Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Noviembre de 2015

SUMARIO


















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 24 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECInueve DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta minutos del día jueves diecinueve de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del dieciocho de noviembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, el informe de la Delegación mexicana que participó en la 1ª Reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y del Panel “Los Esfuerzos de Reforma de Transparencia Legislativa en las Américas”, organizado en el marco de la Cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto, en México, Distrito Federal, el 29 de octubre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Omar Fayad Meneses, su Tercer informe de Labores Legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el remite 98 hojas de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a la Comisión de Marina, el jueves 12 de noviembre.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el remite 172 hojas de servicio de personal militar, para ratificación de diversos grados.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a la Comisión de Defensa Nacional, el jueves 12 de noviembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, y se adicionan las fracciones XIV y xv al artículo 32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Lilia Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.

(Dictámenes a discusión)

Se recibieron de la Comisión de Marina, cuatro dictámenes por los que se ratifican 98 grados navales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fueron aprobados por 80 votos en pro y dos abstenciones.

 

Se recibieron de la Comisión de Defensa Nacional, doce dictámenes por los que se ratifican 172 grados militares.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. En la discusión, intervino el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar los dictámenes. Fueron aprobados por 79 votos en pro y 4 abstenciones.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se propone el procedimiento para designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. El Presidente sometió a consideración de la Asamblea los resolutivos  Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo. Sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se sometieron a consideración de la Asamblea, los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, en votación por cédula, de un total de 92 votos, reunieron la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por 88 votos en pro, la planilla siguiente: a) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Baja California: 1. C. Martín Ríos Garay, por 3 años. 2. C. Leobardo Loaiza Cervantes, por 5 años. 3. C. Elva Regina Jiménez Castillo, por 7 años. b) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tamaulipas: 1. C. Emilia Vela González, por 3 años. 2. C. Luis Alberto Saleh Perales, por 3 años. 3. C. Edy Izaguirre Treviño, por 5 años. 4. C. María Concepción Reyes Reyes, por 5 años. 5. C. Marcia Laura Garza Robles, por 7 años. c) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas: 1. C. Hilda Lorena Anaya Álvarez, por 3 años. 2. C. Juan de Jesús Alvarado Sánchez, por 3 años. 3.C. José Antonio Rincón González, por 5 años. 4. C. Norma Angélica Contreras Magadán, por 5 años. 5. C. Esaúl Castro Hernández, por 7 años. Los magistrados electos tomaron su protesta de ley.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras, la Asamblea autorizó integrarlas al texto del dictamen para su discusión. En la presentación del dictamen hicieron uso de la palabra los senadores: Pablo Escudero Morales, por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Para los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN y Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en contra; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Marcela Torres Peimbert del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, a favor; Daniel Ávila Ruíz del PAN, a favor; Pablo Escudero Morales del PVEM, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Martha Tagle Martínez, a favor; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, a favor; y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Angélica Araujo Lara, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Gerardo Sánchez García, Arturo Zamora Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera y Jesús Casillas Romero entregaron los textos de sus intervenciones, los cuales se integraron al Diario de los Debates. El dictamen fue considerado suficientemente discutido. Se dio cuenta con las reservas de artículos de los Senadores: Dolores Padierna Luna, artículos 1 y 73; Manuel Bartlett Díaz, artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167 y Transitorio Tercero; Javier Corral Jurado, artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186 y adición de un nuevo artículo 75; Zoé Robledo Aburto, artículos 54, 68 y 69, adición de un artículo 207 y un Transitorio Décimo Primero; Martha Tagle, artículos 68, 69, 70, 73, 156; Rabindranath Salazar Solorio, artículos 69 y 70; Silvia Guadalupe Garza Galván, artículo 73; Daniel Ávila Ruíz, artículo 69. El proyecto de ley fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, por 87 votos en pro, 3 en contra y 3 abstenciones. En la discusión en lo particular, se procedió a la presentación de las reservas, la Presidencia dio cuenta con las propuestas de modificación de los Senadores: Dolores Padierna Luna, a los artículos 1 y 73, las cuales no se admitieron a discusión; Javier Corral Jurado, a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186 y la propuesta de adición de un nuevo artículo 75, las cuales no se admitieron a discusión; Zoé Robledo Aburto, a los artículos 54, 68 y 69 y las propuestas de adición de un artículo 207 y un Transitorio Décimo Primero, las cuales no se admitieron a discusión; Martha Tagle Martínez, a los artículos 68, 69, 70, 73, 156, las cuales no se admitieron a discusión; Rabindranath Salazar Solorio, a los artículos 69 y 70, las cuales no se admitieron a discusión. El Senador Manuel Bartlett Díaz presentó sus reservas a los artículos: 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167 y Transitorio Tercero, las cuales no se admitieron a discusión. La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván presentó su reserva al artículo 73, la cual no se admitió a discusión. El Senador Daniel Ávila Ruíz presentó su reserva al artículo 69, el cual no se admitió a discusión. Los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186 y Transitorio Tercero, en los términos del dictamen, fueron aprobados por 78 votos en pro, 6 en contra y 1 abstención. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para modificar el similar del 18 de noviembre de 2015, sobre el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva, de este día, se acordó homologar el turno de 6 iniciativas presentadas en materia de propaganda gubernamental, por Senadores de diversos grupos parlamentarios en diversas fechas: la del 7 de febrero de 2012 de Senadores del PRD, la del 4 de septiembre de 2012 de Senadores del PAN, la del 13 de noviembre de 2012 de Senadores del PRD, la del 24 de julio de 2013 de Senadores de diversos grupos parlamentarios, la del 19 de marzo de 2014 de Senadores del PRD y la del 26 de marzo de 2014 de Senadores del PRI y del PVEM.- Las iniciativas se turnaron a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores    Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia, Angélica de la Peña Gómez y Zoé    Robledo Aburto, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del   grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a definir una estrategia de seguridad frente al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que operan en territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al Senado de la República para que tropas nacionales abandonen el país.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las tortillerías de maíz en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en los “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias” señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión precautoria de transmisiones a que hace se referencia y que esta figura jurídica se circunscriba específicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda y celebra el convenio de colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para erradicar la violencia de género en México.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar la vigilancia para contener la tala clandestina en montes y selvas del país.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones implementadas respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación del mismo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los primeros juegos mundiales de los pueblos indígenas en Brasil.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero a informar sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita añadir en el orden del día una frase que explique el contenido de la iniciativa o el dictamen a tratar.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar y aplicar políticas públicas que garanticen y salvaguarden la soberanía y seguridad alimentaria, ante el recorte presupuestario al campo para el 2016.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a celebrar a la brevedad los convenios y Acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las autoridades estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente de atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de Villahermosa.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar campañas permanentes de sensibilización entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo   parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial que regule el uso de aceite de cocina usado en pienso animal.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo     parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales nacionales.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores del grupo     parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar la seguridad y el tránsito de los   connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada vacacional de diciembre.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Aire Puro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Universal del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Músico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y un minutos y citó a la siguiente el próximo martes veinticuatro de noviembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su tercer informe de labores legislativas.







 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el XXIX Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales denominado “Cultura, Gobernanza y Globalización: La Crisis de las Instituciones en un Mundo Complejo”, que se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2015, en Cancún, Quintana Roo.







 

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su informe de actividades correspondiente a la LXII legislatura y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.







 

Y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, en torno al Acuerdo López Venegas v. Johnson.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe sobre algunas negociaciones comerciales internacionales y sobre el resultado final completo de otras negociaciones.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, su informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del P          RI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

La forma más práctica de entender el concepto de usura es aquel que la relacione directamente con el cobro excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación de crédito; esto es, aquélla que genera un cobro desmesurado y desproporcional.

También es de destacar que dadas las condiciones inflacionarias del mercado, monetarias y de pérdida de valor que sufre el dinero, sería imposible el préstamo de dinero sin intereses; no obstante, la fijación de intereses debe guardar un patrón de congruencia y ser proporcional a efecto de que no ingrese en el campo del abuso.

Dada la regulación y competencia que aplica a las instituciones crediticias, principalmente por las recientes reformas en la materia impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la configuración de situaciones usureras prácticamente han quedado reducidas a la excepción o exterminadas por lo que respecta a las instituciones dedicadas a este tipo de operaciones.

Sin embargo, existen otras que en teoría permiten un libre pacto de intereses; se trata de los documentos denominados títulos de crédito, particularmente el pagaré, que de acuerdo al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite un libre pacto de intereses, así pagadero.

No obstante, esta disposición, la del pago de intereses, conforme a lo pactado, no debe implicar condiciones de usura, esto porque no debemos pasar por alto que este tipo de documentos no necesariamente son suscritos en operaciones por comerciantes, sino que implican la forma más práctica de documentar un adeudo y el pago a cierto plazo en condiciones de interés hasta en operaciones civiles. Más aún, pese al caso de que fuera una operación suscrita entre comerciantes, la usura es un lastre que debe ser desterrado de nuestro escenario, tanto en bien de las operaciones comerciales como de las civiles documentadas a través de estos títulos.

Por ello, es necesario evitar que este tipo de documentos constituyan una fuga legal a las condiciones de mercado en operaciones crediticias que lleven al grado de usura, máxime que siendo objetivos, este tipo de eventos suscitan principalmente en operaciones entre particulares, primordialmente en eventos de préstamos con interés y que lastimosamente para el pacto desmesurado de esta prestación, la condicionante que lleva a su aceptación es una situación de angustia, ignorancia, inexperiencia, incluso, en ciertos casos, hasta una deficiencia mental.

Por ello, debemos cerrar las puertas a la usura, de manera tal que sea la operación de que se trate, este lastre abusivo no constituye una herramienta legal para el despojo del patrimonio de las familias mexicanas.

Al respecto, cabría la duda del cómo habría de dilucidarse este tipo de conflictos a los que, cabe decir, a manera de ejemplo, los entes de justicia pueden tomar en cuenta circunstancias como las siguientes:

El tipo de relación existente entre las partes, la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y la actividad del acreedor que se encuentra regulada, el destino o la finalidad del crédito, el monto del crédito, el plazo del crédito, la existencia de garantías para el pago del mismo, las tasas de intereses de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia, la variación del Índice Inflacionario Nacional durante la vida real del adeudo y las condiciones de mercado.

Esto es: no existiría mayor problema para el que en la práctica de nuestros órganos jurisdiccionales pudieran aplicar la reforma sugerida en bien de la seguridad jurídica y del sano desarrollo de las operaciones de crédito en México, en las que la tónica común sea que en nuestro país todas las personas estén protegidas en contra de prácticas usureras.

Por ello, la propuesta en concreto consiste en la sugerida en esta iniciativa de proyecto.

Quiero ilustrarles, compañeras y compañeros Senadores, que es muy común, sobre todo con personas de escasos recursos, en las que en alguna colonia, sobre todo en las zonas cinturones de miseria de las colonias populares de las ciudades de nuestro país, existe el famoso prestamista, aquél que al vecino, al comerciante en pequeño de algún puesto de frutas, al comerciante de algún puesto de dulces que requiere adquirir algún tipo de mercancía para la venta, le pida al vecino, y entonces el vecino, a través de estos documentos, del pagaré, pactan intereses que realmente caen en la usura de 10, 15 ó 20 por ciento de interés, cuando los préstamos, que si bien es cierto son pequeños, de 3 ó 4 mil pesos, no dejan de ser un verdadero abuso, y eso es lo que tratamos, con esta iniciativa, de combatir.

Ejemplos como estos se dan en tianguis, se dan en colonias, se dan inclusive hasta en compañeros de trabajo en donde hay alguien que presta dinero a rédito, como se dice, hay alguien que presta dinero con intereses y estos intereses superan lo que el mercado financiero establece, sobre todo la banca comercial y la banca privada.

Por eso, presento la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

“Artículo 174. Para efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo del interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esta estipulación, al tipo del rédito fijado en el documento, y el defecto de ambos, al tipo legal.

El interés pactado tendrá como limitante el que no implique condiciones de usura. El juzgador que resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, y determine que éstos son notoriamente usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, apartándose de los intereses pactados, y reducirlos de manera prudencial.

Para estos efectos, el juez debe atender a las condiciones del mercado y respaldar, con los estudios técnicos adecuados, que los intereses son usurarios por apartarse significativamente la tasa a la que se calculan de la prevaleciente en el mercado relevante. En aquellos casos en que Banco de México esté facultado para fijar las tasas de interés, solo se determinará que hay usura en el caso de que Banco de México fije las tasas y en la medida en que la tasa pactada supere la fijada por el mismo”.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su atención.
Iniciativa

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para evitar actos de Usura, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La forma más práctica de entender el concepto de Usura, es aquel que la relaciona directamente con el cobro excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación a crédito. Esto es, aquella que genera un cobro desmesurado o desproporcional de intereses por un adeudo.

También es de destacar, que dadas las condiciones inflacionarias, de mercado, monetarias y de pérdida de valor que sufre el dinero fiduciario, sería impensable el préstamo de dinero sin intereses, no obstante, la fijación de intereses debe guardar un patrón de congruencia y proporcionalidad a efecto de que no ingrese en el campo del abuso financiero o económico.

Dada la regulación y competencia que aplica a las instituciones crediticias, principalmente por las recientes reformas en la materia impulsadas por el Presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO, la configuración de situaciones Usureras prácticamente han quedado reducidas a la excepción, o exterminadas, por lo que respecta a las instituciones dedicadas a este tipo de operaciones.

Sin embargo, existen otras que a pesar de ser consideradas dentro de este campo crediticio, por cuanto se encaminan a operaciones comerciales, aparentemente se encuentran desvinculadas en cuanto a que en teoría permiten un libre pacto de intereses. Se trata de los documentos denominados títulos de crédito, en particular el pagaré, que de acuerdo al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite un libre pacto de intereses, así pagadero.

Artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito…

Artículo 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.

El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador.

(Lo resaltado es propio)

No obstante, esta disposición, la del pago de intereses conforme a lo pactado, no debe implicar condiciones de Usura.
Esto, porque no debemos pasar por alto que este tipo de documentos no necesariamente son suscritos en operaciones entre comerciantes, si no que implican la forma más práctica de documentar un adeudo y el pago a cierto plazo con sus condiciónenos de interés, hasta en operaciones civiles.

Más aún, pese al caso de que fuera una operación suscrita entre comerciantes, la Usura es un lastre que debe ser desterrado de nuestro escenario, ya en bien de las operaciones comerciales, como de las civiles documentadas a través de estos importantes documentos e instituciones jurídicas del Estado Mexicano.

Por ello, es necesario evitar que este tipo de documentos constituyan una fuga legal a las condiciones de mercado en las operaciones crediticias, que lleven al grado de la Usura.

Situación inconcebible y que además tenemos, como obligación del Estado Mexicano, la obligación de inhibir, en mérito de que el derecho a no ser víctima de Usura se ha constituido como un derecho humano fundamental a partir de la Reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, en virtud de la aplicación de los acuerdos internacionales, en los que destaca el derecho a no ser víctima de esta lamentable situación.

Máxime que siendo objetivos, este tipo de eventos se suscitan principalmente en operaciones entre particulares, primordialmente en eventos de préstamos con interés y que lastimosamente, para el pacto desmesurado de esta prestación, la condicionante que lleva a su aceptación es una situación angustiosa, la ignorancia y la inexperiencia, incluso, en ciertos casos, la deficiencia mental.

Por ello, debemos cerrar puertas a la Usura, de manera tal, que sea la operación de que se trate, este lastre abusivo no constituya una herramienta legal para el despojo del patrimonio de las familias mexicanas.

Acorde a lo anterior, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados ya han comenzado a aplicar este criterio, de manera tal, que en los casos en que el juzgador que resuelva una Litis con reclamo de intereses pactados en un pagaré, y que notoriamente advierta condiciones usurarias, oficiosamente habrá de inhibir esta condición, apartándose de los intereses pactados, reduciéndolos de manera prudencial.

Sin embargo, no debemos dejar a la protección federal la conducente a la inhibición de la Usura, de manera tal que cualquier autoridad que conozca del asunto deba aplicar este criterio, máxime que la materia mercantil se trata de una concurrente, en la cual, la autoridad local puede y debe intervenir en bien del sistema financiero mexicano y de la equidad y proporcionalidad de las operaciones de crédito, a fin de que el nuestro sea uno confiable, ajustado a la seguridad jurídica, a la justicia y a las condiciones internacionales para la materia crediticia.

Al respecto, cabría la duda del cómo habría de dilucidarse este tipo de conflictos; a los que cabe decir, que a manera de ejemplo, los entes de justicia pueden tomar en cuenta circunstancias como las siguientes:

a) El tipo de relación existente entre las partes;

b) La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada;

c) El destino o finalidad del crédito;

d) El monto del crédito;

e) El plazo del crédito;

f) La existencia de garantías para el pago del crédito;

g) Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;

h) La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;

i) Las condiciones del mercado; y,

j) Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.

Esto es, no existiría mayor problema para que en la práctica nuestros órganos jurisdiccionales pudieran aplicar la reforma sugerida, en bien de la seguridad jurídica y el sano desarrollo de las operaciones de crédito en México, en las que la tónica común sea, que en nuestro país todas las personas estén protegidas en contra de prácticas usureras.

Por ello, la propuesta concreta de reforma el invocado y trascrito artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a efecto de inhibir totalmente en el sistema jurídico mexicano, la posibilidad de la Usura.

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los terrinos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL
DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 174.- (…) |

(…)

El interés pactado tendrá como limitante el que no implique condiciones de usura. El juzgador que resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, y determine que éstos son notoriamente usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, apartándose de los intereses pactados, y reducirlos de manera prudencial.

Para estos efectos, el juez debe atender a las condiciones del mercado y respaldar, con los estudios técnicos adecuados, que los intereses son usurarios por apartarse significativamente la tasa a la que se calculan de la prevaleciente en el mercado relevante. En aquellos casos en que Banco de México esté facultado para fijar las tasas de interés, solo se determinará que hay usura en el caso de que Banco de México fije las tasas y en la medida en que la tasa pactada supere la fijada por el mismo.

El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Informo a la Asamblea que recibimos en esta Mesa Directiva del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio del año 2014, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2014

(Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos del Instituto Asunción de México, quienes asisten a esta sesión para presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para presentar, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Bienvenidos los estudiantes del Instituto Asunción de México, mi alma mater, y a su maestra, Margarita Zavala.

¡Bienvenidos a este Senado de la República!

El tema de la iniciativa del día de hoy, primero tiene que ver con la segunda vuelta en la elección presidencial, tema que ya ocurre en diferentes países de América Latina y del mundo.

Yo quisiera primero, hacer una reflexión sobre lo que viene pasando con la aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto, que ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, e incluso ha llegado a un 34 por ciento en la aceptación ciudadana, mientras que si se pregunta a líderes de opinión, su aprobación apenas alcanza el 15 por ciento.

Al construirse una escala del cero al diez, también tocó su nivel más bajo. La mayoría de los ciudadanos le dio una calificación de 4.7, mientras que entre personas consideras como líderes, bajó a 3.3. Este estudio se realizó a finales de julio pasado.

Esto es un reflejo de lo que viene ocurriendo en México y de la percepción ciudadana. Hay una enorme brecha entre las expectativas que se tenían después de las reformas estructurales aprobadas por este Senado de la República y los resultados que está teniendo hasta el día de hoy el gobierno federal que tienen que ver con malos resultados en la parte de seguridad, en económica, en salud, en infraestructura y en empleo.

También debemos identificar que dado el sistema político electoral actual, tenemos una Presidencia débil, una Presidencia que desde su origen en las urnas no cuenta con el respaldo mayoritario.

En 2012 resultó electo con el 38.21 por ciento; y en los hechos, eso quiere decir que fueron 19 millones de mexicanos los que eligieron al Presidente para los 112 millones de mexicanos que somos.

En 1988, haciendo un poco de historia, gracias al fraude electoral, fue la última ocasión en la que un Presidente contó con el respaldo del 50 por ciento del electorado; y desde entonces, a la fecha, ese porcentaje se ha reducido. No solamente eso, las elecciones cada vez son más competidas, por lo que la polarización también se ha incrementado.

En 1976 la diferencia entre el primero y segundo lugar rondaba en el 87 por ciento.

En 1988 el margen con que ganó el ex Presidente Salinas fue de 19.56 por ciento.

En 2006 se tuvo la contienda más competitiva de la historia, donde la distancia fue de apenas el 0.56 por ciento.

En 2012 la diferencia que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 ó 15 por ciento, terminó siendo del 6.62 por ciento.

Es momento de hacer de nuestra democracia una democracia madura, una democracia moderna, donde desterremos de una vez al presidencialismo autoritario y que podamos construir entre todos un presidencialismo de consenso.

Anunciamos esta iniciativa desde hace ya unos días, y es una iniciativa de reforma constitucional al artículo 81, para impulsar un cambio urgente para que el país camine por un rumbo mejor, y ese cambio es la segunda vuelta electoral en la elección presidencial.

Una de las ventajas de la segunda vuelta electoral que identifica un experto como Giovanni Sartori, es fortalece el mandato del Presidente electo, al recibir el apoyo de la mayor parte del electorado, con lo que estaríamos evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática como ha ocurrido en los últimos procesos federales.

Este mecanismo también permite que los electores revelen no sólo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias. De manera que puedan votar por ambas en primera y en segunda vuelta, respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

Esto va a propiciar también la negociación entre las distintas fuerzas políticas, la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales las hemos visto en el mundo, generan coaliciones legislativas de largo aliento que permiten gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias.

La segunda vuelta, como método electoral, ha estado expandiéndose en el mundo; de hecho está asociado en particular con experiencias de democratización. La elección del Presidente por segunda vuelta asegura a éste una legitimación importante y le permite desempeñar su papel de árbitro eficazmente.

Son por todo esto, las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de manera absoluta con segunda vuelta, que el 67 por ciento de los países en los que el presidente es electo directamente.

Cuentan con este mecanismo países como: Austria, Brasil, Chile, Francia, Polonia y Rusia. La experiencia en América Latina, la introducción de la segunda vuelta se liga con procesos de democratización y redemocratización. Costa Rica fue el primer país latinoamericano en adoptar la segunda vuelta en el año de 1949, y en las dos últimas décadas del siglo XX lo adoptaron también Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. En todos estos países la doble vuelta aplica para la elección del Presidente.

En Argentina, que es el caso más reciente que vivimos el pasado fin de semana, hay segunda vuelta si el primer lugar no tiene cuando menos el 40 por ciento de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. Por lo tanto, la elección del día domingo ya solamente fue entre dos candidatos y se gana además por una mayoría, de más, obviamente, el 50 por ciento de los votos.

En Costa Rica, en vez de exigir el 50 por ciento más uno, se estableció el 40 por ciento más uno para evitar una segunda vuelta. Aquí puede haber diferentes esquemas, lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo. Este es un tema que hemos impulsado desde Acción Nacional desde hace ya muchos años.

Lo hizo en su momento el ex Presidente Felipe Calderón, en el 2012, al enviar su propuesta de reforma político–electoral; también existe ya un antecedente del Senador Presidente Roberto Gil, en el año 2013.

Es muy importante que de cara al proceso electoral de 2018, podamos discutir entre todos un nuevo arreglo institucional. Soy una convencida de que requerimos una presidencia fuerte, requerimos que la presidencia no solamente la gane quien tanga más votos, sino también quien cuente con el respaldo de la mayoría de los electores.

Yo espero que en algún momento podamos empezar esta discusión en este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Senado de la República la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de noviembre de 2012, el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, firmó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual consistió en una propuesta integral de reforma política del Estado y la cual previó la segunda vuelta en la elección presidencial.

Lamentablemente, este punto en particular no fue retomada finalmente en la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, por lo que, en virtud de la importancia del tema, los legisladores de Acción Nacional lo hemos retomado en diversas iniciativas que presentamos durante la LXII Legislatura, tanto en este Senado de la República, como en la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.- En línea con la mencionada propuesta del ex presidente Felipe Calderón, el 20 de diciembre de 2012 presenté una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual previó reformar dicho artículo para quedar como sigue:

“Artículo 81.- …

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

TERCERO.- Posteriormente, senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, dentro del paquete de las reformas en materia político-electoral, incluimos la segunda vuelta electoral para todos los titulares los órganos ejecutivos en el país: Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, estableciendo que se entenderá electo aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos en una elección y, en caso de que ningún candidato ganara la elección en esos términos, habría una segunda ronda de votación en la cual únicamente participarían los dos candidatos con mayor número de votos en la primera ronda de votación.

Tomando en cuenta lo anterior, y en virtud de que la inactividad legislativa ha dejado el importantísimo tema de la segunda vuelta electoral en los escritorios de las comisiones dictaminadoras y no en el texto de nuestra Constitución, someto la presente iniciativa a consideración de esta Cámara de Senadores, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Varios estudios de opinión confirman que la aprobación del mandato presidencial de Enrique Peña Nieto cayó a su nivel más bajo desde que inició tomó protesta, desplomándose al 34% entre la ciudadanía, mientras que, entre los llamados “líderes de opinión”, su aprobación apenas alcanza el 15%.

Por otro lado, en una escala del 0 al 10, la calificación de Enrique Peña Nieto como Presidente de México está en el nivel más bajo, ya que el promedio de la calificación de su mandato entre los ciudadanos es de 4.7, mientras que, entre personas consideradas como “líderes de opinión”, el promedio de las calificaciones bajó a 3.3.

Lo anterior es reflejo de que, en México, las cosas no van bien. Hay una enorme brecha entre las expectativas que se tenían con las reformas aprobadas en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y los lamentables resultados que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado en materia de seguridad, economía, salud, infraestructura y empleo.

Como consecuencia, en parte, del sistema político-electoral actual, tenemos un presidente débil, que desde las urnas no cuenta con el respaldo mayoritario. En las elecciones de 2012 resultó electo con el 38.21%, en los votos, es decir, aproximadamente 19 millones de mexicanos eligieron al gobernante de los 112 millones de mexicanos.

Lo estrecho de los resultados electorales, junto con la vigencia del principio de mayoría relativa, incrementa el riesgo de cuestionamientos postelectorales; hoy en día, nuestro sistema reconoce como triunfador a quien cuente con tan sólo un sufragio más que el contendiente más próximo, sin requerir que el ganador cuente con el respaldo popular mayoritario. Tal situación fomenta que el periodo postelectoral se encuentre dominado por la incertidumbre, el radicalismo y el encono social.

Durante el siglo XX y todavía en las elecciones de 1988, el fraude electoral sistemático dio como resultado que los presidentes fueran electos con un respaldo ficticio de más del 50% de los electores. Como consecuencia del activismo de la oposición y de la victoria de la democracia real sobre el esquema priista, desde las elecciones de 1994, ese porcentaje se ha reducido.

Las elecciones presidenciales cada vez son más competidas, por lo que la polarización de las preferencias de los votantes también se ha incrementado. En 1976, la diferencia entre el primer y segundo lugar rondaba el 87%; en 1988, el margen con el que ganó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue de menos del 20%; en 2006 se tuvo la contienda más competitiva de la historia, en la cual el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa venció en las urnas por apenas el 0.56% sobre el segundo lugar; y en 2012 la diferencia que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 o 15 por ciento, terminó siendo de 6.62%.

Es hora de hacer de nuestra democracia, una democracia madura. Una democracia moderna de la que desterremos, de una vez por todas, al presidencialismo autoritario y construyamos ya un presidencialismo de consensos.

