Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 18 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 25



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Noviembre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado un total de 66 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 10 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños para su consulta, en el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y siete minutos del día jueves cinco de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del cuatro de noviembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, su informe de Trabajo Legislativo, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Educación, el informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y el Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el informe de su participación en los trabajos de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 8 y 9 de octubre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el informe de la participación del Senador Roberto Albores Gleason en la XXIV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de México, el 26 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en Antalya, Turquía; realizar una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica Araujo Lara, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Armando Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre el manejo integral eficiente de residuos y para incrementar la cultura de separación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibió del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. Sin discusión, fue aprobado el Acuerdo en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar.- En la discusión intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, Margarita Flores Sánchez del PRI, y Raúl Morón Orozco del PRD, para referirse a éste y el siguiente dictamen.

2) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos homólogos en las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados.- En la discusión intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT, para referirse a éste y al anterior dictamen. La Presidencia informó que el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates.

3) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos homólogos en las entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes.- En la discusión intervino el Senador Miguel Romo Medina del PRI.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda, dentro de la tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.- En la discusión intervino el Senador David Monreal Ávila del PT.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el número de Observatorios Estatales de Lesiones instalados; asimismo, deberá señalar el total de la población que ha sido sensibilizada en materia de seguridad vial.- En la discusión intervino la Senadora Anabel Acosta Islas del PRI.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica; asimismo, exhorta a realizar una investigación integral que permita identificar los factores que han aumentado la presencia de esa enfermedad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz y municipios aledaños.- En la discusión intervinieron los Senadores: Adolfo Romero Lainas del PRD, Martha Palafox Gutiérrez del PT, Francisco Salvador López Brito del PAN, Fidel Demédicis Hidalgo del PRD y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que no cuentan con una Comisión de la Familia a conformar un órgano semejante en sus estructuras.- En la discusión intervinieron las Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona del PRI y Martha Palafox Gutiérrez del PT. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de la Cámara de Senadores, tomó protesta a sus integrantes: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Enrique Jackson Ramírez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Santiago Creel Miranda, Gustavo Madero Muñoz, José González Morfín, Ernesto Cordero Arroyo, Raúl Cervantes Andrade y Miguel Barbosa Huerta. Los integrantes tomaron la protesta correspondiente.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Proposiciones)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección al medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Daniel Ávila Ruiz, a nombre propio y de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar el presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los Municipios delejercicio presupuestal 2015 y dar marcha atrás al recorte presupuestal aplicado en la segunda ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y Tekax, del estado de Yucatán y a los municipios con esa condición en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”; y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar la reglamentación en materia de clasificación de contenidos para radio y televisión.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a titular de la Secretaría de Gobernación a enviar un informe de las acciones que se han implementado con base en el Plan Frontera Sur, con el fin de evitar agresiones en contra de mujeres migrantes a su paso por nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos    Migratorios.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar marcha atrás al “apagón analógico” en los municipios duranguenses de la Comarca Lagunera.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita al Doctor José Francisco Gallegos Hernández por la obtención del Premio Nacional de Oncología, derivado de su investigación clínica relativa a la detección del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del órgano político-administrativo de la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado público y movilidad que aqueja a los habitantes de dicha delegación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina en el centro de salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Justicia el primer resolutivo; y a la Comisión de Salud los resolutivos segundo y tercero.

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe sobre los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la expedición de pasaportes.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el número de proporción de áreas naturales  protegidas, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali durante la contratación de luminarias.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones a fin de que la detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a organizar y convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación para fines medicinales y recreativos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a hacer efectiva la construcción del centro de readaptación social de Medellín de Bravo, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres e implementar una alerta de género en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y feminicidios.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la ola de violencia que se vive en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los 33 municipios del estado de Morelos, en base al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de Decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a autorizar la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad de los Municipios a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la implementación de los Certificados de Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los lineamientos generales y las características específicas del programa.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del Presidente de la República de Cuba a México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el fortalecimiento de la relación bilateral.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya genéticamente modificada en esta zona; asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León a destinar los recursos económicos suficientes a los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal y a destinar 150 millones de pesos al Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda".- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación Pública federal y al gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia.- Se turnó a la Comisión de Educación los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a no disminuir los recursos destinados al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila al municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con motivo del Buen Fin 2015.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Efemérides)

Los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre la conmemoración del Día del Urbanista.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre la Promulgación del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración en México del Día del Ferrocarrilero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas, 7 de noviembre de 1945.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Paludismo en las Américas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con trece minutos y citó a la siguiente el próximo martes diez de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si ésta se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Proceda con el siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su participación en el Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y Caribe, celebrado en Roma, Italia del 5 al 7 de octubre de 2015.








De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el informe final, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de diversas evaluaciones en la materia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Turismo y Desarrollo Social.






PRONUNCIAMIENTO

A continuación, Honorable Asamblea, daré lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

Honorable Asamblea: Deseo hacer de su conocimiento que el día de hoy se registraron, por conducto de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, comunicaciones en relación al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

En razón de lo anterior, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores desea emitir el siguiente pronunciamiento:

En el año 2001 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, decide proclamar el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, para recordar el compromiso tanto nacional, como internacional del uso responsable de la ciencia en beneficio de la sociedad para la erradicación de la pobreza y a favor de la seguridad humana.

El lema de este año es: “Más Investigación, Mejor Desarrollo”.

Por lo tanto, el Senado de la República hace el siguiente llamado:

Primero. El Senado de la República refrenda su compromiso para promover el uso de la ciencia y la tecnología a favor de la salud, la alimentación, la educación, el transporte y la conservación del medio ambiente, encaminados al desarrollo sostenible de nuestro país.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones en materia de difusión y fomento de la investigación científica y tecnológica.

Tercero. El Senado de la República exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer políticas públicas enfocadas a la democratización de las tecnologías de la información y comunicación.

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la sociedad en general al empleo humanista y responsable de la ciencia y tecnología encaminado, a lograr sociedades más pacíficas e igualitarias.

Dado en el Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

En este sentido, las intervenciones sobre el tema que han sido registradas en nuestra agenda del día de hoy se insertarán en el Diario de los Debates de manera íntegra.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

Hoy en México estamos ante la posibilidad de establecer un nuevo paradigma en materia de salud en beneficio de nuestros niños, de mujeres y hombres que padecen enfermedades cuyo tratamiento va más allá de los medicamentos tradicionales.

Esto es, el uso medicinal del cáñamo o cannabis, que tiene muchas propiedades terapéuticas probadas, la historia nos indica que el uso de cannabis data desde antes de la era cristiana en el Continente Asiático, particularmente en la India, y posteriormente en el siglo XIX se introdujo en la medicina occidental.

En las primeras décadas del siglo XX su utilización disminuyó significativamente debido a las dificultades para obtener resultados consistentes a partir de lotes de plantas de muy diversas potencias. Sin embargo, en el año de 1965 aumentó el interés científico hacia esta planta.

Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando surge el momento de mayor apogeo en el uso médico de la cannabis, surgiendo laboratorios en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos que comercializaron extractos y tinturas. En meses recientes el debate en torno a la legalización y regulación de la cannabis ha resonado contundentemente.

Es por ello que no debemos perder de vista las dificultades que las sociedades contemporáneas enfrentan como consecuencia del crimen organizado en donde el narcotráfico se ha consolidado como su actividad principal.

Hay que reconocer que el tráfico ilegal de sustancias prohibidas que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas involucra a millones de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales.

La discusión sobre la legalización o no de la marihuana ha llegado hasta la más alta tribuna de justicia del país. No podemos negar que hay un interés y relevancia del tema del uso de la marihuana. Es por ello que debemos delimitar una clara diferencia entre los retos políticos y regulatorios, asociado con los productos médicos y no médicos del cannabis.

En este sentido, debemos separar lo más posible las campañas entre la regulación del mismo para uso médico y para uso lúdico o recreativo, y lo subrayo, es importante que esta regulación separe los fines terapéuticos o medicinales del fin lúdico o recreativo.

El debate debe girar en torno a los beneficios médicos del uso de la cannabis, hecho que ha crecido particularmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, y en otras partes del mundo, esto demuestra que la producción legal de la planta y su utilización responsable y regulada, puede traer beneficio a las personas que sufren distintos padecimientos, y bajo esta premisa resulta importante mencionar el caso de Graciela Elizalde Benavides, conocido como el caso Grace, una niña de 8 años de edad que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia que se caracteriza por convulsiones muy frecuentes y diversas.

Grace y su familia han atravesado un difícil camino que involucró un proceso judicial para acceder legalmente al tratamiento médico que al día de hoy recibe, el cual tiene como base el cannabidiol.

A tan sólo unos días de que Grace comenzó a recibir este tratamiento, han tenido grandes mejoras sus episodios de epilepsia y han disminuido considerablemente.

Por cierto, es importante mencionar que el recurso presentado por los padres de Grace, por Raúl y Mayela Elizalde, aún no se encuentra resuelto de fondo, por lo que la obtención del medicamento únicamente se logró gracias a una suspensión provisional, por lo que resulta urgente legislar en esta materia.

Pero, obviamente, este no es el único caso en el país, ya que mucha gente tiene este y otros padecimientos similares que podrían ser atendidos con tratamientos médicos a base de cannabidiol o de THC, tetrahidrocannabinol, esto quiere decir, que no solamente son para pacientes que sufren convulsiones de epilepsia, sino también hay algunos que tienen esclerosis múltiple que podrían verse beneficiados, u otros tipos de cáncer.

Y todo ello nos ha llevado a buscar la reforma de diversos artículos a la Ley General de Salud, de manera que se eliminen aquellas disposiciones referentes a la prohibición de la cannabis para uso medicinal.

La iniciativa que hoy someto a su consideración contempla.

Primero.- Reformas a la Ley General de Salud, al artículo 237, se elimina la marihuana del listado de sustancias prohibidas.

Artículo 245.- Se elimina de la fracción I, el THC y la cannabinnoides sintéticos, para pasarlos a la fracción III, de manera que se permita su uso medicinal y terapéutico, subrayo, mi posicionamiento es la aplicación de la cannabis con fines medicinales o terapéuticos, es una posición personal en la que creo.

También estoy estableciendo reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, para permitir la importación, capítulo 12, apartado 12.11, sobre plantas industriales o medicinales; capítulo 30, apartados 30.03 y 30.04 sobre productos farmacéuticos.

Tercero.- Un artículo transitorio segundo para darle 90 días a la Secretaría de Salud para emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente y para hacer efectivas las disposiciones sobre el uso medicinal de la cannabis.

Quiero subrayar que con la presente iniciativa, únicamente se permite la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibida su producción en el territorio nacional. Repito, la presente iniciativa su único objeto es permitir la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibida su producción en territorio nacional.

Si bien esta medida atiende la urgencia de permitir la disponibilidad de medicamentos mediante la importación, puede resultar un tanto difícil y costoso su accesibilidad para el paciente o sus familiares.

Sin embargo, estoy convencida que es un primer paso que obedece a la necesidad de ampliar el debate alrededor de una postura en la sociedad, de una postura prohibicionista del Estado mexicano, y lograr un andamiaje legal idealmente en el corto plazo que regule de manera efectiva la producción nacional de medicamentos a base de marihuana y sus derivados, que permitan una disponibilidad más asequible y expedita, siempre que la consulta especializada así lo señale.

Dicha importación deberá seguir lineamientos específicos que va a establecer la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, y que incluirá la distribución y acceso del mismo.

Y aquí hago una pausa para establecer que ésta no será la primera vez que se genera este tipo de obligaciones para el acceso a un medicamento. La morfina estaba regulada bajo estrictas medidas para su distribución y obtención, y hoy es común su uso medicinal, bajo una serie de requerimientos que establece la Norma Oficial, desde el médico especialista que expide la receta médica bajo un número de barras electrónicas, hasta la farmacia especializada que tiene el control también electrónico y que termina en un libro electrónico para que la autoridad sanitaria pueda dar seguimiento desde el médico que prescribe al paciente que lo receta, hasta la farmacia que lo expende, todo queda bajo el control de este libro electrónico que tiene la autoridad sanitaria.

Senadoras y Senadores: La presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en materia de uso medicinal de la cannabis, pretende disponer de la cannabis de grado médico, producido, según las normas de buenas prácticas de producción y manufactura.

En nuestro país no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas de la cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos capaces de aliviar la sintomatología de enfermedades que aún no tienen curación como la epilepsia, la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, el glaucoma, entre otros.

Hoy el debate está abierto a legalizar o no la marihuana y la prioridad debe ser un exhaustivo análisis a lo que nos ha convocado el Presidente Enrique Peña Nieto, a una consulta especializada de médicos, científicos, abogados, sociólogos, para que podamos determinar, la sociedad mexicana, cuál es el rumbo.

Lo que hoy vengo a pedir a esta Asamblea es permitir la importación de este tipo de medicamento que permita ser tratado por médicos especialistas para mitigar el dolor, la enfermedad de muchos mexicanos que padecen y que sufren estas familias.

Subrayo, mi posicionamiento es liberar este producto para su importación y poderlo tener y los médicos especialistas expedirán la receta médica para que nuestros niños, nuestros hombres y mujeres, mitiguen el dolor y la enfermedad por la que se sufre moral y físicamente.

Yo no hablo de legalizar la marihuana, yo hablo de la posibilidad de que este Congreso autorice la importación de este tipo de medicamentos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Preguntarle a la Senadora Cristina Díaz Salazar, si me permite acompañarla en esta iniciativa que ha presentado el día de hoy.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: ¿Está de acuerdo la Senadora?

Los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, Eviel Pérez Magaña, Daniel Amador Gaxiola, Jesús Casillas Romero, Lucero Saldaña Pérez, Ricardo Barroso Agromount, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Palafox Gutiérrez. Tome nota la Secretaría de quienes se suman a esta iniciativa.

En lo relativo a las reformas a la Ley General de Salud, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En lo que corresponde a las reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, se turna a la Cámara de Diputados.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente, y agradezco a la Mesa Directiva el acceso a estos padres de familia, gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Todas las y los Senadores que deseen sumarse a esta iniciativa, podrán suscribirla en Servicios Parlamentarios.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle, ¿para qué efecto?

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Sí, además de que ya me sumé a esta iniciativa, quiero reconocer el esfuerzo de la Senadora Cristina Díaz Salazar para presentar esta iniciativa en este momento tan importante para nuestro país en materia de la política de drogas; es un tema que me parece fundamental poder legalizar el uso médico de la cannabis, porque se han visto los efectos que puede tener, y sobre todo, porque en la parte medicinal se requiere para muchas personas.

Es un anhelo de este país poder avanzar en estos temas porque sin duda la sociedad ha cambiado, y espero que este Pleno, los Senadores y las comisiones a donde ha sido turnada, la dictaminen de manera positiva en lo que sea posible.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

El Senador Mario Delgado Carrillo, tiene el uso de la palabra, entiendo que es para el mismo fin.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para felicitar a la Senadora Díaz Salazar y qué bueno que el Partido Revolucionario Institucional ya tenga una iniciativa que vaya en el sentido de la regulación del uso médico y terapéutico de la cannabis, hay otras iniciativas presentadas, ojalá esta iniciativa sirva de estímulo para que vayamos a dictaminar a la brevedad, y no sigamos debatiendo un tema, que qué bueno que haya debate, pero también es la hora de tomar decisiones.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury para presentar, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Miguel Barbosa Huerta, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Zoé Robledo Aburto, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado Carrillo y César Octavio Pedroza Gaitán, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIONES

(Presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Miguel Barbosa Huerta, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Zoé Robledo Aburto, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado Carrillo y César Octavio Pedroza Gaitán)

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su venia, señor Presidente.

Y me permite adherir a esta iniciativa a los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Zoé Robledo Aburto, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado Carrillo y César Octavio Pedroza Gaitán.

Bien, este paquete de iniciativas que estamos presentando el día de hoy, del cual ya habíamos presentado algunos puntos de Acuerdo iniciando este proceso integral de lo que podría llevarnos a todos nosotros contar en nuestro país con un sistema nacional de adopciones, en este momento cuenta con dos iniciativas.

Una que presenta una reforma constitucional al artículo 73, fracción XXIX-P; así como a la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Adopciones.

Primero, reformar el artículo 73, lo que significa es homologar al proceso de adopción en México, hasta ahora, legislar en la materia no es una facultad del Congreso, y con ello hemos limitado y pospuesto un tema en el que miles, miles de niñas y niños en situación de adopción, así como muchos potenciales padres adoptivos han visto limitadas sus posibilidades.

En este sentido, la reforma constitucional es trascendental para motivar un cambio en la adopción de menores de edad y adolescentes en México. Se estima que sólo el 40 por ciento de las adopciones tramitadas en el país concluye con la entrega del menor de edad o adolescente, y muchos otros ni siquiera inician el trámite, porque se tiene la percepción que la adopción en México es un proceso sumamente complejo.

Un trámite viciado con los diferentes criterios, procedimientos y requisitos que cada entidad federativa dispone que esos estados donde es más laxo el procedimiento, los potenciales padres se movilicen a éstos y realicen procedimientos no siempre bajo los estándares más adecuados.

Lo que tenemos que poner en el centro como prioridad y principal objetivo en este caso es garantizar a las y los menores las mejores condiciones para que estas niñas y niños puedan ser adoptados.

Es por ello que en términos de igualdad sustantiva todos los mexicanos tenemos derecho al mismo trato y a igualdad de condiciones, por lo que tanto los menores de edad deben contar con el mecanismo que les permita formar parte de una familia, así como los posibles padres adoptivos tienen el derecho de acudir a su propia entidad federativa a tramitar una adopción.

Ante tal circunstancia, de aprobarse la reforma constitucional planteada, estaríamos en posibilidades de contar con una Ley General de Adopciones que, entre otras cosas, atendería las siguientes situaciones:

El 72 por ciento de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales, es decir, se encuentra en manos de la sociedad civil.

No existe un criterio uniforme a nivel nacional o ley homologada que atienda el proceso de la adopción en México.

No contamos ni siquiera con un padrón al cien por ciento confiable de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de adopción, si bien el INEGI ya muy pronto sacará un padrón que se aproxime a esto, no contamos en ese caso tampoco con un padrón de potenciales padres que nos permita hacer más eficiente y más dinámica y darle mayor certidumbre a la adopción en México.

Es inexistente también una instancia que vigile el proceso de adopción que se encuentre lejos de prácticas de corrupción, influyentismos para acceder a una adopción, y mucho menos, no contamos con un seguimiento a las adopciones realizadas, ya que no tenemos un indicador que nos permita conocer el éxito de los procesos.

El proceso de adopción debe ser integral y homologado para realmente poder garantizar las mejores condiciones para las niñas y niños que no estén o no acaben con la entrega del menor, derivado de que la adopción como tal no puede acabar con la entrega del menor; necesitamos un proceso de seguimiento para poder garantizar que la adopción fue exitosa.

Reconocemos que con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está próxima a cumplir un año de haber sido publicada, se lograron importantes avances para establecer la coordinación institucional en la protección de los derechos de la niñez, en esta simetría coincidimos en la certeza que la familia, como base fundamental de la sociedad, debe fortalecerse mediante los instrumentos legales que motivan su conformación.

Es por ello que la adopción debe privilegiarse, ya que promueve la conformación de nuevas familias y debe abordarse de forma especializada para que sus resultados puedan ser así más efectivos.

Esta iniciativa de la Ley General de Adopciones promueve la creación de un Sistema Nacional de Adopciones, que en este caso comprendería: la detección anticipada de los posibles antecedentes de la hija o hijo; una tarea que requiere especial sensibilidad, amigas y amigos. La decisión debe ser tomada de manera libre e informada, como la mejor opción para que la madre no se exponga a malas prácticas de abortos que se traduzcan en riesgos tanto para el menor de edad como para la posible madre.

La homologación del trámite-requisitos mediante el formato único de adopciones a nivel nacional. La creación de un Registro Nacional de Adopciones conformado, como bien les decía hace un momento, por el padrón de quienes cedan a su menor de edad en adopción de los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados, así como el padrón de potenciales padres.

El derecho también de la búsqueda del origen; la coordinación institucional entre las autoridades involucradas, y lo más importante, lo que les decía hace un momento, la vigilancia oportuna a través de un consejo ciudadano consultivo a fin de que el trámite de adopción no se filtre ni la burocracia, el engaño, la corrupción, el tráfico de influencias y en algunos casos hasta la discriminación.

Que quede muy claro, agilizar el proceso no debe significar tampoco flexibilizar los controles, los requisitos y demás pruebas que garanticen que la familia receptora es la ideal para el menor de edad, lo que se requiere es que, de manera sistematizada se puede encontrar una familia en cualquier parte del país que resulte idónea para ese menor de edad.

Compañeras y compañeros Senadores: Que la ley sea un instrumento eficaz para que miles de niñas y niños encuentren igualdad de oportunidades donde antes encontraban desigualdad de condiciones.

Recordemos que el transcurso del tiempo disminuye las posibilidades de ser adoptado, ya que la mayor parte de la población infantil se encuentra precisamente entre los 7 y 17 años de edad, lo que dificulta su posibilidad de adopción.

La realidad es muy dramática y no hay tiempo que perder. Las parejas que buscan adoptar, suelen buscar niños entre recién nacidos hasta 4 años de edad, cuando prácticamente 8 de cada 10 niños institucionalizados tienen ya entre 7 y 17 años.

Insisto, esta ley debe estar al servicio de quienes quieren formar una familia y de quienes enfrentan una carrera contra el tiempo.

El Senado de la República puede y debe atender el tema, de manera que podamos resolver una tarea que ha quedado pendiente, y esto es, compañeras y compañeros Senadores, establecer el proceso de adopción a nivel federal.

Con ello vamos a poder garantizar que el proceso de adopción se realizará de forma fluida y eficaz, y sobre todo procurando las mejores oportunidades de vida a las niñas, niños y adolescentes por medio de la integración de una familia.

El Sistema DIF como organismo encargado de procurar el bienestar de las familias, contará con esta Ley General de Adopciones que le facilitará ejercer sus funciones a nivel nacional para ofrecer así un servicio social más expedito y cierto.

En suma, la Ley General de Adopciones es la oportunidad que tenemos como legisladores para incidir en la vida de miles de niñas, niños y adolescentes que van a transcurrir su vida detrás de un centro de asistencia social, cuando la voluntad de esta Soberanía puede abrirles las puertas a un nuevo hogar.

Es tiempo de actuar por quienes no tienen tiempo que perder y lo único que quieren es una familia.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

 



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Antes de eso, la Senadora Luisa María Calderón tiene el uso de la palabra desde su escaño, si le conceden sonido, por favor.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo quiero pedir a mis compañeros si me pueden agregar como parte de esta propuesta.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Lavalle Maury, ¿está usted de acuerdo?

Con mucho gusto.

La Senadora Martha Elena García.

Senadoras y Senadores, si son tan amables, en el área de la Secretaría Técnica.

La Senadora Gómez del Campo también ha solicitado el uso de la palabra. Sonido en el escaño de la Senadora.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Solamente para felicitar el esfuerzo del Senador Jorge Luis Lavalle, porque los que nos hemos sumado a esta iniciativa desde un inicio, y estamos hablando desde hace ya más de un año construyéndola con la sociedad civil organizada, esperamos que se pudiese convertir en un tema de la agenda de este Senado de la República a favor de nuestras niñas, de nuestros niños, y que puedan tener una oportunidad para ser adoptados en este país.

¡Felicidades  y enhorabuena, Senador Lavalle Maury!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Sonia Rocha también se suma a la iniciativa.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. También para felicitar al Senador Lavalle Maury por una gran iniciativa en donde estamos muchos colaborando, y pedirle por favor que pueda darnos turno a la Comisión de Salud.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se turna, como se ha solicitado, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 164 Y 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2 Y REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y ADICIONA EL INCISO 37) AL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, señoría.

Secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación, pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud de acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados, sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, pervertir fugas, lucrativa omisión, entre muchos otros.

Este breviario de la podredumbre tiene algo en común: la interactuación de actores privados y servidores públicos que actúan en acuerdo y en organización.

Senadoras y Senadores: El Estado mexicano está vulnerado; su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida; no puede retener delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos o las actividades económicas reservadas para la nación que hoy están dominadas por grupos delincuenciales.

México está enfermo de corrupción e impunidad, que parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de recursos básicos o apoyos sociales, hasta los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que ha servido en muchos casos para lavar dinero.

La gravedad del fenómeno es tal que, como señala María Amparo Casar, el problema alcanza el nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares, a los amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual.

Estos actos de corrupción no son realizados por actores aislados, se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional.

La corrupción se potencia por la interacción de dos vectores: el uso del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder, y la apropiación de los bienes públicos para la generación de condiciones ventajosas para los negocios.

Estas redes de corrupción vulneran el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado.

La potencia del Estado está en la capacidad de salvaguardar el interés público, limitar los intereses particulares o de grupo, frente a los públicos y estatales.

El aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto.

De un Estado sin potencia para enfrentar la corrupción, sólo podrá resultar la nación de privilegiados y tierras baldías, un Estado de bandoleros. Es necesario pensar una estrategia diferente.

El esfuerzo que realiza el Estado para combatir al narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar, cuesta vidas y dolor, y ha hecho que el gasto en seguridad en México esté entre los diez más altos del mundo. Dicho sea de paso, es el único país de este grupo que no cuenta con armas nucleares, ni portaaviones, ni un conflicto exterior inminente.

Para lo concreto, las sentencias definitivas en delitos contra la salud en lo que va del año, prácticamente son nulas.

Para ilustrar el tamaño del problema debemos decir que todos los recursos del narcotráfico caben en un solo segmento de la industria de la corrupción. El combustible que alimenta al narcotráfico es la complicidad, la corrupción y la impunidad.

Frente a estas dos realidades el esfuerzo contra la corrupción es prácticamente inexistente, y presento la evidencia:

A principios del 2015 el 60 por ciento de los mexicanos percibía el aumento en la corrupción, mientras que el 36 por ciento lo consideraba el principal problema del país.

La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son responsables de sancionar los actos de los corruptos.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en México el 80 por ciento de los ciudadanos asocia a los servidores públicos con corrupción.

La respuesta es nula. Si revisamos los reportes de la Secretaría de la Función Pública, observaremos que el número de sancionados es ínfimo y se centra en operadores de bajo nivel.

Pero esto es por la falta de decisión y la tolerancia, pero también por un enfoque equivocado. Es por el error de pensar que la corrupción y el crimen organizado son diferentes, cuando son en realidad dos caras del mismo problema.

La atrofia es tal, que la Secretaría de la Función Pública, quien debiera de ser el órgano de control, ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme, y el nuevo sistema diseñado en este Congreso, no ha empezado a funcionar.

¿Habrá alguien que tenga el cinismo para decir que el problema no es de este tamaño? Yo creo que no.

¿Quién podrá defender un aparato inoperante que se ha ganado a pulso la imagen de cómplice, tapadera y desprestigio?

Todo esto nos lleva a una sola conclusión: es la corrupción, es la corrupción.

El punto al que quiero llegar, es que es más eficiente centrarse en combatir a la corrupción y la impunidad, que seguir tirando el dinero en una estrategia de seguridad torpe, fallida, y que sólo ha logrado debilitar al Estado.

Frente a un problema tan grande y generalizado, y con tantos fracasos en posturas, ¿por dónde empezar?

Lo primero, es reconocer la gravedad del problema y la necesidad de que se ha considerado una prioridad nacional. El inicio es desmantelar las redes de complicidad para que el Estado pueda ser efectivo.

Lo segundo, es reconocer los avances, las reformas en materia de combate a la corrupción aprobadas en el 2015, las reformas en materia de transparencia representan el avance más importante en la historia de México porque, además de eso, nos constituye un mandato político y moral, de no darle mayor dilación a la operación a la formulación de las leyes secundarias, y hacer operativo el sistema diseñado.

El tercer punto, que es el que les quiero poner a su consideración, que es a donde llega todo esto, es que el problema de la corrupción no se trata de individuos, se trata de redes.

Por lo tanto, la propuesta que hoy pongo ante ustedes, es equiparar los delitos de corrupción crimen organizado. ¿Por qué?

Permítanme plantearles brevemente 9 razones:

1. Porqué lo son. Son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir; por lo tanto, es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define. Son organizaciones criminales, porque no delinquen una vez, su operación es sistemática y permanente.

2. Esta idea es consistente con los planteamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que define un grupo delictivo organizado en este sentido.

3. Porque daría una mayor potencia al Estado, a la nueva Fiscalía, y a todo el Sistema Anticorrupción.

4. Porque frente al incentivo de la recompensa inmediata, generamos el desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible.

5. Porque permitiría un cambio de la estrategia, enfocándose en las organizaciones criminales enquistadas en el aparato público.

6. Obligaría a las empresas a un mayor control y una vigilancia más cercana de sus actos.

7. Es una acción racional para la preservación y el crecimiento del Estado.

8. Mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas, que fortalezca la democracia y el tejido social.

9. ¿Por qué no hacerlo?, ¿por qué negar la realidad?, ¿por qué apostar una lógica fallida? y, ¿qué otra alternativa hay para atacar a las redes de corrupción?

Quiero apuntar que la medida es conveniente, pertinente y armónica con el Sistema Jurídico Mexicano. Al considerar los actos de corrupción como crimen organizado, se podrían atacar redes de corrupción y no sólo hechos aislados.

La forma de hacerlo es muy sencilla, consiste en reformar los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal, y adicionar una fracción VII al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta reforma daría mayor potencia a las instituciones y constituiría un desincentivo importante para la comisión de estos delitos.

Acoto, esta medida no resuelve el problema; no resuelve tampoco la falta de valentía ni la falta de voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca a una de las aristas más dolorosas.

Esta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir a la corrupción y fortalecer al Estado.

Termino, señor Presidente.

No sin antes agradecer el apoyo y el compromiso de los Senadores Benjamín Robles, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar y, en particular, de Ernesto Gándara.

López Velarde escribió en su sublime “Suave Patria”: que era “impecable y diamantina”; pero hoy la patria está maculada, sucia y oscura, por la mugre de la corrupción y la impunidad que generan las redes de corrupción.

Señorías: No hay para donde hacerse, depende de nosotros, aquí y ahora, darle lustre a la patria.

Estoy seguro que con su apoyo podemos, parafraseando al maestro Sabina: “hacer que ser corrupto, no sea tan barato, y que esto valga la pena”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Si, Senadora Angélica de la Peña, sonido en su escaño.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera pedirle al Senador Luis Humberto Fernández, si me permite acompañarle en su iniciativa.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Es un honor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si, ¡como no!, Senador David Monreal, Senadora Dolores Padierna.

Sonido en el escaño del Senador Monreal Ávila, por favor.

El Senador David Monreal Ávila:(Desde su escaño) Para el mismo efecto, solicitarle y felicitarle al Senador, nos permita suscribir su iniciativa.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con mucho placer.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Señor Presidente, para de igual manera pedir la posibilidad al Senador Fernández Fuentes, si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: ¡Claro que sí!, con todo gusto y ha dado su anuencia.

Senador Luis Sánchez, también en la misma forma, Senadora Martha Tagle, Senador César Octavio Pedroza, en el mismo sentido, Senador Ríos Piter, en el mismo sentido, y se reitera el turno a las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

En el marco de la discusión y la aprobación de la reforma energética, los argumentos giraron en torno a diversos temas. Uno de ellos fue la importancia de impulsar el uso de energías renovables.

Sin embargo, sólo quedó en buenos deseos, pues ni en la reforma constitucional ni en las leyes secundarias se consideraron esquemas concretos que impulsaran el uso de energías limpias, como hidroeléctricas, eólicas o las plantas de biogás en México.

Esto, pesé a que el Decreto constitucional de la reforma energética estableció expresamente obligaciones de energías limpias y reducción de la contaminación.

La reforma energética era una oportunidad para generar en el país el desarrollo sustentable que tanto hace falta.

En cambio, la reforma en mención, se concentra en las energías fósiles, en especial, los hidrocarburos, cuando es urgente posicionar a las energías renovables en México, como una prioridad.

La importancia de las energías renovables radica en que se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza, procedentes de fuentes como el sol, el aire, el agua, la biomasa, etcétera.

Son fuentes naturales de energía inagotable, por lo que frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías renovables son ya una alternativa para la necesidad de disminuir significativamente la emisión de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial, o los efectos del cambio climático.

A nivel mundial, las energías renovables representan el 18 por ciento de la generación eléctrica.

