pronunciamientos del Secretario de Gobernación5 y de los Gobernadores integrantes de la CONAGO, argumentan a favor del mando único, la necesidad de control y de supervisión de las policías. La finalidad de la reforma que el oficialismo propone sobre el mando único no es garantizar los derechos humanos de los habitantes del país, sino el “control” sobre las fuerzas de seguridad. Lo que corresponde con lo transcrito en los citados documentos.

Recupero finalmente en esta parte introductoria un fragmento de Carlos Fazio publicado en La Jornada y titulado “Geopolítica y despojo”. Dice Fazio: “Hace veinte años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el Jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un “tercer vínculo”, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse6.

“Desde entonces, la finalidad de los gobiernos mexicanos bajo la supervisión de los Estados Unidos, ha sido la de desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, todas nuestras estructuras constitucionales, legales, políticas, económicas y sociales, para favorecer al gran capital trasnacional por encima de los derechos humanos de las poblaciones y, en contra de los derechos territoriales de la nación mexicana a sus recursos naturales.”

II. Planteamiento de la iniciativa.

En esta iniciativa sostenemos las siguientes tesis: 1) La inseguridad es un problema estructural: económico, político y, social. 2) Socialmente, existe una cultura de la impunidad e incentivos para dedicarse al crimen, porque el Estado ha descuidado la educación pública con valores cívicos como motor de movilidad social. 3) Tenemos un modelo económico que produce cada vez más pobres, sin perspectivas de vida, que son arrastrados por la lógica neoliberal a la precariedad laboral y salarial. 4) En concreto, la crisis de los municipios es política, de gobernabilidad y, no es acertado el diagnóstico que criminaliza a las autoridades locales, comunidades y pobladores de los municipios. 5) Los recursos humanos (en particular las policías) son insuficientes, están mal remunerados y mal capacitados. Es un reflejo de la problemática estructural nacional y local. 6) Para atacar el problema de la inseguridad, debemos replantear el empleo de los recursos económicos, que son insuficientes y mal distribuidos, en particular a los municipios. 7) La buena o mala designación o elección de autoridades municipales, influye en su incapacidad o, incluso colusión, con el crimen organizado nacional, regional, y municipal. Y, 8) La situación de crisis de inseguridad en los municipios no se concentra en todo el territorio nacional, sino en una porción no mayor al 10% de los municipios de país.

Para problematizar nuestras tesis, hacemos a esta soberanía y a la sociedad, los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Realmente cuántos municipios tienen problemas de inseguridad al grado máximo?

2. ¿Cuánto va a costar una policía con suficientes mujeres y hombres para cubrir y atender todos los municipios del territorio nacional?

3. ¿Es el mando único obligatorio la solución o, sólo servirá para destruir el principio de municipio libre y el federalismo mexicano?

Frente a la pretensión inconstitucional del mando único obligatorio proponemos las siguientes alternativas de solución:

1. Fortalecer a las policías, particularmente a las municipales.

a) Plantear un sistema de profesionalización policial nacional.

b) Profesionalización de los cuerpos policiacos locales.

c) Controles de confianza previos al ingreso al servicio policial.

d) Consolidación de una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación en general.

e) Salarios e incentivos suficientes para la carrera policial.

f) Crear un registro nacional de policías.

g) Alcanzar estándares internacionales en número de policías por cada mil habitantes, proceso que debe ir acompañado de agentes del Ministerio Público profesionales y suficientes.

2. Fortalecer los criterios para la elegibilidad de los representantes populares locales y federales, y de autoridades en general.

a) Establecer como requisito de elegibilidad constancias de no antecedentes penales.

b) Exigir a los partidos políticos mayor rigor en elección de candidatos y autoridades locales e ir constituyendo un servicio civil de carrera municipal.

3. Fortalecer a los Municipios a través de recursos económicos suficientes para respaldar la infraestructura y al personal policial.

a) Descentralizar municipalmente el gasto en materia de seguridad pública.

b) Identificar cuántos municipios existen con alto índice de criminalidad.

c) Verificar la política financiera en materia de seguridad pública de los últimos años.

III. La significación del municipio libre en la vida nacional.

El principio del municipio libre es una conquista de la revolución mexicana de 1910 e implica una transformación de gran calado en la Constitución de 1917. Los textos de las Constituciones anteriores a la vigente no establecieron ni desarrollaron este principio. Se puede señalar, como lo hace la doctrina constitucional mexicana7, que el principio de municipio libre, es una decisión política fundamental, y en este tenor, sus contenidos no pueden ser trastocados o menoscabados mediante reformas constitucionales porque la Constitución perdería su razón de ser, abandonaría uno de los sentidos nodales que inspiró la integración del Constituyente de Querétaro. Las decisiones políticas fundamentales o cláusulas de intangibilidad, constituyen el núcleo axiológico de una Constitución. Los que proponen el mando único obligatorio en materia de seguridad pública están atentando en contra de uno de los elementos fundamentales del contenido esencial de la Constitución de 1917.

Los principios constitucionales relacionados con la parte orgánica de la Constitución, como el de municipio libre, se integran con distintos contenidos, entre ellos, los vinculados con las competencias originarias del municipio. El mando y la coordinación de la policía preventiva en el territorio de los municipios, desde 1917, ha sido una de sus facultades originarias, la que ejercen por regla general y de manera permanente los ayuntamientos. Sólo por excepción y transitoriamente, en los supuestos constitucionales, se delega la competencia de policía municipal, en los gobernadores y en el Presidente de la República. Reducir o matizar esta atribución originaria, que en unión de otras, conforma el principio de municipio libre, implica afectar a una decisión política fundamental, que sólo puede ser limitada por un Constituyente originario y, no por el poder revisor de la Constitución.

Cuando Carranza propuso al Constituyente de Querétaro el principio de municipio libre, quería fortalecer este nivel de gobierno, como base primera del federalismo mexicano. Las finalidades de las competencias originarias conferidas al municipio libre eran para poner fin a la existencia de los Jefes Políticos, los que prevalecieron como autoridad intermedia entre los Estados y los municipios durante la dictadura de Porfirio Díaz, y que habían hecho de porciones del territorio nacional ámbitos de arbitrariedad y de injusticia. El mando único obligatorio entraña regresar al modelo preconstitucional de los Jefes Políticos; a las autoridades intermedias entre la Federación, los Estados y municipios; a la centralización del poder; y, a la negación del federalismo mexicano.

La tendencia de las reformas constitucionales hasta hace algunos años era la de incrementar las competencias de los municipios, para hacer realidad el precepto constitucional contemplado en el artículo 115, que en su parte conducente reza: que el municipio es la base de la división territorial y de la organización política del país; y, que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por los ayuntamientos sin que existan autoridades intermedias entre ellos y los gobiernos de los Estados. Por esta razón de carácter constitucional, el mando único obligatorio en los municipios, en manos de los gobernadores o de autoridades intermedias, resulta contrario a las facultades originarias de los municipios.

Un ejemplo de modificación constitucional, que parece extraño en el actual contexto constitucional y político, que maximizó las competencias municipales y el principio de municipio libre, fue la reforma de 19838. Ésta se esforzó por reconocer a los municipios nuevas atribuciones, porque era totalmente consciente, de que la base de la vida social, democrática y, económica de la nación, reside en ellos. En ese momento de la historia constitucional del país, se quería un municipio más fuerte y no uno más débil. Ahora, y desde el auge del neoliberalismo en México, la centralización de facultades se agudiza para destruir a las bases del federalismo y, de la nación misma, que están representadas en el municipio.

¿Por qué se quiere acabar con el municipio, privándolo de sus competencias originarias? La respuesta no es única, es múltiple. A nivel de la vida política y financiera de los Estados de la República, los gobernadores están empeñados en disminuir a los municipios, para no sólo despojarlos de sus competencias originarias sino de sus recursos presupuestales9, cuando el fin de sus gestiones debiera ser el opuesto: fortalecer las finanzas municipales, a través de la redefinición del sistema de coordinación fiscal del país con la intención de que el reparto del gasto sea más equitativo entre Federación, Estados y Municipios10.

A nivel de la política interna, los presidentes de la República en los últimos sexenios, sobre todo Calderón y Peña, han buscado centralizar competencias afectando a los otros dos niveles de gobierno, para aumentar su poder político, frente y en contra de los poderes horizontales y verticales establecidos en la Constitución. Prueba de ello, son las múltiples reformas constitucionales que se han emprendido en estos años para lograr ese objetivo.

A nivel externo, geopolítico, la centralización de poder en los Presidentes mexicanos, que afecta a la vida federal, responde a crear una zona hemisférica de seguridad, que mantenga las variables policiacas, militares y, de inteligencia bajo un “control” superior, concentrado y manejable por encima de la base ciudadana. La estrategia hacia la integración total de América del Norte en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, la educación, la cultura y la seguridad, implica la realización previa de la integración en el orden interno de cada nación, que facilite la integración supranacional y, la construcción y consolidación del poder imperial del vecino del norte.

En este esquema geopolítico, de control supra estatal, tanto militar como policiaco, los principios y desarrollos jurídicos de soberanía nacional, federalismo y, municipio libre, son percibidos por el gobierno norteamericano como obstáculos contra-hegemónicos que dificultan la materialización de sus objetivos de dominación11.

De esta suerte, la centralización jurídica y política de facultades, que es constante a favor del Presidente de la República y, la integración interna de facultades y de recursos, en cada vez menos instancias constitucionales de poder nacional, significan una claudicación con los fines federales de la República. Los argumentos que esgrimen para respaldar el mando único obligatorio son apelaciones al miedo social y, a un pragmatismo sin contenido y antidemocrático porque favorece a una voluntad centralista y autoritaria. Como legisladores responsables de las entidades federativas sustentadas en sus municipios debemos que concentrarnos en el desarrollo de la vida municipal. Para los municipios deben existir más, no menos finanzas públicas, y reformas constitucionales que amplíen, y no limiten, sus competencias.

IV. Argumentos y hechos que niegan la pretensión del mando único obligatorio.

1. En México existe una política presupuestal centralizadora que mengua, en materia de seguridad pública, las capacidades estatales y municipales. Con la entrada de la presidencia de Calderón, se planteó un nuevo Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, que entre sus principales diagnósticos señaló12: “En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se han alcanzado los resultados esperados, porque el respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales resulta una limitante a la capacidad para la acción conjunta y concurrente. Esta falta de coordinación también se manifiesta en el desarrollo desigual de las policías, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno.”

El presupuesto federal en seguridad pública con el supuesto objetivo de la “coordinación” y en contra del discurso oficial ha menguado los recursos que reciben los estados y municipios a favor de la Federación a través de dos mecanismos:

a) El primero es el que ejerce el Gobierno Federal a través de cuatro ramos administrativos: Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (SM), Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Esta vía concentra los mayores recursos presupuestales en relación a los que reciben las entidades federativas y los municipios.

b) El segundo corresponde a los recursos que el Gobierno Federal asigna de manera etiquetada a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP), perteneciente al ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” que se destina a apoyar las tareas que dichos niveles de gobierno realizan en materia de seguridad pública y que son proporcionalmente inferiores a los recibidos por la Federación.

Asimismo, a partir de 2008 existe un “subsidio” que transfiere directamente la SSP a los municipios con el mayor índice de criminalidad para utilizarse en la profesionalización de los elementos policiales, equipamiento básico y plataformas tecnológicas para bases de datos. La cobertura ha sido de 150 municipios en 2008; 206 en 2009 y 2010, respectivamente; 220 municipios en 2011; 239 en 2012; y 251 en 2013, los que concentran en promedio el 64% de la población nacional. En 2015 la lista se amplió a 280 municipios

El monto de los recursos asignados al Programa de Seguridad Pública federal se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, al pasar de 13 mil 483.4 millones de pesos (mdp) en 2001 a 53 mil 308.73 mdp en el ejercicio de 2013. Por lo que prácticamente se cuadruplicó.

En contraste, los recursos para los estados vía el ramo 33 sólo se han incrementado en el mismo periodo en un 31.9% en términos nominales, pero si se considera que la inflación acumulada en el mismo periodo ha sido de 72%, lo que significa que los recursos del FASP han disminuido en términos reales.

Durante 2001 los estados participaban en las acciones conjuntas del FASP en un 43%, y las instancias federales participaban con el 57% restante. La concentración de recursos en la entonces Secretaría de Seguridad Pública era de un 38%. Hoy en día y en contra del discurso oficial en materia de coordinación, la instancia federal ha ido absorbiendo recursos, en detrimento de los estados y municipios, lo que se puede advertir a través de las asignaciones presupuestales. Para 2013 representaban a favor de la Federación el 77%, y, a los estados, sólo se les proporcionaron aportaciones en un 14%, mientras que a los municipios que califican para el SUBSEMUN, un 9%.

2. El gasto militar y en seguridad en relación con el gasto social.

En el sexenio de Felipe Calderón se dio un incremento sustancial tanto en el gasto militar como en el de seguridad pública. En el caso del primero, las asignaciones de gasto crecieron casi 185% en el periodo de 2001 a 2013, pero específicamente en el sexenio de Calderón, el gasto creció en 250%, y el de seguridad pública (policial) en 500%.

En términos proporcionales, puede identificarse que el gasto militar significa el 62% en la seguridad nacional, y el gasto en seguridad pública federal es de 29%, quedando sólo en las 32 entidades federativas una proporción del 6% del presupuesto y 3% en los cerca de 200 municipios elegibles para el SUBSEMUN, que en conjunto concentran cerca de las dos terceras partes de la población del país.

a) Los datos en términos porcentuales:

En los últimos 14 años el gasto en seguridad, incluido el gasto militar y en los programas de seguridad pública, se ha incrementado en poco más del 700%, mientras que el gasto social (considerando salud, educación y desarrollo social) lo ha hecho en poco menos del 300%, pero en el caso específico del gasto educativo el crecimiento ha sido de 207%.

Esta priorización de la seguridad sobre la educación queda de manifiesto en que, en 2002 se gastaron 41 mil mdp en seguridad, pasando a 2013 a 141 mil mdp; en tanto, en educación se gastaron en 2002 94 mil mdp y para 2013 fueron 290 mil mdp. Esto significa que en 2002 el gasto militar y de seguridad representó el 37% de lo que se gastó en educación, en 2013 representó el 48%.

b) Los montos de gasto.

En 2014 el gasto militar ejercido fue de 87.7 mil millones de pesos, en tanto que para seguridad pública fue de 53.3 miles de millones de pesos. Esto es, se gastaron 141 mil millones de pesos para la seguridad del país. Esto representa 1.6 veces de lo que se gasta el desarrollo social y 1.2 veces de lo que se gasta en salud.

En específico, el gasto en seguridad alcanzaría a pagar casi 28 veces el Programas de Apoyo Alimentario; 2.5 veces el Programas de Pensión para Adultos Mayores; 56 veces el Programa de Seguro Médico Siglo XXI; 2 veces el Seguro Popular; y 10 veces el Programa Nacional de Becas y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

c) El panorama internacional

Datos de Banco Mundial señala que México es un país que gasta moderadamente en materia militar, en comparación con el destino del gasto de otros países, como proporción del PIB. El monto ha pasado del 0.4% del PIB en 2001 a 0.6% del PIB en 2012.

Pese a que México no es un país que participe en un conflicto armado (sino sólo en uno contra sí mismo, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico), el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), presenta cifras que demuestran que el nuestro ha sido uno de los países que ha en los últimos 15 años ha incrementado su gasto militar en términos constantes. Mientras que en 2000 gastaba 2,481 millones de dólares, para 2013 gastó 7,893 millones, lo que implica haber triplicado su gasto en términos reales.

Este gasto lo ubica en el lugar 25 a nivel mundial entre los países que más gasto militar erogaron, a pesar de no tener un conflicto bélico o una política de defensa tradicional, superado por países como Estados Unidos (1), China (2), Rusia (3), Arabia Saudita (4), Francia (5), Gran Bretaña (6), Japón (7), Alemania (8), India (9) y Corea del Sur (10).

Y aunque en estos años se mantiene una proporción del 0.6% del PIB de dichos gastos en el periodo en comento (como lo señala también el Banco Mundial), el gasto per cápita es significativamente mayor, pues en el año 2000 se gastaban 32 dólares por habitante, pero en 2013 se gastaron 66.3 dólares por cada mexicano.

d) La Iniciativa Mérida

Con el pretexto de la “guerra” contra el narcotráfico, se empezó con la militarización de la policía local. La “guerra contra las drogas” es el pretexto para la realización de las mismas estrategias que Estados Unidos ha implementado en la “guerra contra el terrorismo”, dando un excelente marco para la represión gubernamental.

La Iniciativa Mérida suscrita en 2008, Estados Unidos estará transfiriendo recursos, bajo un acuerdo de “cooperación” (anticonstitucional, por no haber sido aprobada por el Senado mexicano), que sumaría 2.3 billones aprobados por el Congreso de Estados Unidos, y que a diciembre de 2014 ha entregado 1.2 billones en equipamiento y entrenamiento.

La Iniciativa Mérida se basa en 4 pilares:

a) Atacar la capacidad de operación del crimen organizado: bajo este pilar, es que se han transferido a la SEMAR 4 aviones CASA, valuados en 50 millones de dólares cada uno, para patrullar las aguas territoriales.

b) Mejorar la capacidad institucional para soportar el Estado de Derecho: se destaca en este pilar la apertura de la academia para la administración de penitenciarías, que han reclutado 7 mil oficiales que serán certificados internacionalmente. Se han provisto 8 millones de dólares en equipamiento y entrenamiento en programas de investigación y 5 millones en capacitación y adiestramiento de policías estatales y federales. Se han dado los recursos para adaptar el sistema de justicia oral, equipando 57 salas en 17 entidades federativas.

c) Creación de una estructura fronteriza del siglo 21: bajo este pilar se han entregado 400 perros entrenados en la detección de narcóticos y armas. Se han dotado 112 millones de dólares en tecnología de inspección “no intrusiva” en el tránsito de bienes ilícitos.

d) Construcción de comunidades fuertes y resistentes: en este pilar se señala que se ha contribuido con 2.5 millones de dólares para implementar nuevas cortes en México, especializadas en juicios en materia de drogas, específicamente en el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Durango. Aquí se inserta un programa denominado “Cultura de Legalidad”, que consiste en la incorporación de dicha asignatura en el currículum académico de las escuelas secundarias. Para el año 2013-2014 recibieron este entrenamiento 856,348 alumnos.

Además de estas estrategias, el Pentágono y la CIA han desarrollado desde 2011 una serie de expediciones sobre nuestro territorio tanto piloteadas y como a través de drones. Asimismo, ha entrenado a cerca de 4,500 oficiales federales mexicanos en técnicas de interrogación de sospechosos y de captación de informantes. Estas técnicas, acorde a lo señalado por el ex embajador Anthony Wayne, son las mismas que se utilizaron en Afganistán e Iraq (en donde fue embajador), en las operaciones especiales contra Al-Qaida.

3. Existe inequidad entre los sueldos y la cobertura de los policías estatales y municipales entre las diversas entidades federativas. Según un estudio presentado en agosto de 2015 por la ONG “Causa en Común” se indica que: “…se pone en entredicho la viabilidad Mando Único que promovió el Presidente Enrique Peña Nieto…”, porque no atiende el problema de fondo, que es una policía poco dignificada y profesionalizada, y “obedece a una combinación de factores que van desde la depuración de sus elementos, hasta la falta de incentivos para que los jóvenes vean en la Policía una forma de vida que ocasiona bajo reclutamiento.”

a) Situación salarial: Chiapas es el Estado que más bajo salario ofrece a un policía estatal con $4,374.12 mensuales, y Baja California el más alto con $19,800 mensuales.

b) Cobertura: Actualmente se cuenta con 132,715 policías estatales y con 135,138 policías municipales, lo que en promedio permite 2.24 policías por cada mil habitantes, pero en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Coahuila tienen las tasas de cobertura más bajas con 0.89%, 1.04%, y 1.11%, respectivamente, en tanto que los de tasa más alta son Morelos; Distrito Federal y Quintana Roo con 4.98%, 4.88%, y 4.24%.

c) Jornadas laborales: En Estados como Campeche, Chiapas, Colima, DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas prevalecen los turnos de 24 por 24 horas, mientras que en estados como Veracruz existen modelos de acuartelamiento donde trabajan de 15 a 20 días, por 3 a 6 días de descanso, o en Guerrero, que laboran 21 días al mes por 7 de descanso, mientras que en Nuevo León utiliza horarios de 12 por12 horas durante 15 días por 5 de descanso. Esto contrasta con los Estados de Baja California, Baja California Sur y Querétaro, donde tienen jornadas de 8 horas, que son horarios respetuosos de la vida personal y familiar.

d) Carrera policial: sólo en Baja California Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Querétaro, Sonora cuentan con esquemas de profesionalización de la carrera policial.

4. La violencia en los municipios es originada en gran parte por los conflictos partidistas intergubernamentales. En un interesante estudio de la Revista Política y Gobierno del CIDE, los autores del ensayo titulado: “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, demuestran con solvencia académica y con elementos empíricos fehacientes, que los gobiernos federales han tenido una actitud selectiva frente a la violencia suscitada en los Estados y municipios. Su tesis debidamente corroborada, es que en los Estados y municipios gobernados por la oposición al Presidente en turno, la actitud gubernamental federal en materia de seguridad, es de abandono y descuido a esos municipios, para posteriormente culparlos política y socialmente de la inseguridad y, que en cambio, cuando se trata de municipios y Estados gobernados por el mismo partido del Presidente de la República, el comportamiento gubernamental es de respaldo incondicional y, en ellos, suelen resolverse en buena medida los problemas de inseguridad locales13.

