Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 18 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 19



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Octubre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se abre la sesión del jueves 22 de octubre, correspondiente el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cuatro minutos del día martes veinte de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del quince de octubre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los siguientes documentos: 1) Su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y

2) Su programa de trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, oficio por el que designa a la Senadora Adriana Dávila Fernández como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015.- Se sometió a consideración de la Asamblea, sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2014 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.- Se remitió copia a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, oficio con el que remite las fichas de monitoreo correspondientes a programas a cargo de Liconsa, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.- Se remitió copia a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2015 sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

 

Se recibió de AGROASEMEX, S.A., oficio por el que informa de los resultados de la Ficha de Evaluación y Monitoreo 2014-2015 y los de la Evaluación Específica del Desempeño 2014-2015 de diversos programas.- Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Social.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de Decreto:

1) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

2) Por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4) Por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016.

Los proyectos de Decreto se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposición)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública y a los Directores de la Comisión Reguladora de Energía y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en relación con las obras del proyecto de gasoducto Morelos, en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento de los grupos parlamentarios sobre el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.- Los posicionamientos de los grupos parlamentarios y las proposiciones con punto de Acuerdo, relacionados con el tema se remitieron a las comisiones correspondientes, y se insertaron en el Diario de los Debates.

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas y de los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa, con Aval de Grupo, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de mama.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del modelo para determinar y actualizar el salario mínimo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Pilar Ortega Martínez, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Ernesto Cordero Arroyo y Manuel Bartlett Díaz, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información de los avances sobre las líneas de acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo de calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros tanto en México, como en el exterior.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en acciones y programas tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental en el sector turístico e impulsar la promoción de los distintivos que promuevan el turismo sustentable, tales como el “Green Key”.

3) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a seguir trabajando para fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios y tarifas de los servicios turísticos que beneficien a nuestros visitantes; asimismo, solicita un informe de los resultados de las acciones emprendidas en el marco del marco de los Operativos Semana Santa y verano 2015.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Reforma        Agraria, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra.- En la discusión intervinieron los Senadores: Hilaria     Domínguez Arvizu del PRI; Adolfo Romero Lainas del PRD, y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de Acuerdo:

1) En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; asimismo, se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en materia de incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito   Federal.

2) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal.

3) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental.

4) Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción.

5) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital del país.

6) Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las acciones derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta Pública 2013.

7) Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el Parque Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su demarcación.

El Senador Mario Delgado Carrillo presentó los dictámenes, los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C.- Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen, y Mely Romero Celis del PRI.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas de información sobre la importancia del consumo de alimentos inocuos entre la población.- Intervinieron los Senadores: Hilda Flores Escalera, para presentar el dictamen, y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.

3) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 2015 y el previsto para 2016 en el sector salud.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen.

4) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en las acciones que comprenden el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción específica que incluya alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del sistema nacional de salud pública.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó el dictamen.

5) En torno a negligencias médicas en instituciones de salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó el dictamen.

6) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a decretar un plan de emergencia para controlar y evitar la expansión de la chikungunya en el país; y agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya.- Intervino la Senadora Itzel Ríos de la Mora, para presentar el dictamen.

7) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas mediante las cuales se promueva el consumo de alimentos producidos a nivel nacional, primordialmente de aquéllos que son benéficos para la salud de la población mexicana.- La Senadora Lisbeth Hernández Lecona entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

8) Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud auditiva en recién nacidos, y para identificar y prevenir la disminución, pérdida o discapacidad auditiva, principalmente en menores de entre 3 y 12 años de edad.- Intervino la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar el dictamen.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.- Para presentar el dictamen, intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. En la discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. La Presidencia informó que la Senadora Martha Palafox Gutiérrez entregó el texto de su intervención, el cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento del Senado Mexicano a favor del levantamiento del embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba.- Se sometió a consideración de la Asamblea, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva de este día se autorizó rectificar el turno, al proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado el 30 de junio pasado, para quedar en las Comisiones     Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido     Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley  Federal  del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de protección a la lactancia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 146, 148 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción ii Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II bis del artículo 420 del Código Penal Federal y se reforma el numeral 36 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para que las dependencias federales, estatales y el Distrito Federal consideren implementar una unidad de género en sus dependencias.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Manuel Bartlett Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Dolores Padierna Luna, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe en el que se expliquen los criterios empleados que permitieron otorgar el contrato para construir el sistema de drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a las dos filiales del consorcio Grupo Hycsa.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Jorge Luis Preciado Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se condena el atentado contra el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña y se exige una investigación de los hechos seria, imparcial y concluyente.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones pertinentes para que se reubiquen las vías férreas del tramo Guadalupe-Zacatecas y se esclarezcan y sancionen los descarrilamientos suscitados en el estado de Zacatecas por la empresa ferRomex.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar las investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias químicas nocivas o que alteran la salud humana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión de la COP21 a realizarse a finales de 2015, en París, Francia, para reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio climático.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple y apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, solicitando que su presupuesto sea igual al asignado en el PEF para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno de Oaxaca a atender los estragos provocados a los cultivos de sorgo de la región del Istmo de Tehuantepec, por la presencia de la plaga denominada “pulgón amarillo” causada por la sequía.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se recomienda al ejecutivo del estado de Veracruz solicite al Gobierno Federal la intervención de la séptima división de la policía federal, conocida como Gendarmería Nacional, a fin de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar los ciclos productivos, brindando seguridad ciudadana y protección al desarrollo económico de las distintas regiones de la entidad veracruzana.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar una disminución en el costo del transporte público en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer las acciones de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, ampliar los apoyos a emprendedores e impulsar su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional, regional e internacional.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y  provinciales de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de ambos países.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México-Quebec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de cuotas ante los colegios de profesiones de Quebec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse.- Se turnó a la   Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, José María Martínez, Martha Palafox Gutiérerz, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Adolfo Romero Lainas, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar programas educativos, en los niveles primaria y secundaria, que fomenten la cultura de integridad en las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Excitativa)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de Acuerdo por el que se solicita un informe     sobre el hecho de que agentes de la Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los     Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento, presentado el 28 de abril de 2015.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 204 aniversario de los Mártires de Toluca.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride  sobre el aniversario del derecho al voto de las mujeres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso de Don Plutarco Elías Calles.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, remitió efeméride sobre el aniversario del derecho al voto femenino en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el próximo jueves veintidós de octubre a las once horas, y a Sesión Solemne, para recibir la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se aprueba el acta.

Pasamos al siguiente asunto.














COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que informa que en el mes de octubre el doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández y el señor Marcos Fastlicht Sackler culminan su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de dicha comisión.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.






En el turno de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Óscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

El día de hoy pongo a su consideración un tema que en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema social, pero sobre todo, se ha convertido en una práctica recurrente en las instituciones académicas, por lo cual, eso no puede seguir así, y me refiero al plagio académico. Puede inferirse como la apropiación indebida de una creación, trabajo o estudio de un tercero y presentarlo como propio dentro de una institución académica, y esto con el objetivo de cumplir con un programa de estudios determinado o bien acreditar las asignaturas impartidas.

Esta apropiación indebida muestra una irresponsabilidad y la falta de ética, pero cuando dicha apropiación se utiliza para sustentar exámenes de grado o requisitos para obtener títulos y acreditaciones de estudios de nivel superior, ya deja de ser una simple falta de compromiso académico.

El plagio trasciende a la colectividad, puesto que quien lo comete (el plagio), puede obtener una certificación que lo acredita como profesional de la materia certificada, vulnera los propios principios jurídicos de la formación educativa, lesiona la confianza en las instituciones de educación superior y genera incertidumbre respecto a la validez del grado académico que se ostenta.

Diversos estudios internacionales demuestran que el plagio académico es más usual de lo que se pensaba, recordemos los casos recientes de académicos e investigadores que plagiaron sus tesis doctorales y artículos científicos en nuestro país.

Al respecto, el CONACyT se pronunció en contra de esas prácticas y El Colegio de México retiró el grado de Doctor a un egresado de sus centros de investigación.

Nuestra máxima casa de estudios realizó una investigación dentro de la comunidad universitaria para medir la percepción del plagio, y los resultados son muy alarmantes.

El plagio entre colegas académicos es más usual de lo que se piensa, los entrevistados señalaron que el 52 por ciento comete plagio en sus tesis o tesinas de maestría y doctorado, el 49 por ciento en publicaciones de divulgación, el 47 por ciento en publicaciones especializadas y 30 por ciento en textos o documentos institucionales.

Sobre casos comprobados de plagio, el 62 por ciento señaló tener conocimiento de plagios en trabajos académicos o publicaciones, el 50 por ciento reconoció plagio en los trabajos y tareas de sus estudiantes, el 77 por ciento de estudiantes refirió que sus profesores les han dado algo o poca información sobre el plagio.

La frecuencia de prácticas académicas negativas arrojó que 4 de cada 10 estudiantes inventan citas bibliográficas; 5 de cada 10 utilizan trabajos de otros alumnos con pequeños cambios; 5 de cada 10 utilizan datos gráficos y encuestas presentándolas como propias; 5 de cada 10 copian párrafos completos de otro autor sin citar; 6 de cada 10 presentan información de Internet como propia, y 6 de cada 10 copian el resumen completo de un libro y lo presentan como suyo.

De esta manera y debido a los casos recurrentes que se han presentado de plagio académico, y ante las evidencias del plagio como una práctica generalizada en las instituciones educativas, esta iniciativa pretende establecer la protección de las obras académicas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Asimismo, se propone tipificar el plagio académico como un delito en el Código Penal Federal para sancionar a quien o quienes presenten trabajos y obras ajenas sin dar el reconocimiento a sus autores originales y las presenten como propias con el objeto de obtener un reconocimiento, mérito, estímulo, grado o certificación académica.

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 13 reconoce la protección a las obras relacionadas con las ramas literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, historieta, arquitectónica, cinematográfica, fotográfica, obras de arte textiles, compilaciones, enciclopedias y otras. Pero la rama académica como generadora de obras susceptibles de protección de los derechos de autor no se encuentra explicitada en la ley.

Por ello se propone adicionar la fracción II, para insertar las obras académicas como una rama más del ámbito de protección de los derechos de autor.

Se adiciona el tercer párrafo para precisar el término obra académica, bajo el cual quedan comprendidas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, o cualquier otro trabajo o creación.

Se reforma el artículo 147 para que el Estado, por causas de utilidad pública, pueda publicar o traducir obras académicas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales.

De la misma ley, se reforma el párrafo segundo del artículo 162, para que las obras académicas al igual que las literarias y artísticas queden protegidas aun cuando no sean inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 215 para facultar a los tribunales federales conocer del delito de plagio académico que estará previsto, de acuerdo con esta iniciativa, en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal.

De esta manera, se propone reformar el Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal, para cambiar de denominación; de los Delitos en Materia de Derechos de Autor o de los Delitos en Materia de Derechos de Autor y Plagio Académico.

Se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los artículos 428 y 429 que pasan a ser 431 y 432, respectivamente.

Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estímulo, certificado, mérito o grado académico en instituciones de educación superior y centros de investigación.

Se impondrá prisión de 1 a 3 años y de 200 a 500 días de multa a quien copie de manera deliberada obras y textos completos, o en parte los presente como propios.

Se impondrá prisión de 1 a 2 años y de 200 a 400 días de multa a quien utilice fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una compilación heterogénea de obras, textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia original de la obra o el autor de la misma.

Finalmente, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes.

Por su apoyo a la presente iniciativa y su atención, muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II y el párrafo tercero al artículo 13, recorriéndose las subsecuentes, se reforman los artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es más que un derecho, la educación forma parte de los Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución y el Estado tiene la obligación de garantizarla en todos sus niveles, sin distingo de clases sociales, condición económica o étnica.1

La educación en México tiene que ser de calidad, debe mantener los principios de gratuidad, laicidad, además de promover los valores democráticos, culturales, científicos, cívicos y de identidad nacional.

La educación es piedra angular del crecimiento y superación de los seres humanos, pero también de las sociedades; por ello, en últimas décadas, se han hecho esfuerzos mundiales para que la población tenga cuando menos la enseñanza primaria completa.

Para que la educación sea exitosa debe ser de calidad, asequible, accesible y oportuna, lo cual es responsabilidad del gobierno y de los particulares que coadyuven en esta gran tarea que le hemos mandatado al Estado mexicano. Por otro lado está la decisión personal de superación, de profesionalizarse, de actualizarse, de aprender continuamente y de trascender en todos los ámbitos sociales, a través del esfuerzo educativo y el reconocimiento de los méritos académicos.

Ambos componentes, el deber del Estado de garantizar la educación y el compromiso y esfuerzo individual de aprovecharlo al máximo por parte de los ciudadanos, son indispensables para lograr la educación de calidad que todos queremos. Es necesaria ésta coexistencia; políticas públicas efectivas para que todos puedan acceder a la educación obligatoria o al nivel educativo deseado, y la decisión individual para lograr las metas educativas propuestas.

Por lo tanto, la educación es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes de nuestro marco institucional.

Las autoridades educativas del país en los niveles federal y estatal tienen la obligación de brindar educación de calidad, y en consecuencia validar y certificar el nivel de estudios cursados. Los ciudadanos tienen el derecho de recibir la educación de calidad y cumplir con los requisitos y formalidades de los planes de estudio para obtener las certificaciones y la validez de estudios correspondientes. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos agentes indispensables para cerrar el círculo educativo de calidad transgrede los principios jurídicos y éticos del proceso educativo?

Entendemos por transgredir los principios jurídicos y éticos del proceso educativo, desde las autoridades que no cumplen con las funciones encomendadas, los docentes que no realizan su labor de manera profesional y ética, hasta diversos ilícitos de organizaciones y/o personas que falsifican documentos de certificación académica, y de quienes se ostentan con grados académicos sin haber cursado los niveles de estudio, ni contar con los títulos correspondientes.

En este sentido, se puede afirmar a manera de hipótesis que se distorsiona el proceso de formación educativa, se lesiona la confianza en las instituciones educativas y se genera incertidumbre en la validez, acreditación y conocimientos adquiridos.

Uno de los problemas que más vulnera el principio de certeza educativa, es la falsificación o alteración de certificados académicos y títulos de grado universitario, ante ello está la exigencia social para que el gobierno instrumente medidas más eficaces y al alcance de los ciudadanos para verificar la autenticidad y legalidad de los certificados académicos, y cuente con mecanismos que sancionen este tipo de delitos. Ante ello, el gobierno federal cuenta con el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, por sus siglas (RODAC), dependiente de la Secretaria de Educación Pública, para la validación o verificación de autenticidad de documentos académicos, tales como: constancias, certificados, diplomas, títulos profesionales y constancias de antecedentes escolares.2

De igual manera, para sancionar estos hechos, el Código Penal Federal prevé en su artículo 243, para el delito de falsificación, penas privativas de la libertad que van de cuatro a ocho años de prisión y sanciones económicas de doscientos a trescientos días de multa; en cuanto al delito de usurpación de funciones y de profesión, el artículo 250 dispone penas de uno a seis años y multa de cien a trescientos días.3

A grandes rasgos estos dos instrumentos forman parte fundamental para corregir  factores que lesionan gravemente la certeza educativa como la falsificación y alteración de documentos, y la usurpación de profesiones.

Sin embargo, como un proceso subyacente y subrepticio a la falsificación de certificados académicos, se ha presentado cada vez con más frecuencia un hecho que ha lastimado, no sólo a las instituciones educativas, sino a diversas capas de la sociedad, se trata del "plagio académico".

El plagio académico puede inferirse como la apropiación indebida de una creación, trabajo o estudio de un tercero y presentarlo como propio, dentro de una institución educativa, con el objetivo de cumplir con un programa de estudios determinado o bien acreditar las asignaturas impartidas.

Esta apropiación indebida, muestra una irresponsabilidad y falta de ética, pero cuando dicha apropiación se utiliza para sustentar exámenes de grado o requisito para obtener títulos y acreditaciones de estudio en el nivel superior, ya deja de ser una simple falta de compromiso académico, el plagio trasciende a la colectividad, puesto que quien comete plagio académico para obtener una certificación que lo acredita como profesional de la materia certificada, vulnera los principios jurídicos de la formación educativa, lesiona la confianza en las instituciones de educación superior y genera incertidumbre respeto de la validez de grado académico que se ostenta.

Planteamiento del Problema

Cuando se habla de plagio entendemos comúnmente que se trata de un robo o sustracción de un objeto de manera indebida, también es usado para describir a plagiarios, es decir a personas que comenten el delito de secuestro. Es definido por la Real Academia Española como la acción y efecto de copiar obras ajenas, así como la acción y efecto de secuestrar a alguien; en cuanto a su forma verbal, plagiar es definida como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, además se refiere al secuestro con el propósito de sacar provecho de la persona plagiada.4

Para éste caso dejaremos fuera las acepciones que se refieren al plagio de personas para concéntranos en el entendimiento del plagio como acción y efecto de copiar obras ajenas y plagiar como la acción de copiar en los sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

En el aspecto social copiar algo que no es propio, culturalmente tiene una fuerte carga negativa, pero si al hecho de copiar una obra ajena, quien la copia la presenta como suya, el hecho se convierte en un acto reprobable, algo antiético, carente de confianza y veracidad, por ende rechazado ampliamente por la sociedad.

Ahora bien, cuando hablamos de plagio académico nos referimos exclusivamente a los hechos que suscitan en las instituciones de educación, pero en particular al acto copiar en su totalidad o de manera sustancial trabajos y obras presentándolas como propias, para sustentar una materia u obtener un reconocimiento o grado académicos.

En los últimos años se han presentado casos de plagio académico que evidencian que quien comete este tipo de faltas, no sólo daña su carrera profesional y personal, sino afecta la confianza en las instituciones académicas, vulnera el orden jurídico del sistema educativo, genera incertidumbre respecto a la validez del grado académico que ostenta y rompe la reglas del mérito académico.

Casos recientes de plagio académico en México

Los casos de Rodrigo Núñez Arancibia, de nacionalidad chilena, y de Juan Antonio Pascual Gay y de Cuauhtémoc Calderón Villareal, ambos de nacionalidad mexicana, son de particular mención, sobre todo porque los tres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, además de estar inscritos como profesores en instituciones de educación superior en el país.

Rodrigo Núñez Arancibia llegó México en el 2004 para realizar un doctorado en el Colegio de México, años después fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores y en 2010 ingreso como investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llegando a ocupar en ésta institución el cargo de coordinador de la maestría en historia.5

A lo largo de una década los méritos académicos por parte de Arancibia fueron simulados, ya que se dedicó a plagiar más de 20 publicaciones a las que le cambiaba algunas partes del texto o bien sólo el título, así logró participar en ponencias y en la publicación de textos que lo acreditaban como investigador.

De acuerdo con investigaciones periodísticas diversos investigadores de Estados Unidos lo acusaron de haber plagiado el libro colectivo "Religión in New Spain" publicado por la Universidad de Nuevo México en el año de 2007. De igual manera ante las evidencias de plagio, el Colegio de México analizó la tesis de Arancibia que presentó para obtener el doctorado en Sociología, titulada Transformaciones del empresariado chileno, y encontró evidencia de un plagio sustancial de la obra "La Revolución empresarial chilena" escrita en 1997, cuya autoría original es de Cecilia Montero Saavedra.6

Ante tales hechos el Colegio de México le retiró, luego de 10 años de haberlo otorgado, el título de doctor en sociología, en tanto la Universidad Michoacana lo cesó de su actividad como investigador y coordinador de la Maestría en Historia.

Sobre Juan Antonio Pascual Gay ha circulado abundante información, se desempeñaba como investigador del Colegio de San Luis hasta el 22 de julio del 2015, dicha institución decidió terminar la relación contractual que se tenía con el investigador, debido al plagio que realizó de un artículo publicado en 1993, dando lo a conocer como suyo en el año 2000.7

También se le acusó de haber plagiado la tesis de maestría de Phillippe Roland, de origen Belga. La obra plagiada lleva por nombre "La revista Dyn y el Surrealismo", con la cual el propio Pascual Gay ganó el premio Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón.

Ante estos actos de plagio, deshonestidad intelectual y falta de ética profesional, por parte de los falsos investigadores Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Antonio Pascual Gay quienes se encontraban dentro del Sistema nacional de Investigadores (SNI) con los niveles I y II, respectivamente, el Conacyt, emitió el Comunicado 66/15 bajo el título "CONACYT NO TOLERA FALTAS ÉTICAS QUE PONEN EN DUDA LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INVESTIGADORES."8

En éste comunicado se manifiesta la seria preocupación del Conacyt respecto de los actos de plagio académico que se han venido presentando, pone singular énfasis en aquellos casos de plagio que vulneran la credibilidad del sistema de investigadores y señala claramente que ante las faltas éticas y de irregularidades cometidas por sus investigadores éstas serán castigadas conforme a su gravedad en base al reglamento.

El reglamento contempla diversas sanciones, desde una amonestación pública o privada hasta la imposibilidad de ingresar al SNI. Finalmente el Consejo de Aprobación del SNI aplicó las máximas sanciones por plagio académico a Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay; les fue retirada la distinción como miembros del SNI y están imposibilitados para ingresar al mismo por 20 años.

El caso de Cuauhtémoc Calderón Villareal, se dio a conocer por diversos medios informativos el 25 de agosto del presente año.9 La investigación periodística señala Calderón Villareal se desempeña como investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución en la cual fue denunciado por plagiar fragmentos de la tesis de maestría "Impacto económico de la remesas en la economía mexicana (1980-2005)" presentada en 2006 por Sergio Mendoza Domínguez, fragmentos que sirvieron para la elaboración de una ponencia en la que participaron el mismo calderón y su esposa Leticia Hernández- quien dirigió la tesis plagiada- meses después en la Universidad Michoacana.

Sobre el posible plagio académico fueron informadas las autoridades del Colef, sin embargo no hubo sanción en su contra. A pesar de los antecedentes de plagio Calderón Villareal es miembro del SIN con el nivel III, además de formar parte de la comisión dictaminadora que evalúa el ingreso, permanencia, promoción y distinciones del personal académico.

Como podemos observar el plagio académico no es un fenómeno aislado, aunque debemos destacar los esfuerzos que están realizando diversas instituciones educativas para concientizar a los alumnos sobre esta práctica nociva en su proceso educativo y también a los profesores e investigadores sobre las repercusiones profesionales y personales al cometer esta grave falta.

Acciones de las instituciones educativas sobre el plagio académico

Instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México han implementado diversas medias para concientizar a sus alumnos y profesorado sobre la necesidad de regirse bajo principios éticos que ven en el plagio académico una antinomia educativa que pone en peligro el respeto y reconocimiento de las ideas y obras de otros, al tiempo que pone en duda la integridad académica de la comunidad universitaria.

La Universidad Iberoamericana a través de su Reglamento de Licenciatura considera al plagio como una falta académico-disciplinar, que se entiende como "la apropiación total o parcial de una creación artística, literaria o intelectual que no sea de la propia autoría y se haga pasar como tal".10 El mismo reglamento establece que los alumnos deberán abstenerse de plagiar total o parcialmente trabajos, propuestas, diseños y obras ajenas con la finalidad de acreditar una materia o asignatura.

La responsabilidad en la aplicación de las medidas académico-disciplinarias corresponde en primer lugar al profesor frente agrupo, éste está facultado por el reglamento para imponer sanciones hacia las conductas y acciones de los alumnos que contravengan las reglas de conducta al interior de la universidad. Si el profesor considera que la sanción debe ser mayor a la suspensión de dos semanas de clase se deberá informar por escrito al director del plantel.11

De acuerdo con éste reglamento cada autoridad académica tiene un nivel de responsabilidad en la aplicación de sanciones desde el director hasta el tribunal universitario que es la última instancia de apelación y sus decisiones son inobjetables.

Las sanciones para las conductas como el plagio, de acuerdo con el reglamento en comento, van desde una amonestación oral, hasta la expulsión definitiva de la universidad. Además de las sanciones anteriores, el plagiador académico se puede hacer acreedor a sanciones complementarias como la perdida de beca, prohibición para utilizar instalaciones, o bien pagar daños y prejuicios en relación con la falta cometida.12

Para hacer frente al fenómeno del plagio académico la Universidad Iberoamericana implementó diversas medidas preventivas que comienzan en el aula de clases concientizando al alumnado sobre la necesidad de citar las fuentes o referencias de sus trabajos académicos, de igual manera los profesores y consejos técnicos llevarán a cabo talleres metodológicos para reforzar las acciones contra el plagio académico.

Por su parte la UNAM ha puesto en marcha el proyecto "Ética Académica", ésta se centra en el principio de integridad y honestidad de los universitarios, sobre la base de la reciprocidad, es decir el reconocimiento de la autoría de obras, ideas y trabajos que no son propios, así como el derecho al reconocimiento de ideas, obras y trabajos que han sido producto de nuestro trabajo intelectual.

La máxima casa de estudios de nuestro país considera al plagio como una apropiación indebida de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores, y ocurre cuando se utilizan en un trabajo o texto propio sin citarlos adecuadamente o poner referencias bibliográficas a las fuentes originales.13

"El plagio demerita el trabajo propio porque se simula o engaña a los demás al ocultar las fuentes y autores auténticos de las ideas, imágenes u obras que empleamos".14 De esta manera se lesiona un componente importantísimo para la actividad académica; la confianza de quien realiza el trabajo u obra y la pérdida de credibilidad de terceros respecto al trabajo presentado.

Se han clasificado diversos tipos de plagio, pero en todos los casos, de acuerdo con la UNAM, ocurre cuando se tiene la intención deliberada de hacer pasar textos de otros como propios, o bien ocultar o disimular la no originalidad del trabajo presentado.

Clonación de textos o párrafos enteros; copiado y pegado de fragmentos de textos o párrafos; composición heterogénea o múltiple de textos o párrafos sin fuente; mezcla parafraseada de autores y fuentes pero sin una citación adecuada; hibrido o texto compuesto de citas correctas y párrafos plagiados; reciclado o refrito de ideas propias ya publicadas que se vuelven a utilizar y no se citan; error 404, que consiste en colocar citas falsas; reemplazado de palabras claves para ocultar su procedencia original; y agregado de pocas citas para un texto mayormente copiado son los tipos de plagio más utilizados.15

De igual manera el Colegio de México (Colmex) mediante sus principios éticos da a conocer a su comunidad académica y a la sociedad en general su compromiso con la integridad personal y ética de todos sus miembros.

Sobre el plagio académico "condena de la manera más enérgica cualquier forma de fraude científico o académico, y de manera contundente el plagio, es decir, el intento de presentar el trabajo ajeno como propio, en cualquier contexto".16 De esta manera obliga a toda su comunidad a reconocer la propiedad o autoría de textos, ideas u obras, mediante las fuentes de información y citas que fundamenten los trabajos realizados. De igual manera se obliga a los académicos a dar crédito a quienes realizan labores de ayudantía en las investigaciones.

Lo anterior, va más allá de prevenir el plagio. Se trata de reconocer a todos aquellos que contribuyen a la realización de un trabajo, investigación específica, que antaño sólo se le atribuía al investigador titular.

Plagio académico comparado

Contrario a lo que se pensaba, el plagio académico no es un fenómeno nuevo, la aceleración y el ensanchamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la sociedad han hecho de nuestro tiempo, la era digital. La era digital no se entiende sin la utilización del Internet como un medio de búsqueda de información y contenido, al que hace dos décadas era impensable acceder.

De acuerdo con la compañía Turnitin, con sede en Holanda, la cual ha desarrollado un software para detectar la no originalidad de los trabajos, señala que uno de los estudios pioneros sobre el plagio académico se realizaron en 1950 por D. R. Cressey analizando los factores que incidían en éste tipo de plagio como la presión, la oportunidad y la racionalización de las acciones.17

Estudios recientes, de acuerdo también con Turnitin, como el realizado en 2010 por el Instituto de Ética Josephson en los Estados Unidos, mediante una muestra de 43,000 alumnos de secundaria para averiguar la incidencia del plagio académico y otras conductas no deseables en las escuelas, se llegó a la conclusión de que el 59% de los encuestados admitieron haber hecho trampas para pasar un examen, y uno de cada tres estudiantes afirmo haber utilizado Internet para plagiar un trabajo.

Otro estudio revelador, realizado por el Centro Internacional Para la Integridad Académica en los Estados Unidos, los estudiantes universitarios encuestados, en un 75% admitieron haber cometido conductas académicas deshonestas. De igual manera el PewResearch con sede en Washington D.C encuestó a más de mil rectores de universidades para saber la actual situación del plagio. El 55% de los rectores afirmo que se había incrementado en los últimos 10 años y el 40% afirmo que este se había mantenido constante.18

Para corroborar si los índices de plagio académico en los Estados Unidos sólo eran un fenómeno nacional o se daba en todas la instituciones educativas en el mundo, se procedió a recopilar trabajos entregados por estudiantes de secundaria y universidad en el curso académico 2013-2014 en diferentes regiones del mundo. La medida para saber si estos correspondían a un plagio, consiste en detectar si el 50% de su contenido no es original.

Los resultados arrojados a Turnitin señalan que los trabajos revisados de región Estados Unidos y Canadá en un 11% carecían de originalidad; la región Latinoamericana (México, Brasil, Colombia y Perú) 12%; la región Europea (Alemania, Países bajos y Francia) 11%; Oceanía 10%; Reino Unido 7%; mientras que Japón, Corea y China observan un 14% de trabajaos que carecen de originalidad, respectivamente.19

Ante la necesidad de contar con un dato más cierto y especifico, que los porcentajes arrojados por datos sobre trabajos aleatorios. Se realizó un segundo estudio con una muestra de los trabajos que el 10% de la población en periodo académico de secundaria y universidad entregó en un año. Con el objetivo de obtener el índice implícito de no originalidad en la entrega de los trabajos académicos.

El índice implícito de contenido no original de los trabajos analizados en la región Latinoamérica es de 19.2 millones de trabajos no originales, Estados Unidos y Canadá 15.6 millones, Reino Unido 1.8, millones, Europa 7.2 millones, Oceanía 1.1 millones y Asia Oriental 84 millones. En total en los países analizados los educadores pueden recibir 100 millones trabajos no originales.20

Para el caso de México éste estudio demuestra que Latinoamérica tiene un alto índice de plagio académico o trabajos no originales como los define la metodología empleada por Turnitin.

El plagio académico en México: el caso de la UNAM

Es importante destacar que nuestra máxima casa de estudios decidió utilizar el método de Turnitin para bosquejar la situación actual sobre el plagio académico en la comunidad universitaria, a través de una encuesta realizada a 8,920 universitarios, entre académicos y alumnos.

"Reporte de encuesta sobre percepción del plagio en la UNAM", bajo el auspicio de Proyecto Ética Académica UNAM21, contiene información relevante sobre el plagio académico, los resultados se dividen en dos apartados; la percepción de académicos y la precepción de estudiantes.

Académicos

El 88% de los académicos considera que es importante saber citar y usar información en sus propias investigaciones, pero el 49% señala que sólo se aprende hasta que se tiene que utilizar. El 21% no supo diferenciar entre citar y plagiar; el 56% sabe poco o no tiene información sobre el plagio; y el 70% ha dado algo o poca información sobre el plagio a sus alumnos.

La percepción del plagio entre los académicos es más grave que dejar copiar a los alumnos en un examen, descargar contenidos digitales sin pagar o mentir en el trabajo. Para los académicos es igual de grave robar que usar conclusiones de un colega modificándolas para publicarlas como suyas.

El plagio entre colegas académicos es más usual de lo que se piensa. Los entrevistados señalaron que el 52% comete plagio en sus tesis o tesinas de maestría y doctorado, el 49% en publicaciones de divulgación el 47% en publicaciones especializadas y 30% textos o documentos institucionales.

Sobre casos comprobados de plagio, el 62% señaló tener conocimiento de plagios en trabajos académicos o publicaciones, el 50% reconoció plagio en los trabajos y tareas de sus estudiantes. En contraste sólo 8% señaló que es muy frecuente que las autoridades se den cuenta del plagio y sólo 1% indicó que es frecuente que se castiguen.

Finalmente la principal justificación que expresaron los académicos para realizar plagio es la presión que se ejerce para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos. Así respondió el 60% de los entrevistados.

Estudiantes

Por su parte el sector estudiantil encuestado, en un 69% considera que es muy importante aprender a citar y a utilizar la información académica, pero el 76% señaló tener complicaciones a la hora de citar porque los profesores no les enseñan bien.

El 60% tiene dificultades para diferenciar entre plagiar y citar; el 67% manifestó tener algo y poca información sobre el plagio y el 77% refirió que sus profesores no les han dado algo o poca información sobre el plagio.

Respecto a la percepción de gravedad del plagio, los estudiantes refieren que tomar textos completos de otro autor y presentarlos como suyos es menos grave que robar una cartera, pero plagiar textos completos es más grave que copiar en un examen, copiar datos, usar trabajos y presentarlos como propios o que inventar citas bibliográficas.

La frecuencia de prácticas académicas negativas arrojó que 4 de cada 10 inventan citas bibliográficas, 5 de cada 10 utilizan trabajos de otros alumnos con pequeños cambios; 5 de cada 10 utilizan datos gráficas y encuestas presentándolas como propias; 5 de cada 10 copian párrafos completos de otro autor sin citar, 6 de cada 10 presenta información de Internet como propia y 6 de cada 10 copian el resumen completo de un libro y lo presentan como suyo.

La experiencia de los estudiantes en actividades de plagio sin que hayan sido identificados por profesores o autoridades es preocupante. El 84% señalo que sus compañeros cometen plagio para entregar trabajos finales y parciales; el 26% en publicaciones de difusión; el 15% en publicaciones especializadas; y el 12% en tesis o tesina.

En el terreno de las sanciones, sólo el 16% de los estudiantes respondieron que se castiga el plagio de trabajos finales y parciales; el 25% respondió que se castiga frecuentemente el plagio de publicaciones especializadas; y el 31% señaló conocer que se castigue por plagio de tesis.

Los estudiantes respondieron en un 19% que plagian porque no saben cómo citar correctamente; el 16% plagia porque es más fácil que empezar de cero; el 14% desconocía que toda fuente se debe de citar; el 7% respondió que son deshonestos engañan a los demás; el 6% señalo que los profesores no revisan bien y no se dan cuenta; y el 5% respondió que los profesores piden muchos trabajos y necesitan copiar para cumplirlos.

Finalmente el 28% de los alumnos expresó conocer casos comprobados de plagio realizado por profesores o investigadores en sus trabajos académicos o publicaciones, y un 20% dijo conoces casos de plagio realizados por profesores a los trabajos de sus propios alumnos.

Objeto de la iniciativa

Debido a los casos recurrentes que se han presentado de plagio académico, y ante las evidencias del plagio como una práctica generalizada en las instituciones educativas, esta iniciativa prende establecer la protección de las obras académicas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Asimismo, se propone tipificar el plagio académico como delito en el Código Penal Federal para sancionar a quien o quienes presenten trabajos y obras ajenas sin dar el reconocimiento a sus autores originales y las presenten como propias con el objeto de obtener un reconocimiento, merito, estimulo, grado o certificación académica.

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 13reconoce la protección a las obras relacionadas con las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, fotográfica, obras de arte textiles, compilaciones, enciclopedias, y otras22. Pero la rama académica como generadora de obras susceptibles de protección de los derechos de autor no se encuentra explicitada en la ley.

Por ello se propone adicionar la fracción II, para insertar las obras académicas como una rama más del ámbito de protección de los derechos de autor.

Se adiciona el tercer párrafo para precisar el término obra académica, bajo el cual quedan comprendidas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, o cualquier otro trabajo o creación.

Se reforma el artículo 147 para que el Estado por causas de utilidad pública pueda publicar o traducir obras académicas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales.

De la misma ley, se reforma el párrafo segundo del artículo 162, para que las obras académicas al igual las literarias y artísticas queden protegidas aun cuando no sean inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 215 para facultar a los tribunales federales conocer del delito de plagio académico que estará previsto, de acuerdo con ésta iniciativa, en el Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal.

De esta manera, se propone reforma el Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal para cambiar de denominación; de los delitos en materia de Derechos de Autor a de los delitos en materia de Derechos de Autor y Plagio académico.

Se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los artículo 428 y 429 que pasan a ser 431 y 432, respectivamente.

Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estimulo, certificado, merito o grado académico en instituciones de educación superior y centros de investigación.

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie de manera deliberada obras y textos completos o en parte y el presente como propios.

Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa a quien utilice fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición heterogénea de obras, textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia original de la obra o el autor de la misma.

Finalmente, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona la fracción II y el párrafo tercero al artículo 13, recorriéndose las subsecuentes, se reforman los artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Primero. Se adiciona la fracción II al artículo 13, se reforman los artículos 147 y 162 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 13…

I…

II.- Académica;

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII.

XIV

XV

Se entiende por obras académicas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, o cualquier otro trabajo o creación presentada con diversos fines ante instituciones académicas y centros de investigación.

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias, académicas o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.

Artículo 162...

Las obras literarias, académicas y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.

Artículo 215.- Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor y plagio académico previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Segundo. Se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TITULO VIGESIMO SEXTO
De los Delitos en Materia de Derechos de Autor y Plagio Académico

Artículo 424…

Artículo 424 bis…

Artículo 424 ter…

Artículo 425…

Artículo 426…

Artículo 427…

Artículo 428.- Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estimulo, certificado, merito o grado académico en instituciones de educación superior y centros de investigación.

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie de manera deliberada obras y textos completos o en parte y los presente como propios.

Artículo 429-. Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa a quien utilice fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición heterogénea de obras, textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia original de la obra o el autor de la misma.

Artículo 430.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes.

Artículo 431

Artículo 432.- Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II, 427, 428, 429 y 430.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Oscar Román Rosas González.

1 Ideas tomadas del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 SEP-RODAC., en: http://www.rodac.sep.gob.mx/contenido.html?id=estadisticas

3 Código Penal Federal, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120315.pdf

4 RAE.http://lema.rae.es/drae/?val=plagio

5 El Economista, en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2015/08/04/plagio-academico-mas-comun-lo-que-se-cree

6 EL Universal. en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/07/6/nuevo-caso-de-plagio-serial-en-la-academia

7 El Economista. OP. Cit.

8 CONACYT. En: http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/492-conacyt-no-tolera-faltas-eticas-que-ponen-en-duda-la-integridad-
del-sistema-nacional-de-investigadores

9 El Universal, en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/08/26/nuevo-caso-de-plagio-cuestiona-integridad-del-sni

10 Universidad Iberoamericana. Reglamento de Licenciatura. Artículo 92.

11 Ibídem. Art. 93.

12 Ibídem. Ar. 95.

13 UNAM. En: http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html

14 Ídem.

15 Ibídem. En:  http://www.eticaacademica.unam.mx/Tipos_de_plagio.html

16 Colegio de México. En:
http://www.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=164:principios-eticos&catid=44:info-colmex&Itemid=124

17 Turnitin. LIBRO BLANCO Integridad Académica en un mundo digital: Índice global de plagio en la educación secundaria y superior. En: http://turnitin.com/es/

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 UNAM. Op. Cit. En: http://www.eticaacademica.unam.mx/encuestas.pdf

22 Ley Federal del Derecho de Autor. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_170315.pdf

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Le consulta el Senador Hermosillo y Celada, si acepta su adhesión a la iniciativa.

Acepta la adhesión, tome nota la Secretaría.






Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con  proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por  el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de  telecomunicaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, con su permiso, señor Presidente. Buen día a todos.

Diversos Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional estamos presentando este día una iniciativa de reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto constitucional de la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

Recordarán que este artículo o este Decreto se refiere a diversas adecuaciones que se hicieron para, por un lado, decretar como servicio público de interés general a las telecomunicaciones, pero también a la radiodifusión, y que en buena medida la propia Constitución garantizara la transición hacia la televisión digital terrestre en un proceso gradual que culminaría el 31 de diciembre de este año 2015.

La razón de ser de esta fecha límite que se puso para el llamado apagón analógico, es con el objeto de que la banda de 700 megahertz que habían venido utilizando las televisoras para la prestación de los servicios de televisión analógica fuera oportunamente liberada, pues ésta ya es una banda muy valiosa para efectos de la prestación de móviles de cuarta generación en materia de telecomunicaciones. De ahí que por eso se pone esta fecha.

Cabe señalar que la transición a la televisión digital terrestre lleva casi once años, once años desde que se realizaron las primeras pruebas, luego se les autorizaron frecuencias adicionales a las televisoras para que concomitantemente fueran transmitiendo idéntica programación tanto en la señal nueva digital como en la señal analógica, pero el apagón, lo que significa, es que va a llevar un momento en que se baje el switch para la señal analógica, y que solamente podrán ver televisión digital uno de los que tengan un aparato receptor de estas características:

1.- Los que tengan televisión de paga.

2.- Los que tengan un aparato decodificador para poder recibir esta señal.

El problema es que este es nuestro problema, porque nosotros lo pusimos en la Constitución, abrimos la puerta para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fuese la responsable de entregar ya fuera aparatos de televisión o bien decodificadores, lo dejamos a su discreción, y que lo hiciera con base en un padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, en el entendido de que una vez que se alcanzara, cuando menos el 90 por ciento de cobertura de ese padrón de beneficiarios de la SEDESOL, entonces, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera proceder a bajar la señal, el apagón analógico.

Lo que ha ocurrido, la verdad es que ha sido una desgracia y es porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se puso, durante estos últimos meses, desde que entró en vigor la reforma adquirieron sus televisiones, y se pusieron alegremente a entregarlas por el país, por cierto, en plena época electoral, con unas cajotas que decía “Mover a México”, con el consecuente impacto que tuvo en los procesos electorales.

El resultado al día de hoy es que se han entregado únicamente 6 millones 200 mil aparatos de televisión sobre un universo del padrón, y esto es información pública, de 14 millones 300 mil hogares en el país, tiene previsto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregar todavía una cantidad adicional hasta llegar a 9 millones 400 mil televisiones a igual número de hogares.

Si esto fuera así, aun así con estos números, estamos hablando de una cobertura del 66 por ciento del padrón de beneficiarios de la SEDESOL, y no del 90 por ciento, como dice la ley.

Y el problema con todo esto es que el apagón lo que significa es que quienes tienen solamente un aparato de televisión analógica tradicional, ya no podrán ver televisión en lo absoluto.

Y les quiero recordar que este servicio público de radiodifusión, así considerado en el artículo 6o. constitucional, es parte de un derecho humano fundamental que es el derecho a la información, es mucho más que entretenimiento.

Tan sólo en la ciudad de Monterrey, en el último ejemplo que tenemos, con números oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 472 mil personas se quedaron sin señal de televisión, ni digital ni analógica, punto, el aparato que tienen en casa ya no les sirve, para maldita la cosa, no pueden ver nada, y esto todavía falta en estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, donde naturalmente el nivel socioeconómico es muy inferior al de Nuevo León y, por lo tanto, la entrega que tendrá que ser masiva, insisto, hasta llegar a 9 millones 400 mil aparatos televisores.

Repito, aun entregando estos 9 millones 400 mil aparatos, estaríamos hablando del 66 por ciento del total del padrón de beneficiarios.

Pero ahora pensemos en el otro segmento de la población, que sin ser beneficiario del programa social de la SEDESOL, tampoco tiene dinero suficiente para comprar o un decodificador, o una televisión digital, y la vamos a dejar a partir del 31 de diciembre, cuando máximo, sin el servicio de televisión ni analógica ni digital.

La propuesta de los diversos Senadores de Acción Nacional y esta iniciativa que he impulsado desde antier, es en el sentido de aplazar.
Primero.- Un año el apagón analógico, por cierto, las televisoras públicas, educativas y culturales que están afiliados a la red, publicar un desplegado, antier, en el sentido de que no están listas tampoco para las transmisiones digitales, porque no recibieron los recursos presupuestales necesarios para ello, y porque, entonces, están también pidiendo que se aplace un año el llamado “apagón analógico”.

Así, la propuesta es:

1.- Aplazar al 31 de diciembre del 2016 el apagón analógico y que se haga al mismo en todo el país y no secuencialmente como estaba programado.

2.- Que durante los procesos electorales que vamos a tener en diversas entidades del país, el próximo año, a lo largo de todo ese proceso electoral no se repartan televisiones ni decodificadores ni vales ni nada que se le parezca.

El uso electorero discrecional que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está hoy dando muestra clara de su ineficacia, de su ineficiencia, en la inequidad en el reparto de los televisores.

3.- Que después del 30 de julio de 2016, no pueda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y solamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entregar a los hogares que falten para completar el 90 por ciento que dice la Ley de Beneficiarios del Padrón de la SEDESOL, aparatos decodificadores y ya no televisiones, son mucho más baratos y desde luego, no tienen el atractivo político-electoral con el que ha lucrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Creemos que con estas medidas, lo que vamos a hacer es armonizar tres cosas:

Primero.- Al ya estar liberada casi completamente la banda 700 megahertz, no tenemos la prisa que teníamos inicialmente para este apagón analógico a diciembre de 2015.

Segundo.- Cualquier persona, cualquier familia, cualquier hogar podrá seguir viendo, ya sea televisión digital si ya tiene una casa o un decodificador, o está con un contrato de televisión de paga, y si no podrá seguir viendo su televisión analógica tradicional de manera gratuita.

Y tercero.- También estaremos quitando este incentivo de hacer entregas de aparatos decodificadores o de televisiones en plena época electoral.

La verdad es que no se vale y con esto termino, no se vale que a la gente que menos tiene, y no solamente estoy hablando, insisto, de los beneficiarios de los programas sociales de la SEDESOL.

Estoy hablando de aquella clase media baja que no puede darse el lujo porque no le alcance a comprar una nueva televisión o un aparato decodificador, encima de su condición de fragilidad o de pobreza, la dejemos sin tener acceso a un derecho humano fundamental, como es el derecho a la información.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DIGITAL EN LA RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que en este asunto como en general, la política debe tener claro a quién le sirve, a quién le sirve este Senado de la República.

El asunto del apagón, porque nuestra iniciativa, la iniciativa presentada por su servidor, a nombre del Senador Barbosa Huerta, lo que pretende es, sí, corregir un plazo que nosotros mismos, como ya lo dijo el Senador Lozano Alarcón, nos pusimos o le pusimos al gobierno para la entrega de las televisiones, y para concluir la transición digital terrestre y para que México transite a una tecnología como lo está haciendo el resto del país.

Hay veces que corregir es pertinente, pero siempre y cuando se haga por las razones correctas, con medidas justas y con medidas adecuadas.

El apagón debe de tener en el corazón de su ser una sociedad de derechos, proteger los derechos de las audiencias. Las razones por las cuales estamos aquí, es decir, la tutela de derechos fundamentales tales como el derecho de la sociedad a informarse, a contar con una pluralidad de medios para realizarlo, a conocer la verdad, a garantizar la libertad de expresión y por supuesto garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio justamente de estos derechos.