En México los combustibles fósiles han sido la base para el desarrollo nacional, y los pronósticos indican que seguirán ocupando una participación destacada como fuente de energía en las próximas décadas.

Pese a que el país cuenta con un potencial de generación energética renovable de más de 200 mil megavatios, a través de sus formas fotovoltaica, térmica, eólica, mareomotriz, nuclear, geotérmica, hidráulica y biomasa.

Sin embargo, sólo se aprovecha menos del 7 por ciento de todo ese potencial.

Durante sexenios se han emprendido acciones para hacer uso de las energías renovables; no obstante, existe un desinterés histórico por parte de los gobernantes.

En la pasada administración federal, la agenda política incluyó los temas de cambio climático y el impulso de las energías renovables, incluso, en el 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, pero al concluir el mandato presidencial, se dejaron pendientes los reglamentos de ciertos artículos.

Por otro lado, la actual reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, fue más una reforma petrolera que ambiental, pues priorizó por los hidrocarburos y relegó a una sola ley las energías renovables, por lo que notablemente se observa que no preocupa impulsar energías alternativas, incluso, en el Congreso de la Unión está a discusión la ley de transición energética, su aprobación daría cumplimiento al mandato constitucional de obligaciones de energías limpias y regularía el incremento de acciones de eficiencia energética.

Lo anterior muestra, que para el Estado, la prioridad es hacer negocio con las energías no renovables, cuando datos exhiben que México necesita acciones inteligentes sobre cambio climático y la aplicación de energías limpias.

Para ejemplificar, en el 2013 México emitió 781 millones de toneladas de bióxido de carbono, y para el 2030, de seguir en la misma senda, se llegaría a los mil 110 del total de emisiones; el 92 por ciento proviene de la quema de hidrocarburos y el 8 por ciento restante, del cambio de uso de suelo como la deforestación.

Ante esta problemática, diversos especialistas se han pronunciado a favor de mejorar la política ambiental nacional.

El Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, indicó recientemente que el país se encuentra atrasado en el desarrollo e implementación de energías renovables, debido a que hay poca proyección, falta de recursos, falta de estímulos, falta de incentivos, es decir, una política de energía renovable más agresiva.

Lo anterior es una realidad, sólo basta con revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para evidenciarlo.

La ley en mención, en el artículo 22 Bis contiene el otorgamiento de los estímulos fiscales y las actividades para acceder a los mismos, las cuales, a grandes rasgos, están relacionadas con la investigación científica y tecnológica, que tengan por objetivo evitar la contaminación o deterioro ambiental; la investigación o incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes; prevención de la contaminación de agua y la vigilancia de áreas naturales protegidas.

Del análisis de estos rubros se puede concluir que la legislación mexicana, en esta materia, es muy vaga, pues no se establecen qué actividades pueden o no acceder al incentivo fiscal, además, las contempladas, están enfocadas al cuidado del medio ambiente. Finalmente, los incentivos sólo están encaminados a la investigación, por lo que las acciones que promuevan el uso de las energías renovables no es considerado para el acceso a este incentivo fiscal.

A diferencia de otros países como España, existe una deducción por inversión para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables en la vivienda habitual.

Este incentivo fiscal establece que los residentes pueden deducir impuestos por medio de inversiones realizadas en la adquisición de instalación y equipo destinados al aprovechamiento de energía solar o eólica para su transformación en calor o electricidad, al tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburantes, entre otros.

Si en México existiera un marco legal similar al de España, potencialmente miles de mexicanos serían beneficiados con este incentivo fiscal, para ejemplificar nuevamente, diversos hogares cuentan con calentadores solares, así como celdas solares generadoras de energía, si al instalar estos equipos, los ciudadanos pudieran acceder a la deducción fiscal, notablemente se fomentaría el uso de energías renovables, lo que en consecuencia beneficiaría el ambiente en el país.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone un cambio a la legislación ambiental para que los mexicanos, desde su hogar o empresa, fomenten el uso de las energías renovables.

Para ello se propone modificar el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con el objetivo de que los ciudadanos hagan pequeños cambios armónicos con las energías renovables y a cambio reciban un estímulo fiscal.

Para ello, y en similitud con la legislación española, se propone que los ciudadanos, por medio de sus hogares o empresas, sean beneficiados con una deducción fiscal cuando inviertan en instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, la contaminación del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamientos reducidos industriales; así como el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

También podrán acceder a la deducción fiscal cuando aprovechen residuos sólidos urbanos, de biomasa, procedentes de industria agrícola y forestal para su transformación en calor o electricidad.

Otra acción para otorgar este incentivo fiscal, será el tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de fuentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.

El objetivo de esta modificación a la ley, es principalmente beneficiar a los ciudadanos, con una política fiscal y ambiental que los apoye con deducciones fiscales a las cuales podrán acceder con simple modificación a su hábito, los cuales a su vez ayudarán al medio ambiente.

Asimismo, el medio ambiente se verá beneficiado con el uso de las energías renovables, reduciendo a largo plazo el uso de energías no renovables como los combustibles fósiles y ayudará también al cuidado del agua y reutilización.

Un beneficio más será que las empresas tendrán un verdadero compromiso con la ecología, ya que los residuos industriales que sean utilizados en calor o electricidad serán etiquetados como una acción en favor de las energías renovables.

México goza de importantes recursos eólicos, hídricos, solares e incluso geotérmicos no explotados, por lo que tiene gran potencial de generar energías renovables.

En este orden de ideas, la presente iniciativa incluye cambios en la legislación para establecer metas claras a favor del medio ambiente, a través de energías renovables y los mecanismos claros para alcanzarlas.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de la discusión y la aprobación de la reforma energética, los argumentos giraron en torno a diversos temas, uno de ellos fue la importancia de impulsar el uso de las energías renovables.

Sin embargo, sólo quedó en buenos deseos, pues ni en la reforma constitucional ni en las leyes secundarias se consideraron esquemas concretos que impulsaran el uso de energías limpias como hidroeléctricas, eólicas o las plantas de biogás en México.

Esto, a pesar de que el Decreto Constitucional de la reforma energética, en el artículo 17 transitorio (obligaciones de energías limpias y reducción de la contaminación), incluyó ordenamientos ambientales muy claros, de impulso de energías primarias limpias y combate al cambio climático.1

La reforma energética era una oportunidad para generar en el país el desarrollo sustentable que tanto hace falta, en cambio, la reforma en mención se concentra en las energías fósiles, en especial los hidrocarburos, cuando es urgente posicionar a las energías renovables en México como prioridad.

La importancia de las energías renovables radica en que se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza; procedentes de fuentes como el sol, aire, el agua, la biomasa, etc., son fuentes naturales de energía inagotables. Por lo que, frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías renovables son ya una alternativa, ante la necesidad de disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial o los efectos del cambio climático.

Las energías renovables a nivel mundial representan el 18% de la generación eléctrica, (la mayoría de esta participación considera las energías hidráulica y eólica) mientras que, la contribución al suministro térmico de las renovables es de un 24%. La participación de las energías fotovoltaica, solar, eólica y la bioenergía ha crecido rápidamente en los últimos años, efecto que se atribuye a las inversiones en investigación y desarrollo que se iniciaron hace más de tres décadas.2

En México, los combustibles fósiles han sido la base para el desarrollo nacional, y los pronósticos indican que seguirán ocupando una participación destacada como fuente de energía en las próximas décadas, pese a que el país cuenta con potencial de generación energética renovable de más de 200,000 megavatios a través de sus formas fotovoltaica, térmica, eólica, mareomotriz, nuclear, geotérmica, hidráulica y de biomasa, sin embargo, sólo se aprovecha menos del 7% de todo ese potencial.3

Durante sexenios se han emprendido acciones por hacer uso de las energías renovables, no obstante, existe un desinterés histórico por parte de los gobernantes. En la pasada Administración Federal, la agenda política incluyó los temas de cambio climático y el impulso de las energías renovables. Incluso, en 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, pero al concluir el mandato presidencial se dejaron pendientes los reglamentos de ciertos artículos.

Por otro lado, la actual reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, fue más una reforma petrolera que ambiental, pues priorizó por los hidrocarburos y relegó a una sola ley las energías renovables, por lo que, notablemente se observa que no preocupa impulsar energías alternativas.

Incluso, en el Congreso de la Unión está en discusión la Ley de Transición Energética, su aprobación daría cumplimiento al mandato constitucional de obligaciones de energías limpias y regularía el incremento de las acciones de eficiencia energética.

Lo anterior muestra que para el Estado la prioridad es hacer negocio con las energías no renovables, cuando datos exhiben que México necesita acciones  inteligentes sobre cambio climático y la aplicación de energías limpias. Para ejemplificar, en 2013, México emitió 781 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MICO2e) y, para 2030, de seguir en la senda actual, se llegaría a los 1,110. Del total de emisiones, el 92% provienen de la quema de hidrocarburos y el 8%    restante del cambio de uso del suelo fruto de, por ejemplo, la deforestación y el 45% de dichas emanaciones van a la atmósfera, 27% al mar y otro 27% es capturada por los bosques.4

Actualmente el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables plantea, entre otros elementos fundamentales, establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías renovables, sin embargo, estas líneas de acción quedan muy ambiguas pues no plantean una verdadera política ambiental que incluya incentivos fiscales, por ejemplo.

Ante esta problemática, diversos especialistas se han pronunciado a favor de mejorar la política ambiental mexicana, por ejemplo, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético indicó recientemente que el país se encuentra atrasado en desarrollo e implementación de energías renovables debido a que hay poca proyección, falta de recursos, de estímulos y de algún incentivo, es decir, una política de energías renovables más agresiva.

Lo anterior es una realidad, solo basta con revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para evidenciarlo. La Ley en mención, en el artículo 22 bis contiene el otorgamiento de los estímulos fiscales y las actividades para acceder a los mismos, las cuales a grandes rasgos están relacionadas con:

• La investigación científica y tecnológica, que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

• La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

• El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del    agua;

• La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

• El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

• Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente.

Del análisis de estos rubros, se puede concluir que la legislación mexicana en esta materia es muy ambigua, pues no se establecen qué actividades realizadas pueden o no acceder al incentivo fiscal; además, las establecidas expresamente están enfocadas al cuidado del medio ambiente. Finalmente, los incentivos sólo están encaminados a la investigación, por lo que acciones que promuevan el uso de las energías renovables no es considerado para el acceso al incentivo fiscal.

A diferencia, en otros países como España, existe una deducción por inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual. Este incentivo fiscal establece que los residentes pueden deducir impuestos por medio de inversiones realizadas en la adquisición de instalaciones y equipos destinados a algunas de las siguientes finalidades:5

a) Aprovechamiento de energía solar o eólica para su transformación en calor o electricidad.

b) Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales y de cultivos energéticos para su transformación en calor o electricidad.

c) Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.

d) Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburantes (bioetanol o biodiesel).

Si en México existiera un marco legal similar al de España, potencialmente miles de mexicanos serían beneficiados con este incentivo fiscal. Para ejemplificar, diversos hogares cuentan con calentadores solares así como celdas solares generadoras de energía, si al instalar estos equipos los ciudadanos pudieran acceder a deducciones fiscales, notablemente se fomentarían el uso de energías renovables, lo que en consecuencia beneficiaría ambientalmente al país.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone un cambio a la legislación ambiental para que los mexicanos desde su hogar o empresa fomenten el uso de las energías renovables. Para ello, se propone modificar el artículo 22 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de que los ciudadanos hagan pequeños cambios armónicos con las energías renovables y así obtener un estímulo fiscal.

Para ello y en similitud con la legislación española se propone que los ciudadanos por medio de sus hogares o empresas se beneficiados con una deducción fiscal cuando inviertan en instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamiento de residuos industriales; así como en instalaciones y equipos nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energía renovables; cuando aprovechen la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad, también podrán acceder a este beneficio fiscal.

También en aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales y de cultivos energéticos para su transformación en calor o electricidad, en tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás y en el tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburante (bioetanol o biodiesel) se podrá acceder a la deducción fiscal.

El objetivo de esta modificación a la Ley es principalmente beneficiar a los ciudadanos con una política fiscal y ambiental que los apoye con deducciones fiscales a las cuales, podrán acceder con simples modificaciones a sus hábitos, los cuales a su vez ayudarán al ambiente.

Asimismo, el medio ambiente se verá beneficiado con el uso de las energías renovables, reduciendo a largo plazo el uso de energías no renovables como los combustibles fósiles y, ayudará también al cuidado del agua y su reutilización.

Un beneficio más será que las empresas tendrán un verdadero compromiso con la ecología, ya que los residuos industriales que sean utilizados en calor o electricidad, serán etiquetados como una acción en favor de las energías renovables.

México goza de importantes recursos eólicos, hídricos, solares e incluso geotérmicos no explotados, por lo que tiene gran potencial de generar energías renovables; en este orden de idas, la presente iniciativa incluye cambios en la legislación para establecer metas claras a favor del medio ambiente a través de energías renovables y los mecanismos claros para alcanzarlas.

Finalmente, al establecer incentivos para aprovechar el amplio potencial de energías renovables que existen en el país, se refuerza el compromiso de legislar a favor del medio ambiente, pero sobre todo para que los impuestos en este caso, beneficien económica y ambientalmente a los mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ÚNICO.-SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, para quedar como sigue:

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I.- La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente,

VII.- Las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

Las personas físicas y morales podrán ser beneficiarios al estímulo fiscal de la deducción de impuestos cuando aprovechen las energías renovables por medio de la realización de las siguientes inversiones con finalidad ambiental:

a) Instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamiento de residuos industriales. 

b) Instalaciones y equipos nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

c) Aprovechamiento de la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad.

d) Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales y de cultivos energéticos para su transformación en calor o electricidad.

e) Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.

f) Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburante, bioetanol o biodiesel, y,

VIII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I.- La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente, y

VII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I.- La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente,

VII.-Las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

Las personas físicas y morales podrán ser beneficiarios al estímulo fiscal de la deducción de impuestos cuando se aprovechen las energías renovables por medio la realización de las siguientes inversiones con finalidad ambiental:

a) Instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamiento de residuos industriales. 

b) Instalaciones y equipos nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

c) Aprovechamiento de la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad.

d) Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales y de cultivos energéticos para su transformación en calor o electricidad.

e) Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.

f) Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburante, bioetanol o biodiesel, y,

VIII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Opinión El Economista. “Decepción en la reforma energética” [en línea]. El Economista. México. 2014. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/07/17/decepcion-reforma-energetica [consulta 04 de noviembre de 2015].

2 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico. “Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables” [en línea]. Diario Oficial de la Federación. México. 2009. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5101826&fecha=06/08/2009 [consulta 05 de noviembre de 2015].

3 Ibídem.

4 Redacción CNN Noticias.“Meta mexicana: reducir 25% las emisiones de efecto invernadero“[en línea]. Planeta CNN. México. 2015. Disponible en: http://mexico.cnn.com/planetacnn/2015/03/28/meta-mexicana-reducir-25-las-emisiones-de-efecto-invernadero [consulta 5 de noviembre de 2015].

5 Gobierno de España. “Inversión en Fuentes de Energía Renovables en Vivienda Habitual” [en línea]. Agencia Tributaria. España. Disponible en: https://www5.aeat.es/ES13/S/IAFRIAFRC11F?REFERENCIA=0129313 [consulta 05 de noviembre de 2015].

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Recibimos en la Mesa Directiva, de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8 de la Ley General de Educación, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY GENERAL DE  EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita, Mónica Tzasna Arriola Gordillo Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. La Ley se compone de 154 artículos contenidos en 6 títulos y parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, siendo este ya un avance importante, el logro verdaderamente sustancial es el hecho de que se define al principio del interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado.

En este sentido, bajo el nuevo paradigma, la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de toma de decisión en los asuntos que les afectan es fundamental, se parte de la premisa de que cuando un niño, niña o adolescente es escuchado y sus opiniones son respetadas y tomadas en cuenta, se incide positivamente en su desarrollo; mientras que de forma opuesta, cuando se le priva de espacios de expresión, cuando sus opiniones son ignoradas o cuando sus puntos de vista son descalificados, se deteriora su autoestima y el sentido de pertenencia hacia su comunidad, escuela y familia, etc. se debilita.

Por ello, la participación de niños, niñas y adolescentes (entendida como el derecho a expresar su opinión y a que esta sea tomada en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez) aparece como uno de los ejes torales de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a lo largo de sus disposiciones. La LGDNNA reconoce la participación de niñas, niños y adolescentes en sus diversas dimensiones.

De estas dimensiones, es la escuela un espacio donde niñas, niños, jóvenes y adultos pasan varias horas. Por ello y sin duda alguna, éste debe ser un lugar de respeto a los derechos, donde tengan la oportunidad, todas y todos, de formarse y donde se les garantice un trato digno y educación de calidad, sin discriminación, donde se fomente la igualdad, equidad, una sana convivencia y que además cuente con condiciones de higiene, y de seguridad.

La educación es un derecho y como tal debe ser reconocido y garantizado. La reforma constitucional de junio de 2011 benefició al sistema educativo de nuestro país de manera significativa para el fomento y el respeto a los derechos humanos, por ello, es de suma importancia que quiénes tienen la tarea de desarrollar los programas y planes de estudio sean capacitados en materia de derechos humanos, al igual que el personal docente; de lo contrario, no podrán transmitirlo adecuadamente.

La educación en derechos humanos, más que un simple contenido, debe ser entendida como mediadora entre lo que establece la constitución y leyes en la materia, y la realización de los derechos en la cotidianidad. Por ello, la incorporación de estos contenidos en el aula, tienen sentido en tanto están sustentados en una práctica cotidiana en la vida escolar, en tanto se hace del ámbito escolar un espacio en el que se garantiza el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, con esta práctica cotidiana, además de hacer realidad el mandato constitucional, se estarán desarrollando competencias ciudadanas para la convivencia en una sociedad democrática y regida por el Estado de Derecho.

La escuela no es ajena a su entorno social. La inseguridad ciudadana y las manifestaciones de violencia se reproducen en la escuela. La explicación de este fenómeno trasciende al ámbito educativo y por lo tanto sus soluciones requieren del concurso y la articulación de diversas instituciones y sectores. Sin embargo, desde las autoridades educativas deben plantearse soluciones y propuestas que permitan acciones de prevención, atención, contención y superación. La educación en derechos humanos debe tener un rol orientador central en cualquier política que pretenda enfrentar este problema en el ámbito escolar.

Por ello es fundamental que dentro de los establecimientos educativos debe de garantizarse el derecho a ser tratado con justicia y dignidad por parte de las autoridades, profesores/as, compañeros/as y todas las personas que forman parte del entorno educativo; el derecho a no ser discriminado, a que se respete la forma de ser y de actuar, cultura, identidad sexual y lingüística, convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y los demás derechos y libertades inherentes al ser humano.

En síntesis, la escuela debe contribuir a una formación de valores de las personas como sujetos sociales de derechos que respondan a los principios de respeto, igualdad, diversidad, participación en los ámbitos democráticos de la sociedad, y en el fortalecimiento de un enfoque de derechos integrado a la formulación de políticas públicas como garantía para su realización.

El verdadero sentido de aprender a vivir juntos supone promover una cultura del bien común, base de toda formación ciudadana. Por ello, es fundamental preguntarnos qué tanto la escuela promueve el valor existencial del ser humano, de la vida ciudadana, y a qué tipo de formación le apuestan quienes ejercen como actores educativos para transformar las actitudes conformistas y permisivas en actitudes propositivas y críticas.

Es preciso generar en los ámbitos educativos una concepción de formación centrada en la esfera de la participación de los niños y adolescentes en actividades de liderazgo democrático, para fortalecer el desarrollo del juicio moral y de la conciencia política, aprendiendo a organizarse y a resolver problemas sociales por las vías del diálogo, la concertación y la argumentación.

Sintetizando, se podría decir que le corresponde a la escuela:

• Desempeñar una función social con calidad y pertinencia que involucre una visión multidimensional en la formación de los niños y las niñas tendiente a establecer una cultura de los derechos humanos.

• Crear estrategias que propicien un mayor conocimiento de los actores educativos en la articulación de políticas públicas y derechos humanos.

• Proponer modelos pedagógicos con enfoque de derechos humanos que posibiliten la inclusión, la permanencia, la participación, la equidad, la asequibilidad y la adaptabilidad a las necesidades y potencialidades de los niños y jóvenes.

El estudiante cree en la escuela como un espacio para fortalecerse como persona, para interactuar con el otro, para dialogar acerca de lo cotidiano y, por supuesto, para desarrollar sus competencias. Como dice Touraine, “Comprender al otro en su cultura, es decir, en su esfuerzo por ligar identidad e instrumentalidad en su concepción del Sujeto: tal es el sentido de una escuela del Sujeto”. Consideramos que lo mencionado por Touraine es significativo cuando se reflexiona acerca del papel que desempeña la escuela en los estudiantes, en su función social de “comprender al Otro” lo cual lleva a espacios más democráticos.

En este sentido y como ya se ha mencionado, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna)implica un tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia distinto del que se encuentra plasmado en otras leyes, reglamentos, normas, etc.

La visión de nna como titulares de derechos debe incorporarse transversalmente en todo el ordenamiento jurídico y en las políticas de Estado. Esta tarea, sin duda, llevará algún tiempo; sin embargo, una de las reformas urgentes que se requieren para la efectiva aplicación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna) y sus principios en el ámbito federal es en la Ley General de Educación (lge).

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, introduce algunas novedades en materia del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que el derecho a la educación no es exclusivo de este sector, las personas menores de dieciocho años son sus principales titulares, ya que durante esta etapa de la vida es cuando deben cursarse, preferentemente, la educación básica y la media superior, que son obligatorias.

Desde luego se entiende que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, son complementarias, es decir, la nueva legislación viene a enriquecer lo ya existente. Por esta razón, es evidente que no es necesario modificar toda la Ley, sino únicamente aquellas disposiciones que son contrarias a los contenidos de la lgdnna, además de desarrollar aquellos derechos que requieren condiciones específicas para su aplicación. Así, por ejemplo, los fines de la educación que establece la lgdnna en el artículo 58 complementan los que se establecen en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 7º de la Ley General de Educación. Lo mismo se aplica en el caso de las obligaciones contempladas en el artículo 57 respecto de las autoridades públicas. No obstante, me parece conveniente incorporar los principios rectores de la lgdnna -contemplados en el artículo 6- en la lge, estableciendo que constituyen los criterios para interpretar los derechos de nna en el ámbito de la educación.

Con esta modificación, además armonizar ambas leyes, se incorporan a la Ley General de la Educación principios tan importantes como: el del interés superior de la niñez, igualdad sustantiva, no discriminación e inclusión, se establece con toda claridad un marco de interpretación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, lo que le da sustento a las autoridades educativas para contar con un marco normativo que le permita atender fenómenos tan complejos como la violencia escolar, el bullying y hechos tan reprobables como la discriminación por cualquier motivo. 

Desde el punto de vista jurídico, la elevación del interés superior del niño al rango de principio tiene dos implicaciones fundamentales. En primer lugar, cumple una función hermenéutica, en tanto permite que se haga una interpretación sistémica y acorde con el predominio de los derechos de la infancia. Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el interés superior del niño es un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño fundamentada en la dignidad del ser humano”. En este sentido, se entiende como clave del conjunto de derechos centrados en la infancia (instrumentos jurídicos internacionales y nacionales). En segundo lugar, su cumplimiento se impone como obligación tanto en el ámbito público como privado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.-Se reforma el artículo 8º de la Ley General de Educación y se le adiciona una fracción V con los incisos de la (a) la (n), quedando de la siguiente manera:

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo contemplar los principios para interpretar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo así como implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.- …;

II.-…

III.- …

IV.- …

V.- Garantizará la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito educativo bajo los siguientes principios rectores:

El interés superior de la niñez;

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;

La igualdad sustantiva;

La no discriminación;

La inclusión;

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

La participación;

La interculturalidad;

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;

La autonomía progresiva;

El principio pro persona;

El acceso a una vida libre de violencia, y

La accesibilidad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de Grijalva, Campus Tuxtla Gutiérrez, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Puente festivo o fin de semana largo, son términos que se usan en los países occidentales para referirse a un periodo de días de fiesta o asueto que se forma al unir un día festivo con el fin de semana.

En nuestro país, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estos días festivos o feriados son denominados como los días de descanso obligatorio; son fechas especiales señaladas en la ley en las que el trabajador está autorizado para dejar de concurrir a sus labores.

En ocasiones, los denominados puentes incluyen en su periodo a días laborables; por ejemplo, cuando el día de descanso es jueves, en el que el viernes intermedio entre éste y el fin de semana se incorpora al periodo inhábil, pero por el solo hecho de quedar entre estos 2 días, ya es de asueto.

Sin embargo, su consolidación quedaba a expensas de concretar ese día nacional como no laborable, en ocasiones en base a tomarlo a través de la falta injustificada del trabajador.

Por ello, en diciembre de 2005 se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de acabar con los famosos puentes mexicanos y dar paso a los fines de semana largos que abarcan los días sábado, domingo y lunes, así se establecieron tres fines de semana largos de manera formal, sin necesidad de restarle días laborables a la semana con el afán de concretar el susodicho puente.

Así, el lunes 2 de febrero en conmemoración del jueves 5 de febrero, día de la Constitución; lunes 16 de marzo en conmemoración del 21 de Marzo; el 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el resto de las fechas en su día festivo.

Dentro de las consideraciones para aprobar la reforma de diciembre de 2005 al invocado artículo 74, se tomaron en cuenta algunas como la certeza de las familias mexicanas de los fines de semana largos para prever la convivencia y hasta vacacionar, y la promoción turística en estas fechas con la consecuente derrama económica esperada para ello.

En parte se tuvo razón, pues en estos espacios vacacionales la convivencia y la derrama económica sí se incrementó considerablemente; sin embargo, también es cierto que existen otras fechas que permanecieron en su día de asueto en la fecha de su día, sin mayor problema y menoscabo.

Sin embargo, existen dos grandes fecha en la mente de los mexicanos, yo creo que todos habremos de coincidir que el imaginario de la población son dos fechas cívicas que seguramente tenemos con mayor y acendrado arraigo, me refiero al 16 de septiembre y, desde luego, al 20 de noviembre, fecha de inicio de la lucha armada que dio como consecuencia la Revolución Mexicana.

Fechas de gran emotividad, fiestas muy marcadas en la mente de los mexicanos, como lo es también el 16 de septiembre, fecha de inicio de la Independencia de México, consideradas estas efemérides relacionadas como las dos grandes y directamente relacionadas con la libertad y con los cambios políticos e históricos de la nación, fechas de desfile, folklor, tradición, mexicanidad y particularmente simbólicas.

Por eso sólo se preservó el 16 de septiembre en merma de la segunda gran fiesta, que es el 20 de noviembre, del que se extraña el esplendor con que era conmemorada, con emotivos desfiles, haciendo, aunque con mayor intensidad, con las Fuerzas Armadas, charros, cuerpos de seguridad y protección civil, pequeños con vestimentas alusivas a las “adelitas” y los “juanes” de la Revolución, cargando sus rifles de madera y simbólicas carrileras.

Y qué decir prácticamente en todos los municipios del país los famosísimos desfiles deportivos, ocasión en la que los jóvenes, sobre todo, los niños de primaria y secundaria salen a las calles con sus vestimentas deportivas a desfilar por las calles precisamente en conmemoración al 20 de noviembre.

Considero que esta intensidad y relevancia fue la que orilló a los legisladores en ese entonces, a que el día 16 de septiembre se siga conmemorando en su fecha precisa, el mismo criterio es el que se deba aplicar para el 20 de noviembre. Tan esto es así, que a diferencia de las dos fechas restantes, relativas a las instituciones, fines de semana largos, la que conmemora la Revolución Mexicana, sigue estando presente en su celebración el día exacto de su fecha. Pese al descanso obligatorio del tercer lunes de noviembre, los actos cívicos, como desfiles, se siguen celebrando a pesar de que el lunes es día inhábil; y si el 20 de noviembre cae en una fecha distinta, se da el fin de semana largo, pero también se celebra la conmemoración del 20 de noviembre con todas estas expresiones que son ya muy particulares de nuestro país.

Una muestra más, es que el año pasado la Bolsa Mexicana de Valores y las instituciones financieras del país suspendieron sus operaciones el tercer lunes del mes, con motivo de los 104 años de la Revolución Mexicana, pero los bancos que ofrecen sus servicios en establecimientos comerciales y supermercados abrieron al público y ese día que se suponía festivo, resultó que al final de cuentas no lo fue.

Esto ha llegado al grado de que en la práctica nos encontremos con dos días festivos, el lunes del fin de semana largo y el propio 20 de noviembre. Por eso es que considero que las dos grandes fechas, que no debieron trasladarse en su conmemoración, lo son, como ya lo mencionaba, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, este último, 20 de noviembre, por ser muy similar al 16 de septiembre.

Es necesario rescatar esta profunda celebración, particularmente el día exacto, que dicho sea de paso, no tendrá consecuencias en los fines perseguidos en la reforma de 2005, bastaría comentarles, compañeras y compañeros, que este año las fechas consideradas como días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, coincidieron con fines de semana, y este año, este 2015, tuvimos cinco fines de semana largos, sin menoscabo, insisto, de lo que establece el 20 de noviembre.

Por eso, la iniciativa que pretendo sea estudiada, y en su caso dictaminada, y desde luego, con el apoyo de todas mis compañeras y mis compañeros, es que el 20 de noviembre se siga celebrando en el día de la fecha que le corresponde. Si el 20 de Noviembre cae el miércoles, el miércoles tendrá que ser el día de descanso obligatorio, o el día de la semana que corresponda, por tratarse de una fecha, que a mi juicio representa una de las fechas más simbólicas, históricamente hablando y, desde luego, cívicamente considerando.

Por ello la propuesta es devolver la conmemoración al 20 de noviembre en su fecha mediante la iniciativa de proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I… al V…

VI. El 20 de noviembre.

Por su atención, compañeras y compañeros, y desde luego por su apoyo a esta iniciativa, quedo a sus órdenes.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el 20 de noviembre, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Puente festivo” o “fin de semana largo”, son términos que se usan en los países accidentales para referirse a un periodo de días de fiesta o asueto que se forma al unir un día festivo con un fin de semana.

En nuestro país, de conformidad al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estos días festivos o “feriados”, son denominados como los días de descanso obligatorio. Son fechas especiales señaladas en la ley en las que el trabajador está autorizado para dejar de concurrir a sus labores, con motivo de la conmemoración de acontecimientos históricos, cívicos y de solidaridad con la clase trabajadora, como el caso del 1º de mayo. Asimismo, casos de motivos religiosos o de fiesta, como el 24 de diciembre.

En ocasiones los denominados “puentes”, incluyen en su periodo a días laborables, por ejemplo cuando el día de descanso es un jueves, en el que el viernes intermedio entre éste y el fin de semana se incorpora al periodo inhábil por el sólo hecho de quedar entre días de asueto. Sin embargo, su consolidación quedaba a expensas de concretar ese día adicional como no laborable, en ocasiones, en base a tomarlo a través de la falta injustificada del trabajador.

Por ello, en diciembre de 2005 se aprobó y publicó en el “Diario Oficial de la Federación” el decreto que modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de acabar con los famosos “puentes mexicanos” y dar paso a los “fines de semana largos” que abarcan los días sábado, domingo y lunes.

Así, se establecieron “tres fines de semana largos” de manera formal, previa, estable y concreta, sin necesidad de restarle días laborables a la semana con el afán de concretar el susodicho “puente”.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo quedó en los siguientes términos:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Para el presente año, los fines de semana largos quedarían como sigue:

El lunes 2 de febrero en conmemoración del jueves 5 de febrero Día de la Constitución. Primer fin de semana largo del 2015 incluye el sábado 31 de enero, domingo 1 de febrero y lunes 2 de febrero.

No se labora el lunes 16 de marzo en conmemoración del 21 de marzo. El segundo fin de semana largo comprende el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo.

El lunes 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, con lo que se constituye el tercer fin de semana largo de este año conformado por los días 14, 15 y 16 de noviembre.

El resto de las fechas en su día festivo, por lo que facto este año constará de 5 fines de semana largos, atentos a que el día 1º de mayo fue en viernes, como también lo será el 25 de diciembre.

Dentro de las consideraciones para aprobar la reforma de diciembre de 2005 al invocado artículo 74, se tomaron en cuenta algunas como las que a continuación se señalan:

“En primer lugar, brindaría certeza a las familias mexicanas de que independientemente del día de la semana en el cual se registre el evento cívico motivo del descanso obligatorio, podrán tener seguros tres fines de semana largos al año, y podrán planear la convivencia familiar, el descanso o la salida a cualquier destino turístico nacional o internacional.