Este estudio demuestra cómo la variable política juega a favor de la inseguridad municipal y, desmiente, con el resto de los argumentos y hechos que hemos comentado en esta parte de la iniciativa, que el mando único obligatorio no es una alternativa viable. El mando único obligatorio es una supuesta solución que entraña incrementar la coerción del Estado en contra de las poblaciones y que desmantela a las estructuras federales del Estado mexicano.

V. El artículo 73, fracción XXIII de la Constitución.

Este precepto debe ser adicionado con un segundo párrafo para que el Congreso de la Unión apruebe reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de queel sistema nacional de seguridad pública establezca, con orientación municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno. Los policías de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, contarán con: salarios e incentivos laborales dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se consolidará el registro nacional de policías; se reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares internacionales para que existan los policías necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública se descentralizará favor de los municipios y, se identificarán permanentemente, el número de municipios con alto índice de criminalidad para brindarles la atención financiera y de capacitación debida.

VI. El artículo 115, fracción VII, de la Constitución.

El día 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación distintas reformas constitucionales en materia de seguridad pública. Entre otras normas, se modificó el contenido de la fracción VII del artículo 115, para quedar su primer párrafo, en los términos siguientes: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

La finalidad de la reforma, en esta parte, era según su exposición de motivos: “…establecer para los gobiernos municipales y los estatales, que la emisión de sus leyes en materia de seguridad cumplan las directrices de coordinación exigidas en el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución”. Es decir, que las legislaturas de los Estados, al aprobar las leyes sobre seguridad pública locales debían respetar las bases de coordinación en la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Anterior a esa reforma, el párrafo primero de la fracción VII del artículo 115 decía: “La policía preventiva municipal estará al mando del presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

Como pude advertirse, el verdadero fin de la reforma, contrario a lo que se establece en su exposición de motivos, fue limitar a los municipios en sus competencias y autonomía. La reforma de 2008 los obligó, en materia de seguridad pública, a acatar las leyes de Seguridad Pública que emitieran los Congresos Locales -además de la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- y, ya no a los reglamentos que sus cabildos anteriormente aprobaban. Por el contrario, a los gobernadores de los Estados, que también deben coordinarse en materia de seguridad pública con los distintos niveles de gobierno no se les sometió, desde las interpretaciones oficiales, a una ley que determinará los supuestos, los procedimientos, las responsabilidades, y las sanciones, para determinar en qué casos y bajo qué procedimientos se debían ejercer sus competencias en materia de seguridad pública municipal cuando existieran causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público.

Lo señalado se corrobora con lo establecido indebidamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la controversia constitucional 92/2010, les confirió a los gobernadores competencias en la seguridad pública municipal cuando existan causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, sin que, a juicio de la Suprema Corte, exista una ley secundaria de por medio o, la firma de un convenio de colaboración respecto al mando único.

Tanto la reforma constitucional de 2008, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurren a este respecto, en un contexto de “guerra contra el crimen organizado”, en donde lo fundamental para el gobierno anterior, aunque también para el de ahora, es poner fin a la delincuencia organizada, sin reparar mientes en la garantía plena de los derechos humanos, en la estructura federal del Estado mexicano o, en los principios de municipio libre y de legalidad.

El trato diferenciado en la materia, entre municipios que sí están sujetos a la ley y, gobernadores que pueden asumir la seguridad pública municipal, sin estar sometidos a la ley, cuando consideren que existen causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, no sólo constituye una transgresión al principio de legalidad derivado de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, sino que puede implicar el ejercicio de atribuciones arbitrarias por parte de los gobernadores. Desde nuestro punto de vista, tanto los municipios como los gobiernos de los estados, deben estar sometidos a las leyes en materia de seguridad pública en el ejercicio de todas sus competencias.

El principio de legalidad es un arma del Estado de Derecho contra el Estado absoluto y, en contra de los abusos de la autoridad. El principio de legalidad impide que las autoridades realicen actos arbitrarios y fuera de las competencias establecidas. Además la ley, debe serlo, en un sentido formal y material. Formal, significa que debe ser elaborada y aprobada por los órganos legislativos de los Estados siguiendo los procedimientos determinados en normas superiores. Material, entraña que la ley debe reunir características como la generalidad para que sea aplicable por igual a todas las personas que se encuentren en sus supuestos y, abstracta, para que regule las conductas de manera permanente, no transitoria, y sin posibilidad de normar conductas retroactivamente. Además, debe ser impersonal para impedir leyes privativas, dirigidas a personas en lo particular.

El principio de legalidad se vincula con el principio de reserva de ley. Materias como la seguridad pública, los delitos, las penas, los impuestos y la regulación de los derechos, por disposición de la propia Constitución y de los Tratados en materia de derechos humanos, sólo puede hacerse a través de las leyes en sentido formal y material. El principio de reserva de ley es una garantía más a favor de los ciudadanos, porque impide que las normas de la administración pública, federal o local, regulen directamente de la Constitución, sin pasar por la ley, determinadas materias. De hacerlo se trastocarían derechos humanos. Ni la vida, la libertad o la seguridad de una persona, puede afectarse o limitarse por meras regulaciones administrativas. En estos casos se requiere de una ley, tanto formal como materialmente, porque así lo determina además el artículo 21 de la Constitución.

Recientemente, el Gobernador del Estado de Morelos hizo uso indebido, desde nuestro punto de vista, de las competencias que se derivan del artículo 115 fracción VII de la Constitución. Sin fundar sus decretos en ley alguna y, con argumentos bastante endebles que intentaron justificar que se actualizaban las condiciones de fuerza mayor y las alteraciones graves del orden público, arrebató a quince municipios sus competencias en materia de seguridad14.

La tendencia en el resto de los gobernadores priistas y perredistas del país es similar a la del gobernador de Morelos. El día 13 de enero de 2016, la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), manifestó su beneplácito con la iniciativa de reforma constitucional del Presidente de la República de 30 de noviembre de 2014, para imponer obligatoriamente el mando único en toda la República.

Como se recordará, el titular del Ejecutivo Federal, presentó en esa fecha, al Senado de la República, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución. Esa iniciativa reclama el mando único obligatorio y es totalmente cuestionable por lo siguiente:

1. Porque propone modificar el artículo 21 constitucional para determinar que la seguridad pública corresponde a la Federación y los Estados y no así a los municipios. También se alude a la homologación de condiciones, procedimientos y protocolos de seguridad pública entre las entidades federativas. Todo lo anterior priva de competencias a los municipios y también a los Estados, que tendrán que ajustarse al molde federal.

2. Porque el artículo 73 de la Constitución se quiere reformar para distribuir competencias en materia penal a través de leyes generales. Las legislaturas locales tendrán competencia en materia penal respecto a lo no tipificado y sancionado por las leyes generales penales. Es decir, se trata de una disposición centralista que conferirá competencias a las autoridades nacionales sobre las estatales. La competencia legislativa penal local será por excepción.

3. Porque pretende reformar el artículo 104 de la Carta Magna para establecer competencias a los tribunales federales respecto a los delitos del orden federal así como sobre los que determinen las leyes generales.

4. Porque el artículo 105 de la Constitución se busca reformar para que los municipios no tengan legitimación procesal activa para promover controversias constitucionales en los casos que la Federación determine la intervención policíaca-militar en los municipios. Es decir, los municipios quedaran imposibilitados por la vía jurídica para reclamar decisiones de la Federación en la materia.

5. Porque el artículo 115 pretende regular el procedimiento de intervención federal en la Federación en los municipios cuando existan indicios de infiltración del crimen organizado en ellos. Participan en el procedimiento el Fiscal General de la República y, el Secretario de Gobernación. Para acordar la intervención se requerirá de la aprobación del Senado. La intervención podrá ser parcial o total. Si es total se deberá convocar a elecciones municipales.

La disposición es criticable porque establece un mecanismo de suspensión de garantías sin seguir el procedimiento y sin mantener la vigencia de los derechos fundamentales que enuncia el artículo 29 de la Constitución. Además, en el procedimiento de intervención municipal no participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión constitucional de las medidas que adoptaría la Federación en los municipios.

6. Porque el artículo 116 se desea modificar para que los Estados no celebren convenios de colaboración con los municipios en materia de seguridad pública, ya que el mando único quedará impuesto por reforma constitucional. Y,

7. Porque el artículo 123 aparatado B se intenta reformar para determinar que las relaciones laborales en materia de seguridad pública sólo corresponden a la Federación y a los Estados.

La iniciativa de Enrique Peña Nieto como la pretensión de los gobernadores para imponer obligatoriamente el mando único, liquida al municipio, a sus autoridades ejecutivas y a sus cabildos, al reducir sus competencias constitucionales en materia de seguridad pública. La iniciativa de Peña Nieto, al igual que la decisión de los gobernadores para apoyar el mando único obligatorio, no se preocupa por democratizar la vida municipal ni por fortalecer el tejido social o por fortalecer las finanzas municipales, sino que establece medidas represivas externas –de la Federación- en la vida municipal como instrumento privilegiado para enfrentar la inseguridad pública y el crimen organizado en los ayuntamientos. La propuesta del titular del Ejecutivo Federal es antifederalista y antidemocrática porque desconoce el fundamento de la vida nacional que son los municipios. La intención de los Gobernadores de la CONAGO, también lo es, porque el mando único obligatorio despoja a los municipios de cualquier significación constitucional. En el caso de la iniciativa del Presidente, el procedimiento de intervención municipal ni siquiera respeta el procedimiento de suspensión de garantías previsto en el artículo 29 de la Constitución. La iniciativa presidencial priva a los municipios de recursos o vías jurídicas -la controversia constitucional- para impugnar los actos de intervención de la Federación en ellos.

De aprobarse las pretensiones presidenciales, como las que han manifestado los gobernadores, en México se habrá establecido un nuevo régimen político, que podemos denominar policíaco militar, en tanto que la iniciativa de Peña como el deseos de los gobernadores, tienden a limitar los derechos humanos de los habitantes de los municipios y, a sofocar las posibilidades institucionales de éstos, para impedir que se consolide en ellos, el principio de municipio libre.

En tal sentido, es necesario rescatar las competencias del municipio en materia de seguridad pública, rechazar la imposición del mando único obligatorio y, salvaguardar la autonomía municipal y el principio de legalidad, que son fundamento del Estado de Derecho mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 Y, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE MUNICIPIO LIBRE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR A LAS POLICÍAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, Y PARA SOMETER A LOS GOBERNADORES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

XXIII….

“El sistema nacional de seguridad pública establecerá, con orientación municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno. Los policías de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, contarán con: salarios e incentivos laborales dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se consolidará el registro nacional de policías; se reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares internacionales para que existan los policías necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública se descentralizará favor de los municipios y, se identificarán permanentemente, el número de municipios con alto índice de criminalidad para brindarles la atención financiera y de capacitación debida”.

SEGUNDO. Se modifica el primer párrafo la fracción VII del artículo 115 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

“VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Dicha ley, también establecerá los supuestos, procedimientos, responsabilidades y, sanciones, en los casos en los que los gobernadores de los estados, ejerzan temporalmente el mando de la policía preventiva municipal por causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Los municipios tendrán expedita la facultad de promover controversias constitucionales cuando a su juicio se invadan sus competencias en la materia”.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, los poderes competentes de los Estados aprobarán las modificaciones a las Leyes de Seguridad Pública de los Estados para adecuarlas a esta Constitución.

TERCERO. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizarán de acuerdo a este Decreto, las modificaciones que correspondan a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Sala de Plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de febrero de 2016.

Sen. Manuel Bartlett Díaz,

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, IndependentTaskForceReport No. 71, Council onForeignRelations, Inc., TheUnitedStates of America, 2014, p. 24.

2 PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, IndependentTaskForceReport No. 71, Council onForeignRelations, Inc., TheUnitedStates of America, 2014, p. 25.

3 SEELKE, Clare Ribando and FINKLEA, Kristin, “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, CRS ReportforCongress, Washington, D.C., CongressionalResearchService, May 7, 2015, p. 12.

4 WOOD, Duncan, Integrating  North America´sEnergyMarkets: A CallforAction, Mexico, Wilson Center Institute, December, 2014, p. 13.

5 Mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong de 28 de enero de 2016 durante la inauguración de los trabajos de la VIII reunión plenaria de los Senadores del PRI y del PVEM, a la LXIII Legislatura.

6 FAZIO, Carlos, “Geopolítica y despojo”, La Jornada, 26 de octubre de 2015.

7 CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1982.

8 Reforma publicada el día 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación.

9 La Jornada, 19 de enero de 2016, p. 26. El alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, señala que el mando único es para quitar los fondos a las alcaldías.

10 De los recursos fiscales que se recibe la hacienda pública nacional en el marco del sistema de coordinación fiscal, aproximadamente el 80% de ellos se destina a la Federación y el 20% a Estados y municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula al federalismo mexicano.

11 PETRAEUS, David, H., ZOELLICK, Robert B., y O’NEIL, Shannon K., América del Norte. El momento de un nuevo enfoque, Informe del Grupo de Trabajo Independiente número 71, Council onForeignRelations, New York, 2014, pp. 50-60. RIBANDO SEELKE, Clare, FINKLEA, Kristian M.,U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, CongressionalResearchService, Washington, July 22, 2011, pp. 20-22.

12 Secretaría de Seguridad Pública, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2008.

13 TREJO, Guillermo y LEY, Sandra, “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, Política y Gobierno, México, CIDE, vol. XXIII, número 1, 1 semestre de 2016, pp. 11-56.

14 Decretos de 3 de enero de 2016 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”.





 

Tiene el uso de la palabra la distinguida Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del propio Senado de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras y compañeros   Senadores:

Dice un refrán que: “El buen juez por su casa comienza”. Y no podemos señalar actos de corrupción, opacidad, falta de transparencia, o incluso conflictos de intereses en otro lado, cuando es aquí mismo en el Senado que estamos en falta en materia de transparencia, desde hace muchos meses que venció el plazo para que contemos con los lineamientos que nos permitan garantizar el derecho que tienen las y los ciudadanos para acceder a la información pública y garantizar su derecho a la transparencia.

Hoy vengo ante esta tribuna, a mi nombre y de los Senadores Javier Corral y Alejandro Encinas, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

Esta iniciativa busca fortalecer el derecho de las y los ciudadanos de nuestro país, al pleno acceso a la información dentro del Senado de la República, promover la participación ciudadana en las actividades legislativas y fomentar la mayor rendición de cuentas en esta Cámara.

El Poder Legislativo fue diseñado como una de las instituciones más importantes del Estado moderno, no sólo por la trascendencia de sus funciones, sino por la dimensión que representa.

El Poder Legislativo nació para promover y defender los intereses de la ciudadanía de un estado. Constituye las diversas voces de un pueblo y ostenta la mayor representación política de los poderes al conformarse con representantes de diversas fuerzas políticas y sociales.

No obstante, y a pesar de la gran responsabilidad que desempeñan los parlamentos en la actualidad, estas instituciones han sufrido un notable menoscabo en la credibilidad y confianza por parte de la sociedad.

La cultura del secretismo y las prácticas de manejo de información que impiden facilitar el acceso de las personas a la misma, los altos niveles de discrecionalidad en la toma de decisiones dentro de la labor legislativa y los pocos mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan a las y los ciudadanos el escrutinio público de la labor de cada uno de sus representantes, son elementos que contribuyen al incremento de los niveles de desconfianza y vulneran derechos constitucionales, como el derecho a la información pública.

Una herramienta fundamental para atender este problema y garantizar el pleno derecho al acceso a la información de la ciudadanía es la transparencia.

Para el caso del Poder Legislativo la transparencia y el acceso a la información contribuyen a la detección y a la corrección de irregularidades en el cumplimiento de las funciones de legislación, representación y control del Poder Ejecutivo, son fundamentales para hacer a los representantes y a los partidos responsables ante su electorado, permiten que la generación de leyes corresponda con la exigencia y necesidades de la ciudadanía, y son fundamentales para llevar a cabo la rendición de cuentas y el monitoreo social sobre el funcionamiento del Congreso.

Para el caso del Parlamento mexicano es necesario que para garantizar un debido ejercicio del derecho al acceso a la información, además de conocer sobre los textos de los proyectos de ley, así como las agendas, planes y proyectos de las comisiones, se deben conocer cuáles son los temas y las problemáticas que aborda el trabajo de los legisladores, las soluciones que estos proponen, la información sobre el desempeño legislativo de sus representantes, y algo que es muy importante, acceder a la información sobre cómo se utilizan los recursos públicos que se usan en el Senado en la labor legislativa.

De acuerdo con el Índice de Transparencia Legislativa 2014, se señala que de los nueve países que participan, México se coloca en la posición número seis, con un promedio de transparencia legislativa del 30 por ciento, colocándolo por debajo del promedio y de países como Perú, Chile, Ecuador o Colombia.

De acuerdo con este índice, México tiene un 47 por ciento de transparencia en su normatividad, lo que la coloca por arriba del promedio; sin embargo, en lo referente a la transparencia en el presupuesto y la gestión administrativa, tiene una ponderación de apenas el 21 por ciento, dejándola muy por abajo del promedio.

En cuanto a participación y atención ciudadana y rendición de cuentas, nuestro país se ubica con el 33 por ciento, situándolo en la sexta posición de los demás países.

Cabe destacar que la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el año 2014, implicó cambios legislativos a las leyes secundarias y reglamentarias tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas del país, con la finalidad de garantizar una mayor apertura a las y los ciudadanos sobre la información en la posición de los entes públicos, porque hay que decirlo, no es una concesión graciosa, es el derecho de los ciudadanos de contar con esta información.

En ese sentido, el Poder Legislativo Federal tiene el deber de adecuar sus disposiciones que rigen la validez de sus actividades al tenor del nuevo modelo planteado tanto en la reforma constitucional como en las leyes reglamentarias.

Ahora, el Senado de la República debe documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, a preservar información de archivos administrativos actualizados y a actualizar a través de medios o plataformas    electrónicos la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa propone expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso la Información del Senado de la República, con el propósito de que los sujetos obligados de esta Cámara hagan lo necesario para que los solicitantes tengan acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparenten toda la gestión pública oportunamente, favorezcan la rendición de cuentas a los ciudadanos y propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, todo esto a fin de contribuir a la consolidación de nuestra democracia.

Por lo tanto, esta iniciativa define a los sujetos obligados de la Cámara de Senadores, determina quiénes serán los responsables en materia de transparencia y acceso a la información del Senado, donde se reconfigura el comité de transparencia a fin de que sea acorde al nuevo modelo planteado en la ley general, con el propósito de darle mayores facultades y atribuciones, así como garantizar mayor eficiencia, capacidad, independencia y evitar conflictos de interés sobre los asuntos que se le turnen.

Se establecen en esta propuesta las atribuciones a la unidad de transparencia del Senado y se señalan los requisitos de elección para el titular de esa unidad, así como el procedimiento para garantizar mayor independencia del titular en su cargo.

Asimismo se propone que la Comisión Bicameral en materia de transparencia, además de gozar con amplias atribuciones para que el Congreso de la Unión goce de las mejores prácticas para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos, también establezca mecanismos de participación durante el proceso legislativo y rendición de cuentas, así como promover el uso de plataformas tecnológicas y formatos de datos abiertos en el Senado.

Se propone que se publique y se actualice información de los órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores, lo que permitirá tener una mayor claridad en la labor legislativa y tener un mayor conocimiento sobre el uso y destino de los recursos públicos que ejercen y que hoy en día es muy difícil de conocer, prácticamente imposible.

Por ejemplo, es importante dejar claramente la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial, de interés y fiscal, por parte de cada uno de los legisladores.

El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal sobre el uso y destino de los recursos financieros, humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles de los grupos parlamentarios.

Hacer transparentes las contrataciones detalladas sobre los servicios personales que realizan los grupos parlamentarios.

El informe detallado sobre los viajes que realizan los legisladores por comisión oficial del Senado.

El registro de las audiencias o reuniones relativas a la actividad parlamentaria o gestiones que lleven a cabo cada uno de los legisladores.

En fin, es una propuesta completa que abarca cada una de las obligaciones establecidas en la ley general y que no podemos seguir dando tiempo a contar con unos lineamientos que nos permitan hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la información pública.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26, APARTADO C, PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Esta iniciativa es para dar facultades al Coneval para que, además de medir la pobreza, pueda también medir la desigualdad y la acumulación de la riqueza.

Los estudios más recientes elaborados por organismos como OXFAM o el Global Finance, han demostrado que México es una nación de gente pobre y vulnerable.

Esos mismos estudios revelaron que no bastan los programas para eliminar la pobreza si no se reducen los alarmantes índices de desigualdad.

Pobreza y desigualdad son parejas que van de la mano en un país tan injusto como el nuestro. Por eso el mítico luchador social Othón Salazar afirmó: “Tengo los ojos ciegos de ver tanta injusticia y tanta miseria, y nada hay peor que la indiferencia o la indolencia para enfrentar la pobreza y la desigualdad”.

El especialista Gerardo Esquivel en su multicitado análisis patrocinado por el OXFAM, demostró que mientras el PIB per cápita crece menos del 1 por ciento cada año para más del 99 por ciento de los mexicanos, la riqueza de los 16 multimillonarios más importantes de nuestro país, se multiplica por cinco veces, es decir, son 500 por ciento más ricos cada año.

Más aún, solamente uno de cada cuatro mexicanos han logrado sortear las barreras de la pobreza y la vulnerabilidad, y en lugar de disminuir el número de habitantes que están en el umbral de la pobreza, éste ha crecido en 2 millones en el actual sexenio.

En otras palabras, el crecimiento de la pobreza entre millones y la multiplicación de la riqueza por unos cuantos, revelan el fracaso de un modelo económico hegemónico.