Sin embargo, el debate tampoco es tan sencillo y nos vendría muy bien el día de hoy, creo que del tema que está en la agenda pública, hacer una ayuda de memoria.

A ver, cuando votamos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada el 11 de junio de 2013, esta Soberanía aprobó la inclusión del Artículo Quinto Transitorio justamente para que la transición digital terrestre, y la cito, “culminará el 31 de diciembre de 2015”.

Esta es una parte muy importante porque la palabra culminación lo que hace es poner un plazo, es decir, se iniciaba la transición, se iniciaban los apagones en diferentes regiones del país, y el Estado tenía como fecha fatal -no el Estado en este caso, sino el Instituto Federal de Telecomunicaciones- culminar y hacer ese apagón totalmente el 31 de diciembre.

Yo no creo que debamos ahora transitar a decir que todo el apagón se va a implementar en una misma fecha.
Me parece que eso es un error por una razón, y ya lo mencionó el Senador Lozano Alarcón: el apagón lleva años, la transición digital terrestre es un proceso muy largo e incluso hay ciudades en donde ya se realizó.

¿Hay que aplazar el apagón?

Nosotros creemos que sí, pero no creemos que tenga que ser a un año. La iniciativa que estamos planteando establece el 31 de junio de 2016 como fecha para el término de la transición digital terrestre y del apagón.

¿Cuál es la lógica de esta fecha?

Tener un balance entre que nadie se quede sin el derecho a la información que significa tener una televisión prendida en su casa, y otros derechos que van acompañados, pero también un balance para que continúe otro proceso del que se habla poco, pero que es fundamental, que es justamente la liberalización de la banda de los 700 megahertz.

Una de las razones por las cuales coincidimos muchas veces en la reforma de Telecom, es porque había la posibilidad de una red compartida en materia de telecomunicaciones que iba a incrementar la competencia, que iba a generar un nuevo modelo de mercado y que hoy aplazar el apagón puede poner en riesgo justamente esa transición y la liberalización de la banda.

Ahora sí hay que decir de manera muy clara que en esta situación en la que nos encontramos el día de hoy, hay varios responsables. Nosotros aprobamos en la reforma, que hubiera cinco sujetos obligados, uno de los sujetos obligados era la SEDESOL, que estaba obligada a hacer el padrón de a quiénes se les tenía que entregar televisores o decodificadores.

El otro sujeto obligado, obviamente, era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo mandato era entregar los dispositivos, pero también las televisoras privadas tenían una obligación que vale la pena escuchar hasta dónde han avanzado, también las televisoras públicas tenían una obligación, que ya han manifestado que simplemente no han cumplido.

Me llama mucho la atención que las televisoras locales, particularmente las de los estados, hagan una argumentación que va a alrededor de la falta de recursos, porque es cierto, no han tenido los recursos, los estados no han asignado los recursos para la transición digital.

Pero creo que no hay que caer tampoco en esta trampa de decir que no tienen los recursos. Revisen cuánto gasta un estado en promedio en publicidad gubernamental, que es una cifra muy por encima de lo que necesitan para que su televisión pública haga esta transición digital.

Entonces ha habido recurso, lo que pasa es que ha estado destinado a otras cosas, a la promoción personalizada, a la promoción de programas sociales con claras intenciones electorales.

Y finalmente, el último sujeto obligado pues era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de ordenar bajar el switch.

Esa es la realidad que tenemos ante nosotros. Con el Senador Barbosa Huerta y su servidor, creemos que hay que corregir, creemos que hay que dar un plazo más largo, creemos que ese plazo, uno, deba ser un plazo para la culminación y no un plazo para bajar el switch en todo el territorio de manera simultánea. Eso no es correcto.

¿Qué otras cosas no creemos?

En otros posibles añadidos que se hagan al abrir la reforma constitucional y que tengan que ver con otros intereses.

Creo que no debemos detener tampoco la liberalización de la banda de los 700 megahertz. Creo que también donde ya se ha hecho el apagón, no debería haber un encendido ahora. Encender nuevamente la señal análoga donde ya se hizo el apagón, es un retroceso que además otra vez va a significar erogación y gasto público en épocas de supuesta austeridad.

En ese sentido creo que hay que hacernos la pregunta correcta: ¿Por qué debemos aplazar el apagón?

Lo debemos de hacer por los más desfavorecidos, lo debemos de hacer por los más pobres, reconocer la máxima aristotélica de que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y por eso resulta fundamental que otorguemos también plazos diferenciados a los medios públicos, si eso fuera el caso.

Qué bueno que habrá dos iniciativas de reforma constitucional que se discutirán en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y Cinematografía, pero aquí no debemos de confundirnos en que hay blancos y negros, en que hay gente que sí hizo su trabajo e instituciones que no.

Nosotros, quizás vamos a ser los primeros, permítanme la expresión, raspados, por no habernos dado cuenta de que un año era insuficiente. Asumamos nuestra responsabilidad, no condenemos a los más pobres a quedarse sin el derecho, pero tampoco abramos la posibilidad de favorecer intereses de manera indebida.

Otra vez la transición digital terrestre es una tecnología que tiene que llegar a México, es como si cuando se hubiera descubierto la penicilina, hubiéramos decidido no adoptarla como una medicina, pero de la misma manera, la liberalización de la banda de los 700 megahertz y particularmente la red compartida, también son causas que debemos de defender, porque van a generar un entorno en telecomunicaciones que va a permitir, con mayor competencia, que los más pobres también tengan acceso a nuevas tecnologías de telecomunicaciones, abrir la posibilidad de que esto se detenga es un error.

Coincido con Senadores del PAN, ayer escuchaba que decían: “Éste es un asunto muy sencillo, es prácticamente cambiarle un número a un transitorio”. Bueno, quedémonos en eso, en que es cambiar un número, pero no cambiarle el espíritu al tema del apagón, el espíritu era que era un proceso que se iba a llevar a cabo en parte de manera territorial, progresivamente, empezando donde hubiera más penetración y terminando donde hubiera menos, obviamente.

Pero plantear que ahora, en vez de un plazo para el cual se deba determinar, haya un plazo en el que se plantee que todo el territorio tiene que apagarse es ir en contra del espíritu de una reforma constitucional, de la cual muchos nos sentimos orgullosos de haber podido formar parte de ella.

Nuevamente el tema del apagón será atendido por el Senado, será atendido por las comisiones, será atendido y seguramente llegaremos al acuerdo para la prórroga, pero yo les pido que lo hagamos por las razones correctas, no para favorecer intereses, para proteger derechos, y particularmente, para proteger los derechos de los más pobres que, como siempre en este país, ante ineficiencias públicas y privadas, van a terminar siendo los que paguen los platos rotos.

Esa es una posición que vamos a defender, lo defenderemos en comisiones y por supuesto, desde esta tribuna del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

Quien suscribe, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición digital en la radiodifusión, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo tecnológico es una condición indispensable para el desarrollo social y económico de los pueblos. Es un generador de bienestar, que multiplica las posibilidades de las personas para acceder a benefactores cada vez más eficaces en materia de salud, de alimentación, de vivienda, de información, educación y cultura, así como de esparcimiento.

Sin embargo, en las economías emergentes occidentales, el desarrollo tecnológico no siempre tiene una dinámica de inclusión social, no siempre tiende a diseminar con agilidad sus beneficios hacia el grueso de la población, sino que generalmente está sujeto a determinaciones comerciales, al lucro de los capitales que lo generan o lo incentivan.

Así sucede, por ejemplo, con la industria farmacéutica en materia de salud; con la industria agroalimentaria en materia de alimentación y con las distintas formas de comunicación masiva, destacadamente con la radiodifusión, en materias de información, cultura y esparcimiento. Por lo general, para hacer asequibles los beneficios del desarrollo tecnológico a esas mayorías, se precisa de la intervención del Estado; con mayor razón en áreas estratégicas para un país, donde el propio Estado mantiene un esquema más riguroso de gestión, vigilancia, control o, incluso, propiedad, siempre en aras al interés público.

Tal es el caso específico de la radiodifusión en nuestro país. Nuestra Constitución confiere al Estado Mexicano el dominio directo sobre el espacio que surcan las ondas eléctricas de las telecomunicaciones y establece un régimen especial de regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, siempre buscando maximizar los beneficios sociales que ofrecen esas vías de comunicación.

A esa necesidad de regulación especial responde el activo papel que ha desplegado el Estado Mexicano en los procesos de convergencia tecnológica y transición digital de la radio y la televisión. La historia viene de lejos y ha pasado por acciones diversas e incluso contradictorias: desde la sesión gratuita de espectro radioeléctrico a las televisoras para la creación de canales de televisión digital como “espejos” de los tradicionales canales analógicos, hasta la orden directa de la última reforma constitucional del llamado “apagón analógico” y el rescate de la banda por el Estado, sin olvidar la política social de regalo de aparatos televisivos que el gobierno en turno transformó sin mucha destreza en mecanismo de cooptación electoral.

Unas y otras medidas han sido muy insuficientes en cuanto a los frutos esperados. Hoy enfrentamos de nueva cuenta los magros resultados de la política regulatoria en nuestro país, ante el riesgo de provocar un detrimento importante en las posibilidades de ejercicio de los ya diezmados derechos de acceso a la información social, a la cultura y al esparcimiento de una parte muy importante de la población mexicana; como siempre, quienes carecen de la posibilidad de adquirir en el mercado regular un aparato de radio o de televisión con las nuevas tecnologías.

¿Cuál es el problema?

En el proceso legislativo que desembocó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, los legisladores federales consideraron pertinente establecer el 31 de diciembre de 2015 como plazo para dar por finalizada la transición digital terrestre en materia de radiodifusión; es decir, que a partir de esa fecha todas las estaciones de televisión deberán realizar sus transmisiones en todos los canales mediante la tecnología digital, misma que no puede ser recibida por los aparatos televisivos de tecnología analógica con los que cuenta una parte importante de la población mexicana. Tal medida es conocida como el “apagón analógico”.

Ese proceso de transición digital comenzó, puede decirse, en julio de 2004, cuando un Acuerdo del Ejecutivo Federal estableció el estándar tecnológico al que debían apegarse los radiodifusores para realizar la transformación de su infraestructura de comunicación. El estándar escogido ofrecía, según describe el propio acuerdo, los beneficios de

a) “La eficiencia en la transmisión de las señales, que permita maximizar la cobertura de la población con la menor potencia posible, a fin de replicar con tecnología digital la actual cobertura analógica al menor costo;

b) El aprovechamiento de potenciales economías de escala en la producción global de aparatos de recepción, a fin de tomar ventaja de la reducción de costos en beneficio de la sociedad;

c) La disponibilidad de aparatos de recepción en condiciones favorables de calidad, diversidad y precio;”

Por cierto, que para “facilitar” el tránsito, el Acuerdo asignó a los medios de comunicación un canal adicional para realizar transmisiones digitales simultáneas por cada canal analógico que tuvieran concesionado, los llamados “canales espejo”, y de paso estableció como fecha límite para concluir la transición digital el 31 de diciembre de 2021, fecha que podría ser “revisada” por el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Pero para 2008, la propia autoridad advertía que los canales digitales que ya se transmitían no estaban siendo captados por la mayoría del público televidente, pues los aparatos digitales eran adquiridos sólo por el segmento de la población que contrata televisión restringida. Es decir, no se habían dado los resultados esperados.

Por eso, para septiembre de 2010, en un intento por acelerar la transición digital, el Ejecutivo Federal emitió un Decreto por el que fijó como plazo para el apagón analógico el periodo comprendido entre el año 2011 y el 31 de diciembre de 2015y estableció un esquema de reparto de televisiones digitales entre la población de escasos recursos por vía de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, el decreto fue objeto de controversias constitucionales y su vigencia fue suspendida por la Suprema Corte hasta noviembre de 2011, habiéndose perdido ya el primer año de esa transición. Tampoco estas medidas surtieron efectos en beneficio de la población que, en buena cantidad, siguió contando con aparatos de tecnología analógica.

Aún con la persistencia de esos problemas, la reforma constitucional de 2013 retomó el plazo del último día del año 2015 para realizar el llamado “apagón analógico” y ordenó al Congreso legislar para promover el acceso de la población a los equipos necesarios. Así, el párrafo segundo del artículo Quinto Transitorio de esa reforma dispone:

“La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”

Para dar cumplimiento a dicha orden constitucional, el legislador federal estableció en el Artículo Transitorio Décimo Noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la obligación del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de implementar los programas y acciones vinculados a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores; es decir, nuevamente, la política de reparto de televisores digitales. La política fue implementada y, como sabemos, convertida en un mecanismo para coaccionar el voto ciudadano en la pasada elección, los resultados no fueron los adecuados.

A pesar de todo, las disposiciones legales y las políticas gubernamentales tendientes a implementar con eficiencia el apagón analógico, garantizando una cobertura óptima de la población que tendrá acceso a la nueva tecnología, no consiguen un nivel aceptable de implementación. Ello, aún con las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, que asegura que antes de noviembre cumplirá con la meta de entregar 10 millones de televisores digitales a igual número de familias.

En diversas ciudades de la República se ha realizado ya el apagón de forma paulatina y los resultados no han sido claros. La última experiencia fue verificada el pasado 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey y al día de hoy todavía persiste el debate público entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y diversos actores de ese sector. Mientras que el IFT sostiene que en Monterrey y su área metropolitana se quedaron sin señal de televisión alrededor de 472,000 personas, la firma de investigación de mercados Nielsen-Ibope argumenta que la cifra real podría alcanzar unas 645,441 personas sin televisión, es decir, cerca del 16% de los habitantes de esa zona.

Más aún, la misma firma considera que en 28 plazas que se encuentran bajo su estudio podrían quedar sin señales de televisión digital poco más de 7.4 millones de personas. Obviamente, integrantes de familias que no pueden destinar recursos para la compra de una televisión digital.

Aunque son divergentes los datos entre la autoridad de la materia y los empresarios del sector, consideramos preocupante la persistencia de un número importante de familias que pueden perder el acceso a esos medios masivos de comunicación durante las siguientes etapas del apagón analógico y, definitivamente, al 31 de diciembre de este año.

No postulamos que los contenidos difundidos por los medios electrónicos de comunicación signifiquen el cumplimiento efectivo de su función social, es decir, que en una medida adecuada realicen la difusión de programas culturales o educativos, ni calificamos de modo alguno la calidad de la información que transmiten; creemos que esa discusión es fundamental en nuestro país, pero debe darse por separado del análisis y discusión de las posibilidades de acceso de la población a las transmisiones televisivas. Sin duda, esas posibilidades de acceso afectan en forma positiva o negativa la eficacia de diversos derechos humanos.

Formar parte de la sociedad de la información y del conocimiento es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución, a la vez que constituye una obligación a cargo del Estado garantizar la eficacia del mismo. Estos lineamientos forman parte sustancial de la reforma constitucional en la materia de 2013.

La importancia de esta libertad pública radica en que, como derecho fundamental, es reconocido por diversos ordenamientos internacionales y constituye una de las tres vertientes de contención, contrapeso y vigilancia, que según los modelos internacionales debe tener todo Estado moderno democrático: Estado de derecho constitucional con garantías y desarrollo jurídico, división de poderes verdaderamente efectiva y derecho de acceso a la información pública. Su eficacia, por tanto, es de interés público.

Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente”, considera que para asegurar el acceso equitativo y en igualdad de oportunidades el derecho a la libertad de expresión “exige que los Estados no sólo se abstengan de realizar acciones que impidan el ejercicio de derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación”. Derecho que convive, además, con los de difusión y acceso a la información social, correlativos a su vez de los derechos de acceso a la cultura y al esparcimiento.

Sin duda, el acelerar el final de la transición digital y, en consecuencia, ordenar el cese de toda transmisión de radio y televisión por vía de la caduca tecnología analógica debía traer como consecuencia el reforzamiento de las capacidades de ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos a la información, a la cultura y al esparcimiento de todos los mexicanos, así como facilitar su acceso a benefactores que aporten una mejor calidad de vida.

Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo impuesto por el constituyente, las condiciones generadas por las políticas gubernamentales no parecen las óptimas.

Incluso, el vencimiento del plazo para la transición digital pone en riesgo la viabilidad de diversos medios públicos de comunicación, mismos que sí tienden a garantizar la difusión de contenidos culturales, educativos, informativos y de esparcimiento formativo, es decir, medios por vía de los cuales el estado promueve el cumplimiento de la función social de la radiodifusión.

Ello, porque las restricciones presupuestales, que incluyen recortes en tiempos de turbulencias financieras en el sector público, no les han permitido la implementación de los cambios tecnológicos suficientes para soportar el estándar de la digitalización.

Al respecto, también se ha pronunciado la CIDH en el manifiesto citado, al considerar que dentro de los estándares que deberían adoptar los países para garantizar estos derechos se encuentran “los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos independientes del Poder Ejecutivo, privados con fines de lucro, y comunitarios o privados sin fines de lucro) deben ser reconocidos y deben poder tener acceso, en condiciones de equidad, a todas las plataformas de transmisión disponibles, incluyendo el nuevo dividendo digital”.

Lo anterior profundiza aún más nuestra preocupación sobre las posibilidades de ejercicio pleno de los derechos fundamentales de millones de familias en nuestro país que no han tenido acceso a los dispositivos adecuados para la recepción de la señal digital y que podrían quedar excluidos de los beneficios que reportan la transición digital y la convergencia tecnológica.

Así, con la finalidad de garantizar la materialización de este derecho y permitir el acceso a la información, al conocimiento, la cultura y esparcimiento en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, tal y como lo mandata la Constitución, es que se debe contar con los plazos necesarios para que existan las condiciones tecnológicas que permitan la eficacia de esta libertad pública.

Por eso se propone una modificación al párrafo tercero del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio de 2013, que establece que la transición digital debe concluir el 31 de diciembre de 2015, para que dicho proceso culmine el 30 de junio de 2016.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el párrafo tercero del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, para quedar como sigue:

QUINTO.


La transición digital terrestre culminará el 30 de junio de 2016. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Señoras y señores Senadores:

El próximo 23 de octubre, en nuestro país celebramos el “Día del Médico”, ¡Felicidades a los médicos mexicanos!

Esta celebración existe prácticamente en todos los países del mundo, pero cada uno de ellos ha fijado una fecha que es relevante para cada nación. En nuestro país corresponde justamente al 23 de octubre.

El Senado de la República se suma a la celebración, felicitando a todos y a cada uno de las y los médicos del país distribuidos en cada estado y en cada municipio del territorio nacional, reconociendo así su vocación de servicio, sensibilidad, disposición y entrega permanente de los doctores que han transformado y salvado millones de vidas en nuestro país.

En su día, enviamos un reconocimiento y felicitación a todas las y los médicos por su invaluable labor y extendemos una felicitación y reconocimiento especial a nuestros compañeros Senadores y médicos de profesión: Maki Esther Ortiz Domínguez, María Elena Barrera Tapia, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adolfo Romero Lainas y Francisco Salvador López Brito.

Nuestra felicitación, agradecimiento y reconocimiento.

¡Felicidades a todos!

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de personas procedentes del Grupo Emiliano Zapata, del estado de Hidalgo, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández, quienes vienen a presenciar nuestros debates.

También damos la cordial bienvenida a estudiantes de Licenciatura en Derecho y Contaduría de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por la Senadora Margarita Flores Sánchez.

¡Bienvenidos al Senado de la República!






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo)



A este dictamen se le dio primera lectura el 14 de diciembre de 2014. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de las Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Informo a la Asamblea que una vez agotada la intervención del Senador Enrique Burgos García, decretaremos un receso para recibir en sesión solemne, la visita del Presidente del Senado Japonés.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente. Con su anuencia. Honorable Asamblea:

En nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a presentar el dictamen de esta comisión, complemento del anterior, en coordinación, desde luego con las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, que propone modificaciones a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito es establecer la unidad de medida y actualización de nuestra economía y lograr que el salario mínimo no se utilice para cumplir funciones de unidad de cuenta, o de referencia. Dejo constancia, creo que es importante mencionarlo, de reconocimiento al interés y solidaridad de los integrantes de las comisiones y en particular a sus Presidentes, los Senadores Ernesto Gándara Camou y Alejandro Encinas Rodríguez, que en su momento expresarán lo conducente para reformar el proceso legislativo a esta minuta, habida cuenta sus antecedentes y su significado, para que el salario mínimo constituya un concepto pleno de derecho social, como son la aspiración permanente de justicia social en nuestra Constitución.

La materia de esta propuesta de reforma constitucional, es conocida ampliamente por las distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea, todos estamos inmersos en el propósito de impulsar avances, avances en el propósito de ir hacia la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y que este sea, como lo dispone el artículo 123 constitucional, un ingreso con la connotación que el mismo documento fundamental establece.

En el dictamen presentado a su consideración se da cuenta de las iniciativas, que esta materia, y con objetivo del convergente, han promovido el Senador Armando Neyra Chávez, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, ahora con licencia, y el Senador Héctor Larios Córdova.

Esta minuta de la Cámara de Diputados, que considera la iniciativa propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, es coincidente con los propósitos que en el entorno y en el horizonte de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo se ha presentado en esta Cámara y en esa búsqueda y con ese afán.
Desde luego también dejo testimonio y reconocimiento a las tareas de los Senadores Javier Lozano Alarcón, Armando Ríos Piter y Héctor Larios Córdova y, por supuesto, del respaldo que obtuvimos de los respectivos coordinadores, los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila y Miguel Barbosa Huerta, nuestra gratitud.

En la iniciativa del Senador Héctor Larios Córdova y en el estudio que a la Comisión de Puntos Constitucionales hizo llegar el Senador Isaías González Cuevas, también, dirigente Nacional de la CROC, pudimos constatar que en más de un centenar de leyes federales se utiliza la referencia al salario mínimo para el cálculo de multas y sanciones administrativas, sanciones penales, financiamiento de los partidos políticos, y establecimiento de topes al gasto de campañas, entre otros.

Entendemos que este uso del salario mínimo como unidad de cuenta, está vinculado a los periodos de inflación de los años 70’s y 80’s del siglo pasado, que limitaron el poder adquisitivo del recurso o del dinero.

Para evitar la desactualización de las obligaciones de pago, derivadas de las actividades económicas, y particularmente las previstas en el orden jurídico, optamos por proponer y dejar establecidos montos específicos en dinero y referirlos a un cierto número de salarios mínimos, los montos se actualizarían conforme a la movilidad del salario mínimo.

Es probable que sin percibirlo a cabalidad, y como conjunto, incidimos en la desactualización de la función social del salario mínimo al utilizarlo como unidad de cuenta, lo vinculamos al reflejo de la inflación esperada, eso nos condujo a fijarlo en términos de referente para prevenir y eludir movimientos inflacionarios, al año futuro y su fijación en el mes de diciembre de cada anualidad.

Así una función económica de uso como referencia en las leyes y para el pago de obligaciones, que se actualizan a lo largo del tiempo, limitó el sentido constitucional del salario mínimo. Por ello, nos permitimos poner a su consideración, y por supuesto solicitamos su respaldo, con tres objetivos muy puntuales:

Primero. Establecer la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, y otorgarle la función de unidad de cuenta de nuestra economía para el pago de obligaciones que requieren su actualización a lo largo del tiempo, a fin de reflejar la inflación durante ese periodo, y la responsabilidad de determinar el valor de la UMA en dinero, que estará a cargo de un organismo constitucional autónomo, como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Segundo. No utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta, con objeto de afirmar su esencia social y su sentido de justo derecho de los trabajadores.

Tercero. Disponer un régimen transitorio que permita adoptar las medidas necesarias para el surgimiento de la Unidad de Medida y Actualización, y la vinculación del crecimiento del salario mínimo, no a la inflación esperada, sino al incremento del Producto Interno Bruto a la productividad y al crecimiento económico.

Adicionalmente, como elemento inmediato de la revisión del salario mínimo como unidad de cuenta en el orden jurídico, se sustituye por la UMA, es decir, la Unidad de Medida y Actualización para el cálculo del financiamiento público a los partidos políticos.

Debo precisar también que en el acuerdo de modificaciones al dictamen presentado el 14 de diciembre del año pasado, se contienen dos elementos:

Primero. Adecuar el texto del Artículo Segundo Transitorio, a la circunstancia de que ya existe un salario mínimo diario para todo el país, y;
Segundo. Prever en el Artículo Quinto Transitorio, un plazo para la expedición de la ley reglamentaria del establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, como los criterios que servirán para ese propósito, hasta en tanto se emite dicho ordenamiento, de tal suerte que se abone la certidumbre desde la Constitución misma con carácter por supuesto transitorio.

Honorable Asamblea:

Fijemos nuestro horizonte en el afán de buscar que el salario mínimo tenga el sentido constitucional que le corresponde. Para lograrlo demos el paso necesario para que su uso como unidad de cuenta sea su principal freno y la inflación su medida de avance.

Afirmemos el ingrediente social del salario mínimo, al dar paso a la Unidad de Medida y Actualización, por esa vía podemos avanzar hacia la recuperación del poder adquisitivo que corresponde al salario de todo trabajador.

Es un primer paso, es cierto, pero es un importante paso, y yo agregaría, un sólido paso.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.

Se declara un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne.

(Receso)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reanuda la sesión. Continuamos con la presentación del dictamen de reformas constitucionales, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentarlo a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

A nombre de mis compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los Senadores Javier Lozano Alarcón, Octavio Pedroza Gaitán, Armando Neyra Chávez e Isaías González Cuevas, vengo a presentar, junto también con mis compañeros de las Comisiones de Puntos Constitucionales, que preside el Senador Enrique Burgos García, y de Estudios Legislativos, Segunda, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el dictamen de reformas constitucionales a los artículos 26, 41 y 123, referentes a la Desindexación del Salario Mínimo.

Como ustedes saben, algo que es claro, evidente y totalmente consensuado por todos nosotros, que esta es una tarea inmediata; es fundamental, antes que cualquier otra cosa, quitar este gran obstáculo que será a nivel ley constitucional y poder lograr reformas para desvincular el salario como unidad de cuenta.

Con esta reforma estaremos iniciando la generación de condiciones que se necesitan para lograr dignificar un verdadero salario mínimo en el país.

Hoy damos un gran paso que no va, desde luego a resolver el problema, pero tampoco lo resolvería si no lo hacemos.
Es el inicio de una tarea en la que todos estamos de acuerdo y que nos vamos a seguir poniendo de acuerdo en el cómo lograr esta dignificación del salario.

Por eso, en este paso que tenemos que dar, posteriormente iremos también al reajuste del salario mínimo.

Esta reforma dará paso a otras acciones para el mejoramiento del poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Nos propusimos todos, compañeras Senadoras y Senadores, avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

Y hoy, el que estemos avanzando en este tema, y esperemos que podamos aprobarlo el día de hoy, reviste una significativa importancia.

Por eso celebramos las coincidencias a las que hemos llegado en las tres comisiones dictaminadoras.

Celebro y agradezco el apoyo de ustedes, Senadoras y Senadores, en particular de los coordinadores de los grupos parlamentarios, y desde luego, celebro también, que podamos ponernos de acuerdo en lo esencial, para poder avanzar en este camino.

Hemos recibido una iniciativa del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la materia, este primer paso que es la Desindexación del Salario Mínimo y su uso como unidad de cálculo en el orden jurídico para efectos económicos.

En la recepción y el análisis de esta iniciativa, distintos integrantes de todos los grupos parlamentarios nos hemos sumado al análisis y enriquecimiento de la minuta que nos ha mandado nuestra Colegisladora, la Cámara de Diputados.

Consideramos que hay una evolución en el concepto del salario mínimo en el mundo actual en el que México no ha sido parte.

Existe en nuestro país un deterioro innegable del poder adquisitivo del salario

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, informó que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación.

Hoy surge una oportunidad de cambio con la aprobación de esta reforma y con lo que tendremos que hacer después de manera inmediata.

Vamos a ser testigos los legisladores de que sabemos sumar y no restar.

El valor del salario mínimo no se utiliza únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, sino que también se utiliza como una unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos, viviendas, topes, multas, entre otros.

Esta vinculación del salario mínimo, esos supuestos y montos, ya hoy en día genera distorsiones en su comprensión al provocar aumento en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a las mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores, aquellos que dependen de factores como la inflación y el crecimiento de la productividad.

Cuando en la defensa de las posturas políticas encontramos intereses que coinciden y que llevan a posiciones encontradas, estamos ayudando a la comprensión del futuro. Con esta reforma vamos, como bien lo hemos dicho ya todos, a desvincular el salario de esta función de medición de unidad.
Hoy podemos decir que el salario mínimo ha prescrito su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones, derivadas de las leyes, la cual ya es una situación anacrónica urgente de resolver.

Por eso les pedimos, compañeras y compañeros, que aprobemos este primer paso para pasar lo más pronto posible al análisis de legislación ordinaria, derivada del mandato constitucional, y al análisis con todo lo que implica, no solamente el aumento al salario, la recuperación, sino todo lo que implique el poder adquisitivo de las familias mexicanas, particularmente de nuestra clase trabajadora, y que profundicemos en el futuro inmediato en el análisis de la relación salario con canasta básica, de la relación salario con educación, de la relación salario con las mismas prestaciones y los apoyos de las instituciones sociales del Estado mexicano, y que finalmente lleguemos todos juntos a buscar lo que realmente queremos, un mejor nivel de vida para los mexicanos, un mejor nivel de vida sin demagogias, sin cosas irreales, pero sí a fondo poniéndonos de acuerdo.

Compañeras y compañeros Senadores, ya iniciamos, sigamos adelante, no detengamos la marcha, es algo fundamental para el bienestar de las familias mexicanas.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gándara Camou.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Me parece una buena noticia que finalmente vayamos a dictaminar esta iniciativa, pero también hay que ser muy claros en los alcances de lo que hoy se está aprobando, porque se ha generado una expectativa allá afuera de que con esta reforma van a empezar a subir los salarios de los trabajadores, y eso no necesariamente va a ocurrir así.

Y no ocurre porque en esta discusión no ha habido un esfuerzo por tenerlo desde el punto de vista de los derechos humanos, tener al trabajador como sujeto central de derechos humanos en las actuales economías.

Hemos tenido debates importantes de qué pasará con la inflación, de qué pasará con la productividad, de qué va a pasar con las finanzas públicas, con las empresas, pero se nos olvida que el concepto de salario mínimo es fundamentalmente un concepto de bienestar y ahora protegido, formando parte de los derechos humanos, una política de principios de derechos humanos que deba mantenerse firme en la imposición de los derechos esenciales contra los argumentos políticos o económicos, haciéndolos valer y tomarlos en serio aún contra cualquier argumento. Se debe soportar todo esfuerzo por asegurar el mínimo vital, las necesidades básicas del trabajador.

Si bien sobre el incremento al salario mínimo es necesario y debemos actuar con racionalidad para evitar los extremos, por un lado mantener el salario mínimo como está, o bien aumentar el salario automáticamente o por Decreto.

Creemos que hay que actualizar los conceptos de salario mínimo ordenados por el Constituyente de 1917, a la luz de los derechos humanos que ahora son el centro del sistema jurídico e imponen a todas y todos a actuar con ánimo de su reconocimiento, protección, garantía y promoción.
Hay que reconocer que la política económica ha sido muy mala para los trabajadores en México, el bajo crecimiento económico en los últimos 30 años, menos del uno por ciento anual per cápita, la precarización laboral en la economía y la grave crisis de desigualdad en nuestro país han sido factores determinantes para elevar sus niveles de pobreza, más de la mitad de la población se encuentra en pobreza en nuestro país, el 20 por ciento en pobreza extrema, y 30 por ciento en pobreza moderada.

Varios de los argumentos para mantener el bajo crecimiento económico en nuestro país mediante bajos salarios, exigiendo mayores niveles de productividad, han colocado a las familias mexicanas en la informalidad y en la precariedad.

La realidad es que al 54 por ciento de los trabajadores formales no les alcanza su salario para comprar la canasta básica alimentaria.

Tan sólo este año el poder adquisitivo de los mexicanos ha disminuido casi 6 por ciento. La consecuencia de todo ello es que el mercado interno esté hundido, las familias no tienen dinero para gastar y las empresas no tienen dinero para invertir.

Entonces, la reforma de Desindexación del Salario Mínimo que hoy se discute, representa una condición necesaria, más no suficiente para recuperar su poder adquisitivo.

Es necesario establecer las bases sobre las cuales se fundamente una política para una verdadera recuperación de los salarios en México. Lo anterior es algo urgente, fijémonos que si nuestro objetivo fuese, que para el año 2021, por ejemplo, todos los trabajadores de México pudieran acceder a la canasta mínima alimentaria, el salario mínimo tendría que crecer casi 20 por ciento al año durante los próximos seis.

Esto nos habla del rezago tan grande que existe entre un empleo en nuestro país y su función social ideal, ganar el salario mínimo en México significa estar en la pobreza, situación que padece el 21 por ciento de los ocupados en México, es decir, más de 10 millones de personas, o uno de cada cinco de los trabajadores formales.

Además de que en términos nominales México es el país de América en donde el salario mínimo es el más bajo, tan sólo por detrás de Haití. Desde 1980 y hasta mediados de los 90’s ha tenido una caída de 70 por ciento y una falta de crecimiento económico.

¿Qué proponemos? Porque es un voto particular. Proponemos una nueva definición.

Pero antes quisiera decir, concluyendo, que el valor del salario real es el mejor indicador de las crisis económicas que hemos tenido en los últimos 30 años y de un modelo económico que asume un éxito en las finanzas públicas, pero ignora el desastre en las finanzas personales de las familias mexicanas.

¿Qué proponemos con esta modificación? ¿Por qué este voto particular? Queremos que pongamos a las familias mexicanas en el centro del debate. Estamos convencidos de que el salario mínimo es una variable económica y social cuya naturaleza es un indicador de bienestar de los mexicanos.

Por tanto, el debate debe centrarse en el núcleo social de México, las familias y su nivel de bienestar.

En octubre pasado se presentó una iniciativa para devolver al salario mínimo su naturaleza social y que deje de ser el ancla de la inflación.

¿Cuál sería esta nueva definición? Tratar a los derechos laborales como derechos humanos. Actualizar el salario mínimo general a la luz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, porque hoy en día los derechos de los trabajadores, los derechos laborales forman parte también de los derechos humanos.
Que el salario mínimo sirva para satisfacer necesidades básicas; modificar el concepto de un salario mínimo general que sea suficiente en la satisfacción, en lugar de necesidades normales, como dice actualmente la definición de la Constitución, para sustituirlo y que sea la satisfacción de necesidades vitales.

Que el salario satisfaga las necesidades de las personas. Actualizar la finalidad del salario mínimo general para que sea suficiente en la satisfacción de las necesidades de todas las personas en el hogar, independientemente de que formen parte o encabecen una familia, en lugar de la actual redacción que señala solamente al jefe de familia. Tenemos que incorporar a las mujeres jefas de familia en el derecho al salario mínimo.

En consecuencia, tenemos que desterrar la actual discriminación hacia las personas que son jefas de familia, ya que el texto constitucional excluye a las mujeres que encabezan una familia, del reconocimiento, protección y garantía del salario mínimo general, además de que se atenta contra los derechos humanos a la igualdad y no discriminación.

Que el salario mínimo también pueda proveer o que garantice textualmente, que pueda proveer la educación de las niñas, niños y adolescentes, es decir, modificar la redacción del mismo artículo 123 constitucional para que el salario mínimo general pueda proveer a la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes, sustituyendo el actual concepto nada más de hijos.

 Por lo anterior, si no realizamos un verdadero debate sobre la definición y los alcances del salario mínimo, y nos quedamos solamente con una desindexación del salario para crear la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, perderemos una gran oportunidad de garantizar a los trabajadores un salario sin pérdidas en valor real, que sirva como un indicador de medida de bienestar.

La simple desindexación, señor Presidente, del salario mínimo, será una reforma para garantizar que los ingresos del gobierno no pierdan valor en términos reales, pero pone en riesgo o deja en riesgo una vez más el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

En este sentido, proponemos con este voto particular a esta Honorable Cámara, la consideración de los siguientes transitorios, que iré presentando en el transcurso de este debate sobre la Desindexación del Salario Mínimo, cuyo objetivo será complementar las disposiciones señaladas en este dictamen, y asegurar que con esta votación no dejemos pasar esta oportunidad de sentar las bases para llevar al salario mínimo, de una medida de precios, a un indicador de bienestar de los trabajadores y de las familias.

Quiero, señor Presidente, terminar diciendo, ¿qué significa un mínimo vital?

Hay ya criterios en los tribunales donde dice: Que el mínimo vital, en lugar de las necesidades normales que actualmente dice la redacción, lo que estamos proponiendo es que diga: El mínimo vital, habla de un concepto fundamental que se apoya en los principios del estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales; cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bueno, más adelante abundaré más en esta definición. Pero el llamado es que no perdamos la oportunidad. Sabemos que esto no es suficiente, tenemos que redefinir el concepto de salario mínimo para vincularlo ahora, en esta definición, como un derecho humano fundamental.

Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente, y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos, desde luego, a estar a favor de esta reforma, sin duda alguna.

Simplemente queremos señalar algunos cuestionamientos de realidades que hemos vivido en este Congreso, en el Senado de la República.

Cuando escucho a los presidentes de las comisiones hablar de los beneficios de desindexar, y de lo que puede suceder o va a suceder a futuro, me recuerda lo que vinieron a decir aquí ellos mismos cuando promovieron la aprobación de la reforma laboral, que significó un ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores, que fue la culminación de todo un proceso de discusión política, económica en el país, y terminó con una aplicación brutal de la política neoliberal en materia de relaciones laborales.

De manera que hoy nos vienen aquí a cantar la palinodia, y a decir los presidentes que esta es una gran reforma. En realidad no se les puede creer nada, porque son los autores, los promotores, los que sirvieron a los intereses neoliberales, empresariales, en contra de los trabajadores de este país.

Es una de las reformas de peor resultado para la justicia social en México, y hoy plantean como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran dirigido desde las comisiones que hoy plantean ese atentado contra los derechos de los trabajadores, que además dijeron el PAN, el PRI, el PVEM: “Que la reforma laboral traería innumerables beneficios”, entre otros, recuerdo, incrementar la productividad y la competitividad del país, dar 400 mil empleos adicionales por año, aumentar los ingresos de los trabajadores, establecer incentivos al empleo formal, impulsar y generar el crecimiento económico nacional.

¡Mentiras! Nada de eso se concretó, nada.

Al contrario, cada año la situación de los trabajadores es peor.

La contención de los salarios es brutal.

Tenemos un gobierno cuyo objetivo, y lo vamos a ver en las reformas económicas que vienen, cuyo objetivo es favorecer al gran capital a costa de los trabajadores de manera sistemática.

De manera que, ¿qué les podemos creer, señores presidentes de esas comisiones, que nos echaron esta demagogia de todo lo que iba a producir los 400 mil empleos? Por ejemplo.

Todo eso fue falso, de manera que quienes vienen a decir mentiras aquí, las repiten hoy, vamos a estar a favor de la desindexación porque es un freno al impulso del derecho del salario mínimo, que aquí ya se dieron datos y habrá más, el salario mínimo no sirve para nada, abiertamente es un salario de hambre, quien tenga un salario mínimo, se muere de hambre.

Entonces, venir a hablar aquí de salario mínimo, sin mencionar el contenido del sacrificio y de justicia a que están sometiendo a los trabajadores de este país, pues es demagogia, es más demagógica, y más demagogia, y más mentiras.
Así los escuché a estos dos presidentes de las comisiones que nos presentaron estas mentiras anteriores, por eso no tienen ninguna autoridad moral lo que aquí vinieron a decir.

El salario en México es de los peores del mundo, de los países más pobres del mundo, y nosotros estamos peor; el salario mínimo es una gran mentira, y si eso no se dice, y si eso lo dicen de verdad, están otra vez viniendo aquí a promover una reforma que se detuvo por razones siempre de tranzas e inconveniencias de un momento, pero que sabemos que el gobierno mexicano, este particularmente, está con los grandes intereses económicos de mexicanos y extranjeros.

Pues vamos realmente a desenmascarar las mentiras, no vayan a lucirse con que están haciendo una gran reforma para fines sociales, porque no es cierto.

La peor injusticia que se ha creado en este país en años la aprobaron ustedes hace unos cuantos años con mayores injusticias y mayor pobreza creciente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El salario mínimo ha sido por diversos años la unidad de medida para el pago de las cuantías y de referencia como base de cobro de contratos, multas, trámites, impuestos, entre otros.

Desvincular el salario mínimo como unidad de medida de otros precios y variables benefician el control de estos y genera mayor viabilidad para el incremento del salario mínimo.

De acuerdo con el INEGI, en México el 14 por ciento de la población ocupada, unos 6.9 millones de trabajadores, perciben el salario mínimo.

Esta unidad de medida ha sido modificada año con año y ha buscado igualar los ingresos entre todos los estados de la República.

A razón de ello, el pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en la cual se estableció que regirá a partir del 1° de octubre de 2015 un solo salario mínimo en la República Mexicana, calculado en 70 pesos con 10 centavos.

Con esta resolución se atendió a una de las demandas más sentidas de los trabajadores en un ambiente de paz laboral y de concordia entre los factores de producción.

Los avances en esta materia han dado mayor certidumbre a los trabajadores de los estados más desfavorecidos, por ello, el aumento del salario en nuestro país, aunque imperceptible por el momento, debe ser la prioridad para lograr una recuperación de la economía familiar.

Con la desindexación se tendrá una nueva unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de referencia para calcular el monto de las obligaciones y sanciones a que se refieren las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Con ello estamos logrando establecer un soporte independiente enfocado al salario mínimo.

Asimismo, se fortalece la capacidad técnica del organismo encargado del salario mínimo para dar puntual seguimiento a los aumentos del salario.

Han existido varios intentos por modificar y desvincular el salario mínimo como unidad de medida de los cobros.

Con esta reforma se consolida, se fortalecen las instituciones, y mejor aún, se podrá dar un mayor aumento en el salario mínimo sin afectar el monto de las obligaciones y sanciones que establece la normatividad.

De ahí la necesidad de que una vez aprobada la presente reforma constitucional, se realicen las adecuaciones necesarias en los ordenamientos federales, estatales y municipales, para eliminar toda unidad de medida basada en el salario mínimo, como multas y prerrogativas.

Esta reforma impactará más de 700 modificaciones en diferentes ordenamientos en materia mercantil, civil, laboral y penal, entre otros.

Se otorga el plazo de un año para que las autoridades de los tres niveles de gobierno realicen las adecuaciones en los ordenamientos de su competencia.

Los legisladores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen debido a que la Desindexación del Salario Mínimo logrará un avance en el impulso y crecimiento de la economía de las familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Esta Mesa Directiva saluda a Marco Enríquez-Ominami, ex candidato a la Presidencia de la República de Chile y Presidente de la Fundación Progresa, que ha sido invitado al Senado por el grupo parlamentario del PRD.

¡Sea usted bienvenido, don Marco Enríquez-Ominami!

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me siento contento y orgulloso de que el día de hoy estemos a punto de votar un asunto de vital importancia para la economía presente y, sobre todo, espero, para la economía futura del país.

Y me siento orgulloso porque este debate que desafortunadamente estuvo estancado, porque intereses metieron mano y congelaron en cierto sentido lo que hoy ya es una oportunidad de que todos los grupos parlamentarios votemos un cambio a la Constitución.

Me siento orgulloso, decía, porque esta fue una propuesta que originalmente surgió de un gobierno de mi partido, del Partido de la Revolución Democrática, con la visión de izquierda que tiene el gobierno de la ciudad de México.

Hace un año Miguel Ángel Mancera, el 28 de agosto de 2014, presentó una propuesta que se titulaba “Política de recuperación de los salarios mínimos en México y en el Distrito Federal”. Ello motivó que se presentaran iniciativas que primero se votaron en la Cámara de Diputados y que hoy son el sustento de la minuta que estamos por votar.
Y me parece que es importante y trascendente saber que ésta es una de las primeras discusiones, diría yo, en las cuales estamos entrándole a las causas, y no estamos patinando como siempre nos ocurre en los efectos.

¿Cuáles son los efectos de una economía que no crece, una economía que en más de 20 años tiene 2 por ciento de crecimiento en promedio? Pues son que tengamos una economía con pobres, donde el porcentaje de pobres desde hace 30 años, prácticamente no cambia por más políticas de atención a la pobreza que tenemos.

Un país donde hace tan sólo algunos meses el CONEVAL nos dio la noticia, no solamente que tenemos el mismo porcentaje que hace 30 años, sino que se incrementan más pobres, especialmente en la parte urbana; 2 millones de nuevos pobres en lo que va de este gobierno en estos dos últimos años.

Pero eso, compañeras y compañeros, es un efecto de decisiones de política económica. Desigualdad en un país en donde de cada 100 mexicanos tan sólo 10 concentran el 64 por ciento del ingreso; es decir, que solamente 10 personas de cada 100 se quedan con mucho más de lo que puede generar el otro 90 por ciento, es obviamente increíble.

Es increíble, revisaba el libro de Thomas Piketty, y él precisamente dice: “En aquellos países la historia, y las revisiones de los números en la historia señalan que en aquellos países donde el 50 por ciento es concentrado, solamente en el 10 por ciento estallan revoluciones”, y lo hace en un análisis desde la Revolución Francesa.

Bueno, ese es el país en el que vivimos, un país en el que 10 personas de cada 100 concentran el 64 por ciento del ingreso, y ese problema, que es el de la desigualdad, es un efecto.

Y, por último, el de la informalidad, donde tenemos un país donde 2 de cada 3 trabajadores, 2 de cada 3 integrantes de la población económicamente activa están en la informalidad, y esto significa precariedad, malos ingresos, malos alimentos en las mesas de sus familias; pero también significa escasa o nula productividad para la economía; malos ingresos que significan también una mala impartición de la seguridad social.

Ese es el país, compañeras y compañeros, del que llevamos hablando más de 20 años. Desde que el PRI nos heredó la devaluación y que tuvo que enfrentar con Miguel de la Madrid, y luego las políticas de estabilización con Carlos Salinas de Gortari, pasando por los gobiernos del Partido Acción Nacional.

Ese es el país que tenemos, un país de pobreza, de desigualdad, y un país de informalidad.

¿Y por qué me siento orgulloso del debate el día de hoy? Porque es entrarle, precisamente, a empezar a resolver causas de esos problemas, porque esto no se originó de manera espontánea, esto no surgió de la nada, esto, compañeras y compañeros, que un kilo de tortillas sea lo único que se puede comprar hoy con el salario mínimo en lugar de cuatro, como ocurría en los 80’s, es una decisión de la clase política, fue resultado de una decisión de los políticos que quisieron enfrentar los malos manejos económicos de los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, con la intención de evitar la inflación, pero anclando el salario.

