Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 17 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Octubre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 89 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, se abre la sesión del martes 13 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con catorce minutos del día jueves ocho de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del siete de octubre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 10 de octubre de 2015.- Sin discusión, fue aprobada en votación económica.

(Iniciativa)

La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción III y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 84; el segundo párrafo del artículo 130 y se derogan los incisos a y b de la fracción ix del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para fines sanitarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las sucursales bancarias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Pleno autorizó que las Senadoras Mónica Arriola Gordillo y Martha Tagle Martínez, participaran en el turno de preguntas, en la comparecencia de la Titular de la Procuraduría General de la República para analizar la Política Interior en el marco del Tercer Informe de Gobierno.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República.

 

(RECESO)

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia de la Titular de la Procuraduría General de la República para analizar la Política Interior en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- Conforme al Acuerdo aprobado en una primera intervención hizo uso de la palabra la Maestra Arely Gómez González. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN, e Ivonne Liliana Álvarez García del PRI.

En las preguntas y comentarios hicieron uso de la tribuna los Senadores: El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Mónica Arriola Gordillo entregó por escrito el contenido de la pregunta para atención de la Procuradora; Martha Tagle Martínez, pregunta y comentario; Layda Sansores San Román del PT, pregunta y comentario; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, pregunta y comentario; Angélica De La Peña Gómez del PRD, pregunta y comentario; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, pregunta y comentario; Omar Fayad Meneses del PRI, para formular pregunta; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, para realizar comentario; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, pregunta y comentario; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, pregunta y comentario; Ismael Hernández Deras del PRI, para formular pregunta; Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI, para realizar comentario; José María Martínez Martínez del PAN, pregunta y comentario; Jesús Casillas Romero del PRI, para formular pregunta; Anabel Acosta Islas del PRI, para realizar comentario; Enrique Burgos García del PRI, para formular pregunta, y René Juárez Cisneros del PRI, para realizar comentario. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto quinto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República, en el contexto del Tercer Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio cuenta con las ratificaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en la reunión de este día:

1) A la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por diversos senadores del Partido Acción Nacional el 7 de octubre para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

2) Se autorizó que la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano emita opinión sobre los siguientes     asuntos:

a) Al Punto de acuerdo que exhorta a implementar programas de capacitación permanentes y crear empleos para jóvenes de los niveles educativos de media superior y superior, presentado el 6 de octubre de 2015

b) A la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada el 6 de octubre de 2015.

c) A la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 7 de octubre.

d) A la Iniciativa con proyecto de Decreto el que se reforma el artículo 123 Apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 7 de octubre.

3) Se autorizó la participación de la Comisión de Gobernación para emitir opinión en los siguientes asuntos:

a) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración   Pública Federal, del 26 de agosto de 2015.

b) Al proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción, presentado el 10 de septiembre de 2015.

c) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, a diversas disposiciones en la materia, presentado el 18 de marzo de 2015,

d) Al proyecto de Decreto por el que  se expide la Ley General para  Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, del 16 de abril de 2015 y

e) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforma la Ley de Amparo, presentado el 24 de marzo de 2015.

La Presidencia ratificó los turnos descritos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los servicios de salud del estado de Zacatecas a implementar acciones urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el consumo de marihuana entre estudiantes de secundaria de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al Tratado de Asociación Transpacífico, del cual México forma parte.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos a la Secretaría de Turismo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a entregar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios del estado de Nuevo León, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015; Asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a no reducir los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública de los municipios del estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de éstos.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 recursos etiquetados para continuar con la pavimentación del tramo carretero Quechultenango-Nacaxtlan, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero      Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través del Senado de la República, invite a una sesión solemne al Sumo Pontífice Francisco, como parte de su visita oficial a nuestro país el próximo año.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 que la medida de deducción inmediata sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de infraestructura del transporte.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Electricidad, así como a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Veracruz a llevar a cabo la conservación del buen estado de las vías generales de comunicación en las “zonas vía pluma e ingestión” para la evacuación de la población ante una posible emergencia en la central nuclear “Laguna Verde”.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 102 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Visión.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la toma de posesión de Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veintinueve minutos y citó a la siguiente el próximo martes trece de octubre, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario.

Honorable Asamblea:

A partir de la licencia que se le autorizó al Senador Adán Augusto López Hernández, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Carlos Manuel Merino Campos, quien se encuentra en el salón contiguo a este recinto.
Por esta razón, solicito a los Senadores: Humberto Mayans Canabal, Francisco Salvador López Brito, Mario Delgado Carrillo, Jorge Aréchiga Ávila, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Fidel Demédicis Hidalgo, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

Pido a la comisión que cumpla con la encomienda que se le ha dado.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)






TOMA DE PROTESTA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Ciudadano Carlos Manuel Merino Campos: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

El Ciudadano Carlos Manuel Merino Campos: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

¡Felicidades, señor Senador!

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a sus trabajos de carácter legislativo.

¡Felicidades y enhorabuena!

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Administración, con la que remite su informe de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite:

Su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la pasada legislatura.

Su informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura.

Y su plan de trabajo para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite 21 propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas de nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese la documentación descrita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio que remite los informes de resultados de los viajes de los buques Auxiliar Multipropósito ARM “HUASTECO” y ARM “ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del Decreto publicado el 22 de mayo del año en curso.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el cual se comunica la designación de legisladores del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






PRONUNCIAMIENTOS

Compañeras y compañeros Senadores, daré lectura a dos pronunciamientos que suscribe la Mesa Directiva:

Uno, en ocasión del "Día Internacional para la Reducción de los Desastres".

Y otro sobre el "Día Internacional de la Niña".

Honorable Asamblea:

En la sesión de este día, la Senadora Sonia Rocha Acosta y los Senadores Jesús Casillas Romero, Francisco Salvador López Brito y Benjamín Robles Montoya, han inscrito sus participaciones para referirse a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

La Mesa Directiva suscribe estas participaciones. Cabe destacar que dicha documentación fue impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009, estableciendo el día 13 de octubre de cada año como la fecha en la cual las sociedades debemos recordar que es necesario promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda la prevención, mitigación y preparación para hacer frente a estos lamentables acontecimientos.

El tema elegido en este año 2015, es el conocimiento para la vida con el propósito de aumentar el grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la reducción de riesgo de desastres.

Esta Cámara de Senadores se suma a la conmemoración de una fecha que es importante y que nos invita a la reflexión permanente y a tomar acciones preventivas para reducir los efectos causados por los desastres naturales.

También quiero destacar que en esta sesión, las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, registraron el tema relativo al Día Internacional de la Niña.

Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos los acontecimientos de sus intervenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011 aprobó la declaración 66/170 con la cual se declaraba el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, el cual tiene como objeto reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo.

La conmemoración de este evento en el año 2015, ha sumado los esfuerzos de organizaciones civiles, el sector privado y los gobiernos teniendo como propósito poner a las niñas en el centro de los esfuerzos del desarrollo sustentable.

Por lo anterior, en el Senado de la República seguimos unificando esfuerzos para impulsar iniciativas que ayuden a las niñas mexicanas a superar problemas derivados de la falta de educación vinculada a la salud reproductiva y sexual, impulsaremos medidas debidas que les faciliten educación de calidad y les brinden la oportunidad de tener acceso a la tecnología, así como al impulso a la promoción de legislación y políticas de género.

Por su atención, muchas gracias.

Las intervenciones que se encuentran registradas en nuestra agenda del día de hoy, sobre estos temas, se integrarán al Diario de los Debates.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES DE PARTICULARES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación de 14 organizaciones sociales y empresariales de la región del Istmo de Tehuantepec, por la que solicitan que el Senado de la República trabaje en conferencia con la Colegisladora, organizando foros y audiencias públicas en esa región en el marco del análisis y discusión del proyecto de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro: Remítase a la Cámara de Diputados.






En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 319 y 462 a la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 462 A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Humberto Domingo Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, María del Rocío Pineda Gochi y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores de la República:

Comienzo platicándoles una historia. Hace unas cuatro semanas, Sofía, una joven mexicana de 26 años, dio a luz a un cuarto bebé en Villahermosa. Este bebé es para un par de extranjeros, ellos llegaron a México para sacar provecho de las leyes que autorizan la gestación por terceros.

Como la gran mayoría de las madres gestantes, Sofía sobrevive con poco, es madre soltera, comparte una casita con sus tres hijos, su hermano y su madre en Tabasco, y antes de convertirse en madre gestante, vivía de 580 pesos a la semana vendiendo helados por la tarde, hasta que un día encontró un volante anunciando "alquiler de vientres", una semana más tarde, Sofía firmaba un contrato por 120,000 pesos con una agencia especializada.

El 30 de junio de este año, el diario Le Figaro, de Francia, publicó esta historia de Sofía, el reportaje fue llamado "México El Dorado para la Gestación de Terceros", una mina de oro, señala el mismo diario. México el paraíso de la maternidad subrogada, señalan otros rotativos en el mundo.

Eso es en lo que se está convirtiendo nuestro país ante los ojos de todo el mundo. Un lugar en el que la explotación de mujeres con fines reproductivos se lleva a cabo de manera legal, según las normas de algunos estados.

Y es una mina de oro, así lo consideran porque resulta que la renta de vientres en México es 70 por ciento más barato que en Estados Unidos y en otros países, incluyendo el viaje recreativo y turístico que se les prepara a las playas de Cancún a todas las parejas interesadas en buscar a una madre sustituta. Ésta es una práctica que de hecho se ha convertido en un negocio multimillonario.

Ya desde el 2011 el investigador David King, de Inglaterra, anunció que esta industria representaba 2,000 millones de dólares en países como la India y Tailandia.

Países en donde por cierto se han dado numerosas historias, casos realmente indignantes de bebés que quedan a la deriva, de mujeres que tienen que quedarse a mantener un bebé, inclusive hay la historia de una jovencita de Tailandia, que al tener un par de gemelos que habían sido encargados por una pareja australiana, uno de los bebés resulto tener el padecimiento de Síndrome de Down y la pareja rechazó el bebé.

Al final de cuentas la mujer se quedó con la responsabilidad de criar a un niño con características y necesidades especiales, una mujer que también tiene sus propias necesidades, y ahora es una principal activista en contra de la gestación por sustitución.

Hay muchas historias que contar en el mundo entero, historias que han provocado que precisamente países como la India y Tailandia prohíban ya esta práctica que antes estaba permitida.

Pero, ¿qué es la explotación de mujeres con fines reproductivos?

Se define como la contratación de una mujer que se compromete a gestar a un bebé con la obligación de entregarlo a los solicitantes cuando nazca, para que éstos últimos lo críen, renunciando entonces la gestante a sus deberes y derechos parentales.

Reitero, esto es algo que se ha convertido en un negocio, porque resulta que la contratación se da incluyendo una contraprestación económica que va en México desde los 10,000; 15,000 hasta los 150,000 pesos; cuando en otros países se dan cantidades desde los 30,000 hasta los 45,000 dólares, hay una diferencia abismal, por eso México está resultando un país tan atractivo para la gestación por sustitución.

Ahora esta es una práctica que en principio se puede pensar o se puede entender como una práctica altruista, sobre todo para apoyar a aquellas parejas que desean tener algún bebé y que no pueden lograrlo.

Sin embargo, al haber de por medio una contraprestación económica se ha convertido ya en una industria multimillonaria, lo reitero, y sobre todo, se ha generado una problemática singular que es la que tiene a muchas mujeres y niños, inclusive en una situación lamentable.

La explotación de mujeres con fines reproductivos se puede prestar a argumentaciones e interpretaciones erróneas, es decir, a falacias jurídicas del derecho humano y fundamental de la salud, además, se genera una incertidumbre jurídica en torno a los contratos en los órganos jurisdiccionales.

En este momento en México hay una madre que dio a luz unos gemelos en Tabasco, los padres que los encargaron son de España, sin embargo, los bebés se encuentran en México con una situación de incertidumbre jurídica, no tienen identidad estos bebés y no pueden salir del país porque la legislación tiene inconsistencias y resulta ser que, aun cuando en Tabasco esta práctica está permitida, en el resto del país no se tiene  regulada, y allá en España, de donde son los padres, está completamente prohibida esta práctica.

Estas inconsistencias son las que están provocando que los bebés queden a la deriva, que los menores estén en un estado de indefensión. Pero eso no es lo más grave, sí es grave, muy grave, pero además, encontramos casos literales de explotación de mujeres, tráfico de niños y de órganos.

En febrero del 2011, 14 mujeres vietnamitas, 7 de ellas embarazadas, fueron rescatadas de Tailandia porque estaban en poder de una banda criminal dedicada la explotación de mujeres con fines reproductivos.

Esta compañía, que se llamaba Baby 101, tenía clientes en Taiwan, en Vietnam, y oficinas en diversos países, las mujeres eran vírgenes, violadas, retenidas, confiscados sus pasaportes, inclusive, esto está documentado.

En junio de 2011 la policía rescató en una casa nigeriana a 32 niñas embarazadas que tenían entre 14 y 17 años, algunas declararon que les habían ofrecido 192 dólares por vender a sus bebés, dependiendo del sexo del bebé.

Estos casos lamentables que han sucedido en otros países, nos hacen reflexionar respecto de lo que no podemos permitir en nuestro país, por eso es tan importante que podamos atender esta situación en México.

Hoy en día, Sinaloa y Tabasco son dos entidades en donde se permite la subrogación de vientre, sin embargo, se permite de una manera que tampoco está perfectamente regulado todo lo que a ello concierne.

Las autoridades de Tabasco, de Sinaloa, inclusive en Guerrero, donde no está permitido pero sabemos que puede estar sucediendo, las autoridades están preocupadas y están dispuestas a que podamos todos con la responsabilidad que a cada uno nos implica hacer algo al respecto.

Resulta ser que la maternidad subrogada está prohibida en países de primer mundo, como Alemania, Australia, Canadá, China, Dinamarca, España, Francia y Portugal porque inclusive hay un reporte del Parlamento Europeo que considera que esta es una práctica que comercia a las personas como un objeto, en eso estamos convirtiendo a las mujeres y a los pequeñitos, en objetos, entonces, debemos, desde la Federación, tomar decisiones y tomar medidas para buscar prohibir esta práctica, evitar que México se convierta en un nuevo destino turístico de alquiler de vientres, como lo están promocionando ya en otros países.

Debemos de tomar medidas y regular esta situación buscando siempre preservar los derechos humanos de nuestras mujeres y de nuestros niños, legislar con el principio de dignidad humana en mente, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la dignidad humana no es un precepto moral ni ético solamente, sino se trata de un principio jurídico que debe permear en todo el sistema jurídico mexicano.

Por estos motivos es que presento a esta Asamblea la iniciativa para reformar la Ley General de Salud, en sus artículos 319 Bis y 462, para prohibir que se disponga el cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución, y además, para castigar y sancionar a todos aquellos que participen en este procedimiento que lo promuevan o que lo favorezcan.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESÚS CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO COTA JÍMENEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ALEJANDRO TELLO CRISTERA, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS, REFORMA LA FRACCIÓN VII Y ADICIONA LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 462 A LA LEY GENERAL DE SALUD, en materia de prohibición de gestación por sustitución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a diversos estudios [*] , nuestro país es usado para transportar y explotar laboral y sexualmente a miles de seres humanos, especialmente mujeres y niños, sin que esto excluya que también se practique el reclutamiento de víctimas para la trata en suelo nacional, es decir, México se ha convertido en un país de tránsito y destino para la trata y explotación de personas.

Durante el año pasado, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados propusieron diversas modificaciones al marco jurídico relacionado con la Trata de Personas, si bien ninguna llegó a aprobarse de manera definitiva. Un elemento común en estas propuestas, sin embargo, fue reconocer y tipificar la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), es decir, sancionar a quien hiciese pacto con una mujer para que esta gestara un hijo con la intención de entregarlo después de nacido a otra persona. La EMFR supone un severo retroceso en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género pues, tal como señala un informe presentado ante el Parlamento Europeo, la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres [*] .

Desde 2012, el H. Congreso de la Unión ha realizado y propuesto modificaciones al marco jurídico relacionado con la Trata de Personas con el fin de adecuarlo a los estándares internaciones [*] y fortalecer a las instituciones para el combate a estos delitos. Sin lugar a dudas, todos los órdenes de gobierno han hecho esfuerzos importantes que evidencian su interés y compromiso por erradicar la trata, explotación y tráfico de personas; sin embargo, este deleznable negocio, que lucra con la explotación y la violación sistemática de los derechos humanos de los más vulnerables, es difícil de combatir, pues las víctimas se encuentran tan sometidas que no suelen buscar la ayuda de las autoridades, además de que representa ingresos millonarios para los delincuentes, tan sólo en la India durante 2011 se estimó por parte del Dr. David King que la industria de madres subrogadas fue de 2 mil millones de dólares [*] , industria que tiende a utilizar a mujeres de pobreza extrema y que son ingresadas en estancias o granjas con el fin de que no puedan salir de ahí durante su embarazo hasta la entrega del recién nacido hacia sus solicitantes [*] . Frecuentemente, en adición a, las redes de trata tienen nexos o forman parte de los cárteles de la delincuencia organizada que operan en nuestro país y mantienen nexos con organizaciones criminales en el exterior.

La Organización Internacional para las Migraciones ha elaborado dos estudios sobre la trata de personas en México, uno de ellos en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el otro en colaboración con la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres; que fueron editados en 2006 y 2011. [*] Ambos estudios reconocen la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, particularmente cuando las víctimas sean forzadas, engañadas o presionadas a "rentar" o "prestar" sus vientres para gestar los hijos de parejas adineradas. Esta situación se presenta sobre todo en países en los que existe una gran brecha de desigualdad y pobreza que facilita los contratos entre mujeres dispuestas a rentar su cuerpo y personas dispuestas a utilizarlo, ocurre en la India [*] o Ucrania; [*] o bien en aquellos países en los que el Crimen Organizado venía operando con amplios márgenes de impunidad, como los terribles casos registrados en Tailandia y Nigeria [*] , en los que redes de traficantes de bebés y mujeres fueron finalmente descubiertos tras importantes esfuerzos internacionales.

La Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), también llamada gestación subrogada, es una realidad que se esconde a la vista de todos. En la actualidad, únicamente la legislación civil del Estado de Tabasco y Sinaloa permiten la maternidad subrogada, en tanto que la legislación de Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro la prohíben total o parcialmente. Oculta tras un velo de supuesto altruismo y escudándose en una caprichosa interpretación del artículo 4 de la Constitución, florece una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. No es necesario recalcar que el tráfico de seres humanos debe ser combatido con toda la fuerza y desde todos los ámbitos pues, en un país respetuoso de los Derechos Humanos, no es posible consentir que las personas sean transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros con la única justificación de su poder económico.

El orden jurídico mexicano, desde que la esclavitud fue abolida por el Generalísimo de América y Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla en el Decreto del 6 de diciembre de 1810, ha considerado a los seres humanos incapaces de ser comerciados dentro del territorio nacional. En consonancia con el citado Decreto fundacional de nuestro país, diversas disposiciones de la Ley General de Salud prohíben el tráfico de órganos y tejidos humanos e imponen severas sanciones penales a quienes incurran en dichas conductas. En efecto, de la lectura del Título Décimo Cuarto del mencionado ordenamiento se advierte que las partes del cuerpo humano nunca pueden estar sujetas al comercio, esto con el fin de proteger a las personas de ser convertidas en un producto o un conjunto de productos de los cuales obtener un lucro, así como de salvaguardar la dignidad propia de los seres humanos, dignidad reconocida por el artículo 1 de la Constitución Federal, además de su reconocimiento establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 4° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para".

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada de carácter constitucional sobre el principio jurídico de dignidad humana que a la letra dice:

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°, último párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, fracción II, inciso c); y 25° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- con el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

[TA: Constitucional]; 10ª. Época; 1ª. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 602. 1ª. CCCLIV/2014 (10ª.)

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decretó que reformó el Capítulo Primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Esta trascendental reforma constitucional le permite al Estado Mexicano el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que habitan y residen en el territorio nacional, derechos que están positivisados en la ley suprema del país y en tratados internacionales de los que sea parte la autoridad mexicana, ello como normas paramétricas de control constitucional y convencional [*] . La presente reforma constitucional establece la aplicación de dos principios constitucionales la interpretación conforme y pro persona, es decir, los derechos humanos serán interpretados conforme a la Constitución Federal y tratados en derechos humanos siempre otorgando la protección más amplia a la persona. Además esta reforma constitucional mandata que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Así pues, por mayoría de razón podemos afirmar que, si las partes del cuerpo humano no pueden ser comerciadas lícitamente dentro del territorio nacional, mucho menos podrán serlo seres humanos completos. Esto pareciera un obviedad, pero es necesario reafirmarlo ante diversas prácticas -a veces acompañadas de modificaciones legislativas locales- que contravienen este principio y facilitan el comercio de seres humanos, ya sea en sus modalidades más crudas, o recubierto de un velo que escuda el tráfico de personas en la consecución de un legítimo deseo de descendencia.

Si bien es cierto que existe un derecho, contenido en el artículo 4 de la Constitución, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos -es decir, la Constitución protege la decisión de las personas- no puede afirmarse de ninguna manera que dicho precepto constitucional confiere un derecho irrestricto a tener hijos ni, mucho menos, lo hace exigible al Estado, o legitima a los particulares a hacerse de hijos mediante el comercio de seres humanos, ya sea rentando mujeres que los gesten, o adquiriéndolos de éstas mediante contratos en los que medie o no una retribución económica o, de cualquier otro tipo. No es posible legitimar que las personas se conviertan en productos con el fin de satisfacer un anhelo -incluso una necesidad- legítimo, pues este postulado contradice todo lo que al respecto afirman tanto la legislación vigente como la tradición jurídica mexicana, desde los mismos inicios de la vida nacional. Si una persona tiene derecho a utilizar a una mujer para que geste un hijo por el que, al cabo de la gestación le entregará, no se aprecia razón alguna por la cual esa misma persona no pueda utilizar a otra para aprovechar sus órganos mediante el pago de una contraprestación de cualquier naturaleza.

Ahora bien, como el referido artículo 4 también consagra el derecho a la salud salud sexual y reproductiva, cuando se presentan problemas de infertilidad o esterilidad en las parejas, es muy importante aclarar que se les debe de prestar los servicios de salud necesarios para su diagnóstico clínico y curación, en la medida que los avances de la ciencia lo permitan.

La prohibición del comercio con seres humanos mediante la EMFR es una tema que, en países que se lo han planteado con seriedad, ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas e ideologías políticas. En una carta abierta dirigida al presidente Francois Hollande, intelectuales franceses identificados con la izquierda recuerdan al mandatario que "en febrero de 2013, usted adquirió un compromiso formal contra la introducción en Francia de los vientres de alquiler, llamada hoy 'madre de alquiler', declarando su firme y coherente oposición a una práctica social alienante…"

Entre los firmantes, que además exigen al presidente que no ceda a las presiones y defienda la dignidad de las mujeres y los niños que son cosificados al convertirlos en bienes de consumo se encuentran: Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1994, Lionel Jospin, primer ministro de Francia entre 1997 y 2002, Yvette Roudy, ministra socialista de Derechos de la Mujer de 1981 a 1986, Nicole Pery, en el mismo cargo que la anterior de 1998 a 2002 y vicepresidenta del Parlamento Europeo 1984 a 1997, Marie-George Buffet, quien ha sido ministra y fue secretaria nacional del Partido Comunista Francés de 2001 a 2010, y Catherine Tasca, quien ha sido ministra y es actualmente primer vicepresidente del Senado.

Esto va en consonancia con una tendencia mundial a prohibir esta degradante práctica social. De acuerdo a información facilitada, y que se adjunta a la presente iniciativa, por Early Institute, un Think Tank especializado en infancia con sede en la Ciudad de México [*] , la situación legislativa mundial respecto a la EMFR se encuentra de la siguiente manera:

País

Prohibición General

Prohibición de subrogación comercial

Expresamente facilitada

Alemania

La práctica está prohibida por ser vista como comercio de personas

N/A

No

Australia

No

La subrogación comercial es ilegal. En New South Wales, Queensland y Australian Capital Territory, la subrogación comercial internacional es una ofensa legal

No

Canadá

Quebec prohíbe cualquier proceso de subrogación

Está prohibido que cualquier persona realice un pago por un proceso de subrogación.

No

China

Prohíbe a instituciones y personal médico realizar procesos de subrogación

N/A

No

Dinamarca

No

Está prohibida la realización de contratos en los que exista un pago

No

España

Si

N/A

No

Francia

Si

N/A

No

Países Bajos

No

Si

Requiere un proceso no comercial por ley

Portugal

Si

N/A

No

Ahora bien, entre los países considerados como destinos de esta práctica, también se nota una fuerte tendencia a la restricción cada vez más severa de la EMFR:

País

Prohibición General

Prohibición de subrogación comercial

Expresamente facilitada

India

No

Prohíbe la práctica para personas solteras y parejas del mismo sexo, para disminuir la EMFR.

No

Sudáfrica

No

Prohíbe la generación de acuerdos en los que se ofrezca un pago a cambio del proceso.

No

Tailandia

No

Prohíbe la maternidad subrogada comercial para extranjeros y para parejas del mismo sexo.

No

Vietnam

No

Permite la maternidad subrogada sólo a matrimonios vietnamitas heterosexuales con infertilidad comprobable.

Realizada sólo en 3 clínicas bajo estricto control, para evitar comercialización.

En este sentido, ante los razonamientos expuestos y con base en la experiencia legislativa comparada, es posible afirmar que la tendencia más protectora de los Derechos Humanos de las personas y, por tanto, más conforme con los dispositivos constitucionales, es aquella que prohíbe todo tipo de tráfico de personas, incluyendo desde luego la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, eufemísticamente denominada maternidad subrogada.

Es por estas razones que someto a esta Asamblea el siguiente:

Del proyecto de reforma legal:

La presente iniciativa de reforma legal a la Ley General de Salud tiene como objetivos prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por sustitución y con ello renuncie a su derecho de filiación materna a favor de un contratante o tercero para que esté le otorgue una personalidad jurídica en cuanto a identidad y nacionalidad, además de imponer una sanción de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente hacia las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución.
Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la Ley General de Salud, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual:

Texto propuesto por la iniciativa:

NO EXISTE.

Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

 

 

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente:

I a V…

VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto;

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes;

VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y

IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución.

En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 319 Bis al Capítulo I "Disposiciones Comunes" del Título Décimo Cuarto "Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida"; se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 462 del Capítulo VI "Delitos" del Título Décimo Octavo "Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos"; todo ello a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente se trate:

I a VI…

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por trasfusión de sangre y sus componentes;

VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y

IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución.

En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia".

ARTÍCULO TRANSITORIO

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar su legislación al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Alejandro Tello Cristera.

[*] Mir Candal, Leida. La maternidad intervenida, Universidad de Buenos Aires, 2010; Organización Internacional para las Migraciones, La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 2011; OIM, OEA, INMUJERES, CIM, INM, Trata de personas: aspectos básicos, México, 2006.
[*] Puede revisarse el texto completo en: Report on Sexual and Reproductive Health and Rights, Committee on Women's Rights and Gender Equality, European Parliament, 26 de septiembre de 2013, Ref. A7-0306/2013, párrafo 9. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//EN
[*] Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
[*] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110125_maternidad_subrogada_men
[*] BARTOLINI, Esparza Marcelo, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer. Maternidad subrogada: explotación de mujeres con fines reproductivos. México, noviembre de 2014.
[*] Organización Internacional para las Migraciones, La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 2011; Organización Internacional para las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración,  Trata de personas: aspectos básicos, México, 2006.
[*] AMADOR, Jiménez Mónica. Biopolíticas y biotecnologías: un análisis de la maternidad subrogada en la India. CS No. 6, pp. 193-217, julio – diciembre 2010. Cali, Colombia
[*] Óp. Cit. Marcelo Bartolini, pp.11.
[*] Ídem, p. 22-23
[*] CABALLERO, Ochoa José Luis. La interpretación conforme: el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. México, 2014, Segunda edición, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, pp. XXI.
[*] Este instituto (antes TAD Think Action Development) realizó, junto con la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la H. Cámara de Diputados, un profundo análisis de la materia, que se recoge en el libro Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos. México, 2014.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Romero Celis.

Sonido en el escaño del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, ¿para qué asunto?

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitarle a la Senadora Mely Romero Celis, poder suscribir esta iniciativa que adiciona el artículo 319 Bis, y que por supuesto reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud, específicamente con el tema para prohibir la sustitución de vientres.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Le pregunto a la Senadora Mely Romero Celis si acepta que se incluyan en su proyecto la propuesta que está haciendo el Senador Daniel Ávila.

Senadora Laura Rojas, ¿para el mismo asunto? Solicito a la Secretaría tome nota de ello. Senador Miguel Ángel Chico Herrera, ¿para el mismo asunto?

Sonido en el escaño del Senador Chico Herrera.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: (Desde su escaño) Para el mismo asunto, señor Presidente, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. Solicito a la   Secretaría tome nota de ello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Doy la más cordial bienvenida a esta sesión a la delegación que encabeza el señor Philippe Couillard, Primer Ministro de Quebec, Canadá, quien está de visita en nuestro país; acompañan al señor Couillard, el excelentísimo señor Pierre Alarie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá ante México; el señor Eric Mercier, Delegado General de Quebec en México; el señor Michel Lafleur, Viceministro Adjunto de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía; el señor Alexis Landreville, Consejero Económico del Primer Ministro; la señora Johanne Desnoyers, Jefa de la Oficina para México del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía, bienvenida; el señor Behzad Babakhani, Ministro Consejero de la Embajada de Canadá en México; la señora Brigitte Fortier, Directora de Operaciones y de Protocolo del Primer Ministro.

Nos acompañan también el señor Francisco Suárez Dávila, Embajador de nuestro país en Canadá. Y quien, como siempre, ésta es tu casa, bienvenido al Senado de la República; el Embajador Francisco del Río López, Cónsul General de México en Montreal, Canadá.

Agradezco a todos ustedes su presencia y la visita que hacen al Senado de la República, lo cual honra a esta institución y fortalece los lazos de amistad y cooperación económica con ese país, con el que tenemos una gran relación en todos los sentidos.

Así es que, sean ustedes bienvenidos a México y al Senado de la República.

Buen día.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Los que suscribimos, Francisco Salvador López Brito y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y otros compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos a consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, bajo las siguientes consideraciones:

Desde el año de 1962, México cuenta con un organismo responsable de la investigación pesquera, el cual al principio se le denominó Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, que aportó importantes conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de las diferentes poblaciones de los recursos marinos y acuícolas del país, tanto en litorales como en aguas interiores.

En 1971, este instituto se transformó en el actual Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, el cual desde su fundación, ha sido un órgano asesor científico del Ejecutivo Federal, responsable de proporcionar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola de México, con metas y objetivos precisos de coadyuvar en la identificación y resolución de los problemas de las pesquerías del país, mediante un sustento científico-técnico, así como en la toma y aplicación de las decisiones correspondientes.

INAPESCA tiene dentro de sus facultades, ya que en ellos es involucrada la actividad acuícola del país:

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas en materia de pesca y acuacultura.

Entre otros, emitir opinión de carácter técnico-científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas.

Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

Dar asesoría científico-técnica a pescadores y acuicultores que así lo soliciten para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas.

El desarrollo científico-tecnológico y de asesoría a la actividad acuícola en el país.

Por lo tanto, y solicitando que aparezca íntegro en el Diario de los Debates mi exposición, presento el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

XXI. INAPESCA. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano público descentralizado, sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Transitorios

Primero. El Presente de Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y;

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se modifica por virtud de este Decreto, se entenderán referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador José Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito. Pido a la Secretaría que se integre al Diario de los Debates de manera íntegra el documento que ha presentado el Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks:(Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solicitar al Senador López Brito, si puedo sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador López Brito, ¿Acepta que el Senador Juan Carlos Romero Hicks se sume a su iniciativa?

Solicito a la Secretaría tome nota de ello, igualmente a los Senadores Octavio Pedroza Gaitán y Ernesto Ruffo Appel.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en relación con el Poder Judicial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Que lástima que no estén los compañeros del PRI, porque quiero aprovechar esta presentación de iniciativa que presento a título personal y de manera compartida con el Senador Mario Delgado, para proponer una serie de cambios a los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial.

Recientemente hemos tenido conocimiento y es algo que, incluso, diversas organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Judicial, académicos, han venido comentando en distintos lados, incluso, aquí en el seno del Senado de la República, que es la preocupación que ha permeado en los pasillos de este cuerpo legislativo, sobre la posibilidad o sobre un supuesto acuerdo entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

Para que ahora que se renueva la Suprema Corte de Justicia y que todos sabemos que el Presidente de la República está obligado, facultado a presentar ternas que propongan nombres de hombres o mujeres para sustituir, tanto al Ministro Silva Meza como a la Ministra Sánchez Cordero, pues la preocupación que se tiene por parte de este gran conglomerado que sigue creciendo es, precisamente, que realmente exista un acuerdo de esta naturaleza.

Y no es una preocupación menor, porque se trata del máximo órgano de juzgadores de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal y del cual depende al final del día el Poder Judicial de la Federación y en el cual descansa la posibilidad de dirimir las controversias en nuestro país.

Repito, no es un tema menor, si es que este acuerdo existe entre el PRI y el PAN, de querer cada uno de estos partidos influir en el nombre de aquellas personas que sean propuestas por parte del Presidente de la República.

Por eso es un tema que a todas luces tenemos que denunciar, que a todas luces habremos de combatir, pero en este momento es indispensable de manera preventiva, toda vez que el Presidente no ha mandado esta terna, fijar una posición sobre los distintos huecos que en nuestra legislación mantiene y que si no tenemos claros en la previsión y en la identificación de esas vulnerabilidades, pues este supuesto acuerdo puede encontrar otras rutas a las que hemos conocido.

Hemos sabido que hay intención de nombrar a alguien que fue compañero nuestro en el Senado, hemos escuchado que pudiera ser un ex presidente de una de estas fuerzas políticas, pues se han escuchado muchas cosas, pero seguramente hay muchas que todavía no se escuchan y que pueden estar en proceso de construcción, sí, repito, está intención se mantiene.

Y hay huecos, compañeras y compañeros, en nuestra legislación, que si no logramos identificar y cubrir, pueden eternizar la posibilidad de que haya conflictos de intereses en torno a quienes sean nombrados como ministros o ministras de la Corte.

Y un ejemplo muy puntual, es el de que pudieran ser nombrados quienes actualmente, es decir, quienes aún hoy están en funciones como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y la pregunta que creo que debemos hacernos es: ¿Si sería válido para una Corte que sea respetada por su imparcialidad, que alguien que calificó la elección presidencial, la última, la del 2012? Que alguien que tuvo que ver con temas que fueron de amplio conocimiento social por lo escandalosos que fueron como el tema Monex, el famoso uso de las tarjetas Soriana.

Si esos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, estarían éticamente calificados para formar parte de una terna que envíe el propio Presidente que se benefició de la última sanción que dicha Sala Superior de Justicia dio.

No hay, compañeras y compañeros, un posible, un probable conflicto de interés en ello, sin duda alguna que lo hay, que mejor premio por otorgarle la última sanción jurisdiccional en beneficio al Presidente actual que llegar como ministro o como ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Este es uno de los temas más importantes para la vida de la República, compañeras y compañeros.

Si queremos pensar en que verdaderamente uno de los principales flagelos que existe en nuestro país, que es la impunidad, eso que tanto nos cuesta día con día, donde de uno de cada cien crímenes, solamente uno de cada cien delitos son castigados en este    país, ¿qué sería de la República si ahora no solamente vemos a la Suprema Corte con estos tintes o con estas intenciones de corridas partidistas, o inclusive se autoriza que alguien que ha calificado la elección presidencial, llegue a la Suprema Corte de Justicia?

Es una reflexión que al presentar esta iniciativa queremos dejar en el conocimiento público, porque hoy que estamos a unos días o semanas de que el Presidente integre estas ternas, ésta debe ser una llamada de alerta.

Ni cuotas partidistas ni cuates de quien esté encargado de esa terna, ni quienes hayan calificado la elección presidencial, ninguna magistrada o magistrado que actualmente sea componente de la Sala Superior del Tribunal Electoral puede ser parte de las ternas que presente el Presidente Enrique Peña Nieto, y ése es el contenido de esta iniciativa.

Proponemos que tampoco puedan ser incluidos Subsecretarios de Estado, tampoco el Consejero Jurídico que hemos visto siempre tan activo y tan participativo en todos los procesos de discusión con el Poder Ejecutivo; los integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República, subrayo, los Magistrados Electorales, el Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

Consideramos, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es un llamado de alerta.

La República, la división de poderes y la capacidad de que logremos confrontar la impunidad que permea en el país, tiene que ver con que pongamos el dedo en el renglón en estas intenciones, que lo que buscan es hacer que la República se siga quedando en las manos de unos cuantos.

No sé si el Senador Corral Jurado tiene algún comentario -entiendo que él se quiere sumar a esta iniciativa porque la hemos venido comentando-, la Senadora Dolores Padierna, los compañeros, toda la bancada del Partido de la Revolución Democrática incluida, y el Senador Bartlett Díaz.

Ah, perdón, el señor Presidente tiene la palabra. Disculpe usted.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Armando Ríos Piter, Senador integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de independencia del Poder Judicial, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los pilares de todo sistema jurisdiccional, estriba en la estricta observancia del Principio de Independencia del Juzgador, el cual se propugna por la ausencia de influencias externas en las decisiones y fallos de carácter jurisdiccional y la toma de deliberaciones sustentada en la justicia y la mejor protección de los Derechos. En razón de lo anterior nuestro orden constitucional establece mecanismos de control previos y posteriores al nombramiento de nuestros juzgadores, que tienen por objetivo garantizar que su autonomía sea expresión de otro principio republicano básico, el de separación de poderes. Esto deviene en una doble protección a su investidura, ya que la independencia del juez, es tanto una garantía para las partes involucradas en cualquier Litis, como una protección de las influencias o presiones que pueda tener al adoptar cualquiera de sus decisiones.

En este sentido, consideramos necesario enriquecer estos medios de control, para evitar conflictos de interés, reales o aparentes, garantizando a la vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación observe de manera estricta los principios de independencia y autonomía que deben distinguir a todo órgano jurisdiccional. Nuestro máximo órgano sólo puede salvaguardar los derechos de los mexicanos, en tanto no esté sometido a intereses inconfesables. En el pasado, nombramientos de Ministros de nuestro máximo tribunal han sido cuestionados por la sociedad, al recaer en personas claramente identificadas como representantes de un proyecto político, cuya visión del Estado se construyó desde los partidos y no desde la independencia que representan por ejemplo, el Poder Judicial o la academia.

Partiendo de la concepción de que una norma es válida en tanto sea  congruente con el mandato de la voluntad popular, podemos decir que en este caso, el fervor social despojó de legitimidad a una determinación que aunque apegada a derecho, puso de manifiesto la necesidad de establecer un nuevo esquema que vuelva a equilibrar lo legal y lo legítimo en este particular.

Paralelamente, hemos de considerar que si queremos combatir eficazmente a la corrupción, disminuir la desigualdad y poner un alto a la impunidad en el país, una de las tareas pendientes es la de fortalecer a nuestras instituciones de  procuración e impartición de justicia, y eso resulta imposible si se politiza a nuestros órganos judiciales. Llevar ternas partidizadas, para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación o repartirlas como cuotas de poderes fácticos, fractura gravemente al Poder Judicial.

Esta postura es afín a la que han manifestado públicamente integrantes de la Asociación de Jueces y Magistrados, quienes mediante una carta abierta dirigida al Presidente de la República y al Congreso de la Unión manifestaron que "es una preocupación constante en quienes encarnamos al Poder Judicial de la Federación como titulares de órganos jurisdiccionales preservar la independencia de este Poder de la Unión" y en consecuencia solicitaron que las ternas que se envíen para suplir las vacantes que dejarán el ministro Juan Silva Meza y el la ministra Olga Sánchez Cordero, estén "desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia".

La presente Iniciativa busca dar respuesta a esta inquietud social. Desde mi grupo Parlamentario hemos señalado decididamente que los más altos jueces, deben tener un perfil altamente especializado, lo que se logra mediante una trayectoria impecable ya sea en la academia o al seno del Poder Judicial, ello es menester que tengan imparcialidad e independencia en sus resoluciones y respondan al interés de la ciudadanía, no de grupos de poder.

Para abonar a este objetivo, pretendemos establecer un sistema de pesos y contrapesos, respecto a los momentos en que los magistrados electorales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumen y dejan el cargo, y medidas para garantizar su independencia y evitar conflictos de interés.

El rasgo más elemental del oficio del juez radica en su capacidad para resolver disputas sin favoritismos políticos o presiones externas. De ello depende lo que comúnmente se denomina "independencia judicial". ¿Cómo maximizar la posibilidad de que el juez no se doblegue ante los otros poderes o ante grupos de interés determinados? La única fórmula hasta ahora conocida es estableciendo determinados candados normativos con relación a los sueldos, inamovilidad y retiro de los jueces. El quid del asunto es intentar asegurar que los jueces tengan la libertad de elegir, sin sesgos políticos o económicos, la que consideren es la mejor solución jurídica posible para el caso que están resolviendo.