El estudio de Thomas Piketty en “El Capital del Siglo XXI”, así lo demostró con abundancia de cifras y ejemplos.

Por otro lado, el crecimiento de la desigualdad nos demuestra el enorme nivel de injusticia existente en México. La pobreza aumenta cada año, pero también la enorme diferencia entre los sectores más ricos y los más empobrecidos.

La discusión en nuestro país se ha reducido al fetiche del crecimiento económico, uno de los dogmas del modelo neoliberal y monetarista. Una y otra vez se ha demostrado que crecimiento no es igual a desarrollo y mucho menos a un reparto equitativo de la riqueza, al contrario, privilegiar el crecimiento económico sin reducir la desigualdad ha provocado que la pobreza y la miseria se disparen de manera dramática.

Por esta razón México es catalogado por el Global Finance como una de las naciones más desiguales del mundo, ocupando el lugar 108 de 133 países en niveles similares a naciones como Kenia, El Salvador o Nigeria, a pesar de que una y otra vez nos presuman que formamos parte del selecto club de naciones ricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.

Para remediar esta situación se requieren insumos y políticas públicas radicalmente distintas a las existentes. El tema de la desigualdad y la pobreza no es un problema teórico o académico, es una realidad cotidiana, una herida abierta que está sangrando, una de tantas razones que explican la falta de cohesión social, la falta de movilidad social en las últimas tres décadas, y por si fuera poco también explica nuestra actual crisis de legitimidad y de consenso frente a un modelo democrático que privilegia la política de intereses para los más poderosos, y menosprecia la política de los derechos para los más pobres y desiguales.

Para que este tema esté en el centro de la discusión pública de manera seria sin sesgos ideológicos, sin censuras sexenales, es indispensable que organismos como el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, se transforme en un organismo de Estado que se dedique a medir no sólo la pobreza, sino también la desigualdad y la acumulación de la riqueza.

Gracias al Coneval sabemos que la pobreza extrema en nuestro país creció en más de 28 por ciento y que actualmente tenemos 55.3 millones de mexicanos pobres, 2 millones más que en el 2012.

Sin embargo el Coneval no mide a cuánto asciende el crecimiento de los niveles de mayores ingresos ni tampoco la acumulación de la riqueza en unos cuantos mexicanos.

Es urgente que el Coneval, uno de los activos institucionales más importantes del Estado mexicano, realice también una medición sobre la desigualdad, tiene experiencia, tiene talento y recursos metodológicos que son necesarios para esta importante misión en el marco de su autonomía.

Por estas razones, propongo una reforma al artículo 26 constitucional para que se incorpore en el mandato del Coneval la medición de la desigualdad y de la acumulación de la riqueza; de aprobarse esta reforma, el primer párrafo del Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diría: “El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de la medición de la pobreza, y se agregaría la desigualdad, la acumulación de la riqueza, -y continuaría el texto- y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones”.

Con esta reforma al artículo 26 constitucional vamos a reconocer que el problema de la desigualdad y la pobreza es estructural, es secular; vamos a darle una prioridad de Estado al combate a ambos; vamos a darle a la justicia social un instrumento concreto y necesario para medirla.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tenemos la discusión de cuatro dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y en consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito entonces a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto:

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 22 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un último párrafo al artículo 102 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Dos, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 26, 69, 73 y 89 constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 APARTADO A, 69, 73 FRACCIÓN XXIX-D Y 89 FRACCIÓN XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y el proyecto de Decreto para adicionar el segundo párrafo del artículo 3o. de nuestra Constitución Política.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Están a discusión. Al no haber reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de su registro, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo.

Dé cuenta la Secretaría con sus materias.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta.

Uno, que exhorta a informar los avances de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a informar sobre las acciones que se han implementado para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a realizar o reforzar las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la tribuna la distinguida Senadora Martha Elena García Gómez, por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para presentar los dictámenes.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar tres dictámenes en sentido positivo de proposiciones con puntos de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a informar a esta Soberanía sobre los avances de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la implementación del registro nacional de todos los centros de asistencia social, tanto públicos como privados.

Esta comisión dictaminadora, consideró que este asunto reviste para el Poder Legislativo, ya que la ley general citada al abordar el asunto de los centros de asistencia social, determinó los requisitos de funcionamiento, la autoridad responsable de su registro, las facultades de las autoridades e instancias competentes en sus diversos ámbitos, entre otros aspectos.

Asimismo, el Legislativo dispuso que el Sistema Nacional DIF, llevará a cabo una reforma sustancial al estatuto, que guía su operación a efecto de adecuarlo a las nuevas disposiciones previstas en la ley.

Como un ejercicio de transparencia, se dispone de dicha legislación que el registro nacional debe ser público y accesible en la página web del Sistema Nacional DIF.

En sus artículos transitorios, se prevén diversos plazos que deben ser contemplados por los distintos niveles de gobierno, entre ellos de manera destacada: la reforma del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, para el cual se fijaron 90 días naturales, a partir de la publicación del Decreto de la Ley General, ello en el Artículo Sexto Transitorio.

En tal virtud, para esta comisión el exhorto que se propone para que el Sistema Nacional DIF concrete el denominado Registro Nacional de los Centros de Asistencia Social, resulta oportuno y razonable, considerando los plazos establecidos por la ley general.

La segunda proposición con punto de Acuerdo, propuesto por una servidora, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han implementado para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país.

En este contexto, esta comisión se suma a la preocupación de conocer los avances del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.

Lo anterior, considerando que cifras aportadas por diversas fuentes detallan el aumento de homicidios de niñas, niños y adolescentes en los últimos años.

Por lo anterior, es importante observar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que de manera específica, en su Capítulo Octavo, contempla el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, mismo que establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Finalmente, en la tercer proposición con punto de Acuerdo, se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en carreteras.

En este tenor, respecto al punto 1 de los resolutivos propuestos, esta comisión dictaminadora señala el exhorto a los gobiernos federales y locales resulta adecuado, en virtud de las disposiciones vigentes en la ley general y de los compromisos emanados de la proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre el segundo resolutivo, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe acerca de las acciones y medidas tomadas para salvaguardar la seguridad de niñas, niños y adolescentes, y dada la implementación del programa sectorial respectivo, como parte de la estrategia nacional, el exhorto resulta viable y oportuno, dado que la dependencia estaría en condiciones de aportar datos específicos, desglosando aspectos cualitativos y cuantitativos acerca de tan importante tema que incide de manera importante en la niñez.

Sobre el tercer resolutivo propuesto, esta comisión considera también que la Secretaría de Salud, al ser un actor principal en la operación de la estrategia nacional y de los programas y acciones procedentes y, en correspondencia, con sus facultades esenciales, cuente con los elementos para atender el exhorto que esta Soberanía le dirige.

En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscriben cabalmente las propuestas planteadas en las proposiciones con puntos de Acuerdo enunciadas.

Por ello, señores Senadores, pido su voto a favor de los dictámenes que ponemos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora García Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen que exhorta a informar los avances de las acciones emprendidas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchísimas gracias, señor Presidente, con su permiso. Por diversas razones, decenas de niñas, niños y jóvenes se encuentran viviendo en algún centro de asistencia social o albergue.

Ante este escenario, es fundamental garantizar que estos establecimientos operen bajo estrictos estándares de salubridad y supervisión para promover el pleno desarrollo de los menores.

Los datos disponibles revelan que en nuestro país existen al menos 922 albergues, de los cuales, 805 son privados y 117 son públicos, y ahí es donde se encuentran más de 25 mil 700 niñas y niños.

A pesar de los avances alcanzados en su regularización y operación, aún es una necesidad contar con un sistema de información actualizado, en el que se precise su ubicación, el personal que labora, el número de menores asistidos, así como su situación de vida, de tal manera que exista la información suficiente para crear mejores políticas públicas para la protección de este sector de la población.

El objetivo es claro: prevenir casos de establecimientos que no aseguren la protección y el ejercicio pleno de los derechos de los menores asistidos. Por ello, estoy a favor del presente dictamen, debido a que busca que esos espacios destinados a brindar servicios de salud, cuidado, estancia y actividades culturales, deportivas y recreativas, cuenten con las condiciones mínimas para fomentar la participación e integración social de las niñas, niños y adolescentes.

No podemos tolerar casos o sucesos como los acontecidos en los albergues, como “La gran familia”, o “Casitas del sur”. Es por ello, que con responsabilidad legislamos en la materia y establecimos una regulación adecuada y controles precisos para prevenir estos acontecimientos.

Es necesario que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia informe a esta Soberanía los avances de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la implementación del Registro Nacional de los Centros de Asistencia Social, públicos y privados.

Compañeras y compañeros Senadores:

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI consideramos de vital importancia salvaguardar los derechos de las niñas, niños y jóvenes de México; por tal motivo, votaremos a favor del presente dictamen.

En esta Soberanía nos pronunciamos en contra de que los menores sean objeto de abandono, maltrato, exclusión, discriminación o cualquier tipo de conducta por acción u omisión que lacere su integridad y dignidad.

Las acciones impulsadas en el presente dictamen son fundamentales para hacer accesibles los mejores niveles de bienestar y mayor calidad de vida.

Nuestras niñas, niños y adolescentes se merecen la oportunidad de vivir con plenitud y absoluto respeto a sus derechos y dignidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Flores Sánchez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al mismo tema.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Los 3 puntos de Acuerdo que nos presenta la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado son muy relevantes. De manera particular, celebro que estén dictaminando el que ocupa una atención cotidiana por parte de quienes estamos signándolo, y tiene que ver con la información que estamos solicitando al Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está recién instalado, derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que además toca un tema que es de una preocupación cotidiana también de este Senado de la República.

Los centros de asistencia social, tanto públicos como privados, que existen a lo largo y ancho del país, que hoy por desgracia no están debidamente vigilados en su funcionamiento, no hay una autoridad que se encargue de garantizar que la Norma Oficial Mexicana para el funcionamiento de estos centros de asistencia social realmente esté funcionando, pero además, porque el crecimiento de la solicitud de niñas y niños en diversa situación de abandono, de orfandad, porque están en situación de calle, porque los manda alguna autoridad, porque están involucrados, por desgracia, en medio del conflicto entre padre y madre, etcétera, etcétera, son muchas las situaciones que llevan a que las niñas y niños terminen en un centro de asistencia social.

¿Qué nos dice el INEGI?

INEGI, en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del año pasado, nos menciona que hay 4 mil 518 centros de asistencia, de los cuales 80.4 por ciento, es decir, 3 mil 365, se encuentran concentrados en 17 entidades.

Además, me parece muy relevante mencionar que, de acuerdo a este censo, de todos los centros que se tienen contabilizados, hay distintas características, particularmente los que tienen que ver con las personas menores de 18 años de edad, nos encontramos que son alrededor de 38 mil 922 personas que no sabemos en qué condiciones se encuentran.

Es necesario, por lo tanto, que la autoridad, ahora que ya está constituida con su secretariado técnico, que ya existe una procuraduría de protección de las niñas y los niños, en el marco de este sistema retomen esta responsabilidad que tiene inscrita en la ley general en la materia.

Por eso es necesario que este punto de Acuerdo, entre los tres que nos presenta la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, tengamos muy claramente la respuesta por parte de la autoridad para saber qué es lo que va hacer, qué protocolo va aplicar, cómo va a uniformar el funcionamiento de todos estos centros de asistencia social, donde la mayoría, por cierto, son de organizaciones de la sociedad civil o del ámbito privado, muy pocas son realmente de instituciones gubernamentales, y nos preocupa el relajamiento que hay en su vigilancia.

No quiero enumerar las enormes dificultades en que se encuentran, tenemos casos verdaderamente bochornosos, preocupantes, y yo creo que debemos tomar medidas para que la prevención sea la política que se aplique de manera preponderante y podamos lograr que en la medida, de que no hay de otra todavía, de que una niña o niño tiene que llegar a un centro de asistencia social, pues estén en las mejores condiciones.

Otro asunto, y ojalá que ese fuese el tema relacionado con este asunto, es que de veras en México, el Estado mexicano tomara consideración de las directrices de Naciones Unidas para la atención de niñas y niños que están sin cuidado parental.

Es importante que México tome medidas en el sentido de buscar que haya el menor número posible de niñas y niños en un centro de asistencia social. Nunca va a ser igual estar bajo el abrigo de una familia, insistir que, como pasa ya en otros países, su familia original pueda tener condiciones de atender a estas niñas y niños, o buscar la alternativa de un hogar sustituto.

Eso es lo mejor, eso es lo correcto, eso es por lo que deberíamos estar transitando en nuestro país, y no estar todavía con un asunto totalmente inaceptable, no quiero calificarlo, de que ni siquiera sabemos cómo están funcionando los centros de asistencia social en el país, que ciertamente, por desgracia gozan de una enorme discrecionalidad porque la autoridad, por una o por otra causa, no lo toma con la relevancia que debería tomarlo.

Y ahora ya tenemos una ley que tendríamos que estar exigiendo se aplique, fue muy buena, ahora falta que la apliquemos.

Gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero dar la bienvenida a estos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Como bien se ha señalado, las propuestas que se ponen a votación hoy tienen en común el hecho de defender los derechos humanos de nuestras niñas y niños, y salvaguardar su seguridad buscando prevenir y erradicar la violencia en su contra.

Para nuestra infancia, la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar; miles de niñas, niños y adolescentes crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas, e incluso termina cada año con la vida de muchos de ellos.

De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, elaborado por el Secretario General de las Naciones Unidas, 2 niños menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México.

Por estas razones, y tomando en cuenta el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso, considero que la aprobación de estos dictámenes trae consigo la posibilidad de remediar y prevenir que se vuelvan a dar escenarios tan dramáticos, como el de Casitas del Sur o Mamá Rosa.

Sin duda, el Estado mexicano necesita proteger a nuestras niñas y niños de escenarios de violencia y abuso que se viven a lo largo del país, y por supuesto que los más vulnerables son aquellos que enfrentan una situación de orfandad y terminan en albergues que no son adecuadamente supervisados por el Estado.

En esto el Senado tiene una función elemental: vigilar para asegurar que se aplique de forma fiable el marco jurídico contra la violencia.

Es por eso que buscar conocer las acciones que ha implementado el gobierno para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes es, sin duda, un primer paso para reconocer la necesidad que tenemos de acciones para asegurar a las personas que conformarán el futuro de nuestro país.

En este contexto, quiero referirme de manera muy particular cómo este tipo de medidas apoyan la problemática que vivimos en nuestros estados.

De acuerdo con el INEGI, Tlaxcala es el segundo estado con el menor número de alojamientos de asistencia social en nuestro país, con apenas 34 espacios de este tipo. Sin embargo, no tenemos mayor información en términos de sus condiciones conforme a lo que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cabe destacar que esta información fue dada a conocer apenas hace un par de semanas y se trata de un censo, de este tipo, que es llevado a cabo por primera vez en nuestro país. Eso es alentador en muchos de nuestros estados, pero debemos ir más allá para garantizar los derechos de nuestros infantes.

Como dato adicional, quiero compartirles que en Tlaxcala la tercera parte de la población son menores de 14 años y desafortunadamente el maltrato ha tenido un drástico aumento en los últimos años.

Por otra parte, y siguiendo con la temática de estos dictámenes, recientemente el programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM, señaló que Tlaxcala es uno de los estados con la tasa más alta de mortalidad infantil, es muy triste decirlo, quiero alertar en esta tribuna que hoy mi estado es inapropiado y peligroso para la niñez.

En un mundo ideal no es necesaria ninguna política para cumplir nuestra función de agente protector, pues todas las niñas y niños tendrían las mismas oportunidades de ejercer sus derechos.

Como legisladores, el que discutamos estos puntos habla de fallas que tenemos como sociedad y en donde estamos obligados, ya no tanto en eliminar las fallas, pero sí de corregirlas.

Por eso mi voto será a favor de estas propuestas y reitero la felicitación a mis compañeras y compañeros Senadores de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el dictamen que exhorta a realizar o reforzar las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en carreteras.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, estimado Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

El dictamen que hoy se está sometiendo a nuestra consideración es acorde con los esfuerzos que desde el Senado de la República hemos impulsado para salvaguardar y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden poco más de 1 millón 240 mil vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito.

Asimismo, de acuerdo a dicha institución, de continuar esta tendencia para el año 2030 los accidentes de carretera se convertirán en la quinta causa de muerte en el mundo.

En nuestro país las cifras no son alentadoras, datos del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México, a nivel mundial ocupamos el séptimo sitio en la lista de naciones que presentan la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, y el segundo lugar en América Latina.

Por ello, el presente dictamen busca que las autoridades de los tres órdenes de gobierno refuercen las acciones que permitan disminuir los accidentes de tránsito y, con ello, atacar una de las principales causas de muerte entre este sector de la población.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que de acuerdo a cifras del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en México, para las niñas y los niños menores de cinco años los accidentes de tránsito se encuentran entre las tres primeras causas de mortalidad.

Para la Organización Mundial de la Salud existen diversos factores que incrementan la posibilidad de sufrir accidentes de tránsito, los que destacan: manejar a exceso de velocidad, no usar casco al conducir bicicleta o motocicleta, no usar cinturón de seguridad y medios de sujeción del niño y conducir bajos los efectos del alcohol.

Sobre este último punto, basta mencionar que durante el 2012, en México 11.6 por ciento de jóvenes reportaron haber tenido un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol.

De igual forma, las cifras del INEGI ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática, pues entre el 2003 y 2012 ocurrieron 370 mil percances automovilísticos que tuvieron como principal causa el consumo del alcohol.

Compañeras y compañeros:

En el grupo parlamentario del PRI no podemos ser omisos ante esta situación, por ello, consideramos que resulta apremiante que se refuercen las medidas que garanticen la seguridad e integridad de nuestras niñas, niños y jóvenes.

El dictamen que hoy se somete a consideración es, entonces, acorde con los esfuerzos que desde el Senado de la República hemos venido impulsando para salvaguardar y ampliar los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes.

Por ello, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen y, por supuesto, les invitamos a respaldarlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los tres anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para dar conclusión a proposiciones rezagadas. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que se dan por concluidas las proposiciones correspondientes a la LXII Legislatura y anteriores que no recibieron dictamen de las comisiones. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores: En la reunión de Mesa Directiva de esta mañana, se autorizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ampliación de plazo a diversos asuntos. Asimismo, se autorizó a la Comisión de Educación la rectificación de turno de un proyecto de Decreto. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 9 Y LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DESALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Angélica Tagle Martínez)

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora independiente de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD POST-REPRODUCTIVA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existe poca información sobre la prevalencia de los problemas de salud asociados al climaterio y menopausia-en las mujeres-, la andropausia y la disfunción eréctil -en los hombres- y de sus implicaciones en la demanda de los servicios de salud en México, ya que la atención de estos trastornos en la etapa post reproductiva ha tenido poco desarrollo y la ausencia durante muchos años de normas y protocolos de atención contribuye a que el personal desconozca el manejo  integral de los problemas en esta etapa de la vida.

A la ausencia de servicios especializados que promuevan la atención de la etapa post reproductiva, se suma el acceso limitado de los insumos para la atención de los principales problemas de esa etapa de la vida. Tampoco existen acciones intensivas del sector público de promoción de estilos de vida saludables como parte de la salud de las personas en etapa post reproductiva. Los mayores esfuerzos provienen de las organizaciones e instituciones que aglutinan profesionales que atienden estos problemas en su práctica cotidiana.

Otra problemática es que no se reporta información en salud al respecto de cómo estos problemas afectan a la población masculina y femenina lo cual limita la definición de estrategias y acciones en salud enfocadas. Por otra parte, existen prejuicios en el personal de salud con relación al período post reproductivo al no considerar la existencia de problemas en el ejercicio de la sexualidad en esta etapa de la vida.

En congruencia con lo anterior, la presente iniciativa propone que se incluya el concepto de salud  post reproductiva, entendiendo a este como “El estado de bienestar físico, mental y social que continúa al periodo reproductivo, el cual suele anteceder a la menopausia o andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años de edad” y sea adoptado como materia de salubridad general y, por lo tanto, motivo de concurrencia entre federación y estados al proporcionar los servicios de salud que les competa, en términos constitucionales.

El climaterio es una etapa natural en la vida de las personas que se caracteriza por una serie de fenómenos que afectan a todo el organismo y que se deben a una disminución natural de la actividad de las glándulas sexuales, que generalmente duplica en tiempo a la adolescencia o la niñez. Suele anteceder en varios años a la menopausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años de edad. Es el espacio vital que continúa al período reproductivo, con múltiples cambios biológicos y psicológicos que algunas personas lo pueden evaluar como una disminución de calidad de vida.

Los síntomas característicos adoptan modalidades diversas en intensidad y frecuencia, pudiendo ser desde ausentes hasta severos. Independientemente de la intensidad de los síntomas se observa un incremento en el riesgo cardio-vascular y riesgo de fractura por osteoporosis. Dichos cambios, sumado a la jerarquización de la mujer como individuo de valor fundamentalmente reproductivo, seguramente explican la confusión popular, que asocia climaterio con enfermedad, a lo que acompañan mitos y dichos que ofenden la vivencia del período.

No obstante, la oportunidad de la atención en salud durante el climaterio es crucial y debe ser encarada como un momento propicio para una atención personalizada de calidad y escucha, así como para realizar campañas de conocimiento real y acciones para prevenir enfermedades no transmisibles, conservar y aún mejorar la salud.

Los cambios epidemiológicos y demográficos han determinado un incremento en la esperanza de vida en la población, especialmente de las mujeres. La OMS estima que para el año 2030, 1.2 billones de mujeres en el mundo tendrán más de 50 años. Esta propuesta se sustenta dado que en el periodo climatérico muchas mujeres se verán afectadas ya sea por sintomatología que le deteriorará su calidad de vida o por la aparición de enfermedades crónicas que le afectarán su expectativa de vida.

