Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 30 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 35

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 09 de Diciembre de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Para la presentar el dictamen, intervienen las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, presentan propuestas de modificación que se aprueban.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Dolores Padierna Luna, Lucero Saldaña Pérez, David Monreal Ávila, Jorge Aréchiga Ávila, Benjamín Robles Montoya, Humberto Domingo Mayans Canabal, Martha Angélica Tagle Martínez y Miguel Ángel Chico Herrera, se inserta su intervención.

Para su discusión en lo particular, interviene la Senadora Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías. Se remite a la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Para la presentar el dictamen, intervienen las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia.

Las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, presentaron propuestas de modificación que se aprueban.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Dolores Padierna Luna, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Gerardo Flores Ramírez, se inserta su intervención, Miguel Ángel Chico Herrera y Diva Hadamira Gastélum Bajo. Se inserta el voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya.

Para su discusión en lo particular, interviene la Senadora Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30; y de adición de un nuevo artículo 29 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia. Se remite a la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para la presentar el dictamen, intervienen los Senadores Héctor Larios Córdova, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y Ernesto Cordero Arroyo, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Mario Delgado Carrillo, César Octavio Pedroza Gaitán y Mely Romero Celis, se inserta su intervención.

El Senador Héctor Larios Córdova presenta propuestas de modificación a los artículos 261, 262 y 264, que se aprueban.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se remite a la Cámara de Diputados.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa.

Los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo se aprueban en votación económica.

Los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto se desahogan mediante votación por cédula, resultaron electos como Magistrados del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral los siguientes ciudadanos:

Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Alanís Herrera y Javier Mier Mier, por el estado de Durango.

Víctor Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vásquez, por el estado de Oaxaca.

Alma Leticia Montoya Gastelo, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez, Guillermo Torres Chinchillas y Maizola Campos Montoya, por el estado de Sinaloa.

Los ciudadanos Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Alanís Herrera, Javier Mier Mier, Miguel Ángel Carballido Díaz, Alma Leticia Montoya Gastelo, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez, Guillermo Torres Chinchillas y Maizola Campos Montoya rinden protesta de ley.

Los ciudadanos Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raymundo Wilfrido López Vásquez rendirán protesta de ley en sesión posterior.






































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez:(11:50 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 69 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del miércoles 9 de diciembre de 2015, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y seis minutos del día martes ocho de diciembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del tres de diciembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, su informe de actividades como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, comprendido de mayo a noviembre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el informe de su participación en la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2015, celebrada el 1 de octubre de 2015, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, oficio por el que informa sobre la reunión que sostuvo con los ciudadanos Julio Madrazo García y Samuel Michel Navarro, éste último Consultor de la Motion Picture Association, México.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, su informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Movilidad, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Cultura, su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Programa de Trabajo para la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015.- Fue aprobada en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo período adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, su primer Informe de actividades.- Se remitió a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio suscrito por el Diputado Tristán Canales Najjar, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, por el que informa de la elección de la Mesa Directiva de dicha comisión, para el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a los senadores integrantes de la comisión y a la Junta de Coordinación Política.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015.- Fue aprobado en votación económica, se turnó a la Auditoría Superior de la Federación.

(Iniciativas)

El Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 165 y 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de inmediación procesal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de transparencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procedimiento para la designación de los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos,  Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 362 y 363 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los indígenas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana.- Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones entregaron propuestas de modificación, la Asamblea autorizó integrarlas al texto del dictamen para su discusión. El Senador Héctor Larios Córdova presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN. Para hablar a favor del dictamen, hicieron uso de la tribuna los Senadores: Arturo Zamora Jiménez del PRI, a favor y Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 85 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora a informar sobre las medidas tomadas para atender el desabasto de vacunas de tuberculosis en dicha entidad federativa, a principios de este año.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar la normatividad en materia de clínicas y establecimientos de medicina estética.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas –conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población; asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud y de Educación del estado de Zacatecas a impulsar una campaña permanente de prevención del consumo de drogas.

4) Que exhorta a reforzar acciones de prevención, detección y combate del virus del dengue y chikungunya, principalmente en las entidades federativas de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán.

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad.

6) Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al gobierno del estado de Sinaloa a informar  sobre las investigaciones llevadas a cabo, a partir de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y las medidas adoptadas a partir de las muertes de neonatos en este nosocomio.

7) Que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.

8) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a poner en práctica las 60 recomendaciones que son resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición; asimismo, a adoptar las metas nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025.

Los ocho dictámenes, sin discusión fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Cultura, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a los diputados de la LXI Legislatura del congreso del estado de Guerrero a discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición turística característica del puerto de Acapulco.

2) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edifica el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos localizados en la zona.

3) Por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura.

4) Que exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar los términos y resultados del Acuerdo de transferencia de la administración de diversos parques nacionales ubicados en esa entidad, específicamente para el caso del Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl.

Los cuatro dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de Acuerdo:

1) En torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”.

2) Que exhorta a los titulares de la        Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio   Ambiente, y del Campo del estado de Zacatecas, se lleven a cabo las acciones necesarias que garanticen a la población un suministro de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable.

3) Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios del país a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable.

Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales; asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Pesca a actualizar la Carta Nacional Pesquera.

2) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”.

3) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a conjuntar esfuerzos para lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California.

Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a seguir fortaleciendo los programas de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección de la capa de ozono.

2) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre las condiciones en las que se encontraban los animales asegurados a UMA, el Club de los Animalitos, en Tehuacán, Puebla.

3) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional para la conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina.

4) Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de verificación y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo ambiental, en el que se determinen las sanciones que resulten de las posibles violaciones a la normatividad ambiental, por los trabajos que realiza la empresa Vivo Resorts en el paraje “El Palmarito”, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.

5) Que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a reforzar las acciones de concientización e información sobre los efectos negativos del cambio climático.

6) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de pilas y baterías.

7) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar implementando acciones que promuevan la reforestación y conservación de forma integral y coordinada.

8) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a colaborar con las autoridades locales a fin de realizar una investigación minuciosa sobre la posible afectación ecológica de la que puede ser objeto el área natural protegida estatal “Sierra de Picachos”.

Los ocho dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República se congratula por la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presentar un recurso para que se revise la decisión judicial que mantiene suspendidas las acciones ejecutivas dadas a conocer por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014.

2) Por el que el Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil al Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, en donde se acusa a las autoridades de los condados de Starr, Hidalgo y Cameron, de no entregar las actas de nacimiento de niñas y niños nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes y se solicita información sobre la resolución que emita la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas al respecto.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo a instruir a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a remitir un informe del margen de maniobra bajo el cual les es permitido actuar a las agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional, en el marco de la cooperación bilateral.

4) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir y resolver sobre la situación de los trabajadores de las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos de América.

5) En torno a la Iniciativa Mérida.

6) Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston Massachusetts, así como cualquier acto de violencia motivado por el racismo, el origen nacional o la condición migratoria de las personas.

7) Por el que el Senado de la República expresa su más cordial felicitación al señor Justin Trudeau por haber sido investido como el vigésimo tercer ministro de Canadá y le desea éxito en su nueva encomienda.

8) Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y provinciales de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de ambos países.

9) Que exhorta al Grupo de Trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de cuotas ante los Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse.

10) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, a fin que retiraran los fondos asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, a raíz de la violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa.

11) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner en libertad a ciudadanos cubanos.

Los once dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno, que ha sido afectado por las inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

2) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes; asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la aplicación de programas de entes como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití.

3) Por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las explosiones ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia.

4) Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con la Republica de Chile en materia de desastres naturales.

5) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el alud en El Cambray II.

6) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

7) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el 19 de octubre pasado; asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la suscripción de un convenio de cooperación técnica en materia de protección civil con ese país.

Los siete dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por las comisiones. En la discusión, intervinieron los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, a favor; Daniel Ávila Ruíz del PAN, a favor; e Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 85 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.- En la discusión, intervinieron los Senadores: Diva Gastélum Bajo del PRI, a favor; Daniel Ávila Ruíz del PAN, a favor; y Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor. En proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 83 votos en pro y 1 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones. En la discusión, intervino la Senadora Diva Gastélum Bajo del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I Apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de la Ley General de Salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó el dictamen, a nombre de las comisiones. En la discusión, intervinieron los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; y Jesús Casillas Romero del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 72 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.- La Senadora María Elena Barrera Tapia presentó el dictamen, a nombre de las comisiones. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 73 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.

Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados por 78 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presentó el dictamen, a nombre de las comisiones. En la discusión intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera entregó el texto de su intervención, la cual se integrará al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 77 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos,   Segunda.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos y adiciona un artículo 17 bis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones     Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Sofío Ramírez Hernández, Lisbeth Hernández Lecona, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédicis Hidalgo, Luz María Beristáin Navarrete, Francisco Yunes Zorrilla, Iris Mendoza Mendoza, Carlos Merino Campos, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 36 y se adicionan las fracciones xi y xii al artículo 37 del Capítulo V de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a implementar acciones y medidas oportunas, a efecto de que la ciudadanía se abstenga de incurrir en conductas de alto riesgo, tales como la conducción de automotores bajo los influjos del alcohol y drogas, efectuar disparos de arma de fuego, prender fogatas y quemar llantas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres    Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe que explique la causa del rezago del trámite de alrededor de 500 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una disminución en el cobro de casetas de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para emitir un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles por el Acuerdo denominado López-Venegas y realizar campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la búsqueda de personas que pueden incorporarse al mismo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia agropecuaria.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntos actos anticipados de campaña en la elección de gobernador de Colima, por parte del candidato del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a explicar los criterios empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de egresos para el año 2016, ajeno a la demanda ciudadana de recortar en al menos el 50% del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de la Unión.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad para dar un informe sobre el estatus de las solicitudes ingresadas en el marco de la convocatoria pública para acceder a los apoyos de dicho Fideicomiso, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2015.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones e implemente programas con el objetivo de formar médicos especialistas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer sus acciones, estrategias y programas, para prevenir abusos en la prestación de bienes y servicios durante la temporada vacacional decembrina 2015.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe para todas las dependencias y entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de    responsabilidades administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar brigadas de salud a los municipios de Zacatecas que se encuentran en situación de riesgo por las bajas temperaturas.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Víctor Hermosillo y Celada, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar de las zonas urbanas que se encuentran en riesgo y las acciones territoriales que se han implementado para mitigar los riesgos y salvaguardar la integridad de los habitantes.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe relacionado con la situación que atraviesa el deporte en nuestro país, de manera específica el conflicto suscitado entre la conade y algunas federaciones deportivas nacionales.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar una campaña de difusión ciudadana, con la finalidad de dar a conocer las principales disposiciones del nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal publicado el 17 de agosto de 2015.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la posibilidad de adoptar medidas en materia de cooperación internacional, mecanismos de inteligencia y protocolos de seguridad, implementados por otros países en materia de terrorismo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el desabasto de la vacuna pentavalente y las estrategias que se están implementando para disminuir riesgos en la salud de la población infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los hospitales de psiquiatría y la implementación del trato con enfoque de derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas y estrategias enfocadas a disminuir el consumo de inhalantes.- Se turnó a la Comisión de  Salud.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a investigar las posibles causas adversas por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Corrupción”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Concebido.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Corrupción.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Aviación Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Diego Rivera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Corrupción.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con cuatro minutos y citó a la siguiente el próximo miércoles nueve de diciembre a las once   horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el II Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuacultura de América Latina y El Caribe, celebrado los días 2 y 3 de diciembre de 2015, en Brasilia, Brasil.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

PRONUNCIAMIENTO

Doy lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre la jornada electoral de Venezuela.



Por tanto, comuníquese el presente pronunciamiento de la Mesa Directiva.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero Arroyo.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Únicamente quiero preguntarle si fue removido del Orden del Día el dictamen correspondiente a la Ley de Sociedades Mercantiles que estaba listado desde el martes y que apareció listado el día de hoy en el Orden del Día. Quiero saber si sigue en el Orden del Día.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Fue retirado por acuerdo unánime de la Mesa Directiva, por aspectos de técnica legislativa.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para conocer en amplitud cuáles son las cuestiones de técnica legislativa específicas y ampliamente motivadas y fundadas por las cuales se bajó este mismo dictamen, que lleva ya tiempo esperando un turno para poderse discutir y votar.

Entendemos que alguien puede estar en contra de ese dictamen, entendemos que puede afectar intereses, pero el Senado de la República debe discutir eso en la tribuna, no en la Mesa Directiva.

Le pediría que antes de que pudiéramos aprobar el Orden del Día, se pudiera conocer con amplitud cuáles son las motivaciones de técnica legislativa, como usted acaba de señalar, que evitan que este dictamen el día de hoy, como estaba planteado, por técnica legislativa, no permitan que se discuta.

Yo no soy abogado y quisiera que nos ampliaran qué cuestiones de técnica legislativa son las que este dictamen obstruye.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto. Le pediremos al área técnica que presente un informe para que usted lo tenga antes de que termine esta sesión. En cuanto al tema del Orden del Día, éste ya fue aprobado.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis y María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis y María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para presentar ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto, que al tenor tiene las siguientes consideraciones.

El campo en nuestro país está sufriendo un grave problema de envejecimiento en sus pobladores, que tan solo entre el 2000 y el 2010, la tasa de crecimiento de la población rural de entre 55 a 59 años, fue de más del 50 por ciento, mientras que el crecimiento de la población desde los 4 a los 34 años no supera el promedio del 20 por ciento.

Esta dinámica de envejecimiento viene a repercutir en la pirámide generacional de las unidades económicas rurales.

Según cifras oficiales, la mayoría de los responsables de dichas unidades se encuentran en el rango de edades de entre los 50 y los 59 años, mientras que en el caso de las mujeres la mayor proporción se ubica en el rango de edad de los 45 a los 49 años, lo que implica que en una década más esta población estará por concluir su etapa productiva.

En este orden de ideas, es evidente que el curso poblacional que se denuncia no es una tendencia inminente al medio rural, son muchos los problemas que asolan al campo mexicano hoy en día, los cuales se conjugan y crean un ambiente idóneo para generar una crisis estructural en la sociedad rural.

Por un lado, los procesos migratorios que se presentan en nuestro país, tanto internos, como hacia el extranjero, son una constante que destruye al campo mexicano de forma silenciosa; esto, año con año. migrantes tras migrantes van transitando a otras partes del país y hoy en día es un equivalente al 13 por ciento de la población nacional; esto frecuentemente se va al país del norte a los Estados Unidos y de ello cerca del 82 por ciento provienen de la población campesina.

Como consecuencia de la manifestación de este fenómeno, la población rural ha    pasado de representar el 57.4 por ciento de los habitantes de México durante 1950, a sólo el 23.2 por ciento en 2010 y el 21 por ciento para el 2014, esto según el Banco Mundial.

Con un ritmo como este, las poblaciones rurales quedarán desiertas en pocos años, poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra patria; pero además, se estaría en riesgo de perder gran parte de bagaje histórico y cultural que representan las y los habitantes del campo mexicano.

Sin embargo, los procesos migratorios son solo la cara visible de un problema aun mayor; así pues la solución no se encuentra en cerrar nuestras fronteras, como erróneamente se hacen en otros países, como Corea del Norte.

Claramente el problema no son las personas que deciden emigrar, el problema es reflexionar sobre el qué se está haciendo para arraigar a los jóvenes del campo, políticas públicas, programas del gobierno y, más aún, leyes y mandatos parlamentarios que permitan justamente arraigar de esta población a los jóvenes, que no sólo por su edad y por su ocupación, que debe ser propiamente en razón a su vocación, a su cariño, a su origen de su tierra y su familia.

Las estadísticas no mienten, entre mayor es el grado de marginación en una población rural, mayor es la tendencia migratoria en los jóvenes que en ellas viven.

En un escenario carente de oportunidad alguna, las personas comparan el beneficio que existe en emigrar a distintos lugares y mercados laborales, con el que verdaderamente encuentran alternativas de vida y que a veces son propiamente apariencia, lo que representa es un gran riesgo para los migrantes.

La idea de partir es sumamente tentadora; esta relación causal entre ambos fenómenos trae consecuencias peligrosas para el sector rural, como lo es el propio envejecimiento de la población del campo, problema que se encuentra en el espíritu de la reforma que el día de hoy estamos proponiendo.

Aunado a lo anterior, es necesario reforzar el acceso de los jóvenes a los apoyos gubernamentales en el medio rural; disminuye oportunidades para buscar una vida mejor, las estadísticas reflejan que el 60 por ciento de los programas entregados para apoyos al campo son recibidos por productores mayores de 50 años, mientras que los propietarios más jóvenes reciben sólo el 5 por ciento de los programas totales.

Las premisas son evidentes, la marginación y la falta de apoyo y oportunidades a los jóvenes del campo se han decantado en un flujo migratorio, que en un futuro será incontenible si no realizamos acciones que mandaten justamente el arraigo de los jóvenes.
Esto ha generado la ausencia de un relevo generacional en las sociedades rurales y, consecuentemente, el envejecimiento de estas poblaciones.

La conclusión salta a la vista, es muy importante tomar medidas que permitan ese arraigo, porque igual es preocupante, en pocos años, que tendremos un campo con personas cuyo ciclo productivo va poco a poco terminando.

Ante esta situación, el reemplazo por generaciones jóvenes se convierte en una necesidad imperante para el medio rural, y de ahí la importancia de elevar a nivel legal la búsqueda por la erradicación de los jóvenes en su lugar de origen, como un objetivo de las políticas públicas para el desarrollo rural sustentable y como finalidad del presupuesto especial concurrente.

La realidad del campo se estima desoladora si no se logra un cambio generacional importante en la población rural.

Se ha demostrado cómo el promedio de edad de la población del sector primario ha tenido rumbo al envejecimiento y en qué medida las altas tasas de migración en jóvenes han influido en el problema de transición generacional.

Por esa razón los promoventes, mis compañeros Senadores Hilaria Domínguez, Mely Romero, Gerardo Sánchez y un servidor, proponemos la modificación a los artículos 143, 144, 164 y 191 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, para utilizar de manera sistemática dicho ordenamiento e incluir con ello dentro de las medidas pendientes a la prioridad en la radicación de los jóvenes en el campo. Además, se busca agregar la radicación de los jóvenes del campo como un objetivo de los programas sectoriales.

Es con base a estas consideraciones que sometemos a esta Honorable Asamblea el presente proyecto de Decreto por el cual se adicionan las fracciones VII y VIII  al artículo 143, recorriéndoles las subsecuentes para quedar de la siguiente forma:

“VII.- Fomento para que los jóvenes del sector rural se arraiguen en sus lugares de origen de las actividades del sector primario.

VIII.- Las que determinan la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano.

144.- La organización y asociaciones económicas y sociales en el medio rural, tanto el sector privado como el social dentro de las siguientes prioridades.

X.- Fomentar el arraigo de los jóvenes en sus lugares de origen”.

Y el artículo 161.- Los programas que formula el gobierno federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán de acciones e instrumentos orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:

Fomentar en la juventud el arraigo en sus lugares de origen, que permitan darle viabilidad a la actividad del sector primario; pensar en las actuales, en las nuevas y en las futuras generaciones del campo mexicano, es pensar en un tema estratégico de seguridad nacional y es propiamente la seguridad alimentaria.

Por ello, en nombre de mis compañeras y compañeros Senadores, solicito a la Asamblea considerar la presente de iniciativa.

Gracias a todas y todos ustedes.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Cota Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para solicitar que pregunte usted a los proponentes de esta iniciativa importante, si me permiten sumarme, considerando que el tema no es privativo del campo, sino de todo el sector agropecuario, incluyendo al sector pesquero; y creo que es importante atender este asunto prioritario para nuestra nación, si me permite.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Manuel Cota, ¿está usted de acuerdo? Adelante. Los Senadores Tello Cristerna, Demédicis Hidalgo, Martha Palafox en el mismo sentido, por favor tome nota la Secretaría de las y los Senadores que se están sumando a la presente.

Senador Demédicis Hidalgo, ¿para un tema diferente? Sonido en su escaño.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente pedirle turno para la Comisión de Desarrollo Rural de esta iniciativa que propone mi compañero Senador Manuel Humberto Cota Jiménez.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Cómo no, se obsequia el turno de esta iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural también, con todo gusto.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Martha Palafox

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Únicamente como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, junto con nuestro presidente, el Senador Cota Jiménez, que acaba de presentar esta iniciativa, rogarle que nos incorpore, dado que como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, le solicitamos nos permita y, además, felicitarlo por esa visión tan amplia con nuestra gente del campo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Tómese nota.





 

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual se turna a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

Quien suscribe, la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia se observe en todo momento el Interés Superior de la Niñez, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año.

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Asimismo se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el artículo 125 de la LGDNNA, y a continuación se enuncian:

I.  Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V.. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional;

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades  federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se   requieran;

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y

XVIII.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.

Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el reglamento de la Ley publicado el pasado dos de diciembre, prevé los términos para la emisión de una convocatoria pública que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos.

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia.

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las sesiones, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá de quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de calidad.

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de Gobernación, de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del Sistema, y deberá cumplir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA.

Al respecto, es importante señalar que en el régimen transitorio de la Ley General en específico en su artículo segundo establece que el Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

En ese sentido, es que diversas legisladoras y legisladores hemos presentado reformas a diversos ordenamientos con el objetivo de iniciar con la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es así que es de suma importancia que se visualice la figura de la Secretaría Ejecutiva, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que en la estructura orgánica de esta Secretaría recaerá la función de la coordinación del Sistema de Protección Integral.

Por otro lado, es oportuno que se señale que en los casos excepcionales será el Secretario de Gobernación el que supla al Presidente de la República como Presidente del Sistema, tal y como lo menciona la Ley General.

Es imperante continuar con el proceso de armonización a la brevedad, por lo que exhorto a este Senado de la República a considerar esta reforma legislativa.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez y la adolescencia mexicana.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Primero.- Se reforma y adiciona la fracción XLII, la actual fracción XLII pasa a ser la fracción XLIII, y la subsecuente pasa a ser la fracción XLV, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I…. a XLI….

XLII. Presidir en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La coordinación de dicho Sistema recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de esta Secretaría.

XLIII. Fijar el calendario oficial; y

XLIV. Los demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Rúbrica

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto para presentar, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días compañeras y compañeros.

Déjenme leerles una fracción de un texto que todos ustedes conocen, el Capítulo V de la Constitución de Apatzingán, en su artículo 27. El capítulo es de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. El Artículo 27 de la Constitución de Apatzingán decía:

“La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: esta no puede existir sin que fije la ley los limites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos”.

Pero además, también en esta misma Constitución, que todos ustedes conocen que fue inspiración para muchísimos ordenamientos jurídicos, para la propia Constitución de 1917; el General Morelos planteaba otro elemento, ese elemento tenía que ver con la ley, y decía la Constitución de Apatzingán en su artículo 18: “La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común: esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional”.

Morelos, en este Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, ya hablaba del concepto de la felicidad como el fin último de la ley, como el fin último de las acciones del Estado.

Por eso, de una manera cariñosa y hasta navideña, yo les preguntaría a mis compañeras y compañeros Senadores si son felices, si pueden decir con seguridad que tienen una plenitud de vida que los llevaría a decir que son felices.

Y se los pregunto por una razón, se los pregunto porque a lo largo de muchísimos años ha habido diferentes propuestas para medir el desarrollo de una nación, dentro de esas propuestas justamente se incorporaba el precepto de Morelos que estimó tan importante en esta Constitución de Apatzingán: la felicidad.

Y la pregunta a ustedes como representantes populares sería, para la población mexicana, ¿qué nos contestaría un mexicano, una mexicana joven, vieja, adulta, los niños, si les preguntamos si son felices? ese sentido tiene que ver, porque para medir el bienestar se han propuesto y utilizado muchas medidas.

Recordamos que en 1930, el economista Simón Kuznets propuso al Senado de los Estados Unidos que se adoptara una medición que consistía en la suma de los bienes y servicios producidos durante un año; esa medición, todos ustedes la conocen, es el PIB.

Así fue que nuestra nación vecina inició con la medición del Producto Interno Bruto, hoy es una regla prácticamente en todas las democracias y en prácticamente todos los países del mundo; pero hay que recordar que esta medición del Producto Interno Bruto fue creada para un momento muy particular de la vida de los Estados Unidos, eran los años 30’s, era la época de la gran depresión; y es por ello que las necesidades del momento requerían únicamente un indicador que permitía medir la recuperación de la economía.
Sin embargo, a pesar de que este concepto fue construido en un contexto muy específico, permaneció, se arraigó y aún hoy lo seguimos utilizando sin complementarlo con otros indicadores.

Hoy en día las necesidades de los hombres y las mujeres, no sólo de Estados Unidos, también de México, son muy distintas a las de entonces

Las naciones del mundo ya no solamente buscan crecimiento económico, sino que buscan que ese crecimiento económico tenga repercusiones reales y, además, tenga en la realidad cotidiana de los ciudadanos y de las sociedades, un sentir de que si el país crece, las familias crecen y los individuos crecen.

El PIB ya no nos sirve para eso. Hemos tenido incluso etapas de prosperidad y de crecimiento económico amplio, pero que no se representaron de igual manera en los estados de la República, como no se sintió ese crecimiento de igual forma para sectores de la sociedad.

Por eso es que hoy crecer sin mejorar no tiene sentido, hoy crecer sin combatir la desigualdad es un despropósito.

Por eso es que guiarnos únicamente por las mediciones del PIB para entender la situación de nuestro país, de verdad limita por mucho nuestro entendimiento de la sociedad, limita la forma como somos empáticos con los ciudadanos que están en el campo, en las fábricas, en las universidades; nos limita, por tanto, en nuestro actuar y limita nuestra forma y nuestra capacidad de ejercer el cambio.

El PIB ya no sirve. Hay que seguir utilizándolo pero para otras cosas, no para medir el bienestar de la sociedad.

El crecimiento económico sin bienestar social, reitero, no tiene sentido. Crecemos para mejorar, crecemos para ser felices, crecemos para encontrar nuevos estadios del bienestar, no para replicar los vicios y los problemas del pasado.

Por eso es que esta iniciativa lo que plantea es justamente incorporar indicadores que nos permitan medir el bienestar subjetivo de nuestra población, indicadores que nos permitan medir la felicidad, con todo lo que esto puede implicar y lo que seguramente puede levantar muchas cejas diciendo cómo es que un Senador esté planteando que ahora midamos la felicidad.

Pues sí, no solamente por toda la exposición que acabo de hacer de por qué el indicador que usamos ya no es útil para saber en qué estado de bienestar están los ciudadanos, sino para subirnos a una nueva tendencia económica mundial.

Hoy los indicadores que nos pueden permitir entender cómo las leyes y las políticas públicas inciden de manera directa en la felicidad de nuestros ciudadanos están ausentes de toda legislación y están ausentes también de toda política pública.

Hoy debemos de procurar instrumentos para poder medir, pero también para poder garantizar la felicidad de los ciudadanos para que en el futuro podamos, justamente, crear leyes y políticas que incidan no solamente sobre la economía, sino sobre el bienestar de los mexicanos.

Por ello es que volteamos al mundo, muchas naciones han adoptado una idea muy similar a la que Morelos estipuló en la Constitución de Apatzingán, muchas naciones están ya midiendo la felicidad.

La idea es que es mucho más trascendente de lo que aparenta. Un índice de bienestar subjetivo que mida la felicidad nos permitiría medir las repercusiones del desarrollo, nos permitiría medir, incluso, las implicaciones de lo que aquí aprobamos, nos podría permitir medir qué tanto estamos incidiendo en la realidad cotidiana de los ciudadanos mexicanos y entender mejor el contexto en el que vivimos.

El primer país que hizo esto fue el Reino de Bután, un país muy diferente al mexicano, con apenas 800 mil habitantes, un reino budista, y muchos dijeron en su momento: bueno lo de Bután es posible hacerlo solamente en Bután.

Pero ocurrió algo extraordinario, en el 2009 se reúne una comisión en Francia, dirigida por dos afamadísimos economistas, dos Premios Nobel, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, ambos tuvieron ese encargo por parte del entonces Presidente francés, de construir un índice de bienestar subjetivo que sirviera como complemento al indicador económico, que es el PIB.

Desde entonces países, ciudades, organismos de Naciones Unidas y también de la OCDE, han adoptado ese modelo; es más, ya lo estamos haciendo en México, medir la felicidad de una sociedadpermite a un país no solamente un mayor entendimiento de sus condiciones sociales, funciona además para entender las repercusiones de las políticas públicas y el estado de la economía.

En ese sentido, los índices de felicidad funcionan como una especie de puente entre los indicadores macro, que muchas veces presumimos la inflación, los niveles de crecimiento, etcétera, etcétera, pero puentearlos con la realidad cotidiana que viven las familias mexicanas.

En su función de herramienta técnica, los medidores de la felicidad permiten determinar la calidad de vida de los ciudadanos, así como sus carencias y todo aquello que afecta el tejido social y que nos llevan a situaciones de hartazgo, de violencia, de ira, de apatía y de desconfianza. Todas estas situaciones que han minado también la medición que tienen los mexicanos respecto a las instituciones, pero principalmente respecto a la calidad de la democracia mexicana.

En ese sentido, es que habiendo tomado en cuenta la experiencia internacional y la propia experiencia del INEGI para ejercicios de este tipo, está iniciativa lo que pretende es, por un lado, complementar e incorporar un índice de bienestar subjetivo al Censo del INEGI, propuesta que ya fue presentada desde el 3 de diciembre ante el Senado; y por el otro lado, agregar el concepto de bienestar subjetivo a la Ley General de Desarrollo Social.

Creo que agregar este concepto a la ley general buscaría fomentar la calidad de vida de los mexicanos, creando justamente indicadores medibles de bienestar psicológico, de salud, de uso del tiempo libre, de educación, de cultura, de percepción de políticas de gobierno, niveles de vida, vida laboral, la relación con la comunidad, la relación, como ya lo decía, con la familia, incluso la espiritualidad, entre muchos otros indicadores.

Estas dos leyes permitirían construir un verdadero complemento a los indicadores económicos tradicionales que nos permitirían tener más herramientas para entender de mejor forma, de manera más empática, poniéndonos en los zapatos de las ciudadanas y los ciudadanos que representamos y medir la incidencia de las leyes y de las políticas públicas.

Por eso, compañeras y compañeros, le reitero la pregunta: ¿Son felices? ¿No son felices? ¿La gente que representan es feliz o no lo es?

Bueno, hace 200 años Morelos ya estaba planteando eso en uno de nuestros documentos básicos que fue la Constitución de Apatzingán; y habló de la felicidad como un precepto indispensable para la gobernanza del país.

Hoy es buen momento para retomar esta atrevida propuesta de Morelos, a que nos atrevamos a ser felices y que nos atrevamos a representar gente que sea feliz; y que los indicadores macro se expresen en las masas, en los corazones y los sentimientos de la población.

Reitero la pregunta: ¿Son felices o no?

De corazón espero que si lo sean, pero independientemente de ello, pasar estas iniciativas de ley ayudará a entender mejor a los mexicanos y ayudarlos, también, a este objetivo que no debe de ser nada más de épocas navideñas, el objetivo de no desear felicidad, propiciarla y generarla a partir, primero, de su medición.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Zoé A. Robledo Aburtoy Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años el Mundo ha cambiado vertiginosamente, México no ha sido la excepción, las transformaciones económicas, políticas y sociales han trastocado cualquier noción de orden; se han consolidado y separado naciones, muros han caído y otros se han levantado en su lugar; sin embargo, seguimos midiendo nuestro bienestar con indicadores creados para otros contextos, otros siglos, otras realidades e incluso otros propósitos. Basta recordar que la idea del Producto Interno Bruto, el indicador por excelencia, nació en el Departamento de Comercio estadounidense en la década de 1930, como una medida de cálculo que permitiera evaluar la recuperación económica tras la Gran Depresión. Los economistas han advertido desde entonces, que el PIB es una herramienta especializada que únicamente mide el valor de la suma total de bienes y servicios económicos generados durante un período de doce meses.No obstante, en los últimos 80 años el crecimiento económico medido por el PIB se ha convertido en la condición sine qua non para medir el progreso, el desarrollo y el bienestar.

El PIB per cápita se utiliza con frecuencia para comparar la calidad de vida en diferentes países. Los gobiernos utilizan los cambios en el PIB como indicador del éxito o fracaso de las políticas económicas y fiscales. En México, como en el resto de los países, el PIB es una de las estadísticas económicas más amplia y estrechamente vigiladas, es utilizada para preparar el presupuesto y para formularla política monetaria; los inversionistas la usan como un indicador de la actividad económica; y la comunidad empresarial para prepararlas previsiones de los resultados económicos que proporcionan la base para la producción, la inversión y la planificación del empleo. En el plano internacional, los cambios en el PIB de un país se utilizan tanto por el FMI y el Banco Mundial como por Fondos soberanos para orientar las políticas y determinar cómo y qué proyectos financiar o invertir.

Ahora bien, como señalará SimonKuznets, el arquitecto del PIB, en su primer informe remitido al Congreso estadounidense en 1934: “el bienestar de una nación apenas puede inferirse a partir de la medida de los ingresos nacionales”1. Treinta años después, el mismo Kuznets se refirió a la cuestión de las limitaciones inherentes al concepto del PIB con más fuerza todavía, argumentando que: “es necesario tener en mente varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento. Los objetivos que marquen un mayor crecimiento deberían especificar un crecimiento en términos de qué y para qué”2. En Bután, un pequeño país rural en el centro de Asia, crearon el Indicador de la Felicidad Interna Bruta ante la histórica apertura de su sociedad y su economía. Con inspiración budista busca promover el bienestar humano antes que el incremento material sobre la base de derechos y parámetros sociales.Mientras que los modelos económicos convencionales, como el PIB, observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto de Felicidad Interna Bruta se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.

El gobierno de Francia, asumiendo este debate, solicitó a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y AmartyaSen, así como al Presidente del Observatorio Francés de Coyuntura Económica Jean Paul Fitoussi que elaboraran una investigación al respecto, misma que fue dada a conocer en el año 2009. En el informe de la ahora llamada Comisión Stiglitz se concluye que si bien el Producto Interno Bruto es el mejor agregado macroeconómico para medir el nivel de actividad de las naciones, resulta a todas luces insuficiente, o incluso inadecuado, como indicador de bienestar bajo la modalidad de PIB per cápita o valor agregado por habitante; surgiendo así la medición del bienestar subjetivo y suscitando con ello el creciente consenso internacional a su alrededor.

Es fácil entender el porqué de este consenso si consideramos el reciente derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora. Según lo declarado por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos. Esta estimación que considera los daños ambientales y el proceso de resarcimiento incrementará el PIB desde el momento mismo de iniciados los procedimientos de mitigación del derrame. Cientos o miles de millones de pesos que en el papel aumentarán el PIB per cápita nominal de los sonorenses pero que no mejorarán su calidad de vida, ni su bienestar. Tanto México como sus estados estamos atrapados en la falsa premisa de atraer recursos como medida de gestiones exitosas, buscar derrama económica por inversión en infraestructura o por inversión extranjera directa en proyectos de largo plazo parecen no sólo la mejor opción sino la única para determinar el progreso de gobiernos y administraciones completas. Siendo de Chiapas, un Estado que ha recibido enormes sumas de inversión en megaproyectos no puedo estar ajeno a esta paradoja: Grandes inversiones vienen aparejadas con grandes costos si no existe un qué y un para qué.

Definir el funcionamiento de un gobierno en términos de competitividad tiene sentido para los inversionistas, mas no tanto para los ciudadanos, para ellos el Estado ha de brindarles servicios públicos, un marco legal y jurídico que se respete así como la seguridad necesaria para que su vida no se vea comprometida y pueda desarrollar todo su potencial. La idea de la competencia entre Estados permeó mucho más que la de cooperación, con los costos trasladados al ciudadano de a píe que ve reducidas sus posibilidades de tener una vida plena y significativa. La traducción de este argumento a la realidad económica pasa por la reticencia a elevar el salario mínimo por considerar que se disminuiría de facto la competitividad del país. Quienes argumentan esto, deberían detenerse a pensar qué sucede con el tejido social creado a partir de individuos enfocados únicamente en maximizar su consumo; pero que se ven limitados de acceder a él de forma legal, honesta y acorde con sus expectativas. 

Los esfuerzos en nuestro país para encontrar nuevos indicadores para estas nuevas realidades surgen como parte de los compromisos que se desprendieron de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, realizada en México del 11 al 13 de mayo de 2011.El INEGI decidió emprender una primera exploración de medición del Bienestar Subjetivo, sus dominios, sus condicionantes y su contexto; mediante el diseño de un módulo de preguntas que acompañaría el levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A dicho módulo se le denominó BIARE: Bienestar Autorreportado. De este primer acercamiento es que abreva la presente iniciativa, ante la capacidad probada del Instituto de generar indicadores centrados en los individuos en contacto con su contexto, con la finalidad de brindar a los gobernantes nuevas formas de medir el éxito de sus políticas en términos de bienestar subjetivo. 

La presente reforma busca adicionar al artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica un Índice de Bienestar Subjetivo con la finalidad de volver periódico, obligatorio y sujeto de financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012; con las particularidades de ser desagregado municipalmente y con mayores alcances de carácter ambiental. Asimismo, se adiciona al artículo 21 de la misma ley a los migrantes y a los desplazados como una categoría independiente de las dinámicas de población por considerarlos un grupo que en materia de bienestar subjetivo no encaja dentro de la metodología actual.

En este sentido, presenté en días pasados, una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y retomar el Índice de Bienestar Subjetivo como un ejercicio periódico, obligatorio y sujeto de financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012.

En esta iniciativa, se busca aprovechar un indicador multidimensional de capacidades que aborda al individuo en términos de lo que es capaz de ser y hacer, para definir las políticas públicas de desarrollo, toda vez que, si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las oportunidades reales para el bienestar y la libertad de tener alternativas en el tipo de vida que se elige.

Con esta iniciativa se pretende que las políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo utilicen una poderosa herramienta en para apoyar su concepción, desarrollo, implementación y evaluación. Con ello se pretende dar un paso adelante en la ejecución responsable de los recursos públicos, se avanzará en una concepción integral de la función del gobierno frente a sus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo 3 y la fracción I del artículo 11 y se adiciona la fracción y se adiciona la fracción XI del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I. a VIII. (…)

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social, y

XI. Bienestar subjetivo: el fomento a la calidad de vida, medible a través de indicadores como: bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de políticas de Gobierno, nivel de vida y vida laboral, entre otros.

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como al bienestar subjetivo, la superación de la discriminación y la exclusión social;

II. a IV. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en un término no mayor a 120 días hábiles.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Robledo Aburto.

Túrnese esta iniciativa, sobre este tema tan importante que tiene que ver con la felicidad, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Los Senadores Raúl Pozos Lanz y Luisa María Calderón Hinojosa, para sumarse a la iniciativa, adelante todos.

Tome nota por favor, si son tan amables y también su servidor.

1 Ingreso Nacional 1929-1932, (1934), Documento del Senado de los Estados Unidos Número 124, día 73, Segunda Sesión.

2 Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Yale University Press.





 

Recibimos de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa que contiene un proyecto de Decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable”, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

¡Felicidades, Senadora!

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL “PREMIO NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍA SUSTENTABLE”

(Presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL “PREMIO NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍA SUSTENTABLE”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

Es indudable que el desarrollo tecnológico, la innovación y su vinculación con el aparato productivo son los cimientos sobre los cuales se funda el desarrollo económico y son fundamentales para apoyar la competitividad.

La experiencia internacional, constata que el progreso de las economías tiene como fuerza motriz la innovación y el desarrollo de tecnologías.

Tanto los países desarrollados, como los emergentes que han logrado un crecimiento sostenido, han consolidado su aparato productivo ligándolo con la inversión en ciencia y tecnología. Este, es un aspecto que incide en la cadena de valor, en la productividad y en la competitividad de cada país.

Hoy, en las sociedades del Conocimiento, la materialización de ideas en productos, servicios, procesos, modelos y métodos son la clave del crecimiento económico y la prosperidad de las sociedades.

En años recientes, los países globalmente más competitivos han invertido cada vez más recursos en áreas que permiten generar ideas innovadoras: universidades, centros de investigación, incubadoras empresariales.

Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur son ejemplos de países dónde la generación de ideas, traducidas en desarrollo e innovación tecnológicas, son el factor económico más importante.

En los últimos 5 años, Dinamarca y Suecia elevaron la inversión en conocimiento 90%, mientras que en Francia y Alemania creció 80%. No es de sorprenderse que estos países se encuentren entre las economías más competitivas e innovadoras del mundo.1*

Este patrón de inversión muestra que el bienestar económico y social se encuentra relacionado con la capacidad para articular y desarrollar políticas que incentiven investigación científica y tecnológica con los sectores productivos.

Dentro de los aspectos que inciden mayormente en el grado de competitividad se encuentra el desarrollo e innovación en el sector energético; la energía sigue siendo el insumo más importante y el motor del crecimiento económico, lamentablemente, siguen existiendo desbalances, originados por la pobreza energética:

• La Asociación Internacional de Energía estima que para el 2030 existirán 1, 400 millones de personas sin acceso a la electricidad, comparado con los 1, 600 millones de ahora.

• 2, 600 millones de personas aún más que ahora estarán consumiendo biomasa tradicional para sus necesidades básicas de calentamiento y cocina en el año 2030.

• Millones de personas, la mayoría mujeres y niños, mueren prematuramente por la contaminación del aire en la vivienda y por incendios en los países en desarrollo.

De ahí la importancia de invertir mayormente en el desarrollo e innovación energética, sobre todo en aquella más sustentable.

La tendencia mundial tiende a restar financiamiento a las energías fósiles y a canalizar mayores recursos a los centros de investigación para el desarrollo de energías limpias y a los procesos de reducción de emisiones contaminantes.

El pasado 17 de noviembre de 2015, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llegaron a un acuerdo para restringir el financiamiento a la exportación de tecnología de plantas eléctricas a carbón a partir del 1 de enero de 2017, con una revisión en 2019 que podría fortalecer el pacto.2**

Asimismo, dentro de los actos paralelos de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), que se celebra en la capital francesa del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, el fundador de Microsoft, Bill Gates, anunció la creación de una Coalición para financiar proyectos de desarrollo de energías limpias en el mundo.