En el caso mexicano se ha establecido un marco constitucional que garantiza el sueldo y la inamovilidad de los ministros y magistrados electorales en forma estricta, pero, paradójicamente, las cuestiones que tienen que ver con su retiro o futuro desarrollo profesional son en extremo permisivas. Según la Constitución, el sueldo de los ministros y magistrados electorales no podrá ser disminuido durante el tiempo que dure su encargo, tampoco podrán ser removidos salvo por juicio político o proceso de desafuero. Además, en el caso de los ministros tendrán derecho a una pensión vitalicia o haber de retiro cuando terminen su encargo. Sin embargo, aún teniendo todos esos derechos que les permite contar con un blindaje frente a los intereses políticos o económicos en juego, la Constitución no los ha blindado frente a la peor de las tentaciones: utilizar el cargo como trampolín de sus aspiraciones políticas, sobre todo en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

En efecto, la Constitución permite que los ministros que se retiran puedan asumir inmediatamente a otro cargo público, salvo que se trate del de secretario de Estado, Procurador General o del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal y Gobernador. Para aspirar a alguno estos cargos, los ministros en retiro sólo tienen que esperar dos años. En el caso de los magistrados electorales no hay ninguna restricción: pueden ocupar a cualquier puesto al terminar los nueve años que dura su encargo.

El esquema de retiro de los ministros y magistrados electorales está directamente relacionado con el ejercicio cotidiano de su independencia. Si una de las principales tareas de la SCJN y el TEPJF es arbitrar conflictos entre poderes públicos y dirimir controversias entre las fuerzas políticas del país, resulta elemental garantizar que no exista conflicto de interés y que el sentido de los votos de los ministros y magistrados electorales pueda estar motivado por las aspiraciones políticas futuras que tengan algunos de sus miembros. Evidentemente cuanto más cercana está la fecha de retiro de cualquier ministro o magistrado electoral, mayor es el riego de que sus decisiones sean parciales o sesgadas. El hecho de que el marco normativo no garantice que el cargo de ministro y magistrado electoral sea el último al que se puede aspirar, vulnera los cimientos sobre los que se construye la libertad de cada uno de los máximos jueces del país para decidir asuntos de forma independiente.

Por ejemplo, un magistrado electoral tiene la encomienda de calificar la elección presidencial; al hacerlo debe evitarse que el sentido de su voto esté motivado por la expectativa de que el futuro presidente de la República lo proponga a un cargo de más alta envergadura, como lo es el de ministro de la Suprema Corte. Eso puede quitar imparcialidad a su trabajo como juzgador. Por otra parte, alguien que construido su carrera desde un partido o desde la administración pública, tiene una clara incompatibilidad con el cargo. No puede asumir funciones en un Poder en donde la independencia es el principio toral, pues en este supuesto no se podría garantizar que hagan caso omiso a las peticiones de sus correligionarios partidistas, o que deseche todo prejuicio sobre las posiciones con las cuales se les ha identificado plenamente.

Ahora bien, cuando se va a nombrar a un ministro de la Corte, se deben establecer una serie de requisitos que aseguren la independencia de quienes serán distinguidos con tan alta responsabilidad, en particular se debe evitar que sean figuras destacadas del ámbito político, pues ello hace suponer su lealtad a la administración o partido al que pertenezcan.

En equilibrio, deben establecerse también controles para el momento en que el juzgador, particularmente los Ministros de la Corte y los Magistrados Electorales, tienen que retirarse. El esquema de retiro de los ministros y magistrados electorales está directamente relacionado con el ejercicio cotidiano de su independencia, por ello no deberían poder litigar o asesorar a quien lo haga, no deberían tener un despacho jurídico o asociarse a alguno y no debería ocupar cargos públicos. Ello es la única justificación posible a su haber de retiro. Las pensiones vitalicias de los ministros deben servir para fortalecer la autonomía e independencia del máximo tribunal, de otro modo son un gasto fútil y, por su cuantía, ofensivo a la sociedad.

Cuando los magistrados electorales dejan su cargo, deben someterse a una serie de restricciones, para que no usen el poder y relaciones adquiridas para beneficios personales. Cuando el magistrado concluye su cargo, se van con una remuneración igual a la que tenían por el resto de su vida. Justifica este pago la necesidad de que no usen el poder e influencia que adquirieron como los más altos funcionarios, en beneficio de intereses privados. Que no haya cabida para el tráfico de influencias.

Estos pesos y contrapesos tienen una estrecha relación con los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión continua a los que debemos someternos todos los servidores públicos.

En este contexto, la presente iniciativa instrumenta los objetivos planteados de la siguiente forma:

1. Ampliación de las restricciones para acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Actualmente, la Constitución veda como aspirante a Ministro a quienes durante el año anterior al de su nombramiento hayan ocupado el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Proponemos ampliar este abanico tanto en el horizonte temporal, ampliándolo a cinco años, como en el de cargos incompatibles, por tanto proponemos que además de los funcionarios arriba mencionados, se incluya a los Subsecretarios de Estado, al  Consejero Jurídico del Gobierno, a los integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República, a los magistrados electorales, al Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Secretario Ejecutivo y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

Así mismo, proponemos que tampoco pueda asumir tan alto encargo quien en el mismo plazo previo haya sido dirigente de algún partido político, o candidato a algún cargo de elección popular, con excepción de los candidatos independientes.

2. Establecimiento de restricciones posteriores al retiro.

Bajo el esquema constitucional vigente, el ejercicio de la abogacía posterior al retiro se restringe por igual a los Ministros de la Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Magistrados Electorales. Este esquema es inadecuado, pues claramente se trata igual a los desiguales. Lo que resulta en un mecanismo de control adecuado para la mayoría de los juzgadores, es un periodo insuficiente en el caso de los de mayor jerarquía.

Por ello, proponemos que al momento de su retiro, los Ministros de la Suprema Corte queden impedidos de manera definitiva para litigar ante juzgados federales, impedimento que se hace extensivo a los despachos a los que pertenezcan. Además, proponemos que quienes hayan sido Ministros o Magistrados Electorales, queden impedidos de manera definitiva para ocupar alguno de los señalados en la fracción VII del artículo 95, es decir, los mismos cargos que suponían un impedimento para ser ministro.

Finalmente, establecemos un impedimento por cinco años para asumir el carácter de servidor público, señalando que llegado ese término, podrán hacerlo sólo mediante renuncia previa y definitiva a su haber de retiro. En consecuencia, señalamos que el incumplimiento de estas condiciones será sancionable con la revocación definitiva del haber por retiro y la reintegración a la hacienda pública de los ingresos recibidos desde que se actualizó el impedimento.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para proponer reformas Constitucionales, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía e independencia del Poder Judicial, en los términos siguientes:

Único. Se modifica el párrafo décimo segundo del Artículo 94; se modifican las fracciones V y VI y se agrega una fracción VII al Artículo 95; y se modifican los párrafos segundo y tercero y se agrega un párrafo cuarto recorriendo a los subsecuentes, del Artículo 101; todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 94. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro el cuál será revocado de manera definitiva, por renuncia expresa o por incumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 101de esta Constitución, en este caso la ley establecerá los mecanismos de sanción y reintegración a la hacienda pública de los ingresos recibidos desde que se actualizó el incumplimiento.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. a IV. (…)

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, Consejero Jurídico del Gobierno, servidor público integrante de la Oficina de la Presidencia de la República senador, diputado federal, magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Secretario Ejecutivo, Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos al día de su nombramiento; y

VII. No haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político, ni haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular, durante los cinco años previos al día de su nombramiento.

Artículo 101. (…)

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia quedarán impedidos de manera definitiva para actuar como patronos, abogados, representantes, apoderados, mandatarios o asesores de alguno de los anteriores en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; el mismo impedimento será observado por las personas morales  de las que sea integrante por cualquier medio o con las que tenga relación laboral. En el caso de las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, este impedimento se observará durante los dos años posteriores a la fecha de su retiro.

Las personas que se hayan desempeñado como Ministros o Magistrados Electorales, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, quedarán impedidos de manera definitiva para ocupar alguno de los señalados en la fracción VII del artículo 95.Tampocopodrán asumir el carácter de servidor público dentro de los cinco años posteriores a la fecha de su retiro, transcurrido ese término, podrán hacerlo sólo mediante renuncia previa y definitiva al haber de retiro, cuando gozaren de éste.

(…)

(…)

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter. Tome la Secretaría nota de las y los Senadores que han expresado su voluntad de adherirse a la iniciativa que ha presentado el Senador Armando Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle…

Ah, para adherirse a la iniciativa, se toma nota.

Ha concluido su tiempo, señor Senador. De hecho su iniciativa ya ha sido turnada.

Se toma nota del Senador Romero Hicks y de todos aquellos Senadores que deseen adherirse a esta iniciativa.

Muchas gracias, señor Senador.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por el Senador Jesús Casillas Romero. ¡Bienvenidos al Senado de la República!

También da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana del Distrito Federal, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Colegio del Bosque, invitados por esta Presidencia y encabezados por la licenciada Silvia Rodríguez.

Todos ellos asisten el día de hoy a presenciar nuestros debates. ¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Lilia Guadalupe Merodio Reza)

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Si bien es cierto, hemos venido trabajando para hacer real este derecho constitucional consagrado en el artículo 4o., en donde se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ahora la propuesta que les venimos a hacer en esta iniciativa, es que de acuerdo al padrón epidemiológico de nuestro país, de México, la población está envejeciendo, pero no tan solo ello, sino que también la configuración de las familias si bien es cierto, sigue siendo nuclear, sean hijos o no, asimismo las que constituyen las familias mexicanas de nuestro país, constituyen un 20 por ciento y un 60 por ciento más de las familias nucleares, hay un 10 por ciento de la población que vive sola por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares.

Tan es así que hoy una de las políticas y sobre todo, las acciones de gobierno, de los programas en soluciones de vivienda que están beneficiando a este tipo de población, son una realidad.

Me refiero a los jóvenes estudiantes. Es una iniciativa que también presentamos aquí, y sin embargo ya es una realidad que hoy es real el acceso que tienen a crédito para la vivienda los jóvenes estudiantes también.

Es una realidad que las mujeres jefas de familias que en muchas de las ocasiones solamente tienen uno o dos hijos, también tienen acceso a este crédito de vivienda.

Ya también hay desarrollos que están a disposición de adultos mayores y que en muchas de las ocasiones solamente requieren de una habitación para vivir, para tener y llevar a cabo sus actividades, sin hacinamiento y por supuesto teniendo este derecho a contar con un crédito para su bienestar.

Hemos venido trabajando, y fue aprobado en este Senado, en que una de las iniciativas para abatir el hacinamiento, era procurar que la vivienda financiada por los organismos públicos, contara por lo menos con dos recámaras.

Hoy la propuesta que vengo a someter a su consideración, es que efectivamente trabajemos y evitemos el hacinamiento sin menoscabo de los derechos de los adultos mayores y de las familias nucleares donde solamente vive la esposa y el esposo, o bien como estén constituidos, y que solamente viven dos en esa casa, y que también puedan ser consideradas las casas habitación de una o más recámaras.
De tal manera que la propuesta que sometemos a su consideración, es reformar las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Estamos definiendo lo que es espacio habitable y se refiere al lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia, comedor -que es la propuesta también que sometemos a su consideración- y el número de recámaras necesarias para evitar el hacinamiento, de conformidad con las características y condiciones mínimas que establecen las leyes y las normas oficiales mexicanas.

Asimismo una fracción V, a espacios auxiliares, y se refiere al lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de higiene y de circulación.

Con esta modificación estaremos preparándonos a la realidad del Estado mexicano, de la nueva Constitución y configuración de las familias mexicanas. Podemos abarcar también a la población que viene, que está envejeciendo, y que hoy tendría la necesidad de buscar un espacio adecuado y que fuera suficiente para el desempeño de sus actividades.

Por su atención y posteriormente, por someter a su consideración y esta modificación de ley, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

De acuerdo con el reporte 117, acerca del salario mínimo en México del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el poder adquisitivo ha tenido una merma de alrededor de 78.66 por ciento; esto es, de 1987 al 2014, el precio de la canasta básica alimentaria recomendable, ha registrado un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras el salario creció 940 por ciento.

Lo que significa, que los alimentos han aumentado en proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

En otras palabras, esto significa que los aumentos al salario se dan a cuentagotas y los productos básicos para la alimentación de la clase trabajadora, suben como la espuma.

Esto se traduce en la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos a los alimentos, descuidando otros factores como la salud, vivienda o la recreación.

En el mismo estudio, se señala que en los últimos cuatro meses del 2014, el precio de la canasta alimentaria recomendable se incrementó 4.1 por ciento, pues en este año pasó de costar 184.96 pesos en abril, a un costo de 192.52 pesos en el mes de agosto.

Este ritmo de cambio de precios derivó en que el aumento al salario mínimo de este año fuera rebasado por la inflación en los primeros cuatro meses del 2014, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica del poder adquisitivo, tan sólo en lo que va de la presente administración federal, el precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó 20.66 pesos, pasando de 171.86 a 192.52, mientras que el salario mínimo sólo aumentó 2.52 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo de 7.24 por ciento en menos de dos años.

Por lo tanto, del mismo reporte se obtiene que para que un trabajador y su familia puedan comprar diariamente dicha canasta, deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos, es decir, lo equivalente a casi 3 salarios mínimos actuales.

Si a esto le agregamos la manipulación mediática y la desorientación de las compras por parte de las grandes cadenas comerciales de los supermercados, el escenario para el trabajador es aún peor, ya que de acuerdo con el reporte 120, del mismo centro de investigación, si una trabajadora o trabajador compra la canasta básica alimentaria recomendable en una cadena de autoservicio, paga al día 29.80 pesos más de lo que cuesta en un tianguis, lo que se traduce en un sobreprecio de 893.94 pesos al mes.

Frente a la pérdida del poder adquisitivo, que tal como ha sido señalado no es nuevo, pero cada día afecta más a la clase trabajadora, se han establecido previsiones sociales, éstas que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familias o beneficiarios, tienen por objeto satisfacer económicamente sus necesidades y mejorar los bajos salarios y así mantener un nivel de vida económico, social, cultural, integral, siendo una forma de compensar el salario y, a su vez, un incentivo para el trabajador.

Dentro del grupo de estas prestaciones sociales se encuentra el pago del aguinaldo, el cual es una cantidad anual pagada en dinero y regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, ésta se determina a partir del salario del trabajador que, de acuerdo al artículo mencionado, es un pago de por lo menos 15 días de salario, el que deberá cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año y para aquellos que no hayan cumplido el año de servicio, tiene derecho a exigir el pago proporcional del mismo.

Aunque los antecedentes históricos del aguinaldo pueden remontarse cientos de años atrás, en México este derecho laboral surge en la década de 1970, cuando se incorpora la legislación laboral federal, como una prestación que complemente el salario de los trabajadores.

En la actualidad, todos ellos tienen derecho a dicha prestación, siempre que efectivamente exista una relación laboral, independientemente del acto al que dé origen esta relación.

En este sentido, la misma ley entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal, subordinado, a una persona mediante el pago de un salario.

El monto mínimo del aguinaldo consiste en el pago, por lo menos de 15 días de salario, sin perjuicio de que de manera individual o colectiva, las partes de la relación laboral tengan pactada una suma superior a la prevista en la normativa laboral.

Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, señala en su artículo 42 Bis, que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el que deberá pagarse un 50 por ciento antes del 15 de diciembre, y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario cuando menos, sin deducción alguna, y el Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes, para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos, en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Esto significa que existe una desproporción y desigualdad entre los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores que laboran para un patrón independiente que no sea un ente estatal, ya que sólo por no estar en la nómina de alguna dependencia gubernamental se le otorga un aguinaldo diferente al establecer, como derecho, únicamente 15 días de su salario.

En este sentido, el aguinaldo se encuentra regulado en otros países como una prestación de los trabajadores, sin embargo, éste es superior al otorgado a los trabajadores en México, en distintos países de América Latina, por ejemplo, en Argentina se le conoce con el nombre de sueldo anual complementario, y se otorga el pago de 30 días de salario; en Costa Rica, el aguinaldo debe de pagarse antes del día 20 de diciembre y se calcula sumando todos los salarios recibidos desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año corriente, y el resultado se divide entre 12, tomando como base 30 días de salario, o bien en los casos como el de Uruguay, Perú, Panamá o Brasil, quienes tienen una legislación similar, considerando el pago de por lo menos 30 días de salario como compensación de fin de año, sólo por mencionar algunos países de Latinoamérica.

Como puede observarse, en estos países de América Latina, cuyas economías son equiparables con la de México, el aguinaldo es de 30 días de salario, muy por encima de lo que reciben los trabajadores mexicanos que tienen el mismo derecho.

Asimismo, es importante subrayar que la clase patronal también ha sufrido las consecuencias del aumento de precios y costos, y sobre todo en el pago de impuestos, por lo que es entendible que un aumento en los días de pago de aguinaldo para los trabajadores puede generar un costo más para el sector empresarial. Sin embargo, es importante reconocer que en más de 4 décadas los trabajadores no han tenido un aumento real significativo, tanto en su salario como en el número de días necesarios para el pago de aguinaldo a fin de que ellos reciban un mayor ingreso por este concepto.

En este sentido y bajo la premisa de la pérdida del poder adquisitivo del salario, el alza de los precios y el estancamiento del mercado interno y de los derechos laborales de la clase trabajadora surge la necesidad de modificar el monto que sirva de base para el otorgamiento del aguinaldo, ya que además de ser un derecho laboral, es un acto de justicia social para la clase trabajadora de nuestro país.

Por ello, es que el objeto de la presente iniciativa es modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el pago mínimo de aguinaldo en 25 días de salario, con esto se pretende fortalecer el salario de los trabajadores, cerrar la brecha de desigualdad entre la percepción de los trabajadores al servicio del Estado y la demás clase trabajadora; equiparar el pago de esta prestación con otros países de América Latina; fomentar el consumo en el mercado interno al dotar de una mayor capacidad de pago en el mes de diciembre de cada año y renovar en parte los derechos laborales de millones de trabajadores en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador Monreal Ávila, me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría tome nota de las distintas solicitudes de adhesión a la iniciativa del Senador David Monreal Ávila.






Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 237 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los estupefacientes y psicotrópicos son sustancias que poseen acción directa sobre el sistema nervioso central de las personas, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, por lo que son capaces de modificar de manera sustancial las actitudes mentales, morales y físicas de las personas que las consumen, por lo que su uso inadecuado genera daños irreversibles a la salud individual, pública y social, ambos son estrictamente fiscalizados y controlados por el Estado de acuerdo a las leyes nacionales. En el caso de nuestro país, principalmente por la Ley General de Salud.

Esto obedece a los graves riesgos que el uso de las drogas genera, en mérito de los cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento de las personas con un alto potencial de producir conducta abusiva y dependencia. Además, como ya se dijo, daños irreversibles a la salud, incluso la muerte.

Por ello, existen algunos estupefacientes respecto de los cuales prácticamente todo lo relacionado con ellos está prohibido por la ley, en virtud de que su utilización no tiene una finalidad médicamente sustentable y se consideran de nulo valor terapéutico, como lo son las señaladas en el artículo 237 de la Ley General de Salud, entre ellas la cannabis, prohibición sin posibilidad de excepción, esto a colación de un caso muy difundido recientemente que llamó poderosamente la atención de la opinión pública, me refiero al caso de la pequeña de ocho años de edad, Graciela Elizalde Benavides, nacida en Monterrey, Nuevo León, hija del señor Raúl Elizalde y de la señora Mayela Benavides, que padece una forma grave de epilepsia que le causa constantemente convulsiones y espasmos difíciles de controlar, hasta 400 episodios por día, además de provocarle atraso en su desarrollo y con ella una muy triste y baja calidad de vida.

A través de los medios de comunicación y redes sociales, en breve síntesis, se sabe que la pequeña ha sido sometida a infinidad de tratamientos sin resultados positivos, aún, al haber agotado todos los tratamientos médicos conocidos, sus padres no cesaron en la búsqueda de alternativas, identificando una posibilidad en un fármaco elaborado con cannabidiol, un aceite derivado de la planta cannabis, sativa o marihuana, que no tiene efectos psicoactivos y puede contribuir a paliar los efectos de los espasmos que sufre, esto después de saber de un caso en una niña en el estado de Colorado, en Estados Unidos, de nombre Charlotte, que logró reducir sus fuertes convulsiones después de haber sido tratada con el aceite de cannabidiol.

No obstante, al ser un derivado de la cannabis, como ya se dijo, se trata de una sustancia prohibida en nuestro país y que los padres de la pequeña Graciela evidentemente se encontraron con el impedimento legal para importar el medicamento, intentaron lograr un caso de excepción a la prohibición, sin resultado, hasta que la puerta se abrió en base a una suspensión provisional otorgada en un juicio de amparo.

La resolución ordenó a las autoridades permitir que los padres de Graciela importen al país medicamentos elaborados con base en la sustancia CVD, no sin imponer estrictas condiciones entre las que se encuentran el informe de un especialista en el Síndrome de Lennox-Gastaut, que admita la posibilidad de mejora con el cannabidiol; un consentimiento firmado por los padres en el que un médico detalle los riesgos del tratamiento; contar con un centro hospitalario donde se atenderá a la niña en caso de restricciones negativas; probar que el medicamento se obtuvo legalmente en el país de manufactura.
Fue a partir de este suceso que el caso de Graciela llamó poderosamente la atención y se dio a conocer de manera impresionante, como el de la primera pequeña en México que sería tratada de un derivado del cannabis mediante la autorización de un juez de distrito.

Esto incrementó más la intención del debate sobre la legalización de la marihuana, tema respecto al cual cabe decir, aún falta mucha más investigación y desde luego, un más amplio debate.

Sin embargo, considero que existe una solución legislativa mucho más práctica y ágil, de dilucidar si la marihuana tiene o no bondades, un asunto como éste que no requiere debatir sobre la marihuana para ser solucionable, legislativamente hablando. Esto mediante la posibilidad de prever casos de excepción como una forma de lograr un equilibrio en los asuntos que especial, extraordinaria y particularmente lo ameriten, como es el caso al que me he referido.

Por ello, he de dejar muy claro que no se propone un estudio sobre las propiedades o beneficios de la marihuana, sólo el de prever casos de excepción estrictamente médicos, procurando un equilibrio entre el control de las sustancias reconocidas como peligrosas para la salud y el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la salud y a una calidad de vida digna y sin dolor. Por ello, al tenor de la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud.

Artículo 237. De manera extraordinaria y sólo para fines estrictamente médicos, la Secretaría de Salud podrá autorizar casos de excepción cuando exista evidencia que permita concluir, en caso concreto, que alguna de las sustancias a que se refiere este artículo podrá aportar beneficios terapéuticos, no “conseguibles” mediante otros elementos, la excepción se sujetará a las condiciones y lineamientos que dicte la Secretaría de Salud, es decir, darle facultades a la Secretaría de Salud para que en casos estrictamente extraordinarios, como ya sucedió con Graciela, que los padres tuvieron que recurrir a una instancia judicial a efecto de conseguir una suspensión y con ello lograr la importación de estos productos no se tenga que seguir este tortuoso procedimiento, sino que sea la propia Secretaría de Salud, siguiendo los lineamientos que siguió precisamente este juez de distrito el que pueda autorizar, para casos extraordinarios, como ya se dijo, la venta y el suministro de sustancias que no están reconocidas actualmente por la ley.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los estupefacientes y los psicotrópicos son sustancias que poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso Central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, por lo que son capaces de modificar de manera sustancial las actitudes mentales, morales y físicas de las personas que las consumen, por lo que su uso inadecuado genera daños irreversibles a la salud individual, pública y social.
Ambos son estrictamente fiscalizados y controlados por el Estado de acuerdo a las leyes nacionales, en el caso de nuestro país, principalmente por la Ley General de Salud, reservando su uso como legal, al estrictamente relacionado con fines médicos o científicos.

Esto obedece a los graves riesgos que el uso fuera de prescripción médica puede generar este tipo de drogas, en mérito de los cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento de las personas, con un alto potencial de producir conducta abusiva y dependencia, además como ya se dijo, daños irreversibles en la salud incluso, la muerte.

Los estupefacientes y psicotrópicos se encuentran listados en la invocada Ley General de Salud, en sus artículos 234 y 245, sin menoscabo de aquellas más que determine específicamente el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud.

Mas no todas estas sustancias tienen un uso o aprovechamiento médico o terapéutico, pues existen algunos respecto de los cuales, prácticamente todo lo relacionado con ellos está prohibido por la ley en virtud de que su utilización no tiene una finalidad médicamente sustentable y se consideran de nulo valor terapéutico, como lo son las señaladas en el artículo 237 de la Ley General de Salud.

“Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.”

(Los actos a que se refiere el artículo 235 son: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga)

Sin embargo no todo es absoluto en esta vida. Y lo menciono en alusión a un caso muy difundido recientemente y que llamó poderosamente la atención de la opinión pública.

Me refiero al caso de la pequeña de 8 años de edad, Graciela Elizalde Benavides, nacida en Monterrey, hija del señor Raúl Elizalde y la señora Mayela Benavides, que padece una forma grave de epilepsia que le causa constantemente convulsiones y espasmos difíciles de controlar (hasta 400 episodios en un día), además de provocarle atraso en su desarrollo, con ello, una muy triste y baja calidad de vida. Se informa que se trata del Síndrome de Lennox-Gastaut.

A través de medios de comunicación y redes sociales, en breve síntesis se sabe que la pequeña ha sido sometida a infinidad de tratamientos sin resultados positivos. Entre ellos, fue sometida a una ciruja en la que se le cortaron tres cuartos de cuerpo calloso del cerebro con el objetivo de controlar sus crisis, sin embargo, no mejoró y la intensidad de sus convulsiones aumentó.

Aún al haber agotado todos los tratamientos médicos conocidos, sus padres no cesaron en la búsqueda de alternativas, identificando una posibilidad en un fármaco elaborado con cannabidiol (CBD), un aceite derivado de la planta cannabis sativa o marihuana, que no tiene efectos psicoactivos y puede contribuir a paliar los efectos de los espasmo que sufre. Esto después de saber del caso de una niña en el estado de Colorado, Estados Unidos de América, de nombre Charlotte Figi, que logró reducir sus fuertes convulsiones después de ser tratada con aceite de CBD.

Los Elizalde no esperan una recuperación milagrosa de parte de Grace. Sin embargo, hay esperanza de que el CBD pudiera disminuir o eliminar las convulsiones, permitiendo que la niña progrese en su terapia.
No obstante, al ser un derivado decannabis, que como ya se dijo, se trata de una sustancia prohíbida en nuestro país, los padres de Graciela o Grace, como cariñosamente le llaman, evidentemente se encontraron con el impedimento legal para importar el medicamento. Intentaron lograr un caso de excepción a la prohibición sin resultado, hasta que la puerta se abrió en base a una suspensión provisional otorgada en juicio de amparo.

La resolución ordenó a las autoridades permitir que los padres de Grace importen al país medicamentos elaborados con base en la sustancia CBD, no sin imponer estrictas condiciones, entre las que se encuentran:

• El informe de un especialista en Lennox-Gastaut que admita la posibilidad de mejora con el cannabidiol.

• Un consentimiento, firmado por los padres, en el que un médico detalle los riesgos del tratamiento.

• Contar con un centro hospitalario donde se atenderá a la niña en caso de reacciones negativas.

• Probar que el medicamento se obtuvo legalmente en el país de manufactura.

Fue a partir de este suceso que el caso de Grace llamó poderosamente la atención y se dio a conocer de manera impresionante como el de la primer pequeña en México que sería tratada por un derivado de la cannabis mediante la autorización de un juez de distrito.

Esto incrementó más la intención del debate sobre la “legalización de la marihuana”, tema respecto al cual cabe decir, aún falta mayor investigación médica.

Sin embargo, considero que existe una solución legislativa mucho más práctica y ágil que dilucidar las bondades o no de sustancias como la marihuana.

Esto es, que si bien es cierto que el artículo 237 de la Ley General de Salud prohíbe todos los actos mencionados en el diverso 235, también es cierto que la posibilidad de prever casos de excepción es una forma de lograr un equilibrio en una determinación absoluta, restándole la condición de “inamovible” para asuntos que particularmente lo ameriten, como es el caso al que me he referido.

En concreto, me refiero a incorporar en el texto del artículo 237 de la Ley General de Salud, la posibilidad de establecer situaciones de excepción a la norma, a efecto de que la misma no sea tan fija o estoica, de manera que circunstancias extraordinarias puedan conceder casos de tratamiento diferenciado.

Evidentemente no se propone un estudio sobre las propiedades ni beneficios de la marihuana, ni de dilucidar si es más benéfica o más dañina, ni de su legalización o no, sólo el de prever casos de excepción estrictamente médicos, procurando un equilibrio entre el control de sustancias reconocidas como peligrosas para la salud y el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la salud y a una calidad de vida digna y sin dolor.

Por ello, la posibilidad de excepción se sugiere para casos extraordinarios o poco usuales, con fines estrictamente médicos, sujeto a beneficios terapéuticos no conseguibles mediante otros elementos o tratamientos y evidentemente condicionado a los lineamientos que dicte para un caso en concreto la Secretaría de Salud.

Así, por las razones dadas es que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

De manera extraordinaria y sólo para fines estrictamente médicos, la Secretaría de Salud podrá autorizar casos de excepción cuando exista evidencia que permita concluir en caso concreto, que alguna de las sustancias a que se refiere este artículo pueda aportar beneficios terapéuticos no conseguibles mediante otros elementos. La excepción se sujetará a las condiciones y lineamientos que dicte la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tóme nota la Secretaría de las solicitudes de adhesión a la iniciativa que ha presentado el Senador Jesús Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo, ¿para los mismos propósitos?

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa del Senador Casillas Romero.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota, Senador Delgado Carrillo.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes por Guerrero, del ITAM, la UAM, la UNAM y del IPN, que han sido invitados por el Senador Sofío Ramírez Hernández, para presenciar los debates de esta sesión.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Se concede el uso de la palabra al Senador José Rosas Aispuro Torres, para presentar, a nombre propio y del Senador Luis Armando Melgar Bravo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Incrementar la Competitividad Internacional de México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE MÉXICO

(Presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del Senador Luis Armando Melgar Bravo)

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del Senador Luis Armando Melgar Bravo y de un servidor, presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Incrementar la Competitividad Internacional de México.

El objetivo de esta iniciativa es establecer las bases para generar las condiciones que contribuyan a incrementar la competitividad internacional de nuestro país en materia de exportaciones, atracción de inversión extranjera, y la internacionalización de las empresas mexicanas para fomentar el crecimiento económico y el empleo en el país.

Por ello proponemos las siguientes acciones dentro de esta iniciativa:

1.- Crear una figura para la defensa de los inversionistas extranjeros y de los exportadores, encargada de garantizar los derechos de los involucrados en los procesos de exportación e inversión.

Se busca establecer dentro de la estructura orgánica de ProMéxico un área responsable de garantizar el derecho de los involucrados en los procesos de exportación e inversión extranjera que se realice en territorio nacional, con funciones equiparables a las de los Ombudsman existente a nivel internacional, pero con un enfoque de negocios concentrado en exportaciones e inversionistas.

2.- Crea el Consejo para la Promoción Internacional de México. En la actualidad México cuenta con una estructura institucional que realiza importantes esfuerzos de promoción a nivel global, a través de diferentes instituciones, como lo son ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística de México, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA.

Los esfuerzos nacionales e internacionales de promoción del país, requieren de la coordinación eficiente entre los distintos actores que realizan distintos órdenes de gobierno que ejecutan y laboran campañas de promoción, de producción y servicios mexicanos, así como la atracción de visitantes extranjeros al país, los cuales deben ser alineados bajo una misma estrategia que busque fines comunes.

Por lo tanto, dicho consejo estará encargado de diseñar y coordinar estrategias de promoción en el extranjero en materia de exportaciones, internacionalización de empresas mexicanas, atracción de inversión extranjera y turismo internacional.

3.- Crear un fondo para la atracción de inversión extranjera directa, la promoción de las exportaciones y la internacionalización de las empresas mexicanas. Se busca tener, pues, la capacidad de otorgar apoyos a proyectos que impulsen la inversión extranjera, fortaleciendo las exportaciones y contribuyendo a la internacionalización de las empresas mexicanas.

4.- Instaurar instrumentos de soporte para la internacionalización de las empresas mexicanas. Es importante contextualizar a la internacionalización como la incursión de una compañía en mercados geográficos externos, a su localización original con el fin de realizar actividades en materia de negocios internacionales, debe ser entendida ésta como una de las formas de crecimiento y desarrollo empresarial de las compañías mexicanas, basadas en la diversificación geográfica.

5.- Crear un mecanismo para el desarrollo de cadenas productivas orientadas a la exportación. Este mecanismo podría incluir la creación de un foro para desarrollar cadenas productivas orientadas a la exportación en el que concurran las dependencias del gobierno federal que cuenten con instrumentos de fomento al desarrollo de las PyMES, así como las instituciones financieras que puedan apoyar el desarrollo de estas cadenas productivas.

6.- Institucionalizar el Consejo Consultivo para la Competitividad, su objetivo sería fortalecer la cooperación permanente entre el sector empresarial y académico con el gobierno federal con el impulso de las políticas públicas que incidan positivamente en la productividad de nuestra economía y la competitividad del país.

7.- Crear un sistema para la identificación continua de oportunidades de negocios internacionales en sectores estratégicos. El objetivo sería identificar aquellos sectores y subsectores en donde la competitividad del país se vuelve clave para los inversionistas internacionales, asimismo, para entender mejor los impulsores y las barreras para la inversión extranjera directa en nuestro país, se necesita una guía que ayude a priorizar las políticas de desarrollo y los esfuerzos de promoción sectorial.

8.- Diseñar e implementar proyectos que sirvan como base para la creación de polos de competitividad. El objetivo de esto sería desarrollar sectores basados en una estrategia integral sustentable e innovadora y participar en su desarrollo e implementación con la finalidad de crear centros productivos de clase mundial.

La creación de estos polos debe de tener sustento en la competitividad y en la capacidad que tienen las regiones para atraer y retener inversión y talento.

9.- Promover la formación y certificación en comercio exterior e inversión extranjera. Proveer de capacidades para formar y acreditar internacionalmente a ejecutivos sobre las mejores prácticas de promoción de negocios internacionales e impulso de la competitividad, la misión sería el desarrollo, producción y difusión de los medios de capacitación y acreditación nacional e internacional sobre modelos y mejores prácticas de promoción a nivel global para egresados universitarios.

Asimismo se contempla la capacitación, actualización y especialización de ejecutivos y especialistas de empresas y de personal de entidades e instituciones tanto gubernamentales como del sector privado.

El objetivo de esta iniciativa es hacer más competitivo a nuestro país, generar las condiciones para que a través de la inversión podamos abrir más espacios a los jóvenes y mujeres en nuestro país, para que los jóvenes egresados de las instituciones de educación superior tengan la oportunidad de poder encontrar un trabajo acorde a la preparación que ellos tuvieron.

Por eso en este proyecto lo que se busca es ubicar, de acuerdo a las regiones de nuestro país, cuáles son las vocaciones más competitivas que puede tener y en base a esas vocaciones productivas podamos, efectivamente, ver cómo elevamos y eficientamos la competitividad económica, este es el objetivo de este proyecto, por lo tanto les pido, compañeras y compañeros Senadores, que una vez que este proyecto sea integrado a las comisiones respectivas, podamos contar con el apoyo de todas y de todos ustedes.

Este es el sentido de la propuesta que hacemos los Senadores Luis Antonio Melgar Bravo y un servidor, para buscar que a México le vaya mejor con base a esa competitividad, que es una cuestión fundamental para el desarrollo, hoy de nuestros pueblos.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, solo para preguntarle al Senador José Rosas Aispuro, ¿si admite la adhesión del grupo parlamentario del PRD, a la iniciativa?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Aispuro Torres, le consulto si acepta usted la adhesión del grupo parlamentario del PRD.

EL Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto, señor Presidente.

Gracias al Senador Miguel Barbosa Huerta y a todas las Senadoras y Senadores.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Irízar López, ¿para los mismos propósitos?

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irizar.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Para el mismo propósito, señor Presidente, reconociendo el interés y la importancia de esta iniciativa, solicitarle a los ponentes la posibilidad de adherirme porque considero que los Senadores de la República debemos dar un paso adelante en esta propuesta.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi, ¿es para los mismos propósitos?

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Indudablemente es un tema de interés nacional, y creo que los Senadores debemos de estar solidarios con esta iniciativa, que me haga el favor de permitirme sumarme.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadores Gerardo Sánchez García y Marcela Guerra Castillo, ¿en los mismos propósitos?

¿Lo autoriza, Senador Aispuro Torres?

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota de todas las solicitudes formuladas de adhesión a la iniciativa del Senador Rosas Aispuro.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto.

Gracias por la adhesión a este proyecto, que estoy seguro que será para bien de todas y de todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a usted, Senador Aispuro Torres. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En abril de 2014, al presentar el paquete de iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el gobierno federal fue enfático al señalar que un elemento esencial de su propuesta era dotar a PEMEX de un nuevo régimen fiscal.

Es decir, la visión era clara, para que PEMEX crezca, dijo el gobierno, se modernice y desarrolle su verdadero potencial como empresa del Estado. La relación entre PEMEX y el Fisco debe cambiar.

“No puede haber una reforma energética exitosa, sin un nuevo régimen fiscal para PEMEX”, dijo el Secretario de Hacienda. Esta fue la narrativa oficial con la que se acompañó la publicidad la reforma energética.

Entonces, nosotros estamos presentando esta iniciativa que modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de PEMEX y de la CFE, para que se respete ese principio anunciado por las autoridades, que PEMEX y la CFE tengan un nuevo régimen fiscal que les permita desarrollar todo su potencial, ya que tal como quedó en las reformas o las leyes secundarias aprobadas, los regímenes fiscales se resumen en tres grandes ejes:

1.- Se mantiene casi igual el régimen de derechos que se aplica a las exiguas asignaciones que se otorgaron a PEMEX.

Y hay que recordar que este régimen de derechos es prácticamente el mismo que tenía antes de las reformas, nada más que cambiaron los nombres de los derechos.

Que además PEMEX solicitó sus mejores yacimientos, pero le dieron los que no pidió. Es por esa razón que no han querido poner en el portal de transparencia y quedó resguardada la información de la solicitud de PEMEX de los yacimientos y campos petroleros que pidió en Ronda Cero.

Para colmo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en dos ocasiones ha autorizado que se oculte la información a la ciudadanía sobre cuáles son los yacimientos y campos petroleros que solicitó PEMEX.

2.- Otro eje, se establece que a partir de 2015 PEMEX deberá tributar Impuestos Sobre la Renta, como las demás empresas, y se establece una nueva carga fiscal consistente en un pago de dividendo estatal calculado en 30 por ciento para 2015, aunque el Congreso de la Unión debería de tener la última palabra.

Queda claro que el Ejecutivo Federal y quienes aprobaron esta reforma mintieron, que su verdadera intención sobre el régimen fiscal de PEMEX es, no sólo mantener la carga fiscal depredadora que ha venido matando a la empresa, sino que le adiciona nuevas cargas fiscales, y con ello condenan a PEMEX a desaparecer y sea desplazada por las petroleras privadas.

Con este régimen fiscal confiscatorio, consagrado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se forzó a PEMEX a competir con una condición en completa desigualdad frente a sus pares, en una competencia a todas luces injusta.

3.- El régimen que se aplica a los activos de exportación y producción que retuvo PEMEX, después de la Ronda Cero, consiste en cobrar a la petrolera estatal derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos, derecho de utilidad compartida, derechos y aprovechamientos para administración y supervisión, impuesto por la actividad de exportación de extracción de hidrocarburos, Impuestos Sobre la Renta, y un dividendo calculado en 30 por ciento, esto rebasa el 100 por ciento de sus utilidades.

Los derechos, además, se pagan al Fondo Mexicano del Petróleo y los impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

PEMEX debe cumplir con las obligaciones fiscales de forma separada. Por un lado, las que se generan con motivo de las asignaciones; y por el otro lado, donde migre a contratos, y la contabilidad debe de ser separada por tipo de región e ingreso.

La errónea política actual de producción y desarrollo. Esta visión extractivista de las autoridades, bajo la cual consideran al petróleo como una simple materia prima de exportación y no como una materia prima para la transformación y poder exportar valor agregado, además de la producción de energéticos, que primero pueda satisfacer la demanda interna, ha generado que en el mercado interno se privilegie más las importaciones de petrolíferos y petroquímicos, ocasionando con ello una balanza petrolera deficitaria por primera vez desde hace 76 años, en este año 2015.

Los resultados financieros de PEMEX, según el reporte preliminar de 2015, son desastrosos, la pérdida neta fue de casi 200 mil millones de pesos, más del doble que en el mismo periodo de 2014.

Los ingresos totales cayeron en menos 30.4 por ciento; los costos y gastos de operación cayeron, sólo en menos 7.5, cuando el compromiso del gobierno era disminuir aún más los costos de operación.