Eso, compañeras y compañeros, tenemos que traerlo a la memoria, porque si no entendemos de dónde venimos, la decisión que estamos a punto de tomar el día de hoy, no tendrá una visión de futuro y no podrá encontrar el enorme compromiso y el enorme acuerdo nacional que esto reclama, porque si la pobreza de desigualdad y la informalidad son causas, fue precisamente porque necesitábamos tener un salario mínimo que evitara que el espiral de inflación continuara, el problema fue, que se quedó estancado, y alrededor de 127 leyes de carácter nacional se fueron configurando para seguir manteniendo en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, una suerte de lugar, donde llegaran los fantasmas del sindicalismo para tener la opresión de la ortodoxia de la economía nacional y, entonces, las negociaciones salariales, lo que encontraron fue un deterioro de ese salario mínimo de las condiciones de vida y bienestar de la gente.

Porque si desindexamos el salario mínimo, como pretendemos hacerlo el día de hoy, podemos pensar que podemos enfrentar la pobreza, la desigualdad y la informalidad, porque el salario mínimo, como está el día de hoy, recrea la pobreza.

Hemos escuchado que somos una fábrica de pobres, y en efecto lo somos.

¿Por qué? Porque 43 por ciento de la población vive en pobreza salarial, es decir, trabaja día con día, día con día trabaja y no le alcanza siquiera con el ingreso diario para poder tener la canasta mínima de bienestar, por más que trabaje, y son 7 millones de mexicanas y mexicanos que viven en esa condición.

No les extrañe, entonces, y no se enojen, cuando el CONEVAL dice que 1,750 millones de nuevos pobres están en las zonas urbanas, parte de ello lo aporta este salario mínimo.

Segundo.- La desigualdad, obviamente, cuando uno revisa las cifras de crecimiento de la productividad, y checa las cifras en una serie de 20 años, la OCDE, no cualquier organización, la OCDE, que ha sido proactiva a las políticas neoclásicas y/o neoliberales, lo que dice es que la productividad en el país ha crecido 30 por ciento, mientras que el salario mínimo se ha quedado estancado.

Tan sólo para el 2007, hay que pensarlo, para el 2007 a la fecha, más de 7 años, los salarios reales se han quedado 9 por ciento por abajo del crecimiento de la productividad.

¿Quién se está quedando ese incremento en la productividad? Pues los dueños del capital, ese debate no cambia.

¿Quién se lo está quedando? Los dueños del capital.

Y tercero.- ¿Por qué la informalidad? A quién le va a interesar meterse al proceso de formalidad, si el salario mínimo no rinde y no es suficiente.

Entonces, hay causas, hay efectos, estamos entrandole en esta discusión a un proceso de fondo, que es tratar de resolver las causas.

Quitar la indexación, es decir, la dependencia de las multas, de las tarifas, de todo lo que le hemos puesto como ancla al salario mínimo, es un paso fundamental para arrancar el gran debate que reclama México, y es ahí donde hay que hacer una reflexión profunda si queremos que este solamente sea un motivo de campaña, como fue para algunos partidos políticos que se envolvieron en este planteamiento.

¡Qué bueno que lo hicieron! Porque hoy van a votar a favor de esto.

¡Qué bueno!

Pero lo que queremos es solamente desindexar, o verdaderamente lo que queremos es un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de la República para encontrarnos con el crecimiento y con la senda de desarrollo que quiere México.

Yo estoy convencido que mi generación es posible y es capaz de entregarle a los que siguen un país, que sea la quinta potencia del mundo.
Yo estoy convencido de que ese país es posible, porque ese es México, porque es un país que tiene población, que tiene trabajo, que tiene capacidad emprendedora y que también tiene empresarios.

Pero, compañeros, si seguimos pensando en el interés solamente de una de las partes, en lugar de entender que este tiene que ser un compromiso de todos, no vamos a llegar a ningún lado, hoy vamos a cambiar la Constitución, y esto corre el riesgo de convertirse en frustración de la gente que creyendo que va a incrementar su salario y su bienestar, vea que su bolsillo no mejora.

Yo les invito a que el voto del día de hoy, sea un voto de historia, de historia no hacia atrás, sino de historia hacia adelante, que hoy construyamos quienes estamos a punto de votar este cambio a la Constitución, un gran inicio de acuerdo, un acuerdo que nos lleve a que los trabajadores, junto con los empresarios, que es esa parte productiva la que nos puede llevar al gran desarrollo que tenemos en compromiso con la historia, a ser el gran país que México está comprometido a hacer.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con su permiso, señor Presidente.

No hay ninguna duda de que este tema, es un tema en donde todos coincidimos. Sin embargo, una cosa es coincidir y otra cosas es manejar datos que no tienen sustento, como se acaba de decir ahorita, que esta es una iniciativa que proviene de un partido del que antecedió en el uso de la palabra.

La primera iniciativa que se presentó en materia de desvincular el salario mínimo de cualquier otra cosa que no sea remuneración, es una iniciativa que presentó el PAN el 27 de agosto de 2014.

Segundo. Este es un tema realmente importante como para venir a distorsionar absolutamente todo.

Hoy día el salario mínimo no es remunerador, no hay nadie que lo pudiera sostener, pero un kilo de tortillas no vale 70 pesos con 10 centavos.

Decir que hoy con un salario mínimo se compra un kilo de tortillas es venir a falsear la información. Es venir a falsear la información si se dice que la productividad en el país ha crecido en los últimos años 30 por ciento.

De 1980 al año pasado, aquí está la gráfica, ha crecido 0.4 por ciento.

Y bueno, lo que sí ha pasado es que el salario mínimo ha perdido poder de compra en estos últimos 30 años en 85 por ciento, no sería argumentable, como algunos en un una parte del sector empresarial lo hacen, de que habrá que aumentar el salario mínimo conforme a la productividad, no, lo que hay que hacer es que recupere el valor que perdió, independientemente de la productividad.

Pero es importante en los debates manejar datos concretos, claros, con fuentes confiables, porque de otra manera distorsionamos el propio debate.

Desde luego que el PAN está a favor, fue la primera iniciativa que se presentó de desvincular al salario.
¿Qué es lo que sucedió? En las épocas de altísima inflación, fundamentalmente a principios de los 80’s, se acordó un nuevo mecanismo, vamos a amarrar el crecimiento del salario para que siempre crezca menos que la inflación.

Ustedes revisen los últimos 30 años y si la inflación en un año era el 20 por ciento, y el pronóstico de la inflación del siguiente año era 15 por ciento, el salario no aumentaba el 20 por ciento que perdió, solamente el 15 por ciento que era el objetivo de la inflación del siguiente año.

De esa manera, año con año, el salario fue perdiendo valor a tal grado que llego a perder el 85 por ciento de su valor.

Y luego, no solamente la masa salarial se convirtió en el ancla de la inflación, al incremento del salario se sumó por relacionarlo con el pago de las rentas, con el pago de los derechos, de las multas, de los créditos, de las exenciones fiscales y de muchísimas otras cosas.

De tal manera, que fue una estrategia en cuanto a combate de la inflación se refiere que funcionó.

Realmente México logró resolver el problema de inflación, pero a un costo que no era susceptible de pagar, pauperizar el salario mínimo.

Hoy es indispensable, no tenemos inflación, desvincular al salario, poner en la Constitución que está estrictamente prohibido usar el salario como referente para cualquier otra cosa que no sea remuneraciones.

En diciembre, de estar este dictamen con un acuerdo de consenso de todos los grupos parlamentarios, de hacerle una sola modificación a lo que vino de la Cámara de Diputados.

¿Cuál era esa modificación? El quitar cómo se calcula la Unidad de Medida y Actualización de la Constitución y ponerlo en una ley secundaria, es un error poner en la Constitución las fórmulas que después es muy difícil de mover.

Hoy mismo se ha presentado una iniciativa, de su valoración no me incumbe, pero de cambiar la Constitución, porque la Constitución puso una fecha específica para el apagón analógico.

Bueno, ese fue el acuerdo, cambiemos el Artículo Quinto Transitorio para que traiga cómo se calcula el valor de la Unidad de Medida y Actualización, sino que pongamos que en 120 días el Congreso emitirá la ley que le corresponda.

Hoy día, se rompió lamentablemente el periodo y ha venido, estaba atorada, porque se insistió.

Actualicemos el valor de las demás cosas con respecto a lo de la inflación. Lo voy a decir en términos que una generación le entiende perfectamente, convirtamos en UDIS el pago de multas, convirtamos en UDIS el pago de créditos, convirtamos en UDIS el pago de los derechos de las aportaciones a los partidos, de las exenciones fiscales, liguémosla a la inflación.

Eso sería un garrafal error en el momento que la inflación volviera, lamentablemente, a aparecer en el país.

Por eso nos opusimos radicalmente que estuviera ligado a la inflación, porque además contraviene el espíritu de la reforma.
¿Cuál es el espíritu de esta reforma? Fortalecer el ingreso de los trabajadores.

Si por un lado fortalecemos el ingreso de los trabajadores y luego desatamos para que crezcan los precios, el poder de compra del trabajador no se ve beneficiado.

Por eso es importante que los otros precios sigan creciendo menos que la inflación y no desatemos todo.

Desde luego que a la Secretaría de Hacienda que fue la que elaboró esta parte, le interesaba mucho que los derechos que se cobran, por muchas razones, crecieran con respecto a la inflación y no como han crecido en los últimos 30 años en ritmos menores a la inflación.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el dictamen que se va a presentar y estamos también con el ánimo de establecer con claridad que la ley en que se establezca cómo se calcula la Unidad de Medida y Actualización, no sea la inflación, sino sea un índice menor a la inflación, que puede ser la inflación estable denominada inflación subyacente, o puede ser el pronóstico de inflación del siguiente año o pueden ser otras medidas que no vaya a ser que hagan que lo que gana el salario lo pierda el poder adquisitivo porque suben otros precios.

Por eso al PAN, después de haber conseguido este tema, le parece que este dictamen es totalmente de aceptarse y que al igual que lo han hecho referente otros oradores, como el propio Presidente de la Comisión de Trabajo, como el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tampoco se trata de echar las campanas al vuelo, sino éste es un paso y no quiere decir que al día siguiente van a subir los salarios mínimos, sino una vez que estén desvinculados, sí hay un compromiso casi explícito de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aumentar algunos pesos el salario mínimo y que eso pueda acumularse a la siguiente revisión.

Sí importa que nosotros trabajemos también en nuestros estados para que la Cámara de Diputados, que también ha ofrecido allanarse a estos cambios, permita que pase a los Congresos de los Estados, y que esto concluya antes de fin de año, para que en la próxima revisión anual del salario mínimo ya esté desincorporado y pueda no ser motivo de excusa no aumentar lo suficiente, porque puede desatar la inflación en otros temas a los que ahorita está vinculado.

Finalmente, es importante también establecer la diferencia nacional en su geografía. Hay zonas del país donde el salario mínimo es solamente un referente y no se contrata a la gente por salario mínimo, particularmente en todo el norte del país, y lamentablemente hay zonas en donde el salario mínimo es el sueldo que se paga.

Por ello la importancia de que el valor adquisitivo del salario mínimo se actualice, desde luego, como siempre.

Hay dos cambios más en la iniciativa. Uno es el Artículo Transitorio que da seguridad de que solamente hay una zona geográfica para el salario mínimo, ya no tres como en el pasado, y otro que es un error simplemente de sintaxis, una corrección de ese tipo.

Por todo esto, el PAN va a votar a favor, también aclarándolo, porque es una iniciativa que originalmente presentó el PAN.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Larios Córdova.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isaías González Cuevas, para fijar posición del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.

El Senador Isaías González Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En nombre de la fracción parlamentaria del PRI, vengo a esta tribuna a fijar nuestra postura en favor de este dictamen.

Es un tema de gran importancia para el país y, sobre todo, para los trabajadores mexicanos.

Al salario mínimo tenemos que dignificarlo y procurar gradualmente su recuperación, con lo que podremos llegar a mejores niveles de bienestar.

Nuestro voto es favorable al presente dictamen, aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara de Senadores.

En él se decreta la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la desvinculación del salario mínimo de su papel de unidad y cuenta, y el establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, UMA.

Se modifican los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de dar el primer paso para instrumentar una política de recuperación del salario mínimo, desvinculando de todas las cosas que éstas han referenciado en él, incluyendo multas, pagos, algunos servicios, prestaciones, créditos hipotecarios y prerrogativas de partidos políticos.

Se busca crear una Unidad de Medida y Actualización para que sustituya al salario mínimo y se otorgue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad.

Se busca establecer la prohibición, donde el salario mínimo puede ser utilizado como unidad de base, unidad de cuenta, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral.

La Unidad de Medida y Actualización propuesta, se ajustará al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, y se actualizará conforme a lo previsto en la forma diaria, mensual y anual por el INEGI, logrando eficiencia y certidumbre a la economía nacional, pero principalmente a la economía de todos los mexicanos.

Dicho dictamen recoge las aspiraciones de los trabajadores mexicanos, pues concreta una demanda realizada, de hace muchos años, de la clase trabajadora y que hoy genera un acto de justicia social.

Al desvincular al salario mínimo del amplio conjunto de obligaciones, derechos y prestaciones al que fue ligado a lo largo de los años, se le estará librando que su determinación se realice de acuerdo a las condiciones prevalecientes de los mercados, a nivel de la productividad alcanzada por los trabajadores y las empresas.

Si se usan únicamente los criterios establecidos en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su rezago empezará a corregir, ya que su ajuste dependerá del comportamiento general de la economía y de sus aspectos de inflación, productividad, inversión y empleo.

El establecimiento de una sola zona salarial del país, aprobada hace algunas semanas por la Comisión de Salarios Mínimos y la aprobación de este dictamen, serán pasos fundamentales en la recuperación del poder adquisitivo del salario en México.

La decisión de lograr un solo salario en México, es resultado de un intenso diálogo entre trabajadores, patrones y gobiernos.
La política laboral de la actual administración federal, es una política basada en el diálogo permanente de los sectores de la producción para alcanzar acuerdos y mantener equilibrio entre ambos, es decir, es una política cuya base es el tripartidismo.

La homologación de las zonas económicas es un paso importante hacia la recuperación de los salarios en México, no sólo de los salarios mínimos generales, sino también de las 59 categorías de los salarios mínimos profesionales, que muchos de ellos ya se han mejorado sustancialmente.

Debemos reconocer que esta medida tiene un impacto positivo inmediato en los trabajadores, pues desde 1934, cuando se estableció el salario mínimo en México, no ha existido un solo salario, hasta hoy.

Hoy se ha demostrado la voluntad del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, para mejorar los salarios mínimos de los trabajadores.

La desindexación de los salarios mínimos es otro paso de la dirección correcta hacia el equilibrio entre los factores de la producción.

A las comisiones unidas, nuestro reconocimiento para ellas, establecen en sus considerandos que los salarios mínimos deben de estar ligados a las condiciones de mercado y al desempeño de su propia eficacia, para que tengan un desarrollo sustentable.

Una política sensata de recuperación salarial, debe partir de una gradualidad y una condición económica consecuente. Para esto, se debe crear el acuerdo nacional político, económico y social con empresarios y trabajadores, para crear condiciones que lleven a tal recuperación, para que sus efectos sean benéficos, no sólo para los asalariados y sus familias, sino también para la economía nacional.

La recuperación salarial que con esta medida estamos emprendiendo, también beneficiará las finanzas de todas las instituciones de la seguridad social, pues al mejorar los salarios mejoran también las cuotas obrero-patronales y la aportación social del gobierno federal siendo otras virtudes del presente dictamen.

Por último, el dictamen tiene dos vertientes esenciales. Por un lado, la creación de la Unidad de Medida y Actualización, y que conservará el mecanismo necesario para la actualización automática de los montos y obligaciones a pagar, contenidas en las leyes federales.

Y por el otro, se libera el salario mínimo de esta ancla que entorpece su aumento, pues uno de los criterios que siempre se adopta es de carácter administrativo y no tiene que ver en absoluto con lo establecido en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo tanto, a todos ustedes, compañeras y compañeros, pedimos su aprobación, como aquí ya lo han manifestado nuestros compañeros y que sea para beneficio de los trabajadores de México.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador González Cuevas.
Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Le agradezco que me haya respetado mi turno, acaba de terminar la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero afortunadamente tengo la oportunidad de intervenir primero, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; una de las comisiones que codictaminamos esta reforma constitucional que, sin lugar a dudas, representa un paso muy importante para iniciar un proceso de recuperación de los salarios, en términos reales, pero que tenemos que ubicarlo en su justa dimensión, es solamente un paso y no hay que generar falsas expectativas de que a partir de esta reforma se va a desatar un proceso de recuperación de manera automática. Porque para lograr un proceso de recuperación de los salarios, en términos reales, después de más de tres décadas de contención salarial va a requerir de políticas públicas específicas de fondos públicos especiales, porque indudablemente las resistencias, que a lo largo de más de tres décadas han prevalecido por parte del sector empresarial, independientemente del establecimiento de un nuevo mecanismo para la fijación de los salarios mínimos, van a prevalecer.

Hasta aquí mi intervención como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en donde reconozco el trabajo realizado por el Senador Enrique Burgos García, de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Ernesto Gándara Camou, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y de cada uno de los integrantes de las tres comisiones, en especial también mis compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Pero también quisiera que entráramos al fondo del debate. Evidentemente, cuando hay una reforma constitucional aprobada por unanimidad, todo mundo quiere reclamar la paternidad, y ahora resulta que todo mundo presentó iniciativas con anterioridad.

Hay que señalar y hay que ser objetivos de que el dictamen que hoy estamos discutiendo, y seguramente aprobaremos, proviene de tres iniciativas que se presentaron en esta legislatura.

Una, por los coordinadores de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados; otra, por el Diputado Julio César Moreno, del Partido de la Revolución Democrática, que era Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Colegisladora; y otra del Presidente de la República, del Ejecutivo Federal, sobre el mismo tema.

Y una vez analizadas estas tres iniciativas, formulamos un dictamen que fue aprobado en las comisiones unidas en diciembre del año pasado y, que lamentablemente, por renuencias y muchas dudas de un sector del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reventó la sesión en la que íbamos a aprobar esta ley, en diciembre del año pasado, hoy, con diez meses de retraso, estamos llegando a feliz término.

Pero finalmente la discusión no tiene que ver con la paternidad de esta iniciativa, sino cómo vamos a hacer un replanteamiento de las políticas públicas para poder iniciar un proceso de recuperación del salario en términos reales, más aún cuando en los últimos 35 años el salario mínimo perdió el 75 por ciento de su poder adquisitivo, y esto fue resultado no solamente de aquellas políticas pactistas, avaladas por el PAN, acompañando al gobierno del Miguel de la Madrid, y los subsecuentes gobiernos priístas, con el Pacto de Estabilidad para el Crecimiento Económico, y otros pactos, cuyo principio fundamental fue establecer una política de contención salarial para evitar que fueran incrementándose la inflación y los precios de los productos de la canasta básica.

Y siempre el argumento fue el concepto de que el incremento salarial era el que alentaba el crecimiento de la inflación, y sobre ese criterio se ha establecido la política salarial de los últimos años, en donde después de haber alcanzado el mayor pico de poder adquisitivo del salario, en 1979, se ha venido desplomando, manteniéndose no solamente por debajo de la inflación, lo que ha llevado a esta pérdida del poder adquisitivo, sino también por debajo del incremento de los niveles de productividad, como aquí ha sacado una gráfica el Senador Armando Ríos Piter.
Y no es un asunto menor esta política de contención salarial, porque actualmente en nuestro país viven del salario mínimo siete millones de mexicanos; siete millones de familias mexicanas que no alcanzan con este salario a cubrir los requisitos nutricionales básicos ni la garantía de acceso a los servicios a tener, además de un salario remunerador, una vida digna.

Y es donde están asentados los principales problemas de desigualdad, y ese fenómeno al mismo tiempo ha venido acompañado de una mayor concentración del ingreso.

Hoy el 1 por ciento de la población en este país, y lo señala CONEVAL, concentra la mayor parte de la riqueza.

El 74 por ciento del ingreso nacional se queda hoy en manos del capital y no del trabajo, y prevalecen procesos de sobreexplotación de los trabajadores donde se les paga salarios mínimos y además de este número de 7 millones de mexicanos viviendo del salario mínimo, hay que sumar todavía al siete por ciento de la población ocupada en el sector formal que gana menos de 10 mil pesos mensuales.

Por eso, nuestro país es el más desigual de América Latina y es uno de los países más desiguales del mundo.

Entonces, lo que hemos discutido en las comisiones unidas, y sabiendo que esto no es más que eliminar el obstáculo a ese argumento falaz de que el incremento salarial es inflacionario y que fue la base de la política de contención del salario en más de tres décadas, lo que es urgente hoy, que venga a elaborarse una ley reglamentaria de cómo se va a establecer la nueva unidad de medida, es establecer una ley de salarios en este país, que establezca los mecanismos, los instrumentos de política pública y las formas de participación en corresponsabilidad con el sector privado para iniciar un verdadero proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

No generemos una falsa expectativa en los trabajadores mexicanos, es un paso importante, quita uno de los principales argumentos y obstáculos, pero para recuperar el salario mínimo se requiere todavía mucho trabajo por delante.

Qué bueno que lo vamos a aprobar y esperemos que entremos a discutir los mecanismos para generar una verdadera política de recuperación salarial.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Informo a la Asamblea que la discusión de este dictamen en lo general se han inscrito 15 oradores a favor del mismo. Y tal como lo señala el artículo 199, fracción VIII de nuestro Reglamento, establece que en casos semejantes se permita la participación de hasta dos oradores cuando van en el mismo sentido.

Sin embargo, en afán de permitir el uso de la tribuna para expresar todas las argumentaciones, les solicito nada más a quienes harán uso de la palabra, que podamos observar los tiempos reglamentarios que son de cinco minutos para que todos tengan la oportunidad de expresarse oportunamente.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre el dictamen a los Artículos Segundo, Quinto y Noveno Transitorios, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen las propuestas que usted ha dado cuenta a la propia Asamblea.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los Artículos Segundo, Quinto y Noveno Transitorios que fueron autorizados por esta Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI.

Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN.

Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI.

Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI.
Si alguna Senadora o Senador desea que se le inscriba en esta lista, por favor manifiéstenlo en este momento, si no, cerramos la lista de oradores, en lo general del dictamen que hoy nos ocupa.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de personas representantes de las calles del Barrio de El Fitzhi Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes asisten al Senado con la finalidad de presenciar el debate legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra Chávez, hasta por cinco minutos.

El Senador Armando Neyra Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

He seguido con toda seriedad e interés las intervenciones que se han presentado en esta tribuna, y afortunadamente coincidimos que es el momento de aprobar este dictamen, conscientes que estamos a menos de 2 años de celebrar el Centenario de la Constitución General de la República.

Los que nos escuchan allá afuera, y los que tenemos la oportunidad, con nuestra representación sindical, de dialogar con las organizaciones obreras, tienen mucha esperanza en este Congreso, y fundamentalmente en la Cámara de los Diputados, para que sea esta, con los estudiosos de la materia, como asesores, la que en un momento dado designe los salarios en este país.

Porque lo que se ha expresado aquí, se ha comprobado que no ha sido posible que sea el ingreso para una familia, como lo establece el Constituyente.

Es por ello, compañeras y compañeros, que las consideraciones sobre la desincorporación del salario mínimo, el principal problema para poder elevar el salario mínimo y enfocarlo solamente a la política laboral, es precisamente desincorporarlo de más de 149 ordenamientos legales que lo toman como unidad de pago.

Les comento, como están enterados, de 1997 al 2015, el poder adquisitivo de los salarios mínimos en México ha caído más del 75 por ciento; para recuperar su poder de compra se requiere que se eleve en 3.2 veces, que equivale a 230 pesos diarios.

El 13 por ciento de la población, es decir, más de 7 millones de personas perciben todavía el salario mínimo, y éste, está por debajo de la línea de pobreza, porque el salario mínimo no permite, el día de hoy, garantizar el acceso a una canasta básica y los mínimos de bienestar que requiere la población.

Actualmente, el costo de la canasta básica familiar mensual para 5 miembros de una familia es de 6,340 pesos mensuales.

El salario mínimo en lugar de ser simplemente una base de pago para la contratación y remuneración de los trabajadores, se convirtió en una unidad de cuenta utilizada para establecer asistencias sociales, compromisos tributarios o multas de tránsito, o dar financiamientos o asignar recursos a los partidos políticos.

El aprobar la desincorporación del salario mínimo, permitirá crear una Unidad de Medida y Actualización, UMA, así como establecer una nueva política salarial, eliminando este obstáculo que ha limitado el incremento real de los salarios.
Su desincorporación contribuirá a que no solamente se tenga una unidad de medida con mayor precisión, desligarla del salario, sino también ese obstáculo que ha limitado el incremento real de los salarios mínimos en nuestro país.

Por lo anterior, solicito al Pleno su aprobación del dictamen de la minuta, con el propósito de facilitar en el futuro las negociaciones del incremento del salario.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Neyra Chávez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Finalmente estamos por votar este dictamen de reforma constitucional para desvincular al salario mínimo de otras obligaciones de pago que nada tienen que ver con la retribución por el trabajo prestado en un trabajo subordinado.

Y digo que finalmente, porque desde diciembre del año pasado por unanimidad, por consenso de las comisiones unidas votamos a favor del dictamen. Estábamos completamente listos, y no hubo tal mano negra ni intereses oscuros ni nada que se le parezca.

Aquí hubo una negligencia para sacar esto a tiempo, y la hubo porque cuando hicimos la modificación a este artículo transitorio vinieron funcionarios del gobierno del Distrito Federal a presionar a que no le cambiáramos una sola coma a la minuta que habíamos recibido de la Cámara de Diputados para pasarla de inmediato a los congresos locales.

Eso fue lo que detuvo en ese momento la votación y no que se reventara el quórum, ni cosas de esa naturaleza, pero tuvimos estos diez meses, yo incluso presenté una petición para periodo extraordinario en el anterior receso y no fue atendida.

¿Y qué creen, saben cómo va a pasar este dictamen? Prácticamente en los mismos términos que lo votamos en diciembre, solamente añadiendo que lo que se dicta la ley reglamentaria para fijar la nueva unidad de medida de actualización va a regir la inflación. Eso es todo, ¿eh?, pero es puritita negligencia, nada de que mano negra ni otro tipo de intereses oscuros.

Y no por levantar la voz aquí se tiene la razón, porque entonces, como decía el Senador Encinas, aquí quien tiene la paternidad del proyecto, hay iniciativas de todos lados y qué bueno que finalmente nos estamos poniendo de acuerdo.

Y también decía el Senador Encinas Rodríguez, este un primer paso, que no se generen falsas expectativas, esto por sí mismo no aumenta el salario mínimo ni los salarios contractuales.

Por qué sí ayuda, porque resulta que de 294 leyes federales que tenemos, en 151 de ellas se hace referencia al salario mínimo con un factor de indexación con cosas que nada tienen que ver con el mundo laboral.

Y claro, si aumentas el salario mínimo, naturalmente todos estos conceptos aumentan en la misma proporción y sí le pegan a la inflación, por eso es que ha habido tanta cautela en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para dar un aumento mayor.

Claro, ya con esta desvinculación podrá haber una mayor libertad para que la Comisión de los Salarios Mínimos le dé un poco más de poder adquisitivo, que no lo tiene el salario mínimo en estos momentos.
Y tenemos que ver en esa Unidad de Medida y Actualización también cómo vincular a que todas las revisiones del salario mínimo nunca estén por debajo de la inflación, porque si no, no va a servir esto para maldita la cosa.

Por cierto, y termino, para los desmemoriados, están diciendo todos que cómo ha perdido poder adquisitivo el salario mínimo y que qué barbaridad en los últimos 30 años. Sí, pero en los últimos 30 años no es proporcional la cosa año con año. Aquí tengo esta gráfica, la voy a subir a las pantallas de todos ustedes para que vean cómo fue que del año 1981 al 2000 cayó 84 por ciento en términos reales el salario mínimo y en los gobiernos panistas es cuando ya no tuvo esa caída, empezó a haber una pequeña recuperación.

Desmemoriados, quien sabe, a ver si luego me recuerdan quién era el Secretario de Gobernación en estos años que hoy se viene a rasgar aquí las vestiduras diciendo que somos unos cínicos. Cínicos y desmemoriados otros.

Por su atención, muchas gracias.

Y hay que votar a favor de esta reforma.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD , hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Los grandes problemas nacionales casi nunca se abordan por la clase política, estamos siempre en la coyuntura, y por eso los grandes problemas nacionales están sin solución.

El desempleo, el deterioro preocupante de los salarios, la pobreza y el hambre, la grosera concentración del ingreso, el abandono de nuestro mercado interno, los derechos sociales vulnerados, la inseguridad y la violencia, estos son los verdaderos problemas estructurales del país.

La desigualdad abismal que existe en México lastima a la sociedad entera y es fuente de desesperanza de la niñez y la juventud como lo revelan los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Nacional Electoral, según la cual los niños y los adolescentes de entre 6 y 17 años no confían en el gobierno y se sienten inseguros en las calles.

Por otro lado, el estudio del CONEVAL nos dejó claro que sólo una quinta parte de la población no es pobre ni vulnerable, padecemos ya tres décadas de ortodoxa neoliberal que es el origen de la desfiguración del país.

En el libro “Retrato de un país desfigurado” varios intelectuales, que son los autores, dicen: “Somos una sociedad acostumbrada al estancamiento, insegura ante los riesgos de la vida, extremadamente desigual, con salarios artificialmente deprimidos, que no ha visto una reducción de la pobreza relativa luego de décadas y decenas de cambios estructurales en la economía”.

En este marco de las encuestas y datos que van de malos a peores, ha aparecido un poco de luz en la dirección correcta con este debate sobre salarios mínimos que está puesto, por primera vez en muchos años, en la agenda nacional.

Los salarios mínimos se mantienen artificialmente deprimidos con muchos pretextos. Uno que ha salido a la luz en este debate es el de las voces neoliberales que dicen que los salarios no crecen porque los trabajadores mexicanos son improductivos, lo cual es una total mentira.
De acuerdo con la CEPAL, México presenta una alta productividad laboral y si el salario se hubiera establecido en función de la productividad laboral, el salario sería 20.7 por ciento mayor al actual.

El otro pretexto absurdo para no elevar los salarios, es que se utiliza como referencia para determinar precios y una gran cantidad de bienes y servicios, este tema se resolvería con facilidad simplemente cambiando la referencia y ya, pero ha sido muy complicado incluso este cambio tan elemental.

Debemos hoy congratularnos de que este pretexto se esté quitando del escenario, que es el tema de la desindexación, que es un argumento que ha sostenido el salario mínimo, que traería beneficios inmediatos, a los trabajadores y a la economía, porque si se elevara el salario se fortalecería el mercado interno y éste se convertiría en el motor de crecimiento, ahora que éste se está ajustando nuevamente a la baja.

Los defensores de los salarios de hambre en México argumentan que incrementarlo sería aumentar la inflación. Bueno, deberían de leer el “The Economist”, que dice que los incrementos de salario mínimo reducirían la desigualdad, atraerían a más gente al sector formal y aumentarían la productividad.

Los ridículos incrementos anunciados recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la desaparición de las zonas económicas, sólo subrayan la inutilidad de este organismo que tiene un presupuesto millonario con 101 empleados y su función se limita a decretar el estancamiento real de los salarios.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó en 70 pesos con 10 centavos el salario mínimo, que no alcanza, en todo caso, ni para un kilo de bisteces en el mercado, porque no se finalizó el proceso de desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta, pretexto que sólo confirma la inutilidad de esta comisión.

El aumento fue de 4 por ciento, sin embargo, el Índice de Precios de la Canasta Básica aumentó 5.1 por ciento, así que al menos la Comisión Nacional de Salarios debió aumentarlos en ese porcentaje.

Desde 2004, el CONEVAL calcula el costo de una canasta básica que incluye los bienes y servicios que como mínimo debe de consumir una persona para satisfacer sus necesidades básicas.

En septiembre de 2015, el costo mensual de la canasta básica rural fue de 1,680 pesos por persona; la urbana de 6 mil 663 pesos por persona; el 23 por ciento de la población vive en zonas rurales; el 77 por ciento de la población en zonas urbanas; el costo promedio de la canasta básica sería de 2 mil 438 pesos por persona.

Con el salario mínimo de 70 pesos resulta ocioso decir que no cumple con lo establecido con la Constitución de la República.

Ni uno, ni dos, ni tres, ni siquiera cuatro salarios mínimos de 70 pesos podrían ser suficientes para sostener a una persona, mucho menos a una familia, tal como lo estipula la Carta Magna.

Todo lo anterior demuestra que la política para el establecimiento del salario mínimo ha estado muy lejos de obedecer el mandato constitucional, ni siquiera se ha intentado mantener el insuficiente poder adquisitivo, el pretexto de que el salario se usa como unidad de cuenta puede cambiarse sólo con la voluntad política.

Hoy vamos a demostrar todos, con la aprobación de este dictamen, que hay voluntad política.
En la exposición de motivos se documenta ampliamente la insuficiencia del salario mínimo para cubrir las necesidades de las familias y su grave deterioro a lo largo del tiempo.

Este dictamen hace énfasis en la necesidad de incorporar una política salarial que permita, en un plazo determinado, resolver este grave problema que ocasiona pobreza, desigualdad y afecta el sano desarrollo del mercado interno.

También se señala que, como un requisito previo al aumento al salario, se debe proceder a la desindexación del mismo, lo que significa desvincularlo de una vez por todas para que deje de ser una unidad de cuenta para trámites, multas, puestos, prestaciones y otros cobros.

Termino, Senadoras y Senadores, la consolidación democrática, el desarrollo y la justicia social están vinculados irremediablemente a la generación de empleos y salarios dignos para elevar las condiciones de vida de la población.

Elevar los salarios dignos nos acercaría al ideal de la Carta Magna, no resolvería la profunda desigualdad que padece nuestro país, pero sería un comienzo para remediar esta terrible injusticia que por décadas se ha cometido en contra de las y los trabajadores mexicanos y sus familias.

Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT , hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Me preguntaba hace un momento mi paisano tehuacanero, si estaba yo a favor o en contra. Ya dije que estoy a favor.

En lo que estoy en contra es al rollo demagógico que se está manejando en el Senado al día de hoy.

¿Por qué?

El Senador Héctor Larios, que es un hombre honesto, aunque esté rodeado por lo contrario; el Senador Larios que es un hombre honesto ya dijo de qué se trata, se trata de la necesidad del gobierno de obtener mayores ingresos que estaban taponeados por esta indexación. Eso lo dijo el Senador Larios Córdova, a quien yo aprecio y respeto por honesto.

Pero aquí lo que se ve es una especie de esquizofrenia, no cantemos victoria, no echemos las campanas al vuelo, porque este es un pasito, dice, este es un caminito, y esta es la reivindicación del salario mínimo, y no es cierto.

La mayoría la tiene quien estaba interesado no en el salario mínimo, por favor, ni en el salario general, tiene mayoría quienes estaban interesados en sacar más dinero para poder solventar su exceso de gasto y les estorbaba la indexación.

Entonces, el estar diciendo que esto es el camino, no es cierto, y lo comentaba yo con algún dirigente obrero, amigo que aprecio mucho también, no es cierto que sea el camino para reivindicar el salario mínimo, no es cierto.
El gobierno, lo dije al iniciar esa intervención, está en contra de eso, está férreamente vinculado a la política neoliberal que lo mantiene precisamente abajo para garantizar los ingresos a los inversionistas extranjeros. Eso es lo que tiene detenido todo lo demás.

Entonces, el pensar que estamos en el camino hacia la reivindicación del salario es mentira.

Y es muy grave que así se diga, les voy a decir por qué. Porque lo único que están haciendo es apoyando a esa posición absolutamente egoísta de recaudación, y le están dando un caris que no tiene.

Sí, es cierto, está eliminación de ese obstáculo es importante para lo que quiere una parte de ese Congreso, pero no la otra dominante; la otra dominante no quiere eso, ya lo dijo el Senador Larios Córdova, por eso lo cito claramente, no es otra cosa.

Entonces, si queremos realmente la recuperación de salario, lo que aquí ya dijo el Senador Ríos Piter y lo que se ha señalado; y la Senadora Dolores Padierna muy claramente, como lo hace siempre. Si eso queremos, no es este el camino.

Las centrales obreras, que votaron también a favor de la reforma, son las que le hicieron un enorme daño a los trabajadores, necesitan cambiar de posición, no van a llegar a ningún lado sumándose hoy a decir: bueno, es que esto nos permite abrir el camino; no es cierto, nos están usando, los están usando y suben los lideres a hablar y decir que sí el salario mínimo y estaba entorpecido con eso, si es cierto, pero eso no es el camino.

La mayoría aquí votó, por ejemplo, el PAN.

El PAN fue el iniciador de estas reformas. No se olviden que la reforma era de Calderón y que hubo otra reforma anterior que presentó su Secretario del Trabajo.

De manera que no están en la línea de proteger al trabajador, están en la línea de proteger al gran capital y a los intereses económicos de los inversionistas extranjeros, y eso establece un modelo que hace imposible que sea realidad lo que se está planteando.

¿Qué es lo que tenemos que hacer?

Si en verdad quieren aquí los dirigentes obreros, pues presionar de verdad, trabajar políticamente como deben, dejar de tener acuerdos con Peña Nieto, y con eso me refiero a todos, a todos lados.

Para que realmente haya una fuerza en el Congreso, que no la hay en beneficio de la justicia social y la defensa de los trabajadores, eso es lo que se necesita.

Lo demás es un cuento, por eso le decía yo al Senador Barbosa Huerta, que estoy en contra de la retórica y de la mentira con la que se va a apoyar esto; es necesario sí, pero lo que es necesario es que haya una batalla política real para la defensa de los salarios y de los trabajadores y no seguir solapando a Peña Nieto y sus planes neoliberales reaccionarios, apoyados por el PAN, que salieron del Partido Acción Nacional, está reforma, no se les olvide que fue una iniciativa del Partido Acción Nacional que formaban ustedes.

Aquí se dijo, y estoy de acuerdo, que fue en el régimen de Miguel de la Madrid, lo dijo el Senador Encinas Rodríguez, donde se empezó el sistema de contención salarial; sí es cierto, absolutamente, fue en el régimen de Miguel de la Madrid en donde se establecieron los pactos para detener y contener el salario durante seis años, el país perdió el 60 por ciento de su nivel de vida.
Con la crisis provocada por la nacionalización bancaria, por lo que dejó López Portillo en la situación y por el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo fue Miguel de la Madrid.

Por cierto, apoyando y quien defendió está política fue Salinas de Gortari, que hoy es mentor del PRI. Salinas de Gortari que llegó a la Presidencia apoyado por el PAN, se pusieron de acuerdo y no votaron en contra de él, se los he recordado varias veces.

Quién hizo Presidente a Salinas de Gortari, fue el Partido Acción Nacional que no votó en contra de la calificación de la elección.

Algunos no se acuerdan de eso, o todavía no llegaban a la política, así fue. Ustedes, este Partido Acción Nacional, se los he dicho varias veces, fue, les dijeron que estuvieran en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que querían apoyar a Salinas y apoyaron Salinas.

Y ahora ese personaje, autor de todo esto, es el mentor del PRI, es el mentor de las políticas del PRI y hasta de Secretarias de Relaciones Exteriores. Así que sí fue Miguel de la Madrid.

Y recordemos la historia bien, como tenemos que recordar que el PAN fue el que inició esa iniciativa por su Secretario del Trabajo que estuvo presionando para que saliera.

Entonces vamos a manejar la historia bien, vamos a manejarlo bien, pero lo que tenemos que hacer es que si queremos realmente reivindicar el salario de los trabajadores, si queremos realmente la justicia social, no nos engañemos, no sirvan de paleros a quien lo único que quiere es una reforma para colectar dinero del que estaban muy necesitados. Ya van a ir tras los fondos de los trabajadores, de las pensiones, de todo lo que haya.

Vamos a dar una batalla de verdad, pero no hagan de paleros a esta reforma que está hecha para recaudar, no para la justicia social.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Itzel Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente. Y por supuesto, como siempre, con el permiso de todas y de todos los Senadores.

Con el permiso de la ciudadanía que sin duda debe estar muy al pendiente de lo que se debate el día de hoy, porque le va a repercutir en sus bolsillos; y eso es lo que nosotros debemos ver y sembrar el día de hoy, esa esperanza por la que todos los ciudadanos votaron por nosotros, independientemente del color.

Hoy más que nunca vemos en los estados, en los municipios, en los distritos a personajes políticos de diferentes colores. Quiere decir que llegó la pluralidad para quedarse y nos conviene a todos ponernos de acuerdo.

Queremos que a los mexicanos les vaya mejor. Más allá de partidos, más allá de posiciones políticas, debemos abrazar esta posibilidad para que el salario mínimo ya no sea el máximo.

¿Qué es lo que se quiere?

Que las personas no estén preocupadas por si tienen que determinar en esta quincena si compran alimentos o si deciden ir a favor de la educación de sus hijos.
El salario mínimo tiene que tener esa dignidad para que el ser humano no se esté tronando los dedos por saber si va a tener para comer al siguiente día.

Por supuesto, platicábamos ahorita con uno de los líderes, que normalmente los precios suben en elevador y el salario mínimo por las escaleras, que está por debajo de lo que necesitan los mexicanos.

Pero éste es precisamente el debate, ésto es lo que se va a sembrar como base el poder desincorporar 149 ordenamientos para poder nosotros partir de ese piso, para poder lograr lo que todos los ciudadanos esperan de todos nosotros y de todos los partidos políticos.

Yo de verdad considero que tenemos que partir de esta base, tenemos que partir de poder tener este piso para poder negociar y poder lograr la aspiración de todos los mexicanos, que es tener su calidad de vida a salvo, de tener sus necesidades básicas a salvo.

¿Y de qué hablo al decir necesidades básicas?

De comer, de dar educación a sus hijos, por supuesto también de tener servicios de salud, entre otras cosas que son de vital importancia.

Ahorita podríamos debatir sobre quién tuvo la culpa en el pasado; podríamos debatir sobre la historia de a quién se debe que no ha subido el salario mínimo, pero creo que lo que tiene que estar en la mente de todos nosotros, es que ahorita la historia la escribimos nosotros, que ahorita la historia está en nuestras manos, y a partir de aquí es lo que vamos a hacer la gente lo va a recordar.

Aquí se mencionaban muchos nombres como ejemplos de lo que no se debe hacer. Ojalá en el futuro no se mencionen nuestros nombres como ejemplo de lo que un político no tiene que hacer.

En ese ánimo, en esa tesitura, es que nosotros estamos a favor de este dictamen, porque estamos a favor de la población y de sentar las bases para que todos los mexicanos tengan una buena calidad de vida.

Por eso nosotros vamos a ir a favor, porque estamos conscientes de que tenemos que trabajar para que la gente tenga una vida digna.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN , hasta por cinco minutos.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Vengo a posicionar mi voto a favor del presente dictamen.

Como todos ustedes saben, el salario mínimo que se estableció en la Constitución de 1917, fue una medida histórica que fue incluida por los Constituyentes de 1917 como un instrumento para buscar y asegurar la justicia social para los trabajadores mexicanos.
Esta redacción de 1917 en la fracción IX del artículo 123, hablaba de un salario mínimo que se integraría a través de comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación.

Posteriormente fue en 1962 que se establece, en las comisiones regionales, integradas por representantes de trabajadores, patrones y gobierno.

Y posteriormente, también, la Ley Federal del Trabajo recogió esta reorganización en el artículo 90 en la misma reforma del ‘62.

Sin embargo, el salario mínimo que nació como un instrumento para asegurar a los trabajadores un mínimo vital que les permitiera cubrir sus necesidades y las de sus familias, ha venido atravesando, a partir de esa fecha, un proceso que lo ha desvirtuado de los ideales de la Constitución de 1917 para convertirse en la actualidad en una Unidad de Medida y Actualización.

De esta forma, el salario mínimo no ha tenido un solo objetivo, que era el objetivo de ser ese elemento de justicia social para los trabajadores, sino que ha venido siendo utilizado como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos a la vivienda, por ejemplo, supuestos para elevar un acto jurídico, escritura pública, algunas cuotas o topes de aportaciones al sistema de seguridad social, entre muchos otros.

Y sabedores de que, además en México, el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro, de tal suerte que, de acuerdo a los estudios recientemente realizados, tenemos una pérdida en términos reales de más del 70 por ciento de su valor real, a diferencia de la forma en que se ha mantenido la productividad.

Las estimaciones, incluso que señala el propio Consejo Nacional de Evaluación, están por encima de lo que hoy tenemos como salario mínimo homologado en todo el país, y aún estas cifras que nos da la CONEVAL, resulta difícil de considerar que a partir de esta cifra un trabajador pueda, efectivamente, como lo señala la Constitución, cubrir esas necesidades vitales para él o para ella y su familia.

Recordemos también que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe ha señalado que nuestro país se ha quedado rezagado en comparación con otros países como Brasil, Argentina y Chile, que robustecieron el salario de sus trabajadores, y ésto ha tenido como resultado en estos países a la generación de empleos y el crecimiento económico.

En caso contrario, México se mantiene como único país en América Latina con salarios mínimos estáticos.

Entendemos que ha sido una mala idea que los salarios mínimo reales y la productividad se hayan movido al unísono.

En los últimos 37 años, como dije hace un momento, la productividad del trabajo en México ha mantenido sus niveles en el poder adquisitivo y los salarios mínimos se han desplomado en un 70 por ciento.

Es por ello, que esta reforma constitucional referida a la desindexación de los salarios mínimos no es lo relevante a la desindexación per se, sino como un paso previo para realmente actualizar los salarios mínimos dependiendo a establecer salarios mínimos que estén adecuados a la realidad de lo que hoy viven los trabajadores mexicanos, es decir, no es solamente la medida de indexación por sí mismo, sino tuviéramos la certeza de que ésta tendrá como consecuencia una mejoría en los salarios.
De tal manera que esta reforma y la trascendencia de la misma, está justamente en que esta desindexación sea un paso previo para lo que realmente hoy los trabajadores mexicanos están esperando y que, finalmente, el salario mínimo se adecúe a la realidad de los trabajadores mexicanos.

El salario mínimo establecido actualmente para todo el país, fijado en 70.10 pesos, no resuelve la problemática que tiene México en muchas zonas de nuestro país de pobreza extrema y, por supuesto, estamos conscientes de que no va a apuntalar la competitividad de nuestro país; y también estamos conscientes de que resulta de vital importancia que se avance en una reforma que permita, entonces sí, un restablecimiento de nuestro salario mínimo.

Por ello, consideramos que esta desvinculación de salario como instrumento para la medición de multas, pagos de servicios, etcétera, es fundamental para que podamos dar el siguiente paso.

Es por ello que el dictamen que hoy se pone a su consideración, tiene como objetivo central el cimentar las bases de una nueva estructura de los salarios mínimos en el país.

