Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 10 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 22



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Octubre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (15:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del miércoles 28 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y ocho minutos del día martes veintisiete de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintidós de octubre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lilia G. Merodio Reza, su informe de actividades legislativas, mismo que presentó el 19 de octubre pasado, en Chihuahua, Chihuahua.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Pesca y Acuacultura, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al final del Título Cuarto del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, a nombre propio y de los Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Ávila Ruiz, Ana Gabriela Guevara, José María Martínez Martínez, Fernando Yunes Márquez, Isaías González Cuevas, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco Sandoval, Aarón Irízar López, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco Búrquez Valenzuela, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Licenciado Tomás Torres Mercado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento en torno al Huracán Patricia.

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz a nombre propio y de las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de los Senadores Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de los Senadores Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia   Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza  Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de   Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción viii Bis del artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Leticia Herrera Ale, a nombre propio y de los Senadores Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera Tapia, José Rosas Aispuro Torres e Isidro Pedraza Chávez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones LX del artículo 15 y III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

(Dictamen a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar al Senado, para su ratificación, el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad.

2) Por el que la Cámara de Senadores se congratula por la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 y extiende un reconocimiento a los diplomáticos mexicanos que participaron en la negociación.

3) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal suscribir y enviar al Senado, para su aprobación, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos.

4) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, durante los trabajos del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las audiencias públicas sobre Naciones Unidas, celebradas en el Senado el 14 de septiembre.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la gobernadora, gobernadores, a las y los alcaldes, así como a las y los delegados que resultaron electos, a integrar sus gabinetes bajo los principios de igualdad y paridad de género.

2) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores David Monreal y Rosa Adriana Díaz Lizama entregaron los textos de sus intervenciones sobre este dictamen, los cuales se integraron al Diario de los Debates.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones relativas a la alerta de violencia de género y sus resultados.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, hizo uso de la palabra para referirse a los tres dictámenes. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión Contra la Trata de Personas, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos a coordinar una campaña nacional de prevención del delito con un enfoque integral; asimismo, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a dar seguimiento puntual al caso de la joven mujer conocida Zunduri y cumpla con su responsabilidad de atenderla conforme lo establece la ley.

2) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y a la Procuraduría General de la República a informar de las acciones se están llevando a cabo para promover la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de Acuerdo:

1) En torno a los derechos humanos de los migrantes.

2) Que exhorta a la Presidencia de la República a aceptar como recomendación urgente de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, el considerar en las políticas públicas del gobierno federal mexicano, la migración interna de personas asociada al cambio climático y las que son susceptibles de eventos sísmicos dañinos.

3) Relativo al uso del grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la participación del Estado Mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración.

5) Que exhorta a las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a la Procuraduría General de la Republica a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que pasan por los aeropuertos mexicanos.

6) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir un informe sobre las acciones para abatir la inseguridad que padecen los migrantes al regresar a sus comunidades de origen.

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015 que fueron destinado al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.

2) Que exhorta a los titulares del  Instituto Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Acuacultura y   Pesca a cumplir con sus atribuciones en materia de innovación e inversión tecnológica, reforzamiento de los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, administración de puertos y terminales pesqueras, conservación y manejo de captura.

El Senador Francisco Salvador López Brito, intervino para presentar los dictámenes. Los Acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las autoridades de protección civil y de educación de los gobiernos de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, México y Puebla a realizar acciones de difusión y     prevención por los graves riesgos ocasionados por las variaciones climatológicas con motivo del fenómeno de “El Niño”.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero.

2) Que exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones de prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las fogatas urbanas.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas a promover en los planes de estudio la educación ambiental.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas.- El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- El Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta con propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. La Asamblea autorizó integrarlas al dictamen para su discusión. En la discusión en lo general y en lo particular, la Presidencia informó que los Senadores Lilia Merodio Reza y David Monreal Ávila entregaron los textos de sus intervenciones sobre este dictamen, los cuales se integraron al Diario de los Debates. En la discusión intervinieron los senadores: Daniel Ávila Ruíz del PAN, para referirse a éste y al siguiente dictamen; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue rechazada por la Asamblea. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada, por 96 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. La Asamblea autorizó integrarlas al dictamen para su discusión. Asimismo, informó que la Senadora Lilia Merodio Reza entregó el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se insertó en el Diario de los Debates. Sin discusión, fue  aprobado el proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas, por 93 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Intervinieron los senadores: Ernesto Gándara Camou, por las comisiones, para presentar el dictamen. En la discusión, hizo uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, quien se refirió a éste y los siguientes dos dictámenes. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Raúl Pozos Lanz entregó el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 95 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las    Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de  Vida Silvestre.- Intervino el Senador Aarón Irízar López, por las comisiones,  para presentar el dictamen. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 93 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados     para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se     reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Intervinieron las senadoras: Diva Gastélum Bajo, por la comisión, para presentar el dictamen. En la discusión hizo uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. La Presidencia informó que la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado, en lo general y en lo particular, por 97 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de septiembre "Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 187 Bis y 187 Bis 1 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona   diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones      Unidas de Salud y de Estudios  Legislativos.

 

Del Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz      Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el impuesto asignado a las bebidas azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para garantizar que la población que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, cuenten con agua libre de metales pesados y contaminantes que puedan poner en riesgo su salud.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a informar sobre el manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento, así como sobre las ganancias que se obtendrán del evento Fórmula Uno.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones que corresponda, a fin de garantizar la seguridad en la entidad ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la entidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar el nombramiento del ciudadano Fidel Herrera Beltrán como Cónsul de México en Barcelona, España.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos a informar, guardar y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos de dicho estado, por "autoridades policiacas del mando único de dicha entidad".- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender las medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno mexicano.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República urge al Gobierno Federal a liberar recursos económicos del Fondo Nacional de Desastres y activar un programa para la aceleración del crecimiento económico en las zonas afectadas por el huracán “Patricia”.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Protección Civil.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a intervenir en la situación de inseguridad en las comunidades de San José Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Solistlahuacan, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al acuerdo entre el Estado Mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo para que el Secretario de Educación Pública y los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior sean evaluados a fin de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación de docentes.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los fondos destinados a la Iniciativa Mérida.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones que le fueron entregadas por organizaciones que residen y representan a trabajadores ex braceros y sus familiares.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 una partida presupuestal por 400 millones de pesos para apoyar las actividades de investigación que realiza la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y las Fundaciones Produce en el territorio nacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jímenez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el Contrato Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en el marco del recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre el estado de las recomendaciones en materia de derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo de coordinación y las acciones de protección civil realizadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la población por seguir las indicaciones de las autoridades ante la llegada del huracán “Patricia”.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a las funciones de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas de capacitación en materia de calidad de atención y trato al usuario para el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la cantidad necesaria para atender a la población mexicana que sufre enfermedad renal crónica o diabetes, utilizando los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Mely Romero Celis, Itzel Ríos de la Mora, Margarita Flores Sánchez, Hilaria Domínguez Arvizu, Arturo Zamora Jiménez, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela Bárcenas y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, emitan la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para mitigar los daños ocasionados a los productores del sector por las afectaciones que dejó a su paso el huracán “Patricia”.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Protección Civil.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos para la realización del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 61 aniversario luctuoso de Enrique Flores Magón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 41 aniversario luctuoso del compositor José López Alavés, autor de la Canción Mixteca.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y citó a la siguiente el próximo miércoles veintiocho de octubre a las trece horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Miguel Romo Medina, con la que remite su informe de actividades legislativas denominado “Entrega de Resultados”, mismo que presentó el 25 de septiembre pasado, en Aguascalientes.








Una, del Senador Aarón Irízar López, con la que remite también su informe de actividades legislativas correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas presupuestarios del sector laboral.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que informa las modificaciones en la integración de las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y de Seguridad Nacional.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a los Senadores integrantes de dichas comisiones.






Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita comparezca el señor Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señor Presidente de este Senado de la República. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Senadoras y Senadores de la República de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y Senadoras sin grupo parlamentario, hemos suscrito un punto de Acuerdo que presentamos para que en el marco del Análisis del Tercer Informe de Gobierno se cite a comparecer al ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Hago entrega a la Presidencia de esta Mesa Directiva, la lista de Senadoras y Senadores comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, que nos exige cumplir el pueblo de México.

Son muchos los temas que el titular de esta dependencia federal tiene que informar de cara a la nación, como son las adjudicaciones y toda la obra pública en materia de infraestructura de carretera, en los que se incluyen diversos proyectos plurianuales, así como las 46 autopistas que se prevén construir en la presente Administración Pública Federal.

La conservación de carreteras registra un reto, el cual está vinculado al cambio climático, ya que dichas vías están registrando más tráfico con peor clima.

Dentro de los temas de mayor relevancia se encuentran: la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que hay de por medio la inversión de miles de millones de recursos públicos; el apagón analógico, tema en el que se prevén afectaciones sociales; y, por si fuera poco, la operación de la empresa OHL en nuestro país, de la que se desprenden hechos que presuntamente constituyen ilícitos o actos graves de corrupción.

El artículo 69 de nuestra Constitución Política establece la obligación de los secretarios de despacho para comparecer bajo protesta de decir verdad ante las Cámaras, cuya facultad constitucional es la de analizar el informe del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, el artículo 93 de nuestra Ley Fundamental señala categóricamente: “Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.”

Por tales razones, consideramos que es obligación constitucional del Secretario de Comunicaciones y Transportes venir a comparecer ante el Pleno de esta Cámara Alta, para que no sólo informe sobre las acciones que se están realizando para la debida atención y despacho de estos asuntos, sino que son del pleno interés de todos los mexicanos, del pueblo de México, sino del estado general también que guarda en el ramo de este señor Secretario.

Por lo anterior, proponemos el siguiente punto de Acuerdo, está firmado por 63 Senadoras y Senadores de la República, y dice:

Único.- El Senado de la República en uso y ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al C. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que informe al Pleno de esta Soberanía, sobre el cumplimiento, logros y resultados del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018; del Programa de Trabajo de Comunicaciones y Transportes 2014; y de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; y en general, sobre el estado que guarda la administración pública del ramo administrativo a su cargo.

Aquí está el listado de firmas que se anexan, 63 firmas de Senadoras y Senadores, y también está abierto a los Senadores del PRI que quisieran sumarse a este punto de Acuerdo, así como a algunos otros, pues bienvenidos, señor Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, María del Rocío Pineda Gochi, Lucero Saldaña Pérez y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, señor Presidente.

La responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno en nuestro país es procurar, por supuesto, el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos mexicanos, haciendo uso de los recursos con los que cuentan de manera honesta, transparente, por supuesto, y buscando que el uso de estos recursos cumplan con la función que tienen  encomendada.

En este Senado hemos trabajado para reformar y para crear nuevas leyes que permitan garantizar que los recursos públicos son utilizados de manera óptima. Al inicio de la pasada legislatura modificamos la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hemos trabajado, por supuesto, para consolidar el esquema de transparencia y rendición de cuentas de los diferentes órdenes de gobierno, y hemos también legislado para garantizar que la deuda de estados y municipios se garantice para bien de los mexicanos.

La iniciativa que presento tiene como propósito armonizar la legislación a partir, precisamente, de la reforma constitucional que hicimos al artículo 79.

En esta reforma, se da la facultad a la Auditoría Superior de la Federación para revisar y fiscalizar de manera directa las garantías que otorga el gobierno federal sobre los empréstitos de estados y de municipios, así como de las participaciones federales que le son asignados.

De manera, que tengamos la certeza que cuando es un recurso público el que se está ejerciendo, no solamente por la revisión de la contraloría interna de las instancias de auditoría de los estados, sino también de la Auditoría Superior de la Federación, sean quienes revisen que se estén ejerciendo estos recursos con transparencia y conforme a los objetivos planteados.

Conforme a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, sabemos que midiendo la percepción de los ciudadanos, es decir, el nivel de satisfacción de la prestación de los servicios que tienen los ciudadanos, encontramos que a nivel municipal, el 49 por ciento de la población se siente satisfecha con la adecuación de avenidas, calles, la prestación del servicio de alumbrado público, estos son servicios básicos que le corresponden a nivel municipal.

En cuanto a la prestación del servicio más importante que debe prestar el Estado mexicano, la educación pública, y además otro muy importante, el de salud, se tienen satisfactores del 62 y 54 por ciento.

Es decir, son porcentajes que están siendo todavía bajos, algo está sucediendo que la población no está sintiendo satisfecho su requerimiento o su necesidad en la prestación de estos servicios,

Cabe preguntar, entonces, si realmente se están destinando los recursos de manera óptima en la prestación de dichos servicios.

Además, sabemos que la deuda pública de estados y municipios al tercer trimestre de 2015 asciende a 510,000 millones de pesos. Este es un monto muy importante. Si respecto de esta deuda pública hay garantías que ha otorgado la Federación, entonces la Auditoría Superior tendrá la facultad de entrar y de revisar qué es lo que está pasando con esta deuda, de tal manera busquemos que no haya parcialidad, que siempre haya objetividad en la fiscalización de los recursos que son de los mexicanos.

Escuchamos día con día señalamientos, quejas, algunas denuncias, pocas, pero hay algunas denuncias de malversación de recursos, de desvío del presupuesto a nivel municipal, a nivel estatal; hay señalamientos, inclusive, que han llegado a sanciones específicas y la imposición de castigos severos.

Sin embargo, los señalamientos no siempre terminan en un castigo por falta de evidencia o por falta de seguimiento conforme a la normatividad.

Darle la posibilidad a la Auditoría Superior de la Federación, que tenga facultad para entrar y revisar desde el nivel federal, con imparcialidad, con objetividad, nos ayudará a garantizar, que no hay desvío de recursos, que siempre son utilizados con el fin con el que fueron destinados a los estados, a los municipio, y que por lo tanto se está buscando el desarrollo pleno de la ciudadanía mexicana.

Estaremos cumpliendo también con un precepto constitucional, el de garantizar a los ciudadanos que siempre tengan información plena, información verídica respecto del gasto público en todos los órdenes de gobierno.

Por eso, se plantea a través de esta iniciativa que suscribimos varios compañeros Senadores, armonizar esta reforma constitucional en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, modificando los artículos 1, 8, 12 y 15. Reitero, para precisar que tiene la Auditoría Superior de la Federación la facultad de revisar los recursos provenientes de participaciones federales, y cuando hay una garantía otorgada por la federación para los endeudamientos o los empréstitos de estados y de   municipios.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, JESÚS CASILLAS ROMERO, MANUEL CAVAZOS LERMA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, MARCELA GUERRA CASTILLO, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ y ALEJANDRO TELLO CRISTERA, todas Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, en materia de revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de participaciones federales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Cámara de Diputados posee entre sus facultades exclusivas las relativas a las funciones presupuestarias y de control y/o fiscalización, ello de acuerdo a lo señalado en las fracciones IV y VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y revisión de la Cuenta Pública, ésta última se apoyará de una entidad de fiscalización superior de la Federación denominada Auditoría Superior de la Federación quién tendrá autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y facultades y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones

La Auditoría Superior de la Federación es la encargada de fiscalizar todos los conceptos contables que integran la Cuenta Pública, esta fiscalización tendrá entre sus objetivos: a) la evaluación de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, b) comprobar que las entidades fiscalizadas se ajusten a lo señalado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y legislación aplicable en materia presupuestaria, c) verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios aprobados a favor de las entidades fiscalizadas, entre otros objetivos.1 La función de fiscalización que ejerza la Auditoría Superior de la Federación será ejecutada bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.2

La entidad de fiscalización superior de la Federación, por mandato constitucional, de acuerdo a la fracción II del artículo 79, está obligada a entregar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta Pública el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública. Este informe deberá incluir los resultados de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados, las auditorías pueden ser respecto del cumplimiento financiero, de inversiones físicas, forenses, de desempeño y, de tecnologías de información y comunicaciones. Derivado de las auditorías realizadas a los entes fiscalizados la Auditoría Superior de la Federación tiene que incluir y dar cuenta en el informe sobre el estatus que guardan las acciones preventivas y correctivas que emitirá a los entes fiscalizados; las acciones preventivas son recomendaciones y recomendaciones de desempeño, mientras que las acciones correctivas incluyen pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y de responsabilidad administrativa sancionatoria y, denuncia de hechos ante el Ministerio Público3.

La función de fiscalización que realiza la entidad de fiscalización superior de la Federación es de carácter externo y de forma posterior o ex post -principio de posterioridad-, ya que ésta se efectúa después de que los entes fiscalizados han ejercido y concluido todos sus actos administrativos para erogar el presupuesto aprobado y asignado con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en los programas presupuestarios, y con base en ello se examine si la gestión financiera se adecuo a las leyes y reglamentos aplicables, según sea su caso.

Por lo tanto, el carácter y forma de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación es contraria y opuesta a la fiscalización interna o a priori que también le es aplicable a estos entes fiscalizados por parte de sus órganos internos de control, con lo cual se busca la máxima optimización de los recursos empleados y así obtener los mayores beneficios, es decir un control de eficiencia a la productividad y a la relación costo rendimiento.4

La actividad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación genera beneficios financieros y no financieros en la administración de los recursos públicos en pro de la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno. Los beneficios financieros se refieren a impactos medibles en términos monetarios a favor de la Tesorería de la Federación, a las cuentas bancarias específicas de los programas presupuestarios o a su patrimonio propio; los beneficios no financieros se constriñen a consecuencias no cuantificables en términos monetarios y repercuten en el mejoramiento de la administración financiera de los recursos a través de la transparencia y gestión en la publicación oportuna del ejercicio del gasto, modificación de reglas de operación de los programas presupuestarios, reducción en la duplicidad de circulares y normas gubernamentales, establecimiento de indicadores para medir los resultados, entre otros.

En el Informe General de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se señala que de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2001 a 2012 la entidad de fiscalización superior de la Federación ha recuperado beneficios financieros por la cuantía de 88 mil 851.1 millones de pesos y beneficios no financieros en la emisión de 154reportes del ejercicio del gasto de entes fiscalizados. 5

La función de fiscalización que desempeña la entidad de fiscalización superior de la Federación coadyuva al fortalecimiento del derecho humano fundamental de acceso a la información pública y con ello se garantice el principio de máxima publicidad en la interpretación de este derecho humano fundamental que fue positivisado por primera vez en la reforma constitucional del 20 julio de 2007,mismo que se encuentran establecido en el artículo 6 constitucional, en razón de que para cumplir con su objetivo es necesario e indispensable conocer la información que poseen los entes fiscalizados para comprobar que sus actividades se ajustaron a las normas jurídicas y de esta manera se evite las justificaciones infundadas de funcionarios públicos que deseen y pretendan restringir dicha información, salvo en los casos que se trate de información sobre datos personales y vida privada.6 7

Con fecha del 26 y 27 de mayo de 2015, el titular del Ejecutivo Federal promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación dos decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las materias de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción. Ambos decretos entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación pero se establecieron plazos perentorios distintos para adecuar las leyes secundarias, por ejemplo, el decreto de reforma constitucional de disciplina financiera para entidades federativas y municipios del 26 de mayo de 2015,establece en su artículo Segundo Transitorio que en un plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigor del decreto se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas legales necesarias para hacer cumplir el decreto; en tanto que el decreto de reforma constitucional de combate a la corrupción del 27 de mayo de 2015, señala en el artículo Quinto Transitorio que los encargados de la función de legislar a nivel federal, estatal y del Distrito Federal tienen un plazo de 365 días para hacer las reformas legales derivadas del decreto que corresponde a las reformas de los artículos constitucionales 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base Quinta.

Las reformas constitucionales de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción, permitieron el fortalecimiento de atribuciones y facultades de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación por medio de la fiscalización directa de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de las participaciones federales, ello como lo mandata el actual párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 constitucional, que a la letra dice:

“También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos federales correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales…”

Consecuentemente, estas nuevas facultades que le otorgó el Poder Constituyente a la entidad de fiscalización superior de la Federación deben ser adecuadas, armonizadas y homologadas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación como lo mandatan los artículos Segundo Transitorio del decreto constitucional del 26 de mayo de 2015 y Quinto Transitorio del decreto constitucional del 27 de mayo de 2015, legislación que tiene como objetivo regular el actuar de la Auditoría Superior de la Federación como encargada de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública de la Hacienda Federal. 

Hasta antes de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 la Auditoría Superior de la Federación no contaba con la facultad constitucional y legal para revisar y fiscalizar las participaciones federales. En la reforma constitucional del 30 de julio de 1999 se le otorgó la facultad a la entidad de fiscalización superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y particulares, tanto la reforma constitucional como la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se caracterizaron por generar un escenario de incertidumbre jurídica a los gobiernos estatales y municipales para la fiscalización de aportaciones federales y participaciones federales, esta omisión legislativa fue clarificada por una tesis jurisprudencial que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2001 en la cual manifestó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carecía de facultades constitucionales para la revisión y fiscalización de las participaciones federales, siendo ésta una competencia exclusiva de las autoridades locales8.

Asimismo, en abril de 2005 el Tribunal Supremo del país resolvió la controversia constitucional 87/2003 que interpuso el Ayuntamiento de Guadalajara en contra del Congreso Estatal de Jalisco y el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco para invalidar el inciso a) fracción XXV del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco en materia de revisión en la aplicación de recursos federales que ejerzan los municipios. La Corte manifestó que la litis que buscaba invalidar el referido precepto jurídico radicó en determinar si los fondos federales que ejercen los ayuntamientos municipales pueden ser auditados por los órganos de fiscalización de las Legislaturas de los Estados o si sólo pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el artículo 79 de la constitución federal estable un régimen competencial concurrente para la fiscalización de los recursos federales de tal manera que dicha facultad puede llevarse a cabo por las Legislaturas de los Estados y la Auditoría Superior de la Federación; además, refirió que tal artículo constitucional no tiene que ser interpretado en que la entidad de fiscalización superior de la Federación es el único que le corresponde la fiscalización de todos los recursos de origen federal, de ser así es probable que dicho órgano de fiscalización no cuente con la capacidad y los recursos necesarios para hacer una revisión puntual y oportuna de todas las cuentas públicas anuales municipales.9

Fue hasta la reforma constitucional del 7 de mayo de 2008 que se estableció de manera puntual que la Auditoría Superior de la Federación podía fiscalizar de manera directa los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios, Distrito Federal y órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales con excepción de las participaciones federales.

Las reformas constitucionales del 26 y 27 de mayo de 2015 conservan el régimen competencial concurrente para la fiscalización de recursos de origen federal que se estableció en la reforma constitucional del 30 de julio de 1999. La función de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos federales administrados y erogados por los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal y demarcaciones políticas tiene como fin último determinar la existencia de posibles afectaciones a la Hacienda Pública Federal, en tanto que la fiscalización de los órganos superiores de fiscalización local busca la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas locales.

Del proyecto de reforma legal:

La presente iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene como objetivo central adecuar y armonizar dicha Ley con las reformas constitucionales publicadas los días 26 y 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación en las materias de disciplina financiera a las entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción, las cuales fortalecieron las atribuciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación en su función de fiscalización de la Cuenta Pública hacia los gobiernos estatales y municipales respecto a las garantías que otorgue el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y municipios, y de las participaciones federales que les asigna y aprueba la Cámara de Diputados.

Con la finalidad de tener una perspectiva más clara sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la ley reglamentaria del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

Texto actual:

Texto propuesto por la iniciativa

TÍTULO PRIMERO
“Disposiciones Generales”
Capítulo Único

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos federales entregados a entidades federativas y municipios a través de transferencias federales y participaciones federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales o de manera directa para su fiscalización; así como de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
“De la Fiscalización de la Cuenta Pública”
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

a) a g)…

 

 

 

 

 

II a V…

 

Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

a) a g)…
h) Las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios, con la siguiente desagregación:
i. Destino;
ii. Ejercicio;
iii. Fuente o garantía de pago;
iv. Plazo pactado;
v. Por acreedor;
vi. Tasa de interés promedio ponderada.

II a V…

Capítulo II
De la fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto:

I a III…

IV.- Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto:

I a III…

IV.- Revisar que las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios se hayan destinado y ejercido para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública estatal y municipal.

V.- Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I a X…

XI.- Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XII a XXVIII…

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I a X…

XI.- Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

La entidad de fiscalización superior de la Federación, fiscalizará las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios, mismos que serán destinados y ejercidos para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública estatal y municipal.

Asimismo, se coordinará con las entidades de fiscalización superior locales, para fiscalizar de manera directa las participaciones federales entregadas a estados y municipios.

Capítulo III
Del contenido del Informe del Resultado y su análisis

Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de las auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente:

I a VI…

VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

 

 

VIII.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas.

 

IX.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas  donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones, y

X.- Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de las auditorías practicadas  e incluirá como mínimo lo siguiente:

I a VI…

VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales, que incluye las aportaciones federales y participaciones federales, por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

VIII.- Los resultados de la revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios;

IX.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas;

 

 

 

X.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones, y

XI.- Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

TÍTULO TERCERO
De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por órdenes de Gobierno Locales y Particulares.

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

 

 

 

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente las transferencias federales y participaciones federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales, que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; también, fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

La presente iniciativa busca aplicar el principio de supralegalidad constitucional10 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es decir, modificar diversos artículos de esta Ley con el objetivo de garantizar y vincular las nuevas facultades constitucionales que tiene la Auditoría Superior de la Federación en su ley reglamentaria respecto a las atribuciones de la función de fiscalización sobre las participaciones federales y las garantías que otorgará el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y municipios. En 2014, las participaciones federales erogadas por los gobiernos estatales y municipales ascendieron a 584,904.3 millones de pesos, monto que representó el 36.3% del gasto federalizado y el 12.8% del gasto total ejercido11, éstos recursos ahora pueden ser revisados y fiscalizados por la entidad de fiscalización superior de la federación con fundamento en el decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.

La iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que presentamos a esta Soberanía es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, ello con fundamento en el artículo 73, fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, párrafo segundo; 12, fracción IV y se recorre el actual en la fracción V; 29, fracciones VII y VIII, y se recorren los actuales en IX, X y XI; y 37.Se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 15, todos ellos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, los gastos fiscales y la deuda pública; las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos federales entregados a entidades federativas y municipios a través de transferencias federales y participaciones federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales o de manera directa para su fiscalización; así como de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo establece el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

a) a g)…

h) Las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios, con la siguiente desagregación:

i. Destino;

ii. Ejercicio;

iii. Fuente o garantía de pago;

iv. Plazo pactado;

v. Por acreedor;

vi. Tasa de interés promedio ponderada.

II a V…

Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto:

I a III…

IV.- Revisar que las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios se hayan destinado y ejercido para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública estatal y municipal.

V.- Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I a X…

XI.- Fiscalizar los recursos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

La entidad de fiscalización superior de la Federación, fiscalizará las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios, mismos que serán destinados y ejercidos para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública estatal y municipal.

Asimismo, se coordinará con las entidades de fiscalización superior locales, para fiscalizar de manera directa las participaciones federales entregadas a estados y municipios.

Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de las auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente:

I a VI…

VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales, que incluye las aportaciones federales y participaciones federales, por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

VIII.- Los resultados de la revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios;

IX.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas;

X.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que les hayan hecho durante las revisiones, y

XI.- Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente las transferencias federales y participaciones federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales, que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; también, fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Alejandro Tello Cristera.

1 Artículo 12, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

2 Artículo 1°, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

3 Informe General de la Cuenta Pública 2013, Auditoría Superior de la Federación, pp. 25-28, www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf

4 FAYA, Viesca Jacinto. Finanzas Públicas. México, Séptima edición, 2008, editorial Porrúa, pp. 231 y 232.

5 Óp. Cit. Informe General de la Cuenta Pública 2013, pp. 33-35.

6 BERLÍN, Valenzuela Francisco. Derecho parlamentario. México, Primera edición, 1994, Sexta reimpresión, 2006, editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 144.

7 FERRER MAC-GREGOR, Poisot Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steriner. Derechos humanos en la constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, volumen I. México, Primera edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad Adenauer, pp. 1106-1107.

8 No. Registro 190026. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, pp. 881.

9 www.scjn.gob.mx/Transparebcia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2003/87_03.pdf

10 CARBONELL, Sánchez Miguel. Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México, Primera edición, 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 176-181.

11 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/l/17.06.GPF.pdf

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Romero Celis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar dos iniciativas con proyectos de Decreto por el que reforma el artículo 122 constitucional y por el que se reforman diversos artículos al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 Y 67; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-B AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es un principio general del derecho, que todo aquel que cause un daño a otro, debe repararlo. Esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar, dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal.

Sin embargo, por la naturaleza y alcance, es que tiene el servicio público la responsabilidad que tenemos quienes nos desempeñamos en él, es de tal importancia e impacto social que ha dado lugar a una forma especial de responsabilidad. Es la responsabilidad administrativa.

Esta surge como consecuencia del actuar irregular o ilícito de un servidor público en ejercicio de sus funciones.

Diferenciando esa responsabilidad, de la penal y de la civil, a las que también estamos sujetos.

Por desgracia existen vacíos legales o falta de cumplimiento de las normas existentes que han provocado un clima favorable para que muchos servidores públicos falten a su compromiso de conducirse con legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos.

Por desgracia, hoy nos hemos distinguido más por ser un país que convive y tolera a la impunidad; que por sancionar con severidad a quienes usan el servicio público para sus propios fines.

Hoy hemos llegado a tal nivel de debilidad institucional, que pesa más y tiene mayores repercusiones una denuncia en medios de comunicación que ante la Controlaría General del Distrito Federal o la Secretaría de la Función Pública.

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia Mexicana, desde el 2001, el Distrito Federal es junto con el Estado de México, la entidad federativa con el gobierno más corrupto.

En la última edición de este índice se puede observar cómo a diferencia de otras entidades federativas como Puebla, que hace 10 años tenían un alto índice de corrupción, hoy va avanzando mucho en este tema. Y el Distrito Federal, en lugar de ir avanzando, desafortunadamente ha ido empeorando.

En línea con este índice, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, en el año 2013, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor porcentaje de su población que tuvo contacto con un servidor público corrupto.

Ahora bien, el pasado 27 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia de combate anticorrupción.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que impulsamos, por supuesto, con mucha fuerza, desde Acción Nacional, deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deben llevar a cabo reformas a su legislación local a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la intención de prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción.

Sin embargo, si nos vamos al Distrito Federal, solamente se reformó el artículo 122 constitucional a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa de la facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Local de Justicia Administrativa, pero faltó hacer referencia expresa a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal.

En la Ciudad de México la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es la establecida por el Congreso de la Unión mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Lo anterior conforme al denominado régimen de facultades expresas, bajo el cual no está expresamente otorgada la facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para poder legislar en la materia. Está constitucionalmente impedida para hacerlo, a pesar de que el Distrito Federal cuenta con mecanismos de administración, de vigilancia y de supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad, la cual se encarga del Sistema de Control, Evaluación y Sanción de aquellos servidores públicos que actúan de manera irregular en el ejercicio de sus funciones.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hoy no cuenta con la facultad para legislar en esta materia, lo que imposibilita a que la Ciudad de México tenga una Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que sea propia, adecuada también a las necesidades locales y a sus características específicas, todo esto en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas, cosa que hoy en día no tenemos en la Ciudad de México.

No existe una razón jurídica, de estructura o ingeniería gubernamental por la cual al Distrito Federal no le sea conferida desde la propia Constitución, la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución, responde más bien a una omisión legislativa que, en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia y fortalecimiento a una cultura de la rendición de cuentas, debe   corregirse.
Le ha costado muy caro a la ciudad, una cifra cercana a 70 mil millones de pesos al año, tener que padecer dos realidades: por un lado, cargar con la pesada losa de un gobierno local con funcionarios corruptos en todos sus niveles; y por otro lado, tener que agachar la cabeza ante instancias que no cumplen con su función para sancionar y castigar esas conductas, porque las normas no responden a las necesidades locales.

Dentro de este paquete de reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, es indispensable incluir las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de adecuarlo a los nuevos parámetros anticorrupción y el nuevo diseño orgánico de los órganos de fiscalización y justicia administrativa, lo cual compete al Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto por el inciso a) fracción II, del artículo 122 de nuestra Constitución.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, someto a consideración de este Senado de la República, dos iniciativas que plantean crear el Sistema Anticorrupción del Distrito Federal y adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a los mínimos del Sistema Nacional Anticorrupción.

La primera de ellas plantea reformar el artículo 122, Apartado C, base primera, de nuestra Constitución, a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la facultad para legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la ciudad.

La segunda iniciativa prevé reformar los artículos 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67, y adicionar los artículos 9, Apartado A, y 9, Apartado B, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y plantea entre muchas otras cosas cuatro puntos que les voy a compartir:

1. La creación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, el cual contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.

2. La autonomía y nuevas facultades de fiscalización para la Auditoria Superior de la Ciudad de México.

3. La creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, con la facultad para conocer de los casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal.

4. Dotar de facultades a la Asamblea Legislativa para que pueda:

Primero. Legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Segundo. Ratificar el nombramiento del Contralor General de la Ciudad.

Tercero. Nombrar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos Locales.

En resumen, compañeros, estas iniciativas responden, en primer lugar, a la exigencia de miles y miles de capitalinos hartos de la corrupción en el Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, en los gobiernos delegacionales.

Al mismo tiempo, son una alternativa a reformas vinculadas a la reforma política del Distrito Federal, que no pueden esperar a que la Cámara de Diputados tenga a bien discutirla.

En este Senado de la República hicimos nuestra tarea, aprobamos la reforma política del Distrito Federal que más adelante se quedó detenida en la Cámara de Diputados y, por eso, me atrevo a presentar este paquete de reformas, porque si nos esperamos a que la Cámara de Diputados haga su tarea, podrían pasar varios meses, incluso, años, para que se apruebe la reforma política para la Ciudad de México, que desafortunadamente, sigue detenida.

Por eso me atrevo a presentar, insisto, este paquete de reformas, en el marco, además, de la discusión que se estará dando en próximos días sobre el modelo anticorrupción que necesitamos como país. Me encantaría que dentro de todas las reformas pudiésemos hablar también de la Ciudad de México y pudiésemos, además, incluir las dos iniciativas que en este momento estoy presentando.

La Ciudad de México, soy una convencida, que debe estar a la altura de las demandas de sus habitantes, y a su condición de capital de la República.

En buena medida, esto depende de que tengamos un gobierno que trabaje con integridad, que rinda cuentas en todo momento y que esté en manos de servidores públicos con verdadera vocación.

Hoy, lamentablemente, presentas una denuncia, una queja, ante la Contraloría General o, incluso, ante la misma Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y no pasa nada, no hay consecuencias.

La mayoría de denuncias presentadas han sido guardadas desde hace ya más de una década y, por supuesto, vemos a servidores públicos que todos los días hacen de las suyas, que ya encontraron el modelito para corromper a los ciudadanos y así ha ido funcionando, desgraciadamente, la Ciudad de México y sus estructuras de gobierno.

Es cuanto, señor Presidente, y espero que los compañeros que quieran sumarse a este esfuerzo por el Distrito Federal, así lo hagan.

Muchas gracias.

Iniciativas

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un principio general del Derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe repararlo. Esta obligación de reparar el daño, puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar, dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él, es de tal envergadura que ha dado lugar a una forma especial de responsabilidad distinta de las tradicionales, la responsabilidad administrativa.

Así, la responsabilidad administrativa surge como consecuencia del actuar ilícito de un servidor público en ejercicio de sus funciones, diferenciando esa responsabilidad de la penal y de la civil, a las que también está sujeto. Los actos u omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, darán lugar a responsabilidad administrativa.

En el caso del Distrito Federal, la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es la establecida por el Congreso de la Unión mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo anterior con fundamento en el denominado régimen de facultades expresas, bajo el cual, al no estar expresamente otorgada la facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en la materia en el artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Asamblea Legislativa está constitucionalmente impedida para hacerlo.

A pesar de que el Distrito Federal cuenta con mecanismos de administración, vigilancia y supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la cual se encarga del sistema de control, evaluación y sanción de aquellos servidores públicos que actúan de manera irregular en ejercicio de sus funciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con la facultad para legislar en la materia, lo que imposibilita que la Ciudad de México tenga una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos adecuada a las necesidades locales, a sus características específicas y tipicidades, todo ello en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas por parte de los servidores públicos del Distrito Federal.

No existe una razón jurídica, de estructura o ingeniería gubernamental, para que al Distrito Federal no le sea conferida, desde la propia Constitución, la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución, responde, más bien, a una omisión legislativa que, en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia y fortalecimiento a una cultura de la rendición de cuentas, debe corregirse.

El pasado 27 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deberán llevar a cabo diversas reformas a su legislación local a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, bajo los mínimos fijados en el artículo 113 de nuestra Constitución.

Sin embargo, en cuanto al Distrito Federal, sólo se reformó el inciso C, BASE PRIMERA, fracción V, del artículo 122 constitucional a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa de la facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, pero faltó hacer referencia expresa a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 122.-

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. a IV. …

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) a o) …

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea;

q) Legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal, atendiendo a la ley general a la que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-V de esta Constitución; y

r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

TERCERO.- En tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no expida la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal, deberá seguirse aplicando en el Distrito Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de octubre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

Cfr. Participación de la señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en la inauguración del ciclo de conferencias organizado por la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con motivo de la publicación de la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, llevada a cabo en el auditorio de dicha Secretaría en la Ciudad de México, el 21 de mayo de 2002.






La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 Y 67; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-B AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, tomando en consideración el siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO.- En línea con lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, en esta misma fecha, presenté en conjunto con la presente iniciativa, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la facultad para legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal.

Con base en lo anterior, someto la presente iniciativa a consideración de esta Cámara de Senadores, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un principio general del Derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe repararlo. Esta obligación de reparar el daño, puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar, dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él, es de tal envergadura, que ha dado lugar a una forma especial de responsabilidad distinta de las tradicionales, la responsabilidad administrativa.

Así, la responsabilidad administrativa surge como consecuencia del actuar ilícito de un servidor público en ejercicio de sus funciones, diferenciando esa responsabilidad de la penal y de la civil, a las que también está sujeto.

Los actos u omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, dan lugar a responsabilidad administrativa.

Conforme se puede ver en el histórico del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, desde el 2001, el Distrito Federal es, junto con el Estado de México, la entidad federativa con el gobierno más corrupto.

En la última edición de este índice, se puede observar cómo, a diferencia de otras entidades federativas, como Puebla, que hace 10 años tenían un índice alto de corrupción y que hoy han avanzado mucho en este tema, el Distrito Federal en lugar de avanzar, se mantiene igual o peor.

En línea con este índice, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (2013), el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor porcentaje de su población que tuvo contacto con un servidor público corrupto.

Ahora bien, el pasado 27 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó desde hace años Acción Nacional, deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deben llevar a cabo diversas reformas a su legislación local a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, bajo los mínimos fijados en el artículo 113 de nuestra Constitución.

Sin embargo, en cuanto al Distrito Federal, sólo se reformó el artículo 122 constitucional, a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa la facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal local de Justicia Administrativa, pero faltó hacer referencia expresa a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal.

A pesar de que el Distrito Federal cuenta con mecanismos de administración, vigilancia y supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la cual se encarga del sistema de control, evaluación y sanción de aquellos servidores públicos que actúan de manera irregular en ejercicio de sus funciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con la facultad para legislar en esta materia, lo que imposibilita que la Ciudad de México tenga una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, adecuada a las necesidades locales, a sus características específicas y tipicidades, todo ello en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas por parte de los servidores públicos del Distrito Federal.

No existe una razón jurídica, de estructura o ingeniería gubernamental, por la cual, al Distrito Federal, no le sea conferida, desde la propia Constitución, la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución, responde, más bien, a una omisión legislativa que, en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia y fortalecimiento a una cultura de la rendición de cuentas, debe corregirse.

Además, dentro del paquete de reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, faltó incluir las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a efecto de adecuarlo a los nuevos parámetros anticorrupción y el nuevo diseño orgánico de los órganos de fiscalización y justicia administrativa, lo cual compete al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el inciso A, fracción II del artículo 122 de nuestra Constitución.

Por ello, la presente iniciativa plantea adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a los mínimos del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, entre otras cosas, esta iniciativa contempla:

1. La creación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, el cual contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana; 

2. La autonomía y nuevas facultades de fiscalización para la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

3. La creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, con la facultad para conocer de los casos de responsabilidad administrativa grave de los servidores públicos del Distrito Federal; 

4. Dotar de facultades a la Asamblea Legislativa para que pueda: 

A. Legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal; 

B. Ratificar el nombramiento del Contralor General del Gobierno del Distrito Federal; y 

C. Nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos locales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67; y se adicionan los artículos 9-A y 9-Bal Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 9.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal tendrá plena autonomía para dictar sus fallos, así como para establecer su organización y funcionamiento interno.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal.

El Tribunal se compondrá de una Sala Superior y Salas Ordinarias, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero del presente artículo, conforme lo establezca su ley orgánica. Igualmente y por acuerdo de la Sala Superior, podrán formarse Salas Auxiliares cuando se requiera por necesidades del servicio.

Los Magistrados serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes de la Asamblea Legislativa. Durarán en su encargo quince años improrrogables y sólo podrán ser removidos en términos de lo dispuesto por el Título Cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley orgánica respectiva establecerá los requisitos para ser Magistrado, el funcionamiento y competencia de las Salas, el procedimiento, los recursos contra las resoluciones que éstas dicten, y los términos en los que será obligatoria la jurisprudencia que establezca la Sala Superior, así como los requisitos para su interrupción y modificación.”

“Artículo 15.- Las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal se regularán por la ley general de la materia que expida el Congreso de la Unión; además, salvo las de los servidores de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se regularán por la ley de la materia que expida la Asamblea Legislativa.”

“Artículo 25.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados vigilará la correcta aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento del Distrito Federal que realice el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.”

“Artículo 37.- …

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

I. a VI. …

VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VIII. a X. …

…”

“Artículo 42.- La Asamblea Legislativa tiene facultades para:

I. a VI. …

VII. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, la cual regulará su organización y funcionamiento, su competencia, el procedimiento, los recursos contra sus resoluciones y la forma de integrar su jurisprudencia;

VIII. …

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la propia Asamblea, dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus facultades, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

X. a XIX. …

XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los resultados de dichos análisis, se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública que realice la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la propia Asamblea;

XXI. a XXIII. …

XXIV. Decidir sobre las propuestas que haga el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ratificar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal;

XXV. a XXVIII. …

XXIX. Recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por conducto del Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, los cuales podrán ser citados a comparecer ante comisiones;

XXX.- Legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal;

XXXI.- Ratificar, por el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes, el nombramiento que haga el Jefe de Gobierno del titular de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal;

XXXII. Designar, por el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos locales; y

XXXIII. Las demás que le otorgan la Constitución y este Estatuto.”

“Artículo 43.- Para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea Legislativa dispondrá de un órgano técnico denominado Auditoría Superior de la Ciudad de México, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus facultades y para decidir sobre su organización interna y funcionamiento, en los términos que disponga la ley. Su coordinación y evaluación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, estará a cargo de la comisión respectiva que señale la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.

Si del examen que la Auditoría Superior de la Ciudad de México realice, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada por el Jefe de Gobierno a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de abril del año siguiente. En caso de prórroga, ésta no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Ciudad de México contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.

La Asamblea Legislativa deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la fiscalización, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, seguirá su curso conforme a la ley.

La Asamblea Legislativa evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Ciudad de México podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que otorgue el Gobierno del Distrito Federal; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Órganos de Gobierno y órganos autónomos locales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas del Distrito Federal, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas. Las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Ciudad de México emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Ciudad de México rendirá un informe específico a la Asamblea Legislativa y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, o ante las autoridades competentes;

II. Entregar a la Asamblea Legislativa, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Asamblea. El informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Asamblea Legislativa, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Ciudad de México las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá entregar a la Asamblea Legislativa, el primer día de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos locales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública y los informes individuales de auditoría a la Asamblea Legislativa; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, o ante las autoridades competentes, para la imposición de las sanciones que correspondan a servidores públicos y particulares. 

La Asamblea Legislativa designará al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido en términos de lo dispuesto por el Título Cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México se requiere contar con los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, salvo por el requisito de ser licenciado en Derecho. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Órganos de Gobierno, los órganos autónomos locales y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.”

“Artículo 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde:

I. a III. …

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la misma, de conformidad con las siguientes bases:

a) No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:

1. a 2. …

3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Auditoría Superior de la Ciudad de México;

4. a 5. …

b) a c) …”

“Artículo 53.- Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. a VII. …

VIII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

IX. a XI. …”

“Artículo 67.- Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

I. a VII. …

VIII. Proponer Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y designar los del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal y someter dichas propuestas y designaciones, según sea el caso, para su ratificación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

IX. a XII. …

XIII. Enviar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa la Cuenta Pública del año anterior, a más tardar el 30 de abril;

XIV. a XXXI. …”

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 9-A y 9-B al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los términos siguientes:

Artículo 9-A.- El Sistema Anticorrupción del Distrito Federal es la instancia de coordinación entre todas las autoridades competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal; por los presidentes del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal y del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y otro del Comité de Participación    Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley; y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley: 

a) La coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen los entes públicos del Distrito Federal;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del Distrito Federal en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.”

Artículo 9-B.- Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación yen la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de la entrada en vigor de las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá expedir las leyes necesarias, y realizar las adecuaciones necesarias a las ya existentes, para la implementación de las reformas previstas en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos de gasto establecidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Asamblea Legislativa;

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; y

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

QUINTO.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados.

SEXTO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal en los términos que determine la ley.

SÉPTIMO.- Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden en el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, en los términos que la ley determine.

OCTAVO.- En tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no expida la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal, deberá seguirse aplicando en el Distrito Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de octubre de 2015

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. La iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo que respecta al proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tome nota la Secretaría que el Senador Pablo Escudero se adhiere a la iniciativa de la Senadora Mariana Gómez del Campo.






Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar, a nombre del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, SEGUNDO PÁRRAFO; 15, FRACCIÓN XVI; 49 Y 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En nombre de mi colega, el Senador Benjamín Robles Montoya, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Durante los últimos años, el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha tomado relevancia en México, sobre el particular, el suscrito ha presentado diversas iniciativas al respecto.

Cabe señalar que se coincide con Luis Carlos Ugalde, en que este debate aún es muy incipiente en nuestro país, y que éste se ha centrado, principalmente, en el ámbito federal, posponiendo el análisis de fondo de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales.

Esta omisión es preocupante, porque desde los años 80’s, México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente, en educación y servicios de salud, que dio como resultado una incalculable suma de recursos que hasta hoy, al menos en el sector educativo, eran ejercidos desde los estados y municipios.

Lamentablemente, es que ese proceso de descentralización no se acompañó de la construcción de instituciones modernas y eficaces en materia de rendición de cuentas, por lo que la corrupción se expandió de manera alarmante en esos ámbitos de gobierno.

Si entendemos a la rendición de cuentas como la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, es el último depositario de la soberanía en una democracia.

Nos damos cuenta que control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implica la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones.

Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos de un sistema global de rendición de cuentas, pero éste abarca, además, otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos que los gobernantes deben rendirles a los ciudadanos.

Finalmente, el concepto de transparencia no implica un acto de rendir cuenta per se, sino que es la práctica de colocar la información disponible para la revisión y el análisis de quien estén interesados en ella, y en algunos casos se usa como mecanismo para sancionar, en caso de que haya anomalías en su interior.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las instituciones más sólidas e importantes en el proceso de democratización del Estado, resultando su labor fundamental en la rendición de cuenta a que se refiere.

La fiscalización superior fue concebida como una actividad del Estado que contribuye al equilibrio entre los Poderes de la Unión, y ésta, depositada en la representación popular, que se auxilie de un órgano técnico para auditar la cuenta pública, con los resultados de sus revisiones y la publicación de éstos. La Auditoría Superior de la Federación, contribuye a la toma de conciencia, respecto de elementos fundamentales de la gestión pública.

Asimismo, a la identificación de oportunidades de mejorar en el desempeño gubernamental.

Los problemas estructurales de la Administración Pública Federal y los hechos irregulares son señalados en el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, ofreciéndose propuestas y recomendaciones para la solución; así como acciones correctivas y preventivas.

Luego entonces, el problema radica en si es suficiente o no la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría, partiendo del hecho de que en ocasiones sus recomendaciones no son tomadas en cuenta o que las denuncias o querellas penales que presentan, no son atendidas como debe ser, dando pie a la prescripción de los hechos.

Por tanto, con esta iniciativa, se pretende ampliar y fortalecer el campo de acción de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que haya un mejor control y fiscalización de los recursos federales, ministrados a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Por lo anterior expuesto, respetuosamente, me permito someter a esta soberanía este proyecto de iniciativa, convencidos de que contaremos con su apoyo.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha tomado relevancia en México, sobre el particular, el suscrito he presentado diversas iniciativas al respecto.

Cabe señalar que coincido con Luis Carlos Ugalde1 en que este debate aún muy incipiente en nuestro país, y que este se ha centrado principalmente en el ámbito federal, posponiendo el análisis de fondo de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales.

Esta omisión es preocupante porque desde los años ochenta México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que dio como resultado una incalculable suma de recursos que hasta hoy, al menos en el sector educativo, eran ejercidos desde los estados y municipios. Lo lamentable es que, ese proceso de descentralización no se acompañó de la construcción de instituciones modernas y eficaces en materia de rendición de cuentas, por lo que la corrupción se expandió de manera alarmante en esos ámbitos de gobierno.

Si entendemos a la rendición de cuentas como “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.2

Nos damos cuenta que control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones. Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos de un sistema global de rendición de cuentas, pero éste abarca  además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos que los gobernantes deben rendir a los ciudadanos. Finalmente, el concepto de “transparencia” no implica un acto de rendir cuentas per se, sino que es la práctica de colocar la información disponible para la revisión y análisis de quien esté interesado en ella y, en algunos casos, se usa como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las instituciones más sólidas e importantes en el proceso de democratización del Estado, resultando su labor fundamental en lo que a rendición de cuentas se refiere.

La fiscalización superior fue concebida como una actividad del Estado que contribuye al equilibrio entre los tres poderes de la Unión y está depositada en la representación popular, que se auxilia de un órgano técnico para auditar la Cuenta Pública. Con los resultados de sus revisiones y la publicación de estos, la Auditoría contribuye a la toma de conciencia respecto de elementos fundamentales de la gestión pública y a la identificación de oportunidades de mejora en el desempeño gubernamental. Los problemas estructurales de la Administración Pública Federal y los hechos irregulares son señalados en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, ofreciéndose propuestas y recomendaciones para su solución, así como acciones correctivas y preventivas3.

Luego entonces, el problema radica en si es suficiente o no la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría, partiendo del hecho de que en ocasiones sus recomendaciones no son tomadas en cuenta o que las denuncias o querellas peales   que presentan, no son atendidas como debe ser, dando pie a la prescripción de los hechos.

Por tanto, con esta iniciativa se pretende ampliar y fortalecer el campo de acción de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que haya un mejor control y   fiscalización de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 1.-

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, incluyendo las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 15.-

I a XV.- …

XVI. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, independientemente de la naturaleza dela entidad fiscalizada, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades en que incurran los servidores públicos ya seafederales, estatales, municipales o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federalpor actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales conforme a los ordenamientos aplicables.

También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales correspondientes;

XVII a XXVIII. …

Artículo 49.- Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal sin importar el ámbito de su aplicación o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. a III. …;

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, dar seguimiento a la integración y posterior consignación de la misma, y

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes, aportando las pruebas con que cuente. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad:

I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública Federal, independientemente del orden de gobierno que administrase o ejerciera el recurso, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y

II. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 UGALDE, Luis Carlos. “La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales.” Auditoría Superior de la Federación.

2 Delmer D. Dunn, “MixingElected and NonelectedOfficials in DemocraticPolicyMaking: Fundamentals of Accountability and Responsibility”, en Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan C. Stokes, Democracy, Accountability and Representation, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 1999

3 http://archivo.estepais.com/site/2013/fortalecer-la-auditoria-superior-de-la-federacion/#sthash.6TFBmCXI.dpuf

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra, por favor.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para, primero, felicitar al proponente, al compañero Senador Mayans Canabal, por la iniciativa que acaba de presentar en este Pleno. Y segundo, para pedir la autorización del orador, Senador Mayans Canabal, de que me pueda suscribir a la misma.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Mayans Canabal, ¿acepta la adhesión de la Senadora Guerra Castillo?

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Es una iniciativa del Senador Benjamín Robles Montoya, me pidió que la presentara, pero con mucho gusto. Creo que no tendría ningún inconveniente de que las compañeras Senadoras y compañeros Senadores se sumen a la misma.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Guerra Castillo, por favor.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Pido, entonces, en consecuencia, que sea autorizada, por favor, en ausencia del Señor Benjamín Robles Montoya, Senador y compañero nuestro, que por favor la Mesa Directiva me anote, me adhiero a esta iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome la Secretaría nota de la adhesión de los Senadores Guerra Castillo, Rosas Aispuro, Barroso Agramont, Casillas Romero y Pineda Gochi.






Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 90 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud, más que la ausencia de afecciones o enfermedades, es un estado de bienestar físico, mental y hasta social.

Este estado de salud a su vez permitirá a las personas mantener buenos estándares de funcionamiento en su organismo para desarrollar sus diferentes actividades y con ello llevar una vida con calidad, autonomía y plenitud.

Por ello, entre los derechos fundamentales de todas las personas se encuentra precisamente el relativo a la protección de la salud, consagrado en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En tal virtud, a fin de hacer efectivo el invocado derecho, en nuestro país, se creó el Sistema Nacional de Salud, constituido por las dependencias y entidades de la administración pública tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presenten servicios de salud.

Esto es, prácticamente todas las entidades de salud conforman este sistema, no obstante en su operatividad cuentan con grandes y enormes diferencias atentos a su naturaleza misma, ya sean públicas o privadas.

Para el caso que me permito traer a la consideración de esta Honorable Asamblea, el relativo a la observancia de los cuadros y catálogo básico de insumos y medicamentos, evidentemente, por parte del sector público.

A manera de antecedente, mencionar que en los servicios básicos de salud se contemplan, entre otros, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y para tal efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos.

En ese tenor, la fracción V del artículo 17 y el artículo 28 de la Ley General de Salud, disponen que el Consejo General de Salubridad debe elaborar un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel; cuadros a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, incluyendo las dependencias de seguridad social.

De esta manera las instancias públicas del sector salud se concretan a prescribir solamente los medicamentos contenidos en esos instrumentos, sin atender al supuesto en el que alguno que no esté contemplado pueda resultar indispensable para la protección de la salud de las personas, es más, de prescribirse éste, no es suministrado por los servicios farmacéuticos de estas instituciones.

Sin duda, una disposición contraria al derecho humano a la protección de la salud, cuando en su lugar estas dependencias deberían suministrar los medicamentos que sean necesarios aun cuando no estén previstos en los referidos cuadros básicos.
Para lograr este imperante cambio en la protección de la salud de los mexicanos, que utilizan los servicios del sector público, es necesario cambiar los paradigmas, los alcances jurídicos de los cuadros, catálogos básicos de insumos para la salud, en el que de primera instancia éstos sean considerados como las existencias mínimas y no las máximas a proveer, esto es, darle un sentido contrario y pasar del concepto limitativo al enunciativo.

Es dable decir que la aplicación del cuadro básico y el catálogo de insumos de la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a hacer más homogéneas las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud, por lo que éste debiera ser un segundo alcance jurídico con efectos positivos.

De esta manera se daría una justa dimensión a dichos instrumentos, que en resumidas cuentas se estarían a los de existencias mínimas de clasificación, codificación, presupuestales y de adquisiciones, dejando por separado el deber del Estado de suministrar a los beneficiarios de los servicios de salud pública los medicamentos que en la realidad necesiten y le sean prescritos aunque no estén incluidos en los cuadros básicos y catálogo de insumos del sector.

Para ello, se sugiere reformar el artículo 28 de la Ley General de Salud y el artículo 90 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 28 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y el tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, como existencias mínimas a garantizar por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos participarán en su elaboración, la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

En los casos que se requiera algún medicamento o cualquier otro insumo no contemplado, deberá ser suministrado oportunamente, previa prescripción que lo avale.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 90 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios sujetos a la permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

Estos cuadros por ningún motivo constituirán un esquema limitativo, por lo que en los casos que sea necesario algún medicamento no contemplado, deberá suministrarse oportunamente, previa prescripción que lo avale.

Lo que estamos pretendiendo entonces aquí, es pasar del sistema actual que se tiene en los cuadros básicos del sector salud, que son evidentemente restrictivos, para pasar a un esquema más amplio, que garantice, no el mínimo o no el máximo, que partamos de la base de que esto es lo máximo que podemos otorgar, sino cambiar la idea y que sea el mínimo de los cuadros básicos deban contener los medicamentos que sean suministrados por el sector salud.

Esta iniciativa, señor Presidente, la suscribe con un servidor la Senadora Martha Palafox, por lo cual solicito, señor Presidente, sea turnada a las comisiones correspondientes.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, para favorecer el adecuado suministro de medicamentos a los usuarios de los servicios de salud pública en nuestro país, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo cotidiano no se valora hasta que se pierde. Lamentablemente entre esas cotidianeidades se encuentra una inmensa fortuna: La Salud.

Conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es más que la ausencia de afecciones o enfermedades, es un estado de bienestar físico, mental y hasta social.

Este estado de salud a su vez, permitirá a las personas mantener buenos estándares de funcionamiento en su organismo para desarrollar sus diferentes actividades y con ello, llevar una vida con calidad, autonomía y plenitud.

Por ello, que entre los derechos fundamentales de todas las personas, se encuentre precisamente el relativo a la protección de la salud, consagrado así en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En tal virtud, a fin de hacer efectivo el invocado derecho, en nuestro país se creó el Sistema Nacional de Salud, constituido de conformidad al artículo 5 de la Ley General de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones. Sistema en el que evidentemente participan las instituciones públicas de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esto es, prácticamente todas las entidades de salud conforman este sistema, no obstante, en su operatividad cuentan substanciales diferencias, atentos a su naturaleza misma, ya sean públicas o privadas. Es dable decir, que esto no se refiere los procederes de atención para salvaguardar la salud de las personas, los cuales se sustentan en normas oficiales y protocolos de actuación.

Estas diferencias se refieren exclusivamente a las inherentes a su naturaleza pública o privada. Para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, el relativo a la observancia de los cuadros y catálogo básicos de insumos y medicamentos, evidentemente por parte del sector público.

A manera de antecedente, es de mencionar que en los servicios básicos de salud se contemplan entre otros, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y que para tal efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos.

En ese tenor, la fracción V del artículo 17 y artículo 28 de la Ley General de Salud, disponen que el Consejo General de Salubridad debe elaborar un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, incluyendo las dependencias de seguridad social. En el mismo sentido, la Ley del Seguro Social en su artículo 90 dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios.