Gates señaló que las renovables, “han tenido muchos progresos y podría ser un camino al futuro energético de cero emisiones de dióxido de carbono”. Pero “dada la magnitud del desafío, tenemos que explorar muchos caminos diferentes y eso significa que también tenemos que inventar nuevos enfoques”.3

El nombre de la iniciativa es “Coalición para el Avance Energético” y la integran 28 grandes inversores de 10 países, entre ellos Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Meg Whitman (Hewlett Packard), Richard Branson (Virgin), el fundador del gigante chino Alibaba, entre otros.

El propósito es destinar inversiones para acelerar la investigación y el desarrollo de las energías limpias. Los 28 donantes privados proporcionarán el capital inicial para el desarrollo de esas tecnologías punteras en los grandes laboratorios del mundo y el que haga falta después para facilitar su desarrollo a gran escala en busca de solucionar el cambio climático.

Por su parte, The Economist, esta semana destacó que la principal solución al cambio climático era la innovación. Señala que un número de prominentes investigadores británicos y personas de negocios sugirieron un enfoque mucho mayor en investigación y desarrollo verde a través de un “Programa Apolo” para la energía renovable.

La propuesta es que un 0,02% anual del PBI se destine a investigación y desarrollo verde. Incluso Nicholas Stern, creador del ‘Informe Stern’, sobre los costos del cambio climático en la economía, es uno de los patrocinadores de la propuesta.4****

Es decir, que tanto hombres de negocios como estadistas, economistas climáticos coinciden en que la mejor estrategia climática a largo plazo es aumentar drásticamente la inversión en innovación y desarrollo tecnológico verde.

II. DIAGNÓSTICO SOBRE MÉXICO

Ante el panorama a nivel internacional, México no puede quedarse rezagado.

El Presidente, Enrique Peña Nieto, ha señalado que “no podemos ser una nación que vaya a la zaga, que vaya atrás de esos países de mayor desarrollo, en donde se genera ciencia, en donde hay trabajo de investigación, donde hay desarrollo tecnológico”.

Añadió que “Partimos de ser un país en la región latinoamericana que poco dedicaba a esta asignatura: apenas el 0.4 por ciento. Hoy, a partir de los esfuerzos que se han hecho para dedicar recursos de los mexicanos, que están inscritos en el Presupuesto Federal, para ciencia y tecnología estamos invirtiendo del orden del 0.57 por ciento del Producto Interno Bruto”.5

En este sentido, la Reforma Energética que entro en vigor a partir de 2014, con las modificaciones constitucionales, mandatan, entre otras cuestiones, que el Estado deberá procurar la protección y cuidado del medio ambiente, a través de criterios de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; así como la elaboración de una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.

Para estos propósitos la legislación contempla diversos fondos que tienen la finalidad de fomentar la inversión y generación de empleos, el acceso a financiamiento y la investigación y aplicación de desarrollo tecnológico, que estimulen la producción de bioenergéticos, que garanticen la seguridad energética, que promuevan las fuentes renovables de energía, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable

Esta es una orientación que apuntala el rumbo para alcanzar la diversificación de las fuentes de energía con el uso de combustibles más limpios, amigables con el medio ambiente y que enfatiza la prioridad para promover un sector energético que sea sostenible, económicamente fuerte y socialmente responsable.

La Ley de Transición Energética, también contempla el desarrollo de Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias para promover la investigación y el desarrollo de las tecnologías en la materia y crea el Reconocimiento en Excelencia en Eficiencia Energética, un proceso voluntario de certificación, que busca identificar y promover productos, equipos y edificaciones diseñadas y acondicionadas para hacer un uso sustentable y eficiente de la energía.

Sin embargo, por la amplitud de su territorio y la riqueza de sus recursos naturales, por el tamaño de su población, por la dimensión de su economía en el ámbito mundial, por la dimensión de su mercado interno, y por su gran potencial energético, es indispensable continuar impulsando las capacidades del capital humano a todos los niveles y en todos los sectores de la economía.

Para ello se requiere incentivos en la creación de mejor capital humano, de alta calidad, capaz de generar nuevo conocimiento, y a través de éste promover el desarrollo de nuevas tecnologías y la incorporación del desarrollo e innovación en el sector productivo, que puedan incidir en los niveles de prosperidad del país y de bienestar de su    población.

Los legisladores no podemos perder de vista que para que una reforma sea exitosa es necesario apoyar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la sustentabilidad y eficiencia energética.

Lamentablemente, según el Índice de Talento Mundial 2015, México ocupa la posición 58 de 61 países, somos uno de los países más rezagados en desarrollo y conservación de talento.

Para todos es evidente que debe existir una mayor vinculación entre universidades y sector productivo, entre centros públicos y privados de investigación e industria. Es un rubro que debemos incentivar porque afectan nuestro desarrollo, productividad y crecimiento económico.

III. PROPUESTA LEGISLATIVA

A partir de los argumentos y diagnóstico anteriores, podemos concluir que es necesario dar incentivos a ese capital humano, que se enfoque a desarrollar el conocimiento necesario para permitir que el sector energético prospere, pero fundamentalmente enfocar una parte de nuestros esfuerzos al desarrollo de tecnologías para el impulso de las energías renovables y la reducción de emisiones contaminantes.

De conformidad con lo anterior y teniendo como fin fomentar el uso sustentable de las energías tanto en el ámbito de hidrocarburos, donde México seguirá siendo un jugador importante, como en el eléctrico, tomando en consideración, que la mayor fortaleza que un país pueda tener está en su capacidad para impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, como precursores esenciales de la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo, se propone la creación del Premio Nacional de Desarrollo e  Innovación Tecnológica en Energía Sustentable.

Este Premio estaría dirigido a las personas, instituciones o empresas que, por sus logros sobresalientes en el desarrollo o innovación tecnológica, hayan contribuido al aprovechamiento sustentable de la energía, entendida como el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la Eficiencia Energética.
Para tal efecto, entendemos como innovación la capacidad de llevar el conocimiento a la práctica para resolver problemas; incluyendo el desarrollo o el mejoramiento de productos, servicios, esquemas, procesos o métodos que propicien la diversificación, uso sustentable, eficiente, oferta, seguridad y racionalización de los recursos energéticos.

El Premio Nacional, pretende impulsar la formación de individuos creativos, capaces de imaginar nuevas soluciones y materializar ideas innovadoras, que ponga a México en la vanguardia del desarrollo e innovación tecnológica en energías alternativas y disminución de emisiones contaminantes.

El otorgamiento de este “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable” reconocerían los esfuerzos realizados por las personas, académicos, investigadores, estudiantes, por las instituciones, centros privados de investigación, públicos o privados, empresas nacionales que además del impulso a las energías sustentables, generen un impacto positivo en la competitividad, productividad, creación de valor y sostenibilidad de las regiones y en cadenas de valor relacionadas con esas energías.

En concreto, entre los propósitos del otorgamiento del “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable”, están los siguientes:

• Impulsar la aplicación de tecnología que minimice el impacto al medio ambiente, con el objeto de obtener procesos mejorados que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

• Propiciar la generación de propuestas tecnológicas para impulsar el desarrollo sostenible.

• Reconocer las tecnologías desarrolladas para disminuir la emisión de contaminantes en la exploración, producción y transformación de crudo y gas natural.

• Reconocer la contribución de las personas, empresas e instituciones al uso de la energía sustentable.

• Contribuir al cumplimiento de las metas comprometidas para la reducción de emisiones contaminantes a partir del uso y desarrollo de la tecnología en el aprovechamiento de energías sustentables.

Finalmente, y por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- Se adicionan la fracción XIX al artículo 6o y un capítulo XXIV titulado “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable”, recorriéndose el Capítulo y los artículos subsecuentes de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo 6o ...

I. a XVIII...

XIX -. De Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable

Capítulo XXIV
“Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica
en Energía Sustentable”

Artículo 128-. Merecerán este premio las personas, empresas o instituciones que, por sus logros sobresalientes en el desarrollo o innovación tecnológica, hayan contribuido al aprovechamiento sustentable de la energía, entendida como el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la Eficiencia Energética.

Artículo 129.- El Premio Nacional de Desarrollo e  Innovación Tecnológica en Energía Sustentable se entregará considerando una mejora o novedad de los productos, procesos, métodos o sistemas en las siguientes categorías:

I. Hidrocarburos, relativos a la exploración, explotación y transformación de hidrocarburos que resulten en su uso eficiente y contribuyan a la preservación del medio ambiente.

II. Electricidad; relativo al aprovechamiento sustentable de las energías.

III. Eficiencia Energética; que conlleven a una reducción, económicamente viable, de la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior; y

IV. Bioenergéticos.

Artículo 130 .- Para la entrega anual del Premio Nacional de Desarrollo e  Innovación Tecnológica en Energía Sustentable, el Consejo de Premiación se integrará con un representante de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de Economía, un representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, un representante del  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean integrantes de las Comisiones competentes.

Toda persona, empresa o institución podrá dirigirse al Consejo para solicitar ser incluidas o proponer candidaturas en cada una de las categorías, conforme a la Convocatoria que para el efecto emita dicho Consejo.

Artículo 131-. El premio consistirá en Medalla y se complementará con entrega en numerario, por el monto que determine el propio Consejo.

Artículo 132 -. El premio será entregado el 5 de marzo de cada año, por el Presidente de la República o por el servidor público que éste designe.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 * OECD Science, Technology and IndustryScoreboard 2015.

2 **Reuters 17.11.2015

3 ***El País, Gabriela Cañas /Manuel Planelles, 30 Nov 2015

4 ****Publicado por: BjornLomborg el 7 diciembre, 2015, en EFE Verde

5 *****Presidencia de la República, 10 de noviembre de 2015.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justica; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, en materia de suspensión de garantías.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el día 29 de abril de 2014 y se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento que rige nuestros trabajos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El presente dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, propone la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es mandatada en el Artículo Cuarto Transitorio de la reforma constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

El presente dictamen propone regular el ejercicio de las facultades de las autoridades para iniciar el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en una región determinada, el ejercicio de ciertos derechos y garantías por causas que representan una amenaza excepcional a la paz pública.

Para la elaboración del mismo, las comisiones dictaminadoras recibimos y analizamos 2 iniciativas que plantearon expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 29. Una de ellas elaborada por Senadores de diversos grupos parlamentarios y otra fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Debo puntualizar que mediante la reforma constitucional se establecieron nuevas condiciones que deben cumplirse para proceder, si fuera el caso, o declarar la suspensión o restricción de garantías en virtud de los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Dada la sensibilidad y delicadeza el tema en lo que respecta a la Ley Reglamentaria que se propone expedir, se establece claramente en el dictamen un procedimiento de análisis previo con la participación del Congreso a la declaración o suspensión de derechos o garantías.

Es decir, y lo subrayo, ya no es una declaración unilateral del Poder Ejecutivo, en todo momento el Congreso conocerá sobre el mismo y tomará razonablemente las determinaciones que haya lugar.

En tal sentido, será el titular del Ejecutivo Federal quien presente para su aprobación el proyecto de Decreto ante el Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente; y si este está de acuerdo, procederá a declarar la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías.

Para tales efectos, el proyecto deberá contener lo siguiente:

Primero.- El fundamento y la motivación del Decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías.

La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos y garantías.

El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y garantías.

Los derechos y garantías que serán restringidos.

Los derechos y garantías que serán suspendidos.

La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de Decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión de derechos y garantías.

En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estime necesarias para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

La fundamentación para proceder a declarar la restricción o suspensión de derechos y garantías, deberá ser motivada considerando la gravedad y la naturaleza de la situación, observando que en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia e intangibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales.

Aclaro, y es importante hacerlo, que la suspensión o restricción del ejercicio de derechos nunca podrá ser sobre los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura y las garantías judiciales indispensables para la protección de éste.

Adicionalmente, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras hemos acordado, a propuesta de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil, incluir los siguientes derechos en este catálogo:

Primero. La prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual.

Segundo. La prohibición de las detenciones arbitrarias.

Tercero. El derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente.

Cuarto. La prohibición de desplazamiento o excursión forzados.

Quinto. Aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el derecho internacional.

Sexto. Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción, ni de suspensión conforme al debido proceso.

El trámite de la presente iniciativa se calificará como asunto de urgente resolución y el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

Si se llegara aprobar el Decreto, se remitirá inmediatamente al itular del Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como por los medios de comunicación impresos y electrónicos para asegurar su máxima publicidad.

Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se deberá notificar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas a través de sus Secretarías Generales.

La revisión sobre la constitucionalidad y validez de los Decretos que emita el Ejecutivo Federal será pronunciada de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo subrayó, la revisión sobre la constitucionalidad será revisada por parte y de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si la decisión se pronuncia sobre la inconstitucionalidad, la Suprema Corte ordenará el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida y deberá informar al Congreso de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal para que publique la resolución en el Diario Oficial de la Federación.

Esto que acabo de subrayar, compañeros Senadores, es de suma importancia.

Como parte de los medios de impugnación, la ley prevé que los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los Decretos de restricción o suspensión de derechos y garantías serán impugnables a través del juicio de amparo.

Y por último, el dictamen en estudio establece la facultad del Congreso de dar por terminada la restricción o suspensión cuando lo considere conveniente y en este caso la persona del titular del Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al Decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión de derecho de garantías.

Por lo anteriormente descrito, pido a todos los Senadores su voto a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo establecido en el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Particularmente en este dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluye formalmente el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011.

Con la expedición de estas leyes, es el caso del artículo 29 constitucional, damos cumplimiento a los artículos transitorios establecidos en dicha reforma, los cuales obligaban al Congreso de la Unión a expedir a más tardar el 11 de junio de 2012, el marco secundario en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos.

Por lo que corresponde a esta Ley Reglamentaria en Materia de Restricción y Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, el dictamen retoma la iniciativa presentada el 14 de agosto de 2013 por diversas Senadoras y Senadores, así como la iniciativa presentada el 22 de octubre por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

En tal virtud, las comisiones unidas dictaminadoras, después de haber realizado un análisis puntual sobre el contenido y el alcance de las dos iniciativas en comento y después de haber celebrado un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones especialistas, presentamos ante ustedes este dictamen conjuntamente con un paquete de modificaciones que se han hecho llegar a la Mesa Directiva, al tenor de las siguientes consideraciones:

En un Estado democrático, la creación de disposiciones jurídicas temporales para regular las situaciones graves y excepcionales que puedan poner en riesgo al Estado o a la sociedad, debe ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad.

Estos escenarios incidentales denominados “estados de excepción”, deben ser atendidos desde una perspectiva integral y transversal que permita conjugar la legalidad con la nueva interpretación constitucional sustentada en los derechos humanos.

El desarrollo histórico y el Estado comparados nos han mostrado que la regulación de un estado de excepción o de emergencia, en muchas ocasiones deriva en la acumulación de atribuciones y muy a menudo en graves violaciones a los derechos humanos.

Es precisamente por esta razón que resulta relevante que la regulación de estos estados de emergencia o de excepción, no sólo contemple el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además faculte a otras instancias o poderes del Estado democrático, para que intervengan y controlen permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo.

Lo anterior en el entendido de que la restricción o suspensión de derechos y garantías debe reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera de garantías jurídicas para preservar los derechos humanos en situaciones de crisis, de conformidad con lo establecido por el artículo 4 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos:

“1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u orden social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8, párrafo 1 y 2; 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada la suspensión”.

Asimismo, es importante reconocer que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estamos obligados a cumplir, dice en el Capítulo IV. Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación, en su artículo 27 que dice:

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u orden social.

2. La disposición presente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 4, Derecho a la vida; 5, Derecho a la integridad personal; 6, Prohibición de la esclavitud y servidumbre; 9, Principio de legalidad y retroactividad; 12, Libertad de conciencia y de religión; 17, Protección a la familia; 18, Derecho al nombre; 19, Derechos del niño; 20, Derechos a la nacionalidad; 23, Derechos políticos; ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”.

Por su parte, señoras y señores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció criterios muy significativos sobre la interpretación del artículo 27 de la Convención Americana, por conducto de varias opiniones consultivas que es necesario mencionar.

Por ejemplo, la número 6, pronunciada el 9 de mayo del 86, denominada la expresión “Leyes”, en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostuvo esencialmente en cuanto a los estados de emergencia que, y leo:

“Los mismos no pueden traducirse en la suspensión temporal del estado de derecho y que el gobierno respectivo esté envestido por poderes absolutos más allá de las condiciones a que tal legalidad excepcional esté autorizada, pues como ya lo había sostenido el propio tribunal en ocasión anterior, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de derecho, son inseparables”.
De manera mucho más precisa en cuanto a los instrumentos procesales, la propia Corte Interamericana se pronunció en las opiniones consultivas VIII y IX; en la IX resuelta el 30 de enero de 1987, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la designación del habeas corpus bajo la suspensión de garantías, la Corte sustancialmente sostuvo que los procedimientos previstos en los artículo 25.1 amparo, y 7.6 habeas corpus, de la propia Convención Americana, no pueden ser suspendidos con apoyo en el artículo 27.2 de la misma Convención, porque constituyen garantías procesales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse, según la última disposición.

Estos conceptos también fueron analizados a profundad en la opinión consultiva número IX, del VI de 87, a petición expresa del gobierno de Uruguay con la denominación: “Garantías Judiciales en los Estados de Emergencia”, en la que se sostuvo básicamente que deben considerarse como garantías judiciales indispensables, no susceptibles de suspensión, en los términos de los preceptos mencionados de la Convención, el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, destinados a garantizar el respeto a los derechos y libertades, cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención; y que también deben considerarse como no susceptibles los procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa de gobiernos previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos por garantizar la plenitud del ejercicio de los propios derechos no susceptibles y cuyas suspensión o limitación comporta la indefensión de tales derechos.

No obstante, su creciente aproximación a los estándares internacionales e interamericanos, las regulaciones que ofrecen las constituciones latinoamericanas, permítanme decirlo, distan de ser uniformes en la materia. Simplemente voy a enunciar cómo califican situaciones, como las de esta materia, por ejemplo en el caso de Argentina, que la define como Estado de sitio; Brasil y Honduras como Estado de excepción; en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, Paraguay y Perú.

Bien, aquí puede ser visto de dos clases: Estado de emergencia o Estado de sitio, de acuerdo a lo que establece Paraguay; Venezuela, en donde se clasifica como Estado de alarma, Estado de emergencia económica, Estado de conmoción o situación de excepción; en Chile Estado de defensa en Brasil; Estado de conmoción; en Colombia que se diferencia de lo que ahí se conoce también como Estado de emergencia.

En el caso de la reforma constitucional que emprendimos en México el 11 de junio de 2011, es que el artículo 1o., de nuestra Constitución, de manera clara, establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, con obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y de observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y aplicar el método de reinterpretación conforme para garantizar el principio pro persona.

Recordemos que también, junto con el artículo 1o. de la Constitución fueron reformados otros 10 artículos, entre los que se encuentra el 29 cuya ley reglamentaria hoy estamos poniendo a la consideración de todas y todos ustedes.

Se propone en esta ley, que hoy ponemos a su consideración, cuya denominación será Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que quede compuesta por 34 artículos, 5 capítulos y 1 régimen transitorio, los cuáles son, de manera muy general, me parece relevante destacar el capítulo primero que se denomina “Discusiones Generales”, y particularmente tengo que mencionar que se define, podrá ser los requisitos de procedencia, podrá ser en todo el país o en lugar determinado, en tiempo limitado, se efectuará por medio de prevenciones generales, las prevenciones generales; deberán ser, mediante la expedición de una ley la restricción o suspensión no puede contraerse a persona determinada.

Igualmente, resguardamos como principios que son intangibles los siguientes derechos: El derecho a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos; pero también abundamos en esta ley reglamentaria más allá de lo que los tratados internacionales que ya he mencionado.

Se establecen como las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar religión, creencia o no, y el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; la prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual, la prohibición de las detenciones arbitrarias, el derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente con el respeto debido a su dignidad inherente, la prohibición del desplazamiento o expulsión forzosos, aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el derecho internacional y, además, las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión conforme al debido proceso.

Voy a pasar toda mi intervención para que pase completa, si es tan amable, señor Presidente, en el Diario de Debates; y simplemente me voy al final de la misma en  donde, y para no entretenerme, ya que la Senadora Cristina Díaz Salazar abundó en recordar cómo quedan estos capítulos, yo simplemente termino diciendo, el  cumplimiento de obligaciones constitucionales no puede estar sujeto a valoraciones de tipo político, nuestra responsabilidad fundamental es cumplir con el mandato de la Constitución.

Hace tres años debimos haber expedido esta ley y sigue en discusión; por eso, ante las voces que señalan que es un mal momento político para legislar en materia de suspensión o restricción de derechos o garantías, es necesario subrayar que siempre es un buen momento para establecer límites y controles que impidan el ejercicio arbitrario del poder.

Nos hace mucho daño que no exista una ley reglamentaria de este artículo constitucional; hoy sin ley reglamentaria podría declararse un Estado de restricción o suspensión de derechos y no tendríamos las herramientas ni la certeza jurídica con las que sí contaremos a partir de la promulgación de la presente ley.

Por lo tanto, señoras y señores Senadores: Celebro finalmente que hayamos podido lograr un amplio consenso en las comisiones, después de batallar mucho; reconozco, por supuesto, el trabajo y la voluntad política de quien preside la Comisión de Gobernación, la Senadora María Cristina Díaz Salazar; del Senador Fernando Yunes Márquez que preside la Comisión de Justicia; y de la Senadora Graciela Ortiz González, así como de cada una de las y los Senadores integrantes de nuestras comisiones.

Gracias a esta voluntad política, hoy formalmente podemos dar por concluido el mandato del artículo Transitorio de la ley de la reforma constitucional del 11 de junio de 2011, en materia de derechos humanos. Muchas gracias, por su paciencia, señor Presidente, por permitirme ir más allá del tiempo reglamentario y tengo que recordar la gran participación del Senador Roberto Gil Zuarth, que en su momento presidió a la Comisión de Justicia, y él estuvo ciertamente en una parte fundamental de estas discusiones; y hoy también como Presidente de la Mesa, lo reconozco públicamente.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Intervención



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar, a nombre de la Comisión de Justicia, el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores.

Como ustedes saben, con la reforma constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos, en la que, entre otros, se reforma el artículo 29 constitucional de nuestra Carta Magna, se mandata, en el Artículo Cuarto Transitorio de esta reforma, la expedición de una ley reglamentaria al mismo, que tenía como plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de ese Decreto, que fue en el año de 2012.

Y efectivamente, como ya lo han señalado las Senadoras que me antecedieron en la palabra, con esta ley, el Congreso de la Unión estará cumpliendo un compromiso derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de gran importancia y de gran relevancia.

La propia reforma al artículo 29 constitucional contempla, inclusive, ampliar los conceptos no solamente de suspensión, sino también habla del término restricción, mismo que se entiende en un nivel menos intenso de afectación; y también se incorporan algunas otras medidas importantes que habían sido objeto también de recomendaciones de organismo internacionales.

Hay que señalar que en la evolución de este concepto de suspensión de garantías, de manera muy específica a lo largo del mundo, estas restricciones podían, inclusive, pasaron casos en donde las mismas, al ponerse en manos de un solo agente del Estado, provocaban, en consecuencia, que hubiese violaciones reiteradas a derechos humanos, incluso a la totalidad de un país o de un pueblo.

Esto trajo como consecuencia en el ámbito internacional de derechos humanos, que se generara una serie de recomendaciones para que se adecuaran los marcos normativos, en donde estas disposiciones estén reguladas a fin de que en ningún caso hubiese tales violaciones.

La reforma constitucional establece otros aspectos importantísimos, retomados justamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Varias de estas condiciones se encontraban ya en la norma antes de su reforma, pero las disposiciones novedosas derivan, justamente, de estos instrumentos internacionales. Además se precisa que la restricción procede sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los mismos derechos y la suspensión sobre las garantías, lo cual constituye una aclaración que ha sido relevante; asimismo, una vez concluida la temporalidad del impedimento, se mandata reanudar inmediatamente la efectividad de los derechos, esto es parte de esta reforma.

Igualmente, el artículo 29 constitucional retoma los mismos aspectos anteriores a la reforma, por lo que hace al proceso de suspensión.

Otro de los cambios importantes es justamente la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que la ley que hoy se pone a consideración de este Pleno, tiene como objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de los derechos y garantías en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro.

Y con acuerdo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, se propone el establecimiento de nuevas  definiciones de estos conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro o conflicto.

De esta manera, por perturbación grave se entenderán aquellas situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o parte de ella, y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas actuaciones.

Por grave peligro o conflicto, se entenderán aquellas circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

Los aspectos relevantes de esta ley que se ponen a su consideración, en cuanto a la iniciativa o el proceso de la misma, es que solamente el Presidente de la República podrá someter al Congreso de la Unión para su aprobación el proyecto de Decreto para restringir o suspender los derechos o garantías.

El proyecto correspondiente tendrá que tener un fundamento y motivación del derecho de restricción o suspensión, la delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión, el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión; los derechos que serán restringidos, las garantías que serán suspendidas, una relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión, la solicitud de autorización que se estime necesaria para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación; y ellas sólo podrán versar sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso de la Unión, las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar, así como las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

Una vez que el Congreso o la Comisión Permanente reciben el proyecto, se citará a sesión a más tardar en 24 horas y el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, resolverán en un plazo máximo de 48 horas.

En caso de no ser aprobado el proyecto de Decreto de restricción o suspensión, la iniciativa no podrá ser presentada de nueva y salvo que se motive por hechos o por hechos distintos o supervenientes.

También se incluyen algunas modificaciones al Decreto que originalmente fue aprobado en comisiones. Uno de esos aspectos relevantes tiene que ver con la publicación, pues una vez aprobado el Decreto por el Congreso, se remitirá al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se establece el pronunciamiento de la constitucionalidad de oficio, en este caso, la Suprema Corte se pronunciará de oficio y a más tardar en 30 días, sobre la constitucionalidad y validez de los Decretos que emita el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión, la decisión que recaiga sobre la constitucionalidad de los Decretos tendrá efectos retroactivos, es decir, se ordenará el restablecimiento inmediato de las situaciones jurídicas, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de un Decreto, se deberá igualmente publicar en el Diario Oficial de la Federación y en los medios de comunicación social y local.

También se establece la posibilidad de combatir actos del Poder Ejecutivo por vía de amparo, los actos del Ejecutivo durante la vigencia del Decreto podrán ser impugnables a través del juicio de amparo que no procederá en estos casos a la suspensión del acto reclamado, salvo que corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia de Decreto de restricción.

En materia de control parlamentario y derivado también de la reforma constitucional, se establece que durante la vigencia del Decreto, el titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso o a la Comisión Permanente informes sobre la aplicación y evolución de las medidas administrativas y legislativas adoptadas. Estos deberán entregarse por lo menos cada 30 días durante el tiempo de dicha vigencia.

En cuanto a la conclusión del Decreto, la suspensión o restricción concluirá cuando haya concluido el plazo fijado en el Decreto, cuando hayan desparecido las causas que le dieron origen por Decreto del Congreso de la Unión, o bien, por Decreto del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo federal, no podrá hacer observaciones al Decreto del Congreso o de la Comisión Permanente que ponga fin a la restricción o suspensión.

En cuanto al informe final, el Ejecutivo presentará 7 días después de la conclusión de la vigencia del Decreto y a más tardar en este plazo, un informe final al Congreso o a la Comisión Permanente sobre las causas, medidas adoptadas y consecuencias que sucedieron durante la vigencia del mismo, así como el estado que guarda el país o región afectada.

De la misma manera, de acuerdo a las reservas discutidas por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, se acuerda también una modificación al dictamen originalmente aprobada, que consiste en que el procedimiento de modificación del Decreto aprobado será el mismo que para su aprobación, que el Decreto aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos medios de comunicación social impresos o electrónicos, nacionales y locales, a efecto de garantizar mayor publicidad, esto dentro de los artículos 20 y 21 de la ley; que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de algún Decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en dos medios de comunicación social, impresos o electrónicos, nacionales y locales; y por último, que deberá publicarse la conclusión o suspensión del Decreto, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en dos medios de comunicación social impresos o electrónicos, nacionales y locales.

Estos son los aspectos relevantes de la ley que regula el procedimiento de suspensión o restricción de garantías previstas en el artículo 29 constitucional. Un procedimiento cierto y que además genera mayor certidumbre sobre el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos cuando eventualmente nuestro país pudiera atravesar por un estado de emergencia al que se refiere el artículo 29 constitucional; y con ello, se está dando un gran paso en el cumplimiento de nuestro país en materia de derechos humanos.

Por lo tanto, desde la Comisión de Justicia, pedimos a este Pleno aprueben en la presente reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dichas modificaciones.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las modificaciones:



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ingresen las modificaciones al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a las que ha dado lectura la Secretaría. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores: Dolores Padierna Luna, en contra; Lucero Saldaña Pérez, a favor; David Monreal Ávila, a favor; Jorge Aréchiga Ávila, a favor; Benjamín Robles Montoya, a favor; Domingo Humberto Mayans Canabal, a favor; Miguel Ángel Chico Herrera, a favor; y Martha Angélica Tagle Martínez, a favor, ¿alguna otra solicitud de intervención? Con esta lista agotaremos el debate en lo general.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que está puesto a su consideración mediante el cual se pretende aprobar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, desde el título, para la suspensión de garantías, restricción o suspensión de garantías y de derechos constitucionales, resulta muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario.

La expedición de esta ley debiera ser acorde con la reforma constitucional de los derechos humanos, ya que estaría reglamentando una parte de la misma.

El contenido del artículo 29 constitucional forma parte de las garantías individuales, por lo que su redacción e interpretación debe darse siempre en sentido contrario a la atribución que se otorgue al Ejecutivo Federal para que pueda suspender derechos, restringir libertades y garantías constitucionales; es decir, el centro deben ser las personas que conformamos la sociedad, no la autoridad, no el Poder Ejecutivo, así se trate de hacer frente a situaciones en las que se ponga en grave riesgo o conflicto a la sociedad por casos de invasión, perturbación grave de la paz u otra circunstancia de naturaleza análoga.

Toda disposición derivada de dicho artículo constitucional tiene que ser, por necesidad, restrictiva para la autoridad, cerrada a cualquier discrecionalidad y muy precisa para evitar abusos en su aplicación.

La reforma más importante y superior que se hizo a este artículo fue, sin duda, la que deriva del paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, donde se establecieron derechos pétreos, que no pueden restringirse ni suspenderse, me refiero a los derechos tales como a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, el derecho superior de la niñez, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, la libertad, etcétera.

Ninguna de estas garantías, entre otras, pueden cancelarse bajo ninguna circunstancia, por excepcional que fuera.

Pueden restringirse algunas, pero mediante la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se debe de cumplir.

Está en la jurisprudencia, de acuerdo a estas instituciones, el procedimiento que se denomina el test tripartita, donde deben de cubrirse, primero, debe de estar un procedimiento perfectamente establecido en la ley, la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material; y esta ley que es la que debería de contener este dictaminado que hizo la Suprema Corte de Justicia, no cubre este requisito.

Debe de estar orientado también a cubrir como un objetivo de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la limitación debe de ser necesaria en una sociedad democrática, es decir, debe de ser idónea para lograr sus fines y ser estrictamente proporcional a esa finalidad.

La pregunta obligada es si este dictamen pone en el centro a los derechos humanos de las personas o reglamenta para hacer asequible a la autoridad, la autoridad de restringir o suspender los derechos humanos.

El artículo 1 de este dictamen establece el objetivo de esta ley, el cual es contrario a los derechos humanos, dice, y leo textual: Tiene por objeto regular los procedimientos para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías y la concesión de autorizaciones que se consideren necesarias para que el Ejecutivo Federal, etcétera, etcétera.

Los derechos humanos no se pueden suspender, sólo pueden restringirse bajo determinadas circunstancias y con base en un procedimiento que establece la Suprema Corte y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Este sólo planteamiento resulta suficiente para ubicar que la ley reglamentaria que se pretende aprobar no le es fiel a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues en su centro gravitacional es la autoridad y no el respeto a los derechos humanos.

Aquí lo anterior es así, aún y cuando se escriban o se transcriban los derechos pétreos constitucionales en el artículo 7 que se amplió ahora, y se incorporen como principios el de pro persona y el del debido proceso en el artículo 8, porque quedan en un plano meramente declarativo y no se le da cumplimiento cabal en esta iniciativa.

En el cuerpo del dictamen se ponen disposiciones, como la establecida en el artículo 26, en el sentido de que suspender las acciones legales para demandar la reparación del daño o afectaciones de los actos del Ejecutivo Federal, hasta que concluya la suspensión de garantías; o sea que no podemos demandar la reparación del daño, ni las afectaciones que haga el Ejecutivo Federal.

El artículo 25 del dictamen es igualmente contrario a los derechos humanos, pues a la par de establecer que los actos del Ejecutivo Federal son impugnables vía amparo, establece la improcedencia de la suspensión, lo que puede llevar a que se hagan actos de autoridad de imposible reparación.

El aviso a la Organización de los Estados Americanos o a la Organización de las Naciones Unidas, establecidas en el artículo 20, no tiene ningún efecto práctico. El control in situ durante el Estado de emergencia no se establece en esta ley reglamentaria, el aviso a la OEA o a la ONU debería de ir acompañado de una invitación para que manden observadores para verificar en el espacio geográfico donde se suspendan derechos y garantías que no haya violación de derechos humanos, debe de agregarse que deben estar presentes estas instituciones internacionales de las cuales México forma parte.

El derecho humano que se restringe por antonomasia, en este tipo de medidas es la libertad, que por la ausencia de mecanismos que garanticen el debido proceso y el restablecimiento en el goce de los derechos de la persona, hace que esta legislación sea un riesgo para los derechos humanos. Esta reglamentación busca fortalecer las atribuciones del Ejecutivo Federal en detrimento de los derechos de la población, suspende la división de poderes y el federalismo.

Las modificaciones que se presentan al proyecto de Decreto, involucran ocho artículos que temáticamente se refieren a varios aspectos.

Hablaré de aspectos sustantivos, definición y contenido que se destacan en las modificaciones a los artículos 3 y 9.

En el artículo 3., se elimina como parte de la noción de perturbación grave de la paz pública, la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura, y se le sustituye por la noción de integridad, seguridad o libertad de la población. Asimismo, se modifica la definición de riesgos sanitarios o naturales, agregando un origen antropogénico.

Esta modificación va en la ruta de establecer la seguridad de la población y no la del Estado, lo cual es correcto. Sin embargo, en la fracción III de este artículo se plantea una problemática al incorporar los factores antropogénicos, lo cual obliga a definir, pues cabría todo tipo de riesgos, ya sean naturales o por causa humana; tiene que definirse el alcance o acotarse ante qué tipo de riesgo se va a declarar la suspensión de garantías.

En el artículo 9 se adiciona a la lista de principios que deben observarse el principio de necesidad, lo cual también es correcto. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 27 y 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos de la OEA, en el capítulo cuarto, artículo 27 que habla de la suspensión de garantías, establece una lista de derechos que no pueden suspenderse, aun habiéndose decretado el Estado de excepción.

En la iniciativa se rebaja el término de derechos a principios, aun así, la lista, además de insuficiente, admite principios o derechos cuya suspensión está prohibida por la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Respecto de las competencias, en los artículos 18 y 19 se modifican para eliminar la atribución del Congreso de la Unión que pueda iniciar la modificación de un Decreto de suspensión de garantías a partir de una propuesta que presenten la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras. Esto resta controles democráticos.

Aun cuando el artículo 29 de la Constitución faculte al Ejecutivo Federal para iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, el Congreso debiera ser salvaguarda del control democrático para corregir posibles abusos que pueda contener el proyecto del Ejecutivo o por qué razón habría que aceptar cancelar la facultad constitucional del Poder Legislativo de modificar leyes o Decretos. Nosotros sólo buscamos un esquema menos lesivo a la implementación de un Estado de excepción de garantías.

En el artículo 11 se agregaron dos renglones que dicen:

“Todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con el titular del Poder Ejecutivo Federal para asegurar lo más pronto posible el restablecimiento de la normalidad”.

Esta frase da la impresión de que se pretende suspender la división de Poderes, lo correcto sería borrarla y dejar sólo el contenido del artículo 20 que son los esquemas de coordinación que establece esta ley conjuntamente entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, pero sin anular facultades del Poder Legislativo.

En el artículo 20 se establece esta corresponsabilidad o esta coordinación entre Gobierno y Congreso; y al poner esta frase prácticamente está anulando el equilibrio de Poderes.

La necesidad de la ley reglamentaria derivó de una reforma a los derechos humanos, que hoy se pervierte con una reforma que fortalece a la autoridad, dándole márgenes de actuación y discrecionalidad que no corresponden a un Estado social y democrático de derecho, que no corresponden a una democracia. No debemos legislar en el vacío, ni de espaldas a la realidad.

Está por aprobarse esta ley que teóricamente sólo se emplearía en situaciones extraordinarias, pero que deja espacios peligrosos a la actuación de uno solo de los poderes de la República, y ello sucede en un contexto de grave crisis de derechos humanos de nuestro país.

En el terrible contexto que vivimos, tenemos la responsabilidad de no agravar más la situación, ni de dar armas a las tentaciones autoritarias.

Esta iniciativa abre la puerta a violaciones de derechos fundamentales, se concibe a los derechos humanos como un obstáculo. Léase el artículo 5, en una situación extraordinaria serían un obstáculo y es preciso recordar y decir que los derechos humanos nunca serán un obstáculo, sino el objetivo principal que debiera preservar el Estado en su conjunto, el Senado entre ellos.

Por estas razones yo les conmino a votar en contra.

Pese a las modificaciones, el dictamen que impulsan las Presidentas de las comisiones dictaminadoras, se mantiene en su esencia una ley reglamentaria contraria al respeto a los derechos humanos.

Es cuanto. Gracias, señor Presidente.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente. A esta Mesa Directiva, compañeras y compañeros Senadores:

Estamos ante la oportunidad de ponernos a cuentas con un tema relevante en materia de derechos humanos, y es que el interés que debemos preservar, es de seguir construyendo la base sólida para sustentar la protección de los derechos humanos y abrazar el respeto a la dignidad de las personas.

Los dictámenes que hoy estamos por aprobar en esta Honorable Asamblea, responden, sí a un mandato para que el contenido de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dada el mes de junio de 2011, tengan lo consecuente en materia de suspensión del ejercicio de derechos y garantías y de exclusión de personas extranjeras del territorio nacional respectivamente.

Promulgar, publicar de manera inmediata, creo que estaríamos en esta condición, y la tarea de las comisiones dictaminadoras era lograr que ambas leyes reglamentarias cumplieran con el objeto de dar este cumplimiento, sobre todo a instrumentos internacionales adoptados por nuestro país, así como por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el 22 de octubre de 2013.

La tarea de estas comisiones sí se logra con estos dictámenes, tiene que ver con este apego irrestricto a los derechos humanos; se eliminan con ellos criterios discrecionales, con un cuerpo normativo, coherente, dotado de operatividad, que consagra los principios más importantes en concordancia con la evolución y con los estándares más importantes de derechos humanos y del derecho internacional.

La expedición de estas leyes, guardan también correspondencia con el reciente retiro de reservas a tratados internacionales relativos a este tema.

En el escenario actual de un mundo globalizado, donde las barreras son cada vez más difusas; la expulsión de extranjeros constituye un tema sobre el cual los Estados deben prever la adopción de medidas, logrando que cualquiera que ésta se logre, sea preservando y respetando los derechos humanos.

Aquí lo que también garantiza es la protección de la sociedad en general, salvaguardar la seguridad nacional y el orden público, y no solamente de garantías o derechos individuales. La soberanía debe entenderse entonces no sólo como una potestad, sino también como una responsabilidad.

Negar a una persona sus derechos humanos, es despreciar lo que es en sí la humanidad, es reafirmar y aplicar estos derechos sin temor ni favor a propios y a extranjeros, es una tarea democrática y humanizante.

La ley reglamentaria que hoy se pone a consideración garantiza el derecho de audiencia y a derechos procesales de personas extranjeras que constituyan una amenaza para la seguridad nacional, atendiendo al pleno respeto de los derechos humanos, a través de disposiciones como las que se enuncian en la de regular el procedimiento para expulsión de extranjeros del territorio nacional, con pleno reconocimiento y respeto de garantías, como lo son el derecho a la defensa, a la imparcialidad de la autoridad o tribunal que le juzgue; el derecho a ser escuchados, el respeto a sus derechos consulares.

Establecen también plazos para la ejecución del procedimiento de expulsión, se determina con claridad el procedimiento de audiencia, se prevé el otorgamiento de asesoría, como de contar con un traductor en los casos que así lo ameriten.

Se señala que los procedimientos son de carácter individual, por lo que si dos o más personas extranjeras incurrieran en la misma causa que motive el inicio del procedimiento, cada uno llevaría su propio procedimiento.

Se estipula también el contenido que deberá llevar el acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, así como la forma en que se llevará a cabo la notificación a la persona extranjera.

Se señalan las medidas cautelares con la autoridad correspondiente, para que pueda adoptar y asegurar el desahogo de procedimiento de expulsión.

Por todo ello, la aprobación de estos dictámenes constituyen un paso importante en la armonización de nuestra legislación a los tratados e instrumentos internacionales, de los que nuestro país es parte y, por lo tanto, debe ser congruente.

En atención a recomendaciones también que hemos recibido de los propios organismos internacionales y principalmente en la protección de lo más preciado que podemos disponer las personas, son los derechos humanos.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del PRI está a favor de estos dictámenes, con las enmiendas y los cambios aquí aprobados.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

El estado de excepción es el régimen que declara un gobierno dentro de un territorio delimitado que enfrenta situaciones de crisis, una suspensión temporal de ciertos derechos de la población.

Dicha restricción tiene su justificación ante amenazas tales como la perturbación grave de la paz pública, o bien, circunstancias excepcionales de tal gravedad que pongan en peligro la soberanía nacional.

Ante esto, los criterios adoptados a través de distintos instrumentos internacionales establecen que los únicos derechos, que por ningún motivo pueden ser suspendidos, son los de reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, al nombre, los derechos de los niños, los derechos políticos, siendo estos derechos inalienables del hombre y de la mujer. Criterios que han sido en gran medida respetados y tomados en cuenta en la elaboración del presente dictamen, situación que permitirá generar una atmósfera de mayor certeza jurídica para los gobernados.