Es importante señalar que uno de los aspectos fundamentales de la reforma establecida en los artículos transitorios está en la facultad que se le otorga al INEGI para calcular en los términos que fije la ley para el valor de la Unidad de Medida y Actualización, que será utilizada como entidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la normativa federal.

También quisiera señalar que son oportunas y favorables las propuestas que hicimos las comisiones dictaminadoras para hacer dos cambios esenciales en el dictamen que hoy se pone a su consideración, y que una tiene que ver justamente con establecer los criterios transitorios que se utilizarán en lo que se emite la ley reglamentaria correspondiente.

Termino, señor Presidente, muchas gracias.

En síntesis, vemos con beneplácito estas modificaciones planteadas en el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno, porque consideramos que serán fundamentales para establecer una nueva realidad al salario mínimo en el país, y regresar a lo que en 1917 se pretendía con el establecimiento del salario mínimo, es decir, que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

Les pido nada más a las oradoras y oradores que a continuación harán uso de la palabra, que nos sujetemos al tiempo reglamentario de cinco minutos, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Senadores.

El asunto que nos ocupa el día de hoy es finalmente ponernos de acuerdo, después de una larga discusión, de detener un dictamen de una minuta a la Cámara de Diputados, relacionado con un tema que pudimos haber resuelto en el Senado de la República, pero finalmente tuvo como Cámara de origen la Cámara de Diputados.
Si tenemos que dar contexto a la discusión que aquí han dado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ciertamente todos los datos, las cifras, las tendencias desde un aspecto más real, demuestran que efectivamente el salario mínimo en México no sólo está muy lejos del nivel que mandata la Constitución, sino además también se encuentra por debajo de lo que está inscrito como el mínimo para estar un poco arriba de la línea de pobreza alimentaria.

Es decir, este salario que se unificó ya en todo el país simplemente sigue perpetuando la pobreza alimentaria. Comparativamente, es necesario decirlo con mucha puntualidad, que el nivel del salario mexicano, son datos además de la OCDE, está prácticamente al mismo nivel de Haití, son los más bajos en América Latina.

La situación es grave porque hablamos de ingresos que, como sabemos, no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de alimentación de las familias y, por supuesto, eso con una repercusión y una afectación grave a derechos elementales, particularmente de quienes están en un proceso de desarrollo físico y mental, como son las personas menores de edad.

Dicho de otra manera, con este nivel el salario mínimo, el mercado laboral formal mexicano es un factor de reproducción de la pobreza, no un circuito para salir de ella.

Por eso la discusión que estamos dando pareciera estar inscrita en que lo que estamos modificando de la Constitución va a reivindicar propiamente los ingresos de las familias trabajadoras para salir de la pobreza, y no es así, de eso no trata esta reforma.

La reforma constitucional modifica tres artículos de la Constitución, 24, 41, y 123 y desde mi modesto punto de vista, el mérito está en el artículo 123; la fracción VI del aparatado A del artículo 123, que refiere que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Para mí ese es el mayor mérito, tenía. Por cierto, la iniciativa que se inscribió por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Mancera.

Que él sí planteaba con mucha más bondad, el que partiésemos de una cifra más objetiva, no deja de ser muy pequeña de todas maneras, de 85 pesos diarios, pero para que fuese la base para que en los próximos años se fuese incrementando gradualmente hacia lograr un objetivo de permitir que las familias mexicanas, efectivamente, pudieran salir de estas cifras que conocemos de extrema pobreza y de pobreza que cada año nos lo reflejan los estudios de CONEVAL.

De tal manera que es necesario insistir, que si bien tenemos algunos méritos de que finalmente logramos sacar adelante esta reforma constitucional, que la estamos regresando, modificando algunos artículos transitorios, también es verdad que esta reforma, perdónenme, pero no es cierto, no es verdad que se resuelve el grave problema de no tener salarios dignos y decentes que puedan servirle a las trabajadoras y a los trabajadores, resolver las necesidades más elementales de sobrevivencia de sus hijas y de sus hijos.

Sí permite, ése sí es un mérito, avanzar ahora sin este prejuicio del salario mínimo, a que tengamos menos resistencias para lograr que este salario sea más real, más objetivo a lo que se tiene que enfrentar por parte de las y los mexicanos.

El mérito tendrá, en todo caso, que al dotarnos de esta vacatio legis para hacer la ley secundaria de esta reforma, nos permita, entonces sí, señoras y señores, entrar en serio y de a de veras al problema del salario que tiene que ser el mínimo en todo el país, para que de manera real y objetiva le pueda servir a México, a su sociedad para salir de la pobreza.

Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes por su atención.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Debemos congratularnos por esta situación, por esta discusión y la propuesta que estamos hoy discutiendo, después de algunos meses de retraso, pero al fin se llegó el momento.

Desde hace décadas existe el reclamo ciudadano de recuperar el poder adquisitivo de los salarios en general, empezando por el salario mínimo y así combatir la pobreza de las y los trabajadores formales.

Ello es así porque en algo más de tres décadas el salario mínimo ha perdido el 75 por ciento del poder adquisitivo, alrededor del 14 por ciento de las y los trabajadores formales, esto es casi 7 millones de hombres y mujeres tienen ese ingreso en México.

Para que el salario mínimo cumpla el mandato constitucional del artículo 123, debería ser cuando menos de 171 pesos diarios, 21 pesos con 50 centavos la hora, para satisfacer las necesidades de una familia.

Actualmente el salario mínimo general está no sólo muy por debajo de esa cifra, sino incluso por debajo de la línea de pobreza alimentaria, ello afecta a todos los niveles salariales, la idea debiera ser que entre el 2016 y el 2018 el salario mínimo recuperara su poder adquisitivo real.

Celebramos que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, haya tomado la iniciativa de proponer la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta para un conjunto de pagos administrativos, y que la Asamblea del Distrito Federal haya aprobado la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México para así facilitar el proceso de recuperación salarial del país, en este caso en el Distrito Federal.

Como respuesta a estos positivos eventos, el Ejecutivo Federal promovió la iniciativa para desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta a nivel nacional, que con las modificaciones del caso fue aprobado por la Cámara de Diputados.

A su vez, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos recientemente homologó el salario mínimo, de manera que ahora su monto es el mismo en todo el país.

Así las cosas, para que avance y se fortalezca el proceso de la recuperación progresiva del valor real del salario mínimo, el Senado de la República tiene en este momento la palabra.

Al respecto, me permito recordar que el salario mínimo en México, es el más bajo de los países que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, incluso, es el más bajo de América Latina, al grado que el salario mínimo en México es menor que en países como Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, entre otros.
Convoco, entonces, a que apoyemos el dictamen para resolver el reto de garantizar que los trabajadores formales tengan una mayor capacidad adquisitiva, que fortalezca el consumo y, por tanto, el mercado interno que incentivará la producción de mercancías, bienes y servicios y, por tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Es decir, tal decisión es positiva tanto para los trabajadores como para sus familias y los sectores productivos, tanto público como privado y social, además de vigorizar la competitividad de México en el mundo.

Debemos reconocer que es imperativo vigorizar las condiciones laborales y salariales para garantizar progresivamente, en el plazo más corto posible, una vida humana digna para millones de trabajadoras y trabajadores y sus familias, con los cuales tenemos una deuda inadmisible y que urge reparar.

Convoco, a reparar esa deuda para enviar un mensaje a nivel internacional, de que México es un país que cumple con los derechos humanos y la dignidad de las personas, que combate la desigualdad en la distribución de la riqueza y, por tanto, combate la pobreza.

De acuerdo con lo anterior, reitero, mi voto a favor.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Madero, del estado de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, quienes asisten a este recinto para presenciar el desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Por fin estamos discutiendo este dictamen en el Senado de la República, que pretende reformar nuestra Constitución a efecto de liberar al salario mínimo de la carga que representa hasta hoy de ser la unidad a la que se hace referencia para calcular impuestos, multas, pagos, créditos y muchos otros conceptos previstos en leyes y reglamentos en todo el territorio nacional.

El PAN, desde hace muchos años, ha empujado en la agenda nacional la necesidad de revisar la política salarial con el fin de establecer un salario mínimo que dignifique al trabajador y que sea impulsor del crecimiento económico sin afectar la generación de empleos ni generar tampoco mayor inflación.

Nos alegra que poco a poco, todos los actores políticos del país se hayan sumado a esta iniciativa presentando propuestas a efecto de aumentar el salario mínimo.

El dictamen que el día de hoy votaremos prevé el primer paso para que exista un aumento en la calidad de vida, es decir, estamos hablando de la eliminación de su vínculo con pagos que los ciudadanos deban hacer al gobierno.
Pero para que esto tenga impacto, deberá ir acompañado del restablecimiento de la naturaleza del salario mínimo como el monto indispensable que todo patrón debe pagar por un servicio personal subordinado, que permita a las familias adquirir los bienes para vivir adecuadamente.

Esta reforma es apenas un primer paso en la verdadera transformación económica que debe estar encaminada a mejorar el ingreso de las familias mexicanas.

No podemos olvidar que tenemos el segundo salario mínimo más bajo en toda América Latina.

El poder adquisitivo del salario mínimo a lo largo de los años ha ido perdiendo valor real.

Solamente de 1976 al año 2000, el salario mínimo tuvo una pérdida de casi 84 por ciento de su valor.

En los 12 años de la alternancia, está situación comenzó a revertirse discretamente, pero por desgracia este año conocimos que en México tenemos hoy 2 millones más de pobres. Y por supuesto también, y desgraciadamente, casi la mitad de toda la población de nuestro país se encuentra también en situación de pobreza.

Tampoco debemos olvidar que México es el país con mayor desigualdad en la distribución del ingreso de los países miembros de la OCDE.

Por eso queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, porque estamos a días de discutir la política fiscal del gobierno a través de la Ley de Ingresos, es una oportunidad muy grande para poder enmendar el camino. No más una reforma fiscal asfixiante.

Es preciso hacer un llamado a los gobiernos estatales para que flexibilicen en la medida de sus posibilidades y atribuciones la carga fiscal que imponen a su población.

En el caso del Distrito Federal, queremos exhortar puntualmente al Jefe de Gobierno a abandonar el doble discurso. Ese que, por un lado utiliza para decirse interesado en elevar el salario mínimo, pero que, por otro lado, y de manera totalmente incongruente e insensible le hace capaz de incrementar las tarifas del transporte público por decreto, por ejemplo, la del Metrobús, en un 20 por ciento; o la del Metro, en un 66 por ciento.

O también tenemos el impuesto predial, que conocemos casos en los que se incrementó de un 43 por ciento al 1,200 por ciento más.

Cuando el nivel de inflación ha rondado el 3.5 en promedio.

Urge que el gobierno, en todos sus niveles, y el Congreso se muestren sensibles ante las necesidades de las familias mexicanas.

Necesitamos seguir escuchando la voz de la gente. De nada le sirve a la gente un gobierno rico, que gasta mal, y un pueblo pobre incapaz de comprar lo indispensable.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, llegó la hora marcada del día indicado, como decía la canción. Tuvo que pasar un año, y 481 mil 651 spots del Partido Acción Nacional para que se dieran cuenta de la necesidad de tomar esta medida. Felicidades, tarde, pero siempre es bueno tomar el camino correcto.

Yo no estoy de acuerdo, y creo que este debería ser un debate no de quién se lleva la bandera; debería ser un debate de cómo puede funcionar.

Veamos lo que ocurre en el Distrito Federal desde el 25 de noviembre de 2014, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desvinculó el pago de multas, recargas, cobros, derechos de salud, y eso no ha implicado un aumento en la inflación.

Hoy estamos hablando de un tema que supera el asunto de la concentración del ingreso, que supera el asunto del propio salario mínimo.

La discusión de hoy tiene que ver con uno de los problemas más importantes que tiene el país, tiene que ver con la desigualdad. Ya lo han mencionado aquí otros oradores, el Global World Report de 2014 señala que sólo el 10 por ciento de las personas más ricas de México concentran 64.4 por ciento de toda la riqueza del país, y el más rico de ese 10 por ciento, el 1 por ciento concentra 21 por ciento del PIB.

Ese es el problema que deberíamos estar discutiendo el día de hoy, compañeras y compañeros.

Qué decía en 1776 Adam Smith respecto a la pobreza y la riqueza en su famoso texto “La Riqueza de las Naciones”, decía: “…Un hombre será rico o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo ajeno que pueda disponer o se halle en condiciones de adquirir…”.

¿Qué pasaría si hiciéramos ese ejercicio en México?

¿Qué pasaría si hiciéramos el ejercicio de ver cuánto trabajo puede adquirir el hombre más rico de México que concentra gran parte de la riqueza de nuestra nación?

Cuántos trabajadores que hoy ganan el salario mínimo podría haber contratado el hombre más rico, solamente con el rendimiento real de su capital, suponiendo que éste creciera al 5 por ciento anual sin perder un solo centavo de su riqueza en términos reales.

Gerardo Esquivel en un documento publicado por OXFAM hizo ese ejercicio, y resulta que el mexicano más rico de México, y además del mundo, podría contratar alrededor de 2.1 millones de trabajadores en las circunstancias actuales en las que estamos.

Para darnos una idea de lo que esto significa, recordemos que hacia finales del 2014 el número total de personas en desempleo en México era de 2.3 millones de personas.

Ese es el centro de este debate, el problema del que estamos discutiendo tiene que ver con la desigualdad, y cómo la desindexación del salario mínimo es un primer paso para combatirla de verdad.

Ahí están múltiples ensayos muy famosos, por supuesto el de Thomas Piketty, que publicó el Fondo de Cultura Económica; Paul Krugman, todos han planteado lo mismo, la necesidad de dar respuestas y propuestas al problema de la desigualdad; pero estas propuestas tienen que partir de un hecho que ha estado poco presente en este debate, y yo quisiera que sí, que lo volteáramos a ver y lo revisáramos.
La situación de nuestro país, y esto ha venido ocurriendo desde 1970, es que el factor capital cada vez ocupa más del ingreso total nacional, mientras que hay una caída de la aportación del factor trabajo, y esto en los últimos 12 años se empezó a agravar. No solamente se trata de la capacidad de consumo del salario, se trata también de por qué a pesar de que México ha tenido momentos de crecimiento económico, este crecimiento no ha significado la reducción de la brecha de la desigualdad, ese es el problema principal.

Hoy si desindexamos el salario y si pensamos seguir la ruta, que la desindexación continúe hacia su incremento, porque es cierto, la desindexación no resuelve el problema pero es el primer paso que se tiene que dar, podríamos entrar en este círculo virtuoso en el cual se incremente la productividad, haya más dinero en los bolsillos de los consumidores, se empuje la demanda agregada, y cuidando siempre las presiones inflacionarias, la economía crezca.

Pero crezca en un nuevo entorno en el que existan mayores ingresos para el gobierno; y a partir de su capacidad recaudatoria se generen ingresos y capacidad de inversión pública, que a su vez va generando mejores ingresos a los trabajadores, lo que, de nuevo, manteniendo una productividad alta expande la economía. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy.

Yo creo, compañeras y compañeros, que hay que preguntarnos, ¿cómo llegamos aquí?, ¿cómo llegamos a ser un gobierno insensible y pusimos un salario mínimo que estaba atado a tantas cosas y generaba a los 6.7 millones de trabajadores, que con salario mínimo se encuentran en el decil más bajo en la línea de pobreza? De eso es de lo que se trata nuestra situación.

Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Recuerden ustedes que la primavera del mayo francés, en lo que terminó fue en los acuerdos de Grenell, los acuerdos de Grenell, firmados por el Presidente de Gaulle, que dieron paso a un incremento sustancial del salario mínimo francés, de eso se trata, de que la política sirva a la economía.

Por eso, compañeras y compañeros, este es un primer buen paso. ¿Qué seguirá? Pues establecer sistemas impositivos progresivos; seguirá eliminar privilegios fiscales; seguirá perseguir la corrupción y utilizar el gasto público como una verdadera herramienta redistributiva.

Ahí está la oportunidad de todas y todos quienes estamos hoy aquí en el Senado de la República, de ser la generación que inició el proceso democrático de combatir la desigualdad; y la desigualdad política que vive en nuestro país con un decidido acuerdo y un nuevo pacto social para el incremento del salario mínimo, o somos la generación de políticos que lo utilizó de bandera, que lo utilizó en la campaña, que lo dijo cerca de 500 mil veces, pero que no hizo nada más que sentarse a ver la triste realidad de los demás.

Yo les diría, compañeras y compañeros, y particularmente a mis amigos de Acción Nacional, vayamos a esta reforma, vayamos porque principalmente vale la pena.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que los Senadores Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y la Senadora Lilia Merodio Reza, entregaron los textos de sus intervenciones sobre este asunto, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Isidro Pedraza Chávez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

Ruego a los oradores, para poder concluir en tiempo y forma esta discusión, que se ajusten al tiempo establecido reglamentariamente.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

No conozco una conquista laboral que no haya sido producto de la lucha, del sacrificio, de la represión y de la pérdida de la vida de parte de los trabajadores que han luchado para reivindicar sus derechos fundamentales y sus demandas laborales.

Este debate, sin duda que en un momento veremos de qué está hecho este Senado, porque vamos a proponer un Artículo Décimo Transitorio en donde podemos revisar si efectivamente queremos que el salario mínimo general alcance para lo que dice la Constitución, o, efectivamente, es demagogia pura lo que aquí se está discutiendo.

No se puede dar este debate, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si no se revisa a partir de la lupa de la justicia social. Sin duda que el salario mínimo vigente, como se encuentra ahora, es un verdadero atentado en contra de los derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Más de diez millones de nuestros compatriotas hoy tienen que vivir con el salario mínimo o con menos del salario mínimo.

Por eso, los datos de la CEPAL son contundentes y escalofriantes, más de la mitad de la población de este país se encuentra en algún nivel de pobreza, más de 30 millones de nuestros compatriotas se debaten entre la sobrevivencia al tener la pobreza alimentaria, es decir, alcanzan a hacer, cuando mucho, una comida al día. De esos 30 millones, el 30 por ciento son niños, es decir, más de 10 millones de nuestros infantes se debaten en la sobrevivencia por el problema de la desnutrición.

Cuando hablamos de justicia social, se refiere este concepto, precisamente, a que una vez que se haya incrementado el salario mínimo, el trabajador tenga lo suficiente para vivir de manera digna, no para sobrevivir, para vivir de manera digna, es decir, a partir de tener un empleo que el salario o la remuneración que se le pague le alcance para tener una vivienda digna; le alcance para que su familia coma tres veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos; le alcance para que la salud haga acto de presencia en los hogares pobres de México; le alcance para que tenga un rato de distracción como parte del descanso merecido.

Por eso la lucha de la jornada de 8 horas, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la atención de la familia y la recreación y 8 horas para descansar y estar listo para la siguiente jornada del otro día.

Cuando hablamos de justicia social nos referimos al hecho de que los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales sean respetados y, evidentemente, con este salario mínimo general actual, los derechos fundamentales, como el que señala el artículo 4º de la Constitución, son violados todos los días de manera sistemática.

El artículo 4º de la Constitución señala, con mucha claridad, que los mexicanos y las mexicanas debemos de tener acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, y evidentemente todos sabemos aquí que más de 30 millones de nuestros compatriotas no los tienen.

Que las clases sociales más desfavorecidas cuenten con una oportunidad de desarrollo, que se fomente la dignidad humana y que la igualdad entre géneros se dé, y que, en suma, el trabajador, a partir de su remuneración, alcance el bienestar social a que tiene derecho.

Esos son los retos que tiene el salario mínimo general.

Decirles, por último, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que si esta reforma no logra con el salario mínimo general la justicia social en México, esta reforma será letra muerta.

Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que se nos está poniendo a consideración marca un importante precedente en el inicio de lo que puede llegar a ser una nueva política en materia salarial, y es un paso importante para transitar hacia la recuperación del ingreso de las y los trabajadores.

Nuestra Constitución fue pionera en la instauración de un Estado social de derechos y de los derechos delineando las bases de un proyecto sustentado en mayores equilibrios sociales.

Reivindicó los derechos de los campesinos, la propiedad social y derechos de los trabajadores como el salario digno y la seguridad social, es decir, un Estado claramente orientado por principios de justicia social, comprometido con la igualdad y la distribución más justa de la riqueza en el país.

Pese a esto, en las décadas siguientes, a causa del incipiente crecimiento de la productividad, se tomó la decisión de indexar los salarios a la inflación como una regla inquebrantable con el objetivo de trasladar su nivel en los precios y no hacia la productividad de las empresas para no quitarles rentabilidad.

Si tomamos en cuenta que a principios de la década de los ochentas, nuestra economía era poco competitiva y concentrada, era lógica esa decisión por la inminente mundialización de la económica y una dinámica de mercado que exigía tasas de ganancia que no se vieran afectadas con los aumentos salariales.

En otras palabras, la agenda de reformas estructurales puso en el centro el desmantelamiento de nuestro Estado social, y con ésto se renunció a un papel como regulador en las relacionales laborales, pasó a ser garante del capital privado y abandonó a su suerte a los trabajadores.

El modelo socioeconómico generalizó la informalidad, la precariedad y la incertidumbre. Lo que comenzó como una política en favor de la competencia, se generalizó al grado de que hoy podemos preguntarnos: ¿Cuántas cosas dependen de los salarios mínimos?

Y la respuesta es un abanico de servicios que van desde contratos de vivienda hasta multas de tránsito.

Esta situación ha sido clave para mantener atado el nivel salarial, puesto que una variación significativa elevaría en automático varios precios de la economía; por lo tanto, no podemos mantener el salario como medida, puesto que no sólo afecta a los trabajadores sino a la sociedad en su conjunto.

Los resultados a los que hemos llegado con esto son devastadores, de acuerdo con la última edición del informe “¿cómo va la vida”?, de la OCDE, nuestro país tiene la peor calificación de los países de la Organización en cuanto a calidad de salarios, se muestra que en los años setenta teníamos mejores salarios que ahora, y en las últimas décadas el poder adquisitivo del ingreso ha caído en niveles que llegan a ser la tercera parte del valor que se tenía entonces.

Existen encuestas que muestran que el 58 por ciento de la población mayor de 50 años pudo pagar un crédito hipotecario a los 30 años, adquirir un automóvil, pagar colegiaturas y satisfacer sus servicios básicos de transporte y alimentación, con el ingreso que tenían en las décadas del setenta y ochenta.
De acuerdo con el Banco de México, el salario mínimo real a precios de 1970, pasó en las últimas décadas de un máximo de 30 pesos en 1972, a nueve pesos en 1999. Y desde entonces se mantiene en el mismo nivel, es decir, hablamos de un deterioro salarial que acumula cuatro décadas de rezago. A esta pérdida del poder adquisitivo se acumula también la precarización del empleo, la falta de seguridad social, de prestaciones laborales, la informalidad y el subempleo.

Esa es una situación por demás preocupante, si consideramos que el salario mínimo es un derecho humano, reconocido en distintos instrumentos internacionales, ratificados por nuestro país; y además, representa un principio de las garantías sociales de nuestra Constitución.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos llevó a cabo la homologación salarial a 70 pesos con 10 centavos, situación que tuvo un efecto mediático superior a lo que en realidad representa en los bolsillos de los mexicanos.

Si tomamos en cuenta que el valor de la canasta alimentaria es de mil 288 pesos en zonas urbanas y de 906 pesos en zonas rurales, con dicha homologación un trabajador ganaría 2 mil 103 pesos al mes, y le restarían 814 pesos con 17 centavos, algo así como 27 pesos al día en zonas urbanas o, bien, mil 196 pesos, algo así como 39.8 pesos diarios en zonas rurales, todo eso para cubrir las necesidades mensuales de transporte, cuidados del hogar, cuidados personales, educación, cultura, recreación, comunicaciones, vivienda, vestimenta, calzado, utensilios domésticos, salud, enseres domésticos y esparcimiento, además, esto sin contar a sus dependientes económicos. Una cantidad absolutamente ridícula.

Nuestro país debe de recuperar su responsabilidad social con nuestra sociedad. México es el país de la OCDE y de América Latina que tiene los salarios más bajos y el único país de la región en donde no aumentó en todo el siglo XXI.

Contar con salarios remuneradores, con prestaciones laborales, es la vía más rápida para abatir la pobreza desde sus causas.

Requerimos de un nuevo esquema y rumbo para proteger el salario garantizando su incremento sostenido.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, mi voto será a favor del presente dictamen porque considero que es un paso importante para refrendar el compromiso por el rescate del Estado social desde una visión progresista y democrática que tenga objetivos estratégicos en el combate a la desigualdad y la realización de los derechos universales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia de la sala, señor Presidente.

El tema que aborda el dictamen a nuestra consideración, nos obliga no sólo a reflexionar sobre la desindexación del salario mínimo, sino también sobre otras materias que con estas modificaciones constitucionales aún no se atienden y que son del interés del pueblo de México.

El desempeño creciente que padece el país, el empleo informal, el deterioro de la seguridad social y la desvalorización del salario mínimo, son tan sólo algunos temas que necesaria y urgentemente el Congreso tiene que abordar con responsabilidad y de cara a la sociedad.
Para atender estas realidades hay que reconocer que las últimas Administraciones Públicas Federales no han podido, en las últimas tres décadas, ser capaces para crear puestos de trabajo en la economía formal, para absorber a quienes se incorporan por vez primera al mercado laboral, y proporcionar oportunidades de empleo a quienes se encuentran atrapados en la economía informal y, lo que es peor, en el desempleo.

De ahí que el primer reto que no ha podido superarse, es el de colocar al empleo como el aspecto fundamental de la política económica y social, a fin de que se promuevan marcos económicos favorables al empleo y el apoyo a todos los sectores productivos, pero sobre todo, a la economía familiar, al bolsillo del mexicano.

En materia de salario mínimo es claro que la clase trabajadora mexicana, que en su mayoría gana de uno a cuatro salarios mínimos, ha sido severamente golpeada en su poder adquisitivo debido a que dicho salario no ha tenido incrementos que le posibiliten hacer frente a una vida en familia con dignidad.

Ya lo decía el ex Presidente Fox: “No se van a subir los salarios”, y de ahí para el real, ni un centavo.

Así, tenemos que con datos que recientemente diera a conocer un estudio sobre el salario mínimo, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en tres décadas, con un salario mínimo se dejaron de adquirir 45.7 menos kilos de tortillas que entonces; con la misma percepción 243.3 menos piezas de pan 5.6 kilogramos menos de huevo y 9.5 menos kilos de frijol.

Señala de manera importante que el ingreso que se requiere para adquirir solamente los alimentos nutricionalmente recomendados y que constituyen la canasta alimenticia recomendable, tendría que ser de 184.96 pesos al día.

Bien saben ustedes, compañeras y compañeros, que el primero de octubre del año en curso el salario se fijó en 70.10 pesos para toda la República. Luego, entonces, preguntarse de cuánto tendría que ser el incremento para poder satisfacer tan sólo las necesidades básicas.

Crudamente este estudio señala que México es una fábrica de pobres, donde el poder adquisitivo registró una caída del 77.79 por ciento de 1987 al 2014, por lo que una familia puede comprar sólo el 34 por ciento de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo.

En contraste a esta realidad que viven millones de trabajadores mexicanos, es momento de recordarles, compañeros, que en 2006 el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señalaron que la riqueza del país se concentró en un grupo de 20 personas o familias que consolidaron su poder económico que representó el 6 por ciento del Producto Interno Bruto, y que el ingreso de estos multimillonarios mexicanos es catorce mil veces el del promedio de la población.

Por todo ello, al impulsarse este cambio constitucional hay que precisar que la figura del salario mínimo se establece con la promulgación de nuestra Ley Fundamental del 5 de febrero de 1917.

Es un mandato constitucional que los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para prever la educación obligatoria de los hijos conforme lo disponen específicamente los artículos 90 de la Ley Federal del Trabajo y 123, Apartado A, fracción VI de nuestra Norma Suprema.

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene como función y objetivo fundamental, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los mismos.

Compañeras y compañeros Senadores: En este tema no podemos ser conformistas al aprobar esta reforma, que es un primer paso para establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.
Las condiciones de vida de millones de mexicanos trabajadores, claman el resarcimiento, no gradual, sino inmediato de la pérdida acumulada de estos salarios que han tenido por más de 30 años.

Iniciemos ya los procedimientos parlamentarios para encontrar nuevas fórmulas y mecanismos institucionales que permitan fijar el salario mínimo de manera congruente con la realidad económica y social del país.

Urge, en los hechos, rescatar el carácter o categoría de salario mínimo como un derecho social, humano, de todas las mujeres y hombres que forman la clase trabajadora de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores, soy el último orador y además seré muy breve.

Señoras y señores Senadores:

La desincorporación del salario mínimo es vital para el avance del país. Es imperativo desvincularlo de tantos conceptos en los cuales es un referente único.

Daré un ejemplo, el salario mínimo se utiliza como referente en cuando menos 140 leyes y en más de 300 disposiciones legales.

No confundamos, compañeras y compañeros Senadores, el planteamiento que hoy tenemos, son los beneficios que esta propuesta de reforma puede traer a México, esta es una propuesta que busca establecer una nueva unidad de medida.

No existe una evolución del concepto de salario mínimo.

Es evidente que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades de los mexicanos.

México no ha sido parte y, en consecuencia, no ha tenido aumento de salarios mínimos importantes en los últimos años transcurridos.

Tenemos un resultado de un deterioro real del poder de adquisición del salario para los mexicanos, pero concentrémonos en la búsqueda de soluciones que puedan tener efectos positivos para México.

Se trata hoy de una reforma necesaria y absolutamente importante que nos dará nuevas estructuras y nuevas fórmulas realistas y modernas.

Por todo ello, el grupo parlamentario al que pertenezco, apoya esta iniciativa que será, sin duda, de beneficio para nuestro país.

Por su atención, Senadoras y Senadores, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Torres Corzo.

Informo a la Asamblea que la intervención de la Senadora Adriana Díaz Lizama, se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar la reserva al artículo 123, fracción VI y adición de tres artículos transitorios con números Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo, hasta por cinco minutos. Inmediatamente se someterá a votación su aceptación.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Voy a ser más breve que el Senador Teófilo Torres Corzo.

Bueno, propongo un par de reservas que serían muy importantes, porque esta medida es claramente insuficiente, el salario se convirtió hace muchos años en una variable más en el modelo de estabilidad económica y ha funcionado como el ancla de la inflación.

Nunca se ha cuestionado, ni ha importado el costo de contener los salarios para cumplir con la meta de inflación.

Esta relación tuvo sentido en periodos de alta inestabilidad de precios, por ejemplo, en 1987, que es cuando empieza esta práctica de pactar salarios con inflación, pero no tiene sentido en periodos posteriores donde hay una mayor estabilidad.

Las consecuencias han sido desastrosas, ha habido un costo oculto que se ha mantenido y que no se ha hablado por estar presumiendo y poniendo por delante siempre las finanzas del gobierno y no las finanzas de las familias.

Tenemos el salario más bajo de América Latina, sólo después de Haití; más de la mitad de la población en pobreza y una desigualdad de las más grotescas del mundo, el 1 por ciento tiene el 21 por ciento del ingreso, y el 43 por ciento, la riqueza.

¿Qué proponemos? Que el salario deje de ser una variable de este tablero económico y se convierta en un derecho humano, que la definición del salario esté ahora contenida dentro de la reforma constitucional de 2011 donde se deben procurar los derechos humanos.

Entonces, que liguemos el concepto de salario ya a una definición de derechos humanos, y que esta definición entonces sí permita tener políticas para la recuperación del poder adquisitivo, y que nunca más vuelva a ser una variable económica aislada de lo que significa, de las consecuencias que tiene el determinar un salario a partir de una meta nada más de finanzas públicas, de inflación y no vemos el lado humano, no vemos el costo, no vemos lo que significa el salario mínimo.

Y tan no lo vemos, que ahora el salario mínimo en México significa pobreza. La mitad de la gente formal, que trabaja todos los días, a la mitad no le alcanza para comprar la canasta básica.

Resumen, ¿qué propongo?, ¿qué dice actualmente la Constitución? Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Esa es la definición.

Pregunto: ¿Qué significa satisfacer las necesidades normales? Necesitamos cambiar esa definición para que sea las necesidades vitales de la familia, donde sí hay antecedentes en tribunales de qué significa necesidades vitales, que una familia viva con dignidad y no esté en la pobreza.

Entonces, de un concepto vacío nos vamos a un concepto que tiene mucha significación en términos de bienestar, porque en la Constitución del ‘17 se estableció el salario mínimo como un concepto de bienestar, que fue posteriormente modificado.

Las necesidades normales de un jefe de familia, ¿y dónde están las mujeres?, más del 40 por ciento de los hogares en México tiene jefas de familia, y no están en la definición de salario mínimo. ¿Por qué nada más a los jefes de familia se les debe garantizar el salario mínimo? No deberíamos permitirlo, tenemos que hacer esta corrección, pues que proponemos que diga el salario mínimo de las personas, sino tengamos la distinción por sexo.

Un jefe de familia, dice también, ¿y qué pasa de aquellas familias que tienen, no sólo el 90 por ciento, de los hogares está compuesto por familiares, y hay un 10 por ciento que no, los estamos también ahí excluyendo?
Y también hay que ser muy claros en la educación, aquí dice: la educación obligatoria de los hijos. No, debe ser la educación obligatoria de los integrantes de la familia, debe ser la educación obligatoria de los niños, niñas y adolescentes.

Entonces sería transformarla. La propuesta es que transformemos esta definición, de una variable vacía, económica, que la convirtamos realmente en una definición de derechos humanos y que garantice que el salario mínimo se refiera siempre al bienestar de las personas.

Esa es la propuesta que estamos agrupando en las reservas que presentamos el día de hoy.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Delgado Carrillo.

El Senador Teófilo Torres Corzo desea hacerle una pregunta.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño). Gracias, señor Presidente, ya no es necesario, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Ha concluido, Senador Delgado Carrillo?

El Senador Mario Delgado Carrillo: Sí, es que creo que me tardé un poco más que el Senador Teófilo Torres Corzo, pero, gracias por su atención, y ojalá atiendan las reservas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Mario Delgado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar propuesta de adición de un Artículo Décimo Transitorio, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Todos aquí estamos festinando, estamos celebrando con mucha algarabía, ya nada más falta que traigamos cohetes, como en mi pueblo, para que le digamos al país que hemos desindexado el salario mínimo general y que nunca más volverá a ser una referencia para situaciones como las que aquí se han mencionado; multas, infracciones, etcétera.

Hablábamos de que el salario mínimo, como lo señala la parte social de nuestra Constitución, tiene que cumplir con ciertos requerimientos de la familia para que pueda considerarse un salario digno.

Decía que no conozco una conquista laboral que no haya sido producto de la lucha de los trabajadores, y eso el Senado de la República lo puede resolver el día de hoy, o en los próximos días estaremos viendo a muchas fábricas poner la bandera rojinegra, o estaremos viendo a trabajadores saliendo a la calle porque el salario que tienen no les alcanza para sobrevivir y tendrá que ser nuevamente una lucha para que el salario cumpla con el mandato constitucional.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Este Senado de la República ha atendido problemas de esa naturaleza. El último que atendimos un grupo de Senadores, fue el problema de San Quintín.

Allá en ese lugar hablábamos de la sobreexplotación de los jornaleros agrícolas, y decíamos que nos parecía un despropósito que los jornaleros agrícolas de San Quintín ganaran los salarios de hambre que estaban percibiendo, que además, ese despropósito se trasladaba a los jornaleros agrícolas menores de edad.

La presencia de los Senadores de la República, primero en Ensenada, para tener una mesa de diálogo, y luego en San Quintín, fue precisamente para que el salario de los jornaleros agrícolas alcanzara para que estos trabajadores mexicanos y esas trabajadoras mexicanas fuera suficiente para lo que señala la Constitución.

Y hubo un acuerdo, un acuerdo de que habría tres tipos de salarios: para las pequeñísimas empresas, para las empresas medianas y para las empresas poderosas.

Las empresas pequeñas pagarían 150 pesos por jornada de ocho horas; las empresas medianas 170 pesos y las empresas poderosas 180 pesos por jornada laboral de ocho horas, adicional el tema que tiene que ver con cuántas cajas cortaban al día de los productos que ahí se producen. Eso fue lo que logramos algunos Senadores de la República que asistimos a San Quintín a arreglar ese problema.

Pero hoy yo no creo, como luchador de izquierda, yo no creo en la bondad de los capitalistas, no creo en la bondad de los patrones, por eso los trabajadores tendrán que luchar, y hoy el Senado puede remediar si atiende el planteamiento siguiente: Que sea de manera gradual el incremento al salario mínimo. Leo mi propuesta.

“El salario mínimo general se incrementará de manera gradual para que a más tardar en el año 2018 su poder adquisitivo sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer de la salud y educación obligatoria de sus hijos”.

Compañeros, si realmente queremos que los trabajadores del país se vean beneficiados, no le tengamos miedo a aprobar una propuesta, como ésta, que estamos haciendo.

La clase trabajadora de México le va a aplaudir y le va a reconocer al Senado que verdaderamente quiere, quiere lograr la justicia social en México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Demédicis Hidalgo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, a propuesta de las comisiones dictaminadoras.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.






Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones.

El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a su consideración, y no habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a esta Mesa Directiva un Acuerdo, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se designa al ciudadano Rubén Calderón Luján como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.
Para dar cumplimiento a la protesta que exige el artículo 128 constitucional, solicito a los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Luz María Beristain Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury inviten a pasar a este salón de sesiones al ciudadano Rubén Calderón Luján, y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadano Rubén Calderón Luján: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor Interno de la Cámara de Senadores que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Rubén Calderón Luján: ¡Sí, Protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades señor contralor!, le solicito que se incorpore de inmediato a sus funciones.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Ruego a la comisión de cortesía acompañe al licenciado Calderón Luján.

(La comisión cumple)






MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta.

La Mesa Directiva amplió el turno a tres proyectos de Decreto de reformas constitucionales en materia de Paridad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentados los días 7 y 20 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, rectificó el turno a 7 proyectos de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro para que sea la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, la que concurra en el dictamen conjuntamente con las otras comisiones que ya conocen los proyectos.

El listado de asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica lo descrito por la Secretaría.






Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013

(Presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el periodo en el que PEMEX puede desarrollar las áreas de exploración que le fueron asignadas en la Ronda Cero y, en caso de éxito, continúe con los trabajos de extracción, de acuerdo a las modalidades que le permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma energética aprobada en diciembre de 2013, por una amplia mayoría del Congreso Federal, responde a las nuevas circunstancias y retos de la industria a nivel global, y coloca a México como un protagonista en la escena mundial.

Con esta Reforma, se fortaleció a PEMEX. Bajo los nuevos lineamientos, se le dio el mandato de generar valor; dotándolo de patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión; libertad para organizarse de la manera en que lo considere más adecuado y de adoptar los mecanismos más idóneos para cumplir con los objetivos y metas planteadas; se le proveyó de una estructura organizativa con mayor flexibilidad para la contratación, adquisiciones, disposición de bienes y determinación de remuneraciones; y se fortalecieron los mecanismos de control y evaluación, para asegurar la eficiencia, productividad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

PEMEX se consolidó como una empresa productiva de Estado, cuyo objeto es generar la máxima rentabilidad, mediante el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales.

En este marco, la Reforma Constitucional dispuso otorgar a PEMEX recursos petroleros importantes para mantener un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción a fin de contribuir a que se cumpla la meta de elevar en 500 mil barriles diarios la producción al 2018, para llegar a un total de 3.5 millones de barriles diarios para el año 2025.

En este proceso, conocido como Ronda Cero, Pemex entregó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, información detallada y suficiente sobre las áreas de exploración y los campos en explotación que deseaba le fueran asignados, acreditando contar con la capacidad técnica, financiera y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía publicó los resultados de la Ronda Cero. PEMEX obtuvo el 100% de las reservas 2P solicitadas, así como el 67% de los recursos prospectivos; de manera global, a PEMEX le fue asignado el 83% del total de las reservas probadas y probables de hidrocarburos (2P) y el 21% de los recursos prospectivos del país.

"La Secretaría de Energía, como resultado de su evaluación adjudicó a Petróleos Mexicanos reservas probadas que totalizaron 10,292 millones de barriles de petróleo crudo, condensado y los hidrocarburos licuables, y 10,859 miles de millones de pies cúbicos de gas seco (95.1% de las reservas probadas del país). En términos de reservas probadas y probables se le asignó un volumen de 20,589 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (prácticamente 100% de lo solicitado en la Ronda Cero, 83% de las existentes). De los recursos prospectivos, se le asignaron 23,447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (67% de lo solicitado y 21% del inventario de recursos prospectivos del país). El desarrollo de las reservas que fueron asignadas a Petróleos Mexicanos en la Ronda Cero, le permitirán mantenerse como una empresa líder en el sector, proporcionándole los recursos a explotar, considerando su nivel de producción anual, por un periodo superior a 20 años."*1

Las áreas asignadas, representan un balance adecuado entre yacimientos en los cuales Pemex tiene una gran experiencia y yacimientos de nuevo tipo sobre los que descansa el futuro petrolero de México, estableciéndose un piso para que pueda producir del orden de 2.5 millones de barriles diarios por los próximos 20.5 años.

El portafolio asignado resultó diversificado y garantiza la viabilidad a corto y mediano plazo de la operación de la Empresa Productiva, con bases sólidas para mantener su liderazgo en aguas someras, y permitir fortalecer sus capacidades en aguas profundas o no convencionales.

No obstante, conforme al artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Reforma Energética, el derecho de explorar las reservas asignadas a través de la Ronda Cero, está sujeto a que Petróleos Mexicanos pueda cumplir con el Plan establecido para cada área asignada, durante un plazo de tres años, prorrogable por otros dos años. En caso de no cumplirse con el Plan de Exploración, PEMEX tendrá que devolver al Estado las áreas en cuestión.

Cabe aclarar que en su momento PEMEX adquirió el derecho sobre esas áreas acreditando capacidades técnicas, financieras y de ejecución, sin embargo, la Reforma concibió esas capacidades de una forma estática, no previó que esas capacidades podrían aumentar o disminuir por circunstancias extraordinarias, como podrían ser las variaciones en la oferta y demanda internacional de hidrocarburos o caídas drásticas de sus precios.

La Reforma Energética se aprobó en un momento de relativa estabilidad en la geopolítica y en los precios de los hidrocarburos. Hoy las condiciones han cambiado y diversos factores que inciden en su instrumentación, algunos de éstos son:

• Mayor producción de hidrocarburos convencionales en Arabia Saudita, Rusia, China, Iraq y Colombia.

• Acuerdo de los países miembros del OPEP, para no reducir su producción de petróleo.

• Incremento de la producción de petróleo y gas de lutitas en los Estados Unidos.

• Disminución de la demanda de petróleo, por la baja actividad económica y la desaceleración de las economías de la Comunidad Europea, China, India y del resto del bloque asiático.

Todos estos factores han cambiado las perspectivas para la industria petrolera y para la Reforma Energética en México.

Preocupa la baja en los precios del petróleo porque significa, no solo en México, sino también en todo el mundo, el replanteamiento en priorización y la ejecución de proyectos. Según diversas empresas consultoras, la situación ha derivado en la cancelación de proyectos a nivel mundial del orden de 200 mil millones de dólares "En el caso del petróleo, muchos de los proyectos son complejos yacimientos en aguas profundas en el Golfo de México, el Mar del Norte, África Occidental y el sudeste de Asia con presupuestos de hasta 20,000 millones de dólares" señaló la consultora Ernst and Young.** 2

En el caso específico de México la caída de los precios es significativa, de un precio promedio de 103 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación que se tuvo en el primer trimestre de 2013, se llegó a un precio de 38.76dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación el 2 de octubre de 2015.

Es decir que justo cuando se promovían los proyectos para la exploración y desarrollo de las áreas asignadas en la Ronda Cero, cuando se invitaba a inversionistas y PEMEX trataba de atraer socios, la baja en los precios del petróleo, ha golpeado las finanzas públicas y afectado la capacidad de inversión de la empresa productiva de estado.

Conforme a cifras de la Secretaria de Hacienda, los ingresos de Pemex por la venta externa de todos sus productos se desplomaron 87% en los primeros cuatro meses de 2015 respecto de las exportaciones realizadas en el mismo periodo del año pasado.

Este hecho derivó en la decisión de realizar recortes al Presupuesto de Egresos Federal y específicamente a un recorte a PEMEX por 62 mil millones de pesos, lo que ha impactado su capacidad de ejecución, y obligado a darle prioridad a lo urgente sobre lo trascendente, es decir, enfocarse a realizar aquellas actividades que permitan compensar la fuerte caída de producción que se viene enfrentando desde hace varios años.

El Director General de PEMEX, Emilio Lozoya ha informado que se han cancelado diversos proyectos de exploración, "Hay proyectos concretos, diría de exploración en algunos yacimientos en aguas profundas, no en todos, pero los de mayor riesgo, pues por ahora si no hemos comenzado, se posponen" y agregó que "No quiere decir que Pemex deje alguno de estos proyectos de lado, que los cancele, simplemente como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos".***3

Pemex tenía un presupuesto original para 2015 de 366 mil 400 millones de pesos y con el ajuste será de 307 mil 600 millones de pesos. PEP resentirá una disminución en su presupuesto de 46 mil 500 millones de pesos, al descender de un presupuesto inicial de 299 mil 500 millones a 253 mil millones de pesos.

La vulnerabilidad de Pemex y de las finanzas públicas ante ese fenómeno es más que evidente; a ello se suma que los yacimientos de petróleo fácil se están agotando y los costos elevando, requiriendo una mayor inversión.

Dado que en la Reforma Energética las condiciones de una posible caída en los precios de petróleo no fueron consideradas como una causal para ampliar los plazos de ejecución de proyectos incluidos en el Plan de Exploración, PEMEX corre el riesgo de perder estos activos y verse obligado a regresarlos al Estado.

A la luz de estos acontecimientos, la consideración para incluir esta variable y ampliar el plazo a PEMEX para desarrollar los proyectos de exploración sería justa, sobre todo si se tiene en cuenta que, para el caso de la Ronda Uno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha tenido que realizar ajustes y modificaciones a las bases de licitación y modelo de contratos con el fin de volver más atractivo el proceso.

Así, el pasado 25 de marzo de 2015 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó ampliar el tiempo que tendrán las empresas ganadoras de la primera convocatoria de la Ronda Uno para los trabajos de exploración pasando de un plazo de tres años, con dos prórrogas de un año, a cuatro años, con posibilidad de ampliación de dos años más.