De esta manera, las instancias públicas del sector salud se concretan a prescribir solamente los medicamentos contendidos en estos instrumentos, sin atender al supuesto en el que alguno que no esté contemplado, pueda resultar indispensable para la protección de la salud de las personas, es más, de prescribirse, éste no es suministrado por los servicios farmacéuticos de estas instituciones.

Sin duda una disposición errada, limitativa, cicatera y contraria al derecho humano a la protección de la salud; a la que debiera darse un alcance distinto, pero nunca el de impedimento o restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, de manera tal, que estas dependencias deberían suministrar los medicamentos que sean necesarios, aun cuando no estén previstos en los referidos cuadros básicos.

Para lograr este imperante cambio en la protección de la salud de los mexicanos que utilizan los servicios de sector público, es necesario redimensionar los alcances jurídicos de los cuadros y catálogo básicos de insumos para la salud, en el que de primera instancia, éstos sean considerados como las existencias mínimas y no las máximas a proveer. Esto es, darle un sentido contrario y pasar del concepto limitativo al enunciativo.

Es dable decir, que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud. Por lo que este debiera ser un segundo alcance jurídico con efectos positivos.

De esta manera, se daría una justa dimensión a dichos instrumentos, que en resumidas cuentas se estarían a los de existencias mínimas y de clasificación, codificación, presupuestales y de adquisiciones; dejando por separado el deber del Estado de suministrar a los beneficiarios de los servicios de salud pública, los medicamentos que en realidad necesiten y les sean prescritos, aunque no estén incluidos en los cuadros básicos y catálogo de insumos del sector.

Para ello, se sugiere reformar el artículo 28 de la Ley General de Salud, a efecto de que en su texto normativo se señale expresamente esta obligación, con lo que se estaría dando un paso muy importante para garantizar el derecho humano a la protección de la salud de los mexicanos.

En idénticas condiciones, para efectos de armonización y sistematicidad, también se sugiere la modificación del artículo 90 de la Ley del Seguro Social.

Así, por las razones dadas es que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 90 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, como existencias mínimas a garantizarse por las instituciones públicas del Sistema   Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

En los casos que se requiera algún medicamento o cualquier otro insumo no contemplado, deberá ser suministrado oportunamente, previa prescripción que lo avale.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 90 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

Estos cuadros por ningún motivo constituirán un esquema limitativo, por lo que en los casos que sea necesario algún medicamento no contemplado, deberá suministrarse oportunamente, previa prescripción que lo avale.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones del a Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Si me permite el proponente sumarme a su iniciativa.

El Senador Jesús Casillas Romero: ¡Claro! El pueblo de México se lo va a agradecer.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta, señor Senador?

El Senador Jesús Casillas Romero: ¡Por supuesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome la Secretaría nota de las distintas solicitudes de adhesión a la iniciativa, de los Senadores Casillas Romero, Cuéllar Cisneros, Pineda Gochi, Hernández Lecona, Barroso Agramont y Romero Celis.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del doctorado en Administración Pública de la Universidad Anáhuac, y a profesores de la Universidad París XIII, invitados por el Instituto Belisario Domínguez, asisten a presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y del Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRl, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento esta iniciativa, que ha sido propuesta, en principio, por el Senador Manuel Cota, es un tema que tiene que ver, por supuesto, con algo fundamental para el desarrollo de nuestro país: el campo mexicano.

Haciendo uso de esta máxima tribuna, me permito exponer a nombre del Senador Manuel Cota y propio, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

México es un país con amplia diversidad en la producción de productos agropecuarios, gracias a las condiciones climatológicas y a la riqueza de los recursos naturales con los que contamos en nuestro país. Todo esto obliga, por supuesto, al diseño de políticas públicas que permitan potenciar la eficacia de la producción a través del establecimiento de productos prioritarios y estratégicos, así como la regulación de la producción y comercialización de estos productos, garantizando el desarrollo rural sustentable y la equidad, vista en su más amplia interpretación.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en diciembre de 2001, es reglamentaria del artículo 27 de nuestra Carta Magna, sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable en el país. El párrafo cuarto, del artículo 4o., dice: “Garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del 25 de la Constitución”. Está, plasmado este principio de equidad en todos los ámbitos de nuestro país.

El artículo 3o., en la fracción XXXII, define a un componente muy important para el desarrollo agropecuario, los Sistemas-Producto. Éste es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

En el artículo 105, también de la misma ley, fracción IV, se menciona que la política de comercialización atenderá, entre otros, el propósito de dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar el ingreso de los productores.

En relación a todo esto, es muy importante destacar lo que señala el artículo 106 que a la letra dice: “Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano a través de los Comités Sistema- Producto, elaborarán el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas sectoriales y a los programas operativos anuales de las Secretarías y dependencias correspondientes”.

Así de importante es la participación y el trabajo de los Sistemas-Producto.

De igual manera, en el 149 se establece que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de estos Sistemas-Producto como comités del Consejo Mexicano con la participación de los productores agropecuarios, de los agroindustriales y los comercializadores y todas sus organizaciones, es decir, todos los que participan en la cadena completa del proceso agropecuario. Además, señala cuál es el objeto de la organización de todos estos componentes.

Finalmente, en el artículo 150 y el 151 se señala la integración de los Sistemas-Producto que, dicho sea de paso, se menciona de manera muy general, y al no existir el reglamento correspondiente a la ley de estudio se hace necesario establecer precisiones de lo que se debe observar en materia de equidad en dicha integración.

La iniciativa, materia de estudio, hace referencia a la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada entre SAGARPA y el INEGI en 2012. En ese momento había 86.5 por ciento de productores varones contra 13.5 de productoras mujeres. También, sabemos que en el rubro de mano de obra en 2 vertientes, la no remunerada y la que cuenta con una remuneración, se observa que los trabajadores del campo que no reciben una remuneración por sus labores, el 72 por ciento corresponden al sexo masculino y el 27.1 al femenino.

En lo que respecta a la mano de obra remunerada encontramos el 14.2 por ciento son mujeres y el resto son varones.

En 2014, hay una leve variación de estos datos que estamos presentando porque las mujeres que participan en el sector agropecuario incrementó su porcentaje en 1.6 para llegar a 15.1, ligeras variaciones en los datos antes mencionados.

Por esto, es fundamental distinguir dos datos importantes: primero, la participación de la mujer en el sector agropecuario, la cual se viene incrementando año con año y la expectativa es, de hecho, que siga a la alza. Las mujeres participan en el sector agropecuario de manera formal, de manera remunerada, no remunerada, de manera visible o invisible, sobre todo cuando los varones, que son normalmente los propietarios de la tierra, tienen que emigrar, a otra entidad o a otro país para buscar un sustento, y son las mujeres las que se quedan a cargo de la tierra y de las familias.

La vulnerabilidad en cuanto a las contraprestaciones entonces que recibe la mujer del sector rural, respecto a las labores en esta actividad, está muy distante del género opuesto, es decir, no hay equidad en el trato, en las prestaciones que hay entre hombres y mujeres en el sector agropecuario.

El Ejecutivo Federal ha instrumentado diversos programas que procuran una mayor participación de las mujeres, esto lo vemos en todos los sentidos, en todos los ámbitos. El sector agropecuario no es ajeno a ello. Ya anunció desde el año pasado el Presidente tasas preferenciales a crédito y financiamiento para mujeres productoras; sin embargo, es fundamental la participación de la mujer no solamente en las actividades productivas, sino en los órganos de representación, solamente así se permitirá que su voz sea escuchada, que se incorpore la visión de la mujer en el diseño de políticas públicas, en el diseño y elaboración de reglas de operación que de por sí son complejas y para las mujeres resultan ser más complejas aún y más discriminantes porque la mayoría de los programas exige una escritura, un título de propiedad, y las mujeres no las tienen.

Por eso, su visión y su participación serán fundamentales para propiciar condiciones de igualdad en el sector rural.

Necesitamos estar conscientes de la lucha que han venido realizando las mujeres mexicanas desde principios del siglo pasado.

Se han alcanzado objetivos muy relevantes, sí, en el año de 1938 se reconoció la ciudadanía de las mujeres; en 1953 se concedió el derecho al voto a la mujer; finalmente, en 2014 este Senado de la República aprobó que a través de la Constitución se garantice la paridad de género en las propuestas de los partidos políticos para diferentes cargos de elección popular.

Esos son los logros muy importantes, aún quedan asignaturas pendientes. Por eso, esta iniciativa pretende continuar con la ruta no del otorgamiento de un derecho, ¡no!, sino del reconocimiento de los derechos que por supuesto tienen las mujeres, incluyendo las campesinas, las mujeres rurales, las mujeres indígenas.

Por todo esto, es que esta iniciativa es fundamental, se pretende reformar y adicionar un cuarto párrafo al artículo 150, y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de equidad de género.

De manera que su redacción sea la siguiente.

En la integración de los Comités Nacional de los Sistemas-Producto, deberá incorporarse en las diferentes carteras, de forma intercalada, hombres y mujeres, en la misma proporción de su participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la equidad de género en su composición.

Y en el artículo 151, de manera equivalente pero haciendo referencia a los comités regionales de los Sistemas-Producto, logrando la incorporación de la participación y la visión de las mujeres en este elemento fundamental para el sector agropecuario, los Sistemas-Producto, estamos seguros que estaremos  contribuyendo para garantizar el desarrollo, no sólo del sector primario, sino del país en general.

Muchísimas gracias, es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Romero Celis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros.

Como era de esperarse aumenta en México la inconformidad frente a la práctica del fracking para la explotación petrolera y de gas shale, y no podría ser para menos. Porque realizarla, como lo hemos debatido aquí en varias ocasiones en el Senado, requiere hacer cientos de pozos e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un contaminante coctel de químicos.

Son, recordarán ustedes lo discutido en este Pleno, por lo menos 260 sustancias químicas, algunas son tóxicas, cancerígenas o mutagénicas.

Todas, todas ellas contaminan el agua debido a fallas en la integridad del pozo y a la migración de las sustancias tóxicas a través del subsuelo.

Por eso, en la Unión Americana se ha prohibido en varios estados, lo mismo que en otras muchas otras naciones del planeta.

Destacan en los cinco continentes, también hay que recordarlo, la existencia de más de 300 organizaciones que buscan detenerlo.

Por otra parte, también vale la pena traer a colación que la producción fracking asegura una rentabilidad atractiva, cuando el precio del barril anda por los 80, 90 dólares.

Por ello, en las actuales circunstancias las compañías petroleras buscan la reducción de los costos de mano de obra y la falta de regulación ambiental, lo cual podría ocurrir en México con la llamada Reforma Energética.

Para nosotros lo ideal, compañeras y compañeros, sería prohibirlos mientras se concreta esa posibilidad, nos parece que es urgente y necesario también establecer legalmente el acceso a la información exacta de lo que está pasando con los pozos petroleros que se vienen perforando en el país.

Hay varias instituciones, como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que precisan que hay 940 pozos de extracción en territorio nacional, de los cuales, 349 están en Veracruz, y 172 de manera particular en la zona de Papantla, lugar donde ya se evidencia un importante nivel de contaminación de agua, lo que podría generar desabasto del líquido debido a que se trata de la zona que más pozos concentra en dicho estado.

Se señala, inclusive por parte de esta agrupación, que en México, para fracturar un pozo se pueden utilizar entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que equivaldría nada más y nada menos de entre 900 a 2 mil 900 pipas de agua. Por eso vale la pena recordar, que en estas zonas de Papantla, Veracruz, insisto, estamos hablando de 172 pozos, y lo digo para que podamos tener claro el enorme riesgo y peligro que estamos enfrentando.

Esta situación, compañeras y compañeros, también está presente o estará en el corto plazo en estados como Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y desafortunadamente en mi estado, Oaxaca.

Así, mientras que el agua se va a las empresas de petro fracking, según la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, hay alrededor de 1.8 millones de veracruzanos que no cuentan con acceso de agua en sus casas.

Por esas razones y por muchas otras, ya expuestas anteriormente, es que vengo a presentar, además por encomienda de un grupo de ciudadanos de esa entidad, esta iniciativa con proyecto de Decreto por el cual la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, se obligue a publicar trimestralmente qué es lo que está pasando en este tema, hacerlo cada tres veces, insisto, es decir, presentar los resultados ambientales que se obtengan por la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica, dando a conocer, por ejemplo, por perforación o por área de perforación de pozos, cuál es el volumen de agua que se está utilizando, la procedencia, el destino final y la situación de la contaminación de agua utilizada, cuál es el volumen de sustancias químicas y otras que se están usando, y cuáles son las empresas responsables de la explotación y exploración en dichas áreas.

Todo lo anterior, como lo tendrán seguramente claro, para la identificación del riesgo crítico en materia de agua, en materia de seguridad industrial, o seguridad operativa o de protección al medio ambiente, y de esa manera, compañeras y compañeros, prevenir la contaminación ambiental y el probable envenenamiento de la población.

Como lo he hecho en otras ocasiones, señor Presidente, le agradeceré obsequie al suscrito la inserción íntegra de la iniciativa, que aparece en la Gaceta, en el Diario de los Debates correspondiente a esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona disposición a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En mayo del 2014, coordiné la elaboración de un documento titulado “Impacto social y ambiental del fracking” en la que participaron otros legisladores y especialistas en el tema de la extracción no convencional de petróleo y gas shale. En la presentación del mismo se dice de los resultados de la gira que hicimos por las “capitales de la industria energética” de la Unión Americana para conocer de cerca los resultados de la fracturación hidráulica o fracking. En dicho documento se menciona que

“Para éste tipo de extracción es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas (la separación entre ellos ronda entre 0.6 y 2 Km) e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo…

“Se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos, y algunos de ellos son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos.

“Estos productos pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a  través del subsuelo”

2.- Tales afirmaciones han sido corroboradas en todas las ocasiones que se han realizado estudios serios al respecto. Pero éste método extractivo no solo se circunscribe al ámbito del agua; sino que perjudica de manera irreversible el terreno donde se practica debido a la contaminación de mantos freáticos y acuíferos; a la contaminación ganadera y agrícola de las áreas aledañas. Más aún sus efectos en las poblaciones vecinas son de igual forma irreversibles, y es un atentado en contra de la seguridad antisísmica, pues en grados como se viene efectuando en varios de los estados de EUA, los sismos que se producen han aumentando grandemente debido a la inestabilidad del subsuelo  perforado.

En algunos estados de la Unión Americana, estas prácticas ya han sido desechadas y prohibidas, como fue recientemente en Nueva York, donde se implementó la prohibición por la gravedad de las enfermedades producidas a la población.

Pero por otra parte, en el resto del mundo, destacan: la creciente oposición a dicha práctica de explotación no convencional; las argumentaciones científicas en contra; así como la más de 300 organizaciones de diversos países que buscan detener la explotación de hidrocarburo por fractura hidráulica. Hay países donde se logran fuertes controles; en otros se logra la moratoria o la prohibición como son Reino Unido, Francia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Lituania, Países Bajos, Irlanda, Nueva Escocia, Canadá, Alemania, Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto, Australia, Sudáfrica, entre otros.

3.- Esas prácticas de fracking implementadas agresivamente en EUA, desde el 2009, en realidad han funcionado en contra de los intereses de México. Porque generaron la plus oferta mundial de petróleo por encima de la natural demanda existente, mientras que los países miembros de la OPEP -que reúne a los más grandes abastecedores del petróleo mundial- mantuvieron sus mismos niveles de producción. Esta fue una estrategia para sabotear el mercado energético, pues las cotizaciones pasaron en promedio de 100 dólares a 45 dólares el barril, afectando seriamente el presupuesto de México.

4.- El alto costo de la producción fracking asegura una rentabilidad atractiva cuando el precio es de 80/90 dólares el barril, pero mantenerse en el mercado con precios bajos es suicida para los inversionistas. La reciente subida de los días recientes se debe más a un cierre financiero de “ventas en corto” en el mercado libre que a una probable alza sostenida del precio.

En la actualidad está dejando de ser negocio seguir produciendo bajo esa técnica. De hecho, en EUA, la producción de crudo ha caído de 9.61 millones a 9.1 millones de barriles al día, en el presente año. Pero, varios de esos inversionistas, están observando el comportamiento de México en la definición de condiciones de la Ronda Uno, y a la vez, buscando obtener contratos, ahora mismo, inmediatos, para la explotación no convencional. 

Para esos inversionistas, la única forma que el fracking sea rentable es que se reduzcan los costos de mano de obra, y que legalmente tengan el amparo que no serán regulados ambientalmente de manera tan rigurosa. Sí en las leyes energéticas, se dejaran imprecisiones podría representarles a las compañías petroleras extranjeras una oportunidad de inversión.

Lo ideal sería prohibir en México, la práctica del fracking, pero mientras ocurre esa posibilidad, es urgente y necesario establecer legalmente, el acceso a la información exacta de lo que está pasando con los pozos petroleros que se vienen perforando en el país.
5.- Llama la atención nuestro caso, con mayor razón,  cuando una serie de organizaciones sociales y políticas en particular en Veracruz, vienen señalando el peligro en la región por dicha práctica extractiva. 

La Alianza Mexicana contra el Fracking, por medio de su representante, Alejandra Jimenez, a principios del mes, declaró a la prensa local de Veracruz, (http://formato7.com/2015/10/10/se-exploran-casi-de-mil-pozos-de-fracking/) que hay 940 pozos de extracción en todo el país, de los cuales 349 están en Veracruz, y 172 en la zona de Papantla, donde ya se “evidencia un importante nivel de contaminación del agua, lo que podría generar desabasto del líquido en la zona debido a que se trata de la zona que más pozos concentra en el estado” Identificó que ya se tienen casos de personas afectadas por enfermedades del sistema respiratorio y alergias relacionadas con la industria extractiva.

En esas condiciones, de la apertura del sistema energético nacional a la inversión privada, se están haciendo concesiones y contratos a muchas empresas por parte de PEMEX, de forma tal que queda diluida la responsabilidad de rendir cuentas y cada vez que hay un derrame, una fuga o situación de ducto, la ciudadanía no sabe a quién tienen que ir a reclamar.

Un video publicado en http://nofrackingmexico.org/ precisa que en México, para fracturar un pozo se puede utilizar entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que equivale a nada menos que entre 900 a 2,900 pipas de Agua; y recordemos ya habría en la zona de Papantla, Veracruz, 172 pozos. Pero esta situación también está presente o estará en corto plazo en por lo menos los estados de Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas.

Mientras que el agua se va a las empresas petrofracking, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hay alrededor de 1.8 millones de veracruzanos que no cuentan con acceso al agua desde sus casas.

Por otra parte, el periódico Al calor político, reporta que jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Papantla, también vienen advirtiendo del peligro que representa esa situación para la comunidad que no ha sido informada en lo más absoluto de lo que está ocurriendo en su territorio. 

6.- Lo ideal es que ésta técnica de fracturación hidráulica sea prohibida, pero mientras esto ocurre, es importante que se legisle para tener la información adecuada de la problemática del fracking, en el caso del agua, y lograr defender la integridad y abastecimiento de agua no envenenada a los habitantes de Papantla, Veracruz y el resto del territorio nacional. Agregando que no solo se trata del agua, sino también de otros sectores como el ganadero, el agrícola entre otros. Y que no se trata de solo los habitantes de la zona directamente afectada sino también de los lugares de destino de los productos de la región, destino donde otros mexicanos podrían estar ingiriendo alimentos procedentes de dicha zonas 

Por lo tanto:

Artículo único.- Se adiciona el artículo 15 Bis de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para quedar como sigue:

ARTICULO 15 Bis

La Agencia elaborará un informe trimestral público, en referencia, a los resultados ambientales que se obtengan por la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica, dando a conocer por perforación o área de perforación de pozos:

1.- Volumen de agua que se usa
2.- Procedencia, destino final y situación de contaminación del agua utilizada

3.- Volumen de sustancias químicas y otras que se usan

4.- Empresas responsables de la exploración y explotación correspondiente.

Todo lo anterior para la identificación de riesgo crítico en materia de agua, y en materia de seguridad industrial, seguridad operativa o de protección al medio ambiente.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Suscribe.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Informo a la Asamblea que a fin de esperar los dictámenes que remitirán las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, se declara un receso hasta en tanto esta Mesa Directiva notifique el inicio de la sesión.

(Receso)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (20:06 horas) Se reanuda la sesión. Compañeros Senadores:

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.






El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



(Voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente.

Agradeciendo la atención de las Senadoras y de los Senadores, vengo con mucho respeto a poner a consideración de esta Asamblea el dictamen que en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, se alcanzó en términos de votación dividida la minuta que a tal respecto envió la Colegisladora con motivo del análisis del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016.

Hago un profundo reconocimiento al trabajo que las señoras Senadoras y los señores Senadores de estas comisiones instrumentaron para poder dotar de este instrumento de política económica al país en tiempo y forma, y que de manera puntual y respetuosa pongo a su consideración.

Mención especial la que merece el Senador Alejandro Encinas, Presidente de la comisión con la que de manera conjunta realizamos estos dictámenes, por su disposición, por su contribución y por la seriedad con que siempre desempeña su trabajo.

La Ley Federal de Derechos que presentamos a consideración de los presentes, es un ejercicio que no significó modificación de los trabajos de la Colegisladora…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Yunes Zorrilla, permítame, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Con todo respeto al orador, pues no hay Pleno, y en una cosa tan importante debemos tener Pleno, se está hablando del dictamen, es un reto muy importante para la nación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Está encendido el sistema que llama a los Senadores a que se integren a la Asamblea. Daremos el espacio para que puedan irse incorporando conforme va evolucionando esta sesión.

Yo le pediría que nos tuviera paciencia para poder convocar a los Senadores a que se incorporen a la sesión.

Continúe, Senador Yunes Zorrilla, por favor.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, señor Presidente.

Agradecemos la moción, siempre respetuosa, del Senador Hermosillo y Celada.

Por lo que toca a la Ley Federal de Derechos, comento a las Senadoras y a los Senadores, las modificaciones vistas en la Colegisladora tienen el objetivo de incorporar el cobro de algunos derechos por nuevos servicios derivados de reformas legales y derogar derechos que actualmente ya no prestan diversas dependencias en razón de la eliminación del servicio en leyes secundarias.

La minuta plantea la incorporación de nuevos derechos por los permisos para el tratamiento y refinación de petróleo, y procesamiento de gas natural, que otorga la Secretaría de Energía, así como la restructuración de diversos cobros de los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo nuevos trámites sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales.

Lo anterior, derivado de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, así como la consecuente expedición de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Asimismo, en virtud de la reforma financiera de 2014, a través de la cual se efectuaron modificaciones a diversas leyes de la materia y se expidió una nueva ley para regular las agrupaciones financieras, se propone implementar el régimen fiscal vigente, el cobro por los servicios que la autoridad financiera llevará a cabo con motivo del nuevo esquema para la regulación a las entidades financieras, en cuanto a su constitución, funcionamiento y operación.

La minuta también plantea exenciones para el pago de derechos por la expedición de la primera copia certificada del acta del Registro de Nacimiento en los Consulados Mexicanos en el extranjero.

Se exentan también el pago por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público federal para labores de investigación científica, tratándose de personas físicas o morales del sector social y privado, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas Tecnológicas.

De la misma forma, no se pagaron derechos por la autorización para realizar actividades remuneradas al residente temporal y al residente temporal estudiante, cuando ingresen a territorio nacional, al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o Convenios de Cooperación Internacional, en consideración a aspecto de reciprocidad internacional.

También se exenta el pago de derechos por servicios migratorios a los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Gobernación, el otorgamiento de protección complementaria.

Por otro parte, la minuta propone disminuir el costo del trámite de licencia federal de conductor, cuando sea solicitada a través de medios electrónicos, así como eliminar el cobro de derechos por el refrendo de pasaportes oficiales y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de los distintos prestadores de servicios turísticos.

De la misma manera se propone la simplificación para la determinación del monto de los derechos aplicables por la manifestación del impacto ambiental.

Asimismo, con la finalidad de ampliar la disposición general prevista en el artículo 5o. de la Ley Federal de Derechos, referente al pago de expedición de copias certificadas, reposición de constancias y compulsa de documentos, entre otros, la Colegisladora propone reformar el artículo en mención para que cualquier órgano del Estado que preste servicios públicos, esté en posibilidad de cobrar derechos por la prestación de los servicios descritos, a fin de ser congruentes con las diversas reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos generales éstos son los alcances que tuvimos a consideración, las Senadoras y los Senadores que integramos las Comisiones Dictaminadoras y que hoy ponemos de manera muy respetuosa a su consideración, solicitando su respaldo y su acompañamiento.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Agradeciendo, en primer lugar, la deferencia que ha tenido con un servidor, el Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Yo quisiera esperar mi turno, a la presentación del conjunto de los dictámenes al momento en que lleguen los cuatro.

Toda vez que la remisión que hemos hecho a la Mesa Directiva, contempla los cuatro dictámenes en conjunto, quiero abordarlos en un solo acto, y también esperar a que se integre el quórum de esta sesión, en donde estamos discutiendo un tema fundamental para el país, y por eso quisiera posponer mi presentación.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Esta Presidencia le concederá el uso de la palabra, cuando lo solicite, para presentar el dictamen a nombre de la comisión que usted preside.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar voto particular, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Pues, si, siendo un debate muy importante con muy poco tiempo de análisis y de discusión ante la opinión pública, siendo las ocho de la noche, no hay Senadores, pero aun así es demasiado relevante hacer un posicionamiento en cada una de estas iniciativas.

El paquete económico 2016 que estamos discutiendo, no modifica esencialmente los pobres resultados de los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto. Deja de lado la atención al grave problema de la desigualdad que impera en México, donde 63 millones de personas tienen un ingreso inferior al mínimo de bienestar; donde el 58 por ciento de la población carece de seguridad social; donde el 23 por ciento se encuentra en niveles de carencia alimentaria. Ofende a la sociedad la creación de 3.2 millones de nuevos pobres en la primera mitad de este gobierno, y que sólo cuatro personas concentren el 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

El paquete económico hace caso omiso del informe de la OCDE, que reporta a México como el país más desigual de esa organización; también omite el informe de Oxfam, donde se subraya que el 10 por ciento más rico de la población concentra el 64.4 por ciento de toda la riqueza del país.

El paquete económico ignora ese escandaloso e intolerable problema de la desigualdad, y lo que es peor, tiende a profundizarlo con instrumentos y decisiones que ensanchan la brecha entre pobres y ricos; se trata de una serie de medidas que transfieren riqueza de la sociedad y de la nación a unos pocos, y voy a demostrarlo.

No se ve un esfuerzo para mejorar la estructura de la recaudación y hacerla más justa y progresiva, más bien, obedece a un mero pacto de intereses, a pesar de que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y destacados economistas internacionales le han recomendado a México una política fiscal progresiva, y esto está marcado en el artículo 31 de la Constitución.

El gobierno federal permanece autista, su Ley de Ingresos 2016, está muy lejos de buscar ese objetivo, de hecho va en sentido contrario, pues extiende los privilegios y exenciones fiscales a las personas de mayores ingresos, al tiempo que presiona y persigue a los pequeños contribuyentes, concentra el cobro de la recaudación en los asalariados y las clases medias y castiga a las empresas del Estado.

Para colmo, engañan a la población afirmando que no habrá aumentos de impuestos y que bajarán las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina y el diesel, lo cual es absolutamente falso.

Sin embargo, todo se deja a la buena voluntad del gobierno federal, con un sistema de precios nebuloso, indefinido y discrecional, manipulable a su antojo, en función de los intereses económicos, políticos y mediáticos de la presente administración.

Quisiera presentar, en primer lugar, los datos de las gasolinas.

En este cuadro, son los valores que la Secretaría de Energía está dando para el 2015, de las gasolinas, y está claramente establecido que tiene tres componentes el precio de la gasolina, uno, es el precio de referencia, en el precio de referencia dice el gobierno, no va a aumentar.

Aquí la pregunta es, ¿por qué no disminuye el precio de referencia si está abaratándose el costo de la materia prima, que es el petróleo y el gas? Si disminuye el costo del petróleo y del gas, debería bajarse el precio de la gasolina, pero no sólo no disminuye el precio, vamos a dejarlo en el mismo nivel que lo está mencionando el gobierno, pero el otro costo son los impuestos, y de los impuestos se paga el IVA, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en el caso de la gasolina Magna, está creciendo de 2.50 a 4.16 por ciento para el 2016; en el caso de la Premium, está subiendo de 1.67 a 3.52 por ciento, y en el diesel está subiendo de 3.62 a 4.58 por ciento; de tal manera que el precio 2015 de la gasolina Magna es de 13.24 pesos promedio, y va a subir a 14.90 pesos y léanlo o véanlo en los datos que da la Secretaría de Energía.

El precio de la gasolina Premium promedio en 2015 está en 14.13 pesos, y va a subir en el 2016 a 15.98 pesos; y el diesel está en 2015 en 14 pesos con 11 centavos, sube a 15 pesos con 07 centavos.

¿Esto no es aumento a las gasolinas?

¿Qué es lo que está provocando el aumento a las gasolinas, el aumento al diésel? El gobierno está subiendo el diesel…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senadora.

Ruego a la Asamblea guardar el orden para poder escuchar a la oradora.

Continúe, Senadora Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Señor Presidente. El dictamen está corrigiendo en un transitorio la banda de precios, sin embargo, no está corrigiendo el aumento al IEPS, de tal manera que aunque tenga en su banda, que tenga un mínimo y un máximo que sea el índice de inflación, la gasolina ya subió, tan sólo por haber aumentado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El gobierno de Enrique Peña Nieto le pide al Senado de la República que le extienda un cheque en blanco para fijar a su antojo el precio de los energéticos, bienes esenciales para la economía y el bienestar social.

Un cheque en blanco que pretende utilizar, entre otras cosas, para fijar los precios de las tarifas con fines recaudatorios y no como servicios para la población. La mejor prueba es la aplicación del IEPS fijo a esta gasolina que acabo de explicar.

Por otro lado, están las tarifas eléctricas, el panorama es igualmente desalentador, algunas tarifas han bajado pero otras han aumentado a pesar de la baja de los precios en los combustibles utilizados para generar electricidad.

Es cierto que algunos de los beneficios en la disminución de tarifas han sido en menos 22.9 por ciento sólo para los grandes industriales, para la mediana empresa bajó en menos 18.1 por ciento, y el sector comercial bajó en 7.2 por ciento, pero otros están pagando más caros los servicios, concretamente el sector agrícola y el sector servicios donde las tarifas eléctricas suben en el agrícola 11.2 por ciento, y el de servicios sube 5.9 por ciento.

Y a los hogares de las familias solamente bajó un ínfimo 0.5 por ciento. Se engaña a toda la población cuando se afirma que las tarifas disminuyeron o se oculta una buena parte a los usuarios que pagan este costo abultado.

Quiero mostrar aquí una gráfica, aquí están los números que están en la Secretaría de Energía, en la página de internet, pero esta gráfica que se deriva de los números es muy ilustrativa de lo que está pasando porque es la variación de las tarifas eléctricas en 2015, mientras los spots de radio y televisión dicen que bajaron las tarifas eléctricas. Falso, de toda falsedad.

Están bajando solamente éstas, que son para la gran industria, para la empresa mediana y para el sector comercial y de servicios, pero está aumentando de manera muy severa en 11.2 por ciento la tarifa para el sector agrícola y se engaña a la población con un 0.5 por ciento, diciéndole que bajaron sus tarifas eléctricas. Lo cual es una verdadera falsedad.

Y este cheque en blanco que se le está dando al gobierno federal provocará que él siga moviendo a su antojo las tarifas mientras engaña a toda la población diciendo que bajaron. Se hace nuevamente la promesa de que habrá crecimiento económico, y que habrá al menos un 2.6 por ciento del PIB en 2016.

¿Quién puede creer que va a crecer la economía después de tres años consecutivos de promesas y expectativas no cumplidas? Pues sólo hay un espacio para la incredulidad.

Los criterios generales de política económica hablan de un panorama favorable para México. En primer lugar porque la economía de Estados Unidos crecerá y arrastrará a nuestras exportaciones; en segundo lugar porque el ingreso de las familias se va a recuperar con niveles inflacionarios bajos; y en tercer lugar, porque los estímulos fiscales reactivarán la inversión. Cada una de estas aseveraciones es muy cuestionable y, desde luego, falsas.

De nueva cuenta se nos dice que las expectativas de años previos no se cumplieron debido a factores externos, lo cual es en cierta forma cierto, pero indigna la falta de reconocimiento a los factores internos que han contribuido a este resultado y que han sido señalados explícitamente por los organismos internacionales y por el Banco de México.

Que quede muy claro, lo que impide el crecimiento económico es la corrupción, la debilidad institucional, la sobrerregulación, los bajos salarios, la inseguridad y una política fiscal que concentra también la riqueza.

Preocupa la importante disminución de la inversión física porque es la única que tiene el efecto multiplicador para generar crecimiento económico. En el caso de la inversión física ésta se ha mantenido alrededor de 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero en los últimos cinco años. Para 2016 se plantea una reducción muy importante que bajará a 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

En cambio, el gasto en servicios personales se incrementa en 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto. Si se aprueba la propuesta gubernamental sería un duro golpe para la economía.

No se realizó una evaluación del presupuesto base cero, ni se hizo una revisión de las estructuras administrativas. Pero eso sí, se pretende sustituir la inversión pública por inversión privada mediante instrumentos financieros, como los certificados de proyectos de inversión, las Fibras-E y los bonos de infraestructura educativa, tomando como garantía las aportaciones federales de por lo menos 15 años. Algunos de estos instrumentos crean deuda para el Estado, otros privatizan los activos de las empresas públicas del sector energético.

Nuestra mayor aspiración, es que cada mexicana y mexicano tenga acceso a una vida digna. Necesitamos ser una sociedad más solidaria y sensible al sufrimiento de millones de mexicanos que viven en condiciones muy adversas. Tenemos que reducir la brecha de la profunda desigualdad.

¿Cuál es la tasa real de impuestos que pagan las grandes empresas? Viene en los datos económicos, en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta. Los asalariados pagan un 10 por ciento de sus ingresos; en cambio, las empresas pagan sólo 3.8 por ciento de sus utilidades.

La captación real o retención de salarios es muy injusta, comparada con el porcentaje que se les está cobrando a las grandes empresas.

Debemos reconocer que la situación prevista para 2016 traduce una situación financiera adversa para el sector público; la debilidad estructural de las finanzas públicas se origina por un sistema tributario inequitativo, el gobierno federal se empeña en mantenerlo una y otra vez…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya Senadora, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Termino con dos asuntos.

Se nos dijo que íbamos a tener flexibilidad porque allá en comisiones no hablamos nada, y todo se iba a venir al Pleno.

Entonces, termino diciendo que hay varios ingresos escondidos que no están explícitos en la Ley de Ingresos.

En primer lugar, los ingresos tributarios tendrán un crecimiento real muy bajo, de 2.3 por ciento, dadas las deducciones excesivas que se están autorizando para 2016. La debilidad de los ingresos presupuestarios se ha estado compensando con endeudamiento.

Hay que señalar los datos de la deuda porque ya la deuda llega a 8 billones. Bueno, los tendré que dar en otro momento, porque la presión del tiempo es de verdad.

Este documento es la primera vez que se va a analizar, no lo hemos analizado en comisiones y aún así se regatea el tiempo.

Pero la deuda de Enrique Peña Nieto ha aumentado muchísimo, aquí tengo los datos, los tres primeros años de Enrique Peña Nieto, el aumento de la deuda ha sido muy elevado, Calderón heredó una deuda, en su concepto ampliado, que corresponde al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, de 5 billones 890 mil millones de pesos, equivalente al 37.7 por ciento del PIB, una cantidad gigantesca, pero al mes de agosto de 2015, Peña Nieto la incrementó a 8 billones 242 mil millones de pesos; 40 por ciento más y que ya equivale al 47 por ciento del Producto Interno Bruto; el 67.5 por ciento de esta deuda la contrató el gobierno federal, y el 30 por ciento las empresas del Estado.

Es importantísimo señalar que el dato que pone de relieve el punto medular en este debate es que en el paquete económico no hay transparencia.

En aras de simular que se reduce el déficit público se esconden cantidades de ingresos muy importantes. Por eso, en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Gasolina y Diesel, se informa en esta Ley de Ingresos que el total será de 184 mil 438 millones de pesos.

Cuando la cifra verdadera, según los propios datos de la Secretaría de Hacienda es de 268 mil 329 millones de pesos, lo cual se obtiene multiplicando el número de litros vendidos anualmente por IEPS, multiplicado por IEPS.

Esta lámina que aquí traigo, pero que en obvio de tiempo no voy a mostrar, implica que hay cerca de 80 mil millones de pesos que no se están enterando en la Ley de Ingresos. Las coberturas petroleras tampoco están incorporadas a la Ley de Ingresos.

Para 2015 se presupuestó un barril de petróleo de 79 dólares, pero se compraron coberturas por 76.40 dólares por barril. En el mundo real, el precio resultó ser de 50 dólares. Si se multiplica el diferencial de 26.40 dólares por los 228 millones de barriles que tienen cobertura, se aplica además el tipo de cambio, que pasó de 13 a 17 pesos, hay una cantidad de recursos muy grande que no se está considerando en la Ley de Ingresos por coberturas petroleras.

De igual manera, no se incluyen los 62 mil millones de pesos que le fueron recortados a PEMEX, y se debería incluir porque pareciera que ese dinero ya quedó en el olvido.

Tampoco se transparentan los ingresos que se obtendrán en 2016 de los derivados de los nuevos instrumentos financieros. Tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de activos de PEMEX y CFE cuando se construyan las Fibras-E.

Es lamentable que la propuesta del gobierno de utilizar los remanentes del Banco de México para el pago de la deuda pública, se van a utilizar estos remanentes, deberían canalizarse a la inversión productiva que es la que genera infraestructura, empleo y crecimiento económico.

Pero están comprando dólares a 13 pesos y están vendiéndolos a 17 pesos, es un gran negocio con cargo a las reservas internacionales que no se está dando cuenta de ello ni su monto ni su destino.

El estancamiento de los ingresos y el agotamiento del endeudamiento hace necesario buscar nuevas fuentes de recursos para atender las necesidades de la población y asegurar que el gasto sea un mecanismo efectivo para la redistribución del ingreso. Ello requiere abandonar los privilegios fiscales para los que más riqueza tienen, como el sector minero, el de telecomunicaciones, el sector energético privado, el inmobiliario; sin embargo, dichos sectores son los más favorecidos en la propuesta de 2016…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Dolores Padierna, le pido, por favor, que concluya su intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La Ley de Ingresos 2016 ante la debilidad de las finanzas públicas es necesario realizar tres acciones inmediatas: detener la transferencia de la venta petrolera a los privados; fortalecer los ingresos no petroleros haciendo que los sectores más favorecidos económicamente paguen al fisco; y, tres, revisar integralmente el gasto público para que sea una efectiva palanca de desarrollo económico para el país.

Es increíble que no se quieran discutir los verdaderos temas que le interesan al pueblo de México, y lo hacen porque van a votar a favor de una serie de datos que dañan directamente al pueblo de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar voto particular en términos de lo dispuesto por el artículo 199, hasta por cinco minutos.

Quiero recordar a la Asamblea que estamos en la discusión del dictamen relacionado con la Ley Federal de Derechos, en consecuencia, las intervenciones tienen que estar circunscritas al tema del debate.

En virtud de que no se encuentra el Senador Mario Delgado, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, hasta por diez minutos, para referirse al dictamen de la Ley Federal de Derechos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hoy se discute un paquete fiscal, y la fracción parlamentaria del PT en el Senado de la República, refrenda que lo que hoy se presenta es más de lo mismo, una política que ha tenido como eje rector la tarea de profundizar las políticas neoliberales de saqueo a la nación a través de la subordinación cada vez mayor a la economía hegemónica y los intereses especuladores y corporativos extranjeros violando los párrafos primero y segundo. del artículo 25 constitucional, que determinan la responsabilidad del Estado y el gobierno para el desarrollo económico del pueblo mexicano.

El modelo neoliberal, identificado en los criterios generales de esa política económica, en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Ingresos de la Federación, siguen presentándonos una economía estable y prometedora. La realidad es todo lo contrario, México está inmerso en un círculo vicioso de falta de crecimiento económico, pobreza y desigualdad.

Afirman, oficialmente, que somos la décimo cuarta economía del mundo, y sin embargo tenemos el 53.3 por ciento de millones de personas viviendo en la pobreza; 2 millones más que cuando comenzó el gobierno de Peña Nieto, lo que ubica a México entre los países con mayor desigualdad en el mundo, 153 de 189 países.

Producto del modelo neoliberal, la desigualdad se ha profundizado, el 1 por ciento de la población más rica concentra el 21 por ciento de la riqueza total del país, mayor que Sudáfrica, Colombia y los mismos Estados Unidos. Los datos oficiales son devastadores, mientras el número de pobres crece a una tasa promedio del 2 por ciento, el número de multimillonarios crece en 32 por ciento; mientras el salario mínimo ha perdido desde los 80’s, casi el 80 por ciento de su poder adquisitivo, pasando de salario de 10,800 a 2,000, la fortuna promedio de los 16 multimillonarios en Forbes pasó de 1,700 a 8,900 millones de dólares.

El modelo que siguen aplicando impulsa hoy, promete empleos, pero el magro crecimiento económico, menos del 1 por ciento anual per cápita, es insuficiente para generar lo que la sociedad exige.

El desempleo del 4.2 por ciento, oculta el nivel de los trabajadores sin seguridad social, y en total la precarización del 60 por ciento de la población ocupada.

Tenemos un déficit de alrededor de 700,000 empleos anuales que debían generarse; la población demandante cae en el empleo informal, la migración aún en el crimen organizado, profundo problema de seguridad pública, y problema de seguridad nacional.

La falta de crecimiento se origina en el desmantelamiento del Estado. El abandono de las obligaciones constitucionales del gobierno se traduce en una caída abrupta de la inversión pública no compensada por la inversión privada.

Tres décadas de neoliberalismo han significado una caída de la inversión pública del 11 por ciento respecto del PIB a 3.5 por ciento en 2015.

En contraste, la inversión privada pasó de 13.9 a 15.3 del PIB en el mismo período, y no lo compensa.

En ninguno de los apartados de los criterios generales de política económica, de la iniciativa de la Ley de Ingresos o del Presupuesto de Egresos se avizora una transformación de la política neoliberal que rompa con ese círculo vicioso de falta de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, generando una economía subordinada al exterior.
Veamos ingresos:

Prevalecen los privilegios fiscales y regímenes especiales contraviniendo la Constitución. Mientras las personas físicas mantienen una tasa del 35 por ciento del Impuesto Sobre la Renta, a los grandes grupos económicos que se han apropiado de las telecomunicaciones, la minería, la banca y la infraestructura, pagan en promedio 14 por ciento, gracias a la consolidación fiscal llamada hoy régimen opcional para grupos de sociedades.

De acuerdo a la información oficial de la Bolsa Mexicana de Valores hay empresas que pagan el 1 por ciento de sus ingresos en general; mineras, telecomunicaciones, alimenticias, infraestructura, servicios, las más grandes de México.

De una muestra de 49 empresas en la Bolsa, vemos que pagan el 1.6 de sus ingresos, el único 1.6 de sus ingresos, equivalente al 13.9 de sus utilidades.

Si pagaran lo que corresponde a una tasa máxima del 30 por ciento, se recaudarían 70,000 millones de pesos, monto similar al programa estrella de pobreza, Prospera.

Si les cobraran a las 4,300 empresas beneficiarias de este régimen, se recaudaría más de un billón de pesos, el equivalente a todo el ingreso sobre la renta, actual.

Este régimen viola la progresividad fiscal obligada en la Constitución. De abolirse, permitiría reducir la desigualdad social en 20 por ciento ubicando el indicador de desigualdad, el coeficiente de Gini, de un nivel de 50 puntos en uno de 39 puntos.

En el sector especulativo, al carecer de regulación se obtienen ganancias exorbitantes sin tributación alguna como lo hacen otro países; las operaciones globales que se realizan con el peso, diariamente alcanzan un valor de 135,000 millones de dólares, con un gravamen del 0.5 por ciento sobre operación como en Brasil. Nos recaudarían en un año casi el equivalente a la recaudación por el IVA propuesto para 2016.

Impuestos propuestos dañan a la población, el impuesto a la gasolina y combustible, los ingresos adicionales y el IEPS petrolero, casi de 200 mil millones, resultan del precio de la gasolina y el diesel que se paga en nuestro país, a diferencia del resto del mundo, en donde se ajusta al valor del petróleo.

El precio del barril de petróleo, cayó en promedio 52 por ciento respecto al año pasado, los precios de la gasolina, en los Estados Unidos y en Europa, cayeron en promedio 32 por ciento, el costo de importación cayó 23 puntos porcentuales, por lo tanto, el precio de la gasolina en México debería de caer en esa misma magnitud, y no sólo no ha caído, sino ha aumentado, igual sucede con el diesel.

Este es el resultado de la Reforma Energética, no diría, además, en la entrega de los recursos petroleros a trasnacionales, cobro de una factura adicional permanente al pueblo de México, profundiza el saqueo fiscal de PEMEX para desmantelarla definitivamente.

Ante la disminución de los ingresos petroleros buscan compensarlo con impuestos a la gasolina, un mayor endeudamiento y una mayor carga fiscal de PEMEX.

La carga fiscal de PEMEX era del 65 por ciento, el Decreto de Ley de Ingresos lo aumenta al 71 por ciento, hay una deuda pública creciente y alarmante.

El gobierno de Peña ha tenido un incremento sin precedentes de la deuda, aumentándola en 10 puntos porcentuales del PIB, situación que se mantiene en este Decreto de Ley de Ingresos.

Con ese crecimiento sin precedentes de la deuda pública, se busca, por un lado, ocultar el avasallamiento del Estado nacional por el capital financiero especulativo internacional que presiona al Estado a endeudarse con altos intereses y alta rotación, esa deuda no genera crecimiento económico, no es para incrementar la inversión pública que ha caído a sus niveles más bajos con Peña Nieto, sirve para tapar el hoyo creciente que significa su política de despilfarro en gastos personales, en gasto corriente, donde los salarios y prestaciones asociadas de altos funcionarios son de las más altas de los países, como Estados Unidos y Europa.

No existe austeridad, sino despilfarro del gasto público, tan sólo para 2016, y de acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, el aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de más de 60 mil millones de pesos en total, donde el gasto corriente es el combustible de ese crecimiento, dado que su aumento es del mismo monto, aproximadamente 57 mil millones de pesos.

La drástica caída en el gasto de inversión y aumento del gasto corriente que no incentiva el crecimiento y fomenta el endeudamiento creciente en 2014, el gasto de inversión representa una cuarta parte del presupuesto total.

Para 2016, según la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, equivaldrá a tan sólo la quinta parte.

El déficit público permanece alto en relación al PIB, pero oculto mediante artilugios contables a partir del 2009 con datos del INEGI y del Banco de México.

El déficit real público, en promedio, es del 3.8 por ciento del PIB, cifra nada congruente con el discurso neoliberal de Peña Nieto del equilibrio presupuestario.

En los criterios generales de política económica se plantea un déficit de sólo 0.5, dado que se mantiene oculto el endeudamiento de las empresas productivas del Estado, equivalentes al 2.5 por ciento del PIB, por lo que ése será del 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El gasto en educación y salud se reducen en 3.6 y 1.6 por ciento respectivamente, reducción en casi 6 mil millones en educación, y 5 mil millones en salud, bajo el modelo neoliberal, donde la gente no tiene derechos y esos son considerados mercancía, el gasto público disminuye y es aquí en donde sí hay austeridad y apretón del cinturón.

En síntesis, sigue perdiendo el pueblo de México, ve perder cada día las posibilidades de contar con un país soberano, económico y políticamente, ve la claudicación del gobierno de Peña Nieto ante el extranjero, cuya solución y adhesión a la oligarquía y en colusión con la oligarquía nacional y extranjera, hace desinteresarse sobre el destino de los mexicanos.

 Esos dictámenes garantizan la continuidad del desastre que sufrimos, la continuación de la pobreza y la continuación del saqueo de nuestros recursos y libertades.

Este paquete debe desecharse porque es dañino contra el pueblo de México y sólo beneficia a los intereses de la minoría nacional y extranjera, o sea, de la oligarquía.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para la discusión en lo general, están inscritos los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Manuel Bartlett Díaz, en contra.

¿Alguna otra Senadora o Senador desea intervenir para la discusión en lo general del dictamen de la Ley Federal de Derechos?

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitarle el uso de la palabra para presentar el voto particular, ya que antes del orador que acaba de terminar, tenía yo el turno, pero no estaba presente en el Pleno.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Reglamento establece que inmediatamente después de la presentación del dictamen, se da ocasión a la presentación de los votos particulares.

Le daré el uso de la palabra para que presente sus argumentaciones inmediatamente después de los Senadores Ávila Ruiz y Bartlett Díaz.

La Senadora Dolores Padierna Luna se registra para la discusión en lo general, en contra.

¿Alguna otra intervención? Se cierra el registro de oradores en lo general.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen de la Ley Federal de Derechos, hasta por cinco minutos.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Gracias, con su permiso, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas. Señoras y señores Senadores:

Vengo a razonar mi voto en lo general con la aprobación del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Ley Federal de Derechos, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos.

Quiero retomar el debate iniciado en 2013 sobre el rumbo que lleva la economía de México, un debate en el que el grupo parlamentario de Acción Nacional ha sido muy claro, en ese entonces, al oponerse a la modificación del IVA en las fronteras, a la modificación del régimen de incorporación fiscal o a la reducción de las deducciones a las personas físicas.

Estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en generar medidas que vayan más allá de sólo aumentar ingresos tributarios, se trata de ampliar el horizonte de miras al establecer un proyecto de nación, de consensos, de reducir los gastos y el tamaño del sector público, y definir cómo logramos la discusión de una Ley de Ingresos permanente que se traduzca en mayor planeación, inversiones y mejor fiscalización de los recursos públicos.

Sabemos que los ingresos públicos son relativamente bajos para el nivel de desarrollo de la economía mexicana y que prácticamente la totalidad de estos corresponde a ingresos federales.

Por la forma en que se gasta en México, los requerimientos financieros del sector público se ubican anualmente en alrededor de 3 ó 4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual ocasiona una significativa acumulación de deuda al año.

Pero si mordemos el anzuelo al seguir esa lógica cortoplacista, lo que sigue desde la óptica que ha prevalecido en el gobierno federal, es encontrar formas, como lo han señalado los responsables de las finanzas públicas que aquí cito: “para incrementar la tributación, para tener equilibrio y sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo”.

Nada más errado que estar cambiando constantemente las definiciones básicas de la Miscelánea Fiscal para corregir inconsistencias, pues nos da pie a que madure una estructura de ingresos permanentes, a brindar mayor certidumbre en los agentes, lo cual lleva al problema estructural de sólo abordar detalles menores de la Ley de Ingresos o de la Miscelánea Fiscal o de la Ley Federal de Derechos, sin considerar sus efectos nocivos de política pública.

En la parte específica de los derechos, el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, prevé adicionar el valor máximo y mínimo de la banda de gasolina y diesel.

Sin embargo, pese a fijar los parámetros de la banda, nada garantiza que el precio de estos combustibles no vaya a subir, nada específica ni ofrece certidumbre de que el precio de las gasolinas no va a rebasar sus niveles actuales.

Por tanto, propongo una reserva en el Artículo 5o. del Decreto, fracción III, último párrafo, para mantener controlado el precio de la gasolina al consumidor final en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Los problemas de déficit y de endeudamiento público bajo nuevas modalidades, son los puntos más preocupantes de la propuesta que se envía a la Cámara de Diputados.

Recordemos que el Presidente Peña Nieto, hizo un compromiso público ante todos los mexicanos de que en su gobierno habría cero déficit, pero este compromiso no se está cumpliendo, y hoy tenemos los mayores déficit y endeudamientos en la historia reciente de México.

Cuando en el primer presupuesto del año 2013 se anunciaba un endeudamiento de 415 mil millones de pesos, a nuestra observación de que eran altísimos, siempre nos respondieron que estos irían bajando.

El tiempo nos dio la razón, el gobierno ha perdido el control de la deuda pública. Al inicio de la actual administración, estimó que para 2016 ésta representaría el 36 por ciento del PIB, y hoy reconoce que llegaremos al 48 por ciento del PIB.

En la administración federal pasada, la elevó en 8 puntos porcentuales del PIB, pero Enrique Peña la subirá 7.5 puntos porcentuales cuando concluya este año 2015.

Algunos datos para poner el problema en perspectiva en diciembre de 2012, el gobierno federal recibió una deuda pública inferior a 5.9 billones de pesos, lo cual ya era onerosa.

Sin embargo, en 2013 el déficit fue de 3 por ciento del PIB y se acumuló una deuda de 39 por ciento, lejos de corregirse, el endeudamiento siguió agravándose en los años subsecuentes, se disparó a más de 8 billones de pesos, esto es 47 por ciento del PIB, para decirlo en términos más claros, para que lo entiendan los 120 millones de mexicanos, si dividiéramos el monto de la deuda entre los trabajadores mexicanos, cada uno debe 160 mil pesos, peor aún, cada niño que nace hoy, ya debe más de 70 mil pesos debido a la deuda pública.

En el nivel subnacional, existen ejemplos de este grave problema que se va a agudizar a partir de nuevas modalidades de endeudamiento, por ejemplo, Yucatán.

El pasado 5 de octubre, el Congreso estatal aprobó la iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a participar en el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa, implementado por la Federación.

Mediante la aprobación de este instrumento se posibilita a los estados a que accedan a recursos federales, presentes y futuros, hasta por 25 años con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples, lo cual comprometerá los recursos para el estado de Yucatán, durante los próximos 25 años. El caso de Yucatán, no es distinto al de la mayoría de las entidades federativas.

Por ello, en la sesión del Senado del 15 de octubre, Senadores del Partido Acción Nacional, presentamos una iniciativa de reformas a la Constitución, a fin de prohibir el endeudamiento de la federación de los estados y los municipios, y hacer responsables y castigar a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos mexicanos.

Señoras y señores Senadores, al razonar mi voto en contra, les reitero que tiene como origen la intención de reducir los alcances del endeudamiento como resultado de la inconsistencia y mal manejo de las finanzas públicas.

Tiene como fundamento advertir el injusto impacto en los sectores económicos de la economía que estas medidas van a tener en nuestras regiones, ciudades y pueblos, pongo el acento en la necesidad de revertir la pérdida de competitividad y dejar que prevalezcan sólo los criterios eminentemente recaudatorios con que han sido abordados en el dictamen que hoy se presenta.

Que se fundamente también, en tener presente la preocupación por revertir la baja en el nivel de vida de las futuras generaciones de mexicanos. Se trata de un voto en contra que busca cuidar el interés de los yucatecos y de los mexicanos, un voto que al emitir, tengo claro que en el Senado me debo al respaldo de mis paisanos en las urnas, que al legislar y representarlos lo debo hacer a su favor pensando en el bienestar de la gente de Yucatán y de México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz, ha declinado su intervención.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en contra, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La Ley Federal de Derechos es una ley donde se establecen tarifas, cuotas que cobra el Estado nada más ni nada menos por el uso y aprovechamiento de los bienes propiedad de la nación.

Los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público y las contribuciones de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

La Ley Federal de Derechos se relaciona con otras leyes que explican en qué condiciones el Estado puede otorgar a terceros el uso y el aprovechamiento de los bienes.

Es por ello que esta ley se tiene que ajustar casi siempre cuando se modifican otras leyes, pero la Ley Federal de Derechos 2016 es sobre modificaciones derivadas en otros cambios, como la Ley de Migración y la Ley de Aguas, entre otros, principalmente está un cambio importante que son las cuotas que se cobran por los servicios que presta el Estado, que deberían estar en función del costo que significa para la administración pública el proporcionar estos servicios y garantizar que los bienes de la nación tengan beneficio para todos los mexicanos y mexicanas.

Los derechos que se cobran por el uso y aprovechamiento o explotación de bienes de la nación, por ejemplo los del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, la legislación en esta materia permite que se concesione a particulares y la Ley Federal de Derechos, establece los derechos que deben de pagar los concesionarios al Estado.

El monto debe estar en función del valor que genera la explotación del espectro y debe de ser proporcional y equitativo entre la nación como propietaria y el concesionario que lo explota.

Sin embargo, todas las cuotas establecen en valores absolutos, no viene una actualización por lo menos a lo que resulte de la inflación, ya no quieren cobrar a los privados ni siquiera en términos reales, debe ponerse un transitorio que ordene que se actualizarán conforme a la inflación porque esta ley no lo tienen.

No quieren cobrar cuotas fijas a los REPECOS, pero sí le cobran cuotas fijas a los magnates de la radiodifusión y telecomunicaciones.

Derivado de la reforma de telecomunicaciones y diversas resoluciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la mayor parte de las telecomunicaciones se refieren a este sector, se establecen las cuotas anuales que deben de pagar los concesionarios por cada kilohertz de frecuencia concesionada.

La iniciativa no explica cómo llega a los valores mínimos que está cobrando por el espectro radioeléctrico, tal vez se deba, dicen ellos, a la competitividad, que haya más competidores dado que es un sector bastante monopólico y que se requiere abaratar su costo para que más competidores entren, pero debemos cuidar especialmente el espectro de la banda de 700 megahertz porque es una red pública que se va a compartir con los mayoristas de acuerdo a la reforma del 2013.

Este tema es muy delicado porque pretende reducir los derechos de esta banda porque hay presiones también para que no haya muchos interesados en los 80 ó 90 megahertz que se van a poner a licitación.

Otra modificación importante de esta Ley Federal de Derechos es una cuota pírrica de 125 mil pesos que se establece a la expedición de permisos para el tratamiento del petróleo o refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, sin explicar por qué este monto y no otro.

La Comisión Reguladora de Energía está regalando los bienes de la nación, cosa que contradice los principios por los cuales se creó la Ley Federal de Derechos. No se propone modificar el régimen fiscal para las concesiones mineras, lo cual nos parece una aberración ante la falta de ingresos que se presente en el país. La recaudación de este derecho es de 2,000 millones que comparados con los cerca de 200 mil millones del PIB minero representa apenas el 1 por ciento.
Recordemos que a partir de los cambios que han habido hasta 2013, el régimen fiscal aplicable a la minería era un gravable muy bajo.

Abundaré en ello en lo particular, pero cabe señalar que la gran conclusión en el tema de la Ley Federal de Derechos, además, de la omisión grave de no incrementar la recaudación a las mineras y que en los hechos está regalando el oro, la plata y otros bienes, la gran conclusión es que las modificaciones de esta Ley de Derechos en los ingresos no es significativa, ya que la iniciativa de Ley Federal de Ingresos se estima apenas un 3.4 por ciento mayores en términos reales, respecto de los aprobados en 2015.