No obstante el dictamen que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es sumamente delicado y de gran importancia para el Estado mexicano, pues se está previniendo una posible situación en la que se tenga que suspender temporalmente y en determinado territorio o en todo el país los derechos y las garantías de los ciudadanos.

Ante este panorama, diversas organizaciones sociales han alertado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos derivado de este dictamen.

La sociedad civil ha mencionado que los artículos 2 y 3 del dictamen son, en demasía, ambiguos al no brindar la certeza jurídica suficiente al momento de la restricción o suspensión de derechos humanos en aquellos casos en los que se perturbe gravemente la paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Esta ambigüedad representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones puedan ser consideradas por el Ejecutivo, así lo consideran las organizaciones sociales; es claro el descontento por parte de varios sectores de la sociedad, por tal razón, parece prudente que se atiendan los puntos de vista a fin de estudiar la pertinencia de incluir las observancias que estimen convenientes.

Por otro lado, me refería acerca de lo delicado que implica el Estado de excepción, por tal motivo, es necesario propiciar una mayor certeza al proceso por medio del cual será declarada la suspensión o restricción de derechos y garantías.

En consecuencia, es prudente incluirlo en el dictamen, dada la importancia que conlleva el tipo de votación que se requerirá en el Congreso de la Unión para hacer la declaratoria de restricción o suspensión de derechos y garantías.

No podemos y no debemos aprobar una restricción de garantías por mayoría simple, por lo cual sería necesario elevar la votación a mayoría calificada con el fin de que se alcance el mayor consenso y aprobación por parte del Congreso de la Unión.

También en la medida que se definan plenamente distintas cuestiones de ley, será posible dar tranquilidad a la población de que no se afectará arbitrariamente su esfera a derechos.

Por tal motivo, al precisar que se entiende por restricción y suspensión de derechos constitucionales, los ciudadanos comprenderán el status jurídico bajo el cual serán regulados por un determinado tiempo.

De igual, modo el dictamen es omiso en señalar un plazo determinado, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse respecto de la constitucionalidad o no del Decreto que se trate, lo anterior es un problema no menor, ya que la urgencia en que se debe de resolver la situación que perturbe el orden y la paz pública no podría quedar a la libre interpretación de la Corte ni mucho menos a la carga o no de trabajo de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, el Congreso de la Unión debe vigilar meticulosamente que el Ejecutivo Federal en todo momento en que se implemente el estado de excepción, cumpla con los fines y propósitos para los cuales fue declarado.

Para ello, el dictamen contempla esta situación a través de informes detallados que deben ser rendidos ante el Legislativo; sin embargo, qué pasaría si por alguna cuestión el Ejecutivo no envía el informe respectivo ante este caso hipotético, el Legislativo reconocería totalmente el estado real y las condiciones que guarda la restricción de garantía.

Por tal motivo, se debe de facultar al Congreso para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de resolver lo conducente ante la posible omisión por parte del Ejecutivo.

Dicho lo anterior, y a la vez que escuchemos a las distintas organizaciones que han planteado sus inquietudes y clarifiquemos diversos puntos de este dictamen, se brindaría una mayor certeza acerca de cómo será implementado un estado de excepción que restrinja o suspenda diversos derechos y garantías constitucionales.

Por ello, debemos de alertar que este dictamen pone en riesgo muchas de las luchas y protestas sociales, lo más grave es que con la definición de los conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro, se puede llevar a criminalizar los movimientos de protesta social.

Otro llamado de alerta, la ley efectivamente no precisa el significado y el supuesto de restricción y suspensión, es un dictamen presidencialista, porque se deroga la posibilidad de que las Cámaras del Congreso inicien los procedimientos de modificación de los derechos de suspensión de garantía.

En conclusión, la suspensión de garantías promueve una dictadura institucionalizada en un solo hombre.

Es por ello que nuestro voto es en contra del dictamen.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy se da cuenta de la legislación que reglamentará el artículo 29 constitucional, a fin de decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías de los que gozan los ciudadanos.

Cabe destacar que dicha suspensión de garantías es una de las figuras jurídicas más relevantes de la Constitución y complementa una de las reformas trascendentales de la historia del país en materia de derechos humanos.

Por ello, en el Partido Verde estamos ciertos que con la expedición de esta ley se dotará de certeza jurídica a los ciudadanos en cuanto al procedimiento, al ejercicio de las facultades de las autoridades y los casos en que procederá la aplicación de la norma frente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o en situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Lo anterior no es menor, ya que se trata de limitar el goce de los derechos que tienen todos los mexicanos.

Es relevante referir que nuestro país, desde la Constitución de 1917 vigente, solamente en una ocasión se ha aprobado la suspensión de garantías individuales, situación que se presentó el 1 de junio de 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la cual se restringieron las garantías individuales consagradas en los artículos 1o., 4o., y 5o., de la Carta Magna de nuestro país.

Si bien, por una sola vez se han suspendido los derechos de los mexicanos, es de toral importancia que nuestro país cuente con la normatividad necesaria para garantizar, en todo momento, los derechos de todos los ciudadanos.

En este sentido, mi grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa por la que misma establece límites para garantizar derechos innegables a todo hombre, entre los que destacan: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la familia, a la prohibición de la desaparición forzada, a la tortura y a las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, al igual que los requisitos que debe considerar el Decreto de restricción estableciendo su fundamento y motivación, ubicación, duración, derechos y garantías que serán suspendidas.

Aunado en un claro procedimiento en el que intervienen los tres poderes del Estado mexicano.

El Ejecutivo, quien presentará la iniciativa, la promulgará y la publicará.

El Legislativo, quien dictaminará y aprobará en los términos convenientes.

El Judicial, mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la revisión de la constitucionalidad y validez del Decreto.
Con todos estos elementos, consideramos que en la ley que hoy votaremos se consolidan avances impostergables en materia de derechos humanos, posicionado a nuestro país como un marco jurídico acorde a los tiempos modernos de globalización de los que vivimos.

Tal y como lo han postulado los países más desarrollados y los organismos internacionales, quienes han tenido como objetivo principal la búsqueda de la paz y la seguridad internacional y, a su vez, la difusión y protección de los derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros Senadores:

Esta ley, como hemos escuchado aquí, es el resultado, estoy de acuerdo con ello, de un largo y delicado proceso de construcción de acuerdos, sin duda, sobre un asunto de la mayor relevancia para un sistema democrático.

El tema de la suspensión o restricción de derechos y garantías no es solamente, como todos lo sabemos, un asunto más y por ello no podíamos permitir, coincido con quienes así lo han visto, no podíamos permitir que siguiera este tema en el limbo jurídico sin definiciones claras y sin una regulación más clara y más precisa.

Es ni más ni menos, nos parece, el instrumento mediante el cual se salvaguarda el estado de derecho durante una situación, como aquí se ha planteado, especialmente que amerite medidas excepcionales tan delicadas como una suspensión o una restricción de derechos de las personas.

Esa es, sin duda, la importancia de este ordenamiento y me parece, señor Presidente, compañeras y compañeros, que vale la pena destacar también algunos aspectos igualmente relevantes de su contenido.

El primero, a mi juicio, es el mecanismo de control judicial sobre el Decreto de suspensión o restricción, es decir, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar y resolver sobre la constitucionalidad y validez del Decreto; y en este rubro destaco también, compañeras y compañeros, la posibilidad de impugnarlo por la vía judicial.

Ciertamente se trata de una facultad establecida expresamente en el texto del artículo 29 constitucional, pero me parece sumamente importante que este dictamen garantice plenamente el ejercicio de esta facultad que es a la vez, reitero, un mecanismo de control en aras de que esta figura jurídica no sea objeto de abusos y sea aplicada con estricto apego al derecho.

El segundo aspecto que deseo resaltar es la puntualización de que la suspensión o la restricción es procedente sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los derechos en sí mismos.

Y en tercer lugar, me parece tan importante como acertado el establecimiento de un catálogo de derechos que no podrán ser objeto de suspensión o de restricción, así como los principios pro persona de no discriminación, de legalidad, de retroactividad, de proporcionalidad y del debido proceso.

En síntesis, me parece, el dictamen prevé candados y mecanismos de control que reflejan la preocupación compartida de los grupos parlamentarios de garantizar que esta delicada figura no sea aplicada de manera abusiva ni perversa en sus fines.

Y quiero hacer un reconocimiento por ello al trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, por su apertura, para poder escuchar y atender planteamientos diversos que hicimos quienes tuvimos el interés en aportar a ese tema y también por tener la visión de legislar sobre un asunto, reitero, que se encontraba, como ya lo he señalado en el limbo jurídico sin un procedimiento bien delineado y sin mecanismo de control.

Por eso traigo a colación una experiencia que pareciera haber pasado desapercibida para muchos, me quiero referir al artículo del 25 de abril del 2009, expedido por el Ejecutivo Federal para combatir y controlar la transmisión de virus de la influenza.

Ese Decreto autorizaba, entre otras cosas, el ingreso de la autoridad a todo tipo de casa, de local o de casa habitación; y por fortuna también hay que recordarlo, no tuvimos noticia alguna de abusos derivados de aquel Decreto; pero está claro con este ejemplo, que en dicho Decreto fue expedido con ausencia de una regulación con todos los riesgos que ello implica para el estado de derecho.

Ojalá, compañeras y compañeros, nunca nos veamos en la necesidad de aplicar esta ley y, por supuesto, pero sin duda es necesario contar con ella para garantizar precisamente el estado de derecho en una situación de emergencia.

Por eso, señor Presidente, mi voto será a favor y pido, compañeras y compañeros, que ustedes también valoren hacerlo en el mismo sentido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es indiscutible que todos en esta Cámara estamos conscientes de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, constituyó un cambio de paradigma en la concepción, ejercicio y protección de los derechos humanos en nuestro país, colocando a México en la vanguardia internacional en la materia.

En este marco, hoy debatimos la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional; desde mi punto de vista, este ordenamiento jurídico brinda absoluta certeza y confianza a la población en casos de perturbación grave a la paz pública, de invasión u otro evento que ponga en riesgo o en peligro a la sociedad.

Por ello es fundamental señalar que estamos con esta iniciativa ante la eventual suspensión del ejercicio de derechos y nunca del derecho mismo.

Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia de la ley que estamos por aprobar, es preciso mencionar que la suspensión sólo podrá decretarse cuando los derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación de excepción. No se trata entonces y bajo ningún motivo, de una decisión arbitraria o unilateral.

En este orden de ideas, del contenido de la ley, destacan el control parlamentario que llevará a cabo el Congreso de la Unión, así como la injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso organismos internacionales tales como la  Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, en su caso.

Otro aspecto de vital importancia del contenido de esta iniciativa, es que se encuentra reglamentada la facultad de revisión de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los medios de impugnación.

Sobre el particular, se prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos que el Ejecutivo Federal adopte durante la vigencia de la restricción o suspensión de derechos y garantías.

En síntesis, se cuenta entonces con los pesos y contrapesos idóneos para garantizar la observancia de las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que México es Parte, así como del derecho internacional en la materia.

Además, en todo momento, se deberá observar el principio pro-persona, es decir, no discriminación por ninguna condición, la legalidad y retroactividad de las leyes y el debido proceso.

Por otro lado, igualmente se precisa que toda suspensión o restricción de derechos deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación a afrontar.

Un aspecto medular es que se contempla un catálogo de derechos que bajo ninguna circunstancia podrán restringirse, entre ellos, los relativos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los derechos políticos, entre otros.

En relación, y esto es muy importante, a la duración de la suspensión o restricción, la ley es clara, específica al referir que concluirán cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: haya concluido el plazo previsto, desaparezcan las causas que le dieron origen, por Decreto, ello del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal.

Compañeras y compañeros legisladores:

Al aprobar la presente iniciativa, como estoy seguro que lo haremos el día de hoy, damos un paso crucial hacia la consolidación de la función garante del Estado constitucional y convencional del Estado mexicano.

Y más importante aún, brindaremos certeza, confianza y tranquilidad a la población de nuestro país, en casos de excepción, garantizamos, de igual manera, el goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como las garantías para su protección al observar, en todo momento, el de respeto y protección y promoción de los derechos humanos.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI, y un servidor en particular, deseamos hacer un reconocimiento por el trabajo serio, profundo, responsable de las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Justicia, que han trabajado en dicha iniciativa.

Por ello también, en el grupo parlamentario del PRI reiteramos el sentido positivo de nuestro voto y hacemos el llamado a las señoras Senadoras y Senadores de la República aquí presentes, a que se sumen a fin de impulsar mecanismos efectivos ante situaciones excepcionales que requieran la suspensión del ejercicio de los derechos para salvaguardar al derecho mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras y compañeros Senadores:

Esta Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional es un pendiente que este Congreso tiene desde hace al menos 3 años.

Es una obligación derivada, precisamente, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que estableció en uno de sus artículos transitorios la necesidad de reglamentar y establecer un procedimiento claro y efectivo para dejar muy claras las condiciones en las cuales se pueden suspender las garantías de las y los ciudadanos mexicanos.

Es un tema que no podía esperar más, sin embargo, esta ley reglamentaria ha tenido que esperar más de 3 años. Ha estado, prácticamente, un año como dictamen de primera lectura, y como aparecía en primera lectura, sin duda, me hubiera opuesto porque ahí no se consideraban algunos cuestionamientos que particularmente organizaciones de la sociedad civil habían estado haciendo con respecto a ese documento.

Sin embargo, y aunque no de la mejor manera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Gobernación han decidido incorporar estos comentarios y observaciones al dictamen, vía un addendum, por eso comento que no es de la mejor manera. Debió haberse discutido en comisiones para poder pasar nuevamente al Pleno.

Sin embargo, en este proceso las modificaciones han sido correctas y adecuadas, y por eso un reconocimiento por la voluntad que han manifestado quienes presiden estas comisiones para que se incorporen estas observaciones, y por eso, y en ese sentido me manifiesto a favor del dictamen que está a consideración de este Pleno.

El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy sienta las bases que regula el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional, a fin de que en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad mexicana, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.

Recientemente hemos sido testigos de los lamentables atentados suscitados en Francia, que han puesto en grave peligro o conflicto a su sociedad y, por lo tanto, han decretado una suspensión de garantías.

Por lo tanto, es necesario que nuestro país defina claramente el procedimiento que se tendría que seguir en casos como ése y sólo en casos como ése, y delinear conforme a lo establecido en la Constitución, la participación de cada uno de los poderes del Estado en situaciones de esa naturaleza.

Si bien ésta es una ley reglamentaria para un Estado de excepción, el presente dictamen garantiza a las y los ciudadanos derechos inalienables como la no discriminación, la personalidad jurídica, la vida, la integridad de las personas, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, entre muchos otros.

Se incorporan en este dictamen las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas en cuanto a que como derechos inalienables se consideren la tortura, la prohibición de la libertad, la prohibición de las detenciones arbitrarias, así como la prohibición de desplazamiento o expulsión forzados.

Se establecen los principios, que no derechos, que norman a esta ley reglamentaria como lo son: Legalidad, necesidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, principio pro-persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la  materia.

Además se establece que dentro del procedimiento para la aprobación del Decreto de suspensión o restricción de derechos a garantías que el Ejecutivo envía al Congreso de la Unión, deberá contener elementos como: El fundamento, la motivación, la delimitación geográfica, el tiempo, los derechos restringidos, las garantías suspendidas, la proporcionalidad entre las medidas impuestas, las medidas propuestas en el proyecto de Decreto y la gravedad de los hechos.

Se establece también un plazo de 48 horas para que el Congreso trate como asunto único y de no ser aprobado el Decreto por el Congreso de la Unión o en su caso en la Comisión Permanente, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo con los mismos argumentos o motivaciones que la sustentaron.

Asimismo, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar por la constitucionalidad de los Decretos que emita el Ejecutivo para llevar a cabo plenamente la suspensión de garantías en un plazo no mayor de 15 días.

Finalmente el titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas sobre su aplicación del Decreto y la evolución de la situación.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, acompañaré este dictamen, pues representa un avance para preservar el estado de derecho bajo una situación que afecte la paz pública y que sin duda hoy cobra mayor relevancia.

Me parece importante que dado que existe en el artículo 29 constitucional la posibilidad de la suspensión de garantías, quede claramente establecido en una ley cuál es el establecimiento y los límites que tiene precisamente este artículo 29 constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna.

¿Alguna otra solicitud de reserva o adición?

Informo que se recibió la intervención por escrito del Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



No habiendo otros artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

Ruego a las y los señores Senadores no se retiren del salón de sesiones después de esta votación, porque entraremos al planteamiento de las reservas y posteriormente a la discusión de los artículos reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional.

Informo a la Asamblea que se han reservado diversos artículos por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra para presentarlos.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, la mayoría de mis reservas las expliqué en mi intervención en contra, en lo general.

Le pediría solamente registrarlo en el Diario de los Debates y mantener esta redacción que ya fue explicada.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senadora Padierna Luna. Insértense en el Diario de los Debates las reservas presentadas.

Informo a la Asamblea que están a disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26, presentadas por la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 se mantienen en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 en los términos del dictamen.

Sonido en escaño de la Senadora Mónica Arriola.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Únicamente para anotar mí voto a favor en lo general, si es tan amable.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Regístrese el sentido del voto de la Senadora Mónica Arriola, a favor del dictamen. También para la Senadora María Elena Barrera.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron un total de 82 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 del proyecto de la ley reglamentaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, en materia de derecho de audiencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el 29 de abril de 2014, y se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite le lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su autorización, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El presente dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, proponen la expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la elaboración del mismo se revisaron y analizaron dos iniciativas:

Una presentada por diversos Senadores de la República y otra presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Es importante mencionar que la aprobación del presente dictamen representa el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, en la que son incorporados una serie de derechos en beneficio de los ciudadanos mexicanos y personas extranjeras.

Se busca que se armonice el derecho nacional con las convenciones, tratados internacionales y demás ordenamientos del derecho público internacional que han sido ratificados por el Estado mexicano conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen establece el procedimiento administrativo con plena garantía de audiencia y debido proceso previo a la determinación de expulsar a una persona extranjera, que en su caso haya incurrido en hechos que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad pública en términos de los artículos 6o., 9o., y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que atenten en contra de los principios del Estado soberano establecidos en el artículo 40 del mismo ordenamiento.

En la aplicación de esta ley, la Secretaría de Gobernación podrá solicitar el apoyo de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipios en el ámbito de su competencia.
En tal sentido, la Secretaría podrá recabar información sobre la persona extranjera de la que se tenga indicios sobre su participación en los asuntos políticos del país, contraviniendo la prohibición en los términos que para ello disponen la Constitución y la ley.

Una vez que se haya aprobado el acuerdo del inicio del procedimiento, éste deberá de ser notificado por escrito y de manera personal.

Para el desahogo del procedimiento deberá celebrarse una audiencia, misma que se llevará a cabo el día y hora señalados ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación.

La ejecución de la resolución estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración.

Si fuera el caso y la determinación del Ejecutivo, sea de ejercer la facultad de expulsión del territorio nacional a una persona extranjera, ésta se realizará preferentemente al país del cual sea nacional o residente, incluida también la prohibición de reingresar al país por un tiempo indeterminado.

Cabe resaltar que la ley incorporará disposiciones que generan un equilibrio entre el aseguramiento de respeto a los derechos humanos de los extranjeros, sujetos a un procedimiento de expulsión, y la salvaguarda de la seguridad nacional y el orden público.

En tal sentido, las juntas directivas de las comisiones hemos presentado algunas modificaciones que están a su consideración conjuntamente con este dictamen, en el sentido de hacer un procedimiento expedito, con plena garantía de audiencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

Dicho procedimiento durará solamente 15 días naturales desde que se dé cuenta del acuerdo del inicio del procedimiento y hasta su determinación.

Cuando haya detención, ésta sólo podrá durar 36 horas, y deberá sustituirse por otras medidas cautelares cuando sea necesario y con el objeto de asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que dieron origen al mismo, como son la retención del pasaporte, garantía económica, vigilancia de la autoridad o, en su caso, y de manera excepcional, en alojamiento en los términos y condiciones que prevé la Ley de Migración.

Esto que acabo de decir es de suma importancia y es en debido respeto a los derechos humanos, para ello se establece que durante todo el proceso las personas extranjeras tendrán el derecho de obtener asistencia legal y consular, y en caso de que la persona no hable el idioma español, tendrá derecho también a un traductor de oficio.

Se establece que en caso de que la autoridad decida expulsar a una persona extranjera del territorio nacional, como previsión general, ésta no podrá ser enviada a su país de origen o a cualquier otro, en donde su vida corra peligro.

Y, finalmente, cuando una persona esté sujeta a un procedimiento penal o haya sido condenada por un delito que merezca pena privativa de libertad y se encuentre cumpliendo una sanción de prisión, el acuerdo de expulsión se ejecutará una vez terminado el procedimiento, y cumplida la pena, según corresponda.

Por lo anterior descrito, les pido atentamente el voto a favor del presente dictamen, ya que hemos trabajado muchas horas para lograr las comisiones y encontrar una mayoría importante a este ejercicio deliberativo.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento de debates.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores Senadores.

He solicitado el uso de la palabra para hacer referencia específica al dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de nuestra Constitución, en materia de derecho de audiencia, de personas extranjeras, sujetas a procedimientos administrativo de expulsión.

Este dictamen retoma la iniciativa presentada por diversas Senadoras, Senadores, en la que me incluyo, y también la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en esta tesitura es importante destacar el acuerdo alcanzado por las comisiones unidas dictaminadoras, después de haber realizado un análisis puntual, permanente, constante, artículo por artículo.

Finalmente sobre su contenido y alcance de estas dos iniciativas, a fin de dotar al Estado mexicano de las normas mínimas que deberán observarse por parte de las autoridades en aquellos casos en que se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 33 de nuestra Constitución.

No está por demás resaltar que este proyecto también fue parte de un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones y especialistas, también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes, incluso, estuvieron en todo el proceso de discusión y de definición de como finalmente queda este dictamen, y sobre todo, nosotros las comisiones atendiendo sus inquietudes que fueron suscritas y dirigidas por parte de esta oficina a todo el Senado.

Y lo que hoy ponemos a su consideración de esta Asamblea es un producto equilibrado que retoma en gran medida propuestas y preocupaciones que nos fueron vertidas.

Dicho lo anterior, es pertinente subrayar que la ley que se pretende expedir, además de regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, desarrolla las bases elementales para el adecuado ejercicio del derecho audiencia de las personas extranjeras, con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.

Cabe destacar que sólo serán sujetos del procedimiento de expulsión las personas extranjeras que participen en los asuntos políticos del país, o que ejerciten para sí, o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para las y los ciudadanos mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el procedimiento de expulsión no podrá exceder un plazo de 15 días naturales.

Debo recordarle a ustedes que la propuesta del Ejecutivo establecía 60 días para este proceso. Hoy hemos logrado, con base a todas las propuestas que se nos han hecho, las hemos atendido y queda en 15 días naturales, porque transcurrido el plazo, sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares que hubiesen sido impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de la autoridad judicial competente, con motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.
Entre las medidas cautelares, se encuentra contemplado de manera excepcional el alojamiento en los términos previstos en la Ley de Migración y la detención, la cual en ningún caso podrá exceder de 36 horas, reitero, 36 horas será sustituida por las medidas cautelares que se estimen pertinentes.

Como medida cautelar, el alojamiento tendrá carácter excepcional y será aplicable únicamente cuando:

a) Exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento.

b) Hayan incumplido de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad o

c) La persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad, de conformidad con la normatividad aplicable.

Es preciso señalar que durante todo el procedimiento de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida desde el primer acto por un abogado de su elección, y a falta de éste, la Secretaría de Gobernación solicitará al Instituto Federal de Defensoría de Oficio que proporcione un defensor.

La audiencia se celebrará el día y hora señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación.

Las pruebas que ofrezca la persona extranjera, deberán desahogarse en la        audiencia, salvo aquellas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso, dicha audiencia podrá diferirse una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo.

Asimismo, desahogadas las pruebas en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de 24 horas para que los presente por escrito.

Finalmente, si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular tanto de la Secretaría de Gobernación como de Relaciones Exteriores, el acuerdo de expulsión será notificado a la persona extranjera de inmediato al momento, de la notificación, la autoridad administrativa mantendrá bajo su custodia a la persona extranjera hasta que sea expulsada del país, lo cual deberá suceder entre las 24 y 36 horas posteriores a la notificación, a efecto de garantizar un plazo de 24 horas para el ejercicio del derecho a la persona extranjera a recurrir al amparo.

Esto también es importante subrayarlo, contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión, que determine la expulsión de la persona extranjera, sí procederá el juicio de amparo.

Las medidas cautelares impuestas, podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interposición de dicho juicio o durante su tramitación y hasta la sentencia definitiva.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, ponemos a su consideramos el presente dictamen, el cual hace posible el ejercicio de una serie de derechos en beneficio de las personas extranjeras toda vez que los derechos procesales consagrados en nuestra Constitución, protegen y garantizan los derechos de todas las personas sin distinción alguna en términos de los previsto en el artículo 1o. Constitucional.
Hoy estamos presentando a ustedes también por mandato en transitorio de la reforma del 11 de junio de 2011, la Ley Reglamentaria del Artículo 33 que, junto con otros 10 artículos, formó parte de este gran dictamen que impacto, que reformó de manera sustantiva a nuestra Constitución en materia de derechos humanos.

Es necesario que enfaticemos que está Ley Reglamentaria también impide la discrecionalidad que pueda tener el Ejecutivo Federal cuando quiere expulsar a una persona extranjera, casi siempre utilizando otros medios como la Ley Nacional de Migración.

Por eso, entre otras cosas, es importante que exista en el marco jurídico de nuestro país está Ley Reglamentaria.

A todos ustedes, muchas gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores y Senadoras:

De nueva cuenta nos referimos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que tuvo dentro de sus consideraciones modificar el artículo 33 constitucional para establecer el carácter de personas extranjeras, aquellas que no presenten la calidad que señala al artículo 30 de la misma Constitución, y que las mismas gozaran de las garantías de derechos humanos que reconoce esta Constitución.

Además, se estableció que el Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley que regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo en que dure la detención.

Estas modificaciones cambian de manera total. Lo que se preveía en el artículo 33, anteriormente, en donde el Ejecutivo de la Unión podría expulsar a los extranjeros simplemente cuando considerará que su permanencia en el territorio nacional se juzgara inconveniente, tendría además la facultad exclusiva de hacerlo y se preveía en este artículo que no había necesidad de un juicio previo.

Obviamente con la reforma constitucional, pues se establece el derecho de audiencia y se establece también la previsión de un procedimiento cierto para que se dé está expulsión en caso necesario.

Justamente está es la finalidad de la presente ley que se pone a consideración de este Pleno, para determinar justamente cuál es el procedimiento que debe seguirse en virtud de este nuevo mandato constitucional y, además dar cumplimiento al Artículo Quinto Transitorio de la reforma mencionada, que establece justamente la obligatoriedad del Congreso de la Unión para legislar, para establecer la reglamentación sobre este procedimiento.
Con ello, estaríamos dando también cumplimiento a una obligación constitucional, pero también estaríamos dando cumplimiento a los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

De tal manera, una vez establecido que el objeto de la ley que se pone a su consideración, es regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo Federal podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras. Es necesario precisar que esta ley no aplica a personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional, y que conforme al derecho internacional gocen de privilegios e inmunidades. Que la información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y reservada.

Se establece en esta propuesta los supuestos de expulsión que serán cuando las personas extranjeras participen en actividades políticas del país, o ejerciten por sí, o por interpósita persona algunos de los siguientes derechos reservados para ciudadanos mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, el derecho de petición en materia política, el derecho de asociación previsto en el artículo 9o., de la Constitución y los derechos políticos a que se refiere el artículo 35 constitucional.

El procedimiento que se propone parte de que cualquier autoridad podrá comunicar a la Secretaría de Gobernación los hechos que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de la expulsión.

Cuando la Secretaría de Gobernación cuente con indicios que la persona extranjera haya incurrido en los hechos señalados, recabará la información de las autoridades competentes y podrá desechar el expediente o dictar el acuerdo de inicio de procedimiento.

De acuerdo con la Ley Reglamentaria que se propone, el procedimiento de expulsión no podrá exceder de un plazo de 15 días naturales sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo.

En caso de que haya transcurrido el plazo y no se haya emitido determinación, se   tendrá por concluido el procedimiento y se levantará la detención o las medidas cautelares.

El acuerdo deberá ser notificado por escrito y de manera personal; deberá contener el motivo por el que se inicia el procedimiento, lugar, fecha, los derechos que le asisten a la persona extranjera, la autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia, el lugar y el tiempo de su detención.

El acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión deberá contener, asimismo, la razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que dan lugar al mismo.

El lugar, fecha y hora de la audiencia a la cual deberá tener verificativo dentro de los 3 y 5 días naturales siguientes a la fecha de la notificación.

El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa dentro del previsto para fijar la fecha de audiencia.

El derecho que tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho convenga.

El derecho que tiene la persona extranjera contar con un intérprete a recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza, también la autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación, ante la cual se celebrará la audiencia.

Las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4º de la ley, esto es: violaciones a los derechos políticos de los mexicanos previstos en los artículos 8º., 9o., y 35 de la Constitución.

Son estos los puntos que debe contener el Acuerdo por el que se determina el inicio del procedimiento.

Desde el momento de la notificación se le deberá informar al extranjero su derecho a recibir asistencia consultar.

La Secretaría de Gobernación notifica a la representación diplomática el Acuerdo de inicio del procedimiento.

En el Acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad administrativa competente de la Secretaría de Gobernación deberá sustituir la detención, que en ningún caso podrá exceder 36 horas por las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece la ley.

En cuanto a medidas cautelares, éstas, las que están previstas en el proyecto son: la fianza, vigilancia de la autoridad que se designe al efecto, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición o restricción de presentarse periódicamente a determinar reuniones o la retención del pasaporte.

De igual modo, por acuerdo de las comisiones unidas, se hacen algunas adecuaciones al dictamen original, como la medida cautelar de alojamiento, en los términos y condiciones que prevé la ley de migración. Y esta medida cautelar tendrá carácter de excepcional y será aplicable en los siguientes casos:

Cuando exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento;

Cuando haya incumplimiento de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad;

Cuando la persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad de conformidad con la normatividad aplicable.

Y desde el inicio del procedimiento o desde su detención, la persona extranjera podrá designar a su abogado particular. En caso de no designarlo, la Secretaría de Gobernación solicitará al Instituto de Defensoría Pública que le proporcione un abogado.

La audiencia se celebrará en instancias competentes de la Secretaría de Gobernación, y desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de 24 horas para que los presente por escrito.

La Secretaría de Gobernación podrá resolver en cualquiera de los sentidos siguientes, dentro de los 4 días naturales siguientes:
Podrá declarar que existen elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio nacional, o bien, declarar que no existen los elementos suficientes para expulsarlo.

En el último caso, se dará por concluido el procedimiento de manera definitiva y se levantarán las medidas cautelares, asimismo se le notificará personalmente, en un plazo no mayor a 24 horas, a la persona extranjera. En caso de no encontrarse elementos suficientes, se le notificará de la misma manera.

Por otra parte, si en la resolución emitida se considera que existen elementos suficientes para la expulsión, entonces la Secretaría de Gobernación someterá a consideración del Ejecutivo de la Unión el expediente correspondiente, quien determinará dentro de los 5 días naturales siguientes sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución.

En caso de que el Ejecutivo no ejercite dicha facultad dentro de estos 5 días naturales, entonces se entiende que la persona extranjera no será expulsada y se dará por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares.

Al momento de la notificación la autoridad administrativa, si fuera el caso, detendrá al extranjero en caso de que se determine la misma y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país.

La persona extranjera tendrá derecho a mantener comunicación con persona de su confianza, intérprete o representación consular.

Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo, las medidas cautelares impuestas podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interpretación de dicho juicio o durante su tramitación.

La dictaminación conjunta de esta iniciativa por parte de las comisiones competentes generó unas reservas que serán puestas a consideración de este Pleno, entre las cuales está la simplificación del procedimiento de expulsión a 15 días naturales, con plazos más expeditos y con plenas garantías procesales.

Se propone también una armonización del proyecto con el proceso establecido en la Ley de Migración. Se establece la figura de detención como una medida cautelar excepcional, además se especifica en el proyecto que no podrá exceder de 36 horas.

Y por último, se armoniza con esta propuesta de acuerdo a las garantías jurisdiccionales que permite el juicio de amparo, a fin de que no se presenten antinomias o actos contradictorios durante el proceso.

Con esta reforma, se construye un instrumento normativo que mandata la Constitución y que este Congreso de la Unión estaba en falta para cumplir un compromiso en materia de derechos humanos y respetar, por supuesto, las garantías de los extranjeros que se encuentren en las situaciones previstas en la misma.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Hemos recibido de las comisiones dictaminadoras diversas propuestas de modificación al dictamen, mismas que vamos a someter a consideración de la Asamblea.

El texto de las modificaciones está disponible en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura de las modificaciones.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura de las modificaciones.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se incorporan las modificaciones al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones ya descritas.

Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general: Dolores Padierna Luna, en contra; Martha Palafox Gutiérrez, a favor; Juan Gerardo Flores Ramírez, a favor; Miguel Ángel Chico Herrera, a favor y Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La Constitución como máximo ordenamiento del país establece respetar la audiencia a las personas extranjeras, establece el derecho de audiencia y es un salto cualitativo de gran envergadura, pues conlleva la estricta observancia de lo que se denomina el debido proceso.

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, estableció entre otros aspectos relevantes, una restricción definitiva a la atribución discrecional del Ejecutivo Federal para expulsar a las personas extranjeras al plantear la garantía de audiencia para dichas personas y la necesidad de un procedimiento administrativo establecido en la ley.

Antes de este ordenamiento, se recuerdan casos ominosos de acciones arbitrarias para expulsar a extranjeros.

El debido proceso legal es una disposición de las más importantes en un Estado democrático, ya que nadie debe ser privado de su libertad, de sus derechos, sin un juicio previo en el que se le garanticen la imparcialidad y las instancias que resolverán su establecimiento previo, la facultad de defenderse, de conocer a quién y de qué se le acusa, aportar pruebas, de que se desahoguen esas pruebas, de que la resolución corresponda a lo establecido en el expediente, etcétera.

Por ello, el objetivo de esta Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, debe ser garantizar el derecho de audiencia a las personas extranjeras que son sujetas a un procedimiento de expulsión. La reglamentación debiera tener la perspectiva vinculada con la garantía más que con la atribución de la autoridad.

El proyecto de Decreto que se presenta es omiso en esta perspectiva pues plantea como su objetivo en el artículo 1º la regulación de la atribución del Ejecutivo Federal, sin mencionar en esta parte inicial la necesidad de preservar el derecho fundamental de audiencia para las personas extranjeras.

Es hasta el artículo 6 que se menciona con desdén y de manera forzada, cuando debería ser el centro de la legislación, que las personas extranjeras podrán ser expulsadas previo desahogo de audiencia, pero se le detiene antes de la audiencia.

En este mismo artículo se establece un plazo para llevar a cabo todo el procedimiento de expulsión, mismo plazo que puede operar en contra del desahogo de las pruebas de descargo que ofrezca la persona extranjera sujeta a procedimiento, como puede leerse en el artículo 20 que plantea la posibilidad de diferir la audiencia para ese propósito, sin que pueda exceder el plazo que se establece en el artículo 6 que es de 15 días.

En el artículo 14, se establece como medida cautelar por parte de la autoridad la prohibición para que la persona extranjera de comunicarse con personas determinadas, o determinadas personas que estén relacionadas con los hechos, siendo que es precisamente los testigos de los hechos son componentes fundamentales de una defensa de este tipo, mantener incomunicada a la persona extranjera es otra de las luces contrarias a los derechos humanos, pues se traduce en un mecanismo de incomunicación que afecta, incluso, su propia defensa y en esa medida el debido proceso.

El artículo 30 establece como atribución de la autoridad realizar la expulsión, preferentemente al país donde sea nacional o residente, lo que no debería de ser discrecional y en todo caso debe asegurarse que la persona extranjera plantee la opción que le sea menos lesiva de acuerdo al derecho pro persona.

Por si todo esto no fuera suficiente, en el artículo 5 del proyecto establece que toda la información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y reservada.

En plena época de los discursos de la transparencia, esto sale de tono; el debido proceso es una concatenación de actos y de formalidades, por lo que su cumplimiento siempre se plantea como un absoluto, no se cumple poco o mucho, se cumple o no se cumple y en este ordenamiento con tantas lagunas, contradicciones y excepciones no se cumple con el debido proceso.

En el proyecto de Decreto no responden a la oportunidad de garantizar la audiencia establecida para las personas extranjeras en la Constitución, previa a la expulsión.

Se modifican siete artículos que se refieren a los plazos de desahogo del procedimiento administrativo, para la expulsión de personas extranjeras, reduciéndolos todos a la mitad, de 30 a 15 días para el desahogo del procedimiento, de 3 a 10 días se reduce de 3 a 5 para el desahogo de la audiencia; de 48 a 24 horas para el plazo para formular alegatos, de 5 a 4 días hábiles, o a 4 días naturales para que la Secretaría de Gobernación emita su resolución y de 5 días hábiles a 5 días naturales, para que el Ejecutivo determine la expulsión de la persona extranjera.

El punto fundamental de la Ley Reglamentaria del Artículo 33 debe girar alrededor del debido proceso para lo cual debemos asegurar hacer efectiva la garantía de audiencia para las personas extranjeras sujetas a un procedimiento de expulsión del país, pero asegurarnos de aplicar el principio de pro-persona también es otro deber fundamental en la Constitución.

El procedimiento para la expulsión de personas extranjeras tiene en este proyecto de Decreto dos grandes apartados: uno, que es la obtención de indicios por parte de la Secretaría de Gobernación y el otro, el procedimiento de expulsión que viene en los artículos 10 y 11 y los siguiente.

La primera fase es oculta para la persona dado que no existe disposición en esta ley que estipule lo contrario, además es discrecional. Solo la Secretaría de Gobernación recabará información de las autoridades competentes y no tiene plazo, esto se establece en el artículo 10, en cambio, la segunda fase de procedimiento tiene un plazo máximo de 15 días y plazos para el desahogo en distintas etapas.

La reducción de plazos en la fase pública, es acorde con el objetivo de hacer posible la garantía de audiencia, sí o no, y la respuesta es obvia, no se cumple, existe una inequidad procesal en el cuerpo de esta ley; las autoridades a ellas no se les pone plazo para su investigación, no están sujetas a ningún control, no admite posibilidad de defensa por parte de la persona extranjera, todo eso en la primera fase, a las personas se les reducen los plazos para el desahogo de todo el procedimiento de expulsión.

Esto va en detrimento de las posibilidades reales de defensa de la persona extranjera, no en su beneficio, mientras que a la autoridad no tuvo plazo para recabar indicios a la persona extranjera, una vez que le es notificada que se inició su procedimiento, se le detiene para su expulsión.

La audiencia se puede diferir sólo por una vez y si no es posible el desahogo de pruebas, en esos 15 días o lo sumo no habrá más tiempo y obviamente no se podrán valorar sus pruebas.

Afirmar que la reducción de plazos es para disminuir el tiempo de detención de la persona extranjera, es muy injusta e inadecuada; la libertad es un derecho, es el máximo derecho humano; la pérdida de libertad debiera ser el último recurso, la medida más extrema en caso de que alguien resulte culpable; se debe quitar la facultad discrecional contenida en el artículo 14 para detener a una persona extranjera y privarla de su libertad mientras se le juzga en lo que se sustancia el procedimiento.

Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 33 constitucional en materia de expulsión de personas extranjeras, a pesar de las modificaciones sigue siendo ajena al objetivo primordial de garantizar el debido proceso a las personas extranjeras sujetas a procedimiento.

Algo verdaderamente inusitado es el artículo 4, que establece que serán sujetas de expulsión las personas extranjeras que realizan actividades políticas por sí o por interpósita persona, pues resulta absurdo establecerle a una persona responsabilidad por una conducta ajena.

En el artículo 6, por fin aparece la audiencia, pero vista como un simple trámite que ni en eso estaba en el dictamen inicial; sin embargo, la audiencia no es un trámite, es una garantía constitucional.

Las personas extranjeras podrán ser expulsadas del territorio nacional previo desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 33 constitucional.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, le pido que concluya por favor su intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Estoy de una vez argumentando…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Está usted en lo general, y son cinco minutos, y le he dado la tolerancia.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pero también voy a argumentar en lo particular para ya no volver a tomar la palabra.

El procedimiento de expulsión no podrá exceder los 30 días naturales, pero transcurrido todo este tiempo; la persona, pero lo que quiero decir es que para nosotros y para la Constitución la audiencia es un derecho humano, una garantía constitucional y debe anteponerse ante cualquier otra circunstancia, y los plazos no deben operar en contra de la defensa, deben aplicarse el principio pro-persona.

El artículo 10 se permite que la Secretaría de Gobernación actúa por indicios, de que la persona extranjera haya incurrido en alguno de los derechos reservados para ciudadanos mexicanos.

El artículo 12 establece esto que el procedimiento puede iniciarse con meros indicios, el lugar, el tiempo y su detención en su caso las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo de procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en la falta que se le impute.

Esto es algo muy grave, porque un debido procedimiento nunca inicia con la detención, con la pérdida de libertad, esta pérdida de libertad es la consecuencia última después de que se demuestre la culpabilidad. La libertad es tal vez el mayor de los derechos, nadie debe perder su libertad hasta que se le demuestre su culpabilidad.

Existen en la experiencia internacional otras medidas apegas al respeto a los derechos humanos, si deben dictarse algunas medidas cautelares para evitar la evasión o el ocultamiento de la persona, pero de ninguna manera podemos aceptar que sea la pérdida de libertad, que se considere otra medida, de las muchas que hay en el derecho internacional, no el aprehender a la persona.

En el artículo 14 modificado, se dice en estas modificaciones de la dictaminadora que se propone ahora como medida cautelar el alojamiento.