Llama la atención, que ante la caída de los volúmenes de operación, es decir, producción y ventas, los gastos de operación se haya incrementando en 10.3 por ciento.

Asimismo, los gastos de distribución, transportación y ventas aumentaron 15.7 por ciento, y los de administración 7.2 por ciento.

Las cifras oficiales muestran que la situación de la empresa es sumamente preocupante. Las causas de su pésima situación no sólo son atribuibles a las condiciones adversas del mercado o a la caída de los precios del petróleo, sino también a un régimen fiscal depredatorio y a políticas de producción y desarrollo equivocadas.

La reforma energética, lejos de fortalecer a la petrolera del Estado, la ha debilitado aún más de lo que ya estaba. Bajo estas condiciones es imposible que se pueda competir en un mercado abierto y cada vez se fortalece más la posibilidad de su extinción.

Aunado a esta situación financiera y fiscal, PEMEX, el 19 de agosto anunció que la Secretaría de Hacienda contrató coberturas petroleras que garantizan un precio de 49 dólares por barril para el presupuesto 2016, cifra inferior en 36 por ciento a los 76.4 dólares que contrató para 2015, con un costo para este año de 40 por ciento mayor de lo contratado para el año pasado; y ahora en el paquete económico que se nos ha presentado para 2016, no viene el rubro que está calculado por la iniciativa privada en más de 100 mil millones de pesos en coberturas petroleras, no viene informado en ninguna parte del documento.

Sin embargo, PEMEX, además, se queda afuera del privilegio de las coberturas, las coberturas petroleras sólo servirán para asegurar los ingresos del gobierno federal. En fin, es mucho lo que hay que decir, nuestra iniciativa está cambiando el régimen de las asignaciones para hacer más eficiente a la empresa.

Nosotros proponemos eliminar la inequidad y la discriminación hacia PEMEX: que sean eliminadas las asimetrías entre asignaciones y contratos; que haya piso parejo para todos los operadores públicos o privados; que el régimen fiscal de las asignaciones sea similar al que se aplica a los contratos; establecer el valor de los hidrocarburos en cada asignación tal como se hace con los contratos, el esquema regionalizado que se utiliza actualmente implica subsidios cruzados, se explotan yacimientos que no son rentables con el nivel de precios actuales únicamente para obtener producción y cumplir con metas de volumen, pero que no benefician necesariamente ni al país ni a la empresa; establecer que al definirse los mecanismos de determinación de precios de los hidrocarburos, de las asignaciones, deberán ser equivalentes a los precios establecidos para los privados en condiciones similares; que el régimen fiscal de PEMEX cumpla con la visión comprometida con el gobierno en la reforma energética, en su publicidad; que permita crecer a la empresa, modernizarla, desarrollarla con su verdadero potencial; que se elimine en definitiva el dividendo adicional al régimen fiscal de PEMEX y de la CFE que se estableció en la Ley de PEMEX y en la Ley de CFE.

Con todo esto, no se debería de aplicar, si ustedes lo aprobaran, este dividendo para el 2016, y poder hacer un régimen fiscal más blando para las empresas que les permitan ser más competitivas.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al desahogo de dictámenes con punto de Acuerdo, emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con los dictámenes:






Tenemos un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a emitir una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”.

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL,

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de lotería, ambos conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”.

Con fundamento en las facultades que confiere el artículo 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de Acuerdo en comento, esta Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Defensa, encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPUESTA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la propuesta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de fecha 25 de marzo de 2015, los Senadores Teófilo Torres Corzo y Miguel Romo Medina, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de lotería, ambos conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”.

En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los proponentes refieren que durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo el territorio nacional, sin embargo, por su complejidad y alcance, solo algunos han sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano”, actualmente municipio de Ébano en el estado de San Luis Potosí; dicha batalla tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915 y fue protagonizada por las dos principales fuerzas revolucionarias: Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza de los Constitucionalistas.

En este sentido, señalan que su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrollaron estos enfrentamientos, era considerado un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como para tener el control del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera más importante del país y fuente inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de México, bastión fundamental de las fuerzas en conflicto.

Por otra parte, mencionan que el municipio de Ébano, a principios del siglo XX, formó parte de la Hacienda “El Tulillo”, que en su momento, contó con una población de 53 habitantes, ascendiendo a 1, 068 pobladores en el año de 1900 con el establecimiento de la Mexican Petroleum Company, convirtiéndose así en la primer comunidad petrolera del país. Fue centro económico, productor de riqueza y ferroviaria estratégica para la comunicación del puerto de Tampico con el resto del territorio; se generaron ahí los primeros empleos, ingresos y conocimientos petroleros de México.

Aunado a lo anterior, los Senadores proponentes afirman que este hecho histórico, en adición a las acciones e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas obregonistas en Celaya, permitieron asentar las bases constitucionales de 1917, en particular sobre la propiedad, la explotación del petróleo y los derechos laborales de los obreros.

Por lo anterior, los Senadores proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante Decreto, a más tardar el 31 de mayo de 2015, emita una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de El Ébano.

SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 31 de mayo de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano.”

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta comisión coinciden con los Senadores proponentes en que resulta necesario realizar eventos y acciones en conmemoración a los acontecimientos suscitados durante la Revolución Mexicana, específicamente en el municipio de Ébano, en el estado de San Luis Potosí.

Lo anterior, derivado de la importancia que representa dicho municipio para la actividad económica nacional, concretamente de la petrolera; fue en el Ébano en donde se originó una actividad petrolera que indiscutiblemente coadyuvó a la expansión del mercado de combustibles y otros materiales derivados del propio petróleo, logrando ubicar a nuestro país como un importante proveedor de materias primas, en el creciente contexto de la economía mundial.

El impacto que tuvo el sector petrolero en aquellos tiempos, fue de tal importancia que este municipio fungió como una gran concesión de Petróleos Mexicanos, que en ese momento era la empresa encargada de arreglar calles, proveer de agua, luz y gas.

Es importante señalar las acciones que en el estado de San Luis Potosí se han desarrollado en virtud de reconocer al municipio en el cual se originó la actividad petrolera del país.

Por una parte, el 20 de marzo de 2014, el Congreso del estado de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad, el dictamen en el que se declaró al municipio del Ébano “Cuna de la Producción Petrolera en México”; por considerar que era necesario reconocer al municipio que coadyuvó en la expansión del mercado de combustibles y materiales derivados del petróleo, ubicando a México como un importante proveedor en la industria petrolera. Además, con estas acciones, el Congreso local destacó su interés por estimular el desarrollo económico de dicho municipio y de sus comunidades, aprovechando los recursos energéticos e hidrocarburos que se encuentran en esa zona del país.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, decidió iniciar el rescate, rehabilitación y reconstrucción de edificios que en su momento fueron referentes del crecimiento del municipio y que actualmente están abandonados. Por lo que, se presentó un proyecto para lograr las siguientes acciones:

• Construir un arco de bienvenida a Ébano.

• Retomar las oficinas administrativas ubicadas sobre el cerro norponiente de la ciudad, que actualmente ocupa una empresa petrolera para dar origen al “Museo del Petróleo, Ciencia y Tecnología”.

• Construir un nuevo mercado municipal.

• Reubicar la presidencia municipal en la plaza principal.

• Rescatar el pozo de Chapo para ser utilizado como lugar de esparcimiento cultural.

• Construir una plaza pública, donde existió el Hospital Principal de Ébano.

Todo lo anterior, con la finalidad de conservar y difundir la imagen urbana del municipio de Ébano, como un sitio histórico en el inicio de la producción petrolera de México y del mundo, reactivando y fortaleciendo la economía, creando fuentes de trabajo con actividades y costumbres tradicionales del lugar que permitan crearle una identidad propia al supra citado municipio.

Es por ello, que los Integrantes de esta Comisión, estiman procedente que en coordinación con el Congreso del estado de San Luis Potosí, así como con la Universidad Autónoma del estado, se realicen los esfuerzos necesarios para que el municipio de Ébano, sea reconocido, a través de diversas acciones, por su importancia histórica en la economía de nuestro país.

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante decreto, a más tardar el 15 de diciembre de 2015, emita una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de El Ébano.

SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 15 de diciembre de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de abril de 2015.

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.






Asimismo, tenemos cinco dictámenes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre el estado y avances de los proyectos específicos en materia de nanociencia y nanotecnología.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)








Otro, que exhorta a continuar apoyando a las entidades federativas del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Alejandro Tello Cristerna: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Uno más, que exhorta a simplificar los requisitos para ingresar al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)

VER






Otro, que exhorta a informar sobre el estado y avances de las acciones contenidas en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)








Y uno más, que exhorta a destinar mayores recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sí, había una reserva de su servidor en el asunto de la batalla de “El Ébano”.

Si usted me permitiera hacer uso de la palabra, por pocos minutos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Seré muy breve.

Hago uso de esta tribuna para destacar el valor del dictamen que se acaba de aprobar y que consiste en que la Comisión de Defensa Nacional hizo la propuesta con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para emitir una estampilla postal y la Lotería Nacional para un billete de lotería por la conmemoración del centenario de la batalla de “El Ébano”, en San Luis Potosí.

Por su complejidad y alcance de la batalla de “El Ébano” constituye, sin duda, ésta un referente obligado en el estudio de los combates efectuados en la Revolución Mexicana, su relevancia se debe a que en el lugar donde se desarrolló era un importante objetivo militar para lograr controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como también para tomar el control del puerto de Tampico que constituía una aduana petrolera y una fuente inagotable de recursos para el país.

Este enfrentamiento tiene una gran importancia en la historia nacional por ser un acontecimiento decisivo para la consolidación de la Revolución Mexicana y el asentamiento de las bases para la industria petrolera del país.

Por lo anteriormente expuesto, Senadoras y Senadores, los integrantes del grupo parlamentario del PRI solicitamos que, una vez hecha la aprobación del presente dictamen como acaba de suceder, se dé el informe y se solicite al Ejecutivo para que se emita el timbre y la moneda conmemorativa de esta batalla de “El Ébano”, hecho trascendental para la industria petrolera de nuestro país.

Por su atención, señor Presidente, y por la atención de cada una y cada uno de los Senadores, muchas gracias.
Intervención.

Con su permiso Señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hago uso de esta tribuna para destacar el valor del Dictamen que presenta hoy la Comisión de Defensa Nacional, sobre la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL Y A LA LOTERÍA NACIONAL PARA EXPEDIR UN BILLETE DE LOTERÍA; POR LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”, SAN LUIS POTOSÍ.

Por su complejidad y alcance, la Batalla de “El Ébano” constituye un referente obligado en el estudio de los combates efectuados durante la Revolución Mexicana.

Dicha Batalla se desarrolló del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915, en el Municipio de Ébano, en mi estado, San Luis Potosí.

Su relevancia se debe a que el lugar en donde se desarrolló, fue un importante objetivo militar para lograr controlar los Primeros Pozos Petroleros explotados en México; así como también, para tomar el control del Puerto de Tampico, que constituía una aduana petrolera y una fuente inagotable de recursos para el país.

Este enfrentamiento tiene una gran importancia en la historia nacional, por ser un acontecimiento decisivo para la consolidación de la Revolución Mexicana y el asentamiento de las Bases de la Industria Petrolera de nuestro país.

Fue protagonizada por las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa, al frente de los Convencionalistas; y de Venustiano Carranza, al frente de los Constitucionalistas.

Como bien sabemos, Venustiano Carranza, tras la derrota de Victoriano Huerta, tomó el mando del Ejército Constitucionalista con el objetivo de redirigir al país hacia una nueva era, distinguida por la consolidación de un Gobierno único, la lucha por la Democracia y la presencia de una estabilidad nacional, que llegaría con la aplicación de nuevas reformas de índole social.

La batalla de “El Ébano”, culminó el 31 de marzo de 1915; cuando tras 72 días de asedio continuo, los carrancistas emprendieron una fuerte ofensiva contra las fuerzas villistas, logrando que estos últimos se retiraran.

Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico, así como de los campos petroleros para su aprovechamiento; lo que significó una supremacía geopolítica para obtener recursos petroleros.

La batalla a la que el día de hoy hago mérito, es considerada la más larga de la Revolución Mexicana; pues en ella se enfrentaron, durante 72 días, más de 10 mil mexicanos que ejecutaron novedosas estrategias de combate, tal como el uso de trincheras y el uso de la aviación.

A inicios del siglo XX, el Municipio de Ébano, –escenario de esta batalla–, contó con una población de 53 habitantes, pero tras el establecimiento de la Mexican Petroleum Company en el año de 1900, ascendió a los 1,068 pobladores; convirtiéndose así, en la Primer Comunidad Petrolera del país.
Senadoras y Senadores. La relevancia de esta batalla es evidente; muestra de ello son las acciones que ya ha emprendido el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos para celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano”. De entre estas acciones, cabe destacar el emprendimiento de un Proyecto para construir el “Museo Nacional del Petróleo” y la creación de un Espacio Turístico Ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, declaró al municipio de Ébano como “Cuna de la Producción Petrolera en México”.

También, se han realizado múltiples eventos en conmemoración del Centenario de la batalla de “El Ébano”, como la presentación conferencias y videos documentales por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; y la presentación del libro “Voces de mi tierra petrolera” escrito por la Dra. Lilia Rubio.

Por su parte, el Consejo para la Conmemoración de los 100 años, a cargo de la Facultad del Habitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pretende rehabilitar, reconstruir y diseñar un centro cultural en la que fue la casa de Eduard Doheny –precursor de la Industria Petrolera en México—, así como el casino y las canchas deportivas que permitan complementar las actividades educativas y culturales del municipio.

También se tiene proyectada la remodelación del nuevo mercado municipal; la reubicación de las oficinas del Ayuntamiento; el rescate del pozo de Chapo como un lugar de esparcimiento cultural, deportivo y gastronómico; así como la reutilización del espacio donde se ubicó el hospital principal de Ébano, como una plaza pública, la cual contará con un obelisco grabado en cantera con las historias de la Revolución Mexicana, la Batalla de Ébano, del petróleo y del Sindicato Petrolero.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, solicitamos su apoyo para la aprobación del presente dictamen, pues coincidimos en la necesidad de llevar a cabo las acciones necesarias para que el “Senado de la República” se sume a los festejos de este hecho trascendental para la Industria Petrolera de nuestro país, el “Centenario de la Batalla de El Ébano”.

Es cuanto Señor Presidente.

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Torres Corzo.

En virtud de no haber más reservas a los dictámenes con punto de Acuerdo que han sido presentados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para referirse al dictamen que ha presentado la Comisión de Asuntos Indígenas, con respecto al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, hasta por cinco minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Nuestro país como una nación multicultural, repleta de tradiciones e historia ancestral vive una clara paradoja, es decir, nos enorgullecen las maravillas que crearon y dejaron nuestros antepasados, pero se discrimina y reprime sistemáticamente a los pueblos indígenas.

En la actualidad se hace muy poco para que este grupo, que es el más vulnerable pueda ejercer plenamente todos sus derechos humanos.

La población indígena vive a diario la marginación, la pobreza y la violación a sus derechos; un claro ejemplo de esto es la dificultad para gozar de un efectivo acceso a la justicia, asunto pendiente en la agenda del país.

El 14 de agosto de 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció en el artículo 2o. que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los indígenas, individual o colectivamente se tomarán en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución.

De igual manera establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su  cultura.

Por su parte, el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en comento estipula que al entrar en vigor estas reformas el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

Es decir, desde hace 15 años constitucionalmente los pueblos indígenas tienen el derecho de contar con intérpretes o traductores que conozcan sus costumbres durante todo los procedimientos judiciales que sean parte, pero lamentablemente la realidad dista mucho de la teoría.

El efectivo acceso a la justicia y el debido proceso para los pueblos indígenas es y llega a ser para ellos un tortuoso procedimiento ante la falta de intérpretes y traductores, así como por la falta de capacitación de operadores de justicia, lo que constituye una terrible realidad y una constante en el territorio nacional.

Es inadmisible que existan más de 8,000 indígenas que se encuentren compurgando penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entre otros; y sólo existan 28 defensores públicos en todo el país que conocen de las lenguas indígenas, según reporta la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Este claro problema que viven frecuentemente sufren en gran medida la carencia de recursos humanos y económicos; la capacitación y certificación de traductores e intérpretes requiere de un esfuerzo sustancial por parte de los tres órdenes de gobierno con lo cual quienes se vean necesitados de ser asistidos por estos técnicos podrán contar con los profesionistas más calificados en su ramo.
Adicionalmente tanto a intérpretes como traductores se les debe de reconocer la importante función que ejercen durante los procedimientos de procuración de justicia que se sigue, con una retribución acorde a la actividad que realizan.

Por tal razón, felicito a la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por el Senador Eviel Pérez Magaña, pues con el presente dictamen se exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativos estatales, a que incorporen en su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

También se solicita a los Poderes Ejecutivo y Judicial estatal, a sus órganos de defensa de los derechos humanos, a que valoren la pertinencia de celebrar convenios de colaboración con el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para acceder a los servicios de traducción e interpretación.

Y finalmente, se solicita a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se consideren recursos presupuestales para la procuración de justicia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Dicho dictamen es fruto de la voluntad y el trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Indígenas, que no se limitó solamente al trabajo de escritorio, sino por el contrario, realizó foros con especialistas en la materia que enriquecieron el contenido del punto de Acuerdo presentado, con lo que podrá apoyar desde distintas áreas la actual limitante que subsiste en los procedimientos judiciales, seguido en contra de alguna persona perteneciente a un pueblo indígena.

Con acciones y Acuerdos como éste, se deja en claro que en el Senado de la República sí se puede trabajar en beneficio de la población sin importar ideologías o posturas partidarias.

Por tal razón, solicito a las compañeras y compañeros Senadores, vayamos a votar en favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo asunto.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Pareciera no tener importancia el respaldare el alcance de este punto de Acuerdo, pero estamos hablando de incorporar y de acercar a la procuración de justicia a cerca de 14 millones de mexicanos en este país, y que de alguna forma este rezago en la aplicación de nuestras legislaciones obliga a exhortar a los gobiernos de los estados para poder actualizar este marco normativo.

Hay cosas que van urgiendo en nuestro país, cada estado tiene sus prioridades y vamos dejando rezagadas manifestaciones muy claras donde tenemos que hacer que el acceso a la justicia llegue en todos sus momentos a todos nuestros compatriotas en nuestro  país.
Por eso, exhortar a los congresos de los estados a homologar sus leyes con la legislación federal es importante en este momento, en donde hemos visto una serie de reformas que dejan vivo el reclamo de tener que considerar en las delegaciones locales derechos de nuestros compañeros indígenas.

Por otro lado, cuando se habla y se exhorta que en la Cámara de Diputados tendremos o tienen que hacer el esfuerzo para asignar recursos para la procuración de justicia, estamos hablando de que hay cerca de 6,000 indígenas en nuestro país procesados por diversos delitos, y que en muchos de los cuales se requiere apoyo para el pago de fianzas.

Este año vimos que se redujo el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya del etiquetado se le redujeron casi 3,000 millones de pesos, y muchos de estos tienen que ver con este programa que se tiene para el pago de fianzas de compañeros indígenas, que a veces por haber talado un árbol tienen que estar en la cárcel, y no alcanzan la manera de obtener su libertad y que las multas impuestas por estos delitos e infracciones los hacen perder mucho más que solamente la libertad, porque ellos son la cabeza que mantiene un hogar, y ustedes saben, ahorita las condiciones precarias con las que se mantiene la familia en las zonas rurales de nuestro país.

Por eso creo que es importante saludar el esfuerzo y reconocer del compañero Monreal Ávila, muy claras, el reconocimiento a la labor de esta comisión, aquí hay varios compañeros que en el tema, preocupados, han insistido en que estas cosas trasciendan, lleguen y, por eso creo que vale la pena que llamemos a todos a votar a favor de este punto de Acuerdo, y que lo hagamos por la causa en donde en nuestro país vayamos cerrando esta brecha de injusticia para un sector del México rural que muchas veces no es visto ni atendido, y que solamente lo llegamos a encontrar cuando andan en campañas electorales.

Gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al dictamen, desde su escaño.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Me permite desde aquí, señor Presidente.

Me parece muy pertinente este punto de Acuerdo, no sé si es desde el año pasado      que estuvo planteado, pero hoy estamos hablando de que se le asigne un      presupuesto suficiente a la posibilidad de los pueblos indígenas de tener defensoría, sí es una garantía o un derecho que se les ha otorgado desde el 2000 en la Constitución, sí   se ha actualizado en la legislación, el hecho es que cada día se le quita más presupuesto.

Específicamente en el CIESAS, que es un Institución de Investigación Superior, se había otorgado un recurso muy específico y pequeñito para que indígenas que tienen educación superior pudieran ir a estudiar al CIESAS esta carrera de poder defender, de estudiar leyes que tuvieran también, armonizado con sus propias lenguas o entendido en sus propias lenguas, y que pudieran ir a ser defensores y cumplir la Constitución; sin embargo, se les quitó el presupuesto para esa carrera, así que yo estoy absolutamente de acuerdo en que hoy aprobemos este punto de Acuerdo y que insistamos en la parte presupuestaria.

Ayer fue 12 de octubre, todo mundo hablamos de la grandeza de los pueblos indígenas, todos decimos que son un valor importante de nuestros pueblos originarios, pero al final obras son amores y no buenas razones.

Ojalá que todos insistamos con la Cámara de Diputados, que el presupuesto para pueblos indígenas, para justicia de pueblos indígenas y para habilitar y dotar de competencias a indígenas de sus propias comunidades en este acompañamiento justo, multicultural, que entienda sus valores a la hora de la defensa, pueda concretarse y no sea sólo letra muerta en la Constitución y en las leyes, así que me parece pertinente y por supuesto que estamos de acuerdo con ese punto de Acuerdo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al dictamen.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

El efectivo acceso a la justicia ha sido un reclamo fundamental en las organizaciones sociales, sólo así ha sido posible contener la venganza como única forma de reparar agravios, a través de la historia la vara de la justicia se ha entregado a un hombre, a un grupo, a una asamblea, o a un tribunal.

México tiene tribunales constituidos bajo un completo sistema jurídico y día a día se hacen esfuerzos para mejorar lo que llamamos el aparato de justicia y sus operadores, sin embargo, nuestra diversidad cultural presenta obstáculos, quienes no hablan español con fluidez deben valerse de intérpretes y traductores para tener acceso a la justicia.

Si esa persona o grupo social hace valer sus derechos colectivos, carece de recursos económicos, se encuentra frente a un grave obstáculo para alcanzar ese derecho, siempre es así.

Consideramos que en el país se reconocen 364 variantes lingüísticas, derivadas de 68 lenguas indígenas que tienen un reconocimiento jurídico que las equipara al español como lengua nacional y sin embargo, persiste el problema de la falta de intérpretes y traductores, y la brecha de la implementación se hace enorme entre lo que debe ser y lo que nos encontramos en nuestra realidad.

Por eso el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, que ponemos a su consideración, derivado de la acertada proposición del Senador David Monreal Ávila, se refiere a tres aspectos relacionados con ese derecho.

Uno.- Relativo al reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, que de acuerdo con el artículo 2o. constitucional, corresponde a las entidades federativas y, específicamente, garantiza el acceso a la jurisdicción del Estado, lo que da pauta a exhortar a las entidades federativas para que incorporen a su legislación reglamentaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
Dos.- El que tiende a promover la celebración de convenios de colaboración con el INALI, para acceder a los servicios de traducción e interpretación a través del padrón nacional que tiene a su cargo, al respecto se considera adecuado proponer al Pleno se exhorte a los tribunales locales, fiscalías y procuradurías de justicia de los estados, así como a los órganos defensores y garantes de derechos humanos de las entidades federativas para que valoren la pertinencia de celebrar dichos convenios.

Tres.- El que atañe a la cuestión presupuestaria, que podemos encauzar a través de un exhorto dirigido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, lo anterior con el objeto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se consideren recursos presupuestales que se destinen a instituciones, órganos autónomos, dependencias y entidades que tengan a su cargo la administración y procuración de justicia, y la defensa y protección de los derechos humanos para cubrir los servicios de los peritos, intérpretes y traductores.

Con la finalidad de recabar mayores datos y puntos de vista sobre estos planteamientos, convocamos a una reunión de trabajo el 9 de julio del año en curso, a la que asistieron representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y su Consejo Consultivo, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y de la IV Visitaduría de la CNDH, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, así como del Estado de México, del estado de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Veracruz y Yucatán.

Fue así como concluimos en la necesidad de impulsar la observancia de la ley a través de estos exhortos, a un lado de reformas y adecuaciones legislativas, las y los Senadores tenemos como atribución y mecanismo de control que nos permite en este caso exhortar a otros poderes de los tres niveles de gobierno para que actúen en su ámbito de competencia y hagan efectiva las normas constitucionales.

Ponemos a su consideración este dictamen, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos de que sólo el trabajo conjunto de las instituciones y de la sociedad hará posible liberar el piso de los derechos que en México debemos tener todas las personas, sin distingos, sin discriminación, máxime que los pueblos y comunidades indígenas, donde encontramos las raíces de la mexicanidad que nos hermana.

Solicito al señor Presidente de la Mesa Directiva, insertar en el Diario de los Debates el texto íntegro de este dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pérez Magaña. Ha quedado insertada su intervención, Senador.

En virtud de que se han agotado las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, por favor, la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Senadora Sonia Rocha Acosta, por favor.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Aprovechando el tema, a mí me gustaría pedirle al presidente de la comisión si fuera posible que, dado que es un tema importante de recursos, que nosotros pudiéramos contar con la contadora Nuvia Mayorga de CDI, para que nos informara de cómo están los presupuestos, y por supuesto, en el afán de cooperar con el tema poder aportar y ayudar a este tema.

A mí me gustaría, si el Presidente así lo determinara, que la pudiéramos recibir en este Pleno, o en la comisión.

Le agradezco, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rocha Acosta.

Sonido en el escaño del Senador Eviel Pérez Magaña.

El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañera Senadora, ya hice la solicitud a la Directora Nuvia Mayorga, para que venga a traer una plática en la comisión. Yo estoy seguro que en estos días será.

Próximamente yo le informo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pérez Magaña.

No habiendo otra intervención, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, remitida por la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis de la minuta antes señalada.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En la sesión del 29 de abril de 2015, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se fijan las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

2. En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada iniciativa por 305 votos en pro y 1 abstención la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos constitucionales.

3. En Sesión Ordinaria de fecha 03 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-249, turnó la referida minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

4. En reunión de trabajo ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de la minuta a fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETIVOS DE LA MINUTA

La emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, personaje trascendental para la construcción del México Independiente, del reconocimiento de la soberanía, de la separación de poderes, la declaración de igualdad, la supresión de la esclavitud y tortura, el respeto a la propiedad privada, entre otros principios fundamentales que han regido hasta la actualidad.

Hacerle un homenaje a José María Morelos y Pavón por su ideario político y la trascendencia de sus actos como constructor de la naciente nación mexicana con la emisión de una moneda que permita la difusión de sus ideas y el reconocimiento del legado histórico y cultural que representa este gran personaje.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta en cuestión, expone que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México.

Asimismo, refiere que el Generalísimo José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, en el seno de una familia humilde. Hijo de Manuel Morelos y Juana María Pérez Pavón, desde muy temprana edad comenzó a trabajar para apoyar a su familia y luego de la muerte de su padre en 1779, se trasladó a Apatzingán, Michoacán, donde trabajó como arriero y vaquero.

La Colegisladora expone, que el Generalísimo José María Morelos y Pavón, ha sido considerado uno de los principales íconos de la Independencia de México, además de ser recordado por su valentía y su ingenio militar.

Al cumplir 25 años, José María Morelos y Pavón comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San Nicolás de Valladolid. En este lugar el patriota mexicano tuvo la oportunidad de conocer al rector de la institución, Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), quien más tarde se convertiría en el precursor de la lucha por la Independencia de México.

El 20 de diciembre de 1797, con tan sólo 32 años, Morelos fue promovido a sacerdote, título que le permitió realizar prácticas religiosas, tales como atender confesiones y celebrar misa; algunas de ellas que llevó a cabo en los municipios de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro.

Asimismo, en las consideraciones de la minuta se recupera, que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. El 20 de octubre de 1810, José María Morelos se entrevistó con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e Indaparapeo en donde fue nombrado lugarteniente y recibió la encomienda de sublevar la costa del sur y tomar el puerto de Acapulco, acontecimiento que dio lugar a los más formidables ejércitos insurgentes y al ideario político y social más rico y propositivo de la Guerra de Independencia.

Se enumera que desde los primeros días de su vida revolucionaria, Morelos dispuso la supresión de las castas y la esclavitud (17 de noviembre de 1810); más tarde, estableció la Provincia de Técpan (18 de abril de 1811); ordenó la acuñación de moneda (13 de julio de 1811); la supresión de alcabalas y tributos (diciembre de 1812; ratificado el 29 de enero de 1813), y convocó a la celebración del Congreso de Chilpancingo (28 de junio de 1813).

También se menciona, que después de tomar Acapulco, en septiembre de 1813, Morelos convocó el Primer Congreso Independiente, en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán que declara la independencia absoluta de México de España. José María Morelos también decreta la igualdad entre españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas. Concede el voto a todos los varones mexicanos y limita las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios.

La minuta señala que Morelos fue pieza fundamental para establecer, la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la educación obligatoria y gratuita en México. Es nombrado Generalísimo por el Congreso que poco más tarde le retira el mando militar.

Estando en Acapulco tiene conocimiento del plan de ataque del Virrey a Tehuacán para dispersar al Congreso. Morelos, tratando de defenderlo, es traicionado por un antiguo compañero de armas, tomado prisionero en Tesmalaca y conducido a la capital de México donde se le recluye en la cárcel de la Inquisición y es degradado como sacerdote, luego de una serie de juicios acusado de abandono de las doctrinas de la iglesia y la adopción de herejías de autores malignos.

La vida política de Morelos duró aproximadamente cinco años, en los que desarrolló cuatro campañas militares y una obra política, doctrinal y administrativa que refleja el pensamiento con sentido social del insurgente.

El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, general de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, cumpliéndose la orden del virrey de Nueva España y enemigo encarnizado del cura, Félix María Calleja.

Asimismo, describe que la muerte de Morelos en lo inmediato pareció trágica e irremediable para los objetivos de la guerra de Independencia; sin embargo, fueron las ideas del propio Morelos la semilla que habría de cohesionar y fortalecer la lucha de liberación y la guía para diseñar una Patria generosa en la que todos tuviesen cabida, libres, dignos y dueños de sus destinos, cada uno de los futuros mexicanos. Pero más allá de su llamativa acción militar, se reconoce que la mayor contribución de Morelos al movimiento de Independencia fue política, social e incluso de carácter axiológico. Además de que sentó un ideario político y social, magistralmente plasmado en Los Sentimientos de la Nación, vigente hasta nuestros días.

IV. CONSIDERACIONES ALA MINUTA

Primera.-Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, el reconocimiento de José María Morelos y Pavón como uno de los personajes más trascendentales por su llamativa acción militar, su ideario político y social, y su importante papel en la construcción de la Nación Mexicana y de sus fundamentos constitucionales.

Segunda.-Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la acuñación de la moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que se propone, es una manera por demás adecuada para hacerle un reconocimiento al llamado "Siervo de la Nación", por la gran trascendencia del ideario que ofreció a la formación de la nación mexicana.

Tercera.- Consideramos que además de su acción militar, Morelos impulsó altos valores e ideales que rigen en la actualidad nuestro sistema político, tales como el reconocimiento de que la soberanía radica en el pueblo siendo el Congreso su depositario, la supresión del diezmo y tributos, la separación de poderes, la declaración de igualdad, el respeto a la propiedad privada y la supresión de la esclavitud, entre otras premisas fundamentales para nuestra Nación.

Cuarta.- En ese entendido, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora, al considerar que los actos y el ideario de José María Morelos y Pavón son un motivo de orgullo para los mexicanos, por su bravía militar representada en la defensa contra el enemigo en Cuautla y la figura de estadista que mostró al señalar que la soberanía de la Nación dimana del propio pueblo; dichos principios están plasmados en el célebre documento "Sentimientos de la Nación" que, posteriormente, serían recogidos en la Constitución de Apatzingán de 1814.

Quinta.- Por sus relevantes acciones, es de suma importancia reconocer que en poco tiempo Morelos demostró su lealtad inquebrantable al movimiento insurgente así como sus dotes militares y políticas, que le darían justo reconocimiento en el mundo, a pocos años de su muerte.

Es por ello, que en el marco de la conmemoración de los 200 años de su muerte, estas comisiones que suscriben, coinciden en reconocer que el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, es uno de los hombres más importantes de la historia. Ilustre, héroe, estratega, pilar fundamental de la creación del Estado mexicano, quien con dedicación y orgullo defendió a la Nación, sacrificando su vida por la libertad de todos los mexicanos.

Sexta.-Por otra parte, estas comisiones dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de José María Morelos y Pavón y de sus acciones emprendidas en pro del pueblo mexicano.

Séptima.-Con afán de destacar y reconocer la importancia de José María Morelos y Pavón para lograr la Independencia de México y sentar las bases para la construcción del México actual, la emisión de esta moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, representa la posibilidad de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar y tener un acercamiento a la vida y obra del Generalísimo. Es por ello, que a través de una moneda, consideramos que se da paso a la más amplia difusión de tan importante evento histórico, en virtud de la extensa distribución nacional y de la gran aceptación que tiene una moneda.

Octava. En ese sentido, las que dictaminan coinciden plenamente con la propuesta de la Colegisladora, por lo que están de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón en los términos que se propone en la minuta de mérito.

Las comisiones que suscriben, coinciden en que el motivo del diseño principal del reverso de esta moneda será el que proponga el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir las leyendas "Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón" y "1815-2015".

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 23 de septiembre de 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

Para mí es un honor poder hablar a favor de este dictamen, por ser Senadora del estado de Morelos.

Pero el orgullo que puede permanecer en nuestros corazones, el Siervo de la Nación, al poder reconocerse una moneda conmemorativa a su aniversario luctuoso.

Es por ello que hoy les solicito a mis compañeras Senadoras y Senadores, el votar a favor de este dictamen, una minuta que fue presentada por el Presidente de la República, y como decía José María Morelos y Pavón:

"Soy Siervo de la Nación porque esta asume la más grande y legítima e inviolable de las soberanías. El presente y el futuro de nuestro país no se podría concebir, si en las grandes hazañas y gestas heroicas, ocurridas durante los movimientos como la Guerra de Independencia, causa social en la que se sentaron las bases de un México libre, de derechos, de igualdades, en el que hoy vivimos".

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, es fundamental mantener vigente el legado de quienes nos dieron la patria y libertad.

En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, en el cual se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón.

Para razonar el sentido de nuestro voto, en principio reconocemos que con notables habilidades e incuestionable valor y sagacidad, el también llamado "Siervo de la Nación" tuvo un papel determinante para el éxito de la causa insurgente.

Morelos representa uno de los personajes más destacados de la historia nacional, no sólo trascendió en el ámbito militar, sino también lo hizo por medio de su ideología liberal y su empatía con las causas más justas.
Sin duda fue una de las personas adelantadas a su tiempo. Prueba de ello es que desde aquella época concebía la educación como la herramienta más eficaz y efectiva para superar el rezago, la injusticia y la desigualdad.

Como no recordar su conmemorable frase: "Que se eduque a los hijos de labrador y del barrendero como de los más ricos hacendados".

Asimismo, adiciona la causa insurgente hasta su muerte el 22 de diciembre de 1815. Siempre dejó manifiesto su liderazgo, su valor, su solidaridad y su patriotismo. Prueba de ello, es el mismo que decía: "Morir es nada cuando por la patria se muere".

Así que esos 200 años, esta Soberanía tiene a bien conmemorarlo con esta moneda, así que esperamos, compañeras Senadoras y Senadores, poder refrendar nuestro voto y hacemos este llamado a que se sumen y junto mantengamos vivo el legado de uno de los más grandes héroes nacionales. José María Morelos y Pavón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Desde tiempos remotos, el uso de los metales o papel como moneda de curso legal, no sólo ha facilitado el intercambio de bienes y servicios, sino que constituye un instrumento fundamental para la economía de cualquier sociedad.

Las monedas y billetes, inevitablemente son identificados como "Objetos valiosos para la gente". De tal suerte, que en todo el mundo existe la tradición de plasmar en ellas, las imágenes más significativas del país.

Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del mundo, hemos podido conocer la cultura de muchos países, a través de sus monedas y billetes.

Logrando identificar a los símbolos y personajes más importantes de las civilizaciones. Pasajes históricos, actividades económicas, paisajes y, sobre todo, los personajes que han marcado los destinos de la humanidad. Constituyen las imágenes representadas en el papel y las monedas de todo el mundo.

Indudablemente, nuestro país no es excepción y la gran variedad de billetes y monedas, impresos y acuñados por el Banco de México, han incorporado personajes de la talla de Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz, Nezahualcóyotl y Frida Kahlo. Además de difundir la imagen del Escudo Nacional.

Por ello, es importante mantener el legado de José María Morelos y Pavón.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ruego su atención a la Asamblea.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y se adiciona una fracción al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 24 de septiembre del año en curso.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE JUSTICIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su análisis y estudio correspondiente la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia del Derecho de Réplica.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes del Proceso Legislativo” se relata el trámite brindado a la minuta con proyecto de Decreto.

2. En el apartado denominado “II. Valoración de la Minuta” se expone la motivación y fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. La minuta en análisis recoge las propuestas realizadas por diversos diputados:

a) Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º Constitucional, en materia de derecho de réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, remitida por la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis de la minuta antes señalada.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En la sesión del 29 de abril de 2015, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se fijan las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

2. En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada iniciativa por 305 votos en pro y 1 abstención la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos constitucionales.

3. En Sesión Ordinaria de fecha 03 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-249, turnó la referida minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

4. En reunión de trabajo ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de la minuta a fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETIVOS DE LA MINUTA

La emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, personaje trascendental para la construcción del México Independiente, del reconocimiento de la soberanía, de la separación de poderes, la declaración de igualdad, la supresión de la esclavitud y tortura, el respeto a la propiedad privada, entre otros principios fundamentales que han regido hasta la actualidad.

Hacerle un homenaje a José María Morelos y Pavón por su ideario político y la trascendencia de sus actos como constructor de la naciente nación mexicana con la emisión de una moneda que permita la difusión de sus ideas y el reconocimiento del legado histórico y cultural que representa este gran personaje.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta en cuestión, expone que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México.

Asimismo, refiere que el Generalísimo José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, en el seno de una familia humilde. Hijo de Manuel Morelos y Juana María Pérez Pavón, desde muy temprana edad comenzó a trabajar para apoyar a su familia y luego de la muerte de su padre en 1779, se trasladó a Apatzingán, Michoacán, donde trabajó como arriero y vaquero.

La Colegisladora expone, que el Generalísimo José María Morelos y Pavón, ha sido considerado uno de los principales íconos de la Independencia de México, además de ser recordado por su valentía y su ingenio militar.

Al cumplir 25 años, José María Morelos y Pavón comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San Nicolás de Valladolid. En este lugar el patriota mexicano tuvo la oportunidad de conocer al rector de la institución, Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), quien más tarde se convertiría en el precursor de la lucha por la Independencia de México.

El 20 de diciembre de 1797, con tan sólo 32 años, Morelos fue promovido a sacerdote, título que le permitió realizar prácticas religiosas, tales como atender confesiones y celebrar misa; algunas de ellas que llevó a cabo en los municipios de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro.

Asimismo, en las consideraciones de la minuta se recupera, que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. El 20 de octubre de 1810, José María Morelos se entrevistó con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e Indaparapeo en donde fue nombrado lugarteniente y recibió la encomienda de sublevar la costa del sur y tomar el puerto de Acapulco, acontecimiento que dio lugar a los más formidables ejércitos insurgentes y al ideario político y social más rico y propositivo de la Guerra de Independencia.

Se enumera que desde los primeros días de su vida revolucionaria, Morelos dispuso la supresión de las castas y la esclavitud (17 de noviembre de 1810); más tarde, estableció la Provincia de Técpan (18 de abril de 1811); ordenó la acuñación de moneda (13 de julio de 1811); la supresión de alcabalas y tributos (diciembre de 1812; ratificado el 29 de enero de 1813), y convocó a la celebración del Congreso de Chilpancingo (28 de junio de 1813).

También se menciona, que después de tomar Acapulco, en septiembre de 1813, Morelos convocó el Primer Congreso Independiente, en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán que declara la independencia absoluta de México de España. José María Morelos también decreta la igualdad entre españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas. Concede el voto a todos los varones mexicanos y limita las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios.

La minuta señala que Morelos fue pieza fundamental para establecer, la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la educación obligatoria y gratuita en México. Es nombrado Generalísimo por el Congreso que poco más tarde le retira el mando militar.

Estando en Acapulco tiene conocimiento del plan de ataque del Virrey a Tehuacán para dispersar al Congreso. Morelos, tratando de defenderlo, es traicionado por un antiguo compañero de armas, tomado prisionero en Tesmalaca y conducido a la capital de México donde se le recluye en la cárcel de la Inquisición y es degradado como sacerdote, luego de una serie de juicios acusado de abandono de las doctrinas de la iglesia y la adopción de herejías de autores malignos.