De igual modo, el pasado 29 de mayo la SENER dio a conocer que la SHCP y la CNH decidieron modificar los contratos y bases de licitación para la primera Convocatoria de la Ronda Uno, entre los que se encuentra la ampliación de los plazos para la presentación de los planes de exploración de 60 a 120 días y los de desarrollo de 120 a 365 días, así como ajustes a los parámetros de los mecanismos para el cálculo de contraprestaciones vinculados a los términos fiscales, para adecuar el balance económico en el contrato y reconocer el carácter de riesgo en las actividades de exploración.

Para la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno, realizada el pasado 30 de septiembre de 2015, también fueron modificadas las bases de licitación, lo que dio como resultado que en algunos casos los ganadores ofrecieran más del doble de los mínimos propuestos por la Secretaria de Hacienda en cuanto a la participación del Estado en la utilidad operativa, como fue el caso para los campos Amoca, Miztón y Tecoalli donde el Estado estableció como valor mínimo de adjudicación el 34.80%, logrando adjudicarla en el 83.75% de utilidad operativa para el estado, que podría elevarse en más del 90% si consideramos el pago de ISR, regalías, cuotas e impuestos para las actividades de exploración y extracción.

Por lo que se refiere a PEMEX, en su Informe 2014 reconoce y analiza las nuevas circunstancias globales de la industria petrolera y los efectos que tendrá la contracción de los precios del petróleo.

Respecto a las asignaciones que se le otorgaron para la explotación señala que "Conforme a los artículos transitorios del Decreto de la Reforma Energética, el derecho de desarrollar las reservas asignadas a través de la Ronda Cero está sujeto a que Petróleos Mexicanos pueda cumplir con el plan establecido para dichos efectos, mismo que fue preparado con las condiciones señaladas.

Conviene destacar, sin embargo, que Petróleos Mexicanos no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explorar y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o en su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro. Petróleos Mexicanos podría perder el derecho para la extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración establecido. La baja en los precios de crudo experimentada a partir del cuarto trimestre de 2014 tiene en la industria global y en el propio Petróleos Mexicanos efectos negativos que provocaron un recorte a los presupuestos de inversión a corto y largo plazo. Adicionalmente, el aumento en la competencia en el sector de petróleo crudo y gas en México puede incrementar los costos para la obtención de campos adicionales en las licitaciones por los derechos sobre nuevas reservas".

En conclusión, señala, "la capacidad de Petróleos Mexicanos para hacer inversiones, está limitada, entre otros aspectos, por la cantidad de impuestos y derechos que se pagan al Gobierno Federal y los decrementos cíclicos en sus ingresos debidos principalmente a la caída en los precios del petróleo, y demás factores que inciden en el ingreso y gastos financieros (tasa de interés, tipo de cambio, endeudamiento). Adicionalmente, restricciones a la disponibilidad de financiamiento podría limitar la capacidad de Petróleos Mexicanos para realizar las inversiones necesarias para mantener los niveles de producción actuales e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos que puede extraer."****4

Ejemplos de algunas áreas asignadas que PEMEX pudiera perder por no cumplir con el Plan Exploratorio, los encontramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:

• Proyecto de Exploración Área Perdido, apenas en etapa de evaluación del potencial petrolero. De corroborarse la existencia del sistema petrolero en territorio mexicano, se pasaría a la etapa de incorporación de reservas.

• Proyecto de Exploración Han, El proyecto está considerado como de evaluación de potencial, cubre una superficie de 73,581 km2.

• Proyecto de Exploración Uchuk. Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas

• Proyecto de Exploración Holok Tiene como objetivo confirmar el potencial de la provincia gasífera en aguas profundas y ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado y posiblemente aceite ligero.

Los legisladores con la aprobación de la Reforma Energética, nos pronunciamos por el fortalecimiento de PEMEX como Empresa Productiva de Estado, ahora estamos a tiempo para reconocer que las circunstancias han cambiado, que la caída en los precios del petróleo inciden negativamente en su capacidad de inversión, por lo que debemos darle la oportunidad de adecuar su Plan de Exploración a estas nuevas condiciones y otorgarle un plazo más amplio para su ejecución.

Por los motivos anteriores se propone la siguiente

Iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013.

Único. Se modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013, para quedar como sigue:

Sexto…

a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por dos períodos de tres años cada uno , en función de las características técnicas del campo de que se trate y, en su caso, por disminución drástica en el precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación, que afecte su capacidad de inversión en los proyectos de las áreas asignadas. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado.

b)…

….

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Ninfa Salinas Sada.


1 * Petróleos Mexicanos. Informe Anual 2014.

2 ** Periódico El Economista. Junio 16, 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/06/16/bajos-precios-crudo-cancelan-megaproyectos

3 ***México Forbes, Febrero 18, 2015. Disponible en http://www.forbes.com.mx/pemex-pospondra-proyectos-en-aguas-profundas-y-recortara-personal/

4 ****Informe de Petróleos Mexicanos 2014, Pp. 6 y sig. Disponible en: http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 33, FRACCIÓN VIII DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador Sofío Ramírez Hernández integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE reforman y adicionan diversos ordenamientos para garantizar el acceso a la educación de los hijos de las personas con capacidades diferentes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aproximadamente 470 millones de personas viven en el mundo con algún tipo de impedimento para desarrollar alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales, mentales, físicas o sensoriales. Además, una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente pues dedican parte de su tiempo a atender o coadyuvar a resolver las necesidades de las personas en esta condición, como las personas que cuidan de ellas o los familiares. Es decir, que aproximadamente cuatro de cada diez personas se ven involucradas en resolver necesidades prioritarias de personas con capacidades diferentes, o recibir las mismas.

Desafortunadamente, las personas con capacidades diferentes encuentran numerosos obstáculos en la sociedad y con frecuencia son objeto de estigma y discriminación. Siguen siendo en gran parte marginados, desproporcionadamente más pobres, a menudo desempleados y tienen mayores tasas de mortalidad. Además, son excluidas en gran medida de los procesos civiles y políticos y mayoritariamente no tienen voz en los asuntos que les afectan a ellos y a su sociedad.1

En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 5,739,270 personas con capacidades diferentes, que representan el 5.13% de la población total. Con limitaciones motoras existían en 2010, 3,345,994; visuales 1,561,081; auditivas, 694,452; de comunicación 476,359: para atender el cuidado personal 315,660; de aprendizaje 252,528 y mentales 487,838. Cabe señalar que una persona puede tener más de una de estas condiciones.

Los motivos que producen el cambio en la capacidad en las personas pueden ser variados, pero el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

En México, de cada 100 personas con capacidades diferentes:

• 39 las tienen porque sufrieron alguna enfermedad.

• 23 están afectados por edad avanzada.

• 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.

• 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.

• 8 debido a otras causas.2

Cómo es posible observar, la amplia mayoría de las personas que han visto modificadas sus capacidades, la han sufrido durante el transcurso de su vida, principalmente por alguna enfermedad, o por el deterioro en la vejez.

El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario de que familiares o amigos, deban de asistirlas y velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes. En este caso quiero referirme especialmente a sus familiares y más en específico a sus hijos.

Las familias en general y las hijas en particular de las personas con capacidades diferentes, enfrentan situaciones más complejas que los demás, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, o a labores que generalmente no realizarían en hogares donde no se presenta esta circunstancia.

Trabajo de Cuidados

El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o como apoyo de una persona dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país.

Se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae sobre las mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo de cuidados al interior de sus hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.3

Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidados en los hogares no se han reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México indican que dicho trabajo representó el 21.6% del Producto Interno Bruto(PIB) en 2011 y que es el grupo de actividades de mayor peso económico: constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).4

Con base en lo anterior, se puede observar que la familia es la principal proveedora delos trabajos de cuidados, asimismo, podemos afirmar que las mujeres en general y en especial las hijas, son importantes colaboradoras con las familias para atender este tipo de necesidades por cuestión de tradiciones culturales muchas veces.

Además, en el caso de que la persona presente la circunstancia de la modificación de sus capacidades sea la jefa o el jefe de la familia, los retos a enfrentar por los hijos se acentúan por la discriminación laboral de que son lamentablemente objeto las personas con capacidades diferentes.

Discriminación Laboral

Alrededor de 470 millones de personas en edad laboral sufren alguna forma de discapacidad que difiere en la naturaleza y el grado de severidad. A ello se añade el aspecto del género, la edad o la situación económica, que influyen en el status y acceso al mercado de trabajo.

De manera general, las personas con discapacidad experimentan formas comunes de discriminación, como un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Se enfrentan asimismo a la discriminación en el momento de la contratación. En una encuesta realizada en Francia se constata que menos de un 2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el currículum vitae han sido convocados para una entrevista. Las personas con discapacidad son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para de esa forma minimizar los riesgos de los empleadores.

La discriminación empeora con la edad. Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual.

En el mundo, más de un 60% de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, y sin embargo experimentan un índice de desempleo de entre 80 y 100% superior al de los trabajadores sin discapacidad.

La discriminación laboral se puede dar de muchas maneras, un estudio realizado en 2003 en Estados Unidos constató que el 73% de los empleadores encuestados declaró que los trabajadores discapacitados no necesitan servicios especiales.

Incluso se acumulan; la diferencia de salario de las mujeres con discapacidad en Australia es superior en un 44% al de aquellas que carecen de ella. En el caso de los hombres, dicho porcentaje es del 49%, además de que la discapacidad tiene una influencia directa en el bajo nivel de los salarios.

Aunado a lo anterior, y debido a la discriminación por género, las mujeres con discapacidad son más vulnerables a sufrir una triple discriminación: por ser mujeres y con discapacidad y además por ser pobres.5

Contexto Nacional

Un elemento importante a considerar, es el de la educación, ya que el promedio de escolaridad que registra la población de 15 años y más con alguna discapacidad es de 4.7 años, mientras que a nivel nacional el promedio es de 8.6 años. (INEGI, 2010). Esto se ve reflejado en la tasa de participación económica de dicha población, misma que alcanza un 30%, en comparación con la población en general que es de casi el 54%. El 18.3% de las mujeres con discapacidad participa en el mercado laboral, frente al 42.3% de hombres con discapacidad y el 35.5% de sus homólogas sin discapacidad (INEGI, 2010).6

Las personas con capacidades diferentes son uno de los grupos poblacionales que más ha visto vulnerados sus derechos laborales, por lo que es fundamental el papel del Estado como generador de oportunidades y condiciones de acceso, promoción, movilidad y estabilidad laboral7para concretar el derecho al trabajo digno, por lo que se ha derivado en que las dos principales fuentes de ingresos de las personas con discapacidad que no trabajan, son los programas de gobierno y las jubilaciones o pensiones. (INEGI, 2010), situación que no será posible sustentar si no se establecen acciones que permitan el fortalecimiento y democratización de la productividad.

A pesar de que durante los últimos años, el Estado Mexicano ha implementado un sinnúmero de acciones encaminadas a eliminar las barreras que enfrenta éste sector de la sociedad, encaminadas a incluir el concepto de trabajo digno o decente, y prohibir expresamente la discriminación por condiciones de discapacidad para el acceso, desarrollo y permanencia a un empleo, aun no son suficientes.

Cabe señalar que paralelamente se han llevado a cabo diversas acciones legislativas enfocadas a atender la problemática, que ahora son obligaciones para el Estado, asimismo, el gobierno mexicano ha establecido diferentes políticas dentro de sus lineamientos para atender las problemáticas de las personas con discapacidad especialmente para tratar de eliminar la discriminación, sin embargo, se ha dejado de atender el impacto colateral que se genera en el entorno del núcleo familiar a través de la necesidad del trabajo de cuidados, así como de la merma de ingreso de los hogares por la modificación de las capacidades de alguno o los miembros de la familia, a pesar de contemplarse la obligatoriedad de esos derechos en la legislación que a continuación presento.

Marco Jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, inciso A, señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

El 20 de mayo de 2013 se publicóel Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno Federal para la presente administración.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

La meta de México Incluyente, propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, cómo el agua potable, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.8

El artículo 3° de la Constitución, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

De igual manera, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que: el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.

Contempla también que debe haber acciones afirmativas, que son acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;

Su artículo 10° determina que en la aplicación de dicha Ley, se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

El artículo 37 afirma quelas autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad.

En su Capítulo Sexto, se refiere al derecho a no ser discriminado, por lo que los artículos 39 y 40 establecen los siguientes derechos y obligaciones:

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

En el artículo 57 se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana;

Asimismo, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;

Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;

Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;

Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico […].

De igual manera, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 6 fracción III, que son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública pertinente para tal efecto.

Por su parte la Ley de Asistencia Social en su Capítulo II que determina quienes son sujetos de la asistencia social en su artículo 4° señala que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

De igual manera, la Ley General de Educación en su artículo 32 determina quelas autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.

Su artículo 33 señala que para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo el otorgamiento de apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.

Por último, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores determina que la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva

La antedicha Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores diversos derechos entre los que destaco el de recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales, así como que las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores (artículo 5).

Además, dentro de sus objetivos de ésta ley está el impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas.

Tradicionalmente se ha buscado combatir exclusivamente la discriminación o garantizar la inclusión para las personas con capacidades diferentes, sin embargo, con las modificaciones propuestas, se pretende plasmar en la Ley, una Acción Afirmativa para brindar mayor equidad a las familias que posen algún miembro con capacidades diferentes, y deben realizar trabajo de cuidados.

Además, las personas con capacidades diferentes lamentablemente continúan siendo objeto de diversos tipos de discriminación, entre los que destaca la laboral, impidiendo el acceso al trabajo mismo, o a un salario digno; cuando esta situación se presenta en alguno de los miembros que son el sostén económico de la familia, dificulta de manera importante que los hijos o dependientes económicos de estos núcleos familiares puedan continuar sus estudios y deban optar por dedicarse al trabajo de cuidados exclusivamente, o por algún empleo de menor ingreso por no alcanzar los niveles educativos superiores, cayendo en un círculo vicioso que puede transformase en pobreza.

Los hijos y en especial las hijas además deben de aportar una cuota considerable de trabajos de cuidados para coadyuvar a las personas de capacidades diferentes miembros del seno familiar, labor que generalmente la sociedad no valora lo suficiente ni gratifica de manera alguna.

El contar con apoyo en forma de una beca que por ley se les otorgue, a quienes continúen esforzándose por superarse a través del estudio, es una acción afirmativa que otorga equidad, entendiendo a ésta como brindarle lo necesario a cada quien para su desarrollo, y no brindarles a todos lo mismo, pues las realidades a las que se enfrentan estas familias suelen ser muy distintas a las hogares sin esta condición.

Y que debe de ser acompañada por programas flexibles de educación, de sistema abierto o a distancia, para que los miembros de este tipo de familias puedan continuar con su educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona la fracción VIII bis del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. al III …

IV Bis.-Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con capacidades diferentes;

IV Ter.- Se establecerán programas con perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos económicos para los familiares o menores tutelados, que realicen trabajos de cuidados de personas con capacidades diferentes y que posean calidad de estudiantes.

V. al XVII …

Artículo 34.- …

SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales sus familiares que realicen trabajos de cuidado en beneficio de éstas y que paralelamente se encuentren estudiando;

VII. al XII. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Organización de las Naciones Unidas (2012) Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad [En línea]: http://www.un.org/spanish/disabilities/index.asp

2 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa de limitación en la actividad para cada tamaño de localidad y sexo. [En línea]: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

3 Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013.

4 Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres

5 El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades. OIT. Suiza, 2007.

6 Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. Diario Oficial de la Federación 28/04/14 Vespertino.

7 "La estabilidad laboral adquiere mayor significado en un contexto laboral precario, toda vez que aparece como un mecanismo con doble perfil: preventivo, para inhibir las rupturas innecesarias y abusivas de la relación laboral; y también correctivo, para ofrecer al trabajador afectado mecanismos de defensa ante la ruptura y asistencia para enfrentar los problemas derivados de la pérdida de empleo". Derecho del Trabajo: panorama y tendencias, Porrúa, México, 2006, p. 207.

8 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 172 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La maternidad es una etapa hermosa en la vida de la mujer. La llegada de un nuevo huésped de este mundo es causa de ilusión, pero también, de sacrificios y nuevos retos, más aún, si se trata de una madre que necesita de su trabajo para subsistir.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI cuesta creer que la completa incorporación de la mujer en el mercado laboral no se haya producido plenamente, pero es así. Compaginar maternidad y empleo, sigue siendo una asignatura pendiente de la igualdad entre los géneros.

La protección de la maternidad ha estado siempre en las primeras preocupaciones del estado mexicano y de la comunidad internacional, como lo ha sido a través de la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1919 logró la primera Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se adoptó el primer convenio sobre la protección de la maternidad. El centro de las preocupaciones ha sido el velar porque el trabajo de la mujer no le suponga a ella ni a su hijo riesgos para la salud y porque la función reproductiva de la mujer no comprometa su seguridad en materia económica y de empleo.

En lo particular, en nuestro país el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, contemplan diversas disposiciones de protección a las madres trabajadoras, entre la cuales se destacan algunas como las siguientes:

• La obligación de los patrones a proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos;

• Que no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias;

• Que no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso;

• Que disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto;

• En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado; y

• A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto.

Normas protectoras importantes, en la que para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, destaca la última de las enunciadas, por estar encaminada al derecho de las mujeres en situación de maternidad a conservar su trabajo, en lo que también sobresale el plazo de un año después del parto, como margen razonable para conservarlo.

Normatividad acorde a las exigencias y compromisos internacionales del Estado Mexicano, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en la parte conducente disponen…

Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales

Artículo 10. (…)

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Artículo 11

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo o incluso la salvaguardia de la función de reproducción;

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

Compromisos y disposiciones de carácter internacional, mediante los cuales es de concluir que las mujeres trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad deben gozar de especial protección, una capaz de generar una estabilidad laboral de mayor intensidad. Esta protección es conocida en el argot jurisdiccional como “fuero de maternidad” o “estabilidad en el empleo reforzada”, que exige una mayor y particular protección del Estado hacia la mujer durante esos periodos de la maternidad en los que la mujer guarda condiciones especiales y necesidades determinadas que las hacen merecedoras de conservar el empleo con mayor énfasis y, por ende, evitar ser despedidas por razón de tales factores o castigadas laboralmente en sus condiciones.

Lo anterior, máxime que pueden ser susceptibles de sufrir una mayor y hasta doble discriminación, como lo es, en el empleo que tenían al perderlo y en las andanzas para obtener otro. Esto, aunado a las exigencias económicas que devienen ya no sólo para la madre, pues ahora serán necesidades para dos seres, ambos vulnerables, donde la necesidad aumenta cualitativa y cuantitativamente, de manera mayor al común; máxime si la mujer se trata de cabeza de familia y se trata de un núcleo familiar con carencias en el poder adquisitivo para atender sus necesidades más básicas.

Por ello, es necesario fortalecer la legislación mexicana con la inclusión textual del “fuero de maternidad” en sus normas, como respuesta a una necesidad acorde con el derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada ante su situación de vulnerabilidad y del producto, donde opera también el interés superior del menor, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Estabilidad reforzada en el empleo, que implica que durante los periodos de protección, la mujer embarazada o en situación de maternidad no pueda ni deba ser despedida de su empleo, salvo las naturales, legítimas o insalvables causas inherentes a una falta grave, jamás relacionada a su situación de maternidad, o bien, la cesación de actividades de la entidad o unidad patronal.

“Fuero de maternidad” que constituye la propuesta en sí, que a través de la presente iniciativa se propone en favor de las madres trabajadoras de nuestro país, no como una concesión, sino como un débito que natural, social, cultural e históricamente les es adeudado a nuestras incansables madres trabajadoras.

Por ello, la propuesta que me permito poner a su honorable consideración, es la adición de un artículo 172 Bis a la Ley Federal del Trabajo, precisamente como parte del Título Quinto de dicha ley, que se refiere a las normas protectoras del trabajo en pro de la maternidad.

Es dable decir, que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en el estado de mi representación, Jalisco, ya delibran en sus resoluciones sobre el “fuero de maternidad”, sin embargo, no es necesario esperar al esfuerzo judicial de madres trabajadoras para lograr jurisprudencia, si esta soberanía puede en vía legislativa incorporar ese merecido “fuero” en favor de nuestras madres trabajadoras. Situación que así, hoy tengo a bien proponer.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 172 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 172 BIS.-Las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozarán de especial protección a su estabilidad laboral, por lo que no podrán ser despedidas salvo casos y razones legítimas y excepcionalmente graves.

Esta protección especial se extenderá hasta el plazo previsto por el artículo 170, fracción VI de esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso d), del artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Educación Cívica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de la democracia mexicana, se ha caracterizado por ser gradual y reactivo, atendiendo a los cambios sociales y políticos del país. Las reformas constitucionales decretadas en 2012 y 2014, han convergido en la adopción de diversas disposiciones que permiten a las y los ciudadanos tener mayor injerencia en la vida política del país. La Reforma Electoral impulsada en 2009 por las distintas fuerzas políticas del país, cuyo consenso culmino con su promulgación en agosto de 20121, permitió la consagración constitucional de los derechos políticos de las y los ciudadanos, a ser votadas y votados por medio de candidaturas independientes y a expresarse sobre asuntos públicos por medio de mecanismos de participación ciudadana, como lo son las iniciativas ciudadanas de ley y las consultas populares, propiciando con estos últimos la interacción responsable entre gobierno y ciudadanía.

Por su parte, la reciente reforma Política-Electoral, promulgada el día 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 como parte de la Reforma Estructural en Materia Política-Electoral; propició una de las transformaciones más importantes a las Instituciones y Autoridades Electorales; fortaleciendo el sistema político democrático del país.

Esta reforma estructural tuvo, entre muchos de sus objetivos; profundizar las libertades políticas de la ciudadanía y fomentar la rendición de cuentas. Creando el Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral y el resto de las autoridades electorales administrativas locales, estableciendo así un esquema institucional de carácter nacional que asegura a todos los mexicanos, con independencia de la entidad en la que residen, el goce de una democracia efectiva, impidiendo la injerencia de otros poderes públicos.

Como se puede observar, el marco normativo nacional en materia electoral de nuestro país ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, implementando mecanismos constitucionales de democracia directa, los cuales tienen como objetivo principal garantizar los derechos políticos de la ciudadanía e involucrarla en el proceso de la toma de decisiones sobre cuestiones de interés público. Fomentando con esto la construcción de una ciudadanía política que garantice el fortalecimiento progresivo del Estado democrático y social de Derecho.

Sin embargo, la consolidación de la democracia tiene un soporte fundamental en la adhesión de las y los ciudadanos al régimen político, siendo necesaria por lo menos la participación ciudadana en lo referente a la democracia representativa; aspecto en el que México aún se encuentra rezagado.

El Atlas de Resultados Electorales Federales3 y el PREP 20154, arroja una participación del 63.23% en 2000, 57.02% en 2003, 57.72% en 2006, 44.61% en 2009, 62.66% en 2012 y 47.00% en 2015; lo que indica que la participación en elecciones decreció en los últimos años, notando que dicha tendencia se acentúa en las elecciones intermedias (Diputados federales). Cifras que preocupan, al considerar que la participación electoral en América Latina registra, un promedio de 72.95% en elecciones presidenciales y de 71.05% en las legislativas. Los países que cuentan con los mejores promedios de participación en las elecciones presidenciales, por arriba de 80%, son Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Uruguay.5

Aunado a eso, si en las entidades que presentan menor concurrencia de electores, se compara la participación de los ciudadanos en la pasada jornada electoral con los registros de las elecciones de 1991, se observa un precipitado aumento del abstencionismo. Baja California, es el estado que se sitúa con menor índice de participación al obtener solo un 29.54%este 2015, mientras que en 1991 participo el 77.89%; seguido de Chihuahua con un 32.25%, contrastante al 66.35% que registro en 1991, así como los estados de Aguascalientes, Quintana Roo y Tlaxcala con una participación aproximada de 38.52% en los pasados comicios, que se aleja de los porcentajes por arriba del 60% que registraban hace 24 años.6

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en un esfuerzo conjunto desarrollan la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas7, que busca conocer las características de la participación cívico-política de los ciudadanos, así como evaluar el nivel de compromiso de la ciudadanía con los valores, principios e instituciones de la democracia, arroja entre muchos resultados, los siguientes:

• El 84.28% consideran que la política es complicada.

• El 59.39% no sabe cuánto tiempo duran los diputados federales en el cargo.

• El 58.97% no sabe cuáles son los tres poderes de la unión.

• El 21.03% cree que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, sumado a otro 16.84% que le da lo mismo.

• El 41.87% cree que la democracia es peligrosa porque puede causar problemas.

• El 54.28 percibe que el gobierno es más autoritario que democrático.

• El 50.62% cree que el presidente no debe limitarse a lo que dicen las leyes, si el país tiene problemas serios.

• El 32.65 % cree que el presidente debe controlar los medios de comunicación, si el país tiene problemas serios.

• El 34.29% cree que el presidente no debe tomar en cuenta al Congreso y a los partidos políticos, si el país tiene problemas serios.

• El 73.9% cree que a los funcionarios públicos no les preocupa lo que piensa la gente como ellos.

• El 80.69% cree que el gobierno debería someter a votación de la ciudadanía las decisiones importantes; sin embargo, del mismo universo de encuestados, el 80.47% cree que al gobierno lo elegimos para que tome las decisiones importantes.

• El 43.38% considera que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y cuando haga cosas buenas.

• El 80.36% tiene poca o nula confianza en las leyes mexicanas.

• El 72.47% cree que la mayoría de la gente solo se preocupa por sí misma.

• El 82.94% confía poco o nada en los bienes y servicios que proporciona el sector público.

• El 83.82% se considera poco o nada interesado en la política.

• El 41.73% cree que la política solo contribuye en parte para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, otro 20.73% considera que no contribuye.

• El 71.44 cree que existe una total corrupción en el país.

• El 73.02% cree que los gobernantes cumplen poco con la ley.

• El 72.49 nunca ha intentado quejarse ante las autoridades.

• El 87% aproximadamente no pertenece a ningún tipo de organización estudiantil, beneficencia, voluntariado o religiosa)

• El 94% aproximadamente no pertenece a sindicatos, partidos políticos, agrupaciones profesionales, políticas, ciudadanas, de vecinos, pensionados, ni a ningún grupo organizado.

• El 77.91% cree que votar es la única manera que las personas pueden decir si el gobierno hace bien o mal las cosas.

En consecuencia, podemos observar que si bien en la actualidad México ha desarrollado un marco normativo que promueve un sistema político plural e incluyente, donde la ciudadanía cuenta con mecanismos constitucionales para participar en la toma de decisiones; resulta igualmente necesario asegurar y garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para ejercer sus derechos político-electorales.

Derivado de lo anterior y ante los indicadores que arrojan las diversas estadísticas mencionadas con antelación, resulta urgente reforzar la educación cívica, de manera que el Estado mexicano, por medio de sus instituciones, promueva la construcción de una ciudadanía democrática, esto a partir del cambio de nuestra cultura política, democrática e institucional.

La cultura política de una nación, está constituida por la percepción, patrones, creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones que la población tiene en torno a los asuntos políticos del país.8 En gran medida, esta percepción surge en la experiencia política que en la realidad que cada individuo tiene en su comunidad.

En México, el artículo tercero constitucional precisa el derecho de los individuos a recibir educación y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la población los servicios educativos que tiendan: “a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”Al mismo tiempo, fija el criterio que orientará esa educación, la cual, “será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Como vemos, se trata de una profunda convicción para iniciar a los educandos en la vida democrática; para hacer de sus prácticas, más que un contenido a memorizar, una continua vivencia que permita suscitar, en cada uno de ellos, la honesta y sincera convicción sobre los valores de la democracia.9

Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo séptimo, contiene las precisiones correspondientes acerca de los fines de la educación; de manera específica, la fracción quinta del citado artículo establece lo siguiente: “Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad”.

En consecuencia, se requiere la construcción de una ciudadanía democrática impulsada prioritariamente en la educación básica y media superior. Si bien es cierto, desde 1999 se implementaron programas educativos de formación cívica y ética; sin embargo, los contenidos teóricos que promueven los valores democráticos se han reducido a la llana trasmisión de conocimientos, lo que ha sido insuficiente para revertir el sentimiento negativo que se tiene de la política en amplios sectores de la sociedad.

Por lo tanto, es necesario desarrollar ejercicios democráticos, implementando herramientas y mecanismos que permitan a la futura ciudadanía llevar a la práctica el desarrollo de habilidades y acciones democráticas en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y responsable de los educandos, permitiendo con esto que el conocimiento se adquiera por medio del ejercicio y la defensa de los derechos, detonando así su potencial y creando nuevas concepciones, valores y maneras de percibir la política, comenzando esto por la transformación de las formas de interacción cotidiana en las aulas del país.

A raíz de la reciente restructuración en materia electoral y política, se realizaron importantes cambios en las autoridades electorales, uno de ellos fue la transformación que sufrieron las autoridades electorales locales, convirtiéndolos en Organismos Públicos Locales Electorales, supeditados al Instituto Nacional Electoral, lo que trajo como resultado una redefinición de las atribuciones de estos, estableciéndolos como órganos de coordinación y auxilio del Instituto Nacional.

Sin embargo, a la par de esta homologación de funciones concurrentes, en la incesante búsqueda del fortalecimiento de democracia directa, se les otorgo a estos por mandato constitucional la responsabilidad de la educación cívica, estableciendo lo siguiente:

Artículo 41. ...

[…]

V.

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. …

2. Educación cívica;

3. a 11.

[…]
Por su parte, de forma más amplia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece diversas disposiciones en materia de educación cívica y cultura democrática, otorgando a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, atribuciones para proponer programas de educación cívica, así como suscribir convenios con los OPLES orientados a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía.

Consecuentemente el artículo 104, Capítulo V, del Título Segundo; enuncia las atribuciones que ejercen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de entre las cuales, en se encuentra el desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda.10

En este contexto se propone establecer en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuciones a los OPLES para que realicen actividades en los centros escolares para los diversos ciclos educativos en colaboración con las instituciones de educación básica y media superior, las cuáles serán independientes a los contenidos emitidos por la Secretaria de Educación Pública y tendrán como objetivo principal la construcción de una ciudadanía democrática mediante actividades que fomenten el desarrollo de habilidades democráticas y el ejercicio de los valores cívicos en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y responsable de los educandos.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el inciso d), del artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 104.

(…)

a) al c) (…)

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, así como realizar actividades en los centros escolares para los diversos ciclos educativos en colaboración con las instituciones de educación básica y media superior, las cuáles serán independientes a los contenidos emitidos por la Secretaria de Educación Pública y tendrán como objetivo principal la construcción de una ciudadanía democrática mediante actividades que fomenten el desarrollo de habilidades democráticas y el ejercicio de los valores cívicos en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y responsable de los educandos;

e) al r) (…)

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de Pleno del Senado de la República,
el 22 de octubre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

CUADRO COMPARATIVO


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 104.
 1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda;

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales
y municipales;

i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;

q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

Artículo 104.
(…)

 

a) al c) (…)

 

 

 

 

 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, así como realizar actividades en los centros escolares para los diversos ciclos educativosen colaboración con las instituciones de educación básica y media superior, las cuáles serán independientes a los contenidos emitidos por la Secretaria de Educación Pública y tendrán como objetivo principal la construcción de una ciudadanía democrática mediante actividades que fomenten el desarrollo de habilidades democráticas y el ejercicio de los valores cívicos en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y responsable de los educandos;
e) al r) (…)

1 Diario Oficial de la Federación (DOF): 10/02/2014

2 DOF: 09/08/2012

3 http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html resultados de Dip. MR

4 http://prep2015.ine.mx/

5 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. file:///C:/Users/senado/Downloads/Carpeta10_Democracia_y_participacion_ciudadana.pdf

6 http://prep2015.ine.mx/Entidad/VotosPorPartido/detalle.html#!/2

7 http://www.encup.gob.mx/

8 Jacqueline Peschard, La cultura política democrática.

9 la educación cívica en la educación básica, Miguel Agustín Limón Macías.

10 DOF: 23/05/2014






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar aquellas localidades de los Pueblos Mágicos que han dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados para el programa. Se turna a la Comisión de Turismo.

VER DOCUMEMTO






De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-SEMARNAT-2005, para incorporar las diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las actividades relacionadas con el aprovechamiento comercial de resino de pino. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De los Senadores Raúl Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Lorena Cuéllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a presentar su diagnóstico sobre las Escuelas Normales. Se turna a la Comisión de Educación.

De los Senadoras y Senadores Raúl Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel DemÉdecis Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Lorena CuÉllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, SofÍo Ramírez Hernández, Isidro Pedraza ChÁvez y Luis Humberto FernÁndez Fuentes integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a presentar su diagnóstico sobre las Escuelas Normales al pueblo de México y a esta Soberanía, a hacer transparente su proceso de reforma y a consultar a la comunidad normalista sobre este mismo proceso, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma educativa al artículo tercero y las respectivas modificaciones a la Ley General de Educación plantearon de manera puntual, entre sus transitorios, la necesidad de impulsar un proceso de reforma curricular a las escuelas normales que garantizara su pertinencia en el sistema de formación de docentes y en el nuevo perfil del educador que nuestro país necesita.

Sobre el cumplimiento de dicho transitorio, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en su comparecencia ante este Senado de la República, afirmó que “las escuelas normales son y seguirán siendo el pilar de la formación de los maestros de México”. Esto sin dejar de insistir en que las Escuelas Normales requieren también de una formación docente de “calidad”, para que podamos contar con mejores maestros y éstos cuenten a su vez con mejores sueldos. También se nos dijo en esa comparecencia que el Gobierno federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, estaba preparando una reforma a las Escuelas Normales.

La declaración del Secretario, en el sentido de estar preparando dicha reforma que en breve se nos daría a conocer públicamente, es verdaderamente preocupante, porque no se conocen las acciones, los sustentos, fines y alcances de lo que se está preparando. Es un hecho que existe un compromiso legal y una necesidad apremiante de reformar el modelo educativo de las normales en nuestro país, sin embargo, si queremos que este proceso sea viable y exitoso, no puede darse de manera unilateral.

Sería muy arriesgado para la educación en México emprender un proceso de reforma de las Escuelas Normales al margen de un diálogo nacional, en el que deben participar diversos actores y, fundamentalmente, la comunidad normalista. Actuar de esta forma, sin consultar, es repetir el error que hoy tiene varada a la reforma educativa: una reforma impuesta que terminó siendo laboral y que excluyó a quienes son los protagonistas principales de este proceso, los mismos maestros; una reforma que liquida lo que supuestamente busca mejorar.

Ya lo ha señalado la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, en su documento “Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe: el debate actual”: “debe recordarse que el buen desenlace en la construcción de las políticas docentes guarda una estrecha relación con las capacidades políticas que los distintos actores, y en particular el gobierno, es capaz de poner en marcha. Estos acuerdos, con sus coaliciones de apoyo más o menos estructuradas formalmente, deben incluir a los principales grupos políticos, de manera que los cambios de gobierno no signifiquen la puesta en duda o directamente el término de dichas iniciativas, así como que exista apoyo en el parlamento para ´hacer pasar´ las leyes y los cuantiosos presupuestos que permitirán desplegar esta agenda en el tiempo. Y estas coaliciones no debieran quedarse ahí, sino que debieran convocar a los principales actores educativos y sociales involucrados, partiendo por los propios docentes y sus organizaciones gremiales, de modo que el respaldo sea efectivamente nacional y que exista el habitual compromiso inherente a la participación”.

La respuesta es muy clara: la reforma al normalismo debe iniciar en el seno mismo de las escuelas formadoras de docentes, bajo una óptica incluyente e integral y con el compromiso de escuchar a todos los actores y sujetos involucrados en el proceso educativo.

Porque si de algo estamos convencidos es que no puede haber una reforma a la educación normal sin normalistas.

Por otra parte, dicho proceso requiere una visión integral, no se trata solo de actualizar los planes y programas de las normales, bajo un enfoque de calidad docente, como se ha dicho en el discurso. Las medidas que se incluyan en el proceso de reforma deben ser analizadas en su impacto, directo e indirecto, respecto de la formación y los aprendizajes de los alumnos, ya que los docentes son los actores definitorios para que puedan lograrse las metas educativas. Por ello, se hace necesario que las políticas docentes estén bien alineadas con los objetivos mayores de la política educativa y con la formación de un sujeto crítico, autocrítico, en un entorno de complejidad y con una orientación social que le permita seguir jugando ese papel articulador del desarrollo comunitario con un profundo compromiso de formar en las mejores condiciones para los niños y jóvenes del futuro.

Esto exige diversas condiciones entre las que se encuentran: respetar el normalismo en su función primordial de formación de los docentes, pues no debemos olvidar que el proceso de enseñar requiere una profunda comprensión del contexto en el que se trabaja, un adecuado dominio de los contenidos a enseñar, y particularmente un conocimiento pedagógico de los contenidos, así como un amplio repertorio de estrategias pedagógica; así mismo exige impulsar una reforma a la educación normal que sea incluyente y holística, fortalecer las escuelas normales como el eje articulador del proceso educativo, y fomentar la actualización y especialización docente dentro y fuera de las instituciones de formación docente, tanto en la formación inicial como en la educación continua, bajo un modelo pedagógico y educativo que responda a las necesidades sociales complejas actuales.

Lo que necesitamos son formadores con conciencia social colectiva, no instrumentos de formación para satisfacer las necesidades del mercado y del modelo económico neoliberal pragmático.

Alcanzar esta ‘docencia de calidad para todos’, que es sinónimo de ‘educación de calidad para todos’, debe ser el sentido estratégico que movilice a los distintos actores sociales y políticos tras la construcción de acuerdos.

Los mexicanos no estamos solos ante este reto, la formación docente de calidad es un problema que desde hace varios años se discute en la misma UNESCO y ante el cual varios países han emprendido acciones de cambio y a la fecha existen experiencias de éxito que pueden servir de referencia para el proceso de reforma que estamos viviendo en nuestro país.

Los profesores normalistas han sido y seguirán siendo la base del desarrollo y evolución de la sociedad mexicana y del desarrollo sustentable de nuestro país, a pesar de todos los ataques de que han sido víctimas, lo que ha deteriorado su imagen y aceptación social, relegándoseles a trabajadores de la educación en lugar de profesionales de la educación; hoy la figura del profesor normalista sigue siendo indispensable en el proceso educativo, no solo para la adquisición de conocimientos de los alumnos, sino de una educación ética, basada en valores y respeto a los derechos humanos. El normalísimo sigue siendo un legado educativo y social del siglo XX, de José Vasconcelos y de Lázaro Cárdenas del Río, a nosotros nos toca impulsar su actualización y fortalecimiento para responder a las dinámicas y exigencias de un mundo cada día más complejo y competitivo.

Mención aparte requiere el normalismo rural, institución que ha sufrido una violencia sistemática en su contra por los últimos gobiernos, con una tendencia a su debilitamiento y posible desaparición; no podemos negarlo, el lamentable acontecimiento de que fueron víctimas los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue un ataque al normalismo rural.

Por eso me pronuncio a favor de su reivindicación y fortalecimiento, pues es en estas instituciones en donde tiene lugar la formación de los docentes que conocen la lengua, la cultura y tradición de nuestros pueblos indígenas, quienes tienen derecho a recibir educación de calidad en su lengua natal, por lo que debemos de proteger y garantizar sus derechos.

Por lo anteriormente señalado resulta urgente y necesario exhortar a la autoridad educativa a que inicie de inmediato este proceso de reforma curricular que actualice el modelo pedagógico y didáctico de las escuelas normales, dentro del marco de un modelo educativo nacional que debe ser discutido en todo el país, donde pueda escucharse el sentir y el pensar de la comunidad normalista y del propio magisterio, rumbo a la aprobación del Plan 2016.

El asunto no es sólo cómo actualizamos y profesionalizamos a nuestros maestros, sino cómo los formamos mejor para no tener que recurrir después a evaluaciones punitivas, bajo el pretexto de mejorar la calidad educativa, y que las evaluaciones sean utilizadas con fines de mejora y para guiar procesos de reforma curricular de las instituciones formadoras.

El anterior Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, prometió ante este Senado de la República, en junio pasado y en el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente, que presentaría el diagnóstico sobre las escuelas normales y una propuesta de reforma.

Esto sin embargo no ha ocurrido y sigue siendo el día de hoy un compromiso no cumplido del actual Gobierno Federal. Además, no sólo este Poder Legislativo le ha solicitado al Gobierno Federal la presentación de este diagnóstico, también organismos no gubernamentales e investigadores en el ámbito de la educación lo reclaman como el punto de arranque para cualquier toma de decisiones. “México Evalúa”, el grupo de análisis de políticas públicas, pregunta: “¿Cómo avanzamos en la implementación de la reforma educativa que busca mejorar la calidad de la educación de nuestros profesores, si el Estado mexicano carece de un diagnóstico de cómo mejorar las instituciones donde se forman los futuros maestros? ¿Cómo planeamos política educativa en un punto nodal como este si no tenemos elementos para reformar adecuadamente el funcionamiento de este tipo de planteles, pero estamos evaluando a sus egresados sin saber cuáles son las fortalezas y debilidades de las escuelas en las que cursaron sus estudios para ser maestros?”.

Nosotros también le preguntamos al Gobierno Federal: ¿existe ese diagnóstico? ¿Se puede lanzar o imponer una reforma a las escuelas normales sin contar con un panorama exhaustivo de sus propias necesidades, expuestas por su propia comunidad, y del papel que deberían jugar en el actual contexto de vulnerabilidad educativa que experimenta la sociedad mexicana?

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República Mexicana exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, mediante este punto de acuerdo para que presente a la brevedad su diagnóstico sobre las Escuelas Normales de todo el país al pueblo de México y a esta Soberanía, así como para hacer transparente su proceso de reforma, a consultar a la comunidad normalista sobre este mismo proceso y elaborar una agenda de trabajo colaborativo con diversos actores del sistema para llevar a cabo los trabajos de reforma a las normales de nuestro País.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.

Suscriben el presente punto de Acuerdo los/las siguientes Senadores/as

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Rabindranath Salazar Solorío.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el que se indique con base en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes centroamericanos. Se turna a la Comisión de Educación.








De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una Norma Oficial Mexicana sobre osteoporosis; y que la atención de osteoporosis severa se incluya en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para asegurar su tratamiento adecuado. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en las acciones llevadas a cabo en el combate al crimen organizado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en las comunidades. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Social del gobierno federal información de cuáles son los ajustes en las políticas públicas para la reducción de la pobreza extrema. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Según las mediciones y cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), -- dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social-- el número de personas en pobreza creció de 52.8 millones a 53.3 millones de personas en el país, entre los años 2010—2012. Así mismo el número de personas en extrema pobreza, se estableció en 11.5 millones de personas en el 2012.

2.- Las cifras de CONEVAL, para el caso de Oaxaca, por ejemplo, reflejan que solo el 10.3 por ciento de la población del estado es no pobre ni tiene vulnerabilidad por carencia social. Esa se refiere a las carencias en educación, en servicio social, en seguridad social, en vivienda, en servicios básicos y/o en alimentación. Esto significa que cerca de 3.5 millones de residentes en Oaxaca viven en algún tipo de pobreza o carencia, --que para cuentas familiares son similares-- de las cuales un millón estarían en pobreza extrema según los “Indicadores de Pobreza” de dicha institución.

Por si fuera poco, esta tendencia es una muestra de lo que ocurre en todo el Sur sureste y en una mayoría del país.

3.- Lo preocupante ante dicha situación es la imposición de un modelo de austeridad que no tiene cabida en una economía donde por lo menos el 60 por ciento de la población está en pobreza. Tal como expresé en abril del presente año ya se está efectuando un recorte para el 2015 de unos 8,200 millones de dólares. Y para el 2016 se hace otro adicional que en conjunto supera los 17,500 millones de dólares.

4.- Las advertencias de empresarios, economistas, académicos y políticos para que se creara un modelo presupuestal que dejara de estar sustentado en los precios internacionales y la producción nacional de petróleo tienen más de treinta años; lamentablemente los gobiernos de turno se dedicaron a cualquier otra estrategia menos a considerar en serio dichas advertencias. Finalmente ocurrió lo que todo mundo sabía podría ocurrir, la caída de los precios del petróleo y el colapso de la economía estadounidense terminaron con el modelo económico vigente, dejando sin posibilidades –en este esquema—un crecimiento acelerado y más bien exponiendo a la población a un crecimiento pero de la pobreza.

5.- Es claro que siempre es posible optimizar un presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias y desvíos. Pero esto es muy diferente a someter el presupuesto a recortes de sus programas sociales; de investigación científica; de educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica, o de criterios meramente monetarios de costo-beneficio. En este sentido, el anuncio del uso de la metodología del “Presupuesto Base Cero” para el año 2016, es solo la cobertura técnica para aplicar mayor austeridad.

5.- Esta preocupación se hizo mayor, cuando, CONEVAL preparó su documento “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 2015 para “apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso” y menciona que existen 107 programas de un total de 233 “con similitudes”, sin duda en la dirección de eliminarlos. En la página 137, bajo el título: “Análisis de Similitudes de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. Alcances y Limitaciones del Análisis” sostiene que:

* El análisis es un primer filtro que permite identificar similitudes entre programas en características relevantes, aunque generales, de ellos.

* Es posible identificar grupos de programas con características similares, aunque estas características se restringen al derecho básico al que corresponde el Programa, el grupo de atención, el tipo de apoyo y la etapa de la vida de la población beneficiaria

* El análisis no incluye variables de cobertura geográfica por lo que no es posible determinar complementariedades o coincidencias territoriales en la operación de los Programas.

*Para determinar el uso que debe darse a esta información para la toma de decisiones estratégicas en términos de la elaboración del presupuesto y administración de los programas sociales, se requiere un análisis posterior de los resultados de los programas por grupo.

* En este sentido, se sugiere considerar un análisis cualitativo que aporte elementos más precisos al análisis de similitudes de Programas.

Ese documento ha servido de base para anunciar la eliminación o reducción de programas sociales que representarían un total de 634 mil millones de pesos según Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo de CONEVAL

CONSIDERACIONES

Dado que los presupuestos de austeridad rediseñados para el 2015 y para el 2016, no contemplan una reactivación económica y que todos los pronósticos de crecimiento van a la baja.

Que CONEVAL es una dependencia con relativa autonomía pero que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

Que el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade afirmó en un programa multimedia que en el combate a la extrema pobreza, trabajan 19 dependencias federales en 90 programas, así como los tres niveles de gobierno, la sociedad y el empresariado, y que según “son muchos los retos que tenemos, muchos los avances que hemos logrado y son plenas las posibilidades del país de sacar este reto adelante” (Excelsior, 17 de octubre de 2015 p.24).

Que el Secretario de Desarrollo Social consideró que para ello se debe sujetar los programas sociales al escrutinio y al análisis de organismos como Coneval o a la organización Gestión Social y Cooperación para “hacer los ajustes necesarios en las política públicas” en circunstancias que dijo además de los 7 millones de pobres extremos – es decir en sus declaraciones rebajó 4 millones—y que hay otro grupo adicional que atender que son los mexicanos que viven con ingresos por debajo de la línea de bienestar, que estiman es de mil 600 pesos al mes por integrante de familia.