En los términos que dispone la Ley de Migración, a esta medida se le da un carácter excepcional cuando exista la creencia de que la persona pueda sustraerse del procedimiento, pues nos encontramos ante lo mismo, ante una forma velada de detención, pero es pérdida de libertad, llámese aseguramiento, alojamiento, arraigo, detención, son medidas semejantes que en el fondo revisten un carácter penal y es en los hechos una privación de la libertad donde no se respeta el debido proceso y se vulneran los derechos humanos de las y los detenidos.

La medida debería ser la última opción; reconocemos el esfuerzo de las presidentas, porque sí retomaron varias propuestas, sin embargo, el debido proceso sigue sin respetarse a cabalidad.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo voy a razonar mi voto a favor sobre esta Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución. Esta Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución, es consecuencia de la importante reforma constitucional que sobre derechos humanos se aprobó en nuestro país en 2011, y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de ese año.

En la época del régimen autoritario, los extranjeros que intervenían en los asuntos políticos del país eran expulsados sin garantía de audiencia por el titular del Ejecutivo, y las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de manera arbitraria y sin reconocerles derechos a la defensa.

La ley que se somete a consideración reconoce la previa audiencia de los extranjeros para ser expulsados cuando intervienen en asuntos políticos del país.

Además, la ley garantiza el principio de certeza y determina los supuestos que dan lugar a la expulsión y el procedimiento que debe seguirse.

Al igual que la duración máxima de una detención y las medidas cautelares que puede imponer la autoridad, también se determina que en contra de las resoluciones de la autoridad se podrá interponer el juicio de amparo. Este nuevo régimen jurídico se inscribe en el cambio de paradigma constitucional que hemos vivido en los últimos años; sin embargo, aunque consideramos un avance, la reforma constitucional al artículo 33, y la aprobación de la Ley Reglamentaria que nos ocupa, estimamos en sentido crítico lo siguiente:

Siguen sin precisarse los supuestos de expulsión de extranjeros, como lo indicó la ONU, la detención o retención como medida cautelar debe ser la última en la ley, debe completarse el principio de proporcionalidad bajo los principios de idoneidad, necesidad y ponderación para que se recurre a la detención de manera razonable, con el derecho de audiencia, a tener un abogado, es decir, con el debido proceso.

En el futuro sería deseable que ninguna persona, aunque sea extranjera, deba ser expulsada del país por ejercer la libertad de expresión y la libertad de crítica. La libertad de expresión es el fundamento de la democracia y del estado de derecho. En México debemos dirigirnos hacia ese horizonte, el que se establezcan restricciones a los extranjeros, a su libertad de expresión, habla de nuestro retraso civilizatorio.

Tanto nacionales como extranjeros deberíamos tener amplios derechos para participar y opinar sobre los asuntos públicos del país.

Las autoridades que debieran resolver, en todo caso, sobre la expulsión de un extranjero, deben ser las jurisdiccionales.

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución señala que: “la privación de libertad corresponde a los jueces y no a las autoridades administrativas”.

El que el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación tengan el poder de expulsar a extranjeros que se inmiscuyen en los asuntos políticos, constituye una reminiscencia del viejo régimen autoritario que en el México del Siglo XXI deberíamos superar.

No obstante lo anterior, y por tratarse en este caso de un avance importante para la garantía de los derechos humanos de los extranjeros, es que votaré a favor, y hacemos al mismo tiempo, en el Partido del Trabajo, un llamado al poder revisor de la Constitución, y a este Congreso, para seguir maximizando los derechos humanos de todos los extranjeros y los mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Informo a la Asamblea que el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, ha hecho llegar a esta Directiva su intervención sobre este tema, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Tradicionalmente, el Estado mexicano se ha caracterizado por la promoción y la defensa de los derechos humanos en foros internacionales y regionales. La adopción de diversos tratados internacionales en la materia da constancia de ello.

El artículo 133 constitucional nos dice que: la Constitución, las leyes emanadas de ella y los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, son Ley Suprema.

Por esta razón, se hace necesario armonizar nuestras leyes con los tratados internacionales firmados, con el propósito de ser congruentes con nuestros compromisos adquiridos.

La reforma al artículo 33 constitucional aprobado en junio de 2011, se hizo con el objetivo específico de armonizar nuestra Carta Magna con algunos de los tratados ratificados por México, y que hacen alusión al derecho de audiencia y debido proceso en beneficio de las personas extranjeras que pudieran encontrarse en el escenario de expulsión de determinado país ajeno al de su nacionalidad.

Entre los tratados internacionales en los que se hace alusión al derecho de audiencia y debido proceso que nuestro país ha firmado están: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Condición de los Extranjeros y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 33 constitucional, después de su modificación, establece que el Ejecutivo de la Unión podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando haya habido una previa audiencia del implicado y con fundamento en la ley.

En este sentido, la presente Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encargará de reglamentar el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia.

Con esta ley, estaremos salvaguardando de una manera más integral los derechos humanos de los extranjeros que vengan a nuestro país, al tiempo que cumplimos cabalmente con los compromisos adquiridos por México en el concierto internacional.

La presente propuesta de ley, es el resultado de una profunda revisión y análisis de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, las cuales sintetizaron en un solo documento las fortalezas de dos propuestas iniciales: una presentada por Senadoras y Senadores de la LXII Legislatura y otra por parte del Ejecutivo Federal.

Por esta razón, debemos estar seguros de que ésta representa una propuesta muy completa, que seguramente cumplirá en forma con su objetivo.

Compañeras y compañeros legisladores: Con esta ley terminaremos de forma correcta con el proceso de adecuación de nuestro cuerpo normativo a los tratados internacionales firmados por México y, con ello, cumpliremos con nuestro compromiso de impulsar y defender los derechos humanos en el mundo.

Por estas razones, en el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de la aprobación de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que consideramos que cumplirá, en buena forma, con los objetivos principales para lo que fue creada.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Chico Herrera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

No podemos evadir hablar de la reforma de junio de 2011, a partir de ahí no solamente se abrió, es un antes y un después en materia de derechos humanos, y se abrió una gran necesidad de establecer un marco jurídico más adecuado, un marco jurídico que hablara, como eje principal, lo que tiene que ver con los derechos humanos.

Hoy nos ocupa el quinto transitorio de esta reforma que tiene que ver con la presencia de personas extranjeras, pero oscila en el respeto a los derechos humanos que estas deben de gozar.

Aquí se ha tratado, y bastante, desde la presentación de la propuesta hasta las participaciones, cada uno de los aspectos relevantes de este reforma.

El objetivo de la reforma tiene especialmente énfasis en reglamentar el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 constitucional.

Y tiene tres ejes fundamentales esta reforma:

Primero. El derecho de audiencia de toda persona extranjera que pretenda ser expulsada del país.

Segundo. La regulación a nivel legal del procedimiento administrativo de expulsión, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Tercero.- La protección de los derechos humanos de las personas extranjeras en nuestro país.

Estos tres aspectos son fundamentales para llevar a cabo esta reforma, y cuando se hizo la reforma también aprobamos lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Esta reforma pasa, al menos, por seis tratados internacionales que México ha suscrito y que forman parte medular de lo que aquí se ha planteado.

Las principales características de la ley las podemos encontrar en los artículos 4, 13, 16 y 29; y en síntesis, la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza los derechos humanos de todo extranjero en nuestro país que se vea dentro de un procedimiento de expulsión por decisión del Ejecutivo Federal.

Y también tiene que ver con el derecho de audiencia que otorga a los extranjeros la presunción de inocencia y le permita presentar pruebas a su favor, por lo que la decisión del Ejecutivo Federal deja de ser unilateral y arbitraria.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya, hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto del voto particular que presenta, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que se han reservado los siguientes artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30; y la propuesta de adición de un nuevo artículo 29, por la Senadora Dolores Padierna.

Consulto a la Asamblea si hay más reservas.

No habiendo más reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un
total de 77 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Informo a la Asamblea que el texto de las reservas de la Senadora Dolores Padierna Luna se encuentra en el monitor de sus escaños.



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30, se mantienen en los términos del dictamen.

Por lo que respecta a la propuesta de adición de un nuevo artículo 29, queda desechado el mismo.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30 del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 79 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido a la Secretaría que tome nota del voto de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

En consecuencia, quedan aprobados los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores: Al inicio de esta sesión se les informó del retiro del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Una vez que las comisiones han hecho las aclaraciones sobre el contenido del proyecto de Decreto, la Mesa Directiva acordó consultar al Pleno si se reintegra al Orden del Día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite reglamentario.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario.





 

El dictamen tuvo su primera lectura el pasado jueves 3 de diciembre y está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen de segunda lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discución el presente dictamen.

Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Hace un año, un grupo de jóvenes de la Asociación de Emprendedores pidió entrevistarse con algunos Senadores, entre ellos el Senador Ernesto Cordero y un servidor, y nos plantearon, como emprendedores, que buscáramos modificar las leyes en este país, para que una sociedad para formar una empresa pudiera constituirse en un solo día, quedara registrada ese mismo día y que tuviera cero costos toda la tramitación.

Cuando dialogamos con ellos, la verdad es que no parecía como muy viable. Fuimos con la autoridad y tampoco veíamos que pudiera realizarse esto.

Pero con un enfoque de buscar las cosas, de cómo sí se puede, finalmente hoy está el dictamen a discusión, de poder en este país, que los emprendedores se sienten en su computadora cada uno de ellos y puedan constituir una sociedad mercantil el mismo día, que ese mismo día quede registrada en el Registro Público de Comercio, que tengan su boleta, que tengan el poder del administrador y puedan empezar a operar, e incluso que tengan el Registro Federal de Contribuyentes.

Está aquí presente el Presidente de esta Asociación de Emprendedores Mexicanos, Fernando Mendívil, y el día de ayer nos hicieron entrega de 18 mil firmas de jóvenes emprendedores que respaldan este dictamen.

Cuando presentamos esta iniciativa, fue suscrita por Senadores de diversos grupos parlamentarios; fue presentada por el Senador Ernesto Cordero; firmada por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Héctor Yunes; y la Comisión de Hacienda ha dictaminado esta iniciativa. Fue suscrita por los Senadores López Brito, Marcela Torres, Carlos Madrazo antes de pedir licencia, Manuel Cavazos, Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Ismael Hernández, Graciela Ortiz y Patricio Martínez.

¿Cuál fue la solución?

Lo primero que debería resaltar es la enorme y total disposición a colaborar de la Secretaría de Economía, de la Subsecretaria Rocío Ruiz y todo su equipo. La tarea no era fácil y encontraron soluciones para poder hacerlo.

¿Cuál es la solución?

La clave mágica fue crear un nuevo tipo de sociedad. Hoy la Ley de Sociedades Mercantiles contempla seis tipos de sociedades, entre ellas las más comunes: la sociedad anónima, la sociedad comandita, la cooperativa. Pero ninguna de ésas podíamos adaptarla para el requerimiento de poderla constituir en un solo día.

La primera clave es que hoy se reforma la Ley de Sociedades Mercantiles y se establece la sociedad por acciones simplificadas. Es una sociedad diferente a las demás, pero que tiene las mismas características: su objeto es mercantil, responde ante terceros una vez que está registrada en el Registro Público de Comercio y es una figura jurídica diferente a los socios.

¿Cuáles son las características de esta sociedad?

Por primera vez en este país, una sociedad podrá estar constituida de uno o más socios. Hasta hoy en día lo mínimo de socios que se admite en las sociedades es de tres. La sociedad por acciones simplificadas permite que sea un solo socio, dos socios, tres socios o el número que sea necesario para esto.

Segundo, esta sociedad tiene un límite de ventas anuales de cinco millones de pesos porque es una sociedad transitoria, pensada para servir a los que arrancan un negocio, y que cuatro de cada cinco veces se fracasa, que es el promedio mundial.

Para que esos intentos no tengan que hacer toda la formalidad, la formalidad la harán si es exitosa y sus ventas rebasan los cinco millones de pesos al año.

Necesitan estatutos. Van a tener sus estatutos y esos estatutos se van a formar en una página electrónica, donde van a entrar cada uno de ellos, van a suscribirla con su firma electrónica que Hacienda necesita. Uno de los requisitos es que todos los socios tengan su FIEL, y con ella van a aparecerles en el sistema algunas alternativas proforma de las cláusulas mínimas que deben tener los estatutos.

Van a ir haciendo sus opciones y una de esas cláusulas tendrá que nombrar a un administrador de la sociedad, que es una de las restricciones. No puede haber un Consejo de Administración, sino tiene que haber un administrador que, al mismo tiempo, es el representante de la sociedad, para que la misma escritura de la sociedad sirva como poder para la misma.

Uno de los socios tiene que tener ya el nombre autorizado, que es el otro requisito que necesita. Tiene que establecerse cómo van a votar, si cada acción representa un voto o cuántos votos representan cada una de las acciones.

Y finalmente tienen que establecer las periodicidades de las asambleas. Las asambleas podrán hacerlas de manera presencial, como cualquier otra sociedad, o también con una innovación: podrán hacer una asamblea virtual, es decir, sentados los socios en diferentes computadoras, podrán ejercer su voto dentro del sistema de la propia Secretaría de Economía, que garantiza la absoluta fidelidad.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido, por favor, a la Asamblea su atención. Escuchemos al orador. Pido que haya respeto para quienes están haciendo uso de la palabra.

Continúe, Senador Héctor Larios, en el uso de la misma.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Todo esto permite que el mismo día personas que están perfectamente identificadas, nadie puede tener su Firma Electrónica ante Hacienda si no fue personalmente y llevó todos sus documentos de identidad, puso su huella digital en el sistema electrónico y la renueva cada vez que se vence, no podría tener su FIEL, no cualquier ciudadano de este país tiene una FIEL, no podemos decir que son personas que no son plenamente identificables.

Segundo. El mismo día, como el Registro Público de Comercio es un registro federal, podrán tener la boleta del registro público, y la sociedad ya puede iniciar operaciones el mismo día.

¿Cuáles son las ventajas? Bueno, déjenme ligar esto con la objeción, esta iniciativa ha recibido el respaldo prácticamente unánime, tiene una objeción en el uso de su legítimo interés de notarios y de corredores públicos, y creo que es su legítimo interés, pero me parece a mí que cualquiera que conozca la realidad nacional sabrá que no se les quita ningún cliente, porque hoy la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que se constituyen ante fedatario público, y aquí no es obligatorio constituirse ante fedatario público.

Pero, ¿qué pasa en la realidad cuando se abre un negocio? La mayoría de los negocios en este país, precisamente por esas dificultades, son individuales o familiares, de tal manera que esos jamás van a acudir ante un fedatario público para hacer constar que arrancan un negocio. La mayor parte de cuando son sociedades, que son minoría y que tienen una enorme ventaja los negocios que prosperan y que a veces son más exitosos, son los que congregan en sí a diferentes capacidades, a diferentes personas que se atreven a correr el riesgo de formar una sociedad.

Normalmente se hace entre amigos, y pueden ustedes ver cualquier estadística, y son los amigos que a base de la confianza establecen una sociedad, no acuden ante ningún fedatario, pactan los términos de la sociedad, emprenden el negocio, si éste no funciona, si no da suficientes rendimientos lo cierran y se acabó el asunto.

Si prospera, entonces sí van con un notario a protocolizar y a formalizar, y muchas veces ya es tarde para lograr seguridad jurídica.

Lo segundo. Cuando se emprende un negocio y no se forma una sociedad se arriesga todo el patrimonio personal. La mayor parte de los negocios que se abren, que se emprenden en este país arrancan arriesgando todo el patrimonio personal, la ventaja de una sociedad es que solamente pone en juego el patrimonio que apostaste en la sociedad.

Entonces, lo que hacemos aquí es darle una formalidad inicial, y cuando completen, si es exitoso el negocio, ventas por cinco millones anuales, forzosamente tienen que constituir una sociedad, de los seis tipos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, y entonces sí tendrán que constituirla ante fedatario público.

Yo diría, por el contrario, en vez de quitarle clientes a los fedatarios públicos, nosotros lo que impulsamos es que haya nuevos clientes que puedan constituir estas sociedades cuando ya son exitosas.

Concluyo con el tema de los pendientes que están.

¿Qué pendientes tenemos? Bueno, ciertamente ya está la sociedad constituida, pero ahora faltan las licencias. Varios municipios del país ya tienen sistemas electrónicos para conceder la licencia y que los requisitos se cumplan después.

El sistema de la Secretaría de Economía incluirá estos municipios, de tal manera que en el mismo momento puedan obtener las licencias, ya tienen la sociedad, ya tienen la escritura pública que acredita el poder de la administración, ya tienen el registro, ya tienen la boleta, el Registro Público del Comercio, ya tienen el Registro Federal de Contribuyentes, ahí mismo, el mismo día, en algunos casos podrán conseguir la licencia. Falta, como pendiente, incluir a los demás municipios del país y a los trámites estatales.

Segundo pendiente. Los bancos, los bancos que están sujetos a la ley en contra del lavado de dinero tardan; va a llegar con su poder el representante de la sociedad a abrir una cuenta, y va a tardar algunas semanas en que el banco le conceda la cuenta. Tenemos que revisar de qué manera solucionamos eso.

Y el último pendiente que faltaría es también el de dar absoluta seguridad jurídica a los participantes, encontrando la manera de divulgar todo esto que se está haciendo.

No tenemos, después de mucha reflexión, incluso de debate, usted se bajó, y el dictamen en la mañana, por algunas dudas, el día de ayer no se votó, estando ya en segunda lectura, independientemente de eso hemos reflexionado, revisado verdaderamente a conciencia cada uno de los temas, y estamos convencidos que verdaderamente ésta es una innovación que va en el sentido correcto de impulsar la creación de empresas, de empresas pequeñas, todas nacen pequeñas, normalmente, que son las que generan la mayor parte del empleo en este país.

Por eso pedimos, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el voto favorable para este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Señor Vicepresidente en funciones de Presidente, si no tiene usted inconveniente para posicionar a nombre de la Comisión de Hacienda, se me ha encargado que su servidor lo haga.

¿Me permite hacer uso de la tribuna?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Desde luego que se le concede el uso de la palabra, Senador Ernesto Cordero, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy buenas tardes a todos, antes de iniciar el posicionamiento a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quisiera pedir a la Mesa Directiva que las referencias que se hicieron al inicio de esta sesión con respecto a este dictamen pudieran ser eliminadas y borradas del Diario de los Debates.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senador Ernesto Cordero, y pido a la Secretaría que eliminemos los comentarios que se hicieran al inicio de la discusión de este dictamen por el Senador Ernesto Cordero, los cuales se eliminarán del Diario de los Debates.

Adelante, Senador.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable, y con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos:

Hace un año se acercó al Senado la Asociación de Emprendedores de México. En aquél momento, nos propusieron legislar para abrir empresas en un día y a cero costo.

En aquél momento pensamos que la iniciativa era muy ambiciosa, pero que era igualmente necesaria y urgente, pues emprender sigue siendo muy complejo en nuestro país.

Decidimos presentarla Senadores de diversos grupos parlamentarios, y desde su presentación se fueron adhiriendo a esta iniciativa un amplio número de Senadores que encontraron coincidencias y vieron reflejada, aparte, en su agenda legislativa.

A ustedes les agradezco su apoyo y sensibilidad para sumar en un tema que sólo puede hacerle bien a México.

El objetivo de esta iniciativa era fundamentalmente uno: establecer el andamiaje legal adecuado para hacer posible que cualquier mexicano o mexicana que desee abrir una empresa lo pueda hacer en un solo día y a cero costo.

No me queda duda que es una obligación irrenunciable del Estado promover y garantizar el mejor y más ordenado desenvolvimiento de la iniciativa privada, y es justo lo que estamos haciendo al votar a favor de esta iniciativa.

Estamos dando un paso enorme en la dirección correcta, la de ampliar las oportunidades a la gente, al espíritu emprendedor, a las personas que creen, que imaginan y que arriesgan, a los que generan los empleos de este país, y que son capaces de alcanzar sus metas superando todo tipo de obstáculos, incluso los que durante años hemos creado a través de tanta tramitología.

Y es que los números no mienten, de acuerdo a cifras del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, el 75 por ciento de las nuevas empresas cierran antes de los dos años de vida y sólo el 10 por ciento de ellas trascienden más allá de los cinco años.

Sin embargo, estos datos lejos de desalentarnos nos motivaron a redoblar esfuerzos, a buscar el acompañamiento correcto, a enriquecer la iniciativa, mejorarla, pulirla de tal forma que hoy con su voto a favor podemos entregarle a los emprendedores de México la mejor legislación posible.

Sabemos bien que los emprendedores tampoco se desaniman, al contrario, acostumbrados a ir contracorriente, a ser parte de la solución y no del problema, a intentarlo una y otra vez y persistir hasta alcanzar sus metas, aún en las condiciones más adversas.

Como decía Babe Ruth: “Cada strike me acerca más al siguiente home run”.

Y es así como son nuestros emprendedores, se crecen ante el fracaso para encaminarse irremediablemente al éxito.

El dictamen que estaremos votando hoy tiene ese ADN emprendedor y cumple a cabalidad con los objetivos que nos planteamos en un principio: Agilizando, de una manera sin precedente, la apertura de empresas, pues reduce el tiempo de creación de una empresa a un solo día y elimina el costo de los trámites de aproximadamente 10 mil pesos a cero pesos.

Lo anterior es posible a través de la creación de una figura nueva, una figura societaria denominada la “sociedad por acciones simplificadas”.

Todos aquellos que deseen abrir una empresa en un día y a cero costo, deberán hacerlo bajo esta figura mercantil, para ello será necesario únicamente que las personas físicas cuenten con su firma electrónica avanzada vigente.

Si todos los socios cuentan con su FIEL, deberán ingresar al portal electrónico de la Secretaría de Economía, donde podrán tramitar, sin costo, el nombre de la empresa, su inscripción en el Registro Público de Comercio y obtener su Registro Federal de Contribuyentes.

Además, para la creación de sociedades por acciones simplificadas, la participación del fedatario público es opcional, con lo cual el costo correspondiente también se vuelve opcional.

Por último, esta figura societaria se aplicará únicamente a empresas cuyos ingresos totales anuales no sean superiores a cinco millones de pesos.

Estas son tan sólo algunas de las bondades de la nueva ley que permitirán la flexibilización y agilización al máximo de los trámites que hasta hoy siguen vigentes y que representan uno de los cuellos de botella más inoportunos para el emprendedurismo en México.

Vale la pena decir que, conforme la iniciativa fue avanzando en el proceso legislativo, fuimos encontrando aliados muy importantes, además de la Asociación de Emprendedores de México, estuvo la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, a todos ellos mi reconocimiento por su ayuda y convicción para que este proyecto saliera adelante.

Reconozco que quedan aún retos por superar la agenda de competitividad empresarial para hacer más eficiente y expedita la puesta en marcha de nuevas empresas en México, como son: la agilización de los trámites bancarios para abrir una chequera o eliminar trámites igualmente innecesarios a nivel estatal y municipal, entre otros.

Desde esta tribuna le digo a todos aquellos futuros y presentes emprendedores que la agenda es larga, pero hoy avanzamos tremendamente, votaremos a favor de este dictamen con la absoluta convicción de que su contenido corresponde con la agenda de libertades que por tantos años se han defendido en México.

Esta agenda de libertades que tiene uno de los pilares en la libertad económica, en brindarle a la persona las opciones para salir adelante con su propio esfuerzo y de construir un patrimonio con el fruto de su trabajo diario.

Este empoderamiento permite al ciudadano ser dueño de su destino, contribuir al crecimiento económico del país, al fortalecimiento del mercado interno, a la generación de empleo y a la estabilidad laboral en un entorno económico que, sobra decir, es complicado.

Estoy seguro que con la entrada en vigor de esta ley, en unos años, el número de empresas que logran salir adelante y consolidarse en el tiempo será mucho mayor, preservando gran cantidad de estos empleos que hoy se esfuman rápidamente.

Hoy es un buen día para México.

Hoy, después de casi un año de trabajo, le estamos cumpliendo a los emprendedores mexicanos, les decimos que estamos con ustedes, que confiamos en ustedes y que el Senado de la República los respalda.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Cordero Arroyo.

Está a discusión en lo general el proyecto de dictamen, y para ello, informo a la Asamblea que se han inscrito los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro; el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar también en pro del dictamen.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que hoy nos ocupa, compañeras y compañeros Senadores, es de suma importancia para nuestro país, con ello damos un pie a legitimar el poder democratizar la productividad en los empresarios, y que tengan a bien no arriesgar su patrimonio personal o familiar, estamos seguros que hemos sumado esfuerzos los diferentes grupos parlamentarios para firmar este dictamen a favor, porque creemos en que, con ello, vamos a aumentar el número de personas que tienen a bien ser emprendedores.

Con la creación de esta sociedad de acciones simplificadas, se hará más ágil la constitución de sociedades mercantiles, pero será opcional su registro ante el fedatario público y sus ingresos totales anuales no podrán rebasar de cinco millones de pesos.

Es un gran avance, principalmente, para las MiPyMEs que hoy representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país, aportan una tercera parte de la producción brutal total y generan el 72 por ciento de los empleos, es decir, 21.5 millones de puestos laborales.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional estima que existen entre 420 y 510 millones de MiPyMEs a nivel mundial, de las cuales cerca del 86 por ciento operan en un mercado emergente, el 9 por ciento de las PyME están inscritas en un registro, es decir, operan dentro del sector reglamentado de la economía.

Las PyME que desarrollan su actividad fuera del sector reglamentado de la economía proveen el 48 por ciento de los empleos en los países con mercados emergentes y el 25 por ciento de los países desarrollados, pero sólo el 37 y el 16 por ciento del PIB en estos mercados, respectivamente.

De acuerdo con el informe Doing Business 2016, midiendo la calidad y eficiencia regulatoria del Banco Mundial, México se coloca en el lugar 38 de este índice en América Latina, por encima de países como Chile, Colombia y Brasil.

Respecto a la facilidad para iniciar un negocio, nos encontramos en el lugar 65 de 189 economías. En México, entre las barreras que inhiben la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y registros de la propiedad y el comercio, se requieren 74 días para poder registrar una propiedad o el equivalente a tres veces el promedio de los países la OCDE.

La creación de empresas se traduce en inversiones, crecimiento, pero sobre todo, la generación de nuevos empleos.

En este contexto, las sociedades por acciones simplificadas son una respuesta a las nuevas necesidades y entorno económico que prevalecen en el país, es un paso importante para incorporar a la formalidad a las empresas que hoy trabajan al margen de la ley por los trámites administrativos que tienen que realizar.

El objetivo de la presente iniciativa es insertar a México en el contexto global como un país competitivo, donde todos puedan invertir.

Con la reforma que hoy discutimos, el sistema de inscripción registral de las empresas se simplifica, se hace rápido, económico y accesible al público.

El proceso registral será a través del sistema electrónico, que requiere que todos los accionistas cuenten con la Firma Electrónica avanzada, lo cual redundará en la reducción de costos y tiempos de apertura.

Las medidas sugeridas para los proponentes son de gran relevancia, considerando que el uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral simplificará los trámites que enfrentan a las personas y las empresas en la actualidad.

Las bondades saltan a la vista: facilitar el ingreso a la formalidad; simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas; crear un nuevo régimen societario; establecer un proceso de constitución administrativa, con todos los efectos legales y un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de las MiPyMEs y fomentar el crecimiento de las empresas.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que esta iniciativa coadyuvará a atender la demanda de los y las mexicanas que incidan y creen una nueva empresa a favor siempre del progreso de la familia y de nuestros mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros: Buenas tardes a todas y a todos.

Sin duda que hoy es un buen día, como decía el Senador Cordero Arroyo, para nuestro país. Por fin una buena noticia para miles de jóvenes, para miles de emprendedores que tienen una lucha descomunal contra muchas adversidades para lograr constituir su empresa.

Yo celebro que esta iniciativa venga de la sociedad civil, venga de la organización de jóvenes emprendedores a lo largo y ancho de nuestro país, que se han organizado fundamentalmente a través de las redes sociales y que sean parte también de manera muy activa de todo lo que pasa en América Latina.

Hay en distintos países iniciativas para generar un entorno favorable para la innovación, un ecosistema favorable para las pequeñas y medianas empresas, que puedan ir creciendo, que se puedan ir fortaleciendo, que puedan ir generando valor agregado y puedan ir generando empleos de calidad en una economía de mercado como en nuestro país.

Pero hay que reconocer que no hay una visión sistémica en nuestro país para apoyar estas pequeñas unidades económicas, y lo sufrimos, que tengan que competir en condiciones verdaderamente imposible de lograrlo.

Hay que ver nada más en las estadísticas, que ya se han dado aquí, de mortandad de las empresas, solamente una de cada tres nuevas empresas, solamente una está condenada a morir el primer año, si ya sabemos que de esas tres que se forman una no va a pasar los doce meses y aquellas que logren sobrevivir, el promedio de vida es menor de ocho años, no hay un traspaso intergeneracional de las empresas en nuestro país, son muy pocas aquellas que logran sobrevivir.

Mientras más pequeñas, más alta es su vulnerabilidad, las muertes por tamaño de negocio están concentradas en aquellos negocios que tiene de 0 a 5 personas ocupadas, el 34 por ciento de los cierres registrados tiene que ver con esta empresa; la probabilidad de muerte es más grande conforme los negocios son más pequeños.

Y solamente 11 de cada 100 empresas de menos de 10 empleados logran sobrevivir más de 20 años. En contraste, aquellas que son más grandecitas, de más de 65, de más de 100 empleados, 65 de cada 100 sobreviven más de 20 años.

¿Por qué está mortandad?

Es decir, estamos hablando de aquellas que ya hicieron el esfuerzo de constituirse y que se vienen abajo, hay que ver las condiciones que tiene. Un aspecto fundamental es el acceso al crédito.

Para lograr acreditar una PyME al sistema financiero que es sujeta de crédito, prácticamente tienen que demostrar que no necesitan el crédito, les piden colaterales, les piden activo, les piden garantías y, además, si logran concretar su crédito, la tasa de interés es el doble, el costo financiero es el doble de lo que tienen las empresas grandes. No está creciendo como debería el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, a pesar de la reforma financiera que ya tuvimos.

Otro aspecto fundamental: el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, hay que decirlo, este es un muy buen esfuerzo por parte del Senado de la República en conjunto con la sociedad civil y también con las autoridades que participaron en ello.

Pero tenemos un Régimen de Incorporación Fiscal que supone que todas las empresas en nuestro país tienen a su disposición un despacho de contadores. Pueden tener gastos en conexión de alta velocidad a Internet, en fin.

Se piensa este régimen como si estuviéramos en un país donde estas pequeñas y medianas empresas no fueran la mayoría de ellas de supervivencia, sino que pueden tener estos márgenes de facturas fiscales, de expedición de comprobantes de nómina, de conexión a Internet, de equipo de cómputo, de un despacho de contadores para hacer su declaración fiscal.

El Régimen de Incorporación Fiscal ha propiciado el cierre de muchos negocios, el Régimen de Incorporación Fiscal no tiene esta visión de soportar y de generar un ecosistema favorable para las pequeñas y medianas empresas.

Lo dice la encuesta de consumo popular de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes; después de la reforma fiscal, el 90 por ciento de los comerciantes encuestados dice que su situación está peor y que la carga fiscal es excesiva.

Otra adversidad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, hay una encuesta, la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas que menciona que el 58 por ciento de las unidades económicas, considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que las afecta; sin duda que es una situación que las pone contra la pared.

El principal problema es la delincuencia, encima, por ejemplo, del tema de los impuestos, o encima del tema del bajo poder adquisitivo de la población. Contra eso se tienen que enfrentar los emprendedores en nuestro país, y esto tiene un costo altísimo, más de 110 mil millones de pesos, poco más de medio punto del PIB que es el costo de la inseguridad en estas pequeñas y medianas empresas.

Si una unidad económica pequeña quiere defenderse, en promedio se gasta 55 mil pesos; lo que le estamos ahorrando del notario, se lo va a tener que gastar en medidas para proteger su seguridad.

Otras adversidades que tenemos, señala el reporte del IMCO, que está dedicada a la corrupción este año, hay que decir también que este es indirectamente una medida contra la corrupción, porque está demostrado que en aquellos países donde más trámites se pide, hay más corrupción.

Los países donde más trámites exigen para abrir una empresa y donde más días toma abrirla, son los países más corruptos. Esto es un golpe a la corrupción al facilitar la apertura de empresas.

Dice el IMCO que el exceso de trámites y regulaciones para iniciar y continuar la operación de un negocio también crea barreras para la formalización y, al mismo tiempo, abre espacios para la corrupción, creando un círculo vicioso. Esta iniciativa va a romper ese círculo vicioso que fomenta la corrupción.

Qué bueno que se esté aprobando esta iniciativa, porque no tienen la atención que deberían las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

Queremos fomentar el empleo, queremos salir del espasmo económico, pues resulta que estas unidades económicas generan el 72 por ciento del empleo, y esta es una de las medidas más radicales en favor de estas unidades económicas que se ha tomado en varios años.

También, las pequeñas y medianas empresas tienen que enfrentarse a costos de energía más altos, a costos de telecomunicaciones más altos, lo cual las hace menos competitivas que en otros países.

Entonces, un sistema fiscal adverso, altos costos a la entrada, costos de energía elevados, igual de telecomunicaciones, falta de acceso al crédito, bueno, esa es la realidad que enfrentan aquellos que quieren emprender un negocio.

Pero hoy es una buena iniciativa. Creo que tendremos que irnos extendiendo a que esta visión vaya formando un ecosistema para la innovación, vaya generando una red que permita la supervivencia de las empresas y vaya fomentando un valor que no fomentamos en México, que es el emprendedurismo, el alentar a los jóvenes, el alentar a todas aquellas personas que quieren salir adelante, que tienen un gran espíritu emprendedor, porque lo hay en los mexicanos a que encuentren las condiciones para desarrollarse, superarse, hacer crecer su empresa y que, con ello, genere empleos.

Bienvenida, pues, esta iniciativa, y que esta innovación, estas barreras que se han roto para que salga adelante esta iniciativa; que mientras la generación del conocimiento va a velocidades incalculables, nosotros seguimos con trámites que son de la herencia española.

Hoy damos un brinco en favor de los emprendedores del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro del dictamen.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias. Con la anuencia del señor Presidente de la Mesa Directiva. Señoras y señores Senadores:

No solamente vengo a esta tribuna a hablar en pro del dictamen, sino a llamar la atención de esta Soberanía para resaltar, que si bien este es un paso de gran envergadura para impulsar el emprendedurismo en nuestro país, quedan todavía asignaturas pendientes.

En tanto los tres órdenes de gobierno no terminemos de entender que es buscando los cómo sí, y no los cómo no, no existirá esta cultura de la facilitación para que los emprendedores puedan generar los empleos que nuestra nación demanda.

Debemos, desde esta Soberanía, impulsar, respetando la autonomía de los gobiernos locales, particularmente la de los municipios, impulsar la facilitación para la apertura de unidades de negocio.

Más del 70 por ciento de los trámites que son indispensables para abrir una empresa, tienen que ver con los gobiernos locales.

Desde el ámbito municipal, las licencias de funcionamiento, el uso de suelo, los permisos que tienen que ver con protección civil, con seguridad, etcétera, son competencia justamente de este orden de gobierno.

Y nos encontramos con que, lejos de ser facilitadores, lamentablemente la mayoría de las autoridades municipales pareciera que lo que busca es el cómo no, en lugar de promover el cómo sí.

Debemos de trabajar, desde las diferentes comisiones y en el ámbito de este Pleno del Senado de la República, en una nueva cultura de la agilización de los trámites para impulsar que haya cada día más empleadores, que haya cada día más emprendedores que impulsen la generación de empleos desde las micro y pequeñas empresas.

Celebro y felicito a los autores de esta iniciativa, desde la sociedad civil, pero también debemos de destacar la sensibilidad de los Senadores, que con gran apertura tomaron esta visión ciudadana y han impulsado lo que hoy será, sin duda, uno de los productos legislativos más importantes del Senado de la República.

Así como se ha expresado hace un momento, quiero sumarme a la causa ¡enhorabuena a los jóvenes emprendedores! porque aquí en el Senado de la República tendrán a su mejor aliado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

Informo a la Asamblea que la Senadora Mely Romero hizo llegar a esta Mesa Directiva su intervención sobre el tema, el cual se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Mely Romero Celis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Antes de proceder a la votación, informo a la Asamblea que el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, ha hecho llegar a esta Mesa Directiva una serie de propuestas de modificación a los artículos 261, 262 y 264 para que se puedan incorporar al dictamen, si así lo autoriza la Asamblea, por lo que pido a la Secretaría dé lectura al contenido de dichas propuestas de modificación.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura a la propuesta.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten estas propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas hechas por el Senador Héctor Larios Córdova.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo, ¿para qué asunto?

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para pedirle al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, si tuviera la gentileza de poder intervenir, en el ánimo de explicar las modificaciones, qué consecuencias tienen, dado que esta iniciativa tiene una gran simpatía por parte de los grupos parlamentarios y sería bueno que pudiéramos evaluar en toda su dimensión estos cambios de último minuto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, para que amplíe la explicación sobre las propuestas realizadas.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto y con su permiso, señor  Presidente.

Se busca modificar los artículos, 261, 262 y 264. En esos tres artículos se menciona la denominación o razón social de la sociedad.

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece, primeramente, los seis tipos de sociedades, después todo lo que es común a las sociedades y habla de que en la escritura donde se protocolizan tendrá que establecerse la denominación o razón social.

Pero luego, cuando entran las sociedades en particular, por ejemplo la sociedad comandita, dice “su razón social”.

En el caso de la sociedad colectiva dice también “razón social”, en la sociedad anónima, dice “denominación”, el reglamento establece que la denominación o razón social es la manera de identificar una asociación o sociedad.

Pero aún había un debate sobre si razón social no es algo que le competa a una sociedad que se asimila a una sociedad anónima.

De tal manera que para evitar cualquier diferendo, lo que se hace es, en donde dice: “denominación o razón social” se deja exclusivamente “denominación” y se quita la palabra “razón social”, sin alterar absolutamente el contenido del dictamen.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las modificaciones presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, votaremos el dictamen en lo general y en lo particular con las adiciones que se han aprobado a propuesta del Senador Héctor Larios Córdova.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, con las propuestas aceptadas por el Pleno, hechas por el Senador Héctor Larios Córdova.

Pido a las Senadoras y Senadores que no nos retiremos del recinto legislativo, en virtud de que continuaremos con la elección de los Magistrados de los Tribunales Electorales de los estados de Durango, Sinaloa y Oaxaca.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, ¿para qué asunto?

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, quería pedirle si puede registrar mi voto a favor en el Decreto anterior.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senadora, pido a la Secretaría Parlamentaria tome nota de ello.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite reglamentario.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del día al Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. El Acuerdo está disponible en sus escaños.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA



Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo Y Octavo del Acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea, en votación económica.

Los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado y el artículo 101 de la misma disposición, serán resueltos por esta Asamblea a través de una votación por cédula.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura a los resolutivos

“Primero.- La Junta de Coordinación Política propondrá, por medio de la Mesa Directiva, al Pleno del Senado, la designación de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Electorales de las entidades federativas, conforme a los siguientes requisitos:

1. La propuesta de integrantes se refería a cada uno de los siguientes estados: Durango, Oaxaca y Sinaloa.

2. La propuesta contendrá la vigencia del cargo correspondiente por cada uno de los integrantes, de forma que se asegure el relevo escalonado que establece el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. De conformidad con las disposiciones constitucionales de cada una de las entidades de Durango, Oaxaca y Sinaloa; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta de Coordinación Política propondrá los integrantes que correspondan a cada entidad, según sus disposiciones constitucionales y legales, de la siguiente manera:

1. Durango, 3 magistrados.

2. Oaxaca, 3 magistrados.

3. Sinaloa, 5 magistrados.

Quinto.- La elección de los magistrados se realizará en una sola votación por cédula para las tres entidades federativas, a efecto de integrar los correspondientes órganos jurisdiccionales de cada una de ellas.

Sexto.- En caso de que alguno o algunos de los candidatos no reúnan la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 106, fracción IV, apartado 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, según se requiera.

Séptimo.- La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores. El acto de protesta será conjunto, en un solo acto, para todos los designados.

Octavo.- El nombramiento de quienes resulten electos para integrar los órganos electorales, jurisdiccionales en las entidades federativas se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas; a los congresos de las entidades federativas, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaría. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los resolutivos: Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Aprobados los resolutivos referidos.

A fin de resolver la propuesta contenida en los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a la elección por cédula de los Magistrados como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.

Solicito al personal de apoyo parlamentario les entregue las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presídium.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las y los Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a las señoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron 77 votos, de los cuales 74 votos a favor y 3 en contra de la siguiente planilla:

Para Magistrados del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Durango:

Raúl Montoya Zamora, por 3 años.

María Magdalena Alanís Herrera, por 5 años.

Javier Mier Mier, por 7 años.

Para Magistrados del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Oaxaca:

Víctor Manuel Jiménez Viloria, por 3 años.

Miguel Ángel Carballido Díaz, por 5 años.

Raymundo Wilfrido López Vásquez, por 7 años.

Para Magistrados del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Sinaloa:

Alma Leticia Montoya Gastelo, por 3 años.

Verónica Elizabeth García Ontiveros, por 3 años.

Diego Fernando Medina Rodríguez, por 5 años.

Guillermo Torres Chinchillas, por 5 años.

Maizola Campos Montoya, por 7 años.

Se reúne de acuerdo a los votos emitidos, la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 216 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, los ciudadanos que han sido leídos por la Secretaría. Comuníquese.

En el salón anexo se encuentran los ciudadanos que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, por lo que se solicita a las y los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Francisco Salvador López Brito, Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, Marco Antonio Blásquez Salinas, Aarón Irízar López, Daniel Amador Gaxiola y Fernando Yunes Márquez, introduzcan a las y los Magistrados electos y los acompañen al acto de rendición de la protesta respectiva.