La vida política de Morelos duró aproximadamente cinco años, en los que desarrolló cuatro campañas militares y una obra política, doctrinal y administrativa que refleja el pensamiento con sentido social del insurgente.

El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, general de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, cumpliéndose la orden del virrey de Nueva España y enemigo encarnizado del cura, Félix María Calleja.

Asimismo, describe que la muerte de Morelos en lo inmediato pareció trágica e irremediable para los objetivos de la guerra de Independencia; sin embargo, fueron las ideas del propio Morelos la semilla que habría de cohesionar y fortalecer la lucha de liberación y la guía para diseñar una Patria generosa en la que todos tuviesen cabida, libres, dignos y dueños de sus destinos, cada uno de los futuros mexicanos. Pero más allá de su llamativa acción militar, se reconoce que la mayor contribución de Morelos al movimiento de Independencia fue política, social e incluso de carácter axiológico. Además de que sentó un ideario político y social, magistralmente plasmado en Los Sentimientos de la Nación, vigente hasta nuestros días.

IV. CONSIDERACIONES ALA MINUTA

Primera.-Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, el reconocimiento de José María Morelos y Pavón como uno de los personajes más trascendentales por su llamativa acción militar, su ideario político y social, y su importante papel en la construcción de la Nación Mexicana y de sus fundamentos constitucionales.

Segunda.-Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la acuñación de la moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que se propone, es una manera por demás adecuada para hacerle un reconocimiento al llamado "Siervo de la Nación", por la gran trascendencia del ideario que ofreció a la formación de la nación mexicana.

Tercera.- Consideramos que además de su acción militar, Morelos impulsó altos valores e ideales que rigen en la actualidad nuestro sistema político, tales como el reconocimiento de que la soberanía radica en el pueblo siendo el Congreso su depositario, la supresión del diezmo y tributos, la separación de poderes, la declaración de igualdad, el respeto a la propiedad privada y la supresión de la esclavitud, entre otras premisas fundamentales para nuestra Nación.

Cuarta.- En ese entendido, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora, al considerar que los actos y el ideario de José María Morelos y Pavón son un motivo de orgullo para los mexicanos, por su bravía militar representada en la defensa contra el enemigo en Cuautla y la figura de estadista que mostró al señalar que la soberanía de la Nación dimana del propio pueblo; dichos principios están plasmados en el célebre documento "Sentimientos de la Nación" que, posteriormente, serían recogidos en la Constitución de Apatzingán de 1814.

Quinta.- Por sus relevantes acciones, es de suma importancia reconocer que en poco tiempo Morelos demostró su lealtad inquebrantable al movimiento insurgente así como sus dotes militares y políticas, que le darían justo reconocimiento en el mundo, a pocos años de su muerte.

Es por ello, que en el marco de la conmemoración de los 200 años de su muerte, estas comisiones que suscriben, coinciden en reconocer que el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, es uno de los hombres más importantes de la historia. Ilustre, héroe, estratega, pilar fundamental de la creación del Estado mexicano, quien con dedicación y orgullo defendió a la Nación, sacrificando su vida por la libertad de todos los mexicanos.

Sexta.-Por otra parte, estas comisiones dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de José María Morelos y Pavón y de sus acciones emprendidas en pro del pueblo mexicano.

Séptima.-Con afán de destacar y reconocer la importancia de José María Morelos y Pavón para lograr la Independencia de México y sentar las bases para la construcción del México actual, la emisión de esta moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, representa la posibilidad de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar y tener un acercamiento a la vida y obra del Generalísimo. Es por ello, que a través de una moneda, consideramos que se da paso a la más amplia difusión de tan importante evento histórico, en virtud de la extensa distribución nacional y de la gran aceptación que tiene una moneda.

Octava. En ese sentido, las que dictaminan coinciden plenamente con la propuesta de la Colegisladora, por lo que están de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón en los términos que se propone en la minuta de mérito.

Las comisiones que suscriben, coinciden en que el motivo del diseño principal del reverso de esta moneda será el que proponga el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir las leyendas "Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón" y "1815-2015".

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 23 de septiembre de 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

Para mí es un honor poder hablar a favor de este dictamen, por ser Senadora del estado de Morelos.

Pero el orgullo que puede permanecer en nuestros corazones, el Siervo de la Nación, al poder reconocerse una moneda conmemorativa a su aniversario luctuoso.

Es por ello que hoy les solicito a mis compañeras Senadoras y Senadores, el votar a favor de este dictamen, una minuta que fue presentada por el Presidente de la República, y como decía José María Morelos y Pavón:

"Soy Siervo de la Nación porque esta asume la más grande y legítima e inviolable de las soberanías. El presente y el futuro de nuestro país no se podría concebir, si en las grandes hazañas y gestas heroicas, ocurridas durante los movimientos como la Guerra de Independencia, causa social en la que se sentaron las bases de un México libre, de derechos, de igualdades, en el que hoy vivimos".

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, es fundamental mantener vigente el legado de quienes nos dieron la patria y libertad.

En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, en el cual se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón.

Para razonar el sentido de nuestro voto, en principio reconocemos que con notables habilidades e incuestionable valor y sagacidad, el también llamado "Siervo de la Nación" tuvo un papel determinante para el éxito de la causa insurgente.

Morelos representa uno de los personajes más destacados de la historia nacional, no sólo trascendió en el ámbito militar, sino también lo hizo por medio de su ideología liberal y su empatía con las causas más justas.
Sin duda fue una de las personas adelantadas a su tiempo. Prueba de ello es que desde aquella época concebía la educación como la herramienta más eficaz y efectiva para superar el rezago, la injusticia y la desigualdad.

Como no recordar su conmemorable frase: "Que se eduque a los hijos de labrador y del barrendero como de los más ricos hacendados".

Asimismo, adiciona la causa insurgente hasta su muerte el 22 de diciembre de 1815. Siempre dejó manifiesto su liderazgo, su valor, su solidaridad y su patriotismo. Prueba de ello, es el mismo que decía: "Morir es nada cuando por la patria se muere".

Así que esos 200 años, esta Soberanía tiene a bien conmemorarlo con esta moneda, así que esperamos, compañeras Senadoras y Senadores, poder refrendar nuestro voto y hacemos este llamado a que se sumen y junto mantengamos vivo el legado de uno de los más grandes héroes nacionales. José María Morelos y Pavón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Desde tiempos remotos, el uso de los metales o papel como moneda de curso legal, no sólo ha facilitado el intercambio de bienes y servicios, sino que constituye un instrumento fundamental para la economía de cualquier sociedad.

Las monedas y billetes, inevitablemente son identificados como "Objetos valiosos para la gente". De tal suerte, que en todo el mundo existe la tradición de plasmar en ellas, las imágenes más significativas del país.

Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del mundo, hemos podido conocer la cultura de muchos países, a través de sus monedas y billetes.

Logrando identificar a los símbolos y personajes más importantes de las civilizaciones. Pasajes históricos, actividades económicas, paisajes y, sobre todo, los personajes que han marcado los destinos de la humanidad. Constituyen las imágenes representadas en el papel y las monedas de todo el mundo.

Indudablemente, nuestro país no es excepción y la gran variedad de billetes y monedas, impresos y acuñados por el Banco de México, han incorporado personajes de la talla de Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz, Nezahualcóyotl y Frida Kahlo. Además de difundir la imagen del Escudo Nacional.

Por ello, es importante mantener el legado de José María Morelos y Pavón.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ruego su atención a la Asamblea.

b) Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, el Diputado Rodrigo Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley que garantiza el Derecho de Réplica;

c) El veintidós de mayo de dos mil trece, el Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º. Constitucional en materia de Derecho de Réplica y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

d) El cuatro de diciembre de dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el trámite para la discusión y votación de la minuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral enviada por el Senado de la República para los efectos de los artículos 135 y 72 de la Constitución, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, instruyó a la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación procediera a su dictaminación a la mayor brevedad posible.

e) En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, se aprobó el dictamen que inmediatamente fue puesto en turno al Senado de la República.

2. El viernes seis de diciembre de dos mil trece, fue recibida en el Senado de la República, la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para su análisis y dictamen correspondiente, en los términos del artículo 72 de nuestra Carta Magna, disponiendo la Presidencia de la Mesa Directiva su turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

3. El día 31 de agosto del año 2015, se convocó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda a sesión Extraordinaria a efecto de deliberar sobre el presente Dictamen, misma reunión que fue declarada en sesión permanente, y después del receso, se reanudó la sesión a efecto de continuar con la deliberación y proceder a la votación respectiva el día 22 de septiembre del mismo año. Fueron presentadas reservas a diversos artículos por parte de los Senadores Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, mismas que fueron rechazadas en votación económica, posteriormente en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por mayoría en los siguientes términos:

a) Por la Comisión de Gobernación 8 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

b) Por la Comisión de Justicia 7 votos a favor y 4 en contra.

c) Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda 4 votos a favor y 1 en contra.

El Dictamen se acompaña de los Votos Particulares de los Senadores Angélica de la Peña Gómez, María de los Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya y Martha Angélica Tagle Martínez.

VALORACIÓN DE LA MINUTA

De las iniciativas analizadas por la colegisladora deberá realizarse un análisis a fin de tener en consideración los elementos tomados en cuenta por la Comisión de Gobernación de dicho órgano colegiado en su dictaminación y aprobación en su seno y lo propio en el colegiado superior de diputados.

Así, la iniciativa presentada por el Diputado Arturo Escobar y Vega, además de las ya mencionadas, que son antecedente en el tema de derecho de réplica, establecen qué deberá entenderse sobre el mismo, es decir, el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le causen un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

La Colegisladora en la minuta señala que el derecho de réplica nace en la Francia revolucionaria y se propagó rápidamente por toda Europa. En 1883, entre otros, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido ya habían incluido en su legislación el derecho de réplica.

En nuestro país, la réplica adquiere el reconocimiento de derecho fundamental cuando se reformó el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2007. En dicha reforma se estableció que el derecho de réplica sea ejercido en los términos que sea dispuesto por la ley.

Este derecho, como se ha mencionado, es de reciente incorporación a la Constitución, sin embargo, la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, establecía que la prensa escrita (diarios o periódicos) están obligados a publicar dentro de los cinco días siguientes, de forma gratuita, las rectificaciones o respuestas de personas que fuesen aludidas en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas.

Por su parte, la minuta en comento señala que la aportación del Diputado Fernando Rodríguez Doval, consiste en el establecimiento de los términos y límites del derecho de réplica, resaltando la importancia de la libertad de expresión y la radiodifusión como un medio tecnológico para ejercer ese derecho y lo más importante, establece la tutela de dicho derecho a través del procedimiento especial sancionador.

Dicha iniciativa, señala la minuta, contempla el procedimiento a ser utilizado para el ejercicio del derecho de réplica, retomando los ideales presentados por el Diputado Fernando Rodríguez Doval, mismo que cumple con los elementos necesarios para garantizar a las partes certeza jurídica desde su inicio hasta su resolución, ya sea durante la primera etapa basada en la autorregulación de los medios de comunicación, o bien agotado éste, a través de un procedimiento judicial, gracias al cual, el afectado podrá acudir ante la autoridad señalada, cuando no haya sido notificado de la decisión justificada del medio de no publicar o transmitir la réplica o de haberla recibido o no estar de acuerdo con su contenido.

Señala que el procedimiento establecido busca ser expedito y confiable, a fin de garantizar los derechos del agraviado por la publicación o difusión de información que le atañe. Este derecho podrá ser ejercido ante autoridad judicial.

El documento en análisis señala que existen diversos países, como Canadá que regulan este derecho desde diversos ángulos. Para el caso de este país las leyes provinciales sobre difamación estipulan un derecho de réplica limitado a circunstancias en las que el querellado desea recurrir a la defensa del privilegio absoluto. Dicha defensa no se aplica si es que el querellado se rehúsa a publicar una declaración razonable de la explicación o contradicción por parte o en nombre del querellante.

En Chile el derecho de rectificación o respuesta está regulado en la Ley sobre Abusos de Publicidad. Además está consagrado en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica.

El proceso de rectificación en dicha nación tiene dos etapas, la primera se realiza directamente por el interesado ante el medio de comunicación y la segunda se realiza por el interesado ante la autoridad judicial el orden criminal que corresponda, por no haberse realizado la rectificación o respuesta correspondiente.

En Colombia, la Ley de Prensa, Ley 29 de 1944, reguló lo relativo a la rectificación mucho antes que la Constitución de 1991. En la llamada rectificación se obliga a los directores de los periódicos a insertar las rectificaciones o aclaraciones que le dirija cualquier persona o entidad, con motivo de las relaciones falsas sobre sus actos, o a quienes se haya ofendido con conceptos injuriosos en dicho periódico dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Igualmente fija las condiciones en que debe ser insertada la mal llamada rectificación, las personas  facultadas para hacerlo en nombre del afectado y un mecanismo sumario para que el afectado puede acudir ante el Juez de Circuito para que se obligue al director del periódico a publicar la rectificación o aclaración cuando ellas procedan, pudiendo imponer las sanciones pecuniarias del caso, menciona la minuta.

Asimismo, se emplea la Acción de Tutela para obtener la rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En caso de que el medio no rectifique una información que ha debido ser rectificada, el particular tiene la posibilidad de entablar una Acción de Tutela contra el medio para que se le ordene rectificar mediante sentencia judicial. En caso de que el medio ignore el fallo judicial o no proceda a rectificar se le impondrán al director del medio las sanciones prescritas en dicho derecho.

En España la denominación que recibe el ordenamiento jurídico es “Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación”, del 26 de marzo de 1984”.

Dicho ordenamiento establece que la rectificación debe referirse exclusivamente a los hechos de la información que desea rectificarse y su extensión no debe exceder sustancialmente la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario. El director del medio de comunicación debe publicar íntegramente la rectificación dentro de los 3 días siguientes al de su recepción con relevancia semejante a aquella en que se publicó la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

En Francia se distingue entre la rectificación y la réplica. El artículo 12 de la Ley del 29 de junio de 1881 regula el derecho de rectificación. Las rectificaciones son enviadas por un depositario de la autoridad pública cuando los actos propios de su función no hayan sido realizados exactamente por un diario o publicación periódica. El director del periódico tiene la obligación de insertar las rectificaciones gramaticalmente, en primera línea del próximo número del diario o del escrito periódico. Estas rectificaciones no excederán del doble del artículo al que correspondan. En caso de contravención, el director será sancionado con una multa.

Así como estos países, Italia, entre otros, regulan este derecho.

En nuestro país la Ley Sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, prevé dicho derecho. Como características a resaltar es que el artículo 27 de dicho ordenamiento es procesalmente inaplicable, en virtud de que carece de normas para ejercer el derecho; además de que es una norma imperfecta pues no prevé mecanismo y sanción alguna.

Un aspecto importante a resaltar de la Minuta que se analiza y dictamina es que su fundamentación se encuentra tanto en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en su artículo Décimo Transitorio, el cual prevé que a más tardar el 30 de abril de 2008 se debía expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica, situación que a claras luces no se ha cumplido.

Señala también la Minuta que es importante subrayar que no existe un criterio específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho de réplica, no obstante a ello el Alto Tribunal ha emitido criterios jurisprudenciales y tesis aisladas respecto de los derechos a la información, libertad de expresión y libertad de imprenta.

Respecto a los límites a la libre manifestación de las ideas, la Corte ha señalado que:

a. No debe ejercerse en forma que ataque la moral;
b. Los derechos de terceros;
c. Provoque algún delito; o
d. Perturbe el orden jurídico.

Por otra parte ha señalado los límites a la libertad de imprenta, los cuales son:

a. El respeto a la vida privada;
b. La moral; y
c. La paz pública.

En este orden de ideas, la Corte ha establecido que “… el límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del agente, sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, para determinar si la restricción que se impone al derecho de información y expresión está o no justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza de una posición preferente y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin” (Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4º.C.57 C, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVII, marzo de 2003, p. 1709: “DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN”).

La minuta señala que se han dado esfuerzos en diversas legislaturas para regular este derecho, entre las que encontramos la LX, LXI y LXII Legislaturas del Congreso de la Unión.

Por su parte la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Federal para Ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y por el que se deroga el artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, en sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2012, prevé entre otras cosas que:

El derecho de réplica consiste en la posibilidad de que la persona aludida en la información dada a conocer por un medio de comunicación pueda, de forma gratuita, aclararla, no sólo con el objetivo de satisfacer la consideración que de esa persona tiene los demás, sino de un interés mayor, el social. La réplica se constituye así como una vertiente del derecho a la información, el cual consiste en la posibilidad de conocer, difundir y acceder a la información; así en el caso de la réplica estaríamos hablando de la primera dimensión, la de conocer, porque la sociedad tiene el derecho a la certidumbre de que la información que obtiene de los medios de comunicación es veraz.

El derecho de réplica ha sido asumido por sistemas democráticos como un mecanismo que impone a los medios de comunicación, tiene una naturaleza de interés social, el ejercicio del mismo con responsabilidad y con respeto a los derechos. La posibilidad de ejercer la réplica se constituye así tanto en una garantía frente a información falsa o calumniosa como en un contexto de exigencia de responsabilidad para que la información que se difunde sea objetiva.

El derecho que tiene una persona a la réplica en México se incorporó en la preconstitucional Ley sobre Delitos de Imprenta, que fue publicada el 12 de abril de 1917, que en su artículo 27 dice:

“Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley.

“Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente”.

“La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere”.

“La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas”.

“Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente”.

“La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal”.

Como se puede desprender de la simple lectura de la vigente Ley sobre Delitos de Imprenta contempla una regulación para ejercer la réplica limitándolo a las publicaciones impresas y es hasta el año 2002 cuando se regula la figura en los medios electrónicos, fundamentalmente la radio y televisión. En el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, que a la letra dice:

“Toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos”.

“Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración”.

“En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”.

“De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en los términos de la resolución”.

“El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus parientes en línea ascendente o descendente en primer grado”.

“En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo”.

Efectivamente la radio y la televisión no contemplaban el derecho de acceso a la réplica, ni en la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940, que en el Libro V, capítulo VI, regulaba las instalaciones de radiodifusoras comerciales, culturales, de experimentación científica y de aficionados, pero tampoco fue contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Este derecho era inexistente en la legislación secundaria para la radio y la televisión.

Primero se consagró en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, que en su artículo 14 dispone que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley; posteriormente, en el año 2007, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempló dicho derecho en su artículo 6°, que prescribe que el derecho de réplica se ejercerá en los términos previstos en la Ley.

La evolución de la legislación es claramente notoria, primero se concibe a la réplica como una sanción, incluso, de carácter penal, en tanto que los textos internacionales, como la propia Constitución General de la República, la conciben como un Derecho Humano.

Efectivamente la sanción que prevé la Ley sobre Delitos de Imprenta establece una pena para el infractor de un mes a once meses por el incumplimiento;  en tanto que como derecho humano su tratamiento consiste en la protección de la dignidad de la persona, esto es, se parte del supuesto axiológico de que el ser humano es valioso por sí mismo, en ese sentido la regulación de la réplica debe tener una efectividad para garantizar el respeto pleno de la imagen de una persona.

No obstante, la imagen de las personas jurídicas, también deben gozar de la protección de una ley como la que se pretende expedir, ya que ellas también tienen los atributos de la personalidad que una persona física tiene, y así lo demuestra la siguiente jurisprudencia que la Primera Sala de la Suprema Corte, emitió, al referirse al daño moral:

Registro No. 178767
Localización: Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Abril de 2005
Página: 155
Tesis: 1a./J. 6/2005
Jurisprudencia
Materia(s): Civil

DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA DEMANDAR SU REPARACIÓN EN CASO QUE SE AFECTE LA CONSIDERACIÓN QUE TIENEN LOS DEMÁS RESPECTO DE ELLAS (ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Conforme al citado precepto, es jurídicamente posible que las personas colectivas demanden la reparación del daño moral que llegare a ocasionárseles, ya que al definirlo como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás, lo hace consistir en una lesión a los conceptos enumerados y obliga al responsable a repararlo mediante una indemnización pecuniaria. Aunado a lo anterior, y si se tiene en cuenta que jurídicamente es posible que además de las personas físicas, las morales también sean sujetos de derechos y obligaciones, según los artículos 25 a 27 del mencionado código, las cuales adquieren personalidad para realizar ciertos fines distintos a los de cada uno de los miembros que las componen, como lo establece el artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, y si el derecho les atribuye la calidad de personas morales a esas colectividades que adquieren unidad y cohesión a través de la personalidad, y por medio de esta construcción técnica les permite adquirir individualidad de manera similar al ser humano, y toda vez que el daño moral está íntimamente relacionado con los derechos de la personalidad, es indudable que por equiparación y analogía los conceptos relativos a la reputación y a la consideración que de sí misma tienen los demás, también se aplican a las personas morales.

Contradicción de tesis 100/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Tesis de jurisprudencia 6/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de enero de dos mil cinco.

Debe quedar claro que la réplica nada tiene que ver con la protección a la que se refiere el Código Civil Federal en su artículo 1916, relativa al daño moral, son acciones distintas y por ende autónomas entre sí. Mientras que el daño moral pretende una indemnización económica por la afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás, la réplica tiene una finalidad de aclarar a la sociedad una información imprecisa vertida en los medios de comunicación, bien sea por descuido o por generar un daño.

Esa es la dimensión social del derecho de réplica, la de contar con la posibilidad de aclarar o precisar la información que los medios de comunicación transmiten o publican en aras de que los destinatarios de la misma tengan la certeza de contar con una información objetiva.

Así, con la presente iniciativa se intenta dotar al orden jurídico nacional de una legislación que la Constitución General de la República consagra en beneficio de la colectividad, para garantizar su derecho a conocer y de la persona misma que ha sido aludida, que por ello debe tener la posibilidad de acceder al medio para aclarar la información como lo establece también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La presente iniciativa se suma de esta forma a un conjunto de propuestas presentadas por los Legisladores de Acción Nacional, que desde la LX Legislatura han aportado propuestas legislativas que han servido de sustento a las presentadas por otros Legisladores.

El instrumento que pongo a la consideración de la H. Asamblea consta de 40 artículos que se organizan en cuatro Capítulos.

La réplica debe proceder contra una información que resulte ser falsa o inexacta, pero también contra opiniones que se sustenten en esa información, ya que el juicio de un analista se encuentra viciado y por ello al aclarar o precisar la información tendremos la posibilidad de un juicio más certero.

No debe escapar de nuestra regulación el hecho de que la diversificación de los medios de comunicación, así como su especialización, han incorporado al circuito de la generación de información no solo a los medios de comunicación, hoy contamos con agencias de noticias, cuyo objetivo fundamental es venderles información a los medios comunicación los cuales reproducen o difunden, en ese sentido lo procedente sería que ellos aclararan con la persona aludida y con el medio de comunicación la información.

Junto con las agencias de noticias también subsisten los productores independientes que transmiten en los medios de comunicación sus contenidos, los cuales también pueden ser susceptibles de réplica.

Se propone una definición de medio de comunicación que permita incluir a toda persona física o moral con capacidad de difundir información.

Estas tres definiciones son importantes ya que la propuesta prevé un procedimiento de autorregulación, es decir, ante el medio de comunicación, la agencia de noticias o el productor independiente se debe tramitar la solicitud de réplica, con la finalidad de evitar el uso de procedimientos desgastantes para las partes.

El procedimiento ante el responsable de la publicación o difusión de la información consiste en que el aludido, su representante legal o, en caso de fallecimiento, sus herederos podrán presentar su solicitud en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir de haber dado a conocer la información falsa o inexacta, el responsable tendrá un plazo de tres días hábiles para dar procedencia a la réplica, o bien su negativa, la que debe fundar y motivar en alguna de las causales previstas en la propuesta de Ley.

También se prevé que cuando se trate de un programa cuya trasmisión sea en vivo y se pueda realizar la réplica sea concedida para satisfacer este derecho.

En el Congreso se ha generado una discusión intensa, en las diversas iniciativas presentadas, consistente en determinar qué procedimiento heterocompositivo ha de emplearse para dirimir las posibles controversias. Originalmente se pensó que debería ser el Instituto Federal Electoral, por creer que la réplica estaba destinada a los candidatos y partidos políticos, ya que la reforma al artículo 6° constitucional se realizó en el conjunto de reformas en materia electoral del año 2007, sin embargo este derecho va más allá de campañas y candidatos, es un derecho universal que se concede para que la sociedad conozca, en un elemental derecho a la información de la sociedad democrática y quien es aludido tenga la posibilidad de aclarar la información.

Posteriormente se propuso una autoridad de índole administrativa, como sería la Secretaría de Gobernación, para que fuera por medio de un recurso administrativo como se dirimiera la contienda entre el sujeto obligado a conceder la réplica y el aludido. Este procedimiento no resulta ágil, aun cuando se instrumente un procedimiento sumario, pues quien resulte inconforme con la decisión de la dependencia concurriría ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, a combatir mediante el recurso de nulidad la resolución de la dependencia y posteriormente al Poder Judicial de la Federación, vía amparo.

De esta forma se acudió a diseñar un procedimiento judicial sumario ante el Poder Judicial de la Federación, a través de los Juzgados de Distrito, con la intención de que se pueda, mediante la fijación de una litis, dirimir la controversia. De esta forma se propone, también, un proceso judicial sumario con etapas procesales claramente definidas para agotar el procedimiento en un término de 22 días hábiles.

La demanda podrá presentarse dentro de los quince días hábiles a que venzan los plazos para contestar, por parte del sujeto obligado, quien una vez notificada tendrá el plazo de cinco días hábiles para contestar lo que a su derecho corresponda, con la contestación de la demanda o sin ella procede el Juez a citar a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los tres días hábiles siguientes, si no hay acuerdo se procede al desahogo de las pruebas en un plazo de siete días hábiles, que al concluir se concede un plazo a las partes por dos días hábiles para la presentación de alegatos y, en continuación de la secuela procesal, se da un plazo de cinco días hábiles para que el Juez dicte su sentencia.

Una innovación de este proyecto es la de diseñar un proceso de apelación expedito, para que mediante un Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito correspondiente, resuelva en segunda instancia el fondo de la litis dirimida en el Juzgado de Distrito, el cual se substanciará sin audiencias en un plazo de 13 días hábiles.

De esta forma, se presenta la apelación ante el Juez de Distrito que conoció el asunto, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, el apelado tendrá dos días hábiles para contestar lo que a su derecho corresponda, con la contestación o sin ella, el Juez de Distrito únicamente se cerciorará que se trate de una resolución apelable y que se haya presentado en tiempo, hecho lo anterior, se remitirá la apelación al Tribunal Unitario quien emitirá su sentencia en un plazo de siete días hábiles.

Así, los ciudadanos contarán con un procedimiento judicial ágil y certero para la procedencia o no de la réplica en los medios de comunicación, quedando a salvo cualquier otro derecho lesionado, para hacerlo valer por la vía correspondiente.

Por su parte la iniciativa presentada el 24 de julio de 2013, por los senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, señala que:

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007, en el marco de la reforma constitucional en materia electoral, se modificó el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que todas las personas en México gozan del derecho de réplica.

El nuevo texto constitucional estableció entonces que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, con lo que el Congreso de la Unión decidió incorporar esta prerrogativa al conjunto de normas que regulan el ejercicio del derecho de libre expresión de las ideas, considerando que ello permitiría complementar las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente a ese mismo artículo en materia de derecho a la información.

Del proceso legislativo correspondiente se desprende que el Constituyente Permanente estimó que la libertad de expresión debe gozar de la protección más amplia tanto para los emisores de las ideas como para sus receptores, de forma tal que cualquier persona pueda estar en posibilidad de replicar la información que resulte contraria a su legítimo derecho.

La Ley Federal de Radio y Televisión no contiene ninguna previsión normativa sobre el derecho de réplica y, al revisar detalladamente el sistema de leyes mexicanas se llega al conocimiento de que ninguna otra ley lo contempla.

Señala que en este contexto es necesario concluir que estamos ante un derecho constitucional que no cuenta con la legislación secundaria que permita hacerlo justiciable y por ello debemos recordar que un derecho sin justiciabilidad es un mero discurso programático o una serie de buenos deseos y esperanzas, pero nada más. La exigibilidad jurídica está condicionada por la existencia de las normas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho y, en el caso concreto, éstas simplemente no existen.
Luigi Ferrajoli entiende por garantía: “las garantías son técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional”, señala la propuesta.

El legislador entonces, no ha podido reducir esa distancia estructural entre normatividad y efectividad en lo que a derecho de réplica se refiere, vulnerando los derechos de millones de personas físicas y morales que son aludidas todos los días en los medios de comunicación escritos, televisivos, radiofónicos o electrónicos y que no cuentan con un mecanismo que les permita aclarar la información que sobre ellas se publica cuando ésta es imprecisa o dolosamente tendenciosa.

No sólo estamos en falta con lo previsto en el Décimo Transitorio de la reforma de 2007, sino que, además incumplimos lo previsto por el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente y vinculante para nuestro país.

Dicho ordenamiento señala que:

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta:

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades, legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades, ni disponga de fuero especial”.

La iniciativa propone establecer los procedimientos para garantizar el ejercicio de este derecho, cumpliendo lo dispuesto en el citado numeral constitucional y con ello se pretende reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad de la que ya se ha hablado.

Asimismo, crea la figura de defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia; se establece una norma más amplia que permite la defensa de este derecho por agravios cometidos a través de información difundida por un medio de comunicación. Se crea un procedimiento expedito; se especifica la forma y plazos en que el medio de comunicación deberá cumplir con el derecho de réplica; se crea un proceso jurisdiccional federal fundamentalmente oral y de carácter sumario, con el objetivo de que se asegure el cumplimiento de este derecho; se incluye en estos procedimientos el derecho de réplica de los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Finalmente, se establecen sanciones pecuniarias claras y adecuadas para los casos en que los medios de comunicación no cumplan con las disposiciones de la ley respecto del cumplimiento del derecho de réplica.

Es importante señalar que para determinar el contenido de la minuta aprobada por la Colegisladora,  la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, consideró los siguientes  antecedentes legislativos sobre el derecho de réplica, presentados por diputados y senadores de las LX, LXI y LXII Legislaturas del Congreso General de la Unión:

1. LX Legislatura:

d. Iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, presentada por el entonces senador José Alejandro Zapata Perogordo, integrante del GPPAN, el 13 de diciembre de 2007.

e. Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley para garantizar el derecho de réplica, presentada por diputados integrantes del GPPAN, el 25 de marzo de 2008.

f. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión, presentada por senadores integrantes del GPPVEM, el 12 de abril de 2008.

g. Iniciativa que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el amparo contra particulares y expide la Ley que garantiza el derecho de réplica, presentada por la entonces diputada Valentina Batres Guadarrama integrante del GPPRD, el 30 de julio de 2008.

h. Iniciativa de ley para garantizar el derecho de réplica, presentada por el entonces Diputado Cuauhtémoc Sandoval integrante del GPPRD, el 13 de agosto de 2008.

i. Iniciativa de ley para garantizar el derecho de réplica, presentada por Diputados integrantes del GPPAN, el 10 de junio de 2009.

j. Iniciativa que expide la Ley para garantizar el derecho de réplica, presentada por la entonces Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, integrante del GPPRD, el 19 de agosto de 2009.

1. LXI Legislatura:

a) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley reglamentaria del derecho de réplica, presentada por el entonces Diputado Jaime Cárdenas Gracia, del GPPT, el 23 de septiembre de 2009.

b) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica y reforma las fracciones VI y VII y adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por el entonces Senador Jesús Murillo Karam, integrante del GPPRI, el 23 de marzo de 2010.

c) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, presentada por el entonces Senador Pablo Gómez Álvarez, del GPPRD el 25 de marzo de 2010.

d) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Federal para ejercer del derecho de réplica y deroga el artículo 27 de la Ley sobre delitos de imprenta, presentada por el entonces Diputado Javier Corral Jurado, del GPPAN, el 29 de noviembre de 2011.

3. LXII Legislatura:

a) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Federal para ejercer la réplica en los medios de comunicación y deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, integrantes del GPPAN, el 11 de septiembre de 2012.

b) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por el Diputado Fernando Rodríguez Doval integrante del GPPAN, el 31 de octubre de 2012.
c) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley que garantiza el derecho de réplica, presentada por el Diputado Rodrigo Chávez Contreras, integrante del Partido Movimiento Ciudadano, el 19 de marzo de 2013.

d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por diversos Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de julio de 2013.

En ese sentido, la colegisladora aprobó un proyecto de decreto derivado de la armonización de las distintas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión, en materia de derecho de réplica, toda vez que éstas guardan identidad de propósitos y en términos generales las propuestas apuntan a la expedición de una ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido esencial es contar con un procedimiento para ejercer el derecho de réplica.

Por lo anterior, la propuesta de ley reglamentaria, comprende el concepto de réplica y su alcance, las reglas para ejercitarlo y las sanciones que proceden en caso de la inobservancia, con ello se constituye un ordenamiento integral en materia de derecho de réplica que facilite su comprensión y evite que respecto del mismo se generen interpretaciones que acoten el contenido y alcance del mismo o dificulten su aplicación.

Así, el documento en análisis y dictaminación prevé 42 artículos agrupados en cuatro capítulos.

• El primer capítulo, “Disposiciones Generales” está conformado por ocho artículos que prevén el concepto de derecho de réplica, el objeto y los sujetos de la ley, la materia del derecho de réplica, las definiciones, así como las disposiciones aplicables en materia supletoria.

Se regula entre otros, el concepto de derecho de réplica; el objeto de la ley (el establecimiento de procedimientos y autoridades competentes para garantizar el ejercicio del derecho de réplica que prevé el artículo 6º constitucional); la materia del derecho; la supletoriedad de la ley.

Por lo que hace a los sujetos de la ley éstos son el agraviado, que puede ser persona física o moral, partidos políticos, precandidatos, y candidatos a puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, y por otra parte, los sujetos obligados, que son, los medios de comunicación, las agencia de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

• El segundo capítulo “Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados”, se integra por los artículos 9 a 19, contiene el plazo para ejercer el derecho; la forma de publicación o transmisión de la réplica; el contenido de la réplica; la extensión de la réplica y los casos en los cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica.

• El tercer capítulo “Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica” comprende los artículos 20 a 37 del proyecto, establece que todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la ley es competencia exclusiva de las autoridades federales, en el ámbito de sus atribuciones.

Respecto de la legitimación, establece que el procedimiento en materia de derecho de réplica se iniciará siempre a instancia de parte, en relación con los plazos de substanciación del procedimiento, éstos son breves con la finalidad de evitar un procedimiento largo y costoso para el agraviado.

Además, se establece que la sentencia dictada por el juez, ordenará además de la imposición de una sanción económica al  medio de comunicación demandado, la publicación o difusión de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.
Al respecto, es importante señalar que el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios ocasionados en su contra con motivo de la publicación de la información que se le atribuya. En consecuencia quien reclame en vía judicial el ejercicio del derecho de réplica, con independencia del sentido de la sentencia, subsiste su derecho de acudir a los tribunales para exigir la reparación de los daños y perjuicios causados.

• Finalmente, el capítulo cuarto “De las sanciones”, que comprende los artículos 38 a 42, prevé como su nombre lo indica, las sanciones aplicables a  los sujetos obligados, que sin causa justificada no otorguen la rectificación o respuesta dentro de los plazos previstos en la ley, o se nieguen a cumplir con la sentencia o lo hagan fuera del plazo establecido. La aplicación de estas sanciones es independiente a otras que procedan conforme a las demás leyes aplicables.

• El Proyecto de Decreto contiene tres artículos transitorios, el primero establece que el decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el segundo se refiere a que los sujetos obligados deberán designar e informar al público los datos de su representante, dentro de esos 30 días.

Y el tercero, deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta del 12 de abril de 1917, y las demás disposiciones legales y administrativas que se opongan a la ley.

En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de señalarse que la minuta en análisis señala que como consecuencia del procedimiento previsto en el Capítulo Tercero del Proyecto de Decreto, es necesario reformar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de establecer las atribuciones que tendrán los jueces de distrito civiles del fuero federal.

Por lo anterior, es que se adiciona la fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de incluir el derecho de réplica que se pretende reglamentar.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora respecto de la imperativa necesidad de expedir la Ley que regule los supuestos de procedencia del derecho de réplica, así como los procedimientos que aseguren su cumplimiento, pues con esto se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental consagrado en el texto constitucional.

Consideramos que la aprobación de este proyecto, representa un logro importante ya que es producto del estudio de diversos proyectos legislativos presentados por legisladores de distintos grupos parlamentarios tanto de la presente legislatura como de legislaturas anteriores, de cuya concreción deviene en el fortalecimiento de libertades y garantías relativas al derecho de réplica.

La regulación del derecho de réplica, atiende a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho de las personas, al acceso permanente y suficiente a la información objetiva, completa y veraz, garantizando paralelamente al ciudadano el acceso a instrumentos jurídicos eficaces que le permitan exigir a los medios de comunicación masiva la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, honor o imagen.

En ese sentido, derivado del análisis de procedencia de la minuta en comento, las Comisiones dictaminadoras concluimos que ésta desarrolla de forma completa el derecho consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello al coincidir plenamente con los alcances del texto de la minuta, proponemos la aprobación de la misma en sus términos.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento del Senado, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justica y de Estudios Legislativos Segunda proponemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRMERO.- Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana; tiene por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Agencia de noticias: Empresa o institución que obtiene información, materiales editoriales o fotográficos, para venderlos o ponerlos a disposición a los medios de comunicación, mediante acuerdo o contrato.

II. Derecho de réplica: El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

III. Medio de comunicación: La persona, física o moral, que presta servicios de  radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

IV. Productor independiente: La persona, física o moral, que genere y sea responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación.

Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio.

Cuando la persona física afectada se encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o hubiere fallecido, lo podrá hacer el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho. En materia electoral, el derecho de réplica sólo podrá ser ejercida por el afectado.

Las personas morales ejercerán el derecho de réplica a través de su representante legal.

Cuando el derecho de réplica se ejerza ante los sujetos obligados operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, el procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones que determinen sus propias formas de organización, en tanto no contravengan los principios que establece la Constitución, esta Ley y las demás aplicables.
Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean para las precampañas y campañas electorales todos los días se considerarán hábiles.

Artículo 4. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma.

Las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información, responsables del contenido original, cumplirán la obligación a que se refiere el párrafo anterior, a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros.

Artículo 5. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta Ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada.

Artículo 6. La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

En caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada, el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quién haya ordenado la inserción.

La publicación de la réplica o rectificación deberá realizarse sin comentarios, apostillas u otras imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica, rectificación o respuesta.

Artículo 7. Los sujetos obligados deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica

Los sujetos obligados deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.

En los casos en que el sujeto obligado contemple, como parte de su organización interna un defensor de los derechos de los lectores, radioescuchas o televidentes, según sea el caso, y cualquiera que sea la denominación que se otorgue al responsable de esa función, este mismo podrá ser designado como responsable de atender y resolver las solicitudes a que se refiere el presente artículo.

Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPÍTULO II
Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados

Artículo 9. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.

Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por  sí o por medio de representante o apoderado.
Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley.

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I. Nombre del peticionario;

II. Domicilio para recibir notificaciones;

III. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información;

IV. Hechos que desea aclarar;

V. Firma autógrafa original del promovente o de su representante legal, y

VI. El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada.

El escrito deberá ir acompañado de copia de identificación oficial del promovente y, en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido, o que se encuentre imposibilitado para ejercerlo por sí mismo.

Artículo 11. A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 12. El sujeto obligado tendrá hasta tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que emitió su resolución, para notificar al promovente su decisión en el domicilio que para tal efecto haya señalado en el escrito presentado.

Artículo 13. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, rectificación o respuesta pertinentes.

Artículo 14. Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente al de la notificación de la resolución a que hace referencia el artículo 12 de esta Ley, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

Artículo 15. Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

Artículo 16. Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
Artículo 17. Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la  persona legitimada para ello, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la fecha en que se resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 18. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la  réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberán asentarlo.

El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día hábil siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta Ley;

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante en términos del artículo 12 de esta Ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

CAPÍTULO III
Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica

Artículo 20. Todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la presente Ley es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 21. Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica en los términos que dispone esta Ley.
Será competente por razón de territorio para conocer del procedimiento judicial a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito del lugar que corresponda al domicilio en que resida la parte solicitante, con excepción de lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.

En donde no resida un Juez de Distrito y siempre que la información falsa o inexacta cuya rectificación se reclame, haya sido emitida o publicada por sujetos obligados en el mismo lugar o lugar próximo, los Jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique dicho sujeto obligado tendrán facultad para recibir la demanda de réplica, debiendo resolverse en la formay términos que establece este ordenamiento.

Artículo 22. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica se iniciará siempre a petición de parte.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá ser presentada por la parte legitimada o por los sujetos referidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 3 de esta Ley.

Artículo 23. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya.

Artículo 24. La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el Juez de Distrito competente, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes:

I. A la fecha en que la parte legitimada debió haber recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, en el caso de que no la hubiere recibido.

II. A la fecha en que la parte legitimada haya recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, cuando no estuviere de acuerdo con su contenido.