En segundo lugar, las empresas se verían beneficiadas por la eliminación de los llamados puentes que tienen lugar cuando el día festivo cae en jueves o en martes, o cuando los trabajadores se toman el día lunes alterando así la productividad de los centros laborales.

En tercer lugar, se generaría una derrama económica adicional por la activación del turismo interno en los diferentes destinos turísticos nacionales e internacionales, al saber por ley, los fines de semana específicos que se pueden tomar como largos durante el año para vacacionar”.

En parte se tuvo razón, pues en estos espacios vacacionales, la convivencia y la derrama económica sí se incrementó considerablemente, sin embargo, también es cierto que existen otras fechas que permanecieron en su día de asueto en el de su fecha, sin mayor problema ni menoscabo.

Esto a colación y tomando en cuenta que los traslados del día a conmemorar a un lunes, fueron asimilados así, sin mayor problema por la población, a diferencia del día 20 de noviembre.

Y esto es lógico, tomando como referencia la fecha festiva y conmemorativa a la que se vincula el 16 de septiembre. Me refiero a que si existen dos grandes fechas en la mente de los mexicanos, lo son el 16 de septiembre y el 20 de noviembre.

Fechas de gran emotividad, fiesta y muy marcadas en la mente de los mexicanos, consideradas como las dos grandes efemérides relacionadas directamente con la libertad y diametrales cambios políticos e históricos en la nación; fechas de desfile, folclor, tradición, mexicanidad, y particularmente simbólicas.

Pero esto sólo se preservó para el 16 de septiembre, en merma de la segunda gran fiesta mexicana: el 20 de noviembre, del que se extraña el esplendor con que ésta era conmemorada, con emotivos desfiles (que los sigue habiendo, aunque con menor intensidad), con fuerzas armadas, charros, cuerpos de seguridad y protección civil, pequeños con vestimenta alusivas a las “Adelitas” y los “Juanes” de la revolución cargando sus rifles de madera y simbólicas carrilleras.

Considero que esta intensidad y relevancia fue la que orilló a los legisladores de ese entonces a que el día 16 de septiembre se conmemorara en su precisa fecha, mismo criterio que debió aplicar para el 20 de noviembre.

Tan esto es así, que a diferencia de las dos fechas restantes relativas a los institucionales fines de semana largos, la que conmemora la Revolución Mexicana, sigue estando presente en su celebración en el día exacto de su fecha. Por ejemplo, pese al descanso obligatorio del tercer lunes de noviembre, los actos cívicos, como los desfiles mismos, son realizados el día 20 del mes, pese a las consecuencias de este tipo de actos en un día “laborable”. (Por citar uno, el que eventos en espacios públicos se realicen en días hábiles, las afectaciones graves a la circulación vehicular).

Una muestra más, el año pasado la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las instituciones financieras del país suspendieron sus operaciones el tercer lunes del mes, con motivo de los 104 años de la Revolución Mexicana, con ello, que el mercado de labores suspendiera obviamente sus actividades, pero los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrieron al público en ese día lunes que se suponía festivo.

Si preguntamos a los mexicanos por el día en que celebramos el aniversario de la Revolución Mexicana, sin duda se referirán al 20 de noviembre y muy, pero muy pocos, harán referencia al tercer lunes del mes. Esto llega al grado de que en la práctica nos encontremos con dos días festivos, el oficial y el de la mente de todos los mexicanos con el día exacto al 20 del mes.

Por ello, que para este mes de noviembre de 2015, habrá de facto dos fines de semana largos, puesto que uno es el que estipula la Ley Federal del Trabajo, y otro que con motivo de que el día de la efeméride cae en día viernes, habrá de generar al sumarse a los días sábado 21 y domingo 22.

Es por eso que considero, que las dos grandes fechas que no debieron trasladarse en su conmemoración, lo son el día 16 de septiembre y 20 de noviembre, por lo que este último en similitud de razón al 16 de septiembre debió conservarse en el día de su fecha.
No se resta conmemoración a las otras dos celebraciones que oficializan los otros dos multireferidos fines de semana largos, sólo que no podemos pasar por alto la enorme y plausible marca cultural que para los mexicanos encierra la Revolución Mexicana y su imborrable e intransferible conmemoración en el día de su fecha.

Es necesario rescatar esta profunda celebración, particularmente en el día exacto, que dicho sea de paso, no tendría consecuencias en los fines perseguidos por la reforma del 2005, pues no resulta nada aventurado asegurar que la semana que aloja al día 20 de noviembre, sin duda, será de fiesta y asueto, con convivencia, fiesta, viaje y esplendor mexicano, maximizado por recuperar su esplendor cultural, histórico, cívico y patriota.

Cabe destacar, que esta decisión no causaría afectación económica ni turística, pues como ya se dijo, en la práctica los fines de semana largos se siguen constituyendo sin mayor esfuerzo, como este año que contamos con cinco en lugar de los tres perseguidos con la reforma de hace diez años. Además, de que por lo que hace a la del 20 de noviembre, se recuperaría con mayor intensidad y sin mayor problema constituiría la semana de su descanso y efeméride, una muy especial para el asueto, vacación y celebración para propios y extraños, estos últimos al ser atraídos por el folclor e intensidad de la fiesta mexicana de la Revolución iniciada en el inolvidable año de 1910.

Razones dadas, por las que la propuesta en concreto consistiría en reformar la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para devolver la conmemoración del 20 de noviembre a su fecha, de la que nunca debió haber sido movida.

Por lo antes expuesto, es que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. a la V. (…)

VI. El 20 de noviembre;

VII. a la IX. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para presentar, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los nombramientos de los embajadores y cónsules generales de México en el extranjero es un asunto tan importante que nuestra Constitución prevé que sea el Senado de la República el que dé su visto bueno y el que analice cada uno de ellos.

Así, el artículo 89 de la Constitución dota al Presidente de la facultad para nombrar a los embajadores y cónsules generales con la aprobación de este Senado de la República.

El artículo 76 de nuestra Constitución dispone que al Senado de la República compete el análisis de dichos nombramientos a efecto de determinar si los ratifica o no los ratifica, y el Presidente, en caso de no ratificarse, tiene que enviar una nueva propuesta.

Los embajadores se encargan de la relación política con el gobierno del Estado en el que se encuentran, y los cónsules atienden los asuntos relativos a la protección de nuestros connacionales en el extranjero.

El artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala, que las personas que sean nombradas para desempeñar los cargos de embajadores y cónsules generales deben ser preferentemente los funcionarios de carrera, de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático consular.

Lamentablemente, el Presidente de la República ha hecho nombramientos de representantes de nuestra nación en diversos países, cuyos perfiles no cumplen con los requisitos mínimos de preparación y formación para una adecuada representación de los intereses de nuestro país y de nuestros connacionales en el extranjero.

Los representantes de México en otros países deben de tener credibilidad y gozar de buena reputación, tanto en nuestro país como en el país ante el que estén acreditados.

Evidentemente esto no ha sido tomado en cuenta por el gobierno federal al nombrar como cónsules de carrera a personas con antecedentes cuestionables.

Tenemos el ejemplo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, precisamente nombrado como cónsul de carrera y no como cónsul general.

Se buscó, definitivamente, evitar que el perfil de este personaje nombrado Cónsul de México en Barcelona no fuese objeto de análisis de este Senado de la República.

La página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores da cuenta de 39 cónsules de carrera que no son necesariamente miembros del Servicio Exterior y, por supuesto, en estos cónsules de carrera no participa el Senado de la República.

El artículo 1o. bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, dispone que para efectos de dicha ley, las oficinas consulares, según su importancia y ámbito de circunscripción, se clasifican en: Sección Consular, Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorífico.

En Acción Nacional estamos muy preocupados, porque hay una serie de nombramientos que están en puerta y no queremos, ni debemos permitir que se siga jugando con la tradición diplomática de nuestro país.

A veces pareciera que se premia a todos aquellos que hicieron mal las cosas, que impulsaron a todas luces actos de corrupción en sus estados y que muchos de ellos, incluso, deberían estar en la cárcel, hoy resulta que son propuestos como cónsules de carrera, para que este Senado de la República ni siquiera discuta nada de ello.

El día de hoy estamos sometiendo ante esta Cámara de Senadores una iniciativa que prevé reformar los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y plantea concretamente tres puntos:

El primero.- Especificar las características y requisitos puntuales que deberá cumplir el perfil de las personas que sean nombradas como embajadores o cónsules generales, tales como tener buena reputación, tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a ser acreditado, contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociaciones políticas y adaptabilidad cultural, tener conocimiento de la región en la que ejercerá el cargo, tener amplios conocimientos en derecho internacional.

Segundo.- Que los perfiles de las personas que sean nombradas como cónsules no generales, que esos sí pasan por este Senado de la República, sino los cónsules de carrera, deban también cumplir con los requisitos establecidos para los cónsules generales.

Tercero.- Que la mayoría de las personas nombradas como embajadores, cónsules generales y cónsules de carrera, sean miembros del Servicio Exterior.

Yo quiero compartirles que, por supuesto, en Acción Nacional nos preocupa el actuar del gobierno federal.

Recordarle que cada uno de los nombramientos que aquí ratificamos, que cada uno de los nombramientos impulsados por el gobierno federal, no son nombramientos del Presidente Peña, no son nombramientos del gobierno federal, como tal, son nombramientos de representantes del Estado mexicano en los diferentes países independientemente del partido político que gobierne.

Y yo quiero decirles que estamos muy preocupados por el actuar de la Cancillería. Este es un tema que no queríamos dejar fuera del debate, sobre todo porque sabemos que antes de que finalice el año, estaremos recibiendo propuestas de algunos innombrables para que se vayan a Embajadas o a Consulados generales.

Desde Acción Nacional vamos a ser muy críticos, vamos a revisar con lupa cada una de las propuestas que envíe el Presidente de la República, y esperemos que no sigan pretendiendo enviar por la puerta de atrás, insisto, a personajes innombrables.

Y no quiero dejar de mencionar en esta tribuna un tema que dimos ayer a conocer los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Gabriela Cuevas y algunos otros compañeros de Acción Nacional, datos muy concretos que tienen que ver con la emisión de pasaportes y este contrato que le fue asignado a una empresa, curiosamente ubicada en el Estado de México, para emitir 8 millones de pasaportes, a una empresa, lamentablemente sin capacidad; y esta suspensión de la emisión de pasaportes afectó a 10 mil mexicanos por día, y no está garantizado que los datos personales en este momento estén debidamente protegidos.

El día de hoy le haremos llegar una carta a la Canciller, firmada por todos los Senadores de Acción Nacional, en donde de manera muy respetuosa estamos, primero, solicitando la información completa sobre la licitación con respecto a los pasaportes y las dificultades técnicas que sufrió la emisión de pasaportes en las últimas semanas.

Necesitamos que a este Senado se le dé una explicación.

La comparecencia también del Oficial Mayor ante las Comisiones de Relaciones Exteriores de este Senado de la República; y también vamos a exigir la reducción del precio del pasaporte en nuestro país, que es el más caro de América Latina, y esto no se vale.

Se lo vamos a exigir al gobierno federal, se lo estamos exigiendo a la Canciller y, por supuesto, al Presidente de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA, SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, SENADOR SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, SENADOR SONIA MENDOZA DÍAZ, SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA y SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DELA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los nombramientos de los embajadores y cónsules generales de México en el extranjero son un asunto de tal envergadura que nuestra Constitución prevé que el Senado de la República dé su visto bueno. Así, el artículo 89 Constitucional dota al Presidente de la facultad para nombrar a los embajadores y cónsules generales, con la aprobación del Senado; y el artículo 76 de nuestra Constitución dispone que al Senado de la República compete el análisis de los nombramientos de embajadores y cónsules generales, a efecto de determinar si ratifica o no los nombramientos que haya hecho el Presidente de la República:

“Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos… de los embajadores y cónsules generales

…”

Los embajadores se encargan de la relación política con el Gobierno del Estado en el que se encuentran, y los cónsules atienden los asuntos relativos a la protección de nuestros connacionales en el exterior.

El artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que las personas que sean nombradas para desempeñar los cargos de embajadores y cónsules generales, deben ser preferentemente los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

Lamentablemente, el Presidente de la República ha hecho nombramientos de representantes de nuestra nación en diversos países, cuyo perfil no cumple con los requisitos mínimos de preparación y formación para una adecuada representación de los intereses de nuestro país y de nuestros connacionales en el extranjero.

Los representantes de México en otros países deben de tener credibilidad y gozar de buena reputación tanto en nuestro país como en el país ante el que estén acreditados. Evidentemente, lo anterior no ha sido tomado en cuenta al nombrar como cónsules de carrera a personas como el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, precisamente nombrado como cónsul “de carrera” y no como cónsul general, porque se buscó evitar que el perfil de Herrera, nombrado cónsul de México en Barcelona, no fuera objeto de análisis en el Senado.

La página de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores da cuenta de 39 cónsules “de carrera” que no son necesariamente miembros del Servicio Exterior y en cuyo nombramiento no participa el Senado.

El artículo 1 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone que, para efectos de dicha ley, las oficinas consulares, según su importancia y ámbito de circunscripción, se clasifican en: sección consular, consulado general, consulado, agencia consular y consulado honorífico.

En Acción Nacional estamos muy preocupados porque hay una serie de nombramientos que están en puerta y no queremos permitir que se siga jugando con la tradición diplomática de nuestro país.

En términos de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 73 de nuestra Constitución, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de organización de los cuerpos diplomático y consular de nuestro país:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.

…”

Por ello, la presente iniciativa prevé:

1. Características específicas y requisitos puntuales que deberá cumplir el perfil de las personas que sean nombradas como embajadores o cónsules generales, tales como tener buena reputación tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a ser acreditado, contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociaciones políticas, adaptabilidad cultural, tener conocimiento de la región en la que ejercerá el cargo y tener amplios conocimientos en Derecho Internacional;

2. Que los perfiles de las personas que sean nombradas como cónsules no generales, sino los llamados “de carrera”, deban también cumplir con los requisitos establecidos para los cónsules generales; y

3. Que la mayoría de las personas nombradas como embajadores, cónsules generales y cónsules sean miembros del Servicio Exterior.

Desde el Senado, en Acción Nacional seguiremos trabajamos para que se reivindique la valiosa historia de la diplomacia de nuestro país. Los senadores estamos obligados a levantar la voz en contra de la los actos del Presidente que buscan darle la vuelta a nuestras leyes y así evitar la evaluación de los perfiles de las personas que estarán obligadas a velar por los intereses de nuestros connacionales en el exterior.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente de entre los funcionarios de carrera con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano.

En todo momento deberá garantizarse que la mayoría de los Embajadores, Cónsules Generales y Cónsules, sean funcionarios de carrera de la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano.

Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado Embajador o Cónsul General, el Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta Ley.”

“Artículo 20.- Para ser designado Embajador, Cónsul General o Cónsul, se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad, reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, tener buena reputación tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya estar acreditado, contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociaciones políticas, adaptabilidad cultural, conocimiento de la región geográfica en la que ejercerá el cargo y amplios conocimientos en Derecho Internacional.

Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. María Del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora Gómez del Campo Gurza. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.






Asimismo, la Senadora Mariana Gómez se refirió también al proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de adopción, el cual se turna las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta)

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS y MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Senado de la República la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes históricos.

La figura de la adopción, no se contempló en nuestro país durante todo el siglo XIX, dicha figura fue plasmada en nuestra legislación hasta el siglo XX en la Ley sobre Relaciones Familiares. Algunos de los preceptos que regulaban la adopción, estaban plasmados en 16 artículos, de los cuales, por citar algunos de los más relevantes, se encuentra el artículo 220, que contemplaba a la adopción como un acto jurídico donde una persona aceptaba a un menor como si fuera un hijo natural propio, con los derechos y obligaciones atribuibles a un padre; así mismo las personas mayores de edad, tanto hombre como mujer, pueden tener la capacidad para adoptar, como lo señalaba el artículo 221; cuando se trataba de un matrimonio podían adoptar en su conjunto, sin embargo la madre por si sola tenía la posibilidad de adoptar  con la autorización de su cónyuge, con la reserva de que no podía llevarlo al domicilio conyugal, así lo disponía el artículo 222; en cuanto a la adopción pretendida, el menor de 12 años podía dar su anuencia para el proceso, así mismo el adoptante y el adoptado se encontraban en un mismo plano jurídico respecto del padre e hijo natural, de acuerdo a la disposición del artículo 230.

En general, los artículos eran meramente sencillos donde se regulaba a la adopción como un primer intento, dejando de lado los intereses del menor susceptible de ser adoptado.  Ahora bien, en los Códigos Civiles, la regulación ya era más amplia, aunque la única forma de adopción era la simple, contemplaba un único apartado denominado “de la adopción”. Cabe señalar que entre las novedades del Código estaba la edad para mínima poder adoptar de 40 años; y que entre adoptado y adoptante debería haber una diferencia de 17 años, así como estar en pleno ejercicio de sus derechos. Igualmente, se le prohibía a los tutores adoptar a sus pupilos entretanto no se autorizaban las cuentas de su gestión.

Aunado a ello, el adoptado podía ser un menor de edad o bien mayor de edad siempre y cuando este último, estuviere incapacitado y la adopción fuere en beneficio de él, pudiendo impugnar en un futuro la adopción si éste recobraba su capacidad.

Las modificaciones contenidas dentro de las reformas del año 2000 resultaron de gran avance ya que se incorporó la adopción plena y la adopción internacional. En relación a la adopción plena, el adoptado quedó equiparado al hijo biológico para todas las consecuencias legales, y se ampliaron los efectos a todos los parientes consanguíneos del adoptante, dicha forma de adopción quedo como definitiva, extinguió la patria potestad de los progenitores del adoptado y los lazos familiares de origen y con impedimento de contraer matrimonio, por razones naturales. Aunado a que se contempló la participación del Ministerio Publico y las instituciones de asistencia tanto públicas como privadas, para efectos de anuencia en el procedimiento de adopción.

A partir del 2000, la reforma que nuevamente sufrió la figura de la adopción, verso en la eliminación de la adopción simple. Y en cuanto a la glosa de los preceptos, se parte de las consideraciones en cuanto a que se ésta ante un acto jurídico, cuya estructura se halla en la función de la pluralidad y calidad de las voluntades participantes, por lo que se califica como un acto mixto. Además, desde la solicitud inicial hasta la declaración de ejecutoria, se trata de un acto solemne, complejo y de ejecución sucesiva.

II. Reforma Constitucional

La reforma a los artículos 4° y a la fracción XXIX-P del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representó un gran reto para que nuestro país pudiera plasmar en su Constitución y reconocer los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes, frente a la obligación que tiene el Estado de  garantizarlos y hacerlos valer. 

Sin embargo, dicha modificación constitucional, no representaba un avance real debido a la ausencia de legislación en esta materia, por lo cual se dejaba en estado de indefensión a miles de niñas, niños y adolescentes, por lo que en 2014se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce derechos y establece obligaciones para todas las autoridades federales, estatales y municipales, así como la creación de un Sistema Nacional y de Procuradurías de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, aún hay temas pendientes como el de violencia en el entorno escolar, niñez migrante o el de adopciones.

Por lo que respecta en el tema de adopciones, según datos de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en el año 2008 en México el número de niños que estaban en alguna de las casas hogares era de 29,310. Así mismo la cantidad de niños en situación de calle ascendía a un total de entre 94,000 y 114,000 en las ciudades más importantes del país, entre las que destacan las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hasta el año 2010 había en el país 29 mil 310 menores de edad que no contaban con cuidados familiares ni con algún tipo de institución. El último censo del INEGI del año 2010, hay un registro de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en las 682 casas hogares para menores o casa cuna. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  más del 70% de las solicitudes tendrá alguna dificultad para ser exitosa debido a que la mayoría de los menores va desde los 7 años hasta los 18 años de edad.

Con cifras de 2013, que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  publicó, se recibieron 2935 solicitudes para adopción nacional y para adopción internacional se recibieron 69 solicitudes, en ese año el número de adoptados a nivel nacional fue de sólo 957 familias que recibieron la gracia de la Institución, pero que de acuerdo a la cantidad de solicitudes procedentes el número pudo incrementarse, dicha situación se debe a la falta de uniformidad entre los requisitos solicitados por el DIF Nacional y los DIF locales, ya que éstos últimos son los que establecen tiempo, lugar y forma en que se van a desarrollar las etapas de la adopción

Con datos presentados por del Desarrollo Integral de la Familia del año 2014, el número total de solicitudes para proceso de adopción fue de 977 de las cuales 201 no procedieron,  siendo así que 599 fueron concluidas, de los cuales el número de niñas adoptadas fue de 301 y el número de niños que fueron dados en adopción fue de 298.

La notable disparidad en cuanto al número de niños que se encuentran en alguna casa hogar o casa cuna, es debido a que no en todas las entidades federativas cuentan con el registro pertinente lo que se traduce en la poca coordinación entre ellas.

Así mismo, es de gran trascendencia la problemática con respecto a la venta de niños, tal es el caso del Estado de Sonora, donde se estima que 18 menores fueron traficados, desde el 2012 hasta la fecha, quienes se encontraban en calidad de ser adoptados mediante un proceso legal, debido a que la adopción ha estado rebasada por la ineficiencia de su trámite, ya que no cuenta con reglas claras respecto a su tratamiento, las etapas, ejecución y medios de control desmotivan a las personas que han pensado en la adopción como su mejor opción de contar con descendencia.

Para ejemplificar la diferencia que existe entre los requisitos para el trámite, el Estado de México y Chihuahua civilmente exigen una diferencia de por lo menos 10 años respecto al adoptado, Jalisco y Querétaro 15 años, mientras que el Distrito Federal y Campeche son 17 años y en Yucatán son 20 años los solicitados.

En esa misma tesitura, dentro del proceso de adopción el papel que desempeñan los jueces en casos que involucren a menores, es de suma relevancia ya que los impartidores de justicia deben velar por la garantía del interés superior de la niñez, y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la función de éste como principio jurídico protector es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar su protección integral.

Ahora bien, un factor importante para hacer efectivo los derechos del menor, implica la labor que realice el juzgador, donde su especialización en el ejercicio de sus funciones es pieza clave en el proceso donde involucran a los menores.

De acuerdo con una estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, los países con mayor número de niños dados en adopción internacional en 2012, fueron la Federación Rusa con 479 casos, China con 447, Etiopía con 302, Filipinas con 77 y Colombia con 74 casos otorgados.

Por lo que respecta en América Latina, Colombia es de los países que más adopciones otorgan, según con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 1997 a 2011 se han dado en adopción a 40 mil niños de los cuales 23,428 han sido adopciones internacionales y sólo un 40% han sido adopciones nacionales, es decir 16,540.

En cuanto a adopciones internacionales en México, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 2011 fue el año en que hubo mayor número de adopciones internacionales en nuestro país, teniendo un total de 45 procesos mientras que hasta junio del 2014, se completaron 11 procesos lo cual refleja cifras relativamente bajas de adopción internacional.

Desde el 2006 al 2013, Italia y España fueron los países que más trámites de adopción de niños mexicanos han realizado, conforme a cifras presentadas por el DIF Nacional, cada país tiene al menos una institución aprobada para realizar estos procesos. Tan solo en el 2014, la mayoría de las adopciones internacionales, en total el 63%, fueron realizadas por ciudadanos de EUA.

Bajo este tenor, a nivel internacional, México forma parte de instrumentos internacionales en los cuales los derechos de los niños, es un tema prioritario. Por ello, es necesario implementar leyes nacionales para así cumplir con los tratados internacionales ya ratificados. En primera instancia, en septiembre de 1990, el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño la cual, incorpora todos los derechos de niños, niñas y adolescentes y se rige por cuatro principios generales: la no discriminación, la participación infantil, la supervivencia y desarrollo y el interés superior del niño. De dicha Convención emana la Declaración de los Derechos del Niño que además de enunciar los derechos y libertades de los niños, insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con ciertos principios que se enuncian en el instrumento.

En materia de adopción, en diciembre de 1986 fue aprobada la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores en necesidad de regular las adopciones internacionales ante el aumento de tráfico ilegal y la migración internacional de menores. Este instrumento intenta armonizar las diversas leyes de los Estados en la materia a lo cual México debe prestar dar cumplimiento.

Así mismo, en junio de 1994 el Senado de la República aprobó, la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrita en la ciudad de La Haya, Países Bajos la cual pretende que las adopciones internacionales, de igual manera, garanticen el interés superior del niño, respetando los derechos fundamentales a nivel internacional, instaurando una cooperación entre los Estados contratantes para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños.

Tomando en consideración dichos planteamientos, los Senadores que suscribimos la presente Iniciativa, sometemos de manera conjunta dos propuestas legislativas, una de Reforma Constitucional y otra por la que se expide la Ley General de Adopciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 73.  El Congreso tiene facultad:

I. …

XXIX.- P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como expedir lineamientos generales en materia de adopción, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXX.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Miguel Barbosa Huerta.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto tiene como propósito atender a un sector social de las familias mexicanas muy importante, que son las conocidas familias que se encuentran en una condición de familia monoparental, aquellas familias que en el hogar sólo existe el papá o la mamá, sin ninguno del otro cónyuge y que atienden al desarrollo, la educación y la formación de sus hijos.

Y para ello tenemos que retomar lo que nos mandata la propia Constitución, que garantiza el derecho humano a la integración familiar y a la educación, y es por eso que es importante darles a conocer algunos datos.

De acuerdo al INEGI, los hogares monoparentales representan el 18.5 por ciento de los hogares familiares de nuestro país. Las entidades con mayor porcentaje de hogares monoparentales, entre otras razones sociodemográficas, quizás por condiciones también de migración, se encuentra el propio Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entre otros.

De estos hogares monoparentales, el 84 por ciento son encabezados por la mujer, quien desarrolla el papel de madre, padre y en su conjunto de jefe de familia.

En México las estadísticas de divorcio con hijos menores indican que a la madre se le queda la custodia de los hijos, aproximadamente 89.3 por ciento queda en la madre, y sólo 3.9 por ciento en el padre.

Entre otras circunstancias de adversidad, la familia monoparental, reitero, aquella familia que en su núcleo sólo cuenta con la mamá o el papá, encuentra momentos difíciles, como lo es la discriminación salarial, la integración familiar, así como el tema de cuidados y atención para los hijos.

Es importante también señalar que, de acuerdo a los datos con INEGI, del total de mujeres en condición de jefas de familia o de la familia monoparental, 70 por ciento son las que obtienen ingresos por trabajo, un 20 por ciento de las madres no tienen un ingreso ni formal, ni informal, sobreviven con los apoyos de los programas sociales de gobierno y, en muchos casos, sobre todo en las comunidades rurales, en las colonias de menor índice de desarrollo humano, con apoyos de familiares.

Por eso es que tenemos que señalar que este grupo de actividades representa una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina del 74.1 por ciento.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Yo los invito a que ojalá, cuando sea turnado a comisiones y posteriormente regresar al Pleno esta propuesta de iniciativa, pueda ser aprobada por ustedes, aprobada en este primer momento también, porque nos estamos refiriendo por razones de integración familiar, de derechos humanos, a las familias que se encuentran en condiciones de adversidad, de integración en su núcleo familiar y, sobre todo, de quienes debemos de tener y brindarles mayores oportunidades para sus hijos.
Por ello, se propone modificar la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VIII, para agregar el siguiente contenido, donde dice:

“Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las siguientes actividades:

I… a la VIII…

VIII-Bis. Se establecerán programas con perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos económicos para los estudiantes miembros de las familias monoparentales”.

Asimismo, el artículo 4, de la Ley de Asistencia Social, se adiciona un inciso n) a su fracción I, para quedar como sigue:

“Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, los sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños, adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a)… a la m)…

n) Ser miembros de familias monoparentales”.

Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito, Senador Sofío Ramírez Hernández integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE reforman y adicionan diversos ordenamientos para garantizar el acceso a la educación de los hijos de las familias monoparentales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco Jurídico

El artículo 1° de nuestra Carta Magna establece en su quinto párrafo la prohibición de cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, en el artículo 3° se garantiza para todos la educación básica y media superior para todos los mexicanos, además establece su calidad de obligatoria.

De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, inciso A, señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Por otra parte, el Gobierno Federal publicó el 20 de mayo de 2013 el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación de lapresente administración.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

La meta de México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, cómo el agua potable, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.1

Contempla también que debe haber “Acciones Afirmativas”, que son acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes.

Su artículo 10°determina que en la aplicación de dicha Ley, se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

El artículo 37 afirma quelas autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

En su Capítulo Sexto, se refiere al derecho a no ser discriminado, por lo que los artículos 39 y 40 establecen los siguientes derechos y obligaciones:

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Asimismo, las Autoridades Federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

• Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;

• Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;

• Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;

• Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico […].

Por su parte la Ley de Asistencia Social en su Capítulo II que determina quienes son sujetos de la asistencia social en su artículo 4° señala que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

De igual manera, la Ley General de Educación en su artículo 32 determina quelas autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.

Su artículo 33 señala que para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo el otorgamiento de apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.

En este caso quiero referirme a un importante grupo vulnerable en nuestra sociedad; me refiero a las familias monoparentales, y especialmente a sus hijos o dependientes económicos.

Familias Monoparentales

La familia como elemento en el que los individuos nacen y se desarrollan, ha servido tradicionalmente como base de la sociedad, ya que a través de ella las personas adquieren y reproducen normas así como comportamientos sociales; por ello la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, establece su derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado.

En México, los hogares identificados como “familiares”, entendidos como aquellos en los que existe relación de parentesco de los miembros con el jefe, son la principal forma en que las personas se organizan (90.5%), mientras que los no familiares, representan 9.3%. De los hogares familiares, ocho de cada diez (77.7%) son dirigidos por hombres y 22.3% por mujeres.

Los hogares conformados por la jefa(e) y cónyuge con o sin hijos, o bien la jefa(e) sin cónyuge pero con hijos (conocidos como nucleares), representan 70.9% de los hogares familiares; por otra parte tres de cada diez (28.1%) son hogares extensos, constituidos por un hogar nuclear más algún otro familiar o miembro que no guarde parentesco con la jefa(e).

En la actualidad existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como fenómenos como la migración y la violencia. Además son de tomar en cuenta las separaciones y divorcios entre las parejas. Uno de estos modelos que llama la atención debido a que diversas publicaciones señalan su incremento, es el hogar monoparental.

Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por la jefa(e) e hijos(as) y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares monoparentales representan 18.5% del total de los hogares familiares.

Al interior del país se observan diferencias en la proporción de hogares monoparentales; es así que las entidades con un mayor porcentaje con respecto de su total de hogares familiares son el Distrito Federal (24.3%), Morelos (20.9%), y Guerrero (19.7%); en tanto que con un menor porcentaje son Nuevo León (15.2%), Quintana Roo (15.4%) y Zacatecas (15.5%).2

Los hogares monoparentales se distinguen por estar encabezados en su mayoría por una mujer (84%), y aquellos que son dirigidos por un hombre constituyen 16%. Es preciso mencionar que tanto para el hombre como para la mujer, dirigir un hogar sin cónyuge o pareja puede representar una condición compleja, debido a que no solo tiene la responsabilidad del cuidado o atención de sus hijos(as) sino también de otras actividades como el trabajo para el sostenimiento de su hogar.

Una proporción importante tanto de las mujeres como de los hombres que dirigen un hogar monoparental son adultos que se encuentran en las edades de 30 a 59 años, en proporción de 65.1 y 49.6% respectivamente, mientras que del total de jefas de estos hogares, las jóvenes de 15 a 29 años representan 6.4%, poco más del doble que los jefes jóvenes (3%).

La mayoría, tanto de las jefas como de los jefes de estos hogares se encuentran separados, divorciados o viudos (74 y 76.6% respectivamente), mientras que 13.7% de las mujeres declararon ser solteras y 4.7% de los hombres reportaron esta misma situación.

Estudios señalan que cuando surge una disolución conyugal en la que hay hijos, por lo general es a la madre a quien se le otorga el cuidado y custodia de los hijos, tendiendo este hecho a conformar hogares monoparentales, en especial encabezados por una mujer. En México, de acuerdo a las estadísticas de divorcios, de aquellos registrados en 2011 con presencia de hijos menores de edad, la proporción de madres a quienes se les otorgo la custodia fue de 89.3%, mientras que la de padres fue de 3.9%.