(La comisión cumple)

Informo a la Asamblea que los ciudadanos Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raymundo Wilfrido López Vázquez, que acaban de ser electos como Magistrados del Órgano Electoral del estado de Oaxaca, no están presentes para rendir la protesta constitucional. La Mesa Directiva los convocará para que acudan ante este Pleno en sesión posterior.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estimadas Senadoras y Senadores, les solicitamos ponerse de pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas y ciudadanos Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Alanís Herrera y Javier Mier Mier, Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Durango; Miguel Ángel Carballido Díaz, Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de Oaxaca; Alma Leticia Montoya Gastelo, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez, Guillermo Torres Chinchillas y Maizola Campos Montoya, Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Sinaloa: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados Electorales Locales de los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, por el periodo de vigencia de tres, cinco y siete años, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Alanís Herrera Javier Mier Mier, Miguel Ángel Carballido Díaz, Alma Leticia Montoya Gastelo, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez, Guillermo Torres Chinchillas y Maizola Campos Montoya: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras y señores Magistrados!. A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los Magistrados cuando deseen retirarse de este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Le solicitaría, de ser posible, tomar la palabra desde la tribuna para hablar sobre el proceso electoral en Venezuela.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría hacerlo desde su escaño, Senadora Gómez del Campo, por favor?





 

INTERVENCIONES

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Con muchísimo gusto, señor Presidente.

Bueno, quisiera compartir algunos datos que me parece importante tomemos en cuenta en este Senado de la República.

Como ustedes saben, estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de ser observadora electoral, de participar de manera activa con la Mesa de Unidad.

Acudimos alrededor de 100 legisladores de América Latina y de Europa. Afortunadamente esto fue así, porque era de crucial importancia que observadores electorales estuviéramos atentos de los acontecimientos en este país.

Yo quisiera rápidamente hacer un recuento sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años.

Primero, Venezuela abandonó el sistema regional de derechos humanos con un saldo importante, no cumplió íntegramente las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte, entre 1995 y 2012, que contemplan, entre otras disposiciones, el pago de casi 10 mil millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.

Ustedes saben las actitudes que ha tenido el actual Presidente para muchos de los temas; por ejemplo, cuando se pronunció Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, el Presidente Maduro lo llamó Secretario basura y afirmó que ese organismo debía desaparecer. Y así puedo enumerar también lo dicho por el grupo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo dicho por diversos organismos que desafortunadamente el Presidente Maduro no tomó en cuenta y además habló de manera despectiva de estas instituciones que nos deben bastante respeto.

El proceso electoral el día 6, estuvo manchado por una serie de irregularidades, comenzando por la creación de puntos rojos que son los centros que están a un lado de los centros de votación en donde se le obliga a la gente de alguna manera, a votar por el oficialismo.

Votó alrededor del 74.25 por ciento de la población, hubo una gran participación de los ciudadanos. Algunos dirán, bueno, pues en Argentina también se dio una alta participación, sí, pero en Venezuela el voto no es obligatorio.

Yo quiero compartir también a este Senado de la República, que el Consejo de Elecciones no autorizó como tal las misiones de observación internacional, íbamos como acompañamiento electoral, por lo tanto en la parte de denuncia, desafortunadamente teníamos poca oportunidad.

Quiero compartir también el que se haya logrado una mayoría calificada en Venezuela, el que se hayan logrado los 111 Diputados, pues va a permitir a la Mesa de Unidad revisar tratados internacionales, como PetroCaribe, intervenir en leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente, y hasta remover a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos.

Yo quisiera compartir también a este Senado de la República, que hay mucho agradecimiento para el Senado por parte de la oposición por el pronunciamiento que hicimos la semana pasada, en donde de manera muy clara hablábamos sobre la necesidad de que este proceso electoral se llevara a cabo en paz. Fue un proceso electoral justo, en donde buscábamos desde aquí, desde el Senado mexicano, que la democracia velara el día 6.

Agradecer al Presidente de la Mesa Directiva, al Senador Roberto Gil Zuarth; agradecer también a cada uno de los coordinadores parlamentarios por haberse sumado a este pronunciamiento; y lo agradezco así porque desafortunadamente el Senado como tal fue omiso durante varios años.

Fuimos omisos, solamente un grupo parlamentario y algún otro Senador se sumó a algunos de los pronunciamientos, pero por fin logramos ese resolutivo ante el Pleno que por supuesto fue escuchado y muy bien recibido en Venezuela.

Y yo quisiera, para concluir, decirles que por parte de Acción Nacional hay una preocupación sobre el actuar del Presidente Peña Nieto.

Desafortunadamente, el Presidente Peña Nieto ha guardado un silencio cómplice, no ha dicho prácticamente nada sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela en cuanto a violación a los derechos humanos, en cuanto a libertades, en cuanto a la nula democracia, que lo que se logró el día domingo no fue porque así lo decidiera el Presidente Nicolás Maduro. Lo que se logró el día domingo fue por un movimiento social importantísimo, por un cansancio, un hartazgo al autoritarismo y a la dictadura que venía llevándose a cabo a lo largo de 17 años en un país como Venezuela.

Hoy es muy lamentable el poder leer en algunos medios de comunicación al opositor venezolano Enrique Capriles, que subrayó que la relación de los venezolanos no pasa por el gobierno mexicano, que aunque tiene un afecto muy grande por México y los mexicanos, el Presidente Peña Nieto ha sido indiferente con la situación de Venezuela.

Y si ustedes revisan el artículo de hoy del periodista Ciro Gómez Leyva, podrán darse cuenta de cómo en su momento, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, tocó puertas en este país y le fueron cerradas.

Como en su momento también el mismo Enrique Capriles tocó puertas para ser recibido por el Presidente Peña Nieto, y en sus oficinas decidieron que no era apto, incluso en alguna ocasión hasta la reunión ya se había acordado y después prefirieron cancelar.
Yo solamente quiero dejar a la reflexión la manera en cómo nos estamos conduciendo como país, la manera en cómo se está llevando la política exterior, porque sí creo que como país no podemos ser omisos ante las faltas de derechos humanos que se dan en países hermanos, no podemos ser omisos ante las prácticas antidemocráticas, no podemos ser omisos ante los atropellamientos y los encarcelamientos que se han dado en Venezuela, que es el caso de Leopoldo López, el caso de Ceballos y muchos otros jóvenes que hoy están encarcelados solamente por haberse manifestado en las redes sociales en contra del régimen.

Yo quería dejar constancia de esto, señor Presidente.

Agradezco que se me haya dado el uso de la palabra y espero que podamos jugar un rol mucho más activo con Venezuela. Espero que podamos construir una mejor relación con la oposición y con el pueblo venezolano, porque les debemos mucho.

Nuestro silencio, insisto, nos hace cómplices como país y hay mucho por hacer en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades y en defensa de la democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Del Campo Gurza.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora Jiménez.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias por la oportunidad, señor Presidente.

Esta mañana, el Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el desarrollo de la elección en la República Bolivariana de Venezuela.

Esta mañana el Senado de la República se pronunció al respecto. El pronunciamiento fue en el sentido, primero, de dar la bienvenida al proceso electoral, después reconocer que el proceso electoral se dio en un marco de libertad y también el hecho de que en este proceso, como resultado, el Congreso ha cambiado.

En este sentido, nos parece a nosotros muy importante saber cuáles son los límites dentro del marco constitucional que rige precisamente los principios de la diplomacia de nuestro país.

Me parece que es importante que nosotros tengamos claro que como país, México se ha conducido a partir de la Doctrina Estrada, en función de los principios de respeto a los derechos ajenos.

Nuestro país, por supuesto, mantiene su postura de no ser injerencista, pero también ser muy respetuoso de los valores democráticos de otros países.

Por esa razón, nosotros damos la bienvenida a este tipo de procesos, que de alguna manera podrán democratizar de forma más intensa lo que está ocurriendo en otros países.

Solamente quiero hacer la aclaración de que en ese sentido, el Presidente de la República ha sido sumamente respetuoso de los principios que consagra el artículo 89 constitucional; esto es, los pronunciamientos que se hicieron esta mañana son muy claros, son muy precisos.

Esta declarativa que se hizo hoy por la mañana claramente se hace en función de lo que establece la doctrina de las relaciones internacionales que México ha mantenido a lo largo de su historia con todos los países.

Nosotros estamos conscientes de que cada país debe tener su autodeterminación, que cada país debe tener sus propias normas, sus propias leyes y en ese sentido, por supuesto, es deseable que el proceso de la democracia llegue a todos los países.

Sin embargo, debemos tener muy en claro que hay que cuidar muy bien los límites para no ser injerencistas en torno a ese respeto que se merecen todos los demás países, como quisiéramos que los demás países respeten al nuestro.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo me uno al pertinente acuerdo que tuvo el Senado de la República en la mañana y que nos hace referencia ahora el Senador Arturo Zamora, porque me parece que nosotros, sobre todo en un Senado plural, donde existen diversos pensamientos, al final de cuentas todos tenemos que estar unidos en lo que establece la Constitución y lo que ha distinguido a México en su política exterior.

Ciertamente los principios de no intervención, los principios que caracterizan a nuestra diplomacia mexicana, que siempre somos respetuosos, siempre teniendo un marco universal de respeto a los derechos humanos en los distintos países del orbe, sí es necesario que nosotros seamos cuidadosos, sobre todo teniendo, en primer lugar, el resultado en elección, que ciertamente preocupaba respecto de cómo pudiera concretarse. Afortunadamente hay un resultado que es reconocido por las autoridades, Venezuela ha resuelto de manera, reconociendo el resultado de la elección, me parece que eso es muy importante, porque eso despresuriza la atención en la propia Venezuela.

Nuestra responsabilidad es estar siempre como país hermano de Venezuela, intentando coadyuvar a que puedan resolver en las mejores condiciones, siempre en la paz, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo en la no intervención.

Yo creo que en ese sentido y estando fuera del Orden del Día, este asunto que ha planteado la Senadora, sí me parece importante que refrendemos lo que la Mesa Directiva decidió hoy en la mañana y siempre tengamos en cuenta que debemos ser muy cuidadosos en la calificación cuando rebasa las situaciones en las que no nos corresponde entrometernos, tener una intromisión en un país hermano, sobre todo con un asunto tan relevante y habiendo tanta pluralidad en el Senado.

Señor Presidente, es necesario darle una conducción de discusión de otra manera. Por lo tanto, en la formalidad que nos permite en este momento estar comentando lo que la Senadora ha dicho, creo que es necesario simplemente que seamos muy cuidadosos y buscar que los espacios de discusión se den de manera apropiada. Y celebro que ustedes hayan aprobado este resolutivo, este acuerdo, y que deseamos todo lo mejor para el pueblo de Venezuela y que a su gobierno también le vaya bien.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a los Senadores que acaban de intervenir.





 

PRONUNCIAMIENTO

Doy lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el “Día Internacional contra la Corrupción”



Comuníquese el pronunciamiento de las Mesas Directivas.

Los textos de las intervenciones que motivaron este pronunciamiento y que están incluidos en la agenda de este día, se insertarán en sus términos en el Diario de los Debates.





 

Ruego a la Secretaría dé lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la recepción de proyectos remitidos por la Cámara de Diputados.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente.

Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo en relación con la recepción de proyectos que nos remita la Colegisladora.





 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita, Mónica T. Arriola Gordillo Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 Bis. DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al finalizar el año de 2014 de acuerdo con el “Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2015”1 la población conectada a Internet en México alcanzó el 51 por ciento de penetración sobre el universo de personas potencialmente usuarias (mayores de 6 años). Es decir que el número de mexicanos y mexicanas mayores de 6 años que tuvieron acceso a internet por cualquier medio llegó a 53.9 millones teniendo un crecimiento del 5.3 por ciento con respecto a los datos del estudio del año anterior.

En cuanto a la composición demográfica de este universo, se mantiene la proporción por mitades entre hombres y mujeres, y por segmentos de edad el 37 por ciento corresponde a personas entre los 19 y los 34 años, mientras que los menores de edad son el segundo grupo que más utiliza internet, pues los usuarios de entre 6 y 17 años conforman el 35.3% de los internautas mexicanos.

En este universo, un dato importante es el número de horas de exposición a internet, con un promedio de 6 horas y 11 minutos por día, 24 minutos más que las 5 horas 36 minutos del estudio presentado en 2014. Este incremento de tiempo se ha visto ampliamente impulsado por el uso de las redes sociales, pues por primera vez en la historia, el uso del internet para acceder a las redes sociales se ubica como el principal motivo para conectarse. De acuerdo con los datos obtenido en el estudio de 2015, el 83 por ciento de los usuarios se conecta a internet para acceder a sus redes sociales y el 93 por ciento contesto afirmativa a la pregunta de si tienen alguna cuenta de estos medios, en este sentido, en rangos cercanos al 50 por ciento, el uso de internet es para enviar correos, descargar materiales multimedia (música, fotos, videos), conversaciones mediante mensajería instantánea y visitar sitios de noticias.

Es así como, la proliferación de las redes sociales se constituyen en una realidad tangible, transformado la comunicación entre las personas con nuevas formas de intercambio de información y datos, ya que a través de videos en tiempo real, imágenes y audio, se masifica y potencializan la posibilidad de difusión de situaciones, mensajes e imágenes, convirtiéndolas en un catalizador que ha transformado los hábitos sociales, métodos educativos y uso o acceso a los medios de comunicación.

Ser parte y estar en las redes sociales, dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad, ya que como individuos, o en el plano profesional si se desea estar actualizados y presentes socialmente, es preciso aprender a llegar de manera eficaz al mundo virtual.

Sin duda el uso Internet ayuda a incrementar las oportunidades más allá de lo que podemos imaginar, en el caso de México existen millones de usuarios que utilizan esta plataforma para hacer crecer su negocio o establecer vínculos que favorecen las  cadenas de valor, ya que se permite el intercambio de información, transacciones económicas, etc.

De esta manera podemos ver que casi todas las áreas de la vida, desde la comunicación, la educación, la diversión y hasta las relaciones personales, se encuentran vinculadas al uso de algún dispositivo, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (tic) del INEGI, en México el 30.7 por ciento de los hogares tienen acceso a Internet y 35.8 por ciento cuenta con computadora es decir que 9.5 millones de hogares en México tienen conexión a Internet; cantidad que a nivel nacional representa poco más de tres de cada 10 hogares.

En este contexto, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han llegado a ser parte de la vida cotidiana para los niños, niñas y adolescentes, siendo de vital importancia pues les permite comunicarse, divertirse y realizar sus actividades escolares. Los datos arrojados por la encuesta nos muestran que la conexión a Internet es una actividad que los jóvenes realizan con mucha frecuencia, pues aproximadamente la mitad de los encuestados señalaron que “siempre” navegan en Internet y la mayoría de ellos se conecta desde casa, 25.3 por ciento de los encuestados señalaron que en promedio pasan tres horas diarias conectados a Internet y en cuanto al uso que le dan al Internet destacan: la comunicación con amigos y la realización de tareas; ambas actividades con el mismo porcentaje, 31 por ciento.

El Estudio Hábitos de los Internautas en México 2014, indica que el 36 por ciento de los usuarios son menores de edad, y el 12%, menores de 12 años y que el promedio de edad de inicio de actividades en Internet es de 10 años, y que está siempre relacionado con la escuela o actividades de entretenimiento, destacando que más del 70 por ciento de los jóvenes señalaron ser usuarios del Facebook y que los principales usos que dan a esta red son para mantener comunicación con sus amigos por medio del chat y enterarse de lo que los otros han publicado.

Y si bien la disponibilidad y el fácil acceso a la información en línea facilitan la búsqueda de contenidos, y la elaboración y construcción de nuevos conocimientos, también presentan riesgos, pues aunque los adolescentes tienen a su alcance cantidades considerables de información, ésta no siempre es de calidad ni confiable.

Es evidente que el uso las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil y videojuegos) se están convirtiendo en el principal medio para socializar de los niños, niñas y adolescentes, siendo estos sin embargo, espacios en los que enfrentan riesgos y amenazas como el ciberbullying, ciberacoso, grooming, sexting y sextorsión.

En este sentido, uno de cada tres adolescentes mexicanos, entre 12 y 18 años de edad, que navegan en Internet, asegura haber publicado fotos en "poses provocativas", si consideramos que el universo de internautas ubicados en ese rango de edad es de aproximadamente 10 millones, los menores de edad que dicen exponer sus imágenes en esas condiciones sería de 3.6 millones.
En este universo de niños, niñas y adolescentes en la red, el crimen organizado y delincuentes vinculados con la trata de personas, pornografía infantil y abuso de menores buscan y eligen a sus víctimas, aprovechando la información, datos personales y de ubicación e imágenes publicadas.  Es una realidad, 4 de cada 10 menores de edad son contactados por pederastas y delincuentes a través las redes sociales.

Quizá el llamado “grooming” sea el riesgo al que más le temen los padres de familia, pues se trata del acoso o seducción de niños y jóvenes por parte de un adulto, quien por lo regular se hace pasar como un menor de edad, a fin de ganarse la confianza de aquéllos, lo cual puede ser el preludio de un posible encuentro personal para posteriormente abusar de la víctima.

Estos abusadores recurren al engaño y a la sorpresa como sus principales armas o estrategias de operación, siendo los niños de entre 8 y 12 años los objetivos idóneos de casi todas sus agresiones sexuales o de otra índole; de estos últimos, los más vulnerables son quienes muestran algún retraso en su desarrollo o en sus capacidades físicas y psíquicas; aquellos que han sido víctimas de maltrato, que han vivido la separación de sus padres o que forman parte de familias reconstituidas; los que padecen falta de afecto, así como los que están en la etapa de la pre pubertad o de desarrollo sexual.

En México el abuso sexual infantil es uno de los delitos menos denunciados y castigados, no existen cifras exactas pero se estima que 25 mil niños, menores de 12 años de edad, sufren abuso sexual cada año. Este problema se ha convertido en un asunto de salud y seguridad pública que necesita ser atendido. Pues son precisamente el mal uso de las nuevas herramientas de comunicación, lo que exponen a los niños, niña y jóvenes, a ser víctimas de diversos delitos.

Cabe mencionar que el 6 de abril de 2014 las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF reportaron 39,516 casos de abuso contra niños y niñas, lo cual representa un aumento del 50% con respecto al 2013, siendo el abandono, las agresiones físicas y sexuales, así como la explotación sexual comercial, las formas de violencia de mayor incidencia, sobre todo en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Para enfrentar esta problemática, se propone la presente iniciativa, por la cual se pretende que en el Código Penal Federal se encuentren tipificadas conductas tales como revelar, divulgar, utilizar, circular o publicar cualquier información video grabada, fotografías, filmaciones, imágenes obtenidas de la redes, sistemas de cómputo, dispositivos electrónicos o sucedáneos de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado para resistirlo, y que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, imponiendo de 6 a 12 años de prisión y de  300 a 600 días de multa, pero si esas publicaciones son utilizadas para cometer delitos como secuestro, violación, extorsión, pornografía infantil y trata de personas la penalidad será de 9 a 18 años y setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de multa independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos.

El objeto mismo de este proyecto, es prevenir que los usuarios de las redes sociales aprovechen las publicaciones de niñas, niños y adolescentes para difundirlas, con ánimo de exhibirlos y desprestigiarlos y con ello provocar daño emocional, o hacerlos víctimas de pornografía infantil, trata de personas o violación.

El proyecto propone mayor penalidad para los delitos mencionados en el párrafo precedente, en caso de que las publicaciones que se exhiban en las redes sociales sean utilizadas para ejecutar dichos delitos.

Además la pretensión es tipificar nuevos delitos, atendiendo a que las conductas que se mencionan y que forman parte del cuerpo de este instrumento, son la antesala para la ejecución de los delitos citados, por lo que atendemos al principio de legalidad: si una conducta no está inscrita en el catálogo previsto por el código punitivo, simple y llanamente, no es delito, creemos que la presente proposición satisface los extremos previstos en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, y en caso de ser aprobado por esta asamblea funcionará preventivamente y para inhibir futuras acciones u omisiones ilícitas.

El delito cibernético implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las nuevas tecnologías, lo que ha propiciado la necesidad de que sea regulado por el derecho.

Atendiendo a lo anterior se promueve la presente iniciativa, pues me preocupa que en la actualidad, niñas, niños y adolescentes tienen de manera cotidiana contacto con las redes sociales, y es en estas en las que se convierten en víctimas potenciales de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores de los 18 años.

En mérito de lo expuesto, atendiendo a la complejidad de los delitos cibernéticos y el uso indebido del Internet nos obliga someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS
AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 211 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue;

Artículo 211 Bis.-…

Al que revele, divulgue, utilice, circule, haga circular o publique cualquier información video grabada, fotografías o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se le impondrá de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.

Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: lenocinio o trata de personas, previstos en los artículos 206 y 206 Bis; violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; secuestro, previsto en los artículos 365 Bis y 366; robo, previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión, previsto en el artículo 390; fraude, previsto en los artículos 386 y 387; o los contemplados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, se le impondrá pena de prisión de 9 a 18 años y setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, independientemente de las penas que procedan por los delitos cometidos.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

1 El cálculo de los universos se realizó a través de una metodología diseñada por la AMIPCI, que incluye datos estadísticos provenientes de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO UNIVERSAL Y NO CONTRIBUTIVO

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora de la República de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de 30 años de la imposición del neoliberalismo en México, las condiciones de vida en el país han tenido un deterioro continuo.1 Como detallaremos más adelante, una de las razones principales es que el crecimiento económico no ha sido suficiente para generar los empleos que las y losmexicanos demandan, la inestabilidad del mercado laboral y baja calidad de los puestos de trabajo. De esta forma, de manera contraria a sus deseos y derechos constitucionales, millones de personas en el país padecen de desempleo arriesgando el bienestar propio y el de sus familias.

A) Fundamento y experiencias internacionales

Ante situaciones como la que padecen millones de personas desempleadas en México, una respuesta planteada en diversas regulaciones y políticas públicas internacionales es el seguro de desempleo. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en los artículos 22, 23 y 252, contempla la seguridad social como un derecho. De manera específica, en el artículo 23 señala que todas las personas tienen el derecho de tener protección frente al desempleo. El artículo 25, numeral 1 es todavía más claro al señalar que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado…tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo… u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”En suma, esta Declaración, pieza fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, señala con claridad al seguro de desempleo como un derecho.

Por su parte, y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XVI establece como derecho: la seguridad social que proteja a las personas contra las consecuencias de la desocupación.3

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en 2012 mediante la Recomendación 2024, el deber de los Estados de establecer pisos de protección social que incluyan la seguridad básica del ingreso mínimo para las personas económicamente activas que se encuentren en situación de desempleo. Cabe señalar que en el marco de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, junio 2013), México y la OIT suscribieron un Convenio de Cooperación para promover la aplicación del piso de protección social que permita garantizar bienestar a los trabajadores. A pesar de este compromiso, la situación de millones de trabajadores sigue deteriorándose en nuestropaís.

Contrariamente a lo que se sucede en México, solamente hasta 2012,72 paísescontaban ya con seguro de desempleo de acuerdo con la OIT.5 Aunque la mayoría de las personas trabajadoras en el mundo (más del 70%) sigue sin contar con esta protección, el número de países que cuentan con este instrumento no es menor y ha probado ser de gran valía para el bienestar de las y los trabajadores y sus familias.

En cuanto a los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el único miembro que no cuenta con seguro de desempleo.6 Cabe también señalar que de acuerdo a la OIT, en Europa el 80% de las personas que trabajandispone de este tipo de protección social. En América Latina y el Caribe el porcentaje es casi del 40% (38%),7 sin embargo no deja de ser indicativo de la relevancia que esta herramienta ha tenido en la región. Al menos 6 países cuentan con seguro de desempleo: Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay y Chile. En caso de Brasil, este instrumento que estaba previsto en su constitución desde 1946, fue introducido en la práctica en1966 y desde 1986 ha tenido su expansión más significativa, es decir desde hace casi 30 años.8

Tanto en Latinoamérica como en el resto de los países que cuentan con seguro de desempleo, éste ha funcionado como una herramienta efectiva para la protección social disminuyendo las posibilidades de las y los trabajadores de caer en la pobreza y garantizándoles la subsistencia a sus familias. En este tenor, en las siguientes líneas señalaremos la situación del desempleo en México y la relevancia que este instrumento podría tener para millones de trabajadores y sus dependientes económicos.

B) Desempleo en México.

En la Constitución, el artículo 123, consagra el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. De manera específica, la seguridad social está contemplada en el artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XXIX y en el apartado B, fracción XI. En ellos se establece que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. De manera puntal en la fracción XXIX, se incluyen los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, entre otros. Como consecuencia se han dejado desprotegidos a las personas desempleadas en el nuestro país.

A pesar de ello, en las últimas 3 décadas de neoliberalismo, el PIB per cápita ha crecido a una tasa del 0.6 por ciento anual y el PIB total en 2.2 por ciento,9 es decir, tres veces menos de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de empleo. En otras palabras, puesto que se generan muchos menos empleos que los que la economía demanda, millones de trabajadores son excluidos del mercado laboral aun en contra de su voluntad. Desafortunadamente, en la administración en curso la tendencia de crecimiento económico no ha mejorado, por el contrario, continuamos en los promedios de los últimos treinta años con un estancamiento económico que no parece tener fin.

De acuerdo con los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con cifras desestacionalizadas, en el segundo trimestre del presente año, la tasa de desocupación registró un ligero descenso frente al trimestre anterior (4.3% vs 4.4%). Es decir, prácticamente se mantuvo sin variación afectando a 2.3 millones de personas desocupadas. 10

Estos datos no son del todo indicativos de la realidad, como el propio indicador del INEGI indica, lo que se mide es la desocupación y no el desempleo. La diferencia entre ambos términos no es menor. De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, la tasa de desempleo incluye a la población en edad y condición de trabajar pero que se cansó de buscar empleo. En otras palabras, la tasa de desempleo conjunta a todas las y los trabajadores a los que el Estado no ha podido garantizarles el derecho constitucional de acceder a un trabajo digno. De esta forma, el CAM señala que la tasa de desempleo real alcanza hasta el triple del tasa de desocupación presentada por el INEGI,11 en este caso sería 14.9% y afectaría a casi 9 millones de personas.

Otra característica distintiva del mercado del trabajo en México es su alta inestabilidad. Esto significa que las personas que trabajan se ven obligadas a salir y entrar del mercado del trabajo de manera continua. Por si fuera poco, la reciente reforma laboral ha empeorado esta situación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirma que este cambio ofreció nuevas modalidades contractuales que dejaron desprotegidos a las y los trabadores ante la posible pérdida de su empleo en el corto plazo.12 De esta manera, ha visto reducida su protección legal dando mayor cabida a las arbitrariedades de los patrones que cuentan con menos restricciones legales para despedirlos o dar continuidad a sus contratos.

Existen otros estudios que también documentan la inestabilidad del empleo en nuestro país y lo ubican como uno de los peores del mundo. Por ejemplo, el tiempo promedio que un empleado dura en su cargo es de aproximadamente tres años: uno de los periodos más cortos registrados en comparación de otros países.13 El informe para el 2012 de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que el 69.7% de quienes aportaban cuotas al IMSS y tenían cuenta individual en alguna Afore, habían cotizado hasta 5.7 años, es decir, confirma que la frecuencia con la cual se presentan las entradas y salidas del mercado de trabajo es alta.14

De acuerdo a investigaciones de la UNAM, en el pasado un trabajador con 30 años de experiencia había tenido una o dos transiciones (cambios de empleo) durante su vida laboral. Desafortunadamente, en la actualidad, un trabajador joven de 24 años en México podría haber cambiado de empleo hasta 5 o 6 veces.15 La UNAM confirma una precarización de los empleos a causa, entre otras cosas, al cambio importante en la estructura del mercado de trabajo que trasciende la voluntad de los trabajadores de conservar sus empleos por periodos de tiempo largo en razón del neoliberalismo. No es de extrañarse que expertos en el tema resuman la situación de la siguiente manera: “…prevalece el empleo inestable, en malas condiciones, y en donde la terciarización mejor conocida como outsourcing, legalizada con la Reforma Laboral, junto los empleos temporales es la norma.”16

Hasta aquí se ha señalado que en nuestro país no se han generado los empleos que demanda la población y que el mercado laboral es altamente inestable. En otras palabras, no hay empleos suficientes y los que existen no permiten a los trabajadores permanecer en puestos por periodos de tiempo prolongado. Ambas situaciones son contrarias al derecho constitucional de contar con un empleo digno. Cabría ahora preguntarse, ¿Cuánto tiempo tarda una persona que trabaja en cambiar de empleo cuando se ve obligado a hacerlo? De acuerdo al INEGI (datos para el 2014), el 80 por ciento de los mexicanos tardan un promedio de 3 meses para encontrar un nuevo empleo.17

A pesar del dato del INEGI, otros estudios, como el presentado por la empresa Man Poweren 2014, indican que la mayoría de la población tarda alrededor de 6 meses en encontrar un trabajo.18 Estudios anteriores confirman esta información; como la encuesta Motivaciones del Mexicano en el Trabajo 2010, elaborada por Randstad, la segunda compañía más grande del mundo especializada en Recursos Humanos, la cual señala que el 76% de las personas que buscan trabajo en México tardan 6 meses en encontrarlo y puede llegar a ser de un año.19 Adicionalmente, de acuerdo con la encuesta de 2012 realizada por UniversiaMéxico, el 32% de las personas encuestadas indicaron que tardaron aproximadamente 6 meses en encontrar su primer empleo después de realizar sus estudios superiores; el 54% de los que tardaron 6 meses o más, consideran que esta situación se propicia porque en el país no existen suficientes oportunidades.20

Por lo señalado, un trabajador o trabajadora podría permanecer en promedio entre tres meses y seis meses buscando de empleo. Este es un tema central pues durante este periodo deja de tener protección social y de recibir ingresos. Durante estos lapsos de tiempo, las y los trabajadores que lograron genera ahorros se ve obligados a gastarlos. Sin embargo, puesto que un trabajador promedio no cuenta con la posibilidad de ahorrar,21 muchos de ellos caen en etapas de problemas económicos. Puesto que además no cuentan con recursos para afrontar cualquier contingencia, por ejemplo enfermedades, por lo que un amplio sector de la población desempleada corre el riesgo de caer en la pobreza o enfrentar mayores niveles de pobreza.

En suma, las características destacadas del mercado laboral mexicano en este apartado son: empleos insuficientes, alta inestabilidad de los empleos y periodos de entre 3 y 6 meses en promedio en las transiciones laborales. Esta situación de fuerte vulnerabilidad no sólo niega diversos derechos constitucionales como el acceso al trabajo digno sino que exponen a millones de mexicanos a caer en círculos de pobreza. Por ello resulta fundamental que el Estado cumpla con la responsabilidad social de brindar a los trabajadores nuestro país una garantía de bienestar mínimo cuando por razones ajenas a su voluntad, y como consecuencia de un modelo fallido traído por los gobiernos federales, se encuentran en situaciones de desempleo. Como se ha destacado, una herramienta fundamental para logarlo son los seguros de desempleo. Gracias a ellos, los desempleados pueden contar con ingresos mínimos para sus cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias mientras pueden acceder a un nuevo trabajo. En el siguiente aparatado profundizaremos al respecto.

C) Contenido de la Iniciativa.

Aunque desafortunadamente no ha sido implementado en el país un seguro de desempleo, es un tema que ha estado presente en el debate público en los últimos años. Claramente la discusión del tema tuvo mayor énfasis a partir de que fue implementado en la Ciudad de México en la anterior administración. A partir de octubre de 2008, el Seguro de Desempleo se convirtió en un derecho para los habitantes de la capital gracias a la "Ley de Protección y Fomento del Empleo para el Distrito Federal".

Con el paso del tiempo, este seguro se ha consolidado como una herramienta de protección social fundamental y es una de las prestaciones más demandada+9s en el Distrito Federal. Esto ha generado que el tema fuera parte central las discusiones nacionales en los últimos años. Solamente en la LX y LXI Legislatura (2006 a 2012), se presentaron al menos 22 iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.

La pasada legislatura no fue la excepción y se registraron diversas propuestas incluyendo la proveniente del Poder Ejecutivo que ha sido la más discutida. Sin embargo, en el caso de esta última hemos argumentado que el modelo de seguro propuesto se trata de una nueva carga para la clase trabajadora ya que se financiaría con la disminución de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. Es otras palabras, se trata de una trampa pues en vez de constituir un derecho adicional, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable.

Los especialistas han señalado que bajo la modalidad propuesta por el Gobierno Federal, México sería el único país OCDE donde los propios trabajadores financiarán seguro desempleo.22 Lo que sucede en la mayoría de los países más desarrollados del mundo indica porque es fundamental que el Estado establezca un Seguro de Desempleo no contributivo. Estas obligaciones se han establecido en la Declaración de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales ya mencionados en el primer apartado.

Adicionalmente, con base en el artículo 123 de nuestra propia constitución, las y los mexicanos tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Asimismo es obligación de Estado promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo. El derecho humano al trabajo también se ratifica en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, éste señala que: "es un derecho y un deber social". Partiendo de esta base, cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar el derecho al trabajo, un principio de justicia elemental es que al menos establezca un piso mínimo de protección social para todas aquellas personas que por razones ajenas a su voluntad son excluidas del mercado laboral.

En razón de estas consideraciones en la presente iniciativa proponemos un Seguro de Desempleo no contributivo. Nos basamos en la definición de desempleo propuesta por la OIT.23 Asimismo, siguiendo otras iniciativas sugeridas por las izquierda y el modelo de la Ciudad de México, que tiene un carácter solidario y busca tener una cobertura universal, el seguro propuesto es un instrumento de protección social para las personas desempleadas y les garantiza un ingreso mensual por un periodo de hasta seis meses sin necesidad de una cotización previa. Podrá beneficiarse toda persona que por causas ajenas a su voluntad fuera privada de su empleo formal y salario. El monto mensual del seguro será equivalente a 30 días de salario mínimo y podría otorgarse al beneficiario hasta por un periodo de seis meses cada dos años.

La aplicación de esta Ley correrá a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Secretaría Trabajo y Previsión Social y los gobiernos locales. Se considera la primera por ser una de las principales instancias gubernamentales responsables de la seguridad social en el país así como ser una fuente de información y registro fundamental de los trabajadores formales.

Como una forma de garantizar la protección social de los sectores más vulnerables, los desempleados mayores de 60 años podrán contar con el seguro por nueve meses. Adicionalmente, para todos aquellos solicitantes que por alguna razón se sintieran discriminados o excluidos, la presente iniciativa prevé la posibilidad de interponer recurso de inconformidad con base en los procedimientos establecidos en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Puesto que durante los periodos de desempleo las personas se encuentran ampliamente desprotegidos, el IMSS deberá dar respuesta a las solitudes para obtener el seguro en un plazo de no más de 15 días hábiles a partir de la recepción de las mismas.

Dar el paso en el establecimiento del Seguro de desempleo en el país resulta indispensable para garantizar el piso mínimo de protección social al que se ha comprometido México en múltiples instrumentos internacionales. Adicionalmente es indispensable para la garantizar diversos derechos fundamentales establecidos en la constitución. Se ha debatido este tema durante los últimos y ha habido propuestas de todos los partidos. Afortunadamente existen más coincidencias que diferencias.No posterguemos más esta decisión estableciendo un instrumento de protección social acorde con nuestra Carta Magna, los compromisos internacionales signados por México y en concordancia con las mejores prácticas nacionales como de los países más desarrollados.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, para quedar en los siguientes términos:

Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la República.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Ley:Ley del Seguro de Desempleo no Contributivo;

II. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Secretaría: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y

IV. Seguro: Seguro de Desempleo no Contributivo con base a lo señalado en el artículo 3 de la presente ley.

Artículo 3. La presente Ley tiene como objetivo brindar a las personas desempleadas el derecho al Seguro.

Artículo 4. El Seguro es un instrumento de protección social para las personas desempleados y que les garantiza un ingreso mensual por un periodo de hasta seis meses sin la necesidad de comprobar cotización previa alguna.

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se considera desempleado a todapersona que por causas ajenas a su voluntadquede privado de su empleo formal y salario, busque trabajo activamente y esté disponible para ello.

Artículo 6. El Seguro es de carácter personal e intransferible y se podrán beneficiar las personas desempleadas que:

I. Sean mayores de 18 años;

II. Haber sido privados de su empleo conforme a lo señalado en el Artículo 5;

III. Residan en el territorio nacional;

IV. Haber laborado al menos durante seis meses antes de la pérdida del empleo y

V. Sean demandantes activos de empleo.

Artículo7. Para efectos de lo señalado en el artículo 6, fracción II, el Instituto deberá expedir la baja dela o el trabajador en los tres días hábiles a partir de la separación efectiva del trabajo.

Artículo 8. Todas las personas que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 6 podrán beneficiarse del Seguro por un plazo no mayor a seis meses cada dos años.

Solamente las personas mayores de 60 años podrán beneficiarse del seguro por un plazo de nueve meses.

Artículo 9.Cuandolas personas beneficiarias obtengan un empleo antes de concluir el periodo de seis meses señalados en el artículo 8, deberán notificarlo al Instituto en los siguientes 5 días hábiles para la cancelación delos beneficios del Seguro.

Artículo 10.El monto mensual del Seguro será equivalente a 30 días del Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal y será cubierto de forma mensual.

El monto correspondiente al Seguro deberá ser entregado por el Instituto a través de medios electrónicos u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley.

Artículo 11. La aplicación de la presente Ley estará a cargo del Instituto, en coordinación con la Secretaría y los gobiernos locales.

Artículo 12. Las personas beneficiarias del Seguro tendrán las siguientes obligaciones:

I. Entregar al Instituto la documentación que el reglamento determine necesaria para obtener los beneficios de la presente Ley;

II. Solicitar la suspensión de los beneficios de la presente ley cuando deje de cumplir las condiciones señaladas en el artículo 6 o las que determine esté Ley y su reglamento.

III. Asistir a las jornadas de capacitación a los que sean convocados y que tengan como finalidad facilitar su reinserción laboral;

IV. Firmar una declaración bajo protesta de decir verdad y permitir los controles del Instituto para verificar que se encuentra en situación de desempleo;

V. Comunicar al Instituto cambios de domicilio;

VI. Cuando el Instituto o la Secretaría identifiquen falsedad en sus declaraciones deberá aceptar la baja del Seguro.

Artículo 13. El Instituto deberá realizar una amplia campaña de difusión de los requisitos y procedimientos para acceder al Seguro, en la que comprenda:

I. Las bases operativas del Seguro;

II. La documentación que deberá presentarse para verificar que los interesados cumplen con los requisitos señalados en el artículo 6;

III. El procedimiento claramente establecido en sus tiempos y etapas de tal forma que el interesado pueda dar seguimiento a su solicitud desde el inicio del trámite hasta el momento de su resolución;

IV. Las direcciones, teléfonos y referencias electrónicas de las oficinas encargadas de orientar a los interesados para cumplir con el procedimiento establecido por el Instituto;

V. Las demás que el Reglamento señale.

Artículo 14. El Instituto deberá dar respuesta a las solitudes para obtener el seguro en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir de la recepción de las mismas.

Artículo 15. El Instituto deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, los recursos que garanticen el derecho al Seguro de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 16. El padrón de personas beneficiarias del Seguro deberá sujetarse a lo que establezcan las leyes vigentes en materia de transparencia para los programas sociales.

Artículo 17.- Las personas beneficiadas del seguro podrán interponer recurso de inconformidad por objeto de discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra violación de la presente Ley, conforme a los medios de defensa establecidos en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días naturales siguientesa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Podrán beneficiarse del seguro de desempleo las personas que hayan perdido su empleo a partir del primero de enero del año en que entre en vigor esta Ley.

Tercero. El Reglamento derivado de la presente ley deberá ser expedido por el Ejecutivo en los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Por ejemplo, el último informe del Coneval (2014) indica que la pobreza se incrementó de manera importante en los últimos dos años. La pobreza multidimensional aumentó en casi 2 millones de personas pasando de 45.5 a 46.2% del total de la población. De esta forma, nos encontramos en niveles de pobreza similares a la década de los ochenta. Gerardo Esquivel, “Pobreza y clase media”, el Universal, 31 de Julio de 2015.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/

3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Organización de los Estados Americanos, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

4 Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), Organización Internacional del Trabajo, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202

5 OIT, “Más de 70 por ciento de los trabajadores carece de protección contra el desempleo”, OIT, Sitio Oficial, 12 de noviembre de 2012, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_193144/lang--es/index.htm (Consultado el 18 de agosto de 2015)

6 Ciro Gómez Leyva, “México único país OCDE en que trabajadores financiarán seguro desempleo”, Radio Fórmula, 19 de Marzo, 2014, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398288#sthash.1MiISrqB.dpuf, (Consultado el 18 de agosto de 2015).

7 OIT, “El desafío de la seguridad social en América Latina”, OIT, Sitio Oficial, 6 de febrero de 2015, http://www.ilo.org/americas/oficina-regional/direcci%C3%B3n-regional/WCMS_343190/lang--es/index.htm, (Consultado el 18 de agosto de 2015)

8 Janine Berg1, “Brasil: el seguro de desempleo”, Notas sobre la Crisis, No. 6, Julio de 2009, OIT.

9 José Luis Calva, en Mauricio Romero “Neoliberalismo, la “fosa” de México”, 11. enero, 2015, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/11/neoliberalismo-la-fosa-de-mexico/

10 Redacción, “Desempleo, a la baja durante el segundo trimestre: INEGI”, El Economista, 14 de agosto de 2015. Cabe también señalar que de acuerdo a los datos sin desestacionalizar, la variación es muy similar en el mismo periodo: 4.35 vs 4.23. Ver, Inegi, “Tasa de desocupación nacional trimestral, serie unificada”, Inegi, http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=599&c=25452 (Consultado el 26 de agosto de 2015).

11 Ver estudio análisis del documento presentado por la UNAM: “La geografía y magnitud del desempleo en México. Desempleo y menos paga por jornadas laborales más largas: resultados a dos años de la reforma laboral”, UNAM, enero de 2015. http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/Reporte-118DESEMPLEO2015.pdf(Consultado el 20 de agosto de 2015).

12 Gonzáles G., Susana. La Reforma Laboral no promueve estabilidad ni mejores salarios: Cepal. En La Jornada 17 de junio de 2013 disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/17/economia/017n1eco Consultado el 4 de febrero de 2015.

13 “México, segundo lugar en inestabilidad laboral”, Más por Más, 2012 http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/mexico-segundo-lugar-en-inestabilidad-laboral

14 Sandoval, Antonio. En México, el empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html Consultado el 4 de febrero de 2015.