Y considerando que la Ley General de Desarrollo Social, establece en sus artículos 72 y 74 que:

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

PUNTO DE ACUERDO

Proposición con punto de Acuerdo, por el que el Senado de la República le solicita al Secretario de Desarrollo Social del gobierno federal informe a esta Soberanía de manera detallada cúales son los ajustes en las políticas públicas para la reducción de la pobreza extrema.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe acerca del otorgamiento de becas escolares en todos los niveles educativos. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el país la educación es un pilar de la sociedad que promueve el crecimiento y es un derecho humano que se debe de proporcionar a todo individuo tal y como se establece en el artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde hace varios años se ha buscado una educación de calidad en todos los niveles, esto con la finalidad de que los estudiantes cuenten con herramientas para que puedan construir un futuro mejor. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que México tiene un muy bajo nivel educativo y académico.1

Actualmente la matricula del Sistema Educativo Nacional (SEN) es de 767.6 millones de alumnos, de los cuales aproximadamente 26 millones cursan la educación básica, 5 millones la educación media superior y 3 millones 700 mil el nivel superior.2

Sin embargo, ¿cuántos de estos matriculados logran terminar sus estudios? La deserción escolar sigue latente y se debe generalmente a la falta de recursos principalmente económicos, situación que aqueja a todos los niveles educativos.

La deserción escolar ha ocasionado que una mayor cantidad de niños y jóvenes, principalmente entre los 15 y 18 años, se agreguen al mercado laboral sin haber terminado en la mayoría de los casos la primaria y la secundaria. Recientemente se ha observado que la deserción escolar ha aumentado en la educación media superior de tal manera que solo 4 de cada 10 alumnos logran terminar el bachillerato.3

Debido a esto, en 2014 la Administración actual creó el Sistema Nacional de Becas con la finalidad de que la población estudiantil tenga acceso, permanencia y pueda egresar de alguna institución educativa, actualmente tiene una cobertura de más de 7 millones 800 mil apoyos otorgados en el ciclo escolar 2014 - 2015.4

De esos más de 7 millones de apoyos en educación básica se otorgaron 5 millones 200 mil becas, beneficiando a uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas en el país, en educación media superior se asignaron se asignaron un millón 900 mil becas, apoyando a la mitad de los alumnos inscritos en instituciones públicas. Asimismo, en Educación Superior, se respaldó a los jóvenes con 678 mil 325 becas.5

Pero si la educación es fundamental en un país como México por qué no destinar más recursos a estos apoyos que ayudan a que muchos alumnos puedan terminar su educación y tener un mejor fututo. Y es más que evidente que no existe una relación directa entre el gasto hecho en educación y los resultados obtenidos.

Un ejemplo de esto se puede observar en el estado de Zacatecas, en Fresnillo se tiene registrados 51 mil 640 estudiantes, que por supuesto desean ser apoyados con alguna beca escolar; sin embargo en esta entidad solo se le da apoyo a 11 mil 750 alumnos, lo que equivale al 22.75 por ciento. De los cuales no todos son estudiantes que realmente necesiten el apoyo, pues también los hijos de docentes y personal administrativo son apoyados con éstas.6

Es sabido que el Estado debe promover y atender la educación independientemente del nivel, asimismo es de conocimiento de la ciudadanía que el presupuesto que se otorga a la educación va cada año en decadencia, con base en esto, cómo pretende la Administración actual que la matrícula escolar no descienda si los apoyos no se destinan a quien más los necesita.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública a que:

a) Rindan un informe detallado acerca del funcionamiento del Sistema Nacional de Becas y de la manera en que se otorgan las becas escolares en todos los niveles educativos.

b) Den a conocer un informe pormenorizado sobre la manera en que se distribuyen los recursos destinados para el otorgamiento de becas escolares.

c) Garanticen el debido y correcto uso y distribución de los recursos que son destinados a la becas para apoyo escolar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 22 de octubre de 2015.

1 OCDE, “Estudios económicos de la OCDE, México. 2015”, [en línea], disponible en: http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf, consultado el día 19 de octubre de 2015.

2 Presidencia de la Republica, “Tercer Informe de Gobierno 2014-2015”, [en línea], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, consultado el 19 de octubre de 2015.

3 Hernández Lilian, “En 2 mil planteles hay alta deserción escolar”, [en línea], Excélsior, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040615, consultado el 19 de octubre de 2015.

4 Presidencia de la Republica, “Tercer Informe de Gobierno 2014-2015”, [en línea], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, consultado el 19 de octubre de 2015.

5 Ídem.

6 Crespo Gilberto, “Insuficientes becas para estudiantes en Fresnillo”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/09/25/insuficientes-becas-para-estudiantes-en-fresnillo/, consultado el 19 de octubre de 2015.






De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno a considerar la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones, en los procesos de contratación de obra pública. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

• El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.

• El 1 de marzo de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su momento, discusión y votación en el pleno.

• El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el proyecto de Decreto antes mencionado y lo turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

• El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el proyecto de Decreto, con modificaciones.

• El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que se hace referencia consiste en lo siguiente:

Primero. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho objetivo.

Segundo. Otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros.

Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.

En este contexto, la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa de la Institución sobre las y los jóvenes; poner en la congeladora este proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que demandan el acceso pleno a los derechos más elementales.

Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 2 años, transgrede el artículo 89 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

“Artículo 89. …

2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días, “.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la minuta con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todo lo negociado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, DAVID MONREAL ÁVILA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS PÍTER, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y RAÚL MORON OROZCO integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 5 de octubre del presente año se anunció que concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) en Atlanta (Estados Unidos). El Acuerdo Estratégico TPP incluye además de México a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, éstos 12 países acumulan cerca del 40% del PIB mundial por lo cual podría convertirse en el tratado de libre comercio más grande de la historia.

La negociación del TPP para México data de cuatro años atrás. El 8 de octubre de 2011, la Secretaría de Economía informó al Senado de la República sobre la invitación a México de los miembros del TPP para incorporarse a sus negociaciones. A partir de este anuncio, México se convirtió en el décimo miembro del TPP.

Durante las numerosas rondas de negociación la información ha sido poco clara y transparente. A pesar de la propuesta “Cuarto Adjunto” mediante la cual diversos legisladores podrían acompañar las negociaciones, lo acordado y negociado por los países integrantes nunca se daba a conocer íntegramente, sino únicamente a través de apartados generales; por ello toda la información que hoy se conoce sobre este importante acuerdo es por medio de filtraciones periodísticas.

Aún sin contar con el texto de los acuerdos negociados hasta el momento, toda vez que las Partes acordaron que no fuera publicitado aún, pero y ante una serie de indicios y evidencias sobre sus contenidos generales -entre ellos el texto del Acuerdo del P4- académicos, activistas y analistas han venido advirtiendo de la existencia de controversias y riesgos desde la perspectiva nacional, regional y global.

Diversas organizaciones han alertado sobre el peligro que el TPP puede tener en números numerosos campos, por ejemplo, la organización Oxfam ha denunciado que acuerdos comerciales son acerca de las reglas específicas, y en el caso del TPP, las normas relativas a la propiedad intelectual y los precios farmacéuticos podrían afectar el acceso a los medicamentos. Las normas amplían significativamente el poder de monopolio y restringen la competencia de genéricos.

Otros temas han sido mencionados por diversos especialistas como los premios Nobel en economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman. El primero afirma que TPP no significa libre comercio: la realidad es que es un acuerdo para administrar el comercio de sus miembros, así como sus inversiones -y para hacerlas a través de las agencias más poderosas de cada país-. Por su parte, Krugman asegura que el TPP, dará pocos beneficios y dejará muchas preguntas sin respuestas. Noam Chomsky también ha dicho que se trata de un acuerdo que se deriva de las reglas de la economía actual que buscan la fluidez del capital y perjudicar a los trabajadores, poniéndolos a competir entre ellos en los países involucrados.

En el TPP también se negociaron temas que son estratégicos y sensibles para la economía del país como es la “Denominación de Origen” y el Sector Agropecuario en el que está involucrado las industria de la leche, frutos rojos y el campo. También la reforma energética que hoy en México está en marcha.

Ante esta coyuntura es importante señalar que el Senado tendrá la última decisión en la materia, pues es facultad exclusiva de esta Soberanía, como lo señala el artículo 76 Constitución aprobar los tratados internacionales.

Para este gobierno la transparencia es un valor, según ha dicho el titular del Ejecutivo Federal.

Al participar hace unos días en la Inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2015, el Presidente de la República dijo que estamos ante una política orientada a establecer nuevos paradigmas, nuevos modelos de conducta para una sociedad en constante evolución, una política de cambio; mencionó que se busca la consolidación de una nueva cultura, de la adopción de este nuevo paradigma. Dijo específicamente el titular del Ejecutivo Federal que “Al final de cuentas, y aquí me gustaría decirlo, transparencia y democracia van de la mano. Forman un binomio indisoluble; se complementan y fortalecen entre sí. La transparencia permite que las sociedades estén más informadas y tengan mejores elementos para decidir en democracia.”

Si bien se puede reservar la información de las negociaciones internacionales, nos parece que tomar esa opción, -que no es un mandato- pone en entredicho su palabra de establecer un nuevo paradigma, una política de cambio a la apertura, una nueva cultura, que fortalezca las decisiones democráticas.

Si se mantiene en total sigilo la información, en realidad debemos nos obliga a pensar que el Ejecutivo Federal no quiere que las negociaciones del TPP sean conocidas porque van contra los intereses de los ciudadanos, porque no son democráticas y porque solo representan el interés de unos cuantos, sus beneficios, en perjuicio de la mayoría de la población mexicana.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a asumir un compromiso pleno con la transparencia y en consecuencia instruya a los servidores públicos competentes a publicar, informar y trasparentar completa y detalladamente todo lo negociado en el acuerdo de asociación transpacífico (TPP).

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todos los sectores económicos involucrados los alcances del acuerdo. Asimismo a presentar un informe detallado para cada sector económico de cómo impactará la firma de dicho acuerdo, con las ventajas, desventajas y perspectivas para cada uno de éstos.

TERCERO. Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que conforme a sus facultades y mediante la Comisión de acompañamiento al gobierno federal en las rondas de negociación del acuerdo de asociación transpacífica (TPP), se realicen foros temáticos en el Senado en los que participen representantes de todos los sectores involucrados, a fin de que las participaciones, propuestas, reflexiones e información generada sean elementos previos que fundamenten la decisión de esta soberanía para su posible ratificación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Armando Ríos Píter.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Raúl Moron Orozco.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomado en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.1

Como parte del proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2016, se contemplaron algunas reducciones en el gasto público, correspondientes a diversos factores relacionados con el entorno interno y externo, “lo cual motivó a que se diseñara con una orientación a resultados y con un enfoque Base Cero, privilegiando la eficiencia operativa y la calidad del gasto”.2

Como parte de esta reingeniería presupuestal, se contempla un gasto neto total de 4 mil 746 millones 945.7 pesos, de los cuales el 75 por ciento está destinado a gasto programable, es decir 3 mil 562 millones 48.1 pesos, que:

Es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al cumplimiento de objetivos específicos.3

A su vez, para el rubro de desarrollo social se estima un gasto neto de 2 mil 199 millones 538 mil 200 pesos; de los cuales 520 millones 678 mil 800 pesos están destinados para el sector salud. Lo cual, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en los hechos representa que:

De acuerdo con los PEF’s aprobados de 2013 a 2015, el crecimiento en el presupuesto asignado a la función salud fue 3.5% en promedio. Sin embargo, el PPEF 2016 presenta una caída de 1.2% en términos reales, respecto al PEF 2015.

Por ramos […] se observa que el presupuesto para el ISSSTE y para la Secretaría de Salud decrece 7.4% y 6.6%, respectivamente, en el PPEF 2016, respecto al PEF 2015.

Por otro lado, se observa […] que por tipo de gasto dentro de la función salud, en el PPEF 2016, se propone un decremento de 23.8% real en gasto de inversión, mientras que otros gastos corrientes aumentan 7.6%, respecto al PEF 2015.

Finalmente, hubo una redistribución del presupuesto dentro de la función salud, aumentando 69.5% los recursos de la subfunción “Protección Social en Salud”. El aumento está dirigido a aportaciones federales para estados y municipios (ramo 33), mientras que los recursos de las otras subfunciones disminuyen en promedio 20.9%, siendo la más afectada “Generación de recursos para la salud”. El presupuesto dispuesto para atender a las personas principalmente por IMSS e ISSSTE, instituciones que atienden a más del 60% de la población, cae 14.3% del PEF 2015 al PPEF 2016”.4

De lo anterior, es necesario mencionar que, según lo expresado por José Luis Lezana, coordinador de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, así como otras organizaciones de la sociedad civil, una de las primeras afectaciones sería la relacionada con la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado, la cual fue incluida en la Ley General de Salud tras una reforma al el artículo 61 de la misma, en diciembre de 2012 y entrada en vigor tras el decreto publicado el 25 de enero de 2013.5

Esta prueba resulta de mayor relevancia ya que ayuda a detectar algunas enfermedades, tales como: Fibrosis quística, VIH, asma, diabetes, sordera, males oncológicos, enfermedades hereditarias y congénitas, malformaciones que pueden causar ceguera; entre otras.

"El tamiz neonatal ampliado ofrece una oportunidad única para hacer diagnóstico temprano. Sin embargo, si bien está legislado, no se lleva a cabo por falta de recursos", externó Lezana.

"De hecho, por la nueva reestructura del presupuesto de este año, se canceló el programa para ciertas enfermedades del tamiz, incluyendo fibrosis quística", indicó.6

Por otro lado estadísticas de la OMS estiman que en México alrededor de 10 millones de personas tiene algún tipo o grado de problema auditivo, de las cuales entre 200,000 y 400,000 presentan sordera total.

Así también se estima que en México 3 de cada 1,000 recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia (baja capacidad auditiva) si esta anormalidad no se detecta y atiende oportunamente, por ello la importancia de realizar el tamiz auditivo, un estudio preventivo y específico para detectar de forma temprana alteraciones en la audición en los neonatos.

Si bien el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ante esta H. Asamblea se comprometió -durante su comparecencia en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno- a restituir la diferencia entre lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alto importe calórico y lo destinado al tratamiento del sobrepeso y a la obesidad7; resulta necesario revisar los ajustes que se han propuesto como parte del proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 en el sector salud y cómo éstos perjudican a pruebas como el tamiz neonatal ampliado con la finalidad de realizar las adecuaciones necesarias para que la aplicación de este tipo de programas no se reduzcan y/o desaparezcan, lo cual implicaría una afectación directa a la salud de las y los mexicanos.

Todo esto en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la H. Cámara de Diputados respecto a la Ley de Ingresos 2016; por ejemplo y, retomando lo anteriormente expuesto, es urgente destacar que:

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el domingo en lo general la Miscelánea Fiscal para 2016, con 39 votos a favor, dos en contra de Morena y cero abstenciones, y acordaron discutir todas las reservas este lunes en la sesión del pleno; uno de los temas más polémicos es que se avaló bajar el 50 por ciento el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que se cobra actualmente a los refrescos, siempre y cuando tenganmenos de cinco gramos de azúcar añadida por cada cien mililitros.

Con ello, según los legisladores, las bebidas con alto contenido calórico podrían reducir el endulzante utilizado y se impactaría positivamente en la salud de los consumidores.

Sin embargo, la organización Alianza por la Salud Alimentaria rechazó la reducción del impuesto y, al contrario, pidió aumentarlo.8

Por lo antes expuesto resulta de gran relevancia que se contemple la viabilidad de asignar la partida presupuestaria al sector salud y a sus diferentes ramos y funciones, para que no afecte, en este caso, la aplicación de la prueba del tamiz neonatal ampliado y del tamiz auditivo; es por ello que someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 SCHP, Presupuesto de Egresos de la Federación. Proyecto 2016, versión ciudadana, [en línea], Dirección URL: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf

2 Vid. SHCP, I.1 Visión del Gasto Público, en I. Política de Gasto del Ejecutivo Federal, [en línea], Dirección URL: http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf

3 Ídem.

4 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “La reestructura en el Paquete Económico 2016”, [en línea], Dirección URL:
http://ciep.mx/entrada-investigacion/la-reestructura-en-el-paquete-economico-2016/

5 DOF, Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud”, [en línea], Dirección URL:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285817&fecha=25/01/2013

6 El mundo de Córdoba, “Recortarán el tamizaje a neonatos”, (Agencia Reforma), [en línea], Dirección URL:  http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3940925:uh&catid=212:pais&Itemid=72

7 El Economista, “Se compromete a restituir fondos a programas de salud”, [en línea], Dirección URL: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/07/se-compromete-restituir-fondos-programas-salud

8 Aristegui Noticias, “Diputados bajan 50 por ciento de impuesto a refrescos; en desplegado lo rechazan”, [en línea], Dirección URL:
http://aristeguinoticias.com/1910/mexico/diputados-bajan-50-por-ciento-de-impuesto-a-refrescos-en-desplegado-lo-rechazan/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública por las acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa. Se turna a la Comisión de Educación.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión en la anterior legislatura constituye uno de los esfuerzos más nobles emprendidos en los últimos años para favorecer al desarrollo nacional, propiciando las condiciones necesarias para elevar la calidad de la educación impartida en las escuelas públicas del país.

Esta reforma ha puesto a las escuelas en el centro de la política educativa, al tiempo que se refuerzan los vínculos de corresponsabilidad entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general.

Con las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, se instituyeron las bases para la creación de un servicio profesional docente integrado por concursos de oposición para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Asimismo, se establecieron disposiciones encaminadas a:

• Considerar la opinión de los padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal.

• Que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se lleven a cabo mediante concursos de oposición.

• Que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio dependan de la evaluación y el trabajo de los maestros y no de criterios políticos discrecionales.

• Otorgar la autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que pueda llevar a cabo la función de evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

• Incorporar los principios de igualdad y transparencia en los criterios para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente.

• Incorporar los conceptos de deporte y cultura en las escuelas de tiempo completo.

La legislación secundaria, por su parte, estuvo conformada por la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y una modificación integral de la Ley General de Educación.

Las modificaciones al marco legal fueron solo el inicio de una transformación orientada a convertir a la educación en México en la fuerza transformadora de la sociedad. En ese sentido, la instrumentación de la reforma consiste un paso crucial del que depende el cumplimiento de sus objetivos.
La implementación de esta reforma ha sido un proceso complejo en el que se han tenido que enfrentar resistencias y adoptar nuevas prácticas alineadas con una enseñanza de mejor calidad en México.

El Senado de la República ha sido un actor vigilante de la reforma educativa, promoviendo exhortos a las autoridades, reforzando el diálogo con los actores involucrados y pronunciándose contundentemente a favor de la legalidad y el Estado de derecho.

Por lo anterior, resulta necesario reconocer a las autoridades y brindarles apoyo cuando están llevando a cabo su labor, sobre todo cuando enfrentan las resistencias y obstáculos que ello representa.

Bajo este tenor, este mes de octubre ha sido decisivo para la reforma educativa, no tanto por las pretensiones de grupos de interés político, sino por la actuación contundente de la autoridad para hacer valer la ley.

Como es bien sabido, en las últimas semanas, una minoría de profesores disidentes aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha pronunciado en diversos momentos por desacatar algunas de las disposiciones de la reforma educativa.

El 2 de octubre, en el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, cerca de 55 mil maestros faltaron a sus escuelas sin importar dejar sin clases a sus alumnos. Tan solo en el estado de Oaxaca, se estima que solo el 30% de los maestros dieron clases. 1

El 12 de este mismo, la CNTE llamó a un paro nacional de 24 horas, convocando además a realizar bloqueos y marchas en Oaxaca el Distrito Federal. Dicho llamado solo evidencio el desgaste y la pérdida de legitimidad de este grupo acostumbrado a utilizar a la educación como moneda política de cambio para obtener privilegios, a costa del interés general.

Al respecto, vale la pena apuntar que prácticamente el 96% de las escuelas del país tuvieron clases el 12 de octubre, lo que significa que la inmensa mayoría de los maestros están acompañando la materialización de la reforma educativa, en beneficio del futuro de México.

La ley es muy clara para sancionar las faltas injustificadas de los docentes. El artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece lo siguiente:

Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.

El 15 de octubre pasado, la SEP informó que despediría a 291 maestros, por no participar en la evaluación al personal con funciones Docentes y Técnico Docentes de nuevo ingreso, en la Educación Básica y Media Superior, del ciclo 2014-2015.2

Ante la flagrante negativa de autoridades estatales para cumplir con sus obligaciones para descontarles el día a los maestros faltistas -como en el caso de Guerrero, en donde el gobernador se ha negado a reportar las faltas de los maestros que participaron en el paro del 12 de octubre- la respuesta de la SEP ha sido igualmente apremiante y oportuna.

El pasado 18 de octubre, la SEP emitió un comunicado en donde informó que:

Las autoridades educativas de las entidades federativas tienen como fecha límite el 23 de octubre para reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 de este mes, sin justificación, a fin de que los descuentos se reflejen en la nómina 20, de la segunda quincena.

En el caso de los docentes que faltaron a labores el 12 de octubre, injustificadamente, la fecha límite para reportarlos es el 6 de noviembre, a fin de que los descuentos se reflejen en la nómina 21, de la primera quincena del próximo mes3.

Asimismo, ratificó que es obligación de las autoridades de los estados informar sobre los movimientos que modifiquen la nómina, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que una vez validada la información se solicite a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el pago correspondiente, con cargo al Fondo de cada entidad.

Por su parte la autoridad educativa federal recordó que el no reportar las inasistencias de los profesores constituye una violación a la ley que, de concretarse, podría derivar en sanciones administrativas e incluso penales en contra de los responsables.

De esta forma, nos encontramos en un momento decisivo para la reforma educativa, un momento en el que tenemos que cerrar filas a favor de la ley, reconociendo a las autoridades que han ejercido sus facultades para aplicarla y haciendo un llamado, particularmente a las entidades federativas, a cumplir con la parte que les corresponde.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública, y expresa su más amplio reconocimiento por las acciones decididas que ha emprendido para cumplir con los objetivos planteados en la reforma educativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública, por las acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a redoblar los esfuerzos para la implementación de la reforma educativa en todo el país, particularmente en lo que se refiere al funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, a efecto de realizar el descuento correspondiente a los maestros que faltan a clases.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

1 http://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2015/10/05/solo-30-de-los-maestros-de-la-cnte-dieron-clase-el-2-de-octubre

2 http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/anuncia-sep-primeros-despidos-se-van-291-maestros/

3 http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/octubre-2015/1305-comunicado-314-difunde-sep-fechas-limite-para-que-autoridades-estatales-reporten-inasistencias-de-maestros






De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el Ramo 8, destinado a la Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura Protegida. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los criterios y estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes resultados sobre desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÁN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 PARA REVERTIR LOS RECIENTES RESULTADOS SOBRE DESIGUALDAD, PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 15 de octubre de 2015, en diferentes medios se dio a conocer que en la tercera edición del estudio que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado ¿Cómo va la Vida en México en 2015?, nuestro país salió mal calificado en 19 de 23 indicadores que miden bienestar y lo ubicó en los últimos lugares de las naciones que integran el organismo.

El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría dio a conocer que uno de cada siete niños menores vive en la pobreza y el 10% de los mismos, vive en hogares donde todos sus familiares están desempleados.

Asimismo, en su informe dio a conocer que en lugares como el Distrito Federal, se tiene un promedio similar a países como España y Portugal en que el 50% de la fuerza laboral terminó la educación superior, pero en entidades como Chiapas, el promedio es considerado como uno de los más bajos entre los países que integran esta organización con un 28%. Además mencionó, que “de la fuerza laboral mexicana, 29% trabaja más de 50 horas a la semana con una baja productividad, mientras que en Francia trabajan en promedio 35 horas con más elevados índices de producción”.

Esta carga laboral que mencionó el Secretario General, también da origen a una menor longevidad, destacando que el promedio de vida de un mexicano es de 74.8 años, cuando en los países de la OCDE promedian 83 años.

En el tema de seguridad, se dio a conocer que México fue reprobado con un promedio de 5.3 puntos por personas que fallecen por motivos de inseguridad. A tal grado que se obtuvo un rango de 23.4 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en los lugares más bajos de los países que integran a la OCDE.

Según el informe, prácticamente uno de cada seis (15.5 por ciento del total) de los mexicanos entre 15 y 19 años no trabajan ni estudian y tampoco están en algún tipo de formación.

El titular del organismo también comentó “que estas mediciones que se realizan no solamente deben aportar datos duros, sino también información precisa para tomar decisiones de política pública que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de cada país”.

Ante estas cifras y en vísperas de que se autorice en los próximos días el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con un supuesto enfoque de presupuesto base cero, resulta importante para todos los mexicanos saber ¿Qué es lo que se va a hacer para revertir estas cifras? ¿Qué estrategias se van a implementar? ¿Qué criterios se van a tomar para enfocar políticas públicas adecuadas para abatir el rezago en pobreza, educación, empleo, seguridad y alimentación?
Estos datos, confirman lo malos resultados del estudio presentado por el CONEVAL en el mes de julio del presente año, en el que se dio a conocer que el número de pobres aumentó a dos millones, y pese a los múltiples recursos y coordinación de programas, el combate a la pobreza extrema tuvo un mediocre avance, que 86 mil personas salieron de esta condición, pero aún quedan 11.4 millones en espera.

La SHCP, en la presentación de paquete fiscal a través del comunicado 106/2015, dio a conocer:

“En cuanto al Presupuesto de Egresos de la federación, como parte de la estrategia multianual, se realizó para 2016 una reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados con el objetivo de romper con las inercias de gasto generadas en años de altos ingresos petroleros.”

“Dicha reingeniería se realizó a partir de cuatro ejes con alcances específicos y un eje con alcance transversal. Primero: revisión profunda de la Estructura Programática, donde se identificaron complementariedades y duplicidades que permitieron proponer fusiones, eliminaciones o resectorizaciones. Segundo: realizar una centralización de áreas transversales en dependencias coordinadoras de sector. Tercero: un programa de austeridad en gastos de operación. Cuarto: asignación de presupuesto para programas y proyectos de inversión con base en la mayor rentabilidad social, factibilidad, impacto regional y contribución a las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Finalmente, el eje con alcance transversal que permeó al resto fue la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas.”

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciona la fusión de diferentes programas, la desaparición y la creación de otros, lo cual sin duda van a propiciar que se tengan que definir catálogos de estados, municipios y personas a las que estén dirigidos cada uno de los programas, en sus reglas de operación. Por ello, es necesario conocer ¿Cuáles serán los criterios para definir en qué, cómo, porqué y para qué se van a asignar recursos del presupuesto a los diferentes programas? ¿Cómo se va a garantizar que dichos recursos no sean focalizados con fines electorales?

No podemos ser simples espectadores de lo que pasa en nuestro país, necesitamos tener criterios claros para aprobar un Presupuesto con base en el desempeño, metas y evaluaciones constantes, que nos permitan combatir los rezagos que aquejan a los niños, jóvenes y familias de México.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía los criterios y estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes resultados sobre desigualdad y pobreza, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe ¿Cómo va la Vida en México en 2015?

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a privilegiar y hacer una revisión exhaustiva y abierta del los catálogos de estados, municipios y personas a las que estén dirigidos cada uno de los programas en sus reglas de operación, con la finalidad de evitar que se utilicen con fines electorales en el proceso de 2016.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, Ricardo Monreal Ávila, Jefe delegacional en Cuauhtémoc, denunció la proliferación de actos de corrupción en la nómina oficial, irregulares en establecimientos mercantiles, narcomenudeo y trata de personas. Asimismo, señaló que la anterior administración se llevó todo el mobiliario, equipo de cómputo y teléfonos. Además, dio a conocer diversos actos de soborno e intimidación, entre los que destacan amenazas de muerte, pancartas discriminatorias y la entrega de 1 millón 579 mil pesos.

Ante medios de comunicación, el Jefe Delegacional dijo que un hombre abordó a su secretaria particular para entregarle una mochila con dinero, mentándole que "representaba a un grupo de amigos que usualmente acuden a entregar una bolsa así al delegado" y que regresaría para saber si los paquetes seguirían entregándose en la delegación o en algún otro lugar.

Frente a estos actos antijurídicos, existe una denuncia por el depósito del dinero en efectivo de dudosa procedencia a la Tesorería de la Delegación, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario que el titular de la Delegación Cuauhtémoc, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se realicen las diligencias y peritajes necesarios, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar conforme a derecho a los responsables.

En México, existen los mecanismos institucionales para hacer las denuncias correspondientes. Es de vital importancia que conforme a derecho se actué, para que las autoridades investiguen los hechos y se establezcan las penas administrativas y penales para sancionar a los responsables.

En el PRI, creemos que la Contraloría General del Distrito Federal, debe realizar una auditoría integral a la Tesorería de la Delegación Cuauhtémoc para identificar, sancionar y prevenir, depósitos irregulares o de procedencia ilícita.

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, para que presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación y con ello las autoridades correspondientes realicen las diligencias y peritajes necesarios para deslindar responsabilidades y sancionar conforme a derecho a los responsables.

Segundo. El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General del Distrito Federal, se realice una auditoría integral a la Tesorería de la Delegación Cuauhtémoc y se pueda identificar, sancionar y prevenir, depósitos irregulares como los realizados recientemente por el titular de la demarcación, Ricardo Monreal Ávila, por un monto de 1 millón 579 mil pesos, sin que hasta el momento se identifique su procedencia.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente






De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la Salud Mental. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a instrumentar campañas de concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los efectos nocivos de este fenómeno. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático constituye una de las principales amenazas a la seguridad internacional, ningún país se encuentra exento de las consecuencias inherentes a este fenómeno, por lo que la cooperación entre en el ámbito nacional e internacional, resulta el camino idóneo para encontrar, construir y consolidar soluciones comunes.

México no está exento de los impactos negativos que el Cambio Climático genera, basta señalar que de acuerdo con el Banco Mundial, nos encontramos dentro de los países con mayor vulnerabilidad, situación que nos constriñe en la obligación de darle atención puntual.

Según cifras del propio organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, el 15% del territorio, 68.2% de la población y 71% del Producto Interno Bruto, se encuentran expuestos a los impactos adversos o negativos del cambio climático.

Por su parte, el Observatorio Global de los Bosques, refiere que en lo que va del siglo XXI, hemos perdido alrededor de 2.5 millones de hectáreas debido a la falta de políticas locales para su preservación y el cambio de uso de suelo para la agricultura y minería.

Otro caso en el que se pueden observar los efectos de este fenómeno es el de la mariposa Monarca, sobre el particular, diversos medios de comunicación han dado a conocer que durante la temporada 2013-2014 (de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza), se registraron solamente 7 colonias de mariposas Monarca (3 en Michoacán, 4 en el Estado de México), las cuales ocuparon un total de 0.67 hectáreas, es decir 43.7 por ciento menos que en 2012-2013 y la menor superficie ocupada por esta mariposa en los santuarios mexicanos desde 1993.

Aunado a lo anterior, se encuentra ampliamente documentado que en México existen marcadas y graves amenazas para especies como el bisonte americano, el mono araña, la cotorra serrana, el lobo mexicano, el berrendo y el oso negro. Dicha situación deja de manifiesto que nuestra forma de interactuar con la naturaleza impacta a los ecosistemas, prueba de ello es que mientras una especie de ave se extinguía cada cien años, en tiempos recientes, dicho acontecimiento ocurre cada uno o cuatro años.

A pesar de las evidentes áreas de oportunidad, debemos precisar que durante la presente administración se han emprendido acciones efectivas, entre las que destaca la emisión de los Certificados de Energías Limpias, los cuales incentivan la generación de energía a través de fuentes más amigables con el medio ambiente.

Además, en rubros como el de la eficiencia energética, a través del Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas; se han entregado más de una cuarta parte de los 40 millones programados, lo cual se traduce en un ahorro en el gasto familiar de 682 millones de pesos por año.

Por otro lado, se está llevando a cabo un programa de sustitución de tecnologías ineficientes de iluminación, refrigeración y bombeo, por nuevas tecnologías en más de 11 mil micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual producirá un ahorro en el gasto de 145 millones de pesos.

Por si esto fuera poco, más de 405 mil 850 hectáreas han sido reforestadas en todo el país mediante diversas campañas de reforestación, y se ha comprometido el Gobierno Federal a decretar al año 2020, 17% de su superficie terrestre y el 10% de sus zonas marinas y costeras, como Áreas Naturales Protegidas.

En el Senado de la República, tenemos conocimiento de que México, a través del Gobierno Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está teniendo una participación activa en la lucha contra el Cambio Climático.

En el PRI, concebimos como prioritario instrumentar acciones para reducir los gases de efecto invernadero, garantizar la sustentabilidad ambiental, proteger a la población de los fenómenos naturales vinculados con el cambio climático y transitar hacia una economía baja en carbono. Es indispensable que concentremos esfuerzos que se traduzcan en programas y estrategias incluyentes, efectivas, específicas y vinculantes. Asimismo, es fundamental coadyuvar en el fortalecimiento de los trabajos de la lucha contra el Cambio Climático.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), para que en coordinación con el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, instrumente campañas de concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los efectos nocivos de este fenómeno.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente






De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar de las madres adolescentes y estudiantes embarazadas. Se turna a la Comisión de Educación.








De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados, a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 05 de diciembre de 2014.

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.

Ahora bien, dicha normatividad considera un derecho primordial para niñas, niños y adolescentes, el Derecho a la Participación.

El Derecho a la Participación considerado en la Ley contempla que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Así mismo, se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

Otro punto importante que fue considerado en dicha ley, es que la niñez y la adolescencia también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud.

Por otro lado, en las observaciones del Comité al Estado Mexicano se observa lo siguiente respecto al derecho a la participación:

Respeto por las opiniones del niño

25. Aunque se destacan las iniciativas implementadas para fomentar la participación infantil, como la organización anual del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México”, el Comité lamenta la falta de espacios de participación permanente de niñas y niños no sea escuchada de manera consistente en los procedimientos judiciales y administrativos.

26. A la luz de su observación general No12 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) En línea con los artículos 72 y 125. III de la LGDNNA, asegure el establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes.

b) Implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la implementación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan niñas, niños y adolescentes.

Aunando en lo anterior, es importante mencionar que el pasado 15 de octubre la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que presido convocó a un conversatorio con Jorge Cardona Llorens, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas “Gasto Público y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia” Rumbo a la Observación General No.19 del Comité de los Derechos del Niño.

Al respecto, Jorge Cardona mencionó la importancia de que se inviten a niñas, niños y adolescentes cuando se discuta el presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia observando su derecho a la participación.

Es así que atendiendo a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se considera oportuno que la Comisión de Derechos de la Niñez de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considere extender la invitación en la discusión de su presupuesto a niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en las entidades federativas y los municipios.

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual conlleva a que se contemple la figura del Sistema local de Protección y sus respectivas Procuradurías.

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas locales de Protección así como para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley.

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos de la Niñez de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, con la finalidad de garantizar la implementación de sus Sistemas locales de Protección Integral y de sus municipios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es Parte. Se turnan a la Comisión de Derechos Humanos el primero, segundo y cuarto resolutivos; a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

Los suscritos, SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA y SENADOR ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el presente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Estado mexicano ha firmado y ratificado la gran mayoría de tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ello compromete a todos los Poderes de la Unión y a todos los órdenes de gobierno, así como a otras entidades con autonomía constitucional con el cumplimiento de las recomendaciones, sentencias u otros mecanismos establecidos a nivel universal por estos sistemas.

La reforma constitucional en derechos humanos obliga al cumplimiento de las normas de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales de los que México forme parte, incluso con mandato vinculatorio con la sola limitación establecida por la SCJN en relación con aquello que no se oponga a la norma constitucional1, es decir el arraigo de por sí violatorio de los derechos procesales. El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece con claridad:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por ello, ha sorprendido en nuestro país y en la comunidad internacional que ante la apertura del Gobierno Federal a la cooperación y supervisión internacional en materia de protección a la dignidad de la persona humana, se exprese una conducta bipolar por parte de las autoridades federales al rechazar los alcances de las recomendaciones de las instancias internacionales que son invitadas por el mismo gobierno a realizar visitas en el marco de la colaboración que señalan los mecanismos internacionales,

Organismos diversos de derechos humanos tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, así como de instancias internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch, han emitido, desde principios de 2007, diversas recomendaciones al Gobierno mexicano que cuestionan el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones graves a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, mismas que han sido, en el caso de la tortura y las desapariciones considerados por estos organismos internacionales como fenómenos generalizados, lo que constituye, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, y han exigido políticas públicas de Estado y legislación conforme estándares internacionales que permitan contar con medidas de control para que no se sigan cometiendo arbitrariedades y abusos por agentes del Estado y se desplieguen acciones de transformaciones estructurales para una efectiva lucha en contra de la impunidad sistémica y crónica que se vive en México.

La desaparición de los estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de 6 personas la noche del 26 de septiembre de 2014 es uno de los acontecimientos de violaciones a derechos humanos más terribles de la historia contemporánea, y a ella, se suman otros hechos atroces, algunos de los cuales están bajo investigación de la instancia federal de procuración de justicia por presumirse la comisión de los delitos por parte de agentes federales:

• Tlatlaya (30 de junio 2014, Edomex) en la que perdieron la vida 22 personas, se presume la ejecución extrajudicial de al menos 8 de ellos a manos de elementos del ejército; 7 de éstos fueron consignados por el Ministerio Público Federal, el pasado lunes 5 de octubre, 4 fueron dejados en libertad por incumplimiento del debido proceso por parte de la instancia de procuración federal de justicia, abonando a la impunidad estructural.

• Apatzingan (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas, se vincula a Policía Federal con dicha ejecución;

• Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas, se ha reportado que fueron asesinados y les dieron el tiro de gracia a 16/17 de ellos;

• Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas por elementos del ejército, posteriormente localizadas sin vida;

• las masacres de San Fernando I (72 migrantes asesinados, 2010), San Fernando II (193 cuerpos encontrados en 49 fosas clandestinas, 2011), ambos en Tamaulipas; Cadereyta (49 torsos encontrados en una fosa clandestina, 2012);

Es consigna principal en las acciones por el derecho a la verdad y a la justicia la frase “Nos faltan 43”; y como ladesaparición de personas suma, según cifra oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de años anteriores a 2007 al 15 de julio de 2015: 25 918 registros a nivel de fuero común y 681 en el fuero federal, se oyen voces multiplicadas de que nos faltan miles.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

En 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México2. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes3.

COMITÉ DE DESAPARICIONES FORZADAS DE NACIONES UNIDAS

En el mes de febrero de 2015, el Gobierno Federal participó en la sustentación de su Informe ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). Derivado de dicha audiencia, el Comité emitió una serie de recomendaciones derivadas de un diagnóstico en el que señalan que en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de agentes del Estado, aunque no se conoce la información del gobierno de cuántas desapariciones forzadas se han cometido. Señalaron en particular, el no reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales e interestatales por lo que realizó un enérgico llamado a que se reconozca ya dicha competencia.

Al igual que otros informes de organismos nacionales e internacionales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas puso un alerta en relación con la impunidad, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas y la reclasificación de los delitos. En sus varias recomendaciones destacó la solicitud de que se realicen, de inmediato y sin demora, investigaciones exhaustivas e imparciales, se sancione a quienes resulten responsables con penas adecuadas y, sobre todo, un trato digno y respetuoso a las familias de las víctimas y medidas para garantizar su participación.

El gobierno mexicano rechazó el diagnóstico realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En 2014, CIDH emitió un Informe en el que señaló que durante 2014 el mayor número de denuncias recibidas de los países de la región en cuanto a violaciones a derechos humanos fueron sobre México: 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México4.

En relación con medidas cautelares solicitadas, México estuvo en segundo lugar con 93 solicitudes de las que se otorgaron 6 entre las que se encuentran Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa, de la medida cautelar decretada para este caso surgió el acuerdo para la Asistencia Técnica que permitió la designación excepcional5 de un grupo de expertos.

Además de Tlatlaya e Iguala, mandataron medidas cautelares para:

1) La protección de la esposa de Arturo Hernández, presuntamente asesinado por José Luis Abarca, Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza. Éste fue asesinado a pesar de tener medidas cautelares;

2) La protección de unos defensores a derechos humanos indígenas Choreáchi en Chihuahua;

3) La protección de los periodistas de la Revista Contralínea y 4) Daniel Ramos Alfaro, presuntamente desaparecido por integrantes del ejército en la comunidad de Betania, Michoacán.

Desde 2006 a la fecha, la CIDH ha concedido 50 solicitudes de medidas cautelares en México y enviado seis casos a la Corte Interamericana.
Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países. A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de análisis. Colombia y Perú se encuentran en segundo y tercer lugar con 1747 y 1034, respectivamente.

Dos casos relevantes se encuentran ante la CIDH en proceso de análisis para Informe de Fondo (enviarse a la Corte Interamericana):

a) El caso Atenco, en el que las víctimas piden a la comisión mande el caso a la Corte;

b) El caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado y dos familiares cometida presuntamente por militares del 35 Batallón asentado en Chihuahua.

En septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a nuestro país, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México también es demoledor al considerar que se vive una crisis de derechos humanos y que la impunidad alcanza, según estadísticas oficiales, un 98% al existir crímenes que quedan sin resolver porque nunca son propiamente investigados.

El Gobierno Federal rechazó las recomendaciones preliminares bajo la consideración de que acompañan el planteamiento de la Comisión Interamericana de la “existencia de retos en materia de derechos humanos”, mas no comparten que el “Informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”, al mismo tiempo que confían en que el informe definitivo reflejará a cabalidad la situación que vive México en materia de derechos humanos.

RELATOR ESPECIAL SOBRE TORTURA DE NACIONES UNIDAS

En marzo de 2015, el Relator Especial contra la Tortura, Juan Méndez, presentó oficialmente su Informe de la visita que realizó en 2014 a nuestro país. En el Informe, concluye que la tortura y los malos tratos en nuestro país son generalizados y ocurren entre el periodo de la detención y la puesta a disposición ante autoridad ministerial. La ausencia de investigación certeza y por tanto, de sentencias en firme, dan cuenta de que se vive un contexto de impunidad.

La respuesta oficial ante este Informe fue el rechazo y un maltrato inédito en la vida diplomática del país al relator al grado de que se le acusó de “irresponsable y poco ético”.

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Derivado de las cuatro medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de las víctimas del Caso Iguala/Ayotzinapa, se acordó entre el Gobierno Federal, la propia Comisión, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes legales, una asesoría técnica que permitió la creación y operación a partir del 2 de marzo de 2015, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH). Este grupo de expertos, presentó el 6 de septiembre de 2015, un Informe de Conclusiones Preliminares que agrupa en cuatro grandes temas sus recomendaciones sobre este caso:

a) Investigación6

• Unificar la investigación;

• Considerar otras violaciones a derechos humanos y delitos (tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, uso ilegítimo de la fuerza (no tipificado en ley federal pero con directrices emitidas el 30 de marzo de 2012 por el gobierno del estado de Guerrero), lesiones y amenazas a los sobrevivientes);

• Realizar nuevas diligencias ministeriales y periciales (testimonios, telefonía, evidencia balística, cruces de ADN, etc);

• Posible traslado de estupefacientes como hipótesis del desencadenamiento de la agresión tan brutal;

• Investigar tortura y malos tratos a presuntos responsables;

• Segunda autopsia de Julio César Mondragón;

• Replantear algunas hipótesis de la investigación.

b) Responsabilidades (de este tema no ha habido respuesta conocida públicamente)

• Determinar otras responsabilidades (cuerpos de seguridad presentes y omisión o comisión);

• Investigar otros posibles responsables (testimoniales presentan otros probables responsables);

• Nuevas capturas de los imputados (ha sido capturado ya el Cabo Gil); patrimonio de probables responsables (ingresos, transacciones bancarias, prestanombres) y vínculos con otros probables intervinientes;

• Obstrucción de la investigación.

c) Búsqueda (de este tema tampoco no ha habido respuesta conocida públicamente)

• Mantener la búsqueda en acuerdo con la Policía Federal;

• Examinar otros lugares compatibles con restos cremados (crematorios públicos y privados);

• Actualizar mapa de fosas clandestinas e investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala (tecnología láser-lidar);

• Incorporar fotografías satelitales y tecnología de búsqueda.

d) Atención a víctimas

• Cumplir las recomendaciones para atención psicosocial, legal, social, médica y de salud, así como medidas de protección; consolidar mecanismos de información con familiares y víctimas;

• Reformas7 y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el estado (10 puntos de la reunión con el titular del Ejecutivo federal el 29 de octubre de 2014);

• Considerar medidas de protección y prevención

Además de las recomendaciones en particular sobre el caso Iguala, derivado de su propio mandato, los expertos emitieron otras recomendaciones generales necesarias para atender con eficiencia y exhaustividad las investigaciones sobre desaparición de personas en México:

a) Registro de personas desaparecidas.

b) Protocolos de búsqueda .

c) Derecho a la verdad.

d) Investigación.

e) Medidas de protección.

f) Reparación.

g) Garantías de no repetición.

h) Educación y formación.

i) Declaración de ausencia.

Y proponen una serie de reformas legales de las que nos tenemos que hacer cargo las y los legisladores federales con la misma intensidad con la que hemos señalado las omisiones y errores en las investigaciones desplegadas por las autoridades federales.

j) REFORMAS LEGALES:

Tema

Legislación sobre desaparición, en consulta con las víctimas, basada en estándares internacionales

Tipos penales con cuatro elementos:

Desaparición forzada:

• Privación de la libertad,

• Negativa a informar la suerte u ocultar el paradero de la persona,

• Sustraerla del amparo de la ley y perpetrada por agentes del estado o por un particular que cuente con aquiescencia de la autoridad.

Desaparición cometida por particulares:

• Privación de la libertad,
• Negar la información sobre la suerte o el paradero y
• La sustracción del amparo de la ley sin aquiescencia de alguna autoridad.

establecer la autoría mediata o responsabilidad expresa de superiores jerárquicos.

• Facultad de atracción federal cuando en la entidad federativa no se atienda la investigación.

• Capacidad de obligar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas a proporcionar en tiempo real ubicación de un número telefónico (geolocalización) sin que implique intervención de la comunicación.

• Reformar nuevamente la legislación militar para que si la víctima de una violación cometida por militares, también se juzgue en el fuero civil.

• Tipificar apropiación de hijos de madres desaparecidas.

• Legislar beneficios por colaboración eficaz para la localización de personas desaparecidas y probables responsables.

• Las testimoniales no pueden constituir plena prueba y siempre debe ser confrontada con otros medios de prueba.

• Derogar el arraigo en la constitución.

• Derogar en el código penal las figuras de cuasi flagrancia y flagrancia equiparada.