En valores absolutos significan 2 mil 550 millones más, de los cuales 2 mil 79 millones son por telecomunicaciones, a la minería no se le cobra nada, al petróleo pasa a una explicación distinta en el Fondo Mexicano del Petróleo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Creo que el paquete económico que se empieza a discutir esta noche, que se va a someter a votación en estas cuatro leyes, no hace otra cosa más que en conjunto que consumar esta visión de un modelo económico que reduce el Estado a su mínima expresión, que convierte al Estado en una simple caja para administrar ingresos y egresos y renuncia, por ejemplo, en este paquete económico, específicamente, claudica el Estado en su responsabilidad de ser un agente promotor de la actividad económica mediante la inversión pública.

No es un paquete económico que en su conjunto nos sirva para el contexto que vamos a enfrentar el año siguiente, ya sabemos que hay una desaceleración de las economías emergentes, sabemos que tenemos el riesgo del cambio en la tasa de interés que fija la FED, sabemos que va a seguir la incertidumbre del mercado petrolero, y no es un paquete económico que nos prepare en ese contexto, lejos de ello es un paquete que debilita la postura del Estado mexicano ante choques del exterior.

Lo más destacado del paquete económico es el incremento en el costo financiero de la deuda y el incremento tan preocupante del endeudamiento público; es un paquete económico que pasa de la petrolización de las finanzas públicas a la gasolinización de las finanzas públicas.

Se pretende engañar con este paquete diciendo que técnicamente va a haber una nueva fórmula para calcular el IEPS, y que se va a empezar ahora a liberar el precio para que los mexicanos sean beneficiario de que ante movimientos a la baja, en el costo de los combustibles los mexicanos puedan beneficiarse de los mismos, es absolutamente   falso.

Lo que se está planteando, hay que decirlo tal cual, más allá de la discusión técnica, que lo vamos a ver más adelante, es un gasolinazo de 40 centavos por litro en promedio, porque permite esta famosa banda un ajuste a partir de la inflación esperada en el año que entra, que es 3 por ciento, es decir, hay que decirle a la gente las cosas como son, por tanque les costará más en promedio, 24 pesos.

Todo esto son recursos que se van a utilizar para completar el gasto público, por eso digo que pasamos de la petrolización de las finanzas públicas a la gasolinización de las mismas.

La deuda en el primer paquete económico que se planteaba, de que iba a terminar la administración con unos requerimientos financieros del sector público de 36 por ciento, ya vamos en 47.8 por ciento, y así seguirá, seguramente en el paquete del año que entra se presentará una nueva estimación, se presentará una nueva ruta de endeudamiento que seguirá incrementando los pasivos de las siguientes generaciones.

Vemos con preocupación, al aprobar este paquete económico, estas cuatro leyes que hoy se están sometiendo, como se va a acumular el balance primario, ¿qué quiere decir? Que nos estamos endeudando para pagar los intereses de la deuda, nos estamos endeudando para contratar más deuda.

El día de hoy con este paquete económico termina la ortodoxia que se había tenido en materia de finanzas públicas sanas, y para ello se utiliza la simulación. Dentro de la definición del déficit público tradicional ya no cabe lo que quiere hacer esta administración, ya no cabe la deuda que pretenden contratar.

Por eso están prácticamente cambiando la definición que hay en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde ahí se preveía que el déficit de PEMEX no compitiera con el resto del déficit de la economía, sin embargo, ahora se pretende ampliar esta definición para incluir proyectos de alto impacto, lo cual no marca ninguna diferencia entre la definición del déficit tradicional y el déficit ampliado que se mide de manera muy extraña en nuestro país.

Vamos a proponer cuando toque este turno, que redefinamos el déficit y ya no andemos con dos definiciones, si ya no tiene caso hacer esta definición. Me parece que el déficit público creciente puede conducir a un déficit de credibilidad.

El aumento desproporcionado del crédito público nos conducirá al descrédito público y al castigo por parte de los mercados internacionales de nuestra economía.

También hay que decirlo, hablando de deuda, hablando de déficit, se pretende regularizar también por lo menos 10 puntos del PIB más de deuda, que es lo que previsiblemente costará la regularización del pasivo pensionario de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad, por lo menos 10 puntos más del PIB.

De tal manera que concluirá esta administración en el 2018 con un equivalente del 60 por ciento de deuda en proporción del PIB, es el nivel por el que ahora los mercados internacionales están sancionando y castigando a Brasil, nos aproximamos ya a niveles muy preocupantes.

Y por si esto no fuera poco, por toda la recaudación que tuvo adicional con los impuestos de la reforma fiscal, el aumento creciente de la deuda, del déficit público, ahora también se pretenden quedar con el remanente del Banco de México para completar su déficit.

En resumen, es un paquete que promueve el endeudamiento sin crecimiento, y no es un paquete económico que nos prepare para lo que va a enfrentar nuestra economía el año siguiente.

Los incentivos que se proponen en este paquete para detonar la inversión privada, me parece que son claramente insuficientes. Si la propia Secretaría dice que no hay ningún cambio fundamental en el cálculo al incluir estas deducciones y estos beneficios fiscales, quiere decir entonces que el sector privado no va a tener ahorros sustantivos que puedan dedicar a aumentar sus inversiones, que haya inversiones nuevas.

Y también la apuesta a los nuevos instrumentos con el sector privado, van a enfrentar la debilidad de un mercado bursátil poco profundo y difícilmente se van a convertir en una alternativa para detonar el crecimiento que queremos.

Si sumamos a esto la caída en la inversión pública, ¿entonces de dónde va a crecer el Producto Interno Bruto?, ¿cómo vamos a tener el crecimiento que necesitamos? Este paquete económico no resuelve esa problemática.

Podemos discutir muchos detalles ahora, se podrá decir que se gana esto, se pierde el otro, pero que es un paquete irresponsable. Me parece que no cambia en nada en lo fundamental el modelo económico que ha propuesto la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que consiste en endeudar sin crecer.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

De la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 61-A, 244-A y 288.

Del Senador Javier Lozano Alarcón, 244-A.

En cuanto a las adiciones de la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F, 172-G, 172-I, 172-J, 172-L, 172-M, 172-N, 263, 263 Bis, 268, 269, 270, 281-A-1.

Adiciones de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, artículos  268 y 271.

¿Alguien más desea reservar artículos?

No habiendo más solicitudes de reserva o adiciones, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar reservas y adiciones sobre el dictamen que está a discusión.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Voy a hablar solamente de tres reservas, no todas, en una sola intervención.

Lo primero que quisiera resaltar es el artículo 61-A donde se está pidiendo un pago de 125 mil pesos por los permisos para la transformación de petróleo, para la refinación de petróleo y para todo el procesamiento de gas natural, nos parece que es ridícula esta cantidad, que no está de acuerdo con los criterios que deberían de beneficiar a la nación y yo creo que su afán de privatizar, se regala prácticamente a los privados este bien tan indispensable, sin beneficio para el ingreso público, no se actualiza, ni siquiera el porcentaje de la inflación y es un pago de única vez.

Tenemos que propiciar que en la Ley de Ingresos sobre todo en los grandes contribuyentes tengan pagos recurrentes para ir fortaleciendo la Hacienda Pública.

Por otro lado, está el artículo 172 donde se refiere a los ferrocarriles. Desde que Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles, no han venido haciendo un pago justo.

Nosotros estamos proponiendo que se aumente el monto de derechos que pagan por los servicios férreos dado que cuando se privatizó nos prometieron que habría mayor competencia, mayor inversión, que se mejoraría el servicio de ferrocarriles, que se modernizarían los ferrocarriles y nada de eso ha ocurrido.

Aumentarles el pago de derechos a estos empresarios debería de ser exigible al tiempo que se tenga que revisar a fondo lo que ocurrió con esta privatización y revisar el dinero de los trabajadores ferrocarrileros porque se sabe que el líder charro ha venido haciendo mal uso con los recursos de los trabajadores ferrocarrileros, me refiero a Víctor Flores.

El otro tema, es el cobro de Telecomunicaciones, en la ley de 2015 se cobra 20 centavos por megahertz por habitante y ahora para 2016 el cobro es de 2 centavos por el espectro radioeléctrico.

Esto nos parece un pago ínfimo que viola todo principio de que el Estado reciba por un bien de la nación, un pago justo, 2 centavos no nos parece un pago justo, nos parece algo aberrante, además, en la ley no se explica, no se justifica, no hay una explicación que nos permita decir: ¿Es justo o por qué lo bajan un 90 por ciento de un año al otro?

Pediríamos, en todo caso, que el gobierno justifique perfectamente este cobro al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por otro lado y por último abordaría el tema de la minería. Nosotros estamos cambiando el régimen fiscal minero para incluir un impuesto a la exportación de minerales y que se cobre conciencia de todo lo que está pasando en el tema de la minería. Acordémonos que el régimen fiscal minero no establecía regalías estatales ni impuestos ecológicos, ni impuestos a las ganancias extraordinarias, ni retención de dividendos.

En un año un concesionario lograba, si en un año un concesionario extraía 1 gramo o 100 gramos, 1 kilo, 1 tonelada de oro por hectárea, pagaba lo mismo, 250 pesos como cuota fija y voy a poner siempre como ejemplo a los REPECOS, porque se niegan a que los REPECOS pagaran una cuota fija, pero los mineros pagan una cuota fija de 250 pesos así sea por una tonelada de oro o por gramo de oro.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en 2013 los pagos por explotación minera eran simbólicos, utilizo la palabra de la Auditoría, y contrastaban con el valor de los recursos extraídos, palabras de la Auditoría.

Un año después, en 2014, los derechos mineros representaron apenas el 1.08 por ciento del valor de la producción, es decir, una verdadera bicoca.

Luego se hizo la reforma fiscal en octubre de 2013 que apenas y tocó a las mineras, se estableció que a partir de 2014 pagarían tres nuevos derechos: el derecho especial sobre minería, el derecho adicional de minería y el derecho extraordinario de minería; sin embargo, hoy las cifras que nos exponen en esta ley es de 1 por ciento del valor de la producción, es decir, a pesar de que la reforma fiscal estableció tres nuevos derechos hay un retroceso dado que se sigue cobrando lo mismo.

¿Qué está pasando? Pues que se prohíbe que un derecho especial sobre minería que se introdujo en la reforma fiscal, se acredite contra el pago de derechos que ya existía, es decir, se anuló el aumento del pago de derechos que establecía la Reforma Hacendaria para las mineras.

Te pongo un derecho por un lado, pero luego lo acredito o te lo descuento por el otro y terminaron pagando un poquito menos que lo que pagaban antes de la reforma hacendaria, lo cual significa que el poder de las mineras es mayor al poder del Estado.

Pues termino así mi intervención en lo particular.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Padierna Luna.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas que presentó la Senadora Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En la votación de los artículos 61-A, 244-A, y 288 se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen.

Las propuestas de adición de la Senadora Padierna Luna no fueron admitidas, por lo tanto, su trámite se agotó con la votación en contra de su admisión en este Pleno.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se recibió la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, en relación con el dictamen que está a discusión. Insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar su reserva al artículo 244-A.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente. Buenas noches a todos.

Bueno, en esta ocasión quiero coincidir con mi compañera y colega, la Senadora Dolores Padierna, sí, aunque usted no lo crea, en cuanto a la reserva del 244-A de esta Ley Federal de Derechos que se refiere al pago por el uso de la banda de 700 megahertz del espectro radioeléctrico.

Yo le voy a rogar Senador Gamboa Patrón y compañía que sean tan amables de poner atención, porque si estamos hablando del tema de ingresos, nos debería ocupar a todos este asunto.

Miren, en el año 2015, cuando presentaron el paquete 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos presentaron un estudio que justificaba el cobro del equivalente a 20 centavos de dólar por cada megahertz por habitante, esto, dijeron, en un estudio sesudo con compartidos internacionales y que además le daba viabilidad al proyecto de la red compartida mayorista, que viene como parte del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

Pues bien, ahora en este paquete de 2016 por la misma banda de frecuencias de 700 megahertz por el mismo concepto, en lugar de 20 centavos de dólar por megahertz por habitante están planteando 2 centavos de dólar. A ver, repito, es una caída del 90 por ciento de un año para otro sin presentar la más mínima justificación para ello.

Lo único que tenemos, fue lo que nos dijo el Secretario de Hacienda y Crédito Público ante una pregunta de mi colega, el Senador Héctor Larios, en la comparecencia del Secretario de Hacienda, cuando dijo, “bueno, es que estamos cambiando el criterio, para que en lugar de que paguen derechos, vayan por obligaciones en cuanto a cobertura en esta banda, en la red mayorista, una vez que se licite y se asigne”.

¡Ah, muy bien!, entonces, eso, a decir del Secretario, justifica una caída del 90 por ciento.

En la reunión que tuvimos con la Subsecretaria de comunicaciones, Mónica Aspe, el Senador Gerardo Flores, explícitamente le pidió el estudio que justificase esta caída de 90 por ciento en el cobro de derechos.

El espectro radioeléctrico, una vez que se asigna, tiene dos conceptos de cobro tributario, aprovechamientos y derechos, aprovechamientos al momento de otorgar la concesión y derechos a lo largo de la vida de la concesión. Y claro, hay dos criterios de discusión, o uno tributario o uno de despliegue de la red.

Aquí nos están vendiendo con el petate del muerto que van realmente a desplegar una red donde nadie más llegaría, y a cambio de eso le regalan prácticamente el espectro radioeléctrico, ¡hombre!, no sé a quién se le vayan a asignar; pero es la banda más valiosa de la nueva generación de banda ancha, y no fue capaz la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pesar del compromiso que hizo la Subsecretaria Mónica Aspe, de mandarnos el estudio que justificase esta caída.

¿Saben de cuánto estamos hablando por año sólo por este concepto? De 2,700 millones de pesos, como si nos sobrara el dinero.

Y a veces en esto estoy totalmente de acuerdo con la Senadora Padierna. Cómo es posible que sin un estudio que justifique este cambio, cómo es posible que aquí vayamos a avalar a ciegas este regalazo que se le está haciendo a no sé quién con una dedicatoria anticipada.

Es un crimen, estamos peleando por más ingresos para la Federación y aquí abiertamente nos están pasando una bola, que quiso ser rápida, pero no vamos a dejar que sea rápida.

Por lo tanto, propongo a todos ustedes, y es muy concreto, que mantengamos los derechos a razón de lo que establece la ley vigente, la Ley Federal de Derechos vigente, de 20 centavos Turner-Hertz por habitante hasta en tanto no nos presenten un estudio que justifique una caída tan drástica como la que aquí se plantea.

Es cuanto señor Presidente, y aquí dejo por escrito a la Mesa Directiva esta propuesta.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Lozano Alarcón.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Lozano Alarcón. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La votación del artículo se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen.

Se concede la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar sus propuestas de adición de dos artículos con números 268 y 271.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenas noches.

Hago uso de esta tribuna para referirme a la reserva de dos artículos de esta Ley Federal de Derechos, relativo al tema de minería, cuyos montos establecidos por concepto de derechos por explotación y exploración de sustancias o minerales, permanecen intactos en el dictamen que hasta ahora se discute en el Paquete Económico 2016, lo anterior en el entendido de que es una prioridad de las izquierdas el impulsar un modelo de explotación minera que garantice, por parte de la industria, una mayor responsabilidad social, ambiental y con las entidades federativas y, obviamente, los municipios.

En el año 2014, de acuerdo con el Informe Anual 2015 de la Cámara de Minería de México, los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas tuvieron bajas en las explotaciones, sobre todo en el mineral de hierro, y esta baja se debió principalmente a la reducción de la producción del grupo de materiales preciosos, al menor precio internacional de los metales y a la depreciación del peso frente al dólar.

Pese a esta caída, permaneció como un cuarto sector de la industria que más divisas genera por detrás de la automotriz, del electrónico y del petróleo, al captar alrededor de 17 mil 53 millones de dólares.

En el año 2014, el conjunto de la producción de oro, cobre, plata y zinc, representaron el 74 por ciento del valor de la producción generada en pesos.

Por otro lado, dentro de la lista de Forbes 2015, contamos con dos empresarios mexicanos millonarios que se dedican principalmente a la minería, a la extracción de estos minerales; por si fuera poco, esta actividad industrial tan agresiva ambiental, social, cultural y políticamente hablando, ha dejado estragos terribles en nuestro país.

Vemos una terrible desigualdad entre lo que produce la minería para unos cuantos y el estrago social que está produciendo la depredación de nuestro medio ambiente.

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en América Latina, en la  década de los 90’s, las leyes mineras han sido las más permisivas vigentes hasta nuestros días, abrieron las puertas a empresas de todo el mundo, sobre todo empresas canadienses.

El país tiene una historia oficialmente enterrada de impacto socio-ambientales de la actividad minera. Hemos analizado este paquete económico, por lo que hemos decidido reservar estos dos artículos.

Aunado a lo anterior, debería mencionar que la fuerza de trabajo en la minería  representa un sector en el que se pagan bajos salarios a los trabajadores a cambio de largas jornadas laborales hasta de 14 horas diarias por condiciones terribles de seguridad.

Los estados de Guerrero y Oaxaca, que son estados con producción de cobre, además de Guerrero, encontramos también a Michoacán, son de los estados mineros que se sitúan en la lista de los 7 estados con mayor pobreza en el país, de acuerdo a los propios datos del CONEVAL.

No obstante, la Ley Federal de Derechos establece que los recursos obtenidos por los derechos al sector minero, el 80 por ciento serán destinados al Fondo para el    Desarrollo Regional Sustentable de los estados y de los municipios, y esto incluye la construcción, la remodelación, el equipamiento de centros escolares, la pavimentación, el mantenimiento de calles, caminos locales, así como el mantenimiento del aumento en el alumbrado público, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de agua, la instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, entre otras.

Este recurso debe aplicarse en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, en que tuvo lugar la explotación y la obtención de sustancias minerales, y el restante 37.5 por ciento, a la entidad federativa de manera correspondiente.
Ahora bien, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se publicó en el periódico oficial desde el 25 de septiembre de 2014, el primer pago se realizó en el mes de marzo de 2015, así la recaudación por los derechos especiales extraordinarios y la adición sobre minería correspondiente al 2014, ascendió de 2 mil 589.4 millones, y de ésta, es decir, el 80 por ciento, alrededor de 2 mil 72 millones de pesos, se destinarían a los estados y municipios mineros.

Según los datos del INEGI, en ese mismo año el valor de la producción minero-metalúrgica, llegó a los 196 mil 967 millones de pesos, esto es, 14,820 millones de dólares; a los estados y municipios llegó sólo un beneficio de 0.011 por ciento del valor de la producción metalúrgica.

Por los montos mencionados, es evidente que tal destino de los recursos no es suficiente, pues de acuerdo con los datos duros, la fortuna de empresarios mineros crece y la pobreza aumenta. En los estados mineros en vez de tener crecimientos altos, crecen los niveles de pobreza, en otras palabras, no estamos logrando nuestro cometido final que es combatir la desigualdad y el modelo de explotación minera.

Por ello, estoy proponiendo dos adiciones en este par de artículos: primero en el artículo 268 para que se modifique el Impuesto Especial sobre Minería, y pase del 7.5 al 8 por ciento.

Y segundo, propongo que se agregue una fracción IV al artículo 271, para que dentro del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se incluya un fondo educativo para los hijos de los trabajadores mineros, que además son parte de los índices de pobreza.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de adición presentadas por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan.

Agotada la discusión en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los artículos 61-A, 244-A y 288 del proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 61-A, 244-A y 288, en los términos del dictamen.

Recuerdo a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, que el voto afirmativo es en el sentido del contenido del dictamen.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 27 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 61-A, 244-A y 288 del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Recibimos también en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estadios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy, el dictamen referido por el Presidente de la Mesa Directiva. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.






El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



En consecuencia, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo por lo que con fundamento a lo dispuesto por el artículo 198, párrafo dos del Reglamento, está a discusión en lo general y en lo particular, y tal como lo anunció el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la comisión dictaminadora, estos argumentos ya fueron expuestos.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar la presentación de este dictamen, quisiera solicitarle, toda vez que ya fueron remitidos a la Mesa Directiva los cuatro dictámenes que integran el paquete en materia de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, presentada en un solo acto el conjunto de las reformas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Bien, muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo, en primer lugar, que hay que ubicar en su justa dimensión los cambios y los alcances que han tenido estos dictámenes.
Asumir que desde la propia Cámara de Diputados se realizaron un conjunto de modificaciones que atendieron en alguna medida algunas de las preocupaciones de la sociedad, aunque en su conjunto no impactan en los aspectos centrales del contenido de la política en materia fiscal que rige actualmente en el país.

En la Cámara de Diputados, por ejemplo, en materia de Ley Federal de Derechos, se modificó el artículo 231-A, para establecer que las entidades recibirán desde la Comisión Nacional del Agua la devolución de las inversiones que realicen, para formalizar inversiones en toda la infraestructura hidráulica en las entidades, lo cual favorecerá el desarrollo de este equipamiento en los estados.

De la misma manera, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se incrementó el límite de deducibilidad de automóviles utilitarios hasta 175 mil pesos, lo cual es importante porque ya no existían o existen automóviles menores a este precio, y esto también va a permitir enfrentar algunos de los impactos que han tenido las modificaciones, por ejemplo, en el Programa Hoy No Circula y Verificación Vehicular en la zona metropolitana del Valle de México.

En el artículo 151 se permitió deducir gastos personales por honorarios médicos con dictamen en caso de enfermedades discapacitantes, al igual que se amplió el margen de beneficio de lo que se ha denominado “El mini RIF” el Régimen de Incorporación Fiscal, con el cual con los contribuyentes con ingresos hasta 250 mil pesos anuales, no pagarán el IVA y dispondrán de modificaciones de facilidades fiscales y de la misma manera hubo modificaciones para ampliar el margen de deducción de las pequeñas y medianas empresas.

En el caso del Código Fiscal de la Federación, en los artículos 22, 22-D y 127, se impulsó la devolución de los saldos favorables a los contribuyentes, así como se estableció un artículo transitorio en donde se da un tratamiento especial para el sector de artesanos para que la venta al público, en casos con ingresos menores a 250 mil pesos, estos intermediarios, la retención correrá a cargo del adquiriente.

De la misma forma, en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción de Servicios pues todavía hay un problema fundamental referente a la disminución del impuesto a las bebidas que contienen altos contenidos de azúcares.

Muchos de estos temas fueron revisados en las Comisiones Unidas y se ampliaron incluso parte de los beneficios.

Yo quisiera destacar, en primer lugar, agradeciendo la atención que tuvo el doctor Mauricio Hernández Ávila, Director Nacional del Instituto Nacional de Salud Pública, quien nos ayudó en la fundamentación del por qué mantener el impuesto a las bebidas azucaradas en los términos actuales, como parte no solamente de una política fiscal, sino como parte de la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Ya que se ha demostrado que este consumo desmedido de azúcares dañan la salud y que, incluso, las bebidas azucaradas contribuyen con el 70 por ciento de los azúcares adicionados en México, y éste, con el consumo de estas bebidas y de estos azúcares, aumentan de manera significativa el síndrome metabólico: la diabetes tipo II, la enfermedad cardiovascular, la caries dental y otras enfermedades que están asociadas, de acuerdo a estudios del propio Instituto Nacional de Salud con la Universidad de Carolina del Norte, cerca de 24 mil muertes anuales.

Y se ha demostrado que con este impuesto se ha reducido en un promedio de 9 por ciento el consumo de los azúcares, lo cual tendrá un impacto positivo en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

También hay que reconocer el trabajo en comisiones, donde se hizo una adición, la adición de un Artículo Noveno Transitorio en lo que se refiere a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer las tareas de fiscalización del ejercicio de recursos que no vienen originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en la Cámara de Diputados se dictaminan de manera etiquetada como parte de la negociación derivada de la gestión que los legisladores y los Diputados realizan, atendiendo las demandas de sus distritos, de sus entidades o de sus municipios: y afortunadamente creo que esto es un primer paso para poder contener una de las peores prácticas registradas en el Poder Legislativo, la que hemos conocido como el “moche”, aunque esto no resolverá el problema.

Pero por supuesto que una vez que se ha fundamentado este Artículo Noveno, en el artículo 79 de nuestra Constitución, formando parte ya del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecerán las labores de fiscalización de los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios o el Distrito Federal, así como aquellos recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral; de modo tal, que estos recursos etiquetados podrán ser fiscalizados en cualquier momento, ya sea por el ejercicio de la atribución que se le ha otorgado a la Auditoria Superior de la Federación o mediante denuncia de un tercero o del propio afectado.

¿Qué significa esto? Pues que en cualquier momento, los presidentes municipales o los gobernadores que están sujetos a esta extorsión que representa el “moche” legislativo y que se ha acreditado como una práctica que ha permeado de manera significativa la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación, pueda empezar a combatirse y a erradicarse.

Lástima que no se avanzó en la disminución del déficit que se tenía programado del 3 por ciento al 2.9, que parece insignificante una décima, el 0.1 por ciento que representan en lo fundamental, cerca de 17 mil millones de pesos que entrarán en la bolsa de negociación en la Cámara de Diputados para atender la gestión legislativa y que lamentablemente, se ha convertido en una nueva modalidad de extorsión a los presidentes municipales, donde ahora ya no son objeto solamente de la extorsión de la delincuencia organizada, sino también de otro tipo de delincuencia organizada, que es el “moche” legislativo que cobra un porcentaje u obliga a los presidentes municipales a contratar a determinadas empresas para construir las obras.

Hay otros avances en los dictámenes de las leyes, en el caso del Impuesto Especial de Productos y Servicios se estableció una metodología para determinar el precio de las gasolinas y el diesel, donde las franja de flotación no puede estar por encima de la inflación estimada del 3 por ciento, aunque esto tendrá implicaciones, por supuesto, en el precio final de las gasolinas.

De la misma manera, en la Ley de Ingresos de la Federación hay un addendum para analizar con cuidado el impacto que tendrán el saneamiento de las pensiones y jubilaciones en PEMEX y la CFE.

En el Impuesto Sobre la Renta se incrementó el tope de reducción del 10 al 15 por ciento de los ingresos de las personas físicas; en el Régimen de Incorporación Fiscal se amplió el mini Rif de 250 mil a 300 mil pesos y se eximió de la expedición de factura por operaciones menores de 200 a 250 pesos en los pequeños negocios; se eximió al uso de medios electrónicos en operaciones hasta dos mil pesos, se pasó de 2 mil a 5 mil pesos, y se tomaron algunas otras medidas en materia administrativa para desburocratizar este asunto.

Sin embargo, quedaron pendientes, y eso en los temas de fondo, los grandes agregados porque el impacto que tiene en la política fiscal este tipo de ajustes no es significativo, hubiera sido más significativo hacer una revisión a fondo del pago de derechos en la legislación en materia minera, en donde nuestro país se enfrenta en estos momentos el mayor saqueo de recursos naturales de nuestra historia, porque tan sólo en los 10 primeros años del presente siglo, los corporativos mineros, en su mayoría canadienses, han extraído el doble del oro y la mitad de la plata que la Corona Española extrajo durante 300 años de colonización en nuestro país.

Ya que de acuerdo al Sistema Integral de Administración Minera, en México existen más de 31 mil concesiones mineras que amparan a cerca de 50 millones de hectáreas que se encuentran en poder de 287 empresas, la cuales desarrollan 668 proyectos mineros.

Nuestro país se encuentra en el peor momento de saqueo de su riqueza mineral, en donde no solamente no hay el cobro de un derecho equitativo por la enorme riqueza que se extrae, sino que el impacto negativo desde el despojo de recursos naturales que corresponden a ejidos y comunidades se incrementa con el enorme daño y alteración que sufren las comunidades al momento que llegan estas empresas que no cumplen con sus obligaciones de responsabilidad social, sino que por el contrario generan mayores problemas de desintegración comunitaria y de sobreexplotación del trabajo, ya que no se apegan estrictamente al cumplimiento de la legislación laboral.

Quizá uno de los principales temas y más delicados, es el haber introducido en el Impuesto Sobre la Renta en el artículo 74, una figura jurídica que se había erradicado de la legislación, había aparecido en el año 2013 y posteriormente fue quitada de ella, en donde se quiere establecer la exención de 200 veces el salario mínimo para que no se aplique el Impuesto Sobre la Renta a los ejidos y comunidades, que suena muy atractivo pero que, sin embargo, tiene varias implicaciones.

La primera de ellas, y lo digo en los términos en los que viene en el dictamen, se establece que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año por cada uno de los socios o asociados siempre que no exceda en su totalidad las 200 veces el salario mínimo y esto, dice, no será aplicable en ejidos y comunidades.

Aquí hay que señalar que la propiedad social en nuestro país nunca ha pagado impuestos, muchos menos el Impuesto Sobre la Renta, porque la propiedad social proviene de los bienes nacionales que se entregan en usufructo al ejido y el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre su tierra y sus recursos naturales donde en todo momento la propiedad social es inalienable, imprescriptible e inembargable.

Y esto no es sino disfrazar la introducción del cobro de un Impuesto Sobre la Renta que estará vinculado, fundamentalmente, a lo que será el establecimiento de las contraprestaciones que se derivan de la Reforma Energética, particularmente en materia de hidrocarburos en donde en todos los casos que se establezca ocupación temporal, servidumbre de paso, asociación con particulares, contratos o arrendamientos de acuerdo a la Reforma Energética, se tendrá que pagar Impuesto Sobre la Renta, y ya quisiera yo ver a la comunidad lacandona pagando el Impuesto Sobre la Renta de aprovechamiento de energía en la Selva Lacandona o a la comunidad chamula, en el caso de Chiapas, o a los indígenas Yaquis lo cual va a generar conflictos sociales muy superiores a los que se pretenden resolver.

Y la verdad que es lamentable la forma en que se argumenta el establecimiento de esta medida, en donde yo le sugeriría al Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por lo menos se modificara el texto de la exposición del motivo de dictamen la consideración vigésima sexta que se refiere a facilidades del pago de impuestos a ejidatarios, comunidades y sus integrantes, donde dice: “Estas comisiones consideramos el establecer facultades del Sistema de Administración Tributaria para que pueda emitir reglas administrativas que permitan la regularización de las obligaciones formales y de pago de los integrantes de ejidos y de las comunidades por los pagos recibidos por personas físicas y morales independientemente del sector al que pertenezca”.

Y agrega: “Lo anterior en razón de que en la última década se han incrementado los actos jurídicos celebrados entre ejidos y comunidades y empresas mercantiles dedicadas a actividades agrícolas y silvícolas en las cuales los ejidos han celebrado contratos de ocupación temporal”, por eso va asociado justamente a la Reforma Energética. “Y dichos actos sean celebrados ante notario público y ante las autoridades de la materia”.

“No obstante, las empresas mercantiles condicionan el pago a que el mismo se realice directamente a los ejidos y no a los ejidatarios y personas físicas, lo que ha causado confusión en los ejidos en razón, y esto es un asunto que no podemos aceptar en el Senado, en razón de que gran parte de ellos son personas de la tercera edad o con escasa formación académica induciendo en error y omisión a los ejidatarios en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Dado que conceptos discriminatorios de esta naturaleza no pueden formar parte de un cuerpo legislativo y por eso habrá que revisarlo porque creo que esta disposición es inconstitucional porque viola el artículo 27 constitucional, no solamente por la naturaleza de la propiedad social, sino además porque establece con toda precisión que la inalienabilidad y la inembargabilidad de las tierras, lo que se refrenda en la Ley Agraria en los artículos 64 y 74 en función de lo establecido en el artículo 2o. y el artículo 4o. de nuestra Constitución, en particular en el reconocimiento y las garantías que se otorgan a los pueblos y las comunidades indígenas a la libre autodeterminación y a su autonomía para decidir sobre sus formas de convivencia, de organización social, su organización económica, política y cultural.

Dos temas finalmente, el impuesto especial, el IEPS, a precios de gasolina, en donde de acuerdo al argumento de la Secretaría de Hacienda, se inicie un proceso a partir de 2016 para que se otorguen permisos a terceros por el expendio al público de combustibles.

En el 2017 se permita la libre importación de gasolinas y en el 2018 los precios estén sujetos al mercado.

La verdad es que aquí de nueva cuenta hay una distorsión de la información porque se tiene que asumir que hoy se está importando gasolina a precios bajos, se vende a precios altos, lo cual este sobreprecio genera ganancias adicionales al gobierno federal y al mismo tiempo establece un impuesto que en la franja de frotación hasta el 3 por ciento implicará, por lo menos un incremento hasta de cuatro pesos por litro el próximo año.

Y de todos modos nos dicen que se sigue manteniendo el subsidio, lo cual es absolutamente falso por el sobreprecio al que se están vendiendo las gasolinas que en más del 60 por ciento que importa en estos momentos PEMEX.

Por supuesto en el 2018, si es que esto no cambia, toda vez que ésta es una legislación anual y lo que se establece aquí no necesariamente prevalecerá en los próximos 2 años, implicará que en el año electoral bajará el precio de las gasolinas, porque como lo vemos en la propia estadística que nos ha entregado la Secretaría de Hacienda, la producción petrolera en nuestro país seguirá disminuyendo y no superará los 2 millones 300 mil barriles diarios, el precio de la mezcla mexicana seguirá cayendo por debajo de los 50 dólares por barril, mientras los precios del petróleo continuarán a la baja sin que disminuya el precio de las gasolinas; mientras, y lo dijo muy bien Mario Delgado, vamos a pasar de una economía petrolizada a una economía gasolinizada, porque solamente en los ingresos tributarios que espera el gobierno federal para 2016, y son datos que dio la propia Secretaría de Hacienda, el incremento en lo que serán la recaudación por gasolinas pasará de 31 mil 300 millones de pesos a 209 mil 400, el tiempo está medio nublado, y un poco de lluvia. Tomen sus precauciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le informo a la Asamblea que el Senador se está refiriendo a todos los dictámenes, por eso es que está tomando más del tiempo reglamentario.

Le pido, obviamente, que concluya en el tiempo que requiera para poder comentar los dictámenes ya referidos.

Adelante, en el uso de la palabra, Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Se lo aprecio mucho.

Esto implica con el incremento del precios de gasolinas, un incremento de 569 por ciento en la recaudación que se espera por el sobreprecio y esta franja en la que se estará moviéndose el precio de las gasolinas, donde esperamos aumentos hasta de 4 pesos por litro en el momento más complicado, y manteniéndose por precios muy por encima de los Estados Unidos, donde hoy en México el litro de gasolina promedio está 13 pesos con 57 centavos, mientras en Estados Unidos el litro por gasolina está a 10 pesos con 6 centavos.

Hay otros temas vinculados con deuda. En el mensaje político del Presidente Peña Nieto, en Palacio Nacional, el 2 de septiembre dijo: Que “ante la reducción de los ingresos petroleros no iban a aumentar los impuestos, ni se iba a endeudar el país, cuando ya la deuda asciende a 7 billones 979 mil millones de pesos, una cifra superior a 2 billones 800 mil millones de pesos estando registrado en 2012; y al mismo tiempo se espera obtener en los próximos 3 años 50 mil millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar el Ramo 33 en demérito de las finanzas de los estados y municipios.

A lo que se suma el incremento de las tasas de interés porque es evidente que la tasa de interés en Cetes a 28 días, al pasar a un incremento del 3 por ciento al 4.5, y el incremento de 22.2 por ciento, va a tener un impacto en el nivel de endeudamiento, así como el cambio en la tasa libre, en donde a 3 meses se proyecta un incremento de 200 por ciento, por lo cual es absurdo que no se considere que va a haber un sobreendeudamiento para el país.

Lo dijo Gerardo Esquivel, por ejemplo, en el foro que organizó el Instituto Belisario Domínguez, cómo este sobreendeudamiento ha pasado de 9 puntos porcentuales del PIB y pasará al 12 por ciento del PIB en el próximo año.

Ahora sí resulta que estamos viendo quiénes son los irresponsables en el endeudamiento y quiénes son el verdadero peligro para México.

Y finalmente, este asunto de la bancarización aunque se ha reflexibilizado, yo creo que sigue una lógica que no se corresponde con el conjunto de medidas que ha debatido el Senado.

Yo creo que al peso mexicano ahora también se le criminaliza, el peso deja de ser la moneda del curso legal; las disposiciones a la bancarización para que en todos los casos el pago se realice desde los comprobantes fiscales digitales y el pago de los mismos sea a través de la banca, ya sea en cheque, transferencia electrónica, o con tarjetas de crédito, va a afectar no solamente a los pequeños contribuyentes, a los pequeños negocios, sino va a ser inaplicable no solamente en las zonas rurales   sino en muchas regiones urbanas y suburbanas, teniendo complicaciones adicionales.

Voy a poner un ejemplo, por lo que estamos discutiendo, por ejemplo en la Ley de Lavado de Dinero, en donde se está modificando los umbrales para permitir operaciones en efectivo, toda vez de que ha fracasado la política establecida hasta ahora, donde en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha reportado, este es un dato muy interesante, que solamente entre el 2004 y el 2009 se reportaron 28.5 millones de denuncias de operaciones supuestamente sospechosas de lavado de dinero, de las cuales sólo prosperaron 160 mil, con el agravante de que los reportes que tienen que hacer las empresas que manejan el registro de estos datos es dar a conocer datos que corresponden a la vida privada y personal de los ciudadanos, porque se reportan todas las operaciones en cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo que realicen en cualquier empresa. Yo creo que es de los temas que habrá que discutirlo con mayor detenimiento.

Insisto, este no es un debate técnico, no es un debate solamente para los iluminados en la economía, por supuesto que hay que conocer los criterios de política económica, la situación global, los problemas macroeconómicos, pero aquí también, pues hay un asunto de perfil, incluso, ideológico, porque la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos define el carácter de un gobierno.

¿A quién se le cobran los impuestos?, ¿a dónde se destina el gasto?, ¿cuáles son las prioridades gubernamentales?

Y por eso hoy no entiendo cómo la mayoría del PAN va a votar a favor de una reforma que cuando discutimos la reforma fiscal votó en contra y que recriminó a la bancada del PRD durante dos años el acompañamiento de esa reforma hacendaria, y hoy sin ningún cambio en el modelo fundamental aprobarán mayoritariamente esta reforma aquí, fiscal, quizá a cambio de mantener el moche legislativo y las pequeñas migajas que hoy se han entregado.

Por eso, respetando la votación mayoritaria de mi comisión, 4 votos a 1, yo votaré en contra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 de nuestro Reglamento.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La deuda pública, en efecto, es creciente y es la que ha sustentado el presupuesto público por varias décadas, pero nos parece que ese expediente se acabó.

Se están manipulando los indicadores de déficit público utilizando una metodología a conveniencia para simular que el déficit está disminuyendo contablemente, pero en realidad, y traigo desglosados todos los conceptos de la deuda, en obvio de tiempo no me voy a detener, pero para 2016 se está considerando un déficit de 3 por ciento donde sólo el 0.5 por ciento incluye la inversión de la deuda de PEMEX.

Se había permitido exclusivamente meter en el déficit, el déficit público y la deuda de PEMEX, ahora aparece también la deuda de la CFE y aparece algo que se llama “otros proyectos de impacto social”, lo que eso signifique, no lo explica la ley, no dice qué tipo de impacto, y por qué esos proyectos se tienen que meter dentro del déficit. Son falta de transparencia que nos parece indispensable que se aclare.

Se repite como dogma la necesidad de un déficit cero, pero en realidad están aumentando la deuda con lo cual sería inalcanzable el déficit cero.

La realidad es reveladora, en 2016 la deuda llegará a 8 billones 500 mil millones de pesos, casi 2 veces el presupuesto total del país, con un crecimiento tan mediocre, además con unos niveles de inversión tan reducidos al mínimo que impiden alcanzar un mayor crecimiento con el cual generan condiciones para el pago de una deuda tan grande resultan riesgosas varias decisiones.

El gobierno propone en este artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, utilizar los remanentes del Banco de México para pagar la deuda donde se incluyen los excedentes de los ingresos del sector público y otros proyectos de impacto social.

Según la Secretaría de Hacienda se trata de transparentar fondos que no están etiquetados y se usan en compensar incrementos no previstos del gasto programable o los fondos de estabilización, pero no los sustenta. Los fondos de estabilización tienen su propia ley y los fondos no etiquetados, pues deberían de etiquetarse.

Los remanentes del Banco de México de 2014 suman 31 mil 449 millones de pesos que fueron entregados al gobierno federal, según lo estipula el artículo 55 de la Ley del Banco de México.

El paquete económico 2016 propone que el 70 por ciento de esos recursos se destinen al pago de la deuda, realizar pagos anticipados de deuda para reducir el déficit.

Los remanentes del Banco de México son recursos frescos, nuevos, adicionales que podrían usarse en la formación bruta de capital fijo, en la infraestructura educativa para no endeudar más al país con cargo a las aportaciones federales, se puede destinar a inversión productiva que impulse el crecimiento económico y con mayor crecimiento económico habrá mayores recursos para pagar la deuda.

El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en su visita a México a principios de 2015, comentó: “El gobierno mexicano debe instrumentar un mayor gasto público a inversión para enfrentar la caída de los precios del petróleo, elevar la inversión pública en los sectores de la economía que puedan detonar el crecimiento, en fortalecimiento de su mercado interno”, sin embargo, aquí se propone lo contrario.

En 2015 hubo una actividad continua de venta de dólares o subastas de dólares de Banxico y se espera que haya remanentes de más de 100,000 millones de pesos, si el artículo 19 de esta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se aprueba, el 70 por ciento de esos 100,000 millones se usarían en pagar deuda y no en el crecimiento económico del país.

En 2014 los remanentes de operación del Banco de México fueron el resultado de un diferencial cambiario del peso frente al dólar de 3.3 por ciento, pero para el 2015 la depreciación media-anual ha sido casi del 35 por ciento, por lo que se esperan remanentes, yo creo no de 100,000 millones como lo han estimado algunos analistas, sino mucho mayores.

Pongamos la cifra que en los estados financieros del Banco de México al primer trimestre de 2015 se reporta una ganancia de 180,172 millones de pesos por la valuación de sus activos en divisas, el entorno internacional continúa con alta volatilidad, por ello es previsible que los remanentes sigan creciendo, y que en 2016 sean mucho mayores, ¿todo este dinero va a ir a parar a la deuda?

Eso es tirar el dinero debe invertirse para que produzca recursos adicionales, el país necesita destinar mayores recursos a la inversión física, una inversión pública elevada trae como consecuencia otra inversión, la inversión privada que aparejada hacen un inversión total que siempre genera crecimiento económico, entre más alta sea la inversión, más alto será el crecimiento y al revés una caída en la inversión pública es una medida recesiva que tiene efectos muy graves en la economía.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación hay un recorte de 21 por ciento a los gastos de inversión física, es increíble que ahora la inversión ocupe el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que los gastos en servicios personales representen el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto, deben de bajar los gastos personales, debe de bajar el gasto corriente, debe de bajar el gasto suntuario inútil y debe aumentar el gasto de inversión, eso sería una decisión para sanear las finanzas públicas, pero destaca una importantísima disminución de 151,000 millones de pesos de inversión física que es la única que genera crecimiento, mientras que el gasto corriente aumenta en servicios personales.

Los servicios personales no sólo no bajan, sino aumentan en 26,3000 millones de pesos, un 2.4 por ciento adicionales.

Las aportaciones federales que se destinan a las entidades federativas, fíjense, aumentan 6.3, o sea 6.3000 millones de pesos, un histórico 6.6 por ciento. Algo tendrá que ver con los bonos de infraestructura educativa que están poniendo como garantía las aportaciones federales? sí, porque nunca habían aumentado tanto las aportaciones federales en rubro de infraestructura educativa.

Bueno, durante 2010-2015 bajaba muy poco la inversión, ahora prácticamente se reduce, si uno habla de la clasificación funcional del gasto programable, la función de desarrollo económico se reduce en 12.6 por ciento; en valores absolutos el desarrollo económico del país se reduce en 149,000 millones de pesos.

Y si hablamos de la función del desarrollo económico también.

Y hay muchos conceptos que a lo largo del Presupuesto de Egresos de la Federación se están recortando y muchos de ellos tienen que ver con el crecimiento económico del país, parece que se quiere a fuerza ser un país de escaso crecimiento económico y a fuerzas tener todo el dinero fresco, limpio, que además no se contaba con él, son remanentes derivados de la volatilidad financiera vayan al bote de la basura que es la deuda pública.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estamos haciendo un planteamiento que entregamos solicitando la eliminación de la norma.

Uno.- El artículo busca proporcionarle condiciones al gobierno federal para que el banco central sea su prestamista de última instancia, sin justificación del uso de los recursos, en específico se faculta a que sus excedentes financien el nivel de deuda o déficit de un gobierno que se endeuda no para crecer o invertir, sino para despilfarrar los recursos públicos en gasto corriente, como lo presentamos en nuestra primera intervención.

Dos.- Este artículo rompería la autonomía del Banco de México, ese valor tan   importante para la política neoliberal y que tiene objetivos muy claros, básicamente en esa reforma constitucional que estableció la autonomía del Banco de México para mantenerlo como un vigilante de la economía del país para que pague a los inversionistas extranjeros.

Esa medida que se propone rompería, precisamente, la autonomía del Banco de México en materia de uso de recursos en beneficio de un uso particular del gobierno en turno, ello dirigiría abusar al Banco de México de manera político-partidaria, renunciando a sus funciones de utilidad pública.

Tres.- Generaría incentivos perversos para seguir endeudándose, a fin de no frenar el endeudamiento creciente de un gobierno irresponsable, como el del Presidente Peña Nieto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

En virtud de que no se encuentra, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse al artículo 19 Bis del proyecto de Decreto.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Creo que ha habido dos muy buenas intervenciones aquí sobre este artículo que pretende esta reforma, que pretende regular el destino de los excedentes del Banco de México, de los remanentes que tiene Banco de México.

Y qué propone el gobierno en su iniciativa, pues lo mismo que propone en el resto de la política económica: alimentar la caja del gobierno, es el criterio que prevalece sobre todas las cosas, tenemos un gobierno depredador que utiliza lo que se pueda para alimentar la caja del gobierno.

Ya lo señalaba aquí el Senador Bartlett Díaz, el problema de esto es que se viola la autonomía del banco central, un banco central no puede financiar el gasto del gobierno.

¿Cuál es la perversión aquí? Que al dedicarlo al disminuir el déficit o pagar deuda, al mismo tiempo vemos cómo están flexibilizando el concepto de déficit público para incorporar, incluso ahora en el déficit público ampliado, ese que sólo estaba destinado para las inversiones en PEMEX, ahora ya se le agrega en Ley de Ingresos, lo cual es ilegal, es contrario a lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incorpora a la CFE, y se incorpora a los proyectos de alto impacto que pueden ser lo que sea, es decir, flexibilizan el concepto de déficit para poder endeudarse al ritmo que está endeudando este gobierno.

¿Cómo deben ser tratados ingresos extraordinarios como estos, ingresos que se tienen una sola vez, ingresos que dependen de circunstancias que no necesariamente se repiten o que son recurrentes?

Ya lo señalaba aquí la Senadora Dolores Padierna en referencia a este tipo de recursos, Paul Krugman decía, en México, “pues que se dedique a infraestructura”, es decir, México debería destinar ingresos excedentes para que su economía se vuelva más competitiva, y eso es a partir de la infraestructura.

¿Qué propone el gobierno? La caja, es decir, un gobierno que al no hacerse responsable del crecimiento económico, pues entonces no pone como prioridad que todos sus ingresos excedentes se vayan a financiar la infraestructura y con ello potenciar el crecimiento económico.

No, es un gobierno que sólo piensa dentro de la caja, es un gobierno que claudica, decía yo en mi intervención anterior, en su papel de promotor de la actividad económica.

Dice Stiglitz también que cuando un país tiene recursos no esperados, extraordinarios, si es un país desarrollado debería destinarlos a financiar su fondo de pensiones, es decir, a reducir sus pasivos intergeneracionales.

Cuando es una nación emergente, pues lo que más conviene es invertir en infraestructura, ¿por qué? Porque al país lo que le conviene es potenciar su crecimiento económico, y eso lo logra a través de la infraestructura.

Y si estamos en un país muy poco desarrollado, un país pobre, pues lo que conviene es invertir en educación y salud, es decir, invertir en el capital humano de la gente.

¿En dónde estamos nosotros? Yo creo que estamos más cerca de ser una nación pobre que una nación emergente; sin embargo, el criterio de decisión sobre estos ingresos extraordinarios es financiar la deuda, es financiar al gobierno.

Tenemos que cambiar ese criterio; no puede estar por encima de todo la caja del gobierno. No podemos seguir avalando una visión donde el Estado no se hace responsable de promover el crecimiento económico, de incrementar la infraestructura y con ello la competitividad de nuestro país.

Lo que propone incluso en esta reforma el gobierno, es seguirnos endeudando y no generar crecimiento económico, este modelo de endeudamiento sin crecimiento.

¿Cuál es la propuesta que hacemos a este artículo? Que en lugar de destinarlo a la amortización de deuda, lo destinemos a programas y proyectos de inversión en educación y salud; que estos recursos extraordinarios vayan a donde tenemos necesidades extraordinarias, que es nuestro sistema de salud, que es nuestro sistema educativo.

Creo que en un 70 por ciento estos recursos deberían destinarse a ellos. No es un monto menor del que estamos hablando. Ya se presentó aquí un cálculo que tienen algunos analistas, de que podría rebasar los 100 mil millones de pesos para este año. El año pasado, con una depreciación de 3 por ciento, la cifra superó los 30 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que en este 2015 podríamos cerrar con una bolsa muy considerable.

Creo que también esta decisión que se toma, viola la división de poderes, en donde es el Congreso quien define el destino de los ingresos, donde define el Congreso el destino del gasto público.

Esta es una bolsa que no sabemos de cuánto va a ser porque se determina hasta abril de 2016, pero que ya le estamos dando la autorización al gobierno para que disponga prácticamente de ella como quiera, porque lo va a meter por un lado y lo va a sacar por el otro simulando este déficit que ahora tiene de proyectos de alto impacto.

Entonces se le da una bolsa con una discrecionalidad muy grande; estamos hablando que podríamos tener más de medio punto del PIB que se daría al gobierno para que lo maneje a su antojo.

¿Entonces dónde está la facultad constitucional de la Cámara de Diputados, de los representantes del pueblo, de decidir el destino de los recursos públicos?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, le pido por favor que concluya su intervención.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Se violaría ese principio.

Por lo tanto, la propuesta que se está planteando aquí al artículo 19 Bis es muy sencilla: que en la fracción I la redacción sea que cuando menos el 70 por ciento se dedique a programas y proyectos de inversión en educación, y el resto, el otro 30 por ciento, sí lo podamos destinar a amortización de deuda contratada en ejercicios fiscales anteriores para evitar que haya esta tentación de manipular el déficit público.

Esa es la propuesta que implica un cambio de visión, donde el Estado haga acciones, donde el Estado se responsabilice de promover el crecimiento económico y que no nada más se fije en cómo están sus finanzas, si no tenemos crecimiento económico, las finanzas que verdaderamente importan que es las finanzas de las familias y de las empresas que generan empleos no van a mejorar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Le pido nada más que nos entregue por favor por escrito la propuesta. Ya la tienen.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta del Senador Mario Delgado. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que no se admite, queda en sus términos del dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra del dictamen , hasta por cinco minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Como lo han externado algunos oradores que me han antecedido en el uso de la  palabra.

Quiero abonar un poco también ese mismo criterio, recordando que, efectivamente, la Secretaría de Hacienda anunció en abril de este año que los ingresos extraordinarios del remanente de operación del Banco de México, abrían de destinarse a gasto público en infraestructura en el 2016.

Como muchos de ustedes lo saben muy bien, estos remanentes resultan de la operación del Banco de México y, por ese solo hecho, pues no tienen reglas de operación para su manejo.

Y precisamente por ese hecho, compañeras y compañeros, por ese hecho de que no se puede conocer de antemano, si las operaciones de la institución dejarán al final del periodo anual, un saldo a favor, un saldo en contra, y cómo las instituciones de carácter público no pueden contabilizar las ganancias; entonces, a nosotros nos parece que es necesario darle un destino productivo a dichos remanentes.

Pero lo sorprendente ahora, compañeras y compañeros, es que teniendo tal remanente, éste como lo dice el dictamen, será usado como pago de deuda desperdiciando una gran oportunidad para menguar la crisis actual.

Este giro en el destino de los remanentes resulta absurdo para un servidor en los momentos actuales, algo que sólo puede ser entendido como la continuación de una política que no está atendiendo con inteligencia, de una política monetaria que nada tiene que ver con el interés de resolver los verdaderos problemas que son: la pobreza y el desempleo en nuestro país.

Esto se ha convertido, pues, en una práctica permanente, me refiero a la política monetaria, la de eludir la responsabilidad de sumarse al crecimiento económico del país y, lo digo porque desde el año 1994, cuando se le diera autonomía al Banco de México, se viene dando esa política monetaria restrictiva al crédito y esto hay que decirlo, nos parece, no solamente deliberado como queda establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco Central donde se le limita a sólo mantener el control de los precios.

Por eso, Senadoras y Senadores, creo que como nunca en la historia monetaria de México, tenemos hoy en día una representativa cantidad de reservas internacionales, a pesar, sin duda, de haber disminuido en el presente año más de 15 mil millones de pesos al tratar de estabilizar la crisis externa que hemos enfrentado.

Hoy, las reservas internacionales se ubican por el orden de los 177 mil millones de dólares y, por esta razón, nos parece que en enero de 2015, lo quiero traer a colación, advertíamos que tener está gran cantidad de reservas significaba a su vez una gran oportunidad para salir de la crisis, para crecer, para darle a lucha en contra de la pobreza, para crear infraestructura inmediatamente, que creo que es lo que necesitamos en el país.

Y es por esto que, a mí me parece, que es lo que debiésemos hacer con las reservas internacionales en lugar de usarlas para cubrir los déficit de la austeridad más todavía.

La operación del Banco de México está dejando remanentes en moneda nacional y el criterio que se está implementando para su destino es el mismo que se está usando para las divisas.

Nosotros mantenemos que los esfuerzos por el control de la inflación, necesitan ser traducidos en esfuerzos para el crecimiento, pero no para pagar la deuda, no para resolver los problemas de déficits públicos actuales o potenciales, la ventaja, compañeras y compañeros, de tener remanentes en las circunstancias actuales, sin duda, es una gran oportunidad, pero si esos remanentes van dirigidos hacia el pago de la deuda, simplemente se convierten en algo de poca utilidad para sacar de la pobreza y la marginación a nuestra gente.

Por eso, no estamos de acuerdo, y por esas consideraciones, sin duda, como lo ha dicho el señor Presidente, votaremos en contra del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar una propuesta de adición al artículo 19 Bis del proyecto de Decreto.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, es un solo artículo, que ya lo expliqué en el voto particular, la propuesta concreta es que los remanentes del Banco de México se destinen a inversión.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que no se admite, se queda en los términos el dictamen.

Finalmente, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para referirse al artículo 19 Bis del proyecto de Decreto.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, José Rosas Aispuro Torres, Senador por el estado libre y soberano de Durango.

Señoras y señores Senadores, estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en generar medidas que vayan más allá de sólo aumentar los ingresos tributarios. Se trata de robustecer la posibilidad de planear, detonar inversiones y una mejor fiscalización de los recursos públicos, pero para ello, debemos partir que no hemos modificado la forma en que se gasta en México, y que los requerimientos financieros del sector público, se ubican anualmente en alrededor del 3 ó 4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual ocasiona una significativa acumulación de deuda al año.

En la parte específica del proyecto de Decreto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que fue aprobada en la Cámara de Diputados, se propone que sin anuencia del Congreso, el Ejecutivo Federal destine al menos 70 por ciento de los remanentes del Banco de México al pago de deuda pública y el resto al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Dicho remanente resulta de los ingresos derivados de la revaluación de la reserva internacional y de las diferencias entre los intereses que el Banco de México cobra y paga a los intermediarios financieros.

En la propuesta, se explica que el remanente de operación del Banco de México se incremente en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo que genera un ingreso por revaluación de activos netos de sus gastos de operación.

Dicha situación, la hemos estado viviendo durante los últimos meses, en otras palabras, de seguir la misma tendencia, el próximo año, tendremos un remanente importante.

De esta forma, los hechos demuestran que el gobierno federal se siente cómodo con un dólar barato, porque políticamente queda a bien como argumento de confianza y solidez en la economía de México. Si seguimos esa lógica, cuando se encarece el dólar, tendríamos que hablar de desconfianza y debilidad en los fundamentos económicos del país como ocurrió este año, pero cuando hay una depreciación continua y acelerada se dice siempre que viene de afuera, que se debe a la volatilidad internacional.

El gobierno federal no quiere asumir su responsabilidad en el mal manejo de la política cambiaria, pero lo más grave de esta propuesta de utilizar el remanente para pagar deuda pública, es que se están quemando de forma inútil miles de millones de reservas de dólares que cada vez será más difícil reponer por la caída de los precios y la producción del petróleo.

Lo mejor sería que el gobierno federal no se endeude y que estos remanentes de utilicen en inversiones más productivas, por ejemplo, en abril de este año la Junta de Gobierno del Banco de México determinó entrega al gobierno federal la totalidad del remanente de operación de 31 mil 449 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2014; 31 mil millones de pesos, mucho más que el presupuesto de mi estado Yucatán, en un año.

En esta ocasión se informó que los recursos serían destinados a proyectos de inversión en infraestructura, mismos que generarían empleos y ayudarían a incrementar la productividad del país, pero ahora todo ha cambiado, el gobierno federal está empeñado en endeudarse a costa de lo que sea, el gobierno ha perdido el control de la deuda pública, y propongo limitar una capacidad de endeudamiento que no tiene llenadero.

Señoras y señores Senadores, al inicio de la actual administración, estimo que para 2016 está representaría 36 por ciento del PIB, y hoy reconocen que llegaremos a 48 por  ciento.

Por lo anteriormente expuesto, presento una reserva para modificar el artículo 19 Bis del dictamen correspondiente al proyecto del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría solo destine 50 por ciento de los ingresos que correspondan al importe de remanente de operación del Banco de México y entere al gobierno federal en el que la minuta de la Ley del Banco de México.

Al razonar mi voto en contra, les reitero que tiene como origen la intención de reducir los alcances del endeudamiento como resultado de la inconsistencia y poco claro manejo del endeudamiento, su fundamento en tener presente la preocupación por revertir la baja en el nivel de vida de las futuras generaciones de mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta del Senador Ávila Ruiz. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En virtud de que no es admitida la propuesta, el dictamen queda en sus términos.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aizpuru Torres: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que se ha agotado la discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del nuestro Reglamento para informar de la votación del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Les informo que también recibimos el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite correspondiente.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza su incorporación al Orden del Día, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.






El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO   SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



(Voto particular del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas)



(Voto particular de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del mismo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Consulte nuevamente la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen y se ponga de inmediato a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que los coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios y los integrantes de la Mesa Directiva entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen al artículo 52, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, misma que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños.

Si la Asamblea la acepta, la propuesta se incorporará al texto del dictamen y la discusión será con la modificación incorporada.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho documento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron aceptadas por esta Asamblea.