15 Emir Olivares Alonso , “La inestabilidad laboral, factor para el deterioro del bienestar de trabajadores”, La Jornada, jueves 3 de julio de 2014
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/021n2pol#sthash.EB1ZjO6L.dpuf

16 Armando Ruiz, “Líderes Ricos, trabajadores sacrificados”, El Sol de México, 16 de agosto de 2015. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3917041.htm#sthash.56VX9UI7.dpuf

17 Antonio Sandoval, “¿Cuánto tiempo tardamos en encontrar empleo?”, El financiero, 25 de marzo de 2015.

18 Ibidem.

19 Moreno, Tania M. Hallar empleo en México lleva seis meses. En CNNExpación 3 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/02/02/hallar-empleo-en-mexico-lleva-6-meses consultado el 21 de enero de 2015.

20 El 54% de los mexicanos recién egresados considera que existen pocas oportunidades para encontrar su primer empleo. 28 de junio de 2012. Disponible en: http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/06/28/946688/54-mexicanos-recien-egresados-considera-existen-pocas-oportunidades-encontrar-primer-empleo.html Consultado el 4 de febrero de 2015.

21 Puesto que el salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS es de 3.5 salarios mínimos, equivale a 226.66 pesos diarios, 6,799.8 mensuales, según datos de Consar (la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro). Puesto que una familia promedio en el país está integrada por 3.7 personas, el ingreso mensual de un jefe de familia promedio se encontraría lejos de cubrir los costos indicados por el Coneval para las Canastas Básicas de bienestar de todos los miembros de la familia (2,526 pesos mensuales por persona en zona urbana). Ver Sandoval, Antonio. En México, el empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html Consultado el 4 de febrero de 2015.

22 OCDE, “Public Employment Spending: Total % of GDP 2000-2011”, https://data.oecd.org/chart/4pzE.

23 Esta definición engloba dos elementos centrales: personas que buscan trabajo activamente (personas que por razones ajenas a su voluntad no tienen empleo pero quieren trabajar) y están disponibles para ello.Adriana Mata Greenwood,”Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del Subempleo”, Oficina de Estadística, Oficina Internacional del Trabajo, 1999 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_091441.pdf (Consultado el 21 de agosto de 2015).





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 33 Y 101 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN MATERIA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 33 Y 101 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN MATERIA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varios años, diversas dependencias gubernamentales tanto internacionales como nacionales han prestado especial interés en desarrollar políticas en atención a la población con discapacidad, grupo que se encuentra en vulnerabilidad pese a los avances normativos que intentan dotarlos de las mismas oportunidades que al resto de la población.

A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo, en la vida diaria estas personas siguen enfrentando un conjunto de retos y adversidades porque aún no se ha logrado reducir la brecha de exclusión que existe por parte de la sociedad  y de la autoridad en algunos casos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (discriminación, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social).

En ese sentido se puede demostrar que lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derechos no solo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de su accesibilidad a programas sociales, ya que muchas personas que pertenecen a este grupo, carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien, porque en muchos casos carecen de trabajo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero, o bien a vivir de limosnas.

Esta problemática impacta también en los sectores en los que se desenvuelven y participan las personas con discapacidad, como es el caso del deporte, en el cual son víctimas incluso de una discriminación institucional por parte de las dependencias de gobierno, en la cual, muchos de los apoyos que reciben son limitados o insuficientes (si es que existen), y en otras ocasiones la accesibilidad a las instalaciones deportivas no cuenta con las herramientas ni infraestructura requerida para su libre tránsito, tampoco se otorgan facilidades para poder profesionalizarse en la disciplina que practican ni incentivos adicionales para asistir a competencias o garantizar su movilidad hasta la sede, sea nacional o internacional, complicando así el desarrollo pleno de sus actividades deportivas y su desarrollo en las mismas.

La temática es sumamente relevante para un país como el nuestro, donde los atletas discapacitados han demostrado que pese a las dificultades que se les presentan en sus carreras deportivas y su vida cotidiana, son capaces de llenar de preseas el medallero nacional, siendo reconocidos a nivel internacional en múltiples disciplinas de alto rendimiento, rompiendo records mundiales e incluso llegando con más medallas que el resto de los atletas.

Actualmente, el gobierno destina programas especiales para su atención a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), pero estos no garantizan la inclusión total de todos los deportistas por igual y aún existen barreras considerables para alcanzar esta meta.

El año pasado, en la conferencia “El encuentro que humaniza”1, Jorge Font Ramírez, 8 veces campeón del mundo en esquí acuático, señalaba que los apoyos otorgados aún son insuficientes y los deportistas deben enfrentar una serie de retos para lograr el éxito, ya que no solo son necesarios los de carácter económico, sino también en infraestructura y difusión de eventos, ya que muchos de ellos carecen de patrocinadores externos y falta despertar el interés de la sociedad a esta modalidad del deporte.

Por si fuera poco, los atletas paralímpicos han logrado destacarse en más de una sola disciplina a lo largo de los años, poniendo en alto a nuestro país en las justas internacionales, logrando convertirse en referentes mundiales del deporte que practican como lo son: Leticia Torres Hernández (atletismo), María de los Ángeles Ortiz Hernández (pesas y bala), Mario Santillán Hernández (maratón), José Arnulfo Castorena Vélez (natación), Amalia Pérez Vázquez (pesas), Moisés Beristaín Gutiérrez (atletismo), Perla Patricia Bárcenas Ponce de León (pesas), Juan Ignacio Reyes González (natación), Luis Alberto Zepeda Félix (lanzamiento de jabalina), Nelly Miranda (natación)2, por citar a algunos de los atletas paralímpicos que aún siguen cosechando frutos en la actualidad y que seguramente enfrentan diversas problemáticas y retos que no han sido atendidos apropiadamente a pesar de haber ganado medallas de oro, en una o más ocasiones.

Por otra parte, está demostrado que el deporte contribuye al sano desarrollo de las personas, no solo desde un punto de vista médico, sino también puede extrapolarse al aspecto psicológico y social, realizarlo incluye una serie de beneficios para quién se ejercita de toda índole.

Ahora bien, de acuerdo con Información plasmada en el documento, El Deporte para las Personas con Discapacidad , elaborado con información de organismos públicos como la CONADE, la SEP, el CONADIS, leyes y otras dependencias de la República Mexicana, el efecto del deporte en las personas discapacitadas es aún más notorio, ya que su impacto psicológico genera excelentes resultados terapéuticos y permite que las personas desarrollen habilidades tanto físicas como sociales, incluso el estado anímico mejora considerablemente, por lo que sobran razones para apoyar e impulsar las políticas que faciliten el apoyo a este sector de la población de una manera integral, suficiente y coordinada en todos los niveles de gobierno.

En esta dirección, México ya tiene un amplio marco jurídico para la atención del deporte y las personas con discapacidad, en las que se reconoce el valor del mismo como un medio esencial para el desarrollo de las personas con discapacidad, instruyendo una serie de acciones focalizadas para que la legislación se traduzca en mejores condiciones de vida para los discapacitados, sin embargo, la lista de objetivos no se ha alcanzado.

Si bien, la misma Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, señala que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, incluyendo la discapacidad en su redacción, notamos que mientras la accesibilidad no esté garantizada, somos actores de una discriminación continua en las mismas instituciones que pretenden evitar que se presente.

Conseguir que nuestro país logre armonizar el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad con su ejercicio, depende de esfuerzos coordinados y políticas públicas integrales, donde la accesibilidad tanto a apoyos económicos, programas sociales, deportivos e incluso instalaciones deportivas no represente un reto para conseguir sus objetivos y seguir con sus sueños.

Cuadro de cambios propuestos


LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicable.

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Para el cumplimiento del párrafo anterior se fomentará el equipamiento y adecuaciones pertinentes en la infraestructura deportiva para asegurar el adecuado acceso a personas con discapacidad o con problemas motrices.

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

La CONADE establecerá los mecanismos de coordinación para la capacitación de entrenadores, personal médico y preparadores físicos para poder atender a personas con discapacidad.

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.
La CONADE determinará el otorgamiento de estímulos, ayudas, subvenciones y reconocimientos para asociaciones y ligas deportivas que fomenten la inclusión de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN los artículos 6, 33 y 101 de la Ley Cultura Física y Deporte, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Para el cumplimiento del párrafo anterior se fomentará el equipamiento y adecuaciones pertinentes en la infraestructura deportiva para asegurar el adecuado acceso a personas con discapacidad o con problemas motrices.

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

La CONADE establecerá los mecanismos de coordinación para la capacitación de entrenadores, personal médico y preparadores físicos para poder atender a personas con discapacidad.

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.

La CONADE determinará el otorgamiento de estímulos, ayudas, subvenciones y reconocimientos para asociaciones y ligas deportivas que fomenten la inclusión de personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://pulsoslp.com.mx/2014/02/10/falta-apoyo-al-deporte-de-personas-con-discapacidad-jorge-font/#sthash.P5vjgrrs.dpuf

2 http://www.vertigopolitico.com/articulo/34092/10-atletas-paralimpicos-que-ponen-en-alto-el-nombre-de-Mexico

http://www.dgb.sep.gob.mx/04-m2/02-programas/ESDM/Informes_Sectoriales/8_El_deporte_para_personas_con_discapacidad.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO SOCIAL CON LOS RENDIMIENTOS DEL FONDO MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), al que se refieren el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013,  buscan garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de la renta petrolera en el país, además, de generar ahorros a largo plazo  y aprovechar  los recursos para propiciar el desarrollo nacional.

Este fondo tiene como institución fiduciaria al banco central, de acuerdo a lo establecido en el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo, que se encargará  de recibir, administrar y distribuir los ingresos que genere, los cuales se transferirán por el Banco de México de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

El FMPED (Fondo Soberano de Riqueza) que empezó a operar este año,  dota al   Estado de un instrumento de inversión y ahorro que puede contribuir al desarrollo nacional si se consigue una clara y objetiva asignación de los recursos, con el fin de garantizar la transparencia de sus operaciones y maximizar el impacto de su   distribución.

Actualmente, se estipula que el fondo debe contribuir anualmente al Presupuesto de Egresos de la Federación y una vez realizada esta transferencia anual,  se establece que si existieran recursos remanentes, estos serán considerados ahorros de largo plazo. A la vez, cuando este ahorro supere el 10% del Producto Interno Bruto se transferirá a la Tesorería de la Federación, con el fin de financiar múltiples rubros que contribuyan al desarrollo, sin que se estipule claramente su distribución y por ende, se pueda garantizar su sano aprovechamiento.

Para que la utilización de estos Fondos Soberanos de Riqueza pueda ser eficiente, es necesario ser más objetivo en la aplicación de los mismos, estableciendo como modelo la ejecución de estos en otros países, que llevan décadas aprovechando su renta petrolera haciendo inversiones con los recursos que de ahí se obtienen.

Sin duda, como en toda inversión, se debe pretender maximizar el rendimiento y reducir el riesgo, suceso que la actual legislación no previene, ya que al tener remanentes que son transferidos sin precisar su destino, seguimos permeando el desaprovechamiento de estas herramientas e incluso facilitamos que sigan presentándose actos de corrupción y desvió de fondos, problemática que impide desde hace años que los billones de pesos obtenidos por renta petrolera en el pasado se traduzcan en inversiones que propicien el desarrollo social.

Así, la riqueza y posibilidades que generan los hidrocarburos con los que cuenta nuestro país son desperdiciados, mientras en otros países del mundo se han  sabido usar con mucha mayor destreza para mejorar las condiciones de vida de la población.

Por tanto, en esta iniciativa, se pretende clarificar la asignación de estos recursos, con la finalidad de que el fondo pueda cumplir con los objetivos esenciales para los que fue creado y se pueda maximizar el rendimiento de las inversiones que realiza el Estado, ya que desde que se discutió  la “reforma energética”, se destinó muy poco tiempo a evaluar cómo se podía mejorar la administración de la renta petrolera.

En este sentido, la ley actual no garantiza que los recursos sobrantes sean usados para fines sociales o que contribuyan al desarrollo nacional, ya que transferir cantidades considerables a la Tesorería de la Federación sin establecer su paradero, deja un vació legal inmenso, en el cual, rendimientos millonarios podrían perderse al concentrarse en un solo lugar pero no tener destino fijo, es decir, la tarea de fiscalizar y transparentar el paradero de estos recursos sería más complejo en un escenario en el que no existe un orden prestablecido, eliminando las buenas prácticas que se pueden aprender de otros Fondos de Riqueza Soberanos empleados alrededor del mundo por otros países que reciben ingresos de los hidrocarburos con los que cuentan.

Muchos de los principios que deben seguirse para el máximo aprovechamiento de los fondos no están aplicados en la actualidad ni establecidos en nuestras leyes, lo que nos permite dejar en duda, que el FMPED pueda ser una importante palanca en el desarrollo nacional, por ende, es indispensable que se subsanen estas fallas antes de que existan más desvíos de recursos  y nuestro país siga sin mejorar a pesar de tener importantes activos en hidrocarburos.

Para conseguir que el fondo pueda cumplir con sus propósitos, debemos implementar mecanismos que permitan su mejor aprovechamiento y aplicar elementos positivos que nos deja la experiencia internacional, incluso cumplir con lo establecido por “Los Principios de Santiago”, documento que elaboró el Fondo Monetario Internacional en el 20081, en el que se plasman una serie de buenas prácticas aceptadas por la comunidad internacional en el manejo de Fondos de Riqueza Soberana, donde uno de los puntos esenciales para que estos sean efectivos, es establecer con claridad el destino de los recursos obtenidos, ya que las ambigüedades generan el marco idóneo que gesta la corrupción, el desvió y el riesgo de generar inversiones de muy bajos o nulos rendimientos, desperdiciando así, la oportunidad que representa la sana aplicación de los mismos.

Cuadro de cambios propuestos


LFPRH

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 96.-Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate.
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la Federación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

 

Artículo 96.-Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate.

 

En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a un Fondo Social destinado a cubrir los siguientes rubros:

a) 50% educación.
b) 25% salud.
c) 15% superación de la pobreza.
d) 10% desarrollo humano en comunidades con muy alto grado de marginación.

Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA la fracción IV del artículo 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate.

En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a un Fondo Social destinado a cubrir los siguientes rubros:

a) 50% educación.
b) 25% salud.
c) 15% superación de la pobreza.
d) 10% desarrollo humano en comunidades con muy alto grado de marginación.

Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://www.iwg-swf.org/pubs/esl/gapplists.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO QUINTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE SANEAMIENTO DE SUELOS PARA USO AGRÍCOLA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El escenario de desastre ecológico que vive nuestro mundo y nuestro país es una situación que no podemos ignorar. No podemos permanecer indiferentes ante el creciente problema que implica la contaminación del agua, el aire y el suelo.

Sin duda, en los últimos años, la legislación en materia ambiental se ha visto fortalecida a través de un conjunto de actos normativos que buscan la ordenación del ambiente, los cuales implican la formulación de una política que integre a la sociedad civil, las autoridades gubernamentales y el sector privado.

Sin embargo, aún existen deficiencias importantes en torno a la remediación de suelos, la cual forma parte de una política que permita prevenir, evitar, mitigar y compensar oportunamente los efectos adversos sobre el ambiente y los recursos naturales que son generados por la realización de procesos industriales.

Buscando atender esta problemática el Estado Mexicano ha creado diversas Normas Oficiales en materia de Residuos Peligrosos, entre las que destacan las siguientes:

• Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.

• Norma Oficial Mexicana NOM-159- SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

• Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT- 2009 que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las   características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

Desafortunadamente la eficacia de estas normas se ha puesto en entredicho, ya que de acuerdo con la Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, cinco de las 16 Normas Oficiales Mexicanas del sector ambiental obtuvieron una calificación de cero por efecto, efectividad, eficacia y eficiencia; y el promedio general fue de 1.84 en una escala de cero a cuatro1.

Una de las normas oficiales que resulta ineficaz es la que aborda los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales de aguas y bienes nacionales, que resulta fundamental cuando se habla de conservación y remediación de suelos.

La ineficiencia de estas normas tiene que ver en parte con su falta de aplicación, por lo cual resulta importante que la regulación de la remediación de suelos contaminados sea suficientemente sólida.

Por esta razón, en esta reforma se busca que los suelos se conserven en buen estado para asegurar que los cultivos estén libres de contaminantes y resulten inocuos para el consumo humano.

La anterior atendiendo al hecho de que la PROFEPA está facultada para promover o llevar a cabo auditorías ambientales y determinar las medidas correctivas para subsanar las irregularidades detectadas por la violación de la normatividad ambiental. Asimismo, el Instituto Nacional de Ecología está facultadas desde 2000 para evaluar, dictaminar y resolver sobre la utilización de tecnologías y sustancias para la remediación de sitios contaminados por materiales y residuos peligrosos.2

A pesar de lo anterior, lo que podemos apreciar es que los suelos de nuestro país se están degradando, lo cual nos afecta mucho ya que impide el crecimiento de cultivos o los contamina, convirtiéndolos en una potencial fuente de enfermedad para la    población.

Debemos recordar que el suelo es un recurso natural que contiene los elementos nutritivos y el agua que los seres vivos utilizamos. Además, este elemento es vital, ya que dependemos de él para poder producir alimentos, y constituye el nutriente y sostén de las plantas en crecimiento, condicionando el desarrollo de todo el ecosistema.

Los suelos poseen cierta capacidad para asimilar la contaminación humana sin entrar en procesos de deterioro, sin embargo, esta capacidad ha sido sobrepasada en muchos lugares del país, a consecuencia de la producción y acumulación de residuos industriales, mineros o urbanos3.

No podemos ignorar que en México operan 97 mil empresas que producen alrededor de 222,000 toneladas de desechos peligrosos. Esto tiene implicaciones en el agua y en el aire, pero también en el suelo.

A la fecha, en México solo existen cuatro espacios de confinamiento ubicados en Ramos Arispe, Coahuila; Zimapán, Hidalgo; Chapala, Jalisco y San Pedro Garza, Nuevo León. Este problema ha generado que el 90% de los residuos peligrosos se manejen inadecuadamente y sean desechados al ambiente, contaminando ríos, cañadas, lotes baldíos o traspatios industriales.

El problema es de una enorme gravedad, ya que los suelos, así como el agua cuando están contaminados pueden generar enfermedades en la población, tales como el cáncer o la insuficiencia renal. Aún más cuando estos suelos se utilizan para la industria agropecuaria, ya que todos los alimentos que crecen en suelos contaminados dejan de ser seguros y se convierten en un peligro potencial.

Por tanto, la adición que se plantea, busca subsanar este problema y garantizar que los suelos que se utilizan para cultivos sean preservados, saneados y remediados para que los alimentos que producen sean inocuos.

Cuadro de cambios propuestos


LEY AGRARIA

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 5o. Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 5o. Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. Asimismo llevarán a cabo labores de saneamiento y remediación de los suelos que se utilizan para cultivos, para garantizar que los alimentos que se producen sean inocuos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 5o. de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. Asimismo llevarán a cabo labores de saneamiento y remediación de los suelos que se utilizan para cultivos, para garantizar que los alimentos que se producen sean inocuos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 Ver: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/11/11/reprueban-normas-ambientales

2 Ver: http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades
%20Riesgosas/sitioscontaminados/GTZ/K-Marco%20regulatorio%20de%20la%20remediacion%20de%20SC.pdf

3 Ver: http://www.ecojoven.com/cinco/07/suelo.html





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan disposiciones a la Ley Para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

Exposición de motivos

1.- El 06 de mayo del 2015 entró en vigencia la Ley para impulsar el incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. La misma que va dirigida explícitamente a:

1.1.- Promoción de la competitividad.

1.2.- Incremento continuo de la productividad.

1.3.- Fomento económico para el impulso del desarrollo industrial.

2.- Así mismo establece en su artículo tercero que:

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley:

I.- Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal;

……

……

XII.- Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el diseño y ejecución de las políticas, programas y proyectos a cargo de la Administración Pública Federal

….

Adicionalmente, en el capítulo V de la ley en comento, que se refiere al seguimiento y evaluación, se precisa que :

Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de programas y proyectos de inversión en la cartera a que se refiere el artículo 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades deberán identificar, cuando así proceda, la vinculación de los programas y proyectos de inversión bajo su responsabilidad con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a efecto de impulsar aquellos que incrementen la productividad y la competitividad, particularmente en las regiones con mayores rezagos económicos.

La Secretaría identificará anualmente aquellos programas presupuestarios vinculados a los objetivos de la política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. Las dependencias y entidades deberán tomar en consideración dichos objetivos para el diseño de indicadores de desempeño de los programas presupuestarios identificados y, en su caso, de sus reglas de operación.

La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la complementariedad o duplicidad que pudiese existir entre los programas   presupuestarios identificados conforme al párrafo anterior, con el fin de llevar a cabo las acciones que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

Cuando se menciona al “Comité” se hace referencia al Comité Nacional de Productividad, que está presidido por la Secretario de Hacienda y Crédito Público e integrado en su mayoría por los titulares de varias Secretarías.

3.-Como se puede apreciar, la redacción de ciertos párrafos le deja a la Secretaría de Hacienda una discrecionalidad amplia para aplicar de manera irrestricta, amplias reducciones presupuestales, porque junto a otras dependencias analizará la “complementariedad o duplicidad” que pudieran existir entre “los programas presupuestarios” y que según esto podrían afectar a la productividad.

4.- En países como México, -- donde la pobreza es abrumadora en cuanto porcentaje de población que se encuentra en dicha situación – la implementación de recortes presupuestales en el ámbito social, no deberían ocurrir. Más bien se debe aumentar y reorientar la ayuda social con la finalidad de convertirla en motor de creación de empleo y bienestar familiar. Sin embargo, en el presente año y para el próximo, también los presupuestos federales han sido recortados por lo menos, en suma, en un monto de 17,000 millones de dólares, afectando a diversos programas sociales, algunos de ellos vinculados a la inversión productiva o a la mejora de la productividad por medio de la capacitación de mano de obra.

La mecánica para implementar estos recortes, fue primero establecer, el sometimiento de parte del Presupuesto, a la técnica de “Presupuesto Base Cero”, consistente en medir, por proyecto, por programa la relación costo—beneficio sin importar la trascendencia social o de beneficio comunitario, sobre en zonas altamente marginadas o pobres.

La Secretaría de Hacienda hizo una consulta con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para establecer las complementariedades y duplicidades de programas sociales. Resultado de dicha consulta fue la eliminación y fusión de decenas de programas que terminaron en la reducción presupuestal.

5.- En su documento, de mayo del 2015, titulado “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”, CONEVAL establece que “ante una inminente caída de los recursos públicos en 2016 (recursos que provienen especialmente de los contribuyentes y de los ingresos petroleros, de todos los mexicanos), el CONEVAL preparó este documento para apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso.”; y que “del Listado CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2015, se identificaron 107 programas que tienen similitud del 100% con uno o más programas. A partir de la identificación de casos que son similares, se realizó una revisión de las características particulares de los programas y su operación”

En efecto, los recortes para el 2016 se hicieron en base a dicho documento.

6.- Por otra parte, hasta la fecha ha quedado demostrado una y otra vez, la ineficiencia y la ineficacia gubernamental para generar empleo y bienestar de las familias desamparadas, que suman más de 19 millones de familias. Las políticas fiscal y monetaria, están ancladas al precio del petróleo, a las remesas y a la austeridad. Nunca antes se había visto tanto incompetencia económica pública, como lo demuestran las nueve autocorrecciones de sus pronósticos de crecimiento por parte de Hacienda y del Banco de México, que se han traducido en desaceleración de la economía, creciente desempleo y salarios más bajos en su poder adquisitivo.

Con la finalidad de evitar que la mayoría de las familias mexicanas sigan siendo afectadas por las equivocadas políticas públicas que se aplican, y

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo 1.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 20 para quedar como sigue:

Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de…

La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la complementariedad o duplicidad que pudiese existir entre los programas presupuestarios identificados conforme al párrafo anterior, con el fin de llevar a cabo las acciones que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. La Secretaría podrá eliminar presupuestalmente los Programas de Desarrollo Social, solo en caso de duplicidad total o la parte parcial de duplicidad que se presente en ellos.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Lorena Cuellar Cisneros, Ma. De los Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Benjamín Robles Montoya, Senadores de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa  con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

Las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”.

El Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité califica como generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo. Ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 personas no localizadas, desde 2007, de las cuales 9,672 han tenido lugar durante el actual sexenio. Cantidad que puede crecer por la cifra negra de quienes no han denunciado los hechos, por diversos motivos.

Hasta marzo del 2015 se tiene un registro total de 25,821, de los cuales el 59% son personas que se encuentran en edad productiva.

Lamentablemente   no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición, toda vez que de los casos registrados de personas no localizadas, resulta imposible determinar cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del mismo Estado. A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una muestra clara y contundente de un problema generalizado que el Gobierno Federal insiste en negar.

Vivimos una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su justa dimensión por el Estado mexicano, y que limita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública y justicia en detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos y el bienestar familiar.

Sin embargo, esta crisis es una realidad, y lo sabemos no solo por los números alarmantes de que se tiene registro, sino por las voces que se alzan para clamar justicia, que nos recuerdan la tragedia que viven no solo por la ausencia de su ser querido, sino por la agonía que tienen que enfrentar.

Sirva el siguiente testimonio como reflexión de la problemática que vivimos, “Testimonio: Se han reunido para relatar su historia por enésima vez, con la esperanza de que esta vez algo cambie. Sus relatos son tan repetitivos que se vuelven casi banales. Era en plena noche. Dormíamos. “Un camión se detuvo, llamaron a mi marido por su nombre, lo golpearon y se lo llevaron. Nunca más lo vi. A veces, era el ejército el que se presentaba a la puerta. Otras, eran los rebeldes. A menudo, las mujeres suplicaban que se las llevaran con sus maridos. Algunas pedían que las mataran en su lugar, para que éste pudiera mantener a sus hijos”.

La desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre y vulneración.

Los  familiares del desaparecido deben afrontar problemas específicos, que varían en función de su situación individual, del contexto local y de su entorno sociocultural. Los problemas son de diverso orden: psicológico, jurídico, administrativo, social y   económico.

Las personas comienzan a buscar al familiar desaparecido apenas saben de su desaparición, hasta recibir información creíble sobre lo que le ha sucedido y sobre su paradero. Suele ser un largo proceso marcado por diversos obstáculos, incluso son re-victimizados por el trato indigno que se les da y por la violación de diversos derechos al no ser atendidos con la eficiencia debida, al no brindarles respuesta jurídica pronta.

Numerosos familiares de personas desaparecidas tienen problemas económicos directamente vinculados a la desaparición de su ser querido y no logran satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación de los hijos, etcétera. Como la mayoría de las personas desaparecidas son hombres adultos, muchas familias de personas desaparecidas pierden su sostén financiero.

Con frecuencia las mujeres se convierten en jefas de hogar, aunque se les ofrecen menores posibilidades de ganarse la vida. Por otro lado, en la medida en que el estatuto de una persona desaparecida no es reconocido oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que suele darse a los familiares en caso de fallecimiento.

El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida tiene consecuencias por lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos, derechos de sucesión y posibilidades de volver a contraer matrimonio.

La desaparición de una persona se da por varios motivos, sin embargo esas circunstancias están vinculadas a la ignorancia, la incapacidad, la negligencia o la falta de voluntad de las autoridades para brindar seguridad a las personas y que esto no ocurra o para que en su caso se localice su paradero. El Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de brindar seguridad, ni tampoco acceso a la justicia y a la verdad, en los casos de desaparición forzada o a manos de particulares.

Existen normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos cuyo objetivo es contribuir a impedir la desaparición de personas, en las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas.

Es importante que todos los Estados actúen con determinación para impedir las desapariciones, se abstengan de cometer secuestros u otros actos que provoquen desapariciones forzadas y hagan todo lo necesario para delucidar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas y para aportar una ayuda a los familiares que no tienen noticias de sus familiares.

El 13 de septiembre del presente año diversas organizaciones sociales solicitaron al Senado resguardar los bienes patrimoniales; entregaron un paquete de propuestas,  señalando  que con la desaparición de una persona la familia enfrenta pérdida de derechos, ante el Infonavit, IMSS e ISSSTE,  debido a vacíos en la legislación.

La tarea del Congreso de la Unión debe ser promover la aplicación de un marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus familiares, acorde a los tratados internacionales en esta materia, además de  impulsar  la adopción de políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva, en este marco se  inscribe la presente iniciativa.

La persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal sostén económico de la familia o el único titular de los bienes comunes. En general, se trata del padre. En esos casos, las mujeres de los desaparecidos quedan sumamente vulnerables; queda despojada del derecho a recibir el apoyo financiero y material que suele darse a las viudas.

Considerando  el estado de vulnerabilidad que enfrenta la familia del desaparecido, el Estado debe brindarles la protección debida de manera pronta y eficaz, en este sentido, la seguridad social, es uno de los aspectos que deben brindarse a la brevedad, pues la pareja y los hijos, requieren el acceso a una pensión que les permita satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso al resto de rubros que integran la seguridad social.

Los familiares de los desaparecidos deben tener acceso al sistema de seguridad social. Por tal motivo, debe crearse un mecanismo que agilice el trámite para el acceso a la pensión de familiares  de desaparecidos. Desafortunadamente, en el Código Civil Federal vigente, la posibilidad jurídica de obtener una declaración de ausencia y presunción de muerte es prolongado, por eso el Estado debe optar por implementar procedimiento administrativo, en caso de desaparición de persona a manos del estado o de particulares, que sea ágil y expedito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Víctimas.

México es uno solo, las y los mexicanos contamos con los mismos derechos humanos que deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados, por todas las autoridades. En este sentido deviene el compromiso de armonizar la regulación que los protege y considerando el sistema de seguridad social que opera en nuestro país, a través de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, el tema de pensión otorgada a familiares de trabajadores y pensionados desaparecidos, debe contar con las mismas reglas.

Por ello, esta propuesta consiste en  que el contenido del artículo 137 de la Ley del IMSS sea replicado en la ley del ISSSTE, para que cualquier ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares  Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfruten de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el contenido del artículo 137 de la Ley del ISSSTE, para quedar como sigue:

Artículo 137. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del IMSS.

Artículo 137 bis. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares  Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las personas calcinadas que fueron halladas en una camioneta incendiada en el municipio de Navolato, a fin de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia eficiente, eficaz y confiable. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 21 de noviembre del año en curso se dio a conocer la desaparición de Dean Lucas y Adam Coleman, jóvenes de origen Australiano que, según medios de comunicación, viajaban de Canadá a México. Los jóvenes australianos fueron vistos por última vez al bajar de un ferry en Topolobampo, la noche del 20 de noviembre y desde entonces nadie conocía su paradero.

Días después fueron encontrados los cuerpos de dos hombres en el interior de una camioneta quemada en el municipio de Navolato, Sinaloa. En relación al hallazgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa señaló que la camioneta estaba a nombre de Adam Coleman y fue comprada en Alberta, Canadá.

Si bien es cierto que los indicios hacen presumir que se trata de los jóvenes de origen Australiano, también lo es que resulta fundamental que a través de investigaciones en las que se privilegien los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, se esclarezcan por completo los hechos que impulsan el presente punto de acuerdo.

El combate contra actos de esta naturaleza representa una tarea crucial, en virtud de que se traduce en el establecimiento de las condiciones mínimas que hagan posible el pleno desarrollo, individual y colectivo de nuestra sociedad.  En este sentido, la importancia del presente asunto estriba en que a través de éste se busca hacer asequible que exista paz, tranquilidad y bienestar entre la ciudadanía.

Una de las principales funciones del Estado mexicano ha sido la relativa a la seguridad pública, entendida como “…una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley…” (Párrafo noveno del artículo 21 Constitucional). 

Derivado de lo anterior el día de hoy se hace un llamado para que sean agotadas todas las líneas de investigación, a fin de que los responsables de las conductas delictivas, sean sujetos de las penas y medidas que conforme a derecho procedan.
En síntesis se considera de vital importancia que la Procuraduría General de la República garantice el acceso a la justicia eficiente, eficaz y confiable.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa y en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las personas calcinadas que fueron halladas en una camioneta incendiada en el municipio de Navolato, a fin de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia eficiente, eficaz y confiable.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 9 de diciembre del 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo





 

De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Martín Orozco Sandoval,  Marcela Torres Peimbert y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, al fijar el precio de la gasolina y el diésel, se determine bajo condiciones de mercado similares a los que operan en la nueva gasolinera de PEMEX en Houston. Se turna a la Comisión de Energía.

Los suscritos FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA,  JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, MARCELA TORRES PEIMBERT y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, AL FIJAR EL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL DIÉSEL SE DETERMINE BAJO CONDICIONES DE MERCADO SIMILARES A LOS QUE OPERAN EN LA NUEVA GASOLINERA DE PEMEX EN HOUSTON; ADEMÁS, SE SOLICITA QUE DÉ A CONOCER EL VALOR MÍNIMO DE LA BANDA DE VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL PRECIO DE LA GASOLINA PARA 2016; SE SOLICITA A PEMEXREMITA A UN INFORME QUE CONTENGA LOS PRECIOS NETOS DE COMPRA DE SUMINISTROS IMPORTADOS DE GASOLINA Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS,  lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera En nuestro país las gasolinas y el diésel son producidos bajo esquemas no competitivos, quien los provee es el Gobierno Federal, en consecuencia, la determinación del precio no responde a criterios de mercado.

Los altos precios de la gasolina en México tienen efectos inmediatos para el bolsillo de todos y cada uno de los consumidores, mayormente en los bolsillos de la gente que menos recursos tiene, en donde el único ganador con los precios actuales resulta ser, como en todo, el gobierno; lo anterior se sustenta en las cifras de recaudación en donde se observa que de enero a octubre de 2015 asciende a 176,153.6 millones de pesos. Es decir 481% más de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

Segunda. Para este año se estiman ganancias para el gobierno por 211,384.3 millones de pesos por concepto de impuestos de gasolinas, lo cual representa el 70% del crecimiento de la economía en 2014,mismo que el gobierno se está apropiando. En el presupuesto aprobado para 2016 nos espera más de lo mismo y peor: 209 mil millones de pesos de recaudación por IEPS de gasolinas.

Tercera. Recientemente en la ciudad de Houston se abrió una gasolinera de la franquicia de PEMEX, esto como  parte de una estrategia de empresa productiva del estado para expandirse en Estados Unidos, de acuerdo con su mandato de enfocarse en actividades que le generen valor económico en el entorno de competencia derivado de la Reforma Energética.

Dicha apertura ha causado polémica, toda vez que el precio que en la primera gasolinera de PEMEX fuera de México se ofrece un precio de la gasolina sin plomo de 95 octanos a 1.54 dólares por galón, que equivale a 6.9 pesos por litro, es decir 96.7% más barata que en México.

Así con el costo que estamos pagando por las gasolinas y diésel, los mexicanos prácticamente estamos sosteniendo las malas decisiones de la política fiscal de este gobierno.

Cuarta. La disparidad de los precios observada es debido a que los precios en Houston se determinan bajo las condiciones de mercado; por el contrario, en México la Ley de Hidrocarburos en su artículo décimo cuarto, fracción I, inciso c establece que “a partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarán bajo condiciones de mercado” lo que impide que actualmente las familias mexicanas puedan gozar de precios bajos en las gasolinas.

En relación a lo anterior, considero importante mencionar que el pasado mes de marzo, presenté con el aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ante el pleno de este Senado de la República una propuesta de reforma para modificar el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, dicha propuesta con el objetivo de que a partir del 1 de enero de 2015 y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel sea establecida por el Ejecutivo Federal es decir, dicha propuesta fue encaminada para que a partir del 1 de enero de 2016 los precios se determinen bajo condiciones de mercado, sin intervención alguna del gobierno.

De haberse aprobado dicha iniciativa a partir del primero de enero de 2016 los mexicanos podríamos estar gozando de precios bajos en la gasolina como los observados en la primera gasolinera de PEMEX en Estados Unidos.

Quinta. En relación al precio de las gasolinas y diésel de los años 2016 y 2017, la   SHCP establecerá una banda con valores mínimos y máximos considerando la evolución observada y esperada de los precios de las referencias internacionales correspondientes.

Durante el ejercicio fiscal del año 2016, se deberá prever que los precios máximos podrán aumentar o disminuir con respecto al precio máximo vigente en octubre de 2015, como máximo en la proporción de la inflación esperada conforme a los Criterios Generales de Política Económica para 2016, es decir 3%. Es decir, con lo anterior el precio de la gasolina no disminuirá, lo cual hace prácticamente imposible que en México contemos con precios como los que hoy existen el Estados Unidos de Norte América.

Conviene recordar que en la pasada administración y durante la campaña electoral hacia la presidencia de la República 2012-2018, el Partido Revolucionario Institucional exigía detener el deslizamiento de los precios de las gasolinas y el diésel por resultar lesivo a la economía familiar; hoy que ya son gobierno, lejos de eliminar esta política y cumplir con el ofrecimiento, abusan con fines recaudatorios.

Así, los mexicanos somos testigos de cómo el gobierno se ha convertido en un comerciante abusivo y depredador de la economía, ya que importa gasolinas más baratas, y nos las vende más caras. El gobierno sigue enriqueciéndose a costa de los ingresos de los ciudadanos y emprendedores, lo anterior como lo he dicho en todo momento, se traduce en el robo del siglo.

Derivado de lo anterior, considero fundamental permitirle a los consumidores que tengan opciones competitivas de oferta. Regresarles la libertad secuestrada por el gobierno para escoger la opción que más les convenga. Frente a aquellos privilegiados que se sirven del poder político y de las regulaciones del gobierno para aprovecharse de nosotros, urge reconocer nuestro derecho como ciudadanos a elegir por nosotros mismos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los precios de la gasolina y el diésel para 2016 sean determinados bajo condiciones de mercado similares a los que operan en la nueva gasolinera de PEMEX en la ciudad de Houston, Texas.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dé a conocer a la brevedad el valor mínimo de las bandas de valores mínimos y máximos del precio de la gasolina.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que remita a esta Soberanía un informe que contenga los precios netos de compra de suministros importados de gasolina y la calidad de los mismos.

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 8 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que el proyecto estratégico de seguridad alimentaria mantenga el modelo de atención implementado por agencias de desarrollo rural y quede sin efectos la modificación de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2016, que incluye la figura de grupos técnicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA(PESA), MANTENGA EL MODELO DE ATENCIÓN IMPLEMENTADO POR AGENCIAS DE DESARROLLO RURAL; Y QUEDE SIN EFECTOS LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, QUE INCLUYE LA FIGURA DE GRUPOS TÉCNICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), es una estrategia de apoyo técnico metodológico que trabaja con las familias y grupos de personas que habitan zonas rurales marginadas del país, cuyo objetivo es incrementar el nivel de producción y productividad de las actividades agropecuarias y pesqueras de las Unidades de Producción Familiar (UPF) de localidades rurales de alta y muy alta marginación a fin de contribuir al logro de  su seguridad alimentaria.

El PESA a nivel nacional tiene contemplado un presupuesto de 2,604.3 millones de pesos en el PEF 2016, distribuido en 24 Entidades: Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En Guerrero por ejemplo, el PESA es el principal programa de Desarrollo Rural, tanto en presupuesto, como en cobertura. En el ejercicio 2015 se asignó un presupuesto de 523 millones de pesos, que alcanzó una cobertura en 76 municipios, 1411 localidades, beneficiando a 28 mil guerrerenses a través de 56 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) y para 2016 están presupuestados 489 millones de pesos.

La seguridad alimentaria y nutricional es el status que alcanza una familia o comunidad, cuando sus integrantes tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permitan llevar una vida activa y sana.

La población objetivo del PESA está conformada por pequeños productores que experimentan problemas, como un limitado acceso a mercados ya tecnologías, así como un deterioro en los recursos naturales. En consecuencia tienen un bajo nivel de producción y productividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en las localidades rurales de alta y muy alta marginación.
El objetivo de la estrategia establece la contribución para alcanzar la seguridad alimentaria, así como la generación de ingresos para las Unidades de Producción Familiar. No obstante, actualmente existe una tendencia institucional a nivel nacional para impulsar de manera privilegiada los proyectos de generación de ingresos para la adquisición de los alimentos, dejando en segundo término la producción para el autoconsumo y generación de excedentes para su comercialización. Esto propicia la falta de disponibilidad y acceso de alimentos, así como la dependencia del exterior y fuga de efectivo.

La única política pública en el país que implementa acciones para garantizar la seguridad alimentaria, precisamente es el PESA; mediante la producción de alimentos y propiciando la disponibilidad y el acceso de los mismos y disminuyendo la dependencia del exterior y la fuga de efectivo para su adquisición.

Las Agencias de Desarrollo Rural (ADR’s), proporcionan servicios de coordinación, oficinas, transporte, supervisión, capacitación, control de calidad y de procesos, contratación de asesoría externa. También ofrecen seguimiento a cada uno de los  proyectos implementados y mantienen una relación intrínseca con las comunidades beneficiadas por el programa. Justamente esta metodología marca una distinción importante, ya que el trabajo de las agencias fortalece la apropiación de los proyectos por parte de las y los beneficiarios.

Una de las fortalezas de las agencias de desarrollo rural, es contar con equipos multidisciplinarios que tienen el conocimiento técnico, del territorio, y, sobre  todo conocen la realidad social de las comunidades beneficiadas, además de que impulsan procesos de desarrollo que trascienden la operación del programa.

Recientemente por información proporcionada por algunas ADR’S, nos enteramos que existe una clara tendencia a la desaparición de las Agencias de Desarrollo Rural. La propuesta de Reglas de Operación 2016, que en estos días se procesa en la SAGARPA, y que en breve podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación, contiene las siguientes modificaciones:

- Omite el concepto de Seguridad Alimentaria de su propósito general y privilegia el incremento de los niveles de producción y productividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. Poner mayor énfasis a la producción para el mercado que a la producción para el autoconsumo propiciaría el abandono de la producción diversificada de alimentos para las familias pobres y aumentaría el espejismo de producir para el mercado en condiciones de inequidad económica.

- Segmenta el presupuesto y la atención del PESA hacia sectores de la tercera edad y mujeres. Esta segmentación es innecesaria pues en el modelo PESA ya se incluye naturalmente a estos grupos; y más aún, el modelo involucra a todos los integrantes de la unidad familiar.

- Plantea el desplazamiento gradual de las actuales Agencias de Desarrollo Rural (ADR) por una modalidad de consultoría técnica individualizada y controlada desde la propia SAGARPA a través de sus Distritos de Desarrollo Rural, además de minimizar la intervención operativa de los Gobiernos de los Estados en su propio territorio.