III. A la fecha en que el sujeto obligado debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta Ley, en el caso de que no la hubiere efectuado.

Artículo 25. En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo deberán señalarse:

I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del derecho de réplica;

IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma;

V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica;

VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado;
VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y

IX. La firma del solicitante.

Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a  un representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo designará oficiosamente el Juez competente.

Artículo 26. A todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar los siguientes documentos:

I. Una copia de su escrito de solicitud y anexos para todas las partes en el procedimiento;

II. Las pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo anterior;

III. El documento por medio del cual se acredite de manera fehaciente la personalidad del promovente, en su caso, y

IV. El acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que no se hubiere contestado; el escrito emitido por el sujeto obligado mediante el cual se hubiere denegado la solicitud de réplica; o, en su caso, la copia del programa o publicación efectuada por el sujeto obligado en cumplimiento a una solicitud de derecho de réplica, cuando la parte legitimada considere que es insuficiente o incorrecta.

Artículo 27. En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, podrá solicitar al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que la hubiera difundido, que expida una copia de la misma a su costa. Dicha petición deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia del derecho de réplica. El acuse de recibo correspondiente deberá acompañarse como anexo de la misma.

Artículo 28. En los procedimientos judiciales del derecho de réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.

Las pruebas se ofrecerán en el escrito de solicitud y en la contestación, y deberán acompañarse a los mismos; las que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Artículo 29. Para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos en el procedimiento a que se refiere este Capítulo, el Juez podrá valerse en cualquier momento y hasta antes de que dicte sentencia, de todos los medios de prueba que estime necesarios, siempre que estén reconocidos por el Derecho.

Artículo 30. Admitida la solicitud, el Juez mandará emplazar en forma inmediata al sujeto obligado en contra de la cual se hubiera presentado, con copia del escrito inicial y anexos que la conformen, para que dentro del plazo de cuatro días hábiles siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento, produzca su contestación por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.

Artículo 31. En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 32. En el escrito en que el sujeto obligado demandado formule su contestación deberá expresarse:

I. Nombre del medio de comunicación, agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información y, en su caso, de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Contestación a cada uno de los hechos que consigne la solicitud;

IV. Excepciones y defensas;

V. Las consideraciones de Derecho que se estimen necesarias y pertinentes, en su caso;

VI. Las pruebas que estime adecuadas para demostrar los extremos de su defensa, y

VII. Firma de quien presente la contestación.

El sujeto obligado deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad; las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación que se haga en su contra y, en su caso, la copia del programa o la publicación en que se hubiera hecho la divulgación de la información que dio lugar al ejercicio del derecho de réplica y que hubiere sido aportada como prueba por el actor mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 27 de esta Ley.

Artículo 33. Cuando el sujeto obligado no pueda exhibir alguna o la totalidad de las pruebas en que funde su defensa o la copia del programa o la publicación a que se refiere el plazo anterior, dentro del plazo que la ley le concede para producir la contestación a la solicitud del derecho de réplica y hubieren causas justificadas para ello, el Juez podrá conceder un plazo adicional de dos días hábiles para su presentación, siempre que anuncie dicha circunstancia en el escrito de contestación.

Artículo 34. Dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las resoluciones que emita el juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la ley de la materia.

Artículo 35. En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley, procede el recurso de apelación, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 36. Si la sentencia determinare la procedencia de las pretensiones del demandante, el Juez además de imponer la sanción establecida en los artículos 38 y 39 de esta Ley, ordenará al medio de comunicación, agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.

En el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica procederá la condenación de costas.

Artículo 37. Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta Ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta Ley, observando lo establecido en el presente Capítulo. En estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad electoral competente.

CAPÍTULO IV
De las sanciones

Artículo 38. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que no realice la notificación al particular en términos del artículo 12 de esta Ley.

Artículos 39. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 14.

Se sancionará igualmente con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la presente Ley.

Artículo 40. En el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el sujeto obligado se niegue a cumplir la sentencia o lo haga fuera del plazo establecido en la misma será sancionado con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En tales casos, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia ante el Juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para ese fin lo dispuesto por la Ley de Amparo.

Artículo 41. Las sanciones contenidas en este Capítulo serán aplicadas por el Juez de Distrito con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al sujeto obligado infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la presente Ley.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los sujetos obligados deberán designar e informar al público en general, a través de su portal electrónico, los datos del representante aludido en el artículo 7, contenido en el Artículo Primero del Decreto, dentro del plazo señalado en el artículo transitorio anterior.

Tercero.- Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 53.

I. a VI. …

VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles;

VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y

IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



(Voto particular de la Senadora Angélica de la Peña Gómez)



(Voto particular de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza)



(Voto particular de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)



(Voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inserta la intervención del Senador Zoé Robledo Aburo, en relación al proyecto de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Intervención, Con el permiso de la Presidencia.



 (Voto particular del Senador Luis Sánchez Jiménez)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar moción suspensiva.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La tengo registrada para la presentación de moción suspensiva inmediatamente después de que presente la moción que ha formulado el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Con fundamento en los artículos respectivos, formulamos una moción suspensiva a fin de que el debate que propone la discusión y aprobación del dictamen que contiene la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, se interrumpa a efecto de que el asunto, objeto del dictamen, sea devuelto a las comisiones unidas.

Los hechos y motivaciones para esta moción suspensiva son los siguientes:

Uno, el dictamen que se pretende someter a discusión y aprobación, no ha sido motivo de consulta a expertos, no hubo audiencias con académicos ni reuniones de trabajo con ellos.

Dos, el dictamen no se acompaña de una evaluación sobre el impacto presupuestario, tal y como lo ordena el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece lo siguiente:

“Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o Decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo realizará una evaluación del impacto presupuestario y tomará las medidas correspondientes”.

Tres, el dictamen no fue discutido en las comisiones artículo por artículo. Se evitó una deliberación a fondo sobre las deficiencias que pudimos haber presentado.

Cuatro, el dictamen no contiene la regulación de un derecho de réplica, sino en todo caso, de un derecho a la rectificación; ni maximiza el derecho de réplica en contra de los artículos 1o. y 6o. de la Constitución, y 14 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos.
Cinco, desde nuestro punto de vista, el dictamen presenta las siguientes deficiencias en contra de la Constitución y de los derechos humanos:

El artículo 2o., fracción II, limita el alcance del derecho humano de réplica; establece que ese derecho sólo es respecto a derechos inexactos y/o falsos; no se contempla la complejidad de la réplica que puede implicar rectificaciones de hechos inexactos o falsos, aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resulten agraviantes, respuestas de diversos tipos que las personas puedan hacer a los medios respecto a informaciones agraviantes.

El dictamen regula un derecho de rectificación, pero no uno de réplica, pues deja fuera a las alusiones y opiniones, y restringe a otros preceptos, artículo 5o., la réplica contra la crítica periodística.

Sólo las personas físicas y morales pueden promoverla en este caso, excluyendo a colectivos sin personalidad jurídica.

La norma es violatoria del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que extiende la réplica a supuestos que van más allá de hechos inexactos o falsos contra toda información agraviante, y también respecto a la información cinematográfica.

Además la disposición violenta el derecho de las audiencias previsto en el artículo 6-B, fracción VI de la Constitución, porque los derechos humanos son interdependientes.

Y el derecho al honor, a la intimidad de las personas que es protegido por la réplica, está también vinculado a todos los derechos que tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Segundo, el artículo 3o. no establece la legitimación legítima ni difusa en materia de réplica.

Se deja fuera a los grupos sociales que no estén constituidos legalmente y no cuenta con un representante legal, es decir, los grupos sociales, las ONG’s podrán quedar sin protección, violenta esta disposición el artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución, porque no maximiza el derecho, no es una disposición que garantiza el derecho de réplica, de manera pro homine, también vulnera el derecho de las audiencias contemplado en el artículo 6-B fracción VI de la Constitución.

El artículo 5, que refiere a la crítica periodística, no da lugar derecho a la réplica, cuando ésta no tiene que ver con una persona física o moral.

De esta suerte, las cuestiones generales que tengan que ver con colectivos sociales, económicos, religiosos o ideológicos, quedan fuera de la protección de la réplica.

Lo anterior, entraña una violación al párrafo quinto, artículo 1o. de la Constitución, que prohíbe la discriminación, y que garantiza la dignidad humana, igualmente se violenta el derecho de las audiencias.

Cuarto. El artículo 10 prevé un plazo de 5 días hábiles para presentar la solicitud de réplica ante el medio de comunicación.

Debiera ser un plazo más amplio, por ejemplo, 60 días hábiles constituyen un plazo razonable, si no se hace la solicitud de réplica en ese plazo, el derecho precluye, es decir, no se podrá ejercer posteriormente, es un plazo muy corto que hace nugatorio el derecho, el derecho que estamos supuestamente reglamentando.

Por otra parte, no se prevé el supuesto de personas que entren mucho tiempo después de la información, motivo de la réplica.

Quinto. El artículo 10 establece requisitos excesivos para el solicitante de réplica. Esta norma entraña una afectación directa a la réplica, la solicitud de réplica al medio de comunicación no debe implicar la exigencia de ningún requisito, tanto por razones jurídicas como materiales; jurídicas, porque en la réplica los derechos son de los ciudadanos que la promueven, y las obligaciones, entre ellas, a cargo de la prueba, recaen en el medio de comunicación; materiales porque el que cuenta con…

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, Manuel Bartlett Díaz, un momento por favor.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano, Alarcón, ¿para qué asunto?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, esto no es una moción suspensiva, es una tomada de pelo.

El señor está fijando posición sobre el dictamen, entonces si es moción suspensiva, a lo que nos truje y si no, entonces fije posición a la hora que corresponda sobre el dictamen, porque ya está hablando sobre el contenido del mismo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Le pido al Senador Manuel Bartlett Díaz, que se centre en lo que señalan los artículos 105 y 106, los argumentos para poder presentar, desde luego, la moción suspensiva y él tendrá la libertad ahí para manejar eso, pero desde luego que sí, tendrá que sujetarse a lo que establecen los artículos 105 y 106 de nuestro Reglamento.

Senador Manuel Bartlett Díaz, le pido que concluya, son cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Qué bueno, señor Presidente, porque no le entendí nada en su jeringonza esa, oposicionista.

Materiales, porque el que cuenta con las pruebas y las tiene directamente a su alcance, es el propio medio de comunicación, la abundancia de requisitos restringe la garantía del derecho, además la norma no facilita la solicitud de réplica a través de vías como el Internet.

Sexto. Los artículos 11 y 12, establecen plazos de tres días hábiles para que el medio resuelva y notifique al solicitante.

La ley no obliga a los medios a fundar y motivar sus resoluciones, y los pasos son muy amplios, los plazos deberían ser máximo de 24 horas en cada caso, para no hacer nugatorio el derecho como lo hace esta iniciativa.

El artículo 19, prevé las diversas causas de negativas que pueden esgrimir los medios de comunicación para rechazar la réplica de los ciudadanos, son excesivos.

La fracción I, constituye un absurdo lógico, porque la réplica es un derecho del ciudadano y no del medio, el que tiene que estar o no satisfecho con la información es el ciudadano y no el medio.

La fracción II, señala que si en cinco días hábiles no se presenta la solicitud, el derecho precluye.

La fracción III, determina que la réplica se niega si se trata de…
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Manuel Bartlett, ¿me permite, por favor?

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

Les informo, que son sólo cinco minutos para presentar una moción suspensiva, y sí tenemos que ajustarnos a los tiempos, ¿por qué? Porque hay una serie de propuestas, de discusiones en lo subsecuente. Sí les pediría que nos ajustemos al tiempo reglamentario, porque habrá tiempo para fijar posiciones de cada grupo parlamentario, y ahorita sólo estamos viendo los argumentos del porqué este Pleno debiera de autorizar o no una moción suspensiva.

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le pido que, por favor, nos ajustemos al Reglamento del Senado.

Si leemos el artículo 105 y 106, usted los conoce muy bien, es muy claro para la presentación de una moción suspensiva, no solamente tiene que ver con el tiempo, el tiempo que ya está rebasado, sino también con el contenido con el que se está presentando la moción suspensiva.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Le pediría al Senador Manuel Bartlett Díaz que concluya, por favor, para continuar con el trámite parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Nos están haciendo perder el tiempo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Precisamente en el marco de la esencia de esta discusión, había que expresar tolerancia, para que el compañero que está en tribuna, pueda argumentar en su derecho lo que considera que son elementos para llamar a la moción suspensiva.

Por eso no podemos, en el marco del Reglamento y del tiempo, hemos tenido muchos tiempos perdidos, y aquí son tres minutos solamente los que está rebasando, y creo que la madurez de muchos Senadores debe privar para que haga sensatez y podamos tener oportunidad de una discusión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador, Isidro Pedraza.

Les informo que antes de entrar a la discusión de este dictamen hay 16 oradores inscritos, y la idea es que todos tengan la oportunidad de participar de acuerdo a los tiempos reglamentarios que señala tanto nuestra Ley Orgánica como el Reglamento.

Le pido al Senador Manuel Bartlett que pueda concluir, por favor, su presentación de la moción suspensiva.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: El artículo 30 le da al medio un plazo de cuatro días para contestar después del emplazamiento del juez de distrito. Es un plazo enorme que favorece al medio, la contestación debe realizarse en un plazo de tres días, después del emplazamiento.

El artículo 35, regula la apelación ante el Tribunal Unitario, situación que prolongará, junto con los juicios de amparos, los procedimientos sine die
Trece. El artículo 36, le concede a los medios tres días hábiles después de la resolución definitiva para publicar la réplica. Es un plazo que favorece a los medios, la publicación debe hacerse inmediatamente.

Los artículos 38, 39 y 40, contemplan sanciones pecuniarias a los medios que no acaten las resoluciones en materia de réplica, nunca se prevé como sanción para los medios la revocación de las concesiones, autorizaciones o permisos.

Es una ley que tiene las siguientes deficiencias: favorece a los medios, para empezar, y eso es algo que es importante que lo conozcan antes de empezar a discutir, porque no conocen el dictamen, favorece a los medios y no favorece a los gobernados, restringe el alcance protector del derecho de réplica y, en realidad, se regula una rectificación, contempla un procedimiento judicial farragoso, que hace nugatorio el derecho, determina la carga de la prueba al titular del derecho, faculta a los medios a negar las réplicas con cualquier pretexto.

Artículo 19. No garantiza el derecho de réplica de los colectivos que no están constituidos jurídicamente, las sanciones a los medios implica multas, jamás su revocación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos, primero, se dé trámite parlamentario a la moción suspensiva.

Segundo. Se interrumpa el debate, discusión y aprobación del dictamen que contiene la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, hasta que se produzca un debate amplio, serio e informado sobre la materia en cuestión que no se dio en las comisiones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador don Manuel Bartlett Díaz.

Tal y como lo ha expuesto y solicitado el Senador Manuel Bartlett Díaz y con fundamento en los artículos 105 y 106 de nuestro Reglamento, procederemos a desahogar su solicitud de moción suspensiva.

Informo a la Asamblea que la Senadora Angélica de la Peña Gómez, ha solicitado el uso de la palabra para el mismo efecto.

Informo a la Asamblea que podemos votar sólo una moción suspensiva en cada uno de los dictámenes que se vayan a discutir.

Entonces, después de que exponga sus argumentos la Senadora Angélica de la Peña, procederemos a la votación correspondiente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado, presento la siguiente moción suspensiva para la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la ley reglamentaria al artículo 6o. constitucional.

Primero. La minuta aprobada por las comisiones a las que hice referencia, interpretan y pretenden reglamentar indebidamente el derecho de réplica mandatado por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. La minuta carece, como debiese ser el fundamento esencial, de perspectiva de derechos humanos, justamente esa es la materia de la Ley de Réplica.
Segundo. Las comisiones presentan un dictamen que establece un procedimiento con demasiados candados, instancias, excepciones, requisitos y un extenso procedimiento que impide, en vez de garantizar a las y los ciudadanos la efectividad del derecho de réplica en abierta violación al artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consigna que la réplica o rectificación debe poderse ejercer por información inexacta o agraviante, la ley que se pretende, por cierto, hoy aprobar, se limita a reconocer el derecho frente a la información falsa o inexacta.

Tercero. Las comisiones dictaminadoras desconocen la especial naturaleza de la réplica en materia político-electoral, la cual se encuentra prevista y se desarrolla en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya efectividad depende sobre todo de un procedimiento sumarísimo que permita la inmediata y eficaz rectificación de la información falsa o inexacta, pues de su oportunidad depende el efectivo resarcimiento de los derechos afectados, así como el establecimiento de las condiciones de equidad en la contienda política.

Cuarto. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que el proyecto, en los términos aprobados por las comisiones dictaminadoras es inconstitucional y contiene contradicciones con otras normas. Por ejemplo: Con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; otra ley, la Ley de Imprenta, siendo una ley tan vieja, resulta mucho más protectora que esta ley en la que hoy nos estamos ocupando; la Ley de Telecomunicaciones, que aquí discutimos ampliamente, y por supuesto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que mencioné.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno la siguiente moción suspensiva, con un solo punto.

Único.- Se aprueba la presente moción suspensiva del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional, párrafo 1 en materia del derecho de réplica y que reforma y adiciona, además, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con objeto de que sea devuelto a las comisiones dictaminadoras, se haga su respectiva revaloración y estudio, y cumpla con el diseño que nos mandató la Constitución cuando fue reformada en su artículo 6o. constitucional.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que en los términos reglamentarios sólo se requiere de una votación suspensiva en los términos que señala el artículo 106 de nuestro Reglamento, y por ello consulto a la Asamblea si esta moción presentada es respaldada cuando menos por cinco Senadores, para que pueda dársele el trámite reglamentario.

Tome nota la Secretaría y, obviamente, en este caso solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción suspensiva presentada.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal.

¿Para qué asunto, Senador?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para solicitarle que la votación sea en el tablero electrónico.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿Quiénes respaldan su propuesta?

Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recibir la votación relativa, si se admite o no la discusión, la moción presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, y que fue respaldada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Pido nada más, subrayando el sentido de la votación para la Asamblea, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, como no.

Quienes están en pro o a favor estarían apoyando la moción.

Los que estén en contra de la moción tendrían que votar, obviamente, en contra de la misma.

Entonces los votos a favor serían para respaldarla, y en contra para estar en desacuerdo con la misma.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 25 votos a favor y 45 en contra.

Desechada la moción, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad de Estudios Avanzados, Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes asisten al Senado para ser testigos del trámite y desarrollo de carácter legislativo en este órgano.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Continuamos con la discusión del dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento del Senado.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy exponemos a su consideración tiene como finalidad expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ley en comento está comprendida por 42 artículos divididos en cuatro capítulos. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. A partir de su expedición, toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado y que le cause un agravio.

De igual manera se establece el proceso y, en su caso, el procedimiento que deberá seguir la persona agraviada para ejercer este derecho. Serán sujetos obligados los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.

De la misma manera la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica, subrayo, la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica. En este tenor la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

Cabe destacar que el proyecto a su consideración establece un medio de ejercicio, autónomo del derecho de réplica para que la persona afectada por la información falsa o inexacta en su contra pueda ejercerlo frente al medio que la generó o difundió. No obstante, y de ser el caso de no concederse la réplica en las mismas condiciones en las que difundió la información, podrá iniciar un procedimiento jurisdiccional para reclamar su derecho a la réplica, así como la debida reparación del daño en caso de ser procedente.

Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audios restringidos, si se permitiera ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión en la extensión y términos que prevé la ley.

Si no es el caso anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, un escrito donde contenga la solicitud de réplica que deberá limitarse a la información que la motiva, conforme lo estipulado en la ley.

Si la solicitud de réplica se considera procedente, el sujeto obligado deberá publicarla o transmitirla al día siguiente al de la notificación de la resolución cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos.

Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones en la misma página con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

Si se trata de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión, o uno que preste servicio de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada para ello en un plazo máximo de 24 horas, contadas a partir de la fecha que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica.
Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dio origen a la réplica adquirida o proveniente de agencias de noticias o de productores independientes, están obligados a difundir la réplica o rectificación respecto a la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberá quedar asentado. El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día hábil siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes.

Asimismo, la ley establece claramente los casos mediante los cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, y que no podrán ser otros que los descritos en el artículo 19 de la ley. Ante ello el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificarla a la persona solicitante en el término de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que emitió su resolución acompañando las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

Se reconoce el acceso a la intervención jurisdiccional para exigir la garantía del derecho de réplica cuando se esté en contra de la resolución emitida mediante el procedimiento anteriormente expuesto ante un juez de distrito, especializado en la materia para su debida sustanciación bajo el siguiente procedimiento.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el juez de distrito competente dentro de los cinco días hábiles siguientes o a los que se produzca alguno de los siguientes supuestos:

1.- Reciba la notificación sobre la resolución del procedimiento referido en el artículo 12.

2.- Que no haya recibido la notificación.

3.- Que no se haya producido resolución en los términos previstos por la ley.

En el procedimiento judicial del derecho de réplica, no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento en caso de que los hubiere, y se resolverá al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda o en su caso concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes, audiencia-desahogo de pruebas y alegatos dentro de los cuales podrá dictar sentencia, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes.

Si la sentencia determinara la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además podrá imponer la sanción establecida y ordenar al medio de comunicación, ya sea agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, difundir o publicar la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de los 3 días hábiles siguientes.

Y en contra de las resoluciones que el juez emita, de conformidad con la presente ley, procede el recurso de apelación en los términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Y cabe hacer mención que en los casos en que el afectado sea, y lo subrayo, un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrados, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley. Y en estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes, serán notificadas a la autoridad electoral competente.

El procedimiento judicial en materia de réplica, es independiente del derecho que le asiste a toda persona para reclamar judicialmente la reparación de los daños o perjuicios que se hubieren ocasionado en su contra con motivo de la publicación de la información que se le atribuya.

En resumen, el derecho de réplica está garantizado para todos.

2.- En Comisiones Unidas se aprobó el dictamen, el cual contempla multas y sanciones a quienes como sujetos obligados incumplan el derecho de réplica.

3.- La ley atiende a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho de las personas al acceso permanente y suficiente a la información, primero, objetiva, completa y veraz.

4.- El dictamen por el que se expide la Ley Reglamentaria en materia de Réplica, de ninguna manera es excluyente, contradictoria, y no limita el derecho del ciudadano.

5.- Se podrá exigir a los medios de comunicación masiva, la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación cause un agravio a la persona.

Con esto, se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental consagrado en la Constitución. Y es una carretera de ida y vuelta, en donde si la información transmitida a partir de un prestador de servicios de radiodifusión o televisión y audios restringidos, la rectificación de la réplica tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que lo haya motivado.

Es decir, se parte del reconocimiento pleno de un derecho fundamental de protección de la persona, de manera que ante la vulneración de su honor y su vida privada, ésta puede ejercer una acción restitutoria y de ello garantizar por la vía jurisdiccional la obligación hacia la reparación del daño.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El día de hoy las Comisiones Unidas de Gobernación; Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a consideración de este Pleno el dictamen relativo a la expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia de derecho de réplica, así como el que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Es importante señalar que este dictamen tiene como origen la reforma constitucional al artículo 6o. que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de noviembre de 2007.

Esta reforma, en materia político-electoral, tuvo un componente muy importante con el establecimiento constitucional del derecho de réplica. Desde esta fecha, estamos en deuda en el Congreso de la Unión para generar la legislación secundaria, que deriva del establecimiento de este derecho en la Constitución.

Además es importante precisar que la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones introdujo en el artículo tercero transitorio también la obligación al Congreso de la Unión para regular el derecho de réplica, y de esta manera las Comisiones Unidas hoy plantean este dictamen que se somete a su consideración y que tiene su origen en una minuta que nos fue remitida por la Cámara de los Diputados, y que a su vez recoge diversas iniciativas realizadas por distintos legisladores de la legislatura anterior.
La regulación del derecho de réplica atiende a una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el acceso permanente y suficiente a la información objetiva, completa y veraz, garantizando al mismo tiempo que se genere este derecho a la información, también el acceso a instrumentos jurídicos eficaces que le permitan exigir al ciudadano la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, en su honor o en su imagen.

Estamos hablando de dos derechos que corren de manera paralela, y cuyo equilibrio es necesario entender y también generar los controles eficaces para, por un lado, garantizar el derecho a la libertad de expresión; por el otro, también garantizar este derecho de réplica.

En el ámbito internacional, el derecho de réplica tiene en su origen en los derechos del hombre y del ciudadano, como: respeto a la vida, la intimidad, el honor, su imagen, y está previsto en distintos instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros.

El dictamen que hoy se somete a su consideración tiene aspectos importantes, que me permitiré señalar de manera resumida.

Se establece, por supuesto, el concepto de derecho de réplica como el que tiene toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que los aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación les cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o su imagen.

También se establece la forma en que una persona física o moral puede ejercer ese derecho de réplica, la posibilidad de solicitarlo o de ejercerlo cuando no se tiene o se encuentra imposibilitado o incapacitado.

Se señala dentro de la ley quiénes son los sujetos obligados de la misma, señalándose que son medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

Se establece dentro de la ley la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando derive de crítica periodistica y la forma en que la misma, en que este derecho estará regulado.

En este proyecto, se establece la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando el mismo derive de inserciones pagadas.

Establece la necesidad, la obligación a los sujetos obligados para que designen responsables para recibir las peticiones de derecho de réplica y, que las resuelvan.

Establece la posibilidad que cuando un medio cuente con un defensor de audiencias, este mismo pueda ser el responsable.

Señala la misma ley, que la persona que desee ejercer el derecho de réplica contará, en la primera fase del mismo, ante el medio de comunicación o emisor de la información a que se refiere la réplica, con cinco días hábiles para interponer su solicitud. En el caso que se trate de programas en vivo y el formato permita el derecho de réplica podrá hacerse durante la misma transmisión, si no es el caso, contará el afectado con cinco días hábiles para interponer su derecho, el medio, o el emisor de información contará con un plazo de tres días hábiles para emitir la resolución correspondiente y tres días para notificarla.
A partir de la notificación, si ésta contiene esa resolución, contiene la aceptación del derecho de réplica, contará con un plazo de un día hábil para formular la misma; es decir, ya sea que sea medio impreso o de radiodifusión.

Es importante precisar que la ley contempla que esta réplica deberá limitarse a la información que la motiva, y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones. Un elemento fundamental de la ley, que fue ampliamente discutida en las Comisiones Unidas, es el hecho que ante la negativa de otorgar la réplica por parte del medio, o bien cuando ésta no se hace de acuerdo con lo que se estableció en la propia resolución, el afectado podrá acudir a un procedimiento jurisdiccional que se establecerá ante el propio poder judicial, y junto con este dictamen hay otro en donde se hace una modificación para establecer las facultades de juzgados de distrito para conocer, en primera instancia, este recurso, en donde se establecen dentro de la ley los plazos para interponer este procedimiento ante instancias jurisdiccionales que son breves, y que una vez que se genere la resolución se establece un recurso de apelación.

Finalmente, quisiera señalar que hay otros instrumentos procesales importantes para garantizar que el derecho de réplica se dé sin cortapisas, inclusive se establece un incidente, y en ejecución un capítulo de sanciones. Y solamente señalaría que, sin duda, como todo instrumento normativo, como todo instrumento legislativo, el presente dictamen que ponemos hoy a su consideración, es perfectible y, seguramente, en el futuro, el mismo podrá tener adecuaciones legislativas para irlo perfeccionando.

Creo que es importante que reflexionemos hoy que después de casi 8 años en que no se ha cumplido con la obligación de brindarle a nuestro país una ley que regule el derecho de réplica, es hora de que lo hagamos, esta ley cuenta con elementos importantes, que la hacen una ley con los elementos mínimos indispensables para establecer estos procedimientos, para ejercer el derecho de réplica en México.

Y por ello, hoy las Comisiones Unidas, una vez que han dictaminado este proyecto, lo someten a consideración del Pleno, y, por lo tanto, solicitamos sea votado a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero, en primer término, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, presentar lo correspondiente a este dictamen que las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a la consideración de este Pleno para emitir la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a réplica, que retoma en sus términos, sin ninguna modificación, la minuta que fue enviada a este Senado de la República por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013, con el objeto de hacer esta reglamentación del artículo 6o. constitucional.

Y, como, efectivamente, lo han señalado las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra, en esta legislación se pretenden establecer los mecanismos para garantizar y reglamentar el ejercicio de este derecho humano consagrado en nuestra Constitución, y define el derecho de la réplica como el derecho de toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto a datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados; lo que implica definir los sujetos obligados al ejercicio de este derecho que son fundamentalmente todos los concesionarios de los medios de comunicación, que se trata de un servicio de carácter público.

Y establece, en el mismo dictamen, que todas las personas podrán ejercer este derecho respecto a información falsa o inexacta que emitan los sujetos obligados y le causen agravio y, al mismo tiempo, podrá ejercerse este derecho cuando una persona física no pueda hacerlo de manera directa y lo podrá hacer a través de su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos en línea directa, ascendente o descendente hasta el segundo grado.

Señala, que en materia electoral el derecho de réplica sólo podrá ser ejercido por los afectados, por las personas morales, y lo podrá hacer a través también de su representante legal. Y en el artículo 4o., lo dijo aquí la Senadora Pilar Ortega, los sujetos obligados son: los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido.

En el mismo dictamen se establecen los procedimientos, bastante complejos para el ejercicio de este derecho, y señala los casos en los que el sujeto obligado podrá negar la solicitud de réplica. Por ejemplo, cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado, cuando no se ejerzan los plazos y términos previstos en la ley, cuando sea ofensiva o contrarias a las leyes, cuando la persona no tenga interés jurídico en información controvertida, cuando la información previamente haya sido aclarada, o cuando la réplica verse sobre la información oficial, que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público.

En el dictamen de la minuta de Cámara de Diputados se establece el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, estableciendo que: será competencia exclusiva de jueces federales y se iniciará a petición de partes, y una vez que admita el juez la solicitud mandará a emplazar en forma inmediata al sujeto obligado para que otorgue este derecho, y en caso de que incumpla se establecerán sanciones, las cuales se ejercerán o ejecutarán a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En síntesis, es parte del contenido del dictamen. Sin embargo, quiero dar a conocer, mi opinión personal, como lo hice en las propias comisiones dictaminadoras.

Creo, en primer lugar, y desde mi punto de vista, que el dictamen establece un conjunto de contradicciones normativas que van no solamente a dificultar el ejercicio pleno de este derecho consagrado en nuestra Constitución, sino que van a generar confusión y burocratismo para el propio desarrollo e instrumentación de la ley.

Ya que, en este tiempo transcurrido, de diciembre de 2013 al momento que estamos discutiendo esta minuta, ha habido reformas constitucionales y legislativas importantes. Pongo, por ejemplo, lo que fue en materia de reforma político-electoral las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 47, en el párrafo tercero, establece que: “El derecho de réplica para los partidos políticos, los candidatos y precandidatos, que inclusive ya ha funcionado y ha generado jurisprudencia, se sujetará a lo que se llama el procedimiento especial sancionador ante el Tribunal Electoral.

Con lo cual entra en contradicción con el dictamen que hoy estamos aquí debatiendo, y que con toda seguridad habría espacio a contravertir este propio dictamen en caso de que se apruebe.
Hoy llevará a la búsqueda de amparo por las personas que se vean afectadas, toda vez de que debió haberse respetado la reforma que aprobamos aquí en el Senado de la República para que el derecho de réplica en materia electoral se ejerciera a través de las autoridades electorales y no de la autoridad civil.

En segundo lugar, también hay que señalar que en este periodo hubo una modificación al artículo 6o. Constitucional en donde se estableció como parte de los derechos humanos que derivan de la reforma del 2011, el derecho de las audiencias, y bien lo dijo el Senador Bartlett Díaz, aquí, en su primera intervención, son derechos plenamente concatenados que están ligados, el derecho de las audiencias y el derecho de réplica en donde no puede hacerse omisa esta ley en lo que se refiere al ejercicio de ambos derechos, particularmente cuando los sujetos obligados se trata de particulares que gozan de concesiones públicas.

Al mismo tiempo de que van a generarse estas dos contradicciones, hay ambigüedad en algunas partes del articulado.

Por ejemplo, el artículo cuarto, establece que los sujetos obligados en materia de derecho de réplica son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes, y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

Pero, en el párrafo siguiente del mismo artículo, el segundo, se excluye de manera justificada a los medios de comunicación de esta obligación, con lo cual pues va a ampliarse de manera muy significativa el margen de discrecionalidad en la interpretación de la ley, particularmente por los concesionarios de los medios de comunicación.

De la misma forma, en el artículo quinto, hay confusión respecto a las definiciones en materia de crítica periodística, en donde no solamente no hay una definición clara de los distintos tipos de información periodística que pueden presentarse, particularmente en lo que se refiere a la editorialización de notas o comentarios de quienes salgan al aire, ya sea a través de la televisión o de la radio, y con lo cual se pretende que sean prácticamente incontrovertibles estos juicios de valor que pudieran emitir quienes gozando del micrófono o de la pantalla puedan afectar el prestigio o la calidad moral de cualquier persona o de cualquier personal moral.

En el artículo sexto se abre lamentablemente una especie de mercado del derecho de réplica cuando se refiere a que en el caso de inserciones pagadas quien quiera ejercer el derecho de réplica tendrá que hacerlo a través del mismo procedimiento, y yo quisiera ver quién pudiera pagar los cientos de miles de pesos que cuesta un desplegado en cualquier periódico o un mensaje comercial en la televisión cuando alguna particular pues ejerza, difunde un acto, en un acto de infamia información contraria a la persona.

Y, lo cierto es que eso va a abrir también, además de este mercado de lo que es el derecho de réplica una especie de triangulación en el ejercicio de estos recursos en donde en procesos electorales a través de inserciones pagadas dentro del proceso se pretenderá que los propios partidos o candidatos vuelvan a pagar inserciones cuando esto está prohibido en la legislación electoral vigente.

Por eso, nosotros insistimos en que en la construcción de un verdadero Estado democrático debe haber como un principio rector el respeto pleno a los derechos humanos y dentro de estos derechos humanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también el respeto a los derechos de la réplica y de las audiencias, lo cual, lamentablemente con esta legislación no se logra, porque incluso desde las propias definiciones existen contradicciones.

Nosotros hemos insistido en que debió haberse modificado la redacción en cuanto al concepto de derecho de réplica, retomando la que ha propuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que   señala:

“El derecho de réplica es un derecho fundamental, elevado a rango constitucional” Es decir, que es una garantía que permite proteger la dignidad del individuo frente a las intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación.

En ejercicio de dicho derecho, una persona que se vea afectada por los dichos difundidos por un tercero, tiene derecho a que se publique a través de los medios de comunicación, su rectificación o respuesta a los extendidos de manera infundada.

Y abunda, el derecho de réplica, por una parte, es el contrapeso entre el derecho a la honra y la dignidad de la persona, y el derecho a la libertad de expresión.

Que por cierto en la discusión y el debate sobre la libertad de expresión es un debate que se ha dado a lo largo de todos los procesos constitucionales en nuestro país, y particularmente desde el Constituyente del ‘57, cuando se estableció con toda claridad que la libertad de prensa no solamente era un asunto de importancia social, sino una garantía fundamental para el desarrollo democrático del país.

Ahí están las argumentaciones de Francisco Zarco, quien por ejemplo, citando a un famoso escritor inglés, decía: “Quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y de escribir conforme a mi conciencia”

Y de ahí que en el Constituyente del ‘57, en el Artículo 7o. de la Constitución, se prohibió, hubo la prohibición expresa de apoderarse de los medios mecánicos para la impresión, encarcelar a los voceadores que hacían circular los impresos, se prohibió la censura previa, así como establecer fianza.

Y de esta manera desde el ‘57 se crearon las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, lo cual fue ratificado después de la Ley de Imprenta, que seguramente el Senador Corral Jurado se referirá a ella en esta tribuna, en el Constituyente de 1917 en donde se estableció ya también el Artículo 7o., que es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos sobre cualquier materia, y ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir la fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límite que el respeto a la libertad privada, a la moral y a la paz pública, y en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

Y de ahí la importancia de entender que no solamente es un contrapeso el derecho de las audiencias y el derecho de réplica a lo que es el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sino que también es el instrumento cuando en el uso indebido de la libertad de expresión se generen infamias en demérito de las personas o de instituciones públicas o privadas, porque esta es una ley que alcanza a todos.

Y, de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación allanándose a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a lo que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito nuestro país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha definido algunas resoluciones que entran en contradicción con lo establecido con el proyecto de dictamen.
Y, aquí sí queremos ser firmes y categóricos, ya que tratándose de un derecho  humano, el establecido en nuestra Constitución, es imperativo en su cumplimiento el Estado debe garantizar plenamente el ejercicio de este derecho y al mismo tiempo debe asumirse que en el ejercicio de este derecho debe prevalecer la protección más amplia posible a las personas, en favor de las personas, en favor del ejercicio de este derecho y por eso en la reforma constitucional señalamos el principio pro persona como uno de los criterios fundamentales en el ejercicio de estos derechos de la audiencia y el derecho de réplica.

Creo que lamentablemente el dictamen no estuvo a la altura de lo que esperábamos de este debate legislativo, que debió haber tomado en cuenta la discusión y la opinión de los especialistas de la academia, de los profesionales del tema, y con toda seguridad la forma en que aprobarán la gran mayoría aquí en el Senado derivará en controversias, amparos y litigios jurídicos sobre esta ley, que de por sí judicializa y burocratiza la posibilidad de que las personas, todas las mexicanas y mexicanos, podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la réplica y el derecho a las audiencias.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Esta directiva saluda al ciudadano Pedro Luna Vargas, presidente municipal electo de Coyotepec, Estado de México, quien viene a este recinto, invitado por la Senadora Laura Rojas Hernández.

Sea usted bienvenido al Senado, ciudadano presidente municipal electo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar mi voto particular en contra de esta iniciativa, donde se propone un proyecto de ley que reglamenta el derecho de réplica, y nuevamente una mayoría mecánica actúa en sentido contrario a los avances democráticos que hemos logrado en las últimas décadas.

Se pretende aprobar una ley reglamentaria que sólo resultará útil a las televisoras, a varias radiodifusoras o a algunos medios impresos sin ética, que persistentemente han negado el ejercicio de réplica y que acostumbran imponer su agenda a partir de desacreditar a personas o grupos que no compaginan con sus intereses.

La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte, define el derecho de réplica como el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su prejuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

La definición de tales condiciones se ha pospuesto una y otra vez, desde que en 2007 el concepto fue introducido en la reforma del Artículo 6o. constitucional.
Tras muchas demoras, aparece ahora la urgencia de aprobar un proyecto basado en la propuesta que presentara un legislador del Partido Verde Ecologista, ligado a Televisa, recientemente premiado con un cargo público en la Secretaría de Gobernación, por cierto.

Son muchas las alertas que prende este proyecto, pero, en esencia, se puede decir que está diseñado para evitar que el derecho de réplica no exista más que en el papel y que sea imposible ejercerlo, se pretende cobijar así algunas de las peores prácticas de la mayoría de los medios de comunicación, particularmente del medio duopolio televisivo.

Para empezar, el proyecto concede a los medios un tiempo demasiado largo para decidir si aceptan o no la réplica, y todo un peregrinar legaloide encaminado a obstaculizar y a no garantizar este derecho.

Se plantea que la persona agraviada presente la réplica mediante un escrito que debe entregarse físicamente en el domicilio del medio, lo cual resulta injustificable en plena era del Internet.

Ahora bien, si el medio niega el derecho de réplica, el afectado podría recurrir a la justicia, pero la carga de la prueba recae en la persona agraviada y no en el medio que cometió el agravio o vertió la información falsa.

También el agraviado debe hacerlo armado de un expediente que pruebe la falsedad o inexactitud de la información divulgada por el medio. Dicho de otro modo, sólo las o los ciudadanos que cuenten con recursos para pagar abogados podrán ejercer este derecho, lo cual subraya el carácter discriminatorio e inequitativo de la norma que se pretende aprobar.

Se trata evidentemente de hacer costoso e inaplicable el derecho de réplica, se llega al extremo de establecer que para presentar la queja ante un juez, el afectado debe conseguir copia de la emisión en la que fue aludido, en caso de tratarse de programas de radio y televisión.

Cualquier persona sabe lo complicado que resulta que un medio entregue copia de algunas de sus transmisiones, por lo que este punto está encaminado o destinado simplemente a obstaculizar el ejercicio de un derecho.

En la minuta no aparece, por ningún lado, la garantía de que el medio aludido entregará copia inmediatamente de la emisión, es evidente que con este obstáculo también se pretende que la carga de la prueba corresponda no al medio que difunda la información cuestionada, sino a la persona agraviada.

Otorgar al medio la posibilidad de decidir si la réplica procede se convierte en un incentivo para que este opte por esperar la resolución de un juez, pero, incluso, en este caso, debería hacerse estableciendo un procedimiento expedito que pudiera sustanciarse por vía electrónica.

En el proyecto de esta ley, que debería estar encaminada a proteger los derechos ciudadanos frente al poder de los medios, se llega al absurdo de otorgar a los segundos, es decir, a los medios, la decisión de otorgar o no el derecho de réplica.