La educación es un factor de gran importancia en el desarrollo social y económico de los individuos y la sociedad, siguiendo la premisa de que un mayor nivel educativo puede traducirse en mejores condiciones de trabajo para las personas, en la figura del jefe de hogar esto recobra mayor relevancia, pues influye de manera directa en su bienestar económico y el de su familia, además de ser un referente importante en la perspectiva educativa de sus hijos.

La realidad educativa que se observa que tanto de las jefaturas femeninas como de las masculinas en hogares mono parentales, es que la siguiente: 14% no tienen escolaridad alguna, de seis de cada diez cuentan con educación básica (61.25%), 11.5% alcanzan el nivel de media superior; mientras aquellos que tienen un nivel de estudios superior representan únicamente 12.7% en mujeres y 13% en los hombres; lo que nos arroja que más del 75% no puede aspirar a un ingreso suficiente por su educación.

De acuerdo con datos del INEGI, 3.7 millones de mujeres solas con hijos tienen ingresos por trabajo, lo que representa el 70%. El 15% de las madres solas no tienen ingreso monetario por ninguna vía, el resto recibe transferencias de gobierno o apoyos  familiares.

Del total de madres solas con hijos/as, el 35% recibe algún tipo de transferencia (en el caso de las madres solteras este porcentaje es del 25%). Las transferencias provienen de programas sociales o becas gubernamentales (625 mil madres solas beneficiadas), donaciones o apoyos de otros hogares (975 mil reciben ayuda de este tipo), lo que representa el 18%, pero entre las mujeres que nunca han estado unidas (solteras) el porcentaje es de 12%.

En cuanto a los servicios a su vivienda, todavía persisten algunas carencias: el 5% tiene piso de tierra, el 1% carece de luz y un nueve por ciento no tiene agua entubada. Esto último implica usar tiempo para el acarreo. En cuanto al equipamiento de las mismas, la mitad no tiene ni lavadora ni teléfono y un 16% no cuenta con refrigeradores. Esto es importante porque carecer de ellos les implica utilizar más tiempo en el Trabajo de Cuidados no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para involucrarse en el mercado laboral y con el lo limitan sus posibilidades de mejorar su situación económica.

Trabajo de Cuidados

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizaron la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012 (ELCOS 2012). Su objetivo fue producir información estadística sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la participación de integrantes y no integrantes del hogar.3

En dicho estudio, se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae sobre las mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo de cuidados al interior de sus hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.4

El trabajo de cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo de una persona dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país.

El trabajo de cuidados al interior de los hogares tradicional mente se ha delegado a las mujeres, en ocasiones con carácter de obligatorio inclusive, lo que les ha propiciado una sobre carga de trabajo al incorporarse en el mercado laboral, que podría aligerarse y redistribuirse silos propios integrantes de la familia, las empresas, el Estado y la sociedad en general, estuvieran sensibilizados y participaran de manera más activa y responsable, y si se les proveyera de infraestructura y servicios públicos.

Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidado en los hogares no se han reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México indican que dicho trabajo representó 21.6% del PIB en 2011 y que es el grupo de actividades de mayor peso económico: constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).5

Con base en las cifras del Panorama Educativo de México 2014, es posible establecer la relación positiva entre el salario relativo y el nivel de escolaridad mediante el cálculo de la razón del salario por hora de los trabajadores remunerados y los diferentes niveles escolares. Los resultados señalan que en 2013 los jóvenes con educación media superior obtuvieron un salario promedio 19% mayor respecto a los jóvenes que contaban con la educación básica. En casos como los estados de Guanajuato, Baja California Sur, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala y Puebla el diferencial llega a ser de más del 30% y de hasta 42% en Guanajuato.

Esta diferencia se incrementa entre los jóvenes con educación básica y con educación superior, pues estos últimos percibieron aproximadamente el doble de salario que sus pares con educación básica en 2013. Las mayores diferencias se observan en los estados de Chiapas (2.77), Tabasco (2.58), Tlaxcala (2.58) y Aguascalientes (2.44), donde la ventaja entre los jóvenes con escolaridad superior fue más del doble.

En lo que se refiere a la población adulta, la diferencia salarial entre los adultos con educación superior es en promedio 78% mayor que la de aquellos adultos con educación media superior. Por entidad federativa se observa una mayor brecha en estados como Nuevo León (2.12), Sonora (2.12), Chiapas (2.05) y Yucatán (2.01),donde los adultos con educación superior recibieron más del doble del salario que los que tienen educación media superior.

En el grupo de jóvenes se advierte que los hombres con educación media superior (1.18) y superior (2.01) tienen un mayor salario en comparación con los varones que cuentan con educación básica. Esto se observa de igual forma para las mujeres; por ejemplo, un punto trascendente es que las mujeres con educación superior (2.20) obtuvieron una diferencia importante -y mayor a la que registraron los hombres- respecto a las mujeres jóvenes con educación básica.6

Desigualdad salarial

Si bien cada vez más mujeres trabajan fuera de su hogar, su participación económica está todavía muy por debajo de la masculina. Para 2012, la tasa de participación económica femenina se estimó en 43.5% y la masculina en 77.5%, pero las condiciones en que trabajan mujeres y hombres son diferentes, y generalmente con desventajas para ellas. Las mujeres se insertan más en jornadas de tiempo parcial, su participación laboral está segregada o reciben ingresos menores (los índices de discriminación salarial indican que, en promedio, las mujeres ganan 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% en ocupaciones profesionales. Por sector de actividad, el índice es de casi 20% en el comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10% en el sector servicios); además, 9.5% de las mujeres ocupadas trabajan sin recibir remuneración, en contraste con 7.6% de los hombres en la misma situación.

El principal grupo receptor de cuidados son niños y niñas menores de 15 años. En 86.8% de los casi 7 millones de hogares urbanos en que se identificaron personas con necesidades de cuidados, hay niños o niñas menores de 15 años; en 16.5% las necesidades de cuidado están relacionadas con personas enfermas de manera temporal y en 10.0% con necesidades de cuidado continuo por limitaciones permanentes.7

La participación de personas de otros hogares que contribuyen al cuidado de manera gratuita es más frecuente para cubrir las necesidades de cuidado relacionadas con la salud que para el cuidado de menores: 14.3% de las personas que realizan actividades de cuidado a personas enfermas temporales y 15.3% de las que desarrollan actividades de cuidado apersonas con limitaciones permanentes, pertenecen a otros hogares y lo hacen de manera gratuita. El trabajo de cuidado remunerado es muy bajo en los hogares urbanos y se dirige principalmente a menores de 6 años (2.7%) y a personas con limitaciones permanentes (2.8%), justamente los grupos con mayor dependencia de un cuidador o cuidadora. En estos casos se acude al cuidado remunerado cuando se tiene la posibilidad de pagarlo.

Con base en lo anterior, es posible observar, que las jefas o jefes de familias monoparentales, deben dar cara a situaciones generalmente más complejas que las familias en que aportan su esfuerzo de manera conjunta ambos padres.

Entre los diversos retos que enfrentan, es ser el único sostén económico de la familia, lo que implica probablemente que los ingresos sean menores para la familia ante la ausencia de alguno de los padres o porque el mayor número de hogares padezca de discriminación salarial por ser una mujer quien lo encabece.

Además en muchas ocasiones se ven obligadas (dos) a ausentarse por largos periodos de tiempo cada día del hogar, con la consecuente necesidad de buscar algún apoyo familiar o extra familiar gratuito o pagado para el cuidado de los menores. Lo que implica la necesidad de contar con una percepción económica mayor. Ante esta situación es fácil caer en un círculo vicioso en el cual se deben de aumentar las horas de trabajo y por consecuencia, de ausencia del hogar para con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para el cuidado de los hijos.

A pesar de los programas gubernamentales existentes para buscar otorgar apoyos de guarderías o escuelas de tiempo completo que permitan largas ausencias de los padres, estos siguen siendo insuficientes.

Una forma alterna de solución que han debido implementar los hogares monoparentales, es la necesidad de participación de que alguno o varios de sus miembros, ya sea del núcleo familiar, o de amistades, de dedicar tiempo al trabajo de cuidados. Esta situación en muchas ocasiones pone en riesgo o incluso cancela la posibilidad de continuar superándose a través de la educación de dichos miembros, generalmente mujeres; motivando un impacto importante en el rezago de las mismas.

El contar con apoyo en forma de una beca que por ley se les otorgue, a quienes continúen esforzándose por superarse a través del estudio, es una acción afirmativa que otorga equidad, entendiendo a ésta como brindarle lo necesario a cada quien para propiciar su adecuado desarrollo, y no brindarles a todos lo mismo, pues las realidades a las que se enfrentan estas familias suelen ser muy distintas a las núcleos familiares sin esta condición.

Esta iniciativa debe de ser acompañada por programas flexibles de educación, de sistema abierto o a distancia, para que los miembros de estas familias puedan continuar con su educación y desarrollo, rompiendo con el círculo vicioso de la pobreza de a menor educación, menor ingreso. Por lo que resulta no solo indispensable, sino urgente garantizar el acceso de las hijas o hijos de las familias monoparentales a la educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona la fracción VIII bis del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. al VIII. …

VIII bis.- Se establecerán programas con perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos económicos para los estudiantes miembros de familias monoparentales.

IX al XVII …

Artículo 34.- …

SEGUNDO.- Se adiciona el numeral n) a la fracción I del artículo 4de la Ley de Asistencia Social.

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a m) …

n) Ser miembros de familias monoparentales.

VIII. al XII. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

2 INEGI (2014) “Estadísticas a propósito de… Día Nacional de la Familia Mexicana (2 de marzo)” 27/02/14

3El trabajo de cuidados ¿responsabilidad compartida? Instituto Nacional de las Mujeres

4Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013.

5 Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres

6 INEE, (2015) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional Educación Básica y Media Superior.

7 Ídem

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Ramírez Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde el siglo pasado, nuestro régimen político había mantenido un sistema electoral restringido a los ciudadanos, creando un monopolio a favor de los partidos.

Así, el sistema representativo tradicional, hoy en día, es insuficiente para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos. Diferentes sectores o minorías han quedado fuera de la representación.

Asimismo, hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía; el poder público se ejerce con un incipiente control ciudadano y la democracia se ha estancado, para hacer un mero ejercicio del voto y no una forma de vida de la ciudadanía.

Si bien los partidos políticos son intrínsecos a las democracias contemporáneas, surge la necesidad del replanteamiento de los particos políticos en la vida democrática. Hoy en día las democracias modernas son mucho más que una contienda entre partidos políticos en la búsqueda del voto; los partidos se benefician, así como la sociedad democrática en general, cuando promueven la participación política.

La democracia depende de partidos políticos transparentes y responsables, y elecciones en las que los votantes eligen libremente a sus representantes, legislaturas que representen a la ciudadanía y supervisen al Poder Ejecutivo; Poderes Judiciales independientes que resguarden el imperio de la ley.

Sin embargo, hoy en día la ciudadanía ha hecho evidente su descontento y falta de credibilidad hacia los candidatos de los partidos políticos existentes; el sistema político que pasó del sistema de partido hegemónico al sistema pluripartidista y que alimentó a la partidocracia, hoy se ve acotado.

La reforma en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, reguló las candidaturas independientes ante la exigencia y el descontento de la ciudadanía que pasada la jornada electoral, quedaron sujetos al arbitrio y designio de los funcionarios electos y éstos desvinculados de los intereses y necesidades de la ciudadanía.

Las candidaturas independientes en un régimen considerado democrático, no deben ser consideradas antagónicas al sistema de partidos.

De la misma manera, los legisladores independientes no deben ser tratados como de segunda.

Como es de su conocimiento, el pasado 4 de agosto asumí el cargo como Senador de la República por el Distrito Federal. Ante este escenario recibí propuestas de integrarme a algún grupo parlamentario al ser yo la única Senadora por Movimiento Ciudadano; así, en conferencia de prensa, el pasado 31 de agosto notifiqué con base al artículo 26 del Reglamento del Senado, mi decisión de no formar parte de ningún grupo parlamentario y considerarme Senador independiente.

Es de apremio mencionar que previo a tomar mi decisión, se me alertó de las consecuencias que acarrearía no integrarme a un grupo parlamentario, tales como ser relegada y acotar la presencia en el uso de la tribuna, ya que los turnos están reservados para los grupos parlamentarios. Este es el panorama de los Senadores que no forman parte de un grupo parlamentario y de aquellos que llegan por la vía independiente al interior del Senado, lo anterior se debe a que la legislación que norma y regula a este Pleno no incluye ni otorga igualdad de condiciones a los Senadores que no forman parte de ningún grupo parlamentario.

Así, los Senadores independientes, que serán electos y que se integrarán al Congreso de la Unión enfrentarán un nuevo obstáculo, dado que la normatividad interna y la práctica parlamentaria no se encuentran armonizadas a la reforma político-electoral que incluyó las candidaturas independientes.

Los Senadores dependen de un grupo parlamentario y no de la voluntad ciudadana, por lo que no existe una verdadera igualdad en la integración de los órganos de gobierno y legislativos, menos aún se toma en cuenta la experiencia y reconocimiento en la materia para ser asignados; las prácticas y funciones parlamentarias condenan al ostracismo a aquellos que no pertenecen a un grupo parlamentario, esto pone de manifiesto que son los grupos parlamentarios los verdaderos artífices de la vida y práctica del Parlamento y no los parlamentarios.

Si se quiere acceder a los órganos legislativos y de gobierno al interior del Senado hay que pertenecer a un grupo, donde no hay un proceso transparente y no se conocen las negociaciones al interior de los órganos de gobierno.

Debemos reconocer y con ello corregir los ordenamientos que posicionan al grupo parlamentario como el cauce de participación en la labor y participación legislativa, con esto damos certeza a la voluntad ciudadana que en las elecciones manifestó su apoyo a los candidatos de partido o independientes, permitiendo igualdad, libertad y autonomía a los legisladores.

El principio más elemental en cuanto a la esencia del verdadero debate no es el de la mayoría, sino el del verdadero pluralismo, y por tanto, también el de las minorías, que tengan la oportunidad y capacidad de actuar y gozar de los mismos derechos consagrados en la Constitución como legisladores integrantes del Congreso de la Unión, luchando contra los privilegios de unos cuantos.

Así, la presente iniciativa surge con la finalidad de garantizar a las y los legisladores, Diputados y Senadores, el pleno ejercicio de sus derechos como integrantes del Congreso de la Unión, el acceso e integración, así como el derecho a presidir órganos legislativos y de gobierno, de acuerdo a su trayectoria, experiencia y reconocimiento en la materia, coadyuvando a transparentar el proceso legislativo, dejando de lado los intereses partidistas y transparentando las prácticas parlamentarias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes del Distrito Federal, que fueron invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Ellos asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre México y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA, LA JUVENTUD, LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SANTA LUCÍA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, EL 4 DE JUNIO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado, esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentario del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes que han sido propuestos por las comisiones en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Están a discusión los siguientes tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera:






Uno, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de propaganda electoral.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis.
II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan la decisión a este dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de diciembre de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidad de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La iniciativa con proyecto de decreto a estudio propone que no se podrán transmitir spots de radio y televisión en los que se difunda la presentación y los contenidos de iniciativas de ley o de reforma constitucional o legal, suscritas por el Poder Ejecutivo Federal, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción III al artículo 34 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

CAPÍTULO TERCERO
Programación

Artículo 28 al 63.-…

Artículo 64.- No se podrán transmitir:

I.- Noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarias a la seguridad del Estado o el orden público:

II.- Asuntos que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen competencia a la Red Nacional, salvo convenio del concesionario o permisionario, con la citada Secretaría;

III.- Spots de radio y televisión en los que se difunda la presentación y los contenidos de iniciativas de ley o de reforma Constitucional o legal, suscritas por el Ejecutivo Federal durante cada una de las etapas de discusión y en su caso, aprobación en las Cámaras del Congreso de la Unión, establecidas en los artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III.CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al   Congreso de la Unión la iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 Constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por tratarse de modificaciones a la Constitución.

Luego de que congresos de 24 estados la avalaron, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la federación el 22 de mayo de 2013.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente.

TERCERA. El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTA. En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos Constitucionales a esta Cámara de Diputados.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su    publicación.

QUINTA. En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que es imposible atender la presente iniciativa, toda vez que la Ley que se pretende reformar fue abrogada con la publicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

ACUERDO

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera, determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.






Otro, sobre el proyecto de Decreto para reformar y adicionar la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de equidad de género.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan la decisión a este dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 11 de noviembre de 2008, la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del grupo parlamentario del Partido De Acción Nacional, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la de Equidad y Género.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La iniciativa con proyecto de decreto a estudio propone que la radio y la televisión a través de sus transmisiones, procurarán promover el respeto hacia la mujer y propiciarán la equidad de género y la Secretaría de Gobernación vigilará que esto se cumpla; queda prohibida toda transmisión que discrimine, denigre u ofenda la integridad y dignidad de la mujer, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 63, y adicionan una fracción V al artículo 5 y una fracción II al artículo 10, todos de la Ley Federal de Radio y televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5º.-…

I al IV.-…

V.- Promover el respeto hacia la mujer y propicien la equidad de género.

Artículo 10.-…

I.-…

II.-…

III.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión promuevan el respeto hacia la mujer y propicien la equidad de género.

IV al VI.-…

Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos y toda transmisión que discrimine, denigre u ofenda la integridad y dignidad de la mujer.

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 Constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por tratarse de modificaciones a la Constitución.

Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria Constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente.

TERCERA.  El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTA. En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales a esta Cámara de Diputados.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su publicación.

QUINTA. Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla una regulación amplia en materia de equidad y género, en los siguientes términos:

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.

Artículo 223. La reprogramación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I a la VI…

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3º Constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida  a este sector de la población deberá:
I a la XII…

XII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I a la V

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación;

ACUERDO

ÚNICO.- Las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2015.






Y uno más, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones para uso social.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA USO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan la decisión a este dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 23 de marzo de 2010, la Senadora María Serrano Serrano del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La iniciativa con proyecto de Decreto a estudio propone que los pueblos y comunidades indígenas adquieran, operen y administren medios de comunicación masiva, para proporcionar un impulso definitivo a la pluralidad ideológica y cultural de su contenido, en el contexto de la transición de los medios y democratizar la operación económica de éstos, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2°, pasando el actual tercero a ser cuarto; se reforma la fracción III y se adiciona una IV pasando la actual a ser V del artículo 5º ; se reforma el artículo 7º , se adiciona una fracción V, pasando la actual a ser VI, del artículo 9º; se reforma la fracción II del artículo 10; se reforma la fracción III del artículo 11; se reforma el artículo 13; se adiciona una fracción XI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 21; se reforma el inciso c) y se adiciona un inciso d), recorriéndose los subsecuentes de la fracción I del artículo 21 A; se adiciona un segundo párrafo al artículo 25; se adiciona un segundo párrafo al artículo 26; se reforma la fracción II, del artículo 37; se reforma el artículo 59; se reforma la fracción III del artículo 59 Ter; se reforma el artículo 60 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del mismo; se reforma el artículo 63; se reforma la fracción IV del artículo 67; se reforman los artículos 73, 75, 81, 83, 86, 88, 90, la fracción XVII del artículo 101 y el artículo 103; todos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 2º…

Los pueblos y comunidades indígenas podrán adquirir, operar y administrar servicios de radiodifusión.


Artículo 5º.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, deberán:

I.-…

II.-…

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, así como a difundir la pluriculturalidad de la nación y el conocimiento de sus lenguas indígenas.

IV.- Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación producto de estereotipos y prejuicios, en particular aquellos que tengan como origen la condición étnica, lingüística y económica.

V.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional, los derechos humanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas y la amistad y cooperación internacionales.

Artículo 7º.- El Estado otorgará facilidades para su operación a las estaciones difusoras que, por su potencia, frecuencia o ubicación, sean susceptibles de ser captadas en el extranjero, para divulgar la pluriculturalidad de la nación mexicana, fomentar las relaciones comerciales del país, intensificar la propaganda turística y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la vida nacional.

Artículo 9º…

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Promover la inversión y el desarrollo de los servicios de radiodifusión para transmitir las culturas y lenguas indígenas nacionales.

VI. …

Artículo 10.-…

I.-…

II.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidas a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y de la pluriculturalidad y las lenguas indígenas, así como, el conocimiento de la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.

III.- Se deroga.

IV.-…

V.-…

VI.-…

Artículo 11.-…

I.-…

II.-…

III.- Promover el mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, y en su caso, la difusión de las lenguas indígenas nacionales, en los programas que difundan las estaciones de radio y televisión.

IV.-…

V.-…

VI.-…

VII.-…

VIII.-…

IX.-…

Artículo 13.- Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley. El  Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y el propósito de las estaciones de radio y televisión, las  cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, radiodifusoras de pueblos y comunidades indígenas, o de cualquier otra índole.

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, radiodifusoras de los pueblos y comunidades indígenas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permiso.

Artículo 20…

I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de su desarrollo y servicio de la estación. Para el caso de las radiodifusoras de los pueblos y comunidades indígenas se exceptúa el requisito establecido en la fracción IV del artículo 17-E, pero deberán acreditar el conocimiento de alguna de las lenguas indígenas de la región en los términos señalados por el artículo 14 incisos d) e i) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos Indígenas.

II. De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate. Para el otorgamiento de los permisos para las radiodifusoras de los pueblos y comunidades indígenas la Secretaría deberá solicitar la opinión al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

III. …

Artículo 21. …

I. -al X…

XI. – El permiso para los pueblos y comunidades indígenas precisará la lengua o lenguas indígenas autorizadas.

XII.- La garantía de cumplimiento de obligaciones, y

XIII.- Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios o permisionarios.

Artículo 21-A. LA Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas.

En adición a lo señalado en el artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a estaciones oficiales a dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales en adición a lo señalado en el artículo 20 de esta Ley, para otorgar permisos a estaciones oficiales, se requerirá lo siguiente:

I. Que dentro de los fines de la estación se encuentre:

a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación:

b) Difundir información de interés público;

c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la unidad nacional y la pluriculturalidad de la nación mexicana, así como el uso y difusión de las lenguas indígenas nacionales.

d).- Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación producto de estereotipos y prejuicios, en particular aquellos que tengan como origen la condición étnica, lingüística o económica.

e) Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones.

f) Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional,

g) Fomentar los valores y creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, y

h) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia.

II. al VI…

Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y para las escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas sin fines de lucro.

Los permisos para la adquisición, operación y administración de los servicios de radiodifusión para los pueblos y comunidades indígenas sólo podrán otorgarse a hablantes de lenguas indígenas nacionales.

Artículo 26.. Sólo se autorizará el traspaso de concesiones de estaciones comerciales y de permisos a entidades, personas físicas o morales de orden privado o público que estén capacitados conforme esta ley para obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes dichas concesiones y permisos y por un término no menor de tres años; que el beneficiario hubiese cumplido con todas sus obligaciones y se obtenga opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

El traspaso de los permisos para operar y administrar servicios de radiodifusión de pueblos y comunidades indígenas sólo procederá a favor de hablantes de alguna lengua nacional indígena que reúna los mismos requisitos que señala esta ley para los permisos, y previa opinión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Artículo 37.-…

I.-…

II.-…

III.- Transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquéllos para los que se concedió el permiso, en el caso de los servicios de radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas, por transmitir en una lengua nacional indígena distinta a la autorizada, exceptuando el idioma español.

IV.-…

V.-…

Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Además, deberán transmitir 30 minutos diarios continuos dedicados a difundir las culturas y lenguas indígenas nacionales dentro del horario comprendido entre las 6 a.m. a las 24 horas. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dichos tiempos y las emisiones serán coordinados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

59- Ter.- La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de Radio y Televisión deberá:

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez.

II.- Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

III.- Procurar la comprensión de los valores y de la pluriculturalidad de la nación, incluyendo sus diversas lenguas indígenas y el conocimiento de la comunidad internacional.

IV.- Promover el interés científico, artístico y social de los niños.

V.- Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo en la infancia.

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta Ley.

Artículo 60.- Los concesionarios de estaciones, radiodifusoras comerciales, los permisionarios de estaciones culturales, de experimentación y de los pueblos y comunidades indígenas están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia:

I.- Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública;

II.- Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

Para el caso de los servicios de radiodifusión prestados por los pueblos y comunidades indígenas las transmisiones se harán en la lengua indígena que corresponda a la región y el español.

Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción de las lenguas indígenas nacionales y el español, así como la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, las opiniones, las preferencia sexuales, el estado civil o cualqu8ier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 67.-…

I.-…

II.-…

III.-…

IV.- No deberá (hacer), en la programación referido por el artículo 59 Ter, publicidad que incite a la violencia, difundir estereotipos o prejuicios denigratorios, así como aquélla relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición.

Nota: La reforma publicada el 19 de junio de 2009 adicionó el actual artículo 59 BIS, quedando el anterior como 59 Ter que regula la programación general dedicada a la población infantil sin que se haya armonizado esta fracción IV.

Artículo 73.- Las difusoras deberán aprovechar y estimular los valores artísticos locales y nacionales y las expresiones de la pluriculturalidad mexicana, dedicando como programación viva el mínimo que en cada caso fije la secretaría de Gobernación, de acuerdo con las peculiaridades de las difusoras y oyendo la opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión. La programación diaria que utilice la actuación personal, deberá incluir un mayor tiempo cubierto por mexicanos.

Artículo 75.- En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma español, así como de las lenguas indígenas nacionales.

Artículo 81.- Las escuelas radiofónicas constituyen un sistema de estaciones emisoras y receptores especiales para los fines de extensión de la educación pública, en los aspectos de difusión cultural, instrucción técnica, industrial, agrícola, alfabetización, orientación social y difusión de lenguas indígenas nacionales.

Artículo 83.- Los Ayuntamientos, sindicatos, comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, así como cualesquiera otras organizaciones que se inscriban en ese sistema, tendrán la obligación de instalar en sitios adecuados, el número de receptores que satisfaga las necesidades de cada comunidad.

Artículo 86.- Los locutores serán de tres categorías: “A”, “B” y “C”. Los locutores de la categoría “A” deberán comprobar que han terminado sus estudios de bachillerato a sus equivalentes, los de la categoría “B”, los estudios de enseñanza secundaria o sus equivalentes, los de categoría “C” que dominen alguna de las lenguas indígenas que figuran en el Catálogo de Lenguas Indígenas elaborado por el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; todos, además deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento.

Artículo 88.- Las estaciones difusoras hasta de 10,000 vatios de potencia, podrán emplear locutores autorizados de cualquiera de las tres categorías.

En las de mayor potencia, cuando menos el 50% de sus locutores autorizados serán precisamente de la categoría “A”. Las difusoras de los pueblos y comunidades indígenas sólo podrán emplear locutores de la categoría “C”.

Artículo 90.- Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como Presidente, uno de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Educación Pública, otro de la de Salubridad  y Asistencia, otro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otro del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores.

Artículo 101.-…

I.- al XVII…

XVII.- Faltar a lo que dispone el artículo 75 en relación con el uso de las lenguas indígenas nacionales y el idioma español;

XIV.- al XXIV…

Artículo 103.- Se impondrá multa de cinco mil a cincuenta mil pesos en los casos de las fracciones I, II, II, VII, XIII, XVII, XXI, XXII y XXIII del artículo 101 de esta Ley.

III.CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 Constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por tratarse de modificaciones a la Constitución.

Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente.

TERCERA.  El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTA. En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos Constitucionales a esta Cámara de Diputados.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su    publicación.

QUINTA. Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se integra un nuevo tipo de concesión para uso social, dentro del que comprende las concesiones de uso  comunitario e indígena, a través de un régimen simplificado de licitación, en los términos siguientes:

Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será:

I a la III…

I. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado. Las concesiones para uso social comunitario, se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.
Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán:

I a la III…

IV.- Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidos en esta categoría los medios comunitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así como las instituciones de educación superior de carácter privado.

TÍTULO CUARTO
Régimen de Concesiones

Capítulo II
De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico y los Recursos Orbitales

Sección IV
De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico para uso Público y uso Social para prestar el Servicio de Radiodifusión

Artículo 86. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso público para prestar el servicio de radiodifusión, prestarán solicitud en la que deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias.

En dicha solicitud deberán precisarse los mecanismos para asegurar la independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento: pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológica, étnica y cultural.

El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos objetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes.

Artículo 87. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso social para prestar el servicio de radiodifusión, deberá presentar los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y aprovechamiento de banas de frecuencias.

Las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la Constitución.

El Instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones para:

I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas;

II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia y para que transmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde no existan concesiones, y

III. Promover que las concesiones de uso social indígenas, coadyuven o preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Artículo 88. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso público se financiará con presupuesto público que garantice su operación. Los concesionarios de uso público podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos adicionales:

I. Donativos en dinero o en especie hechos por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, siempre que en este último caso provengan exclusivamente de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales reconocidas por el orden jurídico nacional, las que en ningún caso podrán participar ni influir en el contenido de las trasmisiones. Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse comprobantes fiscales que cumplan con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que las donaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;

II. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad;

III. Patrocinios:

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio, y

V. Convenios de conversión con otras dependencias públicas para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público.

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión.

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes:

I. Donativos en dinero o en especie;

II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio:

III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con sus fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de los dispuesto en la fracción VII del presente artículo;

IV.  Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distinto a la comercialización;
V. Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio, grabación;

VI. Convenios de conversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público, y

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos. Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Para recibir donaciones en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables.

Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al Instituto, la información necesaria con el objeto de verificar que la fuente y destino de los ingresos se apeguen a los fines para los cuales fue otorgada la concesión.

Artículo 90. Para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público y social, el Instituto deberá tomar en consideración:

I. Que el proyecto técnico aproveche la capacidad de la banda de frecuencias para prestar el servicio;

II. Que su otorgamiento contribuya a la función social de los servicios públicos de radiodifusión y al ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, a la información y al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación;

III. Que sea compatible con el objeto del solicitante, en los términos de los artículos 86 y 87 de esta Ley, y

IV. Su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso.

Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de la presentación, el Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la concesión.

En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias.

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y aquellos establecidos por el Instituto, se otorgará al solicitante la concesión de espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y pueblos indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual corresponde.

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarios e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHZ. Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda.

El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHZ. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarios o indígenas, en el resto del segmento de AM.

El Instituto deberá emitir, y en su caso, actualizar los parámetros técnicos bajo los cuales deberán operar los concesionarios o que se refiere este artículo y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto.

Artículo 91. Las concesiones de espectro para uso público que presten servicios de radiodifusión sólo se podrán ceder, gravar o enajenar total o parcialmente a entes públicos. En todo caso, se mantendrán vigentes los compromisos y condiciones establecidos en su título de concesión.

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. En caso de que las trasmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

ACUERDO

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de radio y Televisión.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2015.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

No habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy

COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; Y DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la distinguida Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Solicito a la Presidencia la incorporación del texto íntegro del dictamen en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy vengo a presentarles toca un tema sumamente importante en el contexto de los grandes pendientes que tenemos con la niñez, me refiero al maltrato infantil que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es cualquier tipo de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, desatención o trato desconsiderado o explotación comercial o de otra índole que ocasionen un daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

El maltrato a la niñez ocurre en diversos ámbitos, y quienes los cometen se encuentran en el ámbito familiar, escolar y comunitario en los que se desenvuelven las niñas y los niños.

La misma Organización Mundial de la Salud, considera que es un problema complejo y que las estrategias más eficaces para su prevención difieren notablemente en función de la edad de la víctima, del entorno que produce al maltrato y de la relación entre la víctima y el perpetrador.

Existen diversos tipos de maltrato infantil: abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, psicológicos e incluso la desatención.

La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de estos niños; y en este marco, es que es indispensable garantizar su derecho a vivir en un ambiente libre de violencia.

Y para dar claridad a lo anterior, quiero retomar lo expuesto en la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual establece, en su artículo 19, que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Dichas medidas deberán comprender los procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda la intervención judicial.

Sobre el tema, desde 2006 el Comité de los Derechos de los Niños en las observaciones finales a México, expresó su preocupación por el elevado número de casos denunciados sobre el abuso de niñas y niños, y de la ausencia de medidas preventivas y de apoyo psicológico y social para con las víctimas.

Acerca de la magnitud del fenómeno en el documento Maltrato Infantil en México 2010-2011 realizado por el Sistema Nacional DIF y el UNICEF se establece que, el 71 por ciento de las niñas y los niños recibe algún tipo de violencia de parte de su madre y/o su padre; un 51.5 por ciento sufre algún tipo de violencia física; el 25.9 por ciento de las niñas y los niños sufre violencia física grave.