Las principales causas de mortalidad son en esta etapa de la vida: primero, el cáncer y, en segundo lugar, aquellas vinculadas al aparato circulatorio. Todas estas enfermedades no siempre son consecuencia inevitable de la edad, sino que en muchos casos pueden prevenirse con éxito, mediante prevención primaria, secundaria o terciaria.

La Atención Primaria constituye el primer y en ocasiones el único contacto con la mujer, por tal motivo, el manejo y seguimiento de los hombres y mujeres climatéricas es necesario plantearlo desde una perspectiva bio-psico-social.

Consecuentemente, la incorporación de este enfoque en los servicios supone visualizar los problemas de salud de las mujeres y los hombres con una mirada amplia que incluye la consideración de sus determinantes socioeconómicas y culturales, reconoce la importancia de la igualdad de género y se apoya en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Implica también la discusión de temas complejos en general ajenos a los profesionales de la salud -como los vínculos entre sexualidad y reproducción, o las relaciones de poder que habitualmente se establecen entre proveedores de servicios de salud y usuarias, la superación de los problemas logísticos que dificultan la operación de los servicios, y la formación de personal con capacidad para enfrentar el reto de transformar los servicios de salud.

Cabe mencionar que, en la actualidad, únicamente existe una norma oficial mexicana y guías de instituciones públicas dirigidas a proporcionar atención en la peri y post-menopausia, pero ninguna mención específica en la Ley General de Salud dedicada integralmente y que le otorgue un lugar primordial en el Sistema Nacional de Salud a la promoción de la salud – prevención y atención oportuna, con calidez y sin distinción social o económica de los servicios de salud post reproductivos.

Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud post-reproductiva.

Artículo Primero. Se modifica la fracción IV del artículo 3° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3°…

I. a VII.- …

VII Bis. La salud post reproductiva;

VIIIa XXVIII.- …

Artículo Segundo. Se modifica una fracción IV del artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27.  …

I. a V.- …

V Bis. La salud post reproductiva;

VI. al XI. …”

Artículo tercero. Se adiciona el Capítulo V BIS del Título Tercero de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

CAPITULO V BIS
Salud Post Reproductiva

ARTÍCULO 60 Bis 1. Para efectos de esta Ley se entiende por salud post reproductiva al estado de bienestar físico, mental y social que continúa al periodo reproductivo, el cual suele anteceder a la menopausia o andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años de edad.

ARTÍCULO 60 Bis 2. La prestación de los servicios de salud post reproductiva para todas las personas y tiene la finalidad de garantizar que las personas cuenten con los servicios de salud adecuados.

ARTÍCULO 60 Bis 3. Los servicios de salud post reproductiva comprenden:

I. Atención integral de la perimenopausia y postmenopausia; incluyendo la consejería imparcial con base en información veraz y con enfoque de género;

II. Tratamiento de la sintomatología asociada a la menopausia y la andropausia.

III. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos en esta etapa; y,

IV. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del riesgo de fractura por osteoporosis, así como los riesgos cardiovasculares que se presentan en esta etapa.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de febrero de 2016.

Atentamente,

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer”, instituido por la Organización Mundial de la Salud y que se conmemora cada 4 de febrero, presento esta iniciativa que tiene como objetivo primordial fortalecer la cobertura médica para las mujeres que padecen cáncer de mama, en virtud de que la actual cobertura que otorga el Gobierno Federal, a través del Seguro Popular resulta insuficiente, ya que sólo incluye los siguientes servicios: ultrasonido, mastografía, biopsia, hospitalización, quimioterapia, radioterapia, extirpación del tumor y consultas psicológicas y de tanatología.

Es así, que la propuesta que presento el día de hoy busca establecer una cobertura médica integral para tan grave enfermedad que afecta a miles de mujeres en nuestro país; incorporando a los servicios de salud referidos el párrafo el siguiente: reconstrucción mamaria.

Además, se pretende elevar a rango legal el otorgamiento de todos los servicios que prevé el Seguro Popular y que señalamos desde un principio.

Para dar soporte a nuestro proyecto realizaremos un recorrido de diversas cifras con la finalidad de contextualizar el padecimiento a nivel mundial y en México para resaltar la gravedad que representa para la salud pública nacional este padecimiento y por ende visualizar la urgencia de legislar en la materia.

Empezaremos por advertir, que el cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas); comienza con la modificación de una sola célula, que puede haber sido iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados.

En consecuencia, el cáncer de mama, representa uno de los grandes retos en materia de salud pública en el siglo XXI, por lo que resulta conveniente tener en cuenta los factores que originan este grave padecimiento, entre los que destacan: inicio prematuro de la primera ovulación de las mujeres y menopausia tardía; el inicio de la vida reproductiva después de los 30 años; la lactancia materna nula o de corta duración; y la obesidad y la exposición a la radiación.

La Organización Mundial de la Salud asegura que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en todo el planeta; se prevé que las muertes por cáncer seguirán aumentando y rebasarán los 11 millones en 2030.

El propio organismo refiere que anualmente, se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama.

En México, a partir de la década de 1990 las enfermedades oncológicas ocupan la segunda causa de mortalidad en la población general, después de las enfermedades cardiovasculares. Actualmente, se estima que hay entre 50 y 80 casos nuevos por cada 100,000 habitantes y la población con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad son los mayores de 30 años de edad.

Ante este aumento en la incidencia de casos de cáncer, el sistema de salud mexicano se tiene que preparar, de acuerdo a los cambios en las condiciones de salud de la población mexicana impulsados por una transición epidemiológica acelerada; que sin duda tiene estrecha relación con los cambios de la alimentación que se han estado dando en las últimas décadas en nuestro país.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en el mundo. Para el año 2006 la Organización Mundial de la Salud calculó diagnósticos por más de 1,200,000 nuevos casos de cáncer de mama (19% del total de cánceres en la mujer).

Su frecuencia varía ampliamente y así los países norteamericanos y europeos son los que tienen la frecuencia más elevada, mientras que, los países de Asia y África tienen la más baja.

En este orden de ideas, los países latinoamericanos, en general, también tienen una baja frecuencia, excepción hecha de Argentina y Uruguay que tienen tasas semejantes a la de los países europeos. Este hecho es quizá explicable por la conformación mayoritariamente europea del origen de su población, a diferencia del resto de los países latinoamericanos donde el mestizaje entre indígenas, europeos y negros es la característica predominante.

En México, el cáncer afecta más frecuentemente a las mujeres (62.5% vs. 37.5%); y, alrededor de cinco mil mujeres mexicanas mueren anualmente de cáncer de mama (INEGI, 2008); contradictoriamente, si se detecta en las primeras etapas, este padecimiento es cien por ciento curable.

En el 2003 se informaron 102,657 casos de cáncer en el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, de la Secretaría de Salud, de los cuales el cáncer de mama representó 11,242 casos, ocupando el segundo lugar de los cánceres en la mujer, con 16.1% del total.

Asimismo, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se ha elevado en México de 13.6 x 100,000 mujeres mayores de 25 años en 1990 a 14.58 x 100,000 en 2001.

En nuestro país, 47% de las muertes por cáncer de mama ocurren en mujeres entre los 45 y 64 años y la Secretaría de Salud calcula un promedio de 21 años de Vida Productiva perdidos por cada mujer con un impacto económico de 3,107,505,000.00 pesos en el 2001.

Incluso existen entidades federativas donde el cáncer de mama ha rebasado ya al carcinoma cervicouterino como primera causa de mortalidad en mujeres, como es evidente  en el estado de Jalisco donde desde 1997 el cáncer de mama ocupa el primer lugar, con una tasa de mortalidad de 15.82% por 100,000 mujeres y la    frecuencia de cáncer de mama es ya casi similar (17.9% vs. 18.8%) a la del cáncer cervicouterino.

De igual manera, se presentan casos de cáncer de mama desde la segunda década de la vida y se incrementa su frecuencia rápidamente hasta alcanzar la máxima entre los 40 y 54 años y luego mostrar un descenso paulatino después de la quinta década.

Por otro lado, actualmente existe suficiente evidencia de que la tasa de mortalidad está disminuyendo en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Canadá e Inglaterra en proporción de 6 a 10% 2,23-25 y que hay una tendencia de reducción en países como Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca y Francia, sin embargo, estas tendencias favorables no se ven en países como España, Portugal, Grecia, Hungría, Polonia, Italia, Japón y México donde se ha reportado incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de mama.

De tal modo que en nuestro país, se proyecta un incremento substancial de esta enfermedad, ya que están arribando a la edad de riesgo un gran número de mujeres cada año, aumentando de 17,049,036 mujeres mayores de 35 años en el 2003 a 29,702,037 en el año 2020, por lo que resulta imprescindible establecer medidas el uso de la mastografía de pesquisa en todas las mujeres en riesgo.

Las tasas de mortalidad por cáncer de mama revelan interesantes factores y tendencias que no pueden ser explicadas por las características regionales o nacionales. Las diferencias en riesgo (5-6 veces más) entre los países de Norteamérica y Europa del norte comparadas a las de los países de Asia y América Latina sugieren que hay factores ambientales profundamente involucrados en la etiología de la enfermedad.

Sin embargo, en México, con datos del INEGI, durante el 2012, el cáncer de mama fue la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más (19.4%) y en las mujeres tres de cada 10 son hospitalizadas por esta causa, en tanto que en los varones representa apenas 1.2 por ciento.

Aunado a lo anterior, las tasas más altas de morbilidad hospitalaria de mujeres por cáncer de mama, las presentan las de 60 a 64 años (212.51 casos por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad), seguidas por las mujeres de 65 a 74 años de edad (183.03) y las de 50 a 59 años con 172.81 egresos hospitalarios.

En tal sentido, se puede notar que, de los 20 a los 64 años de edad, la tasa muestra una tendencia al alza y desciende a partir de los 65 años.

Es por tales razones, que advertimos la imperiosa necesidad de reforzar los servicios de salud que se otorgan por parte del Gobierno Federal para lograr una cobertura médica integral de este lamentable padecimiento, que como hemos referido afecta a miles de mujeres mexicanas llevando a un gran porcentaje de ellas a la perdida de la vida.

Estamos convencidos, de que una de las medidas más eficaces para reducir el número de casos de este padecimiento transita por la prevención y sabemos que el contexto mundial coadyuva a que las campañas destinadas a la prevención tengan numerosos espacios que están generando resultados tangibles en la reducción de casos de cáncer de mama gracias a la detección oportuna.

Sin embargo, esta enfermedad implica para muchas mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad de vida, se tienen la evidencia suficiente acerca de que una de las fases en las que se presenta un importante, y lamentable, deterioro emocional es durante el tratamiento, debido a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como la cirugía.

Y es precisamente este punto el que queremos atacar, donde los servicios de salud no incorporan una medida que de solución a esta etapa post-operatoria que causa tanto deterioro físico y emocional: la reconstrucción mamaria.

Por lo anteriormente expuesto, somero a la consideración de esa Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforma la fracción III del artículo 27, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. …

I ..

II…

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; en el caso específico del cáncer de mama se contemplará en su atención la reconstrucción mamaria.

IV. a XI…

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRIMACIA DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA NO RETROACTIVIDAD DE LA LEY, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ecocidios y Marco Jurídico.

Vivimos en una época de cambios vertiginosos y situaciones complejas. A diferencia de tiempos pasados en que los moldes culturales inhibían el avance científico y tecnológico, en el Siglo XXI la innovación tiene primacía sobre los usos sociales. En la vorágine de contextos y escenarios nuevos, la comunidad internacional coincide en una cosa. Todas las naciones, sin excepción, colocan al medio ambiente como el reto principal de la Humanidad. Los fenómenos naturales como la mayor fuerza de los huracanes, la intensidad de las sequías y la renovada frecuencia de los movimientos telúricos, por sólo nombrar algunos eventos han despertado la conciencia en países de ideología política y social diversa sobre la necesidad de mitigación y adaptación del Cambio Climático. La convicción de actuar en favor de la Naturaleza surge desde abajo. Es a partir del impulso de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que en el último cuarto de siglo se ha expedido todo un catálogo de tratados internacionales, leyes y reglamentaciones con el objeto de mantener, conservar y proteger el medio ambiente.

Lamentablemente, a pesar de los avances para transitar hacia la consolidación de la cultura de la sustentabilidad y la resiliencia, todavía se registran en México ecocidios. En efecto, la semana pasada fuimos testigos de la destrucción en Cancún, Quintana Roo de un manglar que había llevado miles de años en su formación. Arrancando los trabajos de madrugada con maquinaria pesada, las constructoras arrasaron en el manglar de Tajamar con plantas, animales y cualquier vestigio de vida profanando un espacio de casi 80 hectáreas que se ocuparon para un proyecto hotelero con la pretensión de instalar concreto y tubos donde antes había vida y diversidad. Los manglares son quizás uno de los ejemplos más claros de los procesos naturales. Los manglares se forman al paso de miles de años y constituyen filtros naturales que propician el equilibrio de la vida. De manera asombrosa, en un ambiente de interacciones entre la masa continental y el mar, logran producir un espacio idóneo para la biodiversidad, principalmente para especies en vías de extinción. Por eso, los manglares en general y el de Tajamar en particular son casos emblemáticos que convocan a las y los legisladores a tomar medidas parlamentarias que garanticen su conservación.

Como era de esperarse, la artera maniobra en contra de la Naturaleza despertó una enardecida protesta en todo el país a través de las redes sociales así como entre los habitantes de Quintana Roo. Sin embargo, la obra se encontraba protegida con la fuerza pública y sólo se suspendió hasta que organizaciones ambientalistas interpusieron sendas demandas de amparo habiendo la Justicia de la Unión ordenado la parálisis de las actividades destructivas al conceder la suspensión en el procedimiento de derechos humanos correspondiente.

Las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente, ante la crispación social expresada como lo hemos dicho en Internet y en el lugar de los hechos, se apresuraron a explicar que si bien el daño ambiental es deplorable resulta de carácter legal. Las obras están permitidas, dijeron las autoridades, en razón de que se llevan a cabo con base en sendos permisos expedidos en el año 2005 y los preceptos protectores de los manglares se aprobaron en el 2007. En efecto, con fecha 1º de febrero de 2007se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma mencionada que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 60 ter. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Con esta información pareciera que no queda otra opción más que resignarse a que, ante la fuerza normativa de los permisos aludidos, los juicios de garantías terminarán por negar la protección de la Justicia Federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos que de inmediato envió personal para constatar las afectaciones al medio ambiente, terminará igual por reconocer los efectos de los permisos y la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos nos quedaremos pasmados ante la insólita consumación de un ataque más a la Naturaleza. Es claro que se presenta una distorsión entre la No Retroactividad de la ley en perjuicio de algunos y el derecho al desarrollo sustentable de todos. Esta iniciativa persigue el propósito de armonizar los bienes jurídicos en casos como el que nos ocupa.

Primacía de los Bienes Jurídicos Ambientales.

Afortunadamente, se pueden adoptar medidas legislativas para rescatar el manglar de Tajamar y proteger también a toda la naturaleza de la República. En efecto, como ha manifestado el autor de la presente iniciativa al inicio de la presente exposición de motivos, en materia ambiental la realidad ha superado en muchos aspectos y con creces al marco jurídico. Se requiere, entonces, de que las normas jurídicas sean un espejo fiel de la conciencia ambientalista que se expande por el mundo y en México. Es importante destacar que hoy día las cuestiones ambientales gozan de mayor concientización. En los diversos países alrededor del mundo, comienza a cerrase la brecha en pos del respeto al medio ambiente entre los habitantes y sus gobiernos. Prueba de ello es la dinámica con que tuvo lugar la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP21. Llama la atención que mientras el compromiso de Kyoto fue ratificado únicamente por 37 países, la conferencia de París contó con el consentimiento de 195 países, entre los cuales se encuentran los dos que más contaminan: China y los Estados Unidos que, por cierto, se habían mostrado reticentes a asumir los compromisos de Kyoto. A pesar de que los Acuerdos no adquirieron carácter vinculante, se fortaleció la convicción de que las naciones harán todo lo posible por honrar los compromisos asumidos en razón de la buena fe de las obligaciones internacionales y del carácter imperativo de los deberes en materia ambiental, pues de otra manera se pone en peligro la viabilidad del planeta y con ella de la Humanidad entera. Paradójicamente, la postura adoptada por nuestro país en el exterior no se ve reflejada dentro de nuestras fronteras. México fue de los primeros países en presentar los objetivos asumidos voluntariamente ante la COP21. A pesar de ello, se registran ecocidios como el del manglar de Tajamar por una mal entendida supremacía de principios individualistas que han de ceder frente al interés superior de la Humanidad expresado en la necesidad de preservar el medioambiente como única salida para conservar la vida en el planeta.

En este orden de ideas, me permito proponer que en materia ambiental no se aplique la doctrina de los derechos adquiridos para evitar ecocidios como el de Cancún. Si hacemos un análisis riguroso y responsable, nos daremos cuenta que al poner en la balanza los bienes jurídicos que inspiran al principio de No Retroactividad de la ley por un lado y a los altos postulados del Derecho Ambiental por otro, el resultado se inclina a favor de proteger a la Humanidad a través de una nueva preceptiva en la Ley Fundamental en torno a la naturaleza y el medio ambiente. En el contexto del Cambio Climático, se puede afirmar que se ha configurado un nuevo interés al que podemos denominar “de la Humanidad”, que se encuentra por encima del tradicional interés público. En estas condiciones, en justicia y equidad, se debe reconocer que el principio de No Retroactividad ha de ceder frente al Interés de la Humanidad ya que si se colapsa nuestro planeta no habrá ningún derecho fundamental ni libertad ni principio o dogma jurídico que pueda surtir efecto alguno.

Sin embargo, a fin de no producir situaciones que propicien conflictos en la sociedad, se deben acotar los supuestos que traiga consigo la desaplicación de la No Retroactividad ya que se trata de un derecho conquistado para los gobernados desde hace siglos. En este sentido, la clave radica en brindar dos tipos diferenciados de tratamientos normativos: a) La imposibilidad de ejercer derechos adquiridos frente a prohibiciones derivadas de reformas o adiciones a normas de carácter ambiental, como sería el supuesto donde se inscribiría, de aprobarse la presente iniciativa, el ecocidio de Cancún, y b) El resto de las reformas y adiciones relativas a obligaciones de hacer, que coloquen al particular en una situación de ajustarse al contenido de la nueva norma, a través de un plazo y medidas razonables y prudentes para no causar daños con su implementación principalmente a la planta productiva.

En este orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa radica en adecuar las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México para armonizar los derechos fundamentales con la necesidad de cuidar el medio ambiente, en un entorno de obligaciones internacionales basadas en la buena fe y la asunción de compromisos derivados de los deberes de las personas hacia la Humanidad.

Una nueva preceptiva ambiental.

Para superar la contradicción que la destrucción del manglar de Tajamar hizo palpable una vez más, entre el principio de corte individualista de la No Retroactividad de la ley y los altos postulados de las normas relativas al medio ambiente, se requiere tener presente la naturaleza, sentido y alcances del Derecho Ambiental. Al respecto, cabe hacer mención del pensamiento de Raúl Brañes, abogado y doctor en economía, participante en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo define así: "…el Derecho Ambiental tiene que ver con la continuidad de la vida sobre la Tierra. La idea de la continuidad de la vida sobre la Tierra tiene que ver, a su vez, con el mantenimiento de las condiciones que lo hicieron posible. Hasta ahora, las formas de vida que conocemos han descansado sobre los grandes soportes naturales que son los suelos, las aguas y el aire. Los organismos vivos, incluido el hombre, han aparecido en la Tierra y se han desarrollado y reproducido en una íntima relación con tales soportes, pero también una estrecha relación entre ellos. Esta relación se ha expresado en el funcionamiento conjunto de elementos bióticos (vivos) y abióticos (no vivos), a la manera de un sistema o ecosistema… Por eso, en una segunda aproximación, el Derecho Ambiental puede ser definido como el conjunto de reglas que se ocupan de la protección jurídica del equilibrio ecológico.”1

En este orden de ideas, resulta claro que el principio de la No Retroactividad de la ley en cuanto garantía de seguridad jurídica ha de dejar de surtir efectos en razón de su carácter individualista para ceder el espacio normativo al Interés Superior de la Humanidad, que se hace concreto y específico en el objeto del Derecho Ambiental que radica en las normas jurídicas que posibilitan la vida en el planeta.

La vida en el planeta depende de la expansión y profundización del derecho al medio ambiente sano entre las personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º párrafo quinto lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en la fracción XII del artículo 15 que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades tomarán las medidas para garantizar ese derecho. A su vez, la fracción I del artículo 1º establece entre los propósitos de dicho ordenamiento garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Sin embargo, los altos postulados anteriores en materia ambiental se convierten en letra muerta por efecto del principio de No Retroactividad, como hemos visto en numerosas ocasiones, la más reciente con la destrucción del manglar Tajamar en Quintana Roo.