Precisamente por lo anterior, la presente iniciativa contempla implementar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su implementación tendría muchas ventajas:

1. Legitimidad del gobernante. Más del 60% de los votos en la elección presidencial del 2012 no fueron por el actual presidente de México. Así, su legitimidad política como gobernante frente a la amplia mayoría que no votó por él, es cuestionable, cuando menos. Así, la segunda vuelta garantizaría que el presidente electo haya sido electo con más del 50% de los votos.

2. Gobernabilidad. Toda vez que casi todos los gobernantes en nuestro país son electos por una minoría y no por la mayoría, en sus gobiernos enfrentan graves problemas de gobernabilidad que llevan a parálisis y crisis políticas. La segunda vuelta electoral solucionaría, en parte, este problema de gobernabilidad, pues obligaría a los candidatos a formar alianzas con distintas fuerzas políticas.

3. Cultura política. La segunda vuelta electoral motivaría que los ciudadanos deban informarse sobre los perfiles y propuestas de los candidatos, pues en la segunda vuelta no podrían emitir un voto a ciegas para un candidato o partido que ya no está contendiendo.

4. Partidos políticos. (i) El partido ganador lograría mayor consenso en favor de su gobernante; (ii) Se reduciría el número de partidos improvisados que se benefician del principio de representación proporcional; y (iii) Se fortalecería el sistema interno de los partidos, pues se fomentaría la elección interna de candidatos que beneficien a los ciudadanos y no únicamente a los propios partidos.

La segunda es considerada por el italiano Giovanni Sartori, experto en ingeniería constitucional, como el mejor sistema electoral. Algunas de las virtudes de este sistema según el mencionado politólogo, son las siguientes:

1. La segunda vuelta permite que los electores revelen no sólo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas, en primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que los votantes se encuentren ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia con tal de evitar que gane el candidato menos deseado.

Así, con la segunda vuelta se aumenta el campo de la libertad de elección y expresión de los electores, y reduce su nivel de frustración política.

2. La segunda vuelta puede reforzar la victoria de aquél que quedó en primer lugar en la primera vuelta electoral, elevando la legitimidad de su triunfo; o más importante aún, este sistema puede revertir el resultado de la primera vuelta, revelando que el sistema de mayoría relativa hubiera permitido la llegada al poder de un candidato impopular, opuesto a las preferencias de la mayoría absoluta de la población.

3. La segunda vuelta favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas a la gran mayoría de los votantes.

Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus  propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población.

Este mecanismo electoral también permite que los votantes revelen no sólo sus primeras preferencias sino también sus segundas, de manera que puedan votar por ambas, en primera y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

Esto, además, propiciará la negociación entre las distintas fuerzas políticas y fomentará la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales -como lo hemos visto en el mundo- generan coaliciones legislativas que permiten gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias.

Es precisamente por las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, que el 67% de los países en los que el Presidente es electo directamente, cuentan con este mecanismo.

Países como Austria, Brasil, Chile y Francia lo han adoptado. Muchos países excomunistas, como Albania, Armenia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Kirguistán, Lituania, Macedonia, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia, prevén la segunda vuelta.

En el caso de América Latina, casi todos los países, excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras, han abandonado el método de elección por mayoría simple y han acogido sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales.

En Argentina, por ejemplo, hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40% de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo lugar. En Costa Rica, en vez de exigir el 50% más 1, se estableció el 40% más 1, para evitar una segunda vuelta por los altos costos que implica su organización. Lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo.

Así pues, debemos adoptar el modelo Latinoamericano, fijando que la regla para la elección del Presidente de la República sea por mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos en la elección.

Conforme lo prevé el artículo Tercero Transitorio de la presente iniciativa, una vez reformada nuestra Constitución, en el Congreso de la Unión tendremos 180 días naturales a efecto de reformar las leyes electorales a efecto de adecuarlas a la reforma Constitucional, estableciendo que la convocatoria a la segunda vuelta la deberá realizar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras haber resuelto en definitiva los medios de impugnación que se hubieren presentado.

De cara a la elección de 2018, necesitamos con urgencia un nuevo arreglo institucional, requerimos una Presidencia fuerte, requerimos que la Presidencia no sólo la gane quien tenga más votos, sino también que sea el candidato que cuente con el respaldo de la mayoría de los electores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el adiciona el artículo 81de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- …

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.-El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación electoral dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, previendo que la convocatoria a la segunda vuelta la deberá realizar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras haber resuelto en definitiva los medios de impugnación que se hubieren presentado.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza Gaitán.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Presidente, de la manera más respetuosa, le solicito inquiera a la Senadora proponente, si me permite suscribir esta tan importante iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Gómez del Campo, ¿acepta la adhesión del Senador Octavio Pedroza? Hay distintas solicitudes, ¿las acepta?

Tome nota la Secretaría de la solicitud de los legisladores que desean suscribir la iniciativa





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La opacidad en el manejo de los programas sociales, creo que todos estamos de acuerdo, es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, esos que están consagrados en nuestra Carta Magna.

Y es a partir de nuestro punto de vista de la discrecionalidad en el manejo de dichos recursos públicos, inclusive, de lo que nosotros llamamos “La nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas” que, sin duda, se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político, y también el uso partidista en la aplicación de los programas sociales.

Los derechos sociales, compañeras y compañeros, son derechos plenamente exigibles y, sin duda, conllevan a obligaciones específicas en los estados, entre ellas, la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos.

Y comento esto en el contexto de que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre la materia, siendo desde nuestro punto de vista el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el más significativo de todos ellos.

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones de efectos inmediatos, tales como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias, me refiero a las legislativas, a las administrativas, para satisfacer el contenido normativo de dicho derecho.

Así, con la finalidad de garantizar esos derechos, el Estado mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias, pero también los programas que de mejor manera puedan contribuir a garantizar el tutelaje de los mismos.

Sin embargo, creo que hay que aceptar, y en esto radica el espíritu de la presente iniciativa, que a pesar de que se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas y también en el establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo Social, en el que participan los gobiernos municipales, las entidades federativas, el gobierno f ederal.

Compañeras y compañeros, aún vemos cómo el flujo de los recursos se sigue viendo obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo así que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta con la consecuencia de que no se está contribuyendo de manera efectiva a la erradicación de la pobreza.

Sin embargo, me parece, compañeras y compañeros Senadores, que no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener en el futuro.

Y es en vista de lo anterior, Senadoras y Senadores, señor Presidente, que desde nuestro punto de vista resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social de estos tres órganos de gobierno, a los que me he referido, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social.

De no hacerlo, continuaremos bajo la misma lógica de acción, donde miles de millones de pesos del erario lejos de contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los más necesitados, son desviados, reitero, como lo decía en un principio, con fines políticos e inclusive, partidistas.

Por eso, reitero, es que someto a consideración de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, este proyecto de Decreto que espero pueda contar con el apoyo, con el respaldo de ustedes y que, con el objeto de su análisis más detallado, le vuelvo a pedir, señor Presidente, como lo he hecho en otras ocasiones, me obsequie el que lo que aparece hoy en la Gaceta Parlamentaria, también quede inserto en su totalidad en el Diario de los Debates de la sesión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La opacidad en el manejo de los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Carta Magna del país.

Es a partir de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, de la nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales.

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo Social, del cual México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, claramente establece que los derechos sociales de los mexicanos no responden a  visiones programáticas o plataformas políticas; esto es, no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter normativo.

De igual modo, México ha suscrito diverso instrumentos internacionales sobre la materia, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su Observación General No. 3 (14/12/90), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares.

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho.

Con la finalidad de garantizar estos derechos, el Estado Mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias y programas que de mejor manera contribuyan a garantizar el tutelaje de los mismos.

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 1976, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por medio de las cuales se creaba la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como principales atribuciones, con las siguientes:

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos.

b) Problema ecológico de la vivienda.

Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), cuya atribución primordial era la de: "atender de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología".

Diez años más tarde, en mayo de 1992, se publican las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fusionan a la SEDUE y a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) -que manejaba el Programa nacional de Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. Esta dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza, en un principio, en el programa de Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado y sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran:

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos a estados y municipios (federalización).

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la pobreza.
Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una evolución del diseño institucional en materia de desarrollo social, culminando con el actual enfoque programático, no es sino hasta el 20 de enero de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio guía insoslayable.

La Ley General de Desarrollo Social estipula, en la fracción II del artículo 1, como objeto de la misma, lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. …

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer  las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la existencia de un marco normativo que cumpla con diversos tratados internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del Estado en este rubro.

Sin embargo, y en esto radica el espíritu de esta iniciativa, a pesar de que se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en el establecimiento de  un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza.

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 se identificaron 5,904 programas de desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal, de los cuales alrededor de ochenta por ciento de los municipios del país no presentaron información sobre programas de desarrollo social.

El reporte señala que el gobierno federal invirtió en materia de gasto social programable más de 3 mil  millones de pesos en la aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación de más apoyos, no se ha logrado reducir el nivel de pobreza, que afecta a más del 40 por ciento de la población.

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2014 (INDEP), realizado por Gestión Social y Cooperación (GESOC), son aún más alarmantes. Según este estudio, en una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida por los 119 programas considerados en el INDEP 2014 fue de 68.78.

De este total, 33 programas resultaron reprobados en su desempeño (27.7%), y sólo 15 alcanzan una calificación superior a 90.

Más grave aún, el INDEP indica que persisten graves problemas de opacidad en la forma en la que el Ejecutivo Federal informa al Congreso y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los programas sociales.

El 34.6% (63 de 182) de los programas y acciones federales de desarrollo social tienen graves problemas de opacidad y representan $41 mil 418 millones de pesos ($41,418,282,986.00), es decir 9.1% del total del presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas durante el año fiscal 2014.

Es cierto que la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destinada a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, representa un avance significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización.

Sin embargo, no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora.

En vista de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. De otra manera, continuaremos bajo esta lógica de acción donde miles de millones de pesos del erario, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, son desviados con fines políticos o partidistas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo único.- Se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las reglas de operación de los programas sociales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya. Insértese la iniciativa en sus términos en el Diario de los Debates, tal y como lo ha solicitado. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA  FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y agradecerle a mi compañero, el Senador David Monreal, que me permita presentar esta iniciativa, que para mí es de vital importancia.

La que suscribe, Martha Palafox Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establecen los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la presente exposición de motivos.

El derecho a la alimentación sana y nutritiva es garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo 4o., así como en diversos instrumentos jurídicos y programas de gobierno para erradicar la pobreza alimentaria, la Cruzada Nacional contra el Hambre, promover la suficiente producción agrícola para el abasto de los productos necesarios para la alimentación y la autosuficiencia alimentaria.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, considerando en su artículo 3o., fracción V, como alimentos básicos y estratégicos, respectivamente a aquellos así calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de la población, o por su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria.

La necesidad de alimentos nutritivos de bajo costo es primordial, ya que según datos estadísticos subsiste la muerte de miles de niños por padecimientos originados por la desnutrición, la deficiente pobreza extrema, por hambre y la carencia de recursos para adquirir la canasta básica de alimentos.

Muchos de los productos considerados básicos por su costo, no pueden ser adquiridos por la población, en cambio los que en su composición integran el amaranto.

Las bondades del amaranto como nutriente ya eran conocidas en nuestro México precolombino, y como el mejor alimento del mundo de origen vegetal para el consumo humano fue designado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1979, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

De acuerdo con la FAO y la OMS, el amaranto contiene un valor proteínico del 75 por ciento, en tanto que el trigo 60 y el maíz 44, y combinado el amaranto con otros productos como el maíz, llega a índices cercanos al 100 por ciento.

Cabe señalar que el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas, por su alto valor nutritivo, llegando a ser un alimento cósmico.

El estado de Tlaxcala va a la vanguardia en la siembra y cultivo de este producto con alrededor de 3 mil 500 hectáreas, siendo Cuapiaxtla el municipio con mayor producción, contribuyendo a mejorar la nutrición y combatir el hambre, ya que su precio es menor que cualquier otro producto, y puede combinarse con otros productos aumentando a éstos su valor alimenticio y a muy bajo costo.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el capítulo relativo a la seguridad y soberanía alimentaria, en el artículo 179 señala, que se considerarán productos básicos y estratégicos con la salvedad, adiciones y modalidades que determine cada año de manera extraordinaria la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los comités de los sistemas-producto correspondientes, detallando a 12 productos como el maíz, la caña de azúcar, el café, trigo, arroz, huevo y otros, considerando que por la naturaleza y beneficios alimenticios del amaranto debe estar incluido en este listado.

Por los argumentos antes mencionados, me permito someter a esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

“Artículo 179.-…

I a XI. …

XII.- Amaranto.

Artículos Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo-Morena en esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establecen los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto, que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a una alimentación sana y nutritiva es garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo 4°, así como en diversos instrumentos jurídicos y programas de gobierno para erradicar la pobreza alimentaria, la Cruzada Nacional contra el Hambre, promover la suficiente producción agrícola para el abasto de los productos necesarios para la alimentación y la autosuficiencia alimentaria.

La ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, considerando en su artículo 3° fracción V, como alimentos Básicos y Estratégicos, respectivamente a aquellos así calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de la población, o por su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria.

La necesidad de alimentos nutritivos de bajo costo es primordial, ya que  según datos estadísticos subsiste la muerte de miles de niños por padecimientos originados por la desnutrición, la deficiente pobreza extrema, por hambre y la carencia de recursos para adquirir la canasta básica de alimentos.

Muchos de los productos considerados básicos por su costo, no pueden ser adquiridos por la población, en cambio los que en su composición integran el amaranto.

Las bondades del amaranto como  nutriente ya eran conocidas en nuestro México precolombino, y como el mejor alimento del mundo de origen vegetal para el consumo humano fue designado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1979, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

De acuerdo con la FAO y la OMS, el amaranto contiene sobre un valor proteínico de 100 el 75, en tanto que el trigo 60 y el maíz 44, y combinado el amaranto con otros productos como el maíz llega a índices cercanos al 100.

Cabe señalar que el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas, por su alto valor nutritivo, llegando a ser un alimento cósmico.

El Estado de Tlaxcala va a la vanguardia en la siembra y cultivo de este producto con alrededor de 3500 hectáreas, siendo Cuapiaxtla el municipio con mayor producción, contribuyendo a mejorar la nutrición y combatir el  hambre, ya que su precio es menor que cualquier otro producto, y puede combinarse con otros productos aumentando a éstos su valor alimenticio y a muy bajo costo.

 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el Capítulo relativo a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, en el artículo 179 señala, que se consideraran productos básicos y estratégicos con la salvedad, adiciones y modalidades que determine cada año de manera extraordinaria la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicanos y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, detallando a XII productos como el maíz, la caña de azúcar, el café, trigo, arroz, huevo y otros, considerando que por la naturaleza y beneficios alimenticios del amaranto debe estar incluido en este listado.

Por los argumentos antes mencionados, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 179.-…

FRACCIONES I A XI.  …

XII.- AMARANTO.

ARTÍCULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores:

Por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para esos propósitos.

INTERVENCIONES

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

El 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este término engloba a cualquier tipo de violencia contra las mujeres ejercida con frecuencia como consecuencia de una discriminación hacia ellas, presenta diversas facetas que van desde la discriminación, el menosprecio, la agresión ya sea física, sexual o psicológica, y hasta el asesinato.

La violencia se presenta en múltiples ámbitos de la vida tanto social, política y hasta en la propia familia, en las escuelas, en la Iglesia y en el Estado.

Desde 1975 se celebró la Conferencia Mundial sobre la Mujer, para incorporar el tema a la política pública; en 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en 1999, a propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de 60 países, se declaró el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, teniendo como base el asesinato de las hermanas Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1980, por órdenes del dictador dominicano Leónidas Rafael Trujillo.

En esa asamblea, se reconoció necesaria una declaración, los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, así como un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra las mujeres.

La violencia ejercida en contra de las mujeres no es exclusiva de un sistema político o económico, se presenta en todas las sociedades del mundo y sin hacer distinción de posición económica, raza o cultura.

En el mundo la violencia o las amenazas impiden a las mujeres ejercitar plenamente sus derechos humanos y disfrutar de ellos.

Mencionaré solamente algunas cifras que muestran la violencia en contra de las mujeres: 38 por ciento de asesinatos de las mujeres son cometidos por su pareja, siendo el ámbito familiar y de pareja donde se produce el mayor número de violencia; 120 millones de niñas en el mundo, más de una de cada 10, ha sufrido de coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas; la trata de personas es una trampa para las mujeres y niñas, en donde el 98 por ciento son objeto de explotación sexual.

Las mujeres en todo el mundo representamos el pilar fundamental de la familia, de la comunidad, de la población y de la sociedad, somos las compañeras en las luchas armadas, en las revoluciones, en la fábrica, en el campo, en las empresas y ahora en la vida política y en el desarrollo social.

Tenemos que valorar los derechos humanos que nos corresponden a todas las mujeres, por lo que debemos erradicar la violencia, ya que éste es un patrón que se repite por generaciones y nos hace retroceder en los valores, la identidad, la educación y la competitividad en todos los ámbitos de la vida diaria que hace la suma del comportamiento de un país.

Debemos tener una cultura de respeto de todos y cada uno de los derechos humanos que nos corresponden a todas las personas y eliminar todo tipo de violencia en aras de una mejor convivencia y civilidad.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para referirse al mismo asunto.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Este 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres” y nos recuerda un hecho trágico y una de las más grandes epidemias que vive el mundo y, particularmente, nuestro país. Un hecho trágico porque se ha conmemorado en razón del asesinato que sufrieron las hermanas Mirabal, por el régimen en República Dominicana, pero que nos recuerda la violencia de género que vive y subsiste en nuestras sociedades.

Es una de las mayores epidemias en nuestro país, porque en México 6 mujeres al día mueren asesinadas, en muchas ocasiones por persona de su familia o conocidos, en razón de género; esa es la mayor evidencia de violencia que viven nuestras sociedades y que además representa un signo de degradación del tejido social que se ha insertado en el mundo.

Pero no es sólo el único tipo de violencia que existe en nuestro país, desafortunadamente y de acuerdo a los últimos resultados de la encuesta de relaciones en el hogar, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida, que va desde la emocional, psicológica, pero también la física y la sexual; no podemos dejar de lado la violencia económica que se ejerce, particularmente contra las mujeres cuando deciden romper una relación familiar.

Hoy en día hay que hablar también de otra violencia, que no es nueva, pero que desafortunadamente se ha hecho más evidente, particularmente a raíz de este proceso electoral, y es la violencia política hacia las mujeres, la violencia política que ejercen los mismos partidos políticos, las instituciones electorales y diferentes autoridades que deberían de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y que, por el contrario, a través de amenazas, chantajes y diferentes formas de violencia, impiden a las mujeres que ejerzamos libremente nuestro derecho a participar y a formar parte de las decisiones públicas.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, hoy les quiero hacer un llamado desde esta tribuna para que finalmente avancemos en dictaminar diferentes iniciativas que se encuentran en este Senado con respecto a la violencia política.

No se vale ya poner “peros” para poder reconocer un nuevo tipo de violencia que afecta el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y por eso es muy importante que avancemos y que demos una muestra hoy, en esta fecha, de que realmente estamos comprometidos por eliminar las violencias que viven las mujeres.

También les he hecho llegar a sus escaños una tarjeta a fin de que se sumen, de diferentes maneras, a las campañas que existen para poner un alto a la violencia contra las mujeres.

A partir del 25 de noviembre se ha iniciado, de acuerdo con la ONU, una campaña de los 16 días de activismo por los derechos de las mujeres y contra la violencia; y les invitamos a aportar, cada día 25 de mes, un moño naranja como suma a este esfuerzo, que no nada más tenemos que representarlo con un moño, sino con un compromiso real de no ejercer, por nosotros mismos, ningún tipo de violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres, compañeras y compañeros Senadores, no solamente afecta las mujeres, la violencia contra las mujeres nos afecta como sociedad, y es hora de decir basta a la violencia de género en nuestro país y en el mundo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores, quienes también están presentes hoy y quienes nos ven a través del Canal del Congreso:

La protección de la mujer y la búsqueda de la equidad de género por medio del empoderamiento han constituido acciones afirmativas fundamentales para el logro de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Este tipo de violencia, debido a una condición de género, requiere un tratamiento especial por la peligrosidad que representa, se puede generar en cualquier ámbito por diversos tipos de agresores y con características distintas.

A nivel mundial, por lo menos el 35 por ciento de las mujeres y niñas sufren o han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, económica o psicológica.

En algunos países de África y Medio Oriente, lo sabemos todos, la violencia contra las mujeres puede alcanzar niveles inhumanos y crueles, donde se estima que más de 133 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de alguna forma de mutilación o ablación genital.

Según estudios de la Agencia de Unión Europea para los Derechos Fundamentales, los Estados miembros con cifras más altas de violencia contra la mujer son Dinamarca, Finlandia y Lituania, con índices entre 30 y 39 por ciento de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia; mientras que las cifras más bajas ente 10 y 19 por ciento, corresponden a España, Portugal, Irlanda, Polonia, Grecia, Italia, Australia, Chipre, Malta, Eslovenia y Croacia; el resto de los países pertenecen a una situación intermedia entre el 20 y el 29 por ciento de las mujeres que han sufrido la violencia.

Como vemos, este es un padecimiento que afecta a todos los países e, inclusive, a aquellos que han sido pioneros en el desarrollo social y en igualdad.

Ante un panorama cada vez más apremiante, la ONU Mujeres realiza esta campaña de 16 días de activismo para detener la violencia de género, estas acciones “para pintar el mundo de naranja”, inician el 25 de noviembre en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Unirnos a las campañas para la eliminación de la violencia contra la mujer reviste una importancia mayor, toda vez que durante este año se realizó una agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que además de establecer como objetivo la igualdad de género, contiene metas e indicadores específicos para poner fin a la violencia contra las mujeres e ir midiendo nuestros avances y compromisos.

En nuestro país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en el año 2011 el 47 por ciento de las mujeres de 15 y más años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja; este tipo de violencia no se limita a cuestiones físicas, la violencia contra la mujer puede ser tipo emocional, económica, física o sexual; 4 mujeres de cada 10 han sufrido violencia emocional, 2 padecen violencia económica, el 14 por ciento recibió maltrato físico y a 7 de cada 100 se le obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Conscientes de la vulnerabilidad latente que representa la violencia contra el género femenino, en el Congreso de la Unión hemos buscado proteger a las mujeres por medio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Estos instrumentos jurídicos establecen las facultades de los distintos niveles de gobierno para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y permitir que las mujeres logren la igualdad real frente a los hombres; además, el gobierno federal, por medio de Inmujeres, ha puesto en marcha el Programa Vida sin Violencia, que implementa acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Por medio de este programa se acerca a las mujeres la información para que sepan cuándo y, sobre todo, qué tienen que hacer cuando se encuentran ante actos de violencia y cómo podrían ser prevenidos, así como múltiples medios para acceder a la atención y protección de sus derechos.

Recientemente el Ejecutivo Federal, durante la “Cumbre sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, un compromiso para la acción”, remarcó el compromiso del Estado mexicano con la perspectiva de género que funge como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se elevará a nivel ministerial la coordinación del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, promoverá la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y se realizarán más acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la mortalidad materna.

Comprometernos con las mujeres es fortalecer la columna vertebral de nuestra sociedad. Tenemos que continuar y ampliar las acciones y políticas públicas que protegen a las mujeres, que combatan la discriminación, que fomenten la igualdad de género y promuevan normas culturales que eviten la violencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

La violencia es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en estructuras sociales que determinan comportamiento culturales, formas de ser que definen, en el caso de la violencia contra las mujeres, también la exaltación de lo masculino y la definición de que lo femenino tiene que estar supeditado a esta jerarquización.

De ahí que la causa de la violencia contra las mujeres nos cueste mucho trabajo reconstruirla, porque son culturas que derivan de estos comportamientos que son aprendidos generación por generación durante cientos de años que nos llevan a enfrentar situaciones muy complicadas: en primerísimo lugar de explicárnoslas para entenderlas; y en segundo lugar, para poner en marcha todo lo que tenemos que hacer para que esta situación cambie.

En estos años, y sobre todo a partir que Naciones Unidas determinó declaré que el 25 de noviembre sea el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, efectivamente recordando a tres mártires, las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por Leónidas Trujillo, en la República Dominicana; y en honor a ellas tres, a Minerva, Patria y María Teresa, recordamos esta fecha en todo el mundo como el día en el que tenemos que hacer una revisión, de qué es lo que hicimos para cambiar la situación de las mujeres y las niñas.

Es importante señalar, que en esa revisión todavía en nuestro país las cifras nos reflejan que tenemos que prender los focos de alerta, puesto que todavía sigue 1 de cada 5 mujeres siendo maltratada física o sexualmente.

En México cada 15 segundos una mujer es agredida les comento que en 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico o sexual; cada 6 horas en nuestro país ocurre el asesinato de una mujer; también 1 de cada 5 días de trabajo que pierden las mujeres, precisamente se debe a los estragos de la violencia de género que sufre; el 40 por ciento de los asesinatos de mujeres ocurren en su hogar; cada 9 minutos una mujer es violentada sexualmente; también 4 de cada 5 mujeres, separadas o divorciadas reportaron situaciones de violencia durante su unión y el 30 por ciento continúan padeciéndola por parte de sus ex parejas; más de 85 por ciento de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México, quedan impunes; del total de las mujeres casadas o en unión libre, 60 por ciento han sufrido algún tipo de violencia patrimonial, ya sea por algún familiar u otra persona.

Lo que acontece en México, por desgracia, también se vive a nivel internacional, y la ONU Mujeres nos define claramente que la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que toma diversas formas y, en ese, aspecto conviene recordar datos básicos en el mundo respecto de que 1 de cada 3 mujeres siguen sufriendo violencia física y sexual.

Dos terceras partes de los países han prohibido ciertamente la violencia doméstica, sin embargo, pareciera que esto es insuficiente para detener los estragos de la violencia de género.

Sólo 52 países ahora tienen de manera explícita penalizada la violación al interior del matrimonio, y más de 2 mil 600 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación conyugal no está explícitamente penalizada.

En ese aspecto, es importante señalar que, del marco de estos 16 días de activismo que comienza en el 25 noviembre y terminan el día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, hemos emprendido en el marco de esta lucha contra la violencia de las mujeres también luchar contra el matrimonio infantil.

Tomando en consideración que más del 97 por ciento de quienes se casan antes de los 18 años de edad son niñas, algunas de ellas se embarazan antes inclusive de los 15 años; y el problema del embarazo en nuestro país denota, por supuesto, también violencia sexual.

De tal forma que no podemos hoy estar conmemorando este día y el inicio de estos 16 días de activismo, sin que tomemos relevancia que la principal lucha que tenemos que dar en nuestro país es garantizar la aplicación de la ley que aquí dictaminamos, es decir, la prohibición de que las niñas menores de 18 años se casen; de tal manera que es importante que los Congresos locales que no han revisado su Código Civil o Familiar, se pongan a trabajar para que vayan en la dinámica que nosotros impulsamos cuando hicimos la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y solamente termino recordando que esperaremos que el próximo año, en este día, en el Senado de la República, las cifras no sigan reflejando todos los pendientes que pareciera que es imposible resolver.