La presentación de este documento quedó cubierta con las intervenciones que tuvieron ya los Senadores Francisco Yunes Zorrilla y Alejandro Encinas Rodríguez, como lo anunciaron en su momento en la tribuna.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento del Senado, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular sobre el dictamen que estamos discutiendo de la Miscelánea Fiscal.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad debe de ser el objetivo primordial de la política pública. Lo hemos dicho y vamos a seguir insistiendo.

Sin embargo, no se puede construir una Hacienda Pública sólida y efectiva si cada año se aprueban más y mayores beneficios para sectores de los más altos ingresos que gozan de jugosos beneficios fiscales, regresivos e injustos desde hace muchos años.

Para evitar mayores daños a la Hacienda Pública proponemos varios cambios a esta minuta.

Consideramos necesario fomentar la actividad empresarial, especialmente aquella que genera abundante empleo.

Me traen el artículo de Luis Videgaray, por favor.

En el terreno de los datos, son contundentes, las empresas que generan más empleos son las pequeñas y las medianas empresas. Ese hecho justifica que se les apoye permitiéndoles deducir sus inversiones. Será una medida más efectiva para crear empleo que beneficiar a los favorecidos de siempre, las grandes empresas.

La propuesta original de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta permitía la deducción inmediata de las inversiones, siempre y cuando se tratara de empresas con ingresos hasta de 50 millones de pesos anuales. Esto era correcto, sin duda, y quisiera explicarlo, porque inexplicablemente, la Cámara de Diputados elevó este techo a 100 millones de pesos para incluir establecimientos ajenos a las pequeñas y medianas empresas.

Quisiera decirlo tal como lo dice el Secretario de Hacienda Luis Videgaray en un artículo que publicó en “La Jornada”, y que se titula: “La deducibilidad inmediata de las inversiones”.

Dice Luis Videgaray: “El paquete económico 2016, propuesto al Congreso de la Unión contiene un conjunto de medidas para promover la inversión. Una es autorizar la deducibilidad inmediata de las inversiones. Sin embargo, a diferencia del pasado, en esta ocasión se propone que solamente las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este beneficio. La razón es que la deducibilidad inmediata es una forma de financiamiento que otorga el fisco, y son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que en realidad lo necesitan”.

Luego entonces, haber elevado a 100 millones de pesos para que incluya a las empresas grandes, y peor aún, incluir a las empresas transportistas, inmobiliarias y petroleras nos parece inaceptable.

En la misma línea, consideramos inaceptable que en el artículo 3o., fracción XII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establezca que el pago realizado por concepto de publicidad se haga, se cargue, en el precio de la gasolina y del diesel, dicho de otra manera.

Este artículo está proponiendo que el costo de publicidad se agregue al precio, y dicen que no van aumentar las gasolinas, que no va aumentar el diesel, todo costo aumenta el precio de venta al consumidor. Pero, además, no necesitamos publicidad para comprar gasolina, la gasolina es una necesidad.

Ahora que van abrir el mercado y va haber Shell y va a haber de varias, quieren hacer su publicidad, pero, ¿por qué con cargo al consumidor?, ¿por qué con cargo al precio final de las gasolinas? Esto nos parece inaceptable y, además, contradictorio con todo el discurso merolico que han traído de que no van aumentar las tarifas, que la gasolina no va aumentar, pero están dejando todo a la discrecionalidad, y de pilón hasta la publicidad cargada en el precio de la gasolina.

En otro rubro, consideramos que las fracciones VII a la XII del artículo 2 del Decreto sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta son inapropiados, porque revierten el proceso de desconsolidación aprobado por la reforma hacendaria. Estas fracciones permiten aplicar un crédito contra el 50 por ciento del Impuesto Sobre la Renta diferido por pérdidas fiscales que con motivo de desconsolidación se encuentren pendientes a partir del 1º de enero de 2016.

Asimismo, se da un beneficio de 10 pagos del Impuesto Sobre la Renta diferidos al corregir los ejercicios 2008 a 2013, más aún se permite acreditar el Impuesto Sobre la Renta causado por la desconsolidación de empresas por concepto de dividendos o utilidades que se pagaran entre sí.

¿No que habían desaparecido el régimen de consolidación fiscal?, ¿no que la Reforma Hacendaria podría acotarlo de primera vez y luego año con año íbamos a ir desconsolidando hasta que desapareciera completamente?

Bueno, ahora todas estas fracciones están obstruyendo la desconsolidación y la están regresando otra vez a disminuir las pérdidas de las ganancias, que eso es justamente la consolidación, y ahora también se les da un beneficio de alargar el pago, nada más uno no paga y hay represalias y multas; pero a los magnates se les permite 10 pagos para pagar su impuesto, y si no, pagan otros 10 pagos.

Bueno, son impuestos diferidos que había eliminado la reforma hacendaria y ahora ustedes los vuelven a revivir. Evidentemente que son negociaciones cupulares de los megaempresarios que negocian con la Secretaría de Hacienda, pero hablen con la verdad, uno puede entender eso.

Desde que se aprobó la reforma fiscal, los empresarios han presionado al grado de que se tuvo que emitir un Decreto de facilidades administrativas por parte de la Secretaría de Hacienda, y ahora ese Decreto lo ponen en ley.

Pero díganlo claramente, están cancelando la reforma hacendaria sólo para los grandes contribuyentes, sólo para los megaempresarios, sólo para la élite económica, no para los pequeños, no para los medianos.

Viene todo el tema de los REPECOS que, por un lado, se les ofrece deducciones a los grandes, pero nunca, pero ni tantito a los REPECOS. Se ha creado en esta ley, no en la Ley del Impuesto Sobre la Renta donde debería de ir, lo están inventando y están creándolo en la Ley de Ingresos para que sólo sea por un año el tema del mini RIF, el Régimen de Incorporación Fiscal, se permite que hasta 300 mil pesos hacia abajo queden exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta, pero no viene en el Impuesto Sobre la Renta, lo cual significa un engaño si salen mañana a decir que se les dio hasta 300 mil pesos y no van a pagar, falso, eso es solamente por un tiempo. En cambio a los otros 10, pagos y si no pueden otros 10 pagos.

Los privilegios a las grandes empresas, ofrecidos en el Paquete Económico. Por si no fueran suficientes, en el artículo 192 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se les permite establecer fideicomisos para el capital de riesgo, además se permite que la fiduciaria sea una casa de bolsa; asimismo, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se establece un límite de 10 años para esto.

Dicho de otra manera, ahora ya no se van a llamar empresas, se van a llamar fideicomisos, y los fideicomisos no pagan Impuesto Sobre la Renta, las empresas sí, pero van a hacer todo el papel de una empresa, pero se van a llamar fideicomisos, y en esta ley los fideicomisos quedan exentos del pago sobre la renta. Negocios, negocios y más negocios.

En el tema de REPECOS recordamos que en la reforma hacendaria se incluyó el Régimen de Pequeños Contribuyentes, se cambió por el Régimen de Incorporación Fiscal con el argumento, entonces, de que era necesario reducir la informalidad.

Este diseño del Régimen de Incorporación Fiscal parte de este error conceptual al considerar informales a contribuyentes que, además, están inscritos en el esquema conocido como Régimen de Pequeños Contribuyentes, que incluye, como se sabe, a locatarios de mercados, a dueños de misceláneas, a negocios de servicios de muy diverso tipo: estéticas, muchas cosas.

Al hacer la reforma se dijo que contribuiría a disminuir la informalidad, a crear empleos, pero nada de eso ha ocurrido. Si uno revisa la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el sector informal representa 57.6 por ciento de la población económicamente activa.

¿Dónde está entonces la disminución de la informalidad que se esperaba, gracias a este nuevo régimen? Las pequeñísimas disminuciones en las tasas de la informalidad de ocupación…

Compañero Mayans, es que estás muy fuerte…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, le pido que por favor concluya su intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: El gobierno esperaba, no, espéreme tantito, las pequeñísimas deducciones de este régimen de incorporación prácticamente son simbólicas.

Para abreviar, me iré directo al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio que se aplica a los combustibles que se han utilizado para compensar la reducción de los ingresos petroleros ocasionada por el desplome del precio internacional del petróleo, pero también por una reforma energética que no camina.

La reducción de los ingresos petroleros y la ineficiente recaudación tiene un gasto que el gobierno federal se lo está cargando directamente a los consumidores de combustibles e indirectamente a toda la sociedad.

Y vuelvo a señalar que lean los documentos que entregan las autoridades, donde está claramente escrito que el IEPS de 2015 sube al 2016; el IEPS cargado a combustibles automotrices en el 2015 la gasolina Magna tiene cargado 2.50 y sube a 4.16; la Premium tiene un IEPS de 1.67 y sube 3.52; el IEPS del diesel está en 2015 en 3.62 y sube a 4.58; esto se llama aumentar impuestos, que no se falsee toda la información, que no se siga engañando a la sociedad.

Si de verdad quieren no aumentar impuestos y ser veraz con los spots de radio y televisión, entonces la modificación no debe hacerse sólo a la banda, sino sobre todo al aumento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, cargado a los combustibles automotrices.

Miren, son muchos temas, porque es una miscelánea grande, pero todos sabemos que la actual administración ha determinado que a lo largo de 2015 estén homologados los precios a como esté en Estados Unidos.

Por eso es indispensable poner un tope a la banda de movimiento de precios de las gasolinas.

En otra oportunidad hablaremos de otros impuestos que vienen incluidos en la miscelánea fiscal.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar su voto particular.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Uno de los dos votos particulares que voy a presentar tiene que ver con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 52, que ya ha sido señalado aquí que se va a incorporar a la discusión.

Este cambio que se pretendía operar al Código Fiscal de la Federación nos pareció, desde un principio, un asunto de muy mal gusto, y descrito en castellano, era el hecho de obligar a los contadores públicos a que para efecto de certificar tuviesen que tener un posgrado; entonces, tendríamos que ir a la definición de lo que es un posgrado, digo, sí, yo lo sé, sé lo que es un posgrado, es un master, una maestría, un doctorado, ¿qué es?

Nos parecía, y lo discutimos en comisiones, más un traje a la medida, un chalequillo a la medida de algún Diputado gremial que se le ocurrió por ahí al llegar a la Cámara de Diputados, liberar del monopolio le llaman de la colegiación a los contadores, siendo que el sistema de certificación que opera actualmente en el muy particular tema de los contadores públicos certificados es correcto, no tienen ningún problema, no hay ningún sobresalto.

De manera que el hecho de haber atendido esta minuta tal como nos llegó de San Lázaro era, por un lado, complicar el tema fiscal, y por otro, complicarles la vida a miles de profesionistas contadores públicos que se someten periódicamente a certificaciones que progresivamente se están actualizando; y lo otro, era condenarlos a una, al estudio de una maestría, que si quisieran hacerla, sería su derecho, y además, qué bueno.

Pero hay que reconocer…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Blásquez Salinas, me permite, por favor, nada más le informo que la Asamblea precisamente autorizó ya modificar el Código Fiscal de la Federación, o dejarlo como estaba en los términos en que está actualmente, entonces, ya así está en el dictamen, nada más para que tengamos todos la misma información, así es que ya ese tema se resolvió.

Gracias, Senador, continúe en el uso de la palabra.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente.

Qué bueno que atendieron la petición que varios Senadores hicimos.

El otro tema tiene que ver con el IEPS, con el aumento al impuesto a la gasolina.

Yo creo que es muy vergonzoso que en esta Cámara estemos realizando acuerdos políticos y que seamos nosotros mismos los que desconozcamos, al paso de uno o dos años, esos acuerdos.

Nosotros convenimos aquí, aun cuando se haya votado en contra, el hecho de que el precio de la gasolina se liberalizara hacia el 2018, y acordamos que a la gasolina le íbamos a retirar esos perniciosos gasolinazos de 9, 10, 11, 12 pesos que aparecieron por ahí de 2005-2006, y que tanto afectaban a la sociedad.

Entonces, lo que se convino aquí es que en enero le aplicáramos un aumento, uno sólo, que fuera equivalente a la inflación.

Este año que está por terminar así ocurrió, fijamos el precio de la gasolina Magna en 13.57, luego de aplicarle un aumento de 2.5, que fue lo que se calculó la inflación, y de esa manera el público pudo tener certidumbre en el costo de la gasolina.

Las empresas, los particulares, sabían perfectamente que el precio de su litro de la gasolina Magna era de 13.57.

En la frontera norte, inclusive, llegamos a pagar, y estamos pagando precios inferiores gracias al esquema de homologación.

Ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, están pagando el litro a 10.50.

Ciudades como Mexicali y Tijuana, están pagando su litro a 12.50, por el esquema de homologación con la ciudad espejo de los Estados Unidos.

Sin embargo, esa franja de comodidad que se da en el precio de la gasolina, que es como de 4 pesos, derivada de la disminución en los costos de mercado de los Estados Unidos, de los costos de la gasolina a nivel mundial, obviamente despertó el apetito de la Secretaría de Hacienda, despertó la voracidad.

¿Y qué es lo que está haciendo Hacienda?

Que de esos 4 pesos de banda de comodidad están jalando 3 para el IEPS con el argumento de que en lugar de tener un IEPS variable lo tengamos fijo, sí, pero 3 pesos más caro, o 2 pesos, según fuera la gasolina, y están dejando un pesito para el consumidor.

Yo les diría, si en este momento pudiésemos ratificar el convenio que políticamente establecimos hace dos años de que la gasolina aumentara 2.5 por ciento en enero como consecuencia de la inflación, nuestra gasolina Magna costaría 13.90, el equivalente a 3 centavos mensuales, aplicados en un solo mes y, obviamente, habría la certidumbre de costo.

Bajo este esquema que plantea la Secretaría de Hacienda, yo hace rato les pregunté: ¿Dígame alguien cuál va a ser el precio fijo de la gasolina en enero?

No saben, porque están esperando el comportamiento de las variables para aplicarlo a la gráfica de la banda, no saben.

Sí, es posible que la gasolina en enero cueste unos centavos menos de lo que cuesta ahora.

¿Por qué? Porque la Secretaría Hacienda está reteniendo 3 pesos de esa banda de comodidad, los está convirtiendo en IEPS, está apostando a una política de precios bajos de la gasolina a nivel mundial, está apostando a que la gasolina, cuando cuesta más barata, es precisamente en el invierno, enero, febrero, marzo, y cuando llegue el verano, cuando suban los precios, cuando se presente un aumento en el mercado internacional de la gasolina, y cuando quedemos presos de los esquemas estos de las refinerías de los Estados Unidos, que inclusive aparece la rata amaestrada por ahí, incendia un par de refinerías para especular y automáticamente aumenta el costo.

¿Con qué vamos a hacer frente nosotros a esos aumentos de sobresalto en el precio, si ya la Secretaría de Hacienda trajo para sí esos 3 pesos de IEPS?

A mí me parece que este asunto es muy grave, que se le está mintiendo a la sociedad, que se le está diciendo que no es un impuesto y sí es un impuesto; que se le está diciendo que la gasolina no va a aumentar.

Bueno, no va a aumentar en enero, no va a aumentar en febrero, quizá en marzo, pero queremos ver cuando llegue, como digo, el verano, y cuando lleguen los actos de especulación de las refinerías estadounidenses, que prefieren incendiar las plantas que bajar los precios.

Si no, vamos a ver cuántos incendios propiciados hubo en California este año, porque como la gasolina ya iba hacia los 2.80 dólares el galón en San Diego, 2.50 dólares en Los Ángeles, quemaron dos refinerías y automáticamente el precio se fue a 4 dólares el galón. Ahí véanlo, lo pueden checar perfectamente en cualquier buscador de noticias.

Por ello, propongo que este esquema se quede exactamente como lo votamos aquí en el 2013.

Lo más importante es que haya certidumbre, y si quieren, como dicen, beneficiar a la comunidad, entonces homologuemos el precio de la gasolina de México a como se está vendiendo en Houston, Texas, y ya verán como en este momento tendrían que bajar el litro a 9.75 pesos, porque ése es el precio de mercado.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Informo a la Asamblea que la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván entregó el texto de su voto particular, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes Senadores:

Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, en contra.

Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en contra.

Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, en contra.

Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, en contra.

Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, a favor.

Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Pregunto si hay algún otro Senador o Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Había solicitado mi inclusión en la lista de oradores.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senador. ¿En qué sentido?

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) En contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En contra.

Con mucho gusto lo anoto Senador Mario Delgado Carrillo.

No habiendo más Senadoras o Senadores que deseen participar en esta discusión en lo general.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su venia, Presidente José Rosas Aispuro, Senador por el estado libre y soberano de Durango. Señoras y señores Senadores:

Debemos velar por una Miscelánea Fiscal estable, que por su consistencia nos aleje de estar cambiando constantemente las definiciones básicas de la Miscelánea Fiscal para corregir inconsistencias.

Los que somos contadores públicos sabemos que cada vez que hay una Miscelánea Fiscal, muchas veces sirve para corregir inconsistencias y errores. Como actualmente está, no da pie a que madure una estructura de ingresos permanentes, a brindar mayor certidumbre en los agentes, lo cual lleva al problema estructural de sólo abordar detalles menores de la Ley de Ingresos o de la Miscelánea Fiscal, sin considerar sus efectos nocivos de política pública.

El proyecto que se ha remitido por comisiones incluye limitantes para la deducción de gastos en bienes y servicios que, como está, va a afectar a la economía familiar de millones y millones de mexicanos.

Esto es claramente apreciable al haber fijado injustos límites a las deducciones personales. También pretende imponer multas a los contribuyentes por faltas sencillas y omite el derecho de informar e invitar a los ciudadanos a cumplir sus obligaciones fiscales.
Como está la minuta de la Miscelánea Fiscal, hoy habrá sanciones por aprobarse, habrá sanciones de hasta 15 mil pesos para todos los contribuyentes, desde los más pequeños hasta los más grandes, por no presentar una declaración informativa.

Pero preocupa los miles y miles de changarros que son pequeños contribuyentes que no van a poder pagar 15 mil pesos de multa y van a tener que cerrar.

De especial relevancia es oponerse a la deducción de gastos médicos hasta por el 100 por ciento de los gastos erogados, pues como actualmente está en la minuta remitida por nuestra Colegisladora, esta estrategia genera desigualdad entre los contribuyentes, atenta contra los trabajadores de bajos salarios y, además, lacera el sistema de seguridad social de nuestro país, daña a la gente, daña a los mexicanos, daña a los yucatecos.

En relación con el límite a las deducciones personales, la medida que se nos ha remitido a esta Soberanía es regresiva, grava más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Si lo que se quiere es hacer más justo el límite de las deducciones personales, resultará mejor aumentar el porcentaje que ahora es del 10 por ciento y dejar el tope de cuatro salarios mínimos anuales, pues esto si va a beneficiar directamente a los contribuyentes con ingresos menores.

Propongo dar marcha atrás a la imposición de multas a los contribuyentes que van de 5 mil a 15 mil pesos, lo que pudiera constituir una violación de los derechos del contribuyente, puesto que no existen los elementos técnicos y la asistencia adecuados para que el contribuyente cumpla con esta obligación.

En lugar de aplicar una sanción económica, propongo que se opte por invitarlos a actualizar su información en la página de Internet del SAT y que se les asista para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

Qué bueno, me da mucho gusto, que en la Comisión de Hacienda de aquí del Senado, se haya revertido el requisito de contar con un posgrado en materia de contribuciones para los contadores públicos autorizados a dictaminar estados financiaros. Ese es un avance que hicieron los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

Pero, además, la Miscelánea Fiscal 2016, desincentiva la industria automotriz, ya que impide la deducibilidad de la compra de vehículos con un valor mayor a 175 mil pesos.

En ese sentido, propongo elevar el monto máximo de deducibilidad vigente respecto de la inversión en automóviles, pero no sólo a 175 mil pesos, como lo marca la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, sino a 300 mil pesos, a fin de incentivar la adquisición de automóviles y beneficiar la formalidad en este país.

Esta elevación del monto máximo representa un incentivo para las empresas y para las personas con actividad profesional independiente.

Propongo dar marcha atrás a la reducción del gravamen de bebidas azucaradas, pues es necesario recordar que en dicho gravamen se implementó en la reforma fiscal de 2013, con el objetivo de reducir la obesidad entre los mexicanos y a promover la salud pública.

Establecer y hacer cumplir políticas que promuevan la salud, significa pugnar por lograr la justicia, haciendo frente a intereses comerciales muy poderos y persuasivos.

Estamos frente a una situación crítica de salud pública que, de no ser atendida en el corto y mediano plazo, puede comprometer nuestra viabilidad como nación; inclusive, estoy presentando una reserva específicamente en el IEPS en bebidas azucaradas, no solamente para como ya quedó en la Comisión de Hacienda aquí en el Senado, de que se revirtió lo de Cámara de Diputados, sino que adicionalmente se incluya un peso más, que no sea un peso, que sean dos pesos más y que ese recurso se etiquete para problemas de salud pública, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso.

Señoras y señores, al razonar mi voto en contra, les reitero que tiene como origen la intención de proteger la industria nacional de este país, el patrimonio de todos los mexicanos y mejorar la calidad de vida de nuestras próximas generaciones de nuestros hijos.

Estas decisiones legislativas pueden hacer grandes diferencias para las perspectivas de bienestar de todos los mexicanos y, en especial, de todos los yucatecos, que por ellos estoy aquí en el Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda tenemos dos años con esta reforma, y recuerdo muy bien lo que he comentado en todos estos años, de que era una reforma que no iba a permitir que creciera la economía en el país, que era un tema de recaudación, y los números así lo dicen en la propuesta de 2016, en los ingresos del gobierno federal, solamente el tema del Impuesto Sobre la Renta, trae un incremento del 18 por ciento.

Eso significa que demostramos que fue una reforma totalmente recaudatoria que, sin duda, el recaudar más con base a subir las tasas y disminuir las deducciones, le genera un ingreso extraordinario a la Secretaría de Hacienda, pero también poco a poco va ahorcando a las empresas en un factor tan importante como es el crecimiento, en nuevas inversiones para la generación de nuevos empleos.

Y otro rubro que quisiera analizar, y por eso confirmar esta reforma, fue el IVA. El IVA solamente crece en 2 por ciento en términos reales. ¿Qué te dice esto? Que es un impuesto al consumo y no hay un consumo interno, y eso va muy ligado al crecimiento de la economía del país.

Pero sin duda, también son dos años con esta reforma, donde no habíamos visto ninguna voluntad para hacer algún cambio, aunque fuera de esta manera como miscelánea; claro que no es la contrarreforma que siempre habíamos pedido, pero sin duda el tema de aceptar algunos puntos, que si bien, aquí mi compañero el Senador Daniel conocía; y lo decía que era insuficiente y proponía otros niveles mayores, y que estamos conscientes que también por el tema, por la economía que está pasando el país, va a ser imposible.

Mi posicionamiento es justamente a favor, aceptando estos pocos avances que, sin duda, ayudarán a las micro y pequeñas empresas en el tema de deducciones de inversiones, hasta 100 millones de pesos, cuando estas empresas tengan hasta 100 millones de ingresos.

Las deducciones de automóviles, que la reforma en lugar de crecer disminuyeron y que ahora retoman los 175 mil pesos, que también eso ayuda a la industria automotriz, que a lo largo y ancho de nuestro país tenemos muchas armadoras o productoras de automóviles. La verdad es que ayuda también el incentivar justamente la adquisición de automóviles para flotillas o para ejecutivos en las empresas.

El tema de deducciones personales, esto va directamente a la clase media, en aquellos que hacen un sacrificio por tener a sus hijos en colegios privados o en escuelas privadas, que hacen un sacrificio y le ayudan al gobierno a no ser una carga de salud por ir a un doctor privado y no ir a una institución del ISSSTE o del lMSS; que bueno que crece la deducción de 102 mil a 127 mil, o bien al 15 por ciento, y ayuda a todas aquellas clases medias, que sin olvidar de ellos, son los que al final sostienen un país.

Y en los REPECOS, pues nos siguen tratando como grandes. Hay un pequeño avance en este régimen de excepción hasta los 300 mil pesos para los pequeños changarros, como dice el Senador Daniel, en tema de menos obligaciones, menos impuestos, el que puedan facturar ya con una compra hasta 250 pesos, y que no entran a un sistema financiero, que luego les sale más caro a las comisiones con esa reforma financiera, que no ha dado mucho, pero que ahora ya los REPECOS hasta 5 mil pesos pueden tener la obligación de pagar sus adquisiciones mediante una tarjeta, o bien, una transferencia.

Son avances pequeños pero hay que reconocerlos que después de dos años, y que ya se veía posible hacer una modificación, hay esa voluntad y por lo cual mi voto va a favor y esperamos que el próximo año podamos avanzar un poco más en estos rubros.

Y el tema de la gasolina, bueno, asegurarnos que no haya un incremento superior a la inflación y que sí tengamos esa gran oportunidad de irnos acostumbrando a un precio variado, aunque sea en un margen muy pequeño, para poder asegurar que no sea superior a la inflación de este año.

Es cuanto, señor Presidente, muchísimas gracias.

Y los invito al voto a favor de esta reforma y esta miscelánea.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Orozco Sandoval.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Voy a ocupar este tiempo para hablar de dos temas demasiado relevantes que vienen en esta Miscelánea Fiscal, que son los nuevos instrumentos financieros:

Uno.- Son los Bonos de Infraestructura Educativa que a través de la Bolsa Mexicana de Valores se pretende captar. Dijo el Presidente de la República, en su discurso del Informe Presidencial, que se pretendía captar 50 mil millones de pesos durante los próximos tres años.

Pero sin embargo, si ustedes abren el libro de la Secretaría de Hacienda, en el Internet, en el Fondo de Aportaciones Múltiples hay en este momento 39 mil millones de pesos que se pueden usar, más lo que se le está destinando en el Presupuesto de Egresos de la Federación a infraestructura educativa, que son casi 11 mil millones, pues ya tiene los 50 mil millones que pidió, entonces para que inventar todo este tipo de instrumentos que no son otra cosa más que deuda pública.

El mecanismo consiste en que el gobierno federal constituirá un fideicomiso público en el cual se depositarán los recursos presupuestales que anualmente se destinan al Fondo de Aportaciones Múltiples; con base en esos recursos, el fideicomiso emitirá bonos que se pondrán a disposición de los inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores, los bonos tendrán una vigencia temporal, durante su periodo de vigencia se les pagará a los inversionistas a una tasa de interés, al concluir la vigencia de los bonos se devolverá a los inversionistas tanto el capital como los intereses.

El Fondo de Aportaciones Múltiples, que forma parte del Ramo 33, son los recursos que aportan el gobierno federal como garantía, pero estos son de las entidades federativas para que otorguen desayunos escolares, apoyos alimentarios, asistencia social, así como para la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de los planteles educativos de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universitaria.

En síntesis, el Fondo de Aportaciones Múltiples tiene un rubro destinado a la infraestructura educativa, al cual le corresponden el 54 por ciento de los recursos que sean destinados para la construcción, el equipamiento y la rehabilitación física de las escuelas de nivel básico, etcétera.

El presupuesto aprobado para 2016 incluye, en este rubro, 10 mil 668 millones de pesos, el gobierno federal no ha dicho si destinará al fideicomiso el total de los recursos al Fondo de Infraestructura Educativa o sólo a la educación básica, por lo que el patrimonio inicial del fideicomiso podría ser de 6 mil 840 millones de pesos y de 6 mil 668.

Es muy importante que se subraye que estos recursos se van a incorporar los correspondientes a 15 ó 25 años consecutivos, se van a traer a valor presente, pero si ustedes hacen las cuentas de traer todos los Fondos de Aportaciones Múltiples a valor presente, sería más barato gastarlos como están, que convertirlos a bonos, porque con bonos se aplica la tasa de interés y sería casi 10 veces más caro que traerlos a valor presente y gastárselos el día de hoy.

Yo no sé si esto lo van a autorizar los congresos locales, es muy probable que sí, si se les manda la instrucción, pero nos parece que son procedimientos completamente inconvenientes.

Los otros son las Fibras-E, un conjunto de activos que una empresa vende en la Bolsa de Valores.

Una vez transferida la propiedad, la empresa puede seguir operando esos activos mediante una concesión o un contrato.

Cuando se dice Fibras-E, es porque va a entrar el sector energético, PEMEX y CFE que van a convertirse en operadores, pero ahora van a tener una concesión o un contrato, van a pasar de dueñas a recibir una concesión de los dueños, y los dueños van a ser los que compren estas fibras.

Las ganancias que generen dichos activos sirven para remunerar a los nuevos dueños. Si sobra, si hubiera remanentes, también son para aumentar la contraprestación del contratista o concesionario, en este caso PEMEX y CFE podrán seguir operando, pero ya no tendrán la propiedad de los activos; PEMEX y CFE se convertirán en contratistas, serán obligados a operar los activos en beneficio de los nuevos dueños que serán los nuevos tenedores de las Fibras-E.

Las Fibras-E son instrumentos diseñados para inversionistas, y Enrique Peña Nieto les brinda la oportunidad de hacer un gran negocio lucrativo y sin riesgo, con los activos que hoy son del Estado, PEMEX y CFE.

El gobierno ha preferido vender PEMEX y CFE pedazo a pedazo, fibra por fibra, por tramos de infraestructura, en vez de mantener el control de nuestras empresas.

Se llaman Fibras-E, pueden llamarse alianzas, pueden llamarse certificados de inversión, todos estos son instrumentos de privatización de los activos, de las actividades y de las operaciones de las empresas del Estado. No se trata de una privatización escondida, velada, oculta o silenciosa, es una privatización franca, abierta y descarada.

La promesa de Peña Nieto de que no se privatizaría ni un solo tornillo de las empresas, con estas fibras va a vender hasta el último tornillo de nuestras empresas.

El gobierno, las fuerzas conservadoras ya no quieren un Estado empresario ni inversionista, buscan el reino de los privados, aunque al reino de los privados no les interese el pueblo de México, ni el país; a los inversionistas les interesa la máxima ganancia, nuestro país, su futuro, su gente los tiene sin cuidado, se trata de la infraestructura creada por décadas, de una inversión de recursos públicos multimillonaria para hacer de México un país con infraestructura productiva, que dé fortaleza a nuestra economía; pero con esta visión neoliberal, prácticamente todo se pasa a la iniciativa privada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Este juego en que el PRI y el PVEM se oculta ahí, no suben, no defienden lo que deberían defender, no es más que una argucia para evitar el debate. Ésa ha sido la táctica, hay que imponer, arreglan los votos de aquí, tranquilos, se ponen a descansar, no defienden nada, no justifican nada.

Aquí, en el desfile de la participación de quienes estamos en contra, que ya lo hemos dicho muchas veces, pese a este pacto que ahí sigue, lo importante es señalar lo que están haciendo como una opción didáctica.

La opinión pública tiene que saberlo, porque tarde o temprano habrá una brutal reacción contra los que están vendiendo el país, contra los que siguen apoyando un modelo a todas luces injusto, un modelo a todas luces destructor de una construcción de décadas durante todo este tiempo, así como así, y lo hace Peña Nieto como actúo desde el principio, engañando al pueblo de México, y ustedes colaboran a ese engaño.

Aquí, la batalladora Senadora Padierna Luna ha presentado todos los engaños y las mentiras que ocultan; y en efecto, eso es lo que indigna más, no es un gobierno que tenga una posición ideológica a defender, no es un gobierno honesto con su pueblo, no es un gobierno que tenga en realidad a nadie atrás, como no sea aquí, en estas dos Cámaras, es un gobierno falaz, mentiroso, que actúa con dolo.

Ahora, cuando vuelve a hablar de que no se va a privatizar el Seguro Social, hay que temblar, porque así lo dijo en materia del petróleo, desde el primer día mintiendo.

De manera que este gobierno doloso, perverso, la pagará, porque el pueblo de México tendrá que reaccionar en algún momento por encima de la manipulación de los medios de comunicación que engañan, nadie sabe lo que pasa en esta dictadura mediática, feroz.

Estas sesiones que se organizan en la noche y en la madrugada para que no se sepa mucho y para que se cansen y ya no hablen mucho, esa es la norma de un gobierno que está actuando deliberadamente, asociado con el extranjero y la oligarquía nacional en contra del pueblo de México.

La argumentación en contra de esta porción de la cartera de engaños, recordemos: el gobierno de Peña Nieto prometió que no habrían nuevos impuestos.

Lo repito, se ha dicho mil veces, aquí nadie oye, se ponen a dormir, se van. Peña Nieto prometió que no habría más impuestos.
De manera comparativa al año pasado, los impuestos a los combustibles fósiles han aumentado en promedio mil por ciento.

El de la gasolina pasó de 36 centavos por litro, a 4.16 pesos por litro, se multiplicó 2 veces.

Dado que el precio del petróleo cayó en 52 por ciento, la gasolina en Estados Unidos cayó, aquí no. ¿Por qué? Porque esa es la gran mentira.

El precio de la gasolina es un impuesto disfrazado, al gusto de las necesidades del gasto para beneficiar a los grandes salarios, a los asuntos que tienen, pero no para desarrollar este país.

El aumento a los impuestos a las gasolinas es para compensar la disminución de los ingresos petroleros.

El gobierno realmente establecerá una estrategia de austeridad republicana, dijo, con reducción del gasto.

En materia de gastos personales, es una locura. No ha habido ningún sacrificio; al contrario, gastan cada vez más en vidas suntuosas, en gastos personales. Es una vergüenza que estén manejando al país de esta manera.

De aprobarse esta ignominia, aunque en el Decreto de ley del gobierno tendrían ingresos por este impuesto a la gasolina y el diesel de 189 mil millones de pesos, la estimación de nuestro grupo considera que el nivel de comercialización de estos combustibles fósiles, es de 272 mil millones de pesos, no de 189 mil, un engaño más; es de 272 mil millones de pesos, casi 100 mil millones de pesos más, que de manera discrecional utilizará el gobierno de Peña Nieto con esta desvergüenza de sacarlo de los escasos recursos que tiene el país, en un país donde la pobreza crece, ese es Peña Nieto y ese es el latrocinio, el engaño y el dolo que ustedes apoyan hoy en el silencio vergonzante.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas noches, compañeras y compañeros Senadores:

En cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el proceso legislativo de las iniciativas que integran el paquete económico el día de hoy, se someten a nuestra consideración los proyectos de Decreto relativos a la Ley de Ingresos, a la Ley Federal de Derechos, la llamada Miscelánea Fiscal y reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que regirán durante el Ejercicio Fiscal de 2016.

Es indiscutible que las condiciones económicas que imperan, no sólo en México, sino en todo el mundo, exigen que quienes tenemos la alta encomienda de determinar los montos y reglas de la Hacienda Pública actuemos con responsabilidad y con honorabilidad.
En tal sentido, los dictámenes que discutimos responden cabalmente a las exigencias de transparencia, de rendición de cuentas por parte de las autoridades hacendarias, así como las necesidades de ingresos y de eficacia fiscal por parte del gobierno, con la finalidad de detonar el crecimiento económico. Pero sobre todo, el Paquete Fiscal que se somete a nuestra consideración toma en cuenta una demanda legítima de la ciudadanía en el sentido de que el régimen tributario de nuestro país no requiere de más impuestos, sino de medidas fiscales que garanticen la solvencia del Estado y la simplificación administrativa.

En primer término, la Ley de Ingresos cumplirá plenamente con su objetivo de dotar al gobierno de los recursos económicos suficientes para el gasto público.

Indiscutiblemente, los más de 4.5 billones de pesos aprobados como ingresos de la Federación permitirán la realización de obras, la prestación de servicios necesarios para que sigamos moviendo a México hacia la dirección correcta.

Por su parte, las reformas a la Ley Federal de Derechos actualiza los montos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, permitiendo con esto que el gobierno reciba una justa retribución por dichas actividades.

La Miscelánea Fiscal que contempla modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y al Código Fiscal de la Federación, promueve en su conjunto el ahorro, la inversión y la justicia tributaria haciendo más eficiente el cobro de las contribuciones y premiando el compromiso por México de quienes nos encontramos en la formalidad y pagamos nuestros impuestos.

Compañeras y compañeros legisladores: Hoy más que nunca el Poder Legislativo de la República debe tomar conciencia de la situación económica que impera en el país y tomar decisiones con responsabilidad en beneficio de todos los mexicanos.

Quienes vengan con el discurso populista de que la imposición de cargas fiscales a la ciudadanía es injusta, no sólo miente, sino que insultan la inteligencia de los mexicanos al buscar simpatizantes con una visión insostenible de Estado electorera.

La importancia de las minutas que habremos de votar el día de hoy precisamente radica en el establecimiento de las reglas fiscales adecuadas que, al mismo tiempo, garantizan la estabilidad de las finanzas públicas de manera congruente y de cara al contribuyente.

Los Senadores de la fracción del Partido Verde Ecologista de México reconocemos el esfuerzo del gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto por hacer del modelo fiscal mexicano un sistema eficiente, simplificado y, sobre todo, justo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, en contra del dictamen. No se encuentra presente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Todas las leyes de ingresos deben de tratar no de obtener más dinero para el gobierno, es la oportunidad de contar con medios para solucionar problemas, se trata de que la política económica oriente las decisiones públicas y ataje uno de los principales, si no el principal problema que tenemos en el país, que se llama desigualdad.

¿Qué impuestos y a quiénes se le deben cobrar esos impuestos y en qué montos? Hay que asumirlo como un mecanismo de justicia redistributiva; y este dictamen, aunque queramos decir algo distinto, dibuja, de alguna manera, esa intención.

Yo votaré a favor del dictamen por la necesidad de justicia redistributiva para nuestro país, pero por supuesto que principalmente porque este dictamen también termina favoreciendo a mi estado; yo estoy aquí para representar a Chiapas, y lo que haré siempre es lo que le convenga más al estado de Chiapas.

¿Por qué votaré a favor de este dictamen?

Primero, incluye mucho mayores medidas de fiscalización para la famosa bolsa de 17 mil millones de pesos que se asignaron en gestiones los Diputados.

¿Por qué es esto importante para Chiapas?

Déjenme decírselo. Porque el año pasado, de esa misma bolsa hubo Diputados, y déjenme decirlo, desafortunadamente, Diputados del PRI que habían gestionado que se designaran parte de esa bolsa en caminos, en carreteras, pequeños caminos, que yo no comparto la opinión del Senador Larios Córdova, la pavimentación, pues sí, aquí, él es del Distrito Federal, es un problema de baches, y en Chiapas sí es un problema real, asignaron a caminos.

¿Qué pasó cuando empezamos a hacer una investigación de qué caminos habían asignado? Caminos en la Sierra Madre de Chiapas que ya existían, caminos que todo mundo reconocía, si sabía que estaban ya pavimentados, ¿qué? ¿iban a pavimentar dos veces?, ¿iban a hacer un segundo piso?

No, se iban a robar el dinero.

Qué bueno que esta bolsa va a estar con mucho mayor foco de fiscalización en su destino.

Escuchaba yo en la discusión en comisiones que varios Senadores, y comparto su opinión, decían, no acusemos a todos los Diputados de corruptos, no seamos ahora una corte que va a determinar que todos los Diputados son corruptos. Tienen razón, no lo debemos de hacer ni lo podemos hacer.

Pero ahora los Diputados quieren demostrar que no son corruptos. Yo les llamo a un reto a los Diputados, que utilicen toda la bolsa para palear una sola causa, que no se la repartan, que no la hagan migajas, que no le hagan moches, que la utilicen para una causa.

A ver, ¿para qué alcanzarían 17 mil millones de pesos?

Les doy algunos datos.

Bien podría usarse para entregar 4 millones 250 mil tabletas a alumnos de secundaria.

Alcanzaría para becar a 3 millones 800 mil estudiantes de primaria durante todo un año.

Alcanzaría justo para darles vivienda de interés social a 45 mil familias.

Si los Diputados hicieran un gran acuerdo y utilizaran toda su bolsa en una sola causa, estoy seguro que el pueblo se los agradecería y nadie más los llamaría corruptos.

Si no lo hacen y empiezan otra vez a generar estas sospechas, pues qué lástima. Qué bueno que el dictamen incorpora medidas más restrictivas.

También estoy a favor del dictamen por otra razón, porque desincentiva el consumo de bebidas azucaradas.

Para quien no lo sepa, déjenme decirles que Chiapas es uno de los estados de mayor consumo de refrescos en el país.

En Chiapas, en la región de Los Altos, en la zona indígena se consume 2.25 litros diarios de refresco; lo que vivimos es una auténtica coca-colanización de nuestro territorio que se impulsa a través de varias vías, uno es el uso en rituales culturales y religiosos. Les doy un dato, el destete, lo que hacen las mujeres indígenas para que el niño deje de tomar leche materna, se hace con Coca-Cola, intercambian, sustituyen la leche materna con Coca-Cola, no es un asunto que yo lo diga, está ahí en diferentes investigaciones que se han realizado.

En ese sentido, la situación se agrava porque en Chiapas hay carencia de todo; y también hay carencia de agua potable.

¿Cómo podemos pensar que sustituyan el refresco, si no hay agua potable con acceso a ella, ya sea en escuelas, en fuentes, en bebederos o en agua potable, ya ni se diga en los hogares?

Por eso es que los habitantes de esta región llegan a consumir entre el 50 y el 60 por ciento de sus calorías diarias a través, justamente, de refrescos que no tienen ningún tipo de aporte nutricional.

Les doy un último ejemplo sobre este tema, la compañía Femsa, en San Cristóbal de las Casas, extrajo del pozo Huitepec, durante 2008, casi 44 millones de litros de agua, suficientes para abastecer de refresco a Chiapas, Oaxaca y Tabasco, juntos; y en el 2012 empezaron a excavar otro pozo.

Claro que yo quiero que se imponga un impuesto mayor al refresco, pero siempre y cuando la medida esté direccionada a los estados que menos acceso al agua potable tienen y que más consumo de refrescos tienen, Chiapas es uno de ellos.

Finalmente, y regresando al dictamen, yo sí estoy a favor de que se incentive la micro, pequeña y mediana empresa, esto se puede lograr con la deducibilidad inmediata de inversiones, pues sustenta el 72 por ciento de los empleos.

En Chiapas no tenemos clase media, no tenemos industria, no tenemos ni siquiera este tipo de empresas; solamente el 3 por ciento de nuestra población gana arriba de 40,000 pesos anuales, no mensuales, anuales; esa es la grave situación de un estado que tiene el 72 por ciento de su población en pobreza extrema, vivimos realidades muy diferentes, señoras y señores Senadores.

Por eso es que yo asumo este voto a favor desde una perspectiva social, desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva que he defendido desde el 2013; somos una izquierda que debe de entender que debemos apostar por un Estado fuerte, no un gobierno rico que gasta mal, un Estado fuerte que pueda hacer más por los que menos tienen.

Por eso es que debemos de pensar en cómo no solamente bajar impuestos como una medida populista, y termino, señor Presidente, sino pensar no en solamente en aquellos que tienen resuelta su situación económica, hay que pensar en los que no tienen qué comer, que no tienen qué llevarle a sus hijos todos los días.

Que se entienda bien, votar a favor de este dictamen no es entregar un cheque en blanco, hay que combatir la corrupción, hay que ser rigurosos con la rendición de cuentas, hay que venir el próximo año a discutir en qué se gastaron esos 17 mil millones de pesos.

No vamos a solapar nada, vamos a apoyar que el gasto sea dirigido a quienes menos tienen.

Por lo pronto, ratifico mi voto a favor, no de hoy, de una posición que he tenido desde el 2013.

Celebro a los Diputados del PAN que ya se dieron cuenta de lo mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda alguna la discusión que hoy llevamos a cabo tiene temas relevantes que es importante poner en conocimiento de la gente, especialmente cuando es una reforma que desde hace dos años ha generado gran polémica, pero conforme he escuchado los argumentos de varios de los que me han antecedido, hay cuestiones como el tema del refresco que, sin duda alguna, han tenido un resultado sumamente importante.

Hace dos años me tocó estar en esta misma tribuna y escuchar a varios compañeros decir que era una locura, que era una equivocación buscar subirle un peso al refresco y que ello no lograría nada, que no lograría desincentivar el consumo de bebidas saborizadas, que no se lograría tener una buena recaudación, que se generaría un enorme efecto inflacionario, tantas y tantas manifestaciones que me tocó escuchar.

Que hoy en la mañana, cuando escuchaba a Diputados del PRI y del PAN echarse la bolita sobre quién había sido el que había osado poner ese cambio al impuesto, no me quedaba más que esbozar una sensación de que este impuesto, sin duda alguna, ha tenido un resultado importante.

¿Cuál es el primer resultado que ha tenido?

Que hemos puesto el grave problema de la obesidad, especialmente el problema de la obesidad de los niños y niñas de México, que hoy ocupan desafortunadamente el primer lugar en obesidad infantil del mundo, ponerlo como un tema de agenda nacional.

Segundo.- Saber que estos recursos es posible destinarlos a una política integral.

El gobierno federal ha sido muy malo para llevar a cabo esta meta, pero ahí están los recursos, este Senado aprobó un impuesto que tiene capacidad de generarle muchos millones de pesos al erario público, y que se pueden convertir en mayor acceso a agua potable, en bebederos para niños, en políticas públicas que transformen la cultura alimentaria de nuestro país.

Y eso no es cosa menor, compañeras y compañeros, porque los intereses de los grupos económicos que están detrás de esto son buenos para cabildeo, yo no me puedo imaginar cómo de pronto una decisión de la Cámara de Diputados le regalaba 500 millones de pesos a las empresas refresqueras, no iba a caer el precio, se iba a perder capacidad recaudatoria e íbamos a perder la oportunidad de tener una meta de corto, mediano y largo plazo en beneficio de los niños y las niñas del país.

Eso me parece que es positivo, yo celebro que el PAN, el PRI y que las demás bancadas estén a favor de esta disposición.

¿Y esto qué es lo que nos permitió? Nos permitió, por ejemplo, tener una mejora de la que aquí han escuchado, pero que es sustantiva para las personas físicas.

Hoy las personas físicas, después de que votemos esta minuta, tendrán la oportunidad de descontar el 15 por ciento de sus ingresos en temas que son muy sentidos para los padres de familia, para las madres solteras, para las clases medias que tienen complejidad para poder enfrentar gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos de salud, hoy pasar del 10 al 15 por ciento en las deducciones del Impuesto Sobre la Renta es algo, compañeras y compañeros, aquellos andan en campo, en tierra, comentando con la gente que hace una gran diferencia en el tema de los ingresos para muchas familias de este país.

Y esto lo logramos no regalándoselo a las refresqueras y teniendo capacidad de que este beneficio lo obtengan los padres de familia.

Y otro cambio importante es el tema del Régimen en Incorporación Fiscal, son alrededor de 9 millones de contribuyentes de distinta naturaleza que tienen esta dimensión que es para la cual está diseñado el Régimen de Incorporación Fiscal.

Si uno de los graves problemas que tenemos es la falta de formalidad en este país, pues necesitamos un régimen que se vaya adaptando y que vaya generando mejores condiciones.

Compañeros de mi partido trajeron en varias ocasiones a miembros de distintas partes de la cadena, en ésa que es la parte más débil, de los tianguistas, de la gente de la Central de Abastos, de distintos lugares que no tienen, por ejemplo, acceso a vías de Internet para obtener las facturas electrónicas.

Hoy estamos garantizando que este tipo de empresarios, que son los empresarios pequeños, pero que son los que significan una parte muy importante del empleo en el país, tengan mayor capacidad de utilizar este régimen de incorporación fiscal.

Y no quiero renunciar a la posibilidad de comentar sobre el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque estos logros que se tienen en la parte recaudatoria, no harán sentido a las ciudadanas y a los ciudadanos si el ama de casa, si el padre de familia que he comentado, si el profesionista, siguen sintiendo que pagar impuestos en este país tiene como única finalidad llenar el bolsillo de los Diputados, de funcionarios públicos, de los Senadores.

No les hace sentido si no ven un mejor servicio público, no les hace sentido si no tienen una mejor calidad en bienes públicos y en servicios.

¿Cuál es uno de los problemas que hemos dejado aquí en claro y que le dijimos firme y puntualmente al Secretario Luis Videgaray?
Si hay una crisis de credibilidad en este país, compañeras y compañeros, es por la sensación que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de que el dinero del pueblo, el dinero de la gente se está yendo a través de la corrupción a ocupar el bolsillo de los actores políticos.

Por eso este artículo transitorio es trascendente.

Hace rato, en la comisión, me tocó escuchar a gente que decía: “¿Qué van a decir los Diputados?”

Vienen tres años más adelante y hay que respetar a la Colegisladora.

Les digo algo que me llena de orgullo y satisfacción. He recibido el mensaje de varios Diputados que actualmente están en esta legislatura, y yo en mi participación dije que tengo una gran confianza en que en esta nueva legislatura, los 500 nuevos Diputados puedan enfrentar un patrón de actividades y de acción que estuvo en la legislatura pasada y que desdibujó la credibilidad en el Congreso de la Unión.

A mí me tocó votar la Ley de Ingresos hace tres años, y me tocó, lo comentaba hoy, después de esa votación, ver cómo estallaba un escándalo que hizo público un presidente municipal de Celaya, quien dijo que había sido extorsionado por un legislador.

Eso, compañeras y compañeros, no solamente desdibujó a ese legislador o a la bancada en la que hubiera estado, sino desdibujó la credibilidad del Congreso de la Unión.

Hoy, con esto culmino, señor Presidente, estamos en la oportunidad de que ahora que arranca una nueva legislatura, tengamos la oportunidad de que esos mecanismos de los que hemos dotado a la Auditoría Superior de la Federación, sirvan, en virtud de este Artículo Noveno Transitorio, para supervisar todos y cada uno de los cambios que se hagan al proyecto de presupuesto.

¿Y por qué es importante esto?

Porque yo creo, y fui Diputado Federal, que lo más noble y lo más positivo que puede haber de un legislador es cuando va y lucha por una carretera, cuando va y lucha por gestionar recursos para su distrito, para que aterrice agua potable, para que haya beneficios en términos de escuelas y de centros de salud.

Pero eso que se llamaron los “moches”, compañeras y compañeros, desvirtuó totalmente esa noble labor de gestión y se convirtió en un circuito para que algunos legisladores se llevaran dinero a sus bolsillos después de haber tranzado con empresas haciendo obra, incluso, en otros estados que no eran los que ellos representaban.

Hay que llamar a las cosas por su nombre, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de no estarle hablando con claridad a la gente.

Qué bueno que tengamos cambios positivos en la Ley de Ingresos. Qué bueno que estemos en la posibilidad de darle un erario en un momento crítico al gobierno federal; pero sobre todo, compañeras y compañeros, lo importante, y se votó por unanimidad, es que estemos no solamente en el discurso, sino estemos dando herramientas institucionales a la República y a sus poderes para poder volver a recuperar la credibilidad que por los “moches” y tantas cuestiones de crisis relacionadas con corrupción le han costado la credibilidad y el liderazgo a este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Informo a la Asamblea que se recibió la intervención del Senador David Monreal Ávila, que se insertará íntegramente en el Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Para razonar su voto, tiene el uso de la voz el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras Senadoras y Senadores:

Siempre que se discute el Paquete Económico, el pueblo está pendiente y está ilusionado, porque piensa que los representantes legítimos de ellos, vamos a hacer la tarea para buscar con este Paquete Económico revertir las condiciones infames que vive el pueblo.

Ese es el pensamiento de nuestros representados cuando les comentamos que vamos a discutir la Ley de Ingresos en el Senado de la República y que se va a discutir el Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tenemos que decir: el paquete económico corresponde a la visión de quien gobierna el país, a la visión neoliberal que hoy gobierna a México.

En ese sentido, lo que menos importa es el tema de la justicia social, algunos piensan que este tema seguirá siendo una utopía en nuestro país y coincidimos.

Desde la visión del PRD, hemos luchado siempre por las causas más nobles, siempre hemos luchado a favor de los que menos tienen, siempre hemos luchado porque los más desprotegidos de México sean beneficiados.

En esta Ley de Ingresos que estamos discutiendo el día de hoy, hay un tema que es muy sentido en el país, el tema de los pequeños contribuyentes; esos pequeños contribuyentes que generan un espacio laboral, prácticamente familiar, los negocios pequeños, en donde participa el padre, la madre y los hijos, no para enriquecerse, sino para generar sobrevivencia.

Por eso, cuando discutimos la Ley de Ingresos para 2014 y se hablaba ya del cambio de régimen de tasa única al ISR, por supuesto que luchamos aquí en la tribuna para que esa situación no se cambiara; y no se cambiara porque perjudica a millones de compatriotas que sobreviven con el producto de su trabajo. Pero igual que siempre, compañeras y compañeros Senadores, cuando se trata de hacer alguna modificación a lo que ya se ha acordado, pareciera que estamos hablándole a una pared, las paredes oyen, pero no contestan, solamente escuchan.

Y por eso hemos insistido en que la esencia del Parlamento se desvirtúa, porque no hay esa disposición para discutir argumentos con argumentos.

En esta ocasión, por supuesto, como representante de los más desprotegidos de todos, pero en especial de los más desprotegidos de México, efectivamente, mucha gente de los mercados públicos, mucha gente que venden abarrotes, mucha gente que sobreviven con su negocio pequeño se acercaron a su servidor para pedirnos que volviésemos al régimen anterior.

No hubo eco, hay un beneficio y tenemos que resaltarlo, para eso dio el esfuerzo, pero es una lucha que no podemos abandonar, el PRD tiene que seguir luchando y lo vamos a seguir haciendo en la ley de próximo año, pero creo que hoy el hecho de que aquellos comerciantes, aquellos que tienen tienditas, aquellas compañeras y compañeros que tengan ingresos hasta por 300 mil pesos anuales, el hecho de que no paguen al Impuesto al Valor Agregado, sin duda que es un apoyo importantísimo.

El hecho de eximirlos de la expedición de facturas por operaciones de hasta 250 pesos, sin duda, que también va a ser de mucha ayuda.
El hecho de eximirlos del uso de medios electrónicos en operaciones de hasta 5 mil pesos, sin duda, que va a ser de mucho apoyo.

Estas son las cosas que ojalá y el Senado las reflexionará de manera más puntual, de manera más seria. Y créanme que este México sería diferente si nos abocáramos atender las cuestiones más prioritarias de este país en los paquetes económicos que discutimos en el Senado de la República, por el bien de los pobres.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Para razonar su voto, tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Con su permiso y con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores:

Qué bueno que aquí, en este Senado, se ha hecho lo correcto, y me refiero a lo realizado en el IEPS para bebidas saborizadas con azúcares añadidos.

Qué bueno, de verdad que esta Soberanía ha mostrado voluntad política, ha mostrado entereza moral para enmendar lo que al respecto nos remitieron desde la Colegisladora.

Claro, sí, me refiero, por supuesto, a esa intención de eliminar la reducción de cuota en un 50 por ciento que se pretendía establecer en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para las bebidas hasta con 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros.

Creo que el Senado ha sido congruente y, sin duda, eso debemos celebrarlo.

Hay que reconocer, y yo lo hago desde esta tribuna, que como en un inicio ya se ha hecho, este impuesto ha funcionado.

En el 2014, habría que recordarlo, se redujo el consumo de bebidas azucaradas en un 6 por ciento y aumentó el consumo de agua potable en un 5 por ciento, según los datos del Instituto Nacional de Salud Pública; más aún, con la modificación que las refresqueras impulsaban, el precio del producto no iba a bajar, es decir, en los hechos, esto no era más que un regalo de 500 millones de pesos al año para las refresqueras. Se frenó muy bien, sin embargo, compañeras y compañeros, estamos desperdiciando la oportunidad de seguir avanzando en el camino correcto.

De verdad les digo que creo que podemos abonar en la construcción de una verdadera estructura de incentivos. Les pido que avancemos de manera gradual con este impuesto, pero sobre un monto mayor, no sobre niveles que marginalmente son pequeños, y que difícilmente van a ser un incentivo para provocar cambios en la industria.

Esta industria, compañeras y compañeros, es, coincido plenamente con mis compañeros de los grupos parlamentarios que discutieron el tema en comisiones unidas, como el equivalente a lo que fue la industria del cigarro en el siglo pasado, tanto por su impacto en la salud pública, como por los esfuerzos que se hacen por ocultar los daños que provoca.

Las cifras, compañeras y compañeros, son contundentes.

Uno de cada tres niños en nuestro país sufre sobrepeso y obesidad, uno de cada tres niños en México tendrá diabetes, el consumo de bebidas azucaradas aumenta en 60 por ciento la probabilidad de que un niño sea obeso. Por eso digo que en eso nos quedamos cortos, creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad.

Este dictamen, esta Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, debiese contener, desde mi punto de vista, con respecto a las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, lo propuesto por la propia Organización Mundial de la Salud, me refiero a un impuesto de 2 pesos.

Sí, aumentar el impuesto, pero algo mucho más importante, y aquí creo que ya se ha hablado algo al respecto, que esa recaudación sí se utilice en bebederos y otros instrumentos para consumo de agua potable en escuelas, para generar un proceso de transformación de la cultura del consumo de nuestros niños.

Por eso digo, nos quedamos cortos, pudimos avanzar más, pero no lo hemos hecho, y por eso esta postura crítica, respetuosa, pero crítica de nuestra parte.

Hay otro tema que también quiero abordar y que sustenta, señor Presidente, el voto en contra de mi parte, respecto de este dictamen; y es lo que tiene que ver con el mecanismo para establecer los precios máximos de las gasolinas y el diesel.

Hay que recordar que a partir de enero próximo, el precio por litro, como lo plantea el dictamen, fluctuará, se dice, en una banda de valores; el precio de la banda será igual a la suma de factores, compañeras y compañeros, que el gobierno no controla. Esos factores son el precio de la referencia internacional y el margen constituido por los costos de comercialización, de flete, de transporte, de manejo y calidad. Y a estos valores se deberán agregar los cobros de impuestos, tales como el IEPS del producto, el IEPS por carbono, más los IEPS estatales y el IVA.

En pocas palabras, Senadoras y Senadores, la propuesta del gobierno federal radica en implementar un IEPS al precio de las gasolinas de manera fija, pero con base en los montos internacionales de este combustible.

Creo, y concluyo, señor Presidente, que hay que hablar claro, por supuesto que el precio de la gasolina aumentará, habrá más gasolinazos, no tratemos de engañar a la gente, la ley contempla que el límite superior a la banda será regido por la tasa de inflación y esto, tan sólo esto último, habrá de garantizar un aumento en el precio del litro de la gasolina para el próximo año.

Es por esto, señor Presidente, porque se miente al decir que ya no habrá más gasolinazos; y porque sí lo sabrá que el voto de un servidor, lo reitero, será en contra del dictamen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

De antemano, señor Presidente, aquí voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos conferido; sin embargo, quiero su comprensión, porque hasta este momento hemos escuchado de manera atenta las intervenciones de alrededor de 12 compañeros de los grupos parlamentarios que, por cierto, en pocas ocasiones se ajustan al tiempo, apelando a su comprensión, permítame simplemente hacer algunas consideraciones.

Primero.- Por supuesto que vengo a ratificar las razones que orientan la decisión del PRI en favor de los dictámenes que se han sometido a consideración de este Pleno, de los que ya han transcurrido, de éste y, por supuesto, del siguiente.