Por otra parte, un concepto que nos ayuda a comprender los alcances del Interés Superior de la Humanidad en materia ambiental es el de bienes públicos. El autor de la presente iniciativa considera que resulta ilustrativo en torno a este tópico lo siguiente: “Los problemas ambientales tienen que ver con los bienes colectivos: es decir, con aquellos que son de todos, o que usamos y disfrutamos todos colectivamente de una u otra manera, es decir, que son bienes públicos. Una responsabilidad fundamental de los gobiernos es precisamente crear y conservar bienes públicos. El medio ambiente es un bien público, como lo es la seguridad y la l ucha contra el crimen, la educación, la salud, los espacios públicos, la impartición de justicia, y otras muchas cosas. El gobierno debe crear y conservar estos bienes públicos, porque por lo general no pueden crearse en forma espontánea a través de mercados y de inversiones de empresas privadas o de acciones individuales."2

Es así que el ecocidio del manglar ubicado en Cancún, Quintana Roo viene a hacer evidente la necesidad de una nueva preceptiva constitucional que armonice los fines del derecho a un medio ambiente sano con el deber del Estado mexicano, expresado través de la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, de garantizar los bienes públicos principalmente en relación con la naturaleza.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.…

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará y dará prioridad al respeto de este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Para el Estado Mexicano el cuidado y recuperación del medio ambiente desde una perspectiva sustentable es deber de pueblo y gobierno de la República hacia la Humanidad. En consecuencia, el principio de la no retroactividad de la ley no es aplicable en relación con las reformas y adiciones que tengan el objeto de preservar el medio ambiente y atender la problemática del Cambio Climático. Los permisos, licencias y concesiones y en general cualquier autorización que contravenga disposiciones de orden ambiental no generará derechos adquiridos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los decretos que establezcan reformas y adiciones con nuevas obligaciones de hacer deberán establecer en las disposiciones transitorias plazos y medidas prudentes para que los sujetos obligados cumplan con ellas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de febrero de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Raúl Brañes, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y Fondo de Cultura Económica, México, 2000 página 19.

2 Ayudemos a defender el medio ambiente. Gabriel Quadri de la Torre, Partido Nueva Alianza y Editorial Trillas, junio 2012; página 20





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 16 Y 28; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 2; VII DEL ARTÍCULO 16 Y W) DEL INCISO I DEL ARTÍCULO 41, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desigualdad es uno de los principales retos que enfrenta nuestro país; situación que se agrava al considerar el entorno macroeconómico y la debilidad en el crecimiento de nuestra economía, además de las altas tasas de desempleo que no contribuyen en generar un mayor ingreso de calidad para nuestra población.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, a la par del crecimiento en el número de personas desempleadas, hay cada vez más que laboran en condiciones de vulnerabilidad, alcanzando este, en promedio, al 46 por ciento del empleo total.

Por definición, en nuestro país la informalidad laboral es una actividad de mala calidad, sin un régimen completo de prestaciones sociales y con niveles rezagados de salario, situación que enfrentan aproximadamente el 58 por ciento de la población ocupada.

Es un hecho que al avanzar el trabajo vulnerable, paralelamente se da un efecto en el aumento de la desigualdad económica y social, situación que hace replantear elementos sustantivos del Estado de bienestar, tales como la seguridad social y la asignación de presupuestos públicos para la salud, educación y vivienda.

Estas condiciones han eliminado el carácter universal de muchos derechos de nuestras y nuestros trabajadores, estableciendo regímenes personales y privados, mismos que abonan a la desigualdad y que invaden espacios de la vida social destruyendo la cohesión de nuestra sociedad.

Recientemente, OXFAM publicó un informe en donde muestra que los ingresos de los trabajadores con peores salarios han disminuido, mientras los del 1 por ciento de los asalariados que más ganan han aumentado en 20 por ciento durante las últimas dos décadas.

De acuerdo con esta Organización, uno de los aspectos más graves de la desigualdad es la distribución del ingreso, donde nuestro país se encuentra dentro del 25 por ciento de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Entre 2007 y 2012 la cantidad de millonarios en nuestro país aumentó un 32 por ciento, mientras que en el resto del mundo disminuyó un 0.3 por ciento.
Si bien en los últimos años el número de millonarios no ha crecido, lo que si aprecia es un aumento constante en la importancia y magnitud de su riqueza, misma que mientras en 1996 equivalía a 25 mil 600 millones de dólares, hoy la cifra llega a los 142 mil 900 millones de dólares.

Para tener una idea más clara de la brecha social existente tenemos este ejemplo: en 2014 los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.

Estas condiciones han traído graves consecuencias para nuestro país a causa de los efectos económicos y sociales que generan; el mercado interno se debilita y se recorta el capital humano ante la escases de recursos poniendo en juego la productividad de las pequeñas empresas.

En términos de la política social, esta no ha sabido responder a esta lógica en donde el crecimiento no alcanza a llegar de las capas altas hacia las bajas desde hace décadas, claro ejemplo de esto es el salario mínimo: si un mexicano gana esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. Es tiempo de ceder ante una política salarial de contención a la inflación, es evidente que el salario de nuestros trabajadores está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza.

La desigualdad tiene efectos más agresivos en sectores donde históricamente el Estado mexicano tiene una deuda social que sexenio tras sexenio no puede ser solventada, tales como la población indígena, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general, la educación pública que se ve rebasada por la privada, y muy particularmente la violencia a causa de la marginación.

Visto en cifras, la realidad en materia de desigualdad para nuestro país puede sintetizarse de la siguiente manera:

• Durante los dos primeros años del actual Gobierno, los hogares sufrieron una pérdida constante de sus ingresos.

• 13 mil 240 pesos mensuales fue el ingreso corriente promedio en 2014.

• 3.5% se redujeron los ingresos de los hogares respecto al 2012.

• 14.2% por debajo del nivel de ingresos de 2008, mismo que ascendía a 15 mil 428 pesos.

• 46 mil 928 pesos es el ingreso de los hogares con mayores ingresos, mientras que los más pobres solo recibieron 2 mil 572 pesos en 2014.

• Los ingresos reales de los hogares tienen una tendencia a la baja desde 2008.

• México es el país más desigual de los miembros de la OCDE.

Bajo este contexto, enfrentar estas condiciones tienen que ser prioritarios en la lógica presupuestal, puesto que no existe mejor herramienta para la distribución del ingreso que una política presupuestaria apegada a principios de combate a la desigualdad. Sin embargo los criterios económicos que han prevalecido en nuestro país no atienden a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad, ahí nace la esencia de la presente Iniciativa.

Cuando hacemos una consulta a la Ley que tiene por objeto el control del gasto público, tal como lo es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no encontramos por ningún lado criterios que atiendan a las inquietudes que hemos descrito en esta exposición, sino que se guían bajo una lógica alejada de lo social, cuando la prioridad debe ser enfrentar la desigualdad y la pobreza.

Esta brecha social le hace daño a nuestro país, por ello, este problema cada vez cobra mayor importancia, la profundización de la desigualdad fue la principal tendencia global en 2015 y América Latina es la segunda región con mayor afectación por dicha tendencia. Por lo tanto, debemos plantear medidas para poner un freno a esta situación y crear las condiciones de un país más justo.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

LEY GENERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y apegados al principio de combate a la desigualdad económica.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a LVII. …

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. …

IX. Bis.  Desigualdad Económica: Concentración extrema de recursos en reducidos grupos de población, que tiene como efecto el trato diferenciado y la segregación hacia determinados sectores o regiones sociales.
X. a LVII. …

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. a VI. …


Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos orientados al combate a la desigualdad económica y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. a VI. …

VII. Variaciones absolutas en el coeficiente de Gini a nivel municipal.

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. a III. …

IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y

V.  …

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. a III. …

IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico y desigualdad económica, en términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y

V. …

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) hasta e) …

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) hasta v)

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

a) hasta d)

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) hasta e) …

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) hasta v) …

w) Las previsiones de gasto que correspondan al combate a la desigualdad económica;

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

a) hasta d) …

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, 16 y 28; y se ADICIONAN la fracción IX bis al artículo 2; VII del artículo 16 y w) del inciso I del artículo 41, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y apegados al principio de combate a la desigualdad económica.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. …

IX. Bis. Desigualdad Económica: Concentración extrema de recursos en reducidos grupos de población, que tiene como efecto el trato diferenciado y la segregación hacia determinados sectores o regiones sociales.

X. a LVII. …

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos orientados al combate a la desigualdad económica y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. a VI. …

VII. Variaciones absolutas en el coeficiente de Gini a nivel municipal.

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. a III. …

IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico y desigualdad económica, en términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y

V. …

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) hasta e) …

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) hasta v) …

w) Las previsiones de gasto que correspondan al combate a la desigualdad económica;

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

a) hasta d) …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones que promuevan la creación y conservación de bancos de alimentos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz; y exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera urgente las diligencias necesarias para localizarlos con vida. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 5 JOVENES EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ Y EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR DE MANERA URGENTE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LOCALIZARLOS CON VIDA; lo anterior bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La mañana del 11 de enero pasado José Benitez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arróniz, ambos de 25; y Susana, de 16, viajaban a bordo de un vehículo Jetta rumbo a sus hogares en Playa Vicente, Veracruz. Regresaban de festejar el cumpleaños del propio Mario en el Puerto de Veracruz.

Cerca del mediodía, cuando cruzaban por el municipio de Tierra Blanca, fueron detenidos por elementos de la policía estatal. Este hecho se encuentra documentado por videograbaciones de seguridad difundidas por varios de comunicación, los cuales muestran cuando el vehículo de los jóvenes comienza a ser perseguido por una patrulla de la corporación policiaca, cuando un conocido de estos jóvenes se percata de la detención y cuando los mismos jóvenes son trasladados ya en la patrulla, la cual es seguida por el vehículo Jetta, para entonces conducido por un elemento de la policía estatal. El Fiscal de Veracruz afirma contar con el testimonio de un testigo que afirma que los jóvenes fueron entregados a miembros de la delincuencia organizada. Desde entonces se desconoce su paradero.

La desaparición forzada es un delito que no sólo priva de la libertad a una persona y destroza la tranquilidad sus familiares. Es un crimen que pone de manifiesto la descomposición de un gobierno porque el delito es cometido por un agente del Estado. En este caso, por policías que prometieron cumplir la ley y proteger a la sociedad.

La tragedia para los familiares y el agravio al Estado de Derecho son aún más indignantes y graves cuando el gobierno local trata de minimizar lo ocurrido y reducir el problema a siete elementos policiacos corruptos.

Uno de los mayores errores políticos que puede cometer un gobierno es no reconocer la gravedad de un problema, y eso es justamente lo que está haciendo el gobierno de Veracruz. Reducir la magnitud real de un acto de corrupción es una forma clara de eludir la rendición de cuentas ante la sociedad y otros actores políticos para no asumir las responsabilidades públicas que correspondan. Es una manipulación que no ayuda a resolver la tragedia y que, en cambio, le resta aceleradamente credibilidad al gobierno.

Si el gobierno de Veracruz está más ocupado en instrumentar un control de daños para proteger la imagen del mandatario estatal que en desplegar una investigación profesional y expedita que conduzca a la localización de los jóvenes desaparecidos, es claro que dicha administración es incapaz de dos cosas, igualmente importantes para la seguridad de los veracruzanos: Uno, de solucionar la grave violación a los derechos humanos que es la desaparición forzada de estos cinco jóvenes; y dos, construir la condiciones institucionales para que estos deleznables hechos no vuelvan a ocurrir.

El tratamiento de esta tragedia debe ser propio de un régimen democrático, bajo los siguientes elementos:
1.- La investigación debe ser realizada por una dependencia con las capacidades institucionales que permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar CON VIDA a los 5 jóvenes desaparecidos. Esta investigación debe efectuarse con el mayor rigor técnico y científico para asegurar su confiabilidad, de tal forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas.

2.- Debe darse una protección eficaz a los familiares de las víctimas que asegure su derecho a la verdad, a la tutela judicial, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.

Por la forma en que se ha conducido el gobierno de Veracruz ante este hecho, es claro que las instituciones locales de procuración de justicia carecen de la capacidad y credibilidad para conducir una investigación que cumpla con estas condiciones. La única salida es que la Procuraduría General de la República, a partir de la averiguación previa que ya abrió sobre este caso, lo atraiga totalmente y asuma el compromiso de realizar una investigación técnica que garantice el cumplimiento de las condiciones ya mencionadas.

3.- Por último, los hechos de Tierra Blanca, Veracruz, junto con otros lamentables casos de desaparición forzada que se han presentado en el país hacen evidente la carencia de una Política Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada, la cual obligue bajo un marco legal adecuado a las autoridades federales, estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de la comisión de este delito en instituciones de seguridad, para que sean atendidos y erradicados, el cual vaya acompañado de un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades institucionales y por el otro permita la corrección de dichas debilidades. Para colaborar en este esfuerzo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática impulsará la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente la desaparición forzada cometida en agravio de cinco jóvenes por elementos de la policía estatal, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar, dentro de la averiguación previa abierta con motivo de los hechos en Tierra Blanca, Veracruz, las diligencias que permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar con vida a los 5 jóvenes desaparecidos. Estas actuaciones deben efectuarse con el mayor rigor técnico, legal y científico para asegurar su confiabilidad, de tal forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que impulse el debate, diseño e implementación de Política Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada, la cual obligue bajo un marco legal adecuado a las autoridades federales, estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de la comisión de este delito en instituciones de seguridad, para que sean atendidos y erradicados, el cual vaya acompañado de un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades institucionales y por el otro permita la corrección de dichas debilidades

Suscriben.





 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y promover el Tratado de Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta los intereses nacionales. Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo Rural; de Energía; de Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de Justicia; y de Fomento Económico.

MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PARA EXHORTAR A QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE ABSTENGA DE IMPULSAR Y PROMOVER, A ESPALDAS DEL PUEBLO DE MÉXICO, EL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA (TPP), SIN TOMAR EN CUENTA LOS INTERESES NACIONALES, Y SIN QUE SE DEBATA AMPLIAMENTE SU CONTENIDO EN EL SENO DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA QUE ÉSTA APRECIE CABALMENTE SUS CONSECUENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Asociación Transpacífica  ha sido presentado como un modelo de tratado del Siglo XXI lo que es totalmente falso. Es un acuerdo negociado por cabilderos de las empresas trasnacionales en el más absoluto secreto, a espaldas de los ciudadanos y de los parlamentarios, que son los representantes de los pueblos.

Los Capítulos y Anexos que integran el texto del TPP contienen disposiciones contrarias y violatorias a cualquier régimen político republicano, la pretensión de concentrar las facultades legislativas y judiciales en instancias del poder ejecutivo y de tribunales supranacionales para dirimir controversias inversionista-Estado, violentan la soberanía de los Estados y de sus pueblos, pues además existe la pretensión de modificar nuestras normas y régimen jurídico nacional conforme los propósitos y exigencias del Tratado.

Es contrario al principio de justicia  el conceder derechos a las corporaciones  que son vinculantes para los Estados, mientras al ejercicio de los derechos humanos integrales se les ubica en la condición de cumplimiento voluntario, como reiteradamente se establece en los textos del TPP, soslayando los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que da primacía a los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas.

El TPP atenta contra los derechos laborales, salario digno, estabilidad en el empleo y seguridad social, pues genera escenarios de incertidumbre en las condiciones de los trabajadores y vulnera la auténtica representación laboral democrática. Se agudizará la concentración de la riqueza generando desempleo, precarización del trabajo y desigualdad social. Por tanto, se violentarán las relaciones laborales nacionales e internacionales.

Como efectos inmediatos del TPP estará el inminente y grave deterioro de la salud de la población por la extensión de protección de los datos y de las patentes de los medicamentos, lo que tendrá como consecuencia que en los 12 países miembros, los medicamentos biológicos genéricos (de más bajo costo) demoren 8 años en estar disponibles para la población, lo que implica encarecer el acceso a la salud.

El TPP en general favorece la privatización de los servicios públicos a que tienen derecho los ciudadanos, a fin de favorecer los intereses comerciales

El TPP mantiene el modelo subdesarrollado de economías, pues establece reglas y normas de política pública, que impedirán cambios autónomos en la productividad de las naciones, especialmente para aquellas dependientes de las materias primas y de modelos primario-exportadores.

El TPP profundizará la dependencia alimentaria, la desigualdad, la pobreza, la malnutrición, el deterioro ambiental y la migración rural provocada desde antes por el TLCAN y las políticas gubernamentales a favor de las grandes corporaciones agroalimentarias y del modelo de la revolución verde. Representará una grave amenaza contra los derechos de los campesinos a intercambiar sus propias semillas y producir sus propios alimentos.

Una vez firmado el TPP, los Parlamentos no podrán modificar  sus textos y términos, pues para su ratificación, última etapa antes de que sea adoptado, los legisladores no pueden modificar una coma del texto, limitándose a su aprobación o rechazo y tampoco  podrán legislar leyes nacionales contrarias a los términos del Tratado.

EL TPP violenta el derecho a la consulta de los pueblos originarios. En sus cláusulas y contenidos no se garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, en clara violación al Convenio 169 de la OIT.

EL TPP en síntesis tiene, entre otros muchos, los siguientes inconvenientes:

1) Es parte de los acuerdos reforzados de libre comercio que han sido seriamente cuestionados por economistas, incluso de países desarrollados, como Thomas Pikkety y Joseph Stiglitz. El TPP sería la continuación de un modelo ampliamente criticado que ha incrementado las brechas de desigualdad;

2) El TPP que dice apoyarse en el libre mercado, en realidad no lo hace, porque exige a los Estados firmarlo para beneficiar a las corporaciones trasnacionales en contra de las empresas nacionales;

3)  Stiglitz precisa que el TPP no es un tratado de libre comercio, pues ya se han eliminado los aranceles. Es un arreglo en variados ámbitos económicos para beneficio de compañías transnacionales en contra de los derechos humanos económicos, sociales y ambientales;

4) El TPP tiene una finalidad geopolítica, ya que es una asociación para enfrentar la competencia China;

5)  No es un tratado de asociación por la asimetría económica y política entre los países y las corporaciones globales;

6) Las inversiones de capital se definen como expectativas de obtención de ganancias o de asunción de riesgos, aún sin inversión efectiva; los Estados pueden ser demandados ante instancias supranacionales si en sus regulaciones o decisiones entienden por inversión lo que la ciencia económica ha concebido como tal (Capítulo 1 artículo 9);

7) Las empresas trasnacionales voluntariamente, si así lo desean, pueden cumplir con las obligaciones nacionales en materia de salud y medio ambiente (Cap.9.16);

8) Se promueve la especulación con servicios financieros derivados de alta volatilidad en contra de la estabilidad financiera de los países y de las competencias de los Bancos centrales (Cap. 11.1);

9) Se restringe el acceso de instituciones financieras  para eliminar la competencia;

10) En telecomunicaciones  se  busca eliminar cualquier  regulación  (Cap.13.3), lo que dará discrecionalidad en los precios de mercado en contra de los consumidores; y

11) En compras gubernamentales, se promueven las adquisiciones discrecionales y sin licitación, para propiciar la corrupción (Cap. 15.3 y  Cap.15.10).

El teórico mexicano, Arturo Oropeza, explica cómo el gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal promotor del TPP y cómo esa negociación va más allá de los temas estrictamente comerciales y se inscribe en las lógicas del conflicto geopolítico entre el gobierno chino y el norteamericano. Oropeza ilustra con once preguntas esa tensión: “1. ¿El TPP forma parte de la lucha de Occidente frente Asia del este por la supremacía del siglo XXI?, 2. ¿Es una confrontación entre países o civilizaciones?, 3. ¿El TPP es parte de las primeras expresiones geopolíticas del traslado de una Era del Atlántico a una Era del Pacífico?, 4. ¿Representa el fin del autismo norteamericano respecto al heterodoxo dinamismo chino?, 5. ¿Es parte de la lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo del siglo XXI?, 6. ¿Es la respuesta de Estados Unidos a la penetración de China en América Latina?, 7. ¿Es una estrategia paralela de Estados Unidos ante el congelamiento de la Organización Mundial de Comercio?, 8. ¿Es una embestida norteamericana para ampliar la protección de su sector de servicios sin renunciar a sus privilegios en el sector agrícola?, 9. ¿Es una propuesta alterna a la OMC para extender los derechos de las compañías norteamericanas en materia farmacéutica, tecnologías de la información y propiedad intelectual en general?, 10. ¿Es la novación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante la pasiva mirada de México y Canadá?, 11. ¿Es la ampliación del TLCAN sin necesidad de ajustar los desbalances registrados en los últimos veinte años?” [*].

Lo expuesto por Oropeza nos ayuda a entender cómo los proyectos geopolíticos de las grandes potencias están vinculados a la manera en la que se desenvuelve la globalización mundial, de arriba hacia abajo, desde una visión elitista, en donde lo fundamental es el acrecentamiento del poder de la respectiva potencia y los beneficios para las élites económicas mundiales que sostienen esas concepciones hegemónicas. En los proyectos geopolíticos no importan los beneficios para las sociedades nacionales ni los derechos fundamentales de las personas.

Por lo anterior, exigimos al Titular del Ejecutivo Federal que se abstenga de continuar promoviendo un Tratado a espaldas del pueblo de México, que vulnerará, de ser aprobado, los derechos humanos de los mexicanos. Al mismo tiempo, exigimos un gran debate nacional sobre el TPP para que los mexicanos sean conscientes de las consecuencias nefastas que éste tendría en caso de entrar en vigor.

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Para exhortar a que el titular del Poder Ejecutivo Federal se abstenga de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México el Tratado De Asociación Transpacífica (TPP), sin tomar en cuenta los intereses nacionales, y sin que se debata ampliamente su contenido en el seno de la sociedad mexicana para que ésta aprecie cabalmente sus consecuencias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 04 de febrero de 2016.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones que permitan un suministro sostenible de agua en la entidad; asimismo, a impulsar campañas de concientización sobre el uso responsable del agua. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el estudio Agua urbana en el Valle de México : ¿un camino verde para mañana?, elaborado por el Banco Mundial, “…cerca de 33% del agua no se usa eficientemente en comparación con buenas prácticas internacionales, ya sea porque los niveles de pérdidas físicas y comerciales en los sistemas de agua (570 a 650 litros diarios por toma), son superiores a las buenas prácticas internacionales (menos de 125 litros diarios por toma), o porque los usuarios finales consumen volúmenes mayores (300 litros diarios por persona) a los que se consumen en otras ciudades comparables.”