Eso significa que hay que esforzarnos más, hay que hacer más, hay que trabajar más, hay que hacer todas las sinergias e impulsar todas las acciones que nos permitan que ciertamente trabajemos hacia la eliminación de todas las formas, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres de todas las edades.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes procedentes del Colegio de Abogados de Contla, Tlaxcala, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

¡Sean bienvenidos al Senado!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor Presidente; señoras y señores Senadores:

En 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, y desde entonces el listón blanco se ha convertido en el símbolo de esta importante fecha.

En su agenda post 2015, en el tema de violencia contra las mujeres y las niñas, la OCDE destaca que es un fenómeno universal enraizado en la persistente discriminación y en las desigualdades que históricamente se han dado entre mujeres y hombres; y la agenda destaca que no hace distinciones entre culturas, países, regiones, generaciones, daña a la salud, el bienestar de las mujeres y vulnera sus derechos humanos y las empobrece, así como a sus familias y a la sociedad.

La doméstica es la forma de violencia más común del mundo. A pesar de que desde el año 2000 vienen bajando de forma consistente los homicidios en todo el mundo, sólo en 2012 murieron asesinadas 475 mil mujeres, la mayoría mujeres entre 15 y 29 años, y de ellas la mayoría víctimas de armas de fuego.

La cifra está recogida en el Informe Sobre la Situación Mundial de la Prevención de la Violencia 2014, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Naciones para las Drogas y el Delito y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con datos aportados por 133 países.

La violencia contra las mujeres en México, lejos de disminuir, ha ido en aumento. Diversos conteos apuntan que entre 2006 y 2012 los feminicidios se incrementaron en 40 por ciento. Según datos del INEGI, entre 2000 y 2009 fueron asesinadas 12 mil 636 mujeres, que es un promedio de 1,263 cada año.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, en los últimos 28 años se han registrado en nuestro país 44 mil 646 asesinatos de mujeres. Esta misma organización reporta que durante 2013 fueron privadas de la vida 2 mil 502 mujeres, esto es, 7 cada día; más triste aún, 95 por ciento de los casos queda impune.

Recientemente, en menos de un mes, la Secretaría de Gobernación emitió alertas contra la violencia de género en el Estado de México y en el estado de Morelos. Además, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, estudia si se emite esta alarma en otros siete estados, Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Sonora.

Y yo sugeriría a la Secretaría de Gobernación que considere Quintana Roo, porque en Quintana Roo se han dado en las últimas fechas casos atípicos de mujeres que mueren de forma violenta y el gobierno se ha limitado a decir que son casos aislados, que no se pueden comentar como feminicidios y que no se puede decir que es un feminicidio porque afectaría al turismo. Nada más y nada menos que injustificado el argumento que da el gobernador del estado de Quintana Roo.

Y en este día aprovecho para exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que emita la alerta de género en Quintana Roo. Hablo por el sureste yucateco, hablo por las mujeres que viven ahí y que vivimos muy cerca, como en el caso del estado de Yucatán.

La última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada a mujeres divorciadas, separadas y viudas, del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica en 2011, arrojó que el 81.93 por ciento de las encuestadas manifestaron que sufrieron algún tipo de violencia mientras estuvieron unidas; el censo indica que la violencia psicológica se coloca en el primer sitio con 78.54 por ciento, las agresiones verbales ocupan 58.24 por ciento, la económica 45.75 por ciento, la física 43.22 y la sexual con 18.99 por ciento.

El proceso de que los países entiendan y asuman el tema de la violencia interpersonal como un problema muy importante de salud pública ha sido muy lento, aún ha habido algunos progresos pero falta mucho por hacer.

Seamos congruentes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial debe de tomar en serio el tema de violencia hacia las mujeres, no podemos permitir más muertes de compañeras y de amigas por la violencia de hombres contra ellas.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La violencia contra las mujeres no tiene paliativo alguno, no puede ni debe de ser consentida; por el contrario, nos convoca a concentrar esfuerzos en su prevención, atención y, por supuesto, su erradicación.

El “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, nos invita a reflexionar sobre el trabajo realizado y continuar impulsando políticas públicas que permitan erradicar este flagelo. Si bien es cierto se han llevado a cabo importantes esfuerzos encaminados a incorporar políticas, planes y programas con una perspectiva de igualdad de género, aún subsisten grandes retos para alcanza la plena consolidación de los derechos de las mujeres.

Efectivamente, 6 de cada 10 mujeres de 15 años o más, han declarado haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otras personas; por si esto no fuera suficiente, la violencia de pareja se agrava aún más entre las mujeres que contrajeron matrimonio a partir de los 18 años, que aquellas que lo hicieron a los 25 o más; 3 de cada 10 mujeres han padecido violencia sexual por parte de sus agresores, ya sea con actos de intimidación, acoso o abuso sexual. Se culpa siempre a las mujeres de todo lo malo que pasa en las familias, no se respeta la intimidad, hay insultos, hay burlas e, incluso, descalificaciones públicas.

Son situaciones que podrían parecer normales, sin embargo, es un problema que si no se atiende a tiempo puede llegar a agresiones físicas. La persistencia de estos lamentables hechos inhibe la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, porque en escenarios extremos puede derivar en decesos.

En México, además de las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 1o. y 4o. que reconocen los derechos de todas las personas y la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, hay ordenamientos jurídicos e instituciones encaminadas a garantizar la protección de las mujeres.

A fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva y combatir toda forma de violencia en contra de las mujeres, nuestro país ha suscrito varios tratados y convenios internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En la comunidad internacional uno de los esfuerzos más importantes es el relacionado con la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que comienza el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre.

A través de dicha campaña se busca hacer el llamado a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, objetivo asumido como propio por el Estado mexicano.

En el grupo parlamentario del PRI, nos sumamos a estas acciones que concientizan a la población sobre esta problemática y condenan todo tipo de violencia contra las mujeres, pues resulta inverosímil que en pleno siglo XXI continúan vigentes conductas que dañan, limitan e inhiben el pleno ejercicio de nuestros de derechos.

A pesar de esto avances reconozco, aún queda pendiente un largo camino para erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres. No obstante, reafirmo mi compromiso para seguir trabajando a favor de nuestro empoderamiento, aspecto esencial para que la igualdad sustantiva sea una realidad.

Tenemos aún el reto de legislar en materia de violencia política de género. Sabemos que la violencia contra la mujer constituye un problema social y cultural; cambiar esto no es fácil, pero tampoco imposible, un primer paso es concientizar a nuestros niños y jóvenes sobre las repercusiones de este tipo de conductas.

Desde el Senado de la República hacemos el llamado a fomentar la cultura de respeto, equidad e igualdad de género siempre.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Acosta Islas. Se han agotado las intervenciones de los grupos parlamentarios.





 

PRONUNCIAMIENTO

Me permito informar a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, al cual daré lectura.

Honorable Asamblea:

Se hace de su conocimiento que el día de hoy se registraron por conducto de las Senadoras y los Senadores de diversos grupos parlamentarios, un conjunto de comunicaciones respecto a la eliminación de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores, desea emitir el siguiente pronunciamiento:

El 25 de noviembre fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”. Está fecha fue elegida en conmemoración del asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante Rafael Trujillo.

Todo acto que cause daño físico, sexual o psicológico a la mujer, en el ámbito privado o en la vida pública merma y limita a los progresos hacia la concreción de una sociedad igualitaria, segura, justa y en paz.

Con la firme intención de prevenir y erradicar la violencia de género, a nivel mundial se celebra la campaña 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, en que se conmemora el “Día de los Derechos Humanos”.

El Senado de la República se une a esta causa con la jornada por la justicia a la paz y a la igualdad, para impulsar acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de violencia contra la mujer.

A pesar de los avances legislativos en materia de género, es necesario reforzar las acciones para revertir las estadísticas mundiales.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que hasta el 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida, reconocida la violencia contra las mujeres como una violación grave a sus derechos humanos.

Las Senadoras y los Senadores presentamos el siguiente Acuerdo:

Primero.- A la sociedad general, a fomentarles del seno familiar y comunitario, el desarrollo, bienestar y respeto a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades, conforme a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.

Segundo.- A las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a reforzar las acciones y programas para prevenir, sancionar y eliminar la cultura de discriminación y de violencia contra las mujeres.

Dado en el Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015. Firma la Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

A fin de dar cumplimiento al artículo 96 constitucional y al punto cuarto del Acuerdo aprobado y modificado el pasado 19 de noviembre, sobre el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daremos inicio a las exposiciones de los integrantes de las ternas remitidas por el Poder Ejecutivo Federal.

Recibiremos inicialmente las exposiciones de los integrantes de la terna para sustituir a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, e inmediatamente las de los candidatos de la terna para sustituir al ministro Juan Nepomuceno Silva Meza.

Conforme al resolutivo quinto del Acuerdo aprobado, cada una de las candidatas y candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los Senadores.

En esa virtud, la primera de las comparecencias será la de la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, ubicada en primer lugar de la primera terna para cubrir la vacante de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero.

Esta Mesa Directiva aclara que el día de hoy no se celebrará ninguna votación con respecto a las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal para el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir del próximo lunes, las ternas comparecerán para efecto de contestar preguntas ante la Comisión de Justicia; y una vez que está Mesa Directiva reciba el dictamen correspondiente, se someterá a votación, en su caso, dicho dictamen y las ternas en votación secreta como lo ordena la Constitución y nuestros Reglamentos.

En consecuencia, solicito a asistencia legislativa, conduzca a este Pleno a la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, para que formule la presentación a la que se refiere el acuerdo parlamentario que ha sido descrito.

(Se cumple)

Ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa: En nombre del Senado de la República, doy a usted la más cordial bienvenida a esta sesión.

Acude usted ante este Pleno, en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia breve para designar a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo dispuesto en el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado por este Pleno, para normar el procedimiento de elección de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme al Acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra.





 

COMPARECENCIA

La C. Sara Patricia Orea Ochoa: Buenas tardes. Muchas gracias, Senador Gil Zuarth. Buenas tardes, señoras Senadoras y Senadores:

Quisiera iniciar ésta, que yo lo veo, una pequeña charla con ustedes.

Ha sido alusión que desde el contenido formal de la Constitución, reúno los requisitos para ocupar el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Soy mexicana por nacimiento, he radicado toda mi vida en México, soy licenciada en derecho, en el año 1986 obtuve mi título, tengo, desde luego, más de 35 años y, desde el punto de vista formal, considero que reúno estos requisitos.

No obstante de ello, porque de esto es lo que quisiera yo platicar con ustedes, la norma como tal no únicamente tiene contenidos formales sino también materiales.

Y por eso me encuentro aquí ante ustedes para expresarles cual es mi sentir respecto de cómo tiene que ser la justicia en México.

Voy a retrotraerme a los orígenes de mi carrera que, evidentemente, es de naturaleza penal.

Al inicio de mi profesión elegí el área penal, porque el área penal es aquella que refleja mayor humanismo.

Inicié como defensora de oficio en salas penales del Fuero Común, y como defensora de oficio, que somos los profesionales que nos encargamos de la defensa de los más pobres, los más desprotegidos, aprendí y proyecté que, sobre todo los grupos, voy a llamarles de esta manera, a lo mejor los más pobres de los pobres a veces no son escuchados por los jueces, aprendí el dolor que representa estar interno en un centro de reclusión, el dolor de sus familiares que los acompañan, y el hecho de saber que no son escuchados.

Haré un paréntesis.

Provengo de una familia de clase media y, como ello, mis padres me enseñaron, nos enseñaron a todos los hermanos como uno de los principales baluartes de la familia, que todo lo teníamos que hacer con base al esfuerzo, así que provengo de una cultura del esfuerzo.

Quería hacer este paréntesis, porque fue a partir de mi labor como defensora de oficio que se me invitó a colaborar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y allá aprendí la otra cara de la moneda, ya no del acusado, el de la víctima, que también la víctima se sentía no escuchado por las autoridades judiciales.

Mi trabajo como representación social, también en salas penales del Tribunal Local, me abrieron la puerta al colaborar como Secretaria Proyectista del Magistrado Guillermo Arroyo de Anda y, anteriormente, después de atravesar los filtros y pasar mi examen como Juez Penal, la oportunidad que había tenido de escuchar a los imputados, de ver a sus familias y su dolor.

Pero por otra parte, también ver la posición de desventaja en que también se encuentra la víctima de un delito, porque hasta la fecha, dado que todavía no entra en vigor la reforma constitucional de 2008, las víctimas en la generalidad de los casos son tratados como invitados de piedra.

Esta visión que me dio ser parte como defensa, como parte también del órgano acusador, a mi juicio, considero me permitieron entender que mi función jurisdiccional era siempre buscar un equilibrio; el equilibrio entre lo que busca la víctima, lo que busca la sociedad, un mayor beneficio social, pero también consideré que tenía que ser un menor costo para el que delinquía.

¿Y qué significa un menor costo? Penas justas y penas razonables que les permitan al concluir su internamiento, el poder reinsertarse de manera real a la sociedad.

La justicia penal de adultos, desde luego tiene aristas, tiene serios problemas que los juzgadores tenemos que enfrentar, y que la Suprema Corte de Justicia tiene en su oportunidad que ser oportuna en las opiniones que emita.

Estamos cercanos a la entrada en vigor del sistema acusatorio, un sistema acusatorio que nos permite mayor transparencia en nuestra actuación como jueces; que nos permita ver de manera cercana al acusado y a la víctima, para poder hacer justicia.

Entendida la justicia no como un concepto, como un valor abstracto, sí como ideal, pero también como una realidad, la justicia la tenemos que ver como un acercamiento hacia las partes.

La justicia constitucional atraviesa un sinnúmero de retos, dentro de estos retos está la reforma constitucional penal. Y no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ya sobre un tema tan importante como es el juzgamiento de niños, niñas, las y los adolescentes, me parece que la Suprema Corte de Justicia también tiene que guiar directrices en derechos sociales de este sector que evidentemente es vulnerable.

Actualmente soy Magistrada, soy juzgadora en materia de justicia para adolescentes. La reforma de 2005 abre este nuevo paradigma, y al abrir este nuevo paradigma y al instrumentarse el sistema, formé parte de la comisión que instrumentó el sistema de adolescentes en el Distrito Federal.

Y en esta nueva faceta de mi profesión, que también es penal, porque la justicia de adolescentes es penal, penal modalizado, pero no pierde su naturaleza penal. He advertido que este sector que llega ante nosotros, normalmente son niños, niñas, las adolescentes, los adolescentes, que en la generalidad de los casos tienen truncos sus estudios.

En muchos de los casos no tiene familia o sus redes sociales son tan escasas que no les permiten poder adquirir estos derechos de orden social, por eso creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este tema, como en otros más, tiene que judicializar los derechos sociales para un mayor bienestar de la niñez y de la adolescencia.

Como juzgador, también he visto que las mujeres, las niñas, las adolescentes, nos encontramos en muchas ocasiones dándonos un trato desigual.

Cuántas veces no sabemos de casos de agresiones de orden sexual que no son atendidas. Este sector, este grupo que evidentemente al ser muy reciente el reconocimiento de los derechos de las mujeres, requiere mayor atención, requiere mayor atención y el Estado tiene que ser decidido y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que adoptar o guiar, emitir directrices para que en supuestos de trata de personas, de niñas, de adolescentes, de mujeres, pueda el Estado, concretamente la autoridad investigadora de delitos, por sí, allegarse del mayor número de pruebas, y porqué no, aún con el sistema acusatorio, también los juzgadores allegarnos de pruebas, atendiendo esencialmente a que, en muchas ocasiones no se les da un real acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra y tiene que trabajar nuevos retos.

Reitero el reto que implica el sistema de juzgamiento de adolescentes por la reciente reforma de 2005; las reformas que van a enfrentar con la reforma constitucional de 2008, y desde luego, la de junio del 2011, que esta reforma de junio del 2011 abre una nueva visión para los juzgadores mexicanos: desde el más alto juzgador que lo representa el Ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta el juez de cuantía menor o delito no grave, tiene que ver que esta reforma rompe y resquebraja el sistema anterior que venía llevándose a cabo en México.

Hemos ingresado a un estado constitucional de derechos, y esto implica el reconocimiento pleno, por parte de los juzgadores, que si bien está la norma, como operadores, estás normas tenemos que dotarlas de contenidos, de contenidos basados en principios, tales como la dignidad humana, como los derechos humanos, como la libertad, porque más allá de la norma, el ser humano es el eje central de la institución, del derecho y de la administración de justicia.

Como juzgadores, tenemos que apartarnos de la letra fría de la ley, no olvidando que es ley sino dotándola de todos estos presupuestos que nos lleven a hacer una verdadera justicia, que es lo que están clamando nuestros gobernados, que es lo que está clamando la sociedad, una justicia, donde quieran, a jueces, magistrados, ministros, cerca de ellos.

Tiene que existir un diálogo, tanto con la sociedad, así como entre poderes locales y federales.

Como integrante de un poder local, nos sentimos alejados de quien dicta la última decisión, que es la Suprema Corte de Justicia.

En la medida que no haya diálogo entre poderes, entre sociedad, no podrá existir esa justicia que nos está pidiendo la sociedad.

Al haber justicia, habrá gobernabilidad, y al existir gobernabilidad, va a existir la paz, que es lo que requiere toda nuestra sociedad.
Voy, si me permiten, esto sí a citarlo de manera textual, dentro de mí ensayo, y quiero hacerlo de manera textual para que no se me olvide alguna frase.

Montesquieu decía, y en el paso lo vimos: “Que los jueces eran marionetas, que pronunciaban la voz del legislador”, modelo que desde luego ya no se replica y se ha dejado de replicar.

En la actualidad, todos los juzgadores tenemos como tarea la búsqueda de una actuación justa, basada en una teoría que proponga una interpretación racional de la ley, que entraña la dignidad humana, derechos humanos y sensibilidad con firmeza.

Entramos a un nuevo modelo de derecho constitucional, y desde el más alto juez, como ya lo había dicho, que lo representa un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, seguido por los juzgadores de segunda y primera instancia, locales y federales, tenemos que indignarnos con la injusticia, no dejar de conmovernos con el dolor de los justiciables, pensando que con ello perdemos la condición de juez, porque aquellos que puedan endurecerse en su función, que no tengan compasión de los justiciables, llámese víctima, llámese victimario, no servirán para ser juzgadores porque no velarán por los derechos humanos.

Concluyo, el derecho es humanismo. La mujer, el hombre, la niña, el niño, las y los adolescentes, los indígenas, los migrantes, los extranjeros, todos pertenecemos al género humano y aspiramos a la justicia y a la paz.

Como encargados del máximo tribunal, no se puede olvidar el humanismo. Y como lo dictó el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en el año de 2008, aunque lo centró en el tema de derecho penal, sí quisiera concluir y ampliar el concepto, no nada más de derecho penal, sino ampliarlo a todo el derecho, sino como juzgadores, no tenemos presente el humanismo, entraremos a la fatal sentencia de que el derecho no perdona a quienes lo traicionan.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias por su participación, ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa.

Le solicito al personal de asistencia, acompañe a la ciudadana Orea Ochoa al salón contiguo e invite a pasar a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, integrante de esta primera terna.

(Se cumple)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sea usted bienvenida, ciudadana Norma Lucía Piña Hernández.

Acude usted ante este Pleno, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 96 constitucional, así como el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado por este Pleno para nombrar el procedimiento de elección de candidatos a Ministros de la Suprema Corte.

Tiene usted el uso de la palabra, hasta por 20 minutos.
La C. Norma Lucía Piña Hernández: Gracias. Honorables Senadoras y Senadores:

Soy profesora normalista, y como jurista empecé en la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tengo 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación.

Ocupé el cargo de Juez de Distrito por concurso de oposición.

Y soy Magistrada también por concurso de oposición.

He seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función de juzgadora constitucional, comprometida con los principios y valores que consagra nuestra Constitución, así lo refleja mi historia de vida.

Mi presencia, en la más alta tribuna del país, me honra y me distingue, pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza.

Fui propuesta por el Ejecutivo, y si ustedes así lo deciden, ocuparé el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Constituyente propuso que, a propuesta del Ejecutivo, en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los Ministros y las Ministras de la Suprema Corte de Justicia, facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quién de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo Tribunal y cumplir tan honrosa encomienda.

Encomienda que, en lo personal, la visualizo dirigida a contribuir, a transitar de un estado de derecho a un estado constitucional de derecho que conlleva el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón.

O como diría un prestigiado filósofo del derecho: “La fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza”.

Un estado constitucional que implica no sólo la sujeción a la ley, sino coherencia de la ley con los derechos humanos establecidos en la Constitución, Norma Suprema que está dirigida precisamente a controlar y limitar el ejercicio del poder del Estado a través de mecanismos como la división de poderes, la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que lo conforman.

La historia del derecho refleja que las leyes se van adaptando a las necesidades cambiantes en la sociedad.

Una de las funciones del Ministro o Ministra, es contribuir junto con el legislador a eliminar las posibles lagunas que se presenten entre las necesidades de la sociedad y el derecho, sin permitir que el sistema jurídico se vea rebasado.

Pero la más relevante tarea de un Ministro o Ministra es proteger la democracia, no sólo en su sentido formal, expresada en la supremacía legislativa; gobierno del pueblo a través de ustedes, sus representantes, sino la democracia sustantiva contenida en los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Porque sin la protección de los derechos humanos no puede hablarse de democracia ni existir justificación de la misma.

Una democracia que requiere tanto el reconocimiento del poder de la mayoría como los límites de ese poder, representados por los derechos humanos como la dignidad, la igualdad, la libertad, y que son tan esenciales que deben ser protegidos del poder de la mayoría.
Y es al Ministro o Ministra al que le corresponde dar la expresión y contenidos a esos derechos a través de sus fallos para que la sociedad los asimile y comprenda, y generar con ello, además, un cambio cultural sustentado en el respeto de las autoridades a esos derechos, y a la vez el ejercicio y exigencia de los mismos por parte de los gobernados derivados de su conocimiento.

Con relación a este punto, quiero destacar la constante labor que ha, efectuado esta legislatura, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar contenido y concretizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, incluyendo los previstos en tratados internacionales.

En eso radica, entre otras cosas, la función del juez o ministro.

Vivimos, como Bobbio escribió hace ya varios años, en “La Edad de los Derechos”, y al juez le ha sido confiada la protección de esos derechos.

El juez o jueza, Ministro o Ministra debe contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas para de esta forma hacer realidad el derecho a la igualdad como un mandato constitucional y convencional dirigidos a quienes impartimos justicia. Justicia que sólo se alcanza si se toman en consideración las diferencias o distinciones existentes entre los justiciables, principalmente entre los grupos vulnerables.

La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se ha confiado a los jueces, y a un Ministro o a una Ministra le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional.

Se dice, reiteradamente, que un Ministro o Ministra debe cumplir una función de Estado, pero no se explica en qué consiste la misma.

Un juez dirime una controversia entre partes atendiendo a los intereses particulares de quien en ella intervienen, la o el juez constitucional va más allá.

Ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita al respeto de la Constitución y de los derechos humanos en ella contenidos.

Conlleva fidelidad a los principios que sustenta nuestra convivencia y que marcan los límites de respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo.

Las decisiones de las o los Ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que, como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accionen en nuestro sistema de justicia constitucional.

La o el juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar que puedan expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver, y ha de elegir los más justos, incluso cuando estos lleven a una solución que no sea la que él o ella, como individuo en lo particular, hubiese preferido.

Pero imparcialidad no significa neutralidad en el sentido de que el ministro o ministra deba prescindir de los valores que informa la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser al mismo tiempo soluciones comprometidas con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes.

La legitimación de un Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se construye también con transparencia. Entiendo por tal la claridad y justificación de sus sentencias que superen las pruebas más estrictas de los peritos en derecho y de quienes no lo son, es decir, en suma, entendibles por todos.

Sentencias que justifiquen una decisión por más complicado y debatido que sea el tema; sentencias que se dicten por y para una realidad mexicana; sentencias que contribuyan a la democracia tanto formal como sustantiva, y hacer realidad la justicia en una nación pluricultural como es la nuestra; sentencias que reflejen que el primer deber del Ministro o Ministra es actuar conforme a derecho y a las normas emitidas por los representantes democráticos que son ustedes.

Pero al respecto quiero destacar que el sometimiento al derecho por parte del juez, no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley. Las normas deben interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los objetivos, los valores y los propósitos que subyacen en las mismas.

En su fusión de garante de la Constitución y de los derechos humanos, un Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe actuar de manera formalista. Lo que razonablemente se espera de él o de ella, no es que use la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho. Pero innovar no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos humanos así lo requiera.

En un país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación. Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer, y que se visualiza tratándose de violencia contra las mujeres, de pertenecer a alguna de las comunidades indígenas que conforman nuestra nación, o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social.

Mención especial requiere el caso de la protección de los grupos vulnerables y derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes como presente y futuro de nuestra nación, necesitan la máxima tutela.

Pero además nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un Ministro o a una Ministra la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado, y en sus diversos órdenes, para garantizar un sistema democrático a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos, y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos, tratándose de leyes en una materia determinada.

Y para ello el Ministro o Ministra tiene que ser independiente, lo que implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas o extrañas a su función.

Pero la independencia no es un privilegio del juez constitucional, es un derecho del justiciable que acciona esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo, de las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales.

A los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia les corresponde, además, la relevante labor de marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir, la congruencia en las decisiones debidamente justificadas y derivado de ello, la seguridad jurídica son valores que no deben menospreciar como atributos de un o una Ministra porque además de que por sí mismo son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley son la base sobre la que se erige como condición necesaria la satisfacción y protección de los derechos humanos.

Derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyan la condición o el límite para la actuación de la autoridad, o de los particulares que actúan con tal carácter correspondiendo a los y a las jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan.

Estoy segura que la decisión que ustedes adopten como culminación de este proceso será la correcta, mis compañeras son reconocidas juzgadoras y personas destacadas. El Estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidas y comprometidos con los valores de libertad, de igualdad y de dignidad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática.

La función de un o una Ministra implica analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparo promovidos por los gobernados, los que en algunos casos y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución podrían conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Es el examinar esa misma regularidad garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad, que además conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal o municipal para hacer valer y proteger sus atribuciones.

La tarea de un Ministro o Ministra supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos, y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso más que una distinción personal implica una gran responsabilidad, responsabilidad que si ustedes así lo deciden asumiré como servidora pública, comprometida con mi función, y convencida, derivado de mi formación y trayectoria jurisdiccional que en palabras de Aarón Barak, reconocido juez de un tribunal constitucional, el acto de juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida, forma de vida que no busca la publicidad, forma de vida que implica no resolver conforme a lo que la mayoría quiere, sino buscar la verdad, es no comprometerse con los grupos de interés sino mantener la insistencia del derecho.

El acto de juzgar no es pasión, es razón, no es maestría, es modestia, es comprometerse con la función y con la justicia, es no resolver los conflictos atendiendo a los caprichos de temporales de una época, es buscar la solución de los asuntos atendiendo a los valores y a los principios que nuestra Constitución consagra.

Hablar de democracia es hablar de justicia, si no preciamos de ser una nación democrática debemos hacer efectiva la justicia en México.

Como decía mi padre: “en toda la posibilidad de nuestro destino”.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, ciudadana Norma Lucia Piña Hernández, por su exposición.