Se dice así, que la réplica no se otorgará cuando la misma no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa, y cuya difusión le ocasione un agravio.

¿Quién decide cuándo la réplica sale de los límites de una aclaración puntual? Pues el mismo medio que vertió la información inexacta o falsa.
La discrecionalidad es enorme como se ve, y hará prácticamente imposible el ejercicio del derecho aludido.

En el caso de que una persona, cuya imagen u honor hayan sido dañados, decidiera presentar una queja ante un juez, la resolución podría demorar meses e incluso años, lo que subraya la ineficacia de la norma que se propone.

Entre los importantes aspectos ausentes en el proyecto, están las atribuciones que la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Ifetel, y a las defensorías de las audiencias para tutelar los derechos de las audiencias, entre ellos el derecho de réplica.

El costal de obstáculos en que convirtieron este proyecto, derivado de una importantísima reforma constitucional, establece también límites que rayan en lo irracional, abre la puerta a un sinfín de mecanismos para evitar que un medio de comunicación eluda cumplir con el derecho de réplica.

Por ejemplo, la persona agraviada no podrá ejercer su derecho de réplica cuando la información inexacta o agraviante provenga de datos oficiales, de las declaraciones de un servidor público, o de alguna agencia de noticias, como si las agencias no fuesen susceptibles de cometer errores, o como si los servidores públicos no actuaran con dolo políticamente desde sus cargos contra determinadas personas, en este caso se pretende que sea suficiente con que la agencia de noticias aclare al propio medio, no al agraviado, la información inexacta o falsa, así puede haber mentiras públicas, pero las aclaraciones serían privadas.

Organismos especializados, como la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, ha señalado con razón que el proyecto incluye excusas para que los medios nieguen el derecho de réplica, y, en consecuencia, obligan a judicializar el proceso, con lo que atenta contra los principios que marca el derecho internacional al respecto, es decir, que el ejercicio de este derecho sea expedito, gratuito, equitativo y confiable.

Aprobar este proyecto en sus términos, equivale a que el Estado renuncie a su responsabilidad de crear mecanismos para equilibrar y garantizar un derecho  ciudadano.

Tal debería de ser el papel del Estado, frente a dos actores:

Uno, los emisores de la información con que cuentan los medios.

Y otro, la ciudadanía, que no tiene elementos para defenderse frente a difusión de datos inexactos o agraviantes.

Este proyecto pretende constreñir el derecho de réplica a procedimientos judiciales en los cuales los dados ya están cargados a favor de los concesionarios de radiodifusión y de los dueños de los medios.

Los favorecidos serán aquellos que suelen no cumplir con principios éticos, ni utilizar formulas autorregulatorias. Los perjudicados son las y los ciudadanos lectores y las audiencias que deberían ser justamente los titulares de este derecho.

Este dictamen es regresivo, permaneció largo tiempo en la congeladora y carece, además, de actualidad, pues no considera los derechos de las audiencias incorporados en la Constitución General de la República hace dos años, y tampoco incluye las modificaciones que se hizo a la reforma político-electoral.
Resulta inconcebible que en un siglo dominado por la economía del conocimiento, la revolución tecnológica en el campo de la información y las comunicaciones, se siga apostando por la efectividad de fórmulas viejas, desfasadas, pero que resultan útiles para favorecer a los intereses de los monopolios.

Las excepciones adicionales que establece el artículo 19 del proyecto, implica que las empresas de comunicación pueden negarse a difundir una réplica, incluso, aunque sea evidente que dieron a conocer hechos falsos o agraviantes sobre alguna persona.

En cambio, estarán facultadas para exigir rectificaciones a ciudadanos u organizaciones que, por ejemplo, publiquen en la prensa un desplegado contra empresas o gobiernos, si desde el poder se considera que hay falsedades se podría exigir la rectificación, la cual está cerrada, si se trata de fuentes oficiales.

Se pretende con ello, inhibir la crítica y la protesta social, rechazamos un proyecto que vulnera la letra de convenios internacionales que nuestro país ha ratificado, que avance en sentido inverso a las mejores prácticas en esta materia y conminamos a este Senado a dar prioridad al interés público y a los derechos de las audiencias.

Basta revisar el contenido del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho de réplica, es aplicable a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión.

En cambio, en este proyecto que se pone a discusión, se considera que este derecho sólo es aplicable cuando se trate de aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas, que además deben ser falsas, causar un agravio, ya sea político-económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen.

Dado que el derecho de réplica forma parte de derechos y de libertades informativas. Una Ley Reglamentaria deficiente trastoca directamente la libertad de expresión y el derecho a la información, llegar a una legislación en materia de derecho de réplica ha sido sumamente difícil, sobre todo, porque los intentos se han topado permanentemente con los poderes fácticos y los monopolios mediáticos que se colocan por encima de la ciudadanía y de la nación misma.

Finalmente, lo que tenemos en este proyecto es una legislación a modo, que privilegia la entronización de las televisoras como factores decisivos en la orientación de preferencias electorales y en el encumbramiento o derrumbe de liderazgos políticos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Le solicito que inscriba el voto particular que presenté a las Comisiones de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con todo gusto, Senadora.

Solicito a la Secretaría que se inscriba de manera íntegra el voto particular que presentó.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Permítame opinar, permítame decirles, señoras y señores Senadores.

Uno de los derechos que en América Latina ha sido cuestionado y combatido por los medios de comunicación, es el derecho de réplica.

En sus inicios lo fue por las asociaciones de propietarios de medios de comunicación, quienes consideraban que esta prerrogativa restringía o limitaba, ilegítimamente, el ejercicio de la libertad de expresión. Nada más falso.

Actualmente, es reconocido plenamente en la doctrina jurídica y en las resoluciones de los tribunales de todo el mundo, y se acepta que el derecho de réplica es un límite a la libertad de expresión, pero también es una garantía del derecho a la información.

Habría que decir además, que el derecho de réplica tiene un papel preventivo y eficaz para reparar el honor, la vida privada y la propia imagen con motivo de imputaciones formuladas que se dan a través de un medio de comunicación.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 7/86, este derecho representa el primer instrumento con que cuenta la ciudadana y el ciudadano para acceder a los medios de comunicación, a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales que, afectado por una información inexacta o agraviante, tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto a esa información emitida en su perjuicio.

En su dimensión social, permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.

Es, por lo tanto, un derecho fundamental, un derecho humano, que permite el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública. Condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática.

De ahí, la importancia que tiene este dictamen y los riesgos de aprobarlo en sus términos, como lo manda la Cámara de Diputados, como aquí se ha dicho, con toda exactitud, todo el proceso legislativo que ha cursado para que finalmente nos lo presenten, sin posibilidad de ninguna rectificación, aun cuando hay leyes nuevas que obligarían a evitar que haya preceptos que contravengan este dictamen.

Sin ánimo de exagerar, es a todas luces regresivo y contrario a los objetivos de una democracia con calidad.

En comisiones fuimos insistentes en señalar la serie de irregularidades, lo que nosotros evidenciábamos como contradicciones en el propio texto, y también señalamos, incluso, opiniones versadas de distintos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que también nos alertaban respecto de la aprobación en sus términos de la minuta que llegaba a la Cámara de Diputados, y cuantimás su preocupación que no se tomara en consideración lo que señalaban en esta discusión.

Por lo contrario, se argumentó la urgencia de aprobar este dictamen, diciéndonos que es mejor contar con un mecanismo perfectible que no tener la posibilidad de ejercerlo.

Señoras y señores Senadores:
Desde nuestra perspectiva, no se trata de una ley reglamentaria perfectible, sino que es ineficiente, inconsistente e inaplicable, ya que despoja de toda eficacia la réplica, al establecer un procedimiento inequitativo que no garantiza una rectificación oportuna, sino que protege en demasía a los medios de comunicación en comparación con el derecho de las y los ciudadanos.

Muestra de ello, es que el dictamen limita a una persona la defensa ante la difusión de datos falsos o inexactos, con lo que se permite que los medios de comunicación puedan negarse a publicar una réplica “cuando la información previamente haya sido aclarada”, con lo cual la rectificación sólo podrá beneficiar a una sola persona en detrimento de las demás que hayan sido afectadas.

Asimismo, el dictamen permite también a los medios de comunicación negarse a publicar o transmitir una réplica cuando la información que cause el agravio provenga de una agencia de noticias y el medio la haya citado, con lo cual se carga a la ciudadanía la necesidad de instaurar un doble procedimiento, primero ante la negativa de la agencia de noticias y posterior ante los medios de comunicación, con lo cual se violenta sin lugar a dudas la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que:

“Toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, no debe estar protegida por inmunidades, ni disponer de fuero especial”.

En materia electoral el derecho de réplica resulta fundamental, dado que la inmediatez de la información rectificada se justifica en virtud de los plazos breves existentes en las etapas del proceso electoral, así como en su definitividad.

Sin embargo, el dictamen pretende ajustar los plazos de la réplica a los procedimientos ordinarios de la materia civil, con lo cual, al margen del retroceso, violenta la Constitución y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 247.

Este dictamen debiera remitir el ejercicio de la réplica a las reglas de la materia electoral, es decir, mediante el procedimiento especial sancionador ante el órgano electoral y en plazos brevísimos, dado que en materia electoral, dicho sea de paso, todos los días son hábiles.

Señoras y señores Senadores:

El dictamen que estamos por aprobar por una mayoría integrada por el PRI, el Partido Verde y una parte importante del PAN, creemos que es un riesgo para la libertad de expresión y de información, pues reglamenta este derecho de manera contraria a lo que se esperaría, es decir, una mayor protección de los derechos humanos.

Pero también el derecho de réplica debe ser un instrumento que genere un mejor periodismo, producción y manejo de la información, que permita un debate más robusto sobre temas de interés público y, sobre todo, debe garantizar darle voz a quienes cotidianamente permanecen amordazados por el poder de los medios de comunicación.

Es cuanto, señor Presidente y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto ha hecho llegar a esta Mesa Directiva el texto de la intervención de su voto particular.

La Mesa Directiva lo recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria integrarlo al Diario de los Debates.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Hago uso de esta tribuna para argumentar mi voto particular en contra del dictamen que expide la ley reglamentaria del derecho de réplica.

El derecho de réplica es un derecho humano para las y los ciudadanos que sean sujetos de información difundida calumniosa y falsa. Por ello, la legislación debe facilitar al extremo que el ejercicio de este derecho sea efectivo, sin obstáculos, lo que no es apreciable en el dictamen que se discute.

Este derecho es muy importante, pues no debemos olvidar que está directamente vinculado con el derecho a la información y también a la libertad de expresión. Por tanto, el Estado debe garantizarlo sin tapujos.

El ejercicio de este derecho está muy atrasado en nuestro país. No obstante que la Ley de Imprenta data de 1917, ya regulaba el derecho de réplica, aunque no con este nombre.

Ha sido un instrumento que carece de total eficacia al establecer disposiciones que en la práctica no se llevan a cabo. Tiene entre sus grandes deficiencias, el carácter de un procedimiento sumario que permite la efectividad de este derecho.

El dictamen que se presenta, no difiere en mucho de las deficiencias de la Ley de Imprenta de 1917, pues más que encontrar la apertura al reconocimiento y la garantía de este derecho, vemos una serie de limitantes en todos los sentidos.

Desde el punto de vista, varias disposiciones del proyecto que se discuten, resultarían inconstitucionales al ser limitantes de este derecho, ya que entramos en una menor protección de los ciudadanos y en una mayor protección a los medios de comunicación.

Si comenzamos con el análisis de los preceptos del dictamen propuesto, encontramos en la fracción II del artículo 2o., una limitante de origen en la propia definición de lo que es el derecho de réplica. Esta definición limita el ejercicio del derecho al establecer que sólo puede hacerse una réplica sobre la información falsa o inexacta.

Entonces, cuando se trate de ofensas o agravios a la persona, ¿no procede la réplica?

El derecho de réplica se tiene que ampliar a cualquier alusión que afecte la dignidad de la persona y no quedar simplemente limitado como se propone en este apartado de la definición, con la mención de inexactos o falsos, ya que ésta es innecesaria. Asimismo, la mención de que sea específicamente en un tema político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

Estas palabras, restringen el derecho ya que con esta delimitación quedan muchos aspectos y situaciones fuera de la posibilidad de ejercer una réplica. Por tanto, la definición no sólo es inconstitucional al limitar el ejercicio del derecho a ciertas personas y a ciertos cargos de elección.

También es inconvencional al ir claramente contra lo establecido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, en el párrafo segundo del artículo 4, en el que se protege a los medios de comunicación, transmisores al público de la información motivo de la posible controversia, esta protección se da al establecer que las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, cumplirá la obligación de garantizar el derecho de réplica a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros.

No se establece de manera expresa tal obligación a los medios donde hubiesen sido publicados o transmitidos. Por lo tanto, en este apartado sólo se garantiza una reparación parcial.

En el artículo 10, párrafo segundo, se establece que serán cinco días para la preclusión del derecho. Cinco días es un plazo muy corto para la vigencia del mismo. Este término resulta absolutamente limitativo, pues podrá haber condiciones ya sea de ausencia, condiciones laborales, incluso de salud, por las que el ofendido no pudiera ejercer durante esos cinco días su réplica. Por lo tanto, consideramos que este plazo es muy corto.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento electoral, considero que debe agregarse en el artículo 21 un párrafo específico que diga:

“Durante los procesos electorales será competente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando el promovente sea, en términos de legislación electoral, aspirante, precandidato, candidato o partido político con registro nacional o local, las reglas de la competencia, así como los procedimientos serán señalados en la legislación electoral aplicable”.

Esto, con la intención de salvaguardar el derecho de réplica en materia electoral, pues en la actualidad queda sin efectos esta regulación que ya existe para estos casos.

En cuanto al procedimiento judicial, se da pauta para que pueda ser muy largo y termine siendo ineficiente como muchos procedimientos que se llevan a cabo en la actualidad.

El término que se da al responsable para dar respuesta es muy largo, y debería de ser entre 24 y 48 horas y no de cuatro a seis días como se establece, en ese entendido, de que por cada día que se atrasa la publicación de la réplica, pues obviamente resulta más difícil reparar el daño y la dignidad de las personas.

El recurso a la apelación agrega una instancia innecesaria que termina convirtiéndolo en un procedimiento muy largo y, por lo tanto, ineficiente e inservible, y justicia que no es pronta, no es justicia.

Por cuanto vean las sanciones, quiero mencionar, que las multas que se manejan son muy cómodas y claramente le ponen precio al derecho de réplica, un precio que además, puede ser fácilmente pagado por los medios de comunicación más importantes.

Con la simple imposición de la multa, se tiene por subsanado el daño, sin que se vuelva a exigir la transmisión de la réplica, se tiene que establecer la suspensión temporal del medio de comunicación en caso de reincidencia, pues las sanciones económicas, no son una garantía para el ejercicio de este derecho.

Los medios de comunicación, en su mayoría, pueden pagar mucho más de lo que aquí se está estableciendo como una sanción.

Por lo anterior, considero que esta ley no cumple con la función primordial de protección y garantía del derecho de réplica, hay muchas deficiencias que se presentan en la evasión de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y, de la misma manera, queda indeleble el derecho de los ciudadanos afectados.
Este es un derecho humano trascendental para la dignidad de las personas, y la regulación que se propone obedece más a otros intereses y no a los intereses del ciudadano.

Es por eso que mi voto será en contra del dictamen, y propongo una serie de modificaciones para que esta ley pueda ofrecer un mínimo de garantías, en caso contrario, nos encontraremos con una ley más sin objeto, dedicada únicamente a la simulación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

A se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar su voto particular.

Informo a la Asamblea, que con esta participación concluimos la presentación de los votos particulares.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Qué pena que esta discusión de un derecho tan importante como es garantizar el derecho de réplica, no solamente sea una discusión de sordos, como se los dije en comisiones, sino que prácticamente es una discusión de escaños vacíos, nada más falta voltear a verlos, están prácticamente vacíos, solamente algunos, a quienes nos interesa, seguimos aquí.

Me parece que la función más importante que tenemos como Senadores de la República, es legislar para garantizar los derechos, no para establecer en la ley los obstáculos para ejercerlo y, por el contrario, proteger a los infractores, como sucede en el caso de este dictamen en materia de derecho de réplica, lo que busca es proteger a los medios de comunicación, de que los ciudadanos puedan ejercer un derecho de réplica.

Recordemos que el 13 de noviembre de 2007, es cuando se presenta por primera vez el derecho de réplica en nuestro Constitución.

Empero, adolecía de la ley reglamentaria que lo hiciera posible. Ante ello, la reforma incluyó en el artículo tercero transitorio, el plazo para que los integrantes del Congreso de la Unión realizaran las adecuaciones correspondientes en las leyes federales, dando un plazo máximo de 30 días naturales a partir del inicio de la vigencia de dicho decreto.

En enero de 2008, la reforma al artículo 6o. constitucional fue incluida en las reformas electorales, que dieron cabida al nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contenía importantes disposiciones sobre el derecho de réplica.

En este cúmulo de reformas, el artículo 10 transitorio, dio como fecha límite el 30 de abril de 2008 para que el Congreso expidiera la ley reglamentaria, referente al derecho de réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

Hasta el 5 de septiembre de 2013, que la Cámara de Diputados aprueba un dictamen que capta diversas propuestas llevadas a cabo por diversos legisladores en materia de derecho de réplica.

La Suprema Corte de Justicia, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han pronunciado y han dotado de vigencia a este derecho, partiendo de diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es a través del control de convencionalidad ejercido por las instituciones anteriormente citadas, que el derecho de réplica se encuentra vigente en México, a pesar de la omisión legislativa de avanzar en la ley reglamentaria.

Sin embargo, ahora, de manera súbita, se pretende aprobar un dictamen que ha quedado rebasado por otras reformas, particularmente la política.

La pregunta es, ¿por qué el interés de aprobarlo sin siquiera moverle una coma?

Me parece que este es un ejercicio más de abdicación ante los poderes fácticos.

El derecho de réplica, debe considerarse un derecho humano, parte del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, debe proteger la dignidad de una persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación.

Pero también tiene como fin garantizar el derecho de las audiencias, a tener información veraz, oportuna y sin sesgos.

Sin embargo, el dictamen no desarrolló, de manera apropiada, la protección de dos intereses jurídicos que resuelven diversos y precisan de formas, plazos y procedimientos específicos.

El dictamen presenta inconsistencias que impiden su aplicación efectiva, al mismo tiempo fortalece la protección de los medios electrónicos y escritos ante posibles comunicaciones inconsistentes o falsas.

Todo ello, a causa de una regulación inequitativa.

Alguno de los ejemplos ya se han dado acá, pero que tienen que ver, sin duda, con varias de las inconsistencias que se muestran en el dictamen, y que mis compañeros ya han ahondado suficiente en cada uno de ellos.

El llamado es, compañeros legisladores, a que realmente hagamos un voto a favor del derecho de la información que tienen las y los ciudadanos, no solamente estamos cediendo ante los poderes fácticos la posibilidad de que quizás algunos políticos puedan acceder a este derecho de réplica, estamos cediendo ante los poderes fácticos la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con información, veraz oportuna y fidedigna, y dejando sin ninguna posibilidad de defensa a esta ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Informo a la Asamblea que ha concluido la presentación de votos particulares, iniciaremos el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, ¿para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle, es evidente que no hay quórum, no llegamos a 40 Senadores.

Entonces, le pido que dé por terminada la sesión, conforme al artículo 59.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En opinión de esta Presidencia hay quórum.

Y cuando se tenga que votar, indudablemente que habrá de rectificarse el quórum respectivo. Hay reuniones de diversas comisiones, sobre todo la Junta de Coordinación Política, en razón de ello es que una vez que tengamos que llevar a cabo la votación habremos de verificar indudablemente el quórum reglamentario.

Sonido nuevamente en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pido sea honesto.

No importa en dónde estén, aquí no hay quórum. Le pido que lea el artículo 59, por si todavía no lo sabe. No pueden seguirse autoengañando y engañando a los Senadores.

Aquí no hay quórum. Inmediatamente cuando es evidente, ni siquiera se necesita rectificarlo o verificarlo, únicamente suspender la sesión.

Cumpla con el Reglamento, ustedes quieren respeto en este Senado, si ustedes no respetan el Reglamento del Senado y no respetan a los Senadores.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto en un momento más vamos a iniciar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y desde luego que haremos la rectificación del quórum en el desarrollo de la presentación de los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Le pido al Senador Manuel Bartlett Díaz, que haga uso de la palabra para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PT.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente. Yo no sé cómo lo vea usted, pero desde aquí, que estoy casi igual que usted, se ve que no hay quórum.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En un momento más vamos a pedir la rectificación de quórum. Yo le pediría que usted continúe con la presentación de su propuesta…

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Cuándo va a pedir el quórum?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido a la Secretaría Parlamentaria que abra el sistema electrónico, hasta por 10 minutos.

En tanto el Senador Manuel Bartlett Díaz tiene el uso de la palabra.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente. Le pido que lea el artículo 59, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, estoy atendiendo la petición que ha hecho usted y del propio Senador Manuel Bartlett.

Y le pido al Senador Manuel Bartlett Díaz, continúe con su intervención, vamos a 10 minutos para que las compañeras Senadoras y Senadores puedan llegar al salón de sesiones.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: O sea, ¿No habiendo quórum vamos a esperar a que haya quórum? ¿Eso es? Bueno. En fin.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Tiene el uso de la palabra Senador Manuel Bartlett Díaz.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: A final de cuentas los que no están y sí están, no oyen, ni entienden nada, y votan por consigna, de la manera más indigna que puede haber.

Pero afortunadamente está el Canal del Congreso, y ahí está afuera la población, aunque bloqueen los medios de comunicación y pidan que haya información de lo que no les gusta. Pero el Canal del Congreso lo ve mucha gente, y esos son los que importan. Aquí no hay conciencia, ni diría yo, vergüenza.

Empiezo, estábamos discutiendo. A ver, el reloj.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario en torno a este dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Voy a tratar nada más cinco aspectos, cuestionables, indudablemente, de esta réplica que no es más que una tomadura de pelo.

Se dice, y aquí se ha planteado, y en comisiones, que estamos ante una situación positiva porque han aceptado que se discuta la ley del derecho de réplica, que ha tenido ocho años parada, y muchos más sin atender, muchos más.

Y todos sabemos, principalmente quienes nos ocupamos de esta tarea, que es porque no ha querido Televisa y TV Azteca, no habían querido que esto se tocara, y como son parte brutal y autoritaria de la oligarquía nacional y son los creadores de Peña Nieto y ahora van a crearnos a Nuño, ahí lo vemos todo el tiempo en 24 Horas, ahí con López Dóriga, Nuño, visitando las escuelas. Ya le dije yo aquí que no va a poder visitar ninguna, unas cuántas aquí alrededor con la televisión atrás.

Bueno, es un dictamen que favorece a los medios y no a los ciudadanos, viola el derecho de los ciudadanos a favor del poder económico de Televisa, TV Azteca y sus secuelas. Obedece a sus intereses, es un tema dictado por Televisa y TV Azteca que tiene el tufo de esas reglamentaciones o auto reglamentaciones que quisieron hacer.

El diseño está construido para que los medios no respeten la réplica, no la garanticen, los plazos son en contra de los ciudadanos, cinco días para acudir a los medios, la carga de la prueba corresponde fundamentalmente a los ciudadanos y no a los medios, los ciudadanos deben acreditar intereses jurídicos y no legítimos.

El diseño no pretende garantizar el derecho de la información veraz, porque los medios tienen todas las ventajas procesales por encima de los ciudadanos.

El dictamen elude descaradamente que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos y del pueblo y no de los medios, no es un derecho de los medios, es una obligación, un compromiso de los medios.

El dictamen lo pone todo al revés, invierte ese sentido fundamental del derecho a la información, entonces se trata de proteger a los medios y no proteger a los ciudadanos, que van a estar mal informados y agredidos cuando les convenga a los propietarios de TV Azteca y de Televisa.

Esta ley amputa el contenido del derecho de réplica. Es contraria al artículo 1o. constitucional y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es inconstitucional, aquí ya se dijo, lo subrayo, no toma en cuenta las opiniones, ideas y cualquier tipo de información, alusión que sea agraviante, injuriosa, ofensiva a juicio del ciudadano.

Es decir, no protege.

¿No quiere usted llamar la atención para que atiendan?
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí. Les pido a las Senadoras y Senadores poner atención al orador, por favor.

Continúe, Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Cuando menos siéntense y no hagan ruido, si ya llegaron.

La ley establece que la réplica procede respecto a las informaciones erróneas o inexactas, es en realidad un dictamen que regula la rectificación, ni siquiera establece el derecho a la respuesta que contempla el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que implica contestar un agravio y no establecer y demostrar si el hecho es exacto, inexacto o impreciso.

El artículo 14 de la Convención Americana dice: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta -no nada más la rectificación o respuesta- en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiera incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación -de las personas-, toda publica o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una persona responsable que esté a cargo de ese tema.

Si ven el dictamen, en la página 7, cita la tesis de la Suprema Corte denominada: daño moral y derecho a la información, para que vean a qué extremos llegan, cita la resolución de la Corte, pero lo hace tramposamente porque elude que nuestro máximo tribunal señaló que para que exista daño moral en informaciones o afirmaciones, basta que se trate de información que exponga las personas al odio, desprecio o ridículo.

En el derecho comparado en Colombia, señala la Corte Constitucional de ese país la diferencia entre rectificación y réplica. La rectificación es por la divulgación e información errónea o inexacta, la réplica por cualquier afirmación que atenta contra las personas, incluyendo, obviamente, su buen nombre y reputación. Eso lo amputa y deja nada más en cuestiones erróneas o inexactas.

Es una ley que no permitirá la efectividad de garantía plena del derecho porque los procedimientos son farragosos deliberadamente, comprende las siguientes etapas: Un procedimiento ante el medio, un procedimiento ante el juez de distrito, procedimiento de apelación ante un tribunal unitario, procedimientos de amparo.

Otra cosa que aquí se ha dicho, y se debe atender y que la opinión pública lo sepa, la carga de la prueba corresponde al ciudadano y no al medio, no al medio que hace el daño, que es el que tendría que probar que lo está haciendo fundamentadamente. No, el ciudadano está obligado a demostrar interés jurídico, que le cause un agravio personal y directo de información, pues no está permitido en el dictamen el interés legítimo.

Los grupos sociales son sin personalidad jurídica, no tienen derecho a promover la réplica, un requisito para promoverla es tener personalidad jurídica. El ciudadano tendrá que litigar con Televisa y TV Azteca, imagínese, un ciudadano común y corriente tendrá que litigar con esos grupos de poder, estructuras que tienen no solamente un dominio y despachos de abogados que realizan verdaderas masacres con su pandilla de abogados, sino además tienen relaciones con el poder, están apoyados en el poder.
No existirá, por tanto, equidad procesal entre las partes. El ciudadano tendrá que pagar a su costa la defensa de su honor, el tiempo necesario, ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo? Es una burla, es por tanto el ejercicio un derecho para los poderosos y no para el ciudadano común.

Es un dictamen que no promueve el pluralismo ni la democracia. La réplica es para que todos los puntos de vista relevantes en una sociedad puedan expresarse. Las barreras procesales que establece esta ley impiden que esa pluralidad se manifieste.

La ley es antidemocrática porque favorece a los intereses de los medios y comunicadores sobre los derechos del ciudadano. Es una reforma simuladora como otras tantas de este sexenio, se trata de un cambio jurídico para aparentar lo que no es, esa ley simula reconocer un derecho de las personas frente al poder mediático, el mismo que ha construido y creado a Peña Nieto y lo sostiene, y lo que en realidad hace es defender los intereses del poder mediático, aliado a la oligarquía nacional.

Yo quisiera hacer un comentario a los Senadores que ya llegaron. Conocemos este tema hace muchos años, conocemos la perversidad de Televisa y TV Azteca para dañar a quienes consideran sus enemigos, pero de una manera desvergonzada, sus maniobras las conocemos, y ustedes si van a votar por esta ley creerán que están quedando bien con los medios de comunicación, y no es así, no saben lo que es, no saben lo que representan, no saben su perversidad, su venganza y su afección al dinero.

Ustedes que tienen vocación política, estarán en la lucha política y nunca les van a reconocer este voto indigno, borreguil, nunca. Los van a tratar como tratan a todos los ciudadanos, los van a obligar a pagar, y si no están de acuerdo con ustedes los van a atacar, los van a desaparecer, los van a injuriar, esos son estos poderes, Televisa y TV Azteca y todas sus estructuras, esos son los poderes que lo único que hacen es someter a la población mexicana, engañarla, desinformar, violar la Constitución en beneficio del poder del que ellos disfrutan, no lo hagan. Señoras Senadoras y Senadores, piensen en ustedes, piensen en su futuro, los van a hacer pedazos.

Pregúntenle a Santiago Creel qué le pasó.

Nosotros hace 30 años litigamos contra Televisa, le ganamos en la Suprema Corte en aquellos tiempos, y todavía siguen vengándose cada día de esa afrenta.

TV Azteca, porque le señalamos que es una, televisora que se quedó con una televisión pública, sin siquiera pagar nada por ella, asociada a Salinas de Gortari, inventa rápidamente toda clase de argucias para con sus gentes atacar a quien osa dirigirse a ellos. Esa es la verdad.

Si ustedes votan hoy esta violación total a la Constitución, a las normas internacionales y se someten a Televisa y TV Azteca ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a pagar, se los aseguro, lo van a pagar, no van a ser respetables, ni en su casa.

Ya sé que va a venir ahorita alguien de la bancada televisiva, no se les olvide para que cuando oigan lo que dicen sepan de donde provienen estos compañeros.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, señor Presidente.

Muy buenas tardes compañeras y compañeros. El dictamen que hoy discutimos contiene la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de derecho de réplica.

El tema ha estado pendiente de ser abordado. La primera reunión en comisiones sobre la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, se dio en diciembre de 2013. La discusión ya lleva varios años, y afortunadamente el debate y el análisis no se han quedado estáticos.

Surgieron interesantes consideraciones que dieron, sin lugar a dudas, resultados positivos. Hoy en día contamos con un dictamen que sustenta su sentido en argumentos sólidos, producto de constantes reflexiones y no simplemente en señalamientos que se vienen a hacer a esta tribuna tan a la ligera y llenos de mentiras, que no lo podrán probar en el debate basándolo en el artículo y nombrando en donde está eso que vienen a mentir con esa ligereza al pueblo de México.

Hoy en día contamos con un dictamen que sustenta su sentido en argumentos sólidos, producto, insisto, de constantes reflexiones. El dictamen que hoy discutimos incluye lo siguiente:

1.- El derecho de réplica, es el derecho subjetivo de una persona para hacer rectificaciones y aclaraciones con respecto a la difusión de información falsa o inexacta.

2.- El particular tiene plazo de cinco días para presentar al sujeto obligado, escrito que contenga la solicitud y fundamentar su dicho.

3.- Establecer los límites al contenido de la réplica, a la información que lo motiva, da seguridad que la réplica no se desvirtúe y ni sea utilizado para fines diversos y ajenos a los constitucionales.

4.- Ante la procedencia de la solicitud deberá publicarse o transmitirse al día siguiente al de la notificación.

5.- En los casos de medios impresos, el escrito deberá publicarse en la misma página y con características similares a la información que originó la réplica.

Mucho se ha negado que hay medios que no están contenidos en esta ley.

El dictamen que hoy discutimos, en este momento, está claro que incluye como sujetos obligados a las televisoras y a las radiodifusoras.

El artículo 16 del dictamen hace mención expresa sobre los casos de servicio de radiodifusión o uno que preste servicio de televisión o audio restringido. La réplica tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que se haya motivado.

Las agencias de noticias también son sujetos obligados y deberán publicar ésta, en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la fecha en que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica.

Establecer en el artículo 19 las causales de improcedencia, actúa en favor del ciudadano, ya que otorga certeza de que única y exclusivamente por esos 8 supuestos, el medio se puede negar.
Hoy en día no existe una garantía de acceso al derecho de réplica para las y los ciudadanos. Sí está previsto en la Constitución, pero sin un mecanismo legal, reglas claras, ni procedimiento regulado, este derecho es absolutamente nugatorio.

El día de hoy tenemos, compañeras y compañeros, la oportunidad de ofrecer a las y los ciudadanos esa garantía de acceso a un derecho humano, al respeto de su reputación y de salvaguardar su dignidad.

Veamos hacia adelante, aprovechemos las sinergias, construyamos con una visión de estado de derecho.

El presente dictamen, además de darnos una garantía, logra un equilibrio entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

No permitamos confusiones que dejen al ciudadano en la indefensión:

Primero.- El procedimiento que se establece es pertinente, adecuado, ágil y mucho mejor que dejar a todos los ciudadanos en la indefensión.

El derecho de réplica, primero se ejerce ante el medio de comunicación en un plazo breve.

Durante la discusión del asunto en comisiones se manifestó, incluso por varios compañeros, plazos mayores tienen un efecto irreparable en la imagen de una persona. El objetivo es garantizar un procedimiento expedito.

Segundo.- Toda vez que el medio tome una decisión sobre un hecho, sus actos podrán ser revisados en instancias jurisdiccionales.

Procede el recurso de apelación en términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y queda asegurado el acceso al amparo. Con ello se da plena certeza al ciudadano, además de que asegura la imparcialidad y el acceso a la justicia.

En su momento se vio como un avance de gran importancia que el amparo procediera en contra de actos de particulares que actúan como autoridad.

En el dictamen que estamos aprobando, somos consecuentes y congruentes con estos avances.

Procederá amparo cuando se trate de particulares, quienes realizan una función materialmente de autoridad.

En síntesis, son 2 etapas generales para ejercer el derecho: la primera ante el medio de comunicación; y una segunda, en un procedimiento jurisdiccional especializado en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, en los jueces administrativos. Esto representa ya una ventaja adicional.

Los plazos que están previstos en esta ley son más breves que los contemplados para litigios civiles.

Otro punto técnico de la discusión es sobre el ámbito de competencias, el procedimiento especial sancionatorio en materia electoral no regula el derecho de réplica.
El procedimiento especial sancionador es un mecanismo disciplinario, su propósito es la aplicación de una sanción a un sujeto del derecho electoral que viola la ley.

El Procedimiento Especial Sancionador tiene como objetivo restaurar una violación del procedimiento electoral, y no defender la honra o la imagen de un sujeto particular por información falsa o inexacta que esta sea.

El derecho de réplica no es una sanción, y hay que dejarlo claro. Debemos entender la diferencia entre un mecanismo sancionador como el Procedimiento Especial Sancionador, y una garantía de acceso a un derecho humano como es el derecho de réplica.

Intentos para confundir. Seguirán haciendo nugatorio un derecho fundamental.

Durante el diseño de la reforma política, el tema de réplica se abordó. Se escucharon con atención y respeto las propuestas que hicimos todas y todos los legisladores. En ese momento no se lograron los consensos para el diseño de una ley.

Sin embargo, se estableció en el transitorio vigésimo primero, que mientras no se emitiera la ley del derecho de réplica, el procedimiento especial sancionador sería el mecanismo para ejercerlo, más no para sustituirlo.

Por ello, el dictamen que estamos discutiendo no invade competencias de leyes electorales.

El derecho de réplica, como derecho humano, va más allá de las contiendas electorales.

Exhorto a las compañeras y compañeros que aún se oponen, a mirar este dictamen apartados de las contiendas políticas, y que trabajemos para y por los ciudadanos. Un ciudadano agraviado por información inexacta, no puede recurrir al procedimiento especial sancionador en materia electoral.

El derecho de réplica refuerza una democracia sustantiva. Un derecho sustantivo sin una garantía para hacerlo valer, puede quedarse en el discurso y simplemente en buenas voluntades.

En el dictamen que en estos momentos estamos discutiendo, contiene la ley que materializa una garantía al acceso de un derecho humano, independiente a las vías jurisdiccionales en materia civil y electoral, con plazos acotados para agilizar el acceso a la justicia y el derecho a la protección de su honor y su imagen.

Es por ello que en el Partido Verde manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, porque así también estamos a favor de una democracia sustancial, donde los derechos universales estén respaldados por sus garantías.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para fijar posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por 10 minutos.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando se convocó a esta serie de debates en el seno de las Comisiones Unidas que nos han presentado este dictamen, con el fin de dar inicio a los trabajos para discutir y dictaminar la minuta que hoy se debate en este Pleno, de verdad que el grupo parlamentario del PRD, en nuestro grupo celebramos, de verdad, que por fin había disposición de distintas fuerzas políticas representadas en este Senado de la República para expedir una ley que, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, es una añeja deuda del Congreso la Unión con las y los mexicanos.

Está claro, después de escuchar, sobre todo estos últimos argumentos, que pecamos de ingenuos, pecamos de ingenuos al pensar que podríamos construir un ordenamiento que potenciara el ejercicio de un derecho tan trascedente como éste.

Una vez más, el Senado es rehén de los grandes intereses de los medios de comunicación más poderosos de este país, porque sólo así, compañeras y compañeros, sólo así se puede entender la aprobación de un proyecto que, como éste, muy lejos  está de garantizar y potenciar el ejercicio de este derecho, al contrario, lo vuelve nugatorio al dejar en total desventaja al solicitante de la réplica frente al medio de comunicación.

Y también, tristemente lo vengo a plantear en esta tribuna, abre la puerta para que los medios de comunicación puedan hacer lo que les venga en gana durante los procesos electorales, que hagan valer sus intereses por encima del derecho a la información del ciudadano, que sin ningún rubor también apoyen a un candidato y detracten a los demás.

Senadoras y Senadores:

Lo hemos dicho con claridad, y lo reiteramos aún a riesgo de sonar repetitivos, como aquí se nos ha dicho. Con una ley como ésta, resultaría mejor, resultaría mejor no tener nada, porque al menos sería un estancamiento, pero no un retroceso.

Porque esta ley, compañeras y compañeros Senadores, es eso, un retroceso, y no lo decimos solamente nosotros, sino una gran cantidad de especialistas en el tema que desde el principio han venido advirtiendo las aberraciones de este proyecto, pero, al parecer, en este Senado ni los ven, ni los oyen.

La actitud que han asumido quienes están por aprobar este proyecto es la de aquellos que creen tener la verdad absoluta de las cosas como si fueran iluminados, y eso es lamentable. Y, además, es cuestionable que una ley de esta relevancia no haya sido motivo de celebración de audiencias públicas para escuchar a quienes más saben de estos temas, pero en cambio no hubo voluntad de modificar la minuta.

La consigna para nosotros desde el inicio fue muy clara, la minuta debe ser aprobada en sus términos y punto, se acabó. Ello, sólo da cuenta de que existe un interés ajeno al ciudadano, que los mueve, a muchos de ustedes, a emitir una ley nociva a los derechos, a la honra y a la reputación de las personas, así como para las libertades de información y de expresión.

Y luego nos preguntamos: ¿Por qué las y los ciudadanos desconfían de los legisladores?, ¿por qué las y los legisladores estamos en los niveles más bajos de credibilidad y de confianza?
Este proyecto deja en desventaja al afectado frente al medio de comunicación, frente a agencias de noticias o productor independiente, al ser éste quien decide si otorga o no la réplica, impone la carga de la prueba al afectado, obstaculiza el ejercicio de su derecho al obligarlo a presentar la grabación o publicación que contiene la información falsa o inexacta, dejándolo entonces a merced del medio de comunicación que incluso podría negar o retardar la expedición de dicha copia con el fin de que venza el plazo legal para promover el procedimiento.

Es decir, y vean, compañeras y compañeros, vean el tamaño de esta aberración, ustedes, los que están dispuestos a votar a favor de este dictamen, están obligando al afectado a solicitarle al medio la prueba con la que lo va a demandar. ¿No les parece eso realmente absurdo?

Esto es el total estado de indefensión, el más total estado de indefensión para el afectado, y más aún cuando la réplica la concede una agencia de noticias o un productor independiente, pues no hay mecanismo alguno que obligue al medio a difundirla, por lo que abre la posibilidad incluso de un doble procedimiento: primero, contra la agencia de noticias o productor independiente y, después, contra el medio de comunicación.

Y ni qué decir, cuando se trata de un boletín oficial emitido por cualquier autoridad, caso en el que el ciudadano no tiene nada, absolutamente nada que hacer, puesto que el medio está exento y la autoridad no es un sujeto obligado, y mención aparte merece, como aquí ya también se ha dicho, la réplica electoral.

Hoy, la réplica electoral se resuelve en cinco días mediante el procedimiento especial sancionador, con posibilidad incluso de un recurso de revisión igualmente expedito. Pero con esta propuesta, con esta ley se remite a las reglas del procedimiento judicial civil y, con ello, se le sujeta a plazos demasiado largos que ocasionaran, sin duda, que se pierda la oportunidad y la celeridad, fundamentales en materia electoral, en virtud de la propia brevedad de los plazos electorales.

Y es en este punto, reitero lo que afirmé en comisiones, esa dilación, Senadoras y Senadores, esa falta de celeridad y de oportunidad en la réplica electoral sólo beneficiará a aquellos medios de comunicación que tengan el interés de impulsar a un candidato y que emitan información falsa sobre los demás contendientes para perjudicarlos.