• Elevar a rango constitucional el derecho a la verdad, el deber de recordar (memoria) y el derecho de las víctimas a saber.

• Reformar la Ley General de Víctimas para modificar los requisitos y las autoridades que reconozcan la calidad de víctima y eliminar en reparación de violaciones a derechos humanos el requisito de una sentencia ejecutoriada como prueba plena para probar calidad de víctima.

a) Reformas a las fuerzas de seguridad

• Profesionalizar a la policía a todos los niveles.

• Regular el uso de la fuerza conforme estándares internacionales.

• Regular que toda autoridad está obligada a intervenir para prevenir violaciones a derechos humanos.

• Desmilitarizar las estrategias de seguridad en el país (plan de retiro de las FFAA de las operaciones de seguridad pública y determinar constitucionalmente que sólo participarán en seguridad externa).

• Mecanismos de control y vigilancia civil a las fuerzas policiales y militares.

b) Reformas institucionales para la investigación y sanción

• Organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal y local con autonomía administrativa y financiera no dependiente ni del ejecutivo ni del judicial .

• Unidad fiscal especializada en casos de desaparición.

• Jueces federales especializados en derechos humanos con competencia exclusiva en la materia que laboren 24 hrs.

• Unidad de análisis de contexto en PGR.

• Sistema de defensoría pública independiente de poderes ejecutivo.

• Mecanismo de seguimiento eficaz de recomendaciones o expedientes abiertos por CNDH

• Independencia de los Ministros de la SCJN.

• Reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones de casos individuales.

VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS EN DERECHOS HUMANOS

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló después de una visita de tres días y decenas de reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno federal y organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que se “observa” una grave crisis humanitaria y, con preocupación, señaló la reticencia de las autoridades mexicanas a aceptar los señalamientos críticos que se emiten por esta crisis. El Alto comisionado manifestó su extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno mexicano al ser un promotor muy activo por los derechos humanos a nivel internacional mientras expresa su “intolerancia ante la crítica”. Remató con una frase lapidaria: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” porque “ignorar lo que está sucediendo en México no es una opción para las Naciones Unidas” y no debiera ser tampoco una opción para los políticos mexicanos.

Consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”: Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.

En todos los Informes recientes, se considera que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y la ejecución extrajudicial de seis personas durante la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, devela con crudeza las fallas estructurales del sistema de justicia en México, así como la complicidad incluso en grado de participación directa de integrantes de la clase política a diversos niveles con los grupos delincuenciales de alto impacto dedicados a actividades ilícitas.

El día martes 20 de octubre, la delegación del Gobierno federal participó en el 156 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaron cuatro audiencias públicas relacionadas con nuestro país:

a) El caso Acteal como Informe de Fondo (es decir, el proceso previo a ser enviado el caso a litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

b) Derechos humanos y políticas de drogas en México.

c) Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México.

d) Presentación del Informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa.

Vale la pena destacar que en el contexto de las audiencias, se logró un acuerdo preliminar sobre la permanencia, en calidad de coadyuvantes del grupo de expertos, y nos parece importante señalar nuestro beneplácito de que ya no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la que esté a cargo del seguimiento a la investigación, nunca hubo claridad del porqué habiendo una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas no fue esta instancia la que llevó a cabo toda la investigación desde sus inicios, por lo que es pertinente que todo el expediente pase a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y sea la Unidad, ahora convertida en Fiscalía, la que dé continuidad y desde ahí se conforme un equipo de trabajo con experiencia y de confianza para las partes.

Para que el cumplimiento de los acuerdos dados a conocer en el sentido de que en la nueva investigación se sigan las recomendaciones y el plan de trabajo del GIEI, se planifique una ruta de indagación, se dé relanzamiento a la búsqueda y se establezca una relación respetuosa y de compromisos con el nuevo equipo que asigne la Procuraduría General de la República, en acuerdo con las familias, sus representantes y el GIEI, agentes del Ministerio Público Federal con experiencia en desaparición que estén exclusivamente dedicados a la investigación de este caso y que, para la protección de otras familias, las investigaciones que actualmente están bajo su cargo de otros casos de desaparición de personas no sean abandonadas pues representan la esperanza de otras familias de que se están realizando las diligencias para la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos.

Esto significa la necesidad urgente de que se amplíe la planta de autoridades ministeriales y policiales adscritas directamente a la actual Fiscalía y por tanto, de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos suficientes a la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas desaparecidas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abra el capítulo 1000 para la contratación de personal sustantivo que dedique sus esfuerzos al programa de personas desaparecidas.

Un aspecto central de los acuerdos del gobierno federal con el GIEI de la CIDH, se refiere a que se valore el daño y el avance de la reparación integral del mismo, lo cual implica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asuma con absoluta responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones.

Y por último, la confidencialidad de la información ha sido una de las demandas que desde septiembre de 2014 ha sido exigida por las familias y sus representantes en el sentido de que, en estricto cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, no se hagan públicas actuaciones ni informaciones sin darlas a conocer primero a las familias. Acompañamos la exigencia de que a partir de este nuevo acuerdo para la continuidad de los trabajos del GIEI, en calidad de coadyuvante, se cumpla a cabalidad con este acto de respeto a la dignidad de las familias y las víctimas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual la Cámara de Senadores:

Primero. Solicita al titular del Ejecutivo Federal, lic. Enrique Peña Nieto, el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el estado mexicano es Parte.

Segundo. Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aperture el capítulo 1000 en la Procuraduría General de la República para la contratación de personal sustantivo (ministerial, pericial y policial) asignado al programa de búsqueda de personas desaparecidas.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la asignación de recursos suficientes a Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República.

Cuarto. Se solicita a los distintos grupos parlamentarios que forman parte de la Junta de Coordinación Política, para que definan y propongan una ruta crítica que permita construir el andamiaje legal propuesto por el grupo de expertos.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Armando Ríos Piter.

1 Septiembre, 2013. SCJN. Contradicción de tesis 293/2011.
Reconoce la jerarquía constitucional de los tratados y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, al mismo tiempo, generó una regresión al cumplimiento del principio ‘pro persona’.

2 http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf

3 https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/

4 Resumen del Informe Anual de la CIDH.Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp

5 Sólo en dos ocasiones se ha acordado por la CIDH, la asistencia técnica: Caso Digna Ochoa y ahora Iguala/Ayotzinapa

6 Lo señalado en rojo es sobre lo que ya ha habido algún pronunciamiento oficial

7 Reformas a la Ley General de Víctimas, en especial el artículo 65 para revisar los supuestos para reparar violaciones a ddhh.  ESTOY PREPARANDO  YA LA REFORMA A LA LGV que incorpore este tema y otros que a la luz de la implementación se ha visto impide la reparación.  En este tema el Senado está en una falta terrible, porque es el órgano legislativo que nombró a la y los Comisionados que han incumplido la ley sin ninguna consecuencia.






De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Preservar y garantizar el derecho a la salud, representa una tarea fundamental para el Estado mexicano, por ello, se deben fortalecer las políticas públicas y de gobierno para que más personas tengan acceso a un sistema de salud integral, universal, efectivo y de calidad.

En este sentido, la Universidad de Nuevo León a través de su Hospital Universitario tiene un papel primordial en las dependencias de salud y en la prestación de servicios de calidad accesibles a los más necesitados. Dicha institución educativa cuenta con más de 180 mil alumnos que estudian en 39 preparatorias, 26 facultades y 38 centros de investigación.

Es importante mencionar que esta institución educativa, es la tercera más grande del país y la institución pública de educación superior con la mayor oferta académica del noreste de México. Por su parte, el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, es el único de tercer nivel de atención o especialidades en el noreste del territorio nacional para la población sin cobertura médica social.

De acuerdo con su Ley Orgánica es una institución dedicada a prestar servicios públicos asistenciales, en función de la salud humana y de la enseñanza o el progreso de las ciencias médicas en Nuevo León. Para la prestación de un servicio de calidad, el nosocomio dispone de 500 camas de internamiento, 50 para cuidados intensivos e intermedios de pediatría, 20 para cuidados intensivos de adultos y un poco más de 270 protocolos clínicos en colaboración con más de 15 empresas farmacéuticas integrantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.

Con ética, espíritu de servicio, honestidad, responsabilidad y respeto a la vida, el Hospital Universitario se ha consolidado como un referente en la atención bajo estándares calidad y seguridad, proporcionados por profesionales de la salud con una sólida formación académica, científica y tecnología de vanguardia, con amplio sentido altruista en beneficio de la población.

Además, cuenta con diversas acreditaciones y distinciones, entre las que destacan la certificación a establecimientos del Programa Nacional para la Certificación de Atención Médica que otorga el Consejo de Salubridad General, la evaluación por Harvard Medical School en el área básica y clínica en el nivel de pregrado; y la certificación ISO 9001:2008 de los Servicios de Anatomía Patológica y Citopatología, Endocrinología e Inmunología Clínica.

Cuenta con un reconocimiento por el Congreso del Estado de Nuevo León de la “LXX Legislatura” por diversas acciones de labor humanitaria y la acreditación de todos los programas de pre y postgrado con el Nivel I de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación en Salud.

Como muestra de la entrega en favor de los más necesitados, diversos medios informativos han hecho pública la alianza estratégica entre la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles y la Universidad autónoma de Nuevo León para impulsar el desarrollo de la investigación clínica en México que generará una derrama económica superior a los 200 millones de dólares.

A pesar de sus avances en el cuidado de la salud, existen diversas áreas de oportunidad que pueden superarse con un mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sobre todo en materia de servicios de consulta externa, medicina crítica, cirugía pediátrica, hospitalización y estudios de rayos x. Además de fortalecer los relacionados con servicios clínicos, anestesiología, cardiología, medicina crítica pediátrica y otorrinolaringología.

Por lo anterior, es necesario que el subsidio federal asignado para el ejercicio 2016 del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sea mayor al que se aprobó en 2015, debido a la importancia que tiene el nosocomio para Nuevo León y los estados de Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados a que se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Candela es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el estado de Coahuila de Zaragoza, con gran potencial turístico que debe ser explotado a través de la inversión pública.

Es importante destacar que el apoyo en inversión pública generará empleos, productos y servicios en la región, impulsando la economía local a través de sus atractivos turísticos, tal y como son las aguas termales, la gruta de los carrizales, la cueva de los murciélagos, su riqueza histórica y los paisajes que ofrece la zona al turismo de aventura.

Otro dato a destacar es que apenas hace un mes fue nombrado dicho municipio como Pueblo Mágico, debido entre otras cuestiones a sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socio-culturales.

No obstante lo anterior, la carretera que transita de Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León es una vía insegura, con un carril de ida y uno de regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de emergencia, salidas con reductores de velocidad y lo peor es que cuando uno transita por dicha carretera no cuenta con señal celular y tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como teléfono S.O.S.

No es un secreto que los atractivos con los que cuenta una población pueden ser opacados por falta de infraestructura carretera para conocerlos, cuestión que ocurre en el presente caso al no contar con una carretera que cuente con las medidas mínimas de seguridad y no beneficia a los prestadores de servicios del municipio y en consecuencia mayores ingresos para las familias.

Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con telefonía móvil ni contar con postes de teléfonos S.O.S. a lo largo de la carretera inhibe a personas a transitarla, con la cobertura solicitada, los usuarios tendrán la plena seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, evitándose que se cometan delitos.

Lo anterior es preocupante, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde ejercer y establecer obligaciones de cobertura para que los concesionarios pueden brindar un mayor servicio de interconexión, sobre todo, de cobertura universal que es el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila-Colombia, estado de Nuevo León.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galvan.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del Programa “Centros de Justicia para las Mujeres”. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México está urgido por alcanzar la equidad de género, y en el estado de Jalisco estamos decididos a lograrlo, por eso el gobierno de la entidad trabaja para que cada vez sea menor la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres, con avances muy significativos.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco (IIEG),se ha logrado reducir en 20.4% la desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres, convirtiéndose en una de las entidades con mayor avance en la igualdad de género en México.

No obstante, hay materias y deudas pendientes con la mujer, como incrementar su participación en el empleo, porque todavía es mayor la proporción que trabaja por cuenta propia en comparación con los hombres y la tasa de participación económica muestra desequilibrio. El mejoramiento a la atención materna ante la persistente tasa de muertes por condiciones de embarazo y parto. La Educación, principalmente para las niñas del sector rural; la Seguridad Social y así podemos seguir enlistando pendientes.

Más aún, existe un flagelo que amerita acentuar la atención gubernamental: Se trata de la violencia contra la mujer.

Según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, tan sólo en el primer semestre de este año se registraron más de 7 mil casos de agresiones, esto es, 43 mujeres violentadas cada día, al grado que ameritó que en el mes de agosto pasado se valorara muy seriamente la posibilidad y necesidad de decretar la “Alerta de Género” en Jalisco.

Sobre este aspecto, se informa de más de 3 mil denuncias de mujeres que han sido violentadas psicológica, física y emocionalmente; pero que lamentablemente, gracias a la falta de denuncia sabemos que el número de casos es mucho mayor.

Definitivamente es apremiante generar condiciones y herramientas para erradicar la violencia contra la mujer, así como la desigualdad de género en todas sus facetas, como un factor sin el cual, no será posible avanzar hacia el desarrollo, mucho menos superar la pobreza.

Por eso, celebro que en Jalisco se haya logrado avanzar con celeridad en acciones que permitan mejores condiciones para las más de 4 millones de mujeres que habitan en este estado, con la participación del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el sistema DIF y un adelanto importante: El Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Jalisco, inaugurado el pasado 5 de febrero, con una inversión superior a los 82 millones de pesos.

Este centro contribuirá en gran medida a prevenir, atender y erradicar la violencia de género con apoyo de 12 instancias gubernamentales. Es un espacio en el que las mujeres acudirán a un solo lugar para recibir apoyos, acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, así como para afiliarse a los distintos programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el empoderamiento económico de la mujer. Prestará atención a más de 30 mil mujeres por año y que por medio de sus servicios como atención médica, psicológica, legal y académica, se podrá mejorar la calidad de vida de la mujer jalisciense, basándose en una cultura de la paz. 

Como ya se dijo, representa un gran avance, en el que participó económicamente el gobierno federal, pero no podemos “echar las campanas al vuelo”, es necesario consolidar estas acciones en beneficio de nuestras mujeres, como un débito histórico y social. Para ello, resulta indispensable fortalecer las acciones y programas encaminados a la protección integral de la mujer, en los que los recursos económicos resultan imprescindibles.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, a fin de garantizar el máximo de resultados y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esta entidad federativa.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las mejores maneras de ir revirtiendo las condiciones de marginación y pobreza tiene que ver mucho con la obra pública. Se trata de una oportunidad de abatir rezagos y disminuir las desigualdades mediante la generación de inversiones, empleos e infraestructura que permitan la competitividad y desarrollo.

Para ello se requiere de recursos que permitan efectuar estas inversiones y ejecutar obras con sentido social, priorizando su orden en base a las necesidades más apremiantes de la población.

Sobre este rubro, el de los recursos económicos, cabe decir que el gobierno federal ha anunciado la necesidad de ajustes a la baja en el presupuesto de egresos, a la par de implementar medidas que permitan “hacer más con menos”, y de esta manera recuperar recursos para inversión en infraestructura.

No obstante, en el estado de mi representación, Jalisco, se teme que en el siguiente ejercicio fiscal se canalizarán menos recursos para proyectos de infraestructura que los asignados durante el presente año.

Situación en verdad preocupante, considerando que en Jalisco se ha heredado de administraciones pasadas un fuerte rezago en la materia, que lamentablemente le posiciona dentro de los 12 estados con mayor atraso en inversión productiva, al grado de catalogarse como notablemente insuficiente por algunas consultorías.

El actual gobierno de la entidad hace excelentes esfuerzos para revertir esta problemática y reposicionar a Jalisco en los lugares que alguna vez ocupó. Se estima que este año ejerció tan sólo para infraestructura, alrededor de 4 mil millones de pesos canalizados por la federación, que si bien no son considerados como una cantidad holgada, peor sería si se aplica mayor reducción.

Estoy consciente de que el escenario internacional adverso genera la necesidad de que el gasto público en nuestro país se “apriete el cinturón” hacer más eficiente su aplicación y dar preferencia a los proyectos de mayor impacto social.

También es cierto, que estos ajustes se han preferido hacia el gasto corriente, como una acertada medida del Gobierno de la República para mantener la inversión productiva, por ello, que en esta tónica se considere como apremiante no reducir los recursos públicos al respecto para los Estados, principalmente para aquellos que representan un mayor rezago.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un esfuerzo, “estirar la cobija” y lograr cuando menos, mantener el monto de inversión.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva y de infraestructura para el estado de Jalisco; de no ser posible, garantizar una asignación de recursos cuando menos por el equivalente al ejercido en el presente ejercicio fiscal, como una medida necesaria para abatir rezagos en este rubro y disminuir las desigualdades de nuestra población.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional; de la Universidad Autónoma de México; y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno del estado de Jalisco ha demostrado estar verdaderamente comprometido en el tema de la Movilidad. Uno de sus temas más importantes lo es la infraestructura, para el caso que me permito traer a la consideración de esta Honorable Asamblea, la recuperación de la red carretera en la entidad.

A la llegada del actual gobierno estatal, la encontró en un estado deplorable, por lo que se realizaron los esfuerzos necesarios para una rehabilitación urgente, sin embargo, pese a los esfuerzos aún se tiene un rezago importante.

Al inicio del año 2013, la infraestructura carretera estatal se encontraba en un 62% en mal estado, y en el plazo de dos años se logró cambiar el escenario a un 25% en buen estado, 56% en estado regular y un 19% en mal estado.

Son avances muy importantes, pero que no alcanzan el grado de satisfacción deseado y se hace indispensable continuar con los trabajos de rehabilitación, a efecto de lograr que la infraestructura carretera de Jalisco, en verdad pueda fungir como un elemento de desarrollo, que permita el acceso a la población a los servicios básicos y fomente el intercambio comercial y económico.

Una óptima red de carreteras, eficiente y segura, que permita crear una conexión del territorio nacional y reducir los costos de transacción y transporte nacionales; que se traduzca en competitividad y productividad y por ende, en un factor de crecimiento económico que los jaliscienses tanto necesitan.

Esto, además de que el buen estado carretero es necesario para la seguridad de los usuarios, al permitir un mejor tránsito de personas y materiales con una menor cantidad de accidentes.

Para ello, evidentemente se requiere de recursos económicos que hagan posible la inversión en este rubro y apuntalar los proyectos pendientes.

Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea una asignación de recursos suficientes para concluir la rehabilitación de la infraestructura carretera de Jalisco, como una necesidad apremiante para detonar su desarrollo económico.
Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco, al constituir un factor determinante para la seguridad, competitividad, productividad y el desarrollo económico de los jaliscienses.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el plazo que ha transcurrido del Gobierno de la República a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, Jalisco está consolidando importantes proyectos de inversión e infraestructura que traerán grandes beneficios y detonarán el desarrollo del Estado en bien de sus habitantes.

Uno de ellos es sin duda la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara y las ampliaciones de las líneas anteriores.

Sin embargo, existen pendientes otros proyectos también muy favorables para nuestros habitantes, entre los que se encuentran los presentados por el Gobierno del estado de Jalisco ante la Federación, con la intención de ser logrados el siguiente ejercicio fiscal.

Destaca en los proyectos solicitados, el relativo a las obras de renovación urbana en el Centro Histórico de Guadalajara, que plantea trabajos de rehabilitación de infraestructura en 50 hectáreas, así como la intervención en plazas, parques y jardines.

Por sus alcances, el proyecto se ha denominado “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, que contempla además la rehabilitación de calles, redes de agua, eléctricas, pavimentos, banquetas, iluminación, mobiliario urbano y espacios públicos.

También considera el tema de seguridad con un sistema de vigilancia que contempla la colocación de 233 cámaras. Además, se plantea en zonas peatonales la instalación de bolardos automatizados.

La rehabilitación comprende el perímetro de Avenida Federalismo a la calle Humbolt y de San Felipe a Joaquín Angulo; luego, el Jardín Botánico, el Antiguo Hospital Civil y llega hasta lo que es el Hospicio Cabañas. Otra área en la que se planean obras es de Federalismo a la calle Galena, y de Avenida La Paz a Prisciliano Sánchez.

Mientras que los espacios públicos a rehabilitar son las plazas: Tapatía, Universidad, Juan Palomar, Doctor L. Oliva, Agustín Rivera, el Jardín Botánico, el Jardín López Cotilla, la Explanada del Cabañas y el Parque Morelos.

Definitivamente un proyecto ambicioso que dará una nueva cara a nuestro centro histórico de Guadalajara, sin lastimar su bella arquitectura y conservando su esencia, de manera que pueda ser disfrutado de mejor manera y más segura, incrementando además su atractivo turístico.

Proyecto de gran relevancia para la Zona Metropolitana de Guadalajara y que ha sido entregado ya a la federación a través de la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, con una inversión estimada en 363 millones de pesos, por lo que ahora Jalisco gestiona los recursos para hacerlo realidad.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicioel gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, a fin de concretar tan especial proyecto en beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de incrementar su atractivo turístico, la seguridad y el potencial que reviste para el desarrollo de la Entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “CIUDAD CREATIVA DIGITAL”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la intención de que el ejercicio fiscal 2016 sea un mejor año para Jalisco con el apoyo de las asignaciones federales, el gobierno de Jalisco ha presentado puntualmente sus proyectos a la Federación.

Entre ellos, además de otros de gran importancia, uno a destacar es el relativo a la denominada “Ciudad Creativa Digital”.

Se trata de un importante proyecto que se espera sea una realidad para el siguiente año con los recursos previstos para ser asignados por parte de la federación, mientras que el recurso comprometido por el Gobierno del Estado de encuentra listo para ser invertido.

Ciudad Creativa Digital ha sido conceptualizada como “la renovación del entorno urbano para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, según su propia página de internet.

Estará ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, y concentrará industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía global.

Este proyecto incluye la restauración del gimnasio “Modesto Careaga”, que se ubica en la calle Coronel Calderón; también la Escuela Mixta Número 53 y la construcción de algunos edificios que albergaran a empresas relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, entre otros.

Muchas expectativas se tienen puestas en este proyecto, y que en realidad, con gran ánimo y confianza para ser concretado a partir del siguiente año, que como ya se dijo, sólo está a expensas del recurso federal, el cual se estima en un monto de 332 millones de pesos.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para Ciudad Creativa Digital, a crearse en el corazón de Guadalajara, Jalisco.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos para ser destinados al proyecto “CIUDAD CREATIVA DIGITAL”, a construirse en el corazón de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 mes de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, nuestro país dará un giro en la procuración e impartición de justicia con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sólo un parteaguas, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso.

Desde esa fecha comenzaron los trabajos con miras a lograr la instalación y funcionamiento del nuevo sistema, que deberá estar operando en todo el país a más tardar el próximo mes de junio de 2016.

Lamentablemente en los primeros años posteriores a dicha reforma, el entonces gobierno de Jalisco pareció no dimensionar los alcances y los esfuerzos necesarios para lograr este nuevo sistema. Fue así que en ese entonces llegó a catalogarse entre los estados con mayor rezago en esta asignatura.

Ahora, el actual gobierno de Jalisco asumió con responsabilidad el reto que implicaba recuperar al tiempo perdido y tras siete años de la reforma ha habido avances muy importantes en materia de procedimientos generales, capacitación e infraestructura.

Incluso, el año pasado el estado de Jalisco dio uno de los pasos jurídicos más importantes al terminar la aprobación de las reformas y adiciones a la legislación que regula la estructura judicial, para armonizarla a los ordenamientos federales en la materia, y de esta manera incorporarse al nuevo sistema de justicia oral o adversarial, no inquisitorio, con lo que culmina una etapa importante, pero que ahora demandará de mayores recursos para su implementación.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la aplicación del nuevo sistema de justicia es el económico, ya que se requiere de recursos para infraestructura, capacitación y nuevas tecnologías. Además de que también será indispensable otorgar al Poder Judicial del Estado un presupuesto suficiente para afrontar la siguiente parte del proceso y completar así el objetivo de más y mejor justicia.

El gobierno federal ha hecho su parte, pues ha estado suministrando recursos económicos a todas las entidades federativas del país para que los trabajos fluyan de manera adecuada y se logre el cometido de manera puntual para la que parece ser la última fecha prorrogada para la vigencia completa del nuevo sistema de justicia, pero por las razones dadas, es necesario que Jalisco remonte en muy breve plazo el atraso y el año que entra se encuentre al cien por ciento, por lo que mucho ayudaría contar con recursos adicionales para consolidarlo.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

Cabe decir que el gobierno de Jalisco tiene en su agenda contar con los trabajos completamente concluidos para iniciar puntualmente con el nuevo sistema el año entrante, tarea a la que mucho apoyaría contar con adicionales a los previstos.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que deberá estar en completo funcionamiento a más tardar en junio del siguiente año.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la licitación pública internacional signada bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México; asimismo, rinda un informe sobre las causas que motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como del número de ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rinda un informe detallado sobre la licitación Pública Internacional signado bajo el numero LA-005000999-T2-2015, misma en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México, así mismo se rinda un informe detallado sobre las causas que motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como de a conocer el número de los ciudadanos afectados por esta situación, en especial en el estado de Nuevo León, de igual forma se notifique a esta Soberanía la fecha en la cual se restablecerá el sistema de expedición de pasaportes y que explique en qué manera este nuevo sistema va a beneficiar a los ciudadanos en el trámite de su pasaporte, y por ultimo a que de manera expedita se solucione el fallo en el sistema de expedición de pasaportes.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 20 de enero del año en curso la Secretaría de Relaciones exteriores a través de la Dirección General de bienes inmuebles y Recursos Materiales, emitió la licitación Pública Internacional signado bajo el número LA-005000999-T2-2015.

2. Dicha licitación tenía la finalidad de la contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano en la sección consular de la embajada, consulados, consulados sobre ruedas y consulados móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las delegaciones en territorio nacional.

3. En el 2012, la licitación para la elaboración de pasaportes fue obtenida por la empresa Vangent, a través de un contrato que incluía un sistema de expedición de pasaportes con procesos de captura de datos biográficos y biométricos, personalización, control de calidad, digitalización y administración de la expedición.

4. El pasado 20 de marzo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, declaró desierta la licitación al considerar que ninguna de las propuestas de las cinco empresas interesadas en prestar el servicio de emisión de pasaportes los próximos tres años habían cumplido con los requisitos establecidos en la licitación citada. La Cancillería señaló las siguientes omisiones de las empresas interesadas:

a) Morpho S.A. no cumplió en presentar un experto en la implementación del pasaporte electrónico con experiencia al menos en 2 proyectos similares; tampoco pudo garantizar la compatibilidad para la sustitución de licencias de software que usa actualmente.

b) Smartrac Techology, que participó en la licitación en sociedad con 3M, también fue descalificada por no cumplir con todos los requerimientos.

c) Vangent de México, se equivocó en su propuesta en cuanto a la vigencia de la contratación; tampoco presentó un papel membretado y firmado por el representante legal de la empresa que manifestara que los equipos del servicio de enrolamiento biométrico cumplen con las características solicitadas.

d) SixSigma Networks México presentó su oferta por 36 meses de servicio cuando el contrato era de octubre de 2015 a 30 de junio de 2018, es decir, 33 meses.

e) Veridos México, S.A. de C.V., en sociedad con Giesecke, fue descalificada por la vigencia del servicio requerido y porque no incluyó un folleto o carta del fabricante del equipo.

5. El 30 de abril de 2015 mediante un acuerdo signado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores indicaba que la empresa ganadora de la licitación fue Veridos México, ubicada en la colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La firma ejercería el contrato en participación conjunta con Giesecke & Devrient GmbH, de Baviera, Alemania; Caelum Group GmbH, de Berlín; así como Nec de México, de inversión japonesa; Seguridata Privada, empresa mexicana y firma Informática el Corte Inglés, de capital español.

6. Dicho contrato entro en vigor el pasado 1 de octubre a las empresas Veridos México, Giesecke & Devrient, Caelum Group, Nec de México, Seguridata Privada, Informática El Corte Inglés e IECISA México para emitir 7.5 millones de pasaportes entre octubre de 2015 y junio de 2018.

7. Sin embargo, desde el mismo primero de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la suspensión temporal del servicio de emisiones de pasaportes, mismo que hoy en día se encuentra colapsado dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de realizar sus viajes.

8. Cabe señalar que dicha falla se dio después de un contrato por 81 millones de dólares firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con la empresa Veridos México, que ofreció renovar la expedición de pasaportes mediante el uso de Internet.

9. Hasta el día de hoy los ciudadanos interesados en la expedición de un pasaporte se encuentran imposibilitados para realizar dicho trámite debido a las fallas en el sistema, cabe aclarar que el pasaporte Mexicano es el instrumento no solo para los viajes de placer, si no también, para los ciudadanos que por casusas de salud necesitan viajar a otros países o de los estudiantes o maestros que en aras de una mejor educación deciden realizar viajes de estudio al extranjero.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. De lo anteriormente expuesto es claro que al día de hoy el sistema de expedición de pasaportes Mexicanos se encuentra colapsado dejando así en estado de indefensión a miles de ciudadanos que por causas de salud, educación o placer desean viajar al extranjero. Es claro que el estado mexicano está fallando en esta tarea por lo que es de gran importancia que se le dé una solución concreta a los ciudadanos que por emergencia tienen que viajar fuera país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rinda un informe detallado sobre la licitación Pública Internacional signado bajo el numero LA-005000999-T2-2015, misma en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rinda un informe detallado sobre las causas que motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como de a conocer el número de los ciudadanos afectados por esta situación, principalmente en el Estado de Nuevo León, de igual forma notifique a esta soberanía la fecha en la cual se restablecerá el sistema de expedición de pasaportes y que explique en qué forma este nuevo sistema va a beneficiar a los ciudadanos en el trámite de su pasaporte.

TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que de manera expedita solucione el fallo en el sistema de expedición de pasaportes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos etiquetados, especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ser niño, es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente. Ellos no se quedan en el pasado ni se preocupan por el futuro; sin embargo, nosotros si debemos preverlo, para ofrecerles uno mejor a nuestro próximo relevo generacional en este mundo.

Por ello, para toda sociedad, el cuidado de sus niños debe ser una prioridad y asegurarse de su adecuado desarrollo y una vida digna en la etapa que debiera ser la más bonita del ser humano.

No obstante, pareciera que esta obligación social, moral y jurídica se torna complicada a nivel mundial, y nuestro país no está exento; de tal manera, que creo que todos hemos atestiguado el incremento de menores de edad en muy difíciles y precarias circunstancias de vida. Me refiero a las niñas y niños en condiciones de calle y hasta explotación infantil.

La presencia de niñas, niños y adolescentes, incluso familias enteras en situación de calle, ya sea viviendo o trabajando en ella, es un fenómeno social complejo, con múltiples causas que van desde la disminución de los ingresos, la falta de oportunidades de empleo y la expansión del sector informal de la economía; factores que sumados a los de carácter social y cultural, tales como los procesos migratorios, la desintegración familiar, el cambio en las pautas y valores culturales, han afectado el bienestar de las familias, sobre todo el de aquellas en estado de mayor vulnerabilidad.

En el estado de mi representación, Jalisco, los gobiernos estatal y municipales trabajan para palear este mal que afecta a nuestro pequeños y por ello, llevó a cabo una actualización y diagnóstico sobre el Trabajo Infantil, con especial atención a los niños en situación de calle, en cuyos datos dados a conocer se advirtió de 3,674 niñas, niños y adolescentes trabajando en espacios públicos abiertos y cerrados en seis municipios (Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, el Salto y Zapopan), de los cuáles el 65% son niños, el 35% restante son niñas. También se observó que la gran mayoría de los niños que trabaja son menores de 14 años (54.72%) el 27% el resto se encuentra entre los 14 y 17 años.

Como ya se dijo, el gobierno de la entidad trabaja en este fenómeno y el Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Jalisco a través de la Dirección de Protección a la Infancia opera el Programa Menores Trabajadores Urbano Marginales, mediante el cual se brindan servicios de asistencia social para atender a niñas, niños y adolescentes, trabajadores, en riesgo de incorporarse a actividades para económicas y de aquellos que por alguna circunstancia han roto el vínculo con la familia y se encuentran viviendo en la calle.

Para ello, la Dirección de Protección a la Infancia del DIF Jalisco se apoya en los Sistemas de DIF municipales para responder al fenómeno de niños en situación de calle y trabajo infantil a través de un rescate de familias en situación crítica a las que ofrece un paquete de servicios y apoyos para evitar el trabajo infantil e incorporar a los menores a la escuela.

Según se informa, este programa atiende a un aproximado de cuatrocientas familias cada año, sin embargo, no ha sido suficiente y no ha sido posible frenar el fenómeno. Es necesario fortalecer las acciones gubernamentales para rescatar a nuestros pequeños de la calle, elevar los alcances de programas como el ya mencionado y lograr mayores resultados. Para ello, como para casi todo, se requiere de mayor inversión económica.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar importantes acciones y objetivos en favor de las niñas, niñas y adolescentes más vulnerables: Los que están en situación de calle y trabajo infantil a causa de su precaria situación socioeconómica.

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos etiquetados, especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco, a fin de fortalecer los trabajos, elevar los alcances de los programas y obtener mayores resultados en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal y municipales en esta asignatura.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir un informe del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de $ 5’498,525.91, para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos, de Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 91/100 MN), para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (COBAEJ), en la localidad de San Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es un derecho y una necesidad social y cultural, un avance cognitivo y del pensamiento, que permite a los ciudadanos poder participar en diversas actividades que implican más que leer y escribir. Más aún, se trata de derecho que va más allá, se trata de un derecho fundamental del ser humano, como elemento indispensable para lograr la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas.

Para ello, resultan indispensables todos los esfuerzos que todos los órdenes de gobierno realicen para hacerlo una realidad a todo lo largo y ancho del país.

Sobre este aspecto, el actual gobierno municipal de Ojuelos de Jalisco está preocupado y ocupado en contribuir en beneficio de sus habitantes, particularmente con la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (COBAEJ) para la impartición de educación media superior con capacitación para el trabajo en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Ojuelos de Jalisco, se considera una zona urbana del estado de Jalisco con poco más de 30 mil habitantes en 63 localidades, de los cuales, 4,297 habitantes se ubican en el poblado de San Isidro Matancillas, localidad precisamente en la cual se tiene proyectada la construcción del referido plantel educativo.

El municipio cuenta con el terreno y el proyecto para lo que se identifica como “Primer Etapa EMSaD 55 San Isidro Matancillas (COBAEJ)”, cuya construcción implica el trazo y nivelación, terracería, guarniciones y banquetas, construcción de área deportiva, áreas verdes, administrativas, aulas, cafetería, drenajes, alumbrado, sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de captación de energía solar.

Esto es, proceder a la construcción y consolidar tan loable proyecto es factible y procedente, sólo falta algo muy indispensable: Recursos económicos por la cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 91/100 MN).

Este proyecto es de suma importancia para los habitantes de Ojuelos de Jalisco, particularmente de la localidad de San Isidro Matancillas, que no cuentan con un plantel propio y lograrlo es un anhelo que permitirá cambiar sus expectativas de calidad de vida, al constituir la posibilidad palpable de superación educativa y preparación para el mercado laboral.

Es indispensable y apremiante apoyar a nuestra población, y en virtud de que para el caso en concreto, la parte restante se traduce a pesos y centavos, y que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (COBAEJ), en San Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 91/100 MN), para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (COBAEJ), identificado como proyecto EMSaD 55 San Isidro Matancillas (COBAEJ), en la localidad de San Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “RECINTO FERIAL DE GUADALAJARA”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las promesas y compromisos del Gobierno del estado de Jalisco, para con los jaliscienses, es la construcción de un Centro o Recinto Ferial que habría de albergar la principal feria popular-turística de la entidad: Las “Fiestas de Octubre de Guadalajara”.

Es un proyecto que contempla la construcción de 5,000 cajones de estacionamiento y un área para la presentación de espectáculos con capacidad para 50,000 espectadores.

La actual administración estatal consideró que en un año a partir de su llegada estaría concluido el nuevo recinto para “Fiestas de Octubre”, sin embargo el proyecto se retrasó por un conflicto legal con vecinos de Huentitán donde se ubican los terrenos, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.

Según se informa, el problema jurídico quedó resuelto, los terrenos están listos y el gobierno del Estado cuenta ya con un proyecto ejecutivo en el que se invirtió cerca de 8 millones de pesos, pero no cuenta con el presupuesto necesario para culminar con el objetivo, para el cual se requiere un aproximado de 500 millones de pesos.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

Se trata de una promesa y compromiso desde etapa de campaña, por lo que es muy importante cumplir a los jaliscienses con la palabra empeñada. Compromiso al que bien se puede apoyar con asignaciones de carácter federal.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para el Recinto Ferial que habría de albergar a las famosas y populares “Fiestas de Octubre de Guadalajara”.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “RECINTO FERIAL DE GUADALAJARA”, que albergaría las fiestas popular-turísticas más importantes de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, aunado a que es el padecimiento que tiene mayor presencia en la vida de las mujeres en el mundo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS) cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad en el ámbito internacional.

En nuestro país, tan sólo superado por el Distrito Federal, Jalisco ocupa el segundo lugar en incidencia de muertes causadas por cáncer de mama en México, con alrededor de 500 decesos cada año por esa causa.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los países de bajos ingresos ocurre la mayoría de los decesos; ello, debido a que el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad. Lo anterior, ante la falta de acceso a servicios de salud, así como a la poca sensibilización para la detección precoz.

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el "Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama", fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa como símbolo que alude a este padecimiento; sin embargo, es necesario hacer más que eso.

Con su terrible segundo lugar en decesos en nuestro país, es claro que los esfuerzos gubernamentales no han dado los resultados deseables, en los que definitivamente tiene mucho en que ver la falta de recursos.

Ello, no obstante que a los esfuerzos para combatir este mal se suman los aportados por la sociedad civil organizada, pues diversas asociaciones civiles trabajan día con día en labores relacionadas con la prevención, detección y apoyo a mujeres con cáncer de mama, incluso con albergues para hospedaje a mujeres con este padecimiento, cuando deben salir de su lugar de residencia para buscar apoyo y tratamiento. Cabe decir, que se trata de organizaciones que no reciben ayuda económica gubernamental y que a base de donativos aportan de manera altruista sus beneficios.

Sin duda, esta enfermedad es uno de los desafíos más importantes que hoy enfrentamos. Es necesario avanzar para evitar que las mujeres sigan muriendo, increíblemente a causa de enfermedades completamente prevenibles, considerando que con la detección en la primera etapa de la enfermedad, el 99 por ciento de los casos es curable.

Así, si la enfermedad es combatible, es lamentable que sigan ocurriendo decesos, máxime que un factor determinante para ello se trate de dinero. Por ello, es muy importante incluir en el presupuesto para el 2016 un incremento sustancial para los programas contra el Cáncer de Mama, fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento y contribuir a sacar a Jalisco de ese atolladero que año con año sacrifica a tantas mujeres; incluso, también para apoyar a las asociaciones que coadyuvan a ello, a través de aportaciones económicas relacionadas con la asistencia social.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal se prevea un incremento sustancial en esta materia.

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, en virtud de sus altos índices de mortalidad por esta causa, al grado de posicionarlo en un indeseable segundo lugar a nivel nacional.

Asimismo, para canalizar apoyos económicos bajo el concepto de asistencia social, a las asociaciones civiles debidamente reconocidas y que altruistamente apoyan a mujeres que padecen dicha enfermedad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es una dependencia del Gobierno Federal, específicamente un organismo público descentralizado de la SEMARNAT, creada desde el 2001 con el objetivo de apoyar, promover y desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México; así como participar en la silvicultura sostenible.

A 14 años de existencia y en particular en la presente administración, CONAFOR ha alcanzado importantes logros, por decir algunos, en la elaboración de los inventarios forestales estatales, en las metas de reforestación y algo muy importante, concretó la instalación de seis centros regionales para el manejo del fuego.

Sin embargo, dicho por su propio titular, los objetivos de CONAFOR se amplían cada vez más, atentos a que el sector forestal es prioritario para el desarrollo del país, tanto en cuestión nacional como también, ante los compromisos internacionales.

A nivel nacional, es una prioridad lograr que el aprovechamiento de los recursos forestales tenga una base sólida de sustentabilidad, que mejore la economía y la calidad de vida de sus dueños y de las personas que habitan en las zonas forestales, a la vez que se asegure la generación de servicios ambientales.

En el entorno internacional también son muchas las expectativas a cumplir, pues como muestra basta decir que la CONAFOR juega en papel preponderante en el cumplimiento para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), respecto sobre el cual se tienen también plausibles logros, incluso parte de estos últimos, dados a conocer recientemente en el evento “Fortalecimiento del Proceso de Preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur”.

Logros que la CONAFOR ha logrado haciendo rendir al máximo posible el presupuesto con el que cuenta, el que por cierto, por lo que respecta al Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, como todos sabemos, se ha anunciado un recorte o disminución.

No obstante, existen asignaturas tan sensibles que definitivamente no deben sufrir disminución, por el contrario, si hay más objetivos se requiere mayor presupuesto.

Definitivamente este es el caso de CONAFOR, cuyo presupuesto, en el mejor de los casos quedaría igual, con el pendiente de que pueda verse disminuido, situación que considero debe valorarse muy bien y que por el contrario, se deben realizar los esfuerzos necesarios para incrementar el presupuesto en un área prioritaria y que además ha dado excelentes resultados, los cuales, deben seguir cristalizándose.

Y ya que se trata de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea un incremento sustancial de recursos para CONAFOR, al tratarse de un área sensible y prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.
Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, al tratarse de un área prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La transición a la televisión digital terrestre (TDT) representa una oportunidad para proporcionar una mayor y mejor oferta de servicios de telecomunicaciones a la población, aprovechando los avances de la tecnología.

Precisamente, con la intención de facilitar la transición digital, la reforma en materia de telecomunicaciones, tanto a nivel constitucional como en la legislación federal definió plazos, condiciones, acciones específicas y autoridades responsables.

De esta manera, quedó plasmado en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la transición digital terrestre culminaría el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se dispuso que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevaría a cabo los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a la población.

La reforma en materia de telecomunicaciones se pensó en todo momento desde una perspectiva social e incluyente. En virtud de ello, se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones concluiría la transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez [*]  que se alcanzara un nivel de penetración del 90% de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida.

El Gobierno de la República ha emprendido un esfuerzo loable y sin precedentes para asegurar el tránsito a la televisión digital. Hasta el 18 de octubre del año en curso, el Gobierno Federal ha hecho entrega de 6.2 millones de televisores digitales, beneficiando a 9.4 millones de hogares de escasos recursos, que equivalen a prácticamente una tercera parte de los hogares del país. Ello con el objetivo de que el apagón analógico no signifique dejar sin televisión a las familias mexicanas.

De acuerdo con el IFT, a la fecha se han apagado 57 señales analógicas en 7 entidades federativas, en cumplimiento de las disposiciones de la reforma en materia de telecomunicaciones.

El 24 de septiembre pasado concluyó el apagón analógico en Monterrey y su zona metropolitana. Según el mismo IFT, una semana después del “apagón” únicamente el 10.3% de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472,635 personas que representan 120,795 hogares. Previamente, la SCT había alcanzado una penetración del 97% de los hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL, razón por la cual, el IFT pudo ordenar la conclusión de las señales analógicas. [*]

Pese a lo anterior, un estudio realizado por Nielsen-Ibope reveló que poco más de 645 mil personas se habían quedado sin señales de televisión en Monterrey. Según esta empresa, 58% de los hogares estaban completamente preparados, 26% lo estaba solo en parte y 16% no tenía ningún televisor preparado para el apagón analógico [*] .

El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su más profunda preocupación respecto a la posible afectación de hogares ante la conclusión de señales analógicas.

Las y los senadores del PRI estamos abiertos a la posibilidad de modificar plazos legales para no dejar afuera a nadie en la transición a la televisión digital. No obstante, antes de llevar a cabo cualquier ajuste debemos contar con toda la información necesaria que nos permita dilucidar si estamos, o no, en condiciones de cumplir con el plazo que aprobamos por consenso todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.

Por ello, consideramos que lo conducente es solicitar información al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que -en su calidad de máxima autoridad en la materia- nos aporte su punto de vista técnico para determinar si es posible cumplir con el plazo legal establecido para la conclusión de las señales analógicas.

Debemos ser muy claros y no caer en el riesgo de satanizar al apagón analógico. Lo que menos busca la transición a la televisión digital es crear inconvenientes a la población. Por el contrario, con esta medida se busca potenciar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos hoy en día en nuestra Constitución.

No vamos a permitir que el apagón analógico se utilice para golpear al Gobierno Federal con fines político-electorales.

La TDT es un proceso de conversión tecnológica deseable y necesario que indudablemente traerá beneficios a los mexicanos. Se trata de un paso que ya han dado 30 de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ante este escenario tenemos varias posibilidades. Podemos modificar el plazo para el apagón analógico, pero también podemos apretar el paso para cumplir con la ley actual y transitar a la televisión digital. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado optará por la medida que más favorezca al interés general. 

En este tema debemos tener altura de miras. En ese sentido, retrasar la transición a la televisión digital es postergar beneficios para la población. De ahí la necesidad de contar información para determinar las acciones a seguir.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea:

Puntos de Acuerdo

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informar a esta soberanía sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de octubre del año dos mil quince.

[*]  El subrayado es nuestro.
[*]  Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comunicado 18 de octubre de 2015. http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/exitoso-apagon-analogico-en-monterrey-sct-e-ift-el-proceso-de-tdt-continua-comunicado-872015
[*]  Cfr. Nota “Quedan 645 mil regios sin acceso a la televisión abierta”, Milenio, 20 de octubre de 2015.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas. Se turna a la Cámara de Diputados.

Quien suscribe, Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, con el propósito de fortalecer sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel mundial existe la tendencia de la sociedad a cambiar la manera de convivencia con el gobierno. Sin duda, los avances que se han dado en las últimas décadas, han consolidado sociedades que buscan precisamente una democracia sólida, en donde su participación sea mayor y se pueda avanzar de lo que se denomina una democracia representativa a una democracia participativa que re direccione la tradicional relación de supra a subordinación de los gobiernos con sus gobernados y emerja una verdadera democracia participativa que promueva la apertura de quienes nos encontramos en los poderes y niveles de gobierno por una parte, y por otra culturice y promueva entre las personas el derecho que tienen a estar informadas, a ser parte de la toma de decisiones y a consolidar políticas públicas en pro de sus entornos y sus comunidades.

En este contexto, debemos recordar que en México estamos viviendo un periodo transicional en la manera de hacer política, de representar a nuestros conciudadanos y además, de llevar a cabo lo que debemos recordar en todo momento: Un servicio público que proviene de todas y todos y tiene que aportar el mayor beneficio para todas y todos.