Solicito al personal parlamentario, acompañe a la ciudadana Norma Lucia Piña Hernández al salón contiguo, e invite a pasar hasta este Pleno a la ciudadana Verónica Judith Sánchez Valle, quien también es integrante de la primera terna.

(Se cumple)

¡Bienvenida, ciudadana Verónica Judith Sánchez Valle!

Acude usted ante este Pleno en cumplimiento a lo que dispone el artículo 96 y el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En tal virtud, se le concede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, para presentar su candidatura.

La C. Verónica Judith Sánchez Valle: Buenas tardes. Con la venia del señor Presidente. Señoras Senadores, señores Senadores:

Consciente de lo que ha sido, es y deberá seguir siendo el Senado de la República, para asegurar junto con otras instituciones superiores un mejor destino para los mexicanos.

Es que en el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al punto cuarto del Acuerdo por el que se modifica el diverso de la Mesa Directiva, por el que se establece al procedimiento para el nombramiento de Ministros de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, tarea que por delicada fue encomendada por el Constituyente a este Honorable Pleno, comparezco, a fin de realizar una serie de reflexiones encaminadas a enaltecer a los poderes del Estado mexicano que se integra, entre otros, por este Senado que hoy me abre las puertas y me honra con escucharme.

Y, por supuesto, por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la cual, hoy se me distingue con la posibilidad de pertenecer a ella, como cumbre de mi carrera judicial.

Pero, principalmente, desde ese máximo tribunal, impartiendo justicia que, para que lo siga siendo, debe ser para todos los mexicanos.

Para ello se hace necesario tener en cuenta el sometimiento del estado de derecho al imperio de la ley.

Lo que implica que éste permanece sujeto a controles judiciales que permitan que la justicia impere de tal modo que nadie debe esperar un favor, ni temer la arbitrariedad de cualquiera.

Sin embargo, el estado de derecho implica la independencia de los poderes públicos que garantizan, conforme al artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

Los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que México es Parte.

Para lo cual se logran buenas leyes equilibradas y establecidas por un Poder Legislativo autónomo, integrado, como en este caso, por personas de invaluable calidad, profesional y humana.

La administración de la justicia, ejercida por los jueces que se conduzcan bajo los principios de excelencia u objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Y la ejecución de las leyes efectuadas por un Poder Ejecutivo eficiente, transparente y moderno, como es aquel con el que actualmente contamos.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos nos ofrece varias novedades importantes que trajeron como consecuencia, que dichos derechos se conciban, interpreten y apliquen de manera diferente en nuestro país.

En efecto, los derechos contenidos en nuestra Constitución pasan de ser garantías individuales a derechos humanos garantizados.

El artículo 1o. constitucional, en vez de otorgar los derechos, simplemente los reconoce y también admite que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía a que se refiere la Constitución y los tratados internacionales de los que en México es Parte, lo que pone de manifiesto la apertura clara y contundente del derecho nacional al internacional de los derechos humanos.
El mismo artículo 1o. constitucional adopta la figura de la interpretación conforme en la que, independientemente del rango de que se trate, las normas relativas a derechos humanos, deben de ser interpretadas a la luz de la Constitución y de los derechos internacionales firmados por México, creando con ello un bloque de constitucionalidad conforme al cual debe interpretarse el orden jurídico mexicano en su conjunto.

La mencionada reforma incluyó también el principio de interpelación pro homine utilizado en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales que se han encargado de la protección y salvaguarda de dichos derechos fundamentales, éste permite que ante la posibilidad de la existencia de distintas interpretaciones de una norma jurídica, se elija la que otorgue una mayor protección al titular del derecho humano, así como que en el caso en el que se puedan dar dos o más interpretaciones, el intérprete pueda traer aquella que proteja de mayor forma el derecho humano tutelado.

En el tercer párrafo del artículo 1o. incita con independencia del gobierno o modalidad administrativa que corresponda, impuso a todas las autoridades del Estado mexicano la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Con lo que queda claro que, todo aquel que sea reconocido en la Constitución o por los tratados internacionales, genera obligación para todas las autoridades de este país, las que además deberán cumplirse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad, incluyendo el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

Previamente el texto constitucional prohibía la discriminación por preferencias, lo que podría generar ambigüedad en sobre dicha prohibición.

Sin embargo, la reforma dejó claro que son las preferencias sexuales, las que no pueden ser tomadas en consideración para dar un trato diferenciado a las personas, ni para negarles ningún derecho, agrega como finalidad de la educación que imparte el Estado, el respeto de los derechos humanos, lo que sin duda traerá como consecuencia la formación de personas aptas para que este sea un país mejor para todos los mexicanos.

Se otorga rango constitucional al derecho de refugio, por razones de carácter humanitario, así como la de toda persona que sea perseguida por motivos políticos, con lo que se amplía la solidaridad internacional hacia personas que sufren violaciones en sus países, a quienes se abren completamente las puertas del territorio nacional.

En relación al Sistema Penitenciario Nacional, dispone el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte, deben ser su base, lo que trae como consecuencia que en todos los centros penitenciarios deban respetarse dichos derechos, ya que la privación de la libertad de las personas que delinquen, en modo alguno, debe permitir, por acción u omisión, que las autoridades pasen por encima de los derechos humanos.

Respecto de los extranjeros, en el artículo 33 constitucional se moduló la facultad del Presidente de la República para hacerlos abandonar el territorio nacional mediante la inclusión del respeto de la previa audiencia, y que la expulsión sólo deba proceder en los términos que señale la ley, que se siga el procedimiento que este establezca, siendo también la propia ley la que determine lugar y tiempo que pueda haber la detención de un extranjero para efectos de su posible solución del territorio nacional.

Los derechos humanos se convierten, desde la reforma, en un eje rector de la diplomacia mexicana, ya que se adicionó una fracción al artículo 89 constitucional para el efecto de incorporar como política exterior del Estado mexicano el respeto, la protección y la promoción de esos derechos. Lo que trajo como consecuencia, que ante la acreditación de violación de éstos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones que correspondan, según el ordenamiento jurídico aplicable.

Previo a la reforma que nos ocupa, el artículo 97 de la Constitución otorgaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de nombrar a algún o a alguno de sus miembros, un juez de distrito, un magistrado de circuito o designar a uno o más representantes cuando lo juzgaba conveniente o cuando lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras de este Honorable Congreso o el gobernado de algún estado, únicamente para que averiguaran hecho o hechos de violación de garantías, misma que en rigor no era una facultad jurisdiccional y generaba problemas al interior y exterior de la Corte.

Sin embargo, con dicha reforma, pasó tal facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que sea ésta la que realice la investigación de violaciones graves de esos derechos.

A consideración de la propia comisión, del Presidente de la República, de los gobernadores de los estados, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, legislaturas locales o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Se crea también la obligación a los servidores públicos que no acepten alguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de alguna de las comisiones estatales, a fundar y motivar su negativa, así como hacerla pública, incluso sea o no aceptada toda recomendación debe ser contestada.

En el caso de que una autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por este Honorable Senado, por la Comisión Permanente o bien por la legislatura local, dependiendo de la autoridad de que se trate.

Las Comisiones de Derechos Humanos pueden conocer de cualquier tipo de queja, excluyendo únicamente los asuntos electorales o jurisdiccionales.

Así como el poder reformador tuvo que analizar y laborar arduamente para llegar a lo que he destacado, corresponde al Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales, de sus Ministras y Ministros, de sus Magistradas y Magistrados, de sus juezas y jueces, velar por el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales en que México es Parte, arribando a determinaciones que permitan fijar criterios para que el resto de las autoridades mexicanas, federales, estatales o municipales, judiciales o administrativas actúen en pleno respeto de los derechos humanos de las personas que conformamos esta nación y también de aquellas que por algún motivo no se encuentren en territorio nacional.

Es por esto que a lo largo de mi carrera judicial y no obstante la dedicación que he prestado a cada uno de los puestos que he desempeñado, desde ser lo que hoy conocemos, oficiales administrativos, Actuaria Judicial y Secretaria, Juzgado de Distrito, Secretaria de Tribunal Unitario de Circuito, Secretaria de Tribunal Colegiado de Circuito, Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito, que he buscado formar mis conocimientos a través de la realización de cursos, diplomados y seminarios concernientes a derechos humanos, control de convencionalidad y constitucionalidad y derecho internacional humanitario, lo que ha sido de gran beneficio para mi labor como juzgadora durante casi nueve años de Jueza de Distrito.

Como Jueza de Distrito de Procesos Penales Federales donde, como ustedes saben, se encuentra en juego el segundo de los derechos humanos de mayor entidad que es la libertad. Y actualmente como Magistrada de Circuito en Materia Administrativa, desde donde en su mayoría lo que se encuentra en tela de juicio es el patrimonio de las personas físicas y morales, así como los derechos ejidales y comunales.

He cursado también la maestría en derecho y atendiendo la diversa reforma en materia penal de julio de 2008 con especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Medios Alternos de Solución de Conflictos.

El juicio intermedio sobre prueba de referencia y preacuerdos, impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

La Jornada de Actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales y el curso del Juicio de Amparo Indirecto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Retos y Perspectivas. Además de asistir a la Conferencia Magistral, el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos y cursar actualmente el doctorado en Derecho Constitucional, con lo que busco únicamente ejercer mi encargo como juzgadora federal, atendiendo los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad e independencia a que se refiere el artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como asumiendo y fomentando las virtudes que en términos del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, al que orgullosamente pertenezco, todo juzgador debe tener, como son, entre otras, el compromiso social, la fortaleza, la honestidad, el humanismo, la justicia, el patriotismo, el respeto, la responsabilidad y la sobriedad.

Es por eso que comparezco ante ustedes para que juzguen sobre la idoneidad de mi persona para ocupar ese cargo de la mayor responsabilidad, como lo es el ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo cual, con humildad, pongo a disposición de ustedes, de todos los mexicanos y de la justicia misma, mi experiencia adquirida en los diversos tribunales, mi conocimiento, estudio y dominio de la materia penal, de los derechos humanos e incluso del Sistema Penal Acusatorio, tema, éste último, que constituye actualmente la más grande esperanza de los mexicanos para dar legitimidad a sus jueces y una de las mayores preocupaciones de los poderes públicos del Estado, al cual únicamente quiero servir más allá de la sobriedad y humildad del Tribunal Colegiado en el que me encuentro adscrita, sino hacerlo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que si este Honorable Senado me lo permite, tendré la oportunidad de intervenir en la decisión e interpretación de estos temas que están siendo un parteaguas en el desarrollo jurídico y judicial de esta patria que debe ser de todos los mexicanos.

La reforma en materia de derechos humanos no tendría razón de ser, si en armonía con los demás poderes del Estado; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales no se diera a la tarea de garantizar el respeto y el ejercicio de estos derechos, a través de los mecanismos que el legislador ha puesto al alcance de todos los mexicanos, pues mayormente en este tiempo, como bien lo dijo el sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano, orgullosamente michoacano, José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el y el arbitrario”.

Muchas gracias, señores.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Magistrada Verónica Judith Sánchez Valle.

Solicito al personal de asistencia parlamentaria la acompañe al salón contiguo.

(Se cumple)

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la Carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tuxpan, Veracruz, invitados por el Senador Fernando Yunes Márquez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Pasamos al desahogo de las exposiciones de los integrantes de la segunda terna.
Es el turno de la exposición del señor Álvaro Castro Estrada, integrante de la terna para sustituir al Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza.

Ruego a asistencia parlamentaria conduzca al señor Castro Estrada ante este Pleno.

(Se cumple)

Como en las exposiciones anteriores, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición y no habrá lugar a mociones, preguntas o interpelaciones por parte de los Senadores.

Solicito al señor Álvaro Castro Estrada, haga uso de la voz para presentar su candidatura, hasta por 20 minutos, en términos de lo que dispone el artículo 96 constitucional, y el cuarto punto del Acuerdo aprobado por este Pleno.

El C. Álvaro Castro Estrada: Saludo con respeto y aprecio, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Roberto Gil Zuarth; así como a las y los Senadores presentes en este importante recinto parlamentario, que me honra profundamente y lo cual hago en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Me encuentro hoy aquí, ante esta Soberanía para acreditar, mediante breves palabras por qué aspiro como abogado y servidor público, por más de 35 años, a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y regresarle a través de esta alta y noble responsabilidad a México lo mucho que este maravilloso país me ha dado en oportunidades y experiencias.

Formar parte de una terna en tan relevante proceso, es per se, un gran privilegio.

Una vez conformada mi vocación por el derecho y resuelta la determinación de estudiar en la Escuela Libre de Derecho, apenas iniciados los cursos recibí la primera sacudida intelectual relacionada con la justicia en mi país, por parte de un ilustre mexicano, don Antonio Carrillo Flores, que en una memorable conferencia en el año de 1976 afirmó: “Que para efectos operativos, y a pesar de algunas disposiciones legales al respecto, el Estado mexicano irá irresponsable por los daños que en ejercicio de sus funciones causaron los particulares, administrados o gobernados”.

No necesitaba estar en cursos más avanzados de mis estudios de derecho para que tal situación provocará en mí una viva inconformidad, ya que el más elemental sentido de justicia ordenaba que el Estado fuere tan responsable, o incluso más de como los particulares lo somos o debemos ser por los daños que se causen.

El propio don Antonio sentenció: “No toda la culpa ha sido de la ley de 1941 sobre depuración de créditos fiscales, mucha la han tenido los abogados que no han luchado con suficiente vigor por su reforma”.

Von Ihering, hace ya más de un siglo enseñó que: “Sin lucha, el derecho no avanza. Alentar a las nuevas generaciones a que sigan luchando, fue el principal motivo que me hizo venir a esta ilustre escuela”.

Esta inconformidad que asumí como desafío fue creciendo en mí, y cuando inicié mis estudios de postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tomé la decisión de escribir mi tesis doctoral sobre el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, con el propósito de modificar aquel Estado injusto de cosas, y porque sabía que este tema, conjuntamente con el principio de legalidad, son los pilares fundamentales del derecho administrativo. Y no sólo eso, sino que representa un elemento constitutivo de un verdadero estado de derecho, porque un Estado responsable es un Estado que merece confianza.

Como resultado del estudio doctrinal exhaustivo del tema en el derecho mexicano y comparado, porque entonces nada o muy poco había escrito en nuestra literatura jurídica, propuse una reforma constitucional para introducir una nueva garantía a fin de salvaguardar el derecho a la integridad patrimonial de los particulares, la responsabilidad patrimonial del Estado, de carácter objetiva y directa.

Como consecuencia de un incesante esfuerzo académico y doctrinal, de impulso y gestiones interminables en muy diversos foros y ante legisladores y servidores públicos de todos los rangos, le cumplí a Carrillo Flores, a mí mismo, y lo más importante, le cumplí a México.

Lo que inició como una inquietud de inconformidad en el aula, se transformó con el tiempo en una propuesta concreta, la cual fue retomada en 2004 por el poder reformador de la Constitución, y así fue incorporado en el segundo párrafo del artículo 113 de la Carta Magna, hoy artículo 109, último párrafo, la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuya finalidad es elevar la calidad de los servicios públicos en lugar de destinar los dineros de los mexicanos al pago de indemnizaciones.

Igualmente, poco tiempo después, fue propuesto un anteproyecto de ley reglamentaria de la nueva disposición constitucional, misma que prosperó en el Poder Legislativo Federal hasta expedirse la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, vigente desde 2005.

Tan arduo y apasionante esfuerzo lo compartí con muchos, toda vez que este logro en favor de los gobernados de ninguna manera fue unipersonal, además, debo decir, el tema no está agotado.

Esta experiencia de lucha por el derecho me da oportunidad de expresar, sin extenderme, que he podido seguir contribuyendo al mejoramiento del orden jurídico nacional, participando en grupos de trabajo en los que fueron elaborados, entre muchos otros instrumentos, proyectos como el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal del Trabajo y un anteproyecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Durante 18 años impartí clases en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y no me cansaré de predicar que el derecho está vinculado con la cultura, la historia, la economía, la planeación y los valores.

En efecto, el derecho es un instrumento privilegiado y dinámico de transformación social, y la Constitución la más alta instancia de naturaleza normativa y conformadora de la realidad que trasciende el proyecto de nación que sintetiza.

Estoy convencido del imprescindible papel que los valores tienen en el derecho y en la organización y funcionamiento del Estado y la sociedad.

Como bien dijera el doctor Sergio García Ramírez: “El derecho es una definición y una medición de valores”.

En este sentido, toma los acontecimientos y quiere enderezarlo hasta ciertos ideales.

También debe tenerse presente lo que Durkheim llama la anomia del derecho, que deviene de un debilitamiento del respeto de la norma y la incapacidad de controles sociales para hacerla cumplir, particularmente respecto de los denominados derechos difusos y las normas programáticas de la Constitución.

Para combatir dicho fenómeno, se requiere igualmente sistemas coactivos y de responsabilidad más efectivos, pero más importante aún, mayor y mejor respuesta de los valores sociales de la comunidad y, por consiguiente, mayores grados de legitimidad que permitan alcanzar crecientes niveles de eficacia legal.

Esta es nuestra tarea jurídica al presente y el futuro próximo.

En estos tiempos de cambios acelerados es, particularmente, importante entender que el valor tiene una función legitimadora de la propia norma jurídica, al grado que idealmente debe llevar al cumplimiento voluntario de las mismas, porque en tales casos existe una adecuada correspondencia entre los que se condena como prescripción obligatoria de aquello que se considera digno de acatar, en tanto que favorece la pacífica convivencia social.

En esto consiste la auténtica cultura de la legalidad de importancia mayúscula para nuestra sociedad contemporánea.

Esta concepción del derecho, en general, desde luego encuentra expresión en el derecho constitucional, ya que como sabemos, toda Constitución contiene un entramado de valores o consensos básicos de una comunidad nacional que sirven tanto de guía indispensable en la interpretación e integración de las normas fundamentales, como de límite a la misma.

¡Qué duda cabe! Esta es una de las más importantes funciones del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los jueces constitucionales deben ser especialmente sensibles para ser capaces de descubrir, en las disposiciones constitucionales, que son más generales y abstractas que las normas secundarias, los valores aceptados por una comunidad política que condensa su contenido.

Además, dicha interpretación, como enseña el doctor Héctor Fix Zamudio, debe tener un carácter progresivo y no simplemente conservador, ya que los cambios de la realidad social que se regula suceden con gran rapidez y se corre el frecuente riesgo que la aplicación de las normas se tenga que hacer en una realidad diversa al del tiempo de su creación.

Más allá de doctrinas, escuelas de pensamiento, ideologías o creencias, soy un abogado que reconoce como premisa fundamental de su ser y hacer la importancia de la persona humana, como ser pensante y libre que cuenta en sí mismo con un potencial que al lado de sus congéneres le permite desarrollarse íntegramente en un mundo con significado y con sentido de pertenencia.

En efecto, la individualidad como triunfo del espíritu nace y se recrea en un mundo socializado en el que los individuos coexisten retroalimentando en función de su particular virtuosismo a su comunidad y abrevando de ella igualmente a través del efectivo vehículo del conocimiento y la cultura objetivada.

Animo la convicción de que una sociedad organizada debe estar condicionado a un orden ético, pues no basta con la existencia de normas jurídicas y reglas sociales que le dan certeza a la convivencia, sino que éstas deben responder a principios filosóficos y morales a fin de darle sustento al valor de la justicia.

Por lo anterior, pienso que el periplo de la noción de Estado puede y debe dirigirse en los hechos hacia un Estado social y democrático de derecho.

Un Estado con sustrato ético donde seamos solidariamente corresponsables de su edificación, consolidación y evolución.

En congruencia con esta forma de pensar, como integrante de un órgano federal de impartición de justicia, soy yo el puntual observador del Código de Ética del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e incluso en su momento impulsé en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la adopción de los principios de independencia y parcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, de ahí que comparto plenamente los postulados que enuncia el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

Quiero reconocer aquí que esta enseñanza, como tantas otras, se la debo a mi admirado maestro, el Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien después de toda una vida consagrada a la función jurisdiccional continúa impulsando el comportamiento ético de los juzgadores mexicanos.

A este respecto debo agregar que las decisiones si se toman en los órganos colegiados jurisdiccionales profundizan el mencionado principio de objetividad, porque las decisiones acaban construyendo, a través del debate y la discusión respetuosa y razonada.

Como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, experimenté especialmente este proceso frente a 24 Magistrados en sus sesiones de pleno.

De manera que, finalmente, lo que debe prosperar en la decisión mayoritaria de sus integrantes, siempre anteponiendo el derecho a las ideas o creencias personales que todo juzgador tiene en lo individual.

Consecuencia lógica de la concepción del derecho como lucha, como vida objetivada y, por lo tanto, parte de la cultura y como expresión de valores individuales y sociales que fundamentan el deber jurídico, es fácil arribar al tema de los derechos humanos, tanto los reconocidos expresamente en nuestra Ley Fundamental como aquellos también comprendidos como internos de fuente internacional.

Bienvenido el bloque de constitucionalidad referido a los derechos humanos en nuestro orden jurídico en México.

Una conquista laudable y una verdadera hazaña de la libertad que ha venido a permear para bien todo nuestro sistema jurídico, porque pone al ser humano en el centro de nuestra vida social.

Se trata de una verdadera revolución para nuestras instituciones y la forma de resolver las controversias sometidas al conocimiento de todos los órganos jurisdiccionales y autoridades en general, y así, nunca más pasar por alto el principio pro homine o pro persona. El Just d’Isere tendrá cada vez que hablar más claro y fuerte en clave de derechos humanos.

Se trata, sin duda, de una ingente tarea que no excluye a nadie en la que se deberán observar siempre la conflictividad social para buscar las mejores fórmulas de convivencia social, pacífica y civilizada en favor de bien común que evidentemente tiene como expresiones elocuentes la libertad y la justicia social, particularmente de un país que padece carencias enormes y desigualdad lacerantes.

El juez constitucional no puede, no debe permanecer ajeno a esta realidad.

Más que describir aquí las improntas legales de este formidable reto que se ha incorporado a nuestro ADN constitucional, destaco que es pertinente vigilar con prudencia que esa eclosión de derechos y libertades no exceda el deseable humanismo que lleva consigo nociones fundamentales de ponderación y armonía entre valores para evitar colisiones entre principios morales y jurídicos que pudieran comprometer mucho de lo logrado, a golpes de avances plausibles como el conjunto de reformas transformadoras que han venido a enriquecer el amplio catálogo de nuestras disposiciones en materia de derechos humanos.

Sin duda, la nueva Ley de Amparo viene a complementar estos empeños con disposiciones actualizadas que recogen conceptos y criterios que se encuentran más cercanos a la realidad después de un análisis y discusión de altura por más de una década.
Este instrumento de control constitucional por antonomasia viene a complementarse con los procedimientos propios de la justicia constitucional como las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

Especial atención tendrán que tener la doctrina, el legislador y el intérprete constitucional y ordinario respecto de las irrefrenables influencias de lineamientos y ordenamientos internacionales, que en muchos casos, fuera de nuestra tradición hispano-romano de canónica perecieron para incorporar figuras jurídicas conforme a otras tradiciones que será necesario compatibilizar y definir sus alcances para no romper instituciones legales sin un preámbulo crítico y optativo previo.

Por ello, y por la multiplicidad de disposiciones legales internas, la jurisprudencia constitucional deberá realizar un esfuerzo de unificación coherente y con base a los principios generales del derecho.

Entre las reformas constitucionales recientes, especial mención merece la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, a la que califico de encomiable e indispensable para hacer frente a un fenómeno de dimensiones y nocividad notorias. En mucho la estabilidad del Estado está comprometido a ese fin.

Poner un valladar cultural y legal a la corrupción es imprescindible. No puede haber un verdadero estado de derecho bajo amenaza constante en que la población padece sus consecuencias.

El derecho que está para resolver, con técnicas eficaces y valores reconocidos, problemas de la realidad histórica, tiene que mirar más alto y seguir proponiendo fórmulas idóneas y concatenadas que impidan el avance del cáncer de la inseguridad y la incertidumbre.

Ante este indignante problema, me declaro firme combatiente de la corrupción bajo los instrumentos legales secundarios que se encuentran en estudio sistemático y que buscarán alcanzar la indispensable congruencia interna entre las muy diversas leyes secundarias que la reglamentarán, de acuerdo a la prioridad nacional que representan.

Estoy cierto que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cual se le han encomendado las sanciones de las faltas graves a los servidores públicos y los particulares asociados, cumplirá profesionalmente esta tarea tan delicada como necesaria.

Hasta aquí les he referido brevemente aquellos aspectos que considero muestran cómo pienso, así como algunos retos que con entusiasmo y perseverancia he enfrentado con resultados a partir de mi indeclinable vocación de servicio que me impulsa a seguir trabajando incansablemente en favor del derecho, y por ende, de nuestro querido México.

Bajo protesta de decir verdad, declaro ante ustedes, señoras y señores Senadores, en esta alta tribuna, que no tengo ningún conflicto de interés.

Mi compromiso, si esta Soberanía determina aprobar mi candidatura a tan insigne Cuerpo Colegiado, es actuar en todo momento con probidad, análisis crítico, apego a la ley, imparcialidad, responsable y sensible a realidades y problemas de nuestra sociedad, y atento al dinamismo del derecho, con el propósito de adoptar las mejores decisiones en favor de una justicia verdadera y cercana a la persona humana.

Garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar nuestro régimen de libertades bajo los principios de equidad e igualdad, es premisa fundamental que guía mi ejercicio como juzgador, y en el caso particular tendré presentes los valores y obligaciones consustanciales a la actividad jurisdiccional independiente que deseo cumplir en mi máxima capacidad, a la altura de un tribunal constitucional mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, don Álvaro Castro Estrada, por su intervención.

Solicito al personal de asistencia parlamentaria conduzca al licenciado Álvaro Castro Estrada al salón contiguo, e invite y acompañe a pasar al ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez, integrante igualmente de la terna para sustituir al Ministro Silva Meza.

(Se cumple)

Sea usted bienvenido, señor Alejandro Jaime Gómez Sánchez, acude usted ante este Pleno en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96 constitucional y el punto resolutivo cuarto del Acuerdo que norma el procedimiento para la elección de Ministros.

En tal virtud, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos para presentar su candidatura.

Proceda, por favor, abogado Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

El C. Alejandro Jaime Gómez Sánchez: Gracias, señor Presidente. Distinguidas Senadoras y distinguidos Senadores. Señoras y señores:

Es un honor para mí comparecer ante el Senado de la República en términos del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la distinción que me otorgó el Ejecutivo Federal al incluirme en una terna a efecto de que esta Soberanía pueda considerarme como aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país.

Hoy, con todo respeto, someto a la consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, las características y razones por las que estimo que mi perfil es el idóneo para ocupar la alta investidura de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, también considero necesario hacer un planteamiento sobre los retos y perspectivas de la justicia constitucional en México.

Parto de la premisa fundamental de que al Poder Judicial de la Federación le corresponde esencialmente la función de impartir justicia, pero además es el encargado de mantener el equilibrio constitucional de los demás Poderes y de los órganos autónomos.

En ese sentido, es responsable de que las instituciones del Estado funcionen conforme al orden constitucional y al mismo tiempo garantice los derechos fundamentales de las personas.

Esta es la visión que quiero aportar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la armonización entre los derechos fundamentales de las personas y la funcionalidad de las instituciones del Estado conforme al orden constitucional.