El hecho de “mover” a una agencia de zona, implica complicaciones debido a que en cada región, las agencias cuentan con infraestructura física, además de que se interrumpen los procesos de intervención comunitaria de que son responsables, lo que pone en riesgo su continuidad y propicia su desintegración. Según la metodología PESA-FAO, las agencias deben contar con personal que tenga conocimiento de la región y trascendencia en las comunidades que la integran; si la agencia ha obtenido buenos resultados, ha logrado trascender con las familias, lo que distingue al PESA, debido a que implementa un método basado en la participación social, el desarrollo de capacidades y el respeto a la cultura local y la dignidad de las personas.

La modificación de las Reglas de Operación para el ejercicio 2016, nos indican un  cambio sin causa justificada o por lo menos sin ninguna explicación clara y    contundente, ya que con esta modificación el PESA perderá el enfoque micro regional, desarticulando procesos, con el riesgo de convertirse en un programa más de distribución de activos.

El PESA, ha contribuido a mitigar el hambre, a mejorar los ingresos económicos y a preservar los recursos naturales en localidades marginadas, a través de proyectos de producción de hortalizas, ganadería, tecnificación del sistema milpa, huertos frutales, entre otros. Pero tan importante como la producción, también lo es su aporte -mediante el acompañamiento técnico de las ADR’s-  al desarrollo de las capacidades humanas y sociales materializadas en grupos especializados de productores, de valor agregado, redes de comercio justo, cajas de ahorro, etc. 

Estos logros, no sólo se reflejan en los sistemas de información de los actores participantes (ADR´s, FAO, SAGARPA y Gobierno Estatales), sino también están reconocidos en evaluaciones externas, como la efectuada recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ejecutivo Federal para que el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA),mantenga el modelo de atención implementado por las Agencias de Desarrollo Rural; y en tanto no se realice una evaluación de los resultados obtenidos en los programas que opera, de manera comparativa con otros modelos, quede sin efectos la modificación de las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2016, que incluye la figura de grupos técnicos.

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ejecutivo Federal para que informe a esta soberanía los criterios y parámetros que justifican cambiar el modelo de atención implementado por las Agencias de Desarrollo Rural, en las Reglas de Operación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) para el Ejercicio Fiscal 2016.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, el 9 de Diciembre de  2015.

Suscribe

Armando Ríos Piter
Senador por el Estado de Guerrero





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la formalización de comerciantes de mercados públicos y su capacitación en prácticas productivas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DE COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS Y SU CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mercados públicos en México, son espacios comerciales tradicionales y fundamentales en nuestra sociedad. En ellos, se realiza la distribución de productos agroalimentarios y de consumo generalizado a precios convenientes para la gran mayoría de la población.

El abasto popular que a través de ellos se realiza, es de la mayor importancia. Entre las funciones de los mercados públicos están las de recepción, distribución y venta de satisfactores de necesidades para el consumidor final.

Debido a ello, desde el gobierno se debe mantener como prioritaria la dignificación y modernización de estos espacios, a fin de garantizar el abasto, sobre todo, de áreas populares y marginadas. Los mercados públicos llegan muchas veces a consumidores de comunidades que, de otro modo, quedarían desatendidas.

Desde luego, se trata de una acción a realizar de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y municipal.

No obstante, el apoyo a los mercados públicos no se puede referir ni limitar únicamente a su infraestructura. Desde luego, el apoyo a ésta es necesario, pero la parte humana, es decir, los comerciantes que en ellos realizan sus actividades, son quienes realmente –dela mano con sus clientes, le dan vida a la actividad comercial.

En este sentido, de acuerdo a las reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2015 [*]  -publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2014-, existen dos programas federales relacionados con mercados públicos, que son los siguientes:

El Fondo Nacional Emprendedor, a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía, contempla apoyos para aumentar la competitividad, así como para desarrollar plataformas informáticas sobre oferta y demanda de servicios de logística para micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, para mejorarla competitividad logística de centrales de abasto, centros de distribución y mercados públicos.

No obstante lo anterior, el factor humano requiere un apoyo adicional de parte del gobierno federal, sobre todo en el acercamiento con los comerciantes para apoyar y guiar su formalización. Es importante que desde las secretarías de Hacienda y Economía, se hagan esfuerzos conjuntos en esta materia.

De acuerdo con solicitudes de gestión recibidas por parte de comerciantes de mercados públicos del estado que representa el suscrito, Chiapas, demandan y requieren asesoría de primera mano y seguimiento para integrarse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Del mismo modo, para que la secretaría de Economía realice una campaña enfocada en la capacitación en prácticas productivas para los comerciantes, con miras a preservar y crear nuevos empleos en dichos espacios.

En virtud de los antecedentes referidos, ponemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de sus atribuciones realice los convenios y acuerdos necesarios a fin de estimular la incorporación de los comerciantes de mercados públicos a la formalidad dentro del Régimen de Incorporación Fiscal.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que en el marco de sus atribuciones y programas existentes realice campañas de capacitación enfocada a prácticas productivas para los comerciantes de mercados públicos en las entidades federativas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 9 de diciembre del 2015.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para realizar una consideración reflexiva, a través de las comisiones y las participaciones pertinentes y voluntarias, sobre el sentido, el objetivo y el espíritu de la “Medalla Belisario Domínguez”. Se turna a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE REALIZAR UNA CONSIDERACIÓN REFLEXIVA, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y LAS PARTICIPACIONES PERTINENTES Y VOLUNTARIAS, SOBRE EL SENTIDO, EL OBJETIVO Y EL ESPÍRITU DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ., bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El Diario de los Debates del Senado de la República tiene un registro histórico importante sobre los debates, iniciativas y puntos de acuerdo acerca de los conceptos, su necesaria definición y ajustes en todos los sentidos que evidencian un esfuerzo continuo y contante de precisión y de puntualidad en el efecto de sus leyes. Una proporción considerable sobre la que se construyen las legislaciones son la delimitación de los conceptos para los términos en donde la ley actúe. En esta propuesta, pretendo demostrar que es necesaria una reconceptualización, en referencia al otorgamiento de la Medalla Belisario Domínguez porque en esa presea va implícito un sentido histórico, acciones incuestionables y razonados  ante hechos históricos, actitudes transparentes y directas que manifiestan la dirección parlamentaria, encarnada en la persona del Ex Senador Domínguez, en torno a la verdad: cómo decirla, cuando decirla, dónde decirla e irrebatiblemente decirla a pesar de las consecuencias.  

2. El Ex Senador Belisario Domínguez tiene su lugar muy reconocido por quien ha leído la biografía, en la historia del país. Ante todo por decir la verdad en un entorno de alto riesgo, por decir una verdad política, por dejar en la memoria histórica un refrendo de lo que movió a la creación del sistema parlamentario ante el poder absoluto que tiene el sistemático recurso de ocultar la verdad y de atacar a quien ose revelarla. El Ex Senador Belisario Domínguez fue testigo directo de la Decena Trágica, en 1913 regresa a la Ciudad de México, para instalar a su hijo Ricardo que estudiará preparatoria, y desde los balcones del Hotel Jardín, en la calle de San Juan de Letrán, es testigo de la Decena Trágica y de cómo toma el poder Victoriano Huerta. El 3 de marzo muere el senador propietario Leopoldo Gout en la decena trágica y Belisario Domínguez cubre la vacante. Al ingresar al Senado se suma al pequeño número de maderistas que formaban la Cámara Alta. El 25 de abril, Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Huerta, solicita la autorización para que a los barcos norteamericanos en Veracruz, se les amplíe el plazo para su permanencia en el puerto. Domínguez en un incendiario discurso, señala que votará “en contra de la autorización que se nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, porque es un gobierno ilegítimo y porque es un gobierno que ha restaurado la era nefasta de la defección y el cuartelazo". Ese discurso forma parte de la memoria del Senado de la República, es indeleble e inmarcesible y al trasladar ese espíritu a la materialidad de una presea, la presea misma, en sus entregas posteriores a personalidades mexicanas, debe apoyarse en una persona que reproduzca la vitalidad y el espíritu de la actitud de Belisario Domínguez. ¿Cuál actitud? La actitud de decir la verdad y decirla en un franco momento de adversidad, en un entorno en donde se afronta y se asume un riesgo. Ese es el valor máximo de la Verdad, que no oculta la realidad. De ese talante nuestro país tiene, generación tras generación, mujeres y hombres que han arriesgado, y también perdido su vida, por decir una verdad.

3. Es necesario que ese espíritu prevalezca en la materialidad de la presea y ese espíritu se dote en el concepto que aquí podemos desarrollar. El parlamento tiene ese don, el de otorgar atribuciones espirituales a objetos convirtiéndolos en símbolos, símbolos que requieren la vigilancia continua de ciudadanos, de representantes, de instituciones, de quienes se han esforzado por preservar la memoria histórica a través de estudios e investigaciones, de argumentaciones para que esos símbolos conserven su naturaleza. Recuérdese que está en manos de los legisladores acusar el concepto dado que el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, dirigió a los habitantes nacionales para hacerles saber que el H. Congreso de la Unión, le dirigió un decreto en cuestión y en ese tiempo, como en cualquiera, el H. Congreso hizo uso de sus facultades para enviar la propuesta a instancias ejecutivas.

4. Si bien es cierto que se estipula en el REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, en su artículo octavo que: La Orden Mexicana de la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, se conferirá a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad,  que repite el DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA MEDALLA DE HONOR  BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; sin embargo, es necesario que la presea, la Medalla Belisario Domínguez cobre ese sentido , el sentido de ser refrendo  de acciones de las mujeres y hombres que tuvieron una acción decisiva en donde su vida, su seguridad, su situación adversa a la comodidad o el confort, decidieron apostarlo todo en favor de una idea que involucraba un conflicto de justicia, de ideas.

5. ¿Porqué se apela lo anterior? Es necesario aquí reconocer que desde que la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez anunció el acuerdo en donde el Senado de la República celebraría la sesión solemne del jueves 12 de noviembre de 2015, se suscitó un interesante debate público. Es la primera ocasión, hay que mencionarlo, en que tal condecoración, la máxima entre las distinciones que realiza la cámara alta, no se  produce por acuerdo unánime del pleno senatorial desde 1954 que le fue conferida a la profesora Rosaura Zapata. La discusión en la opinión pública, ahora legítimamente multiplicada por las redes sociales, ha puesto la atención de las y los mexicanos al sentido y objetivo de esta presea que en otros años no había tenido la repercusión pública como la actual ya que fue otorgada por decisión mayoritaria, sí, a un hombre exitoso de empresa

Por ello se considera necesario enfocar el sentido y el espíritu de esa presea al concepto que tiene en nuestro país sobre las tribulaciones que mujeres y hombres padecen por mencionarla. Tenemos, también la oportunidad de que el Senado de la República reconozca a las mujeres y hombres de empresa que aporten a su país valores como la responsabilidad social, el respeto a los derechos humanos, al ambiente, a la justicia social, mediante un reconocimiento específico.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda realizar una consideración reflexiva, a través de las comisiones y las participaciones pertinentes y voluntarias, sobre el sentido, el objetivo y el espíritu de la Medalla Belisario Domínguez para configurarle y fijarle legislativamente el concepto propicio que refrende la gesta personal de Don Belisario Domínguez.

Atentamente.





 

Del Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva del país, con objeto de impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral regional. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe Senador DANIEL AMADOR GAXIOLA a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes, se informó que durante los primeros diez meses del presente año se han generado 815 mil empleos, además de que se espera que el próximo año 2016 esta cifra pueda incrementarse y lograr la cifra del millón de empleos.

La generación de empleos es resultado del esfuerzo de todos los actores involucrados  en mercado laboral entre las que están las autoridades federales, estatales,   municipales, empresarios, industriales, trabajadores, obreros, organizaciones obreras, entre otros.

Sin embargo, es necesario revisar otros aspectos importantes como lo es el tema de la competitividad, la economía mexicana en el presente año 2015, mejoró su posición en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) al colocarse en el sitio 57 desde el 61 que ocupó el año pasado entre un total de 140 naciones.

De acuerdo al WEF, la educación tiene un efecto directamente proporcional en la competitividad y productividad de los países. En comparación con otros países, México tiene una menor proporción de personas entre 25 y 64 años con estudios superiores (19%) que el promedio de los países de la OCDE (35%).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que en nuestro país existe un 25% de jóvenes entre 20 y 24 años que no reciben educación, ni capacitación, ni tienen un empleo.

Según el estudio “La educación técnica superior universitaria como uno de los detonadores del crecimiento en México” elaborado por la Universidad del Valle de México, PROMEXICO y Laureate  International Universities, señala que “México registró el nivel más bajo de productividad laboral entre los países de la OCDE, 60% por debajo del promedio. Esta brecha se acentuó a lo largo de las dos últimas décadas, durante las cuales la productividad aumentó a una tasa promedio de 0.7%, frente a 1.6% de crecimiento para este conjunto de países.”

El mismo estudio señala la necesidad de 1.4 millones de técnicos superiores especializados, para poder cubrir las necesidades que ya se están empezando a generar con la entrada en vigor de diversas reformas que ya están en funcionamiento y que están atrayendo una importante cantidad de inversiones productivas.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala que “La educación media superior, la educación superior y la formación para el trabajo deben ser fortalecidas para contribuir al desarrollo de México. En estos tipos de educación se forma a los jóvenes en las competencias que se requieren para el avance democrático, social y económico del país. Son fundamentales para construir una nación más próspera y socialmente incluyente, así como para lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento.”

Para lograr este postulado, es necesario actualizar los planes y programas que se imparten en las instituciones de educación superior y buscar la vinculación con la plataforma productiva e industrial de nuestro país.

El presente punto de acuerdo tiene como propósito que las autoridades educativas   lleven a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva del país, a fin de impulsar carreras que puedan     ofrecer opciones laborales atractivas para los egresados de estas instituciones educativas.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, lleven a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva del país, con objeto de impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral regional.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información sobre la producción anual de productos básicos y estratégicos correspondiente a los ciclos agrícolas 2012 a 2015. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en  lo dispuesto en  el artículo 8, numeral 1, fracción IIy 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que informe a esta soberanía sobre la producción anual de productos básicos y estratégico correspondiente a los ciclos agrícolas 2012 a 2015,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El reto de producir alimentos para la creciente población, cuya volatilidad de los precios de los productos del sector agroalimentario en el mercado internacional, es determinante, ya que trae aparejado consigo una enorme tarea para quienes trabajan en el campo mexicano.

En nuestro país, una de cada diez hectáreas se destina a la actividad agrícola, el resto está ocupado por bosques, selvas, matorrales, desiertos, entre otros ecosistemas. Las ciudades o asentamientos humanos tienen una ocupación del 1.1% del territorio  nacional. De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario y Forestal, hay 6.4 millones de unidades de producción, con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP, es decir 26.9 millones de hectáreas son dedicados a la agricultura y6 millones de personas se dedican al campo.  En relación a la ganadería se destinan 109.8 millones de hectáreas y 762 mil personas cuidan el hato ganadero. En la pesca y acuacultura se explotan 11 mil kilómetros de litoral para pesca y 116 mil hectáreas se destinan para la acuacultura, 115 mil personas realizan la captura y crianza pesquera.

La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y trabajadores posibilitan la generación de una producción agropecuaria y pesquera nacional que permite al país ubicarse en:

- 12º  en producción mundial de alimentos

- 13º  en producción mundial de cultivos agrícolas

- 11º  en producción mundial de ganadería primaria

- 17º  en producción mundial pesquera y acuícola

Sin embargo pese a que somos un país altamente productor en la materia, existen factores como la frontera agrícola, considerada como el conjunto de terrenos sembrados más los terrenos que alguna vez fueron sembrados y hoy permanecen ociosas. Esto hace referencia a que existe una vocación del suelo para fi­nes agrícolas, que se conforma con la super­ficie que actualmente se encuentra en actividad y aquella que son susceptibles de utilizar con dicho ­fin, por condiciones de suelo, textura, retención de humedad, profundidad, condiciones climáticas, pendiente, entre otros factores.

La superfi­cie agrícola sembrada en México se ha mantenido relativamente constante en los últimos 25 años en alrededor de 20 millones de hectáreas. Para 2014 la cifra es de 22.2 millones de hectáreas.

Esta cobertura nacional de frontera agrícola permite realizar estudios técnicos y cientí­ficos para la mejora de las condiciones del campo y sus habitantes, sirve de base geográ­fica para la toma de decisiones del sector. Sin embargo, es una actividad muy dinámica pues hay lugares donde esta actividad está migrando al ser absorbida por los crecimientos de los asentamientos humanos provocados por la presión de los recursos naturales al demandar cada vez más alimentos y otros niveles de bienestar. No obstante, para poder identi­ficar esa distribución de la agricultura es necesario realizar un diagnóstico teniendo como base principal la obtención de la cobertura de ocupación del suelo agrícola nacional.

Por otro lado los agricultores mexicanos históricamente han tenido una función fundamental en nuestro país, no sólo protagonizaron luchas heroicas a principios del Siglo XX, sino de manera acumulada, por generaciones, han alimentado al pueblo de México al sembrar, cultivar y cosechar alimentos no solo en abundancia, sino también con alimentos inocuos y de gran calidad para los hogares.

Con el paso de los años, las distintas administraciones del Gobierno Mexicano se ha dado a la tarea de apoyar al sector agropecuario y pesquero del País por medio de programas que respaldan la generación de alimentos. Sin embargo, hemos pasado del apoyo al incentivo de manera directa y categórica con la instrumentación, por ejemplo, del Componente “PROAGRO Productivo” con el que se respalda, de forma anticipada, con incentivos vinculados a la productividad agrícola, con la obligación de los beneficiados de acreditar el uso del dinero en acciones que contribuyan a incrementar su cosecha, principalmente en insumos, maquinaria, infraestructura y capacitación para cosechar mejores frutos. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) debe seguir impulsando de forma eficiente y eficaz a los verdaderos productores del campo mexicano sin desatender a los grandes productores, pero si mirando a los medianos y pequeños como medida integral.

Es importante recordar que la reforma al campo, que a principios de la presente administración fue una de las prioridades del Ejecutivo, se encuentra pendiente. Igualmente, vale la pena precisar que independientemente de la facultad del ejecutivo para presentar reformas legales, nos corresponde a los legisladores hacer lo propio para seguir impulsando y fortaleciendo al sector agroalimentario desde nuestro ámbito, ya que se trata de hacer más productivo al sector a efecto de que la administración pública federal, de los estados y municipios cuenten con un buen manejo de los recursos públicos destinados al campo.

Me voy a referir a las declaraciones recientes del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación que a mi parecer resultan importantes y trascendentes, ya que tienen que ver con la política exterior del comercio agroalimentario en función de consolidar el intercambio comercial.

Como sabemos, recientemente se aprobó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en este sentido algunos productos agropecuarios gozaran de libre arancel de forma paulatina pero con cupos determinados. Pero lo más preocupante es que el comercio internacional no solo ha traído grandes beneficios, también trae competencia desleal para ciertos productos de nuestro campo y sobre todo desincentivan la producción, cuyo resultado es la baja producción de manera que la dependencia alimentaria aumenta en ciertos productos.

En este orden de ideas y muy recientemente el Secretario Calzada Rovirosa apuntó que “uno de los logros gubernamentales es haber obtenido un superávit de la balanza agroalimentaria”. Por lo anterior, considero que dicho éxito debe transformarse en progreso para los exportadores y en un mayor ingreso para los agricultores y ganaderos. Si hacemos una comparativo en el valor de la producción que se exportaba en 1993 cuyo monto era de 4,015 millones de dólares, en el 2014 la suma asciende a 25,590 millones de dólares, y los productos del campo con mayor presencia en el mercado internacional son: Jitomate, aguacate,  chiles, limón, pepino y fresa, algunos otros como la calabaza, sandia, plátano, frambuesa y cebolla tienen potencial en cuanto a su comercialización en el exterior. Otros productos como la cerveza y el tequila tienen un índice alto y creciente en la exportación, sin embargo son industrias que se han posicionado en el mercado y que desde el punto de vista no son catalogados alimentos básicos como lo establece el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de acuerdo a los Comités de Sistemas Productos.

Igualmente, muy recientemente el titular de la SAGARPA aseguró que se tiene una gran oportunidad de exportar 1.6 millones de toneladas de maíz blanco en el corto plazo cuyo destino son los países asiáticos, inclusive a partir del mes de enero del próximo año (2016) se estaría exportando una cantidad importante de este grano. Nuestro país es excedentario en ciertas regiones del país (Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas), pero en otras es deficitario (Oaxaca, Veracruz, Puebla), lo cierto es que de los excedentes del norte del país existe una problemática en la comercialización y por otro lado los altos costos para destinarlos en estados deficitarios resulta muy onerosos. Es importante recalcar que el maíz blanco es uno de los productos más importantes para la población, debido a una cultura y tradición en nuestra gastronomía mediante su gran diversificación tanto del grano como de los subproductos que se consumen.

Igualmente, hay otros productos básicos que mantienen un alto consumo en los hogares de nuestro país, como el frijol, azúcar, trigo, arroz, sorgo, chile, cebolla, tomates, leche, huevo, carne, pollo, pescado que por su importancia en la canasta básica deben mantener una prioridad en la producción nacional, de ahí mi interés de solicitar a la SAGARPA un informe detallado de la balanza comercial nacional producción-consumo de los productos básicos.

Por lo anteriormente expuesto y preocupada por que se garantice el derecho a la alimentación conforme al artículo 4º y 27,fracción XX de la Carta Magna, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta Respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Titular de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus competencias  para que a la brevedad informe a esta soberanía sobre la producción anual de alimentos básicos y estratégicos determinados por el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto a la superficie, cantidad, consumo nacional y precio estimado en los años 2012 a 2015, además de las cifras en la exportación (destino) e importación (origen) de tales productos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, el 9 de diciembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a la apertura de una gasolinera de PEMEX en Houston, Texas, Estados Unidos. Se turna a la Comisión de Energía.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA APERTURA DE UNA GASOLINERA DE PEMEX EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A dos años de entrada en vigor de la contrarreforma energética, los enormes beneficios que la misma traería para el país no han llegado a concretarse, como reiteraron sus promotores. Los miles de millones de pesos que se prometieron en inversión extranjera con la apertura del sector distan mucho de lo que presenta la realidad, además de que las dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, se encuentran operando con déficits millonarios que no permiten a las mismas actuar bajo el mandato que se les encomendó.

Los recortes presupuestales que se han impuesto a la empresa, la carga fiscal depredadora, la extracción de activos sin que se le restituyan sus inversiones y la ineficiencia operativa y administrativa, son resultado de una política deliberada para desmantelar a Pemex, hasta lograr el objetivo final que es su desaparición. A ello se agrega la drástica caída de los precios de los hidrocarburos, que acelerará el proceso.

Para 2015 se recortó el presupuesto de Pemex en $62 mil millones que impactó seriamente sus inversiones. Para 2016 se impuso un nuevo recorte por otros $62 mil millones, el 11.5% de lo aprobado para 2015. A PEP se le recortaron $73 mil millones, el 18.2%, respecto a 2015 [*].

Bajo estas circunstancias es previsible que, en 2016, la producción siga disminuyendo, las importaciones de combustibles y otros derivados se incremente, la restitución de reservas siga siendo insuficiente y, en consecuencia, Pemex no tenga otra alternativa para subsistir que acelerar el proceso para migrar las asignaciones a contratos, mediante su asociación con particulares.

Adicionalmente que Pemex no tiene la capacidad financiera para operar por mucho tiempo más, estrategia a la cual la han obligado a mantenerse por décadas, se suma el anuncio del Gobierno Federal de la apertura de franquicias en Estados Unidos, lo cual puede entenderse como un elemento que genere dividendos para el propio gobierno, que no se verán reflejados en las finanzas de la empresa productiva del Estado.

El pasado 3 de diciembre del presenta año, mediante el boletín de prensa 117, Petróleos Mexicanos anunció que incursionará en el mercado gasolinero en Estados Unidos con la apertura de 5 estaciones de servicio en Houston, Texas.  Se informó que “(L)a apertura de estas gasolineras de la franquicia Pemex es con inversión de terceros, quienes son los propietarios de dichas estaciones de servicio y determinarán los precios de venta al público de los combustibles, de acuerdo con las condiciones de mercado en Houston.” [*]

Asimismo, se menciona que la apertura de gasolineras de Pemex forma parte de una estrategia enfocada a expandirse en Estados Unidos con el fin de medir el impacto de la marca con otras e identificar las oportunidades que la empresa tendrá de hacer negocios como parte del proceso de evaluación para una potencial entrada en mercados extranjeros. Con relación a la selección de la ciudad, se hace referencia a que la misma se eligió por la alta población de origen latino que hay en Houston, específicamente de origen mexicano, además de que la ciudad es una urbe con alto costo de nivel de competencia  en el mercado gasolinero. Destaca que Houston fue elegido, además, por ser un sitio ideal para probar la penetración de la marca Pemex ya que es el mercado más competido del mundo, en el que participan un número importante de los futuros competidores en México y que las gasolinas que se venderán en estas estaciones de servicio provendrán del mercado mayorista estadounidense. [*]

Si bien puede encontrarse favorable la decisión que ha tomado Pemex en torno a expandir y posicionar la marca nacional, la misma genera una serie de cuestionamientos debido a la forma en la cual se llevó a cabo el proceso y los resultados que a corto, mediano y largo plazo se obtendrán con la estrategia de abrir franquicias fuera de territorio nacional, además de los beneficios que obtendrá Pemex, sobre todo en el contexto de desmantelamiento extraoficial en la que el Gobierno ha sumido a nuestra empresa petrolera.

Cabe señalar que la estrategia de Pemex es cuestionable:

- La venta de gasolina al menudeo es un negocio “de margen”  no de renta. 

- El margen es la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra menos los costos de comercialización y logística. 

- La competencia en Houston es intensa y en consecuencia el margen de beneficio es bajo. 

- La estación de servicio será una franquicia, es decir el propietario no es Pemex. Del margen de ganancia se paga los costos de logística y el margen del comercializador 

- Como nuevo actor en un mercado muy competido, Pemex seguramente aceptó recibir un margen de utilidad muy pequeño para convencer a los dueños de gasolineras de cambiar a la franquicia mexicana. 

- En esas condiciones la ganancia de Pemex será mínima y en todo caso incomparable con lo que obtiene en los proyectos de exploración y producción. 

- La máxima creación de valor en la industria  petrolera no se encuentra en la venta de gasolina al menudeo sino en la búsqueda y extracción de hidrocarburos,  porque  en ese segmento aparecen  una gran variedad de rentas económicas. 

- La estrategia de Pemex no es de integración vertical, con el procesamiento del crudo mexicano en refinerías mexicanas para exportación del producto a los EU y su venta al menudeo en gasolineras de Pemex. Se venderá gasolina producida en el área de Houston. 

- Ningún empleo será creado en México y los impuestos serán pagados en los EU. 

Adicionalmente no es casualidad que las franquicias de Pemex en los Estados Unidos aparecen a menos de un mes de la apertura en México de gasolineras con bandera extranjera (Shell, BP, Exxon, Total, etc) prevista para el 1 de enero de 2016.  Ante los reclamos ciudadanos por el regreso de las transnacionales el gobierno responderá que Pemex ya está en los Estados Unidos.

En suma Pemex está monetizando activos para canalizar los recursos obtenidos en proyectos altamente rentables. Sin embargo Pemex no ha participado en la Ronda Uno, donde están los proyectos  de alta rentabilidad. Pemex tampoco ha salido al extranjero a participar en proyectos de exploración y producción. En lugar de buscar la máxima creación de valor  Pemex incursiona en la venta de gasolina al menudeo en Houston.  Lo más lamentable es que las ocurrencias se pagan con dinero público.

Ante lo anteriormente expuesto es necesario que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos expliquen cuál es la estrategia de negocios que se pretende implementar con la incursión de la empresa productiva en el mercado menudista de Estados Unidos y su posible incursión en mercados de otros países, incluyendo las consideraciones técnicas, operativas y económicas que se tomaron en cuenta para tomar la decisión de posicionar la marca mexicana en el extranjero.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre la estrategia de negocios que se implementará con la incursión y el posicionamiento de la marca Pemex en el mercado menudista de distribución de gasolina en el extranjero, donde se deberán incluir las consideraciones técnicas, operativas y económicas que se tomaron en cuenta para llegar a esa decisión.

Salón de Sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*]  SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y Cámara de Diputados. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
[*] Incursiona Pemex en el mercado gasolinero en Estados Unidos, PEMEX, 03 de diciembre de 2015, disponible el: http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-117-nacional.aspx





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con la Secretaría del Campo de Zacatecas, rinda un informe sobre los resultados del programa tecnificación de riego. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El agua es un recurso fundamental y de suma utilidad para las actividades agropecuarias, datos de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1 mencionan que el consumo para esta actividad es del70% total disponible a nivel mundial, por lo que se requiere de un aprovechamiento óptimo, considerando su escasez en algunas zonas del país.

Por esta razón, los sistemas de riego y de almacenamiento posibilitan el uso efectivo del vital líquido no solo para consumo, sino también para asegurar la producción agrícola de calidad.

Cada día es mayor el número de productores que toman conciencia sobre la relevancia que tiene en sus cultivos el uso racional del agua de riego. Han comprobado que la forma de regar puede generarles mejores cosechas y mayores ingresos, sabiendo que el agua es un recurso cada vez más escaso, y en consecuencia hacer el mejor uso posible.

Ahora bien, existen diversos sistemas y programas como el Sistema de Riego por goteo  que tiene como objeto central el que se tomen decisiones orientadas a determinar las cantidades de agua y las fechas de aplicación de cada riego con la intención de minimizar deficiencias o excesos de humedad en el suelo que pudieran causar efectos adversos sobre el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos.

Con una adecuada programación del riego para cada segmento productivo, según las posibilidades, se puede lograr un importante ahorro en el agua, se disminuyen costos por ahorro de energía y mano de obra, se minimiza estrés hídrico2 y maximizan rendimientos, así como la calidad, rentabilidad e ingresos.

El Programa  de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MOTUR) impulsa y fortalece la rehabilitación modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego, además el incremento en la productividad que posibilitará el ahorro de agua de las fuentes de abastecimiento, sus principales objetivos son:3

• Modernizar los componentes de los equipo de bombeo (pozo de bombeo) de extracción de aguas subterráneas para riego con fines de producción agrícola, eficiencia electromecánica.

• Mantener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura hidráulica para apoyar la agricultura, así como la adquisición de maquinaria y equipamiento necesario para realizar la conservación de las obras existentes y mejorar el servicio de riego, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcela a través de la nivelación de tierras y el bombeo para auxilio del servicio de riego.

Adquisición de nueva maquinaria, equipo de conservación y nivelación de tierras como son:

1. Excavadoras hidráulicas de largo alcance, excavadoras hidráulicas de mediano alcance, excavadora hidráulica de corto alcance y Excavadora hidráulica anfibia.

2. Retroexcavadoras/cargadoras;

3. Mini-cargador;

4. Tractores sobre orugas;

5. Moto-conformadoras;

6. Tractor agrícola con equipo ligero, equipo ligero tipo mariposa con tractor agrícola, equipo ligero sin tractor agrícola, y

7. Camiones de volteo, camión-cama baja, remolque cama baja, grúas hidráulicas, camiones de mantenimiento.

Los beneficios que se buscan con la adquisición de estos equipos es abatir costos por el consumo ineficiente de energía eléctrica y principalmente ahorro de agua para reducir la sobreexplotación de los acuíferos y generar competitividad al reducir costos de producción.

El programa está dirigido a Productores agrícolas organizados en Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) o Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), a quienes se les concesionó infraestructura de los distritos de riego.

Ahora bien, el Subsecretario de Obras de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que Zacatecas es el Estado con mayor desarrollo en la tecnificación de los pozos de riego, expuso que la entidad será la demarcación que contará con mayor cantidad de recursos federales, pues el gobierno apoyará con 75 por ciento los costos de tecnificación, implementar, estas tecnologías propiciará un mejor rendimiento del agua y cultivos.4

De acuerdo con el titular de la Secretaría del Campo (Secampo), los beneficios que se han obtenido con las aportaciones del gobierno del estado es de la tecnificación 2 mil 245 pozos de riego.

La tecnificación de los pozos tiene varias ventajas, como es el ahorro del vital líquido, se riega en menos tiempo obteniendo un mejor provecho en los productos necesario para reducir costos de luz, el exceso de lluvias les permite almacenar el agua y sustraer menos agua de los pozos agrícolas por ende invertir menos en el pago del servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En contraste, Macario Cuevas Ruiz, presidente de los Productores de Riego Agropecuario de Zacatecas, aseguró que las declaraciones son falsas, que el gobierno solo interviene con una mínima parte, ya que los productores deben aportar cierta cantidad por lo que los apoyos sólo sirven para los productores con más recursos y los productores que carecen de presupuesto no pueden tecnificar sus pozos de riego.5

Aseguró que el apoyo de la Secampo es mínimo y sólo alcanza a pocos productores, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es la que aporta mayor parte, sin embargo, no se puede acceder si el productor no cuenta con el recurso restante y al no obtener ayuda por parte de la Secretaría de Campo Zacatecas es imposible tener los beneficios de este programa.

“Algunos productores de invernaderos han tenido que recurrir directamente al gobierno de la República para solicitar apoyo; no hay muchos pozos tecnificados, están apalabrados, pero de que estén operando, falta mucho, esos 2 mil 245 pozos no lo están.6

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Secretaría del Campo de Zacatecas, rinda un informe a esta Soberanía sobre los resultados del programa tecnificación de riego en dicha Entidad Federativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

1 “Datos Sobre Consumo de Agua” UNESCO [En Línea] consultado el 17 de Noviembre del 2015. Disponible en http://graficas.explora.cl/otros/agua/consumo2.html

2 Se entiende por estrés hídrico cuando la demanda de agua es más importante que la cantidad. Disponible durante un periodo determinado.

3 “Bienvenido al Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de RIEGO” Comisión Nacional del Agua, [En Línea] consultado el 17 de Noviembre de 2015, disponible en http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5&n2=101&n3=303&n4=303

4 “Destaca Zacatecas en tecnificación de pozos de riego” NTR Periodismo Crítico, [En Línea] consultado el 17 de Noviembre de 2015, disponible en http://ntrzacatecas.com/2015/08/13/destaca-zacatecas-en-tecnificacion-de-pozos-de-riego/

5 “Miente secretario del Campo: Productores de riego” NTR Periodismo Crítico, [En Línea] consultado el 17 de Noviembre de 2015, disponible en http://ntrzacatecas.com/2015/10/29/miente-secretario-del-campo-productores-de-riego/.

6 Ibidem.





 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y María Lucero Saldaña Pérez, con   punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impulsar un programa en las escuelas de educación básica del país, a través del cual se difunda y promueva la importancia de las tradiciones mexicanas. Se turna a la Comisión de Cultura.

La senadora ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, a nombre propio y las Senadoras HILDA FLORES ESTHELA ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LUCERO SALDAÑA PÉREZ, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La cultura de nuestro país se ha construido a partir de la mezcla de diversos periodos históricos, como el prehispánico, el colonial y el moderno. A través de éstos, han surgido diversas tradiciones que nos han brindado una identidad como nación.

Las tradiciones son todos y cada uno de los acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como una parte integral de los usos y costumbres de cualquier comunidad varían de acuerdo a la zona geográfica y a su historia particular.

Estas costumbres son parte del desarrollo de la cultura y la historia de nuestro país. El Estado mexicano, por ejemplo, reconoce a los pueblos indígenas, al definirse dentro de la Constitución Política como una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estima que dentro del país habitan alrededor de 15 millones de indígenas, los cuales forman 56 grupos étnicos y cada uno de ellos posee una riqueza cultural incalculable.

En todo el territorio nacional, nuestro país alberga una serie de tradiciones que debemos atesorar así como difundir, con el objetivo de que la población en general conozca las costumbres y rituales a partir de la multiculturalidad que gozamos.

Las tradiciones en México son el reflejo de la vasta herencia cultural prehispánica y son resultado del valor social que cada comunidad o región les brinda a nuestros antepasados.

Dentro de los rituales prehispánicos que aún existen, podemos mencionar el culto y la celebración del día de muertos, el viaje de los huicholes al desierto en semana santa, los danzantes aztecas en el Zócalo de la Ciudad de México y los voladores de Papantla.

Para la presente administración la importancia y continuidad de nuestras tradiciones son prioritarias, en ese sentido dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se considera el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos  a través de desarrollar el potencial humano de los mexicanos con una educación de calidad.

La tradición y el universo socio-cultural de las comunidades son un reflejo del sentido de la creatividad y de los valores humanos comunitarios-nacionales; en ese sentido, las escuelas son un lugar idóneo para revalorizar las tradiciones culturales de las diversas regiones de nuestro país.

La relación entre las ciencias sociales y las tradiciones es evidente, ya que las materias asociadas a ellas, abordan el pasado histórico, el espacio geográfico, la identidad como mexicanos, la familia, la escuela y la comunidad.
Las tradiciones contribuyen a la cohesión social y a la construcción de una identidad, lo cual impulsa la práctica de valores y el sentido de pertenencia.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos orgullosos de nuestras tradiciones y de la vasta multiculturalidad con la que cuenta nuestro país, es por ello que consideramos indispensable transmitir a las nuevas generaciones el legado histórico heredado.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado del República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las Entidades Federativas, impulse un programa en las escuelas de educación básica del país, a través del cual se difunda y promueva la importancia de las tradiciones mexicanas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Itzel Sarahí Ríos de La Mora.- Sen. Hilda Flores Esthela Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen Margarita Flores Sánchez.- Sen Lucero Saldaña Pérez.





 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar diversas acciones en el marco de la entrada en vigor de los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Los suscritos, Senador ERNESTO RUFFO APPEL y Senadora MARCELA TORRES PEIMBERT, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar diversas acciones en el marco de la entrada en vigor los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 4 de diciembre de 2015, entraron en vigor los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del presente año.

Dichos lineamientos van en contra el interés superior de la niñez y del libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, debido a que atenta contra su derecho a la salud y al desarrollo de su personalidad puesto que estos lineamientos permiten que los concesionarios de televisión no restringidos puedan transmitir a partir de las 14:00 horas contenidos de clasificación “B” en los que se permite mostrar escenas de violencia, consumo de drogas de manera implícita, consumo de tabaco y alcohol, desnudez velada, así como palabras soeces.

Estos lineamientos establecen una regulación relajada que compromete la integridad y la salud de los niños y niñas permitiendo que estén expuestos a este tipo de contenidos, pues tienen acceso a publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, contrario a lo establecido en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual establece que son horarios infantiles desde las 14:30 a las 19:30 horas de lunes a viernes y sábados y domingos de 7:00 a 19:30 horas en los que únicamente se pueden publicitar aquellos productos que cumplan con los criterios nutricionales que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

En el apartado de considerando de los lineamientos, la Secretaría de Gobernación se limita a exponer su fundamento para emitir los lineamientos del sistema de clasificación de contenidos a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, como atribución exclusiva.

Sin embargo, no se dan a conocer cuáles fueron los criterios para permitir que los contenidos de clasificación “B” (mayores de 12 años) pueden transmitirse desde las 14:00 horas y no a las 20:00 horas como estaba establecido hasta antes de la entrada en vigor de estos nuevos lineamientos que parecieran estar más enfocados por los intereses publicitarios de las empresas televisoras.

Por otra parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 7, dispone que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad encargada de regular el uso del espectro radioeléctrico. Asimismo, la Secretaría de Gobernación tiene facultades para emitir opinión técnica no vinculante frente a la atribución expuesta del Instituto. Es decir, recae en el Instituto la obligación de velar por los contenidos que se difundan bajo el uso del espectro.

Y por otro lado, esta misma ley en su artículo 217, establece que la Secretaría de Gobernación solamente debe verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación relativos a la programación dirigida a la población infantil.

Es por lo anterior que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que retire los lineamientos de clasificación de contenidos publicados el 4 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita nuevos lineamiento tomando en consideración las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia, respetando los derechos humanos de la niñez y con base a los estándares internacionales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía, cuáles fueron los criterios utilizados para la emisión de lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, publicados el 4 de noviembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a retirar los lineamientos emitidos sobre clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, publicados el 4 de noviembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a que emita nuevos lineamiento tomando en consideración las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia, respetando los derechos humanos de la niñez y con base a los estándares internacionales.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.





 

De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Mario Delgado Carrillo, Carlos Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LOS SENADORES RAÚL MORÓN OROZCO, LORENA CUELLAR CISNEROS, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, SAFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS,ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó considerablemente y todo indica que así seguirá en el siglo XXI: en 2007, por ejemplo, el 10.7% de la población mundial tenía sesenta años o más; para 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 15.1%, y que en 2050 alcance el 21.7%.

Entre los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el siglo XX, además de la estructura por edad y sexo de la población, destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico y que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas; En México hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total.

El número adultos mayores o "personas de edad" se duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, pues en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones. Y para 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en el país aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.

Sin duda, el Estado mexicano se  encuentra ante una situación alarmante a la que habrá que hacer frente, y para ello requiere hacer una serie de previsiones para estar en condiciones de brindar una vida digna a los adultos mayores y que éstos tengan una vejez activa y saludable.

No podemos negar que la realidad cotidiana de muchos  adultos mayores está marcada por la violencia, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, el abandono, la discriminación,  y tienen un acceso limitado a los servicios sociales y de salud, a la información y a la protección legal; la situación se ve agravada por el fenómeno adicional de “invisibilidad” a los ojos de las familias, de la sociedad y lo más grave a las instituciones del estado. Ello se traduce en violación de sus derechos humanos y de su dignidad.

La persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades.

Una transformación demográfica de este tipo requiere necesariamente de una preparación para afrontar el reto que se vislumbra a corto tiempo, es decir, lograr una adaptación de nuestra sociedad, de nuestro marco jurídico  y de nuestras políticas públicas para responder a este desafío.

Hasta décadas recientes la cuestión de las personas mayores no fue abordada desde una perspectiva de derechos humanos, sino que fue considerada un asunto de asistencia social especializado dentro del ámbito de la gerontología y otras disciplinas afines. Por tal motivo, en febrero del 2013 el Senador Raúl Morón Orozco suscribió la iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos de los adultos mayores.