En 2010 el total de niñas y niños víctimas de maltrato atendidos en el DIF 52.4 por ciento son niños y 47.6 por ciento son niñas.
Y que uno de los factores de riesgo más relevantes tanto para el abuso como para el maltrato es cuando hay violencia entre los padres, los niños y niñas están en una situación de mayor vulnerabilidad de sufrir violencia y abuso.

En conclusión, la acción concurrente gubernamental provista de programas y acciones sujetas a revisión y evaluación permanente conforme al marco jurídico vigente, debe de ser reforzada a efecto de combatir formalmente el flagelo del maltrato infantil y en aras de alcanzar estándares de bienestar idóneos para niñas, niños y adolescentes.

Es por ello, compañeras Senadoras y Senadores, que les pido su voto a favor del presente dictamen que tiene por objeto exhortar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que fortalezcan las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, distinguida Senadora García Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hablar del tema de la niñez, es un tema muy significativo para las y los legisladores, toda vez que sabemos que es donde empieza la parte más importante del crecimiento de un ser humano, que es basada en la inocencia, basada en los principios y valores éticos, morales y de integridad que le puedan dar quienes lo cuidan, quienes tienen la patria potestad, pero sobre todo, su madre y su padre.

Pero qué mejor que logremos conjuntar esfuerzos de política pública desde el gobierno federal, del gobierno estatal y la propia familia.

El maltrato, el abandono y los abusos contra niñas, niños y adolescentes son actos que no debemos permitir como sociedad.

El maltrato infantil en sus diferentes modalidades es la principal causa de muerte entre los menores de edad; de acuerdo con el Censo del INEGI de 2010, alcanza una cifra de 32.5 millones de niños de 0 a 14 años, lo que en términos relativos representa el 29 por ciento de la población total.

Cifras que resultan preocupantes, porque en los niños recaen las aspiraciones de progreso y desarrollo de una nación, además de ser la parte más vulnerable de las familias.

A esas cifras se suman los datos de UNICEF, cuyo estudio reveló que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México han sufrido algún tipo de maltrato en el momento de su vida; que el 10.1 por ciento de los estudiantes de secundaria ha padecido algún tipo de agresión física y 7 de cada 10 jóvenes viven violencia en el noviazgo.

Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales para favorecer la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, obligando al Estado mexicano a atender el interés superior de la niñez; de igual forma, se expidió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por objetivo garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

El derecho interno y externo brindan los elementos necesarios y establece las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los menores.

Sin embargo, tenemos que continuar con la lucha para erradicar la violencia en su contra; por ello, solicito el voto a favor del presente dictamen para fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.

Por el valor de la familia, muchas gracias.

Intervención.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora Hernández Lecona.

Consulto a la Asamblea si hay algún otro orador u oradora para motivar el presente dictamen.

En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta  Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente, se da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Ciencias y Negocios del Estado de México, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Agradecemos de forma sincera su visita y presencia en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se informa a la Asamblea que recibiremos en unos momentos más, la visita de representantes de la Federación Mexicana de Diabetes, invitados por el Presidente Senador Roberto Gil Zuarth, con el propósito de repartir distintivos alusivos al Día Internacional de la Diabetes.

Nuestros visitantes buscan generar conciencia de la gravedad de la enfermedad y solidaridad con quienes la padecen.

En sus escaños recibirán a nuestros visitantes para que les entreguen el distintivo con el círculo azul que representa la prevención y control de la diabetes.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre los impactos a la flora y fauna existentes en el ecosistema aledaño al Río Tonto, ubicado en Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y, por tanto, se encuentra a discusión.

En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores:

La contaminación ambiental es uno de los graves flagelos que enfrenta actualmente la humanidad. De ahí la importancia de que todos participemos en trabajar conjuntamente para evitarla y lograr resarcir los daños que el medio ambiente ha sufrido por la acción del ser humano.

Por ello, la importancia de este punto de Acuerdo en donde el Senado de la República exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre la contaminación suscitada en el río Tonto, ubicado en la comunidad de Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la contaminación de los afluentes hídricos no es un problema ajeno a nuestro país. Gran parte de los ríos y lagos presentan algún grado de contaminación, ya que en la actualidad menos de la mitad de las aguas residuales recolectadas reciben tratamiento.

En enero de este año los habitantes y pescadores de Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz, vivieron una situación que impactó negativamente su economía; miles de peces y especies marinas aparecieron muertos en el río Tonto.

Es por ello que en su momento autoridades de las Secretarías de Salud estatal, Medio Ambiente y SEMARNAT, entre otras, se reunieron con la finalidad de atender las denuncias de la población. Se creó un Comité Regional de Protección contra Riesgos Sanitarios y se entregaron los resultados del estudio a la población, en donde se señaló que no existía riesgo en materia de salud.

De lo anterior, se deduce que las dependencias gubernamentales, en ejercicio de sus atribuciones, atendieron la contingencia presentada en el río Tonto y que no existió riesgo para la población en materia de salud.

Sin embargo, para el grupo parlamentario del PRI es que estamos conscientes de la importancia que representa el prevenir riesgos ecológicos que afecten la economía de nuestras comunidades, por lo que apoyamos favorablemente este dictamen.

Esto con la finalidad de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en ejercicio de sus atribuciones, conforme a este órgano colegiado, actúe sobre las medidas que se tomaron y que se llevarán a cabo en un futuro, con la finalidad a que no vuelva a ocurrir una contingencia ambiental como la sucedida.

Dicho lo anterior, adelantamos que el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, expresa no solamente el beneplácito por este punto de Acuerdo, sino que estaremos votando a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que a petición de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el dictamen con punto de Acuerdo sobre un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Inárritu y Emmanuel Lubezki, se retira de la agenda del día de hoy.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de respeto a lenguas indígenas como lenguas maternas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 11 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias. Compañeras Senadoras y Senadores:

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Para ello, nuestro marco normativo integrado por el marco constitucional, el convencional y el legislativo, han dispuesto la obligación que tiene el Estado en sus diferentes órdenes de gobierno para garantizar este derecho.

Esa obligación corresponde al Poder Legislativo Federal a partir de la concepción y elaboración de normas jurídicas, y faculta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, a someter a su consideración un dictamen a minuta con proyecto de Decreto turnada por la Cámara de Diputados.

En esta minuta se propone reformar los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El procedimiento legislativo que vengo a referir, comenzó con la iniciativa presentada a fines de noviembre de 2014 en la Cámara de Diputados, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Esa comisión analizó y modificó el texto del Decreto propuesto que fue presentado al Pleno de la Cámara de Diputados que lo aprobó por unanimidad. De él estamos conociendo en esta sesión y en términos generales se destaca la importancia de preservar y usar la lengua materna como base del mosaico multicultural y pluriétnico de nuestra diversidad.

Reforma al artículo 1.- En su texto vigente se establece, como objeto de esta ley, regular el conocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

La reforma consiste en agregar que esa promoción sea en el uso cotidiano de las lenguas indígenas, además de que el reconocimiento, protección y promoción de estas lenguas sea bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Reforma al artículo 3.- El precepto actualmente establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional.

La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.
La reforma propuesta consiste en remplazar el término “pluralidad” por el de “diversidad”. Podrían parecer palabras sinónimas; sin embargo, la Colegisladora precisa una diferencia conceptual en la que coincidimos estas comisiones dictaminadoras.

Pluralidad es multiplicidad, es un vocablo con una connotación numérica, expresa cantidad. En cambio, diversidad comprende diferencia o variedad.

En el caso de las lenguas indígenas de México, tiene mayor relevancia su diversidad que su pluralidad.

Reforma a los artículos 11 y 13.- Dispone actualmente que las autoridades educativas federales de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe intercultural.

Estas autoridades adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua.

Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

La reforma consiste en agregar que debe asegurarse la práctica y el uso de la lengua indígena.

De esta manera, el enunciado dispondrá que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena.

Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Como se aprecia, se trata de reiterar la práctica y el uso de la lengua indígena, como se ha establecido en el artículo 1.

El artículo 13 establece los objetivos particulares de la ley en estudio; dentro de ellos, la fracción I dice:

“Incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas”.

La reforma propuesta con la que coinciden en estas comisiones, es para agregar que la acción de incluir políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas, sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales.

Esta reforma está relacionada con la del artículo 1, y las comisiones dictaminadoras consideramos que es procedente que en el Sistema Educativo Nacional se asegure que la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas, sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento hacia ella.

Cabe subrayar, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es organismo descentralizado, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas, emitió su opinión considerando viable la propuesta de reforma de estos cuatro preceptos.

El INALI hizo hoy énfasis en su pertinencia, pues se privilegia el uso cotidiano y el desarrollo de las lenguas indígenas en un marco de respeto a los derechos de los hablantes de alguna de estas lenguas indígenas de esta nación.

Compañeras Senadoras y Senadores: De aprobarse este dictamen en sus términos, estaremos concluyendo la etapa que corresponde al Congreso de la Unión dentro del proceso legislativo.

La Mesa Directiva ordenará remitir el Decreto al Ejecutivo para su correspondiente intervención en el proceso. Si el Ejecutivo Federal no tiene observaciones, lo promulgará y publicará; y habremos utilizado nuestra atribución legislativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Es lo que nos corresponde como Senado de la República.

Es lo que nos corresponde como mexicanos en un país de culturas diversas y pluriétnico.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Pérez Magaña.

Está a discusión en lo general e informo a esta Asamblea que se ha recibido una propuesta de adición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

Para tales efectos, se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para que exponga los motivos de su propuesta de adición al presente dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

El dictamen que nos ocupa, parece que tiene por destinatarios únicamente los habitantes de estados con elevada densidad de población indignada, como los son Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Sin embargo, también habrá de aplicarse en el estado de Baja California, el cual represento ante esta Cámara.

En el dictamen se invocan las nuevas obligaciones en materia de derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de nuestra Ley Fundamental.

En relación con Baja California, cobra especial importancia la obligación de garantizar los derechos fundamentales.

Y lo digo en razón de que se requiera adoptar medidas legislativas adicionales, pues de otra manera los altos postulados que se persiguen con el dictamen que hoy vamos a aprobar, quedarán en letra muerta; y me parece que sucederá igual en estados como Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Me refiero a las comunidades indígenas que se han trasladado a la parte sur del estado de Baja California, principalmente para trabajar en los campos de cultivo del Valle de San Quintín. Encontramos niñas, niños y adolescentes provenientes de Oaxaca, Guerrero y Puebla, principalmente.

Cómo va a ser posible que se imparta educación en lengua indígena, si no contamos con maestros que la hablen en el estado por carecer, precisamente, de pueblos indígenas de origen como son los migrantes. Existen otros pueblos, aunque reducidos, que si son originarios de Baja California.

En consecuencia, para que la propuesta que estamos por aprobar tenga la virtud de la eficacia jurídica, me permito proponer una disposición transitoria que a la letra se establece de la manera siguiente:

“Segundo.- La educación que se imparta a comunidades indígenas que hayan migrado fuera de la entidad federativa de origen, estará a cargo de docentes que hablen la lengua indígena para lo cual se asignarán recursos bajo el principio de progresividad".

Cabe mencionar, que de conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que ratificó nuestro país el 5 de septiembre de 1990, estamos obligados a tomar medidas proactivas para garantizar el uso del lenguaje indígena en entidades a donde llegan las comunidades migrantes.

Me refiero, y me permito dar lectura en la parte conducente, al artículo 27 de dicho convenio.

“Artículo 27.

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de estos programas cuando haya lugar”.

“Artículo 28.

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo”.

Con el único propósito de armonizar el dictamen con las obligaciones contraídas a nivel internacional, es que me permito poner a la consideración de la Asamblea, y solicitar su aprobación para agregar un Artículo Segundo Transitorio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Blásquez Salinas.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si las adiciones descritas puntualmente por el Senador Blásquez Salinas se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Blásquez Salinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Con la propuesta de adición que no fue aceptada, se agota el trámite correspondiente.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Por no haber otros oradores ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.



La Secretaría Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se declara aprobado el Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de validez de las lenguas indígenas para trámites oficiales.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Hace unos momentos destacamos el derecho constitucional reconocido a los pueblos y comunidades indígenas en relación a sus culturas e identidad, derecho que trae consigo la obligación que se impone al Estado, a la Federación, a los estados y municipios, de impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas que existen en la nación mexicana.

Con esta justificación constitucional, sometemos a su consideración un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos. Se trata del análisis a una iniciativa presentada en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2014, que fue modificada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Colegisladora y aprobada por el Pleno en esa Cámara, el 14 de abril del año en curso en una reserva.

Esto muestra la participación de las y los legisladores en esta iniciativa, que derivó en el proyecto de Decreto materia de nuestros dictámenes, se trata de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 4 y 16.

El primero de ellos, dentro del capítulo referente de las disposiciones generales de este ordenamiento, establece en su texto vigente que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la ley y el español, son las lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en el que se hable.

La reforma consiste, por un aparte, en que se incorpore un texto en el enunciado, que determine que se garantizarán en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia en los que el Estado mexicano sea Parte.

Por otra parte, se presume del texto vigente el enunciado que limita la validez de las lenguas indígenas nacionales al territorio, localización y contexto en el que se hable.

Es necesario enfatizar que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, que atente contra la dignidad humana, y que esta discriminación tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, debe subrayarse que los indígenas deben anteceder a la justicia del Estado de manera plena, sin desventajas, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo o una limitante. Por ello se propone que esta ley determine estos derechos fundamentales, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

No podemos hablar de justicia y menos de plena justicia, en tanto la población originaria de México encuentre en el lenguaje su primer obstáculo para tener acceso a ella. Por esa razón, el proyecto considera suprimir lo que es una verdadera contradicción legislativa, no puede haber una lengua nacional si sólo se le reconoce validez en su territorio, localización de un contexto. Esta parte que está actualmente en vigor es discriminatorio y limita de manera evidente el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas.

En el mismo proyecto se propone reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Este precepto se ubica dentro del capítulo que crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI; dicho precepto determina su objeto, enumera sus atribuciones, establece la integración de un órgano colectivo de gobierno y del responsable de su funcionamiento, que es el director general.

El artículo 16 es un texto vigente, contempla la integración de su órgano de gobierno, denominado Consejo Nacional. La reforma consiste sólo en remplazar la presencia de un representante del Instituto Indigenista por un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues en 2003 se abrogó la Ley de Institución Nacional Indigenista para crearse a través de una ley, la actual CDI.

Compañeras y compañeros, el proyecto que proponemos y que ponemos a su consideración contiene una reforma de corte garantista, una reforma consecuente con la Constitución que en 2011 ha representado una nueva interpretación de los derechos humanos en los tribunales, en las Cámaras y en la observancia por parte del Poder Ejecutivo.

Bajo estas consideraciones, es que proponemos este dictamen, que de aprobarse en sus términos, tal como dispone el artículo 72 constitucional, da por concluido el proceso legislativo en ambas Cámaras y se remite al Ejecutivo, para que de no tener observaciones promulgue y publique este Decreto, así estaremos culminando un proceso legislativo dando agilidad a reformas que hacen posible que los pueblos y comunidades indígenas den un paso más hacia el derecho a la no discriminación y el derecho de acceso a la justicia.

Reconocemos el trabajo responsable y participativo de las comisiones dictaminadoras, de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, de la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y de sus integrantes. Solicito al Presidente de la Mesa Directiva ordene la transcripción íntegra del presente dictamen en el Diario de los Debates.

Por su atención, gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Pérez Magaña.

Como lo solicita el Senador Eviel Pérez Magaña, se integra de manera textual e íntegra en el Diario de los Debates el texto del dictamen.

Se encuentra a discusión el presente dictamen.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que la Senadora Adriana Dávila Fernández invitó a esta sesión a representantes de la Organización SinCeraSer, A.C. de niñas y niños del Colegio Ameyalli y del Coro del Albergue Ayuda y Solidaridad.

Estos visitantes nos acompañan con el propósito de distribuir pulseras moradas como símbolo del compromiso de los legisladores para erradicar al maltrato infantil y adolescente en cualquiera de sus formas.

Adicionalmente a la recepción de las pulseras, el Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, acordó iluminar sus instalaciones con el color morado de apoyo a esta importante campaña.

A nombre del Senado de la República, les doy la bienvenida a los representantes de la Organización SinCeraSer, y a las niñas y a los niños del Colegio Ameyalli, son bienvenidos y les felicitamos por su importante participación y les manifestamos el apoyo para esta causa.

Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema para recabar la votación correspondiente al presente dictamen.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE CONTENIDO INFANTIL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5o de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Estas Comisiones Unidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología.

METODOLOGÍA

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la minuta de análisis.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA MINUTA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan la decisión de este dictamen.

I. ANTECEDENTES

1.  En sesión celebrada el 1 de agosto de 2012, por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. El 19 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa a que hace referencia el punto anterior, y se remitió a la H. Cámara de Senadores el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión.

3. El 26 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidad de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1.- La minuta con proyecto de Decreto a estudio propone la eliminación de influencias negativas o discriminatorias en la transmisión de contenido para niños, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5°. …

I.-…

II. Evitar la transmisión de influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, así como difusión de contenidos discriminatorios.

III.- y IV.-…

III.CONSIDERACIONES

PRIMERA.  El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 Constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por tratarse de modificaciones a la Constitución.

Luego de que congresos de 24 estados la avalaron, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente:

TERCERA. El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTA.  En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales a esta Cámara de Diputados.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor los 30 días naturales siguientes su publicación.

QUINTA.  Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla una regulación específica la eliminación de influencias negativas o discriminatorias en la transmisión de contenido para niños, en su Título Décimo Primero, Capítulo II, Sección I, en los siguientes términos:

Capítulo II
De los Contenidos

Sección I
Disposiciones Comunes

Artículo 22. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I. La integración de las familias;
II. El desarrollo armónico de la niñez;
III. El mejoramiento de los sistemas educativos;
IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;
V. El desarrollo sustentable;
VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;
VII. La igualdad entre mujeres y hombres;
VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y
IX. El uso correcto del lenguaje.

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos podrán comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales.

Artículo 224. En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión, se deberá cumplir con las mismas reglas y disposiciones aplicables en términos de contenido, publicad, producción nacional independiente, defensor de la audiencia, tiempos de Estado, boletines, encadenamientos y sanciones.

Artículo 225. Los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al usuario realizar el bloqueo de canales y programas que no desee recibir.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3° Constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de violencia;

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales;

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

X. Estimular  una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y trata de personas;

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y

XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículos 227 al 236…

ACUERDO

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, determinan que queda sin materia la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, el presente dictamen está a discusión.
Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto para reformar la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






El siguiente asunto del Orden del Día es la votación de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo III al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la prohibición estricta del ingreso de personas armadas a los recintos de las Cámaras.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los EUM.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa con proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta comisión expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios legisladores.

Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o Presidencia.

Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice:

Artículo 214.- Los Diputados y Senadores no podrán penetrar al salón de sesiones armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún Diputado o Senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón.

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen.

Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho.

Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

• Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para los EUM, para quedar como sigue:


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

ARTICULO 12.

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

ARTICULO 12.

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia.

2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras.

3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer exento de todo momento de violencia.

4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna.

5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General.

Por lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 12.

1. …

2. …

3.- Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

(Intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta)



Este dictamen fue discutido en la sesión del 15 de diciembre de 2014, y quedó únicamente pendiente de su votación. Como consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y por tanto, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, tanto en lo general como en lo particular.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados.






Informo a la Asamblea que las Senadoras Martha Angélica Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, han presentado un punto de Acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el cual se remite a la Cámara de Diputados.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO








Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en los dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 8 numeral 1 en su fracción I 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de niñas, niños y adolescentes de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel internacional, los antecedentes en materia de derechos de la niñez y la adolescencia se encuentran plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales. No obstante, es en la Declaración de Ginebra de 1924 que por primera vez se establece la protección especial para los derechos de la niñez, la cual se  reconoce posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948.

La Declaración de los Derechos del Niño1reconoce diez principios fundamentales para su protección, entre los que encontramos los derechos a la protección y consideración del interés superior del niño; el de disfrute a todos sus derechos sin discriminación; el derecho a un nombre y una nacionalidad; el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y los servicios médicos, el derecho del niño (a) físicamente o mentalmente impedido a recibir atención especial; el derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; a la educación, al juego y a las recreaciones; al de prioridad en protección y socorro; así como el de protección contra el abandono y la explotación y finalmente a la protección contra todo tipo de discriminación.

A partir de estos principios la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 44/25 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)2.La Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único, una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. México ratifica este instrumento en 1990 y en el año 2000 suscribe dos protocolos relativos a la pornografía y a los conflictos armados3, mismos que entraron en vigor en el 2002. Tanto la Convención como ambos protocolos, son instrumentos vigilados en su aplicación por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CoDN). Cabe mencionar, que el Estado mexicano ha ratificado otros instrumentos internacionales en el sistema interamericano e internacional que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito nacional, el 29 de mayo del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce trece derechos fundamentales para las niñas y los niños: el derecho de prioridad; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual; el derecho a la identidad; el derecho a vivir en familia; el derecho a ser adoptado; el derecho a la salud; derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; el derecho a la educación; derechos al descanso y al juego; derecho a la libertad de pensamiento; derecho a una cultura propia; derecho a participar; derecho al debido proceso en caso de infracción a la ley penal.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el DOF el pasado 10 de junio de 2011, se refuerza la obligación del Estado mexicano para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º “que en todas las decisiones y actuaciones del Estado de velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez”.

El 4 de diciembre de 2014, derivada de un debate público, plural y abierto entre legisladores y legisladoras, integrantes de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal y diversos actores interesados en las problemáticas de la niñez y la adolescencia, es publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), misma que retoma el espíritu de la Convención y reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconoce la obligación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en adelante “las autoridades”, para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme al marco jurídico constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

La lgdnna establece que las autoridades, tendrán la obligación de realizar acciones y tomar medidas que garanticen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; que promuevan la participación, tomen en cuenta la opinión y consideren los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos que les incumban, de acuerdo a su edad, madurez, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Para ello deberán retomar el interés superior de la niñez considerándolo de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes en cualquier medida estructural, legal, administrativa y presupuestal que lleven a cabo las autoridades (artículo 2 LGDNNA).

La transversalidad supone la necesidad de que los principios rectores atraviesen todos los sectores que tengan obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, si bien es cierto que la LGDNNA representa un piso mínimo para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, también lo es, que se requiere de una armonización legislativa en los tres niveles de gobierno que permita otras adecuaciones normativas, a fin de establecer mecanismos, reglas y recursos normativos e institucionales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Por otro lado, México ha presentado cinco informes periódicos ante el CoDN de la Organización de las Naciones Unidas respecto a los avances en la aplicación de la Convención (1992, 1998, 2004, 2012 y 2014). En junio del 2014, el Poder Ejecutivo envió un “Addendum” al Comité relativo al cuarto y quinto informe consolidados de México ante el CoDN. Por lo que este órgano colegiado programó la sustentación del Estado mexicano de dichos documentos para los días 19 y 20 de abril del 2015. 

Derivado de la sustentación del 4º y 5º informe consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención, el CoDN recomendó que el Estado mexicano, garantizara la aplicación efectiva de la LGDNNAA nivel federal, estatal y municipal, incluso: asegurando que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la Convención y con la LGDNNA.

En este marco, la iniciativa propuesta pretende contribuir a la armonización de otros cuerpos normativos conforme al marco jurídico que establece la LGDNNA, y es por ello que se pretende reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), a fin de garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. En este marco, cabe señalar que el cambio de paradigma que acoge la LGDNNA tiene su fundamento en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y por consiguiente la obligación del Estado mexicano para garantizar que la niñez y la adolescencia sea escuchada y tomada en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez (artículo 71 de la LGDNNA). Asimismo, señala que las diferentes instancias, en los tres órdenes de gobierno, informen a la niñez de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta. (artículos 2 fracción II y 74 de la LGDNNA).

En esta mismo tenor, la LGDNNA obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus competencias implementen mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se tomen en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen (artículo 72 de la LGDNNA). Cabe recordar que en todas las acciones que implementen, las autoridades deberán tomar en consideración el interés superior de la niñez como primordial en la toma decisiones sobre cualquier cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, cuando se presenten diferentes interpretaciones, deberá elegirse la que más satisfaga a este principio rector.

Aunado a lo anterior, en el marco de las recomendaciones hechas por el CoDN al Estado Mexicano, sin duda alguna, uno de los mayores retos para nuestro país es el de garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes ya que históricamente se vincula la etapa de la niñez con la incapacidad y, por ende con la exclusión de sus derechos políticos. Es importante puntualizar que el Comité ha destacado algunas de las iniciativas implementadas por el Estado mexicano para fomentar la participación infantil, tal y como es el caso del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México”, no obstante, este Comité recomendó a México que en línea con los artículos 72 y 125 III de la LGDNNA, asegure espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes.

La reforma en materia político-electoral, trajo consigo una serie de cambios en la materia, entre ellos, de conformidad con el artículo 41, apartado B, incisos a) y b), y en su apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de los organismos públicos locales de ejercer funciones en diversas materias, entre ellas la educación cívica (inciso 2). La educación cívica determina el tipo de ciudadanía y de democracia que se quiere construir en un país. Porque determina las condiciones para el ejercicio democrático, para la escucha y la participación. Por lo tanto, si se desea educar para la democracia, es necesario que se implemente como una forma de vida desde la infancia, incorporando de manera progresiva sus valores, principios e incluso los procedimientos que se aprenden de manera práctica y vivencial.

Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE4)señala como fines del Instituto Nacional Electoral (INE), el llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática (artículo 30 inciso g de la LGIPE). De igual manera, señala en el artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción VIII, la atribución del instituto de realizar la educación cívica en los procesos electorales federales. En esta línea, la educación cívica está orientada a garantizar dos momentos principales: la participación de la ciudadanía como organizadores de las elecciones y la participación de la misma como electores.

Al respecto, partiendo de la convicción de que la ciudadanía no se adquiere de manera espontánea con la edad y que el ejercicio de esta abarca no sólo el ámbito cotidiano para hacer de la democracia un sistema de vida, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, concedió desde su inicio particular relevancia a la formación ciudadana de la niñez y la adolescencia en México. Por lo que concretó la creación del primer programa de educación cívica denominado Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles el cual se implementó en espacios abiertos donde se concentraban grupos de esta población pero también en el espacio escolar, propiciando la vinculación con la Secretaría de Educación Pública. Este programa, constituyo una base para el desarrollo de diversas acciones a nivel nacional para contribuir a la atención de la niñez y la adolescencia y propicio el intercambio internacional con países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, Argentina y República del Salvador, entre otros.

Los avances logrados en materia de educación cívica, motivaron al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef México) a acercarse al Instituto para proponer la realización de las Elecciones Infantiles de 1997 y llevar a cabo un ejercicio de participación de la niñez y de la adolescencia, así como la implementación del Parlamento de las Niñas y los Niños de México en conjunto con las Cámaras de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión en el 2002.

El impulso de estas acciones, contribuyó a propiciar experiencias prácticas que involucraban la libre expresión de la opinión y el acercamiento de niñas y niños a mecanismos democráticos, mediante el ejercicio del derecho a la participación. Actualmente, el INE ha realizado siete ejercicios de participación democrática para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad: Elecciones Infantiles de 1997, Consulta Infantil y Juvenil 2000, Consulta Infantil y Juvenil 2003, Ejercicio Infantil y Juvenil 2006, Ejercicio Infantil y Juvenil 2009, Consulta Infantil y Juvenil 2012 y la Consulta Infantil y Juvenil 2015, habiéndose involucrado en estos ejercicios 21.9 millones de niñas, niños y adolescentes.

En cuanto al Parlamento de las niñas y los niños de México, se han realizado un total de nueve ediciones en las que se logró involucrar a más 70 mil niñas y niños de entre 9 y 12 años de edad, de quinto grado de educación primaria o su equivalente en las diferentes modalidades de enseñanza contempladas en el Sistema Educativo Nacional.

Es así que el Instituto ha venido incorporando en diversos programas  el desarrollo de la educación cívica y la formación de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de su ciudadanía, así como mecanismos para el ejercicio de su derecho a la participación. Prueba fehaciente de ello es la inclusión de la educación cívica y formación de la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes en el Plan Trianual 2000-2003; el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 (PEEC) y la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 (ENEC). El PEEC dio paso a los Ejercicios Nacionales de Participación Infantil y Juvenil en el ámbito escolar, en los cuales participaron más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes estudiantes de niveles de educación primaria, secundaria y media superior, pertenecientes a más de 23 mil planteles educativos. Además de las cinco ediciones del Parlamento de las Niñas y los Niños de México en conjunto con el Congreso de la Unión, en las cuales participaron cerca de 48 mil niñas y niños como representantes escolares en las convenciones distritales para elegir a los 300 legisladores infantiles que integraron los parlamentos durante ese periodo. Asimismo, en el marco de la ENEC se dio continuidad a los ejercicios nacionales de participación Infantil realizándose dos ediciones más del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, así como la Consulta Infantil y Juvenil 2012 y la Consulta Infantil y Juvenil 2015que se llevaron a cabo mediante la instalación de casillas en todo el territorio nacional, registrando una participación de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, el INE lleva a cabo tareas de educación cívica de forma permanente, a través de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas que conforman su estructura desconcentrada para atenderla en el proceso electoral y durante el ciclo no electoral. Durante el proceso electoral, la educación cívica está orientada a generar una conciencia democrática para garantizar dos aspectos fundamentales: la participación de la ciudadanía como organizadores de las elecciones y como electores. Y cuando no hay proceso electoral la educación cívica se orienta a la formación de ciudadanía para propiciar un cambio cultural que permita el empoderamiento de las y los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos, permitiéndoles así participar activamente en la toma de decisiones pública mediante la vía democrática.

Tal y como señala lalgipe, si el Instituto tiene como fin el contribuir al desarrollo de la vida democrática, la incorporación de nuevas formas para la participación de la niñez y de la adolescencia de acuerdo con el principio de autonomía progresiva, definitivamente contribuye a ampliar la comprensión que se tiene de la participación y por lo tanto es una oportunidad de incluir otras formas de involucramiento en la vida pública desde la niñez y por ende se contribuye al fortalecimiento del desarrollo de la vida democrática.

Compañeras y Compañeros Senadores:

La garantía de derecho a la participación implica la posibilidad de conceder a niñas, niños y adolescentes expresarse a través del juego, del dibujo o de otras formas de expresión adecuadas a su edad, madurez, desarrollo cognoscitivo y evolutivo. Además establece la obligación de crear espacios amigables que no resulten hostiles y que les generen confianza para poder manifestar sus opiniones. Es por ello, que es necesario que el Instituto Nacional Electoral, siendo la instancia rectora para garantizar la democracia en nuestro país, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de mecanismos de participación infantil y juvenil y una estructura desconcentrada que llega a todos los rincones del país, contribuya a promover el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Con base en lo expuesto y fundado, la que suscribe, somete a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los incisos g) y h) y se recorren los subsecuentes del artículo 30; los incisos i) y j) y se recorren los subsecuentes del artículo 32; los incisos b) y f) recorriéndose los subsecuentes del artículo 58,el inciso i) recorriéndose los subsecuentes del artículo 64, el inciso h) del artículo 74, recorriéndose los siguientes, y el inciso d) recorriéndose los subsecuentes, del artículo 104,  para quedar como sigue:

Artículo 30.

1....

a) a f)

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática,

h) Promover el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes conforme a las disposiciones aplicables, y

i)…

2.

3. 

4.

Artículo 32.

1.

a)

b)

2.

a) a h)…

i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas,

j) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes, y

k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 58.

1.

a)

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los Organismos Públicos Locales sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática, la construcción de ciudadanía y la promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes;

c) a e)…

f) Diseñar y promover estrategias para el ejercicio del derecho a la participación activa de niñas, niños y adolescentes de conformidad con las disposiciones aplicables e informar de qué manera su opinión ha sido valorada.

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Artículo 64.

1.

a) a h)

i) Coordinar y ejecutar estrategias para promover el ejercicio del derecho a la participación activa de niñas, niños y adolescentes; y

j) …

Artículo 74.

1.

a) a g) …

h) Ejecutar estrategias para el ejercicio del derecho a la participación activa de niñas, niños y adolescentes;

i) …

j) …

k) …

Artículo 104.