La propia Suprema Corte ha señalado que el principio de división de poderes no es rígido, sino que la división funcional de atribuciones opera de manera flexible ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado.

El principio de división de poderes está atemperado, ejemplos claro de ello son las facultades de la Suprema Corte para dictar acuerdos generales para una mejor impartición de justicia, las cuales son materias legislativas. Asimismo el juicio político cuya resolución corresponde a este Senado de la República, erigido en jurado de sentencia, la cual es una función judicial, y en cuanto al Ejecutivo la facultad reglamentaria, que es una función esencialmente legislativa, por citar algunos.

Estas atemperaciones, antes señaladas, no rompen el principio de división de poderes, primero, por estar previstas directamente en el texto constitucional, y segundo porque es la fórmula para sostener el equilibrio entre los mismos poderes bajo el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el balance constitucional.

Bajo este contexto, las resoluciones del Poder Judicial de la Federación:

1.- Dirime las controversias que se suscitan en el ámbito de competencia federal.

2.- Se erigen como valladar respecto de actos de autoridad que pretenden afectar los derechos fundamentales de las personas, ya sean reconocidos en las Constitución o en los tratados internacionales.

3.- Restablecen el orden cuando las autoridades han actuado al margen de la Constitución, o en invasión de las funciones de otro poder u órgano, estas últimas emitidas de manera exclusiva por la Suprema Corte al resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Las decisiones de los órganos jurisdiccionales desde luego tienen impacto respecto de las partes en la contienda, pues en todo caso conceden o niegan la pretensión demandada, este es el sentido estricto de la impartición de justicia por la cual se resuelve sobre las acciones promovidas por el actor y las excepciones del demandado de conformidad con el orden jurídico.

En cambio las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen impacto en todo el sistema normativo y, por ende, en el orden social, económico y político, afectan consecuentemente el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas y de los órganos constitucionales autónomos, en suma, afectan de alguna manera a toda la población.

La Suprema Corte al tiempo de garantizar la funcionalidad de los órganos del Estado deben impartir justicia en el sentido estricto, esto es, el concepto básico acuñado en el Derecho Romano, dar a cada quien lo suyo, concepto del que respetuosamente considero que ningún órgano jurisdiccional se puede apartar.

Es aquí donde debo hacer un profundo reconocimiento a nuestra Suprema Corte, y a cada uno de sus integrantes, especialmente a la señora ministra Olga Sánchez Cordero, y al señor ministro Juan Silva Mesa, pues han tenido un claro razonamiento en la aplicación de la ley en un sentido progresista en la promoción y protección de los derechos humanos y siempre han abanderado la función básica de un juzgador, consistente en impartir justicia.

La prudencia en las determinaciones de la Corte debe ir en el sentido de armonizar la funcionalidad de los órganos del Estado, pues estos han sido creados por el Legislativo, precisamente, para el cumplimiento de funciones específicas, con los derechos de las personas, los cuales se ven afectados por la actuación de dichos órganos.

En el funcionamiento de las instituciones es imprescindible respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, así como el interés general, esta es la armonización que permite el desarrollo del Estado en su conjunto y de cada uno de sus integrantes a partir de la base esencial de la justicia.

En este sentido, las sentencias al amparo del fortalecimiento de la visión de los derechos humanos deben prever sus efectos y alcances en cuanto a todo el sistema normativo, de tal suerte que la decisión judicial debe restituir a la víctima y reparar el orden quebrantado, sin que ello implique anulación de la función estatal.

Esto es lo que veo como jurisprudencia, la decisión judicial prudente que cumpla con el objetivo de impartir justicia y garantizar la protección de los derechos humanos, así como mantener el orden público y la aplicación del sistema normativo.

En tal virtud, es necesario que la Corte ejerza con prudencia su función, pues sin duda alguna le corresponde definir los parámetro de constitucionalidad de las políticas públicas contenidas en el sistema normativo, pero no puede establecer dichas políticas por sí mismas, de esta manera la Suprema Corte garantiza la constitucionalidad de los órganos e instituciones del Estado democrático en el cumplimiento de sus funciones, en armonía con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, pero sin arrogarse las facultades de tales órganos o instituciones.

En todo este esquema, es de la mayor importancia la reforma constitucional en materia de derechos humanos y los avances significativos de la Suprema Corte.

Sin duda, la incorporación de los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales en nuestro orden constitucional y la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo por citar algunos aspectos, han marcado desde el 2011 una nueva ruta en el quehacer jurisdiccional en la cual ya estamos inmersos.

Entre tales, se encuentra una nueva concepción de los derechos humanos en materia penal, la cual exige igualmente, una nueva visión armónica entre los derechos del imputado y los derechos de las víctimas del delito.

Si bien es imprescindible atender las reglas del debido proceso para la obtención de una sentencia condenatoria. También es cierto que no se pueden soslayar los derechos de las víctimas, las cuales cada vez son más activas en su intervención en los procedimientos, máxime en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Estos derechos están tutelados en la Constitución y se desarrollan en la Ley General de Víctimas que impone obligaciones específicas al Estado, tendientes a la reparación integral y la recomposición del orden público y tejido social. Pero en los hechos, aún nos falta un largo camino por andar.

A este respecto, quiero referirme de manera especial al avance en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, a partir de decisiones trascendentales de la Suprema Corte de Justicia, algunas de ellas derivadas igualmente de resoluciones, de tribunales internacionales, como el caso conocido como: “Campo algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gracias a estas resoluciones, el Estado ha podido avanzar en la construcción de los instrumentos normativos y las políticas necesarias para identificar, prevenir, combatir, sancionar y erradicar la violencia de género.

La violencia de género parte de una base cultural sostenido en estereotipos de comportamiento, entre hombres y mujeres, basados en su rol sexual.

Estos estereotipos son preconcepciones que cuando implican la subordinación de la mujer o su discriminación se traducen en violencia por razón de género, precisamente cuando su comportamiento se aparta del estereotipo socialmente generalizado.
Podremos erradicar la violencia de género cuando entendamos todos que las mujeres tienen un rol igual al de los hombres en la evolución del entramado social. Esta comprensión es la que nos han dado las sentencias de los órganos jurisdiccionales, al contribuir al rompimiento de estereotipos y, consecuentemente, el punto de cambio en el orden normativo y en las políticas del Estado.

Hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es principio fundamental para una verdadera igualdad, tanto ante la ley, como en la realidad cotidiana, y la jurisprudencia debe ser punta de lanza para ello.

En el ejercicio de diversos cargos en el servicio público, particularmente en las instituciones de procuración de justicia, he podido constatar personalmente la gran diferencia que existe entre las disposiciones jurídicas y la realidad práctica. Esto acontece de forma muy clara en la discriminación y violencia a mujeres, niñas y adolescentes.

Por lo anterior, ha sido mi convicción emprender estrategias y acciones para hacer efectivos los derechos de las mujeres.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, es de las pocas instituciones que cuenta con una Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que atiende, entre otros, los casos de feminicidio, trata de personas y de personas desaparecidas, ausentes o extraviadas.

Asimismo, he impulsado el establecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres y la implementación del Protocolo Alba para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas.

Acorde con las resoluciones judiciales, he contribuido, desde mi posición actual como Procurador, a la expedición del protocolo de investigación de feminicidios y normas de actuación interna para que toda muerte violenta de mujer sea investigada, desde los primeros momentos, bajo la perspectiva de género.

En cuanto a mi perfil para asumir el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetuosamente me permito señalar a este Honorable Senado de la República, que cuento con alrededor de 25 años en el servicio público en diversas dependencias e instituciones de los gobiernos federal, del Distrito Federal y del Estado de México.

Durante todo este tiempo, me he desempeñado con legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos.

He sido servidor público con un gran compromiso con mi país en cinco administraciones federales distintas, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con cuatro titulares, tuve oportunidad de participar en el proceso de diversas reformas constitucionales y legales que hoy forman parte del orden jurídico que nos rige.

He colaborado con cuatro procuradores generales de la República y dos de entidades federativas.

Esas experiencias me han permitido vivir la evolución del Sistema de Justicia, pasando por las reformas constitucionales de 1996 y 1999, que cambiaron la concepción de elementos del tipo penal por la de cuerpo del delito, para la emisión de orden de aprehensión y auto de formal prisión, y que incorporan la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la regulación en materia de delincuencia organizada, así como múltiples reformas legales en materia penal y procesal hasta llegar al sistema de justicia penal acusatorio, que se encuentra actualmente en implementación a nivel federal y en varias entidades, el cual he podido conocer desde la concepción de todo el marco normativo y en su aplicación práctica.

Gracias a esta experiencia, he visto la operación del sistema penal en el fuero federal, pero también y, no menos importante, en el fuero común. Ello me ha permitido conocer las prácticas en una agencia del ministerio público, tanto en lo que hace al móvil del comportamiento delictivo como a la desesperación de las víctimas, en muchas ocasiones ni la ley, ni la jurisprudencia atienden estos aspectos.

He tenido la satisfacción de recibir el agradecimiento de una víctima de secuestro por haber logrado la condena del probable responsable, pero también he tenido la frustración de la impunidad, derivada de una mala actuación del Ministerio Público o de una resolución superficial de la autoridad judicial.

No obstante, también es un hecho que mi posición actual como Procurador General de Justicia del Estado de México, me obliga a dar respuesta a interrogantes sobre casos complejos que han sido del conocimiento público a nivel nacional.

Uno de ellos, se refiere a la intervención de la Procuraduría con motivo de los hechos en que perdieran la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado de México atendió el comunicado que hicieron elementos militares con motivo de hechos constitutivos de delitos federales, en apoyo y auxilio del Ministerio Público de la Federación y ante la urgencia del caso, practicó las primeras diligencias.

En ese sentido, cabe destacar lo siguiente:

1.- Se procesó el lugar de los hechos en los términos en que éste fue hallado.

2.- Se tomaron entrevistas de los elementos militares, quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado.

3.- Se recabaron las primeras entrevistas de las mujeres que se encontraron en el lugar de los hechos, a quienes el Ministerio Público dio la condición de víctimas y otorgó medidas de protección.

4.- Se practicaron las diligencias periciales inmediatas.

5.- Tres días después de los hechos, la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República para la continuación de las investigaciones por tratarse de hechos, materia de su competencia.

6.- De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la procuraduría mexiquense, lo cual, a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales.

7.- El procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones.

8.- Las posibles omisiones, deficiencias, insuficiencias del personal de la procuraduría local sobre el procesamiento del lugar de los hechos, derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de los procesos de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes en los términos de la propia recomendación.

9.- Sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de los probables responsables, quienes se encuentran vinculados a proceso penal.

10.- La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en vías de cumplimiento y estamos atendiendo todos y cada uno de sus puntos resolutivos.

He puesto a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes los hechos, las evidencias y al personal actuante, y en todo caso, seré respetuoso de las decisiones de los tribunales.

Desde luego, estoy a las órdenes de las Senadoras y Senadores para ampliar información sobre el caso, siempre que ello no comprometa el curso de las investigaciones en términos de ley.

Distinguidas Senadoras, distinguidos Senadores: En el ejercicio de mis funciones he cumplido con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como titular del Ministerio Público de la entidad más poblada y una de las más complejas del país, he procurado su modernización, el apego a la ley, el respeto a los derechos de todas las personas, la presentación de argumentaciones novedosas ante los tribunales para así propiciar la evolución del orden jurídico, y también he respetado a cabalidad el principio de lealtad y buena fe en el proceso.

De tal suerte que no he titubeado en decisiones que implican el desistimiento de la acción penal o el fincamiento de responsabilidades en los casos procedentes.

Procurar justicia significa un claro compromiso de imparcialidad y objetividad, así como de independencia, ya sea frente al poder público o frente a los intereses del sector privado.

Yo he asumido ese compromiso, mi lealtad está con la ciudadanía, con la ley y con las instituciones de la República, con nadie más.

Mi más profundo reconocimiento a esta Cámara de Senadores y a todos y a cada uno de sus integrantes por su labor republicana y forjadora de las instituciones del Estado.

Reconozco muy respetuosamente a los doctores Javier Laynez Potisek y Álvaro Castro Estrada, con quienes comparto la distinción de participar en la terna para ser considerado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ser designado como tal, sumaré mis capacidades y esfuerzos al trabajo constructivo de los ministros.

Tengo un profundo compromiso con mi patria y seguiré sirviendo a México desde cualquier trinchera.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agradecemos su exposición, licenciado Gómez Sánchez.

El personal de asistencia lo acompañará al salón contiguo; y ruego se invite a pasar ante este Pleno al señor Javier Laynez Potisek, quien es integrante de la terna para cubrir la vacante que dejará el Ministro Juan Silva Meza.

(Se cumple)

¡Sea usted bienvenido ciudadano Javier Laynez Potisek!

Acude usted ante este Pleno en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución y el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo parlamentario que regula el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte.

En dicho Acuerdo se prevé que dispone usted de hasta 20 minutos para presentar su candidatura.

Proceda por favor, doctor Javier Laynez Potisek.

El C. Javier Laynez Potisek: Señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

En esta breve presentación me gustaría, en primer lugar, dar a conocer cuál fue el camino que me llevó a ser abogado y servidor público.

Acto seguido, quisiera compartir con ustedes cuáles son los factores que en mi opinión a partir de la reforma constitucional de 1994-95 han convertido a la Suprema Corte de Justicia en uno de los pilares del Estado mexicano.

Concluiré con algunas reflexiones sobre la idoneidad de la candidatura.

Originalmente yo quería ser diplomático de carrera, representar a México en el extranjero. Sin embargo, a finales de los 70’s, la oferta educativa en Torreón era limitada, mi familia no pudo asumir el costo que implicaba estudiar y vivir en la ciudad de México.

Es así que en Monterrey inicié mis estudios de derecho gracias a una beca que me otorgó la Universidad Regiomontana mientras trabajaba de medio tiempo en la biblioteca.

Durante la carrera, el derecho constitucional y el derecho administrativo captaron de inmediato mi interés. Estoy seguro que en ese momento lo que más me atrajo fue el impacto que produce la acción gubernamental en cualquiera de sus funciones: ejecutiva, legislativa o judicial.

El acto administrativo, el acto de gobierno, la expedición, la reforma de una ley, las resoluciones judiciales, todas estas manifestaciones del Estado modifican la expectativa de miles de ciudadanos y transforman profundamente, afirmativa o negativamente, comunidades enteras e incluso a la totalidad del país.

Mi primer trabajo de investigación, es decir, mi tesis profesional de licenciatura llevó como título “La Reforma Administrativa en México y sus Etapas de Implementación”.

En 1983 ingresé por concurso en el nivel más bajo de la jerarquía a la Procuraduría Fiscal de la Federación, paradójicamente, muchos años después llegaría a ser titular de la misma. Así inicié mi carrera que ahora suma más de 25 años al servicio del Estado.

Dos años después, también mediante concurso, obtuve una beca del gobierno francés y cursé mí Doctorado en Derecho Público en la Universidad de París, con la tesis denominada “El Nuevo Rol del Estado Mexicano Frente al Sector Público Productivo”. Mi vocación por lo público maduró y se enriqueció.

Al regresar a México enfrenté una encrucijada, servir al país desde una de las instituciones académicas públicas más prestigiadas, el Colegio de México, quien me hizo una oferta para integrarme a su claustro de investigadores de tiempo completo, o bien volver al servicio público en activo. Circunstancias afortunadas me permitieron compaginar ambas actividades.

Reingresé como funcionario a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, pero pude mantener ininterrumpidamente, desde entonces, mis actividades de enseñanza a nivel de licenciatura y maestría en instituciones públicas, como el COLMEX y el CIDE.

En el servicio público he tenido el privilegio de participar activamente en las más importantes reformas constitucionales y legales que han modificado el derecho mexicano, como la propia reforma al Poder Judicial, la reforma en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el Código Civil en materia de Violencia Intrafamiliar, la primera Ley de Transparencia, la adopción del Sistema Penal Acusatorio, la primera Ley de Telecomunicaciones, hasta la iniciativa constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

A lo largo de este tiempo también adquirí una vasta experiencia en el litigio  constitucional.

Hoy quiero referirme, en específico, a la reforma al Poder Judicial, en la que participé junto con otros distinguidos juristas, desde su concepción hasta la redacción de las iniciativas de reforma constitucional, del artículo 105 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

La creación del Tribunal Constitucional marcó un hito en la historia del país y transformó profundamente el ejercicio del poder y la relación de éste con los ciudadanos.

Esta reforma es, sin duda, uno de los cimientos de construcción del estado democrático de derecho que con tanto esfuerzo estamos consolidando.

Ciertamente la reforma se ubicó en un contexto de una sociedad mexicana mucho más alerta e informada, una sociedad que demandaba un cambio en el ejercicio del poder y dispuesta a defender y hacer efectivos sus derechos.

Por ello, tuvo 2 ejes fundamentales: por un lado, el equilibrio de poderes, mientras que la regularidad electoral implicaría, de manera casi inmediata, el surgimiento de un Poder Legislativo fuerte, el Poder Judicial, señaladamente la Suprema Corte requerían de una amplia reforma, desde la parte orgánica, hasta la consolidación del tribunal constitucional. Sólo así asumiría su rol como un auténtico poder del Estado que hiciera contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, y permitiera ordenar el proceso federalista, que por aquellos años cobraba vigor.

Por otro, se buscó garantizar la supremacía de la Constitución en un país donde el único medio efectivo, pero limitado de control constitucional, había sido el juicio de amparo, a ello obedeció la introducción de la acción de inconstitucionalidad y la ampliación de los supuestos y regulación de la controversia constitucional.

Por estas razones, la selección de los ministros ha sido, desde entonces, una de las decisiones políticas de mayor trascendencia. Implica la acción razonada de 2 poderes constituidos que deben garantizar la integración del único poder del Estado que no está sujeto al control democrático directo, pero que al mismo tiempo, es el guardián último de los valores democráticos y republicanos que consagra la Constitución.

La renovación de 2 ministros que hoy nos convoca, concluye una larga etapa de reforma institucional iniciada hace 20 años, frente a ella se abren los nuevos retos que plantean las reformas constitucionales acumuladas a lo largo de los últimos años, en los cuales la Suprema Corte de justicia de la Nación tendrá un papel particularmente relevante. Veamos por qué:

Primero.- Porque la acción de inconstitucionalidad dejó de ser exclusivamente un mecanismo de control de la ley por parte de la minoría parlamentaria contra la decisión de la mayoría.

Hoy también tienen legitimación activa los partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Ejecutivo Federal y la tendrá el Fiscal General.

Segundo.- Porque en las controversias constitucionales se han agregado, además de los Poderes Federal, Estatales y Municipales, todas las autonomías constitucionales creadas recientemente: IFT, Cofece, INAI, entre otros.

Tercero, y quizás el más importante.- Porque las reformas de derechos humanos y de amparo de 2011, modificaron el paradigma de la actuación y control de los órganos del Estado mexicano.

El reposicionamiento del ciudadano, individual o colectivamente, ha obedecido a un proceso político que decidió la apertura del orden jurídico nacional y su interrelación, hoy irreversible con el derecho internacional.

El Constituyente Permanente fue sumando gradualmente a nuestro país en una agenda progresista de corte internacional.

La Constitución y la interpretación de nuestro máximo Tribunal ha sentado las bases para la construcción de una nueva institucionalidad, no sólo superaron nomenclaturas arraigadas y redefinieron el concepto de jerarquía de la norma, sino que también perfeccionaron los mecanismos para hacer efectivos el ejercicio de los derechos humanos.

El interés legítimo que amplíe el acceso a colectivos sociales que anteriormente impulsaban sus agendas por vías distintas a las jurisdiccionales.

El control de convencionalidad y el principio pro homine.

La posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales y el control difuso que permiten, en el primer caso, la expulsión y, en el segundo, dejar de aplicar una norma aprobada por la mayoría del órgano de representación democrática.

Si el papel de nuestro máximo Tribunal se pensó originalmente para atender las cuestiones de gobernabilidad inmediatas, ejercicio ordenado del poder, fortalecimiento del municipio, justicia pronta y expedita, debido proceso, hoy en día lo colocan como el garante directo, o a través de su jurisprudencia y criterios interpretativos, de la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero de todos los derechos humanos, ya no sólo de los derechos civiles y los políticos, sino los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente.

Estos últimos, por cierto, además con una connotación jurídica concreta en que dejamos aquella añeja concepción de considerarlos como simples anhelos o expectativas.

Adicionalmente los medios de control constitucional habrán de llevar a la Suprema Corte a revisar la regularidad constitucional de políticas públicas que son pilares para el desarrollo y crecimiento del país, tales como: telecomunicaciones, competencia económica y salud pública.

Todo lo anterior, como dije, forma parte de una nueva etapa para la Suprema Corte y pone de relieve el perfil de los ministros, pero también abre el debate entre creatividad judicial, por un lado, y la deferencia o auto restricción del máximo Tribunal, por el otro.

Este debate debe abordarse sin temores, pero también sin injustificados encasillamientos.

Estoy convencido del poder de adaptabilidad del derecho a la cambiante realidad social, esto es fundamental e inevitable cuando se interpreta un texto como la Constitución, primero, por ser esta la norma general por antonomasia, es decir, no puede ser exhaustiva, y, segundo, por el complejo sistema que para su modificación previó el Constituyente de 1917.

Así, el intérprete constitucional debe ser receptivo a las nuevas propuestas de interpretación y de alguna manera aprender a desaprender lo que por años asimilamos, aplicamos y, en mi caso, enseñamos.

La justicia constitucional no tiene como objetivo el crear consensos o mayorías, sino proteger derechos, así sea para una sola persona o una minoría, pero también hay que reconocer que este nuevo paradigma constitucional conlleva aspectos políticos, económicos, sociales e incluso financieros que trascienden el ámbito estrictamente jurídico.

Por ello, no es superfluo recordar que el respeto irrestricto a los derechos humanos y la convivencia armónica de la sociedad es responsabilidad de todos los poderes del Estado.

El Tribunal, como órgano límite, Suprema Corte, tiene una responsabilidad mayor, ciertamente, pues le corresponde asegurar el máximo ejercicio de las libertades y los derechos en cumplimiento estricto al mandato del artículo 1o.

Pero el juez constitucional debe buscar producir cambio con estabilidad, mantener la coherencia del sistema jurídico, tomar en cuenta las limitaciones institucionales y proteger la democracia, reconociendo el poder de la mayoría al mismo tiempo que reconoce los límites de ese poder determinado por la supremacía de los principios y de los derechos humanos.

Señoras y señores Senadores:

Soy un mexicano afortunado de colaborar en la transformación constitucional reciente del país, que ha sido partícipe activo en la trinchera de la acción gubernamental y que he tenido una enriquecedora experiencia en el litigio constitucional, que ha complementado el estudio y la actualización del conocimiento del derecho con una labor académica ininterrumpida como profesor universitario.

Les pido ahora me permitan aprovechar el uso de esta alta tribuna para puntualizar un aspecto que para mí es fundamental.

Podría existir la percepción de que el paso de tantos años al servicio de uno de los poderes del Estado inhabilita o descalifica per se para ocupar un alto cargo en la judicatura.

Esta percepción está basada en la premisa de que el ingreso al servicio del Estado significa la pérdida automática de autonomía e independencia, comprometiendo, cuando no vendiendo la libertad de pensamiento, las convicciones y valores al servicio de un grupo o causa política.

Esta premisa es falsa, y respetuosamente quien no lo entiende, no entiende que México sí ha cambiado.

El buen abogado al servicio del Estado usa el derecho como herramienta para encauzar o reencauzar los actos estatales con la obligación de que la acción de gobierno circule estrictamente por la vía de la legalidad.

Yo no hice ni me toca hacer las leyes, a mí me ha tocado interpretarlas y aplicarlas.

Por eso pido muy respetuosamente al Senado de la República y, por su conducto, a quienes están allá afuera, que al ser evaluado, además de considerar los conocimientos, la experiencia, la visión de Estado, se verifique la conformidad de mi conducta con el estricto código que rige el ejercicio de la abogacía.

Pido se analice si cada uno de mis actos en el servicio público se ajustó o no a la ley; si en alguno de mis actos como funcionario público cometí alguna injusticia en contra del propio servicio o de un particular; si tergiversé la interpretación jurídica para favorecer a un grupo determinado público o privado, en lugar de centrarnos si laboré bajo tal o cual presidente o bajo tal o cual secretario.

Yo estoy seguro que en las comparecencias y los trabajos en las comisiones nos permitirán profundizar en estos aspectos.

La función jurisdiccional también es una función ejecutiva que consiste en la interpretación y aplicación de la norma en caso concreto.

En mi caso, como Magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, además de confirmar mi convicción y compromiso con el servicio público en una nueva dimensión, he juzgado con plena imparcialidad, he dispensado un trato equitativo a las partes, y he aprendido de las virtudes de la colegiación, aportando y escuchando a mis pares, respetando posiciones contrarias a las mías a fin de construir decisiones congruentes, justas y con apego estricto a la ley.

Finalmente, ratifico frente a todas y todos ustedes mi firme compromiso de continuar comportándome con responsabilidad, con trasparencia y con integridad profesional y moral dentro y fuera de la función pública.

Les agradezco mucho.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, señor Javier Laynez Potisek.

Ruego a asistencia parlamentaria acompañe al doctor Laynez Potisek, al recinto contiguo.

(Se cumple)

Hemos concluido la fase de exposición de los candidatos de las dos ternas propuestas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.





 

Informo al Pleno que la Comisión de Justicia remitió a la Mesa Directiva el Acuerdo que su Junta Directiva aprobó para establecer el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los temas presentados por el Ejecutivo Federal para la elección de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

COMISIÓN DE JUSTICIA



El Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia está disponible en sus escaños.

La Asamblea se da por enterada, y la Mesa Directiva ordena en este acto su publicación en la Gaceta y en el portal electrónico del Senado y que se comunique a las ciudadanas y los ciudadanos que integran las ternas de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





 

Honorable Asamblea: Hago de su conocimiento que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se establece el reconocimiento a la mejor práctica en favor de la igualdad de mujeres y hombres en el Senado de la República.

El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo presentado.

No habiendo oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que se establece el reconocimiento a la mejor práctica en favor de la igualdad de mujeres y hombres en el Senado de la República.





 

Compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-En 1990 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido el instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial y hasta el día de hoy el que más protege y garantiza un disfrute óptimo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Convención consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos civiles y políticos de los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales.

Entre sus aportaciones más destacadas, la CDN establece que el principio del interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.

De igual manera, establece 3 principios adicionales que deben regir la implementación de todos los derechos que defiende:

• La no discriminación.
• El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
• El respeto de la opinión del niño.

Asimismo, representa el texto internacional más completo que existe en cuanto a la protección de los derechos del niño. A pesar de que existen otros instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los niños, como los Pactos Internacionales, las Convenciones de la OIT y la Convención relativa a la adopción internacional, la Convención es el único texto que abarca todos los aspectos de la niñez.

La CDI se complementó en el año de 1995 con una enmienda y en los años 2000 y 2011 con tres protocolos facultativos:

• El protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados.

• El protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

• El protocolo facultativo sobre el procedimiento de denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño.

a).- Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada a la Conferencia de los Estados partes el 12 de diciembre de 1995.