La discriminación por la edad no aparecía en ninguna de las declaraciones o convenciones del régimen internacional de derechos humanos en su primera época. La inclusión de este tipo de discriminación como un ámbito prohibido ha sido el producto de una interpretación evolutiva de los instrumentos de derechos humanos de aplicación general. A causa de esta interpretación evolutiva, el principio de no discriminación por la edad ha sido expresamente reconocido en una serie de instrumentos de derechos humanos, tanto de carácter universal como regional.

La comunidad internacional ha reconocido expresamente a las personas mayores como uno de los grupos que, en función de sus características o necesidades específicas, se encuentran en una posición social de desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos y que, por lo tanto, se requiere regular sus derechos mediante un instrumento internacional.

Luego de diversas discusiones, consensos y trabajos, tanto a nivel universal como interamericano, por fin el pasado  15 de junio de 2015, durante la Asamblea General de la OEA,se aprobó la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, con el fin de  asegurar el pleno goce y ejercicio de los mismos  y  fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.

Dicha convención  fue firmada por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.La Convención establece el reconocimiento de una amplia gama de derechos, así como el mandato de tramitar peticiones y brindar asesoramiento y cooperación técnica a los Estados en la materia.

Asimismo, aborda los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza;

Impulsa la adopción de  medidas para fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsa asimismo acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.  Asimismo, se  promueve el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

Una Convención  sobre los Derechos de los Adultos Mayores no sólo podrá poner a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, sino que, además, creará un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado; promoverá el diseño e implementación de políticas  sobre el envejecimiento basadas en un enfoque de derechos humanos; creará nuevas medidas pedagógicas contribuyendo a generar imágenes realistas del envejecimiento y de su contribución a la sociedad en su conjunto; dotará de una mayor visibilidad a estos grupos, tanto en el debate social como en la agenda de la acción gubernamental, lo anterior no solo a nivel Internacional, sino a nivel nacional.

Por eso compañeras y compañeros Senadoras y Senadores, esta acción internacional nos debe de complacer y comprometer a realizar las acciones legislativas que generen las condiciones para que la citada convención entre en vigor en nuestro País y en su momento impulsar las reformas a nuestro marco legislativo que permitan hacer efectivos los derechos de los adultos mayores.

Por tal motivo, es que acudimos a esta Tribuna, para que juntos exhortemos al Titular del Ejecutivo Federal a adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas  Mayores, para  devolverlos al lugar que por derecho les corresponde, al centro de nuestra vida social.

Por lo anterior,

SE EXHORTA

Único. El Senado de la República hace un exhorto al Titular del Poder  Ejecutivo Federal  para que en ejercicio de sus facultades se adhiera a la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, emitida el pasado 15 de junio del 2015,  una vez suscrito el citado instrumento internacional se envíe al  Senado de la República para su respectiva ratificación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2015.

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Safío Ramírez Hernández.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a decretar como reserva de la biósfera al desierto semiárido del estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las cactáceas son una familia de plantas con flores dentro de las que se encuentran los nopales. Esta familia es exclusiva de del continente Americano. Existen cerca de mil 400 especies de cactáceas en el mundo, de las cuales 669 son especies mexicanas y 518 endémicas.1

Estas especies se encuentran principalmente en zonas donde hay escasez de humedad, en México esta tipo de flora se encuentra en su gran mayoría en los Estados de Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Querétaro, lugares donde se encuentra aproximadamente 60 por ciento de cactáceas, de las cuales 25 por ciento son propias y exclusivas del  país.2

Si bien en los Estados mencionado es posible encontrar una mayor variedad de cactáceas, no son las únicas regiones que cuentan con esta magnífica flora, ya que en los Estados de Puebla, Oaxaca y Zacatecas también es posible encontrar cactus.

Por otra parte, el tráfico de plantas en México es un problema que pone en severo riesgo la supervivencia en su medio natural de especies endémicas y nativas. La belleza y rareza de algunas de ellas, las condena, pues es eso justamente lo que despierta la codicia de coleccionistas locales y foráneos, quienes comercian con esa forma de vida, sin importarles que con su deseo y acciones las sentencian a la extinción, al tiempo que fomentan un mercado que genera abundantes ganancias.

Debido a que los coleccionistas llegan a pagar miles de dólares por una de estas plantas, sin importar que eso ponga en riesgo la existencia de los ejemplares, ya que muchas veces junto con sus semillas, son extraídas sin control de su hábitat natural. Cifras oficiales pronunciadas por la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEA) y respaldadas por organismos como Interpol, indican que el comercio de especies amenazadas, algunas de ellas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana, genera ganancias de casi 200 mil millones de dólares a nivel internacional.3

Las cactáceas, al ser una flora sumamente exótica, se encuentran en peligro de extinción, debido a que son saqueadas para su comercialización tanto legal como ilegal en México y el extranjero, aunado a que el desarrollo y crecimiento del país también ha contribuido a que estas especies se encuentren en un gran riesgo.

Este peligro es latente ya que las autoridades no han tomado cartas en el asunto, si bien existen reservas de la biosfera, éstas no se encuentran en todas las áreas naturales que albergan a las cactáceas. Tal es el caso del desierto semiárido del Estado de Zacatecas.

El territorio del Estado de Zacatecas cuenta con 3.5 millones de hectáreas de cactáceas, que en gran parte son únicas en México y desafortunadamente no están protegidas ni existe una explotación sustentable de éstas. Tan solo en el semidesierto de Pinos existen aproximadamente 112 especies de cactáceas, de las cuales 86 son endémicas y cerca del 33 por ciento están catalogadas con alguna categoría de riesgo. De estas 112 especies solo 27 están protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).4

El desierto semiárido de Zacatecas cuenta con valiosos recursos naturales y  ecosistemas de importancias para la conservación, de aquí radica la importancia y urgencia de declarar como Reserva de la Biosfera a dos mil 500 hectáreas de este desierto semiárido.

Está área propuesta se ubica en los municipios de General Francisco R. Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil.5

Municipio

Superficie total del municipio (hectáreas)

Hectáreas dentro del Área Natural Protegida

Superficie municipal en el Área Natural Protegida

Superficie del ÁreaNatural Protegida por municipio

Villa de Cos

667,791.00

576,868.00

86.4%

22.4%

Gral. Fco. R. Murguía

483,794.00

293,087.00

60.6%

11.4%

Mazapil

1,213,647.00

1,213,647.00

100.0%

47.1%

El Salvador

62,602.00

62,602.00

100.0%

2.4%

Concepción del Oro

242,499.00

242,499.00

100.0%

9.4%

Melchor Ocampo

188,421.00

188,421.00

100.0%

7.3%

Con la creación de esta Área Natural Protegida se busca conservar el ecosistema, tipos de vegetación, hábitats y diversas especies de flora y fauna como el águila real, el perrito de la pradera y el gorrión de Worthen, así como proteger la región de las planicies del Altiplano Zacatecano-Potosino del cual actualmente, solo está protegido el 2.78 por ciento.6

Esta reserva será un paso importante en la conservación de las cactáceas y ayudará que se tenga una mejor regulación en estas especies, México tiene el mayor número de especies de cactáceas en el mundo y su gran reserva de flora y fauna silvestre es motivo de orgullo y admiración.

México al contar con estas bellas especies constituye un foco rojo a nivel mundial para saqueadores y comerciantes, la perdida de estas especies llevará al empobrecimiento de las comunidades bióticas de estos ambientes y al deterioro de la calidad de vida de los pobladores de estas zonas, los cuales han aprendido a hacer uso múltiple y sostenible de estos ambientes.

Ante dicha situación de riesgo, urge tomar medidas que permitan asegurar su permanencia en el mundo, para el uso y el beneficio de las actuales y las futuras generaciones humanas. Algunas de estas medidas, incluyen: colectar y preservar las semillas; sembrar invernaderos para propiciar la investigación; introducir plantas a sus hábitats naturales y propiciar un comercio legal; establecer áreas de exclusión en los hábitats naturales, con el fin de evitar tanto el impacto del ganado, como la colecta de ejemplares, e implementar campañas de educación ambiental con la que se ayude a los pobladores a valorar y entender el riesgo que corren estas especies, y lo importante que es evitar la colecta y la venta ilegal de ejemplares.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se decrete como Reserva de la Biosfera al desierto semiárido del estado de Zacatecas.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que diseñe e implemente un programa que ayude a la conservación y evite el comercio de las cactáceas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, “Cactos y biznaga”, [en línea], CONABIO, disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html, consultado el día 20 de noviembre de 2015.

2 Ídem.

3 Galicia Miguel, “Tráfico de plantas en México o elprecio de la vida verde que se extingue”, [en línea], La Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/09/trafico-de-plantas-en-mexico-o-el-precio-de-la-vida-verde-que-se-extingue-4995.html, consultado el día 20 de noviembre de 2015.

4 Notimex, “Zacatecas alberga cactáceas únicas que requieren protección”, [en línea], El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/11/5/zacatecas-alberga-cactaceas-unicas-que-requieren-proteccion, consultado el día 20 de noviembre de 2015.

5 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “Estudio previo justificativo pala la declaratoria como Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera Desierto Semiárido de Zacatecas”, [en línea], disponible en: http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/EPJ_RB_Desierto_Zacatecas_23junio2014.pdf, consultado el día 23 de noviembre de 2015.

6 Ídem.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a establecer, fomentar e impulsar campañas de información, prevención y protección ante el descenso de las temperaturas, a fin de mitigar los efectos de los frentes fríos que se presentan en la temporada invernal. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada invernal más intensa de nuestro país, se registrará durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

El propio organismo manifestó que debido a los frentes fríos 17 y 18, en por lo menos en 19 entidades se registrarán bajas  temperaturas. Precisando que el primer sistema se extenderá sobre la Península de Yucatán y ocasionará nublados con lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, gran parte de Tabasco y el norte de Chiapas, además de fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En este sentido, cabe destacar que la masa de aire frío reforzada mantendrá el potencial de temperaturas frías a muy frías -especialmente en la mañana y noche-, en los estados del norte, noreste, oriente y centro de México, con presencia de nieblas y neblinas en las zonas altas.

Para dimensionar la urgencia del presente punto de acuerdo, basta mencionar que en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango tendrán valores menores a -5 grados Celsius; en las zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se registrarán temperaturas de cero a -5 grados Celsius; y en las zonas montañosas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal habrá temperaturas de cero a 5 grados

Lo anterior constituye un problema principalmente para el sector salud debido a que nos hace más propensos a padecer infecciones en vías respiratorias. Además, incrementa los gastos del sistema de salud debido a los costos generados por la atención de personas con enfermedades propias de las épocas de frio, tales como: gripa o influenza, tos, catarro, dolor de oídos y garganta, bronquitis y neumonía.

Desafortunadamente, los más vulnerables son los niños y las personas adultas, sobre todo, en localidades y regiones que tradicionalmente registran temperaturas extremadamente bajas. De ahí la importancia de que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno instrumenten e impulsen las acciones necesarias para prevenir enfermedades propias de la época invernal. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que las acciones impulsadas a través del presente punto de acuerdo, se deben llevar a cabo de manera coordinada, transversal e integral. Además, deben ir acompañadas y complementadas de la generación de conciencia de la población respecto a la importancia del autocuidado en relación a las enfermedades características de la temporada.

En consecuencia, es crucial que, entre otras cuestiones, se garantice el acceso a un esquema completo de vacunación para prevenir enfermedades como la influenza, así como la atención adecuada de otro tipo de contagios; y que los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas lleven a cabo la implementación de las acciones de prevención y atención necesarias para prevenir enfermedades entre la población más desprotegida.

En este tenor, es oportuno referir que la Secretaría de Salud recomienda para esta temporada de fríos o bajas temperaturas abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura; cubrir boca y nariz al salir a la calle o a espacios libres; consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C; así como lavarse las manos con frecuencia, en especial después de tener algún contacto con personas enfermas.

Aunado a lo anterior, se recomienda evitar acudir a sitios concurridos en caso de tener síntomas de alguna enfermedad respiratoria, acción con la cual se contribuye a disminuir la posibilidad de contagio; descansar y tomar abundantes líquidos durante el día en caso de enfermedad y proteger nuestro ambiente evitando tirar basura u otros contaminantes ambientales.

Si bien es cierto, que hasta el momento se han impulsado notables acciones, también lo es que éstas siguen resultando insuficientes y deben fortalecerse.

Los Senadores del PRI, estamos conscientes que las condiciones climatológicas actuales del país provocan y potencializan el aumento de casos de enfermedades, de ahí la importancia de establecer de manera coordinada, interinstitucional y transversal las medidas oportunas para una temprana atención y tratamientos efectivos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a los titulares de los tres órdenes de Gobierno, para que en el marco de sus funciones establezcan, fomenten e impulsen, campañas de información, prevención y protección ante el descenso de las temperaturas, a fin de mitigar los efectos de los frentes fríos que se presentan en la temporada invernal.   

Dado en el recinto del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones del estado de Durango para el establecimiento de las zonas económicas especiales. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar políticas públicas que impulsen y favorezcan a los apicultores zacatecanos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y brinda los cuidados necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar, como la miel, polen, jalea real y la cera.1

El principal producto que se obtiene de la apicultura es la miel, la cual es considerada como un alimento saludable y medicinal por las grandes propiedades que posee. La miel está compuesta en un 75 por ciento por azucares de fácil asimilación, fructosa y glucosa, y el 25 por ciento restante por agua y otro tipo de azucares como la sacarosa, lo que hace que la miel de abeja también sea considerada como un energético natural.

México ha sido considerado en los últimos años como uno de los principales países productores de miel a nivel mundial; datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), arrojan que en territorio nacional se producen 57 mil toneladas de miel al año, lo que ha convertido al país en el sexto productor de miel a nivel mundial.2 De aquí que la apicultura esté considerada como una actividad de gran importancia socioeconómica y ecológica, que deja una gran derrama en divisas.

Ya que de una producción de mil 600 toneladas de miel, 70 por ciento se exporta a Alemania, y Estados Unidos; 20 por ciento para consumo local, y el restante 10 por ciento se coloca en mercados de Aguascalientes, Durango y Jalisco.3

Es importante resaltar que de esta actividad dependen cerca de 42 mil familias distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana, logrado conformar 1.9 millones de colmenas, de las cuales 145 mil son utilizadas para la polinización de cultivos frutales y agrícolas.4

Entre los estados más importantes en la producción de miel se encuentran: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Jalisco Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Colima, Guanajuato, Hijadalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, ocupando este último, el tercer lugar nacional en producción de miel.5

Si bien el estado de Zacatecas está considerado como el tercer productor de miel a nivel nacional, es un hecho inadmisible que no se otorguen los apoyos necesarios para impulsar a este sector, ya que en la entidad no se cuentan con los servicios, insumos y productos necesarios para poder desarrollar la apicultura de la maneras más adecuada. Aunado a esto los productores tienen que lidiar con la situación de saqueo que viven a diario por parte de regiones vecinas.6

Los apicultores zacatecanos en los últimos años han luchado por que se les asigne más recursos, no obstante a pesar de que se tiene un presupuesto establecido para este rubro, es insuficiente para cubrir al sector y sus necesidades, además de que los apoyos se ven obstaculizados por la burocracia y el exceso de trámites que lo apicultores tiene que realizar, sin embrago si se destinara más recursos a este rubro se incrementaría cerca del 30 por ciento está actividad.7

Otro de los problemas que aquejan a los apicultores son los pesticidas, esta situación no solo se da en el estado de Zacatecas sino en todo el territorio apicultor, esto ha ocasionado que la población de abejas vaya en descenso, lo que es un gran problema ya que las abejas son fundamentales en los cultivos y producción agrícola. El gran daño que causan los químicos puede significar pérdidas cuantiosas para el campo.

Los químicos usados en los pesticidas han influido en la pérdida de aproximadamente 18 mil colmenas en el estado de Zacatecas lo que ha ocasionado que la producción se haya disminuido en este 2015. Es por esto que la inversión en la apicultura es fundamental para que este sector cobre más fuerza, es importante que no se desatienda y se siga impulsando, ya que se además de dejar una gran derrama económica en el país, es una gran fuente de empleos, ya que oferta alrededor de 100 mi l empleos directos.8

Se debe de incentivar la apicultura ya que es una actividad generadora de empleos en la que la inversión de arranque es baja y su rentabilidad es pronta, segura y elevada.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al  Gobierno del estado de Zacatecas para que:

a) Se diseñen e implementen políticas públicas que impulsen y favorezcan a los apicultores zacatecanos.

b) Se creen e impulsen programas mediante los cuales los apicultores puedan obtener los insumos y servicios necesarios para la producción de los derivados de esta actividad.

c) Se tomen medidas para regular el uso de pesticidas en las regiones apicultoras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015

1 Universidad Autónoma de Chapingo, “Manual de apicultura 2012”, [en línea], disponible en: http://www.chapingo.mx/zootecnia/assets/ftapicultura.pdf, consultado el día 18 de noviembre de 2015.

2 Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, “Apicultura sostenible”, [en línea], disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/apicultura.html, consultado el día 18 de noviembre de 2015.

3 NTR Zacatecas, “Apicultura zacatecana, perspectiva para naturismo saludable”, [en línea], disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/05/05/apicultura-zacatecana-perspectiva-para-naturismo-saludable/, consultado el día 18 de noviembre de 2015.

4 Rosas Camacho Caludia, “México, exportador de miel a Alemania”, [n línea], Instituto Politécnico Nacional, disponible en: https://www.academia.edu/11290170/INSTITUTO_POLIT%C3%89CNICO_NACIONAL_UNIDAD_PROFESIONAL_INTERDISCIPLINARIA_DE_INGENIER%C3%8DA_Y_CIENCIAS_SOCIALES_Y_ADMINISTRATIVAS_M%C3%89XICO_EXPORTADOR_DE_MIEL_A_ALEMANIA_T_E_S_I_N_A, consultado el día 19 de noviembre de 2015.

5 Secretaría de Encomia del Estado de Zacatecas, “Es Zacatecas tercer lugar nacional el producción de miel”, [en línea], disponible en: http://wp.sezac.org.mx/2015/11/06/442/, consultado el día 18 de noviembre de 2015.

6 Ídem.

7 Montes de Oca Claudio, “Insuficientes apoyos para sector apícola”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/10/05/insuficientes-apoyos-para-sector-apicola/, consultado el día 19 de noviembre de 2015.

8 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “¿Qué es la apicultura?”, [en línea], disponible en: http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura, consultado el 19 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a implementar acciones públicas con el objetivo de prevenir y disminuir enfermedades causadas por la ingesta excesiva de sal. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias.1 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los regímenes alimentarios con alto contenido de sal constituyen una de las principales causas de hipertensión arterial e incrementan el riesgo de muerte y de contraer enfermedades cardiovasculares y del riñón.

A nivel mundial, se calcula que uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión, cifra que se incrementa conforme aumenta la edad: una de cada diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada diez de 50 a 60 años.2 En el caso de nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que 30 millones de personas son hipertensos.

Distintos estudios estiman que la presión arterial alta provoca casi 9.4 millones de muertes al año en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares, mientras que en el Continente Americano se calcula que 1.9 millones de personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares, que representan la principal causa de muerte en la mayoría de los países de la región.3

La importancia de disminuir la ingesta de sal es un asunto de suma importancia para la salud y calidad de vida de los ciudadanos, debido a que un consumo de mayor alos niveles biológicamente adecuados tiene una relación causal y directa con niveles de presión arterial superiores a los óptimos.”4l respecto, la Organización Panamericana de la Salud  estima que con esta medida se podrían salvar poco más 8.5 millones de vidas en todo el mundo, en unos  período de diez años.5 En el caso de nuestro país la reducción de 2 gramos de sal en la dieta diaria puede salvar 17 mil vidas cada año.6

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que en el Continente Americano, el consumo promedio de sal por habitante, es mayor al  límite de 5 gramos por día recomendado por la OMS: la ingesta promedio por persona en Brasil es de 11g; en Chile es de 9 g; en Estados Unidos es de 8,7 g. En nuestro país de acuerdo al IMSS, la ingesta promedio por persona al día es de 11g.7

Los datos son reveladores y dejan de manifiesto los altos índices de ingesta de sal entre la población mexicana, lo cual representa un riesgo para salud, pero además puede traducirse en un problema de salud pública que colapse financieramente al sistema, por los altos costos que generan la atención de enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión arterial.

Asimismo, ponen en evidencia la necesidad de implementar campañas informativas y de concientización por parte de las instituciones de salud pública que den cuenta a la población sobre los daños a la salud que produce una alta ingesta de sal.

Las acciones implementadas por algunas Entidades Federativas del país encaminadas a combatir esta problemática, como es el caso de las campañas que promueven quitar los saleros de las mesas de los establecimientos de comida, no atacan de fondo esta situación, debido a que la mayor ingesta de sal proviene de los alimentos procesados.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que la adopción de hábitos alimenticios saludables y acciones como la reducción de las proporciones de sal en los alimentos procesados son medidas que contribuyen a prevenir enfermedades de este tipo, situación por la cual consideramos apremiante la implementación de una estrategia integral en la que intervengan los tres órdenes de gobierno encaminada a reducir la ingesta de sal entre la población mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las acciones que contribuyan a prevenir y disminuir las enfermedades producidas por la ingesta excesiva de sal.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen campañas informativas y de concientización sobre los riesgos a la salud que provoca una alta ingesta de sal, principalmente la que se consume en los alimentos procesados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.

1 Hipertensión Arterial, < http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/hipertension-arterial> Consultado el 01-12-2015

2 El Día Mundial de la Salud 2013, < http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2013/event/es/> Consultado 01-12-2015

3 La OPS/OMS insta a las personas en las Américas a chequear su presión arterial para prevenir infartos.     <http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=844:la-opsoms-insta-a-las-personas-en-las-americas-a-chequear-su-presion-arterial-para-prevenir-infartos-y-accidentes-cerebrovasculares&catid=697:noticias>     

4 Cuídate con la sal, América, Organización Panamericana de la Salud, 2012, p.17.

5 La OPS/OMS insta a los países a reducir el consumo de sal para prevenir la hipertensión, <http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9770%3A2014-pahowho-urges-countries-reduce-salt-intake-prevent-hypertension-heart-disease&catid=1443%3Aweb-bulletins&Itemid=135&lang=es>  Consultado el 01-12-2015.

6 Alarman casos de hipertensión por consumo excesivo de sal, < http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/153-en-mexico-consumo-de-sal-muy-superior-al-recomendado.html> Consultado el 01-12-2015

7 Hipertensión Arterial, op. cit.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las acciones de difusión de casos de éxito agropecuarios para aprovechar el conocimiento adquirido y éste pueda ser aprovechado por productores interesados en detonar proyectos productivos similares. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes presupuestales necesarios para destinar recursos extraordinarios a municipio de Pesquería, Nuevo León. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE REALICEN LOS AJUSTES PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA DESTINAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS AL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, al tenor de las siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 27 agosto de 2014, el gobierno de la República anunció una de las mayores inversiones de capital externo al país. La inversión del fabricante de vehículos de origen coreano KIA Motors por más de mil millones de dólares. Con la llegada de esta armadora se suma una incursión aproximada de 20 empresas proveedoras, que invertirán alrededor de mil millones de dólares adicionales y beneficiarán a más de 300 empresas locales de manufactura y proveedores del sector automotriz.

Esta inversión contempla la construcción de una planta de ensamble de vehículos en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Será la primera planta de fabricación de la marca en América Latina, sumándose a otras 10 que tiene la empresa a nivel global, y se prevé que tenga la capacidad de producir hasta 300 mil vehículos al año.

Este proyecto será uno de los más grandes de la empresa. Su construcción se ha dado en un tiempo récord, ya que comenzó en octubre de 2014 y se tiene contemplado que inicie producción en mayo de 2016 con la fabricación del modelo compacto KIA Forte. Además se tiene previsto que dicha planta inicie la elaboración del modelo KIA Forte 5 a mediados de 2016 y un subcompacto, con lo que se incrementará 10% la capacidad de producción global de la empresa.

Es importante mencionar que México es el primer productor de automóviles en América Latina y el séptimo a nivel mundial. La producción y exportación de autos en México se ha incrementado en los últimos meses. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) las exportaciones automotrices de enero a julio fueron por 60,769 millones de dólares, 10.9% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la producción creció 7.5%. Además, Nuevo León produce el 27% de las exportaciones de autopartes del país, lo que representa más de 10 mil millones de dólares. Con la llegada de KIA Motors a México se proyecta un incremento de un 13% la producción nacional automotriz.

Además, actualmente se contempla una extensión de 110 hectáreas adicionales para expandir operaciones de la fábrica en los próximos 10 años.

Pesquería, Nuevo León es un municipio principalmente rural ubicado a 36 kilómetros al norte de Monterrey, la capital del estado. Según el último censo realizado por el INEGI, Pesquería cuenta con 20 mil 800 habitantes, sin embargo datos del gobierno municipal señalan que son cerca de 80 mil personas las que viven en Pesquería.

Sin duda la llegada de KIA Motors junto con sus proveedores es una inversión que detonará el crecimiento y desarrollo de esta región. Sólo en cuanto a empleo, ya se han contratado de manera directa a 4 mil personas y se prevé que a largo plazo se generen alrededor de 14 mil empleos directos y 56 mil indirectos.

Con la instalación de esta planta armadora, se contempla que en los próximos años aumente el flujo poblacional hasta en un 15%, incluso las autoridades estiman que 60,000 familias se establecerán en esta región del estado.

Con este crecimiento demográfico y con la derrama económica que se generará a raíz de la construcción de esta armadora, se requiere el fortalecimiento de la infraestructura local, incluida la conectividad, así como la provisión de servicios básicos como agua, salud, educación, seguridad y vivienda.

Algunos datos que ponen en evidencia la urgente necesidad de ampliar la infraestructura del municipio, es que se proyecta un flujo de más de 2,150 camiones y de más de 4,000 autos diariamente; por lo que Pesquería requiere de vialidades que faciliten el acceso al municipio sobre la carretera Miguel Alemán, la Carretera Ojo de Agua-Planta KIA y el libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta.

En cuanto a salud, actualmente en el municipio no existe ningún centro para la atención a familias, por lo cual es de suma importancia la construcción de un centro de Salud.

En materia de Seguridad, Pesquería tiene el interés de desarrollar una nueva sede policiaca para la secretaría de seguridad pública municipal, con la que se busca beneficiar a 30,000 familias.

Por ello, tomando en cuenta que el proyecto de presupuesto para Pesquería es de poco menos de 80 millones de pesos para el 2016, resulta fundamental la participación de los tres niveles de gobierno. En este sentido, el presidente municipal de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía ha manifestado que requieren de “urgencia” 390 millones de pesos para la construcción de dos carreteras y del centro de salud.

Sin duda la inversión de KIA Motors es una gran noticia para el país pero es fundamental que se generen las condiciones adecuadas dentro del municipio para detonar al máximo los beneficios de dicha inversión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realicen los ajustes presupuestales necesarios para destinar recursos extraordinarios al Municipio de Pesquería, Nuevo León, con la finalidad de solventar las necesidades de infraestructura con la llegada de la planta de KIA Motors a dicho municipio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar acciones relacionadas con la protección de aves playeras que pasan el invierno en diversos estados de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar acciones relacionadas con la protección de aves playeras que pasan el invierno en diversos estados de la República Mexicana, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático se encuentra más presente que nunca en nuestras vidas diarias, ha llegado al punto en que continúa transformando de manera acelerada el hábitat natural de todos los seres vivos, el ser humano se ve perjudicado, pero definitivamente los más afectados son los animales y la flora, ya que debido a nuestra actividad y desmedida expansión, estamos alterando el fino equilibrio  natural.

Un claro ejemplo de lo anterior es la pérdida de grandes zonas naturales que son el hábitat de algunas aves playeras como son el Chorlo nevado, el de Wilson, el Ostrero negro y el Americano que han visto disminuida si población, así se dió a conocer en un estudio en el que participa el Dr. Eduardo Palacios Castro, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)1, entre otras cosas se menciona que varias de las especies antes mencionadas han disminuido hasta en una tercera parte de su población.

Este tipo de aves son migratorias, lo que quiere decir que vienen a pasar el invierno a México por su clima más templado, y requieren hábitats de humedales como lagunas costeras, playas arenosas o planicies lodosas. Las aves utilizan estos lugares como lugar de descanso, obtienen su alimento y se revitalizan en el lugar después de una larga migración, pero debido al avance humano estas zonas se han visto comprometidas, lo que tiene un gran impacto en la migración y reproducción de las aves, no es posible descansar ni alimentarse adecuadamente lo que inevitablemente va mermando su población. 

Anteriormente por medio de estudios se logró dar protección a cuatro especies que se tratan del Ostrero Americano, el Playero rojizo, clasificado en peligro de extinción y el Ostrero negro y el Chorlito nevado que están clasificados como amenazados, esto a través de la NOM 059 de la SEMARNAT.

Un claro factor que surge dentro de las hipótesis de la disminución de la población de aves playeras es el cambio climático, además de la contaminación, la pérdida y degradación del hábitat por causas atribuibles al ser humano, y por último por los depredadores que se encuentran por encima de las aves en la cadena alimenticia. Pero me centraré en el aspecto que considero más importante, la actividad humana, ya que la civilización ha crecido en las zonas que anteriormente eran únicamente refugio de las aves, lo que ha provocado que sea cada vez más pequeño su lugar de descanso, alimento y reproducción, por el contrario el ser humano utiliza las zonas que poco a poco ha invadido como centro de recreación o de productividad. Las aves suelen ser asustadizas y lo serán más al ver personas, animales como perros u otras mascotas, automóviles, etc.

En varios Estados como en la bahía de San Quintín y en Ensenada de la Paz en Baja California ya hay una disminución en la población de aves, que podría ser consecuencia de los factores antes mencionados.  Por poner otro ejemplo se estima que más de 200 aves migratorias llegan a Veracruz recorriendo una gran distancia para cumplir con su ciclo natural. México es un paso obligado y destino de algunas aves que desde hace cientos de años cumplen su ciclo haciendo el mismo recorrido y llegando al mismo lugar.

Considero de gran importancia tomar cartas en el asunto, a pesar de que hay una Norma Oficial Mexicana que  protege  a determinadas especies de aves playeras que llegan al país, debe hacerse más extensiva esta protección, desde incluir otras especias que se encuentren amenazadas, como encargar a la autoridad correspondiente la vigilancia de los lugares donde cada temporada llegan las aves para pasar el invierno, además de la colocación de letreros donde se pueda explicar a la población la importancia de mantener y cuidar el hábitat natural. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que conforme a sus facultades se realice una investigación respecto del grado de funcionamiento y aplicación de la NOM-059 en materia de aves e informe a esta Soberanía el resultado del mismo.

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que conforme a sus facultades y en coordinación con las autoridades respectivas de las entidades federativas se realicen las investigaciones de campo que sean necesarias para garantizar la protección de las aves endémicas, y de las aves migratorias que pasan el invierno nuestro país; de igual manera analicen la viabilidad y factibilidad, para la colocación de avisos preventivos en las zonas de descanso y reproducción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Noticia consultada el 2 de diciembre de 2015 en: http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41100298





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los Órganos Constitucionales Autónomos a dar cumplimiento a los mandatos contenidos en las Resoluciones del VI Periodo de Sesiones de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Laura Angélica Rojas Hernández, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES DE LA UNIÓN Y A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS DEN CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES DEL SEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN:

CONSIDERACIONES

Hoy, 9 de diciembre es el día internacional contra la corrupción. Gobiernos, organizaciones civiles, empresas y medios de comunicación del mundo, hemos unido esfuerzos para prevenir y abatir los graves lastres de la corrupción en nuestras democracias, economías y en los derechos humanos a lo largo y ancho del globo terráqueo. 

La conmemoración de este día expresa un mensaje contundente de los Estados para que los corruptos sepan que las reglas del juego están cambiando. Estamos conscientes de que esta evolución no ocurrirá de un día para otro, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (la Convención) fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 y entró en vigor desde diciembre de 2005. Llevamos al menos una década luchando frontalmente contra la corrupción.

No obstante, a la fecha, hemos logrado avances legales, institucionales y culturales trascendentes. Hemos comenzado a sembrar la semilla en los andamiajes legales y administrativos, pero también, de manera muy importante en las conciencias de las personas.

Nos hemos dado cuenta de la regla de que “el que no transa no avanza” es falsa, ya se ha puesto en práctica esa filosofía por generaciones anteriores y no estamos mejor. La economía es cada día más precaria; la riqueza de los países ha sido mal utilizada, pues se han desviado los recursos de todos para empoderar a pocos, en lugar de utilizarlos para la satisfacción de derechos humanos como: la alimentación; educación; la mejora de los servicios de salud, que no se dan abasto; o para garantizar la seguridad de las personas y sus familias. 

El pasado 12 de octubre, en el evento “Hablemos de corrupción”, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Oficina Exterior y del Commonwealth del Gobierno Británico y Transparencia Mexicana; la doctora María Marván dejó ver el cambio institucional, pero sobre todo en las libertades, en la posibilidad de hablar sobre la corrupción. La doctora Marván dijo que en años pasados “no era decente hablar de corrupción”, todo mundo sabía que existía, pero se evitaba hablar de ello porque era de mal gusto si quiera mencionarlo.

Sin embargo, debemos pasar de las palabras a los hechos. Hablar mucho de corrupción sin acciones, nos lleva al famoso escenario de las “ventanas rotas”, en el que al pasar por la calle y ver que se cometió un delito, al ver la falta de estado de derecho, se piensa que también se pude delinquir sin consecuencias.

La transparencia de que existe la corrupción debe tener aparejado un claro compromiso de las instituciones para combatirla. Por ello, en este punto de acuerdo, propongo que realicemos, dentro de nuestras atribuciones, el trabajo que nos corresponde para conformar un servicio público y una sociedad íntegros.

Concretamente, insto a conocer y dar cumplimiento, en el ámbito de nuestras competencias, a las resoluciones del sexto periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada del dos al seis de noviembre pasado en San Petersburgo en la Federación de Rusia.

La Convención establece un marco jurídico vinculante para los Estados parte para combatir la corrupción que rebasa las fronteras. Establece medidas preventivas, de sanción y aplicación de la ley, mecanismos para la recuperación de activos y de asistencia técnica de intercambio de información entre los Estados.

La Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una reunión en la que los Estados plantean las nuevas necesidades y soluciones sobre temas específicos de la corrupción, así como observar el avance de los Estados partes o planear la revisión del cumplimiento con la Convención misma.

Las resoluciones adoptadas en la última Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas son las siguientes:

1. Continuar con el mecanismo de revisión de la implementación de la Convención. Solicitando a los Estados parte reafirmar, reconocer, enfatizar, concientizar y apreciar los esfuerzos y avances que han tenido los estados partes en el cumplimiento de los términos de referencia de los mecanismos de revisión de la implementación.  

2. Facilitar la cooperación internacional en la recuperación de activos y la restitución del producto del delito. Alienta a los Estados partes para dar respuesta a las solicitudes de asistencia conforme al artículo 46 de la Convención, relativo a solicitudes de cooperación en procedimientos jurisdiccionales.

3. Fomentar una efectiva recuperación de activos. Establece la necesidad de alentar, subrayar, exhortar, invitar a los estados partes a implementar los recursos técnicos producidos por la Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto Basileo en el Gobierno.

4. Mejorar la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción, a través de la cooperación internacional, en el marco de la Convención. Pide a los Estados armonizar sus leyes, y que conforme a su marco legal exista cooperación entre los Estados para hacer efectivo el artículo 53 de la Convención, relativo a la recuperación directa de bienes.

5. Declaración de San Petersburgo en la promoción de la alianza público-privada en la prevención y lucha contra la corrupción. Solicita tomar en cuenta el reporte de la conferencia internacional sobre asociaciones público-privadas en el combate contra la corrupción, llevada a cabo en Moscú el 26 y 27 de marzo del presente año y co-organizada por la Cámara de Industria y Comercio de la Federación Rusa, la Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas y la Academia Internacional de Anti-Corrupción. 

6. Dar seguimiento a la Declaración de Marrakesh sobre la prevención de la corrupción. exhorta a recibir el trabajo del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Prevención de la Corrupción, en particular las discusiones en relación a la implementación es crítica bajo el plan de trabajo multianual para el periodo 2015, así como las recomendaciones adoptadas en la quinta y sexta reuniones del Grupo de Trabajo que se tuvieron en Viena del 8 al 10 de septiembre del 2014 y del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2015 respectivamente. De igual manera, se pide tener en cuenta la guía de material desarrollado denominado “Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas en la Protección de Reporte de Personas y Estrategias Nacionales de Anti-Corrupción”, con el fin de desarrollar su implementación. 

7. Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la implementación de la Convención. Reconoce que estas tecnologías son indispensables para dar cumplimiento al artículo 13 de la Convención sobre la necesidad de la participación social en la lucha contra la corrupción.

8. Prevenir la corrupción promoviendo un servicio público transparente, eficiente y que rinde cuentas a través de la aplicación de las mejores prácticas e innovaciones tecnológicas. Exhorta a los Estados Partes a adoptar medidas, de acuerdo con los principios fundamentales de su sistema jurídico, para mejorar sus programas y que cumplan con las principales compromisos de la Convención, para la buena gestión de los asuntos y los bienes públicos, incluyendo integridad, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

9. Fortalecer la aplicación de la Convención en los pequeños Estados insulares en desarrollo. El combate a la corrupción es una prioridad para la comunidad internacional, incluyendo a los pequeños Estados insulares, a quienes se les insta a ratificar la Convención y formar parte del Mecanismo de revisión de la implementación de la misma.

10. Educar y formar en el contexto de la lucha contra la corrupción. Toma en cuenta las iniciativas de la academia especializada encaminadas a alentar las investigaciones académicas, el cambio y desarrollo de la disponibilidad y exhaustividad de los materiales de anticorrupción de las academias para universidades y otras instituciones académicas.

La Convención y su aplicación, es especialmente importante para muchos países en desarrollo, en que altos funcionarios corruptos saquearon la riqueza nacional y los nuevos gobiernos necesitan recursos desesperadamente para reconstruir y rehabilitar la sociedad. En nuestro país tenemos ejemplos muy claros a nivel subnacional.

Según el Observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el rubro con mayor opacidad es la deuda que los Estados adquieren en el presupuesto anual, pues ningún gobierno estatal informa de manera detallada en que lo gastan y pese al incumplimiento de esta ley las sanciones son mínimas o nulas, por la ocultación de esta información en las entidades federativas. 

Esta opacidad e impunidad en nuestras instituciones fortalece la corrupción que ha deteriorado severamente a nuestro país, tan es así que en el índice de competitividad internacional 2015, México aparece en el listado ocupando la posición 36 de 43 posiciones. Esto refleja una carencia del Estado de derecho en nuestro país que se ve reflejado en nuestra economía.

Falta mucho campo por arar, cultivar y regar para ver los frutos de la cosecha del combate a la corrupción. Resta mucho trabajo por hacer para armonizar los marcos legales con los tratados internacionales, para armonizar los marcos generales en leyes locales y sobre todo, cuesta mucho trabajo la implementación en el último eslabón del servicio público o privado; por ello es menester poner manos a la obra a la brevedad. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos, a que en el ámbito de sus respectivas competencias den cumplimiento a los mandatos contenidos en las resoluciones del sexto periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrada del dos al seis de noviembre de 2015 en San Petersburgo de la Federación Rusa. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.





 

De los Senadores José Rosas Aispuro Torres, Ernesto Ruffo Appel y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para facilitar la importación de vehículos de procedencia extranjera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional contra la Corrupción”.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día de los Derechos Humanos”.

EFEMÉRIDE “

Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de los Derechos Humanos.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada año el 10 de diciembre, debido a que ese mismo día pero en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Muchos años han pasado desde aquella declaración y con ella un cambio radical a nivel global en materia de la salvaguarda de esos derechos.

Este día, nos permite recordar, con gran preocupación, que una de las reformas más emblemáticas en los últimos años fue precisamente en materia de derechos humanos y que al día de la fecha no se ha concretado a cabalidad.

Con esta reforma se consagro en la Carta Magna un cambio de paradigma en nuestro sistema de justicia penal, al incorporar una serie de principios para salvaguardar los derechos fundamentales de los habitantes de este país.

Sin embargo, a unos meses de cumplir el mandato Constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal basado en el apego irrestricto a garantizar los derecho humano, estamos lejos de cumplir con las reformas que nos dimos.

Es lamentable que el Gobierno federal, no esté cumpliendo con tal mandato, sabemos que las entidades federativas tienen su responsabilidad, pero nos podemos soslayar el hecho de que es la federación la encargada de coordinar la implementación de este sistema.

Sirva pues este día, para hacer un llamado de atención al gobierno federal y los gobiernos estatales a acelerar los trabajos para cumplir con la reforma en materia de derechos humanos y así, estar en condiciones de otorgar a las y los ciudadanos de México mayor certidumbre sobre la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Es cuanto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2015.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Informática”.

DÍA MUNDIAL DE LA INFORMÁTICA
9 DE DICIEMBRE

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXIII LEGISLATURA.

El Día Mundial de la Informática se celebra el 9 de diciembre de cada año.

La informática en pleno Siglo XXI es una de las herramientas más valiosas que el hombre haya creado para la facilitación del ordenamiento de información. Las nuevas tecnologías cada vez se arraigan más en nuestras vidas y todo esto se debe al éxito de la informática.

La informática es la ciencia que abarca el estudio y la aplicación del tratamiento automático de la información. La palabra "informática" proviene del alemán informatik que fue acuñado por Karl Steinbuch en 1957.

Pero en definitiva, se trata de la aplicación de las computadoras para almacenar y procesar la información. Es una contracción de las palabras information y automatic (información automática).

Esta ciencia tiene sus bases en las matemáticas y la física, es por ello que ahora está presenta en todos los ámbitos en los que podemos encontrarlas: ingeniería, industria, administraciones públicas, medicina, arquitectura, administración de empresas y varias más.

En 1906 nace Grace Hopper, una de las futuras pioneras de la computación, no solamente porque fue la primer mujer en la industria de la computación, sino que realizó significativas contribuciones para el desarrollo de la Harvard Mark II, así como el desarrollo del primer compilador, A-0.

Atentamente

H. Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2015.

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, sobre el "Día Internacional contra la Corrupción".







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 10 de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 17:39 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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