En diferentes momentos, ha ido permeando a lo largo y ancho de la república mexicana, lo que se ha denominado el derecho de acceso a la información frente a la implementación de la transparencia necesaria para actuar sin opacidad y con plena convicción de rendir cuentas.

Así, debemos recordar que para inicios del presente siglo, se dio el gran salto y a partir de la conformación de un órgano garante federal mejor conocido como IFAI, fueron generándose cambios en la administración pública de la federación que se colocó en una palestra pública como principal sujeto obligado de la Ley de Transparencia que en ese entonces cobraba vida legislativa luego del fuerte empuje que en su momento realizó un decisivo sector de la sociedad civil mexicana: El artículo 6º constitucional se convertiría en el baluarte del derecho a saber y ya no únicamente se trataba de un principio llano, sin acción, ahora se determinaba en cómo debía ejercerse y a quién tenía que beneficiarse. Es en esta era que el derecho de acceso a la información encuentra su gran apertura.

Pero no fue únicamente a nivel federal que esto se llevó a cabo, en cada una de las Entidades Federativas, fueron replicándose los esfuerzos y reformando constituciones locales, elaborando sus leyes respectivas y además dando origen a órganos de transparencia locales que desde entonces coadyuvan en ese ámbito al acercamiento constante entre sociedad y gobierno locales, a la generación de una nueva cultura de aprender a preguntar, frente a esa nueva generación de servidores públicos que entienden, que a la par de llevar a cabo sus funciones, tienen el deber ético de ser transparentes y realizar su función de frente a quienes sirven: a la sociedad que les permite estar ahí.

Para el año 2007, con la nueva reforma al artículo 6º constitucional, esta nueva forma democrática fue adquiriendo mayor fuerza, entre ellos por ejemplo, publicar información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y ejercicio de los recursos públicos, así como la implementación de sistemas electrónicos de solicitudes de información pública en todas las entidades federativas que han ido elevando reitero, la calidad de este derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad frente a cualquier otro tipo de práctica insana que sugiera tomar las decisiones y ejercer el recurso público de espaldas a todas y a todos, pese a las carencias técnicas y presupuestales que en varios de estos Estados pueda haber, sabemos que los órganos garantes del acceso a la información y la transparencia han servido para que el artículo sexto constitucional no sólo tenga una trascendencia federal, sino también en el ámbito estatal y municipal, espacio este último, que por ser lo más aproximado a nuestra población, merece especial atención con el propósito de que en todos los rincones del país, verdaderamente se ejerza este derecho, ya que el acceso a la información debe verse como una puerta de entrada al mejoramiento de las condiciones de vida, como una eficaz herramienta para acceder a otro tipo de derechos tan importantes como el derecho a la alimentación, a la seguridad pública o a la educación.

Sin duda el año 2014, y siendo parte el Senado de la República de este avance histórico, a partir de esa nueva reforma constitucional de febrero del año pasado se mejoraron las condiciones de los órganos garantes del acceso a la información y como ya sabemos, se dotó de autonomía al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, convirtiéndolo en Instituto Nacional, y garantizando que a nivel local todos los órganos garantes tengan el carácter de autónomos para evitar cualquier dependencia que evite el ejercicio pleno de las funciones para las cuales fueron creados, como para consolidar que tanto los sindicatos y los partidos políticos sean sujetos también de la ley que regula la transparencia, entre muchas otras situaciones que se legislaron con el afán de mejorar y dar un nuevo auge a este derecho.

Para este año, traemos a la memoria que en este mismo espacio estuvimos debatiendo e intercambiando posturas para llegar a la aprobación de la Ley General de Transparencia, que dotó del piso mínimo normativo tanto a los órgano nacional de transparencia como a los órganos garantes de las entidades y del Distrito Federal, resaltando lo que se dio en denominar el Sistema Nacional de Transparencia que, vale la pena señalar fue diseñado con la voluntad de todas las fuerzas políticas como parte del compromiso democrático con quienes nos han permitido estar aquí.
En esa tesitura, es que el día de hoy acudo a esta Tribuna, para solicitar de nueva cuenta que pongamos atención en el seguimiento a los órganos garantes de trasparencia de los Estados, a los que con un nuevo empuje y vigor hemos dotado de herramientas normativas para seguir generando el engranaje que consolide la participación ciudadana en las distintas latitudes de nuestro país.

El día de hoy, en ese ánimo de seguir contribuyendo a que el acceso a la información sea una realidad de todas y todos, se considera importante que además de haber dotado con facultades amplias a estos órganos garantes de las entidades federativas, se les dote también de fortaleza presupuestal, ya que para llevar a cabo sus funciones es necesaria además de la autonomía de gestión, el soporte presupuestal que permita aumentar el esfuerzo en programas y proyectos encaminados a seguir culturizando tanto al servidor público como a la sociedad.

Es importante señalar que el Sistema Nacional de Transparencia del cual son parte fundamental los Institutos y Comisiones de Transparencia del país, están actualmente conjuntando esfuerzos por mejorar sus condiciones presupuestales, las cuales se encuentran en condiciones de desigualdad y en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar el derecho humano al cual deben su existencia.

El propósito del presente exhorto es precisamente que podamos instar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 se consolide una propuesta que no es de ahora, que se ha venido posponiendo y que se considera indispensable si queremos avanzar hacia el nuevo estadío de lograr un gobierno abierto, y se dote a los órganos garantes de la transparencia de los Estados de mayores recursos a través de la recepción de un recurso federal etiquetado para programas y proyectos específicos, que entre otras cosas podrían permitir

Ampliar las actividades de promoción, difusión y vinculación con la sociedad que actualmente realizan los órganos garantes, llegar hasta aquellas comunidades que requieren de mayor atención y donde no es posible llegar vía internet.

Profesionalizar a todos los órganos garantes de la transparencia de los Estados, ante el inminente aumento de las obligaciones a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia.

Ampliar la difusión de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública entre la sociedad y por supuesto evaluar sobre indicadores específicos y en función de los resultados a partir de la dotación de recursos a cada uno de los órganos garantes, para revisar la eficacia y eficiencia con que están llevando a cabo su función, así como poder fortalecer su importante función dentro del Sistema Nacional de Transparencia.

Vale la pena señalar que esta propuesta de etiquetar recursos desde la Federación para los Órganos Estatales de Transparencia resulta del todo adecuada para, en congruencia con el espíritu legislativo que tanto los Diputados como los Senadores proyectamos en esa gran reforma estructural, apoyemos a quienes directamente tienen a su cargo hacer que la ley se traduzca en acciones y en la transformación de la sociedad mexicana. Tener familias informadas y participativas, debe ser una premisa que enaltezca la labor que el gobierno de México está llevando a cabo.

Sin entrar al tema específico de la numeralia que arroja los recursos de que son dotados los órganos garantes de los Estados, podemos señalar lo siguiente:

Los Órganos Garantes que actualmente reciben mayores recursos a nivel nacional son los del Distrito Federal y el Estado de México frente a estados como Nayarit, Colima, Tlaxcala o Morelos que reciben una cantidad menor, conforme lo arroja la siguiente tabla, con base en los presupuestos asignados a cada órgano garante:

Entidad federativa

Presupuesto órgano garante 2015 (pesos)

1

Aguascalientes

11,149,000.00

2

Baja California

10,500,000.00

3

Baja California Sur

6,700,000.00

4

Campeche

18,103,698.00

5

Chiapas

15,000,000.00

6

Chihuahua

41,307,901.00

7

Coahuila

34,000,000.00

8

Colima

6,345,130.00

9

Distrito Federal

124,751,401.00

10

Durango

11,783,480.00

11

Guanajuato

29,644,911.52

12

Guerrero

11,999,800.00

13

Hidalgo

16,150,147.00

14

Jalisco

45,455,113.00

15

México

86,755,600.00

16

Michoacán

9,493,573.00

17

Morelos

17,250,000.00

18

Nayarit

4,446,983.66

19

Nuevo León

29,693,566.00

20

Oaxaca

26,342,990.00

21

Puebla

12,744,914.00

22

Querétaro

12,023,500.00

23

Quintana Roo

23,584,429.00

24

San Luis Potosí

17,454,556.00

25

Sinaloa

23,996,773.00

26

Sonora

19,726,295.00

27

Tabasco

31,155,734.00

28

Tamaulipas

13,304,000.00

29

Tlaxcala

10,922,941.00

30

Veracruz

39,000,000.00

31

Yucatán

25,400,000.00

32

Zacatecas

12,772,112.00

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes de las entidades federativas, con el propósito de vigorizar sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, en torno al “Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo”.








De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Cáncer de Mama”.

“El cáncer se puede llevar todas mis habilidades físicas, pero no puede tocar mi mente, mi corazón y mi alma”
JimValvano

Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el de seno. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se revelan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa.

Hoy por hoy, la mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

El cáncer de mama se origina en el tejido mamario, por lo general en los conductos lácteos, que llevan la leche materna hacia el pezón o en otras partes de la mama llamados lobulillos que es donde se produce la leche materna no obstante otras zonas de la mama también son susceptibles de desarrollar alguna neoplasia, es decir de ser susceptibles a que sea distinguible el cáncer.

Si bien no existe un origen exacto para padecerlo, se han identificado factores que en combinación con variables ambientales y genéticas contribuyen a su aparición. Entre estos destacan la obesidad; el tabaquismo; el consumo de alcohol; la exposición prolongada a estrógenos endógenos, como en el caso del inicio de la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía, y el primer parto a una edad madura; la toma de hormonas exógenas, como las presentes en anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal. Asimismo, también hay factores protectores como el ejercicio, una dieta balanceada con baja ingesta de proteína animal y la lactancia materna.

Ante esta perspectiva resulta esencial la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Por ello, es trascendente que las mujeres se realicen una autoexploración mamaria mensual para detectar algún cambio en la forma o textura de las mamas, la aureola y el pezón, como engrosamiento de la piel o masas debajo de ella, hoyos, piel escamosa o hinchada, así como secreciones que podrían ser signo de alerta para ir a consulta con un médico

En nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, se deben contemplar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día del Médico en México”.

EFEMÉRIDE
“DÍA DEL MÉDICO EN MÉXICO”

El 23 de octubre de cada año se conmemora el Día del Médico en México, fecha distinta al resto del mundo, ya que ese día pero en el año 1833 el doctor Valentín Gómez Farías inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

Sin duda alguna, la medicina es una de las profesiones más antiguas y una de las más importantes en el mundo ya que implica una verdadera vocación por parte de quienes deciden dedicarse a ella.

Esta conmemoración busca reconocer la labor de todos los médicos, pero sobre todo, nos invita a realizar un ejercicio de reflexión acerca de los sobre los aspectos que esta profesión implica para cualquier sociedad con el fin de encausar los esfuerzos necesarios para que los médicos logren comprender cada vez más, a sus pacientes desde todos los ámbitos, físico, emocional, mental, ambiental y espiritual.

El médico es un elemento indispensable en la sociedad, su trabajo logra que las comunidades a las que pertenece tengan una mejor expectativa de vida con calidad.

Sin embargo, ser Médico no es una tarea sencilla, requiere adquirir un compromiso inquebrantable con la salud y por ende, con la sociedad.

En lo que hace al sector salud, México ha tenido avances, pero también falta mucho por hacer, y un factor de la mayor relevancia para que podamos avanzar más, requiere precisamente de médico convencido y comprometido con nuestra sociedad.

Sirva el Día del Médico, para reconocer su incansable labor, pero también para reafirmar el compromiso que tienen con las personas, que día a día depositan su confianza y su salud en sus manos.

Es cuanto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día del Médico”.

EFEMÉRIDE
Día del Médico
23 de octubre de 2015

La protección de la salud es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, sin este pilar es imposible que se logre garantizar los derechos humanos subsecuentes.

Los servicios de salud establecidos por el Estado para proteger este derecho, son servicios prestados por personal médico los cuales se encargan de asegurar la atención y protección de la salud de la población.

Desde Hipócrates la atención médica ha sido enaltecida como la labor más noble, inocente y necesaria, que siempre debe realizarse evitando a toda costa el mal y la injusticia.

Esta es una profesión que desde sus inicios tiene la participación activa del género femenino; la mujer ateniense Agnodice fue la punta de lanza que permitió a las mujeres acceder al conocimiento médico, una rama que antiguamente sólo se permitía a los hombres, su lucha significó la apertura para la seguridad y confianza que brinda la atención de mujer a mujer.

En homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, el 23 de octubre de cada año celebramos el Día del Médico a nivel nacional, fecha en que inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México en 1833.

Es un día para reconocer la sensibilidad y entrega en el trabajo profesional de los médicos, una labor fundamental para la sociedad. La atención médica es el instrumento necesario para el acceso al derecho pleno a la salud.

En México contamos con cerca de 300 mil médicos, de los cuales el 36% son mujeres y el 64% hombres, de todos ellos menos del 40% cuenta con alguna especialidad.
La carrera de Medicina es la más solicitada a nivel nacional, por lo mismo es la carrera que más rechaza el ingreso a los estudiantes, actualmente se cuenta con más de 114 mil estudiantes de medicina en todo el país, egresando cada año cerca de 14 mil médicos.

En nuestro país la especialización es un camino difícil, de más de 37 mil aspirantes tan sólo 7 mil 500 médicos son seleccionados en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

En este día tenemos la obligación de reflexionar sobre la necesidad de mejorar el sistema de educación médica, que permita mayor acceso a estudiantes de medicina y que mejore la profesionalización abriendo nuevos espacios para las especialidades médicas.

A nivel nacional se han desarrollado múltiples proyectos de capacitación como el Programa de Capacitación en Salud Mental, y la autorización de 53 Guías de Práctica Clínica destacando la publicación 204 de Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por Virus del Ébola en niños y adultos; Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el Virus de Chikungunya, y la de Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Influenza estacional.

Es gracias a la inversión en el capital humano que las políticas públicas en materia de salud han prosperado, durante esta administración la esperanza de vida paso a ser de 74.9 años en 2015, y en 2014 México logró el 98% de cobertura de vacunación en niñas y niños de un año de edad contra rubéola, parotiditis y sarampión.

La protección de la salud reside primariamente en los médicos, por lo que mejorar sus condiciones laborales, jurídicas y sociales reditúa directamente en una mejor calidad en los servicios de salud.

Para mejorar el sistema de salud debemos enfocar los esfuerzos en la atención primaria, los seres humanos somos el mayor factor en este tipo de atención, por lo que implementar mejores formas de capacitación para los médicos es una medida que directamente influye en el sistema de salud.

Para lograr un nivel más alto de salud, el Gobierno Federal ha puesto en marcha el Programa Calidad en la Atención Médica otorgando financiamiento a cuatro proyectos de gestión enfocados a Redes de Servicios de Salud por cerca de 9 millones de pesos, dos proyectos de capacitación por 637.3 miles de pesos, y a cinco proyectos de investigación operativa por 938.1 miles de pesos.

Un médico no asume su profesión sólo cuando se encuentra en un consultorio o en un centro de atención, no conocen de horarios, un doctor es doctor en todo momento y en cualquier lugar.

Nosotros tenemos la obligación de socorrer y prestar apoyo a cualquier persona que presente una emergencia, nuestra voluntad se encuentra constreñida a siempre servir a quien lo necesite.

Los invito a valorar la labor que día con día realizan los especialistas de la salud, todos hemos necesitado alguna vez de su atención y servicio, sin duda no podemos dejar de agradecer las incontables veces que han preservado y luchado por la vida.

Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los médicos, ¡Muchas Felicidades!

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.

Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”.

El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, aunado a que es el padecimiento que tiene mayor presencia en la vida de las mujeres en el mundo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad en el ámbito internacional.

En nuestro país, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existe una tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por cada cien mil mujeres, con cerca de 5 mil decesos al año, esto es, que en promedio meren 12 mexicanas por día y una cada dos horas a causa de este mal.

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el "Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama", fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa como símbolo que alude a este padecimiento.

Se sabe que el primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación “Susan G. Komen” los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama. A partir de dicho evento se utiliza el símbolo color rosa, que hace referencia a lo femenino y se deriva del listón rojo relacionado con la concientización del SIDA.

Sin duda, un día que hago propicio para reflexionar sobre la importancia de los esfuerzos para combatir esta enfermedad, en las que la prevención, detección oportuna y los tratamientos a tiempo son clave, pues según se informa, con la detección temprana es curable.

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento, solidaridad y apoyo a las personas con cáncer, un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de prevenirlo y reforzar los programas al respecto.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Médico”.

Día del Médico
23 de octubre

El 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico, fijado en esa fecha para hacerlo coincidir con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833.

La medicina cuenta entre sus objetivos principales el promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes lo necesitan, así como contribuir a la creación de ambientes familiares, escolares y laborales favorables al desarrollo humano.

Así mismo, la medicina como campo de conocimiento y acción es motivo de constante interés; se concibe como ciencia, arte y algo más: es ciencia gracias a sus métodos y proceder, es arte en el sentido del artesano, ya que es la suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas que se perfeccionan con el tiempo.

Para realizar el cometido de la medicina, el médico debe ser agente de cambio y desarrollo social, ser quien ayude a aumentar la capacidad de organización e incremente la autosuficiencia; el médico es quien al oficiar la medicina busca la mayor salud durante el mayor tiempo de las personas. De esta forma, el médico no sólo forma parte de la medicina curativa, también es y ha sido una pieza clave en el desarrollo de la salud pública.

Un dato interesante es que del total de los médicos que hay en el país, el 70.2 por ciento trabaja en el sector público (IMSS e ISSSTE especialmente) en tanto que el 29.8 por ciento labora en instituciones privadas; y de acuerdo con estimaciones de diversas agencias, en nuestro país hay un médico por cada 500 habitantes.

Este 23 de octubre, México honra a todos y cada uno de las y los médicos del país, médicos encargados de la conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de evitar las muertes prematuras.

En su día, enviamos un reconocimiento y felicitación a todas las y los médicos por su invaluable labor.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 76 numeral 1, fracción XI; y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1814, PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMÉRICA MEXICANA.

El día de hoy, con orgullo me permito conmemorar desde esta alta tribuna el CCI Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido la “Constitución de Apatzingán”, promulgada el 22 de octubre de 1814, por el Congreso de Anáhuac, instalado en Chilpancingo, Guerrero, por el ilustre José María Morelos y Pavón.

Este documento independentista, fue creado sobre una conciencia republicana, cuya motivación era despertada por las profundas desigualdades sociales y económicas de la colonia.

El proyecto sería redactado por los diputados Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo, y José Manuel de Herrera, principalmente. Estos personajes, junto con otros líderes insurgentes como José María Morelos, advirtieron la pertinencia de crear un instrumento constitucional que sirviera de acicate para el diseño de un Estado-nación que instituyera el fin último de la lucha independentista iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla cuatro años antes.

No podemos dejar de lado que un aspecto vertebral de la Constitución de Apatzingán, lo encontramos en la impronta de Cádiz, de la que se tomó no solo la estructura del capitulado, sino los derechos humanos distribuidos en el texto y el modelo de sistema electoral. Y por otro lado, los Sentimientos de la Nación, también jugaron un papel importante para la redacción, prohibiendo la esclavitud y la segmentación de la población en castas; recordemos pues, que fue Don José María Morelos quien dio coherencia a las ideas políticas del movimiento de independencia, expresando la necesidad de una independencia total con relación a la metrópoli sin hacer residir en Fernando VII, la soberanía del pueblo.

Este evento tan importante, se suscitó en medio de muchas indefiniciones, todavía en plena disputa entre insurgentes y peninsulares, y sentó un precedente toral para la construcción de México como nación independiente. Este movimiento bélico no sólo era una válvula de escape a las inconformidades acumuladas por las clases menos favorecidas, o incluso por la población criolla, sino que se fundaba en un proyecto de nación basado en instituciones, libertades y equilibrio de poderes.

Así pues, la Constitución de Apatzingán representa el origen de la vida jurídico política de la nación mexicana. Hoy, después doscientos un años, valdría la pena analizar que tanto hemos materializado esos anhelos plasmados en un documento ideal que nos constituiría como Nación.

La independencia de la corona española, la igualdad ante la Ley y el respeto a la libertad y los derechos de los individuos eran postulados muy deseados por el constituyente de Anáhuac, hemos logrado ya la independencia, pero aún hay deuda con los ciudadanos en la igualdad frente a la ley y el respeto a los derechos individuales. No basta la creación de un documento perfecto para que se convierta en realidad, el respeto a los derechos y la igualdad frente a la ley es un trabajo que tendrá éxito con el esfuerzo y la voluntad de todos, gobernantes y gobernados.

En este día de festejo nacional, quiero invitarlos a seguir esforzándonos para hacer crecer este País soberano, juntos debemos luchar contra la desigualdad social, contra la discriminación, contra la vulneración de derechos, porque sigue siendo un objetivo en nuestro país la paz y la dignificación de los ciudadanos.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de las Naciones Unidas”.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Poliomielitis”.

Día Mundial de la Poliomielitis
24 de Octubre

El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Rotary International hace más de una década para conmemorar el nacimiento de JonasSalk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna de poliovirus inactivado y el uso generalizado subsiguiente de la antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) en 1988.

La poliomielitis ha sido una enfermedad temida en todo el mundo, que golpeaba súbitamente y dejaba a muchos niños con parálisis para toda la vida. La OMS es uno de los asociados en la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, la mayor alianza publicoprivada en pro de la salud, que ha logrado reducir en un 99% el número de casos de poliomielitis.

En la actualidad solo sigue habiendo poliomielitis en las comunidades más pobres y marginadas, donde acecha a los niños más vulnerables. Algunos casos son leves, otros son mucho más graves, pudiendo dejar a las personas con discapacidades físicas. Gracias a la vacuna contra la polio (sabin), el virus polio salvaje fue eliminado de la región.

Los síntomas pueden comenzar con un poco de fiebre y dolor de garganta. Algunos niños también pueden tener dolor o rigidez en la espalda, el cuello y las piernas, aunque estos síntomas pueden durar poco tiempo. El poliovirus afecta al sistema nervioso central causando parálisis, atrofia muscular, llegando paralizar músculos respiratorios.

El calendario nacional de vacunación contempla la vacuna con polio oral (OPV) o Sabin a los 2, 4, 6 y 18 meses y al ingreso escolar. Otra vacuna para esta enfermedad es la vacuna polio inactivada (VPI) que está recomendada para aquellos que por causas médicas no pueden recibir la Sabin oral. Otras formas de prevención son: lavarse las manos después de ir al baño y no beber agua contaminada. De esta manera se puede evitar la transmisión de la enfermedad en sitios donde circula el virus.

Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progreso crucial para la salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las personas, independientemente de donde vivan.

La Gran noticia, el 25 de septiembre a las 16.00 Hs. la Organización Mundial de la Salud ha declarado a Nigeria, cuyo último caso de Polio fue denunciado el 14 de julio de 2014, como país libre de Polio y retirado del listado de países endémico.

Ningún niño debería sufrir esta enfermedad prevenible, necesitamos de todos para ponerle fin a la polio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.

EFEMÉRIDE

201 Aniversario de la Constitución de 1814, Sancionada en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814, presentada por el Senador Raúl Morón Orozco en la sesión Plenaria del 22 de octubre de 2015.

Esta fecha en que celebramos los 201 años, de uno de los hechos históricos más importantes de la nación mexicana, es imperativo dar un justo reconocimiento a los personajes y documentos políticos que sentaron las bases de la insurgencia y del movimiento independentista.

El Congreso Constituyente de Apatzingán, reunido hace 201 años, en una fecha como ésta, dio a la nación una obra de trascendencia histórica: “La Constitución Política de 1814”, que representa una de las etapas más importantes del devenir histórico y político de México: La Independencia Nacional.

Es histórica porque armoniza el legado libertario de 1810, con las demandas de independencia y justicia social de Hidalgo, Allende y Aldama, con el afán Republicano de Morelos, con la determinación Constitucionalista de Ignacio López Rayón y con el principio nacionalista de los primeros constituyentes de la época.

Al hacerlo, esta magna obra dejó sentada una gran y novedosa lección que hasta entonces no conocía el Derecho Constitucional: La convivencia en un mismo texto, de la doctrina liberal con los derechos sociales, para dar paso al surgimiento de un nuevo Estado, uno que condujera a la independencia, la libertad, la soberanía, la igualdad y la unidad de los americanos de la América Mexicana.

La constitución y los constituyentes de 1814, demostraron al mundo que es factible incorporar en la ley fundamental, importantes garantías de naturaleza social, como los derechos de igualdad, seguridad, propiedad, libertad, instrucción, ciudadanía y legalidad, como principio, fin, esencia y fundamento de la nueva Nación.

La obra de los constituyentes de 1814, fue un producto jurídica y políticamente incluyente, porque generó la unidad entre los mexicanos de entonces y estableció el sustento del Estado Republicano, Federal, Representativo y Popular, que hoy conduce los destinos de una patria libre, independiente y soberana.

No podríamos sin embargo reconocer la trascendencia histórica del texto constitucional de 1814, sin destacar la importancia del documento que le dio origen; redactado y expuesto por Don José María Morelos y Pavón, el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, “los Sentimientos de la Nación”, considerado uno de los textos políticos más influyentes, por el conjunto de ideas expresadas y la fuerza política que introdujo a la Guerra de Independencia.

Es un hecho irrefutable que Morelos para la redacción de los “sentimientos de la nación” y su contribución en la Constitución de 1814, se inspiró en teorías, postulados y filosofía política de grandes pensadores de la época, extranjeros y mexicanos, ilustradores e ilustrados, liberadores y proconservadores, que dieron luz a uno de los documentos políticos fundamentales del constitucionalismo mexicano.

Morelos y los Constituyentes, se inspiraron en el contrato social de Rousseau, como teoría política que explica, entre otras cosas, el origen y propósito de la soberanía popular y de los derechos humanos establecidos en la Constitución de 1814, para la nueva nación mexicana.

Su convicción republicana se fundamentó principalmente en la Teoría de División de Poderes, que establece las bases del Estado moderno, con sustento en las ideas de John Locke y de Carlos de Secondant, barón de Montesquieu, en su libro “El Espíritu de las Leyes”, donde el surgimiento de los poderes legislativo, ejecutivo y “judicial” a los que se refería el artículo 12 de la Constitución de 1814, alcanzaron su más acabada expresión ideológica, al grado de considerar la división de poderes como uno de los dos elementos imprescindibles en la organización del Estado.

Con el pensamiento de “Voltaire”, los Constituyentes de 1814, encontraron el sustento de su aportación principal a la defensa de las libertades civiles: Los juicios justos y prohibición de la detención arbitraria, supresión de la tortura, la reivindicación de los derechos sociales, la libertad de expresión y pensamiento y las libertades políticas.

En un hecho fundador de la nacionalidad y de las instituciones jurídicas y políticas mexicanas, muchas de ellas vigentes hasta nuestros días, Morelos y los Constituyentes de 1814, dictaron las bases del Constitucionalismo Mexicano, inspirados también, en algunas ideas del documento conocido como “los elementos constitucionales” de Don Ignacio López Rayón.

En la Constitución de 1814, se establecieron principios que han sido a lo largo de los años el eje fundamental en torno al cual ha girado el avance de la nación mexicana en su lucha por implantar un Gobierno de Leyes, se trata de un documento que sintetiza lo más grande del pensamiento insurgente, de sus ideales y de lo que aquellos heroicos constituyentes querían lograr para bien de todos los habitantes de la "América Mexicana".

En ese histórico documento constitucional, los constituyentes de 1814, asentaron que era imperioso tratar la situación de "los acontecimientos públicos" con el objeto de lograr "el mejor servicio y dirección de la sociedad”, por ello, de los 242 artículos de que consta, lo más relevante de su contenido para el actual Estado mexicano, resulta su ideal de constituir una república libre e independiente de cualquier gobierno extranjero, bajo la dirección de tres poderes distintos, que conjuntaran sus esfuerzos hacia la equidad socioeconómica, moderando de la opulencia y la indigencia y que respetara derechos fundamentales para los nuevos ciudadanos como la libertad de sufragio, la libertad al trabajo, la libertad de hablar, discurrir y manifestar opiniones por medio de la imprenta.

Hoy, sin embargo, a 201 años de la Constitución de 1814, las preguntas que nos planteamos los mexicanos, son muchas: ¿Cómo refrendar a través de nuestro texto constitucional vigente, los principios, ideología y lucha, que dieron vigencia a la Constitución de 1814?

¿Cómo impulsar desde nuestra actual constitución, una verdadera reforma estructural que devuelva al país las libertades que ha perdido, frente al presidencialismo autoritario y al entreguismo sumiso en favor de los intereses internacionales que hoy suprime nuestras fronteras y renuncia a la soberanía del Estado-Nación, en aras de alcanzar un lugar en la globalización?

¿Cómo lograr desde la Constitución, que se respete verdaderamente el equilibrio de poderes y el pacto federal, fortaleciendo la gobernabilidad del país, sin invadir la competencia de los Estados y dando a los mexicanos, mayor certeza, confianza y certidumbre sobre nuestro futuro inmediato?

La respuesta en sencilla, igual que en 1814, los mexicanos requerimos una verdadera Reforma Estructural del Estado que sea expresión del desarrollo histórico, social y político que hemos alcanzado, fundada en el respeto a la ley desde el Estado mismo y en la aceptación plena de los valores democráticos, bajo las bases de una nueva cultura política en la que no exista lugar para que una sola persona o un solo grupo de representantes pretendan imponer a otros, mediante la coacción jurídica, política o física, su propio estilo de gobernanza, pues “la seguridad de los ciudadanos como lo establecía el artículo 27 del texto de 1814, consiste precisamente en la garantía social de la legalidad y los límites del poder público”.

No puede haber naciones libres y soberanas sin hombres y mujeres que puedan ejercer cabalmente sus libertades esenciales: libertad de pensar y opinar diferente a quienes hoy dirigen los destinos del país; libertad de actuar y participar sin restricciones en el desarrollo educativo del país, sin la amenaza del despido por resistirse a un proceso de evaluación punitiva; libertad de proponer un proyecto alternativo de nación, distinto al que hoy mantiene en el rezago y la pobreza extrema a más de 53 millones de mexicanos, y libertad para decidir libremente sobre nuestro patrimonio energético, sin el temor de ser víctimas de la politización de la justicia.

Por estas libertades lucharon los fundadores de México y los constituyentes de 1814, para tener un pueblo libre en el que recayera la soberanía nacional y no un pueblo sometido a los caprichos de un Estado Fallido, que no ha sido capaz de erradicar la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la injusticia, la desigualdad y la marginación social.

El pueblo de México quiere vivir con la certeza de que cada persona, cada familia, está protegida por un Estado de Derecho Fuerte, en el que la ley se aplique por igual a todos, sin excepciones, ni privilegios para nadie, así se trate del propio Presidente de la República o de los intereses patrimoniales de algunos miembros de su gabinete o de sus familias.

En pocas palabras donde se dignifique, se honre y transparente la función pública, con la mayor ética política y convicción republicana, como en su momento lo hicieron Morelos y los Constituyentes de 1814.

No escapa al juicio de la ciudadanía, que es enteramente contradictorio exigir la estricta aplicación de la ley para algunos y tener al mismo tiempo un Procurador de Justicia que violentó derechos fundamentales de los 43 mártires de Ayotzinapa y de sus familias, al haber difundido en los medios de comunicación una mentira sobre las causas y consecuencias de lo que hasta hoy sigue siendo un enigma sobre este aterrador crimen.

No escapa al juicio de la ciudadanía, que es enteramente contradictorio decir en el discurso que el gobierno defiende el federalismo como sistema de gobierno y, a la vez, apelar a soluciones centralistas para retomar el control político del sistema mediante las llamadas reformas estructurales en materia laboral, fiscal, educativa, política, electoral o inclusive policial, con la creación del recién aprobado mando único.

Con toda razón, con absoluta razón, el juicio ciudadano es que esas contradicciones lo único que revelan es la ambición de ejercer un poder presidencialista que ya no corresponde a la nueva realidad política y democrática que el país demanda, de un poder que refleja el sentido vertical, centralista, autoritario y arrogante, del viejo orden, que nos deja claro, se resiste a morir para abrir paso a un concepto moderno de democracia política y participativa.

Por eso, hoy más que nunca los mexicanos demandamos una verdadera reforma estructural del Estado que como en el texto de 1814, fortalezca los poderes públicos y las instituciones de la nación, frente a los intereses del exterior, frente a la ambición y la traición de quienes pretenden entregar el país en pedazos, hipotecarlo o venderlo como lo hicieron los conservadores de la época de Iturbide, Lucas Alemán y Santana.

Una verdadera reforma estructural del Estado, que renueve la cooperación de los poderes de la Unión, perfeccionando la separación y el equilibrio entre ellos, como lo contemplaba la constitución de 1814, sin permitir nunca más, que se siga utilizando la facultad constitucional de algunos legisladores para aprobar reformas constitucionales que facilitan el retorno del capital e intervención extranjera en la exploración y extracción de nuestros recursos estratégicos, que propician la privatización de la empresa y los activos públicos, que desmantelan la organización agraria, que imponen obligaciones fiscales abusivas a los que menos tienen y que conserva el régimen de privilegios para unos cuantos poderosos que mantienen secuestrado económicamente al país.

Una reforma estructural del Estado que humanice y moralice tanto a las instituciones de procuración como de administración de justicia, que respete los derechos humanos y ponga en el centro de las decisiones públicas el bienestar general del ciudadano y de la sociedad, como lo exigió desde el principio la Constitución de Apatzingán.

Una reforma estructural del Estado que dé vigor y expresión plena a un NUEVO PACTO FEDERAL, como el que conformó el régimen constitucional de 1824, 1857 y 1917, en el que se concrete la descentralización política, económica, educativa, fiscal, presupuestal y social del país, otorgando mayor participación, recursos y responsabilidades a los gobiernos locales, en la dirección de su propio desarrollo regional, sin seguir cayendo en el error del centralismo autoritario, que planea, programa y decide todo desde el gobierno federal, como si sólo existiera un orden de gobierno.

Una verdadera reforma estructural del Estado que haga del Municipio libre la célula básica de la organización gubernamental y de la participación ciudadana un instrumento de legitimación en la definición de las políticas y el presupuesto público, evolucionando del sistema democrático representativo al sistema democrático participativo, que modere la opulencia y erradique la indigencia, que hace 201 años como ahora, sigue siendo motivo de encono, disgusto e inconformidad social.

Compañeras y compañeros Senadores:

En la situación actual de crisis por la que atraviesa nuestro país, moderar la opulencia representada por los beneficiarios de un modelo neoliberal desvinculado del fin social, auspiciado por el Estado, y reducir la indigencia en la que se encuentran más de 60 millones de mexicanos, implica replantear la actual política económica y laboral del país y retomar el ideal de austeridad y prosperidad con justicia social que albergaron liberales insurrectos de la estatura de José María Morelos y Pavón y los Constituyentes de 1814, cuando en el texto del artículo 25 de la constitución de 1814 consignaron que: “Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas, que las que haya merecido por servicios hechos al Estado…”.

El espíritu de la división de poderes y la democracia propuesta por los Constituyentes de 1814, que han sido la columna vertebral del sistema político mexicano vigente hasta nuestros días, exige a 201 años de su expresión política en la Constitución de Apatzingán, reafirmación y compromiso nacional, desterrando cualquier práctica despótica de intervención injustificada entre poderes por encima del principio de autonomía constitucional.

Honrar los principios de la Constitución de 1814, significa fortalecer un Estado de Derecho y un sistema de Justicia y Seguridad Pública que no avasalle al ciudadano común, que no viole sus derechos fundamentales y las garantías que la constitución nos concede y sobre todo, que proteja realmente al pobre, al débil y al indefenso contra la arbitrariedad de todo Gobierno autoritario.

Regresar a la convicción liberadora de la reducción y simplificación fiscal, es hoy a 201 años de la Constitución de Apatzingán, un reclamo de todos los mexicanos.

Requerimos un gobierno más creativo y productivo, que genere oportunidades para todos, menos dependiente de la tributación fiscal y más comprometido con la situación social de los que menos tienen, porque tal como lo demandaba el texto original del artículo 36 de la Constitución de 1814 “las contribuciones públicas no deben ser extorciones de la sociedad, sino donaciones de los ciudadanos para seguridad y defensa”.

En suma, la Constitución de Apatzingán de 1814, que el día de hoy conmemoramos, es sin duda, la más relevante formulación sintética de la visión de la insurgencia mexicana en su momento cumbre, que hoy a 201 años de su promulgación, nos obliga a constancia, patriotismo, unidad nacional, compromiso republicano, democracia participativa, respeto irrestricto de la libertad política, insurgencia cívica y justicia social.

Muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Médico”.

Sin duda, uno de los avances de la ciencia más significativos para el ser humano los es aquel que precisamente, tiene que ver con la preservación de su vida: La Medicina.

La práctica médica empezó quizá con la misma aparición del hombre, pero fue hasta el siglo V antes de Cristo que se empezó a definir lo que constituye la profesión médica, con el Juramento de Hipócrates y, si bien hasta la actualidad han evolucionado muchas cosas debido al enorme avance científico y tecnológico en salud, lo esencial de la práctica médica no se ha modificado: Preservar la Salud y la Vida.

Ser Médico no es cosa fácil, su preparación es de lo más completo y de las carreras que más años requiere y es que a los conocimientos básicos se le unen las especializaciones, que han permitido aumentan la esperanza de vida de forma importante.

Sin duda, una de las profesiones más nobles y humanas.

El 23 de octubre se conmemora el Día del Médico en México, en honor a la inauguración en 1833 del Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México. Ello, en atención a que Gómez Farías recibió el título de médico cirujano en 1807 y en 1833 fue vicepresidente de México. Y que fue en este año cuando se creó la Escuela de Ciencias Médicas, uno de los seis Colegios de Enseñanza Superior en los que estaba dividida la Dirección de Instrucción Pública, creado por el doctor Gómez Farías.

Esta fecha busca reconocer la labor de todos los médicos, el progreso de la profesión y reflexionar sobre los aspectos que esta profesión tan amplia implica, como el lugar primordial que la dignidad humana debe ocupar y la capacidad de los médicos para comprender a sus pacientes desde todos los ámbitos, físico, emocional, mental, ambiental y espiritual.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 23 de octubre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que diariamente salvan vidas y ofrecen una esperanza en los males y enfermedades que nos aquejan y una mejor calidad de vida para todos.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los médicos en su día, el 23 de octubre.

¡Muchas felicidades!

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de las Personas de Talla Baja”.

CONMEMORACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE “DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA”

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo".

Eduardo Galeano.

La iniciativa para declarar el 25 de octubre como “Día Nacional de las Personas con Talla Baja” surge en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad “Little People of America”, la más relevante a nivel internacional. Actualmente la propuesta para formalizar la conmemoración del día internacional de las personas con talla baja, está siendo puesta a consideración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Por su parte, en México, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido sede del primer Día Mundial de las Personas con Talla Baja, a conmemorarse el 25 de octubre El término de Persona de talla bajase refiere a un individuo con algún tipo de pequeñez, de los cuales existen más de 200 índoles cuya mayor parte son desconocidas por la ciencia pero ni con tantos tipos la acondroplasia es muy poco conocida, tanto desde un punto de vista clínico como social.

Las personas de talla baja son diagnosticadas con acondroplasia, término que propuso Parrot en 1878, proveniente del griego (chondros= cartílago y plasis= formación), y se debe a una mutación en el gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión que inhibe el correcto crecimiento del cartílago, causando un desarrollo óseo desigual y baja estatura.

Lo anterior descrito aparece como una mutación espontánea, que tiene lugar por azar cada veinte mil nacimientos aproximadamente. Alrededor del noventa por ciento de los niños con acondroplasia no tienen antecedentes en sus familias. Las personas con acondroplasia tienen un torso de medida normal, las extremidades cortas y la cabeza ligeramente más grande, además de otras características semejantes, si bien en ausencia de complicaciones, pueden no presentar una discapacidad significativa.

Si una persona acondroplásica se une con una persona de talla estándar, la probabilidad de que el hijo sea también acondroplásico es del 50%, cifra que sube al 75% si ambos padres lo son (eneste caso, hay un riesgo del 2.5% de aparición de la acondroplasia homocigota, que suele ser letal al nacimiento).Hasta el momento, no existe ningún tratamiento farmacológico para curarla.

La expectativa de vida y el coeficiente intelectual de las personas con acondroplasia son los mismos que los de las personas de talla estándar, a pesar de que los niños con este problema suelen tener un desenvolvimiento motor lento cuando son bebés, a causa de las proporciones de su cuerpo.

A pesar de los grandes pasos que ha dado la sociedad de gente de talla baja, hoy en día no se han podido obtener por completo el reconocimiento para la no discriminación a dichas personas pero a pesar de ello no se han rendido y es por esto que buscaran que la ONU reconozco internacionalmente su día, el cual recuerda que tienen los mismos derechos que cualquier persona.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de las Naciones Unidas”.

Las Naciones Unidas son la gran organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, en la que sus 51 países fundadores se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida de todas las personas y el respeto a sus derechos humanos.

México es uno de esos 51 países fundadores y desde entonces ha buscado el fortalecimiento de la organización, especialmente porque consideramos que ha logrado un orden internacional más justo, al que se han ido sumando más integrantes, para llegar a 193 Estados Miembros a la fecha.

La labor de Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, aunque es más conocida por el mantenimiento y la consolidación de la paz, fomentar las relaciones de amistad, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria entre las naciones. Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, es una de sus prioridades.

Fue un 24 de octubre de 1945 cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, con motivo de la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, por ello, el 31 de octubre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 168 “declara este día como aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, que sería a la postre llamado oficialmente como “DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS”.

Ya en el año de 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. Así, desde entonces y a la fecha, el día 24 de octubre se conmemora y celebra como “EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS”.

En este día se pretende reconocer y “hacer conocer las finalidades y realizaciones de la Organización de las Naciones Unidas a los pueblos del mundo y a lograr que apoyen la obra que se ha propuesto”.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 24 de octubre un merecido reconocimiento a todas aquellas naciones y personas del mundo que día a día se ocupan y preocupan por un planeta en paz, con justicia, por un prójimo sin hambre, sin pobreza, sin analfabetismo y en plenitud de libertades y derechos, cualquiera que sea el rincón del mundo en el que este prójimo se encuentre.

Muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 201 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.

EFEMÉRIDE
Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 201 aniversario de la promulgación la Constitución de Apatzingán -22 de octubre de 1814-.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 201 aniversario de la promulgación del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana -Constitución de Apatzingán, documento que sentó las bases de la Constitución Política de 1917. En su configuración e ideología, queda de manifiesto que se trata de un texto jurídico adelantado a su época, vanguardista, justa y humanista que se caracterizó por impulsar la reintegración de la nación.

Parte de la grandeza de la Constitución de Apatzingán radica en que retomó la esencia de los célebres Sentimientos de la Nación expuestos por Don José María Morelos y Pavón. A más de doscientos años de su creación, es oportuno señalar que representa el instrumento jurídico en el que se plasmaron las aspiraciones de libertad, igualdad y equidad, elementos indispensables para la consolidación de un México independiente.

Es vital expresar que en el texto constitucional de 1814, de manera sistemática se proclamó la prohibición de la esclavitud, la eliminación de castas y la división de poderes, así como soberanía del pueblo, en consecuencia éste era el único que debería determinar su forma de gobierno y legislación.

Además de su valor intrínseco, destaca que surgió en medio de un contexto que exigía medidas, cambios y acciones trascendentales, de ahí que los principios referidos continúan siendo parte medular de nuestra actual Ley Fundamental.

La Constitución de Apatzingán, es producto de amplias luchas sociales que suscitaron durante el movimiento de independencia de nuestro país, el cual surgió con el objetivo de proteger los derechos los mexicanos, pero sobre todo, de establecer límites a los excesos, arbitrariedades e injusticias propios de la época.

Su origen se remonta al año 1811, cuando fueron aprehendidos Don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, situación que debilitó la causa insurgente por lo que el General José María Morelos y Pavón, se encargó de mantener vivo el anhelo de construir una nación de libertades e igualdades.

De esta manera, en agosto de 1811 en Zitácuaro, quedó instalada la Organización de la Suprema Junta Nacional de América, espacio en el que se concentraron los principales líderes insurgentes para exponer, discutir y determinar propuestas que hicieran posible materializar los objetivos de la causa liberal.

De las propuestas formuladas en dichas reuniones, destacan los “Elementos Constitucionales”, de Ignacio López Rayón, en los cuales quedó organizado el pensamiento de los insurgentes, que entre otros, tuvo las siguientes premisas: la religión católica como oficial; abolición de la esclavitud; separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; reconocimiento de la soberanía popular y la independencia de la Nueva España.

Debido a su naturaleza, dichos principios fueron aceptados por la mayoría y además se agregó la propuesta para la integración de un Congreso que reuniera a representantes de todas las provincias, a fin de que éstas fueran tomadas en cuenta.

El 13 de septiembre de 1813 se instaló el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, integrado por: López Rayón, por Guadalajara; José Sixto Verduzco, por Michoacán; José María Liceaga, por Guanajuato; José Manuel de Herrera, por Tecpan; José María Murguía, por Oaxaca; Carlos María de Bustamante, por la Provincia de México; José María Cos, por Veracruz y Andrés Quintana Roo, por Puebla. Como secretario Juan Nepomuceno Rosains.

A principios de 1814 se incrementó la presión de las fuerzas realistas, situación por la cual el Congreso tuvo que trasladarse a distintos lugares de los actuales estados de México, Puebla y Michoacán, hasta que finalmente se instaló en Apatzingán. Al quedar instalados en Michoacán, comenzaron a gestarse los relativos a la redacción de la Constitución (tarea a cargo de Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel de Herrera).

Bajo esta tesitura, el 22 de octubre de 1814 quedó listo el texto constitucional para ser presentado ante el Supremo Gobierno Americano y los Diputados, quienes se vieron obligados a acelerar el proceso para que ese mismo día, el ordenamiento jurídico fuera sancionado y aprobado con el nombre oficial de “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”.

El decreto que hoy conmemoramos, consta de 242 artículos y se dividió en dos partes: la primera relativa a los principios elementales o elementos constitucionales, y la segunda sobre la forma de Gobierno. Destaca que en nuestro país, fue el primer documento de su tipo en dar la categoría de ciudadanos a todos los gobernados.

A pesar de sus notables beneficios, debido a que únicamente fue aplicada en las provincias dominadas por los insurgentes, en 1817 sus preceptos prácticamente se habían extinguido. Lo anterior, no desestima que la Constitución de 1814 fue determinante para las Constituciones posteriores, como lo es la de 1824, 1857 y por supuesto, 1917.

En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a redoblar esfuerzos en la tutela de nuestras instituciones, forma de gobierno y los derechos humanos, a fin de brindar certeza, paz, tranquilidad y confianza a la población.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 27 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:55 horas)

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