Cada uno de estos dictámenes tienen particularidades específicas que aquí ya han sido abordadas, pero en todos los casos vale la pena subrayar que el análisis y el porqué de su aprobación parte de reconocer variables que a veces no nos gustan, pero que son reales. Quizá valga la pena recordarla.

Segundo.- Vivimos en un entorno externo, complejo y volátil, el crecimiento de la economía global se pronostica a la baja.

Tercero.- También no debemos de olvidar la caída sustancial del precio internacional del petróleo y de la propia plataforma de producción en México.

Cuarto.- El compromiso que el propio gobierno de la República ha señalado de contener el crecimiento de la deuda y de poner el saldo de la misma en la trayectoria descendiente que se necesita.

Las medidas que la Colegisladora nos ha propuesto en lo general y las propias modificaciones que nosotros hemos propuesto en las comisiones, sin duda tienen una constante, se trata de responsabilidad en las decisiones, de tener objetividad en el planteamiento y también de mejorar las condiciones de los ciudadanos.

En este caso, quiero subrayar algunas de las cosas que aquí he escuchado, sobre todo, por ejemplo, en el tema sensible de las gasolinas; por supuesto que no hay nuevos impuestos en la propuesta, mucho menos tampoco incrementos en la gasolina.

El mecanismo que estamos poniendo a consideración de esta Soberanía habla de una banda, de fluctuación que nunca será superior al precio que tenemos en este momento, que por supuesto nunca será superior a la inflación que está considerándose del orden del 3 por ciento. Por el contrario, este instrumento hará viable, en distintos momentos, la posibilidad de bajas al precio de la gasolina. Con ello yo les invito a que podamos hacer este análisis de manera clara y objetiva, y con esa misma claridad y talento que yo reconozco en muchos de mis compañeros, podamos también transmitir el mensaje a los ciudadanos.

Insisto, en cada uno de los dictámenes se refleja la preocupación que tenemos de cómo lograr que también se tengan beneficios concretos para los ciudadanos.

Ya lo señaló en su momento el presidente de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, en el caso de derechos, en donde no solamente se vio la necesidad de incorporar nuevos derechos, resultados de las propias reformas que hemos hecho en materia de telecomunicaciones, energéticos o financiera, sino, inclusive, también de distintas exenciones en temas sensibles, que en ocasiones parece que olvidamos los ciudadanos, pero que a ellos les interesa.

Tal es el caso, por ejemplo, de la copia certificada del acta del registro de nacimiento en los consulados, o incluso el costo de las licencias federales de conductor, temas todos bellos que en la vorágine de todo lo que implican los dictámenes que estamos abordando, a veces parece que estos temas sensibles se nos olvidan.

Por supuesto también se habló acá, y escuché los planteamientos en relación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todos los remanentes que tienen que ver con el Banco de México.

Yo considero y mi grupo así lo comparte, ya lo hemos señalado, que no solamente es una medida responsable, es una medida trascendente que nos va a permitir disminuir el endeudamiento, fortalecer el Fondo de Estabilización y, por supuesto, en su momento, incluso contribuir a que se disminuya el déficit de cada ejercicio fiscal.

Para el caso concreto de este dictamen que estamos discutiendo, insisto, también se habla en la miscelánea de aspectos importantes en materia del Impuesto Sobre la Renta, se está incrementando el límite del monto de las deducciones de 4 a 5 salarios    mínimos, se está liberando de expedir el comprobante fiscal en operaciones de hasta 100 pesos en contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, se está aumentando el deducible por la adquisición de vehículos, industria que ha presentado una dinámica sumamente importante en este año que se han registrado problemas difíciles en todo el mundo.,

Como ellos, hay muchos ejemplos. Me centraré para ir concluyendo, señoras y señores, compañeros legisladores.

En el caso de los IEPS y de manera particular en el caso de las bebidas azucaradas, ya mencioné el tema de la gasolina y lo reitero, definitivamente no estamos nosotros proponiendo ningún incremento, por el contrario, el mecanismo estará permitido en su momento, distintas bajas a lo largo del periodo para poder llegar en la liberalización en el 2018 a precios internacionales de referencia, que también resulten favorables para los mexicanos.

Insisto, en el caso de las bebidas azucaradas, en el PRI recibimos la propuesta de la Colegisladora, la hemos analizado con toda objetividad, sabemos de la gravedad del problema de la obesidad en nuestro país, también estamos estudiando todo lo que ha representado el comportamiento de la aplicación de este impuesto y, por ello, también consideramos necesario reconsiderar la propuesta de la Colegisladora y mantener el 100 por ciento en las bebidas azucaradas.

A futuro no solamente se tendrá que plantear si hay o no progresividad, sino hasta la propia responsabilidad en la fórmula de la elaboración de los productos. Por lo pronto, en el PRI, que quede claro, nosotros estamos por seguir generando una política pública de salud en favor de los mexicanos.

Muchas son las medidas que este paquete señala, insisto, el tiempo es insuficiente, inclusive hasta en los temas de atraer capitales al sector privado, si el presupuesto público hoy resulta insuficiente, insuficientes serían nuestras decisiones si no tomáramos referencias internacionales de buenas prácticas internacionales, es el caso de todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo y de transparencia; por cierto, y con ello concluyo, la transparencia ha sido un tema que en el PRI hemos abordado y discutido con todos los grupos parlamentarios, hemos votado de manera insistente, desde los primeros dictámenes que esta legislatura y la anterior han señalado.

Empezamos por contabilidad gubernamental. Hemos hablado de todas las leyes constitucionales y estamos trabajando en las reglamentarias de transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, que no les quepa la menor duda, en el PRI no nos tiembla la mano para tomar decisiones, creo que son tiempos en donde definitivamente debemos asumir el riesgo, en el PRI los asumimos y estaremos, incluso, en el caso del Artículo Noveno Transitorio; que aquí se ha señalado, los Diputados estarán a la altura de las circunstancias y del momento del país, estamos por la transparencia en las decisiones de todo el presupuesto, indistintamente de la partida de la que se trate.

Por éstas y todas las razones que también ha esgrimido el propio Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estamos a favor de los dictámenes que hoy estamos discutiendo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego su atención.

Con motivo de la modificación aceptada para eliminar la reforma al artículo 52 en su fracción I del Código Fiscal de la Federación, su texto se mantendrá en términos del Código vigente, por lo que resulta necesario modificar el Artículo Séptimo Transitorio, cuya fracción II se encuentra referida al propio artículo 52.

El mencionado Artículo Séptimo Transitorio, en el dictamen se conforma por cuatro fracciones, debemos suprimir la fracción II, de modo que quedará integrado únicamente por tres fracciones, pasando las fracciones III y IV del proyecto de Decreto, a ser fracciones II y III, respectivamente. Es una adecuación de técnica legislativa necesaria para uniformar el proyecto de Decreto en razón de la modificación al artículo 52.

En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza efectuar las adecuaciones de técnica legislativa en los términos expuestos.

Recuerdo que el artículo 52 se refiere al tema de las certificaciones de los contadores públicos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la adecuación que ya explicó el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la adecuación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

La adecuación será aplicada en el texto final de la minuta aprobada por la Asamblea.

Pasamos a la discusión en lo particular.

Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos de la ley del impuesto Sobre la Renta:

La Senadora Dolores Padierna Luna, reserva los artículos 28, 62, 77-A, 111, 112, 113 y 192; Transitorio Segundo, fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII y XV; y Transitorio Tercero, fracciones II y III.

El Senador Mario Delgado Carrillo, reserva los artículos 36 y 111.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, reserva los artículos 36 y 151.

La Senadora Dolores Padierna Luna, propuesta de adicciones de los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 113 Bis, 113 Ter, 113 Quáter, 113 Quintus y 113 Sextus.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, propuestas de adiciones a los artículos 113 Bis, 113 Ter, 113 Quáter, 113 Quintus, 113 Sextus, 113 Septies, 113 Octies y 113 Nonies.

El Senador Raúl Morón Orozco, adición del artículo 186.

Con respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, reserva el artículo 2o.

El Senador Luis Sánchez Jiménez, reserva el artículo 2o.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, reserva artículo 2o.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, reserva los artículos 2o. y Quinto Transitorio, fracción III.

Los Senadores Mario Delgado Carrillo, Armando Ríos Piter, Maki Ortiz Domínguez, Daniel Ávila Ruiz y Marcela Torres Peimbert, reservan el artículo 2o.

La Senadora Dolores Padierna, reserva los artículos 2o., 3o. y Quinto Transitorio, fracciones III y IV.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, reserva los artículos 2o. y 3o.

El Senador Mario Delgado Carrillo, reserva el Artículo Quinto Transitorio, fracción III.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, reserva el Artículo Quinto Transitorio, fracción III.

Reservas con respecto al Código Fiscal de la Federación:

El Senador Daniel Ávila Ruiz, reserva los artículos 81 y 82.

Con respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

La Senadora Dolores Padierna Luna, reserva el artículo 93.

El Senador Manuel Bartlett Díaz, reserva el Artículo Noveno Transitorio.

El Senador Mario Delgado Carrillo, propuesta de adiciones de los artículos 17 y 21.

¿Alguna otra reserva o propuesta de adición?

Al no haber más solicitudes de reserva o propuestas de adición, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados, con la modificación que fue aceptada inicialmente en relación con el artículo 52.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Informo a la Asamblea que la discusión en lo particular se hará en orden progresivo de los artículos reservados que corresponden a cada uno de los cuatro ordenamientos que comprenden la Miscelánea Fiscal.

Si algún Senador desea presentar sus reservas en una sola exposición, las propuestas de modificación se desahogarán cuando corresponda según el ordenamiento al que estén referidas.

Se concede la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar sus reservas.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La Constitución establece el principio de progresividad y el capital debería de pagar conforme a su riqueza.

En los datos que tenemos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los que tienen mucho dinero sólo aportan el 3.8 por ciento al Impuesto Sobre la Renta a la recaudación total; en cambio los asalariados aportan el 10.1 por ciento. Esto es lo que debería de corregirse en las leyes fiscales, pero no.

Yo quiero insistir en el tema de la deducción inmediata de las inversiones, porque Enrique Peña Nieto había prometido miles de millones de dólares de inversión privada en petróleo, en gas natural, fertilizantes, electricidad; prometió la creación de empleos con la Reforma Energética y ahora en este artículo, de la deducción inmediata de las inversiones, está dando facilidades fiscales, además de lo que ya les dio en la Ronda Uno a las petroleras privadas, a las empresas de electricidad y de transporte para que se animen a invertir.

Es demasiado el costo al país para tan poco que dan estas empresas. Se saquea a PEMEX y le dan recursos fiscales a las privadas. A PEMEX le quitan casi el 75 por ciento de sus utilidades y a éstas no les van a cobrar ni siquiera Impuesto Sobre la Renta.

Hay el tema de un programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero. Muy optimistamente el gobierno piensa que ante la posibilidad de que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, pues haya fuga de capitales o repatriación de capitales especulativos y disminuya el interés de los mexicanos que tienen recursos en el exterior para repatriarlos a nuestro país.

Entonces se propone una medida para facilitar la repatriación de recursos mexicanos mediante la regularización simplificada de su situación fiscal, como la exención de multas y recargos.

Se propone que la medida sea temporal y se aplique sólo durante el primer semestre de 2016. Es una especie de borrón y cuenta nueva que tiene un alto contenido de inequidad porque beneficia a contribuyentes incumplidos y a los especuladores.

Sin embargo, yo digo que es muy optimista porque no hay confianza en el país y por eso están los capitales afuera; los mexicanos que deciden tener inversiones especulativas en el extranjero lo hacen porque no tienen confianza en el país, dado que las tasas de interés son más altas aquí que allá, pero los tienen allá por la confianza que no tienen aquí.

Consideran que sus inversiones están más seguras en el extranjero y aunque les den incentivos fiscales prefieren la seguridad de sus capitales y no los repatrian.

Traigo todos los datos de fuga de capitales, de cuántos capitales radican en el extranjero, las cuentas. Pero como ya les caí gorda, ya mejor voy a hablar un poco menos.

Está el otro tema, importantísimo también, que se refiere a la consolidación fiscal.

Hay cálculos de especialistas que dicen que si los desapareciera la consolidación     fiscal, los ingresos tributarios aumentarían 2 por ciento del PIB, eso en cálculos conservadores.

No es aceptable que cuatro mexicanos, cuatro empresarios mexicanos concentren el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta concentración del ingreso, brutal, es inaceptable, y son a los que les dan estos privilegios.

No es aceptable que 30 empresas que cotizan en bolsa eludan el pago del Impuesto Sobre la Renta que deberían de pagar obligadamente como lo hacen otros al 35 por ciento.

O bien, si no gravan a las empresas, y les dan facilidades a las empresas, entonces    que se grave a las personas físicas, que se grave la acumulación de riqueza en las personas físicas. Porque la consolidación fiscal de restar pérdidas a las ganancias y decirle a Hacienda, gano poquito, entonces pareciera que tenemos empresas pobres, pero empresarios multimillonarios que ocupan lugares privilegiados en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo, y son justamente las que están en este  régimen.

Este capitulado, todo, es una ofensa a 63.8 millones de personas con ingresos inferiores al mínimo de bienestar.

En las propuestas que estamos haciendo, no las voy a ver una por una, es anular el régimen de consolidación fiscal. Ya no se llama así, le llaman de otro modo, pero es, y sigue siendo, si camina como pato, tiene cola de pato, tiene patas de pato, pues es un pato. Y el régimen de consolidación fiscal es éste.

El tema de REPECOS, ya lo expliqué en otro momento, y en obvio de tiempo    pediremos lo que están clamando los pequeños contribuyentes, regresar al régimen de REPECOS.

Aquí en esta Ley de Ingresos, que no la Ley del Impuesto Sobre la Renta se establece un Mini RIF para que el Régimen de Incorporación Fiscal, hasta 300 mil pesos para abajo, queden exentos del Impuesto Sobre la Renta, cosa que es muy buena. Pero eso significa que no ha funcionado el Régimen de Incorporación Fiscal, y si vemos algunos datos que dan las autoridades, son de risa, de verdad; es increíble que digan que ahora se aumentó un millón y medio de contribuyentes, que gracias a que se desaparecieron los REPECOS y se creó el Régimen de Incorporación Fiscal, hay un millón y medio de nuevos contribuyentes. ¡No es cierto!

Y luego dice que se incorporaron al Seguro Social, hasta por sentido común, ¿quién puede pensar que el Seguro Social pueda admitir de un año al otro a un millón y medio más de beneficiarios?; no aguanta ni 300 mil, nos lo han dicho varias veces las propias autoridades, el IMSS no está preparado para recibir ni siquiera medio millón, mucho menos a millón y medio, que están dando en estos datos.

Es evidente que el Régimen de Incorporación Fiscal es un fracaso.

Lo que debería de hacerse con humildad, porque somos humanos, reconocer errores, nos podemos equivocar y decir, el régimen de REPECOS es más sencillo, es más fácil de cobrar, están más a gusto los contribuyentes, pagan más, porque ahorita les están exentando todo; antes pagaban siquiera 500 pesos; ahorita, si no hubieran metido el Mini RIF pagarían 848 pesos, etcétera.

Yo les invito a escuchar a la gente, a hacerse eco de su solicitud a este Congreso que pide regresar al régimen de REPECOS, y desaparecer el Régimen de Incorporación Fiscal.

Esa es nuestra propuesta. Las cifras me las voy a saltar, que ya las expliqué.

Pero hay otra modificación en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que reduce, no aumenta, la tasa de 10 por ciento a 4.9 por ciento para el pago del impuesto a los banqueros, pero no a todos, sino solamente a los 5 bancotes extranjeros, que además concentran todo el ahorro y concentran el crédito.

¿Por qué favorecer a los bancos extranjeros, si están extremadamente beneficiados en nuestro país?; es una medida para favorecer a los que tienen mucho dinero, no hay banquero pobre, no hay banquero de clase media. Y además la mayoría de sus utilidades se regresa a sus matrices, algo que quede en México, queda el 10 por ciento, ahora se lo reducen al 4.9 por ciento.

Hay otro asunto fundamental que es la deducibilidad de las inversiones, se está proponiendo que a las petroleras, a las empresas de infraestructura del transporte, a las constructoras y mobiliarias, a todos los consorcios ligados a los negocios del actual gobierno se les deduzcan todas sus inversiones.

Ya la Reforma Energética establece el concepto de utilidad operativa que se basa en regresar costos, gastos, inversiones, ahora con esto hasta los impuestos se les van a deducir.

¿No les parece un exceso? ¿No les parece un abuso? ¿Qué las petroleras son pobres? ¿Conocen alguna petrolera en el mundo que sea pobre, que necesite el apoyo del gobierno para sobrevivir? No, PEMEX es inmensamente rico, pero le quitan el 80 por ciento de su utilidad y la dejan endeudada, pero no es una empresa pobre.

Termino esta parte, con el tema de refrescos, que qué bueno que se hizo la modificación.

Están chiflando, no sé si me permita, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea mantener el orden y escuchar atentamente a la Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Porque aquí chiflar en el Senado como que no va.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, por favor, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Está lo de refrescos, lo de gasolinas, el diesel, en el artículo 2, léanlo con cuidado, porque están aumentando, aunque mi queridísima amiga Senadora Blanca Alcalá diga que no aumenta el impuesto, pues lea bien el artículo 2, porque sí aumenta el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas y para el diesel.

Lo mismo el tema del artículo 3…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señora Senadora.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que reitero siempre el respeto a la señora Senadora, mi amiga Dolores Padierna, podremos tener interpretaciones distintas, la que en el PRI sostenemos es la que yo pongo, y sólo pido que con el mismo respeto seamos tratados en las interpretaciones.

Gracias, señor Presidente.

Gracias, Senadora.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Continúe, señora Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, compañero.

Pero no es interpretación, nada más se lee, con leerlo es suficiente, este es un número, no es ideología, es un número, aumenta y ahí ya dimos los datos.

Está en el artículo 3 el pago por publicidad que se integra al costo de las gasolinas.

¿Cuál es nuestra propuesta? Que no se haga esa aberración.

En el artículo 2 que no se permite el aumento al impuesto.

Y en el tema de la banda de precios, proponemos que el precio máximo sea el que se desprenda del valor de la importación de las gasolinas, ahora van a importar, a partir de hoy se está empezando a importar petróleo ligero, entonces, el costo de esos combustibles va a bajar, está bajando, entonces, tiene que bajar también el precio de las gasolinas, además de que esta banda permita no rebasar el precio actual.

Para no cansar al auditorio, en esta primera intervención sólo hablaré de esas partes.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas de la Senadora Padierna Luna, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las reservas y las adiciones presentadas, por favor.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas de la Senadora Padierna Luna, sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Las propuestas de adición se desechan y se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados, los artículos que fueron motivo de reserva de la Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar reservas con respecto a los artículos 36 y 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a optar por presentar en grupo todas mis reservas, entonces, le solicito su tolerancia en el tiempo, aunque no le guste aquí al Senador Mayans Canabal.

A mí me llama la atención, primero que nada, un comentario general, parece que estamos votando por un listado de medidas particulares aisladas. No, aquí se está votando por un modelo económico, es decir, no podemos venir a destacar victorias pírricas cuando el modelo en su conjunto no funciona.

Cómo defender las medidas que se han respaldo aquí por algunos grupos parlamentarios con los resultados que tiene nuestra economía, menos del 2 por ciento de crecimiento, 2 millones más de personas en pobreza alimentaria; 10 puntos del PIB más de deuda pública; el dólar de 12.80 a 16.50, el índice de precios de la canasta básica al triple de la inflación, 50 mil PyMES cerradas, aumento en la informalidad, precio de la gasolina al doble en México que en Estados Unidos, una crisis de derechos humanos y de corrupción, y una Reforma Fiscal necesaria y complementaria para la Reforma Energética.

Entonces que defendamos aquí la responsabilidad porque se obtienen dos o tres cuestiones favorables, pues me parece que no estamos viendo el bosque y estamos muy contentos a la sombra de un arbolito.

Votar a favor de este paquete es votar a favor de mayor endeudamiento sin crecimiento.

Las reservas son las siguientes:

Primero, en el caso de las bebidas azucaradas, qué bueno que se rectifica, qué bueno que se le dice a la Cámara de Diputados: “No, es un error la valoración que ustedes tuvieron, con todo respeto, pero no es suficiente”.

Miren, hace dos años no teníamos información, no sabíamos la elasticidad de la demanda de este tipo de bebidas, no sabíamos en realidad cuánto se iba a recaudar, cómo se iba a comportar el consumidor.

¿Qué hemos aprendido a dos años de distancia?
Que se generó una recaudación mucho mayor de la que se esperaba, más de 20 mil millones de pesos, y que sí hay un efecto en el consumidor.

Ya se dieron datos aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, de que hay un efecto sustitución de refrescos por agua, lo cual quiere decir que la medida fiscal está funcionando para cambiar la conducta del consumidor y, por lo tanto, provocar un efecto favorable en salud pública.

Y por el otro lado tenemos una recaudación muy importante que puede ser definitiva en tener una estrategia agresiva contra la obesidad infantil. Digamos que necesitamos una reacción del tamaño del problema que estamos enfrentando, que es la epidemia del siglo XXI, y es utilizar estos recursos para evitar que esta generación de niños tenga una esperanza de vida menor a la que tiene nuestra generación.

Entonces si la medida fiscal va bien, si genera un cambio en la conducta del consumidor, si genera recaudación para dar más instrumentos al Estado para proteger la salud de los niños, ¿pues cómo es posible que se eche para atrás?

Deberíamos ser más ambiciosos, y si esto ya funcionó, pues vámonos al doble. ¿Para qué? Para que tal vez en dos años estemos diciendo que ya no somos el principal consumidor de refrescos en el mundo, que ya no somos el primer lugar en obesidad en el mundo, y que tendremos muchos más recursos para programas de prevención y asegurar ahora que hay tanto interés en la infraestructura educativa, por ejemplo, que no haya escuelas en México sin bebederos. Entonces, qué bueno que se corrige.

La propuesta que presentamos aquí la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión Salud, Marcela Torres Peimbert, Armando Ríos Piter, David Monreal Ávila, es que no nos quedemos con lo que tenemos, sino debemos entender que esto es un tema de salud pública y que es el principal problema que tiene México.

Estamos hablando de que si no hacemos nada, nosotros vamos a ser la primera generación que entierra a sus hijos y no al revés. De ese tamaño es el reto, no de decir: “Es que ya vamos a corregir lo que descompusieron los Diputados”. No es suficiente. Tenemos que ser mucho más agresivos en esa materia y ahí está la propuesta a su consideración.

También es muy importante este paquete por el tema de las gasolinas. Hay que decir las cosas como son. No se puede ocultar en un debate técnico, algo que va a ocurrir. Se está abriendo la posibilidad de que haya un ajuste al precio de las gasolinas el 1º de enero de 2016. El gasolinazo previsible es de 3 por ciento, que es la inflación esperada en este paquete económico. Son 40 centavos por litro, 24 pesos por tanque.

Hay que decírselo a la gente tal cual: “En este paquete se prevé un nuevo gasolinazo”.

¿Entonces qué se dice? “Ah, no, es que hay un cambio en el IEPS. Ya no es un IEPS variable que cambia dependiendo del precio internacional, más los costos que se tienen para tener un precio final fijo. Ahora lo que se fija es el impuesto y habrá variaciones en el precio final”.

Les voy a decir por qué no va a haber variaciones en el precio final y por qué va a tener un ajuste hacia el alza. Pues porque lo previenen en la propia Ley de Ingresos.

Hay una recaudación, la más importante que viene en esta Ley de Ingresos, son 223 mil millones de pesos que se espera recaudar de IEPS.

El IEPS de gasolinas que está teniendo este gobierno de este año y lo que espera para el siguiente, son más de 3 puntos del PIB. Por eso, insisto, que estamos pasando de unas finanzas públicas petrolizadas a unas finanzas públicas gasolinizadas. Vamos a depender de la gasolina.

¿De verdad esperamos que baje el precio final? Por supuesto que no va a bajar, va a subir en 3 por ciento.

Entonces no es un paquete que proteja del gasolinazo, sino que lo oculta en una discusión.

Siguiente artículo. Estamos, por supuesto, haciendo una propuesta ahí, en que, a ver si de verdad nos interesa darle un beneficio a la gente, ¿por qué no le ponemos tope al precio de la gasolina en el 2016, que no pueda ser mayor al que tenemos en el mes de octubre de este año?

¿Por qué tenemos margen? Porque es brutal la diferencia entre el precio internacional y el precio final al consumidor en México.

Tenemos más del doble, o sea, el margen es tremendo que tiene el gobierno, se ven en las cifras de recaudación. Deberas queremos trasladar un beneficio a los consumidores mexicanos, pues no lo disfracemos con fórmulas, pongámosle un tope, así de sencillo.

¿Se puede? Claro que se puede.

En caso de que hubiera una situación extraordinaria, se puede volver al Congreso y hacer el ajuste en caso de que fuera necesario.

Tenemos otro artículo en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El día de hoy con lo que se vote, vamos a terminar con muchos años de ortodoxia fiscal para mantener ciertos equilibrios en las finanzas públicas.

A partir de hoy, como son insostenibles esos equilibrios, entramos a la etapa de la simulación, ya no hay responsabilidad fiscal, entramos a la simulación fiscal.

En 2008 se dijo: Vamos a tener dos déficit, el déficit público tradicional que se mide, como lo miden el resto de las economías del mundo, y México empezó a aparecer en los reportes, por ejemplo, de la OCDE del Banco Mundial, con un asterisco cuando se hablaba déficit, ¿por qué? Porque se prevé en la ley, se preveía, que en las inversiones de PEMEX se iban a dejar fuera del cálculo del déficit público, para que esos recursos no entraran en competencia con el resto de la bolsa fiscal del gobierno.

Si vamos a darle un tratamiento diferente, porque es inversión en PEMEX, que además le va a generar, era cuando todavía se quería a PEMEX, mayores recursos.

Bueno, a partir de este año, el gobierno cambio su definición, incorpora al CF, las inversiones CF, a pesar de que no está en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se diría, bueno, se tolera que sea CF, porque va en la misma lógica de PEMEX.

Pero novedad, proyectos de alto impacto, ¿qué es eso? Puede que es el aeropuerto, puede ser algún tren, puede ser lo que sea.

¿Quién va a hacer esa inversión? Pues obviamente las Secretarías de Estado.
¿Cuál es la diferencia entre esas inversiones y las que traen actualmente, por ejemplo, el presupuesto para el cálculo del déficit? Ninguna.

Entonces, ¿por qué tenemos dos cajitas?, ¿por qué tenemos el déficit tradicional? y, ¿por qué tenemos el déficit ampliado?

Si ya estamos mezclando de una caja a otra, según como le convenga registrar al gobierno ese déficit.

Así es una simulación. ¿Cuál es la propuesta? Pues dejemos de simulaciones.

Midamos el déficit como se mide en todo el mundo. Entonces, tengamos una sola medida de déficit, porque si no, pues nada más va a ser un jugueteo que parece que el gobierno cree que puede engañar por siempre a los mercados, creo que va a empezar a ver un castigo si esto no se toma en serio por parte de los mercados respecto a la economía mexicana.

Hay también una propuesta de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 21 fue utilizado de muy mala manera, ahí se sugiere que cuando hay una caída en los ingresos públicos, se instrumenten si se podrá tener las siguientes medidas de ajuste, pues ya no puede ser posible que sea una sugerencia, sino un mandato.

¿Por qué? Porque el año pasado este gobierno violó esa disposición legal, y cuando tuvo una caída en los ingresos, en lugar de ajustar el gasto, amplió el déficit público, y ahora sabemos que buena parte de esos 75 mil millones de pesos que se le autorizó a Ley de Ingresos 2015, para que se los gastará en el 2014, fueron a parar a una gran campaña de publicidad en el último trimestre del año pasado.

Tenemos que detener esa práctica, tenemos que detener esos abusos, tenemos que detener ese despilfarro, entonces debe ser una obligación del gobierno hacer ajustes en el gasto ante una caída en el ingreso.

Tenemos también dos propuestas en materia de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Primero quisiera decir que sí, efectivamente, hay ciertas flexibilizaciones, medidas que flexibilizan el régimen de incorporación fiscal, como subir de 250 a 300 mil pesos o eximir de la operación de facturas, operaciones menores de 100 a 250 pesos, en fin, estas reglas de flexibilización, pero lo que no funciona es el modelo. Esta es una buena idea, es un buen modelo, el de Régimen de Incorporación Fiscal, pero para Suiza, para Alemania, para Inglaterra, pero no para México, sé parte de un supuesto falso.

¿Por qué tenemos la informalidad que tenemos en la economía mexicana?, ¿por qué la mayoría de los agentes económicos en este país está en la informalidad?, ¿por qué como una estrategia fiscal para evitar pagar impuestos?

No, la informalidad en este país tiene que ver con la poca infraestructura que tenemos, el nulo acceso a crédito, el nulo acceso a pequeñas y medianas empresas, los altísimos costos de electricidad, de telecomunicaciones, la baja calidad educativa, todo eso lo mezclamos y, ¿qué nos da como resultado? Pues la economía que tenemos, que es una economía de supervivencia.

Entonces esos pequeños agentes económicos, los puestos en el mercado, la tlapalería, no está en la informalidad como una estrategia fiscal, es economía de supervivencia, entonces pensar que se va a arreglar esto a partir de un modelo que pretende y asume que puedes tener interés de banda ancha, que tienes computadora y que tienes un espacio contable para que te rinda tu declaración, pues es vivir en otro planeta.

¿Qué tenemos como resultado? Pues que no ha funcionado.

¿Qué pasaba antes en el régimen de REPECOS? Había una gran disposición de estos agentes a pagar el impuesto.

¿Por qué? Porque se sentían incorporados a la legalidad, el incentivo era fuerte porque el pago no era muy oneroso.

¿Qué se cobraba? Pues no son agentes económicos que produzcan un gran valor agregado, entonces se cobraba a partir del valor agregado que es muy bajo, había una contribución muy baja, como ya se refirió aquí, y había la incentiva más, a que los estados hicieran un esfuerzo en recaudar estos esfuerzos y había aquellos estados que les interesaba tener mayores ingresos, lo hacían, caso de la ciudad de México, que siempre tuvimos el primer lugar en recaudación por REPECOS.

No sé quién está silbando, pero no tiene vergüenza de hacer esto aquí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea mantener…

Permítame, señor Senador.

El Senador está presentando un paquete de reservas en un solo momento para economía procesal.

Proceda, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Estamos a punto de terminar, y entonces por más ajustes que se le hagan al Régimen de Incorporación Fiscal, pues no es un modelo que vaya a funcionar para nuestra economía, porque asume que estos agentes vayan a estar en crecimiento, entonces se les va a formalizar, cuando vemos que la economía no crece, si no crecen las grandes empresas, pues tampoco van a crecer ellos.

Entonces me parece un punto de vista adecuado, y creo que tendríamos que corregir y tomar lo que sí funcionaba del régimen de REPECOS, para que cada vez más agentes se sientan parte de la economía formal, y que no pensemos que la informalidad, pues es una cuestión de estrategia fiscal, de evasión fiscal, planeada por estos pequeños emprendedores.

Estas son las reservas.

Una última, que espero nos apoye el Senador Casillas Romero, que es, siempre pensamos en medios de transporte, pensamos en el automóvil; entonces me parece muy bueno que haya un incentivo a la deducción de los automóviles nuevos para que se puedan incluir una buena cantidad de modelos, si lo pensamos desde el punto de vista ecológico, ambiental, para ciudades como ésta, pues no es tan buena noticia, porque pues va a incentivar que haya una cantidad de automóviles mayor.

Pues que pensemos en otros medios de transporte, por ejemplo, la bicicleta, un medio de transporte que ha crecido mucho en esta ciudad y que, pues no estemos favoreciendo el uso del automóvil con estas deducciones, cuando menos que le demos la posibilidad a aquellos que quieran adquirir una bicicleta que tenga la posibilidad de tener también una deducción fiscal.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las reservas y propuestas de adición, relacionadas con la Ley del Impuesto Sobre Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que han sido registradas por el Senador Mario Delgado Carrillo, en una sola votación.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del Senador Mario Delgado, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del IEPS. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de adición con respecto a la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la petición que ha expuesto el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Por último, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva al artículo 2o. que ha suscrito el Senador Mario Delgado, junto con otros Senadores de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas suscritas por el Senador Mario Delgado y por otro grupo de Senadoras y Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, las propuestas de adición se desechan y los artículos reservados se votarán en un solo acto al final de la discusión en lo particular.

Informo a la Asamblea que se recibió por parte de la Senadora Lilia Merodio Reza, su posicionamiento con respecto al dictamen que está a discusión. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Están disponibles en sus escaños las propuestas de adiciones presentadas por el Senador Rabindranath Salazar Solorio.



En tal virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de adición del Senador Salazar Solorio.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de adición del Senador Rabindranath Salazar Solorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, para presentar sus reservas, con respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Antes de que empiece a correr mi tiempo, señor Presidente, sí le pediría un poco de tiempo en razón de que son seis reservas que quiero presentar en una sola exhibición.

Los artículos 36 y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Quinto Transitorio, fracción III; y el artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, señor Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, don Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.

Artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que aprobó nuestra Colegisladora, establece un límite a la deducción en automóviles de 175 mil pesos, no obstante resulta necesario impulsar una deducibilidad de hasta 300 mil pesos respecto de la inversión en automóviles, ya que este monto corresponde a la actualización de la cantidad original de esta deducción que en 2007 se redujo a 175 mil pesos y que en 2013 nuevamente fue disminuida para llegar hasta su mínimo histórico de 130 mil pesos.

Se trata de un beneficio, escúchenlo bien, señoras y señores Senadores, se trata de un beneficio para la formalidad de este país, porque representa un incentivo para las empresas y para las personas con actividad profesional independiente.

Asimismo, es un beneficio que genera mayor consumo y adquisición de los automóviles fabricados en México.

La propuesta de la Cámara de Diputados es que se aumente de 130 a 175 mil pesos, lo que implica regresar al monto de deducibilidad vigente hace dos años, pero ello resulta insuficiente y además no resulta positivo para la industria automotriz del país, ni tampoco suficiente para las empresas o las personas que adquieran automóviles en el próximo año 2016.

Por esas consideraciones estoy presentando esta reserva al monto máximo de deducibilidad a las inversiones en automóviles, a fin de que esta cantidad retorne al nivel en el que se encontraba antes de 2007 y propongo esta reforma al artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que quede en los siguientes términos:

“Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 300 mil pesos”.

Con respecto al artículo 151, también de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

“Las deducciones personales que ahí se consignan y que esencialmente permiten disminuir del pago del Impuesto Sobre la Renta los gastos médicos y funerarios, los intereses hipotecarios, el transporte escolar, las aportaciones complementarias para el retiro, las primas de seguro de gastos médicos y ciertos donativos, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos elevados al año, y el 10 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.

Es decir, que tratándose de deducciones personales, sólo se podrán deducir hasta poco más de 125 mil pesos, que es a lo que aproximadamente equivalen 5 salarios mínimos anuales, o el 10 por ciento de los ingresos totales del contribuyente, lo que resulte menor”.

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados aumenta parcialmente este límite, a pasar de 4 salarios mínimos elevados al año, a 5 salarios, dejando intocado el límite de 10 por ciento del ingreso anual del contribuyente.

Por su parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara de Senadores, acordaron aumentar el porcentaje señalado del 10 al 15 por ciento. Esta propuesta es correcta, pero insuficiente.

Si bien a primera vista el aumento de 4 a 5 salarios mínimos elevados al año podría parecer un beneficio para los ciudadanos mexicanos, lo cierto es que esta modificación aprobada por la Cámara Baja no sólo no disminuye el efecto regresivo que ya de por sí trae implícito este artículo, sino que peor aún, lo aumenta y a continuación voy a explicar por qué.

De acuerdo con la doctrina fiscal, las deducciones personales se establecen en la ley, con el objeto de beneficiar a la clase media, que es la inmensa mayoría de México.

Esto porque las clases altas proporcionalmente no suelen destinar cantidades importantes para cubrir los gastos personales que la ley permite deducir y las clases más bajas no erogan este tipo de gastos, ni tampoco suelen presentar declaración anual, en cualquier caso la intención es que este tipo de medidas fiscales beneficien a las clases medias, de manera proporcional y equitativa a sus ingresos.

Ahora bien, a diferencia de una contribución progresiva, se dice que un impuesto es regresivo cuando grava más a los que menos tienen y menos a los que más tienen.

Si se analiza el efecto del último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se advertirá con nitidez que es regresivo, pues tiene un efecto impositivo mayor respecto de los que tienen menos ingresos y por el contrario, permite una deducción mayor, es decir, pagar menos impuestos respecto de los que ganan más.

Me permito citar aquí un ejemplo clarísimo que me dio un ciudadano bien informado.

Una persona que gana 200 mil pesos al año, esto es unos 16 mil pesos mensuales, con el nuevo artículo 151, va a seguir deduciendo únicamente 20 mil pesos al año.

En cambio, alguien de altos ingresos que gane unos 150 mil pesos al mes, ahora va a poder deducir hasta 125 mil pesos al año, por concepto de sus deducciones personales autorizadas. Esto suele suceder porque quien tiene un ingreso anual alto, en realidad no alcanza a estar topado por el 10 por ciento de sus ingresos, o por el 15 por ciento de acuerdo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos del Senado, sino que sólo le afecta el límite del salario mínimo anualizado, que la minuta que aquí se comenta propone aumentar de 4 a 5 salarios mínimos.

Otro ejemplo. Una persona asalariada que gana 30 mil pesos mensuales, que su trabajo no le permite ir a dejar a sus hijos a la escuela y se esfuerza por pagar el transporte escolar, que cubre un seguro de gastos médicos para su familia, y que mes con mes paga una hipoteca, aún con la modificación al artículo 151, sólo va a poder deducir 36 mil pesos al año, es decir, lo mismo que durante 2015, aunque gaste mucho más que eso en medicinas, transporte escolar, intereses hipotecarios y seguros.

En cambio, una persona con un sueldo de 120 mil pesos, y que durante 2015 pudo deducir, más o menos, 100 mil pesos al año, equivalentes a 4 salarios mínimos elevados al año, con la modificación que propone la Cámara de Diputados, ahora va a poder deducir más de 125 mil pesos, esto es, al menos 25 mil pesos más que en 2015.

La propuesta, entonces, es que si se aumenta el límite de las deducciones personales permitidas en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que ello no se haga aumentado el tope de 4 a 5 salarios mínimos anuales, sino el porcentaje de 15 a 20 por ciento, con lo cual se beneficiará directamente a los que tienen ingresos menores.

En ese sentido, la propuesta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, de aumentar el porcentaje referido del 10 al 15 por ciento, es correcta, pero todavía es insuficiente.

Por esas consideraciones estoy presentando esta reserva al incremento al límite máximo de deducibilidad de las deducciones personales, a fin de que aumente el porcentaje al 20 por ciento, y no las veces del salario mínimo anualizado.

Y propongo una reforma al último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Eso es en cuanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En el caso de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, señor Presidente, en el artículo 2, que tiene que ver precisamente con las bebidas saborizadas, que tengan hasta 5 gramos de azúcar adheridos por cada 100 mililitros.

Este dictamen no considera que las cuotas aplicadas a las bebidas saborizadas tengan como objetivo inhibir el consumo de estos productos a fin de prevenir y combatir problemas severos de salud pública en el país como la obesidad y la diabetes, que en el caso específico de mi estado, Yucatán; Yucatán es el estado que tiene primer lugar en casos de obesidad infantil, en casos de sobrepeso, y por supuesto también en casos de diabetes en toda la República Mexicana.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de bebidas azucaradas es la principal causa de numerosas enfermedades como la caries, sobrepeso y obesidad.

Según el organismo, la obesidad forma parte del alza de las enfermedades no transmisibles que representan los nuevos retos sanitarios a nivel mundial.

En 2014, 39 por ciento de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y de ellas, 13 por ciento eran obesas, esto equivale a más de mil 900 millones de adultos de 18 o más años con sobrepeso y a más de 600 millones con obesidad en el mundo.

Entre la población infantil, los datos son todavía más alarmantes. Según el mismo organismo, en 2013 más de 42 millones de niños menores de 5 años en el mundo tenían sobrepeso.

Se estima que los niños obesos y con sobrepeso corren el riesgo de seguir siendo obesos en la edad adulta y por ello tienen más probabilidades de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Además, las investigaciones del organismo internacional ponen en evidencia que los niños, con los niveles más altos de consumo de bebidas azucaradas, tienen más probabilidades de padecer sobrepeso y obesidad que aquellos con un bajo nivel de consumo de este tipo de bebidas.

En México, la dimensión de estos padecimientos se pueden deducir a partir de los datos ofrecidos por la propia Secretaría de Salud federal.

En 2012 la institución ubicó en 26 millones a la población adulta que presentaba sobrepeso y en 22 millones a los que presentaban obesidad.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud recuerda que varios países, entre ellos el nuestro, han acordado como objetivo sanitario mundial, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

Por tanto, recomienda firmemente, entre varias opciones normativas, la regulación de la comercialización de los alimentos y las bebidas no alcohólicas con un alto contenido de azúcares libres, así como la aplicación de políticas fiscales dirigidas a los alimentos con un alto contenido en azúcares libres.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 2014, fecha en que entró en vigor la aplicación del IEPS refresquero, agosto de 2015, la medida generó ingresos por alrededor de 31 mil millones de pesos con este impuesto.

Solamente mi estado, Yucatán, el presupuesto anual de mi estado son aproximadamente 28 mil millones de pesos, mucho más que el presupuesto de mi estado de Yucatán.

En esta tesitura, propongo incrementar el impuesto a 2 pesos por litro retomando el espíritu original discutido hace 2 años cuando se puso en marcha esta medida. Por lo anterior, estamos proponiendo modificar el artículo 2 del proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Ya para concluir, señor Presidente, en el tema del precio de la gasolina, del IEPS también.

El dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé adicionar el valor máximo y mínimo de la banda de gasolina y diésel, sin embargo, a pesar de fijar los parámetros de la banda, nada garantiza que el precio de estos combustibles no vaya a subir.

Por tanto, propongo una reforma para mantener controlado el precio de la gasolina al consumidor final.

El dictamen no considera que la política de deslizamiento de los precios de los petrolíferos, entre ellos la gasolina, incide negativamente en el poder de compra de los ciudadanos, devastando el poder adquisitivo de los salarios de los ciudadanos mexicanos tomando en consideración que México se encuentra dentro de los primeros 5 países productores de petróleo, así como el compromiso que el titular del Ejecutivo asumió para disminuir el precio de la gasolina, compromiso que en el año 2015 no se cumplió.

Además, hay que notar que el precio del litro de gasolina en Estados Unidos sigue siendo menor al actual en México, lo que resta competitividad a nuestro país, sobre todo en la frontera norte, ya que dicha tarifa pone en desventaja a los trabajadores mexicanos porque se están quedando sin la posibilidad de competir y, además, enfrentan altas tasas de impuesto por el precio de los combustibles, lo cual provoca fuga de consumidores mexicanos a las gasolineras del otro lado de la frontera.

Por lo anteriormente expuesto, estoy proponiendo una modificación al Artículo Quinto Transitorio, fracción III, párrafo último de las disposiciones transitorias del proyecto de Decreto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Señor Presidente, con esto concluyo las reservas que he presentado de la Miscelánea Fiscal, y concluyo diciéndoles a ustedes, Senadoras y Senadores de la República que representan el pacto nacional, que representan a sus entidades federativas, piensen muy bien a la hora de votar, recuerden que estamos aquí por mandato de los ciudadanos de nuestros estados, y piensen también con madurez, con responsabilidad el voto de cada uno de ustedes.

Tenemos que legislar a favor de los mexicanos, tenemos que legislar a favor del bienestar de los mexicanos y, por supuesto, en el caso de un servidor de mi estado, por supuesto, de los yucatecos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las reservas que ha presentado el Senador Daniel Ávila con respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación, en un solo acto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el Senador Daniel Ávila Ruiz respecto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos reservados por el Senador Daniel Ávila con respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se reservarán para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Informo a la Asamblea que se ha recibido el posicionamiento del Senador Raúl Morón Orozco, se insertará en sus términos en el Diario de los Debates.

El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de adición de un artículo 186 en la parte relativa a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la adición presentada por el Senador Raúl Morón Orozco a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas relacionadas con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Pasamos ahora a discutir las reservas relativas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Informo a la Asamblea que se retira la reserva del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, para presentar reserva al artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros:

Antes de entrar a la reserva del artículo 2o. del IEPS, quisiera hacer un reconocimiento a todas y todos ustedes por la voluntad que se muestra en cuanto a la reforma que se había hecho en la Cámara de Diputados para disminuirle el impuesto a los refrescos.

Creo que el éxito de esta medida no es tanto recaudatoria, sino justamente la conciencia que se logró hacer en la sociedad, que se puso a discusión el dañino uso del consumo de los refrescos; me parece que es ahí donde hemos tenido un gran acierto y disminuirlo sería, por supuesto, ir en contra de esto que hemos logrado; entonces, pues quiero reconocerle a todas y todos ustedes esta disposición para que se siga cobrando el peso, ojalá y pudiéramos haber logrado algún acuerdo para cobrar 2 pesos por estas bebidas, pero bueno, que se regrese a lo que estaba, es muy bueno.

En cuanto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles obtenidos de hidrocarburos, es muy oportuno, creo yo, abordarlo porque ustedes recordarán que en días pasados, sobre todo en las redes sociales se comentó que había un nuevo impuesto, que se había aprovechado el huracán para ocultar este incremento.

Bueno, en verdad no es un nuevo impuesto, sí es un impuesto que puede ser mucho más grande que el que teníamos. Así como venía la minuta.

Miren ustedes, ¿qué significa el IEPS para los productos no petroleros?, que es éste, es el impuesto a las gasolinas y a los combustibles.

Pues el año pasado calculamos que ese ingreso estaría en aproximadamente un poco más de 30 mil millones de pesos, sería lo que obtendría el gobierno federal por este impuesto.

¿Y qué sucede? En el primer semestre de este año en lugar de recibir 17 mil millones de pesos, que era lo que se tenía calculado, se recibieron un poco más de 100 mil millones de pesos.

Al mes de septiembre esta recaudación ya representaba casi 150 mil millones de pesos.

Al cierre de este año, estamos calculando que pueda ser de cerca de un poco más de 200 mil millones de pesos, quiere decir, 170 mil millones de pesos más de lo calculado. Eso es lo que representa para el gobierno este impuesto y, por supuesto, no lo va a perder, ¿verdad?

Bueno, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a estos combustibles, desde su origen, es muy difícil de comprender por el consumidor y la autoridad nunca ha explicado claramente su necesidad.

Prácticamente en todos los países se aplican impuestos a los combustibles, que es una forma sencilla de recaudar ingresos fiscales para los gobiernos; incluso, en algunos gobiernos se han utilizado en lugar del pago de peajes, aquí por supuesto cobran impuesto a la gasolina y además los peajes.

El impuesto a las gasolinas llega, en algunos casos, a superar el 200 por ciento respecto al precio de producción, comparativamente México tiene impuestos bajos, sobre todo por su inequidad, no crean que es por benevolencia, por la inequidad en su aplicación.
Sin embargo, es el país con mayor variación a corto plazo en la aplicación de estos impuestos.

El consumidor mexicano de gasolinas no conoce la razón del IEPS y mucho menos comprende la metodología para su determinación por parte de la autoridad fiscal, nunca se ha evaluado públicamente para conocer si está cumpliendo los propósitos de su creación.

Los combustibles como cualquier otra mercancía, en su enajenación deben pagar un Impuesto al Valor Agregado como lo paga aquí los combustibles, el IVA, por qué entonces las gasolinas deben pagar un impuesto adicional, el IEPS, se trata de una doble tributación.

En algunos países, también, el impuesto a las gasolinas tiene como objetivo desestimular el uso del automóvil individual, en la perspectiva por mejorar el medio ambiente.

Los recursos que se obtienen sirven, por ejemplo, para desarrollar sistemas de movilidad limpia y el cumplimiento de esos propósitos se puede evaluar, esto en otros países.

Entonces, en México, cuál o cuáles son los objetivos del IEPS a los combustibles.

Por otra parte, en todo el mundo, la caída de los precios del petróleo ha sido acompañada por la disminución significativa de los precios de las gasolinas.

En Estados Unidos, ya se dijo en pesos, pero ahora lo voy a decir en dólares, porque algunos funcionarios entienden más en dólares. En Estados Unidos la gasolina regular del Golfo, que es la de referencia para México, ha disminuido poco más del 29 por ciento de 2014 al 2015; en 2014 estaba en 3.14 dólares el galón, en el 2015 está a 2.22 dólares ese mismo galón; en cambio en México, el precio promedio para la gasolina Magna, en dólares, ha sido de punto 79 dólares frente a punto 58 para la gasolina regular en Estados Unidos.

En un ambiente de mercado abierto, los precios deberían equilibrarse a la baja, ¿o no fue esa acaso una propuesta del gobierno y de los legisladores del PRI y del PAN, en la Reforma Energética?

La propuesta que ha presentado el Ejecutivo Federal en las reformas a la Ley del IEPS, no está orientada a que los precios reflejen las condiciones del mercado, por el contrario, mantendrá una desventaja para los consumidores mexicanos, totalmente injustificada y que sólo beneficiará a las nuevas empresas distribuidoras de gasolina.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo al artículo 2o. de la Ley del IEPS, no reduce la complejidad de un mecanismo que si antes se ajustaba mensualmente, ahora sus principales elementos lo harán anualmente, pero no por ello se garantiza que los precios se mantendrán estables.

En síntesis, la propuesta del Ejecutivo no incrementa abiertamente los precios de las gasolinas, pero los mantendrá desproporcionalmente altos sin justificación alguna.

El IEPS para las gasolinas es un impuesto que carece, entonces, de objetivos precisos que dada su naturaleza especial debiera aclararse para poder evaluarla.

Es un impuesto cuyos elementos principales son determinados discrecionalmente por la autoridad fiscal sin que el Congreso los haya proveído, su base es incierta y el Congreso debería pedir al Ejecutivo hacer un compromiso para simplificarla y sustentarlo para poder evaluar esta contribución, sobre todo cuando constituye la tercera o cuarta fuente de recaudación fiscal.

Por lo anterior, presento a ustedes, a este Pleno, la siguiente propuesta, en lo particular en el artículo 2, fracción I, inciso d), combustibles automotrices; el numeral 1, combustibles fósiles, cuotas de la siguiente manera:

En el inciso a), gasolinas menores a 92 octanos, el gobierno propone cobrar 4 pesos con 16 centavos el litro, yo propongo que sea de 2 pesos con 50 centavos ese litro.

En las gasolinas mayor o igual a 92 octanos, el gobierno propone aplicar 3 pesos con 52 centavos, propongo que sea 2 pesos ese litro.

En el diesel el gobierno federal propone 4 pesos con 58 centavos, creo que lo que debería de cobrarse aquí son 3 pesos por litro.

Y los combustibles no fósiles, el gobierno establece que el cobro sería de 3 pesos con 52 centavos, propongo que sea de 2 pesos por litro.

Van ustedes, entonces, a preguntar de dónde saldrán los recursos para compensar este monto que dejaría de recibir las finanzas públicas, les doy la solución, debe cobrárseles a las empresas que vendrán a distribuir combustibles desplazando a PEMEX.

Por cierto, lo dije en la aprobación de la nociva Reforma Energética que cuando se abriera la puerta a las estaciones de servicio extranjeras, serían despedidos aproximadamente 214 mil empleados que hoy prestan sus servicios en las casi 11 mil franquicias que PEMEX tiene en toda la República.

Este próximo año, señoras y señores, desafortunadamente lo vamos a corroborar, daños colaterales, diría el clásico.

Se corrige algo que me parecía verdaderamente terrible, que era que no se establecía exactamente en esa banda para que el gobierno estableciera el precio de la gasolina, por lo tanto, el precio del cobro del impuesto, pero hoy se cierra a una banda del 3 hacia arriba o hacia abajo, me parece que es un avance, me parece que esta es una mejor propuesta de lo que venía; sin embargo, creo que ajustando los precios a lo que yo estoy proponiendo, sería lo que nos permitiría a las y los mexicanos contar con un combustible acorde a las características económicas que tiene el país.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Solicite la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva presentada por el Senador Luis Sánchez, con respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Luis Sánchez, respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene cinco adhesiones, Senador Luis Sánchez.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para levantar la votación nominal con respecto a la admisión de esta propuesta de reserva.

Aclaro que el voto a favor es por admitir a discusión la reserva, y el voto en sentido negativo es por desechar la reserva.

Informe la Secretaría el resultado de la votación.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, más los votos que aquí se expresaron, se emitieron 25 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admiten a discusión. Consulte a continuación la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que están disponibles en los monitores de los escaños.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna, las cuales se encuentran en sus escaños, en las pantallas, relacionada con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos reservados por la Senadora Dolores Padierna, se votarán conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tienen el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar reserva respecto al artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo aquí a presentar esta reserva que tiene que ver con un tema que ha llamado la atención de la ciudadanía, desde que en la Cámara de Diputados aprobaron este paquete económico y tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas.

Y me parece que si se trata realmente como se planteó hace dos años, de impulsar un impuesto que no tenga un efecto meramente recaudatorio, sino como se planteó, tiene como objetivo el que ya no se tomen tantas bebidas azucaradas, que se disminuya el consumo de bebidas azucaradas por el problema que hay en nuestro país relacionado con la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas.

Quienes están en este Pleno, deberían demostrarlo yendo no solamente por lo que se quedó de un peso de impuesto por litro, sino ir por lo que recomiendan las organizaciones que es al menos el 20 por ciento lo que implica que sean 2 pesos.

Y por eso, compañeras y compañeros Senadores, el llamado que les quiero hacer hoy desde esta tribuna, es a que demostremos y todo ha sido parte de un show mediático o realmente hay un compromiso para el combate a la obesidad y un compromiso con la niñez mexicana.

Ya se han dado muchos datos acá, pero quiero insistir en algunos de ellos: El mundo hace frente a una gigantesca pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles, que según estima Oxfam, ocasionan cerca de 37 millones de muertes prematuras al año.

La Organización Mundial de la Salud ha sido clara en catalogar a la obesidad como un problema de salud pública de importancia internacional.

Para enfrentar esta epidemia de obesidad y sobrepeso, la evidencia científica muestra la importancia de un abordaje integral, es decir, no hay una sola intervención que pueda resolver por sí sola el problema.

Se requiere de la implementación de un conjunto de medidas integrales y de abordaje multisectorial.

Las políticas fiscales, idealmente deben estar acompañadas de otras políticas y aquí recalco: No solamente basta el impuesto a las bebidas azucaradas, faltan otras políticas como la mejora en el etiquetado, el control de la publicidad, mejor acceso a alimentos y bebidas saludables y políticas que faciliten y promuevan la lactancia materna.

Es muy claro que el sector salud no puede resolver solo este problema.

El sector salud está afrontando las costosas consecuencias económicas del sobrepeso y la obesidad, a partir de la atención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, discapacidad, enfermedad renal crónica, problemas músculo-esquelético y problemas psicosociales, entre otras.

El sobrepeso incrementa la probabilidad de una vida más pobre y corta, más gastos en salud y menos productividad de una nación.

Los costos de salud cada día terminarán por quebrantar los presupuestos de los sistemas nacionales de salud, si no se comienza a revertir esta epidemia ahora.

En ese sentido, el incremento de impuestos a productos de consumo ordinario como las bebidas azucaradas, implementados en diversas regiones del mundo, han demostrado ser las estrategias más costo-efectivos, en términos de reducción de la demanda.

De conformidad con evidencia publicada, hay algunas conclusiones que es importante señalar: El impuesto debe ser de al menos el 20 por ciento para tener un impacto en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares.

La evidencia del impacto es más fuerte por impuestos a refrescos y bebidas azucaradas.

Varios investigadores concluyen que los impuestos deben estar combinados con subsidios enfocados a familias pobres.

Los impuestos a qué bebidas deben de ir enfocados, varias investigaciones mencionan la importancia de considerar los cambios en consumo, hacia sustitutos no deseados que pueden disminuir el impacto buscado.

Entonces, se tiene que considerar la integralidad de los impuestos a todas las bebidas azucaradas para evitar sustituciones.

En ese sentido, México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial, con 163 litros por persona al año, consumo 40 por ciento mayor que el de un estadounidense promedio con 118 litros al año.

Y de conformidad con un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de julio de 2013, México ocupa la tasa más alta de obesidad en adultos de los países de la OCDE.

Ante este grave problema, la Organización Mundial de la Salud reconoce al Estado mexicano su preocupación y voluntad política para combatir el problema de la obesidad en México, reflejada en la propuesta de establecer un impuesto especial a las bebidas azucaradas como medida de reducción a la demanda.

Sin embargo, y esa es la propuesta, consideramos que para que el impuesto sea realmente efectivo y logre el impacto deseado, en términos de la disminución de los problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes, es necesario que éste sea establecido en al menos 2 pesos por litro o como mínimo el 20 por ciento del precio en venta.

Y la propuesta es de modificación al artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Y quiero pedirle, por último, señor Presidente, que la votación sea nominal, a fin de que quede claramente identificado quienes están comprometidos con el combate a la obesidad y en favor de la niñez mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez. La respaldan cinco Senadores en su solicitud de votación nominal, vía tablero electrónico.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para tomar la votación con respecto a la admisión de la reserva presentada por la Senadora Martha Tagle.

Les recuerdo que el sentido del voto afirmativo es para admisión de la reserva, en sentido negativo es por su desechamiento.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, informo que el resultado de la votación es 26 votos a favor, 63 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite a discusión. En consecuencia, el artículo 2o. se votará conjuntamente con el resto de los artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar reservas con respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Es muy divertido ver el escenario, la somnolencia a esta hora, acostumbrados a votar estos temas de importancia para el pueblo de México. Espero que también se estén desvelando con nosotros, para que estén atentos, porque aquí no hay esa atención.

Qué bueno que ya bajaron.

Aquí, compañeras y compañeros Senadores, ojalá y estén despiertos, ya dejen a Morfeo a un lado, el tema es muy importante porque se trata del cacao, el cacao. Ya sé que algunos de ustedes no lo conocen, pero es una fruta que se remonta hasta los tiempos de la civilización Olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los aztecas, estos últimos considerando como un obsequio al Dios Quetzalcóatl, o sea, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, el cacao, y aquí lo quieren considerar como alimento chatarra.

¿En qué cabeza cabe que quieran considerar así al cacao?, que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro orgullo como mexicanos.

El General Lázaro Cárdenas cuando escribió sus memorias tuvo la oportunidad de ver lo que pasó con el henequén en Yucatán; en Yucatán no hay henequén, se acabó y lo estamos importando lo poco que se utiliza el henequén, así va a pasar con el cacao, y así va a pasar con muchos otros productos mexicanos, porque los representantes populares no sabemos defenderlo ni los que están en el gobierno.