En la Ciudad de México, existen marcados contrastes en el suministro y calidad del agua entre delegaciones, mientras que en Iztapalapa se proveen 238 lt/hab; Miguel Hidalgo recibe el doble en promedio, a pesar de que su población representa el 20% de los habitantes de Iztapalapa. [*]

Actualmente, 260 colonias reciben el suministro de agua por tandeo, siendo la delegación Tlalpan la que tiene el mayor número de colonias que padecen escasez de agua, 95 en total; le sigue Iztapalapa con 60; Magdalena Contreras con 27; y Gustavo A. Madero con 21. [*]

Se estima que la población destina 28 mil 168 millones del ingreso familiar anualmente para compensar las deficiencias del servicio, y en particular la ausencia de continuidad, la limitada cobertura de drenaje y la falta de tratamiento de las aguas servidas. [*]

Los retos para el suministro de agua en la Ciudad de México son mayúsculos, pues de acuerdo a diversas estimaciones, de no tomar las medidas necesarias que hagan eficiente su suministro y reduzcan sus pérdidas, las fuentes de abasto no serán suficientes y sólo podrán cubrir la demanda en un 50%, en virtud de que actualmente representan 45,6 m3/s y la demanda futura será de alrededor de 91,8 m3. Además, 23% provendrá de la sobrexplotación de los acuíferos, lo cual incrementará los costos, para cubrir el 27% restante será necesario buscar nuevas fuentes. [*]

A parte de las acciones institucionales, también es necesario que la población contribuya a disminuir el desperdicio de agua, acciones de este tipo pueden reducir la demanda “normal” en un 68%, mientras que un uso negligente puede elevarla hasta un 87%. [*]

Además de estas acciones, resulta necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reduzca de manera significativa las pérdidas de agua que se generan en la infraestructura hídrica, solo de esta manera podemos aspirar a un uso sustentable del agua, que garantice su abasto a futuras generaciones.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el mayor consumo y desperdicio se presenta en las casas habitación, en donde se llegan a ocupar hasta 350 litros por persona, por día, tres veces superior al consumo sugerido de 110 litros por persona.

Es impostergable consolidar un modelo sustentable para el suministro del agua que permita garantizar un acceso a todos los habitantes de la Ciudad de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce las acciones que permitan un suministro sostenible de agua en la entidad. Asimismo, para que impulse campañas de concientización sobre el uso responsable del agua.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 04 febrero de 2016.

Atentamente.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar y prevenir a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso del Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad, para contratar deuda de corto plazo hasta por un 6 por ciento de los ingresos totales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

El que suscribe, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU RECHAZO Y PREOCUPACIÓN POR LA DETENCIÓN DE LA DIPUTADA ARGENTINA MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA, INTEGRANTE DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, PARLASUR DETENIDA EL 16 DE ENERO DE 2016 EN SU DOMICILIO, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Milagro Amalia Ángela Sala es dirigente de la agrupación barrial Túpac Amaru, desde la cual han construido escuelas donde se imparten estudios primarios y secundarios con más de 150 profesores pagados por esa organización.

En materia de salud crearon dos Centros de atención médica con 42 doctores, además del Centro Integral de Rehabilitación para Personas con Discapacidad con atención gratuita también financiados por Túpac Amaru.

Con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina constituyeron seis fábricas que actualmente emplean a 600 ex desocupados, en los ramos textiles y de construcción.

Desde el 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner implementaron programas para la construcción, con el cual, han levantado 3,800 viviendas para personas de bajos ingresos económicos.

En el año 2013 en plena campaña por la Diputación Provincial fue baleada junto a un grupo de militantes y simpatizantes, en una emboscada con el objetivo de asesinarla; como parte de las averiguaciones, solicitó a la Justicia Provincial que investigara al Senador Radical Gerardo Morales, quien obstruyó las investigaciones.

Milagro Amalia Ángela Sala formó parte de la Legislatura Provincial de Jujuy por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy de diciembre del 2013 a noviembre de 2015 y más adelante fue electa para formar parte del Parlamento del Mercosur (Parlasur) del 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre del 2019.

El Parlamento del Mercosur está integrado por 188 miembros de los cuales 76 representan a Brasil, 43 de Argentina, 33 a Venezuela, 18 de Uruguay y 18 parlamentarios de Paraguay. Fue constituido el 6 de diciembre de 2006, sustituyendo a la Comisión Parlamentaria Conjunta.

El 14 de diciembre de 2015 la diputada del Parlasur participó en una manifestación en la Plaza Belgrano de la capital jujeña frente a las oficinas de Gobierno Provincial para rechazar el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales e instalaron un campamento para exigir un diálogo con el gobernador que fue ignorado.

Un mes después el 15 de enero de 2016, el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales, miembro de la Unidad Cívica Radical desconoció la personalidad jurídica de la Organización Túpac Amaru, cerrando además sus cuentas bancarias, bajo el argumento de haber cambiado su objeto social.

Finalmente, el sábado 16 de enero de 2016, la fiscal Liliana Fernández Montiel imputó penalmente a la diputada Sala por fraude a la administración pública y asociación ilícita, otorgando la orden de allanamiento a su domicilio por la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy, en busca de documentación impresa e informática que relacionara a la dirigente social con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), por el supuesto cobro irregular de cheques como anticipo de obras de construcción de viviendas sociales.

En el decreto No. 402-G, del expediente No. 0400-2829/16 signado en San Salvador de Jujuy el 12 de enero de 2016 por el gobernador Rubén Morales y publicado en el Boletín Oficial No. 5-13/01/16, el cual expone textualmente en los considerandos que el campamento instalado por parte de las organizaciones sociales constituye “el ejercicio abusivo de los derechos”.

Las decisiones del gobernador provincial Gerardo R Morales y las acciones de la justicia provincial para detener a la Diputada Milagro Amalia Ángela Sala, han sido objeto de las más enérgicas protestas a nivel internacional.

Así lo consigna la carta firmada en Estrasburgo el 21 de enero de 2016 por los eurodiputados de al menos nueve países (España, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda y Portugal) expresando su rechazo a la arbitraria detención y evidenciando la violación a sus derechos humanos, exigiendo su liberación inmediata y concluir la persecución de dirigentes y activistas.

Decenas de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos han rechazado la detención de la dirigente. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó el arresto como un "gravísimo precedente de criminalización de la protesta", de la misma forma, Amnistía Internacional afirmó que la detención era "un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión" y exigió su inmediata liberación

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó preocupación e interés por el arresto de Sala a través de su secretario general, Luis Almagro, quien enfatizó que Milagro Sala es integrante del Parlasur.

La asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), se expresó en el mismo sentido y el diputado Guillermo Carmona ha elaborado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la Diputada Argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur Parlasur detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio.

Segundo.- El Senado de la República Mexicano, rechaza cualquier intento por violar los derechos humanos, criminalizar la protesta social en cualquier parte del continente y reprueba la censura que se pretende hacer en contra de la Diputada Milagro Amalia Ángela Sala.

Tercero.- El Senado de la República Mexicano, invita a las partes en conflicto a abrir el diálogo social para que se acabe la persecución de dirigentes y activistas políticos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 04 de febrero del 2016.

Suscribe

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las desapariciones de adolescentes relacionadas con Internet y los riesgos a los que se enfrenta el estudiantado menor ante el uso de las redes sociales. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.







 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades ambientales en relación a la afectación del manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RELACIÓN A LA AFECTACIÓN DEL MANGLAR TAJAMAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad distribuida en su territorio ya que cuenta con una gran diversidad de ecosistemas lo cuales representan un gran valor ambiental, tal es el caso de los manglares.

El manglar de acuerdo a la NOM-022-SEMARNAT-2003 es una comunidad arbórea y arbustiva de las regiones costeras tropicales y subtropicales, compuestas por especies halófitas facultativas o halófilas que poseen características ecofosiológicas distintivas como raíces aéreas, viviparidad, filtración y fijación de algunos tóxicos, mecanismos de exclusión o excreción de sales.

Los manglares son bosques pantanosos que albergan una gran cantidad de especies animales y vegetales que aportan un importante servicio ambiental destacando los siguientes:

• Desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje.

• Contribuyen a la purificación del aire.

• Contribuyen a la captación y almacenamiento de reservas hídricas.

• Desempeñan una función importante en la depuración del agua eliminando las altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, así como en algunos casos productos químicos tóxicos.

• Son el hábitat de organismos acuáticos, anfibios y terrestres, particularmente son hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias.

• Constituyen un sitio de refugio, anidación, crecimiento y alimentación para la biodiversidad marina y terrestre.

• Ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.

En términos ecológicos, la afectación a una zona de manglar genera múltiples consecuencias y por supuesto un daño importante para la diversidad de especies, los efectos de su degradación repercuten de manera significativa sobre el deterioro de la pesca ribereña.
Es importante reiterar que los manglares contribuyen a recargar acuíferos subterráneos que almacenan la mayor parte de las aguas dulces no congeladas del mundo, considerando que en México tenemos el problema de la sobre explotación de los mantos acuíferos.

Hace algunos días, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se denunció un desmonte de manglar en el complejo Malecón Tajamar de Cancún, de acuerdo a las acusaciones de la sociedad civil, en el proceso existen numerosas anomalías, de tal suerte que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su momento clausuró la obra que ha ocasionado un severo daño ambiental. Al respecto el director jurídico de Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), Manuel Mercado Béjar, negó hablar de un daño ambiental con el desmonte hecho hace unos días.

Cronología del caso en la afectación del Manglar Tajamar:

1. El 19 de julio de 1996 se emitió el Decreto Presidencial para la creación del Área Natural Protegida denominada “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc” ubicado en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo. el área comprende una superficie total de 8,673-06-00 hectáreas, distribuidas en tres polígonos separados que se describen por sus coordenadas geográficas extremas en el propio Decreto. Polígono 1. Costa occidental de Isla Mujeres, superficie de 2,795-48-25 hectáreas. Polígono 2. Punta Cancún, superficie de 3,301-28-75 hectáreas. Polígono 3. Punta Nizuc, superficie de 2,576-29-00 hectáreas.

2. El 7 de junio de 2000, La Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca determinó recategorizar a esta Área Natural Protegida con el carácter de Parque Marino Nacional. El objetivo principal de mantener esta área fue proteger a la fauna y flora (especialmente al mangle rojo, blanco y negro) del impacto de la construcción de infraestructura de turismo, como de la tala clandestina.

3. El 28 de julio de 2005, tras haberse gestionado los permisos correspondientes ante la SEMARNAT, se otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización.

4. El 11 de febrero de 2009, se gestionó la ampliación del plazo de dicha autorización de impacto ambiental ante la SEMARNAT.

5. El 23 de marzo de 2011, se otorgó la ampliación de cambio de uso de suelo en favor de FONATUR, con fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2016.

6. Con fecha del 19 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción 68269 con folio 2191, expedida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecológico, Rolando Melo Novelo en favor del Grupo Empresarial RIU.

7. Este hecho provocó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y un colectivo de organizaciones ciudadanas, denominada Red Ciudadana por la Defensa y Restauración del Manglar Tajamar, a través de diferentes acciones y medios, protestaran y exigieran al presidente de la República dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la renuncia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y fincar responsabilidad al gobernador de Quintana Roo y al presidente municipal de Benito Juárez (Cancún).

Ante estos hechos, es indispensable contar con un informe que justifique la autorización de estos proyectos, la revisión minuciosa respecto a la actuación de los funcionarios públicos involucrados durante la emisión de estos permisos.

Al respecto la Legislación ambiental establece disposiciones claras para proteger a los manglares, tal es el caso de la Ley General de Vida Silvestre, que en su artículo 60 TER, establece la prohibición de la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

De igual forma la legislación penal contempla sanciones por el daño a los manglares, concretamente el Artículo 420 Bis del Código Penal Federal establece que se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Por su parte las autoridades en materia ambiental tienen la encomienda de proteger los ecosistemas de nuestro país y su biodiversidad.

Ante ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo quinto establece como facultades de la Federación, ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

• La protección y la preservación de la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia.

• La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere la Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

• La aplicación de los instrumentos de la política ambiental así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal.

• La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.

• El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal.

La propia ley establece que, la manifestación del impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

• Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

• Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

• Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

• Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

• Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo las siguientes facultades:

• Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

• Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas.

• Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales.

• Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo soliciten.

• Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia.

Como ya lo he mencionado, nuestro país es reconocido a nivel internación como poseedor de un importante patrimonio ecológico, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.

La que suscribe comparte la preocupación de las organizaciones civiles que denunciaron la afectación al Manglar Tajamar, por proteger la biodiversidad de estos, por ello considero oportuno y necesario solicitar la intervención de la autoridad ambiental para que realicen las diligencias necesarias en la protección del manglar e investiguen el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales y en su caso sancione las conductas que infrinjan dicha normatividad, solicitando también que nos informen de todo ello.

Debemos velar por la integridad de los manglares, protegiendo y en su caso, restaurando sus funciones hidrológicas, el mantenimiento de su biodiversidad, evitando su deterioro por la intervención del hombre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como al titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias remitan con la mayor brevedad posible a esta Soberanía, un informe detallado respecto de la manifestación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, los permisos para la construcción del complejo inmobiliario y los daños al ecosistema por el desmonte del manglar en el Malecón Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes a su cargo, revoque las autorizaciones y permisos que permitieron el desmonte y afectación del manglar en el Malecón Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una investigación exhaustiva, interpongan las denuncias e imponga las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental por el daño provocado al manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 04 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al procedimiento de sustitución de un Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Se turna a la Junta de Coordinación Política.







 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, al Consejo de Seguridad Pública del mismo estado, así como a los once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de vigilancia y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones, respectivamente. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo referente a la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el rescate financiero de PEMEX. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inicie el procedimiento de declaración de procedencia, para desaforar y separar de su cargo al Diputado Federal Antonio Tarek Abdalá Saad, con el fin de que responda jurídicamente ante las autoridades competentes. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad en los medicamentos. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a investigar y sancionar a los responsables del ecocidio que se está llevando a cabo en el manglar Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y se conforme una comisión con expertos que colaboren en los trabajos de recuperación y regeneración ambiental de dicho manglar. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por la devastación ambiental ocurrida en el manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben Luz María Beristain Navarrete, Rabindranath Salazar Solorio, Senadores de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1, fracción II;76, Numeral 1, Fracción IX y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República cita a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por la devastación ambiental ocurrida en el Manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El miércoles 5 de agosto de 2015, la suscrita Senadora Luz María Beristain Navarrete presentó un punto de acuerdo en la comisión permanente del congreso de la unión a que la SEMARNAT exhibiera la Manifestación de impacto ambiental correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dicha propuesta fue aprobada, sin embargo ya son más de 5 meses y aun el Senado de la República no ha recibido respuesta.

Ante la nula cooperación de las autoridades, el miércoles 13 de enero de 2016 decidí volver a presentar otro punto de acuerdo junto con la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convocando a los titulares de la SEMARNAT, la PROFEPA y el FONATUR a reunirse en el Senado de la República para solucionar la devastación ambiental del manglar Tajamar, dicho punto de acuerdo fue aprobado con modificaciones exhortando solo a que la SEMARNAT exhiba la Manifestación de Impacto Ambiental al Senado de la República.

En base a la lucha por la protección de los recursos naturales y a que esa petición ya se había aprobado desde el año pasado sin haber una respuesta de por medio, celebro que se reitere la solicitud, sin embargo cabe la posibilidad de que la MIA nunca llegue al Senado de la República, por lo que es necesario que las autoridades competentes comparezcan a la brevedad, además de que la MIA es solo una premisa de varias para poder llegar a la verdad y a la justicia del caso de tajamar.

Debemos exigir se sancione a quien corresponda lo antes posible, ya que exhibir la MIA no es solucionar el conflicto de fondo y evidentemente necesitamos soluciones tangibles que den respuesta a la demanda de los mexicanos.

Cabe destacar que ante el hecho notorio de que el manglar del malecón tajamar fue devastado, diversas especies de fauna fueron mutiladas con las maquinas que arrasaron hectáreas de manglar, la PROFEPA ha hecho comunicados en el que asegura que no hubo ecocidio, ni que había presencia de cocodrilos, iguanas, cangrejo azul u otras especies, según el resultado de una reciente inspección realizada en el lugar de los hechos, sin embargo es necesario se realicen las investigaciones y peritajes suficientes.

Sin duda es una problemática la que se aborda en este punto de acuerdo que no ha quedado esclarecida, por ello se debe sostener una reunión con las autoridades involucradas en el seno de la comisión de medio ambiente y recursos naturales del Senado de la Republica para esclarecer la situación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer de forma detallada el conflicto actual suscitado por la devastación ambiental ocurrida en el Manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 04 de febrero de 2016.

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a reforzar las campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de productos y servicios financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cotidianamente el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de los ciudadanos, son vulnerados por parte de particulares que promocionan productos o servicios no deseados mediante llamadas telefónicas.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que de cerca del 90% de las multas que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impuso a particulares por infringir diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), fueron para las empresas telefonía celular, de servicios financieros y de seguros.1

Entre las principales faltas en las que incurrieron los particulares destacan las siguientes: un tratamiento indebido de los datos personales; transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular; cambiar sustancialmente la finalidad originaria de tratamiento de los datos; actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando existan total o parcialmente en las bases de datos del responsable.

A fin de garantizar el derecho a la privacidad de los consumidores que no desean recibir publicidad con fines de mercadeo mediante llamadas telefónicas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) instrumentó el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), el cual brinda a la ciudadanía la oportunidad de evitar las llamadas de telemercadeo que reciben en su número telefónico, fijo, fax o celular.

Una vez que un número se encuentra registrado, los proveedores y empresas tendrán hasta 30 días a partir de la inscripción para dejar de realizar llamadas. No obstante, hasta julio de 2015, el REPEP tenía registrados a cerca de 345 mil números telefónicos2, cifra que representa el 0.29% de las casi 121 millones de líneas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones estimaba que existían en el país al cierre de 2014.

Este hecho demuestra que a la mayor parte de la población le ha sido vulnerada su privacidad por empresas particulares que hacen un uso indebido de su información personal, situación por la que resulta impostergable que la PROFECO realice una campaña informativa.

Conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores están obligados a no llamar ni enviar mensajes con fines publicitarios o de mercadotecnia a aquellos números que están inscritos en el REPEP. El incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado por la PROFECO con multas que van de los 411 pesos hasta un millón 317 mil 141 pesos.3

Es importante resaltar, que El REPEP solo permite evitar y recibir publicidad por parte de los proveedores del sector de Telecomunicaciones, Turístico y Comercial, es decir, no cubre a las empresas que ofrecen información de productos o servicios financieros.

En esta última situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), protege a la ciudadanía con el Registro Público de Usuarios que no desee información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS).

La CONDUSEF señala que el REUS, es un padrón que contiene información personal de los Usuarios del Sistema Financiero Mexicano, que no desean ser molestados con publicidad y promociones por parte de las Instituciones Financieras en sus prácticas de mercadotecnia. Asimismo, indica que este registro no contempla llamadas de servicio de cobranza, encuestadores telefónicos ni llamadas con fines políticos, de caridad o beneficencia.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 94, fracción XII,  establece una Multa de 250 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita persona cualesquiera publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que expresamente hayan solicitado que no se les envíe.

Nuestro país cuenta con los instrumentos jurídicos que garantizan la privacidad  de los ciudadanos, así como cualquier uso indebido de su información personal, no obstante el desconocimiento de éstas, los coloca en situación de vulnerabilidad ante las empresas de mercadeo, por ello es apremiante que la ciudadanía conozca y ejerza los instrumentos que le permitan hacer efectivo su derecho a la protección de datos personales y a la privacidad.

Para el grupo parlamentario del PRI resulta prioritario erradicar cualquier uso indebido de los datos personales en posesión de particulares, en virtud que este tipo de conductas pueden afectar el patrimonio y la integridad de los ciudadanos.
De igual forma, es preciso que Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 04 de febrero de 2016.

Atentamente.

1 Informe de Labores 2014, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, <http://inicio.inai.org.mx/Informes%202014/Informe%20de%20labores%202014.pdf> Consultado el 3 de febrero de 2016.

2 En sólo dos meses se registran 19 mil números telefónicos al RE
PEP: PROFECO <http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/agosto15/bol0054.asp>  Consultado 3 de febrero de 2015.

3 <http://repep.profeco.gob.mx/Sanciones.jsp> Consultado el 3 de febrero de 2016.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a considerar nuevas estrategias para aumentar la captura de divisas ante el contexto global de volatilidad y devaluación del peso. Se turna a la Comisión de Turismo.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En declaraciones recientes el titular de la Secretaría de Turismo,  Enrique de la Madrid anunció que para el año 2015, el sector habría captado  17,186 millones de dólares que representaría un avance en divisas, así como en número de turistas. Hay que agregar que la estrategia que inauguró la presente administración se centró en lograr un aumento del gasto promedio por visitante extranjero ofreciéndole ventajas si ampliaba su recorrido más allá del destino original de llegada.

Pero a esta importante captación de recursos hay que disminuirle los que se usan por parte de viajeros mexicanos al extranjero, lo que arroja la denominada “balanza turística”, que para el año 2015, ofrecería 7,116 millones de dólares a favor, representado un crecimiento de 7.7 por ciento en referencia al año anterior.