La enmienda propuesta al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituye la palabra "diez" por la palabra "dieciocho". (Respecto del número de miembros que integrarían el Comité sobre los Derechos del Niño).

b).- Primer Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

Este Protocolo tiene como objetivo que los Estados Partes adopten todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades y tampoco sea reclutado obligatoriamente en sus fuerzas armadas.

c).- Segundo Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

Este Protocolo tiene como objetivo ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores de edad contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Asimismo, reforzar las medidas tendientes a fomentar el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o socia.

d).- Tercer Protocolo Facultativo sobre los Derechos de los Niños relativo a un procedimiento de comunicación aprobado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011.

2.- La CDN establece la creación del Comité de los Derechos del Niño, cuya finalidad esexaminar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la Convención.

El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la Convención, elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.

Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

Por su parte, el artículo 44 de la Convención establece la obligación de los Estados parte de informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma y sobre los avances logrados, por lo cual el Estado mexicano ha presentado los siguientes informes:

• Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/15/Add.13). 7 de febrero de 1994.

• Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/15/Add.112). 10 de noviembre de 1999.

• Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/MEX/CO/3). 8 de junio de 2006.

Asimismo, los siguientes informes con fundamento en diversos artículos de la Convención:

• Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía".

(CRC/C/OPSC/MEX/CO/1). 7 de abril de 2011.

• Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados". (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1). 7 de abril de 2011.

Los informes señalan aciertos de parte del Estado Mexicano en su tarea de dar cumplimiento a la Convención e incluso avala algunas acciones informadas que en la práctica no parecen haber ocurrido (como el caso de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que se señalan instaladas en los 32 Estados de la República).

Antes de un análisis de lo anterior es conveniente señalar que después de suscrita la Convención el Estado Mexicano ha continuado suscribiendo diversos convenios y tratados internacionales relacionados con los derechos de la niñez.

Las recomendaciones se centran en algunos aspectos básicos:

1. Las condiciones de pobreza, explotación, y riesgo en que viven millones de niñas y niños en México, además de desigualdades de género y origen étnico.

2. La necesidad de modificar las leyes para que se adecuen a los principios y ordenamientos establecidos dentro de la Convención.

3. La necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de la infancia con capacidad financiera, de independencia y mandato.

4. La participación civil y de la infancia en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas.

Finalmente, el 19 y 20 de mayo de 2015 México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité examinó los informes en sus sesiones 1988ª y 1990ª aprobando las Recomendaciones en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015.

Este Documento cuenta con 70 preocupaciones y recomendaciones del Comité a México, que deben ser atendidas, entre las que encontramos:

• Garantizar la aplicación efectiva de la Ley  General  de  los Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal;

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y municipales implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con los derechos de la infancia;

• Fortalecer sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia;

• Adoptar una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un cronograma y metas medibles que implique a las autoridades a nivel federal, estatal y municipal a adoptar las medidas, incluyendo medidas afirmativas, para prevenir y eliminar la discriminación, y

• Asegurar que niñas y niños con discapacidad gocen efectivamente de su derecho a la salud y a los servicios de rehabilitación, asistan a la escuela y están libres de la violencia y la explotación.

3.- Es una realidad que el Estado Mexicano, particularmente la presente administración, ha puesto especial énfasis en el trabajo a favor del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de la niñez en el país.

Teniendo como mejor y mayor prueba, la presentación en septiembre de 2014 de la iniciativa “preferente” por el Ejecutivo Federal que derivó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con este ordenamiento jurídico, se dio paso a un cambio de paradigma en todo el país, pasando de un enfoque asistencialista a uno garantista de derechos en favor de la niñez y adolescencia, dotando de facultades y señalando obligaciones a los tres órdenes de gobierno.

Al día de hoy, reportes de la Secretaría de Gobernación señalan que 29 entidades federativas han culminado su proceso de armonización legislativa en sus Congresos Locales, expidiendo una nueva Ley o modificando la existente, situación que deja en evidencia el trabajo que como Estado estamos realizando, pero también que falta trabajo por hacer para que cada una de las legislaciones se materialice y se traduzca en el ejercicio amplio de los derechos humanos por parte de la niñez y adolescencia.

Todo este proceso, sin duda alguna tiene como origen la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende debemos continuar trabajando estrechamente tanto con este instrumento como con los organismos que lo componen y tienen como objetito vigilar su cumplimiento, tal y como el Comité de los Derechos del Niño y las recomendaciones que de él emanan.

Es bajo ese contexto, reconociendo el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que sirva este marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, para insistir que como Estado, en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas a las que haya lugar con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de este importantísimo tratado internacional.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna excepción. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el primer resolutivo; y a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, el segundo resolutivo.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación con la operación del relleno sanitario del antiguo basurero municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, Senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL ANTIGUO BASURERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CONSIDERACIONES

Antecedentes:

El antiguo Basurero Municipal de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, comenzó a operar en 1994 en un predio denominado “San Francisco Tucutzano” a 25 kilómetros de Tuxtla y a 2.3 kilómetros del Ejido Emiliano Zapata.

Dicho basurero producía grandes cantidades de lixiviados (líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos1) que escurrían de forma superficial a lo largo de la  cañada “Arroyo Lacandón” al este del predio “San Francisco Tucutzano” y que confluye hacia la cuenca del rio El Sabinalito y este a su vez hacia los ríos Pacu, Santo Domingo y Grijalva, atravesando además la totalidad del predio “San Martín Mujular”.

Debido a este problema de contaminación que representa un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos, se tomó la decisión autorizada por el extinto Instituto de Historia Natural y Ecología, ahora Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas de clausurar el Basurero Municipal y comenzar con el relleno sanitario (obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación, los impactos ambientales2) de la zona dándole la concesión a la empresa Proactiva Medio Ambiente. Para la operación del sistema integral de manejo y disposición de residuos sólidos urbanos y residuos de transferencia, disposición final y mantenimiento post clausura del basurero.

Se debe considerar que un Relleno Sanitario debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana “NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, que tiene entre sus consideraciones los siguientes puntos:

• Deberá contar con una barrera geológica natural.

• Garantizar la extracción, capacitación, conducción y control del biogás generado en el sitio de disposición final.

• Diseñar un drenaje pluvial para el desvió de escurrimientos pluviales.

• Minimizar la infiltración a las celdas.3

Cabe recalcar que una de las condicionantes que se le dio a la empresa Proactiva para la elaboración del relleno sanitario fue la prohibición del uso de explosivos para llevar a cabo las actividades de excavación durante la construcción de celdas y laguna de lixiviados.

Una vez comenzados los trabajos de clausura del basurero el volumen de lixiviados que escurrían por la referencia cañada Arroyo Lacandón comenzaron a disminuir gradualmente.

En ese mismo orden de sucesos, durante el mes de Agosto de 2005 el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se incorporó al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que es promovido por la PROFEPA, por tanto el 3 de Abril de 2008 el Laboratorio ABC, realizo muestreos y análisis del agua de 2 pozos que se encuentran en las inmediaciones de la cañada “Arroyo Lacandón”, obteniendo como resultado que ninguno de los parámetros del agua analizada excedían los límites máximos permisibles establecidos por la Norma, es decir que no presentaba signos de contaminación con lixiviados.

Problemática:

Anteriormente investigadores, de la sociedad civil y vecinos colindantes de la zona, realizaron 2 muestras del agua que brota del pozo del predio San Martin Mujular, la primera muestra fue el 14 de Junio del 2010 y la segunda el 15 de Junio del mismo año, obteniendo como resultado que existían concentraciones significativas de Cadmino, Cromo, Plomo y Zinc en la primera muestra de agua tomada el día 14 de Junio de 2010, y que la concentración de estos mismos metales pesados se incrementaron de una manera proporcional en la segunda muestra del agua tomada el día 15 de Junio de  2010.

Por lo que actualmente existe una relación entre los lixiviados que se producen y manejan en el Basurero Clausurado de Tuxtla Gutiérrez y su presencia en el agua que brota en el pozo y/o vertiente que se encuentra localizado en el predio San Martin, suceso que no ocurrían antes de la construcción y operación del Relleno Sanitario de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo en los últimos meses los vecinos de la zona afectada, aducen que la actual contaminación del agua superficial y subterránea que se encuentra al interior del predio San Martin, con lixiviados provenientes del Basurero Clausurado, es producto del trabajo “negligente” realizado por la empresa Proactiva Medio Ambiente.

Por lo que en nuestro deber de senadores de la Republica, en el que debemos escuchar y atender las demandas realizadas por los ciudadanos, exhortamos a la SEMARNAT en un principio de medida precautoria, para que verifique que la empresa Proactiva Medio Ambiente está operando bajo los lineamientos y condiciones que garanticen la protección del ambiente y la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, bajo el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana “NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana “NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, por parte de la empresa “Proactiva Medio Ambiente Tuxtla, S.A. de C.V.” en relación con la operación del Relleno Sanitario del antiguo Basurero Municipal de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Diario Oficial de la Federación 20/10/2004, Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 4. Definiciones, 4.26. Lixiviado.

2 Diario Oficial de la Federación 20/10/2004, Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 4. Definiciones, 4.40. Relleno sanitario

3 Diario Oficial de la Federación 20/10/2004, Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 7. Características constructivas y operativas del sitio de disposición final.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a incluir un ingreso mínimo para el trabajador agrícola. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El campo mexicano lleva décadas inmerso en condiciones de rezago y vulnerabilidad uno de los principales culpables del colapso en este sector es el Estado, debido a que no ha podido atender y resolver los problemas suscitados por su abandono.

Al campo lo afectan diversas problemáticas como el desinterés para fortalecer al sector agropecuario, procesos de urbanización, globalización, cambios tecnológicos, e incluso problemas sociales como el narcotráfico y la corrupción.

Un problema más, son los productos transgénicos que están sustituyendo a los cultivos nacionales, situación que es aprovechada por las empresas transnacionales para acaparar las cosechas o monopolizar los cultivos.

Lo anterior ha afectado a los productores que han optado por recurrir a otras actividades o migrar a la ciudad, incluso migrar a otros países en busca de mejores oportunidades laborales.

En consecuencia, las cifras del campo mexicano son alarmantes. En este sector, 65% de sus habitantes son pobres multidimensionales (17 millones de personas); entre ellos, 23% del total son pobres extremos (6.3 millones de personas). Debe destacarse que aun cuando en el campo mexicano vive sólo un tercio de la población nacional, en esas áreas, más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de hambre, así como 8.9 millones de personas en rezago educativo y, paradójicamente, 8.8 millones de personas que, sin ser pobres, están en condiciones de vulnerabilidad por carencia en el acceso a la alimentación.1

En cuanto al desempleo rural se refiere, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 1992 al año 2007, México perdió alrededor de 20% de los empleos agrícolas. Esta situación se ha agravado significativamente, pues según los datos del boletín de información oportuna del sector agropecuario, dado a conocer recientemente por el INEGI, en junio de 2012 sólo había 326 mil 590 trabajadores del campo asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales 225 mil 609 eran trabajadores permanentes, mientras que cien mil 981 estaban registrados como trabajadores eventuales.2

Sin embargo, que los trabajadores del campo tengan un empleo no se traduce en las mejores condiciones laborales. Recientemente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicó su Atlas Agroalimentario 2015, libro que ofrece una radiografía de la realidad del sector en México. El documento expone que de los 49 millones de mexicanos que trabajan, 5.6 millones lo hacen en actividades agrícolas, y de estos, apenas el 1.3% de los trabajadores del sector gana más de 5 salarios mínimos; 12.8% percibe de 2 a 5; 25.8% alcanza un salario mínimo; 26.6% recibe entre 1 y 2; y el 28.2% no obtiene sueldo alguno. El 5.3% no especificó.3

El problema de los ingresos de los trabajadores del campo, radica en que para  comenzar, no está expresamente establecido un salario mínimo para los jornaleros agrícolas del país, debido a que esta figura no se contempla en la Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas que se tiene a nivel nacional en la cual, se estipulan, de acuerdo con la actividad, la percepción económica de los mexicanos.

Lo anterior los ubica en una situación de vulnerabilidad pues, pese que los trabajadores del campo realizan actividades de alto desgaste físico, estos no encuentran dentro de la lista de salarios mínimos, lo que permite abusos y explotación laboral.

En el tabulador de salarios mínimos, las profesiones que más se asemejan a la del trabajador de campo, es la de operador de maquinaria agrícola con un salario de 102.75 pesos (dependiendo de la zona) por lo tanto, los patrones pagan a los jornaleros el salario general de 70.10 pesos al no estar especificado en el tabulador en mención.

Incluso, después de darse a conocer las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, el Gobierno Federal junto con el Gobierno Estatal, entre otros, tuvieron que llegar, entre otros acuerdos, al pago de los salarios, para darle solución al conflicto.

Cabe recordar que entre las demandas de los jornaleros de San Quintín, una de ellas fue el incremento en el salario, por lo que, éste es un claro ejemplo de como la falta de la figura de un salario mínimo para trabajadores del campo los afecta directamente con explotación laboral y violación de sus derechos laborales.

En este contexto, un diario de circulación nacional exhibió por medio de una investigación, los abusos y malas condiciones laborales de las que son víctimas los jornaleros agrícolas del país, mostrando entre otras cosas, que los salarios de los jornaleros agrícolas en México oscila entre los 65 y 110 pesos al día por jornadas superiores a 15 horas. El salario mínimo en el país es de 68-70 pesos por una jornada de 8 horas; además, de que un jornalero agrícola sólo tiene trabajo por periodos de 4 a 8 meses y recibe su salario al concluir el periodo.4

Por lo anteriormente expuesto, es urgente que el Gobierno Federal atienda una de las demandas que el sector agrícola desde hace años está exigiendo, incluir un ingreso mínimo para el trabajador agrícola.

Es notable que la falta del rubro de jornalero agrícola en el tabulador de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos propicia explotación laboral en el campo mexicano, en este orden de ideas, se propone que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social atienda esta problemática, y por medio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) se incluya un ingreso mínimo para el trabajador agrícola.

Las condiciones de pobreza, marginación, violación de derechos laborales y la exclusión de la seguridad social de los trabajadores del campo son las constantes que prevalecen en las condiciones de trabajo y de vida de este sector, por lo que, asegurar la seguridad social del trabajador del campo logrará terminar con esa brecha de desigualdad en la que están inmersos y en consecuencia, traerá consigo beneficios para el campo en el país. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que por medio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) incluya un ingreso mínimo para el trabajador agrícola.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

1 Fuentes Mario Luis Fuentes. “El campo mexicano: una crisis permanente” [en línea]. México. 2012. Excelsior. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2012/07/31/nacional/850844 [consulta 13 de noviembre de 2015].

2 Ibídem.

3 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. “Atlas Agroalimentario 2015” [en línea]. México. 2015. Disponible en:  http://nube.siap.gob.mx/publicaciones_siap/pag/2015/Atlas-Agroalimentario-2015 [consulta 17 de noviembre de 2015].

4 L. Montalvo Tania. “La vida de los jornaleros mexicanos: reciben 100 pesos por trabajar más de 15 horas al día” [en línea]. México. 2015. Animal Político. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/04/trabajar-15-horas-y-recibir-100-pesos-al-dia-la-realidad-de-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/ [consulta 13 de noviembre de 2015].





 

Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 14 municipios del estado de Michoacán que resultaron afectados por las trombas que dejó el huracán “Patricia”, para dar inicio a la rehabilitación de los caminos e infraestructura social afectada. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El que suscribe, José Ascención Orihuela Bárcenas, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Recientemente nuestro país sufrió los embates de uno de los huracanes más poderosos registrados en la historia moderna: el Huracán “Patricia”. Gracias a la prevención no se registraron pérdidas humanas, pero sí una serie de afectaciones materiales por las fuertes trombas que se presentaron en varios estados del país.

En el caso del estado de Michoacán, fueron 14 los municipios principalmente afectados en sus caminos, infraestructura, viviendas y cultivos diversos, de tal manera que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizó ya la declaratoria como zona de desastre a fin de poder destinarles recursos del FONDEN.

Estos municipios son: Aguililla, Aquila, Arteaga, Cherán, Coahuayana, Coalcomán, Cotija, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, Tumbiscatío y Uruapan.  1

De acuerdo al artículo 4º de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, los fines de dicho instrumento interinstitucional son, entre otros: canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal.

Igualmente, canalizar recursos para implementar medidas de mitigación para posibles daños futuros. Es decir, prevenir nuevas afectaciones en las mismas zonas a través del diseño o construcción de obras que reduzcan su vulnerabilidad ante posteriores amenazas. 2

Sobre los daños que se dieron en diferentes municipios michoacanos por el huracán “Patricia”, se puede mencionar que en la carretera de Nuevo San Juan Parangaricutiro – Tancítaro, a la altura de la barranca del Corcobí, prácticamente desapareció la vía de comunicación, quedando incomunicadas ambas localidades.

De acuerdo al reporte del Síndico Municipal de Nuevo Parangaricutiro, Adolfo Chávez López, además de la carretera resultaron dañados varios accesos a rancherías, a huertas y a diferentes áreas de producción agrícola, silvícola y ganadera; hubo afectaciones a los sistemas de agua potable, así como daños a múltiples viviendas. La cuantificación de los daños asciende a varios millones de pesos.

En el municipio de Arteaga, en la región sierra-costa, también se presentaron daños a casas habitación, carreteras, centro de salud y planteles escolares. 3

En la región de la costa se reportaron daños en la agricultura, principalmente en los municipios de Coahuayana y Aquila, con más de 5 mil hectáreas siniestradas de cultivos de plátano, papaya y maíz, entre otros.

Además de los desbordamientos, deslaves, daños en casas, escuelas, e infraestructura rural y urbana de esos 14 municipios de Michoacán ya mencionados, cifras extraoficiales estiman que los daños específicamente al campo michoacano pudiesen llegar a 10 mil hectáreas de diversos cultivos. 4

De acuerdo al artículo 26 de las Reglas Generales del FONDEN, desde ocurrido el desastre natural, las dependencias y entidades federales podrán solicitar apoyos parciales inmediatos para acciones que deberán realizarse con base en evaluaciones preliminares, parciales, aproximadas y acumulativas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en los 14 municipios del Estado de Michoacán que resultaron afectados por las trombas que dejó el Huracán Patricia y de inmediato comience la rehabilitación de los caminos  e infraestructura social afectada.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, colabore solidariamente en la reparación de los caminos y en la gestión de los apoyos a los productores agrícolas, silvícolas y pecuarios afectados por el mismo fenómeno.

Dado en el Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente.

1 http://www.lavozdemichoacan.com.mx/declaran-zona-de-desastre-en-14-municipios-en-michoacan/

2 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/32/12/images/REGLAS-GENERALES-DEL-FONDEN-3-DIC-10.pdf

3 http://www.informador.com.mx/mexico/2015/622071/6/remanente-de-patricia-causa-danos-en-arteaga-michoacan.htm

4 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/patricia-deja-severos-danos-en-la-agricultura-en-michoacan.html





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz a que en el análisis, discusión y aprobación del presupuesto del estado, se privilegie el gasto público que contribuya y fortalezca la economía del estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Director de la Comisión Nacional del Deporte un informe sobre el conflicto que sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas, así como la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los pasados días 17 y 18 de noviembre, el periodista Salvador García Soto dio a conocer en su columna Serpientes y Escaleras que se publica en el periódico El Universal, información relacionada con una probable exclusión de México de los Juegos Olímpicos que se celebrarán el próximo en Río de Janeiro, Brasil.

El origen de tal posibilidad se encuentra en el conflicto que se ha desatado entre la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), por virtud de la cual el COM acusó a la CONADE y a su titular, Alfredo Castillo Cervantes, de llevar a cabo una campaña de presiones políticas, jurídicas y económicas y de violentar la autonomía de las federaciones deportivas nacionales pretendiendo interferir en su vida interna.

García Soto da cuenta que el COM, encabezado por Carlos Padilla Becerra ha solicitado la intervención del Comité Olímpico Internacional (COI)bajo el argumento de que desde su nombramiento como Director de CONADE, Castillo Cervantes comenzó una serie de ataques y amenazas a presidentes de distintas federaciones deportivas nacionales e incluso habría contactado a los presidentes de las Federaciones Internacionales de Atletismo, Beisbol, Boxeo, Luchas y Tiro con Arco para pedirles que desconocieran a los presidentes mexicanos y reconocieran a otros nombrados por el gobierno, a cambio de organizar eventos internacionales en nuestro país con recursos públicos.

Asimismo se señala que el pasado 16 de octubre, setenta y dos Federaciones agrupadas en la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) acordaron en asamblea recurrir al COI para buscar su protección ante las injerencias del gobierno federal, en razón de que se encuentran sujetas a las normas del olimpismo internacional.

El asunto se encuentra ya en conocimiento del COI que, según la información dada a conocer, podría emitir su fallo en este mismo mes de noviembre y de determinar que existe una injerencia del gobierno en el COM y las federaciones, la sanción podría oscilar desde una enérgica amonestación hasta la exclusión de México de los próximos Juegos Olímpicos, en cuyo caso una delegación de mexicanos podría asistir, pero desfilarían y competirían con la bandera del olimpismo internacional y no con la Bandera Nacional.

Un antecedente que resulta necesario considerar, es que el COI ordenó a la CONADE que a más tardar el próximo 20 de noviembre reconozca a la nueva dirigencia de la Federación Mexicana de Baloncesto (FMB), a la que Castillo desconoció aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de ese organismo en un litigio legal por la titularidad del basquetbol en México. No obstante, la CONADE se niega a reconocer a la FMB, lo que motivó que la Federación Internacional de Basquetbol Américas llevara el caso a la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA). Si la CONADE no cumple la recomendación del COI en el plazo mencionado, México podría quedar fuera de los Juegos Olímpicos.

Ante la situación de incertidumbre y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como del conflicto que se ha desatado entre los organismos rectores del deporte nacional, resulta necesario conocer la situación que guarda actualmente el conflicto de la CONADE con el COI y diversas federaciones deportivas nacionales.

De igual manera es necesario que se informe con claridad sobre las posibilidades reales de que nuestro país sea excluido de la justa olímpica del próximo año, pues ello constituiría un inadmisible y duro golpe al deporte nacional, máxime teniendo como origen una actuación indebida del propio gobierno federal a través de un órgano descentralizado, como lo es la CONADE, encabezada actualmente por un personaje cercano al Presidente de la República.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República solicita respetuosamente al Director de la Comisión Nacional del Deporte, que en un plazo no mayor a cinco días remita un informe detallado sobre el conflicto que el organismo a su cargo sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas de nuestro país, así como la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar qué políticas públicas y programas pretende implementar para dignificar y potenciar el desarrollo del campo mexicano. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existe una descripción general de la situación en la que se encuentra el sector agrícola en el país: desequilibrado, rezagado e ineficaz. Sin embargo, los problemas de la política agraria, desde hace años han dado señales de alerta sin recibir la atención que demandan.

Históricamente se han hecho diversos esfuerzos e incluso, modificaciones a las leyes nacionales con el fin de darle el empoderamiento a este sector que tanto lo necesita, sin embargo, los resultados han sido contrarios a lo esperado.

Cabe recordar que la reforma agraria mexicana tuvo su origen en la revolución popular de gran envergadura para el país, y a lo largo de este tiempo, ha tenido diferentes ajustes con el fin de fortalecerla.

Sin embargo, la realidad muestra cruelmente que los hechos en política agrícola no han logrado el bienestar perseguido, y a los campesinos a los que les fueron entregados más de 100 millones de hectáreas de tierras hace décadas, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia, hoy viven en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se trato reorientar el desarrollo rural, pese a ello, la reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron.”1

Uno de los problemas que afectan al campo, es que se ha priorizado por la distribución de las tierras, dejando a un lado la producción de las mismas. Es decir, se ha atendido el rezago administrativo agrario, pero los campesinos mexicanos viven en pobreza  extrema.

Datos recientes muestran que en México viven 26 millones de mexicanos, de los cuales más de 80% es pobre, y 16 millones más viven en pobreza extrema; en 33% de los hogares, los jefes de familia son analfabetas y los jóvenes prefieren emigrar a las ciudades o caer en la delincuencia organizada. Ante alarmantes cifras, cabe cuestionar qué está haciendo el Gobierno Federal por apoyar a estos campesinos que apenas subsisten.2

Frente a este diagnóstico, que desde hace varios años desafortunadamente es el mismo, el gobierno federal anuncia una reforma para el campo que muy poco atiende a estas necesidades; mucho se ha especulado que el Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión una reforma orientada a actualizar y simplificar las leyes relacionadas al campo y a la industria agroalimentaria. Bajo la justificación de impulsar la economía, la propuesta irá encaminada en una reforma agraria que buscará fortalecer los derechos de empresas privadas que hacen negocios con propietarios rurales.3

Incluso, se dice que la legislación aprovechará una reforma energética y que dio al Gobierno más poder para actuar en favor de inversores en disputas con propietarios comunales de tierras rurales conocidas como ejidos, por medio de las contraprestaciones.

Pese a que es presentada por sus promoventes como la solución a los problemas agropecuarios del país, ésta reforma ha aplazado su presentación, inclusive en la discusión presupuestaria para 2015 se mandó a la congeladora la intención de promover una reforma al campo. Simplemente el Ejecutivo federal dejó fuera de su discurso el tema de la reforma y en su lugar anunció “el mayor presupuesto para beneficio de los campesinos y sus familias. Así, todos juntos, seguiremos trabajando para que el campo de México sea más justo, productivo, rentable y sustentable”.

Por su parte, la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México afirmó recientemente que la reforma para el campo, debiera de incluir una redistribución de los subsidios; repensar la política pública para el sector, acciones integrales que incluyan seguridad alimentaria, educación y salud; además de acciones que hagan más productiva la actividad, de manera que sea una alternativa y no lo abandonen las familias para irse a las urbes. Sin embargo, parece que para el Ejecutivo Federal los campesinos mexicanos no son prioridad, y se apostará nuevamente por la iniciativa privada y los negocios entre amigos.4

En conclusión, aún no se han atacado los problemas de raíz, los campesinos están a la espera de la verdadera reforma al campo, la reforma para transformar el campo mexicano no se debe abandonar, pues es indispensable cumplir con la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de producir al menos el 75% de los alimentos, y no el 52% o 62% que actualmente se produce.

Por lo que, es necesario lograr de inmediato acuerdos entre organizaciones civiles, el Poder Legislativo, las Secretarias de Estado, Académicos, Gobiernos Estatales, para que se unan esfuerzos que conduzcan a la reforma rural a su término.

Por lo anterior, el presente exhorto va encaminado en que el Gobierno Federal informe a esta Soberanía los avances de la reforma agraria que pretende impulsar o en su caso, informe qué acciones pretende implementar para mejorar la situación de rezago del sector agropecuario en México.

Al sector agropecuario no le llega un desarrollo amplio e incluyente como a otros sectores, el Gobierno Federal no apuesta por este sector que es característico del país; por el contrario, con la “reforma al campo” que se anuncia, muy probablemente la ley estará del lado de las empresas. Por lo que es necesario conocer el contenido de la misma, y saber que pretende hacer el Estado en favor de los campesinos que son afectados por el abandono gubernamental al campo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que informe a esta Soberanía:

a) Qué acciones proyecta realizar para incrementar la producción de alimentos nacionales.

b) Qué políticas públicas y programas pretende implementar para dignificar y potenciar el desarrollo del campo mexicano.

c) Qué consecuencias traerá para el sector agropecuario la aplicación de las reformas estructurales, específicamente, en materia de ocupación temporal y de servidumbre energética.

d) Los puntos centrales y alcances de lo que será la reforma para el campo, propuesta por el Gobierno Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

1 Warman Arturo. “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo” [en línea]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/006/j0415t/j0415t09.htm [consulta 23 de noviembre de 2015].