Este alimento fue parte crucial de nuestra cultura y la alimentación, manteniendo su importancia simbólica, social, religiosa, política y económica desde la cultura Prehispánica, en México hasta el día de hoy. Para los que conocen la historia y para los que somos mexicanos realmente, los que nos sentimos orgullosamente mexicanos, sé que hay muchos que se creen ingleses, alemanes, catalanes, pero bueno, no obstante lo anterior, sí nuestro país aparte de ser la cuna del cacao es uno de los pocos países que cuenta con las condiciones geográficas propicias para cultivar este importante fruto.

No obstante lo anterior, el dictamen a nuestra consideración, al igual que la reforma fiscal que el Congreso de la Unión aprobó a finales de 2013, no consideran, alguien está aullando ahí, se sintió agraviado, dicen que la verdad no peca pero incomoda.

Decía que el Congreso de la Unión que aprobó a finales de 2013 no considera la importancia que el cacao y sus derivados tienen en el concepto nacional, a pesar de que el Ejecutivo Federal la resaltara en el acuerdo para instrumentar la política de fomento a la gastronomía nacional, bla, bla, bla, el cual tiene como meta el desarrollo del crecimiento local y regional y nacional a través del impulso a la gastronomía nacional, contemplando acciones en favor del desarrollo del chocolate y el cacao mexicano, puro verbo.
Hoy sabemos que nuestro país cuenta con cerca de 37 mil productores que cultivan, los estados de Tabasco, generando el 67 por ciento del cacao en el país; Chiapas, ¿a ver dónde están los Senadores de Chiapas?, con el 32 por ciento de la producción; Oaxaca, con el 1 por ciento; Guerrero y Veracruz, ¿dónde está Veracruz?, tienen producción de cacao, mi Presidente de la Comisión de Hacienda el Senador José Yunes.

También tenemos conocimiento que la demanda de productos derivados del cacao aumenta desde hace 20 años, 2.5 por ciento anual, lo que significa que el requerimiento del cacao se duplicará cada 25 años.

Amigas y amigos, saben lo que hacen los productores de cacao hoy en día, hacen de los árboles leña, leña porque con tanto impuesto y tanta problemática no es negocio. Además que más del 67 por ciento del cacao ya lo importamos, ¿no están viendo esta problemática? No, yo sé que no ven, ni oyen ni hablan.

Entonces, lo que esto significa que el requerimiento de cacao se duplica cada 25 años, México se encuentra entre los diez países con menor producción de cacao en el mundo, situación que obliga a importar cerca de 63 mil toneladas de cacao en grano para cubrir la demanda de chocolate en el país.

Dichas importaciones son provenientes principalmente de Ecuador, Costa de Marfil, República Dominicana, y al rato como el henequén.

En el caso de mi estado querido, Tabasco, hay que señalar que existen 40 mil hectáreas con vocación cacaotera, de las cuales una parte ha caído en el abandono, y otra se ha visto afectada por las inundaciones.

De esta manera, en la última década la producción disminuyó dramáticamente, y lo pueden investigar, pasando de 40 mil toneladas a poco menos de 10 mil anualmente. O sea, en plena crisis.

Bajo el contexto anterior expuesto, es clara la necesidad nacional de impulsar al mercado agrícola a través de una mayor producción del cacao y su derivado como productos verdaderamente mexicanos, no hay que ser malinchistas compañeros, que forman parte intrínseca de la gastronomía, la historia, la cultura y la sociedad mexicana, mucho orgullo y honra.

Dicha necesidad se contrapone con la actual política fiscal gubernamental, la cual establece un gravamen a los productos derivados del cacao, como lo son la pasta del cacao, manteca de cacao y la cocoa, a través de un impuesto del 8 por ciento sobre su producción, establecido injustamente en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual ha afectado…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame la Asamblea.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Hay mucho cuchi cuchi, ni yo me escucho.

¡Pueblo de México!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señor Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: A ver, las cámaras del Canal del Congreso, hagan una toma aquí para que vean y quiero también filmen bien quién vota.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, señor Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Entonces les decía, si me permiten continuar, con la venia de la sala, que la cocoa a través del impuesto del 8 por ciento sobre su producción, establecido injustamente en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual ha afectado a los pequeños productores del cacao, quienes sufren directamente con la pérdida de su rendimiento y mercado de venta en un momento en el cual la producción del cacao se encuentra en un contexto crítico para su futuro.

Considerando que el cacao y sus derivados representan un elemento esencial para la gastronomía nacional, dado que son los principales insumos no sólo para el chocolate. Ahí les va, en serio, fuera de broma, préstenme tantita atención, no es cuestión de tiempo.

La gente pobre del sureste del país lo mezcla con el maíz, y hay bebidas como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate chemole, polivi en Chiapas; el pozol, en Tabasco, incluso se utiliza para el champurrado, el tejate o los distintos tipos de mole. De ese tamaño es lo que utiliza la gente.

Me permito presentar una propuesta de modificación, ya voy a terminar, excluida en los productos derivados del cacao, del gravamen del 8 por ciento, para efecto de incentivar el desarrollo de dicho cultivo, al establecer un costo de materia prima más bajo, suprimiendo con ello una de las barreras que impiden el crecimiento en nuestras comunidades más desarraigadas y coadyuvar al alcance de todo el potencial agroalimentario de nuestra nación.

La propuesta es ésta:

Único.- Se modifica el artículo 2, fracción I, inciso j), numeral 3, en su fracción XIX, ambos preceptos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para dejarlo así.

Artículo 2, fracción I, inciso j). Alimentos no básicos que se enlistan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías a mayor por cada 100 gramos, 8 por ciento. Y se dejaría en la fracción III el chocolate, pero quitaríamos el cacao como fruto, y lo que conlleva, el chocolate quedaría, que pague el chocolate, y más lo que ustedes consumen Milky Way y todo esto norteamericano.

Y la fracción XIX que se deroga…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Un segundo, esto es bien importante, para andarlo a uno apresurando con el tiempo.

Dice la XIX.- Derivado del cacao la manteca del cacao, pasta o licor de cacao, torta de cacao. Entre otros, eso se deroga.

Yo espero que nos apoyen, no a mí, sino al pueblo de México, al sureste que está pobre, en la miseria, y que están haciendo de los árboles del cacao, leña.

Cámaras del Canal del Congreso; pueblo de México:

Le pido, señor Presidente, en el artículo 99, hago la solicitud de votación nominal para esta propuesta, que la verdad con el corazón en la mano se los digo, con todo afecto, cariño y respeto a todos ustedes, que no nos venga a dar línea Hacienda, que el Senado sea totalmente independiente, un poder de hombres de altura, de nivel, como debe ser un Senador y una Senadora de la República, ajústense bien los pantalones, compañeros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal. Tiene el respaldo de cinco Senadores para la votación nominal. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para recoger la votación sobre la admisión de la reserva presentada por el Senador Mayans Canabal.

Informo a la Asamblea que se ha recibido una comunicación para los propósitos de rectificación de votos suscrita por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con respecto a la votación del artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda, a efecto de que quede registrado como voto en sentido a favor.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, informo a la Asamblea el resultado de la votación, se emitieron 30 votos a favor, 64 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se desechan las reservas a los artículos 2o. y 3o. y se votarán conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se han agotado las reservas relativas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Se han agotado las reservas al Código Fiscal de la Federación.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar reserva al artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Este artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se refiere al Fondo Mexicano del Petróleo y es un asunto sumamente importante porque recordarán ustedes que en la Reforma Energética se estableció que el Fondo Mexicano del Petróleo tendría una serie de conceptos conforme se fueran recibiendo los ingresos petroleros.

El primer rubro sería para pagar los contratos y las asignaciones; luego los fondos de estabilización, varios y la séptima prelación se refiere a los ingresos petroleros del gobierno federal, que debería de recibir tanto de asignaciones como de contratos y estos no deberían de ser menores a 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso quedó en la Constitución.

Se hizo la ley, la ley reglamentó todo esto, pero se establece que los ingresos del gobierno, las transferencias petroleras deben de ser del 4.7 por ciento.

Cayeron los precios del petróleo, y el ingreso federal por petróleo es 2.3 por ciento, para medio componer las cosas el gobierno en lugar de ser sincero y decir: “Cayeron los precios”, que todos lo comprenderíamos, prefirió tomar los ingresos propios de PEMEX y sumárselos como si fueran del gobierno federal, cuando PEMEX ya está decretado con autonomía presupuestal.

Para que medio se acerque al 4.7, se suma entonces los 2.3 del gobierno, más los 2.2 de PEMEX y suman 4.5. Bueno, medio se le acercó.

Pero esta iniciativa dice: “Que cuando no se alcance el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, la Ley de Ingresos puede considerar un monto menor”, aquí salta la duda. ¿Puede una ley, como la Ley de Ingresos, estar por encima de la Constitución?

Decir: “Quito la Constitución y ahora aplica la Ley de Ingresos”.

Bueno, si se explicara suficientemente la Ley de Ingresos que cayeron los precios del petróleo, que hubo determinadas circunstancias y nadie está obligado a lo imposible, y aunque la Constitución diga que es el 4.7 no puedo, y entonces sólo tengo 2, pues se vota a favor hablando con claridad, con sinceridad, con realidad, pero tienen que revolver para decir que están en el 4.5, etcétera.

Pero ese no es el punto central, el punto central es lo que sigue, porque dice: “La Ley de Ingresos puede autorizar un monto menor”. Está en duda si puede cambiar la Constitución, pero supongamos que sí.

Pero luego dice: “Se reciben recursos adicionales, entonces será para…”, y hace otra prelación. O sea, si hay recursos adicionales, pues es para que se cumpla con la Constitución del ‘47.

Una cosa es que no pueda porque se cayeron los precios del petróleo y nadie está obligado a lo imposible y otra cosa es que habiendo recursos se viole la Constitución y se destinen para otros conceptos que no están marcados en la Constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que tiene una prelación de 9 prelaciones: primero, los contratos; segundo, los fondos, etcétera, séptimo, la Tesorería de la Federación.

¿Por qué esta ley va a cambiar la prelación que está en la Constitución referente al Fondo Mexicano del Petróleo?, pero fíjense para lo que quiere el gobierno los recursos adicionales.

Primero, ¿cuáles son los recursos adicionales? Pues las coberturas y todos los 8 mil millones que están volando de PEMEX, todo lo que dijimos en las leyes pasadas, esos son los recursos que no están desglosados en la Ley de Ingresos, a eso se refiere el gobierno.

¿Y para qué los quiere?, dice: Para compensar el incremento del gasto no programable.

¿Cuál es el gasto no programable? Pues las participaciones federales, la deuda pública, los requerimientos financieros, la deuda contingente, todo eso es el gasto no programable. Y dice: Por concepto de participaciones federales.

Pero, si vamos a aumentar las participaciones federales, las participaciones federales sí están consideradas en el Fondo Mexicano del Petróleo, es la prelación número 3, dice: Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas.

¿Para qué tenemos que agarrar otros recursos de participaciones y sacarlos del Fondo Mexicano del Petróleo para que el gobierno los maneje de otra manera?

Otro concepto, costo financiero. Pues si ya se autorizó que los remanentes del Banco de México vayan a pagar parte de la deuda para que también otros recursos adicionales. Aquí hay algo, que si se disminuye por devaluación y hasta para ADEFAS, para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, todo esto es modificar la Constitución en el artículo 28 que estableció un Fondo Mexicano del Petróleo con determinadas reglas, prelaciones, características de destino de gasto, y aquí lo están cambiando todo.

Y luego dice que hasta para subsidiar las tarifas eléctricas y, en efecto, ya llegamos al tema porque todo este año el gobierno ha venido subsidiando las tarifas eléctricas, y yo defendería a los subsidios a las tarifas eléctricas en todo momento si se refirieran a las tarifas domiciliarias, pero no son las tarifas domiciliarias, estamos subsidiando a la gran industria y a los que tienen mucho dinero.

¿Por qué los recursos remanentes no van a la inversión?, ¿por qué no van a desarrollo social?, ¿por qué no van a subsidiar a las tarifas de los pobres?, ¿por qué tiene que ser a los magnates? Toda esta ley es para concentrar la riqueza, una serie de transferencias de la sociedad para el 1 por ciento de la población más adinerada de México.

Dice claramente que es para cubrir los incrementos en los apoyos a las tarifas eléctricas. Y, pues, ya están pidiendo en el presupuesto 30 mil millones de pesos de subsidio para tarifas eléctricas, y ahora también lo piden, se lo sacan del Fondo Mexicano del Petróleo y se lo dan, bueno, es sólo una modificación, pero es demasiado profunda, es demasiado importante y es inaceptable.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, en relación con el artículo 93.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación presentada por la Senadora Dolores Padierna, respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite a discusión la reserva.

El artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se votará conjuntamente con los artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar su reserva relacionada con el Transitorio Noveno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Yo voy a intervenir de manera muy breve tocando una acotación en relación con los refrescos y todo este escándalo que se ha armado, y la preocupación de Femsa de tener problemas económicos.

Quisiera yo nada más recordarles, cuando hablamos de privilegios y todos estos que no pagan, Femsa tiene unos ingresos de 270 mil millones de pesos. Femsa, y paga el 1.4 de sus ingresos, para que vean si esta discusión y esta presencia aquí de los refresqueros tienen algún sentido; pagan 1.4 de sus ingresos, como todas estas grandes empresas mexicanas que no pagan nada, por eso la concentración y la mala distribución del ingreso.

Yo voy a votar en contra de este instrumento, pero me llamó mucho la atención la aportación importante de Ríos Piter, en la Comisión de Hacienda.

Ríos Piter explicó y con toda la razón que el desprestigio del Congreso de la Unión por los moches, tenía que atacarse e hizo un planteamiento en que este fenómeno había traído un gran daño al Congreso. Me causó hasta risa, que enseguida salieron ahí a defender el prestigio de los Diputados, que ya se fueron, que no se podían convertir en ese momento en los juzgadores y tribunales de aquéllos, porque no todos son corruptos ni todos estuvieron en los moches.

Creo que Ríos Piter defendió el punto con mucha elegancia.

Pero yo quería añadir esto, miren, para los defensores de los Diputados que llegaron a utilizar este recurso de captación de recursos propios, alguno hasta llegó a gobernador rápidamente.

El problema de los moches no se reduce a los legisladores, el problema de los moches es un acto casi de crimen organizado, porque no se nos olvide que quien ejerce el presupuesto es la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda es la que permite los moches.

Porque estos fondos que ven, que aparecen y que han estado siendo discutidos aquí, que de repente aparece una bolsa por acá y otra por allá, y no saben de dónde salió, sale otra bolsa, esa es una marrullería de la Secretaría de Hacienda, de hace años; entonces, no limitemos la crítica a los que le entraron al moche, sino a la Secretaría de Hacienda que es la que permite al establecer esas bolsas que no tienen destino, y que las manejan libremente para poder ayudar a algunos que siente Hacienda que son buenos colaboradores de sus objetivos financieros.

De manera que eso es lo que yo quería, voy a votar en contra, pero quiero felicitar a Ríos Piter, porque puso el dedo en la llaga, nada más le faltó mencionar a la Secretaría de Hacienda; sin la Secretaría de Hacienda, no hay moches ¡eh!, quien ejerce el presupuesto es la Secretaría de Hacienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Manuel Bartlett.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el Senador Manuel Bartlett, respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas relacionadas con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Vamos a proceder a la votación de los artículos reservados en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los siguientes artículos:

De la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los artículos 28, 36, 62, 77-A, 111, 112, 113, 151, 192 y sus Transitorios Segundo y Tercero.

De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los artículos 2o., 3o. y su Transitorio Quinto.

Del Código Fiscal de la Federación, los artículos 81 y 82.

Y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los artículos 93 y su Transitorio Noveno.

Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos mencionados. Recuerdo a la Asamblea que el sentido a favor del voto es por los términos del dictamen. El voto a favor es para que se quede en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 28, 36, 62, 77-A, 111, 112, 113, 151, 192 y los Transitorios Segundo y Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Los artículos 2o. y 3o. y el Transitorio Quinto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 93 y el Transitorio Noveno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contenidos en el proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Se ha recibido en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto al que ha hecho referencia el señor Presidente, se incorpore a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



En consecuencia, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se le dispensa la primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La presentación de este dictamen ha quedado satisfecha en sendas intervenciones de los Presidentes de las comisiones dictaminadoras.

Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento del Senado, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En esta ley viene la autorización para aumentar la deuda del gobierno federal, la deuda de PEMEX, la deuda de CFE, los Pidiregas de CFE, los subsidios al diesel, la programación de los pagos de PEMEX, los contratos, la creación de nuevas estructuras, las coberturas petroleras, entre muchos otros temas.

Pero, me permitiré hablar esta vez de varias características y montos que tiene la Ley de Ingresos.

La iniciativa, en primer lugar carece de los elementos que otras Leyes de Ingresos sí habían tenido. Esta iniciativa no tiene los datos de cierre, siendo un dato indispensable.

Por ejemplo, se comparan los ingresos de PEMEX aprobados en 2015, que son muy distintos de los que realmente se dan en 2015, porque cayeron los precios del petróleo. Y se hacen comparativos dejando huecos de ingresos, que es a lo que yo llamo ingresos escondidos, para que el gobierno los use en forma discrecional.

Algo que preocupa, es que dentro de los ingresos petroleros no se están incluyendo las coberturas petroleras para asegurar el precio de 76.40 para 228 millones de barriles que estuvieron coberturados en 2015.

Lo mismo en el dictamen de la Cámara de Diputados, no se abordó que estos ingresos tuvieran un destino. No lo están viendo tampoco en el presupuesto.

La Ley de Ingresos para 2016 viene comparada con la aprobada en 2015, y no cumple con la fracción III del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que exige presentar al Congreso de la Unión un anexo donde se explique cuál es la metodología utilizada en las estimaciones de ingresos. Viene en ese anexo una mera calendarización mensual, pero no la metodología para el cálculo de los ingresos.

Por lo tanto, esta ley, por primera vez, porque es la primera que yo veo así al menos, tiene muchas lagunas de información.

Los ingresos totales previstos para 2016 son de 4 billones 747 mil millones de pesos, un 1.1 por ciento más de lo aprobado en la ley de 2015, pero un 1.1 por ciento menos respecto a lo pronosticado para el cierre de 2015.

Como porcentaje del PIB, los ingresos caen de 26 a 24 por ciento, debido fundamentalmente a la disminución de 9.4 por ciento del financiamiento, dado que los ingresos presupuestarios aumentan un poquito.

En términos absolutos, en 2016 habrá 53 mil millones de pesos menos que los pronosticados para el cierre de 2015. La Cámara de Diputados aprobó un incremento de 17 mil millones de pesos, con lo que los ingresos totales serán de 4 billones 764 mil millones de pesos.

Tampoco se está transparentando si dentro del endeudamiento solicitado para 2016 ya están contemplados los nuevos instrumentos financieros que anunció Enrique Peña Nieto. Tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de los activos de PEMEX.

Llama mucho la atención que aumenten los ingresos petroleros del gobierno federal un 8.8 por ciento, a pesar de que los precios del petróleo se mantienen en 50 dólares y la plataforma de producción de petróleo se reduce.

Los ingresos propios de PEMEX también se reducen 5.7 por ciento, sin que se explique esta baja.

Los ingresos tributarios que representan el 57.2 por ciento de los ingresos presupuestales, han venido aumentando. En 2014 representaron 10.5 por ciento del PIB, en 2015 el 12.7 por ciento y en 2016 serán 12.6 por ciento, casi igual que en 2015, aunque también, lo que se está pensando es que hubo un cambio en el IEPS de gasolina y diesel. Antes se contabilizaba dentro de PEMEX y se sacó en la Reforma Energética para ponerlo como ingreso tributario del gobierno federal, como es un impuesto muy grande, pareciera que aumentan mucho los ingresos tributarios del gobierno federal y pareciera que es por eficiencia administrativa o algún otro concepto, pero en realidad es que se sacaron los IEPS de gasolina y diesel de PEMEX, y se metieron a los ingresos tributarios del gobierno federal.

En el caso del IEPS, a propósito, aumenta 4.7 por ciento, se debe a la recaudación del IEPS a gasolinas y diesel, lo que implícitamente significa que los precios de estos productos se mantendrán por arriba de los precios internacionales de referencia, léase la Ley de Ingresos donde dice que el IEPS aumenta 4.7 por ciento.

Ni en la iniciativa ni en los criterios generales de política económica se presenta cifras detalladas de los ingresos no tributarios.

En los organismos y empresas distintos a PEMEX, que son CFE, el IMSS y el ISSSTE, aumentarán 1.3 por ciento respecto de lo estimado al cierre de este año, lo cual parece muy conservador, porque el gobierno nos está informando que hay aumento en el IMSS.

En el caso de la CFE, se están disminuyendo los ingresos en un 14. 4 por ciento real, y se explica por las reducciones de tarifas exclusivamente, ya que la demanda de energía eléctrica sigue creciendo.

Atribuir la reducción de tarifas a la Reforma Energética es una vil y burda demagogia, es simplemente una decisión política de mantenerla así, no se sustenta numéricamente en una reducción de costos tan poco.

Aunque el costo del combustible se ha reducido, la reducción no ha sido suficiente como para justificar la baja de tarifas.

Al segundo trimestre de 2015, la CFE reportó en sus estados financieros una insuficiencia tarifaria por 25 mil 862 millones de pesos; y para 2016, el proyecto de presupuesto se prevé en transferencias y apoyos fiscales en tiendas de subsidios para la CFE por 30 mil millones de pesos.

Se trata de un subsidio de los contribuyentes a las tarifas eléctricas, pero no para la población, sino para los industriales, no tiene nada que ver esto con la Reforma Energética. El IMSS y el ISSSTE recibirán 2.4 por ciento más de recursos por la vía de un mayor número de afiliados.

En el caso del IMSS, el número de asegurados creció 4.5 por ciento entre enero y julio de 2015. Si para 2016 se prevé un crecimiento económico mayor que en 2015, lo lógico sería que el número de asegurados creciera en la misma proporción, pero aquí solamente está aumentado 2.4 por ciento.

Voy a dejar hasta aquí mi intervención, lo demás lo diré en las reservas.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Informo a la Asamblea, que se ha recibido la intervención del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, solicito se inserte en el Diario de los Debates.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes Senadores: David Monreal Ávila, en contra; Víctor Hermosillo y Celada, en contra; Ernesto Ruffo Appel, para razonar voto; Mario Delgado Carrillo, en contra; e Isidro Pedraza Chávez, para razonar voto.

¿Algún otro orador?

¿A favor o en contra Senador Bartlett Díaz?

Senador Manuel Bartlett, en contra.

Se cierra el registro de oradores para la discusión en lo general.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy se presenta un dictamen que deja de lado nuevamente a los ciudadanos y legisla a favor del Ejecutivo Federal.

Recordemos que la Ley de Ingreso de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2015, se expidió para un solo objetivo, que los mexicanos pagaran más impuesto dejando de lado la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico.

Como si fuera un favor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el Paquete Económico de 2016 no habría nuevos impuestos o algún incremento a los ya existentes, derivados de la tóxica reforma fiscal.

Entonces, pareciera que el gobierno federal les estuviera haciendo un favor a los ciudadanos, asegurándoles que no habrá más impuestos; sin embargo, para los ciudadanos, esto no es suficiente, pues está latente la inconformidad y conscientes de la mala situación económica que atraviesa nuestro país.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México, en agosto del presente año, la confianza del consumidor se deterioró por segundo mes consecutivo y se ubicó en su nivel más bajo en seis meses, debido a una percepción más pesimista sobre la situación actual y futura del país.

De ahí radica la importancia que el dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta hoy ante este Pleno de esta Soberanía.

¿Cómo se les va a dar a los mexicanos solvencia, si lo único que se les asegura es más necesidad económica?

Aunado a eso, en dicha ley se plantea un tipo de cambio de 16.40 pesos por dólar. Sin embargo, este tipo de cambio afectará el consumo de la población, dado que gran parte de los productos que hoy se consumen en la canasta básica, se importan del país vecino, lo que hace que sean más caros.

Asimismo, se estima una reducción del 38 por ciento, referente a los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo, lo que trae consigo un precio de 50 dólares por barril del crudo mexicano, cifra menor en 29 dólares respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de 2015, con lo que seguramente se ve afectado el crecimiento económico del país.

Con estas medidas, ¿cómo espera el gobierno federal que exista estabilidad macroeconómica? ¿Cómo espera que haya crecimiento económico de entre el 2.6 y 3.6 por ciento como se propone en esta Ley de Ingresos?

Cómo estimar un crecimiento de tal magnitud, si tan sólo en 2014 el Producto Interno Bruto tuvo un incremento sólo del 2.1 por ciento y, por supuesto, teniendo presente que en los últimos tres años el crecimiento que se esperaba siempre fue a la baja de manera constante.
Lo que pareciera, entonces, que la política económica implementada no es la adecuada para el país, y que probablemente en 2016, las perspectivas de crecimiento no se cumplirán nuevamente. Por ende, la meta de la presente administración no es crear ni administrar impuestos, ni nuevos impuestos, se debería fijar y preocupar por un reto más importante, que el gobierno en verdad se apriete el cinturón el siguiente año, además de buscar implementar medidas para resarcir la reforma fiscal que ha demostrado ser un fracaso.

Dicha reforma sólo ha dañado a la población que con mucho esfuerzo y trabajo busca como sacar adelante a su familia; y ha favorecido a unos cuantos, que como siempre, se llevan la gran tajada del pastel. Si bien la recaudación por concepto del Impuesto Sobre la Renta aumentó, este incremento ha sido por parte de los pequeños contribuyentes que cubren el 90 por ciento del padrón, y que son los que pagan una mayor cantidad de impuestos.

A esto, el Estado mexicano establecerá un impuesto de referencia mensual que, de acuerdo con el dictamen que modifica la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, se estima que en las asignaciones del IEPS sean fijas para gasolina y diesel, quedando de la siguiente forma:

Gasolina Magna, 4.16 pesos por litro.

Gasolina Premium, 3.52 pesos por litro.

Diesel, 4.58 pesos por litro.

Este impuesto traerá consigo daños graves a los consumidores que no sólo se verán afectados por los altos precios de los productos de consumo, sino también por el precio tan elevado de los combustibles, pues de pagar 40 centavos por litro de gasolina verde, ahora tendrán que pagar 4.16 pesos, casi diez veces más.

Notablemente se está manejando mal la economía, se está quebrando a este país con más deuda, con más gasto público de poca calidad y con proyectos que encubren la verdadera intención, que es endeudar a México y no ser transparente con el gasto de los mexicanos.

En conclusión, compañeras y compañeros legisladores, esta Ley de Ingresos no está ligada a lo que demanda la sociedad, no favorece activamente el crecimiento económico ni fortalece las finanzas públicas, tampoco se rige bajos los principios de equilibrio presupuestario, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior expuesto, considero que votar a favor de una ley hecha a modo que beneficia a unos pocos y no eleva la calidad de vida de los ciudadanos, es una simulación, por ello mi voto será en contra.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenos días a todos.

He escuchado toda la noche argumentos en pro y en contra de las leyes que ahora discutimos, muchos puntos presentados son sólidos para discutirlos, pero no hay intención de hacerlo. No tiene sentido el Pleno en el Senado, aquí no se discuten.

A veces perdemos de vista cuál es el sentido, porque estamos aquí votando y aprobando leyes; se nos olvida qué significa ser un Senador de la República, olvidamos por qué estamos aquí en este recinto.

El propósito de estar aquí, no es otro que el de representar con dignidad a los ciudadanos, velar por sus intereses, como decía Manuel Gómez Morín, “acertar en la definición de qué será lo mejor para México”, para eso trabajamos y para eso nos pagan, para buscar lo mejor para nuestro país.

Yo les pregunto, ¿lo mejor para México, es endeudar a las familias mexicanas?

¿Lo mejor para México, es seguir castigando a la clase media con impuestos?

¿Lo mejor para México, es que su gobierno siga gastando mucho y mal?

¿Lo mejor para México, es hacernos de la vista gorda con el tema de las pensiones?

He votado en contra de los dictámenes porque las leyes que estamos aprobando, creo que no son lo mejor para México.

Las pensiones, que no las mencionamos aquí, son una bomba de tiempo que no tardará en explotar, y no veo que en el Senado estemos trabajando en una reforma de gran calado para enfrentar este problema.

No nos va quedar otra cosa después que tomar medidas draconianas y totalmente impopulares; pero bueno, si llegamos a este punto, es por la gran irresponsabilidad del gobierno en el manejo de los recursos y del presupuesto, y la de nosotros por dejarlo, la misma irresponsabilidad que implica endeudar a las familias.

Recordemos que la deuda pública representa actualmente el 47 por ciento del Producto Interno Bruto, en 2016, las pensiones le costarán al gobierno 616 mil millones de pesos, monto equivalente a cinco veces el gasto previsto para seguridad y justicia nacional.

Estos recursos se destinan a los más de tres millones de pensionados del IMSS, el problema está que entre 2015 y 2016 este desembolso se incrementó prácticamente en 50 por ciento. Corrijo, las pensiones no son una bomba de tiempo, son una granada en la mano a punto de estallar.

También este tema de la informalidad que seguimos sin resolver y que también obedece a un problema estructural que venimos arrastrando desde hace tiempo; pero lo que es claro, es que debemos encontrar mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, porque le seguimos cargando la mano a la clase media, a los empleados y a los profesionistas independientes.

Y lo grave está en que el 60 por ciento de la población que trabaja en el sector informal, como taxistas o vendedores ambulantes, apenas sobreviven, según la organización “México ¿cómo vamos?”, casi el 42 por ciento de los trabajadores no pueden cubrir sus necesidades básicas con su salario.

Los salarios están paralizados, porque el 21 por ciento de la fuerza laboral trabaja unas cuántas horas o está desempleado. Mover a México también significa resolver los problemas de ese 42 por ciento y de ese 21 por ciento, más los dos millones de pobres que este gobierno ha creado.

Y finalmente, tenemos el tema de la corrupción, cuyo costo anual es de 740 mil millones de pesos en lo estimado. Yo les pregunto ¿cuántas escuelas, hospitales podríamos construir con ese dinero?, o ¿cuantas becas para estudiantes les pudiéramos dar?

El problema no es que no haya recursos, el problema está en que el gobierno gasta mucho y mal, y que hay mucho despilfarro y corrupción.
Pasamos prácticamente tres años aprobando grandes reformas estructurales, pero se nos olvida que sin instituciones fuertes y confiables, sin un estado de derecho y sin respeto a las leyes, las reformas están condenadas al fracaso.

Esa es la reforma más importante que curiosamente no necesita pasar por el Congreso, y que consiste en una sola cosa, aplicar la ley, quien la hace que la pague.

Voy a votar en contra, porque se sigue castigando también a los bajacalifornianos al mantener el IVA en el 16 por ciento en la frontera.

Voy a votar en contra, porque el trato fiscal que se sigue dando a las escuelas privadas es como si éstas fueran empresas y no asociaciones civiles sin fines de lucro.

Voy a votar en contra, porque tenemos los políticos que decirle a los ciudadanos, que los entendemos, que pensamos igual que ellos, pero la economía está estancada, que México no se está moviendo y no es igual para todos.

Voy a votar en contra, es la única forma de decirle a las familias mexicanas que esta ley no les va a resolver sus problemas. Por más reformas estructurales que se han aprobado, las familias siguen batallando para hacer que su dinero les rinda.

Voy a votar en contra de esta ley, porque significa ponernos en los zapatos de los ciudadanos, ponernos de su lado y reconocer que las cosas no van por buen camino.

Voy a votar en contra de esta ley, porque en 34 meses del gobierno del Presidente Enrique Peña, la deuda de cada mexicano aumentó en 17 mil pesos, y si aceptamos esta ley, el año entrante la deuda de cada mexicano llegará a 23 mil 500 pesos, que equivale a un año de salario mínimo, ésa es la deuda de cada mexicano.

Hay pequeños avances, lo reconozco, pero cómo darle atención a un catarro cuando el problema que tenemos es pulmonía; somos insensibles y nos encontramos en este palacio donde nada falta, ni faltará, pues aumentamos nuestro presupuesto.

De seguir así, vamos al fracaso, gastando más y mal, cuando nuestros ingresos no alcanzan, hipotecando nuestro futuro y el de nuestros ciudadanos a los cuales ofrecimos defender.

El éxodo al país del norte se intensificará en busca de oportunidades. Mi voto es en contra, porque estas reformas no mueven a México, lo estancan y lo hacen retroceder.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Para razonar su voto, tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros.

Sí, efectivamente, para razonar mi voto. Ya verán que llevo toda la noche votando en contra, y es por una razón fundamental.

A mí siempre me ha tocado ser el ejecutivo, lo he sido de empresas, lo he sido del municipio, lo he sido del estado, y eso me ha formado, me ha hecho ver que no se puede gastar más de lo que ingresa de forma permanente y que las razones para pedir prestado son cuando tenemos una razón de inversión, porque hay una manera que habrá de darnos el ingreso para pagar tal deuda.
Hay veces que nos toca vivir catástrofes, cuestiones irremediables y no nos queda otra más que pedir prestado.

El día de hoy he escuchado cómo se habla de parte del asunto financiero y fiscal de México, que la gasolina, que los REPECOS, en fin.

Pero compañeras y compañeros Senadores, eso es estar hablando de las ramas del árbol y no del tronco. El tronco, la parte sustantiva de lo que sucede hoy, es el asunto de la deuda.

México está en un problema estructural de deuda, ya tenemos rato pidiendo prestado y no hay manera real o manera transparente de cómo se habrá de pagar esa deuda, sólo está creciendo. Así que puedo decirles, conforme a esa experiencia y formación, que las finanzas públicas hoy han perdido su racionalidad; técnicamente las finanzas públicas están quebradas, señoras y señores Senadores.

La situación es irresponsable, aprobar esta Ley de Ingresos es irresponsable, así de claro.

Ya hemos dicho que entre la deuda y las pensiones, debemos el 100 por ciento del PIB y en crecimiento, de forma de que la carga, lo gravoso para el futuro de estas deudas, es algo que no se le ve solución.

Ya estamos de nuevo como en la situación de los años 80’s, al inicio de una crisis financiera.

Es por ello, entonces, que apelo a todos ustedes como ciudadanos mexicanos, antes que integrantes de partidos políticos, a que razonen la situación.

La sobrecarga de los impuestos agobia a la economía, no se diga en mi región, con el asunto del IVA y la competitividad comercial.

También vemos lamentablemente que las empresas del gobierno son ineficientes, poco competitivas y costosas de operar.

Lo grave, la razón fundamental de mi voto negativo, es que ha venido siendo así a lo largo de esta noche, es porque tenemos un déficit que no tiene control, y no hay un solo compromiso, escúchenme bien, del Ejecutivo Federal para remediar la situación.

Ese es el problema, el Ejecutivo Federal no está siendo responsable, sólo se ocupa de las ramas, pero no del tronco. Estamos, en un problema de un barril sin fondo financiero.

Senadoras y Senadores, el problema es una administración con un gasto sin control y sin quererlo controlar, esa es la verdad.

Partidos políticos que no lo entienden o no les conviene darse por enterados.

Pareciera que estamos a la espera de que la Virgencita nos suba el precio del petróleo. Qué lamentable. No queremos afrontar la realidad.

Por lo pronto, yo no seré iluso ni comparsa, votaré en contra.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Informo a la Asamblea que se ha recibido la intervención de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, y se insertará íntegramente en el Diario de los Debates.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador  Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

En contra, en lo general, ya lo dijimos varias veces, por lo que significa, por la continuación de una estrategia de endeudamientos sin crecimiento; la sorpresa aquí, la daría justamente Acción Nacional, que se opuso a una reforma fiscal, y ahora, sería muy inconsistente que aprobara esta Ley de Ingresos que no es la continuación de la reforma fiscal de 2013.

Quiero presentar de una vez, señor Presidente, para ya no hacer más uso de la tribuna, dos reservas.

Yo he visto aquí varias intervenciones muy duras, muy enérgicas, muy comprometidas respecto del tema de los “moches”, que tiene mucho que ver con la falta de transparencia.

Pero hay que decirlo tal cual, tenemos límites en lo que podemos hacer nosotros respecto del destino del gasto, porque esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Entonces, se podrán proponer cosas aquí para tratar de limitar, desde el lado de los ingresos, pero finalmente los Diputados tienen absoluta responsabilidad en el destino de los gastos, y tienen la posibilidad de establecer programas y proyectos que pudieran dar origen a los “moches”.

Ahora. ¿En dónde sí tenemos absoluta y total responsabilidad? En esto que vamos a votar, en la Ley de Ingresos. Aquí sí no se vale que haya bolsas ocultas.

Y déjenme decirles, que en el rubro de aprovechamientos, hay una bolsa que se llama “Otros”, y dentro de la bolsa “Otros”, hay “Otros” y no hay; explicación de qué significa aprovechamientos “Otros, de Otros” y resulta, que es una bolsa muy importante.

Pasamos en esta administración de la partida secreta a las bolsas secretas. ¿Qué ha pasado con este rubro Otros de “Otros” en esta administración?

En 2014 se propuso, en la Ley de Ingresos, que esta partida iba a tener 101 mil millones de pesos, resulta que tuvo 249 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos más. Y en 2015, el proyecto era que esta partida iba a tener 116 mil millones de pesos y tuvo 140 mil millones de pesos, es decir, casi 25 mil millones de pesos más.

¿Y qué tenemos para el 2016? Que la famosa bolsa de los 17 mil millones de pesos que aparecieron los Diputados, simplemente de modificar el tipo de cambio, la mitad de esa bolsa está en “Otros de Otros” al pasar de 146 mil millones de pesos, que es la propuesta original, a 155 mil millones de pesos.

No hay una sola línea en el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados explicando por qué se sube en 8 mil millones de pesos el rubro “Otros de otros”, y así lo estamos aprobando.

Yo le pedí al Presidente de la Comisión de Hacienda que se atendiera esta observación y se explicara en la exposición de motivos cuál es el origen de estos 8 mil millones de pesos. Veo que, desafortunadamente, no fue atendida esta petición.

Y si de verdad somos tan estrictos, estamos comprometidos con la transparencia y no vamos a permitir que los Diputados, de manera discrecional, destinen recursos ¿por qué vamos a permitir? ¿Por qué vamos aprobar bolsas que no sabemos qué origen tienen? ¿Por qué permitimos bolsas secretas dentro de la Ley de Ingresos? ¿Qué significa “Otros de Otros” dentro del rubro de aprovechamientos?

¿Entonces qué vamos a votar? ¿Queremos transparencia o no?, o simplemente es un discurso porque esto sí está completamente en nuestras manos, esto no depende de los Diputados. ¿Por qué subió en 8 mil millones pesos? Es la mitad de la bolsa que va a reasignar la Cámara de Diputados.

¿Por qué se mueve el rubro “Otros de otros”?, ¿por qué se ha convertido en la bolsa secreta de la Secretaría de Hacienda?

En 2014 con 150 mil millones de pesos; en 2015 con 25 mil millones de pesos; y ahora 8 mil millones de pesos adicionales más. No hay transparencia.

¿Qué se pide? Como no tenemos justificación, como no podemos decir por qué se incrementan estos 8 mil millones de pesos pues tiene que quedarse como el proyecto original del Ejecutivo Federal, tendría que regresarse al monto que plantea el proyecto de 146 mil millones de pesos y evitemos un mayor endeudamiento, evitemos aprobar una bolsa secreta, no permitamos que este gobierno pase de la partida secreta del Presidente a las bolsas secretas de la Secretaría de Hacienda.

Y, por último, y con esto termino, ya no pasaría para las reservas, quisiera también  alertar sobre un tema que no es menor. Esta es una Ley de Ingresos completamente sui géneris.

El artículo 2o. establece una excepción para permitir un monto de endeudamiento interno por 535 mil millones de pesos, más lo que resulte de conformidad con lo previsto en el Decreto del 11 de agosto de 2014, donde habla de los pasivos laborales de PEMEX y Comisión Federal de Electricidad.

Están a punto de aprobar, quienes vayan a votar a favor, un monto equivalente a lo que fue el Fobaproa; están a punto de aprobar el PEMEXproa, al igual que se hizo hace casi 20 años, otra vez oculto en la redacción y de madrugada para que nadie se dé cuenta que se van aprobar en este momento el equivalente a 10 puntos del PIB de deuda que ni quisiera se va a registrar dentro de los requerimientos financieros del sector público.

¿Cuánto es 10 puntos del PIB? Un billón 946 mil millones de pesos. El Fobaproa en su momento era el equivalente a 20 puntos del PIB, 688 mil millones de pesos; esos 688 mil millones de pesos traídos a valor presente, son un billón 169 mil, es decir, el Fobaproa a valor presente era menor que el monto que está a punto de aprobarse con la votación de esta Ley de Ingresos, tenemos un nuevo Fobaproa, es el PEMEXproa que viene de los pasivos del sistema de pensiones de PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, así, en un artículo sin mayor debate, sin mayor discusión, en lo oscurito, metido con una redacción complicada se va a aprobar este monto.

Entonces, seamos conscientes de lo que se está planteando, una Ley de Ingresos que endeuda, hipoteca al país, que no va a generar crecimiento, que tiene bolsas secretas y, además, que le va a recetar a los mexicanos un nuevo gasolinazo. Por eso, mi voto será en contra.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Informo a la Asamblea que se ha recibido la intervención del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI. Solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

El Senador Gerardo Sánchez García: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Compañeros que aún se mantienen aquí en el salón con ánimo de discutir este importante conjunto de leyes que tienen que ver con el bienestar de los mexicanos, y yo voy a votar a favor, pero también quiero hacer unas reflexiones en lo general de este conjunto de leyes que hemos estado votando.

Estamos discutiendo la Ley de Ingresos en medio de una crisis que el gobierno se empeña en negar; plantea hacer recortes, pero tenemos que hacer mucho más que eso.

Sabemos que los ingresos petroleros representan una quinta parte del ingreso fiscal total y que han sido la base segura del presupuesto nacional durante los últimos 30 años, después de la fallida administración de la abundancia.

Esta es una riqueza transgeneracional y tiene que manejarse de tal manera, que sus beneficios alcancen a las siguientes generaciones, eso es sostenibilidad; por eso es necesario cambiar el esquema de aprovechamiento, porque no hay sostenibilidad si los ingresos petroleros se convierten en gasto corriente, el gasto no tiene que ser regreso financiero.

Lo que hace sostenible el ingreso petrolero, y no sólo hace sostenible, sino creciente, es que se use en inversión productiva. No nos va a tocar el tema de cómo se asignan, por eso hay que dejar claro esto.

Y en ese sentido, yo propongo que una parte de estos ingresos se utilicen para desarrollar la producción de alimentos promoviendo la agricultura, ganadería y pesca, reactivando la economía familiar campesina, impulsando los aprovechamientos de vida silvestre y de productos forestales, la acuacultura, la transformación artesanal e industrial en pequeña escala.

Estas inversiones son la mejor oportunidad que tenemos para llegar a la autosuficiencia y seguridad alimentaria, y permiten que los ingresos petroleros se conviertan en el elemento dinámico de un círculo virtuoso en toda la cadena productiva de alimentos, en lugar de asignarse a fondos no recuperables o a programas compensatorios que no resuelven la situación de carencias o pobreza, y no promueven ni producción ni productividad.

Estas formas de producción y los aprovechamientos sustentables duplican o triplican su producción con una inversión mínima por superficie y en un plazo corto, y pueden prolongar sus efectos a mediano y largo plazo.

A diferencia de esto, la política oligopólica que se ha impuesto durante los pasados 40 años, ha llevado a dos situaciones críticas:

Por una parte, la estabilidad de la economía del país depende de un mercado externo globalizado, dominado por las potencias imperiales de imperialistas donde nosotros no podemos influir ni manejar, así que cada vez que hay un catarro en el mercado petrolero y bajan los precios de los crudos, a México le da pulmonía y tiene que hacer recortes en el presupuesto.

Por otra parte, la orientación de la inversión en la producción agropecuaria favoreciendo a los grandes productores, ha demostrado su ineficacia. En vez de producir los alimentos necesarios para toda la población del país, ha producido un estancamiento en la producción y el aumento en la importación de alimentos.

Esto por mencionar sólo el tema de alimentos, ya sabemos que México es uno de los países con mayor desigualdad social.

Necesitamos dejar de hablar de política económica y empezar a hablar de economía política, dejar de hablar de cuánto sube o cuánto baja un presupuesto y hablar de un cambio radical del modelo económico del país.

Tenemos que dejar de intentar mejoras en un sistema fiscal inexistente, porque lo que realmente tenemos es un sistema de cuentas anuales que no permite establecer políticas sustantivas ni programas a largo plazo, sólo programas clientelares, que en el mejor de los casos duran uno o dos sexenios.

El modelo capitalista o monopolista en su componente en lo neoliberal, ha mostrado su debilidad, más de 53 millones de mexicanos con carencias, más de 20 millones en pobreza y más de 7 millones en pobreza extrema, más de 2 millones de jornaleros agrícolas que viven y trabajan precariamente sin ningún tipo de prestación.

Millones de migrantes internos que dejan sus comunidades rurales para engrosar los ejércitos de trabajadores urbanos.

Cientos de miles de niños entre los tres meses y los dos años de edad que sufren desnutrición y no podrán alcanzar su desarrollo pleno.

Ese es el presente del modelo neoliberal, esta es la herencia que algunos nos proponen para las siguientes generaciones.

Nosotros decimos no, ese no es el futuro que queremos para nuestra patria; y por eso trabajaremos en la construcción de un modelo distinto, con políticas públicas progresivas, con un nuevo modelo de política social que deje atrás la política clientelar y promueva la inclusión la economía familiar, la educación y capacitación, la actividad productiva; un nuevo modelo económico alternativo que rescate la capacidad y creatividad de los productores en pequeña escala, que oriente la inversión pública a esos productores, nuevas políticas de salud, educación, vivienda, políticas públicas de nuevo tipo para recuperar la viabilidad de la economía mexicana, rompiendo la dependencia de los ingresos petroleros; por decirlo claro, hay que romper la maldición de la petrolización que ya anunciaba López Velarde cuando escribía: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el Diablo”.

Aunque ahora los diablos son tecnócratas, que visten trajes de marca y piensan y hablan inglés.

Si hoy no se puede hablar de un cambio de modelo, cuando menos hagamos el esfuerzo por mejorar la operación del modelo existente.

La política económica tiene que darle un nuevo sentido a los ingresos petroleros, no a los que se esperan en el futuro, sino a los que ya se tienen. Hay que modificar las reglas de operación de centenares de programas para entregar los recursos de inversión social a los pequeños productores del campo y la ciudad.

La política de favorecer los monopolios ya mostró su insuficiencia, hoy hay más pobres en el país y una desigualdad extrema.

Frente a esa sociedad, la propuesta de presupuesto del gobierno es más de lo mismo; parece que en efecto no entienden, o proponemos los cambios y los hacemos en paz, o los cambios van a empezar sin nuestra presencia.

Compañeros Senadores, somos uno de los Poderes del Estado, ejerzamos nuestra obligación de representantes, porque si no, el cambio va a ser sin nosotros y contra nosotros.

Muchas gracias, compañeros.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

El Paquete Económico que hemos conocido es, de principio a fin, una aplicación descarnada, insensible ante la realidad del modelo neoliberal; votarlo en contra es un acto de congruencia; aunque se encontraran esporádicos avances, votar a favor es apuntalar la esencia del esquema que nos fue impuesto.

El modelo cubre todos los ángulos para mantener su dominio ajeno a los intereses nacionales, el apego a sus objetivos oligárquicos generan automáticamente desigualdad, precarización, empleos con salarios incapaces de cubrir las necesidades de una familia y un Estado amputado incapaz de proteger a la nación, dejando recursos y población sometidos a los intereses económicos extranjeros.

México ha sido llevado a la subordinación, a la dependencia del sistema económico norteamericano.

En 2014 el 80 por ciento del crecimiento, 2.2 por ciento, dependió del crecimiento de Estados Unidos, el tipo de cambio y la tasa de interés están atados a los intereses del capital internacional, a las decisiones de la reserva federal de los Estados Unidos.

El Banco de México, a diferencia de Estados Unidos o de la Unión Europea, se limita a mantener la inflación baja desatendiendo el empleo y el crecimiento económico.

El tipo de cambio asegura ganancias extraordinarias para inversionistas, las subastas les permiten especular, no contener el tipo de cambio.

El poder del capital financiero especulativo no responde a regulación alguna, así el mercado de divisas, peso-dólar, de 135 mil millones de dólares diarios, no beneficia en lo absoluto a la mayoría de los mexicanos, la tasa de interés responde al mercado de dinero manejado en su beneficio por el capital financiero internacional.

La inflación en nuestra economía está determinada para garantizar altos niveles de rendimiento al capital financiero internacional, se contiene el salario en niveles bajos, constreñido a la inflación esperada, clave del modelo neoliberal, a costa del sacrificio del poder adquisitivo de nuestra población. Bajos salarios aseguran el funcionamiento del modelo.

Se somete a México al sistema internacional de división del trabajo de bajos salarios. La pobreza se origina en la desigual distribución de la riqueza y bajos salarios, que generan las ganancias extraordinarias de las empresas trasnacionales.

En 1976 los trabajadores percibían el 49 por ciento del PIB, y hoy el 25. La rentabilidad de los grandes grupos económicos, al contrario, pasa del 8 a 14 por ciento.

El salario mínimo actual, con una pérdida de poder adquisitivo del 80 por ciento, es incapaz de cubrir una canasta básica. Los salarios en los últimos diez años han caído 14 por ciento.

Debe desindexarse el salario de la inflación esperada y ampliar los objetivos del Banco de México limitado a garantizar rentabilidad a los inversionistas especulativos y comprometerlos con los objetivos de interés nacional: crecimiento, empleo, acceso al crédito y fomento al mercado interno.

El modelo neoliberal genera dependencia de la inversión externa y el mecanismo económico queda prisionero para sostener su rentabilidad, llevándonos a mayor vulnerabilidad y fragilidad.

En lugar de votar por el modelo que somete a México a una dictadura externa, conlleva al abandono de los intereses nacionales más elementales, genera el saqueo de nuestros recursos e, incluso, la ocupación territorial por poderes extranjeros, la pérdida de soberanía, debe impulsarse la eliminación de este modelo letal.

Su profundización aquí votada por una mayoría insensata, llevará inevitablemente a una reacción social que no podrá ser contenida por poderes espurios.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se inserta intervención del Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Antes de informar a la Asamblea de los artículos que han quedado reservados, es importante precisar que el dictamen contiene modificaciones tanto en la Ley de Ingresos de 2015 como a la Ley de Ingresos de 2016.

En la referencia que haremos a continuación de los artículos reservados, nos vamos a referir a ambos componentes del dictamen.

Informo de las reservas:

Con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, artículos 1o. y 2o.; Senador Mario Delegado Carrillo, artículos 1o. y 7o.; Senadora Dolores Padierna Luna, artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 16, 23 y Cuarto Transitorio; Senador Daniel Ávila Ruiz, artículo 1o.; Senador Armando Ríos Piter, artículo 1o.; Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, artículos 23 y Sexto Transitorio.

Adiciones: Senador Mario Delgado Carrillo, adición a un Artículo Décimo Cuarto Transitorio y Senadores Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Fernando Yunes Márquez e Iris Vianey Mendoza Mendoza, adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio.

Reservas con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2015, Senador Mario Delgado Carrillo, artículo 1o. y Transitorio Único del Decreto; y Senadora Dolores Padierna Luna, artículo 1o.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos a la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Iniciamos con la discusión de las reservas a los artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016.

En razón de que el Senador Mario Delgado expuso en su intervención anterior el contenido de las reservas y la propuesta de adición, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 1o. y 7o. que fueron presentados por el Senador Mario Delgado.

La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones a los artículos 1o. y 7o. presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Los artículos 1o. y 7o. de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se votarán en conjunto con el resto de los artículos reservados.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio, presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si acepta la adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio, presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo. Quienes estén porque sí se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las reservas a los artículos 1o. y Transitorio Único del Decreto relacionado con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, que ha presentado el Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la adición que ha hecho referencia el señor Presidente de los artículos 1o. y Transitorio Único del Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar diversas reservas en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El artículo 1o., está hablando de una negociación entre la empresa PEMEX y el sindicato para llegar a un acuerdo en un monto de pensiones, y aquí se está pidiendo que se los autoricemos, sin saber que ni que monto.

Es una negociación que debió haber terminado el mes pasado, tenía un plazo y no llegan a un acuerdo, algo estará haciendo y negociando el sindicado de PEMEX, que, aparentemente no llegan a acuerdos.

Entonces, mientras no se lleguen a acuerdos, no se puede autorizar en blanco una cantidad, porque una negociación puede acabar en un negocio, y estar aquí nosotros autorizando dentro de éste un concepto que no está claro, ni tiene un monto definido, ese es el artículo 2o., que es una negociación que incluyen dentro de la deuda interna de PEMEX, y que son todos los pasivos laborales de PEMEX, de CFE y lo que resulte se convierte a deuda, no hay un monto establecido y dice lo que resulta de la negociación.

Esto no es transparente y no debe autorizarse así, hay que terminar la negociación, apegarse estrictamente a lo que marca la ley.

¿Qué tienen que andar negociando si se sabe cuánto es?

En el artículo 1o. hay concepto en el déficit que se modificó para este año 2015. En el año 2015 se permitió modificar o meter en el concepto de déficit, el déficit del gobierno, el de PEMEX, el de CFE y otros proyectos de alto impacto; si estuviéramos autorizándolo sólo para el 2016, como una cosa nueva, pudiera admitirse tal vez que no sepamos qué cosas son los otros proyectos de alto impacto, pero como ya pasó un año, al menos deberían decir cuáles son los otros proyectos de alto impacto, qué proyectos son, deben especificarse, deben contabilizarse en el déficit, no en el déficit total, sino de cuál, es meter proyectos escondidos en la deuda.

Lo primero que tiene que hacerse saber en el 2015 es, ¿qué proyectos hubo? ¿Cuánto costaron? ¿Qué conceptos están cometiendo en el artículo 1o.?, y luego autorizarlo lo de 2016, porque viene aquí pues este aspecto.

Luego el otro gran tema, es el tema de la deuda.

Yo voto en contra de esta iniciativa, por los montos de deuda tan excesivos que se están solicitando. Decía yo que al mes de agosto de 2015, la deuda suma 8 billones 242 mil millones de pesos, 40 por ciento más, y ya equivale al 47 por ciento del Producto Interno Bruto; 67.5 por ciento de la deuda la contrató el gobierno federal y 30.3 por ciento la contratan PEMEX y CFE, pero aquí hay que hacer varios comentarios en esta cifra, porque el saldo de la deuda financiera de los organismos y empresas no coincide con lo que reportan los estados financieros de PEMEX y de CFE, tampoco coinciden con los saldos de los Pidiregas, que corresponde a la CFE informar también en el documento.

Yo prefiero creerle a los estados financieros que reporta PEMEX y CFE, porque lo reportan a la FED y a la Comisión Nacional Bancaria, y ahí si reportan datos falsos o chuecos, les va muy mal, tienen que reportarlo así, porque además ahora cotizan en bolsa.

Entonces, supongamos que esa es la cifra de verdad, los datos reportados por CFE y PEMEX, supongamos que sean los correctos. Yo creo que son los correctos.

Entonces, la deuda pública se incrementó en 90 mil millones de pesos más de lo que está reportando la Secretaría de Hacienda y alcanzó en realidad 8.7 billones de pesos y no los 8.2 billones de pesos que está diciendo la Secretaría de Hacienda.

Es inconcebible, por otra parte, que a 17 años de haberse constituido el IPAB como resultado del Fobaproa, aún tenga pasivos por 870 mil millones de pesos, y que éstos continúen creciendo durante la administración de Peña Nieto, la deuda de lPAB se incrementó en 42 mil millones de pesos.

Lo mismo ocurre con el FARAC, producto del rescate carretero en 1997, que autorizó Zedillo, a la fecha tiene un pasivo de 175 mil millones de pesos, en 2000 era de 103 mil millones, y durante la administración de Peña Nieto, se ha incrementado en 33 mil millones de pesos.

Sólo por concepto de intereses, la deuda ha costado al país más de 900 mil millones durante la administración de Peña Nieto, el endeudamiento por sí solo no es negativo, todo depende de que se invierta en proyectos que generen su propio pago y tengan, obviamente, un repago que lo hagan sostenible a largo plazo.

En 2013 y agosto de 2015, el endeudamiento neto del sector público fue de 2 mil 404 millones, y la inversión física fue de 2 mil 997 millones, o miles de millones, de lo cual se deduce una diferencia de 306 mil millones de pesos que se aplicó a gasto corriente.

La deuda contratada para financiar gasto corriente no tiene ninguna fuente de pago que haga sostenible en el largo plazo. Y vuelvo a decir, el endeudamiento neto fue de 2 billones 404 mil 556 millones de pesos, cifra completa.

Pero sólo de inversión física fueron 2 billones 97 mil 966, sobran 306 mil 590 millones de pesos que se gastaron en gasto corriente. Para 2016 el Ejecutivo Federal solicita autorización del Congreso para contratar deuda adicional por 520 mil millones de pesos, que sí se utilizarían en financiar la inversión física solicitada por 690 mil millones de pesos, lo cual sería un cambio positivo en la forma en que se usa el endeudamiento público; sin embargo, hay que señalar que para 2015 el Congreso autorizó un endeudamiento de 573 mil millones y 842 mil millones de inversión física, pero al mes de agosto, el Ejecutivo Federal ha contratado deuda por 810 mil millones de pesos, y la inversión física ha sido de tan solo 542 mil millones, al revés de lo que se autorizó, lo que indica que no ha cumplido con lo que le autoriza el Congreso y que continúa utilizando gran parte del endeudamiento para financiar gasto corriente.

Esto es absolutamente inaceptable, el endeudamiento de PEMEX, además va a ser para, porque como no le deja nada a PEMEX, todo se lo lleva el gobierno federal, entonces se endeuda, y el endeudamiento de PEMEX, que viene solicitado en este artículo, es para hacer los gasoductos, producir las gasolinas, extraer el petróleo, exploración, para todas las actividades de PEMEX, pero resulta que todo eso va a ser privado en el muy corto plazo.

Entonces, ahorita se está endeudando PEMEX, pero este endeudamiento que contrata PEMEX como inversión, en realidad se paga con deuda y luego se va convertir en activos para cobrarse en la Bolsa Mexicana de Valores, a través de las Fibras-E y las asociaciones público privadas. Por eso tampoco debe autorizarse esto.

Y hay un tema que debe determinarse, que es el tema de los Pidiregas de CFE, que son pura deuda y pura deuda, que aparece como proyectos de inversión, pero al final de cuentas se mete aquí como deuda, se tiene que acabar con este esquema de Pidiregas que solo ha servido para generar deuda contingente.