Sin embargo, y no obstante estos resultados, hay algunas consideraciones de contexto macroeconómico y global que obligan a tener que adoptar medidas adicionales para hacer más exitoso el modelo turístico vigente.

2.- Así tenemos,  resultado de la volatilidad financiera mundial,  hay un colapso de los precios internacionales petroleros que aunado a la caída de la producción nacional de hidrocarburos están generando comportamientos negativos en la balanza petrolera. Para el año 2015, hay un déficit por 9,855 millones de dólares en ella.  Esta cifra deficitaria, registra un ingreso por exportaciones de 23,422 millones  de dólares; contra un egreso por importaciones equivalente a 33,298 millones de dólares. Esto no se presentaba cuando menos hace dos décadas.

En la actualidad, el precio del barril de la mezcla mexicana ha disminuido a niveles de 21 dólares, y las coberturas contratadas llegarán solo a cubrir hasta 49 dólares. Sin embargo la falta de mayores ventas ponen en serio riesgo las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), de manera particular la deuda de corto plazo a proveedores que para el año pasado ascendió a 68 mil 927 millones de pesos. Y que parte importante de ella tendría que ser pagada en dólares.

Esto pone en riesgo financiero a Pemex, y preocupa porque la pregunta por responder  es de donde se podrían obtener estos faltantes en dólares, cuando se tiene la permanencia de una desaceleración de la economía estadounidense.

3.- Lo último impacta a México;  se muestra en la balanza comercial, en su totalidad. Hay un déficit de 14, 460 millones de dólares, es decir las importaciones son superiores a las exportaciones. Esto debido a que la economía estadounidense captura todavía un 85 por ciento de las exportaciones mexicanas, y un crecimiento dinámico de ella no se observa a la fecha.

Con lo cual, el panorama de conseguir balanzas externas positivas, se complica. Inclusive en sectores como el agropecuario donde las exportaciones aumentan (12 por ciento) pero las importaciones de alimentos aumentan más y generan  déficit en la balanza agropecuaria.

4.- La problemática de escasez de superávits en importantes y diversas sub balanzas comerciales, deja una importante brecha de dólares faltantes,  que presiona fuertemente al alza en el tipo de cambio, y a la urgencia de encontrar nuevos caminos de captura de divisas.

La estructura de economía formal  de obtención de dólares, de manera positiva, para la economía mexicana, tradicionalmente se ha sustentado, en los últimos 20 años, en petróleo, remesas y de manera complementaria en turismo.

Respecto al petróleo se tuvo la capacidad de sustentar el presupuesto público en casi 40 por ciento, pero ahora ha bajado a la cantidad de 19 por ciento. Las remesas también tienen un nivel relevante; al alcanzar niveles superiores a 20 mil millones de dólares anuales Y el sector turismo ha venido ocupando más espacios con una cantidad creciente de divisas, algo loable pero que es insuficiente. Sin duda debe de crecer mucho más y más rápido dadas las circunstancias actuales ya citadas arriba; y dado que la depreciación del peso ofrece grandes ventajas para atraer el turismo internacional.

5.- Es necesario recordar que aproximadamente desde finales de los años cincuentas México definió una trayectoria prioritaria de captura de dólares por medio del sector turismo, constituyéndose por varios años en la primera fuente de divisas para el país;  logro alcanzado debido a una amplísima estrategia gubernamental que incluyó la creación de Centros Integralmente Planeados (CIPs) como fue el caso de Cancún, y de instituciones promotoras y financiadoras como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y de una serie de medidas novedosas pero que fueron perdiendo importancia cuando el petróleo se convirtió en el primer generador de divisas a partir de 1978 aproximadamente.

Esto se terminó, y urge nuevas estrategias funcionales, eficaces e inmediatas que produzca resultados no solo para cubrir los faltantes sino también para la  expansión económica.

Por lo anteriormente expuesto,

PUNTO DE ACUERDO

Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta  al titular de la Secretaría de Turismo a considerar  nuevas estrategias para aumentar la captura de divisas ante el contexto global de volatilidad y devaluación del peso.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que detalle con soporte documental el presupuesto asignado, los procesos administrativos realizados y la ejecución de los recursos destinados para los viajes que realizó Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno durante la administración 2000-2005. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, está a favor de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Todo régimen democrático debe estar sustentado en una administración eficaz y eficiente de no hacerlo, nuestras instituciones de administración y procuración de justicia están facultadas para sancionar conforme a derecho cualquier uso indebido o irregularidad.

Diversos medios de comunicación documentaron en días pasados que el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con el soporte documental que certifique los montos erogados de los viajes que realizó Andrés Manuel López Obrador durante su administración como jefe de Gobierno, lo cual representa una falta grave a nuestro marco jurídico y una ausencia de transparencia que debe ser solventada sin dilación alguna para que las autoridades determinen y deslinden responsabilidades por el uso indebido de los presupuestos públicos1.

Enfatizan en que de acuerdo con la respuesta del área de trasparencia de la Capital, con folio 01000000182215, la subdirección de Asuntos Financieros informó que los archivos ya no se conservan y que es responsabilidad de la Coordinación General de Modernización Administrativa, perteneciente a la Oficialía Mayor, dar la autorización de viáticos y viajes a los funcionarios públicos.

En el documento con folio 0114000260915, indica que “No se localizó información alguna que acredite los viajes oficiales nacionales e internacionales realizadas a partir de diciembre de 2000 a diciembre de 2005, a cargo Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, en los cuales la Oficialía Mayor hubiera tenido que autorizar viáticos y pasajes”.2

Es importante destacar que la mencionada falta de transparencia, no es un acontecimiento aislado, sino que forma parte de una serie de hechos recurrentes por parte de Andrés Manuel López Obrador que inhiben la rendición de cuentas, basta mencionar que no conocemos con qué recursos pago los 19 viajes reportados al interior del país en 2014, así como un viaje internacional a Europa.

En particular a la gira del 11 al 17 de octubre de 2015 por Roma, Italia, París y Francia, la información vertida por el Sistema de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, concluye que sólo el boleto de avión costó más de 84 mil pesos; por otra   parte, los gastos de hospedaje, viáticos y alimentación, no fueron entregados por el partido Morena conforme a derecho y en los plazos requeridos por el instituto electoral3.

Por si esto no fuera suficiente, Andrés Manuel López Obrador se encuentra permanentemente realizando salidas al interior de la República Mexicana, ejemplo de ello, es que del 11 al 17 de enero del 2016, visitó diversas comunidades en el estado de Oaxaca como Huajolotitlán, Teposcolula, Tamazulapan, Asunción Cuyotepeji, Suchiltepec, Ayuquilillla, Mariscala de Juárez y Tezoatlán, sin que informe su gasto, las personas beneficiadas y los contratos adquiridos en su transporte, hospedaje y alimentación.

Es de vital importancia que se cumpla lo dispuesto en el artículo sexto constitucional que obliga bajo el principio de máxima publicidad a todos los partidos políticos a transparentar el uso, ejercicio y destino de los recursos públicos que recibe del Estado Mexicano y documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

En el PRI, daremos especial seguimiento a este asunto que evidencia la falta de transparencia en la administración capitalina y coadyuvaremos para que se cumpla con lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que instituye en su artículo 134 que los recursos de las entidades federativas, deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir con los fines para los cuales fueron destinados.

En consecuencia, desde esta Soberanía, contribuiremos a fomentar y consolidar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, por ello, son fundamentales la aprobación de estas medidas que permiten la observancia y cumplimientos de estos principios democráticos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Oficialía Mayor, presente ante esta Soberanía un informe en el que detalle con soporte documental el presupuesto asignado, los procesos administrativos realizados y la ejecución de los recursos destinados para los viajes que realizó Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno durante la administración 2000-2005, debido a diversas irregularidades, poca transparencia y presunto ejercicio indebido de recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 04 febrero de 2016.

Atentamente.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar el contrato derivado de la licitación APP-919043988-C3-2014 del proyecto hidráulico “Monterrey VI”. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.







 

Del Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para sustituir el nombre de “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México” en la placa ubicada en el patio del edificio de Xicoténcatl, así como en el respectivo escudo que se encuentra en el Patio del Federalismo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El suscrito Raúl Cervantes Andrade, senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95; 231, numeral 1, fracción II, 276, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE, EN CEREMONIA ESPECIAL, EL NOMBRE DE “DISTRITO FEDERAL” QUE APARECE EN LA RESPECTIVA PLACA DEL PATIO CENTRAL DE LA ANTIGUA CASONA DE XICOTÉNCATL, ASÍ COMO EN EL ESCUDO DEL DISTRITO FEDERAL UBICADO EN EL PATIO DEL FEDERALISMO DE LA ACTUAL SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SEA SUBSTITUIDO PARA INSERTAR EN SU LUGAR EL DE “CIUDAD DE MÉXICO”, con sustento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antecedentes de la Ciudad de México, se remontan al año de 1824, año en el cual el Congreso Constituyente decretó que en su territorio habrían de residir los Poderes de la Unión. A partir de ahí, y salvo situaciones excepcionales acontecidas durante el convulso siglo XIX, la capital de la República se ha mantenido como el asiento de los Poderes Federales, situación que orilló a establecer un régimen jurídico y político particular para el conocido como “Distrito Federal”.

El que los Poderes de la República se asentaran en el territorio de la Ciudad de México, fue un hecho que condicionó y configuró, en gran medida, su historia política y la de sus instituciones. Por tal motivo, y debido a la necesidad de salvaguardar y garantizar la integridad de los Poderes de la Unión, se consideró indispensable otorgar al Congreso General la facultad de determinar todo aquello concerniente al Distrito Federal, situación que así se plasmó mediante una reforma a la fracción VI del artículo 72 de la Constitución de 1857.

Tal situación se mantendría incluso, en la Constitución de 1917, al quedar consagrado en el artículo 73, que el Congreso General sería el único facultado para legislar en todo lo relativo al Distrito y los Territorios Federales, quedando establecido que el gobierno del primero estaría a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de los órganos que se establecieran en la ley respectiva.

De esta forma, la jurisdicción exclusiva y excluyente que ejercían los poderes federales en el territorio de la capital del país, se mantendría incólume y sin mayores cuestionamientos, hasta finales de la década de 1970, época en la cual comenzaron a aparecer diversas voces que demandaban una mayor autonomía política para el Distrito Federal, así como el derecho de sus habitantes de elegir libremente a sus autoridades.

Tales exigencias comenzaron a reflejarse en sendas reformas constitucionales, comenzando por aquella publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, que dio origen a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como el primer órgano de representación de los habitantes de la capital, la que, si bien comenzó con acotadas facultades limitadas a emitir bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, adoptaría un papel relevante a partir de la reforma constitucional de 25 de octubre de 1993, pues a raíz de ella se transformaría en un órgano con facultades auténticamente legislativas, aunque acotadas a las materias que expresamente se señalaran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El año de 1996 marcaría un avance importante en la autonomía de la capital de la República, así como en los derechos políticos de sus habitantes, pues mediante el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de ese año, el Distrito Federal dejaría de considerarse como un órgano parte de la administración central del Gobierno Federal, al establecerse que el Jefe de Gobierno así como los Jefes delegacionales, serían electos mediante voto universal, libre, directo y secreto por los capitalinos. Por su parte, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal vería modificado su nombre por uno más acorde con su naturaleza y funciones, adoptando así el de Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

No obstante, a pesar de las profundas transformaciones al régimen político y jurídico del Distrito Federal acontecidas durante la década de 1990, la plena autonomía política de la capital del país seguía siendo un tema pendiente, lo que se reflejaba en hechos tan notorios, como la imposibilidad de su órgano legislativo para intervenir y pronunciarse en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello, que la reforma constitucional publicada el 29 de enero de 2016, resulta de la mayor trascendencia, pues representa la culminación de un largo proceso de análisis y debate centrado en la mejor forma de avanzar hacia la plena autonomía de la Ciudad de México, y de igualdad de derechos de sus habitantes. Con dicha reforma, la capital de la República, si bien adquiere un nuevo nombre y un estatus jurídico y político semejante al del resto de las entidades federativas, mantiene su carácter de centro de unión para los habitantes del país, pues sigue siendo la capital de todos los mexicanos.

En atención a lo anterior, y en congruencia con la reforma constitucional publicada el 29 de enero de 2016, por el que entre otros aspectos se modifica la denominación del Distrito Federal, por el de Ciudad de México, el suscrito somete a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se acuerda substituir el nombre de “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México” que aparece en la respectiva placa ubicada en el Patio Central de la Antigua Casona de Xicoténcatl, así como en la denominación “Distrito Federal” que se ubica debajo del respectivo Escudo que se encuentra en el Patio del Federalismo de la actual sede del Senado de la República en una ceremonia especial, con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior en congruencia con lo dispuesto en el Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, el 04 de febrero de 2016.

Sen. Raúl Cervantes Andrade.





 

También les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer”.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer”.

Día Mundial contra el Cáncer
04 de Febrero

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de reflexionar sobre las necesidades de contención epidemiológica a nivel mundial, así como para marcar los compromisos que como naciones se deben cumplir de manera específica.

En México el cáncer en sus múltiples variantes es un problema de salud pública; la mortalidad nacional al año 2013 ubicó a los tumores malignos como la tercera causa de muerte entre el total de la población con 75,229 defunciones en un año a causa de este padecimiento.

En un contexto más general y para dar una perspectiva más concisa, de acuerdo con Globocan 2012 de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer tiene una tasa de incidencia de 139.9 por cada 100 mil habitantes y se detectan alrededor de 82,445 nuevos casos cada año.

Por si estas cifras no fueran lo suficientemente preocupantes,  hay que añadir que el cáncer ataca indistintamente edad o condición socioeconómica, ocurriendo también en muchos casos dentro de la etapa productiva de las personas, poniendo en riesgo nos sólo la vida de los pacientes sino también la estabilidad social y económica de núcleos familiares ya que este padecimiento suele afectar los pilares económicos y productivos de quienes lo padecen. Igualmente, el cáncer tiene un fuerte componente de género; para ponerlo con más claridad, en 2013 los cánceres de mama y cuello del útero en su conjunto, fueron la primera causa de muerte en mujeres entre 25 y 64 años de edad a nivel nacional.

En este sentido y con base en el panorama epidemiológico de urgente atención en el país, resulta necesario que la Secretaría de Salud, como coordinadora del Sistema Nacional de Salud y encargada de  conducir la política nacional en materia de salud, así establecido en el artículo 7º de la Ley General de Salud, coordine las acciones de prevención, diagnóstico oportuno, atención, vigilancia epidemiológica e investigación, a través de una política pública de alcance nacional, que dicte los lineamientos necesarios y las instituciones responsables de llevarlas a cabo, con la finalidad de reducir los índices de mortalidad y morbilidad del cáncer en México.

La atención del cáncer no puede esperar, es una lucha contra el tiempo, es por ello que debe ser implementada cuanto antes una política pública de combate al cáncer, de carácter accesible y universal para toda la población con metas definidas en el corto, mediano y largo plazo.

Atentamente

H. Cámara de Senadores, el 4 de febrero de 2016.

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

RECORDAR Y CONMEMORAR: POR UN NUEVO CONSTITUYENTE A 99 AÑOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Senadora Dolores Padierna Luna

Decir Constitución de 1917, todavía hoy, es decir lucha contra la dictadura y por la democracia. Decir Constitución de 1917 también es decir justicia social, reparto agrario, trabajo digno y soberanía nacional. Conviene recordarlo este 5 de febrero, aniversario número 99 de la promulgación de una Carta Magna democrática, republicana, federal,  municipalista, nacionalista, agrarista y obrerista.

Conviene recordarlo porque son por lo menos dos los sentidos de una efeméride: recordar y con-memorar. Recordar querría decir, si atendiéramos a los orígenes, volver a pasar por el corazón. Conmemorar, hacer memoria colectivamente. La mejor forma para realizar ambos actos —la memoria colectiva y pasar un hecho por el corazón nuevamente— es ir a la historia. Si están instituidas las efemérides es para que regresemos al principio de las cosas, a su origen y sus valores: es nuestro imprescindible saber de dónde venimos para fijar la mira del porvenir. El momento de México lo requiere definitivamente.

La Constitución de 1917 fue el resultado de una revolución social y política que dio origen a un amplio Pacto alrededor de un Proyecto de Nación, el cual surgió incorporando las inercias progresistas y federales de la Constitución de 1857, pero con un carácter social mucho más avanzado que convirtió al nuevo documento, de hecho, en la primera de las constituciones sociales del siglo XX. Su primera lección es esa: del pasado se hereda lo positivo, se corrigen las perversiones y se avanza en beneficio de todos.

Su carácter avanzado fue la expresión de vidas empeñadas en más de 6 años de lucha armada y en éste confluyeron la visión del Ejército Constitucionalista triunfante y, de manera esencial, los ideales libertarios expresados por precursores de la Revolución —como el movimiento magonista—, las demandas obreras que estuvieron en sus raíces, las convicciones demócratas de sus iniciadores —como Francisco I. Madero—, las reivindicaciones de los revolucionarios agraristas como Villa y Zapata, aunque estas no comenzaran a verse realizadas hasta el sexenio cardenista. La Constitución, como producto revolucionario, implicó la transformación del poder, el gobierno, la riqueza y la propiedad.

Han pasado ya sobre la Carta Magna 99 años y 227 reformas, con más de 600 modificaciones a su texto original. De estas, unas fueron de carácter progresista y otras definitivamente desvirtuaron el potente carácter social del esfuerzo de los constituyentes de 1917. Para decirlo con Diego Valadés: en la Constitución de 1917 el protagonista era el pueblo, pero pasó después a ser un instrumento de los gobernantes, élites económicas e intereses internacionales. En ese sentido, no sólo debe hablarse de las reformas contemporáneas que claudican en materia de Soberanía o derechos laborales, y ni siquiera sólo acerca de éstas y las del salinismo en materia de propiedad de la tierra, además de las modificaciones privatizadoras desde entonces y hasta hoy.

Recordemos: ya desde el inicio de los años cincuenta, el general Francisco José Múgica y sus compañeros —cardenistas y miembros de la Asociación de Diputados Constituyentes que fundaron un Partido Constitucionalista— clamaban el regreso a los ideales de la Constitución de 1917 que juzgaban traicionados. Las conquistas concretas de la Revolución se habían desvirtuado y diluido en un régimen que, para ellos, empezaba a ser oligárquico. Por eso, “volver al orden constitucional” se volvió un estribillo de demócratas sinceros que veían todavía muy cerca el año de 1917 —pues estaba vivo en su memoria y la de su generación. Nuestra Constitución no es ya la de 1917, aunque algunos de sus aspectos positivos permanezcan. Como siempre sucede con las leyes (aun las fundamentales), la Constitución es espacio de disputa y, en múltiples artículos, testimonio de la derrota de los ideales de los constituyentes originales. Es, en los mismos espacios, también un testimonio de derrota del pueblo de México.

Quizá no podía ser de otra manera en un país que reúne todas las condiciones para el advenimiento de una crisis política que debe terminar por cambiar el estado de las cosas. La crisis política que viene se avista en la decadencia multidimensional que es para algunos, incluso, un retroceso civilizatorio. Corrupción, lucro desmedido, crimen, violencia y falta de trabajo decente y bien remunerado son signos de estos tiempos oscuros.

Quizá ahora más que nunca son ciertas y claras las palabras de Múgica y sus compañeros del Partido Constitucionalista: si la democracia significa “un estado donde los hombres libres y los pobres, siendo la mayoría, están investidos con el poder” y la oligarquía es, en cambio, “un estado donde los ricos […], siendo pocos, lo poseen”, entonces nuestro estado se parece más a una oligarquía (con su respectiva casta de privilegiados) que a la democracia que los constituyentes quisieron.

Conmemoremos la Constitución de 1917 en su aniversario 99 y veamos hacia su centenario. Recordémosla y reconozcámosla, sin que eso quiera decir querer volver al texto de 1917 sin más. Retomemos, sí, su espíritu fundacional de justicia social, incorporando los avances y retos de este siglo y repudiando las contrarreformas que ha sufrido. Las herencias no son nunca para permanecer como quedaron, sino para mejorar la vida de las generaciones venideras, conservando y mejorando lo valioso.

Poner en marcha nuestra herencia como mexicanos implicaría dar un paso hacia la refundación de la República con un Nuevo Constituyente. Es posible y es urgente: posible, porque los momentos de crisis pueden también serlo de salidas creativas; urgente, porque en diversas materias se han impuesto intereses ajenos a lo público, rompiendo de hecho el pacto social y reduciendo los avances de la Constitución a formulaciones declarativas sin correlato en mandatos sustantivos. El del salario remunerador es uno de los ejemplos más radicales de este distanciamiento.

Conmemorar querrá decir caminar juntos en el diálogo, pero poniendo un freno a la indecencia y el cinismo. El destino de esta conmemoración, en el sentido más amplio que puede tener la palabra, debe ser la formulación de una Constitución que sea de nuevo un documento social, coherente, donde manden los intereses nacionales populares y las realidades nuestro tiempo. Recordar el espíritu de 1917 equivaldrá a poner en alto sus ideales originales y también los avances conseguidos en su búsqueda a lo largo del siglo XX y lo que va del que corre, como se hizo incorporando al texto constitucional el concepto de Democracia del artículo tercero en 1946 o con los avances recientes en materia de Derechos Humanos de 2011, ambos aportes que deben considerarse de manera fundamental para replantear la convivencia social.