Beneficiará, también, a aquellos partidos políticos que acostumbran recurrir a la guerra sucia, a la difamación y al enlodamiento como su principal estrategia de campaña, y tal vez, hay que aceptarlo, ahí radica la explicación de la negativa a modificar esta minuta. Sin duda, muchos políticos y partidos ya están preparando el próximo enlodamiento.

Señor Presidente, quienes votaron a favor de este proyecto en comisiones nos hicieron un llamado para no decir simplemente que no a este proyecto y buscar cómo sí, pues vengo aquí a dejar constancia en esta tribuna, tal y como lo hicimos en comisiones, de que siempre tuvimos la disposición de corregir esta deficiente minuta y construir una buena ley, disposición que aquí, les reitero, fueron los que ahora votarán a favor de este proyecto, los que jamás tuvieron disposición de cambiarle una sola coma, y ojalá en esta tribuna nos expliquen claramente porqué.

Y concluyo diciendo, como ya lo hemos externado reiteradamente, que sí existe voluntad, Senadoras y Senadores, de aprobar una ley que verdaderamente regule de manera eficaz el procedimiento para ejercer el derecho de réplica. Si es así cuenten con el apoyo del grupo parlamentario del PRD, pero si lo que pretenden es hacer nugatorio el derecho de réplica y defender los intereses de los medios de comunicación con un proyecto como éste, anuncio, a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRD, que nuestro voto será en contra.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos.

Vengo a nombre de la mayoría del grupo parlamentario de Acción Nacional, a fijar esta posición sobre la ley reglamentaria del 6o. constitucional en materia del derecho de réplica que hoy estamos discutiendo, eventualmente votando a partir de un dictamen que se aprobó en Comisiones Unidas.

Comienzo por decirles que traemos un rezago nada más de 8 años, 8 años de una obligación constitucional que no hemos sabido honrar. Para aquellos que dicen que cuál es la prisa, que esto es un albazo, un madruguete, son 8 años que tenemos de retraso en esta discusión.

Pero además, estamos con esta legislación complementando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque la réplica, me referiré un poco más adelante a ello, es uno de los derechos fundamentales de las audiencias, pero remite la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a la legislación de la materia, misma que no hemos expedido.

La réplica, el derecho de réplica armoniza dos derechos humanos fundamentales: la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la información, por otro lado, de eso se trata. Y yo les puedo garantizar, les puedo asegurar que este dictamen que hoy estamos discutiendo, y eventualmente su aprobación, y esta nueva ley, es infinitamente mejor de lo que tenemos hoy día en nuestro país en materia de réplica, en materia de la defensa mínima que deben tener no los políticos, los ciudadanos frente a los medios de comunicación, sean estos escritos o electrónicos.

Hay que recordar, para los que dicen que no hubo discusión, que esto nuevamente pasó sin un análisis, sin un debate, que esto llegó de la Cámara de Diputados en diciembre de 2013.

Y, por cierto, para los mentirosos que dicen que este es un dictamen que solamente atiende una propuesta de un legislador del Partido Verde, veo que es falso, es falso porque hubo otras iniciativas muy atendibles y que forman parte de este dictamen, como la que presentó mi compañero Fernando Rodríguez Doval, Diputado, en octubre de 2012, y que está considerada precisamente como parte sustantiva del documento que hoy nos ocupa.

La réplica, como les dije, es uno de los derechos fundamentales de las audiencias. Dice el 256, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que son derechos de las audiencias ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria.

¿Pero qué más?

Que el Artículo Tercero Transitorio del Decreto constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, ese artículo transitorio nos dio un plazo de 180 días a este Congreso de la Unión para legislar en materia de derecho de réplica, para regular el derecho de réplica.

Plazo que por mucho ha sido superado considerando la publicación que fue en junio de 2013.
Entonces, esto es medio esquizofrénico. Cuando no cumplimos con los plazos que dice la Constitución, estamos en falta, somos una punta de irresponsables.

Cuando actuamos, traemos dictámenes a discutirlos, y a aprobarlos, entonces, ¿cuál es la prisa?, un albazo, un mandato de la oligarquía, y no sé cuántas barbaridades.

Igualito pasó el año pasado, por la ley de telecomunicaciones y radiodifusión.

¿No cumplimos el plazo de 180 para sacarla, que nos ordenaba la Constitución?

Y cuando teníamos listo el dictamen; ¡ah!, hay que hacer foros locales, regionales, nacionales, mundiales, para recoger nuevamente la opinión de medio mundo.

¿Y saben que en el fondo lo que está ocurriendo, como está pasando en esta ocasión?

Que no quieren que pase la legislación, que no quieren que se apruebe, tanto que critican intereses mezquinos detrás de este tipo de iniciativas y proyectos, cuando en realidad, con qué cara los que se opusieron a la ley en telecomunicaciones, ahora van a venir a decir que no sirvió para maldita la cosa.

Cuando es la única que está dando resultados palpables, tangibles y concretos para los consumidores.

Pero, ¡ah!, había que seguir madurando, reflexionando, y reflexionando y filosofando sobre este tipo de piezas legislativas.

Yo quiero destacar, como aquí lo dijo mi compañera Senadora Pilar Ortega, que aquí la réplica es igual para toda persona, no es para los políticos, no es para los servidores públicos, idéntico trato para los ciudadanos que para quienes están en el servicio público, punto número uno.

Punto número dos, el derecho de réplica se va a aplicar en todos los casos de medios de comunicación, escritos, periódicos, revistas, electrónicos, radio, televisión abierta, televisión restringida, portales de Internet, agencias de noticias, y las que se vayan sumando en el futuro. No hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de limitación.

Tercero. No se limita la libertad de expresión de manera alguna, aquí cada quien va a poder opinar lo que le venga en gana; pero es muy distinto opinar a expresar datos que no son ciertos, falsedades e inexactitudes, y no solamente eso, sino que además, causen un agravio a quien se sienta afectado para poder ejercer su derecho de réplica.

Es decir, y cualquier persona física o moral estará acreditada para hacerlo, insisto, es por información falsa e inexacta y que cause un agravio.

Ahora, algo muy importante, y quizás también por eso a algunos medios de comunicación no les gusta la idea de que venga esta legislación, ¿por qué?, porque van a tener que ocupar el mismo espacio y formato para tener la réplica cuando ésta proceda.

No que nos mandan a la página 49, en unas letritas chiquitas, y dicen, ya cumplimos con la réplica, ahí está, y todavía viene la contestación, la nota del columnista o la nota del reportero a argumentar nuevamente, y ahí murió la cosa.

No señores, ahora sí van a tener que publicar en el espacio concreto en el que publicaron la información inexacta.
Y algo muy importante, hablando de que todos los medios de comunicación serán susceptibles u objeto de este derecho de réplica, es que tratándose de programación en vivo se podrá ejercer en ese momento la réplica.

Bueno, se quejan algunos –aquí lo he estado escuchando- que se tiene que ejercer ante los medios de comunicación el derecho de réplica.

Bueno, ¿pues ante quién querían? ¿Ante el Papa o qué?

Pues es obvio que tiene que ser ante el medio de comunicación, y si el medio de comunicación no atiende directamente este reclamo, entonces, se va directamente con un juez, que en un juicio sumario, absolutamente expedito, ágil va a resolver lo conducente, si procede o no la réplica, y en su caso, inclusive o la imposición de una sanción de carácter administrativo.

Había quien decía, y por qué no le damos primero la instancia que a Gobernación.

Sí, cómo no, o a la Secretaría de Educación Pública.

Ponerlos en manos del gobierno para el ejercicio de derecho de réplica. Es absurdo.

Entonces, directamente con el medio. No atiende, vámonos rapidito a un juicio sumario con el Poder Judicial.

Y eso es lo que se está planteando diez días hábiles como máximo, o dos adicionales como caso excepcional.

Y, por último, la réplica, el derecho de réplica será un ejercicio gratuito; mienten los que están diciendo que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.

No señor, si la tienes y tienes una grabación o tienes la publicación, la anexas, la juntas, es perfecto, pero si no, como en cualquier juicio, el juez es el que le va a pedir las partes la aportación de determinados elementos para tener el juicio, sí, aparte las pruebas que aporte cada quien.

Pero, no sean mentirosos, hombre, una de dos, o no leyeron bien las cosas o las leyeron y no las entendieron o las leyeron y las entendieron, y de mala fe vienen aquí a tratar de confundir.

Pero ya estuvo suave, porque esto, insisto, estamos frente a una buena pieza legislativa, que armoniza el derecho a la información y la libertad de expresión, y que viene a complementar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuanto al derecho de audiencias se refiere.

Por ello es que los invito, respetuosamente, a que votemos a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy hemos asistido a un debate intenso en torno a un tema muy importante que es el derecho de réplica.

Hoy seguramente, en unos momentos más estaremos saldando una deuda muy importante con la sociedad, con los ciudadanos, para quienes trabajamos y representamos.

Hoy seguramente estaremos concluyendo un proceso legislativo para llevar a cabo las normas complementarias a lo que dispone el artículo 6o. constitucional.

Sin duda esta ley representa un paso más hacia la consolidación de bienes, de valores, de derechos que están urgentemente necesitados de protección. Y están necesitados de protección, fundamentalmente, porque se requiere que todas las personas físicas, y todas las personas que tengan calidad de persona jurídico-colectiva sean sujetos de tutela como ahora seguramente con esta ley lo serán.

Y serán sujetos de tutela de estas normas y estas nuevas disposiciones otorgándoles el derecho de réplica a todos los mexicanos, porque hoy solamente este derecho lo tienen consagrados los partidos políticos, los candidatos, así como los precandidatos.

Este momento para nosotros es tan importante porque en el debate ya estamos haciendo uso del derecho, por un lado ha habido serias acusaciones que denostan, por supuesto, y pretenden denigrar la imagen de las y los Senadores de las Comisiones Unidas que votaron en conjunto esta ley reglamentaria.

Por otro lado, están quienes han venido a plantear también la defensa a la propia imagen, y han venido a plantear sus razones del contenido de una ley que en este momento es inexistente; del contenido de una ley que en este momento es una laguna jurídica que no hemos dado a los mexicanos; del contenido de una ley que fue votada hace más de un año en la Cámara de Diputados, y que no hemos dado ni la norma jurídica ni el procedimiento que regule adecuadamente el derecho de réplica para la sociedad en general.

Es cierto que hoy tenemos ese derecho tutelado exclusivamente para los partidos políticos. También es cierto que este derecho de réplica pretende tutelar, por un lado la libertad de expresión, que ya está protegida en la norma constitucional y en el derecho convencional, pero por otro lado, el derecho de réplica busca proteger de manera muy intensa y de manera muy efectiva el derecho a la propia imagen, el derecho al sano desarrollo de la personalidad de cada individuo, el derecho al respeto de los demás, que se ha construido cada persona en el mundo que le rodea, y esto, efectivamente, es algo que está ausente en la normatividad jurídica de nuestro país.

No lo hemos realizado, no lo hemos hecho porque las posiciones en el camino han sido posiciones extremas, hay quienes piensan que estamos en la época de Dracón y Licurgo, donde habrá que imponer sanciones severas de todo tipo de intensidad, sin tomar en cuenta que las leyes que lo hacen es tutelar bienes, valores y derecho de diferente jerarquía, por eso las sanciones son de naturaleza administrativa y son de naturaleza económica.

Hay quienes buscan que nos vayamos al extremo en la creación de las leyes pensando que las cosas, por sólo decreto, pueden cambiar, y no es así.
Nosotros tenemos que cuidar muy bien el equilibrio entre las leyes que formulamos, las leyes que votamos y los compromisos que tenemos para mantener el status de los derechos esenciales, de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las personas.

Nosotros sabemos que aquí hay dos derechos muy importantes que están en evaluación, que se valoran constantemente, pero los dos han sido recogidos por las convenciones internacionales de las que México, sin duda, forma parte.

Por eso me parece muy importante reconocer el trabajo de todos los legisladores, los que han opinado a favor, los que han opinado en contra, cada uno tiene su razón, pero lo más importante es reflexionar que la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica, cada uno de estos gozan de la misma jerarquía, y, por tanto, el dictamen que estamos en este momento discutiendo ha sido cuidadoso en buscar el equilibrio en cuanto al alcance reconocido en el ámbito de las normas nacionales, así como de las normas internacionales.

El ámbito de la transparencia, la libre expresión de ideas, e incluso el derecho a tener conocimiento preciso, la información precisa sobre determinado tema, es un derecho que no se vulnera con esta norma; pero también hay derechos elementales cuando la información es inexacta, cuando la información es imprecisa, cuando la información es dolosa y tiende a dañar la propia imagen o el sano derecho que se tiene al desarrollo de la personalidad de quienes han creado alrededor de sí, por supuesto, una imagen y un crédito de carácter social, familiar, profesional, etcétera, etcétera.

En tal sentido, hoy estaremos votando un tema muy importante que ha sido en el ejercicio legislativo de este debate parte de la esencia del mismo en donde todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de expresar nuestras razones, pero también todos y cada uno de nosotros estamos obligados a respetar las opiniones de los demás, y no salirnos del cauce de los debates, que seguramente siempre nos llevarán a salidas muy conciliadoras en temas tan importantes como el derecho a la información.

El derecho a la información se motiva precisamente en temas muy importantes que tienen que ver con los valores que ya hemos precisado.

El derecho a la información, en este momento, se ejerce para quienes lo tienen de manera residual, que son los partidos políticos, los candidatos y precandidatos de una manera biinstancial, estos tienen que acudir a dos instancias, primero ante el INE, y, después, a un procedimiento especial sancionatorio ante el tribunal correspondiente.

Hoy no tendría que ser así, hoy todas las personas, incluyendo a los partidos, tendrán el derecho por disposición de lo que establece el artículo 19 transitorio de la materia, tendrían el derecho de acudir inmediatamente a hacer uso de su derecho de réplica ante el medio que ha incurrido en esta falta.

Y se decía que el plazo era muy corto, hoy el plazo es de tres días, el plazo establecido en la ley es de cinco días hábiles, de tal manera que se amplía el umbral que hoy se tiene en el derecho para los partidos políticos.

También debemos decir claramente, este no es un derecho que prescriba, prescribirá la posibilidad de acudir al derecho de réplica en el ámbito administrativo, pero de ninguna manera vamos a perder los derechos establecidos claramente en el Código Civil Federal, en el artículo 1916, donde tenemos un plazo hasta de 10 años para ejercer este tipo de derechos, y 5 en algunos casos.
Por tanto, a mí me parece importante clarificar que la regulación del derecho de réplica atiende a una obligación que tenemos nosotros como legisladores y a una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a las personas, en el acceso permanente y suficiente a la información objetiva y veraz.

También paralelamente al ciudadano le asiste el derecho del acceso a instrumentos jurídicos, eficaces, sin costo alguno, a fin de que puedan proteger y puedan tutelar de manera más intensa y en forma más efectiva los derechos que tienen precisamente cuando ocurre una información falsa o inexacta, o cuando esta divulgación se realiza para generar un agravio a las personas.

No es cierto que hay una limitación, todas las personas físicas y todos los entes jurídicos tienen el derecho de accesar a esta posibilidad de replicar cuando existe el motivo correspondiente.

Por esa razón, en nuestro país, la réplica, sin duda, está a punto de adquirir carta de naturaleza como derecho fundamental, carta de naturaleza por la falta que tenemos desde el año 2007, en que se llevó a cabo aquella reforma constitucional, y que nosotros en el transitorio, en el plazo que nos dimos, no lo hemos cumplido.

Con esto seguramente estamos superando un vacío legal que impide hacer valer este derecho a cualquier vecino de nosotros, a cualquier miembro de nuestras familias, a cualquier ciudadano en general y, en este sentido, el acceso al derecho de réplica es gratuito, es universal y es un derecho para todos nosotros.

Por esa razón, creo que es muy importante acudir a esta tribuna para decirle a las y los legisladores: votemos en favor de esta ley, pensando que no hay ley perfecta, pero que todas las leyes son perfectibles, es mejor darle una herramienta, un instrumento a la sociedad válido para que se defiendan cuando son difamados o calumniados, a no tener nada en el panorama legal.

Por esa razón, el grupo parlamentario del PRI, hablo a nombre de todos mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, estaremos votando en favor de esta reforma al derecho de réplica.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Luis Sánchez Jiménez, en contra.
Senador Jesús Casillas Romero, a favor.
Senador Javier Corral Jurado, en contra.
Senador David Monreal Ávila, en contra.
Senadora Graciela Ortiz González, a favor.
Senador Raúl Morón Orozco, en contra.
Senadora Marcela Torres Peimbert, en contra.
Senador Fernando Mayans Canabal, en contra.
Senador Carlos Alberto Puente Salas, a favor.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en contra.
Senador Rabindranath Salazar Solorio, en contra.
Senadora Martha Tagle Martínez, en contra.
Senador Manuel Bartlett Díaz, en contra.
Senador Omar Fayad Meneses, a favor.
¿Alguien más desea anotarse en la lista de oradores para la discusión en lo general?

Se cierra, en consecuencia, la lista de oradores en el apartado de discusión en lo general.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El proyecto de dictamen de la ley que hoy nos presenta, contiene graves inconsistencias y de plano debe calificarse de inconstitucional, así de claro.

De aprobarse, dejaría ahogada a la réplica en el mar de formulismos leguleyos de los tribunales civiles, federales de nuestro país.

Con un sentido de responsabilidad, este Senado debiera rechazar todo el proyecto que nos envía la Cámara de Diputados, porque nuestros colegas legisladores jamás quisieron, como hoy lo hacen las comisiones que nos presentan el dictamen, reconocer y aplicar el derecho de réplica.

El derecho de réplica es un derecho humano consagrado en el artículo 6o. de nuestra Constitución; no es, como se nos presenta en el dictamen, una obligación civil sujeta a las reglas del derecho privado.

No se trata de dirimir controversias entre particulares, de relaciones de coordinación, sino de relaciones de orden público que resguardan una garantía en el mundo del derecho público; un derecho público subjetivo.

En la propuesta se anula el carácter de derecho humano que la réplica tiene en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales.

En nuestro sistema constitucional y convencional, la réplica no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles o de particulares propias del derecho privado.

Es un derecho humano, una garantía constitucional y, por tanto, un asunto de orden público.

Hay que dejar claro que se trata de un derecho humano de carácter político, referido a relaciones de poder entre quienes tienen la propiedad privada de los medios de comunicación y las personas y colectivos; la sociedad civil. Es un medio para el debate y la socialización de la libertad de expresión, no una obligación civil como se le concibe en la propuesta de marras.

Quienes confeccionaron el proyecto, hay que decirlo, la telebancada y algunos más que se incluyen en ello, olvidaron por completo las diferencias ante las obligaciones civiles que emanan de una relación contractual, contra las que son oponibles a acciones civiles, y los derechos públicos subjetivos de las personas que se expresan y exigen frente al poder privado de las corporaciones que no están en una relación de igualdad, sino de subordinación frente al ciudadano común.

El artículo 5o. del proyecto, comete un error que se arrastra desde la Convención Americana de Derechos Humanos, al reducir el espectro del agravio sólo a motivos políticos, económicos, honor, imagen, reputación o vida privada.
La ley que se propone, ignora, que en los sujetos obligados, los medios, no sólo tratan asuntos que se refieren a la política, la economía, el honor, la imagen o la vida privada de las personas.

En los medios se difunde información u opiniones falsas o inexactas en los ámbitos social, científico, tecnológico, artístico, deportivo, de espectáculos, técnico, de la salud, la educación, la cultura, la literatura, la cultura popular, la contracultura y muchas más formas de expresión humana que merecen ser objetadas mediante la réplica.

Para el caso, véanse los productos milagros, o la diversidad de inexactitudes científicas que pululan tanto en la televisión como en la radio y no se diga de la difamación contra prácticas cotidianas, de los programas de espectáculos o las imprecisiones estéticas respecto a las obras de arte.

Pero lo profundamente nefasto de este proyecto y que trastoca al derecho de réplica, arrumbándola a la suerte de litigantes chicaneros, es la parte procesal.

En ella se inventa una especie de juicio ordinario civil que hará inaplicable el derecho de réplica.

Se instituye un procedimiento administrativo ante un privado al que se da potestad de autoridad y luego un ordinario civil en donde se controvierte al sujeto obligado, pero ahora ya no con las potestades de autoridad, sino como una igual y, por ello, es que la carga de la prueba está en el quejoso. Todo un engendro legal.

El mecanismo que se presenta es opuesto a los principios constitucionales de protección de los derechos humanos.

En primer lugar, debe partirse del principio de que se trata de relaciones de iguales entre particulares, de ser así, no tendría sentido haber insertado la figura en la Constitución y bastaría incluirla en el Código Civil, y generar un juicio especial en el Código de Procedimientos Civiles y hacer que las partes se sujetaran al procedimiento civil ordinario y no a la legislación de garantías constitucionales.

Señor Presidente, es larga mi intervención, pido que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Y, concluyo, diciéndoles, compañeras y compañeros, que el verdadero objetivo de esta legislación es hacer inaplicable este derecho consagrado en la Constitución. Ése es el objetivo central de las empresas de televisión y radio que han realizado una fuerte labor de cabildeo en favor de este proyecto, desde las telebancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Sería un desastre que se aprobará tal y como está la minuta. Vital, por tanto, es oponerse a ella en su totalidad.

O bien, compañeras y compañeros, hablando con sinceridad, establecer con toda claridad que esta Ley Reglamentaria, establece las bases para hacer nugatorio el derecho de réplica, establecido en la Constitución.

Hablar con la verdad tampoco les vendría mal a las y los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Se inserta en el Diario de los Debates el texto íntegro de la intervención del Senador Sánchez Jiménez.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Senador Roberto Gil Zuarth
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República

El proyecto de dictamen de la Ley que hoy se nos presenta, contiene graves inconsistencias y de plano debe calificarse de inconstitucional. De aprobarse, dejaría ahogada a la réplica en el mar de formulismos leguleyos de los tribunales civiles, federales de nuestro País.

Con un sentido de responsabilidad, este Senado debería rechazar todo el proyecto que nos envía la Cámara de Diputados, porque nuestros colegas legisladores jamás quisieron, como hoy lo hacen las comisiones que nos presentan este dictamen, reconocer y aplicar el Derecho de Réplica.

El derecho de réplica es un DERECHO HUMANO consagrado por el artículo 6to. de nuestra Constitución. No es, como se nos presenta en el dictamen UNA OBLIGACIÓN CIVIL sujeta a las reglas del derecho privado.

No se trata se dirimir controversias entre particulares, de relaciones de coordinación, si no de relaciones de orden público que resguardan una garantía en el mundo del derecho público; un derecho público subjetivo.

 En la propuesta se anula el carácter de derecho humano, que la réplica tiene en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales.

En nuestro sistema constitucional y convencional la réplica no es un asunto que  implique una regulación de controversias civiles o de particulares propias del derecho privado, es un derecho humano, una garantía constitucional y por tanto un asunto de orden público.

Hay que dejar claro, que se trata de un derecho humano de carácter político, referido a relaciones de poder entre quienes tienen la propiedad privada de los medios de comunicación y las personas y colectivos: la sociedad civil. Es un medio para el debate y la socialización de la libertad de expresión, no una obligación civil como se le concibe en la propuesta de marras.

Quienes confeccionaron el proyecto (la telebancada) olvidaron por completo las diferencias entes las obligaciones civiles que emanan de una relación contractual, contra las que son oponibles acciones civiles, y los derechos públicos subjetivos de las personas que se expresan y exigen frente al poder privado de las corporaciones, que no están en una relación de igualdad (coordinación) si no de subordinación frente al ciudadano común.

El artículo 5 del proyecto, comete un error que se arrastra desde la Convención Americana de Derechos Humanos, al reducir el espectro del agravio sólo a motivos políticos, económicos, honor, imagen, reputación o vida privada. Tanto la Convención como la Ley que se propone, ignoran que en los sujetos obligados (los medios) no sólo tratan asuntos que se refieren a la política, la economía, el honor, la imagen o la vida privada de las personas.

En los medios se difunde información u opiniones falsas o inexactas en los ámbitos social, científico, tecnológico, artístico, deportivo, de espectáculos, técnico, de la salud, la educación, la cultura, la literatura, la cultura popular, la contracultura, y muchas más formas de expresión humana que merecen ser objetadas mediante la réplica.
Para el caso, véase los productos milagro o la diversidad de inexactitudes científicas que pululan tanto en la televisión como en la radio, y no se diga de la difamación como práctica cotidiana en los programas de espectáculos, o las imprecisiones estéticas respecto de la obra de arte.

Pero, lo profundamente nefasto de este proyecto y que trastoca el derecho de réplica, arrumbándolo a la suerte de litigantes chicaneros, es la parte procesal.

En ella se inventa una especie de juicio ordinario civil que hará inaplicable el derecho de réplica. En primer lugar, se trata a los sujetos obligados, los medios de comunicación, como si se trata de autoridades. Se les otorga la potestad de aplicar un procedimiento administrativo por medio del cual ellos mismos determinan la procedencia o no de la solicitud de réplica y frente a la negativa o el silencio del sujeto obligado, los quejosos deben recurrir ante un juez de distrito para iniciar una acción civil.

Es decir, se instituye un procedimiento administrativo ante un privado al que se le da potestades de autoridad y luego un ordinario civil en donde se controvierte al sujeto obligado, pero ahora ya no con las potestades de autoridad ; si no como un igual. por ello es que la carga de la prueba está en el quejoso.

¡Todo un engendro legal!

 El mecanismo que se presenta no sólo es ineficaz para dar plena vigencia al derecho de réplica, sino es opuesto a los principios constitucionales de protección de los derechos humanos.

En primer lugar, debe partirse del principio de que no se trata de relaciones de igualdad entre particulares, de ser así no tendría sentido haber insertado la figura en la Constitución y bastaría incluirla en el Código Civil; y generar un juicio especial en el Código de Procedimientos Civiles y hacer que las partes se sujetarán al procedimiento civil ordinario y no a una legislación de garantías constitucionales.

Hay aquí un acto de poder equivalente al acto de autoridad que viola derechos o garantías (la réplica) y que se combate mediante el juicio de Amparo.

Así, el procedimiento correcto debe ser no sólo más expedito, sino tutelar y protector de quien demanda la réplica. Los sujetos obligados, que se encuentran en una condición de poder frente al sujeto agraviado, deberían sujetarse a reglas homólogas a las que la Constitución impone a las autoridades en el caso del juicio de garantías:

1. esponder de manera inmediata a la demanda de réplica en sentido afirmativo o negativo (no solicitud o petición);

2. en caso de negativa, esta debe estar fundada y motivada, tal y como se hace en los actos de autoridad.

3. Ante la negativa no debe entablarse una controversia de carácter privado (civil), lo cual es una barbaridad, sino un procedimiento de derecho público ya que se trata de proteger un derecho humano o garantía constitucional.

4. Por tanto, es indispensable establecer un procedimiento especial de protección de derechos como en el caso del Juicio de Amparo, bajo las siguientes formas:

a) La solicitud de réplica debe ser atendida de inmediato por el sujeto obligado, a la que debe recaer una respuesta fundada y motivada en sentido afirmativo o negativo.
b) Frente al silencio del medio es indispensable que se establezca la afirmativa ficta con el fin de impugnar el presupuesto de una resolución presuntamente desfavorable (la negativa a la réplica) y por tanto que la autoridad jurisdiccional resuelva de inmediato la pretensión de réplica planteada originalmente en la petición presuntamente negada por el sujeto obligado.

c) Ante la demanda de violación del derecho de réplica, debiera proceder que el sujeto obligado, responsable como en el caso del amparo, presente ante el juez de distrito un informe justificado de su negativa, mismo que el juez en un sólo acto deberá valorar, escuchar a las partes, juzgar y resolver ordenando que se dé o no la réplica.

d) Esta sentencia, y no hay que hacerse bolas procesales respecto de si debe haber dos o tres instancias pues no es un ordinario civil, puede ser recurrida en revisión (no apelación) tal y como se hace en el juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado, mismo que deberá resolver en un término no mayor de cinco días.

e) La resolución debiera expresar, que la Justicia de la Unión ampara y protege a una persona contra el sujeto obligado, y le impone a este, de inmediato, otorgar la réplica que se le demanda sin dilación alguna.

f) En caso contrario, de no tener razón la petición de réplica, la sentencia establecería que no se le da la protección al demandante.

g) Por cuanto a las sanciones, el juez de distrito debe contar con medidas de apremio para imponer al sujeto obligado difundir la réplica bajo las mismas condiciones en que fue presentada la información u opinión que se replica.

h) Estas medidas deben ser ejecutadas por los órganos de Estado que tienen autoridad frente a los medios de comunicación que son los sujetos obligados, IFT y la Secretaría de Gobernación.

Bueno, esto es lo que debió decir:

La aprobación del proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 6 párrafo primero de la Constitución, marca un grave retroceso en el derecho garantista y conculca el derecho de réplica; lo hace inaplicable.

Ese es el objetivo central de las empresas de televisión y radio que han realizado una fuerte labor de cabildeo, en favor de este proyecto, desde las bancadas del Partido Verde las cámaras de diputados y senadores. Sería un desastre que se aprobara tal y como está la minuta. Vital por tanto, es oponernos a ella en su totalidad.

O bien, hablando con sinceridad, establecer con toda claridad que esta Ley Reglamentaria establece las bases para hacer nugatorio el derecho de réplica establecido en la constitución. hablar con la verdad tampoco les vendría mal a las y a los legisladores del PRI, PAN y PVEM

Senador Luis Sánchez Jiménez

Sesión del 13 de octubre de 2015, Senado de la República.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo aquí a esta tribuna a hablar a favor del dictamen, estoy seguro que este es un paso importante en la vida democrática del país, en razón de lo que consagra esta reforma.

Cuántos de nosotros hemos, por alguna causa, con dolo, con mala fe o de manera errónea, hemos sido señalados por algún medio de comunicación, y no hemos tenido la oportunidad de acceder en la réplica o porque no tenemos conocidos o porque no podemos acceder al medio de comunicación para rectificar.

Hoy estaremos aprobando un instrumento jurídico que viene a solventar el vacío en esta materia.

Una herramienta para hacer valer este fundamental derecho de todas las personas a rectificar o aclarar difundidos en los medios de comunicación y agencias noticiosas cuando contienen hechos incorrectos o inexactos. O peor aún, son capaces de lastimar la integridad y reputación de alguna persona.

A diferencia de algunas consideraciones desgraciadamente erróneas, algunos de los compañeros Senadores han planteado consideraciones sobre puntos que consideran inadecuados para la consecución de los fines de la réplica a través del proyecto, ya en sus posicionamientos como en sus reservas y votos particulares.

Me voy a referir, particularmente, a lo relativo en el artículo 12 y 19 del proyecto de ley, sobre las causas por las cuales no procede la réplica, esto, porque se dice que viene a constituir un obstáculo para hacer valer tal derecho.

Sin embargo, es de resaltar que el artículo 19 se basa en dos principios fundamentales, lógicos y evidentes para la actualización de una hipótesis de improcedencia.

La satisfacción del objetivo de la réplica y la preclusión del derecho. Esto es, en los casos en los que ya se haya realizado la réplica fuera del procedimiento a que se refiere esta ley, y por similitud de razón, cuando sea ajena a los datos de la publicación o bien que la persona no tenga interés en el asunto.

Por cuanto hace a la preclusión del derecho, es obvio que si ya han fenecido los plazos, como en cualquier otra materia, atentos al principio de certidumbre jurídica, cualquier solicitud extemporánea debe derivar en improcedente. Hipótesis contenidas al tenor siguiente, y cito textualmente el artículo 19:

“El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se traten de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta ley,

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa, y cuya difusión le ocasione un agravio;

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida en los términos previstos en la ley;
VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dieron origen;

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”.

Cabe destacar el contenido de esta última fracción, de que se dice que habrá de constituir una hipótesis encaminada a entorpecer el acceso al derecho de réplica. Esto porque cuando la información publicada o transmitida provenga de una agencia de noticias y se haya citado a ésta, no procede el reclamo o solicitud directamente ante el medio de comunicación.

Con esto algunos compañeros aseguran un sesgo al no poder recurrir al medio de comunicación y deber hacerlo directamente a través de la agencia.

Sin embargo, estimamos, compañeras y compañeros, que en realidad es todo lo contrario, pues omite señalar que esta disposición está vinculada a la diversa contenida en el artículo 18 de esta ley que a la letra dice:

“Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida, o proveniente de las agencias de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto a la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual, en sus contratos o convenios deberán asentarlo”.

Esto es, el derecho de réplica hecho valer ante una agencia noticiosa, le es obligatorio cumplimentar a cualquier medio de comunicación, con lo que bastaría un solo procedimiento en esta materia para hacerlo valer, a diferencia de tener que acudir a cada medio de comunicación que hubiese difundido alguna información proveniente de alguna agencia.

Así, estimadas compañeras y compañeros, no tergiversemos las cosas, en este caso la fracción VIII del artículo 19 es tan evidente que salta a la vista que es un procedimiento sobre la agencia noticiosa la que resuelva sobre todos los medios involucrados.

Es mucho más práctico, garante que en el número de procesos, que entonces sí ver qué hace el ciudadano atendiendo el seguimiento de todos ellos, es decir, sí hay manera de hacer valer en todos los casos el derecho a réplica, a pesar de lo que aquí se dice.

Por eso, adelanto que mi voto será a favor del dictamen, de la minuta, que por cierto, enviada por Diputados y que ya ha sido dictaminada por mayoría en las comisiones correspondientes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.
El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En nuestro país ha sido difícil concretar un ordenamiento legal que garantice a los ciudadanos ejercer eficazmente el derecho de réplica frente a informaciones falsas o calumniosas en los medios de comunicación.

Esa ha sido una ostra muy dura de abrir, no obstante que atiende uno de los aspectos más importantes de la eminente dignidad de la persona humana: la defensa de su honor, su imagen y su reputación personal.

Desde 1980, en que México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de réplica contenido en ambos instrumentos internacionales, no ha podido ser garantizado en nuestro país dentro de una adecuada y eficaz legislación. La pésima noticia para el país es que tampoco ahora se logrará el objetivo.

Estamos ante un fraude a la sociedad mexicana, que se pretende presentar como avance legislativo en materia de derecho de réplica. De hecho, la ley que ahora nos proponen como avance, en varios supuestos retrocede con relación a la Ley de Imprenta, de Venustiano Carranza, de 1917.

Lo afirmo en materia de plazos de rectificación del medio, en la extensión de la réplica a la que un ciudadano tiene garantía en la Ley de 1917, frente a la que ahora se le brinda.

En el 2007 se reformó la Constitución, y ahí se introdujo el derecho de réplica en el artículo 6o., reconociéndolo como un derecho humano esencial y correlativo a los de libertad de expresión y de información.

Se dio un plazo de 30 días para desarrollarlo en la ley, lo cual no aconteció. En el 2011, con motivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones, se ordenó mediante transitorio elaborar una ley reglamentaria del derecho de réplica en un plazo de 180 días.

El día de hoy, un acto legislativo que pudo estar revestido de una significación histórica en la larga lucha por el derecho a la información en nuestro país, no será considerado así, porque lo que se aprobará contradice los mismos propósitos expresados en los considerandos del proyecto que cito:

“Hacer del derecho de réplica un ejercicio claro, eficaz y expedito”. Ninguno de los tres objetivos se cumplirá.

Es una pena que un derecho que ha esperado décadas para ser garantizado en la legislación, sucumba una vez más por la presión grosera de las televisoras, por la ambición insaciable de poder y dinero que parece imponerse de nueva cuenta para lograr un traje a su medida: la connivencia entre el poder político y las televisoras, connivencia transversal a partidos políticos y poderes de la Unión.

No obstante que ya llevaba en el Senado un año y diez meses, y que en varias ocasiones se planteó corregir y mejorar la minuta, el pasado 31 de agosto se intentó un albazo legislativo para aprobarla en sus términos.

Las televisoras no cedieron ni una coma en relación con el proyecto que le impusieron a los Diputados. Y el gobierno y su partido, y sus aliados en la oposición, se han resignado a tal designio.

La nueva ley que reglamenta el derecho de réplica y que se votará hoy, no le sirve a los ciudadanos y tiene un criterio que favorece claramente los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras.
No atiende las reformas constitucionales que este Senado y el Congreso ha emitido en el periodo pasado, tanto en materia de telecomunicaciones como en derechos humanos.

En un tema tan importante, insistí a mis compañeros en retomar principios esenciales de Acción Nacional en torno de la persona humana; que recogiéramos posturas consagradas en asambleas y convenciones del partido, como la XX Convención de 1969, año en que se instituyó la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la cual se nos planteaba que, por su naturaleza personal y social, todo ser humano tiene el derecho y la obligación de participar en la marcha de la sociedad.

Esta función social no se puede cumplir con normalidad y eficacia si los medios de información no proporcionan elementos razonablemente exactos para el juicio y la decisión responsable.

El problema se agrava cuando a las deficiencias se añade la falsificación voluntaria de la realidad y la abundante variedad de las mentiras pagadas.

Ya la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, explicaba hace unos meses que esta ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional, abre deliberadamente un margen de discrecionalidad que siempre han exigido las empresas de comunicación para decidir por ellas mismas si rectifican o no hechos falsos difundidos en sus espacios, lo cual significa, en realidad, anular la posibilidad de llevar a la práctica el derecho de réplica como una herramienta efectiva de defensa respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación.

Dentro de las voces que se alzaron en contra de la minuta y fueron desoídas por el Senado, desdeñadas están ni más ni menos que las de los defensores de las audiencias de los medios públicos de comunicación del Estado mexicano. Hicieron llegar a las comisiones y a los Senadores de la República, un pronunciamiento vigoroso, los defensores de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano; del Canal 22; del Canal 11; del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; y del Ombudsman; MVS, que en su parte medular señalaron lo siguiente:

“De aprobarse en sus términos, habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información.

De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho.

Esta minuta de ley, tal como está redactada, estoy citando a los defensores de las audiencias de los medios públicos, esta minuta de ley, tal como está redactada no le sirve a la sociedad, porque no garantiza uno de los derechos fundamentales de las audiencias, si esta minuta es la que han acordado apoyar algunas fuerzas políticas, es preferible que no se aprueben, hasta que no existan las condiciones de reglamentar un derecho con visión democrática y de derechos humanos”.

Concluyo, compañeros, al cabo que he apuntado varias reservas sobre varios artículos.

El Senado de la República manda una señal de indolencia y de desprecio por la opinión de la sociedad civil, que es el sujeto esencial de este derecho, trastoca el sentido de la representación y vuelve a arremeter contra el interés público. Tanto la forma como el contenido de esta decisión, da cuenta del profundo deterioro institucional que mantiene a la sociedad mexicana irritada frente a la clase política.

Se confirma también, cómo frente a la crisis de corrupción e impunidad que marcan hoy el envilecimiento de nuestra democracia, se añade el cinismo político de quienes sujetos de las más diversas acusaciones de deshonestidad personal y política, no son capaces de confeccionar una ley, ni siquiera en defensa propia, signo de que las críticas, las acusaciones, los señalamientos tienen sin cuidado a los principales actores de la arena pública en México, y eso es también una tragedia.
Sabedores de que esas conductas vulnerables, lo que menos les importa es confrontar la aclaración, pero que esa impunidad, que esa corrupción y que ese cinismo, no atraviese el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Relativizar un derecho humano, como lo hace esta minuta, es una regresión inadmisible que no puede considerarse como avance en el Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Asociación Civil “Unidad y Fuerza Iluminada Ciudadana”, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Isidro Pedraza Chávez, quienes asisten a esta sesión, a presenciar el debate, nuestros debates legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Es evidente que esta ley reglamentaria no dará satisfacción a esos derechos del ciudadano y que existen muchas omisiones en la misma y que seguramente, en breve, tendremos que estar nuevamente discutiendo este mismo derecho de réplica.

De acuerdo al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, decía que: “A más tardar, el 30 de abril, de 2008, el Congreso de la Unión, deberá expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución”.

Aunado a este primer llamado, con la reforma a la Constitución Política, del 11 de junio de 2013, el Artículo Tercero Transitorio, fracción IV de este Decreto, establecía que el Congreso de la Unión debería realizar adecuaciones al Marco Jurídico para regular el derecho de réplica dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, es decir, el 2 de diciembre de 2013.

Ante la doble obligación que tuvo el Congreso de la Unión para legislar sobre el derecho de réplica, fue omiso, carente de toda voluntad política, para garantizar de manera efectiva la posibilidad de que toda persona pueda aclarar cualquier divulgación inexacta o falsa que le cause agravio o daño.

Desde el 6 de diciembre de 2013 se envió a esta Soberanía la minuta del presente Decreto, es decir, se tuvieron casi dos años para analizar, discutir y, en su caso, modificar el dictamen, escuchar a todos los interesados, corregir las deficiencias y mejorar este proyecto, a fin de salvaguardar verdaderamente el derecho de réplica.

No obstante, se quiere imponer bajo el argumento de que no se puede dilatar más la aprobación de esta ley.

Un proyecto que lejos de proteger el derecho de réplica, busca defender los intereses de los medios de comunicación.