Está en los artículos 4o. y 5o., esta es una deuda sobre deuda. Para colmo, en el artículo 5o., siendo una ley anual, no especifica qué proyectos son los que se desarrollan bajo el esquema de Pidiregas.

En mis tiempos más allá, cuando fui Diputada hace mucho tiempo, se explicitaban los proyectos, ahora ya no, al menos el Congreso debe saber qué proyectos se están aprobando en Pidiregas.

En el artículo 7o. se quitó una tabla muy importante que siempre aparecía y que lo ordena además la Reforma Energética, se quitó una tabla de programación de pagos mensuales al gobierno federal, decía que monto PEMEX le paga al gobierno federal.

Sin embargo, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece el por ciento de utilidad que debe de pagar PEMEX cada mes al gobierno federal, y tiene hasta el último día hábil del mes siguiente, es una calendarización mensual con un mes de retraso, porque se esperan a recibir para luego pagar, pero aquí en el artículo 7o. se está diciendo que se le da de plazo hasta el día 17 de cada mes para entregar el pago de PEMEX.

Esto viola le Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, suprime una tabla muy importante que regula los pagos al gobierno federal para que no saquee a PEMEX arbitrariamente, y la Secretaría de Hacienda, si ustedes, como lo van a ser, tendrá la facultad discrecional para que en cualquier momento del año le quite a PEMEX su utilidad y decida el monto, todo a cuenta del derecho de utilidad compartida en detrimento de las finanzas de PEMEX, esto viola la autonomía de gestión que le dio la Reforma Energética a PEMEX y permitirá con más holgura el saqueo y el desmantelamiento de la principal empresa del país.

Paso a otro artículo, los gastos de mantenimiento y los contratos integrales.

Estos contratos integrales se aprobaron dese la reforma de 2008, van a pasar a Ronda Uno. Yo quería explicar aquí la Ronda Uno, pero son casi las cinco de la mañana.

Pero hay algo que sí no puedo dejar de mencionar. En el artículo 16, se está pidiendo que el diesel no lo paguen las mineras. Bueno, de verdad ya es el colmo del colmo con las mineras, que se pueda deducir el diesel, que no paguen el diesel las mineras, en vez de que paguen al fisco, el fisco abre cada año más beneficios, más facilidades, más excepciones, más regalos a las mineras, algo les han de dar las mineras a alguien que toma estas decisiones.

Y termino con el micro RIF, porque éste bien en la Ley de Ingresos de la Federación, que es una ley anual y este beneficio se va a acabar cuando termine este año.

Pero es muy importante señalar, que ahora se incrementa a 300 mil pesos para que los pequeños contribuyentes queden exentos del pago del IVA y del Impuesto Sobre la Renta, pero esto debe de ir en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no en la Ley de Ingresos, es un artículo para no reconocer que el régimen de incorporación fiscal es un verdadero fracaso, ninguno de los postulados se cumplió y nosotros estamos proponiendo incrementar este monto para los pequeños contribuyentes a 500 mil pesos, de excepción.

Lo que hemos visto es que regatean los pesos y los centavos, que se ponen de cuenta chiles con los pequeños contribuyentes y son muy facilitos o facilotes cuando se trata de banqueros, de mineros, de petroleras, ahí no les cuesta trabajo dar miles y miles de millones, pero para los pequeños contribuyentes se ponen ahí a contar los centavos y les duele el codo cuando se trata de la gente.
Entonces, paso a la última reserva, se está pidiendo crear, en fin, que haya un gasto para la implementación de la Reforma Energética, ¡válgame Dios! Que haya un gasto para la implementación de la Reforma Energética, es decir para la privatización.

¿Quién lleva a cabo la privatización? Pues los órganos reguladores, y se estipuló en la Reforma Energética que los órganos reguladores se quedarían con todo el dinero que recibirían, ¿de qué conceptos? Pues reciben dinero de la venta de la información privilegiada que tiene PEMEX y se le da a las petroleras privadas, reciben dinero, creo que fue por cada una 5 millones y cacho, de cada una de las empresas que se registraron para las licitaciones, para el acceso al cuarto de datos y el costo de las licitaciones de la Ronda Uno, etcétera.

¿Cuánto es? ¿Cuánto fue? No alcanza eso para los costos de la privatización, para llevar a cabo la implementación de la Reforma Energética, pues esto implica, es tanto como autorizar gasto corriente estructural que se excluya de los informes, etcétera.

Las coberturas vienen explicadas en el Artículo Primero del Transitorio, pero se hace retroactivo al 2015; es decir, como fue un desorden ahora van a hacer retroactivo 2015, se autoriza para el primer trimestre de 2016.

Es mucho lo que hay que explicar, pero aquí terminan mis intervenciones.

Agradezco su paciencia, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna, relacionadas con los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 16, 23 y Cuarto Transitorio, relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la discusión las reservas a los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 16, 23 y Cuarto Transitorio, presentados por la Senadora Dolores Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva al artículo 1o. presentado por la Senadora Dolores Padierna Luna, con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

En el monitor de sus escaños está la reserva que ha presentado el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz relativo al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 1o. presentada por el Senado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reserva con respecto al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

En razón de que es un solo artículo, le ruego ajustarse a los cinco minutos dispuestos para la presentación de reservas.

El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente.

No se preocupe, durará dos minutos.

El artículo que presentamos tiene que ver con el tema del déficit.

Durante todo el día de hoy y en largas jornadas, varios de los grupos parlamentarios estuvieron preguntándose qué tan bueno es el monto del déficit que tenemos en este momento como país.

La propuesta que les presento es que pasemos del 3 por ciento del déficit al 2.9, esto significaría 17 mil millones de pesos, que hoy son una bolsa que existe para la discusión presupuestal. Consideramos que sería sumamente sano asignarlas al pago del déficit.

De tal manera, que la propuesta que hacemos es que se haga ese cambio; y nos hace sentido por la discusión que hemos tenido el día de hoy, especialmente por los rumores que existen de que parte de esa bolsa se pueda utilizar en beneficio de unos cuantos legisladores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Armando Ríos Piter.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva al artículo 1o. presentada por el Senador Armando Ríos Piter a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

En el monitor de sus escaños se encuentran a su disposición las reservas presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández a los artículos 1o. y 2o. relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 1o. y 2o. referentes a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. No se admiten a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar reservas relacionadas a los artículos 23 y Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Muy rápido.

Son dos reservas: una que tiene que ver precisamente con el Régimen de Incorporación Fiscal para solicitar se incremente el monto por el que se puede exentar el ISR y del   IVA.

Me parece que la comisión hizo un esfuerzo muy importante por subirlo a 300 mil pesos anuales, pero creo que al menos deberían de subirse a 500, y esa es la primera reserva.

Y la segunda, que me parece también muy importante, es nuevamente un llamado a que los recursos se etiqueten vayan hacia donde están realmente destinados, y tiene nuevamente que ver con el tema de las bebidas azucaradas.

Estamos hablando que al año se están generando ingresos por 18 millones de pesos.

Y estamos pidiendo que se destinen de estos recursos, el 50 por ciento del total estimado corresponda a las entidades federativas para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas; y el otro 50 por ciento de la recaudación estimada corresponderá para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, y agregamos primordialmente en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.

Y proponemos que la Secretaría de Hacienda publique trimestralmente el grado de cumplimiento de los anteriores incisos, especificando el uso y destino de los recursos, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con respecto a los artículos 23 y el Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a los artículos 23 y Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. No se admiten a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Toda vez que esta reserva la presento a nombre propio, obviamente, pero además de los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Salvador Vega Casillas, Benjamín Robles Montoya, Raúl Morón Orozco, Fernando Yunes Marquez, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández y Adolfo Romero Lainas.

Voy de verdad, a intentar acotarme al tiempo, pero creo que es un buen cambio que no suban los 9 Senadores y que me dé un poquito más de margen.

Lamento mucho que no estén mis amigos, porque de verdad que los aprecio, Senadores del PAN de la frontera norte, porque esta reserva que presentamos tiene mucho que ver con ellos, con los Senadores de la frontera norte del PAN nos unen muchas cosas, por supuesto que nos unen los ríos Bravo y Usumacinta como líneas fronterizas, nos une la causa que durante los último tres años hemos defendido el volver al IVA diferenciado en la frontera.

Pero creo que es hora de empezar a hablar sobre desigualdades regionales en nuestro país, porque hay que admitir que no es lo mismo tener del otro lado a San Diego, tener a McAllen y tener a San Antonio, que tener del otro lado al Petén o Quetzaltenango.

Allá en el norte tienen una industria de exportación y de manufactura, nosotros en el sur tenemos empresas que predominan en su formato informal, quizá la empresa que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en el sur del país, y en la frontera en particular, ha sido el de la trata de personas, el del contrabando de mercancías ilegales.

Allá hay maquiladoras, aquí hay Maras Salvatruchas, son muchas las diferencias. Nosotros acompañamos y seguiremos acompañando la causa del IVA en la frontera, pero creemos que también es justo empezar a pensar en nuestra región sur-sureste.

Déjenme decirles, amigos del PRI, hace exactamente un mes, el 29 de septiembre de este año, allá en Tapachula, cuando el Presidente Peña Nieto presentó su iniciativa de zonas económicas especiales dijo lo siguiente, lo cito: “Es tiempo de emprender acciones audaces para hacer aquello que nunca se había hecho. Es tiempo de convertir lo imposible en lo posible”, fin de la cita.

Yo le digo al Presidente Peña Nieto: ¡Va! le tomamos la palabra, hagamos lo imposible posible.

¿A qué me refiero con esto?

A que la reserva que presentamos hoy los 9 Senadores ya mencionados consiste en lo siguiente: un IVA diferenciado, sí, un IVA diferenciado que pase del 15 al 10 por ciento, pero no en la frontera; un IVA diferenciado en 131 municipios, en 9 regiones del país que están en 5 estados de la República, en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque, bueno, la pretensión justamente anunciada ya por el Ejecutivo Federal es que en esos 5 estados existan zonas económicas especiales, la zona económica de Puerto Madero en Tapachula, la zona económica que unirá el añorado Transpeninsular que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, la zona económica de Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, la iniciativa se remite a 500 hectáreas para incentivos fiscales y para ese tipo de beneficios. Hacer posible lo imposible es crecer esa zona de influencia a las regiones pobres que rodearán esas zonas ricas que se convertirán, quizá, las zonas económicas especiales.

Que lleguen estos beneficios a toda la región y que no se queden solamente en los recintos, en los parques, en estas pequeñas maquiladoras que pueden llegar a convertirse en las zonas económicas si no hacemos una buena ley.

Déjenme enumerar de manera muy rápida, no voy a enumerar los 131 municipios, pero sí les voy a decir cuáles son las regiones que queremos impactar, 15 municipios en la región Soconusco de Chiapas, 10 municipios en la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas, 4 municipios de la región Istmo Costa de Chiapas, 7 municipios en la Región Comiteca Tojolabal, de Chiapas, 19 municipios en la región Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, 22 municipios en la región Distrito Juchitán en Oaxaca, 25 municipios en la región Olmeca de Veracruz, 7 municipios en la región Sierra Costa de Michoacán, 5 municipios en la región Bajo Balsas de Michoacán, 9 municipios de la región Tierra Caliente de Guerrero y 8 municipios de la región de la Costa Grande de Guerrero; el resto de la lista ahí está en la reserva y ahí la podrán revisar.

¿Por qué estos municipios? Por tres razones muy rápidas: cercanía con las zonas económicas especiales ya anunciadas, porque estos municipios promedian un índice de marginación que es del .25, es decir, los índices de marginación alto en promedio, 231 municipios.

¿Porque el índice de desarrollo humano de estos municipios en promedio es bajo? ¿Cuál es el objetivo?

Pues sí, bajar el 6 por ciento del IVA para contribuir al dinamismo del mercado regional y que las zonas económicas no signifiquen ganancia para pocos en un pequeño lugar, sino ganancias para muchos en regiones completas.

¿Es posible?

Sí, sí es posible. Es posible porque desde hace 30 años la franja fronteriza tuvo un IVA diferenciado con el resto del país.

Sin embargo, ese IVA impactaba a 6 estados, y 33 por ciento de la población de esos 6 estados; nosotros planteamos, 5 estados que sólo impacta el 19 por ciento de la población.

Es decir, el impacto recaudatorio incluso sería menor, ya lo hicimos una vez, y lo podemos volver hacer.

En suma, y con esto concluyo, este puede ser el primer gran paso para acabar con la desigualdad regional.

Y por fin lograr que otros mexicanos conozcan qué significa vivir con prosperidad.

Si las zonas económicas no contribuyen a esto, solamente vamos a agrandar la brecha, y solamente vamos a lograr una cosa: aumentar el riesgo de que haya dos Méxicos, aumentar el riesgo de partir en dos a la nación.

Muchas gracias, señor Presidente, y por ser éste un tema de interés y de desigualdad, le voy a solicitar la votación nominal para despedirnos de este proceso.

Gracias, y ahí están los 5 Senadores que avalan esta propuesta.

Con permiso.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para recoger la votación con respecto a la admisión de la propuesta de adición que ha presentado el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre de diversos Senadores de distintos grupos parlamentarios.

Les recuerdo que el sentido a favor de su voto es por la admisión de la propuesta a discusión y el sentido de voto en contra es por su desechamiento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico y las votaciones registradas nominalmente se tiene un total de 27 votos a favor y 55 en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. No se admite a discusión.

Se han agotado las reservas del apartado correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, y se han agotado las reservas para el apartado correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

En consecuencia se ha agotado la discusión en lo particular.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos: 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 16, 23, y Cuarto y Sexto Transitorios del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; y del artículo 1o. de las reformas a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; así como el Artículo Único Transitorio del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos a favor y 16 en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 16, 23; y Cuarto y Sexto Transitorios del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; el artículo 1o. de las reformas a la Ley de Ingresos de la Federación para 2015; y el Único Transitorio del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo sobre la acción de inconstitucionalidad contra la aprobación y publicación de la Ley de Derechos Humanos del estado de Querétaro. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE APOYAR LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, RESPECTIVAMENTE, PROMOVIERON CONTRA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EL PASADO 3 DE SEPTIEMBRE, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RAZÓN DE LAS GRAVES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN MEXICANA, AUTONOMÍA DEL ORGANISMO Y A LOS PRINCIPIOS DE PARÍS, ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, RELATIVO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SE PRONUNCIA CONTRA LAS ACCIONES QUE LESIONEN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El 14 de marzo del presente se difundió una importante nota respecto a los derechos humanos en el Estado de Querétaro: “Diputados locales aprobaron reformas a la Ley de Derechos Humanos del estado, mediante las cuales se atribuyeron la elección del secretario ejecutivo y el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), entre otras medidas, para acotar las atribuciones de la presidencia del organismo. Miguel Nava Alvarado, presidente de la DDHQ, señaló que el documento representa un retroceso a la constitucionalidad y a acuerdos internacionales en la materia y viola el principio de autonomía e independencia de ese organismo. En un informe especial enviado al Poder Legislativo el 17 de febrero, una semana después de que el dictamen fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Congreso local, el ombudsman señaló que detectó 16 puntos que subordinan la DDHQ al Poder Legislativo. Sus observaciones fueron ignoradas, pues este viernes el pleno aprobó por unanimidad el dictamen sin modificaciones. Los artículos 32, 34, 36 y 37 de la ley regulan la designación del secretario ejecutivo y el visitador general, quienes serán nombrados mediante el voto unánime de los diputados, a diferencia del presidente, que requiere sólo la mayoría de votos para ser electo. Lo anterior significaría que los nombrados para esos puestos no estarían subordinados al titular de la defensoría, sino a quienes los eligieron, es decir, al Poder Legislativo, señaló en su informe. También hace referencia a que la remoción del presidente de la defensoría será por voluntad de los diputados y no por causas graves, como contempla la normatividad ahora. En siete de los 131 artículos del dictamen se explica que ya no existirá consulta pública para conocer a los interesados en ocupar la presidencia de la DDHQ, pues la elección sería una decisión exclusiva de los legisladores. Los diputados pretenden convertir a la DDHQ en una institución a modo de los partidos políticos, coaliciones parlamentarias y autoridades para servir a intereses y personas cercanas al Poder Legislativo, dijo al respecto Nava Alvarado.La alocución del Ombudsman de Querétaro aducía que: “Se hace un respetuoso exhorto a las y los Integrantes de la LVII Legislatura, parareconsiderar el Dictamen del Proyecto de Ley de Derechos Humanos de Querétaro,votado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la InformaciónPública el 10 de febrero del año en curso, ya que contraviene las ReformasConstitucionales Federal y Estatal de 10 junio de 2011 y 27 de septiembre de 2013,respectivamente. Asimismo, es contrario al Control de Convencionalidad y a los Principiosde París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, relativo a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los DerechosHumanos”.

2.-Esta representación propuso un punto de Acuerdo que se publicó en la Gaceta propia el día 21 de abril de 2015. La propuesta de resolutivo dictaba que: “el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una nota respecto a los señalamientos del ombudsman del estado de Querétaro, Doctor Miguel Nava Alvarado, Presidente de la Defensoríade los Derechos Humanos de Querétaro, en referencia a la aprobación de reformas a la ley de derechos humanos del estado, mediante las cuales se atribuyeron la elección del secretario ejecutivo y el visitador general de la defensoría de los derechos humanos de Querétaro y en donde existen, presuntamente, puntos que subordinan la defensoría de los derechos humanos de Querétaro al poder legislativo local y remitirla a esta institución para tomar las decisiones pertinentes al respecto”. Fue turnado a la Comisión respectiva.

3.- El día 11 de Octubre de 2015, Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió el siguiente Boletín Informativo:

Los pasados 2 y 5 de octubre, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Republica, respectivamente, promovieron Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El 8 de este mismo mes, se publicó en la Lista de Notificaciones de la SCJN, acuerdo mediante el cual se admitan y acumulan las acciones de inconstitucionalidad referidas.Lo anterior derivado de la aprobación de la ley de Derechos Humanos del estado de Querétaro por la LVII Legislatura y su publicación el 3 de Septiembre de 2015 por el entonces Titular del Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”: en razón de  las graves violaciones a la Constitución Mexicana, autonomía del Organismo y a los principios París adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas, relativo a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Se reitera el compromiso social de la Defensoría para fomentar el cumplimiento de las leyes, tratados internacionales y el fortalecimiento de las instituciones”.

4.- Como se ve el conflicto aludido desde marzo escaló hasta llegar a la solicitud de una Acción de Inconstitucionalidad. El asunto tiene una gravedad trascendental pues supone un desacato al principio constitucional de progresividad. De no tomarse cartas en el asunto, este error puede sentar un mal precedente que suponga una vigilancia defectuosa de los procesos fundamentales de justicia en el País.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

ÚNICO.- el Senado de la República Acuerda apoyar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Republica, respectivamente, promovieron contra la aprobación de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro por la LVII Legislatura y su publicación el 3 de septiembre de 2015, por el entonces titular del Poder Ejecutivo, en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”: en razón de las graves violaciones a la constitución mexicana, a la autonomía del organismo y a los principios parís, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas, relativo a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y se pronuncia contra las acciones que lesionen el principio de progresividad de los derechos humanos en la R epública mexicana.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Atentamente






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos de América a atender y dar respuesta a las demandas de más de 1,700 trabajadoras y trabajadores congregados en el Comité Nacional de Empleados Locales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Comité Nacional de Empleados Locales conformado por más de 1,700 empleadas y empleados locales de la Embajada de México en Estados Unidos, de la Misión Permanente ante la OEA y de la Red Consular de México en los Estados Unidos de Norteamérica -trabajadores de embajadas y consulados en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Washington DC, San Antonio y Raleigh- ha denunciado la situación de precariedad de sus condiciones laborales; así como de la seguridad de sus familias, a través de varios comunicados firmados como “Emplea2Locales / #TambiénSoySRE”.

Algunas de las acciones que ha desarrollado tienen como fin dar a conocer la situación que están viviendo las y los trabajadores mexicanos en embajadas y consulados en Estados Unidos, algunas acciones “Pro Derechos Laborales” son:

• Huelga de manos caídas, por espacio de una hora, el 31 de agosto, en el marco de la “Semana de Derechos Laborales 2015”.1

• Apoyo activo en la organización de las celebraciones del grito de Independencia coordinadas por la red consular portando siempre sus distintivos durante los eventos.”2

Asimismo, “el oficio que anunciaba la “Segunda Acción”, fue entregado al Subsecretario para América del Norte, por Emplea2Locales del Consulado de México en Laredo, Texas […] El Subsecretario informó que la SRE está escuchando (las) peticiones a las que él mismo calificó de justas, válidas y alcanzables”.3

El pasado 25 de septiembre, los Emplea2Locales le hicieron llegar una carta al Embajador de México en los Estados Unidos, Dr. Miguel Basáñez Ebergenyi, a fin de solicitarle una entrevista con el Comité Nacional de Emplea2Locales […] Lo anterior se realizó en el marco de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Claudia Ruiz Massieu a Nueva York para participar en la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas”. Además de una intensa campaña en redes sociales.

En la mencionada carta, se señala que “estas Acciones forman parte de un plan propositivo a corto, mediano y largo plazo de movilización para lograr que nuestros derechos que, usted como abogado sabe, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes laborales que de ella emanan, nos conceden como trabajadores al Servicio del Estado.”4

Este grupo de connacionales, trabajadores al Servicio del Estado mexicano en el exterior, solicita que se abran formalmente los canales de comunicación con la finalidad de dar atención y respuesta a dichas demandas, pues desde que iniciaron las diferentes acciones no se ha obtenido respuesta alguna.

En el Boletín emitido por Emplea2Locales, el pasado 20 de octubre, se enuncian las siguientes peticiones:

• Reconocimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la calidad de empleados con estricto apego a las funciones que desempeñan y el marco jurídico que las regula.

• Incorporación al IMSS, ISSSTE y/o en caso de residentes legales o ciudadanos estadounidenses, a la Administración del Seguro Social, de conformidad con la legislación mexicana y/o estadounidense.

• Cobertura médica integral para familiares directos de empleados.

• Ajuste de salarios en proporción al índice inflacionario de las correspondientes zonas geográficas, así como la creación de un escalafón en función de las diferentes actividades y responsabilidades que les han sido confiadas.

• Garantía que la participación en estas peticiones no sea causa de represalias.

Cabe hacer mención que en el contenido de la carta se describen algunas anomalías en las condiciones de las y los empleados:

Obligados a trabajar, sin un permiso adecuado, un segundo o tercer turno para otros empleadores y en diferentes industrias como: construcción, limpieza de casas de ciudadanos estadounidenses, jardinería, cuidado de menores; garroteros, carpintería entre otras tantas porque no nos alcanza con el salario mensual.

Somos los @Emplea2Locales del Estado Mexicano los que lamentablemente no podemos sentirnos tranquilos debido a que no contamos con seguro médico para nuestros dependientes económicos en casos de emergencias médicas o accidentes.

La labor que realizan quienes trabajan al Servicio del Estado mexicano en el exterior, en las embajadas y consulados, un trabajo que es digno de reconocimiento. Las múltiples tareas y actividades que realizan en apoyo a nuestros connacionales en el extranjero adquieren innumerables beneficios para nuestro país, por ello el Estado mexicano debe garantizar que desarrollen sus actividades de manera óptima, y que sus derechos laborales estén garantizados para el correcto desarrollo de su trabajo, brindando certidumbre a ellos/as y sus familias.

Por todo esto y, reiterando el compromiso con los derechos humanos de manera general y, en este caso los derechos laborales en lo particular, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores y a Miguel Basáñez Ebergenyi, Embajador de México en los Estados Unidos de América para que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan y den respuesta a las demandas laborales de las trabajadoras y trabajadores congregados en el Comité Nacional de Empleados Locales, y de todos los que están al servicio del Estado Mexicano en los Estados Unidos.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2015.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Emplea2Locales, Primer Boletín Informativo de @Emplea2Locales: “TambiénSoySRE”, [en línea], Dirección URL: https://twitter.com/Emplea2Locales/status/656590606563725312

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Comité Nacional de Empleados Locales, Carta dirigida al Embajador Basáñez Erbergenyi, [en línea], Dirección URL: http://s0.uvnimg.com/files/2015/10/28830/cartaempleadoslocales.pdf






De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud la inclusión de una asignatura en oncología dentro de los programas y planes de estudio para la formación de médicos generales, con el objetivo de fomentar la especialización de médicos en esa materia. Se turna a la Comisión de Salud.

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el “cáncer” como un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; también se habla de tumores malignos o neoplasias.

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Este proceso se denomina “metástasis”. Las metástasis es la causa principal de muerte por cáncer.1

En México el cáncer es la tercera causa de muerte y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos. Desde el 2008, es la principal causa de muerte en el mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2013 fallecieron 78,582 personas a causa del padecimiento de alguno de los 100 tipos de cáncer que se conocen. Entre ellos, los más numerosos son aquellos considerados como de mayor oportunidad de prevención, detección y cura, es decir, son muertes en exceso evitables.2En 2013, el departamento de Vinculación Institucional del Instituto Nacional de Cancerología, estimo que en México, el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas, lo que reduce la posibilidad de una posible recuperación para el paciente.3

Es importante decir que estos tipos de cáncer están en su mayoría asociados a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y deficiente equipamiento de unidades médicas, así como a la insuficiencia de personal capacitado para la adecuada interpretación de resultados, o bien para generar diagnósticos y tratamientos oportunos; en el mismo nivel se encuentra la falta de cobertura de servicios de salud, o la insuficiente calidad de los mismos para el seguimiento de las y los pacientes.¡Error! Marcador no definido.

De acuerdo con las estadísticas del INEGI en el rubro de mortalidad  el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado de 64,333 en el primer año de referencia, a una suma de 78,582 en el 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias).4
Según cifras de GLOBOCAN que significa, que concentra las estadísticas generadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de próstata se colocó como el tipo de cáncer de mayor prevalencia en todo el país, afectando en mayor grado a adultos mayores; en segundo lugar se encuentran los casos de cáncer relacionados con tumores en las mamas, que si se toma en cuenta únicamente a la población femenina ocupa el primer lugar en prevalencia a nivel nacional.5 En un tercer término se encuentran los tumores malignos en el cuello del útero; seguido por el cáncer en los pulmones y el cáncer de estómago.¡Error! Marcador no definido.

En México, el Sistema Nacional de Salud, cuenta con el Instituto Nacional de Cancerología, organismo dependiente de la Secretaría de Salud; que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, siendo además un centro de referencia y órgano rector del cáncer. La Red de Centros Estatales del INCAN cuenta solamente con 41 hospitales registrados; es importante mencionar que los servicios que el Instituto ofrece son a población adulta y se encuentran dirigidos a pacientes no derechohabientes de la seguridad social; teniendo un costo del tratamiento establecido en base a un estudio socioeconómico y lo que el médico establezca como tratamiento.

El informe anual del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), precisa que el período de Enero a Diciembre del 2014, se otorgaron un total de 206,251 consultas, de las cuales 8,701 fueron preconsultas, y 5,263 consultas de primera vez. De las consultas de primera vez otorgadas, se abrieron expediente clínico a 5,263 los cuales provinieron de los mecanismos de referencia y contra referencia. El Informe Anual de Autoevaluación, arrojo también que se encuentra un total de 173 médicos adscritos y se estima que cada médico atendió un promedio de 1,192.2 consultas.

En un menor grado, el Instituto atiende también a pacientes de Seguro Popular, por medio del Programa de Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos que incluye: Cáncer Cervico-uterino, Cáncer de Mama, Cáncer de Testículo, Cáncer de Próstata, Linfoma No Hodgkin (Difuso y Folicular).

Según su informe anual, en el período enero a diciembre del 2014 se han atendieron un total de 1,829 pacientes de nuevo registro, y desde el 2005 a 2014 se tiene un acumulado de 13,276 pacientes clasificados conforme a las patologías autorizadas del Programa del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.6

Ante tales cifras, podemos observar que existe en el país una deficiente cobertura en los servicios de salud a enfermos oncológicos, esto debido tanto a la falta de infraestructura como a la falta de médicos especialistas. Lo que impacta negativamente en la economía de las familias de quienes padecen cáncer. Por lo que es necesario implementar medidas que permitan subsanar el déficit de recursos humanos para la salud, redoblando esfuerzos para fomentar la formación de médicos especialistas en oncología.

En ese sentido, es necesario rememorar que el Instituto Nacional de Cancerología de México, fue creado en 1946, teniendo como labor central la investigación en cáncer, es decir, el desarrollo y generación de conocimiento para la prevención, detección temprana, diagnóstico, y óptimo tratamiento. 

En numerables ocasiones, se ha reconocido que invertir en políticas de prevención y atención primaria, tiene un impacto positivo que permite reducir los gastos catastróficos que estas enfermedades general a los Estados. La Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los gobiernos formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores.7

Sin embargo, el informe anual del Instituto arroja números muy poco alentadores, tanto en el personal que se cuenta para generar la información necesaria para implementar acciones asertivas, como en la formación nuevos especialistas en este ramo. Se tiene registro de un total de 55 Investigadores en el Instituto y por su parte el Programa de Especialización para Médicos Residentes, cuenta con un total de 181 alumnos; de los cuales 159 son nacionales y 22 extranjeros.

Bajo el mismo orden de ideas, resulta importante mencionar que el Instituto Nacional de Pediatría (INP), organismo responsable de la atención de infantes y adolescentes que padecen cáncer, señaló que en México trabajan 152 oncólogos pediatras certificados en oncología, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular, por lo que se considera que los especialistas son insuficientes para atender un mal que representa la segunda causa de muerte entre la población de 5 a 14 años de edad.8

Atendiendo pues a la progresividad con la que el Estado mexicano debe desarrollarse, es indispensable garantizar el derecho a la salud, por medios de la prestación eficaz y oportuna de servicios de salud; para lo que es necesario ampliar la oferta de servicios adecuados a esta necesidad básica, requiriendo propiciar la formación de recursos humanos para la salud, actualización de profesionistas y especialistas que el país necesita.

Por lo tanto se vuelve necesario concretar una verdadera coordinación solidaria entre autoridades educativas y el sector salud, para fomentar la especialización de médicos en oncología y cumplir así con los objetivos y necesidades de la nación.

En este tenor es que de acuerdo con la fracción VIII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11° de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), teniendo en cuenta que la función y razón de ser de esos recursos, es el prestar servicios eficaces, oportunos y con sentido humano.

El acuerdo presidencial de creación establece en el artículo 3° a la Comisión como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como de otras instituciones del Sector Público, que tiene entre sus funciones las de coadyuvar a la definición de los perfiles de los profesionales de la salud en su etapa de formación; promover planes y programas de estudio así como estrategias tendientes al establecimiento de un sistema de enseñanza continua para el personal de atención a la salud; y recomendar e impulsar sistemas para la evaluación de los planes y programas de estudio de las carreras en el área de salud, así como de la docencia en los diversos niveles de enseñanza en el área de la salud.

Es por lo anterior que el objetivo de la presente proposición es que dicha Comisión incluya la asignatura de oncología dentro de los programas y planes de estudio para la formación de médicos generales.

Lo anterior con la finalidad de que los estudiantes de medicina cuenten con un marco mínimo de lo que es el cáncer y la importancia que ha cobrado esta enfermedad en los últimos años.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.-Se solicita respetuosamente a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), la inclusión de una asignatura en oncología dentro de los programas y planes de estudio para la formación de Médicos Generales, con el objetivo de fomentar la especialización de médicos en este rubro.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int/cancer/es/

2 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C.

3 Secretaria de Salud, http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html

4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

5 Instituto Nacional de Cancerología (Incan)

6 INCAN, http://incan-mexico.org/incan/docs/direccion/ENERO-DICIEMBRE%202014.pdf

7 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19004&Itemid=2518

8 http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/sociedad/045n1soc






De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecer el acceso al derecho de asilo político al ex fiscal venezolano Franklin Nieves y a su familia; y facilitar el procedimiento a los venezolanos que así lo soliciten. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.








De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias y de los códigos de ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión y establecer, en caso de que así sea, las sanciones correspondientes. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS Y DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSIÓN O DE TELEVISIÓN, Y ESTABLECER, EN CASO DE QUE ASÍ SEA, LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica.

Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres.

Los medios de comunicación han sido señalados como una institución que tiene la responsabilidad de erradicar la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, contribuir a la realización de los derechos humanos de éstas. Al constituirse como una fuente de educación –formal e informal– para la sociedad, al lado de la familia y de la escuela, tienen una tarea central en la búsqueda de soluciones.

Así también, de generar una conciencia acerca de la responsabilidad que tienen las instituciones mediáticas en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres, y de eliminar los modelos de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como de alentar a las personas responsables de producir los contenidos a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales. Y, por último, sensibilizar sobre la importante función en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema.

Los derechos humanos de las mujeres son violentados en todos los ámbitos de su vida por razón de género, es decir, por ser mujeres. En consecuencia, mujeres, derechos humanos y violencia conforman, hasta hoy, un trinomio que no hemos logrado disociar, puesto que la violencia de género contra las mujeres constituye el ámbito en el que se concretan las violaciones y, por tanto, el impedimento de nuestros derechos.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW  constituye el primer instrumento internacional que trata de manera extensa de los derechos de las mujeres y que apunta a la violencia como un atentado a su vida, razón por la cual establece claramente el marco jurídico para que todas las formas de discriminación y violencia ejercidas contra ellas sean erradicadas.

A nivel regional, en 1994, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, entre los que se encuentra México, se reunieron en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém Do Pará. Ésta generó un convenio que los Estados miembros signaron con el compromiso de ejercer las recomendaciones señaladas.

En su conjunto, ambos instrumentos jurídicos instan a los Estados a:

1) promover la formulación de todas las normas penales, civiles y administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres;

2) diseñar programas de educación formales y no formales dirigidos a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y de hombres;

3) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar la protección efectiva de las mujeres que sean objeto de discriminación y de violencia, suministrando los servicios especializados necesarios por medio de entidades de los sectores público y privado;

4) convocar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este problema;

5) garantizar la investigación y recopilación de información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres; y

6) destinar los recursos necesarios para llevar adelante estas acciones.

Las imágenes de violencia contra las mujeres, en particular las representaciones de violaciones o de esclavitud sexual de mujeres y niñas, así como su utilización como objetos sexuales, incluyendo la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la comunidad en general, y en particular a la juventud y la infancia.

La violencia basada en género es un término general que hace referencia a cualquier acto dañino que se realiza contra la voluntad de una persona y que se basa en las diferencias asignadas socialmente a hombres y mujeres.

De conformidad a la Ley General de Acceso a las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia, se define al acoso sexual como el ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Una muestra de ello es el video divulgado por el canal de Televisa en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se observa a Enrique Tovar, conductor del programa, agrediendo física y verbalmente a Tania Reza quien rechazó en varios momentos el acoso sexual y tocamientos de su compañero durante la transmisión en vivo del programa.

Tovar comenzó a hacer señalamientos al escote de la conductora, quien inicialmente respondió con una incómoda sonrisa pero después manifestó abiertamente su desagrado hacia los comentarios de su compañero. Sin embargo, esto pareció no importarle a Tovar pues no sólo continúo con los comentarios sino que le tocó el cuerpo.

Al respecto la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia,  se establece de manera clara recomendaciones dirigidas a que los medios se sumen a la tarea de no “fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

A su vez la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su apartado “De los derechos de las Audiencias”, en su artículo 256, establece que:

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:

I. VIII

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X…

Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Los lineamientos que emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos.

Adicionalmente podemos señalar que a raíz de las reformas en materia de telecomunicaciones, quedó establecido que las telecomunicaciones, la radiodifusión y la interconexión, son servicios públicos de interés general, y en la prestación de sus servicios, queda prohibida todo tipo de discriminación o cualquier otra conducta o actividad que atente contra la dignidad humana.

En dichas reformas se le dotó tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones de una serie de atribuciones para la protección de los derechos de los usuarios, por tanto, debe de realizar sus respectivas investigaciones y en su caso imponer las sanciones correspondientes que se derivan de las conductas transmitidas.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias y de los Códigos de ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión,  y establecer, en caso de que así sea, las sanciones correspondientes con relación a los hechos que motivan el presente punto de Acuerdo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo sobre la celebración del “Día Mundial de la Filosofía”. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO PARA UNIRSE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA IMPULSADO POR LA UNESCO Y REFRENDA EL COMPROMISO DE PUGNAR POR LA INCORPORACIÓN DE MATERIAS FILOSÓFICAS COMO LA ÉTICA EN TODOS LOS ESTRATOS CURRICULARES ESCOLARES COMO UN IMPULSO A LA CALIDAD EDUCATIVA. EL PRONUNCIAMIENTO SE PUBLICARÁ EN DIVERSAS PLATAFORMAS ACADÉMICAS Y LA DEL PROPIO SENADO DE LA REPÚBLICA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En esta secuencia de crisis mundial, nacionales, estatales y locales, en donde la violencia, el despojo, la corrupción y la impunidad son acentos explícitos de la naturaleza humana es necesario reconocer que una enorme responsabilidad corre a cargo de la formación de valores, todos ellos éticos. La escolaridad también se encuentra en crisis y en muchas de sus estructuras curriculares se está despreciando la enseñanza de la ética, ahora en plena efervescencia con el ascenso cultural de los derechos humanos.

2. Ante ello, la UNESCO ha promovido el Día Mundial de la Filosofía a celebrarse el tercer jueves del mes de noviembre. Este día se estableció para destacar la importancia de esta disciplina, especialmente de cara a la gente joven, y también para subrayar que «la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia.» Aunque del Día Mundial viene celebrándose desde el 2002, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró oficialmente su observación en 2005. La UNESCO lidera este Día, pero destaca que no es su propietaria. Pertenece a cualquiera a quien le interese el pensamiento. Por ese motivo, el Día Mundial de la Filosofía debe suponer un ejercicio de pensamiento libre, razonado e informado sobre los mayores desafíos de nuestro    tiempo.

3. Esta institución ya ha desarrollado acciones parlamentarias sobre la filosofía; sobre su enseñanza temprana y como posturas ante la crisis mundial de la filosofía el día 18 de septiembre de 2013 emitió un punto de Acuerdo que exhortó a la Secretaría de Educación Pública a emitir una postura respecto al acuerdo tomado en el XXIII Congreso Mundial de Filosofía, de incorporar disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y secundaria en las próximas estructuras curriculares y fue considerado de urgente resolución. Hasta ahora no se recibió ninguna respuesta.

4. Asimismo en el mes de febrero de 2013, se propuso un punto de Acuerdo para exhortar al Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior, de la Secretaria de Educación Pública, a impulsar el acuerdo secretarial 656, mediante el cual se establece, en forma independiente, el área disciplinar de humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias en la enseñanza planes y programas de estudio en los sistemas tanto dependientes directamente de la Secretaria de Educación Pública, los estados o las universidades. La comunidad de académicos coordinadores reunidos en torno al Observatorio Filosófico de México solicitaban: “se informe a las autoridades correspondientes de la necesidad de realizar estos cambios en el sentido señalado en el mencionado acuerdo secretarial. Algunos ejemplos son los siguientes: la indebida sustitución de las disciplinas filosóficas por otras que tienen otros nombres como los de “Construcción de la ciudadanía” o “Formación humana” en el Colegio de Bachilleres o los de “identidad y filosofía de vida” o “reflexión ética” que se imparten en las preparatorias de Jalisco dependientes de la Universidad de Guadalajara, cuyos contenidos son limitados y atienden más a aspectos emocionales que a una reflexión filosófica. A ello se agrega, en el último caso, que los programas no fueron realizados por profesionales de la filosofía, hecho que nos parece muy grave. De igual manera, los cursos de filosofía deben ser incluidos en los sistemas de enseñanza media superior impartidos a distancia”. La propuesta se encuentra en la Comisión respectiva. Además el Senado de la República auspició la presentación del Libro: “La filosofía como una escuela de la libertad” el 27 junio de 2013.

5. Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, alientan a todos sus aliados  (Gobiernos nacionales, instituciones públicas y organizaciones, asociaciones, universidades, institutos, escuelas, el Hermanamiento e Interconexión de Universidades, etc.) a organizar distintos tipos de actividades (diálogos filosóficos, debates, conferencias, talleres, actos culturales y presentaciones) sobre el tema general del Día, con la participación de filósofos y científicos de todas las ramas de las ciencias sociales y naturales, así como de todos los educadores, profesores,  estudiantes, periodistas, otros representantes de los medios de comunicación y el público en general.

6. En atención a esta celebración y en consideración de que es necesario nutrir los diseños curriculares tempranos, medios y profesionales con las materias de filosofía como la ética, se propone que este Senado, emita un saludo, un compromiso y un llamado para fortalecer la enseñanza de materias filosóficas en todos los niveles educativos. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República acuerda emitir un  pronunciamiento para unirse a la celebración del Día Mundial de la Filosofía impulsado por la UNESCO y refrenda el compromiso de pugnar por la incorporación de materias filosóficas como la ética en todos los estratos curriculares escolares como un impulso a la calidad educativa. El pronunciamiento se publicará en diversas plataformas académicas y la del propio Senado de la República.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a dar cumplimiento a la Recomendación No. CDHEQROO/021/2014/VG-II; y al Procurador General de Justicia del estado a revisar la pertinencia del desistimiento de la acción penal en contra de Héctor Manuel Casique Fernández. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La tortura en México es una práctica generalizada, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.”1

Lo anterior forma parte de las conclusiones a las que llegó el relator sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez en el marco de la Presentación del Informe sobre Tortura en México el pasado 9 de marzo, en el marco del 28° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, durante su visita realizada a nuestro país del 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.

Sin embargo a más de un año de estas declaraciones, los casos de tortura aumentan, se habla de personas torturadas pero no de torturadores. A treinta años de haber firmado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; hoy en día mantenemos cifras alarmantes y casos impactantes de tortura, narraciones de quemaduras, asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas.

El sistema de seguridad pública y justicia penal únicamente fabrican culpables, no procesa la tortura, no producen investigaciones creíbles, profesionales, ágiles sobre los casos de tortura; seguimos tolerando la injusticia.

En este sentido el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) confirma que durante los últimos tres años que las instituciones policiales en México padecen una crónica debilidad en sus sistemas de rendición de cuentas; el extendido conflicto con los Derechos Humanos es una de sus consecuencias.2

A través de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura (CNPT) de Insyde con múltiples aliados en instituciones, sociedad civil y academia, se ha corroborado que, según todas las fuentes de información disponibles, la policía en México utiliza la tortura como medio de investigación e incluso funciona como rutina de poder policial, asimismo el sistema penitenciario también reproduce la tortura.

Ante tal escenario, el pasado 23 de Octubre Amnistía Internacional presentó un nuevo informe “Promesas en el Papel, Impunidad Diaria: La Epidemia de Tortura en México Continúa” que da a conocer que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014. Pasó de 1.165 a 2.403 según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) entregados a Amnistía Internacional; la dependencia señaló también que no cuenta con “una cifra dura” sobre el número de cargos presentados durante 2014 contra los responsables.
El informe forma parte de la campaña Alto Tortura de dicha asociación, que fue lanzada en mayo de 2014 y que busca combatir la “crisis global de tortura3

A nivel nacional la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas creada por Decreto Presidencial en enero de 2014, tiene como objetivo central, atender y apoyar a las personas afectadas un delito o violación a sus derechos humanos, para que recuperen su proyecto de vida y ejerzan sus derecho.

Dicho organismo ha señalado que México carece de un registro confiable que permita conocer con certeza el número de víctimas de tortura y de otros malos tratos.4

El desconocimiento de los índices reales de victimización en materia de tortura y otros malos tratos produce una serie de inconvenientes, que van desde la falta de prevención de la tortura y otras violaciones a la integridad personal, hasta la escasa reparación a víctimas de este tipo de hechos.

En este sentido uno de los casos que ha convertido en el ejemplo claro de uno de los fenómenos que vive este país y se produce desde las instancias encargadas de la justicia: la fabricación de culpables pero es de apremio manifestar la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el de: Héctor Manuel Casique Fernández.

“El pasado 16 de marzo de 2013, Héctor Casique fue detenido-sin ninguna orden-en un bar de Cancún, Quintana Roo y señalado como el responsable del homicidio de 7 personas, perpetrado un par de días antes en el bar la Sirenita ubicado en este municipio. Además de este delito, Casique fue presentado por las autoridades como integrante del Cártel del Golfo.

Estas acusaciones, de acuerdo con la madre de Casique- Yaskade Fernández- son falsas, pues, explicó: “a mi hijo lo quieren poner como el autor material de ese multihomicido, porque días antes de su la detención había tenido un altercado con Arturo Olivares Mendiola, en ese entonces director de la Policía Judicial (PJ)”.

Tras su detención, Casique fue incomunicado y torturado con el afán de que firmara la declaración en la que “confesaba” ser el responsable de este multí asesinato, en el cual una de las víctimas fue Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de Cancún, Magali Achach.

Luego de casi un año de proceso penal, la familia y la defensa de Casique, tras diversos recursos interpuestos, logró que el 10 de marzo de 2014 el juzgado primero otorgara la libertad a Héctor por falta de elementos para poder procesarlo. No obstante, ese mismo día en que tuvo que haber recuperado su libertad, alrededor de 30 policías judiciales lo reaprehendieron, sin mostrar alguna orden que avalará el acto.

Yaskade cuenta que luego de este hecho, se enteraría que su hijo había sido llevado al penal estatal de Cancún. El cargo por el que se le había reaprehendido fue el mismo: el homicidio de siete personas en el bar La Sirenita, del cual el juzgado primero ya lo había exonerado.

A poco menos de 2 años  y 5 meses de estar detenido por un crimen que, asegura, no cometió, Héctor Casique ha sido víctima de “brutales torturas”, mismas que han mermado su salud. Además, agrega la madre, a más de 2 años no han podido demostrar la supuesta culpabilidad en el crimen, a pesar de los intentos de culparlo por el multíhomicidio.
Aunado a lo anterior añadió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya aplicó un primer protocolo de Estambul a Héctor, en donde se ratifica que fue víctima de tortura. Dijo que a pesar de la existencia de este documento que avala la violación a los derechos humanos, el Ministerio Público no ejerció acción penal contra los torturadores, mismos que están identificados.

Añadió que luego del mal trato y vejaciones que ha sufrido, La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoció a Héctor como víctima, hecho que, afirma, ha ayudado a erradicar la tortura física que padecía.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 10 de diciembre le dio la calidad de Victima a Héctor. Actualmente  gracias a la intervención de ello, mandaron medidas cautelares y han cesado las torturas físicas, porque han estado enviando casi cada mes medidas de protección.”, señaló.

En tal sentido, comentó que ante los agravios en contra de Héctor Casique, solicitó una audiencia con el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, sin embargo, dijo, este se ha negado a recibirla, a pesar que un amparo interpuesto por Yaskade ordena al mandatario estatal atender a la madre de la víctima.”5

La intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la Asesoría Jurídica Federal (“AJF”), se da desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos de Héctor Manuel Casique Fernández, derivado de los hechos de tortura de los que fue objeto, según el estudio realizado los días 4 y 5 de noviembre de 2013 por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH”), de acuerdo al Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”. Por este motivo, Héctor Manuel Casique Fernández y su madre, Yaskade Fernández Ramírez, están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, por lo cual cuenta con asistencia y representación de la Asesoría Jurídica Federal.  Las acciones que se realizan son:

1. Seguimiento a los efectos del desechamiento del Recurso de impugnación CNDH/2/2014/439/RI en contra de la Recomendación CDHEQROO/021/2014/VG-II que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por el caso de la tortura de la que fue objeto el señor Héctor Manuel Casique Fernández.

2. Seguimiento a la Recomendación 17/2015 de la CNDH por las lesiones y malos tratos recibidos por la víctima en el Centro de Reclusión. Derivado del recurso de impugnación que la víctima presentó ante la CNDH, el 10 de junio de 2015, en contra de la Recomendación CDHEQROO/016/2014/VG-II de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, por los hechos que se indican, la CNDH emitió la Recomendación 17/2015 por el cual se solicitó la modificación de la Recomendación CDHEQROO/016/2014/VG-II para incluir la reparación integral del daño y la denuncia ante la autoridad correspondiente. En consecuencia, la AJF dará seguimiento al cumplimiento de la Recomendación de la CNDH.

3. Asesoría y representación jurídica en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/Z5-XXVI/54/2014por el delito de tortura. El 29 de septiembre de 2014, la señora Yaskade Fernández Ramírez presentó por escrito una denuncia ante la Procuraduría General de la República (“PGR”), la cual fue turnada a la Dirección de Control de Averiguaciones Previas Zona Sur Sureste de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo con el número de averiguación previa AP/PGR/DGCAP/Z5-XXVI/54/2014.
4. Seguimiento al recurso de queja S.C.A/P/75/2015 radicado en la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo con sede en Chetumal. El 18 de mayo de 2013, el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría General de Justicia de la zona norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, inició la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/AP/042/2013 por la comisión del delito de abuso de autoridad, violación y/o lo que resulte cometido en agravio de Héctor Manuel Casique Fernández y otro.

No obstante, el 25 de junio de 2014 se notificó a la víctima la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal, en atención a que los policías señalados como responsables de los hechos negaron su participación.  En ese sentido, la madre de la víctima presentó el recurso de inconformidad ante el Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, formándose el expediente 47/2014, mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Chetumal, sin embargo, se confirmó el no ejercicio de la acción penal.

En contra de la resolución del recurso de inconformidad, la víctima presentó el Recurso de Queja S.C.A/P/75/2015 ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo con sede en Chetumal. El 31 de agosto de 2015 se publicó por lista que el 27 de ese mes y año se emitió la sentencia definitiva correspondiente.

La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo resolvió revocar la resolución  impugnada y ordenó al Procurador General de  Justicia del Estado emitir otra en donde de cumplimiento a la resolución a la queja, a efecto de ejercitar el ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad y tortura. Está pendiente que el Procurador General de Justicia del Estado rinda el informe de cumplimiento de la sentencia antes señalada.

5. Seguimiento de la solicitud de medidas cautelares y petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”). El 25 de septiembre de 2015, la Dirección General Adjunta en Materia de Derechos Humanos de la AJF solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado mexicano adopte medidas cautelares a favor de Héctor Manuel Casique Fernández, Yaskade Fernández Ramírez (peticionaria), Yazkadhe Zafiro Casique Fernández (hermana de Héctor Manuel), Miguel Ángel Casique Fernández (hermano de Héctor Manuel), Ana Laura Cortés Flores (abogada defensora), y Nereida Ramírez (abuela materna de Héctor Manuel).

En consecuencia, la AJF solicitó a la CIDH que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de Héctor Casique, así como la implementación de medidas necesarias para asegurar el efectivo acceso al derecho a la salud.

6. Solicitud de medidas de protección. La AJF ha solicitado reiteradamente (8 ocasiones) al Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, la implementación de diversas medidas en favor de la víctima, para garantizar su integridad, que no sea trasladado a otro lugar de reclusión y se le proporcione atención y tratamiento médico especializado. En seguimiento a este punto, el Director General y el Director General Adjunto de Derechos Humanos de la AJF se reunieron con el Secretario de Seguridad Pública para reiterar dicha solicitud.

7. Asesoría Jurídica en la elaboración de amparos y recursos en procedimientos relacionados con el hecho victimizante.

8. Atención médica. La víctima ha sido atendida por el personal del área médica de la Comisión EAV y acompañado en dos traslados que se han realizado para recibir atención médica, sin embargo, no ha sido canalizado por las autoridades penitenciarias a los especialistas médicos que requiere, por lo cual su salud se ha mermado considerablemente.

9. Atención psicológica. Personal de la Delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Yucatán, cada quince días brinda terapias psicológicas a la víctima en el lugar donde se encuentra recluido. Este servicio se extiende a su familia.
10. Apoyo en los traslados (transportación, hospedaje y alimentación) que realiza Yaskade Fernández Ramírez para acudir en la ciudad de México a reuniones con PGR y CNDH. Recientemente se realizó el reembolso por el pago de un boleto de avión que la víctima indirecta realizó para acudir a una diligencia a la ciudad de México.

El 9 de octubre de 2015, personal de la Dirección General Adjunta en materia de Derechos Humanos se comunicó vía telefónica con Yaskade, quien informó que recientemente trataron de “levantar” a su hija fuera de su escuela, por lo cual ya no acude a la misma, y que aflojaron los “birlos” de las llantas de su automóvil.

Este es uno de los casos que ejemplifica, la tortura como una práctica que policías y elementos castrenses utilizan para obtener información o confesiones bajo coacción.

Entre las tácticas más frecuentes de tortura se pueden enlistar golpizas, amenazas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Funcionarios públicos, jueces, miembros del ministerio público e incluso algunas comisiones de derechos humanos, suelen omitir, justificar y tolerar esta práctica, inclusive llegan a aceptar confesiones bajo tortura como evidencias pese a la inconstitucionalidad de los actos, lo que conlleva un panorama de impunidad para quienes cometen este tipo de abusos.

El combate a la impunidad sigue siendo una labor difícil, pues a pesar de que Enrique Peña Nieto ha señalado ésta como una de las principales prioridades de su Gobierno, la realidad es que la procuración de justicia todavía se encuentra por debajo de niveles medianamente aceptables, pues de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), de cada 10 averiguaciones previas, sólo 2.8 de ellas se concluye satisfactoriamente con una consignación.

Los números son preocupantes. Desde enero de 2013 y hasta julio del 2014, se han iniciado 162,518 averiguaciones previas por la comisión de diferentes delitos; pero de éstas, sólo 46,928 terminaron en consignación, es decir, el 28.87%.

Recordemos las declaraciones en la reciente visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra´ad Al Hussein: “El Ciudadano Mexicano no disfruta de la protección de la ley, sus derechos están amenazados”, según cifras oficiales, el 98% de los crímenes cometidos en el país quedan sin resolver.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión expresa su preocupación por el incremento de casos de tortura durante los últimos años, así como la impunidad existente en estos casos. En ese sentido, manifiesta su desconcierto ante la a falta de atención adecuada y exhaustiva a las recomendaciones emitidas, las cuales a pesar de ser debidamente probadas y acreditadas por organismos públicos de derechos humanos en México, no han brindado justicia y reparación a las víctimas de tan graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo. La Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Quintana Roo Lic. Roberto Borge Angulo, y en particular al Procurador General de Justicia del Estado, Lic. Carlos Arturo Álvarez a que se revise la pertinencia del desistimiento de la acción penal en contra de Héctor Cásique, debido a la obtención de la confesión bajo tortura.

Tercero. La Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo, Lic. Roberto Borge Angulo, a dar cumplimiento a la recomendación no. CDHEQROO/021/2014/VG-II que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por el caso de la tortura de la que fue objeto el señor Héctor Manuel Casique Fernández.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 28 de Octubre de 2015.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 La Jornada. “La tortura sí es generalizada en México, ratifican especialistas”. En línea México, 5 de Abril de 2015 , dirección URL:http://www.jornada.unam.mx/2015/04/05/politica/005n1pol

2 insyde. “Tres años de la Campaña para prevenir la Tortura”. En línea México, 24 Septiembre 2015,  dirección URL http://insyde.org.mx/portfolio/tres-anos-de-la-campana-nacional-para-prevenir-la-tortura/

3 Noticias MVS. Se duplican las denuncias de tortura en México en el último año: Amnistía Internacional. En línea México a 23 de Octubre de 2015, dirección de URL: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/se-duplican-las-denuncias-de-tortura-en-mexico-en-el-ultimo-ano-amnistia-internacional-874

4 CEAV. Necesario contar con índices de victimización en materia de tortura y otros malos tratos. En línea, México a 26 de junio de 2015, dirección URL: http://www.ceav.gob.mx/2015/06/necesario-contar-con-indices-de-victimizacion-en-materia-de-tortura-y-otros-malos-tratos/

5 Revolución tres punto cero. 7 certificados médicos comprueban tortura a Héctor Casique; una víctima más de fabricación de delito: familiares. En línea, México 1 Agosto de 2015, dirección URL http://revoluciontrespuntocero.com/7-certificados-medicos-comprueban-tortura-a-hector-casique-una-victima-mas-de-fabricacion-de-delito-familiares/






De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de emitir una declaratoria de desastre en Ciudad Juárez ante los distintos daños provocados por las fuertes granizadas que se han presentado. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

La que suscribe, Lilia Merodio Reza, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes en el municipio de Ciudad Juárez se suscitaron una serie de eventos climatológicos atípicos, que afectaron el patrimonio de las familias juarenses, situación por la cual resulta apremiante la intervención de las instituciones del Estado Mexicano, a fin de que brinden el apoyo necesario para superar esta difícil situación.

El 6 de octubre de 2015, el municipio de Ciudad Juárez sufrió múltiples afectaciones en las viviendas de la zona suroriente de la entidad por la caída de granizo que llegó alcanzar el tamaño de una pelota de ping pon. Asimismo, la infraestructura pública y los vehículos presentaron graves daños. Estos acontecimientos de la naturaleza se replicaron el pasado 14 de octubre, incrementando con ello los daños a los bienes de los juerenses.

Ante estos hechos, el día 8 de octubre de 2015,  mediante  el oficio número SGG 199-2015, se solicitó a la Secretaría de Gobernación(SEGOB) la Declaratoria de Emergencia en dicha entidad, para que ésta pudieran acceder a los recursos del Fondo Nacional para la Atención de Emergencias.

El día 19 de octubre de 2015, luego de que la Comisión Nacional del Agua llevara a cabo los dictamines técnicos correspondientes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el día 6 de octubre de 2015, en el municipio de Juárez del estado de Chihuahua.

Los recursos asignados por la SEGOB se orientan a la atención de la vida y la salud de la población, lo cual soluciona en parte la problemática. Por lo que resulta necesario que se apruebe una Declaratoria de Desastre, en virtud de que estos apoyos tienen por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública.

Sobre todo, cuando en días recientes, se presentó nuevamente una fuerte granizada en el municipio de Ciudad Juárez, lo cual agrava la condición de los vecinos de este municipio.

Ante esta difícil situación por la que atraviesan los habitantes de Ciudad Juárez, no puedo ser indiferente, es por ello que solicito respetuosamente a la Secretaría de Gobernación analice a la brevedad, la viabilidad de emitir una Declaratoria de Desastre en dicho municipio, a fin de que a través del Fondo Nacional para la Atención de Desastres naturales se puedan solventar las pérdidas registradas por la fuertes granizadas presentadas en la región.

Asimismo, reitero mi solidaridad y compromiso con los habitantes de Ciudad Juárez  para que los recursos destinados para esta emergencia lleguen a las familias que más lo necesiten. Tengan la certeza, de que daré seguimiento puntual a la entrega de apoyos a fin de garantizar que las necesidades prioritarias e inmediatas de la población sean cubiertas.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de emitir una Declaratoria de Desastre en Ciudad Juárez ante los distintos daños provocados por las fuertes granizadas que se han presentado en la entidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente






De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES DE VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN RADIODIFUNDIDA POR LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de estos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de las niñas, niños y adolescentes cobra especial relevancia en situaciones de vulnerabilidad, como cuando se ven involucrados en un delito, ya sea como víctimas, testigos, o causados de su comisión. La exposición pública de las niñas, niños y adolescentes en estos contextos les coloca en una situación vulnerable frente a la difamación, la estigmatización y el riesgo de ser etiquetados, y de que se les perpetué como víctimas o agresores.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en diversos preceptos disposiciones dirigidas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a los medios de comunicación, ya sea por su derecho al acceso a la información y libertad de expresión, o por las obligaciones que dichos medios de comunicación tienen frente a los menores por la transmisión de sus imágenes.