2 Mota Sergio. “México agropecuario” [en línea]. El Economista. México. 2012. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2012/11/19/mexico-agropecuario [consulta 23 de noviembre de 2015].

3 Redacción El Economista. “México prepara una nueva Reforma Agraria “[en línea]. El Economista. México. 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/05/14/mexico-prepara-nueva-reforma-agraria [consulta 23 de noviembre de 2015].

4 Saldaña Ivette. “FAO: urge reorientar subsidios al campo” [en línea]. México. El Universal. 2014. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/-8220apoyos-del-gobierno-en-60-de-agricultores-8221-46513.html [consulta 23 de noviembre de 2015].





 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y María Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a presentar un informe sobre la derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La Senadora, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, a nombre propio y las Senadoras HILDA FLORES ESTHELA ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LUCERO SALDAÑA PÉREZ, Senadoras de la República e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Del 13 al 16 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición de “El Buen Fin”, evento comercial que se celebró por primera ocasión en noviembre de 2011 a propuesta del Ejecutivo Federal y las empresas privadas de nuestro país. Dicha iniciativa surgió con el objetivo de ofrecer a los consumidores diversos productos y servicios a bajo costo, y de esta manera impulsar la economía nacional, así como la generación de empleos formales.

Cabe mencionar que el denominado fin más barato del año, tiene como punto de partida el modelo del denominado “Viernes Negro”, de los Estados Unidos, pero mientras éste sólo dura 1 día, “El Buen fin dura 4”.

Se trata de una iniciativa que desde su origen se ha traducido en notables beneficios para las familias mexicanas y la economía nacional, prueba de ello, es el constante incremento de las ventas en cada una de sus ediciones, basta mencionar las siguientes consideraciones:

• Durante la primera edición de “El Buen fin” del 18 al 21 de noviembre de 2011, se registraron ventas por alrededor de 106 mil millones de pesos (principalmente en artículos electrónicos, ropa y calzado).

• En 2012, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), la edición celebrada del 16 al 19 de noviembre, alcanzó ventas por más de 148 millones de pesos.

• En 2013, según medios de comunicación, durante la tercera edición del Buen fin, celebrada del 15 al 18 de noviembre, hubo ventas superiores a los 160 millones de pesos.

• En la edición 2014, que se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre, las ventas registradas fueron de 197 mil 405  millones de pesos, cifra que se estima superior para la edición 2015.

Las cifras demuestran que el evento comercial “El Buen Fin”, ha sido y es bien visto por los mexicanos, quienes de manera responsable e informada, aprovechan estos días para adquirir bienes y servicios con mayor facilidad y a costos más asequibles, ante esta panorama es garantizar en todo momento los derechos del consumidor, es ahí donde radica la idoneidad del presente asunto.
Si bien es cierto, se han registrado casos de abusos por parte de las empresas participantes, también lo es que a través de la vigilancia y participación de la Procuraduría Federal del Consumidor, dichas acciones cada vez más se han reducido en beneficio de la población.

Lo anterior, no emana de una concesión sino más bien de una obligación, basta mencionar que los derechos fundamentales de los consumidores son observados a nivel nacional e internacional. Respeto a los internos, la Procuraduría Federal del Consumidor, establece siete derechos básicos: a la información, a la Educación, a elegir, a la seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y a la protección.

En relación a los derechos externos, la Organización de las Naciones Unidas establece, entre otros, los siguientes derechos fundamentales: a la satisfacción de las necesidades básicas, a la seguridad, a ser informado, a elegir, a ser escuchado, a la reparación, a la educación de los consumidores y a un medio ambiente sano.

Bajo esta tesitura, es importante señalar que cuando algún proveedor o prestador de servicios no respeta el precio, plazos, términos, entregas, condiciones, características, garantías, intereses, y demás compromisos referentes a la contratación, el consumidor afectado puede presentar una queja ante Profeco, con el fin de buscar el cumplimiento de las mismas.

En este orden de ideas, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en la reciente edición de “El Buen Fin”, las principales causas que originaron quejas, fueron las siguientes: no respetar los precios exhibidos, no entregar notas o comprobantes, no exhibir precios a la vista del consumidor, no respetar promociones y ofertas anunciadas, así como aplicar cargos y redondeos sin consentimiento, condicionar la venta o el servicio y publicidad engañosa.

Aunado a lo anterior, por medio del programa “Quien es Quién en los Precios (QQP)”, detectó un aumento de precios en mil 505 artículos electrónicos y electrodomésticos respecto a los que tenían en días anteriores a “El Buen Fin”.

Según medios de comunicación, al cierre del tercer día del evento, las entidades con el mayor número de quejas son: Distrito Federal con 116, Estado de México con 101, Nuevo León 45, Puebla 44 y Coahuila 35. Por otro lado, es importante referir que los establecimientos con mayor número de denuncias fueron Walmart con 79, Soriana con 68, Liverpool 62, Chedraui 46 y Sam’s Club 30.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor, implementó importantes acciones, entre las que destacan:

• La presentación del micrositio elbuenfin.profeco.gob.mx, en el cual se pudo observar información de consulta y comparación entre más de 3 mil artículos (Programa Quién es Quién en los Precios); y

• El recorrido itinerante en centros comerciales, la atención de quejas y de denuncias (esto con más de 1 mil 300 trabajadoras y trabajadores de Profeco en las 52 delegaciones y subdelegaciones del país).

Aunque reconocemos el esfuerzo y compromiso de la Profeco, en el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que las abusos que persisten, nos constriñe en la obligación de ser garantes de los derechos de los consumidores a fin de mejorar la prestación de bienes y servicios en México. 

No podemos ser indiferentes ante conductas que vulneren los derechos, estabilidad y tranquilidad de los mexicanos, por el contrario, debemos actuar de manera efectiva e inmediata a través de acciones, planes y programas que hagan asequible la solución de las problemáticas que afectan a la población mexicana.

Bajo esta tesitura, es fundamental terminar con abusos, prácticas monopólicas y con malos servicios, lo anterior se traducirá en mayor competitividad y certeza jurídica para la población. En este orden de ideas, no es suficiente que dichas acciones se realicen durante determinada temporalidad, sino que más bien formen parte de una política permanente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las ganancias registradas durante “El Buen Fin 2015”.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, dé a conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia durante “El Buen Fin 2015”.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones en el estudio del proyecto de “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE “DRAGADO DE ARENAS FOSFÁTICAS NEGRAS EN EL YACIMIENTO DON DIEGO”, EN EL GOLFO DE ULLOA, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es reconocido como un país mega diverso, por poseer una gran riqueza biológica, esto, en gran medida por su ubicación privilegiada ya que cuenta con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, una gran variedad de climas, topografías e historia geológica. Al respecto, se calcula que el 10% de la diversidad global de especies se concentra en el territorio mexicano.

Entre las especies acuáticas que se desarrollan en los litorales mexicanos se encuentran 6 de las 7 especies de tortugas marinas, siendo una de ellas la Carettacaretta conocida como tortuga amarilla o caguama cuya población en el Pacífico Norte anida exclusivamente en el archipiélago japonés, pero se concentran frente a un área costera limitada a sólo 32 km de la costa de Baja California Sur, en el Golfo de Ulloa1.

En esta área de crianza y alimentación permanecen alrededor de 25 a 30 años, hasta regresar a reproducirse y anidar en las costas de Japón. Actualmente las poblaciones de tortuga amarilla están sujetas a fuertes presiones antropogénicas, situación que ha propiciado el diseño y aplicación de políticas de conservación cuyo objetivo fundamental es la recuperación de las poblaciones de los citados quelonios.

Al respecto, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2015, se estableció una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur.

El establecimiento de la zona de refugio, representa un conjunto de medidas de manejo complementarias para la conservación y al aprovechamiento sustentable de las especies de interés pesquero, así como de aquellas en régimen de protección especial, ya que constituye la delimitación de áreas marinas en donde se registran procesos de reproducción y crianza, por lo que la reducción de la mortalidad por pesca en estas importantes zonas y su manejo pesquero diferenciado, se refleja en el crecimiento de la biomasa de muchas especies marinas y contribuye a la conservación de las tortugas marinas, mediante regulaciones específicas.

Existe evidencia documental de los efectos positivos que ha generado en otros países el establecimiento de refugios o reservas marinas, como modelos de administración y protección de especies aprovechadas en la actividad pesquera, en donde se dan a conocer resultados favorables en cuanto al incremento de la biomasa, las tallas de animales y la biodiversidad en general.

De acuerdo con la Opinión Técnica emitida por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se determinó viable el establecimiento de una Zona de Refugio Pesquero Parcial y con carácter Temporal, por dos años, en las aguas marinas de jurisdicción federal en el área denominada "Golfo de Ulloa", misma que se complementa con medidas para disminuir la probabilidad de interacción con tortugas marinas, bajo un solo instrumento de regulación. Se prevé que las investigaciones continúen en el mismo periodo y en función de sus resultados, se lleven a cabo las adecuaciones en estas medidas de manejo.

Esta regulación permite desarrollar de forma ordenada, la pesca (actividad de gran importancia para las poblaciones ubicadas en el Golfo de Ulloa) sin descuidar la protección de la tortuga amarilla. Especie que se ha incluido en diferentes categorías de riesgo como el Apéndice I de la Lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la categoría en peligro y, la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

Por otra parte, a mediados de este año se presentó ante la autoridad ambiental el proyecto de minería submarina “Don Diego” con el cual se pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 3.5 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, posteriormente, ante las presiones de diversos grupos sociales que se manifestaron en contra de este proyecto, los promoventes se desistieron del trámite, sin embargo, dos días después presentaron su manifestación de impacto ambiental (MIA) de nueva cuenta ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ahora con el nombre de “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego” y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el proyecto “Don Diego”2, el objetivo del proyecto de dragado es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida útil del proyecto, con la finalidad de producir3.5 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte. Las profundidades a las que se va a realizar el dragado, estará entre los 60 y 90 m, desplazándose la draga a una velocidad de 1 ó 2 nudos sobre el área de trabajo. La superficie total del proyecto es de 91,269 ha, la cual estará dividido en 5 áreas de trabajo.

La problemática en torno a este proyecto surge a raíz de que se quiere desarrollar en la zona del Golfo de Ulloa que es catalogada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como una Región Marina Prioritaria para la Conservación. Reconocida por su alta productividad biológica y por esta misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.

Cabe mencionar que el 42% de la actividad pesquera en el estado de Baja California Sur, se ubica en esta región. Asimismo, existe alta diversidad de organismos que habitan el fondo marino como moluscos bivalvos (almejas) y gasterópodos (abulones y caracoles).

Es por ello que existe una preocupación fundada por parte del sector pesquero, pues el proyecto incide sobre áreas de pesca. De acuerdo con información pública, el dragado en la zona ha sido rechazado por la Unión de Armadores del litoral del océano Pacífico -uno de los principales grupos o colectivos empresariales pesqueros de México- y por la Federación de Cooperativas pesquera de la zona centro de BCS. Y es que el mismo instituto Nacional de la Pesca ha dicho que los polígonos del proyecto minero se traslapan con las concesiones pesqueras de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP) “Puerto Chale” y “La Poza”.3

Al respecto la misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa. De ese modo, es de suma importancia contar con los estudios técnicos fundamentados relativos al impacto ambiental del proyecto a fin de asegurar plenamente que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles.

De igual manera, en la última Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortuga Marina (tratado del que México es parte), se reconoció a la minería como una amenaza a las tortugas Caguama o amarilla (Carettacaretta), especie que se encuentra en el Golfo de Ulloa. Además, junto con Estados Unidos, México acordó trabajar junto a Japón en un Plan de Recuperación Trinacional de la especie mencionada.

Ante ello, es necesario que la autoridad competente realice un estudio exhaustivo sobre los impactos que tendría el proyecto “Don Diego” en la pesca, actividad principal de la región y en la conservación de la tortuga amarilla, en congruencia con los esfuerzos de ordenamiento establecidos por SAGARPA Y SEMARNAT para esta región.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que solicite a los promoventes del Proyecto de “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”, que realicen estudios científicamente sustentados sobre los impactos que tendría dicho proyecto en la pesca y la conservación de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa.

Asimismo, para que en el proceso de análisis del Proyecto se abra una consulta pública, a efecto de que la sociedad, sector pesquero, expertos en el tema y demás sectores interesados, expresen sus argumentos respecto del proyecto, y en la dictaminación se cuente con la información necesaria y suficiente para resolver el tema.

Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente,

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 Estudio Técnico Justificativo para la Propuesta de Declaratoria de Área de Refugio en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur para la Tortuga Amarilla (Carettacaretta), SEMARNAT.

2 Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional para el Proyecto “Don Diego”
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/resumenes/2014/03BS2014M0007.pdf

3 http://www.cemda.org.mx/presentan-otra-vez-proyecto-de-mineria-submarina-al-procedimiento-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar y coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el párrafo doce del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos encontrar que:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Por lo tanto, el Estado debe impulsar las acciones para fortalecer la cultura al interior de nuestro país.

Según la UNESCO la cultura debe ser considerada como:

“El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”1

Además, la cultura crea identidad, fortalece la cohesión social y brinda herramientas de desarrollo social.

El teatro es una forma de expresión cultural que en su singularidad propicia la solidaridad constructiva de todos sus participantes, tanto actores como espectadores, por lo cual es indispensable en la formación integral del ser humano.

Salvar, proteger e impulsar los teatros es impulsar la cultura, garantizar el acceso de todos  a la misma y, sobre todo, propiciar el respeto a los derechos humanos.

Recientemente la labor social de la asociación denominada "Ni un Teatro Menos” se ha traducido en la preservación del patrimonio cultural que significan los teatros de México para las futuras generaciones y, además, ha resaltado la condición de varios de estos espacios que se encuentran en riesgo de cierre.

El “Teatro Blanquita”, el Foro “El Bicho” y el “Centro Cultural Carretera 45” son teatros que la misma asociación ha denunciado como susceptibles de un cierre definitivo, razón por la cual debemos buscar los mecanismos que permitan su funcionamiento óptimo.
El “Teatro Blanquita” fue inaugurado con un espectáculo de Libertad Lamarque el 27 de agosto de 1960. En su escenario han desfilado figuras como Dámaso Pérez Prado, Celia Cruz, Carmen Salinas, Juan Gabriel, María Victoria, la Sonora Santanera, Pepe Jara, Angélica María, Marco Antonio Muñiz, Palillo y Chabelo, entre muchos otros. Se ha manejado que al dejar de operar shows, el inmueble será demolido y en su lugar se construirá un centro comercial.

Antes de ser “Teatro Blanquita” el recinto se llamaba “Teatro Margo”, en honor a su dueña, Margo Su, quien estaba casada con Félix Cervantes. El lugar fue remodelado en 1958 y se levantó como “Teatro Blanquita”, en honor a Blanca Estela Cervantes, hija de los anteriores dueños. Ella y Joaquín Fernández Urquidi ya no pueden costear los gastos del inmueble.

Por su parte y a pesar de su relativa juventud, el foro “El Bicho” ha llevado cultura y sensibilización estética a la Colonia Roma. Bajo el liderazgo de la actriz Úrsula Pruneda, sus temas han sido vastos y su único compromiso ideológico ha sido con la calidad. Lejos del interés por lucrar, su solo problema real es la falta de recursos económicos para sostenerse.

Finalmente, el Centro Cultural “Carretera 45”, ubicado todavía en Av. Juan Lucas Lassaga 122, colonia Obrera, lleva arte a un barrio popular. De la mano del actor, director y dramaturgo Antonio Zúñiga, este foro ofrece en su amorosa brevedad teatro profesional a quien más lo necesita y lo agradece. Los aplausos y reconocimientos dan testimonio de ello. Nuevamente aquí el problema han sido los precios accesibles, pues se trata de un teatro pensado para atender a los ciudadanos de recursos limitados. Si bien en este momento reciben el apoyo del programa gubernamental México en Escena, éste se terminará un día, y ya no podrán continuar pagando la renta del local.

El “Teatro Blanquita” puede ser adquirido por la Nación para volver a ser lo que en sus inicios: un centro de cultura popular o inclusive una escuela de teatro popular.

“El Bicho” y “Carretera 45” podrían recibir créditos para adquirir como su propiedad los terrenos y edificios que les han albergado.

En resumen: Hay varias vías a analizar para poder defender e impulsar la cultura en nuestro país, así como para preservar los teatros antes referidos para garantizar su existencia, acceso y disfrute para las futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a efecto de implementar y coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.

1 http://www.un.org/es/globalissues/culture/





 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la prevención, el tamizaje y la detección precoz de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos basados en medicina nuclear en nuestro país. Se turna a la Comisión de Salud.

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y JUANA LETICIA HERRERA ALE Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los cánceres que afectan con más frecuencia a los hombres son los cánceres de piel, próstata, colon y pulmón. Considerados todos ellos como de mayor oportunidad de prevención, detección y cura, es decir, son muertes en exceso evitables.1 En 2013, el departamento de Vinculación Institucional del Instituto Nacional de Cancerología, estimo que en México, el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas, lo que reduce la posibilidad de una posible recuperación para el paciente.2

Según cifras de GLOBOCAN, que concentra las estadísticas generadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México estadísticamente el cáncer de próstata es el de mayor prevalencia en todo el país, afectando en mayor grado a adultos mayores3, de los cuales el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) estima que el 70% de los pacientes fallece en su casa, debido a complicaciones, siendo las más frecuentes la metástasis óseas, esto en razón de que el 25% de los casos son asintomáticos.4

Si bien es cierto, en el cáncer de próstata la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo, también se encuentra relacionado con otros factores como lo son: la herencia y la dieta con alto contenido en grasas animales. En este contexto es importante mencionar que este tipo de cáncer está en su mayoría asociado a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y carencia de servicios médicos.

Razón por la cual, es importante adoptar las medidas de prevención y sobre todo de diagnóstico oportuno, como lo son el rastreo de hombres asintomáticos por medio de la realización del examen de toque rectal (ETR) y por la dosificación del antígeno prostático específico (PSA). La mejor forma de diagnosticar el cáncer de próstata es la combinación entre estos dos exámenes, ya que el primero exclusivamente falla en 30% a 40% de los diagnósticos, el segundo, exclusivamente, falla en 20% y la asociación pierde apenas 5% de los casos.5

En las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal; razón por la cual la detección oportuna es la forma más eficaz de impedir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, algunos estudios han demostraron que las mujeres utilizan más regularmente los servicios de salud que los hombres, ellas buscan los servicios por motivos ligados a los exámenes de rutina y prevención y los hombres principalmente por motivo de enfermedad.

Muestra de eso son las altas estadísticas que arroja el Instituto Nacional de Cancerología, al estimar que es alrededor de un 70% los casos de cáncer de próstata que no son detectados y fallecen en sus casas, cifras que también se ven reflejadas en los ingresos hospitalarios que registra el instituto en su informe anual correspondiente al 2014, donde solamente se registra un 39.4% de hombres.

Esto se debe al fuerte impacto causado por el cáncer de próstata, que hace que los hombres creen barreras en cuanto a su tratamiento, esto sucede debido a factores como: la falta de información; el prejuicio del toque rectal y el miedo de consultar al urólogo y llevar un “dedazo”; la dificultad de acceso médico especializado; miedo de quedar impotente.6

Es por lo anterior que importante que se tomen en cuenta el dasarrollo de nuevas tecnologías que se han realizado en el campo de la medicina, debido a que ya se cuentan con nuevas tecnologías terapueticas para el tratamiento de cáncer de próstata con metástasis osea, específicamente aquellos basados en medicina nuclear como el radio 223, que demuestran que los pacientes tienen una mejor calidad de vida e incluso un aumento en la sobrevida en ciertos casos.

En consecuencia, es necesario reforzar esfuerzos para implementar de forma efectiva la estrategia 2.5. del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, que busca mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, dentro de las cuales se incluye el cáncer de próstata, priorizándolo a la par del cáncer de mama y cervicouterino, esto en virtud de la creciente tasa de mortalidad que ha tenido la enfermedad y que aqueja únicamente a personas del sexo masculino, por lo que resulta necesario emprender acciones dirigidas a vencer la resistencia de los hombres a realizarse reconocimientos médicos periódicos, como lo establece el punto 2.5.5 del Plan, al incluir la prevención de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a fortalecer la prevención, el tamizaje y la detección precoz, de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos basados en medicina nuclear en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C.

2 Secretaria de Salud, http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html

3 Secretaria de Salud, http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html

4 http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1298053652.pdf

5 Artículo parte de Tesis de Doctorado “Conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção precoce do câncer de próstata” presentada en lo Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil

6 Burack RC & Wood DP Jr. Screening for prostate cancer. The challenge of promoting the informed decision making in the absence of definitive evidence of effectiveness. Med Clin North Am. 1999; 13(83):1423-42.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura originada por la oruga peluche o Megalopyge operculari y a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa alguna picadura o infección producto de este insecto. Se turna a la Comisión de Salud.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura originada por la oruga peluche o Megalopyge operculariy a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa alguna picadura o infección producto de este insecto. Asimismo se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Saluda emitir un informe detallado a esta Soberanía en donde explique cómo ingreso la oruga peluche al estado de Nuevo León y cuáles son los riesgos a los que está expuesta la población por la picadura de la oruga peluche.

ANTECEDENTES

1. En fechas recientes y por diferentes medios de comunicación se dio a conocer la aparición en algunas viviendas de la oruga Megalopyge opercularis conocida también como la oruga peluche.

2. Esta oruga es altamente venenosa, se ha visto en algunas casas y parques públicos de la zona metropolitana de Nuevo León. Estos insectos parecen suaves, pero bajo esa capa de pelo como de peluche, se esconden espinas venenosas que pueden clavarse en la piel.

El dolor es peor que el de la picadura de una abeja, la sensación aumenta y pueden doler hasta los huesos. En cualquier caso, el dolor depende de la parte de cuerpo con la que ha estado en contacto con el insecto y cuántas espinas se han clavado. Personas que han sido picadas en la mano afirman que el dolor puede extenderse hasta el hombro y durar hasta 12 horas.

3. Esta especie experimenta ciclos altos y bajos, pues su población puede aumentar y disminuir considerablemente dependiendo del clima, la disponibilidad de alimento y el número de parásitos que pueda haber alrededor. En este momento parece que la población está alcanzando un punto álgido, lo que explicaría el elevado número de casos de picaduras.

4. En Nuevo León, la presencia de este insecto cada vez es mayor lo que obligo a la Secretaría de Salud estatal a emitir el siguiente comunicado: “Aunque no tenemos una alerta sobre la oruga peluche, les queremos informar que este insecto es venenoso y puede encontrarse en algunos árboles como olmos y cítricos; su aspecto es suave, como si tuviera una capa de peluche, pero debemos tener mucho cuidado y no tocarla, ya que debajo de esa textura se esconden espinas que pueden clavarse en la piel y causar un dolor intenso. Cuídate y cuida a tus hijos, si ven alguna oruga, no la toques, ni dejes que los pequeños lo hagan ya que podría picarles y en caso de que lo hayan hecho, acude de inmediato al médico. Esta información ha generado que la población emita más informes sobre el avistamiento de este insecto.

5. Por la falta de atención por parte de la Secretaría de Salud estatal y del gobierno del estado la población ha comenzado a lanzar alertas por la presencia de la "Oruga Peluche" los reportes sobre avistamientos del insecto se han multiplicado, en municipios como Guadalupe y Santa Catrina y en el sur de Monterrey fueron reportados casos tanto de picadura como de presencia de la oruga peluche.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Ante la llegada de la oruga Megalopyge opercularis conocida también como la oruga peluche a la zona metropolitana de Nuevo León, es necesario que las instituciones del estado y la Secretaría de Salud a nivel federal informen a la población de los riesgos y las formas de protegerse de este insecto.

III. Es necesario que exista un buen control del riesgo que representa la oruga peluche, buscando evitar que el miedo y la desinformación produzcan pánico entre la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura originado por la oruga peluche o Megalopyge o perculariy a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa alguna picadura o infección producto de este insecto.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que a emitir un informe detallado a esta soberanía en donde explique cómo fue que ingreso la oruga peluche al estado de Nuevo León y cuáles son los riesgos a los que está expuesta la población por la picadura de la oruga peluche.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.





 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe sobre los antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de la Norma NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua. Se turna a la Comisión de Energía.

Los Senadores, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía (CONUEE), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, cuya misión es promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población. Dentro de las atribuciones que tiene se encuentra la búsqueda de alternativas que permitan contribuir en la preservación de dichos recursos naturales; una de estas atribuciones es la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia energética (NOM-ENER), que regulen los consumos de energía de aquellos aparatos que, por su demanda de energía y número de unidades requeridas en el país, ofrezcan un potencial de ahorro cuyo costo-beneficio sea satisfactorio para el país y los sectores de la producción y el consumo.

El proceso de elaboración de la denominada NOM-027-ENER-2015, ha generado enorme preocupación y molestia a los fabricantes y comerciantes que conforman la Sociedad de Tecnología Solar Avanzada de Tubos Evacuados A.C. (SOTECSOL A.C.), y que se verían afectadas con la norma a que se hace referencia, algunas de ellas son: Onlysun S.A. de C.V., Ecovo Solar S.A. de C.V., Green Life México S.A. de C.V., Energías Renovables de América S.A. de C.V., Frantor S.A. de C.V., Solar DS S.A. de C.V., Ecosolaris Energy S.A. de C.V., Bonasa Global S.A. de C.V., Solar Technology, S.A. de C.V., Enesol S.A. de C.V., Solar House S.A de C.V., entre otras; quienes de manera directa se han acercado a esta Cámara solicitando una revisión de la misma, pues se estima que hay irregularidades que de aprobarse pueden tener un impacto importante en la economía, trastocando no solo el ámbito social, sino generando un monopolio en detrimento del país, ya que presuntamente, el dictamen fue desarrollado en su momento por industriales que venden y fabrican únicamente calentadores solares de colector plano dejando fuera a empresas y asociaciones vinculadas con equipos de tubos evacuados y generando por tanto, un estatus de inequidad y desventaja de los comerciantes de Tecnología Solar Avanzada de Tubos Evacuados.

Ahora bien, el proceso de elaboración de la norma está regulado por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que a la letra establece:

ARTÍCULO 45. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la Secretaría, que deberá contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 4A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la manifestación debe presentarse a la Secretaría en la misma fecha que al comité.

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el artículo 46, fracción I.

(…)

Por tanto, como lo establece la Ley, cuando existe un impacto a la economía, se debe realizar un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales, por lo que resulta fundamental que el proyecto cumpla con dos aspectos:

1. Que exista una manifestación de impacto regulatorio que cumpla con:

a. La explicación sucinta de La finalidad de la norma oficial mexicana, en la que se definirán las situaciones o las conductas que se pretenden normar y en su caso, se describirán los ordenamientos jurídicos relacionados con el asunto;

b. La descripción de las medidas propuestas para cumplir con la finalidad a que se refiere el inciso anterior; y,

c. Las alternativas consideradas y las razones por las cuales fueron desechadas.
Asimismo, la descripción general de:

a) Las ventajas y desventajas que pudiera tener la norma oficial mexicana;

b) Los costos y beneficios en términos monetarios, en los casos en que la Ley lo establece; y,

c) El análisis de factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma oficial mexicana, en el que se explicará cómo se pretende instrumentar la propuesta y los mecanismos previstos para asegurar y verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana.