1. …

a) a c) …

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica y promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes, en la entidad que corresponda;

e) a r) …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

1 Adoptada por las Naciones Unidas en 1959.

2 La Convención de los Derechos del Niño, se firmó en Nueva York el 26 de enero de 1889 y es ratificada por el Estado Mexicano el 21de septiembre de 1990.

3 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigor en México el 18 de enero 2002.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigoren México el 12 de febrero de 2002.

4 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 154 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 154 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La resolución de conflictos por tenencia de la tierra es una deuda histórica que desde hace varias décadas nuestro país ha mantenido con muchos campesinos, ejidatarios y comuneros a lo largo de nuestro territorio.

Esta ha sido determinante en la política e historia de nuestro país, siendo incluso uno de los principales ejes del movimiento armado de 1910, y una problemática que sin duda tiene como causa las injusticias que se han sufrido en nuestro campo mexicano de manera generacional, y que a pesar de los avances institucionales construidos hasta ahora, no hemos podido resolver del todo.

Pese a que el artículo 27 de nuestra Constitución reconoce la Propiedad Comunal, apenas en 1991 son identificadas una serie de lagunas jurídicas dentro de nuestro marco jurídico, mismas que impedían una sana ejecución del derecho agrario; esto dio lugar a la promulgación de dos ordenamientos fundamentales: la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con los que el gobierno pretendía hacer frente a la falta de accesibilidad a la justicia estableciendo un marco legal sólido para la resolución de conflictos de manera más eficiente.

Gracias a estas reformas, por un lado es creada la Procuraduría Agraria; y por el otro, el Registro Agrario Nacional pasa a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargándose del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental.

Pese a ello, para el logro de sus objetivos el Registro Agrario Nacional presenta una falla fundamental puesto que al tener a su cargo gran parte de los documentos registrados que servirán de prueba en una disputa, se limita el acceso a la justicia a personas que cuenten con los recursos económicos suficientes para pagar  los costos estipulados en la Ley Federal de Derechos, es decir, únicamente quienes tienen capacidad económica que les permita realizar los múltiples pagos que llegarán a requerir para obtener la información, podrían probar o acreditar situaciones ante un Tribunal; por lo tanto, se reduce sensiblemente la posibilidad de realizar la misma acción a alguien que carezca de fondos suficientes, y por lo tanto, se violentan los derechos de una de las partes.

Esta situación se agrava aún más cuando una o ambas de las partes en disputa se encuentra en situación de vulnerabilidad, por ende, es indispensable dotar de una mayor igualdad de oportunidades y crear mecanismos capaces de garantizar la accesibilidad a la justicia sin que las razones económicas sean determinantes para fomentar la impunidad o desistimiento.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la ubicación de cientos de localidades rurales,  se relaciona con algún grado de marginación, producto de diversos factores geográficos que ocasionan asentamientos dispersos y aislados.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informo recientemente que 53.3 millones de personas, una de cada dos en nuestro país se encuentra en pobreza, lo que se podría traducir en millones de personas que serían víctimas de esta “discriminación institucional” al no contar con los medios necesarios para solventar su caso.

Bajo este contexto, es importante enfatizar que el acceso a los sistemas de justicia representa un gran reto para nuestro país; de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la impartición y procuración de justicia presenta serios problemas de accesibilidad, situación que suele traducirse en violaciones graves a los derechos fundamentales, además esto nos aleja de cumplir con los principios de impartición de justicia para proporcionar a las personas un trato digno y justo, con gratuidad e imparcialidad. 

A este tipo de carencias institucionales, también debemos agregar la corrupción y lentitud persistente en muchos espacios públicos, situación que merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones; por lo tanto, consideramos que si la meta es construir un sistema que garantice el derecho a la justicia pronta y expedita, con la presente iniciativa se abona a enmendar estas deficiencias.

Como hemos visto, las dificultades para acceder a la justicia en México son multifactoriales, pero entre las más importantes se encuentran los elevados costos que representa llevar un proceso judicial, gasto que muchas veces no está contemplado por los ciudadanos y o bien escapa a sus posibilidades.

En este orden de ideas, con la presente Iniciativa consideramos que el Estado debe procurar hacer más asequible el derecho a la justicia, garantizando que todos los mexicanos puedan hacer valer sus derechos cuando son violentados, especialmente a causa de factores económicos, generando las políticas necesarias para una realidad que sea acorde con los principios establecidos en nuestra Constitución.

En opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CDIH), los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia, ya que para el derecho internacional, cualquier persona debe contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales. En caso de carecer de un modelo efectivo de acceso a la justicia, lo estipulado en las leyes sería letra muerta, pues gobernaría la impunidad y las resoluciones arbitrarias ante cualquier delito o disputa.

La Opinión Consultiva No. 11/90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("OC-11/90") refirió en particular a la necesidad de remover obstáculos en el acceso a la justicia que pudieran originarse por la posición económica de las personas, pues en este sentido, sería el propio Estado quién pondría al individuo en una situación de vulnerabilidad ante el órgano jurisdiccional, es decir, estaría en condiciones de desigualdad ante la ley.

En este contexto y atendiendo a las necesidades de nuestra población, presentamos esta Iniciativa, misma que tiene como objetivo central establecer la gratuidad de trámites ante el Registro Agrario Nacional para todos aquellos ejidatarios o comuneros que necesiten copias de sus asientos e inscripciones relativas a sus derechos agrarios, salvaguardándolos de tener que verse ante el compromiso de tener que pagar sumas de hasta 20 o 30 mil pesos por expediente, siendo que si llegara a carecer de y que esto se traduzca en algún tipo de obstaculización para la impartición correcta de justicia.

Una medida como esta puede llegar a traducirse en beneficios para millones de personas y sus familias, ya que la propiedad social comprende 100.3 millones de hectáreas que equivalen al 51 por ciento de la superficie total del país, el cual tiene una extensión de 196 millones de hectáreas y existen 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), es decir, hablamos de un porcentaje considerable de personas que dependen directa e indirectamente de los ingresos que se generan en estas tierras, mismos que tienen su hogar y su estilo de vida en este entorno, por lo que es vital facilitar su acceso a la justicia cuando este sea necesario, indiferentemente de su nivel socioeconómico.

Desde hace décadas, el Estado mexicano ha adquirido un compromiso histórico con los ejidatarios y comuneros, ha construido avances legislativos en materia de derecho agrario y ha creado instituciones para proteger al campo, sin embargo, aún tiene que resolver grandes problemáticas y enfrentar retos que requieren sumar esfuerzos para reducir las brechas existentes con la intención de que todos los mexicanos puedan vivir plenamente y gozar de los derechos que les han sido reconocidos desde hace años. La carencia de recursos económicos jamás debe de ser un impedimento para que la justicia pueda implementarse en cualquier parte del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 151 y se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera:

Ley Agraria

Artículo 151. El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.

Sin menoscabo de lo establecido en el capítulo XI de la Ley Federal de Derechos, los ejidatarios podrán obtener de manera gratuita copias de sus asientos e inscripciones relativos a sus derechos agrarios. En el caso de que no se cuente con la documentación necesaria para avalar la titularidad de dichos derechos, la Asamblea del Ejido correspondiente llevará a cabo la solicitud ante las autoridades del Registro Agrario Nacional.

Artículo 154. Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

El Registro Agrario Nacional llevará a cabo los procedimientos necesarios para sistematizar dicha información, con el objetivo de hacerla pública y accesible por medios electrónicos estableciendo, al menos, un punto gratuito de acceso en cada una de las cabeceras municipales del país.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 10 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para que el Senado de la República asuma el compromiso de iniciar los trabajos y realizar lo conducente a fin de lograr la certificación de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Gobernación instrumentar una estrategia de prevención y contención de linchamientos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.

El propio organismo internacional señala que de no ser tratado oportunamente, dicho trastorno puede hacerse crónico o recurrente y dificultar considerablemente el desempeño en el trabajo o la escuela, así como la capacidad para afrontar la vida diaria, e incluso puede tener consecuencias fatales al derivar en casos de suicidio. En este orden de ideas, no podemos ser indiferentes ante la situación en que están las personas adultas mayores en nuestro país.

Debido a la dinámica y exigencias de la globalidad en la que nos encontramos inmersos, en los últimos años, la depresión se ha constituido como un verdadero problema de salud pública, del cual México no está exento. A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año, mientras que a nivel nacional representa la décima cuarta causa de muerte, donde más de la mitad de los suicidios son consumados por personas con trastornos depresivos.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGEI), de los 5 mil 754 suicidios registrados durante 2013en México, 258 se presentaron en el grupo quinquenal de 55 a 59 años de edad, y 578 en el de 60 y más años (88.4% hombres y 11.6% mujeres). En cuanto a sus métodos, los de mayor prevalencia son el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, lo que en su conjunto representa el 77.3%.

Es importante tener en cuenta que la esquizofrenia y la ansiedad son otros trastornos asociados al suicidio, los cuales requieren un adecuado manejo terapéutico y mayor vigilancia cuando se detecta la ideación suicida. En el caso de las personas adultos mayores, las principales causas son la ausencia de seguridad social y la pobreza.

En relación a estas problemáticas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha expresado que en nuestro país la población con edades de 65 años y más que vive en situación de pobreza alimentaria asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja el 57.6%, y sólo el 19.5% está jubilada o recibe alguna pensión.

Aunado a lo anterior, no podemos omitir que del total de egresos hospitalarios en personas de 60 años y más por trastornos mentales y del comportamiento, 12.3% son por trastornos depresivos. Cabe precisar que la depresión se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En síntesis, se puede diagnosticar de forma fiable y ser tratado por no especialistas, al menos en el ámbito de la atención primaria.

La importancia del presente asunto se encuentra inherente a la condición humana, es decir, al hecho de que por naturaleza los seres humanos somos emocionales y requerimos de ciertas condiciones mínimas de convivencia -generar vínculos de confianza, amistad y afecto, entre otros-.

Sobre el particular, tratándose de las personas adultas mayores, la problemática se agrava aún más debido a que frecuentemente los sentimientos de tristeza, abandono y soledad producen mayores impactos negativos, por los múltiples y drásticos cambios en su vida.

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar algunas de las principales causas de depresión en personas de la tercera edad: enfermedades incapacitantes; el deceso  del cónyuge, hijos, familiares o personas cercanas; pensionarse o alejarse del mercado laboral; dolor crónico; pérdida o limitación de la independencia (falta de movilidad o velar por sí mismo); efectos secundarios de medicamentos; así como la presencia de otras enfermedades como el mal de párkinson, enfermedades cerebrovasculares, problemas tiroideos.

En consecuencia, no es extraño que exista un consenso generalizado entre los expertos e investigadores, en el sentido de que en la etapa de la vejez hay más complejidad y riqueza emocional.

En este orden de ideas, es oportuno referir que el establecimiento de condiciones que garanticen una vejez con dignidad, respeto y dignidad, obedece a una cuestión de derechos humanos, obligación contemplada tanto en la legislación interna como en los tratados suscritos por el Estado mexicano y el derecho internacional.

La idoneidad de que la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, conozcan del asunto radica en que por imperio de ley, son las dependencias encargadas de garantizar la consolidación de la protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades. Es precisamente la prevención, nuestra principal herramienta ante esta problemática. 

Como Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, estoy a favor de que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para tratar oportunamente y por supuesto, para prevenir más casos de depresión entre las personas adultas mayores de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones, implementen y difundan una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente






De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, consideren los recursos necesarios para garantizar la operación de la Unidad de Género del Senado de la República. Se turna a la Cámara de Diputados.

LA SUSCRITAS, SENADORAS MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARAGARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El 16 de octubre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República acuerda crear la Unidad de Género, como una instancia técnica, responsable de institucionalizar la perspectiva de género con el fin de avanzar para alcanzar la igualdad sustantiva.

En dicho acuerdo se establecen las siguientes atribuciones para la Unidad de género:

a) Formular e implementar el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República.

b) Formular, implementar, coordinar y evaluar un Plan Anual de Capacitación y Formación Permanente para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades de su personal en materia de género y derechos humanos de las mujeres.

c) Elaborar proyectos de investigación en materia de género a solicitud de las comisiones o las y los Senadores.

d) Generar diagnósticos con perspectiva de género, que permitan identificar las brechas de desigualdad de género que se presentan en la cultura organizacional del Senado de la República, con el fin de impulsar acciones afirmativas para acortar las brechas de desigualdad entre el personal, y elaborar políticas para la corresponsabilidad de una vida laboral, familiar y personal.

e) Dirigir y coordinar la formulación, operación, seguimiento y evaluación de acciones para mejorar las condiciones laborales entre mujeres y hombres, estableciendo en su caso las acciones afirmativas tendientes a acelerar la igualdad sustantiva entre el personal y aquellas mujeres que requieran atención especial (mujeres con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, madres solas) al interior del Senado de la República.

f) Invitar a participar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen temas para la igualdad de género, con el fin de vincularlas con el trabajo que realice la unidad.

g) Diseñar e implementar un mecanismo de prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas del Senado de la República.

h) Organizar talleres y seminarios para la sensibilización del Senado de la República, a fin de facilitar la identificación e incorporación de variables e indicadores que contribuyan al análisis de la legislación con perspectiva de género.

i) Gestionar convenios de colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar foros y proyectos para el intercambio de buenas prácticas en la materia que compete a la Unidad de Género.

j) Difundir información que permita concientizar al personal sobre la exigibilidad de sus derechos, con el fin de crear una cultura de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres al interior del Senado de la República.

k) Establecer lineamientos a seguir por el área de comunicación social del Senado de la República para que los mensajes y campañas que se transmitan tengan perspectiva de género y lenguaje incluyente.

l) Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores jerárquicos, dentro de la esfera de sus facultades.

El 3 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en cuyo Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, etiquetó la cantidad de 4 millones de pesos, al Senado de la República, con una nota al pie del anexo que menciona que dicha cantidad es para la operación de la Unidad de Igualdad de Género.

A partir del mes de enero de 2015, la Unidad de Género del Senado de la República, comenzó su operación generando diversas acciones que se pueden detallar en el informe de avances enero – agosto, mismo que fue presentado durante la Décimo octava reunión ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género.

Entre las acciones más relevantes se destaca la elaboración del “Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República”, el cual fue publicado en la Gaceta del Senado; la elaboración y aprobación del “Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Senado de la República”; la incorporación de principios y preceptos en materia de no discriminación e igualdad sustantiva en el Código de ética de conducta para los servidores públicos del Senado; la realización de una serie de eventos en coordinación con algunas Comisiones del Senado, para conmemorar días importantes con el propósito de sensibilizar al personal que labora en el Senado.

De igual forma, la capacitación que ha promovido la Unidad de Género con el Programa de Capacitación y Formación en materia de igualdad de género, en temas como conceptos básicos de género, derechos humanos de las mujeres, redacción con lenguaje incluyente, legislar con perspectiva de género, cultura institucional con perspectiva de género, detección del hostigamiento y acoso sexual, así como liderazgo de las mujeres, los cuales han sido impartidos a cerca del 10% del personal del Senado, cumpliendo así con una meta que se tenía para el primer año de trabajos de la Unidad.

Otro de los puntos clave del avance de las acciones de la Unidad de Género se debe a la coordinación con otras instancias, al interior del Senado como al exterior, para realizar actividades que le han permitido conseguir adelantos en los temas de responsabilidad de la Unidad como la elaboración de un diagnóstico de cultura institucional así como la construcción de un sistema de evaluación con perspectiva de género para medir el avance en la institucionalización de la perspectiva de género al interior de esta Soberanía1.

De igual forma, se debe considerar que como un acuerdo institucional, el Senado ha sido responsable de prever los recursos mínimos para la operación de la Unidad, etiquetando la cantidad de 4 millones de pesos en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

La estimación de gastos que se ha contemplado es la misma que se obtuvo para el presente ejercicio 2015, lo que infiere en términos reales una caída de los recursos asignados.

Ante esta situación se prevé que el gasto de operación sea el mismo o menor al ejercido en el presente año, aun cuando se tiene la expectativa de que las acciones de la Unidad de Género podrían tener una mayor cobertura o alcance, toda vez que se ha ido fortaleciendo su trabajo a lo largo del año así como acciones que llevarían a la consolidación de ciertas metas que se tienen previstas desde su acuerdo de creación.

Por esta razón, el Senado de la República, a través de las que suscriben el presente acuerdo, consideran necesario, que la Cámara de Diputados, en su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, analice la factibilidad del incremento en el presupuesto etiquetado para la Unidad de Género del Senado y que apruebe una asignación de un millón de pesos como ampliación etiquetada en el Anexo 13, con el objeto de fortalecer y consolidar las acciones realizadas hasta hoy por esta instancia administrativa del Senado.

Por lo antes expuesto, sometemos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y al Anexo Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género del Tomo I, con el objeto de garantizar la etiquetación de cinco millones de pesos para la Unidades de Género del Senado de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 La Unidad de Género cuenta con un micrositio dentro de la página web del Senado donde se puede conocer a detalle el informe ante la Comisión de Igualdad de Género.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y ejecutar campañas nacionales de sensibilización del cuidado del medio ambiente y programas eficaces y eficientes que mejoren la calidad del aire. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las    siguientes:

CONSIDERACIONES

Como bien se sabe, los derechos humanos son prerrogativas inalienables a todo ser humano por el simple hecho de haber nacido y le garantizan un pleno desarrollo dentro de una sociedad formalmente organizada y constituida; por su parte, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos.

En 1966 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció la tercera generación de los derechos humanos, que incluye el derecho a un medio ambiente sano, lo establece para promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Sin embargo, a pesar de que este derecho es reconocido a nivel internacional desde hace ya más de 4 décadas, en México es relativamente nuevo, pues se adicionó un quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en enero de 2012, para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

No obstante lo anterior, una de las problemáticas que sobre sale es la calidad del aire en México. Sencillamente sin aire el ser humano no podría sobrevivir pues proporciona forma de vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, parte de la materia prima con la que se crean todos los seres vivos. A pesar de todos los beneficios que tiene para el hombre, no se ha tenido el cuidado para que en el país se tenga una buena calidad del aire.

Datos de la Organización Mundial de la Salud1(OMS), revelan que: 

• La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.

• Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo.

• Según estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 millones de defunciones prematuras.

• Un 88% de esas defunciones prematuras se producen en países de ingresos bajos y medianos, y las mayores tasas de morbilidad se registran en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental de la OMS.

México no se encuentra ajeno a esta problemática, datos de la OMS revelan que en el país se registran aproximadamente 9,300 muertes por causas ocasionadas a la contaminación del aire,2a esto se le debe sumar las problemáticas como son reducción en la productividad laboral, problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra padecimientos ocasionados por la contaminación del aire.

Esto sucede a pesar de que se cuentan con normas oficiales que establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada frecuencia, a fin de garantizar la protección de la salud de la población, inclusive la de los grupos más susceptibles como los niños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias crónicas,3 dichas normas son:

Contaminante

Norma

Nombre

Ozono

NOM-020-SSA1-1993

Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al ozono (O3). Valores normados para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para la concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para evaluar la calidad del aire.

Monóxido de carbono

NOM-021-SSA1-1993

Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al Monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población

Bióxido de azufre

NOM-022-SSA1-1993

Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al bióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de bióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población

Bióxido de nitrógeno

NOM-023-SSA1-1993

Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población

Partículas
(PST, PM10 y PM2.5)

NOM-025-SSA1-1993

Criterios para evaluar el valor límite permisible para la concentración de material particulado. Valor límite permisible para la concentración de partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente. Criterios para evaluar la calidad del aire

El problema de la contaminación del aire se debe, por una parte, a que la población no es capaz de vivir en armonía con su medio ambiente, muestra de ello es el uso indiscriminado de vehículos particulares para transportarse; se calcula que aproximadamente circulan en el país 21 millones de vehículos, de los cuales el 46 % tiene una antigüedad mayor a los 18 años, los cuales producen en demasía gases de efecto invernadero.

Por su parte el Instituto Nacional de Ecología, realizó un análisis titulado “Gestión de la calidad del aire en México, logros y retos para el desarrollo sustentable 1995-2000”, el cual arrojó que “después de la Ciudad de México, la ciudad que presenta los mayores problemas de contaminación es la ciudad de Guadalajara (ZMG), en donde el número de violaciones a las normas de calidad del aire es mayor al 40% de los días y, al igual que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la mayoría de las violaciones son debidas al ozono ya las partículas. Una situación similar se presenta, aunque a un nivel de gravedad mucho menor, en las zonas metropolitanas de Monterrey (ZMM) y del Valle de Toluca (ZMVT), y en Mexicali.”4

Ante tal panorama, el Senado de la República aprobó el 13 de diciembre de 2013 el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la  Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, que tiene como objetivo garantizar y hacer valer el derecho a un medio ambiente sano, tal y como lo establece la Constitución Federal, para ello el dictamen establece competencias entre la federación, entidades federativas y municipios para la calidad del aire; sin embrago, dicho proyecto no ha sido dictaminado por la Cámara de Diputados.  

Sin lugar a dudas la contaminación del aire es un problema que atañe a todos los sectores de la sociedad, no es un tema exclusivo del Estado sino compartido con la sociedad civil, por ello se debe concientizar a la población en general el cuidado del medio ambiente.

Se debe entender que el vivir en un medio ambiente sano mejora la calidad de vida, este derecho obliga a una responsabilidad social; en este tenor, el objetivo de la presente proposición es solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con sus homólogas estatales, municipios y organizaciones de la sociedad civil, diseñen y ejecuten campañas nacionales de sensibilización del cuidado del medio ambiente y programas eficaces y eficientes que mejoren la calidad del aire.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con sus homólogas estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, diseñen y ejecuten:

a) Campañas nacionales de sensibilización del cuidado del medio ambiente.

b) Programas eficaces y eficientes que mejoren la calidad del aire.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

1 “Calidad del aire (exterior) y salud”, Organización Mundial de la Salud, [en línea], consultado el 3 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/  

2 “Calidad del aire”, Centro Mexicano de Derecho Ambiental [en línea], consultado el 3 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.cemda.org.mx/calidad-del-aire/

3 “Normas Mexicanas de Calidad del aire”, SEMARNAT, [en línea], consultado el 3 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.inecc.gob.mx/calaire-informacion-basica/559-calaire-nom-cal-aire

4 “Gestión de la calidad del aire en México, logros y retos para el desarrollo sustentable 1995-2000”, Instituto Nacional de Ecología [en linea], consultado el 3 de noviembre de 2015, disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/258.pdf






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se propone la implementación de campañas de prevención y concientización sobre la necesidad de reducir la producción y consumo de bebidas en envases de plástico denominados PET; así como suprimir la adquisición y suministro de agua purificada en presentaciones individuales envasadas en este tipo de material a las oficinas de esta Honorable Cámara Legislativa. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que propone la implementación de campañas de prevención y concientización sobre la necesidad de reducir la producción y consumo de bebidas en envases de plástico denominados PET, por sus siglas en inglés; así como, suprimir la adquisición y suministro de agua purificada en presentaciones individuales envasadas en este tipo de material a las oficinas de esta Honorable Cámara Legislativa; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Muchos recordaremos el tiempo aquel, en que sólo se vendían refrescos y agua purificada en envases de cristal; pero eso pasó de moda. Hoy estamos en la era de lo desechable y las bebidas embotelladas son el mejor ejemplo. Según la Universidad Veracruzana, México es el principal consumidor del mundo, y la gran mayoría de esos envases que se usan en la industria son del material flexible y resistente, casi siempre transparente, al que llaman PET por su nombre en inglés (Polietilen tereftalato).

Este plástico fue creado y patentado por científicos europeos en los años 40’s; en nuestro país llegó en los años ochenta y se arraigó rápidamente por las ventajas que le vio la industria: es barato, irrompible, liviano, impermeable, indeformable ante el calor y reciclable, entre otras cualidades.

Pero para la sociedad es prácticamente una plaga incontrolable, porque nuestro consumo de bebidas embotelladas sigue creciendo a pesar de las campañas en contra, y porque no se recicla ni el 20 por ciento de lo que se genera, por lo que todo lo demás va a la basura: rellenos sanitarios, calles, tiraderos a cielo abierto, playas, terrenos baldíos, ríos, el mar, etc.

Según esta misma institución, de todos los residuos sólidos que los mexicanos desechamos, 30 por ciento es PET.

De acuerdo a estudios de consumo, cada año, cada mexicano tira a la basura más de 7 kilogramos de botellas vacías, esto es, un promedio de 840 mil toneladas anuales. Y esto suena lógico, si ahora prácticamente todos los envases son de este material, en hasta 14 tamaños de presentación y no en dos como antes lo era con los refrescos embotellados en cristal, o uno, para el caso del agua purificada.

Tantas cantidades de PET a la basura, aunado a que es un material que tarda de 500 hasta 100 a mil años en degradarse, es en realidad motivo de preocupación y ocupación, pues contamina, afecta a las personas, a los animales y a los ecosistemas.

Pero las cosas no paran ahí, pues además causa problemas de afectación directa a la salud de quienes ingieren las bebidas así embotelladas, si esto ocurre con excesiva frecuencia. Esto, porque aunque el PET no es considerado un material peligroso, el consumo excesivo de productos envasados en PET recipientes de este material puede ocasionar a largo plazo problemas en el sistema respiratorio y problemas en la piel por acción de los “ftalatos”, compuestos químicos que se agregan para hacer el plástico más flexible y duradero, pues éstos pueden desprenderse con facilidad, por ejemplo, con altas temperaturas.

Al ser liberados al líquido y ser ingerido, estas partículas se acumulan dentro del cuerpo, con severas afectaciones al paso del tiempo. Incluso, estudios refieren la liberación de partículas cancerígenas, principalmente con la quema de este producto de envase. Consumir bebidas en botellas de plástico puede estar enfermándonos sin darnos cuenta.

Así, los problemas no son menores, pues la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud son en sí mismas graves, incrementadas substancialmente con los desorbitantes consumos de productos envasados con PET en nuestro país, que como ya se dijo, nos posicionan en los primerísimos lugares.

Este problema y la responsabilidad nos comprende a todos: Empresas comercializadoras, consumidores y autoridades, que estamos obligados a cumplir con las disposiciones de prevención, de disposición de residuos, y de no contaminación, incluso, de su remediación y resarcimiento de daños.

Por ello, indispensable que se establezcan políticas públicas que ayuden a prevenir y resarcir los daños que ocasiona el PET, en los que debemos reconocer que un muy apremiante paso a dar, es definitivamente disminuir los altos consumos de las bebidas con este tipo de envase, intensificando la campañas encaminadas a ello, pues como ya se dijo, a la fecha no han logrado permear ni crear conciencia sobre este particular.

Por ello, que la sugerencia contenida en el presente documento sea precisamente en tal sentido: el de exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a retomar e intensificar dichas campañas preventivas, a base de concientizar sobre la necesidad de disminuir la producción y consumo respecto de las bebidas embotelladas en los términos descritos.

Y como el buen juez por su casa empieza, es de destacar las enormes cantidades de botellas de agua embotellada con materiales PET en pequeñas presentaciones, además de las clásicas presentaciones en 20 litros, que en este honorable Senado de la República se consumen.

Son miles las botellas de agua purificada en 350 mililitros las que diariamente se distribuyen y consumen en las diversas oficinas, las que además de constituir un elevado gasto comparado con los costos de las presentaciones en 20 litros, son también un generador de residuos peligrosos ya en altas cantidades, como potenciales de afectación a la salud de todos y cada uno de los trabajadores y visitantes de esta honorable Cámara.

Por ello, que la sugerencia adicional sería, que este Pleno acordase suprimir la adquisición y suministro de agua purificada en las referidas condiciones de envasado.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, manifiesta su preocupación por las afectaciones medioambientales y de salud que implican los elevados consumos de bebidas en envase plástico denominado como PET, por sus siglas en inglés, por lo que hace un atento y respetuoso exhorto al ejecutivo federal a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, como a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, a efecto de que implementen intensas campañas de prevención y concientización encaminadas a reducir la producción y el consumo de bebidas en este tipo de envase.

SEGUNDO.- Este honorable Pleno ACUERDA e instruye a las instancias competentes de esta Cámara de Senadores, a efecto de que supriman la adquisición y suministro a las diversas oficinas con que cuenta, de agua purificada para el consumo humano en presentaciones individuales en envase plástico denominado por sus siglas en inglés como PET.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas-Allende, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora Silvia Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas- Allende en el estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

San Juan de Sabinas es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el estado de Coahuila de Zaragoza, con gran potencial industrial debido -entre otras cuestiones- a su actividad minera y comercial.

Es importante destacar que para que un municipio explote su potencial, es necesario que cuente con una infraestructura carretera que le permita conectarse con los municipios aledaños, a efecto de que la industria y el comercio se encuentren en aptitud de expandir los bienes y servicios que presta.

No obstante lo anterior, la carretera que transita de San Juan de Sabinas al Municipio de Allende, ambos dentro del estado de Coahuila, se encuentra en pésimas condiciones, siendo una de las vías más inseguras y difíciles para transitar, debido entre otras cuestiones a que únicamente cuenta con un carril de ida y uno de regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de emergencia, salidas con reductores de velocidad, tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como teléfono S.O.S., así como pozos de agua para auxiliar a los vehículos que se calientan por transitar en dicha zona.

Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con todas las medidas necesarias de seguridad inhibe al comercio a transitar sus productos por dicha zona, ya que no tienen la plena seguridad de que la mercancía llegara a su destino.

La red carretera nacional se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, sin embargo en mi Estado se ha estancado su crecimiento y mantenimiento, afectando la competitividad y crecimiento de nuestra Entidad Federativa.

Es importante destacar que en dicha carretera -kilómetro 160- existe una curva que comúnmente conocemos como “cuesta de las codornices”, la cual es peligrosa e históricamente han sucedido accidentes viales en dicha zona, causando temor en los habitantes para cruzar dicho tramo.

En necesario que en Coahuila se mejoren las vías de comunicación a efecto de impulsar la competitividad, turismo e intercambio comercial, aunado a la generación de empleos directos e indirectos que genera una obra como la que aquí se propone.

Otro tema que ayudara dicha obra es la reducción de los tiempos de traslado, ya que debido a la condición actual de la carretera, actualmente se duplica el tiempo normal de traslado.

Las condiciones actuales en que se encuentra dicho tramo presenta demasiados baches y en partes ya no hay pavimento, causando que en caso de una ponchadura de neumático no se cuente con posibilidad de orillarse a efecto de hacer el cambio respectivo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas- Allende en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Dado en el salón de Pleno de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, implemente políticas públicas y programas sociales que tengan como objetivo fomentar el reciclaje y tratamiento integral de residuos sólidos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Pesca a actualizar en la Carta Nacional Pesquera, en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas delimitadas geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de que previos los estudios técnicos conducentes, se proceda a  la actualización de la Carta Nacional Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos, en el que se establezcan zonas delimitadas geográficamente y preferentemente se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa.

CONSIDERACIONES

Las industrias dedicadas a la pesca y las comunidades pesqueras, han manifestado a los funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesa, diversas inquietudes relativas al ordenamiento pesquero y acuícola en la península de Baja California, la necesidad de la regionalización de la pesca y el establecimiento de las vedas, entre otros temas de relevancia para el sector pesquero tanto de Baja California, como de Baja California Sur.

Un tema que se ha tratado y que en su oportunidad se presentó en el pleno del Senado de la República con fecha 3 de abril de 2014, un punto de Acuerdo por el que se exhortó al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Gobierno del Estado de Baja California Sur, a fin de que implementen mayores medidas de manejo adicionales a las ya existentes (cuota de captura) con el objeto de que se les conceda a las comunidades pesqueras de dicha Entidad, el derecho de preferencia en la explotación de los recursos pesqueros de Bahía Magdalena, Baja California Sur.

Asimismo, que en el ámbito de sus atribuciones concurrentes, intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca en Bahía Magdalena, Baja California Sur, a efecto de proteger el recurso denominado Sardina Monterrey y otras especies pelágicas.

Aunado a lo anterior, existe otro tema de especial relevancia lo constituye la captura de una de las más grandes almejas, denominada científicamente Panopea globosa del litoral oriental y la Panopea generosa, del lado occidental de la península de Baja California, y Golfo de California, conocidas comúnmente como Almeja Generosa y de sifón, chiluda, cuya concha alcanza una longitud mayor de 0.25 mts. Y un sifón de hasta un metro de longitud. La distribución batimétrica alcanza hasta profundidades de 110 metros, por lo que para seguridad de los propios buzos, se recomienda capturarla hasta una profundidad no mayor a 30 metros.