Recordemos, conmemoremos, andemos juntos hacia un Nuevo Constituyente que abra un futuro digno, con equidad y Patria para todos. Un Nuevo Constituyente que recupere el espíritu de 1917 y procure justicia social, reparto agrario, trabajo digno y soberanía nacional de acuerdo a las necesidades presentes. Un Nuevo Constituyente que disponga lo mejor del pasado y del presente para hacer realidad “la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Un Nuevo Constituyente que dé pie a la efectividad de la obligación de las autoridades de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Esa es la mejor manera de honrar a precursores, realizadores y consumadores de las gestas que representó la Constitución de 1917, así como a los mexicanos que —durante la Revolución y después— dieron su vida para que sus anhelos se hicieran realidad.





 

De la Senador María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.

DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

6 de febrero 2016

“…mi mamá me llevó a esa choza. Me sacó la ropa y luego me sostuvo contra el piso. Luché y traté de sacármela de encima, pero no pude. Entonces la anciana vino hacia mí con un cuchillo que se veía oxidado… Bajó lentamente por mi cuerpo hasta llegar adonde está mi vagina. Agarró lo que ahora sé que es el clítoris, sacó el cuchillo oxidado y empezó a cortar, poco a poco. Grité, lloré y le pedí a mi mamá que me liberara para que terminara el dolor, pero lo único que hizo fue decir: "Cállate"… Las dos se retiraron y me dejaron ahí sangrando, llorando, gritando, y confundida por lo que acababa de pasar.”1

Así relata el suceso más triste y determinante de su vida la activista Khadija Gbla, quien nació en Sierra Leona y creció en Australia, sufriendo de una sexualidad limitada a causa de las nociones culturales y tradicionales que encierran el tabú de cuerpo humano y la reproducción.

Hoy, Khadija Gbla dirige la asociación “No FGM Australia” (No Mutilación Genital Femenina Australia) en busca de evitar que se realicen prácticas lacerantes y horripilantes en niñas y adolescentes.

La Mutilación Genital Femenina abarca cualquier tipo de procedimiento que extirpe total o parcialmente los genitales externos femeninos y origine lesiones en los órganos genitales sin motivos médicos.

A nivel mundial, más de 125 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna mutilación genital.

Pese a ser una práctica que se concentra en países africanos y de medio oriente, existen miles de mujeres que se encuentran en riesgo de una práctica similar en todo el mundo.
Esta es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, una tradición infame que trunca la vida de menores de 15 años, arrebatándoles la libertad de lo más íntimo que poseen, su sexualidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, los procedimientos de mutilación genital femenina pueden ser: la clitoridectomía, consistente en la extirpación total o parcial del clítoris, la excisión, que es un procedimiento donde se extrae el clítoris y los labios vaginales, la infibulación, donde se estrecha la abertura vaginal y se sella con la recolocación de los labios vaginales y lesiones en los genitales externos sin fines médicos que van desde la perforación, raspado o cauterización de la zona.

Además de la lacerante práctica y el horror de sufrir esta barbarie, las niñas y mujeres que lo padecen pueden tener consecuencias muy graves a corto y largo plazo.

De manera inmediata las mujeres pueden sufrir dolores intensos, hemorragias, retención de orina, llagas abiertas y lesiones en la zona genial, así como tétanos o sepsis causadas por prácticas antihigiénicas en condiciones insalubres.

En el mismo orden de ideas, a largo plazo, la mutilación genial puede conllevar infecciones vesicales o urinarias, esterilidad, quistes, complicaciones en el parto e incluso hasta la muerte.

En atención a la gravedad de esta práctica, las Naciones Unidas han emitido una resolución sobre la eliminación de la mutilación genital femenina, y en colaboración con la OMS construyeron una estrategia mundial para terminar con las mutilaciones genitales que practican las personas encargadas de los servicios de atención a la salud.
Con motivo de crear una mayor conciencia frente a esta terrible práctica y de evitar a toda costa su proliferación en cualquier lugar del orbe, se instituyó el 6 de febrero como el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina.

No sólo es una fecha para hacer campañas y sensibilizar a la población, es la instrucción de una verdadera jornada donde se intensifiquen los esfuerzos para evitar la mutilación mediante la ejecución de programas y estrategias que ayuden a todas las niñas y mujeres que se encuentren en riesgo de sufrir un caso similar.

La Mutilación Genital Femenina es la máxima muestra de intolerancia e inequidad de género que sufren las mujeres, pero es sólo la cúspide del glaciar de violencia que debemos erradicar de nuestra sociedad.

El 47% de las mujeres mayores a 15 años, en México, han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, 4 de cada 10 padecen violencia emocional, 2 de cada 20 sufren de violencia económica, más del 14% han recibido maltratos físicos y a 7 de cada 100 mujeres se les ha obligado a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.2

No podemos permitir de ninguna manera que se continúe cualquier acto de violencia en contra de las mujeres, y mucho menos permitir que se destruya lo más íntimo de ellas.

Las tradiciones y la cultura de un país no pueden ir en contra de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, deben ser acordes a la dignidad de la persona sin importar el lugar o idiosincrasia.

Respetar el natural cuerpo de mujeres y hombres es el primer paso para logar la igualdad real que merecemos.

Evitemos cualquier tipo de violencia o discriminación contra cualquier género, pero en especial tengamos cero tolerancia con la mutilación a niñas y mujeres, que sufren por el simple hecho de haber nacido mujeres.

Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer”.

EFEMÉRIDES 4 DE FEBRERO DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER.

Con su permiso señor Presidente.

El Día Mundial Contra el Cáncer es una iniciativa de la Unión Mundial para el Control del Cáncer (UICC), organismo no gubernamental más importante que une a la comunidad del cáncer para reducir las cargas globales de esta enfermedad, a fin de conseguir mayor igualdad y de integrar el control del cáncer en las agendas de salud y el desarrollo mundial.

Este día ofrece la oportunidad de examinar las estrategías de control de esta enfermedad de forma colectiva, para identificar las mejores fórmulas y acelerar el progreso, se celebra todos los años el 4 de febrero y une al mundo bajo un único lema, para poner en relieve la lucha contra el cáncer, con el objetivo de reducir el número de muertes evitables cada año, aumentando la conciencia sobre el cáncer entre la población en general y presionar a los gobiernos para que adopten medidas contra este mal.

El cáncer es una enfermedad que se define como el crecimiento y diseminación incontrolable de células en diversos tejidos humanos, que puede presentarse por causas naturales, muchos tipos de cáncer pueden ser evitados con una alimentación adecuada, estilo de vida saludable  y evitar los factores dañinos.

Existen varios tipos de cáncer que se producen en el cuerpo humano a causa de distintos virus, VHB (virus de la hepatitis b), VHC (virus de la hepatitis c) y el PVH (virus del papiloma humano), el cáncer cervicouterino o cáncer del útero causado por el PVH, es uno de los que causa más muertes en los países con bajos ingresos.
Actualmente 8.2 millones de personas en el mundo mueren a causa del cáncer, cifra que incluye a 4 millones de muertes prevaleciendo en personas entre los 30 y 69 años.

Afortunadamente muchos tipos de cáncer puede, ser curados mediante el uso de la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, el mayor índice de mortalidad por esta enfermedad están dados por la falta de la detección oportuna o temprana de este mal y por la dificultad que tienen las personas para acceder a este tratamiento a los centros de salud, o por la falta de recursos económicos.

Debemos pugnar para que todas las personas puedan gozar de los servicios de  salud sin distinción de condición económica y así poder erradicar esta enfermedad.

Es cuanto, señor Presidente.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer”.

HONORABLE ASAMBLEA:

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo.

Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia global, que afecta a todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos, con graves consecuencias sociales, económicas, sobre el desarrollo y los derechos humanos. Es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el 2008, causó 1.2 millones de muertes, un 45% de las cuales ocurrieron en América Latina y el Caribe.

Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas.

Por ello, a fin de fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) observan el 4 de febrero de cada año como el “Día Mundial Contra el Cáncer”.

Es un día de especial reflexión sobre la importancia de los esfuerzos de la comunidad Internacional para combatir este mal, en las que la prevención, la búsqueda de curas y el aumento de la calidad de vida de los pacientes son la constante.

El tema de Naciones Unidas para la jornada de este 2016, es: “Nosotros podemos. Yo puedo”, como una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer, para comprometernos y para actuar.

Existen días y campañas afines, como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre, o el día mundial sin tabaco; sin embargo, este día esta encaminado a recordar las acciones y reflexiones sobre todas las manifestaciones y causas de la enfermedad.

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento, solidaridad y apoyo a las personas con CÁNCER, un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de la lucha contra el cáncer y sus hasta la fecha descubiertas medidas de prevención.

Dado en la Ciudad de México, el 04 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer”.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de1917.

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917”.

El 5 de febrero se conmemora el aniversario de la promulgación de nuestro Máximo Precepto jurídico en el año de 1917.

Todos sabemos y reconocemos que nuestra Constitución fue producto años de sangre, sacrificio, injusticias, discriminación, despojos y desigualdades para arribar a lograr la construcción de un modelo de Estado justo, después de una revolución originada por una crisis política, económica y social.

En ella, se establecieron los derechos sociales, las garantías individuales, el sistema de elecciones directas, el principio de No reelección, se reconoció el municipio libre, se otorgó soberanía a los Estados, se instauró un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra, se garantizó la libertad de culto y la educación laica y gratuita; así como la jornada de ocho horas laborables, la libertad de asociación de los trabajadores y la libertad de expresión.

De modo, que el momento es propicio para reflexionar -desde todas las esferas de la acerca de la obligación que tenemos de participar y exigir cívicamente que jamás se borre la historia de este país las luchas efectuadas para lograr conformarnos como un Estado fuerte.

Impulsemos pues, el respeto y amor por las instituciones que emanan de nuestra Carta Magna, reivindiquemos el sentido social del constituyente de 1917.

Es cuanto.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, con motivo de la conmemoración de la creación del estado de Tlaxcala.

EFEMÉRIDE 5 DE FEBRERO DE 1857,
CREACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Como lo cita el historiador Ricardo Rendón Garcini: la historia de Tlaxcala ha sido una constante lucha por su subsistencia. Arranca, como todas las historias, con la llegada de seres humanos en busca de un espacio para vivir. Continúa con la presencia del imponente poderío tlaxcalteca en la lucha incesante contra el imperio mexica.

Tlaxcala refleja la cohesión de un pueblo que luchó constantemente por mantener su identidad y su soberanía, tanto territorial como política y social. Llevó a cabo esta defensa primero de manera violenta frente al imperio mexica, después en forma de alianza ante la corona española y, por último, en una lid jurídico – político con los gobiernos republicanos, la lucha por su soberanía es una característica fundamental de la historia de Tlaxcala.

Un estupendo trabajo de investigación histórica, coordinado por ángel García, Beatriz Merino, Carlos Asadourian y Andrea Baracs, que revelan que a partir de la consumación de la Independencia, cuando nuestro país torna de virreinato en república federal, a la lucha de Tlaxcala por conservar su integridad territorial se suma la contienda por el mantenimiento de su autonomía política
Primero se traduce en esfuerzos para pasar de provincia a estado de la federación, merecimiento que no consiguió dado que, según el congreso constituyente, por el momento no reunía los requisitos indispensables para ser considerada como tal. a duras penas y oponiéndose una vez más a las ambiciones anexionistas del nuevo estado de puebla, consiguió formar parte de la federación como territorio y su organización política autónoma con la que ya contaba desde que era provincia.

Durante los primeros años de vida independiente del país, el entonces territorio de Tlaxcala –vivió una situación de ambivalencia puesto que no quedaron bien deslindadas las funciones de sus representantes políticos, ni la injerencia de la federación en los asuntos internos de la entidad. No obstante continuó luchando por convertirse en estado de la federación, propósito que vio declinado cuando al instaurarse el régimen centralista, sin mayores explicaciones el territorio de Tlaxcala pasó a formar parte del departamento de México.

Afortunadamente para Tlaxcala, a la caída del centralismo se restableció la constitución de 1824, con lo que volvió a su antiguo estatus de territorio. Desde ahí continúo su denodada lucha por la anhelada soberanía. Esta lucha quedó impresa en un sinnúmero de intervenciones de los representantes políticos tlaxcaltecas ante el congreso general, intervenciones que se transformaron en oposiciones contundentes cuando al inicio de la segunda república federal, Tlaxcala tuvo que enfrentarse a los renovados intentos anexionistas de puebla: esta vez la negativa fue tan rotunda por parte de los descendientes de los antiguos republicanos, que el estado de puebla no volvió nunca a ser tan director en sus ataques.

En el subsecuente toma y daca de poder entre federalistas y centralistas que tuvo lugar hacia mediados del siglo xix en nuestro país, Tlaxcala reunió condiciones, cubrió requisitos y se mantuvo firme en su propósito durante el tormentoso acontecer nacional dentro del que finalmente supo aprovechar el momento oportuno: el triunfo definitivo del federalismo. Nuestra entidad, que había

Probado su filiación liberal y federalista en su participación en la guerra de independencia, en su defensa de la patria contra las invasiones extranjeras y en fin, en su apoyo inobjetable al sistema federal, obtuvo de éste el merecido reconocimiento. La constitución de 1857 declaró a Tlaxcala parte integrante de la federación como Estado Libre, Independiente y Soberano.

Aunque ya no estaba en entredicho su Soberanía, la entidad cambió de denominación al poco tiempo. Cuando el partido conservador volvió a la carga, esta vez con ayuda de Francia, Maximiliano decretó la división del territorio mexicano en cincuenta departamentos, uno de los cuales fue Tlaxcala.

Después de la aventura imperialista, Juárez volvió al poder y con él, el sistema federal, la Constitución de 1857 y la división territorial decretada por ella.

Sin lugar a dudas, la participación de Tlaxcala en el movimiento revolucionario nacional fue muy activa y destacada. Nuestra entidad además de haber sido escenario de numerosas batallas, fue también paladín de uno de los principales ideales por los que se luchó: la solución del problema agrario. La población campesina tlaxcalteca, sujeta a limitaciones muy graves por cuanto a los recursos y condiciones naturales del suelo, figuró entre las primeras en la lucha por la tierra. La huelga en 1912 del peonaje acasillado en los latifundios de este estado, denunció la situación intolerante impuesta por el régimen de tenencia de la tierra que predominaba en las enormes haciendas pulqueras. Fue en este estado, en los campamentos mismos de la lucha revolucionaria, donde se autorizó, a los campesinos para recobrar la propiedad usurpada por los grandes terratenientes, y fue también en Tlaxcala donde se constituyó una de las primeras comisiones agrarias para aplicar la ley del 6 de enero de 1915.
Durante el proceso revolucionario en Tlaxcala pueden distinguirse claramente tres momentos: el primero se inició hacia fines de la dictadura porfirista hasta el término de la presidencia de madero, y se caracterizó por la formación de partidos políticos regionales que buscaban no solamente el derrocamiento del régimen dictatorial sino la reivindicación de la clase trabajadora. A la caída del gobernador

Porfirista próspero Cahuantzi, se dio en la entidad, sustentado por esos partidos políticos, un gobierno revolucionario que apoyó las huelgas del peonaje acasillado en demanda de mejores condiciones de vida para los campesinos. En este momento la polarización política de Tlaxcala alcanzó los niveles más altos de la República.

El segundo momento, inició con la usurpación huertista y terminó cuando triunfo el constitucionalismo. En esta época la contrarrevolución en la entidad, encabezada por latifundistas regionales, llevó al gobierno local a uno de sus representantes, pero los revolucionarios tlaxcaltecas establecieron su propio gobierno a las faldas de la Malitzin. La lucha armada revolucionaria, se concentró, por un lado, en la lucha nacional de oposición al espurio gobierno de Victoriano Huerta y por otro, en la alianza de los campesinos del sur de Tlaxcala con el movimiento zapatista a través del líder local domingo arenas. Esta alianza duró poco más de dos años, durante los cuales se llevaron a cabo en Tlaxcala los primeros repartos de tierra avalados por los jefes revolucionarios de la entidad. La adhesión a uno u otro movimiento no significaría la pérdida de la autonomía del proceso revolucionario local.

Un tercer momento se inició con el triunfo del constitucionalismo, hasta el final de la lucha armada. Una vez que se consolidó Carranza en el poder, se incorporaron al constitucionalismo las fuerzas del general domingo arenas con el fin de lograr la unificación revolucionaria nacional. Pero una condición clave para que el régimen carrancista pudiera establecer su control en el estado era la eliminación del poderío arenista basado en la hegemonía militar y política sobre la región suroccidental de la entidad. El asesinato de arenas, a mediados de 1917, precipitó el proceso de eliminación de su poderío. Carranza continuó deteriorándolo por medio de la paulatina transferencia de tropas areniscas hacia otras partes de la república, al tiempo que se intentó dar marcha atrás a los repartos agrarios exigiéndose, por una parte, la devolución de las haciendas a sus propietarios o representantes y, por otra, rehusándose confirmar las dotaciones de tierra hechas por jefes revolucionarios locales.

El congreso constituyente de Querétaro, la constitución de 1917 y la elección de Carranza como Presidente Constitucional de la República, marcaron el final de la lucha armada y la consolidación del nuevo poder central sobre los estados. Tlaxcala emitió su Constitución Local y procedió a elegir a sus gobernantes.

De Tlaxcala, debe considerarse el notable contraste que se da entre lo reducido de la superficie y lo escaso de los recursos naturales que tradicionalmente ha tenido, frente a la riqueza de su cultura y la densidad de su historia. zonas arqueológicas de primer orden, bellas edificaciones coloniales, obras públicas y privadas, tradiciones y expresiones artísticas, son testimonio de su vida intensa y prolongada.

Y también vienen a la memoria los nombres de varios tlaxcaltecas notables, entre ellos, el del sabio sacerdote Fray Diego Valdés, el del insigne político Manuel Lardizábal y Uribe, que fue ministro universal de Fernando Vii en España, los de Guridi y Alcocer, de los generales Antonio Carvajal y Domingo Arenas, Mariano Matamoros, Jose Mariano Sánchez, el del historiador Diego Muñoz Camargo, el del poeta Soria, el del patriota y erudito jurisconsulto Miguel Lira y Ortega, y de nuestra época contemporánea el muralista Desiderio Hernández.

Es cuanto, señor Presidente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos el 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, instrumento jurídico en el que están plasmadas las más grandes, legítimas e importantes aspiraciones de los mexicanos, así como la institucionalidad que caracteriza a nuestro país.

Esta conmemoración es motivo de celebración pero también de reflexión; genera orgullo pero también compromiso; e invita al debate pero también a la unidad. Sin distinción alguna, todos coincidimos en que el 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, representa la oportunidad inmejorable para fortalecer el andamiaje jurídico e institucional que nos rige.

En el texto constitucional se encuentran las bases que nos posicionan como una nación con rumbo, proyecto y esperanza dentro del concierto de las naciones. Gracias a las reformas transformadoras, contamos con una Ley Suprema de vanguardia que responde a las exigencias que impone la época.

Para ponderar la trascendencia del asunto que nos ocupa, es oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial remembranza de los pasajes más emblemáticos del contexto social, económico, político y jurídico en el que surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución de 1917 tiene como principales antecedentes el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y por supuesto, la Constitución de 1857.

Al mirar en retrospectiva, vemos que si bien es cierto que el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, hizo posible un necesario cambio de régimen político, también lo es que derivó en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre.

Ante este panorama, en diciembre de 1916, el entonces Presidente Venustiano Carranza, convocó al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, modificaciones y adiciones que se dieron a conocer en la ciudad de Querétaro y por las que nació nuestra Constitución vigente.

La nueva Constitución retomó gran parte de las bases dispuestas en la de 1857, destacando que conservó la forma de gobierno republicana, representativa, demócrata y federal; y se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Además, ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas; decretó la no-reelección; creó el municipio libre; y estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra.

Otro aspecto innovador de la Constitución de 1917, fue que reconoció la libertad de culto, la libertad de expresión y asociación, la educación laica y gratuita, y la jornada laboral máxima de 8 horas. Situación que posicionó a nuestra Ley Suprema como una de las más avanzadas de su época.

Es motivo de orgullo manifestar que la Constitución de 1917 representa la primera declaración de derechos sociales, como son los relativos al trabajo, la educación y la propiedad. Igual de importante es que también fue una de las primeras constituciones del mundo en tutelar la protección de derechos indispensables para el desarrollo y bienestar de mujeres y hombres. 
En síntesis, la Carta Magna de 1917 que actualmente nos rige, definió los ejes rectores de un proyecto nacional que desde entonces se ha desarrollado bajo los principios de libertad, democracia y justicia social. Asimismo, marcó el final del constitucionalismo clásico para transitar hacia la vida social y la efectiva defensa de la dignidad humana.

En el marco de esta conmemoración, estamos obligados a seguir haciendo de la Constitución Política: el instrumento por excelencia para garantizar el respeto a los derechos humanos, la organización de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las relaciones entre gobernados y gobernantes, y en general, para hacer asequible el acceso a mejores escenarios de desarrollo.

En el Grupo Parlamentario del PRI, somos conscientes de los grandes retos que tenemos, pero también estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto, así lo demuestra el arduo trabajo legislativo que realizamos desde el Senado de la República.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5 DE FEBRERO

Después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de ésta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. En este contexto histórico el presidente Venustiano Carranza, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones. La nueva constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro.

La nueva Constitución incluyó gran parte de los ordenamientos de la de 1857. La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo pero este se dividió por primera vez en cámaras de Diputados y Senadores. Se ratificó además el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no-relección, se creó el municipio libre, y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta constitución reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental o carta magna, establecida para regir jurídicamente nuestro país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta; y finalmente establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo.

En cuanto a su estructura, la Carta Magna está compuesta por 136 artículos divididos en nueve Títulos, los cuales se encuentran subdivididos en Capítulos. La Constitución está conformada por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los Poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado.

H. Cámara de Senadores, el 4 de febrero de 2016

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 9 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:58 horas)

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