2. Que se ajuste a las normas y estándares internacionales, en este caso es la ISO 9806:2013.

Adicionalmente, dicho análisis deberá considerar la existencia de infraestructura técnica para la evaluación de la conformidad y, en caso de que ésta no exista, se debe considerar además el impacto que ocasionaría la norma oficial mexicana en los sectores involucrados por no existir medios para comprobar oficialmente su cumplimiento.

Todo lo anterior, en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Por otro lado, el comité de normatividad de la CONUEE se encuentra elaborando junto con un grupo de trabajo técnico el anteproyecto, y existe la presunción de que están integradas en la mesa de trabajo personas con intereses económicos propios muy marcados, por citar un ejemplo: el representante del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, que tiene como misión realizar investigación científica básica y aplicada en energía, con énfasis en energías renovables, y que funciona con fondos públicos, quien además es hermano del representante/presidente de la asociación de Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables A.C. (FAMERAC), que aglutina empresas con intereses en el cobre, gas L.P. y colectores solares (hechos a base de cobre), y al mismo tiempo es el Director General de Modulo Solar SA de CV, compañía que fabrica y comercializa calentadores solares planos hechos en base a cobre.

En este sentido, es importante que se haga una aclaración de las personas que integran el grupo de trabajo técnico dictaminador de la norma, con el objeto de descartar cualquier conflicto de intereses que pudiera darse.

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía para que a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), rinda informe pormenorizado sobre los antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de la norma NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua; se acompañe la Manifestación de Impacto Regulatorio que exige el artículo 45 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en términos del numeral 32 del reglamento de la misma ley; asimismo, señale los nombres de los integrantes el grupo de trabajo técnico dictaminador de la norma referida, así como las instituciones que representan.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Senadores.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a demandar de la comunidad internacional el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del Estado de Palestina. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a demandar de la comunidad internacional el cumplimiento de las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del Estado de Palestina, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 1947 con la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la división del territorio palestino para la creación de dos Estados, un “Estado judío” y un “Estado árabe”, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. Sesenta y ocho años después de la aprobación de dicha Resolución solamente se ha creado uno de los Estados previstos en la misma, el Estado de Israel.

Israel fue creado por las Naciones Unidas en 1948 con el 78 por ciento del territorio palestino, dejando solamente el 22 por ciento para Palestina, lo cual generó un éxodo masivo de palestinos que tuvieron que asentarse en campos de refugiados sin que la comunidad internacional se interesara en su problemática.

Ante la proclamación del Estado de Israel, la reacción de los Ejércitos de la Liga Árabe (integrada por Egipto, Irak, Siria, Líbano, TransJordania, Arabia Saudí y Yemen) fue la declaración de la guerra a Israel. El enfrentamiento se decidió a favor de los israelíes que, después del conflicto, ocuparon territorios que, según la división aprobada por la ONU, correspondían a la Palestina árabe.En1967 Israel ocupó el resto del territorio palestino, Cisjordania incluyendo Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, así como los Altos del Golán en Siria, la Península del Sinaí egipcia y el sur del Líbano.

Es así quepor más de 48años al pueblo palestino se le ha negado sistemáticamente su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia. Durante estos años, las Naciones Unidas han aprobado decenas de Resoluciones en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, criticando los asentamientos, la anexión de Jerusalén, el muro de separación (condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya) y en contra de la masacre en Yenin y las constantes masacres en Gaza, sin que Israel haya modificado su política internacional en el tema.

Es preciso recordar la participación ante el Pleno de las Naciones Unidad de dos de los más importantes líderes y legítimos representantes del pueblo palestino, quienes con un margen de 37 años de diferencia,  se dirigieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas convocando a la paz e invocando los Principios del Derecho Internacional, entre ellos, el derecho a la autodeterminación de su pueblo y sobre la base del reconocimiento de convivir en paz y sin distinción alguna entre judíos y palestinos en la Palestina, hoy brutal e ilegítimamente ocupada, con la esperanza de una paz sin distingos o discriminación, Yasser Arafat, quien fuera considerado Padre de la Patria Palestina y Premio Nobel de la Paz en 1974 y Mahmud Abás, Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y Presidente de la Autoridad Palestina en 2011.

Recordemos esa frase histórica de Yasser Arafat que fuera retomada por Abás más de tres décadas después, la cual enmarca el anhelo de un pueblo por el respeto a su derecho a existir y convivir en paz con sus vecinos: “Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano el ramo de olivo. Repito: no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. "1

El Congreso mexicano se ha pronunciado por el derecho irrestricto del pueblo palestino a su existencia como Estado soberano y al cese de las continuas hostilidades que se mantienen. El último pronunciamiento del Congreso se dio ante los lamentables acontecimientos que ocurrieron entre julio y agosto de 2014, donde Israel emprendió una ofensiva militar llamada “Margen Protector” contra la Franja de Gaza que dejó un saldo de más de 2 mil muertos entre mujeres, niños y ancianos inocentes y más de 10 mil heridos, principalmente palestinos.

En este pronunciamiento, la Comisión Permanente condenó la violencia, el uso indebido, injustificado y desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y toda medida contraria al derecho internacional humanitario perpetrado por Israel contra el pueblo Palestino e hizo un nuevo llamado al Poder Ejecutivo Federal a evaluar el reconocimiento del Estatus de Embajada a la Delegación Especial de Palestina en México, sin que hasta la fecha se haya realizado acción alguna en este sentido.

México debe sumarse al conjunto de países que han reconocido plenamente al Estado de Palestina. Cabe señalar que Palestina cuenta con una importante presencia en el ámbito internacional, pues es reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la Corte Penal Internacional (CPI); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Un poco más de 138 países han reconocido el Estado Palestino y mantienen relaciones plenas. Esto representa aproximadamente, cerca del 70% del total de 192 Estados que hay en las Naciones Unidas.2 En esta lista no solo están todos los países árabes, sino también grandes potencias como China, Rusia e India, y otros destacados agentes de la escala internacional, como Pakistán, Argelia, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela. Más de 10 países de la Unión Europea reconocen el Estado de Palestina: Chipre, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Suecia. También Albania, Turquía, Bosnia y Serbia. Asimismo, diversos Congresos Nacionales han aprobado sendas resoluciones donde conminan a sus Gobiernos a reconocer el derecho al Estado de Palestina, entre las que destacan el Parlamento Británico y el Senado Irlandés, el Parlamento Español y la Asamblea Nacional Francesa.

Hay naciones que no reconocen aún al Estado de Palestina, pero tienen una oficina, como es el caso de España, Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido. Además, la Comisión Europea tiene una representación permanente en Palestina, la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con Palestina, y mantiene relaciones a través del Servicio Europeo de Acción Exterior. Más de 130 países han reconocido a Palestina como un Estado libre y soberano. El Vaticano reconoce oficialmente al Estado Palestino, por lo que es no es comprensible o no se conoce razón alguna que justifique el que el Ejecutivo Federal de México no haya realizado acción alguna tendiente a elevar el estatus de la Delegación de Palestina a Embajada de Palestina en México.

En el marco del próximo 29 de noviembre, fecha en que cada año las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con base en las Resoluciones 32/40 B del 2 de diciembre de 1977 y, 34/65 D, del 12 de diciembre de 1979, y retomando los pronunciamientos emitidos por el Congreso Mexicano, es necesario que de nuevo se pronuncie el Senado a favor de que el Ejecutivo Federal eleve al más alto nivel las relaciones que se mantienen con el pueblo de Palestina y se reconozca al Estado de Palestina, en claro apego a nuestros principios de política exterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que partiendo de los principios de libre autodeterminación de los pueblos; solución pacífica de controversias; igualdad jurídica de los Estados; respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reconozca al Estado de Palestina como Estado Soberano y eleve al más alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina, elevando el estatus de la Delegación Especial de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su representación ante la ONU, convoque en el marco de la Organización de las Naciones Unidas a un amplio debate encaminado a dar cabal cumplimiento a las Resoluciones que han sido adoptadas en torno a Palestina, principalmente, la Resolución 181(II).

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas pronunciado por Yasser Arafat el 13 de noviembre de 1974, disponible en: https://www.marxists.org/espanol/arafat/1974/onu-13nov.htm

2 En Claves:¿Qué países y organizaciones reconocen a Palestina?, teleSUR, disponible en: http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Reconocimiento-a-Palestina-20150513-0124.html.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la decisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre el caso de cuatro hombres torturados por elementos de las Fuerzas Armadas en Baja California. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

“Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe”

Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta conmemoración, el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre de 1999, declarando como tal el 25 de noviembre de cada año, invitando a los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a encaminar esfuerzos para sensibilizar a la opinión púbica acerca del grave problema de la violencia contra la mujer.

Esta fecha se eligió en honor a la memoria de las Hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en el 25 de noviembre de 1960, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Las consideraciones básicas que se tomaron en cuenta por la Asamblea General de Naciones Unidas, fueron las siguientes:

• La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos

• La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género

• La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la  seguridad

• La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial

• La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida.

Pareciera increíble que aun en nuestra época siga existiendo el primitivo y grave problema de violencia contra la mujer. Un lastre para el cual, la evolución del pensamiento y el paso del tiempo poco han logrado hacer para erradicar, por ello, que las acciones deban ser mucho más recias y decisivas.

El increíble número estadístico dado por Naciones Unidas nos dice bastante, un lamentable 70% de mujeres en el mundo que son víctimas de violencia. Una cifra que igual nos debe apremiar y preocupar.

Por ello, que este 25 de noviembre, sea un día propicio para reflexionar y rechazar todas aquellas acciones, conductas, pensamientos y actitudes que tengan por objeto la restricción a las mujeres para que se desarrollen en condiciones de igualdad de  derechos humanos; un día propicio para repudiar la violencia y la discriminación en su contra.

En el marco de esta conmemoración, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este 25 de noviembre y todos los demás de cada año, reitero mi rechazo y condena a la opresión de que aún son objeto muchas mujeres, la violencia y la falta de igualdad de género, como también, para pronunciarme por enfatizar los esfuerzos para lograr el reconocimiento a plenitud de los derechos de la mujer, algo que es suyo, que les pertenece, pero que lamentablemente hay quienes no lo han sabido reconocer.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

“Una en cada tres mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto es una abominable violación de los Derechos Humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco reconocidas de nuestro tiempo.”
Nicole Kidman.

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961), es así que el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor.

La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, comunidades y naciones, hoy en día podemos asegurar que hasta el 70 por ciento de mujeres han sido víctimas de  violencia en el transcurso su existencia.
Siendo la violencia por parte de una pareja íntima La forma más común de violencia experimentada Diversas encuestas mundiales sugieren que la mitad de todas las mujeres que La violencia psicológica o emocional por parte de parejas íntimas también es muy extensa otra ejemplo es la violencia sexual. Se calcula que a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida, as jóvenes con frecuencia son obligadas a contraer matrimonio y a tener relaciones sexuales, con peligros para la salud, como la vulnerabilidad al VIH/SIDA, limitando, por otra parte, su asistencia a la escuela. Uno de los efectos del abuso sexual es la lesión traumática ginecológica: una lesión que resulta del desgarre severo de los tejidos vaginales y que deja a la mujer incontinente y socialmente indeseable, pues la violación se ha usado durante mucho tiempo como una táctica de guerra, con violencia contra mujeres durante o posteriormente a conflictos armados informados en cada zona de guerra internacional o no internacional.

La inhabilidad de las mujeres para sortear prácticas sexuales sin riesgo y de  rechazar el sexo no deseado está estrechamente relacionada con el alto índice del VIH/SIDA. El sexo no deseado resulta en un riesgo mayor de excoriación y sangrado y facilita la transmisión del virus. Más de la mitad de las nuevas infecciones del VIH a nivel mundial ocurren entre personas jóvenes de 15 a 24 años de edad y más del 60 por ciento de la juventud infectado con el VIH en este intervalo de edades son mujeres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que la cifra anual mundial de mujeres víctimas de lo que se denominan “homicidios por motivos de honor” puede llegar a 5,000, mientras que el tráfico de personas según los cálculos, entre 500,000 y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones que incluyen prostitución, mano de obra forzada, esclavismo o servidumbre. Mujeres y niñas suman alrededor del 80 por ciento de las víctimas detectadas. Violencia durante el embarazo La violencia antes y durante el embarazo tiene graves consecuencias de la salud, tanto para la madre como para el bebé. Conlleva a embarazos de alto riesgo y problemas relacionados con el embarazo, incluyendo el aborto espontáneo, parto antes de término y bajo peso al nacer.

En México, del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los cometen sus cónyuges.

La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los accidentes de tránsito es así que la Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida.

En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente cada 15 segundos una mujer es agredida, En 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual.

A escala mundial, se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre presente en su vida, Cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en México.
No podemos seguir permitiendo estos actos de violencia y no por el hecho de que seamos mujeres, sino porque somos ante todo seres humanos, es momento de dejar de dañarnos a nosotros mismos argumentando alguna diferencia, pues esta no es razón válida para el poder maltratar a nuestro prójimo, este 25 de noviembre recordemos que todos merecemos respeto, tranquilidad y por supuesto la felicidad, así es como conmemoraremos este gran días para erradicar la violencia contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

El 17 de diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las estadísticas al respecto son alarmantes:

El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas.

En algunos países esta cifra asciende al 70%

En México, la magnitud de esta problemática mundial es triste, de todas las mujeres que comparten hogar con su pareja, el 45% manifiesta haber sido víctima de, por lo menos, un incidente relacionado con violación emocional, física, económica o sexual.

La violencia hacia a las mujeres es una cuestión política y de derechos humanos.

A pesar de los avances legislativos en materia de género, la violencia hacia la mujer no es un asunto concluido, por el contrario, cada día nos enteramos de las terribles atrocidades por las que muchas mujeres tiene que pasar para lograr su pleno desarrollo.

Un sinfín de vejaciones y abusos son cometidos diariamente.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre el tema con el objetivo de que cada uno tome conciencia plena del cómo tratamos a las mujeres que tenemos en nuestro contexto más cercano, porque sin duda, no debemos de ir lejos para darnos cuenta acerca de nuestra conducta hacia el sexo femenino.

No basta legislar al respecto, tenemos que asumir que el trato digno hacia la mujer se ejerce en nuestras acciones cotidianas, por más simples que estas sean.

Es cuanto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

EFEMÉRIDE

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
25 DE NOVIEMBRE

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida, una cifra abrumadora que refleja una pandemia de proporciones mundiales. Sin embargo, a diferencia de una enfermedad, agresores e incluso sociedades enteras eligen cometer actos de violencia, y también pueden decidir ponerles fin. La violencia no es inevitable: se puede prevenir.

Por ello, las estrategias de prevención deben ser holísticas, y deben incluir múltiples intervenciones realizadas en paralelo para lograr efectos duraderos y permanentes. Es preciso involucrar a muchos sectores, actores y partes interesadas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en diciembre de 1999 la propuesta que realizó la República Dominicana para que se celebrara el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM)”.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

Así mismo se lleva a cabo la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género” que comienza el 25 de noviembre, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta campaña tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Este año, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres invita a la iniciativa “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”.

La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%.

H. Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La violencia es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en la cultura y en la forma como ésta se estructura socialmente. La violencia contra las mujeres se origina en la existencia de desequilibrios de poder en determinados contextos, formas de control interpersonales, posiciones de desventaja social frente a los hombres, y por pautas de construcción y orientación de la identidad.

De ahí que entre las causas de violencia hacia las mujeres, encontramos la exaltación de los estereotipos, roles e identidades asociadas a lo masculino - femenino, como categorías binarias y jerarquizadas. Las representaciones y expectativas que tenemos sobre lo que significa “ser hombre” o “ser mujer” son determinantes en la forma de comportarnos o reaccionar ante situaciones o conflictos. Por ejemplo, se espera que un hombre defienda a “golpes” a su familia, su propia dignidad y sobre todo su “hombría”. Así como se espera que las mujeres sean obedientes frente a la autoridad de sus padres, esposos o hermanos.

De acuerdo con estas expectativas culturales de la masculinidad y la feminidad, la sociedad tolera e incentiva la violencia de género que se ve reflejada en las prácticas cotidianas y en las disposiciones normativas que justifican y legitiman este tipo de violencia tanto en el ámbito privado como en la vida pública.

Debe quedar claro que la pobreza, el hacinamiento, el desempleo, la falta de acceso a la educación, el abuso del alcohol y/o drogas son factores que favorecen la violencia, mas no razones que explican sus orígenes. Está comprobado que la violencia afecta a personas, familias y comunidades de diferentes condiciones y culturas.

La violencia contra mujeres y niñas se manifiesta por sí misma, las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia emocional y psicológica.

Otras formas extendidas a nivel mundial incluyen: explotación sexual, trata y prácticas tradicionales nocivas tales como la mutilación genital femenina/amputación de órganos genitales (FGM/C), así como  el matrimonio forzado y el matrimonio precoz.

Así también existen otro tipo de formas de violencia menos documentadas que incluyen: crímenes cometidos en nombre del “honor”, feminicidio, selección pre natal del sexo, infanticidio femenino, abuso económico y violencia política.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho que, mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no podremos afirmar que estamos “logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala que la violencia en el ámbito familiar es una de las formas más insidiosas de violencia contra las mujeres, ya que en las relaciones familiares se somete a mujeres de cualquier edad a sufrir lesiones, maltrato psicológico o violación sexual, que se ven perpetuadas por actitudes y estereotipos culturales, a costa de la vida de las mujeres y el entorpecimiento de su capacidad para participar en las esferas familiar y pública en condiciones de igualdad. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende  límites de edad, socio económico, educacional y geográfico; afecto a todas las sociedades; y es un obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global.

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la violencia contra las mujeres o de género es un problema de salud pública; una práctica aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social, estructurada sobre la base de la desigualdad de género.

La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH) del INEGI, 2011, los agresores, en la mayoría de los casos, se encuentran en el entorno y relaciones cercanas de las víctimas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala en su texto “Violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género”, que las luchas de las organizaciones de mujeres han permitido poner el tema en la agenda pública y posibilitado una mejor conceptualización y tratamiento de este problema.

“En un inicio el tipo de violencia que más comúnmente se denunciaba era la física y sexual. Hoy en día la interpretación incluye otras modalidades y otros tipos de violencia que, en conjunto, expresan la situación de vulnerabilidad de las mujeres”,

El 1° de febrero de 2007 fue publicada en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación”. Es decir, “involucrar a las autoridades para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas sobre la no violencia contra las mujeres, como complemento de la labor legislativa, que en el marco del federalismo habrá de aplicarse en todas las entidades federativas.”

Pese a ello,

Hoy, la violencia contra las mujeres ocupa un sitio prioritario en la agenda política democrática del país. La violencia de género, es decir, por el solo hecho de ser mujer, busca someterla en todos los aspectos de su vida, se manifiesta en formas diversas y con variados matices que limitan de cierta forma su desarrollo individual y social, así como su participación en diversos ámbitos de la vida y puede llegar a extremos como la muerte.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Armada de México”.

EFEMÉRIDE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO”, OBSERVADO EL 23 DE NOVIEMBRE.

El “Día de la Armada de México”, fue instituido por decreto presidencial el 21 de noviembre de 1991, con el objetivo de difundir el cariño, respeto y admiración que existe hacia los héroes que materializan a esta gran institución.

Este día se le eligió como un homenaje a la gesta heroica del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, quien el 23 de noviembre de 1825 logró la rendición y desalojo de los soldados extranjeros que se habían refugiado en el Castillo de San de Ulúa, Veracruz, fecha en la que esta noble institución se llenó de gloria nacional debido a que dicho acto fue determinante para la consumación de la independencia de nuestro país.

Su éxito fue tal, que en 1897 se creó en Veracruz la Escuela Naval Militar, ciudad que posteriormente fue distinguida con el grado de cuatro veces Heroica, en virtud de que siempre ha estado presente; lo estuvo en 1825 para lograr la rendición de las últimas tropas españolas; en 1838 en la defensa frente a tropas francesas; en 1847 en la resistencia frente a la invasión estadounidense; y en 1914 durante la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz.

Desde entonces, México ha tenido grandes transformaciones, pero se mantienen intactos los valores de solidaridad y profesionalismo de la Armada de México, situación determinante para avanzar hacia mejores estadios en benefició de la población.

A diferencia de los primeros años del México independiente, actualmente contamos con instituciones sólidas, derechos consagrados y certeza jurídica.

Este día como es un escenario idóneo para enaltecer el papel de nuestros marinos en la importante tarea de garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de desastre. Desde esta Soberanía Nacional, reconocemos su notable vocación de servicio, inquebrantable responsabilidad social y profundo patriotismo.

La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; procurando en todo momento, lo dispuesto en nuestra Carta Magna, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

En la búsqueda de este importante objetivo, la Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o las dependencias del Ejecutivo Federal, e incluso, cuando lo ordene el Mando Supremo, podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran. Luego entonces, no es casualidad que la marina y el ejército sean las dos instituciones en las que más confía la sociedad mexicana.

En la Armada de México se encuentra plasmada la gran lucha social por la que obtuvimos nuestra independencia, por ello, en la época contemporánea seguimos confiando en esta noble institución, y lo seguiremos haciendo, porque a través del tiempo ha demostrado su gran compromiso con México.

Con sus acciones, una y otra vez, ha demostrado empatía, disciplina, fortaleza, fraternidad y solidaridad, virtudes que ponen de manifiesto lo mejor de nuestro pasado y presente. En consecuencia, los legisladores del PRI, reiteramos nuestra felicitación y reconocimiento a la Armada de México, estamos seguros que siempre que sean requeridos, acudirán al auxilio de los mexicanos para brindar seguridad, paz y tranquilidad. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día de la Armada de México”.

EFEMÉRIDE

DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO
23 DE NOVIEMBRE

Desde 1991, la Secretaría de Marina-Armada de México, celebra el día 23 de noviembre como la fecha memorable en que la recién integrada Marina de Guerra mexicana, logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas consolidando la Independencia Nacional.

En enero de 1912 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ordenanza General de la Armada. Misma que se encarga de la vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, una zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México así como en las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables. Desde la independencia de México estuvo ligada a la Secretaría de Guerra y Marina, posteriormente fue parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta que se creó el Departamento de Marina de manera independiente. A partir de 1941 es administrada por la Secretaría de Marina que es integrante del gabinete presidencial.

En 2015 la Armada de México cuenta con 60,313 militares.

Durante la lucha de Independencia, el 23 de noviembre de 1825, las acciones militares al ser dirigidas por Pedro Sainz de Baranda, quien a pesar de la falta de recursos, suministros y armas, adoptó una estrategia a partir del bloqueo, se logró la desocupación española. A partir de ese día, no existió ninguna otra tropa extranjera en el territorio nacional y México se consolidó como un país independiente.

El hecho marcó el inicio de las acciones de la Armada de México, que a pesar de los escasos recursos, quedó revestida de gloria al perseverar la soberanía de la Nación. La conmemoración es un reconocimiento a los hombres y mujeres cuyo compromiso histórico es servir a la Patria.

La Independencia que ahora disfrutamos es la suma de incontables esfuerzos, sacrificios y vidas humanas de los marinos de México, que desde entonces perfilan su labor para servir a su Patria, contribuyendo así a preservar la soberanía e integridad territorial y a mantener el Estado de Derecho en la Mar.

H. Cámara de Senadores, el 23 se noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, en relación con el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.







 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, en relación al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Efeméride Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
25 de noviembre

La protección de la mujer y la búsqueda de la equidad de género por medio del empoderamiento de la mujer han constituido acciones afirmativas fundamentales para el logro de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Este tipo de violencia debido a una condición de género requiere un tratamiento especial por la peligrosidad que representa, se puede generar en cualquier ámbito, por diversos tipos de agresores y con características distintas.

A nivel mundial, por lo menos el 35% de las mujeres y niñas sufren o han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, económica o psicológica.

En algunos países de África o Medio Oriente, la violencia contra las mujeres puede alcanzar niveles inhumanos y crueles donde se estima que más de 133 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de alguna forma de mutilación o ablación     genital.

Según estudios de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) los estados miembros con cifras más altas de violencia contra la mujer son Dinamarca, Finlandia y Lituania con índices entre 30 y 39% de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, mientras que las cifras más bajas, entre 10 y 19%, corresponden a España, Portugal, Irlanda, Polonia, Grecia, Italia, Austria, Chipre, Malta, Eslovenia y Croacia, el resto de los países pertenecen a una situación intermedia entre el 20 y el 29% de las mujeres que han sufrido violencia, este es un padecimiento que afecta a todos los países incluso aquellos que han sido pioneros en el desarrollo social.

Ante un panorama cada vez más apremiante, ONU MUJERES realiza una    campaña de 16 días de activismo para detener la violencia de género, estas acciones para pintar el mundo de naranja inician el 25 de noviembre en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “para poder poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.”

Unirnos a las campañas para la eliminación de la violencia contra la mujer reviste una importancia mayor toda vez que durante este año se realizó una nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que además de establecer como objetivo la igualdad de género, contiene metas e indicadores específicos para poner fin a la violencia contra las mujeres.

En nuestro país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, el 47% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja.

Este tipo de violencia no se limita a cuestiones físicas, la violencia contra la mujer puede ser de tipo emocional, económica, física o sexual, 4 de cada 10 mujeres en México, han sufrido violencia emocional, 2 de cada 10 padecen violencia económica, más del 14% recibió maltrato físico y a 7 de cada 100 se le obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Conscientes de la vulnerabilidad latente que representa la violencia contra el género femenino el Congreso de la Unión ha buscado proteger a las mujeres por medio de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Estos son instrumentos jurídicos que establecen las facultades de los distintos niveles de gobierno para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y permitir que las mujeres logren la igualdad real frente a los hombres.

Además, el Gobierno Federal por medio del INMUJERES ha puesto en marcha el programa “Vida sin Violencia” que implementa acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, por medio de este programa se acerca a las mujeres la información para que sepan cuando se encuentran frente a actos de violencia y como se pueden prevenir, así como múltiples medios para acceder a la atención y protección de sus derechos.

Recientemente el Ejecutivo Federal durante la “Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un compromiso para la acción” remarcó el compromiso del Estado Mexicano con la perspectiva de género que funge como     eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo por lo que se elevará a nivel ministerial la coordinación del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, promoverá la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y se realizarán más acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la mortalidad materna.

Comprometernos con las mujeres es fortalecer la columna vertebral de nuestra sociedad, tenemos que continuar y ampliar las acciones y políticas públicas que protegen a la mujer, combaten la discriminación, fomentan la igualdad de género y promueven normas culturales que evitan la violencia de género.

La violencia en nuestros hogares no se agota en la acción misma, violentar el núcleo familiar significa marcar durante generaciones una tendencia de violencia e inequidad de género, que perdura en los hijos repitiéndose indefinidamente.

El desarrollo de una sociedad sana es consecuencia directa de la eliminación de prácticas tan lacerantes como la violencia contra las niñas y mujeres.

No podemos permitir los costos sociales que esto genera, debemos instrumentar acciones preventivas desde el interior de las familias y de los centros culturales, la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de un cambio paradigmático en nuestro enfoque cultural.

Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, en relación al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 26 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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