En tanto que de acuerdo con los antecedentes relativos a la pesca en la Península de Baja California, la captura de esta especie, es relativamente reciente, dado que su aprovechamiento comercial en Baja California inició en 2003 y en Baja California Sur hasta el año 2005. Es un recurso de alto valor comercial, el 100% de la captura de  almeja generosa se comercializa vivo en el mercado oriental (China, Korea, Hong Kong, Japón).

En el litoral de Baja California operan 10 permisionarios con 31 embarcaciones menores. Se estima que el 73% de la captura proviene del Golfo de California y el resto de la costa occidental. De la captura total comercial de almeja generosa, Baja California contribuye con el 81.1%, y Baja California Sur con el 18.9%.

En Baja California Sur se tienen registrados 83 permisos con 83 embarcaciones distribuidos entre permisionarios y cooperativas pesqueras; el 100% de la captura proviene de un banco ubicado en el interior de Bahía Magdalena.

Y en Baja California hay siete plantas (una en El Rosario, cinco en Ensenada, y otra en Ejido Delicias), ocupan en promedio a cinco personas por tonelada procesada, y empacan entre cinco y 20 toneladas por mes.1

Actualmente, la autoridad pesquera realiza los estudios de los recursos  a través de la evaluación de los bancos de almeja, con el fin de instrumentar sistemas de cuotas de captura por banco de pesca que considere variaciones regionales.

Se entiende por banco la zona de concentración de organismos con una estructura poblacional común y definida por su densidad o algún otro criterio como su estructura de tallas o edades (DOF, 2012). El perímetro del banco puede estar definido por batimetría o se obtiene una ausencia de organismos debido a diferentes variables o barreras físicas, como por ejemplo, la presencia de un terreno rocoso que impida el asentamiento de las larvas y el crecimiento de los juveniles.2

Así, tomando en consideración la experiencia de países que han enfrentado problemas de sobrexplotación de recursos pesqueros, la autoridad pesquera utiliza el sistema de cuotas de captura a través de bancos de especie, como alternativa para la sustentabilidad del recurso de la almeja generosa.

Sin embargo en nuestro país, de acuerdo a la experiencia del sector y en virtud de la importancia de conservar este importante recurso, las industrias pesqueras y las comunidades pesqueras de la Península de Baja California, han manifestado la necesidad de que el ordenamiento respecto a la captura de la almeja generosa no sea a través de bancos de almeja, mediante el cual se instrumentan sistemas de cuotas de captura, sino que sea reglamentado mediante el establecimiento de polígonos, a efecto de favorecer la sustentabilidad de las especies en beneficio económico del sector pesquero, tanto de Baja California como de Baja California Sur.

El establecimiento de polígonos en lugar de bancos, se sustenta en el hecho de que la referida especie guarda una condición dinámica, que motiva a que aparezcan y desaparezcan los bancos de Almeja, dependiendo de los regímenes medioambientales prevalecientes en determinados periodos de tiempo, de tal manera que los polígonos responden más a la conservación y a la tasa de aprovechamiento con base en los parámetros poblacionales por cada zona y especie.

En tal virtud, se considera conveniente que se actualice la Carta Nacional Pesquera, en la que se establezcan los polígonos para la expedición de los Permisos Comerciales para la captura de la mencionada especie, con la finalidad de proteger las zonas de otras solicitudes que se pudieran presentar, dándoles con ello certidumbre a dicha actividad.

DISPOSICIONES JURÍDICAS

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, debe llevarse a cabo tomando en cuenta el interés de la Nación.

Con base en la referida norma constitucional, se genera la Carta Nacional Pesquera, documento mediante el cual se establecen las disposiciones por las que las autoridades competentes realicen las acciones tendentes a garantizar la explotación racional de los recursos pesqueros.

Así, para la elaboración de tan importante documento, el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable señala que:

ARTÍCULO 32.- La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.”

Con base en el mismo numeral, se determina que la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo de la INAPESCA, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría y las contribuciones del sector académico y productivo, que deberán hacerse del conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del INAPESCA y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la Carta pierda su validez.

Es en ese sentido que para su elaboración se “toman en cuenta las contribuciones de la sociedad civil y de la autoridad, en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos”, como se señala en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 29, fracción V de la Ley en mención, el INAPESCA será el órgano administrativo encargado de elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera, en la que deberá prever que  dicho documento contendrá indicadores respecto a la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros.

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto por el artículo 9 fracción IV de la misma Ley, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá coordinarse con la SAGARPA,  para la formulación del proyecto de Carta Nacional Pesquera, en los términos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables en el rubro de medio ambiente, a fin de proporcionar al sector pesquero los instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos referidos, correspondiéndole a la SAGARPA la aprobación y publicación de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones conducentes, conforme a lo previsto por el artículo 8 fracción XVIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Carta Nacional Pesquera deberá contener, entre otras cosas, como se señala en su fracción I, el inventario de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento.

Con base a los argumentos vertidos en la presente proposición con punto de Acuerdo y las disposiciones jurídicas mencionadas, resulta procedente que el Instituto Nacional de la Pesca proceda a la actualización de la Carta Nacional Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por el establecimiento de polígonos como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros,  específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa. Hecho lo anterior que la SAGARPA proceda a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de actualización de la Carta Nacional Pesquera. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de que previos los estudios técnicos conducentes, se proceda a la actualización de la Carta Nacional Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos, en el que se establezcan  zonas delimitadas geográficamente y preferentemente se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros,  específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que publique en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de la Carta Nacional Pesquera en lo relativo a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos, en los que se establezcan zonas delimitadas geográficamente y preferentemente se otorguen los permisos correspondientes a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur.

Dado en el Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.

1 Fuente: Subdelegaciones de Pesca en Baja California y Baja California Sur. En B.C.

2 Fuente: DETERMINACIÓN DE BIOMASA Y BANCOS DE LA ALMEJA DE SIFÓN Panopea globosa (Dall, 1898) EN UNA ZONA VIRGEN DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. Sergio Alejandro Pérez Valencia y Eugenio Alberto Aragón-Noriega.






De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos a los programas de Conservación de Infraestructura Carretera, Conservación, Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, y al Programa de Empleo Temporal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Las carreteras alimentadoras son aquellas por las que transita un promedio no mayor de 500 vehículos por día que crean interconexión entre ciudades medias y dan acceso a los corredores de la red troncal de carreteras. Los caminos rurales comunican a localidades cuya población es superior a 200 habitantes e inferior a 2,500, y permiten un tránsito promedio no mayor de 100 vehículos por día.

En 1995, con el propósito de mejorar el nivel de vida de la población rural, el Gobierno Federal asignó recursos financieros a la SCT para fortalecer el Programa Emergente de Conservación de Caminos Rurales con el Uso Intensivo de Mano de Obra, para apoyar a la población de las zonas rurales en aquellas épocas del año que disminuye la labor agrícola. En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se estableció que para construir el nuevo federalismo era imperativo llevar a cabo una profunda redistribución de la autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal, bajo criterios de eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades, por lo que en 1996 el Ejecutivo Federal celebró con el gobierno de cada entidad federativa, un Acuerdo de Coordinación, que tuvo como objetivo establecer las bases para llevar a cabo un programa de descentralización de funciones, responsabilidades y recursos orientados a la conservación, reconstrucción y, en su caso, de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, el cual sería supervisado por la SCT.

El Gobierno Federal estableció en 1998 el Programa de Empleo Temporal (PET) para apoyar a la población marginada aprovechando la mano de obra de la población local en la conservación de los caminos rurales, y asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia.

Los trabajos de conservación y reconstrucción en los caminos rurales se atienden con el PET. La construcción de carreteras alimentadoras considera los trabajos necesarios para que se atiendan las necesidades de comunicación regional y estatal. La construcción de caminos rurales se refiere a los trabajos necesarios para construir un camino que comunique localidades en al área rural de poca población o aisladas. Las obras de modernización implican trabajos que se realizan en una carretera alimentadora o en un camino rural para ampliarlo y aumentar su capacidad de operación hasta dejarlo acorde a los requerimientos del volumen de tránsito. La conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales se refiere a las acciones necesarias para restituir aquellos elementos que fueron dañados por el uso y reponer las condiciones que tuvieron originalmente.

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 realiza un diagnóstico el cual señala que la infraestructura carretera moviliza la mayor parte de la carga (55% del total) y de las personas (98% del total) que transitan el país. Para atender esta demanda, la red carretera cuenta con 377,660 km de longitud, dividida entre red federal (49,652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,982 km), la red rural (169,429 km) y brechas mejoradas (74,596 km).

En el caso de Coahuila la red carretera que cruza su territorio se compone de: federal (1,711 km), carreteras alimentadoras estatales (2,260 km), la red rural (4,500km)

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se aprobaron los siguientes montos:

ANEXO 28. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO CARRETERO Y EMPLEO TEMPORAL (pesos)

 

 

 

ESTADO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

Coahuila

 

307,774,287

86,384,875

35,135,320

Esta partida presupuestal, además de atender las necesidades de conservación carretera, imprime dinamismo económico a la entidad desde los constructores, proveedores y trabajadores.

También permite contar con caminos rápidos que faciliten el transporte de personas y mercancías sin contratiempos, dando certeza y permitiendo un desarrollo económico productivo a lo largo y ancho de la entidad.

Coahuila cuenta con 2,748,391 habitantes lo que representó a una inversión de poco más de $156 pesos per cápita. Dado el gran éxito de este programa y la necesidad de contar con carreteras en buen estado por las grandes distancias que se recorren en el estado es impetrante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 se aumenten los recursos a esta partida con el fin de mantener la infraestructura carretera de calidad, se realicen proyectos de carreteras alimentadoras y se mantenga el apoyo que proporciona el programa de empleo temporal

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que asigne mayores recursos a los programas de Conservación de Infraestructura Carretera, Conservación y Estudios Y Proyectos de Caminos rurales y Carreteras Alimentadoras y al Programa de Empleo Temporal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Braulio Fernández Aguirre.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes al Programa de Apoyo al Empleo, así como para la ejecución de los programas y acciones de la política laboral. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son personas con discapacidad "aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Por su parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecen el compromiso de adoptar y aplicar estrategias e iniciativas nacionales dirigidas específicamente a personas con discapacidad, elaborar planes específicos a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el acceso al empleo pleno y productivo y al trabajo decente, en pie de igualdad y sin discriminación, para las personas con discapacidad, entre otras cosas, promoviendo el acceso a sistemas educativos inclusivos, el desarrollo de competencias y la formación profesional y empresarial, para que las personas puedan alcanzar y mantener el máximo nivel de independencia.

Asimismo es obligación de los Estados parte, adoptar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas y administrativas, para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

La discriminación es causada principalmente por la ignorancia de quien discrimina y la falta de reconocimiento de las capacidades que cada persona tiene. Ese fenómeno cultural debe ser erradicado. Para ello gobierno y sociedad civil deben trabajar conjuntamente en la aplicación de políticas públicas y criterios, así como instrumentos que incentiven la inclusión social de las personas con discapacidad.

El 28 de abril de 2014 se presentó el Programa Nacional de Trabajo y Empelo para Personas Con Discapacidad a fin de dar lograr Por su parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecen el compromiso de adoptar y aplicar estrategias e iniciativas nacionales dirigidas específicamente a personas con discapacidad, elaborar planes específicos a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el acceso al empleo pleno y productivo y al trabajo decente, en pie de igualdad y sin discriminación, para las personas con discapacidad, entre otras cosas, promoviendo el acceso a sistemas educativos inclusivos, el desarrollo de competencias y la formación profesional y empresarial, para que las personas puedan alcanzar y mantener el máximo nivel de independencia.

El cual tiene como objetivos principales: la difusión y promoción de los derechos laborales de las personas con discapacidad con pleno respeto a su dignidad, con igualdad y no discriminación; la capacitación, rehabilitación y colocación con base en competencias y habilidades; el impulso a una Red Nacional de Vinculación Laboral que articule las acciones de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que atienden a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el reconocimiento de buenas prácticas laborales en beneficio de las personas con discapacidad.

Programa fija cinco objetivos:

1. Lograr la conciliación entre normatividad políticas y programas, para garantizar el trabajo digno de las personas con discapacidad.

2. Fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales.

3. Favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo.

4. Garantizar un entorno laboral favorable, con opciones de acceso, desarrollo y permanencia sin discriminación hacia las personas con discapacidad.

5. Facilitar la cooperación con organismos internacionales en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos de la discapacidad.

Para la consolidación de éstos objetivos, y la generación de un México más fuerte e incluyente, es necesario la instrumentación de acciones coordinadas por todas las dependencias de los distintos órdenes de gobierno. Es esfuerzo realizado en años anteriores ha sido notable, no debemos aflojar el paso. Estamos conscientes de que las externalidades económicas de 2016 hacen adverso el entorno económico. El Presupuesto 2016 rediseñado a partir de la Base Cero, por lo que varios programas se han fusionado a fin de ser más eficientes. Sin embargo es necesario continuar con este gran esfuerzo que se ha venido dando y se destinen recursos suficientes para que cualquiera de las 7.7 millones de personas con discapacidad que viven en México que aspiren a obtener un empleo puedan lograrlo.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Se exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes al Programa de Apoyo al Empleo así como para la Ejecución de los programas y acciones de la política laboral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se incrementen los recursos presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, Piedras Negras, Nava y La Laguna. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, Senadores integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el 2006, el Ejecutivo Federal creo el Fondo Metropolitano con el fin de canalizar recursos para la atención de la problemática que representa el crecimiento de los centros urbanos y generar un mecanismo para favorecer el desarrollo regional y la toma de decisiones compartidas por las autoridades para generar mejores condiciones para la población.

Este mecanismo permite abordar la realidad que se vive en México, en donde:

1. La tendencia acelerada de México a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas metropolitanas

2. El reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con peculiaridades tales que exige acciones específicas de parte del Estado Mexicano, particularmente porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere de la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-administrativas que las integran.

El proceso de regionalización permite realizar una gestión a la cotidianeidad con mayor eficacia que si se hiciera de forma aislada, de tal forma tenemos que esto permite:

1. Dar dirección a las estrategias de desarrollo de cada entidad, implantando un modelo de desarrollo integral y de largo plazo con base territorial, que facilite la implementación y el logro de los objetivos de las políticas públicas.

2. Modificar las tendencias de localización de las actividades  económicas y de población para avanzar hacia un desarrollo regional más equilibrado y para disminuir las disparidades territoriales.

3. Promover proyectos y programas de desarrollo local en las regiones e identificar proyectos regionales de carácter estratégico.

4. Dar congruencia a las políticas de inversión de los tres órdenes de gobierno y conjuntar esfuerzos y recursos públicos, privados y sociales para la generación de un proceso de desarrollo de largo alcance.

5. Establecer y mantener mecanismos de operación que permitan, por un lado, descentralizar y desconcentrar funciones de la administración pública en forma permanente y, por el otro, atender coordinadamente las demandas de servicios de la población.

De acuerdo al Censo 2010, Coahuila cuenta con 2,748,391 habitantes en un territorio de 151 mil kilómetros cuadrados. Por las condiciones geográficas del estado, casi el 75% vive en una de las cuatro zonas metropolitanas constituidas.

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, 823 mil personas, equivalente al 30%

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Monclova y Frontera, 291 mil personas, equivalente al 11%

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Piedras Negras y Nava 180 mil personas, equivalente al 7%

• En la Zona Metropolitana de La Laguna que constituyen los municipios de Torreón y Matamoros 746 mil personas sin contar aquellos habitantes del estado de Durango que ascienden a 469 mil: equivalente a 27% de la población coahuilense.

De tal forma que apoyar a estas regiones conlleva un beneficio directo a 3 de cada 4 coahuilenses lo que permite un desarrollo homogéneo para el desarrollo de infraestructura y políticas públicas.

Los recursos aprobados para el año 2015 per cápita representan:

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga: $145 pesos

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Monclova y Frontera: $205 pesos

• En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Piedras Negras y Nava: $265 pesos

• En la Zona En la Zona Metropolitana de La Laguna en su totalidad $497 pesos

Por lo anterior y a fin de dar continuidad a los proyectos y políticas públicas instrumentadas a raíz del destino de fondos metropolitanos, se solicita un incremento a los rubros de los fondos para el ejercicio fiscal 2016.

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisiones de Desarrollo Metropolitano Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incrementen los recursos presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe; Monclova, Frontera; Piedras Negras, Nava y La Laguna.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento.

De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones.

Se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no recibe ingresos y que casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, psicológico, social y familiar.

En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo como es la educación y el trabajo.

2. El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo.

Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. Al estudiar el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales grupos en situación de vulnerabilidad, nos encontramos que:

En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas.

Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas y la migración.

En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.

3.- Por ello, es necesario que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país.

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.

De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables.

Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables.

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad; asimismo, se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 noviembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos a la sociedad civil organizada. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer un auténtico programa de austeridad y disciplina en el gasto de los Poderes de la Unión para el Ejercicio Fiscal de 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los suscritos, Senadores, MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA y CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las condiciones económicas actuales son difíciles. Para 2016 se sigue la misma fórmula que nos mantiene en el estancamiento económico: gasto público irresponsable, incremento de cargas fiscales, pérdida de competitividad, e incremento de la desigualdad y la pobreza, éstas no son condiciones que nos puedan sacar del estancamiento económico.

Como hasta ahora, con el paquete económico 2016, el gobierno pretende seguir con su curso de tener a su disposición recursos adicionales. En 2013 y 2014 la administración de Enrique Peña Nieto tuvo recursos adicionales por 403 mil millones de pesos respecto de lo presupuestado. Para 2016, prevé recursos de 52 mil millones por encima de lo que programó para 2015.

La política de este gobierno ha sido gastar mal y pedir prestado, durante esta administración el gasto ha crecido 15.1 por ciento y la deuda 38.8 por ciento del PIB. Al único que le va bien en este país es al gobierno, y este nivel de gasto y deuda está comprometiendo a ésta y las siguientes generaciones. Las familias y empresas han perdido su nivel adquisitivo -78 por ciento en los últimos 32 años-; y tan sólo entre enero y abril de este año, mientras que el salario mínimo aumentó 6.95por ciento, la canasta básica aumentó 17 por ciento, esto tiene como consecuencia que el 54.5 por ciento de los trabajadores formales no pueden comprar la canasta básica con su ingreso laboral. Durante la gestión actual también son los trabajadores mexicanos quienes han perdido, entre 2012 y 2015 el salario perdió 4.9% del poder adquisitivo. Es el gobierno quien también debería experimentar este recorte y apretarse el cinturón, puesto que lejos de hacerlo, sigue con un tren de gasto insostenible.

Los recursos adicionales que ha tenido a su disposición el gobierno, producto del crecimiento real de los ingresos públicos -4.9% tan sólo en 2015-, también los ha despilfarrado y ejercido improductivamente. A pesar del incremento en el gasto del sector público, su impacto ha sido nulo (el valor agregado del gasto en sectores cómo salud incluso ha caído).

¿Por qué al gobierno es al único que le va bien en esta administración? Sí le ha ido mal a las familias y a las empresas, lo justo sería que al gobierno le vaya igual que a la gente.

La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 2016, junto con las reformas legales del denominado paquete económico, son decisiones financieras y jurídicas fundamentales, puesto que son reflejo de las acciones para crecer. Si se tuviera que evaluar a este gobierno por los resultados en el ejercicio de su responsabilidad financiera y hacendaria, no tendría las mejores notas; ya que se ha apostado por mantener el flujo de efectivo y un tren de gasto insostenible. Si la racionalidad y la disciplina en el gasto, por ejemplo, no son criterios que formen parte del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico, mucho menos puede serlo el crecimiento económico.

Cuando se trata de la racionalidad en el gasto, el gobierno también manda mensajes contradictorios. Por un lado, habla de su interés por reducir el déficit público, pero por otro lado, no toma en serio las medidas de disciplina y austeridad. El resultado es que el balance primario presenta cifras negativas, en 2015 por -47.3 miles de millones de pesos.

El Presupuesto Base Cero es otra simulación; difícilmente funcionará sin criterios de evaluación del gasto público, no responde al genuino interés de hacer más con menos y debió implementarse al inicio de la administración no hasta ahora. Además, el gobierno sigue afectando rubros como inversión y programas sociales, dejando intacto el gasto improductivo -servicios personales y gasto de operación-.

El Ejecutivo Federal presentó su Paquete Económico el 8 de septiembre pasado y tuvo la oportunidad de mandar una señal de compromiso con la austeridad y la disciplina en el gasto. Podría pensarse que en el Paquete sí hay ese compromiso puesto a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se prevén las siguientes medidas de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública:

• No se crean plazas, salvo que las que ordenen las reformas jurídicas.

• Los incrementos de los salarios tienen como objetivo mantener el poder adquisitivo respecto a 2015.

• La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades correspondientes y previo análisis costo beneficio (sic).

• Se limita la remodelación de oficinas.

• No procede la adquisición de vehículos, salvo, entre otros casos, para actividades productivas.

• Se realizará la contratación consolidada de materiales y suministros.

• Se coordinarán las pólizas de seguros por parte de la SHCP.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer mecanismos financieros de cobertura de riesgos para atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las dependencias y entidades.

• Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables al gobierno federal.

• Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos, tengan como propósito promover a México como destino turístico en el extranjero y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios.

Sin embargo, cuando se analiza la partida de servicios personales, se observa que se mantiene no sólo la pensión a los expresidentes, sino el pago de los servidores públicos de apoyo y personal del Estado Mayor Presidencial que les sirven, los cuales no están establecidos en Ley, sino en los acuerdos de los mismos ex presidentes. El paquete 2016 también permite otra mala práctica administrativa derivada de una mala planeación: el pago retroactivo a plazas hasta por 45 días anteriores al nombramiento. Esta práctica representa costos al erario al tener que reponer los derechos del trabajador por una mala planeación del gobierno.

No podemos seguir creyendo la simulación que representa el Paquete Económico, NO HAY VERDADERA AUSTERIDAD. El mejor ejemplo es el rubro de servicios personales, pues comparado con el presupuesto aprobado para el 2015 hay un aumento en el gasto programable por 12,893 millones de pesos.

A pesar de que el gasto programable total se reduce en 2.93% entre 2015 y 2016, cuando comparamos con el inicio de la administración actual, nos damos cuenta de que no existe un verdadero programa de austeridad, ni de eficiencia en el gasto público. Mientras que en el 2013 el gasto programable nominal fue de 3060 mmdp en 2016 se propone por 3562 mmdp, es decir 16% mayor.

Considerando que en tres años el gobierno federal ha aumentado su gasto corriente de manera exponencial; y con el objetivo de mantener la salud de las finanzas públicas, se propone un recorte 128 mil millones de pesos, equivalente al recorte de austeridad propuesto en 2013 que contemplaba una disminuación 64 mil millones de pesos al año.

En México la gran reforma pendiente, es la del gasto público. Para crecer, necesitamos también que el gobierno tome con responsabilidad cómo ejerce el gasto, y en ésta época de declive económico, se necesita un verdadero plan de austeridad republicana. Por ello, el Congreso de la Unión debe enmendar esta situación.

El artículo 42 de LFPyRH señala que cuando se discuta el Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo, lo cual nos llevan a plantear y exigir que se cumpla con el mandato de responsabilidad hacendaria y el principio constitucional de que las finanzas públicas contribuyan al crecimiento económico, puesto que ambos forman parte de los ejes rectores de dicho Plan.

Por esta razón, tomando en cuenta que la Cámara de Diputados tiene facultades para aprobar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para financiar los programas prioritarios de la Nación Mexicana, que los mexicanos y las empresas se ajustarán el cinturón, seguirán contribuyendo con impuestos al gasto público, y que el gobierno debe tomar medidas específicas para reducir el déficit público, reactivar la economía e invertir el dinero público en sectores productivos, se solicita que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contemple una reducción importante en el gasto superfluo o innecesario, que se tomen con la seriedad debida la disciplina y la austeridad en el gasto y que se reoriente una parte del gasto. Para ello, se requiere invertir en lo que importa como salud, educación e infraestructura y dejar de tirar el dinero en el gasto burocrático inservible.

Las medidas que propuso el Ejecutivo Federal no se deben quedar en el papel; se deben aplicar verdaderas medidas de disciplina y austeridad. Para ello se propone:

• Reducir gasto corriente en 5%.
• Reducir las plazas de los altos funcionarios en un 10%.
• Reducir el salario de los altos funcionarios un 5%.
• Prohibir la adquisición o renta de inmuebles.
• Por ningún motivo habrá remodelación de oficinas.

• En 2016 no se adquirirán vehículos, salvo los indispensables para servicios públicos directos a la población, previa autorización del Secretario de Hacienda.

• La consolidación de partidas que ordena el PEF2016 deberá dar como resultado ahorros trimestrales mínimos del orden del 10% comparado con lo que se ejerza en 2015.Debemos evitar la práctica de la SHCP de informar cada trimestres que al siguiente informarán de las metas y resultados en ahorros.

• Suprimir los seguros de gastos médicos mayores en los poderes de la Unión. Todos los que tuvieren el beneficio acudirán a los servicios de salud que presta el Estado mexicano.

• El monto de seguros contratados por el gobierno deberá reducirse un 10% comparado con lo cubierto en 2015.

• El poder legislativo y judicial y los órganos autónomos deberán optimizar sus presupuestos con el fin de contribuir a esas medidas, en respeto pleno a su autonomía presupuestal pero con un compromiso serio con el ejercicio republicano de los recursos. Además, deberán reducir su presupuesto en servicios personales en 5%, sin afectar a quienes perciban los menores ingresos.

• Las partidas y conceptos de gasto de comunicación social deberán reducirse un 50% comparado con lo que se ejerció en 2013.

• Tratándose de viajes oficiales sólo se podrán realizar aquellos necesarios y plenamente justificados. Quedan prohibidas las comitivas que acompañan al Presidente, salvo que previamente se informe el número de acompañantes y éstos sean autorizados por 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. Queda prohibido realizar viajes aéreos en primera clase.

Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, viáticos, alimentación, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable.

Por otra parte, en materia de inversión, es necesario regresar los recursos que a PEMEX y CFE se les recortaron para que sean verdaderas empresas productivas del Estado. No podemos pasar a la historia por haber contribuido a su desmantelamiento paulatino, como se pretende. Por ello, los diputados deben regresar a PEMEX y CFE los recursos para inversión que la SHCP ha venido recortándolos en esta administración del orden de $73, 284, 000,004 pesos para el caso de Pemex es decir 20.1% y $6, 591, 585,749 pesos para CFE, es decir 15.3% en ambos casos respecto al gasto de inversión programado para 2015.

Restituir estos $79,875,585,753 pesos, equivalentes a un recorte del 20% en la inversión pública, ayudará significativamente a la productividad de las mismas, al dinamismo del sector energético nacional y representará un impulso de corto, y mediano plazo para el crecimiento económico.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, considere una reducción general del gasto corriente del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal cuando menos de 128 mil millones de pesos y que incluya un recorte del gasto corriente del 5%, de las plazas de altos funcionarios en 10% y el salario de altos funcionarios en 5% entre otros.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que prevea que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 los recursos generados por ahorros y economías, adicionales al programa de disciplina y austeridad del Gobierno Federal durante el 2016,se destinen exclusivamente a programas de salud, educación, ciencia y tecnología.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se reintegre a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad los recursos que estaban programados para inversión en el presente ejercicio fiscal en un monto cuando menos equivalente al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les recortó como parte de los ajustes al gasto del gobierno federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se otorguen mayores recursos en términos reales al Programa de Coinversión Social para los Grupos Vulnerables. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La participación de las organizaciones de la Sociedad Civil en el desarrollo del país es fundamental, las organizaciones ciudadanas especializadas y con soluciones innovadoras deben ser apoyadas. Es la coyuntura más palpable de los frutos que la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad dan resultados. Para ello el Presupuesto de Egresos de la Federación destina recursos para el Programa de Coinversión Social (PCS) el cual fortalece a los Actores Sociales a través de la promoción de proyectos de coinversión entre el Gobierno y éstos, dirigidos a apoyar la población en situación de vulnerabilidad o, exclusión desde un enfoque transversal y con perspectiva de género, en sinergia con los Actores Sociales.

El PCS busca contribuir a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Por lo tanto, el PCS a través de estos proyectos, contribuye a dirigir los esfuerzos conjuntos para la atención de grupos de población que viven situaciones de vulnerabilidad o exclusión, tales como mujeres, hombres, indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, niñas y niños entre otros, propiciando su inclusión en el desarrollo social.

En un marco de corresponsabilidad apoya proyectos que incorporen acciones de promoción del desarrollo humano y social, fortalecimiento y profesionalización e investigación para el desarrollo social.

El Programa consiste en contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento a los actores sociales. En el marco de la medición de la pobreza multidimensional, el PCS fomenta la cohesión social al contribuir al desarrollo del capital social mediante la promoción de la interacción social, la inclusión en la toma de decisiones y la pertenencia de los Actores Sociales y de la población beneficiada por éstos.

El PCS fomenta la participación de dos diferentes tipos de Actores Sociales: organizaciones de la sociedad civil, e instituciones de educación superior y centros de investigación. Asimismo, el Programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece como prioridad el transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Al respecto, las acciones de este Programa se alinean a la Estrategia 2.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. En cuanto a las prioridades sectoriales, este Programa se alinea al Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene como propósito fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, así como a la Estrategia 5.1, que busca fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Para la atención a grupos vulnerables, entendiéndose niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores el papel que juegan las OSC a través del apoyo del PCS es fundamental. Muchos casos de éxito se han logrado, los cuales han sido posible replicar en diversas partes del país que requieren la atención ante situaciones similares.

El PCS dirigido a atención a grupos vulnerables ha sido materia de un fuerte apoyo en los años 2014 y 2015 con $294,200, 829.00 y $307,991,635.00 respectivamente. Ante ello debe mantenerse la tendencia alcista para que permita fondear proyectos existentes y generar nuevos, más aun ante el Ejercicio Fiscal 2016 que sabemos será limitado. El PCS es un Programa rigurosamente fiscalizado por lo que cada peso invertido tendrá la garantía de ser aplicado al objeto para el cual fue autorizado.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proceso de discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de 2016 se otorguen mayores recursos en términos reales al Programa de Coinversión Social para los Grupos Vulnerables.

Salón de sesiones del Senado de la República, a10 de noviembre 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a llevar a cabo la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esa naturaleza. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud es un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. En México, el artículo 4º establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

No obstante, aún prevalecen casos en los que su acceso no es cumplido cabalmente en detrimento de la población. Se encuentra ampliamente documentado que el pleno acceso al derecho a la salud, sobre todo en lo relativo a la atención médica de urgencia presenta aún desafíos que debemos atender. Prueba de ello, son los múltiples casos de violencia obstétrica (trato médico que dañe, lastime o denigre a las mujeres embarazadas) ocurridos en Oaxaca durante los últimos años.

Basta mencionar que según medios de comunicación, durante la madrugada del junio de 2015, una joven de 25 años de edad dio a luz en plena calle, debido a que no fue atendida en el Hospital General Tuxtepec, donde presuntamente el policía de la entrada le impidió el acceso (esto con base a información del encargado del despacho de la Secretaría de Salud de la entidad).

Por otro lado, en el caso del Distrito Federal, en mayo de 2015 y en el marco del “Día del Día internacional de la Atención de la Salud de la Mujer”, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, formuló la recomendación 03/2015, integrada por 23 expedientes de quejas sobre acciones que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; al acceso los derechos de salud antes durante y después del embarazo; y al desarrollo y supervivencia de la niñez.

Al respecto, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, detectó deficientes o malas prácticas médicas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; maltrato físico y psicológico; indiferencia e insensibilidad por parte personal de la salud; e incluso decesos de adolescentes, menores de edad y una falta a la integridad. Según el propio organismo público autónomo, de cada 10 víctimas: 9 recibieron comentarios irónicos, descalificaciones y burlas por parte del personal de salud; 8 tuvo atención tardía ante sus malestares; 8 presentan depresión de leve a moderada y 1 grave; y 8 comentó que resultó imposible o difícil preguntar sus miedos e inquietudes porque no les respondían o lo hacían de mala manera.

Aunado a lo anterior, en días recientes se hizo del dominio público que el 6 de noviembre del año en curso, después de que un niño de 6 años de edad fuera mordido por un perro, le fue negado el acceso en distintos hospitales del Estado de México y el Distrito Federal (estuvo ocho horas en una ambulancia buscando atención médica), situación por la cual casi pierde un ojo a causa de las lesiones producidas. 