En su artículo 66, dicha Ley establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral. En el mismo sentido, el artículo 68 establece que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez. Disposición a través de la cual se reconoce la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Respecto al derecho a la intimidad de los menores, esta Ley General integra un capítulo que en específico la protege. Así tenemos que el artículo 76 señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Y que éstos no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Por su parte, el artículo 77 define aquello que se considera “violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes” de la siguiente manera: “cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.”

En el programa televisivo que se difunde a través del canal 2, de la cadena Televisa, denominado “EL Show de Laura Bozzo”, se exponen historias de niñas, niños y adolescentes que los denigran, los exponen, los agravian y revictimizan gravemente. Ejemplo de esto son los programas difundidos los días 7 y 8 de mayo pasado intitulados “Mis padres me adoptaron para explotarme” y “En busca de mi madre” sólo por citar algunos.

Al respecto el pasado 27 de mayo del presente, presente punto de acuerdo  por el que solicito:

PRIMERO. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que inicie procedimiento respectivo correspondiente a fin de analizar si la empresa Televisa ha violado el derecho a la intimidad de diversas niñas, niños o adolescentes establecidos en la fracción IV, del artículo 148, en relación con 78, todos de la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cometida en el programa “Show de Laura Bozzo”

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de los Códigos de ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión con el objeto de proteger los derechos de las audiencias.

Esta proposición fue aprobada por el pleno de la Comisión Permanente, el 17 de junio de 2015, con el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para que realice una investigación, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, y con pleno respeto a la libertad programática y libertad de expresión, a fin de verificar si los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos.

Con base en el artículo 15 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014), el IFT tiene la atribución siguiente:

“Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes”.
En la misma ley, el artículo 226 establece diversas obligaciones que los concesionarios de radio y televisión deberán acatar en su programación para la niñez y que corresponde al IFT supervisar, por ejemplo, “evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas”, así como de “contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia”.

En febrero de 2015, el IFT publicó un estudio sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y televisión restringida, en el que se encontró que el canal más visto por la niñez en la televisión abierta es el canal 5 y luego el canal 2.

Al verse primordialmente los canales 5 y 2, niñas y niños estén expuestos, en primer lugar, a las telenovelas, en segundo lugar a los reality shows y en tercer lugar a los dramatizados unitarios. En cuarto sitio están las caricaturas y en quinto, otro género no destinado específicamente para ellos, los programas de concurso. En promedio, durante 2014, niños y niñas pasaron frente a la televisión un promedio de 4 horas con 34 minutos. Y el tiempo frente a la pantalla crece, pese a una mayor oferta de tecnologías a disposición de la población infantil. De 2006 a 2014 la permanencia frente al televisor se ha incrementado 24 minutos. Este tiempo coloca a México entre los países donde más se ve televisión.

Otro dato importante: no todos los niños ven la televisión, lo hace un promedio de 13%, pero a lo largo del día, sobre todo entre las 7 y 10 de la noche, alcanza hasta un 27%.

De conformidad al artículo 3 de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, se establecen como principios rectores: Pro persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, Progresividad, No discriminación, Liebre acceso a la información con pluralidad Oportunidad y Veracidad, Libertad de expresión y difusión, y Interés superior de la niñez.

Asimismo, la fracción IX del artículo 265 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que:

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3º. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:

I. a VIII….

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X.……

Así también, la nueva regulación en telecomunicaciones y radiodifusión incluye la obligación de los concesionarios de radio y televisión abiertas de tener la figura de la defensoría de las audiencias, con el fin de hacer valer los derechos de las audiencias.

Como audiencia, las niñas y los niños tienen derecho a recibir programas que fortalezcan los valores éticos y culturales, sin apología de la violencia, que estimulen su creatividad, que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a que se proteja la identidad de las víctimas de delito sexuales, entre otros.

En respuesta a una solicitud hecha por diversos medios de comunicación, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y retomando el Punto de Acuerdo que presenté el 27 de mayo del presente, la Secretaría de Gobernación informó que se investiga el contenido del programa  de Laura Bozzo por supuestas violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.

“Esta autoridad administrativa actualmente se está haciendo de los elementos necesarios para determinar la procedencia de las acciones legales que en derecho correspondan dentro del ámbito de su competencia. Lo anterior, con el fin de determinar si existe alguna transgresión a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, señaló en el documento.

La Secretaría de Gobernación agregó que actualmente la información relacionada con esta indagatoria está reservada por un periodo de un año, ya que se encuentra en proceso de averiguación por parte de la Dirección General de la dependencia, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Aunado a ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través de su Presidente, el Maestro Harley Sosa Guillén, envío comunicación a la C. Laura Bozzo Rotondo, por el caso específico de la niña V.N.P.R., de apenas dos años y cuatro meses de edad, quien tiene el carácter de agraviada en el expediente de queja VG/BJ/254/05/2015-6 solicitándole

respetuosamente que en aras de un responsable y estricto ejercicio periodístico, tenga a bien salvaguardar el derecho a la intimidad y los datos personales de la menor agraviada, a fin de evitar la revictimización de la misma, en el supuesto de que se considere la exposición del asunto en su programa denominado “Laura”, mismo que se transmite a nivel nacional, evitando divulgar o difundir información o datos personales, incluyendo a aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarla y que atente contra su honra, imagen o reputación.

De igual forma se solicita aplicar este consideración hacia los menores de edad legal, señalados como probables responsables de cometer en agravio de la menos, los actos considerados como delitos contra la libertad y seguridad sexual.”

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, informe sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión, en materia de protección del derecho a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias y de los Códigos de ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión, y establecer, en caso de que así sea, las sanciones correspondientes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones oportunas e implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a Internet a todos los sectores de la sociedad, poniendo especial atención en aquellos estados en los que es más escaso, como lo es el estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, en la denominada Era de la Información, el Internet se ha convertido en unaherramienta esencial e indispensable para las persona,influyendo directamente en el desarrollo de sus actividades diarias. Si bien es cierto que originalmente fue creado con la finalidad de establecer comunicaciones telemáticas tras la irrupción de las nuevas tecnologías, hoy en día sus aplicaciones y beneficios son incontables, siendo utilizado en una amplísima variedad de ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, que van desde cuestiones de carácter laboral, operaciones financieras, entretenimiento, educación, y por supuesto como medio de comunicación.

Destaca principalmente el enorme papel que juega el internet en el acceso a la información, constituyendo el mayor acervo de conocimientos con el que contamos hoy en día.

El Internet ha adquirido una importancia fundamental en los últimos años, a grados quizá impensables al momento de su invención hace pocas décadas. La cantidad de información que circula por la red ha ido aumentado exponencialmente año tras año, incrementando su relevancia conforme pasa el tiempo, por lo que, de continuar esta tendencia, su trascendencia en el futuro será de proporciones inconmensurables.

He aquí la imperiosa necesidad de asegurar a las próximas generaciones, sin distinción social, un acceso eficaz a Internet.

Es por ello que se lereconoce como un derecho fundamental, incluido dentro de los denominados derechos “de cuarta generación”, derivados de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que resultan necesarios para un óptimo desarrollo personal dentro del contexto competitivoactual en el mundo globalizado.

Entre estos derechos se encuentran el derecho al acceso a la informática, el derecho a la autodeterminación informativa, y el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, entre otros. Por esto, es responsabilidad de los gobiernos establecer la normativa procedente para hacer al internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos.

En este sentido, la Asamblea General de la ONU en el año 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano, destacando su importancia en el ejercicio de otros derechos fundamentales como el de expresión y opinión, además de tratarse de un derecho que promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. [*]

En México, los niveles de acceso a internet de la población en general no son los idóneos, existiendo grandes rezagos en varias regiones del país. Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el presente año, dentro del marco del “Día Internacional del Internet”, tan solo el 44.4% de la población mexicana mayor a seis años se declaró usuaria de Internet, es decir, 47.4 millones de personas conectadas a la red. [*]

Este porcentaje se encuentra en concordancia con el promedio global de acceso a Internet, que es del 45%, empero dista mucho de la cantidad de usuarios con los que cuentan la mayoría de Estados desarrollados, y que establecen los estándares aceptables y recomendables de conectividad.

Por ejemplo, el nivel de penetración de Internet en promedio en la población estadounidense y canadiense es del 87.9%, en Europa es del 73.5%, mientras que en Oceanía es del 72.9%. Inclusoestá por debajo del promedio general de Latinoamérica en la materia, que es del 53.9%. [*]
Conforme al mencionado estudio del INEGI, la República Mexicana se encuentra superadapor países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay en número de hogares con conexión a Internet.

Lo grave y preocupante de la situación en México resulta de la comparación de los niveles de acceso a Internet entre las distintas entidades federativas del país, en donde se constata la enorme desigualdad que existe entre unas y otras. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica, algunos Estados de la República cuenta con niveles de conectividad realmente elevados y satisfactorios, destacando entre ellos Baja California Sur, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo, con un 84, 81.5, 80.4 y 75.8 por ciento, respectivamente. [*]

Estos datos contrastan fuertemente con la información develada por el INEGI en el estudio ya mencionado, en el que se señala el escaso acceso a Interneten varias entidades federativas, especialmente Oaxaca, Guerrero y Zacatecas. En este último, solamente el 35.6 por ciento de su población mayor de seis años es usuaria de Internet,y de esta cantidad, el 79 por ciento tiene menos de 35 años de edad, lo que nos indica el reducido número de adultos maduros que son usuarios.

Asimismo, el informe señala que la cantidad de hogares de dicha entidadque cuentan con una conexión a internet es del 26.1 por ciento, es decir, solamente uno de cada cuatro hogares. Se trata de una cifra alarmante, que refleja la precaria situación que en la materia  vive el Estado.

El autor Sergio Octavio Contreras señala que una de las principales causas de este rezago se debe a la gran cantidad de población zacatecana que habita en zonas rurales, cuya ubicación dificulta la conexión a Internet. Además, influyen los factores de carácter económico y académico,en el sentido de tener que comprar los aparatos electrónicos, además del pago del servicio en general. [*]

En lo relativo a la cuestión educativa, el referido informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía explicóque, en estaEra del Conocimiento, el acceso a Internet se encuentra asociado significativamente con el nivel de estudios, pues en México, de la población que cuenta con estudios de nivel superior como licenciatura o posgrado, el 90.1 por ciento ha incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales, mientras que de igual forma lo han hecho el 67.9 por ciento de quienes han acreditado el nivel medio superior.

Es por ello que resulta necesario que se establezca un marco de oportunidades en el que se garantice a todos los sectores de la población, y en especial a los referidos estados rezagados, un acceso eficaz a Internet, para poder así salvaguardar sus necesidades, intereses y derechos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así comoa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a llevar a cabo las acciones oportunas e implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a Internet a todos los sectores de la sociedad, poniendo especial atención en aquellos estados en los que es más escaso, como lo es el Estado de Zacatecas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de octubre de 2015.

[*]Kravets, David (2011), “U.N. declares Internet Access a Human Right”, en Wired, [Consultado 07-10-2015], disponibleen internet: http://www.wired.com/2011/06/internet-a-human-right/
[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet (17 de mayo), Datos Nacionales”, [Consultado 07-10-2015], disponible en internet: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf
[*]  “Internet Usage Statistics, The Internet Big Picture” (2015), Miniwatts Marketing Group, [Consultado 07-10-2015], disponibleen internet: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
[*] Navarro, Melva (2015), ”Estas son las ciudades más y menos conectadas en México”, CNN Expansión, [Consultado: 07-10-2015], disponible en internet: http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/09/30/estas-son-las-ciudades-mas-y-menos-conectadas-en-mexico
[*]  Salinas, Abigail (2015), “Zacatecas, rezagado en uso de internet”, NTR Zacatecas, [Consultado: 07-10-2015], disponible en internet: http://ntrzacatecas.com/2015/05/15/zacatecas-rezagado-en-uso-de-internet-2/






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y al gobierno del estado de Morelos a adoptar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”, como modelo de prevención del embarazo adolescente, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A ADOPTAR EL PROGRAMA “VE.VE!!! PIÉNSALO BIEN” COMO MODELO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Presidencia de la República, encabezada por el Lic. Enrique Peña Nieto en el mes de enero del presente año hizo pública la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, cuyo objetivo principal es abatir el número de embarazos en los adolescentes que atentan contra su pleno desarrollo y obtención de metas.

Esta Estrategia es parte de un gran esfuerzo que desde la Presidencia de la República, asesorada por académicos y sociedad civil, pretende mejorar la calidad de nuestros adolescentes, es integral y aborda, desde la prevención del embarazo adolescente, hasta la atención de adolescentes que enfrentan esta realidad.

El programa es prudente ya que México tiene 22.4 millones de mujeres y hombres entre los 10 y 19 años de edad y el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012.

El aumento de la tasa de nacimientos en madres adolescentes tiene diversos efectos en esta población como: problemas para conformar un proyecto de vida, conflictos familiares, rechazo social, abandono, consecuencias psicológicas, falta de ingreso y deserción escolar. Investigaciones también apuntan que la maternidad adolescente aumenta las probabilidades de transmisión de la pobreza inter-generacional. De igual forma, indican que los estratos marginados de la sociedad son los que enfrentan mayores dificultades cuando se presenta un embarazo prematuro al limitar su acceso a medios de apoyo.

Atendiendo esta urgencia en el municipio de Cuernavaca, Morelos a través del DIF Municipal se ha puesto en marcha un programa denominado “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien” que tiene además diversos objetivos entre los que se encuentran: reducir el número de embarazos en adolescentes, disminuir la deserción escolar, evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, impulsar y consolidar los proyectos de vida de los adolescentes, fortalecer la autoestima y reforzar los valores.

A través de cuatro sesiones y material didáctico como son los bebés electrónicos y chalecos que simulan el vientre de nueve meses de gestación, personal calificado atiende las diversas escuelas de Cuernavaca brindando el curso que ha tenido como resultado una disminución de la tasa de embarazo adolescente en el municipio.

Se trata de un proyecto bien articulado y probado a través del tiempo que previene el embarazo en la población adolescente, no con la distribución indiscriminada de preservativos, sino que apuesta a una visión a largo plazo, fortaleciendo su autoestima así como reforzando la importancia de su plan de vida.

Desde el Senado de la República se reconoce el excelente resultado de la Procuraduría Municipal de Cuernavaca para la Defensa del Menor y la Familia con la implementación del programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”. A fin de sumar esfuerzos para abonar al mejoramiento de la vida de los adolescentes mexicanas y sus familias, se pone a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y al gobierno del estado de Morelos a utilizar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien” como modelo de prevención del embarazo adolescente en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a implementar acciones inmediatas para garantizar la detección oportuna del cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar qué acciones se pretenden implementar para mejorar el nivel educativo de los alumnos con padres migrantes en Estados Unidos de América, así como informar qué mecanismos se contemplan realizar para apoyar a los hijos de padres que son repatriados. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La migración no es un fenómeno nuevo, pues es determinado en mayor o menor medida por factores externos al individuo, es decir, como respuesta al cambio social.

En México, la migración es un fenómeno social de gran relevancia, pues se presenta como una opción y en algunos casos, como una necesidad ante la falta de oportunidades en el país.

Es una realidad que en el país existen diversos problemas estructurales pero uno de los que más afecta a la sociedad son las fallas en el sistema educativo, pues traen consigo graves consecuencias. Según el informe “How’s life” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año en curso, México reprobó en el indicador de educación y competencias. El país ocupó el sitio 36 de 36 países en este rubro. El estudio detalla que los estudiantes mexicanos de 15 años de edad tienen uno de los peores desempeños en competencias de matemáticas, lectura y ciencias, según las pruebas PISA.1 

Lo anterior trae consigo diversas consecuencias, una de ellas es que los adolescentes generalmente optan por la deserción escolar que conlleva al desempleo o a emplearse en un puesto inferior al que le correspondería de acuerdo a su capacidad. Lamentablemente, al tomar esta decisión se encuentran con un problema social más del país: la falta de oportunidades laborales; la realidad muestra que al buscar un trabajo para incrementar sus ingresos y los de sus familias y, dada su escasa calificación y experiencia, no lo encuentran o lo encuentran solo parcialmente o, en todo caso, muy mal pagado.

La combinación de estos factores propicia que muchos jóvenes decidan migrar a otro país en busca de mejores oportunidades, generalmente a Estados Unidos. Con el paso del tiempo se ha podido observar, que a diferencia de lo que ocurría en las décadas de los años 70-80, la población que actualmente está decidiendo marcharse del país, es la más joven, sin embargo, México no figura en la lista de los principales exportadores de estudiantes.2

Para comenzar, de acuerdo con el documento del Conapo, titulado: “México ante los recientes desafíos de la migración internacional”, editado en 2012, la población joven emigrante de origen mexicano en Estados Unidos creció de 2.5 millones en 1996 a 3.6 millones en 2006; y a casi cuatro millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad.3

Esta magnitud sitúa a la población joven de origen mexicano como la más numerosa entre las poblaciones migrantes jóvenes en aquel país, pues, de acuerdo con los datos del Buró del Censo de Estados Unidos, este grupo representa 34% del total de la población emigrada en el segmento de edad señalado. De esta cifra, se destaca a un grupo de adolescentes de 12 a 17 años de edad, el cual sumó un total de 517 mil adolescentes, los cuales, deberían estar o bien en la educación secundaria o en la preparatoria en México.4

Asimismo, en 2011 el estudio “Inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos”, elaborado por el Migration Policy Institute (MPI), reveló que los migrantes mexicanos tienen el menor nivel de educación que cualquier otro grupo migratorio y, como consecuencia, los sueldos más bajos del mercado laboral estadounidense. Lo anterior se exhibe como un problema estructural en el sistema educativo nacional que afecta a diverso sectores, incluso si estos están fuera del país.5

Los migrantes en el país enfrentan problemáticas como la falta de condiciones cuando estos son deportados a sus lugares de origen; para comenzar, diversos Estados de la República Mexicana cuentan con altos índices de recepción y expulsión de migrantes, por lo que es necesario atender su situación y en el     caso de la deserción escolar, se deben implementar programas o políticas  públicas para puedan culminar su educación y en algunos casos, también la de sus hijos.

Es bien sabido que el sector de migrantes mexicanos es uno de los más olvidados; actualmente, el Gobierno Federal cuenta con tan sólo un programa social, el cual, tiene como objetivo canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de este fragmento de la población.

En materia de educación, no hay un programa federal que ayude a los migrantes y a sus hijos a que puedan concluir sus estudios, mucho menos, un acuerdo con Estados Unidos para que los migrantes mexicanos que habitan en aquel país, puedan estudiar la educación básica. Actualmente sólo existe el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), el cual, ofrece la posibilidad de inscribir a los hijos de migrantes en alguna de las escuelas primarias o secundarias en cualquier momento del ciclo escolar, siempre y cuando sea antes del último día hábil del mes de junio. Lo anterior es un esfuerzo, sin embargo, muchos migrantes desconocen el programa, además, de que como adultos migrantes, el programa en mención no los incluye.

Asimismo, debido a las normas de las burocracias de México y Estados Unidos, decenas de miles de esos menores no tienen acceso a servicios básicos en México, incluidos educación, ya que el gobierno mexicano exige que todo documento oficial de otro país sea certificado en ese país con un sello conocido como apostilla y luego traducido en México por un traductor oficial, comúnmente costoso.

El problema se agudiza, debido a que cada Estado por iniciativa de cada gobierno estatal, debe implementar sus propios planes y programas de ayuda al migrante, debido a que no existe un programa federal, incluso, existen estados que carecen de programas, como el de Zacatecas, en el cual, no cuenta con las condiciones para que los migrantes deportados permanezcan en el estado, según lo reconoció el titular del Instituto Estatal de Migración.6

Notablemente falta mucho por hacer para regularizar la educación de los migrantes. En este orden de ideas, el presente exhorto propone que el Estado Mexicano por medio sus secretarias den solución a una de las problemáticas que afectan a los migrantes: la deserción escolar.

Por lo tanto se propone que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores implementen acciones con el fin de garantizar la continuidad y la calidad de los estudios básicos de los hijos de migrantes mexicanos. Por lo tanto, se solicita que comuniquen a esta Soberanía qué acciones pretenden implementar para mejorar el nivel educativo de los alumnos con padres migrantes en Estados Unidos de América, así como informar qué mecanismos se contemplan realizar para apoyar a los hijos de padres que son repatriados.

Para ello, será necesario que informen también, cuál ha sido el alcance del Programa Binacional de Educación Migrante "PROBEM", especificando cuántos migrantes han sido beneficiados con el programa en mención, y con base en los resultados, promuevan un nuevo programa de educación básica para niñas y niños de familias migrantes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores:

a) Informen a esta Soberanía cuál ha sido el alcance del Programa Binacional de Educación Migrante "PROBEM", especificando cuántos migrantes han sido beneficiados con el programa en mención.

b) Promuevan un nuevo programa de educación básica para niñas y niños de familias migrantes.

c) Comuniquen a esta Soberanía qué acciones pretenden implementar para mejorar el nivel educativo de los alumnos con padres migrantes en Estados Unidos de América, así como informar qué mecanismos se contemplan realizar para apoyar a los hijos de padres que son repatriados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.

1 Rodríguez Fernando. “Educación en México, reprobada. Las gráficas de la semana” [en línea].
CNN Expansión. México. 2015. Disponible en:
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/06/05/ocde-reprueba-la-educacion-en-mexico-graficas-de-la-semana [consulta 23 de octubre de 2015].

2 Álvarez Carmen. “Se exportan migrantes, no estudiantes; fuera del país, 13.2 millones de mexicanos” [en línea]. Excelsior. México. 2015. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/01/1000357 [consulta 22 de octubre de 2015].

3 Ibídem.

4 Fuentes Mario Luis. “México social: los jóvenes que se van, la migración” [en línea]. Excelsior. México. 2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/06/957626 [consulta 23 de octubre de 2015].

5 Zepeda Mayra. “Migrantes mexicanos en EU, los de peor sueldo y nivel educativo” [en línea]. Animal Político. México. 2011. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2011/07/migrantes-mexicanos-en-eu-con-sueldos-y-niveles-de-educacion-mas-bajos/ [consulta 26 de octubre de 2015].

6 Orta César. “Zacatecas, sin condiciones para migrantes deportados: IEM” [en línea]. Periódico Imagen. México. 2015. Disponible en: http://www.imagenzac.com.mx/nota/zacatecas-sin-condiciones-para-migrante-14-18-7o [consulta 26 de octubre de 2015].






De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que no cuentan con Comisión de la Familia, a conformarla. Se turna a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO CUENTAN CON COMISIÓN DE LA FAMILIA, A CONFORMARLA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la familia, así como la obligación del Estado de proteger la organización y el desarrollo de la misma. A partir de este precepto constitucional, así como de los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también lo reconocen, es posible afirmar que el Derecho a la Familia es un derecho fundamental claramente establecido dentro de nuestro sistema jurídico. De ello se desprende que, además de ser un derecho fundamental, la familia es, por sí misma, sujeto constitucional de derechos, expresamente en el caso del derecho a la vivienda, que es un derecho de la familia.

La propia Declaración de los Derecho Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”),1 considera fundamental el respeto a la familia dentro de los Estados; lo anterior, en atención a su importancia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Al respecto, basta citar algunos de los artículos que le protegen:

Artículo 16.

[…]

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 23.

[…]

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Queda claro que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere a la familia como “la unidad fundamental y natural de la sociedad”, reconociendo, por consiguiente, que “tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” Prácticamente en los mismos términos en que lo hace el artículo 4 de nuestra Constitución.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que la familia, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión e integración social, solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de la sociedad.

De igual manera, “observa que las familias son sensibles a la tensión ocasionada por los cambios sociales y económicos.” Problemas tales como la violencia de pareja, deserción escolar, abuso sexual y físico contra niños, delincuencia juvenil y el consumo de drogas están íntimamente relacionadas con las diferentes situaciones familiares en las que se encuentra una gran parte del país; afectando de manera directa el bienestar social.

En este orden de ideas, la familia constituye, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, un elemento natural y fundamental de la sociedad que no sólo merece la protección de todo Estado que se denomine democrático, sino que además exige de estos Estados una concepción amplia en cuanto a los derechos que en ella se tutelan, por ejemplo la cobertura económica, política y social, tanto, que la importancia de la familia ha sido tal, que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos Humanos en su 29 periodo de sesiones, adoptó la resolución A/HRC/29/L.252 que tiene por objetivo la protección de la familia y el impulso de ésta como generadora de condiciones de vida dignas para la erradicación de la pobreza.

En esta resolución, adoptada apenas el 1 de julio de 2015, se destaca el papel fundamental de la Familia y su necesidad de protección por los Estados democráticos:

[…]

4. Reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;

[…]

6. Reconoce que la familia, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión e integración social, solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de la sociedad;

7. Observa que las familias son sensibles a la tensión ocasionada por los cambios sociales y económicos, y expresa profunda preocupación por que las condiciones hayan empeorado para muchas familias debido a las crisis económicas y financieras, a la falta de seguridad en el empleo, al empleo temporal y a la falta de ingresos regulares y de empleo remunerado, así como en razón de las medidas adoptadas por los gobiernos que tratan de equilibrar su presupuesto mediante la reducción de los gastos sociales;

8. Reconoce que la unidad familiar está expuesta a una creciente vulnerabilidad;

9. Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños;

[…]

13. Resalta la función que desempeñan los miembros de la familia, fundamentalmente los padres y tutores, en el fortalecimiento de la imagen que las niñas tienen de sí mismas, de su autoestima y de su condición, y en la protección de su salud y su bienestar;

[…]

16. Observa que los hogares monoparentales, los encabezados por niños y los intergeneracionales son especialmente vulnerables a la pobreza y la exclusión social;

[…]

23. Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, protección y asistencia eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como:

a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas políticas y programas en el bienestar de las familias;

[…]

c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía en relación con sus efectos sobre el bienestar y la situación de la familia;

d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de aumentar la capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros de más edad y reforzar el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos;

e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus consecuencias;

f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las familias en la sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas proporcionando viviendas adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles;

g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia a las familias en situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de ingresos de todos los miembros adultos de las familias económicamente desfavorecidas;

[…]

De lo anterior, es claro que la familia debe verse como una prioridad en los estados democráticos actuales y que en consecuencia deben fomentarse el diseño e implementación de un marco jurídico que permita protegerla y al mismo tiempo le asista con políticas públicas transversales que hagan efectivos todos los derechos que se buscan fomentar en ellas.

Por otro lado, las comisiones en los órganos legislativos permiten dar una atención especializada en ciertos temas a cuyo estudio se dedican recursos materiales y humanos; en este sentido, la existencia de una comisión de familia facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la familia y también permite que las iniciativas relacionadas con este tema reciban una atención más puntual por parte de una comisión especializada.

Algunos autores como, Rafael Rojina Villegas han expuesto que el derecho de familia tiene características propias que le dan autonomía frente al derecho civil,  a saber: regular y promover la solidaridad entre los miembros de la familia; la obligación del Estado de proteger a la familia y su organización; la prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y en particular de la Familia como derecho y sujeto de derechos; el deber del Estado de dar autenticidad a los actos de familia y proteger los derechos de sus miembros, particularmente los derechos de niños y niñas, durante su infancia, niñez y adolescencia en el seno familiar.

La gran mayoría de los temas de derecho familiar son facultad de los Congresos y los ordenamientos jurídicos locales, pues corresponde a las Entidades Federativas que conforman la Unión, legislar en esta materia y por lo tanto, es indispensable que los órganos legislativos tanto federales, como locales cuenten con los espacios suficientes y necesarios para atender a la familia de manera especializada, así como para dotar a la legislación con una perspectiva de familia que coadyuve al fortalecimiento de sociedades democráticas en todos los estados de la República.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los Congresos de las Entidades Federativas que aún no cuentan con una Comisión de Familia a conformar dicho órgano legislativo.

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.

1 Para mayor información respecto de este tema puede consultarse: http://www.un.org/es/documents/udhr/,  (31 de agosto de 2015).

2 Para consultar el texto completo de la resolución puede ingresarse a la siguiente dirección: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015).






De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristain Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Corral Jurado, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Mario Delgado Carrillo e Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer del conocimiento público los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos de Infraestructura Educativa. Se turna a la Comisión de Educación.

Raúl Morón Orozco, legislador ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de septiembre del año en curso, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, al presentar su  tercer informe de gobierno, realizó diversos pronunciamientos sobre la orientación que habrá de tener la política educativa nacional en los siguientes años.

El Presidente anunció, entre otras cosas, que: “Las escuelas deben estar en el centro del sistema educativo nacional. Que la educación requiere que los salones de clases se encuentren en condiciones dignas” y que por lo mismo, próximamente se anunciaría un programa de bonos de infraestructura educativa (en la Bolsa, Mexicana de Valores) para ampliar los alcances de la reforma educativa, como “un innovador instrumento de ingeniería financiera para multiplicar los recursos para las entidades que se sumen a este programa”.

A partir de ese momento, se ha generado en muchos sectores de la población  gran  incertidumbre y especulación que nos ha llevado a plantear una serie de preguntas que aún no encuentran respuesta con la poca o nula información con la que se cuenta y la que se ha difundido por los principales responsables de la generación de la misma.

Sobre este asunto el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Educación, en sus declaraciones y entrevistas, solo se han limitado a calificar este programa de infraestructura escolar como el más ambicioso que ha habido en la historia de la educación en México.

Hasta el momento, los únicos argumentos expresados son:“que los bonos educativos son un mecanismo muy novedoso para México en términos de financiamiento, diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); que no representa más deuda para el País; que este programa invertirá 75,000 millones de pesos; que los  recursos que ascenderán a 50 mil millones de pesos se obtendrán  previa firma de convenios en los que  los estados comprometan 15 por ciento de los recursos que reciben vía el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Que se trata de un mecanismo de financiamiento muy seguro, porque el FAM existe por ley (misma que establece que 0.8 por ciento de las aportaciones a los estados deben destinarse a dicho fondo)”, entre otros.

Todos fuimos testigos en este recinto, al escuchar las comparecencias tanto del Secretario de Hacienda, como del Secretario de Educación Pública, hace unos días, de sus evasivas y su falta de claridad sobre los lineamientos generales de este programa, sus alcances, sus ventajas, sus riesgos y su impacto financiero.

En sus respectivas intervenciones, los responsables de la política financiera y educativa del país, a requerimiento expreso de varias senadoras y senadores para que se proporcionara información que permitan analizar la viabilidad de dicho programa, sólo se limitaron a reiterar lo que ya es de conocimiento público, a lo sumo adicionaron, que “se están elaborando las reglas de operación que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación”, situación que resulta preocupante por la falta de responsabilidad y seriedad en la tarea de rendición de cuentas y la falta de planeación adecuada de una política educativa, con profundas sospechas de irregularidad financiera, desorden administrativo y endeudamiento público.

Es evidente, que no hay respuestas frente a hechos tan delicados como éstos, la única valoración social es que la educación no es prioridad para este gobierno, la prioridad es la recuperación del control político por la fuerza, el sometimiento coactivo de los maestros, la educación como negocio en vías de privatización y la implementación de la reforma administrativa de la educación.

El mejor ejemplo de ello, lo pudimos escuchar de propia voz del Presidente Peña Nieto, en el rubro de infraestructura educativa, en el que si bien se anunció un incremento presupuestal importante, su financiamiento ya no será clasificado como un gasto de aportaciones, sino como un gasto en inversión física.

Para hacer frente a esto, el Gobierno Federal ahora anuncia el programa de  Bonos de Infraestructura Educativa, respecto al cual sólo se ha informado que es un vehículo de inversión, que consiste en, " traer recursos del futuro al presente”, lo que implica que cualquier inversionista privado podrá acudir a la Bolsa de Valores para comprar estos bonos educativos y al cabo de unos años obtendrá la devolución de su inversión con una ganancia.

¿No es esto, hacer negocios privados con recursos públicos? o ¿forma parte de la nueva tendencia económica neoliberal de realizar desde el gobierno los famosos proyectos público-privados, que no es otra cosa, sino una forma de semiprivatización simulada?.

Por eso es que, sobre esta medida de emisión de bonos educativos en la bolsa de valores nos sumamos a la crítica y rechazo de los especialistas y organizaciones sociales, en sus manifestaciones sobre el tema, por una parte, porque es una manera de no cumplir plenamente por parte del Estado, con su obligación de atender la infraestructura educativa establecida en el artículo 3° constitucional y por otra, por apostarle a obtener recursos presupuestales a partir del comportamiento financiero en el mercado de valores, con los consecuentes riesgos que esto conlleva.

Además, debemos advertir que este tipo de especulación financiera implica un alto riesgo para el propio desarrollo social, educativo y financiero del país, desde el momento en el que no se conocen con plena seguridad las condiciones en que se emitirán estos bonos, los plazos y tasas de interés, ni tampoco la propuesta de la operación y administración de dicho fondo, los mecanismos de  gestión de la cartera por parte de los administradores, ni los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de sus beneficiarios, entre otros aspectos.

Es precisamente esta opacidad institucional lo que hoy nos lleva a pronunciarnos en contra de la medida de restar hasta el 15% del FAM, por los próximos 20 años, para conformar este fondo para los Bonos de Infraestructura Educativa, pues las necesidades de infraestructura son actuales e inminentes y deben atenderse de inmediato con recursos públicos y fines eminentemente sociales, ya que las condiciones dignas de los espacios educativos, son determinantes para la calidad de la educación.

Además de lo anterior, porque pese a las declaraciones que el gobierno federal ha realizado, de que esta medida no incrementarán la deuda, ya que se trata de certificados bursátiles fiduciarios que tendrán como fuente de pago financiero un recurso federal “Fondo de Aportaciones Múltiples”, etiquetado para infraestructura educativa que forma parte del presupuesto, habría que advertir, no obstante, que los recursos para la constitución del fondo dependen de la recaudación federal participable futura que se obtenga en un ejercicio fiscal, y que pudieran canalizarse y gastarse hasta el momento en que se obtuvieran, esto no es otra cosa que amparar la colocación de deuda, para garantizar los compromisos adquiridos con los inversionistas mediante la emisión de bonos, y llegará el momento en que pedirán su liquidación y esos serán cubiertos con futuros recursos financieros, ¿cómo  llama a eso señor Presidente y compañeros legisladores?

Queremos dejar claro sin embargo, que no estamos en contra de contar con infraestructura educativa suficiente y adecuada, estamos convencidos de que ésta determina en cierta medida la calidad en el aprendizaje, las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo después de su hogar.

En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala la relación que existe entre la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Por ello, una parte importante a considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan los centros educativos.

Lo que se cuestiona es la forma como se ha atendido esta problemática a la fecha y los limitados resultados obtenidos, a  pesar de la inversión presupuestal que se ha destinado a este rubro, así como la forma en la que el gobierno federal pretende atenderlo a partir del 2016 y hasta el 2018.

Al gobierno federal se le olvida que tiene la obligación de informar al pueblo de México y a esta soberanía sobre las políticas y acciones educativas  que  pretende implementar para que se lleve a cabo un escrutinio sobre su  viabilidad e impacto social. Lamentablemente la manera como ha procesado el tema de los bonos de infraestructura educativa nuevamente nos coloca en un caso más de autoritarismo, en el que de manera unilateral se  toman decisiones para  “resolver un problema actual”, experimentando un nuevo modelo de financiamiento que nos lleva a hipotecar la infraestructura educativa, que es el único patrimonio cultural de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, tal como lo señala la investigadora del  DIE-CINVESTAV, Alma Maldonado.

Para entender con mayor claridad, el alcance y efectos de esta hipoteca educativa o deuda pública generada a partir de la emisión de bonos de infraestructura, habría que especificar lo que según el Banco de México, representan las acciones emitidas por la Bolsa Mexicana de Valores.

Estos son instrumentos utilizados cuando las empresas requieren de capital  y sus dos posibilidades son usar “préstamos en forma de créditos o títulos de deuda” o emitir “capital nuevo”. Las escasas declaraciones de funcionarios respecto a estos certificados niegan rotundamente que se trate de instrumentos de deuda, pero se puede suponer que tampoco se trata de la emisión de capital nuevo. El secretario Aurelio Nuño señaló que: “lo que se hace es traer recursos del futuro al presente. Entonces, en lugar de tardarnos 20 años en gastarlos, lo hacemos en tres años,…” Si esta idea no remite a una especie de hipoteca, donde se adelanta un capital que luego se irá pagando, no denominarlo deuda se antoja imposible por más que el dinero provenga de un fondo “seguro”, ¿Cómo llamar a éste acto entonces, cuyo fin es contar con los recursos que permita gastarlos de manera adelantada? 

No estamos ante un tema menor, ni por su trascendencia social, ni por las incidencias, corruptelas e impunidad que el tema de infraestructura educativa ha presentado y que se ha señalado reiteradamente tanto por organizaciones sociales que evalúan la eficiencia de los programas como por la Auditoria Superior de la Federación, por eso insistimos en que no basta con diseñar un mecanismo para contar con recursos para la inversión, se trata también de definir los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del programa;  lo que obliga al planteamiento de las siguientes reflexiones e interrogantes:

¿Los  posibles inversionistas contarán con la garantía de pago de estos certificados proveniente del Ramo 33?

El Cebure es un certificado mediante el cual un inversionista adquiere derechos alícuotas (cantidades proporcionales), dependiendo de su participación, sobre el total de cierto activo que está cedido a un fideicomiso emisor. Sin embargo hasta ahora se ignora: ¿Qué tasas de interés pagarán? ¿Qué activos quedarán afectos al fideicomiso? ¿Si se tendrá algún régimen fiscal preferente en la compra de estos certificados? ¿Qué derechos se adquirirían? ¿Cómo va a ser el repago de estos certificados?, entre otras interrogantes.

Para los usuarios de los servicios ¿Cuáles son los riesgos de invertir por adelantado el dinero que de cualquier forma sería destinado para infraestructura educativa? o, en otras palabras, ¿Se pueden tomar malas decisiones en materia de inversión en infraestructura y uno como usuario de los servicios qué garantías tendrá sobre su correcto aprovechamiento y sobre la rendición de cuentas? ¿En una hipoteca la garantía del prestador es la propiedad adquirida, aquí serán los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33? ¿Bajo qué circunstancias?

Para la política educativa, con el uso del Ramo 33-FAM, cuya finalidad fue descentralizar el presupuesto ¿se volverán a centralizar decisiones? Tal y como se puede inferir de las declaraciones del subsecretario Javier Treviño: “se firmarían convenios entre el gobierno federal y de los estados para definir claramente cuáles son los planteles que se van a beneficiar y esto va a implicar una gran transparencia en el uso de los recursos”.

Por otro lado, en cuanto al destino de los recursos o los beneficios del programa, lo que único que hasta hoy sabemos, es la declaración del subsecretario de Hacienda, quien recientemente puntualizó que será a través del Censo Educativo (CEMABE) como se identificarán los 32 mil planteles donde “se requieren las obras”, entonces, la gran pregunta es ¿qué va a pasar con los estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán en los que no se censaron entre un 41% y un 27% de sus escuelas? ¿Cuál es el proceso de selección de las escuelas beneficiadas y cuándo se publicará la base de datos? ¿Cómo va a ser el proceso de distribución de recurso por estado, considerando que las necesidades entre entidades federativas varían considerablemente?

Todos los fondos del Ramo 33 cuentan con fórmulas que buscan evitar la discrecionalidad en la asignación, pero en el caso del mantenimiento y construcción de planteles la fórmula dependía hasta hace poco de la densidad poblacional lo cual no necesariamente significa un criterio con fines compensatorios. ¿Qué garantizará que el manejo de los certificados no reproduzca estos problemas y se destinen a los municipios que más lo requieran? ¿Estamos frente a la mejor modalidad posible en materia de financiamiento inmediato y masivo de infraestructura educativa?

Sin duda hay la necesidad de buscar mecanismos financieros que aseguren la viabilidad de proyectos para mejorar la infraestructura educativa en todas las escuelas del país, pero si de algo estamos seguros, es que al menos hasta ahora con la poca información proporcionada al respecto, esta no es la vía, ni la mejor medida de política pública para resolver las necesidades educativas del país.

Por el contrario, siguen quedando en el aire, importantes interrogantes que sólo pueden ser respondidas por los responsables de la política financiera y educativa del país al hacer uso de este  mecanismo, ¿cuál será, por ejemplo, el costo de la obtención de recursos inmediatos? ¿Qué implicaciones tendrá el uso de estos certificados en materia de la rectoría del Estado en la educación pública? ¿Dejaremos en manos de la Bolsa Mexicana de Valores, una entidad privada, el manejo de algo tan delicado como el dinero público que se destinará a infraestructura educativa en las próximas décadas? ¿Hipotecar de esta manera el financiamiento de la infraestructura educativa a cambio de liquidez es la mejor vía?

Senadoras y Senadores:
Este tema no es solo de diseño financiero, es un tema de inclusión y equidad educativa en uno de los componentes del sistema educativo,  es un tema de anticorrupción que tanto ha lacerado a nuestro país y en el que se ha visto involucrado el tema de infraestructura; es un tema de transparencia y rendición de cuentas, para permitir el acceso a la información a la sociedad y órganos de auditoría, a fin de velar por la aplicación eficaz de los recursos y el buen desempeño del programa.

Por ello es que consideramos tan importante y urgente exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de los responsables de la política financiera y educativa del país, nos facilite la información solicitada, aclare las dudas que hoy son cada vez más profundas en diversos sectores de la sociedad y encuentren soluciones viables política y financieramente hablando de un problema tan complejo como la falta de infraestructura educativa, pero siempre en beneficio del interés público, sin recurrir a la lógica e intereses del mercado y la especulación financiera.

La educación requiere ser atendida de forma integral como un problema público de naturaleza social, nunca más como una oportunidad de negocio de quienes hoy siguen siendo acérrimos defensores del modelo económico neoliberal.

En razón de lo expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de las y los senadores de esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que por conducto de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, se haga del conocimiento público, con carácter urgente, la siguiente información:

A) Los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del programa de bonos de infraestructura educativa.

B) Las condiciones específicas o particulares en que se emitirán los bonos de infraestructura educativa, los plazos y tasas de interés, la propuesta de la operación y administración de dicho fondo y el uso o destino de los recursos públicos, los mecanismos de  gestión de la cartera por parte de los administradores, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, los datos de sus beneficiarios, entre otros aspectos.

C) La relación de centros educativos que formarán parte del padrón de beneficiarios del programa, especificando en cada caso su ubicación y criterios de asignación, así como las obras o proyectos de infraestructura educativa que en cada escuela habrán de realizarse y su correlación con indicadores de rendimiento escolar.

Segundo. Para que en el ejercicio del presupuesto de egresos del rubro educativo correspondiente al año 2016, se fortalezca el gasto público de inversión y financiamiento destinado al desarrollo de programas de infraestructura escolar de origen estrictamente públicos, que contribuyan a superar las difíciles condiciones de marginación en la que operan los más de 230 mil centros educativos públicos del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.

Sen. Raúl Morón Orozco.

PUNTO DE ACUERDO AL QUE SE SUSCRIBEN LOS SENADORES

Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen.-Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz tomar medidas puntuales para abatir la impunidad, proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión, el derecho a comunicar y el derecho a la información en dicho estado. Se turna a la Comisión de Justicia.








Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a discutir, analizar, sancionar y aprobar, con carácter de urgente, las reformas legales propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de desaparición de personas en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A DISCUTIR, ANALIZAR, SANCIONAR Y APROBAR CON CARÁCTER DE URGENTE, LAS REFORMAS LEGALES PROPUESTAS POR EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se conformó el 18 de noviembre de 2014, con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el pasado 26 de septiembre de 2014. Dicho grupo de expertos fue el resultado del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas y el Estado mexicano, para realizar investigaciones y acciones que permitan sancionar a quienes resulten responsables de estos hechos.

En abril de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes envió una carta al Senado de la República solicitando se tramitara y aprobara en el periodo extraordinario de sesiones la reforma constitucional para “que se reconozca de manera expresa la desaparición forzada y para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia”.

En la carta, los miembros del GIEI mencionan: “Hemos recibido información de que debido a la duración de los periodos legislativos, si esa reforma constitucional no se aprueba en abril de 2015, deberá ser un nuevo Congreso el que en el futuro articule esta medida. Si en el actual periodo legislativo se aprueba dicha reforma, se estaría contribuyendo de manera decidida para que en el transcurso de este año, durante el siguiente periodo de sesiones, se apruebe la referida ley sobre desaparición”.

La misiva fue entregada a los senadores y senadoras integrantes de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

Al final de la carta se menciona que “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición”.

De la misma manera, en agosto se presentó ante el Senado de la República un documento firmado por diferentes organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México, en el que proponen diferentes argumentos que no deben faltar en la elaboración de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares.

El 6 de septiembre de 2015, el GIEI presentó su informe de trabajo en el que da a conocer su experiencia y el impacto de la desaparición forzada, así como la influencia que puede tener para poder desarrollar políticas públicas y leyes que contribuyan tanto en la investigación, como en la búsqueda o la atención a las víctimas.

El informe incluye un capítulo de valoración de los hechos y posibles causas de los mismos. Asimismo, termina con un capítulo de recomendaciones para el caso Ayotzinapa y de recomendaciones generales para la problemática de la desaparición de personas en México.

Debemos considerar y aprovechar el informe del GIEI como una contribución en la lucha contra la impunidad y utilizarlo como una herramienta que permita retomar el rumbo de la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares y otras víctimas. Asimismo, nos debe servir de aprendizaje no solamente sobre el caso Ayotzinapa, sino para enfrentar la problemática de la desaparición de personas en México.

Las recomendaciones que se plantean en el informe y que debemos discutir, analizar, sancionar y aprobar de manera urgente en materia de desaparición forzada, son las siguientes:

“Aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores en la materia. El objeto de la ley debe incorporar la prevención, búsqueda, investigación, reparación, atención a víctimas, derecho a la verdad y acceso a la información y las garantías de no repetición. Su carácter deberá ser auto aplicativo en todo el país, sin depender de reglamentaciones o reformas estatales posteriores para su aplicación”.

“Subrayar que el tipo penal sobre desaparición forzada de personas debe contener los cuatro elementos centrales de su definición: privación de la libertad, negativa a informar la suerte u ocultar el paradero de la persona, sustraerla del amparo de la ley y que sea perpetrada por un agente del Estado o por un particular que cuente con su apoyo o aquiescencia. Además, se debe tipificar el delito de desaparición para los particulares que habiendo privado de la libertad a una persona, se nieguen a informar sobre su suerte o paradero y la sustraigan del amparo de la ley”.

“Establecer de manera expresa que los superiores jerárquicos de agentes del Estado comprometidos en casos de desaparición forzada deben responder penalmente por su responsabilidad si no contribuyen de forma efectiva a su esclarecimiento”.

“Prever que cuando las autoridades de los estados de la República no hayan tenido la capacidad o la voluntad de llevar a juicio a las personas responsables de haber cometido delitos constitutivos de desaparición forzada (u otras violaciones graves de derechos humanos), las autoridades federales deberán estar facultadas para conocer de aquellos. Además, las autoridades federales deberán de ser competentes en delitos que constituyen violaciones graves a derechos humanos, cuando:

1) el hecho constitutivo de delito trascienda una o más entidades federativas;

2) existan indicios de que en el hecho delictivo haya participado algún servidor público, estatal o municipal;

3) cuando se pueda ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado;

4) por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado si hubiera determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación;

5) cuando la autoridad local se exceda del plazo razonable para la investigación del delito”.

“Aprobar la legislación necesaria para que en un caso de investigación de un delito de desaparición forzada los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, a las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, deban proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas, la información relativa al número telefónico de la víctima, incluyendo la información necesaria para la geo localización”.

“Reformar la legislación militar en cuanto que si un militar desaparece de manera forzada a otro militar dicha situación debe ser investigada por el fuero común o federal y en ningún caso por el fuero militar”.

“Prever disposiciones en la legislación penal federal que sancionen las conductas de apropiación de niños de madres desaparecidas de manera forzada”.

“Consagrar la figura de beneficios penales por colaboración eficaz con la administración de justicia, en particular en casos de graves violaciones de derechos humanos”.

“Establecer de manera expresa en la legislación mexicana tanto a nivel federal como estatal que en ningún caso la confesión del inculpado puede ser plena prueba. La confesión siempre debe ser confrontada con otros medios de prueba”.

“Derogar la disposición constitucional que consagra el arraigo”.

“Derogar en el código penal las figuras de cuasi flagrancia y flagrancia equiparada”.

“Consagrar a nivel constitucional el derecho a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a saber, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Modificar los requisitos y las autoridades encargadas de reconocer la calidad de víctimas conforme a la Ley General de Víctimas. En casos de violaciones de derechos humanos una sentencia ejecutoriada no es la prueba idónea para probar la calidad de víctima”.

Las reformas de ley que se aprueben en materia de desaparición forzada deben garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda.

Esta nueva figura jurídica debe asegurar una aplicación general y del más alto estándar disponible, a partir de la presunción de vida de la persona desaparecida. El procedimiento debe ser inmediato, gratuito, único y sencillo. Asimismo debe garantizar la protección, no sólo del patrimonio de la persona desaparecida, sino también el de sus familiares.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión a discutir, analizar, sancionar y aprobar con carácter de urgente, las reformas legales propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como sumar las recomendaciones emitidas por diversas organizaciones de la sociedad civil, en materia de desaparición y desaparición forzada de personas en México.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de octubre de  2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con el fin de mejorar los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, SE DESTINEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE ALTA ESPECIALIDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con una superficie de 151 kilómetros cuadrados; de conformidad con el censo de población de 2010, el Estado tiene 2.7 millones de habitantes. De los municipios con mayor población se encuentran  Saltillo con más de 709 mil, Torreón con 608 mil, Monclova con 215 mil, Piedras Negras 150 mil y Acuña con 134 mil habitantes.

En materia de prestación de servicios médicos, Coahuila adolece de la prestación de un servicio adecuado para el desarrollo de las familias y para sus miembros, haciendo nugatorio uno de los principales derechos con los que cuenta el hombre; esto es, el derecho a la protección de la salud.

La atención médica que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social es de suma importancia para el Estado de Coahuila; sin embargo, sé que los recursos para hacer frente a estos retos son insuficientes, por lo que resulta indispensable fortalecer el acceso a la prestación de los servicios médicos para que el usuario desde su traslado pueda recibir una atención que permita disminuir el riesgo cuando se encuentre en estado crítico.

Para que el IMSS cumpla con su objetivo, es indispensable fortalecerlo con recursos económicos para que  la prestación del servicio médico sea integro. Pese a ello, en Coahuila las distancias entre las unidades de medicina familiar (UMF) y de los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) son muy distantes, esto representa un gasto y un riesgo adicional para los derechohabientes por los costos extraordinarios de traslado y la tardanza en la atención.

De manera particular y como ejemplo, puedo afirmar que el Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número 7 -ubicado en el municipio de Monclova- el servicio de hemodiálisis es insuficiente, debido a que hay pocos equipos y operan a su máxima capacidad, rebasando la demanda que es de 80 a 100 personas mensuales. Aunado a estas deficiencias, se tiene otros problemas como la falta de personal médico especializado para dar cobertura en cada una de las áreas. En el mismo caso se encuentra el Hospital General de Zona Número 11 ubicado en el Municipio de Piedras Negras, ya que brinda cobertura para el servicio de hemodiálisis a diez municipios. En ambas instalaciones médicas el tratamiento de hemodiálisis comprende cuatro horas por sesión. Debido a la demanda, fue necesario reducir el tiempo del tratamiento a tres  horas, trayendo como consecuencia un aumento en el riesgo de mortandad. Igual sucede con el equipamiento para el traslado de personas en estado crítico, ya que no se cuentan con suficientes ambulancias de alta tecnología que permitan una atención rápida de calidad. 

Por lo anterior, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora, para que sea considerada durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, recursos suficientes para las instalaciones Médicas No. 7 y 11 a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se considere la construcción de un área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova. Adicionalmente es importante la adquisición de ambulancias equipadas para los Hospitales Generales de Zona con Medicina familiar No. 2 Saltillo, No. 7 Monclova, No. 11 Piedras Negras, No. 16 y 18 Torreón, No. 24 Nueva Rosita, ubicadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Reconozco el esfuerzo y desempeño de las instituciones federales y de las locales, sin embargo, hacen falta muchos recursos para brindar una atención médica de calidad, ya que hay poblaciones en nuestro país que sufren un calvario para atender a un miembro de la familia, derivado entre otras cuestiones a que Coahuila es uno de los Estados con mayor superficie territorial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar No. 2 de Saltillo, No. 7 de Monclova, No. 11 de Piedras Negras, No. 16,No. 18 de Torreón, No. 24 de Nueva Rosita, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de que cuenten con ambulancias de alta especialidad para el proceso de atención del paciente en estado crítico.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el equipamiento del área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






EFEMÉRIDES

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de las Ciudades”.



(Intervención de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo)








Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, sobre la obra del grabador, caricaturista e ilustrador José Guadalupe Posada, en el marco de la celebración del “Día de Muertos”.

Del Senador Miguel Romo Medina, para referirse a la obra del grabador, caricaturista e ilustrador, José Guadalupe Posada en el marco de la celebración del día de muertos.

“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”.

-José Guadalupe Posada-

Estamos a pocos días de celebrar una de las manifestaciones más populares, emblemáticas y representativas de nuestro país, el “Día de muertos” espacio en el que a través de diversas acciones, entre las que destacan visitas a los panteones, altares con ofrendas y calaveras literarias, recordamos y honramos la memoria de nuestros seres queridos. 

En dichos festejos, que dicho sea de paso, han sido declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la anfitriona por excelencia es La Catrina, imagen que nos distingue a nivel mundial y que fue creada por el talentoso grabador, caricaturista e ilustrador nacido en Aguascalientes, José Guadalupe Posada. 

En estas fechas, uno de los festejos más importantes que hay en México es el Festival de las Calaveras, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Aguascalientes, mismo que este año tendrá su edición XXI y se desarrollará del 30 de octubre al 08 de noviembre del año en curso.

Sobre el particular, he de reconocer que su valor radica en la grandeza y nobleza de su objetivo: preservar y destacar las tradiciones de culto a los muertos, así como brindar un merecido homenaje a José Guadalupe Posada, hidrocálido de extraordinarias virtudes.

En mi carácter de Senador de la República, pero sobre todo, como orgulloso originario de Aguascalientes, es motivo de satisfacción hablar de uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional, Don José Guadalupe Posada, mexicano  reconocido por su inigualable talento, creatividad e ingenio. 

Efemérides

Hablar de José Guadalupe Posada, es referirnos a parte esencial de nuestra cultura, basta mencionar su obra más emblemática: La Catrina -personaje que constituye una paradoja, en la que converge armónicamente la imagen lúgubre de la muerte con el ingenio para caricaturizarla, binomio indisoluble que nos distingue en el mundo-.  

Para conocer un poco más acerca del contexto en el que creció este gran artista, es oportuno referir que nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos, sus padres fueron Don Germán Posada Serna y Doña Petra Aguilar Portillo, y fue el cuarto de seis hermanos: José María de la Concepción, José Cirilo, José Bárbaro, José Guadalupe, Ciriaco y María Porfiria.

Aquellos que tuvieron el privilegio de convivir con  él, coinciden en que desde sus primeros años quedó de manifiesto su pasión por el arte, de ahí que después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo, el ilustre artista hidrocálido ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes para perfeccionar su talento nato.

Posteriormente, con 16 años de edad desarrolló sus primeros grabados bajo las enseñanzas e instrucciones del maestro Trinidad Pedroso, personaje con el que perfeccionó los principios, métodos y secretos del arte litográfico.

Gracias a su talento, rápidamente se hizo merecedor de una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León (ciudad del estado de Guanajuato a la que se había trasladado, en compañía de su maestro en 1871). Asimismo, fue profesor durante cinco años, labor que compaginó con la actividad didáctica que le gustaba en realidad: la litografía comercial -textos de anuncios y carteles- y la estampación de imágenes religiosas.

Sin embargo, por catástrofes naturales (graves inundaciones), tuvo que salir de León en 1888 para trasladarse a Ciudad de México, donde recibió múltiples ofertas, entre ellas la de la empresa editorial de Irineo Paz, donde elaboró cientos de grabados para numerosos periódicos: La Patria Ilustrada, Revista de México, El Ahuizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El hijo del Ahuizote, etcétera.

En todo momento demostró un talento natural e inherente a su persona, situación que lo posiciona como un verdadero referente en la elaboración y creación de caricaturas en las que plasmó situaciones complejas de una forma muy peculiar, talento que le permitió incursionar con éxito en el mundo del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante.

Por la calidad inherente a sus trabajos, éstos ilustraron publicaciones de carácter nacionalista y popular del impresor Antonio Venegas Arroyo, entre las que se encuentran las siguientes: historietas, liturgias de festividades, plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando La Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información resumida de carácter diverso sobre “acontecimientos de sensación”.

Posada fue un hombre extraordinariamente talentoso y disciplinado, así lo demuestran sus grandes creaciones, entre las que destacan: las “calaveras” o imágenes de ultratumba; los “desastres” -que comprende catástrofes naturales-; accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios; y los “ejemplos” o lecciones morales -extraídos de la perversidad y bestialidad humanas-. Lo anterior deja de manifiesto el espíritu de su magna obra “La Catrina”, la cual caricaturiza y se burla de la muerte.

En relación a esta última, cabe mencionar que el nombre original de este grabado fue el de “Calavera Garbancera”, expresión que se utilizaba para referirse a las personas que vendían Garbanza y que a pesar de tener sangre indígena pretendían ser europeas, renegando de su propia raza, herencia y cultura.

Para dimensionar la importancia que Posada tiene en la cultura mexicana, tan sólo debemos observar la majestuosidad con la que su obra enaltece una de nuestras más grandes tradiciones, las festividades de “Día de muertos”.

Quienes hemos tenido la fortuna de deleitarnos con su legado, estamos convencidos de que es justo que sea considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por algunos de quienes lo protagonizaron: José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez.

Bajo esta tesitura, hago el llamado a mantener vivas nuestras tradiciones y enaltecer la identidad que tenemos como mexicanos, aspecto fundamental para que sea posible transitar hacia un mejor porvenir. 

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes consultadas:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/posada.htm
http://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=28
http://www.aceroarte.com/coleccion/Jose_Guadalupe_Posada_Emiliano_Zapata_jeringa.htm
Consultadas el 27 de Octubre de 2010






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo miércoles 4 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 04:57 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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