Ante este panorama, en principio es de vital importancia precisar que en todo momento el Senado de la República se ha caracterizado por su ferviente y constante defensa del derecho al acceso a la salud, prueba de ello, es que ante negligencias, inadecuada atención médica y malos tratos del personal de hospitales, siempre nos hemos pronunciado de manera enérgica, responsable y oportuna.

Por otro lado, los hechos referidos nos constriñen en la obligación de impulsar las acciones necesarias para garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, esto desde una visión integral que atienda tanto la preparación y capacitación del personal médico, así como su sensibilización y correcta actuación ante casos en los que se requiere atención médica urgente.

En este orden de ideas, uno de los aspectos fundamentales estriba en la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esta naturaleza, de ahí la idoneidad del presente asunto.

En atención a la trascendencia del bien jurídico afectado -la salud-, los hechos no deben quedar como acontecimientos aislados, por el contario, nos debe convocar a concentrar esfuerzos en beneficio de aquellas personas que se ven afectadas por esta problemática.

Como representantes populares nos corresponde establecer las medidas que sean necesarias a fin de salvaguardar el derecho a la salud consagrado en nuestra carta magna.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de los tres órdenes de Gobierno, para que en el marco de sus funciones lleven a cabo la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esta naturaleza.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas preventivas necesarias a fin de salvaguardar la integridad física, así como bienes muebles e inmuebles de los habitantes de los fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de todos los colonos que radican en las inmediaciones del cerro de Santa Fe y la barranca Santa Rita, Delegación Cuajimalpa. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas semanas han ocurrido una serie de deslaves en Santa Fe, delegación Cuajimalpa, en el Distrito Federal. Diversos medios de comunicación han reportado sobre sucesivos desgajamientos que han dañado vehículos y viviendas, poniendo en serio peligro a los habitantes de la zona.

El primer evento se presentó el pasado 27 de octubre. Fueron aproximadamente cinco mil metros cúbicos de tierra los que sucumbieron, producto de la inestabilidad del terreno y la saturación de humedad en la zona, según se informó. Ahí resultaron dañados 15 vehículos. 1

El lunes 2 de noviembre se presentó un nuevo alud que dañó dos automóviles y una motocicleta, y el  4 de noviembre el fenómeno se repitió en varias ocasiones.

Todo eso ha traído consigo gran temor e incertidumbre entre los vecinos, que han venido desalojando sus viviendas principalmente en el fraccionamiento Vista del Campo, en las inmediaciones del cerro de Santa Fe.

Documentos del Registro Público de la Propiedad revelan que el terreno es propiedad del Gobierno del Distrito Federal. El Folio Matriz 398851 refiere que el 23 de julio de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se expropiaba en favor del que entonces era Departamento del Distrito Federal. 2

Fueron los mismos residentes del fraccionamiento Vista del Campo, directamente afectados con los derrumbes en el talud donde se ubica el desarrollo, quienes informaron que la casa que presuntamente ocasionó los deslaves ubicada en la calle Altavista No. 111, pertenece al Gobierno del Distrito Federal.

Tanto la casa en referencia, como una antena de la empresa American Tower Corporation, que fue retirada después de ocurrido el primer derrumbre, no contaban con permiso de construcción e instalación, respectivamente, de acuerdo al jefe delegacional de Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar.3

De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, entre las facultades y obligaciones de la Jefatura de Gobierno está dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano en los términos que marcan las leyes.

A su vez, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) le corresponde directamente la responsabilidad de emitir el certificado de uso de suelo, el cual contiene las características en las que se tiene que basar el particular para construir. En tanto las delegaciones lo reciben y conceden la manifestación de construcción, mediante la que se levanta el inmueble. 4

El artículo 7º de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal especifica que son atribuciones de la SEDUVI, entre otras: “Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las licencias correspondientes”. 5

Investigaciones de otros medios de comunicación, señalan que los exjefes delegacionales de Cuajimalpa, Jenny Saltiel Cohen, Francisco de Souza Mayo e Ignacio Ruiz López como los responsables de dar permisos para colocar torres de comunicación y construir cinco edificios del fraccionamiento Vista del Campo en Santa Fe, precisamente en la zona que se está desgajando. 6
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y del Consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, señalaron directamente a estos personajes como los que otorgaron las licencias de construcción.

Presuntamente, el permiso de construcción de la antena en predio irregular se otorgó con número de Folio 604/00 en agosto del año 2000 por la entonces delegada perredista, Jenny Saltiel Cohen, mediante el pago de dos mil 520 pesos en derechos.

Sin embargo, en lugar del colocar una antena de 15 metros, se instaló una de 25 metros de altura, casi el doble de lo supuestamente autorizado. Así, se rebasaron las dimensiones y el peso permitidos, sin que la delegación interviniera.

A todo esto se suma el aviso del ex jefe delegacional de Cuajimalpa y hoy diputado local, Adrián Ruvalcaba, quien advirtió que actualmente hay 40 familias que habitan en la barranca Santa Rita, que están en riesgo de perder su patrimonio e integridad física ante el riesgo de un deslave.

El Diputado Ruvalcaba explicó que el Gobierno del Distrito Federal desalojó de Santa Fe a esas 40 familias, argumentando cuestiones de seguridad, y les otorgó uso de suelo en la colonia El Ébano. En aquel entonces no había erosión en la barranca Santa Rita, pero ahora está a 90 grados de inclinación e incluso hay casas voladas, con grandes fracturas en su estructura. 7

Estos sucesos han sacado a la luz una serie de versiones encontradas y han generado varias interrogantes.

Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que tienen que investigarse y castigarse las acciones u omisiones de los servidores públicos involucrados, pero ante todo, es inaplazable hacer una intervención eficiente y eficaz, por parte de la autoridad.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de ésta Honorable Asamblea, de obvia u urgente resolución el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal tomar las medidas preventivas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad física, así como bienes muebles e inmuebles de los habitantes de los fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de todos los colonos que radican en las inmediaciones del cerro de Santa Fe y la Barranca Santa Rita, en la delegación Cuajimalpa, en donde existe inminente peligro ante los constantes deslaves.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las investigaciones pertinentes y se actúe conforme a derecho.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente.

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/27/deslave-en-cuajimalpa-deja-15-autos-danados-4623.html

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/predio-de-deslave-en-santa-fe-es-del-gdf-registro-publico

3http://www.milenio.com/region/permisos-zona-deslave-Santa-Fe-casa-edificio-construccion-suelos-riesgo-DF_0_618538167.html

4 http://www.diariodemexico.com.mx/huecos-legales-en-el-uso-de-suelo-festin-de-constructores/

5 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/Ley_DesarrolloUrbano_DF_15jul2010.pdf

6 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tres-delegados-dieron-permisos-para-construir-en-zona-de-deslaves.html

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/2/familias-en-cuajimalpa-en-riesgo-por-posible-deslave






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar las acciones necesarias que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en México anualmente se compran entre 1.6 y 2.0 millones de árboles de navidad naturales, de los cuales, 40% son producidos en país y el resto se importa de E.U. y Canadá.

Asimismo, se estima que del consumo total, el 60% corresponde a la Ciudad de México y su área metropolitana, siendo los meses de noviembre y diciembre su principal período de venta.

A fin de garantizar la demanda del mercado nacional, sin que esto signifique un deterioro para el medio ambiente, se promueve un manejo sustentable de esta actividad a través de las plantaciones forestales comerciales de árboles de navidad. En dichas plantaciones, por cada árbol que es cortado se planta otro o se utilizan los rebrotes para formar uno nuevo.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 58, fracción IV, inciso b, señala que las plantaciones forestales comerciales son los predios en los cuales se desarrolla la siembra de especies forestales maderables para su comercialización. Además de representar una opción sustentable, las plantaciones comerciales de árboles de navidad coadyuvan al desarrollo económico de las áreas rurales donde se establecen.

En México existen cerca de 4 mil 511 hectáreas de este tipo de plantaciones, ubicándose principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz, Durango, Michoacán y Puebla. Las especies más comunes de árboles de navidad, son el: Pinus ayacahuite (pino blanco o pino vikingo), Pinus greggii (pino prieto), Pinus cembroides (pino piñonero).

Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2010, tiene por objeto establecer las especificaciones fitosanitarias que deben cumplir los árboles de navidad naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies; y la especie Pseudotsuga menziesii, lo cual garantiza su calidad fitosanitaria en la internación de estos productos y se previene el ingreso al país de plantas con plaga.

Durante el año 2014, se importaron alrededor de un millón de árboles de navidad; por ello, es de vital importancia verificar que cumplan con la normativa correspondiente y evitar posibles riegos fitosanitarios en los bosques mexicanos. Además, durante esta temporada resulta indispensable que se implementen las acciones necesarias para evitar la venta clandestina de árboles de navidad, en virtud de que esto puede significar un riesgo para el medioambiente debido a la tala ilegal de bosques naturales.

En este marco, es necesario que la Secretaría de Economía fortalezca las acciones de supervisión y vigilancia para que la comercialización de los árboles de navidad cumplan con los siguientes requerimientos: etiqueta con el nombre de la plantación de donde proviene, el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, y el número de folio del árbol.

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos los esfuerzos del gobierno federal por promover una comercialización sustentable de los árboles de navidad, prueba de ello es que través del programa ProÁrbol, se apoyó a 554 productores en 24 estados, lo cual representó 11 mil 666 hectáreas plantadas.

De esta manera, queda de manifiesto el compromiso del gobierno federal por preservar los bosques naturales y promover la reactivación económica de las zonas ruarles.

Reiteramos nuestra confianza a las autoridades competentes, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones implementen las acciones que inhiban la extracción y venta ilegal de los recursos forestales maderables de los bosques naturales durante esta época navideña.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV de España, “El Caballito”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El patrimonio cultural del Distrito Federal refleja la diversidad y multiculturalidad de las comunidades y regiones del país; sólo en el Centro Histórico existen más de mil 436 edificios históricos y un número significativo de esculturas que reflejan el respeto que le guardamos a nuestros héroes nacionales y a las personas que desde la ciencia, la cultura, la política y sociedad civil, han contribuido a la construcción de un país democrático, justo y equitativo.

Entre estas esculturas se encuentra la del Rey Carlos IV de España, diseñada por el escultor Manuel Tolsá, mejor conocida como el “El Caballito” que se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México y fue severamente dañada por los trabajos de restauración del pasado mes de septiembre de 2013.

De acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 50% de la pátina que protegía la superficie de la estatua sufrió daños, asimismo, se perdió porciones de bronce debido a la utilización de ácido nítrico, y el pedestal evidencia deterioros permanentes, todo por un monto superior a 1.4 millones de pesos. Durante los trabajos, se encontró un tablón de andamio apoyado directamente sobre base, lo cual produjo daños físicos severos por el movimiento.

Es importante mencionar que por estos acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación al Gobierno Capitalino, debido a que se acreditaron diversas violaciones a los derechos al patrimonio cultural de la Nación y a la información en agravio de la sociedad, es decir, se faltó a la veracidad e imparcialidad sobre la actuación de las autoridades involucradas.

El organismo garante, acreditó que la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, aprobaron la contratación de un proveedor de servicios, para que efectuara los trabajos de restauración y rehabilitación de la estatua, sin contar con experiencia, la certificación y el equipo necesario.

Estas acciones se realizaron sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el permiso previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para realizar estos trabajos, el resultado fue averías a la escultura por una intervención inadecuada.

Por si esto no fuera suficiente, se resolvió que el comunicado de prensa del 24 de septiembre de 2013, emitido conjunto de la Autoridad y el Fideicomiso Centro Histórico “faltó a la veracidad e imparcialidad sobre la actuación de las autoridades involucradas” y se “mermó el principio de transparencia que debe regir en todos los asuntos de interés público y se violentó el ejercicio efectivo del derecho a la información en el ámbito cultural”.

Por lo anteriormente descrito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó al Jefe de Gobierno, dar seguimiento hasta su conclusión del “Proyecto de investigación científica para la conservación y restauración de la escultura ecuestre”, asimismo, pidió elaborar una campaña de difusión en relación al valor cultural, histórico y artístico de la escultura y de su autor, Manuel Tolsá, durante el tiempo que permanezca cubierta y fuera de la vista del público.

En las recomendaciones, también destaca diseñar un programa de educación, formación y capacitación, dirigido al personal de la Autoridad del Centro Histórico, del Fideicomiso y de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal por las acciones y omisiones advertidas respecto de los servidores públicos que no fueron investigados.

Aunado a estos trabajos y con la finalidad de restaurar la escultura, el Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, firmaron un convenio de colaboración para atender los daños que sufrió el caballito, los cuales ascienden a 6 millones de pesos y se desarrollarán en los próximos 6 meses.

Frente a estos hechos, los Senadores del PRI consideramos necesario que el Jefe de Gobierno presente un informe detallado sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV de España “El Caballito”.

También consideramos de vital importancia conocer las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos que derivado de estos hechos, por acción u omisión, causaron daños o perjuicios al patrimonio cultural de la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV de España “El Caballito”. Asimismo, dé a conocer las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a esta escultura de la Ciudad de México.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente






De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple fortalecimiento presupuestal para la difusión de la importancia de la práctica deportiva para las personas con discapacidad, promueva el desarrollo y adecuación de centros deportivos y espacios para la práctica de deporte adaptado, así como la profesionalización y capacitación de deportistas y entrenadores de la modalidad. Se turna a la Cámara de Diputados.

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Históricamente el deporte ha significado para las personas con discapacidad la más importante vía para la inclusión en la sociedad.

De acuerdo con diversos reportes, el primer evento deportivo para atletas con discapacidad tiene registro en la década de los 40´s en Inglaterra, participando únicamente personas en silla de ruedas.

La evolución del también llamado deporte adaptado llevó a que en 1960 se celebrará por primera vez los denominados Juegos Paralímpicos en Italia, contando con la participación de 400 atletas de 23 países.

A partir de ese año, los Juegos Paralímpicos se realizan cada cuatro años al terminar los Juegos Olímpicos, siendo hasta 1988, en Seúl (Corea), cuando los citados juegos se realizan en la misma sede.

En el caso de México, la participación de los deportistas con discapacidad ha sido ampliamente destacada y tiene como primer participación formal el año de 1972. Desde ese año, hasta el día de hoy en cuanto a los Juegos Paralímpicos, las y los deportistas mexicanos han ganado 294 medallas.

Lo anterior, es clara muestra de las satisfacciones y orgullo que significan para México las y los deportistas con discapacidad, que se encuentran entre los más destacados a nivel mundial.

2.- Teniendo claro el referido contexto histórico, la presente administración a través del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 establece como unos de sus principales objetivos incorporar a la población en general en la práctica de la actividad física y deportiva como un medio para mejorar su calidad de vida, sustentado en el análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez perspectivas diferentes entre las que destacan: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, así como deporte y discapacidad.

Al respecto de este último, el citado Programa señala que históricamente México ha trabajado en el ámbito del deporte paralímpico y las personas con discapacidad que participan en cualquier actividad física a través de distintos espacios y medios, actualmente con el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), Institutos del Deporte de los Estados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Organizaciones Civiles a fines.

Asimismo, el Programa contempla una ESTRATEGIA 5.3 que tiene como objetivo el Impulsar el desarrollo social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de las personas con discapacidad, a través delas siguientes líneas de acción:

• Poner en marcha un proyecto de comunicación que promueva la participación de las mujeres en el deporte.

• Promover proyectos específicos para la mujer y las personas con discapacidad.

• Impulsar la mesa intersectorial sobre "Deporte y Discapacidad".

• Conformar una red de técnicos deportivos, entrenadores y personal de apoyo que beneficie al deporte paralímpico y adaptado.

Aunado al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, se emitió el Acuerdo Número 29/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento para el Ejercicio Fiscal 2015, en donde se establece como un derecho de las y los deportistas beneficiarios el recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, libre de discriminación por cuestiones de género y étnicas; preferencias políticas, sexuales, religión, discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación.

De igual manera, contempla estímulos destinados a deportistas con discapacidad de alto rendimiento, entrenadores/as, las y los médicos y fisioterapeutas, encargados directos del proceso de preparación, que se ubiquen entre el primero y quinto lugar en los campeonatos mundiales de las disciplinas incluidas en el ciclo paralímpico; y del primer al tercer lugar en los Juegos Parapanamericanos o su equivalente.

Finalmente, en el ámbito legislativo, la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

• Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico;

• Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto, y

• Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas.

3.- El apartado anterior, da prueba fehaciente del compromiso y trabajo que actualmente se desarrolla en favor de deportistas con discapacidad; sin embargo, debemos ser conscientes de que falta trabajo por realizar y que se deben redoblar los esfuerzos para garantizar que las personas con discapacidad que pretendan practicar el deporte, ya sea como profesión o de manera recreativa, tengan igualdad de oportunidades.

Ello, teniendo claro que si a nivel profesional o de desarrollo de deportistas hay situaciones que deben ser fortalecidas, tratándose del deporte como medio de recreación o inclusión social para las personas con discapacidad, necesita de mayor atención, ya que aún son pocos los centros y espacios donde se puede practicar adecuadamente el denominado deporte adaptado.

Así, que el desarrollo de centros deportivos y espacios para la práctica de deporte adaptado, la formación y capacitación de entrenadores, la profesionalización y difusión de la importancia de la práctica deportiva para las personas con discapacidad como un medio para preservar su salud, como medio terapéutico de movilidad y rehabilitación, pero más importante aún, como un mecanismos para fomentar su inclusión en la sociedad, significan un tema sobre el cual se deben enfocar esfuerzos, incluidos presupuestarios, para potenciar los alcances y garantizar la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que deseen practicar alguna disciplina deportiva.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple fortalecimiento presupuestal para que fortalezca la difusión de la importancia de la práctica deportiva para las personas con discapacidad, promueva el desarrollo y adecuación de centros deportivos y espacios para la práctica de deporte adaptado, así como la profesionalización y capacitación de deportistas y entrenadores de la modalidad.

Salón de Sesiones del Senado de la República a 10 de noviembre de 2015.

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.






De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, etiquete recursos para el puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el estado de Chihuahua. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Chihuahua, posee una ubicación estratégica debido a que cuenta con acceso directo al mercado norteamericano; tiene 2 aeropuertos internacionales, 2 mil 655 kilómetros de vías férreas, 19 mil 720 kilómetros de carreteras, así como con acceso a tres puertos marítimos: San Blas, Topolobampo y Guaymas.1

El acceso a la infraestructura es un elemento fundamental para que la población pueda realizar con mayor comodidad y seguridad sus actividades, y mediante ellas alcanzar mejores condiciones de vida.

Por ello es menester referir ante esta Soberanía, la urgencia de destinar recursos para el proyecto del Paso Superior Vehicular en el municipio de La Cruz, Chihuahua, a fin de evitar los accidentes que continuamente se presentan entre trenes y vehículos que transitan en la zona.

Cabe señalar que tan solo del 1 de enero de 2009 al 12 de febrero del 2015, en esa intersección se han presentado un total de 8 accidentes entre ferrocarril y vehículos.

Seis fueron entre tren y vehículos de carga (tráiler), uno entre tren y vehículo de pasajeros (autobús) y otro entre tren y una camioneta pick up; donde han resultado personas fallecidas o heridas, además de cuantiosas pérdidas materiales.

De acuerdo al análisis costo beneficio de la obra, las condiciones actuales del cruce a nivel de la vía del ferrocarril con la carretera federal Camargo-Delicias provocan una afectación en la velocidad de operación, llamado tiempo de maniobra, dentro del cual los vehículos deben ajustar su velocidad o detenerse completamente cada vez que cruza el tren, lo cual sucede en promedio seis veces al día, con base en los estudios realizados en campo.

Con la construcción del Paso Superior de Ferrocarril, la operación del tránsito vehicular y del concesionario ferroviario se verá beneficiada en los ahorros en tiempos de viaje de los usuarios y en la seguridad vial de la población.

El proyecto consiste en un Paso Superior de Ferrocarril en el municipio de La Cruz en el estado de Chihuahua, el cual estará conformado por 5 claros, cuatro de ellos con un claro de 25 metros y un central de 36 metros, la longitud total del puente será de 591 metros.

Se cuenta con el Proyecto, no hay impacto negativo al ambiente, se construiría sobre derecho de vía y beneficiaría a 120 mil habitantes de la región; además del transporte de pasajeros y de carga.

La construcción de esta obra permitirá ahorros en tiempos de viaje de los usuarios, en los costos de operación vehicular para automóviles, autobuses y camiones de carga, así como en los costos de traslado para la carga transportada en ferrocarril sobre el corredor.

Es una obra que va a reducir los accidentes viales, incluyendo arrollamiento de vehículos y el robo de materiales y productos de carga ferroviaria sobre las vías existentes.

La idoneidad de mi solicitud radica en que de acuerdo al Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el ejecutivo federal.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia u urgente resolución el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO:

Primero.-El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, etiquete recursos para el puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el Estado de Chihuahua.

Dado en el Senado de la República a 10 de noviembre de 2015.

Atentamente.

1 http://www.chihuahua.com.mx/Ubicacion.aspx






De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Armando Albores Gleason, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas, María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Sonia Rocha Acosta y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención medica de la fibromialgia en los niveles I y II; y exhorta a la Cámara de Diputados a incluir una partida específica para la prevención, investigación, diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en el Ramo 12 Salud. Se turna a la Comisión de Salud el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.








Les informo también que la excitativa y los textos de las intervenciones del rubro de efemérides, se integrarán al Diario de los Debates.

EXCITATIVA

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, recibido el 25 de abril de 2014.

La suscrita Martha Tagle Martínez, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, fracción III; 214 numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente se emita excitativa a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos en relación a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 13 de Enero de 2014, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con oficio número D.G.P.L. 62-II-21014, turnó a la Comisión del Distrito Federal la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

2. Con fecha 20 de febrero de 2014, los Diputados Carlos Augusto Morales y Agustín Miguel Alonso Raya del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron Iniciativa en el mismo sentido que fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para su dictamen.

3. El 25 de febrero de 2014, en sesión ordinaria la Comisión del Distrito Federal, dictaminó de manera conjunta  ambas iniciativas por tratarse del mismo tema, dicho dictamen fue discutido, votado y aprobado.

4. El 24 de abril de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal pone a consideración del pleno, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que es aprobado.

5. Ese mismo día, la colegisladora envía a esta soberanía la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se  reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, misma que fue turnada para dictamen a las  Comisiones Unidas  del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

CONSIDERACIONES

La Minuta con proyecto de Decreto en comento, tiene como finalidad ampliar los periodos legislativos del órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal, proponiendo que el primer periodo comience el día 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre; el segundo periodo, se propone que inicie el día 1 de febrero y concluya el 30 de abril.

Así mismo hace hincapié en que la eficiencia del trabajo legislativo se encuentra sujeta a dos atributos: Los cuantitativos y los cualitativos.

Es decir, no se mide únicamente en términos del número de propuestas que presenten los legisladores, ni cuántas de éstas se aprueban, sino también por el valor o aporte que la creación o modificación normativa implica en beneficio de la sociedad. Y que para lograr esto resulta indispensable que el periodo de tiempo en el cual se desarrolla, sea suficiente para desempeñar el trabajo legislativo que establece el marco jurídico de la Asamblea Legislativa.

Por lo anterior, considero impostergable la dictaminación de la minuta que por tratarse de un proyecto de reforma que redundará en el fortalecimiento del trabajo legislativo en beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal, se justifica la urgencia de que las Comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos del Senado de la República, elaboren y emitan el dictamen correspondiente. 

Consecuentemente, solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva emitir excitativa a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos para que convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, turnada a esta Cámara el 24 de Abril de 2014.

Atentamente

Sen. Martha Tagle Martínez

Dado en H. Cámara de Senadores a 9 de Noviembre de 2015






EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

HONORABLE ASAMBLEA:

La ciencia, es el nombre más genérico que se puede dar al gran cúmulo de conocimientos del ser humano. Pareciera increíble la vida misma, sin todos y cada uno de los adelantos con que ahora contamos, con la forma en la que ayuda a satisfacer nuestras necesidades y que definitivamente hacen mucho más fácil la vida del hombre.

Y es que definitivamente vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general, al grado, que ese conocimiento ya no puede reservarse sólo para la comunidad científica, pues es necesario que la sociedad en general lo conozca para obtener el máximo beneficio a sus bondades.

Aunque también es de destacar, que no todos los efectos son benéficos, pues mientras los efectos positivos son capaces, como ya se dijo, de satisfacer necesidades del hombre, darle explicación a los fenómenos naturales y lograr nuevas tecnologías; entre las desventajas, puede ser usada para dañar personas, crear armas de destrucción masiva y darle herramientas a los criminales para cometer delitos de manera más fácil.

Por eso es más importante aún, que la ciencia tenga el destino y objetivos correctos. Es necesario que todos tomemos conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación, por citar algunos de los más representativos.

Por ello, muy relevante que en el año 2001, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), haya decidido proclamar un día para conmemorar “El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”: el día 10 de noviembre de cada año.

Es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la misma UNESCO y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC); para hacer hincapié en la necesidad de la utilización responsable de la ciencia, de manera que su aprovechamiento tenga fines y efectos positivos en las sociedades del mundo, como lo es la erradicación de la pobreza, la seguridad humana y claro está, la preservación del planeta.

Precisamente de ahí el tema para la edición de la conmemoración en este 2015: “La Ciencia al Servicio de un Futuro Sostenible

Sin duda, una fecha oportuna para reflexionar sobre la importancia del buen encausamiento de los conocimientos y la tecnología que la ciencia es capaz de producir, del gran cuidado que requiere, que implica posibilidad de efectos o consecuencias colaterales bastante peligrosas, como eventuales accidentes en los procesos que buscan un efecto positivo, pero que como todo experimento, tiene sus grados de riesgo y dificultad.

• Por ejemplo, los efectos que ciertas tecnologías causan respecto al Calentamiento Global, que si bien persiguen un bien a la humanidad, su uso indiscriminado y a grandes escalas está trayendo afectaciones no deseadas al planeta.

• Por ello, que esta fecha sea propicia, además de los propuestos por la UNESCO, para cuando menos tres aspectos:

• Recordar y tomar conciencia del peligro que la ciencia representa en manos perversas;

• De la necesidad de corregir y obtener mejores tecnologías que permitan, no sólo evitar daños al planeta, mejor aún, que conforme al lema de este año, permitan su sustentabilidad; y

La importancia de preservar siempre un objetivo loable para los conocimientos científicos.

Finalmente, para hacer un sincero reconocimiento a la comunidad científica internacional, por su capacidad, sus logros y por los que seguramente vendrán, y para que junto con el sector productivo y sociedad en general logremos el tan invocado desarrollo sostenible.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

El propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. El tema de 2015 es: «La ciencia al servicio de un futuro sostenible»

La ciencia será esencial para alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, para asegurar un futuro sostenible. El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO es una de las herramientas que los países pueden utilizar para monitorear el progreso hacia los objetivos de la Agenda 2030.

Cada cinco años, analiza las tendencias emergentes en la ciencia, la tecnología, la política de innovación y la gobernanza. La última edición se presentará en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo el 10 de noviembre de 2015. El mensaje clave del informe se puede resumir en cuatro palabras: más investigación - mejor desarrollo.

Atentamente

Martes 10 de Noviembre de 2015

H. Cámara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO”

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001.

El objetivo primordial de este día es el de “renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana”.

Durante todo mi quehacer legislativo he actuado convencido de este compromiso, en primer lugar en pro del estado que representó, Oaxaca, y por supuesto en pro de mi país.

La erradicación de la pobreza, sin duda, es una tarea mayor que no podremos ver concretada en el corto plazo.
Sin embargo, creo profundamente que podemos establecer los cimientos que den lugar a una erradicación de la pobreza a nivel mundial, es posible.

Provengo de una de las entidades federativas con mayor pobreza, día con día vivo la situación por la que pasan miles de paisanos, situación de vulnerabilidad de ka que no sólo soy espectador, sino que me he dado a la tarea de ser parte de la solución.

Trabajo activamente para lograr que cada vez más cientos de oaxaqueños obtengan mayores oportunidades para alcanzar una vida digna, mi compromiso es serio y palpable, las acciones de mi proceder dan cuenta de lo anterior.

Aprovecho esta conmemoración, para refrendar ese compromiso ineludible para con los más pobres; asimismo, invito a todos a sumarse a esta importante causa.

Es cuanto.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, observado el 10 de noviembre.

El “Día Mundial para la Paz y el Desarrollo”, fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001, año desde el cual se observa de manera ininterrumpida.

Este día surgió con el objetico de renovar el compromiso en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo, contribuir a la erradicación de la pobreza e impulsar la seguridad humana. Asimismo, busca generar mayor conciencia en el público acerca de la importancia de la ciencia.

Como parte de las acciones realizadas en el marco de esta conmemoración, cada año se elige un tema central bajo el cual se conducen las acciones inherentes a este día, siendo para 2015 el relativo a: “La ciencia al servicio del futuro sostenible”.

En el Grupo Parlamentario del PRI, vemos en esta celebración la oportunidad idónea para replantear objetivos, reafirmar compromisos y fortalecer estrategias tendientes a alcanzar el óptimo aprovechamiento de los avances tecnológicos, mismos que se encuentran estrechamente relacionados con prácticamente todos ámbitos y aspectos inherentes a las sociedades modernas.

Debido a la permanente evolución de los medios tecnológicos, éstos son fundamentales para nuestro desarrollo individual y colectivo, prueba de ello es que tienen injerencia en asuntos de diversa índole, desde aquellos relacionados con el cambio climático y la salud pública, hasta los concernientes a la seguridad alimentaria, el saneamiento, el desarme y la preparación para casos de desastre.

Bajo esta tesitura, celebramos que como nunca antes, la agenda de desarrollo es más inclusiva, basta señalar que recientemente en la Asamblea General de la ONU se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se distingue como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, todo con el firme compromiso de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Desde esta soberanía, es medular reafirmarnos como un país global y seguir obteniendo beneficios tangibles en la materia. En este sentido, no podemos omitir que el Gobierno de la República, entre septiembre de 2014 y junio de 2015, consolidó el marco normativo y fortaleció las acciones en materia de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica.

En el marco del “Día Mundial para la Paz y el Desarrollo”, reafirmamos nuestro compromiso con el establecimiento de un México más justo e igualitario, con oportunidades de desarrollo para todos y de esta manera seguir avanzando en la democratización en el uso de la información para que la población de nuestro país tenga el libre acceso a los beneficios que representan.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.

“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz.”

Albert Einstein

El valor del papel de la ciencia y los científicos en la creación de sociedades razonables y la necesidad de informar a los ciudadanos y de comprometerlos con la ciencia son los principales motivos de la celebración del Día Mundial.

El Día Mundial ofrece una oportunidad para mostrar al público en general la importancia de la ciencia en la vida. La ciencia y la tecnología auxilian de manera fundamental a promover el progreso y la paz en todos los ámbitos: desde el cambio climático a la salud pública, pasando por la seguridad alimentaria, el saneamiento, el desarme y la preparación para casos de desastre.

La UNESCO resolvió en 2001 incorporar la celebración anual del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, especialmente como forma de reforzar el compromiso científico con la paz, y agregando una nueva dimensión, el “desarrollo”. La iniciativa tuvo un gran apoyo de parte de instituciones científicas de todo el mundo, y se fundamentaba en la convicción de que la actividad científica trae consecuencias para la paz y el desarrollo, y que debe utilizarse solamente para alcanzar sociedades pacíficas y sostenibles; que se impone la necesidad de crear un compromiso nuevo entre la ciencia y la sociedad que asegure las relaciones fluidas entre ambos mundos; y que la iniciativa responde fielmente al mandato de la UNESCO, que tiene la misión ética de lograr un desarrollo armonioso y pacífico de las sociedades

El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO es una de las herramientas que los países pueden utilizar para monitorear el progreso hacia los objetivos de la Agenda 2030. Cada cinco años, analiza las tendencias emergentes en la ciencia, la tecnología, la política de innovación y la gobernanza. La última edición se presentará en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo el 10 de noviembre de 2015. El mensaje clave del informe se puede resumir en cuatro palabras: más investigación - mejor desarrollo.

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia Disponible en inglés, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

El objetivo del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene la meta lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

Sen. Sonia Rocha Acosta.






De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”.








CITA

Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez el próximo jueves 12 de noviembre a las 11:00 horas en el recinto de Xicoténcatl No. 9.

Al término de la ceremonia realizaremos nuestra sesión ordinaria en el mismo recinto.

(Se levantó la sesión a las 14:23 horas)

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