Es de resaltar las incongruencias bajo las cuales opera el Congreso de la Unión, dado que hoy se pretende aprobar el presente dictamen sin que se haya modificado una sola coma, a sabiendas de que adolecen varios temas sustantivos, por lo que más bien parece una norma que restringe este derecho en lugar de garantizarlo.
El dictamen contiene numerosas deficiencias que impiden que sea verdaderamente una ley eficaz, dado que el derecho de réplica debe distinguirse por su practicidad y sencillez para ejercerlo, protegiendo realmente los intereses de las audiencias.

Sin embargo, este proyecto camina en un sentido contrario a la propia naturaleza del mismo, tales carencias en la minuta fueron expuestas en su minuta por académicos, legisladores, organizaciones civiles y mucha población, como es el caso de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, quien desdeñó la minuta por presentar un claro desequilibrio y una serie de ventajas a favor de los medios de comunicación y en perjuicio, obviamente, de las audiencias, un proceso judicial lento y con trabas para el solicitante que exige hacer valer su derecho de réplica, a quien se le requiere, desde llenar un formulario, hasta requisitos increíbles y sin sentido, como anexar en su solicitud una copia de la emisión o publicación a la que alude en su reclamo, lo que implicaría forzosamente tener que solicitársela al propio medio, que, por ejemplo, en el caso de la televisión, constituiría un grave obstáculo para ejercer, efectivamente, ese derecho de réplica.

Adicionalmente, si bien las réplicas deberán ser publicadas en el mismo medio original que difundió la información equívoca y que dañó la moral y la vida privada de cualquier persona, quedará a criterio de dicho medio si se otorga o no el espacio de réplica, lo que es y convierte en una acción discrecional, arbitraria y absurda sin que exista alguna garantía real para ejercer este derecho.

Una clara contradicción que se observa en el dictamen, es respecto a la obligación de los medios de comunicación para rectificar información falsa o inexacta proveniente de las agencias noticiosas.

Por un lado, el artículo 18 del proyecto plantea que, efectivamente, los medios de comunicación deberán de transmitir la réplica o rectificación sobre la información incorrecta difundida o proveniente de las agencias noticiosas. Pero por el otro lado y de manera flagrante, en el siguiente artículo que versa sobre las causales bajo las cuales el sujeto obligado puede negarse a transmitir la réplica, se contempla en la fracción VIII la posibilidad de que el medio de comunicación pueda no difundir la réplica cuando la información provenga de una agencia noticiosa y se haya citado a la agencia.

Esto quiere decir que habrá una contradicción de normas sobre si el medio de comunicación estará o no obligado a resarcir el daño, a pesar de que haya sido quien generó un mayor impacto en la difusión de la información inexacta o falsa en contra de la persona agraviada y, en consecuencia, lo único que se logrará es asegurar que el derecho de réplica quede al arbitrio y discrecionalidad de los medios de comunicación.

Ante tales escenarios, lo que realmente provocará esta ley es burocratizar y desincentivar a toda persona para que, efectivamente, ejerza este derecho de réplica, ya que tendrá las más de las veces que recurrir al procedimiento judicial contemplado para poderlo hacer efectivo.

En conclusión, la minuta carece de los elementos necesarios para hacer del derecho de réplica un ejercicio pertinente, fácil y expedito; al contrario, lo que se pretende aprobar es una serie de preceptos que constituyen un retroceso en el derecho de audiencia y por lo tanto en los derechos tan esenciales como lo son el de la expresión e información.

Por último, también nos encontramos ante una normativa completamente desactualizada que soslaya las distintas implicaciones y los diversos escenarios que generen los medios de comunicación electrónicos y digitales con la enorme importancia que éstos conllevan actualmente.

Por tal motivo, mi voto a este dictamen será en contra.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a hablar a favor de la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución.

Muy convencida, absolutamente convencida de que es mediante esta Ley Reglamentaria del 6o. constitucional, que se puede asegurar al ciudadano el acceso a los instrumentos jurídicos eficaces, que le permiten exigir a los medios de comunicación la rectificación de información falsa o inexacta, cuya divulgación le cause un agravio en su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, honor o imagen.

Buscamos la aprobación de esta reforma porque estoy segura de que así consolidaremos ese México que todos queremos. Un México en el que exista una libertad de expresión responsable con ciudadanos y con medios de comunicación, en primerísimo lugar, comprometidos con la justicia, la verdad, el desarrollo y la paz.

La ley reglamentaria, aprobada en comisiones, para mí es innegable que representa un avance. Un avance porque con ella se supera un vacío legal y será ahora posible, a través de ella, hacer valer este derecho, fundamental para el ciudadano.

Vale la pena que recordemos que el derecho de réplica se estableció en la Ley sobre Delitos de Imprenta, de 1917, en tiempos de don Venustiano Carranza; señalaba entonces, que la prensa escrita estaba obligada a publicar dentro de los 5 días siguientes, de forma gratuita, las rectificaciones o respuestas de personas que fuesen aludidas en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas.

Desde entonces, a ahora, el mundo cambió y cambió sustantivamente, sin embargo, fue hasta el año 2007 cuando se reformó el artículo 6o. de la Constitución, con lo que nuestro país adquirió la réplica por fin, un reconocimiento como derecho fundamental de los ciudadanos. Pero hace falta esta ley reglamentaria, que fue precisamente aprobada con el trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, este pasado martes 22 de septiembre, en el que estuvimos trabajando en ella.

Esta ley define el derecho de réplica y señala que toda persona tiene derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que la aludan, que sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

Esta ley señala como sujetos obligados a los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Y considera, esto me parece que es de subrayarse, considera como medios de comunicación a la persona física o moral que presta servicios de radiodifusión, servicios de televisión o audio restringidos, o que de manera impresa y/o electrónica, difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

Es decir, es una ley que establece, enumera y enlista a todos, absolutamente a todos los medios de comunicación que actualmente hacen tarea de comunicación entre gobierno y sociedad y por tanto, no me parece ni justa ni correcta esa apreciación en el sentido de que aprobar la ley sería aprobar y apoyar a dos medios en especial, que son las televisoras.
Me parece totalmente inexacto, puesto que la propia ley enumera y enlista cuáles son los medios de comunicación a los que hace referencia.

La iniciativa establece también que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta y cuya divulgación cause un agravio a la persona.

Ésta es la hipótesis a partir de la cual habría de actualizarse la posibilidad de hacer uso de la misma por el agraviado.

La ley mandata también que la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, sea de manera gratuita, determina, que la réplica puede darse directamente en una transmisión en vivo, si el formato del programa lo permite. De no ser así, el interesado tiene cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación para solicitarla; es decir, es exactamente el mismo término establecido y el que utilizamos en México por muchísimos años en la Ley de Imprenta y no me queda claro entonces cual es la razón por la cual se pretenda aducir que se sujeta o que se disminuye la posibilidad de la actualización del derecho al darse este espacio.

A mí me parece, compañeras y compañeros, que la ley, que también establece procedimentalmente el plazo de tres días máximo, que tiene el sujeto obligado para notificar al promovente, es el tiempo que procesalmente es el adecuado para ello.

La ley decreta que una réplica cuando procede debe de publicarse o transmitirse al día hábil siguiente de la notificación de la resolución y que en el caso de radiodifusoras o televisoras, la rectificación tendrá que difundirse en el mismo programa y horario, y con características similares a la transmisión.

Establece también, desde luego, todo lo concerniente a la aplicación, a la competencia de los jueces; determina multas a los sujetos obligados que no realicen la notificación al particular, que no hagan la aclaración correspondiente o que se nieguen a la publicación de la réplica sin justificación y cuando el sujeto obligado también se niegue a cumplir la sentencia del juez o la haga fuera del plazo establecido.

Es una ley, que procedimentalmente es muy completa, que atiende los aspectos sustantivos de procedimiento para que se haga actuar el ejercicio del derecho de réplica por parte del agraviado y me parece que significa un gran avance, esta ley reglamentaria, de lo que ya estableció el artículo 6o. constitucional y que sin duda alguna representa para los ciudadanos mexicanos la posibilidad de actualizar un derecho que había quedado en el olvido, en lo que es la actualización del andamiaje jurídico constitucional y legal que hemos llevado a cabo en esta Cámara de Senadores.

Por lo tanto, les suplico, les solicito su apoyo y su aprobación para esta ley, que mucho necesitamos los mexicanos, y que viene a modernizar y a actualizar nuestro marco jurídico.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Informo a la Asamblea que el Senador Raúl Morón Orozco, ha hecho llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen.

La Mesa Directiva la recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria integrarle en el Diario de los Debates.

El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Entiendo, compañeras y compañeros Senadores, la línea es la línea, y hay que ser disciplinados porque si no, se ve reflejado en los premios y castigos.

Así también, nada más le faltó, entre los requisitos, el acta de defunción. A alguien, a algún redactor ahí se le pasó para solicitar derecho de réplica, va a necesitar el acta de defunción, y obviamente, al pueblo de México, con todo afecto y cariño, que sepan que hay que tener dinero, lana, hay que tener relaciones, porque aquí parece que nadie se ha parado en un juzgado, que llegan y le piden a uno las perlas de la Virgen y, por supuesto, el tiempo prolongado. Es una verdadera tortura llegar a un juzgado y más a pedir ese tipo de cosas. Entonces, volvemos a la simulación. Todo cambia para no cambiar, quedar igual.

Las democracias modernas en el mundo se caracterizan por dotar de mayores mecanismos a los ciudadanos para el efectivo y real ejercicio de sus derechos, como lo es el derecho de réplica. La materia que nos convoca en esta sesión, analizar y discutir, se inscribe en los temas de mayor trascendencia para el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, como lo es la regulación de este derecho humano, que aquí se hace inhumano.

Desafortunadamente, el dictamen a nuestra consideración no hace eco a este propósito. Como parte de los antecedentes más remotos del derecho de réplica, encontramos que a principios del siglo XIX surgió en Francia la idea de instaurar un derecho de ratificación y un derecho de respuesta.

El primero que protegía a los funcionarios contra los ataques de la prensa y el segundo a los particulares cuando eran víctimas de difamación o afectados en su honor y reputación. Tales derechos se constituyeron como un instrumento poderoso de defensa y como medio para precisar la información y refutar los errores que contenía.

Con la reforma al artículo 6o. de nuestra Ley Fundamental aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se elevó a rango constitucional este derecho de réplica. Después de que han transcurrido más de 7 años, hoy el Congreso de la Unión pretende dar cumplimiento a su obligación, de expedir la legislación secundaria para regular este derecho fundamental.

Hay que decirlo así, porque este proyecto de ley se encuentra lejos, muy lejos de constituirse como un verdadero mecanismo para garantizar a los ciudadanos su ejercicio pleno, oportuno y efectivo por las razones particulares que ahora me permito exponer.

Bien señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 14.1 que ese derecho también llamado de rectificación es aquel que tiene toda persona afectada para informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general.

De esta forma tiene derecho efectuar por el mismo órgano de difusión su ratificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Conforme dicho instrumento jurídico internacional se genera para los Estados parte, como es México, una obligación de respetar tal derecho y garantizar su libre y pleno ejercicio en sus direcciones respectivas.

Para tal efecto, la ley debe establecer condiciones que no entrañen limitantes para su protección real y efectiva. Consideramos que las condiciones que establece este proyecto de ley reglamentaria no son las que se requiere para ejercer sin cortapisa alguna la réplica o ratificación frente a la emisión de información falsa o inexacta por parte de los medios de comunicación que afectan la esfera privada de las personas.
Basta revisar todo el Capítulo III que se establece el procedimiento judicial para hacer valer el derecho, tal como lo identificamos, el dictamen establece qué requisitos que constituyen una carga procesal para el afectado y no para el medio de comunicación, toda vez que lo obliga a probar ante el juez la falsedad y el prejuicio que dicha información le hubiere ocasionado.

No podemos considerar el establecimiento de un procedimiento expedito, confiable y equitativo tal como se desprende del análisis en el artículo 25 del proyecto, cuya fracción VII prácticamente obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen engorroso y costosa cualquier ratificación.

Así se establece que el procedimiento judicial, el solicitante del derecho de réplica deberá señalar, fracción VII, las pruebas que acrediten la existencia de una información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencias de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley, las que demuestran la falsedad e inexactitud de la información publicada, o las que demuestren el prejuicio que dicha información les hubiera ocasionado.

Ni que decir del artículo 26, en sus fracciones II y IV constituyen la carga de la prueba para el ciudadano que pretende ejercer su derecho de réplica, al exigirle un conjunto de documentos, tales como el acuse de recibo original de la solicitud, ratificación que no se hubiese contestado; el escrito del sujeto obligado que niega la solicitud de réplica, la copia del programa o publicación del sujeto obligado, y tan sólo para advertir que el derecho de réplica no será garantizado con oportunidad, léase, compañeros, el artículo 35, del que se desprende: que posterior al procedimiento inadecuado ante el juez de distrito, se seguirá el recurso de apelación por la vía del procedimiento civil, el cual se encuentra sujeto a términos y costos, los cuales complicarán el ejercicio del derecho de réplica.

De esta manera, el procedimiento propuesto dista mucho del objetivo que se busca para que el Estado mexicano garantice el acceso a un instrumento jurídico eficaz.

Y poco es lo que se hace en favor de las libertades y garantías de las personas relativas a este derecho fundamental.

Bien se sabe, los que apoyan este proyecto, que tuvo que haberse diseñado en un mejor procedimiento que responda al interés genuino y legítimo del derecho de las personas y no al de los sujetos obligados.

En suma, con la redacción de estas disposiciones contenidas en el proyecto que se dictamina, se vulneran principios que rigen este derecho en cualquier sistema jurídico democrático de nuestros días.

El de progresividad legislativa, que nos indica que la configuración de los procedimientos legales a que está sujeto el derecho de réplica, debe buscar siempre su ejercicio pleno, real y efectivo.

El de equidad, que entraña un despliegue informativo equivalente de la noticia y su rectificación.

El de la pertinencia y oportunidad, que consideran a este derecho como pertinente para subsanar el prejuicio generado y contrarrestar el ejercicio abusivo de las libertades de expresión.

Y, por otro, que debe solicitarse y demandarse en un tiempo oportuno cuando no exista el desarrollo legal o las condiciones materiales para ello.

El de la gratuidad, el que supone que para el ejercicio de este derecho no se debe generar costo alguno para el afectado, por la información falsa e inexacta.
Y, por último, el de la prueba, que establece la carga de la prueba, misma que conforme a los principios referidos debe ser parte y para el medio que difundió dicha información.

Compañeras y compañeros Senadores, seamos sensatos, preguntémonos de nuevo. ¿Realmente este Senado de la República está legislando en favor de los intereses de los ciudadanos ávidos por ejercer y ver respetados sus derechos?

Bajo el argumento de que con la aprobación de este dictamen se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental, se emite un proyecto que no alcanza a cumplir con su propósito, de regular adecuadamente el derecho de réplica.

Lejos, muy lejos de que este proyecto de desarrollo de forma complete el derecho consagrado en el artículo 6o. de nuestra Constitución Política, se incumple con el cometido plasmado en ella y en los tratados internacionales en la materia que obligan a establecer un justo equilibrio y armonización entre las libertades de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.

Por todo lo anterior, mi voto será en contra del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

A todos mis compañeros Senadores presentes y a los ausentes, con mucho cariño y afecto.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente. Estimados compañeros y compañeras:

Hoy hago uso de esta tribuna para razonar mi voto respecto al dictamen de la minuta sobre la reglamentación del derecho de réplica.

Recordemos que el derecho de réplica es un mecanismo jurídico que la ciudadanía puede accionar para defender su intimidad frente a actos de difusión que vulneran su honor, su buena fama o su reputación, a la cual todos tenemos derecho.

Este mecanismo es fundamental en sociedades donde los medios de comunicación tienen gran relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos en muchas dimensiones, ya sea para informarse sobre lo que acontece en la vida política del país, o para formarse una opinión respecto a algún tema o una persona en particular.

El dictamen que hoy se discute tiene aciertos, pero también insuficiencias y equivocaciones. La que más agravia, es que la apertura que ha distinguido a este Senado para procesar temas cruciales para el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía, hoy brilla por su ausencia.

Estoy cierta que en un Estado que se toma en serio los derechos, no decide sin escuchar. Además, cuando un Congreso cierra el debate legislativo en temas de derechos humanos, genera suspicacia para las y los ciudadanos.

Y desde aquí vuelo a solicitar, a cada una y a cada uno de ustedes, que no votemos este dictamen antes de escuchar a las y los ciudadanos expertos en el tema, de la sociedad civil, que nos están viendo el día de hoy, y que se sienten ignorados.
Este mismo Senado ha demostrado que cuando se hacen ejercicios de parlamento abierto, los productos legislativos nacen con amplia legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía.

En el clima de encono ciudadano y cuestionados como estamos los Senadores y las Senadoras, y de la alta desconfianza en la democracia y en las instituciones, no podemos darnos el lujo de expedir leyes que no toman en cuenta el conocimiento, la experiencia de académicos y expertos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y para nuestro país.

Los tres poderes del Estado están para garantizar de manera irrestricta los derechos humanos de los ciudadanos.

Retomo la opinión de estos expertos en materia de acceso a la información, que también es un derecho, sobre los principios que deben ponderarse para la construcción de una ley que tiene como fin proteger un derecho humano, como la del día de hoy.

El principio pro-persona versus el principio pro-Estado, el principio de no regresión y progresividad en contra del principio del status quo, y el principio de certeza y predictibilidad versus principios generalistas.

Hoy, a falta de un proceso deliberativo transparente y de cara a la ciudadanía, me permito, sin ninguna pretensión, ser la voz de quienes no fueron escuchados.

Este proyecto tiene muchos problemas, por ejemplo, si un medio se niega a otorgar el derecho de réplica, el afectado, efectivamente, puede acudir a un juez, pero para ello debe armar un expediente de pruebas, a su costa, que demuestre la falsedad de la información transmitida por el medio a través de un formato farragoso, lo que en términos prácticos dificulta enormemente el ejercicio de su legítimo derecho en este sentido.

¿Por qué lo permitimos?

El afectado o afectada debe, según el dictamen que están a punto de aprobar, conseguir la copia del programa en el que fue aludida o aludido, y para ello tendrá que pedírselo al medio, se trata, claro, de alguna estación de radio o de televisión.

Sabemos que cuando un medio no tiene disposición, esto se vuelve sumamente difícil y en ocasiones, imposible.

La judicialización del procedimiento en su etapa final, es decir, si el medio no otorga la réplica y el afectado acude al juez para hacer valer su supuesto derecho, constituye una dificultad más para el ciudadano. Y ante esto, la reparación de un daño a la imagen, al honor de una persona y que la llevó a ejercer su derecho de réplica, podría postergarse por meses o años, lo que hace ineficaz la reforma, ya que se pierde la pertinencia.

Hay otras inconsistencias y debilidades en el dictamen, por ejemplo, en materia electoral, que en lugar de beneficiar a los afectados por alguna información, lo que hace es mantener el poder y la impunidad el medio de comunicación frente a sus audiencias, aunque dañe honras y genere agravios.

También queda indefinida la atribución que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, para tutelar los derechos de las audiencias, entre los cuales se encuentra como prioritario este derecho de réplica.

Votaré en contra de este dictamen porque también ignora al internet como una plataforma tecnológica en la cual los medios de comunicación difunden información que puede ser errónea o agraviante y que debiera ser sujeta a réplica.
Votaré en contra, porque en el dictamen se obliga al afectado, por la información difundida, a probar su falsead o inexactitud así como el agravio que le causa. De hecho, estos elementos se incorporan en la propia definición del derecho de réplica.

En otros países, como en España, para ejercer la réplica es suficiente con que la persona considere inexacta la información y que pueda causarle agravio.

Entendamos que el derecho de réplica no es una concesión, es un derecho establecido en nuestra Constitución, y que la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que México se ha adherido, pero que no ha sido garantizado hasta la fecha, y el día de hoy tampoco se garantizará.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hay quienes vienen a esta tribuna a repetir una mentira cien veces y están convencidos de que la van a volver en realidad. No podemos negar que esta ley responde a una necesidad que la mayoría de los aquí presentes lo hemos manifestado, que hoy no tenemos previsto en una ley, para todas y todos los ciudadanos, ese derecho de réplica, ese derecho humano, ese derecho en lo cual podemos fundamentar la solicitud y la petición.

¿Qué puede ser perfectible? Sí. ¿Qué hoy estamos en la posibilidad de convertir una ley en realidad? También. Aquí sólo se acusa a los medios electrónicos con gran desconocimiento, incluso, sin haber leído todos los artículos, argumentaban que no se les tomaba en cuenta a las televisoras, a los sistemas de radiodifusión.

Pero la ley, si la revisan artículo por artículo, contiene toda y cada una de las mentiras que aquí se han venido a sostener en estos 42 artículos y en estos cuatro capítulos, en donde se prevé cada uno de los supuestos de los que hablan.

Cuando se viene y se menciona que se va a crear un mercado, lo hacen totalmente con la intención de desvirtuar algo que es muy claro, que ustedes sí lo comprenden y lo atienden, que cuando el responsable de una publicación de inserción pagada, hablemos de un diario escrito, de un periódico, haya levantado un falso o haya difamado, tiene la obligación de volverlo a cubrir.

Pero, claro, no hablan de esos medios que también les acomodan a algunos a modo muchas de esas notas, de esa información. Así, instituto político, hubiera sido otra historia en el pasado proceso electoral si nos hubieran dado verdaderamente el derecho de réplica que diario nos aplicaban más de un medio impreso.

Hay que repetirles estos cuatro capítulos que se tienen: el I de ellos en las Disposiciones Generales, en el cual se regula el objeto de esta ley, establecimiento de procedimientos y autoridades competentes, la materia del derecho y la supletoriedad de la ley no recae en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Establece de manera muy clara que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a esa información falsa o inexacta. Que se quejan que se tiene que probar, ¿cómo se podría llevar un debido proceso judicial si no existe la prueba?
Claro que, hacia allá afuera, quieren engañar a la ciudadanía, pero hay que decirlo de manera muy clara, que esta ley lo define todo clara y puntualmente; define como sujetos de la ley al agraviado, esa persona física o moral, partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes.

Señala también como sujetos obligados a los medios de comunicación, a las agencias de noticias, a los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

También considera como medios de comunicación a la persona física o moral que presta servicios de radiodifusión, servicios de televisión, o bien, de audio restringidos. O que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole, y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

También se manifiesta que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica siempre y cuando esté sustentada en información falsa, información inexacta y cuya divulgación cause un agravio a esta persona.

Mandata también, asimismo, que la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica sea de manera gratuita. Esto simplemente en el Capítulo I.

Compañeras y compañeros, creo que es importante que se lea, que lo revisen, que no traten de desinformar a la población. Aquí se sostiene que no se regula la parte de internet, sabemos y vimos el gran debate que llevó en otra reforma que teníamos el tema del internet.

Creo que hoy vamos a dotar a todas las mexicanas y los mexicanos, y nos vamos a dotar, compañeras y compañeros, de una herramienta legislativa, de una ley que verdaderamente nos va a permitir hacer uso y derecho de esta nueva ley, que más pronto que tarde los estaremos viendo, haciendo uso de ese ejercicio y de ese beneficio que tanto que hoy se quejan.

Estoy seguro que lo van hacer y lo van a poder hacer bien, y esa va a ser la mejor prueba de que los que hoy sostenemos que esta ley beneficia a todas y a todos los mexicanos así será.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Evidentemente los Senadores de la República tenemos visiones de dos Méxicos, por eso, cuando discutimos una ley como ésta que estamos discutiendo, planteamos la visión del México real y plantean la posición del México fantasioso.

Para los que van a votar esta ley a favor, México es un país en donde no existe la pobreza, es un país en donde no existe el hambre, en donde no existen las muertes por enfermedades curables, en donde no existen las muertes por desnutrición, en donde no existen las muertes por insuficiencia renal, en donde la justicia es pronta y expedita, en donde las desapariciones forzadas son una ficción de los que sostenemos que en México la violación de los derechos humanos es generalizada.
Ése es el México fantasioso, ése es el México que vienen a sostener aquí, diciendo no cien, miles de mentiras en cada una de las participaciones que aquí hacen.

Revisemos puntualmente, efectivamente, artículo por artículo de esta ley, y el espíritu de la misma plantea sin ningún recato, sin ningún pudor, que se subordina el poder legalmente establecido, como es el poder de este Senado, que es la representación legítima del pueblo, a los poderes fácticos; en consecuencia, el patrón de algunos Senadores ya no es el pueblo, el patrón de algunos Senadores son los medios de comunicación que tienen poder para cooptar a los representantes del pueblo.

En ese sentido, es muy importante que un legislador tenga claridad de a quién le sirve y a favor de quién está. Si le sirve al pueblo, sin duda que sus reflexiones serán siempre cuidando cómo defiende, cómo atiende los problemas que tiene nuestro pueblo, como éstos que he mencionado.

Sinceramente, compañeras y compañeros Senadores, ¿quién cree en la justicia de este país?, revisemos cuál es el rezago en materia de sentencias en México, revisemos cuál es la actitud de los ministerios públicos cuando un ciudadano va a presentar una demanda, revisemos cuál es la actitud de muchos Senadores que el día que hoy están proponiendo que la Suprema Corte de Justicia se partidice. No les interesa el país, les interesan sus intereses estrictamente particulares o de grupo.

Por supuesto que el derecho de réplica queda anulado cuando éste se judicializa, cuando se somete al escrutinio judicial, porque va a ser la lucha del poderoso contra el débil.

Ya me imagino, cualquiera de los Senadores de la República que sea difamado en un medio como éste que se está mencionando de manera permanente: Televisa y TV Azteca, que vote en contra el día de hoy; ya me imagino, si estas televisoras le van a dar el derecho de réplica. Y cuando el Senador reclame, y eso que somos Senadores, dicen algunos, y cuando el Senador reclame, más de uno le va a decir: hermano, pues ahí está el derecho plasmado en la ley de cuál es el procedimiento que tienes que seguir y si no estás conforme con la sentencia del juez, está fácil, apela y seguramente algún día se te va a hacer justicia en tu derecho de réplica.

Compañeras y compañeros Senadores, es importante que no cerremos los ojos a la realidad, el México real en donde existen millones de pobres, el México real en donde se están muriendo miles de compatriotas por enfermedades curables, el México real en donde la gente se está muriendo de desnutrición todos los días, el México real que grita justicia por los 43 de Ayotzinapa y todos los desaparecidos y todos los ejecutados de manera extrajudicial.

Ese México real hoy le pide al Senado de la República que en un acto de dignidad y respeto a los derechos humanos vote en contra de esta ley, y que la revisemos a profundidad para garantizarle a los mexicanos y a las mexicanas este derecho.

De lo contrario, esta ley se convertirá en un atentado contra la dignidad, la fama pública, el prestigio y los derechos humanos de los pobladores de este país, que van a quedar en estado de indefensión ante esta ley.

Se garantiza la impunidad de los poderes fácticos y se da un golpe mortal a la credibilidad del pueblo en sus Senadores, especialmente los que van a votar a favor de esta ley, y lo digo con pesar, muchas veces, por las actitudes como las que hoy se van a reflejar en el tablero, pagamos justos por pecadores.

Por su atención, muchas gracias.

Mi voto será en contra.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros Senadores:

Si algo ha caracterizado a nuestro país en la regulación y protección del derecho que tiene todo hombre y toda mujer a la defensa de su imagen y prestigio, es su ambigüedad, su limitada validez e incertidumbre.

Mientras en otros países, la regulación y establecimiento de un eficaz mecanismo de defensa ciudadana frente a la calumnia y a la información sesgada se dio a la par del avance y consolidación de sus democracias, aquí, con tal de no incorporar esta reforma al andamiaje jurídico nacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se optó por congelar y posponer indefinidamente la discusión de la reglamentación que hoy nos ocupa; irónicamente, uno de los argumentos establecidos en la minuta a discusión es la urgencia de contar con una legislación de esta naturaleza cuando la reforma constitucional la mandataba ya desde el año 2007.

A casi una década de que la Carta Magna, el Constituyente mandataba al Legislativo a la creación de una legislación tipo en la materia, se alude a la urgencia como un argumento y se apela a una sensible preocupación por contar con una norma como ésta y con el adjetivo de perfectible nos remite a una propuesta muy corta y muy “light” en argumentos.

No nos equivoquemos, en derecho, la emisión de normas a medias históricamente ha ocasionado más perjuicios que beneficios y este dictamen, por supuesto, no es la excepción.

Durante la discusión de la reforma constitucional que da origen y motivo a la creación de su reglamentación, se afirmó con toda contundencia que la vida privada de las personas es inviolable, por lo que todo individuo debe contar con un recurso jurídico que proteja este bien, diferenciando aspectos que no se vislumbran en este dictamen que pareciera no quiere tocar los intereses de los grandes consorcios privados de las comunicaciones.

Entrando en el contenido del mismo, vemos con preocupación que no hay una diferenciación entre la protección del interés jurídico de un particular como derecho cuando se vea afectado por la difusión e información falsa o calumniosa en cualquier momento y circunstancia indeterminada; y el de aquellos que, aunque ciudadanos, sean candidatos o candidatas a algún cargo de elección y vean afectada, no sólo su imagen, sino la de la oferta político-electoral que a través de su imagen pública encabezan.

En estos dos casos, aunque teóricamente se trastoca y vulnera el mismo derecho, se deben establecer procedimientos jurídicos con tratamiento diferenciado, ya que se tratan de circunstancias diferentes, pues los momentos y circunstancias de modo y tiempo son fundamentales para limitar distintos ámbitos de aplicación normativa y no son considerados en esta propuesta.

Esto quiere decir que no podemos instrumentar el mismo proceso de enmienda bajo el argumento de protección al mismo derecho a situaciones diferentes, ya que en el primer caso, el bien jurídico a tutelar está delimitado por las circunstancias del individuo.

En el segundo caso, la afectación al bien jurídico de la persona tiene una trascendencia, no sólo a su imagen, sino a la percepción de un electorado y posible preferencia al momento del sufragio y, por ello, responde a tiempos y momentos diferentes.
Es precisamente bajo la figura del procedimiento especial sancionador que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó: “deben salvaguardarse los derechos de los candidatos como el de la réplica, pues sus especiales características permiten la eficacia y prontitud, la expedites es justificada por lo tiempos electorales”.

Someter a los candidatos, precandidatos y partidos a las reglas del orden civil que este dictamen contempla, además de invasivo de la materia electoral, es un grave retroceso, es innecesario, pues aunado a lo anterior, nada nuevo proponen los dictaminadores; por el contrario, pretenden establecer un procedimiento largo y tedioso, sujeto a candados e instancias diversas, reglas de excepción e infinidad de requisitos.

Mientras la tendencia mundial en el ámbito procesal es la búsqueda de la eficacia a partir de etapas jurisdiccionales con el menor número de instancias y requisitos, nosotros, por otra parte, discutimos tramitología y procesos extendidos, que en la realidad pueden durar años, sobre todo en la extraña omisión, en la determinación de tiempos y reglas especiales, en la etapa de la apelación, lo que abre la posibilidad a un litigio de años.

Mención aparte, es la manera en que esta propuesta pretende por Decreto eximir de toda responsabilidad al medio de comunicación que difunde información de una agencia noticiosa que genere un agravio a un particular, obligándolo a acudir a la agencia para solicitar el resarcimiento generado por la difusión de otro medio.

Así, se pretende llevar al ciudadano a un camino oficioso, a un laberinto interminable de trámites y de excepciones en donde a pesar de que hubo un daño, nadie es responsable de generarlo.

Entonces, ¿en dónde está el beneficio de esta propuesta y la protección del bien jurídico afectado si no hay siquiera la posibilidad de establecer un probable responsable, y, por el contrario, ya por ley se le exime de responsabilidad al que con el ejercicio de su actividad y haciendo uso de la frecuencia concesionada de radio o televisión, falseó, calumnió, difamó y afectó a un ciudadano?

Tal y como se pretende aprobar esta propuesta, hay dos afectados y un solo ganador: por un lado se vulnera y no se protege el derecho constitucional de réplica del ciudadano como primer afectado; y como segundo afectado, se perjudica el derecho de la audiencia a recibir información veraz y precisa. Los beneficiados otra vez son las cadenas informativas que han hecho de la frase, calumnia, que algo quedará su principal línea editorial.

Compañeras y compañeros Senadores, hemos venido escuchando las participaciones que nos antecedieron y hay puntos que nos tienen que hacer reflexionar para votar en contra de esta ley que trae muchas situaciones que perjudican; puntos muy graves.

Esta legislación inhibe la crítica y la protesta social contrario a los derechos humanos.

2.- El Estado debe defender los derechos humanos; limitar la réplica, es inconstitucional y regresivo.

3.- La minuta vulnera los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado.

4.- Otorgar a los medios de comunicación la opción de conceder o no la réplica, es contrario a la protección constitucional.

Y finalmente, compañeras y compañeros Senadores, debemos proteger todo aquello que afecte la intimidad de las personas y vulnere sus derechos constitucionales.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

He anotado los argumentos, si les podemos llamar así, de quienes han subido a defender esta supuesta ley que hace que un derecho vaya a vivir.

Se insiste en lo mismo unos y otros, tema importante, ocho años de retraso.

“Esto es infinitamente mejor a lo que tenemos”.

“Estamos cumpliendo una deuda”. Dice otro.

“Esta ley es un paso más”.

Pero no se discute el paso del tiempo, como si en esos ocho años, y ya les dije que muchos más años, además, cuando empezaron los grandes problemas con los medios de comunicación y su cerrazón, desde años atrás, que no se ha logrado este resultado.

Lo que discutimos es el contenido, eso es lo importante, no esta cuestión de que cubrimos una deuda y estamos logrando; no, el contenido es lo que se discute y eso es lo que demostramos que es una falsedad que esta ley realmente va a garantizar el derecho de réplica.

Ese es el punto central.

Vamos a ver que ese derecho a la información va a enriquecerse.

No, no se va a enriquecer el derecho a la información, porque no habrá posibilidades de estar reclamando una información veraz, porque en este país no se vive un derecho a la información, porque lo que conocemos es la desinformación sistemática de las televisoras y toda su secuencia de radiodifusión. Es lo que vivimos.

Entonces, vamos con esta ley que le da todas las ventajas a los medios de comunicación, en donde se demuestra a quiénes sirve. Con eso no vamos a tener un sistema en donde haya un derecho a la información, cuando los aparatos de comunicación están vinculados a los intereses del poder, participan en el poder, se benefician del poder, solapan al poder; es más, hasta inventan candidatos con el seso hueco, pero ahí están, los inventan, los presentan sin ninguna capacidad, ya están creando otros, a eso se dedican.

Y desinforman y crean una imagen falsa de este país, y cuando se está en contra de esa posición, no existes. Yo les voy a pedir a todos los favorecedores del derecho a la información constitucional que hoy dicen que se va a fortalecer, yo les pido que mañana veamos los medios de comunicación, hay que sentarse a ver la televisión mañana y seguramente las críticas van a salir, ese es el derecho a la información.

No es cierto, son aparatos de desinformación, porque están vinculados con el dinero, con sus ganancias, a través de las televisoras hacen fortunas inmensas y se meten a la energía y les dan todas las concesiones que quieren, y se llenan los bolsillos y se hacen los defensores del derecho del dinero, cuando lo están haciendo a través de la desinformación, de engañar al pueblo de México, esos son los que van a salir mañana, yo los quiero ver, a que haya la menor crítica.

No han visto en las noches, si tienen el hígado para hacerlo, no han visto en las noches los noticieros.
¿Cuáles son, en estas presencias que tuvimos, de Secretarios?

¿Cuáles son los comentarios que salieron?

¿Cuáles son los oradores cuya imagen salió?

Qué no nos vengan a decir que este país vive una dictadura mediática, precisamente, porque los medios de comunicación hacen lo que quieren, están protegidos, y tenemos una Secretaría de Gobernación que en lugar de cuidar los intereses de la población, que es a la que tienen que servir, porque tienen concesiones para informar, se dedican a favorecerlos, a darles más canonjías, a protegerlos, porque son los mismos.

Entonces, lo que están haciendo es una mentira, es una simulación, es una brutal simulación.

Aquí se mencionó, por ejemplo, que se respetan los tiempos y hay todo un proceso.

¿Cuándo han visto que un proceso respete dos días o cinco días?

Esto va a llevar a nunca, va a llevar a ciudadanos común y corrientes a ir a litigar con TV Azteca y con Televisa, imagínense, si éstos tienen unos aparatos jurídicos que han hecho un daño a los desarrollos, se atacan unos a otros, cobran sus abogados las perlas de la Virgen, pero como de veras tienen el contacto con el poder, pues también llegan ahí al poder y a los tribunales.

No es cierto que se esté haciendo algo bueno, es perverso, es una engañifa, es estar siguiendo mintiendo, y aquí están poniendo el derecho de réplica, cuando aquí lo han dicho, es para corregir el error o la imprecisión.

Eso no es derecho de réplica, eso es derecho de rectificación, y no está para nada, lo que la propia Constitución de México tiene y lo que leíamos, de la Suprema Corte.

No son para nada las opiniones, no son para nada los comentarios, no son para nada. Lo que hace daño a las personas, eso no está; entonces, ya desde la entrada solamente es cuando hay error, cuando hay una inexactitud. Entonces, el derecho de demostrar el error y la inexactitud es del ciudadano ofendido, aquí sale y dicen: cuando no habido hay una obligación de que haya pruebas, sí, de quien lanza el daño al ciudadano, es el que tendría que probarlo.

Porque para que un ciudadano reúna las pruebas y los costos y los abogados. Esa es una mentira absoluta, no sirve para nada, es un engaño más de este gobierno y de sus compañeros que son capaces de aprobar esto con la gran tranquilidad.

Pero yo se los dije, se van arrepentir, no los van a respetar nunca, cuando quieran hacer algo que no les guste o que tengan una posición distinta, los van a acabar, les van a inventar toda clase de injurias, porque así son.

El artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, sí procede. Yo en mi vida política en muchos años, he tenido siempre la atención de los medios de comunicación, de la prensa, ya no va a ser así, ahora vamos a vetear a todos a este enredijo de leguleyos para que no prospere. Va a venir creo, ya al final, un orador que se está preparando el PRI.

Hace unos días, Omar Fayad, que siempre, misteriosamente aparece al último y es del PRI.

Termino nada más porque es una prueba, señor Presidente. Una pequeña prueba.
Aquí hice algunos comentarios, obviamente que no les gustaron, excepto a Gobernación, y me entrevistó Pepe Cárdenas, me entrevistó y dije lo que yo creía que había pasado aquí, ¡ah!, pero evidentemente mandaron a Omar Fayad, y Omar Fayad, en lugar de contradecir con argumentos que yo había dicho, dijo: ¡ah! No, Manuel Bartlett está acusado, está invalidado porque es un criminal; cobarde, nunca lo dijo aquí, cobarde y los que hagan lo mismo.

Cuando quiera decir una cosa Omar Fayad, dígalo aquí, no se vaya a refugiar en una estación de radio, le pedí el derecho de réplica y claro, no me lo dio, ¡por favor! pantaloncitos a los hombres, diga lo que quiera decir, aquí en la tribuna.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para las alusiones personales, si me lo permite, desde aquí, a mi compañero Manuel Bartlett.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, por favor.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) A quien le consta, a él y a todos ustedes el respeto irrestricto con el que los trato a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le ruego se acerque el micrófono, no le escuchamos.

Para alusiones personales, desde su escaño, adelante.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Yo creo que sabe perfectamente, mi compañero Senador Manuel Bartlett, el respeto con el que lo trato a él y a todos.

No sé a qué se refiera, pero me parece que a lo mejor alguien le paso mal la información, porque yo creo, él hace algunos señalamientos de cosas que me parece que no tienen nada que ver ni con el debate que estamos dando, pero, sobre todo, nada que ver con que yo pudiera haber dicho o incriminado algo sobre su persona que no me atrevería a decir aquí.

Yo, además, le ofrezco que podamos revisar juntos el tema, que me muestre la grabación donde dice que yo lo incrimino de algo, porque yo sería incapaz, de verdad, de decirle algo que no me atreviera yo a decírselo a los ojos, en persona, y además, discutirlo y verlo con la objetividad que se deben de hacer las cosas, pero le ofrezco al compañero Manuel Bartlett, revisarlo con mucho gusto para ver si esto fuera así, si tiene un fundamento, poderlo analizar y si sí tiene fundamento, yo no tendré ningún empacho en que si dije algo que sea falso, que no sea cierto, que lo incrimine en algo, poderle ofrecer una disculpa pública enfrente de todo el Senado de la República.

Y si no, ojalá también se los aclare usted, para que vea que no hay ni mala fe, ni mala voluntad, ni me he atrevido jamás a hacer algo así, ni sobre usted, ni sobre ningún compañero Senador.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tengo en la lista, en la discusión general, al Senador Ricardo Urzúa Rivera, al Senador Mario Delgado Carrillo y al Senador Omar Fayad Meneses.

Una vez agotadas sus intervenciones, someteremos a votación en lo general.

Una vez que demos cuenta en las reservadas que han sido solicitadas.

Tiene el uso de la voz el Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con su venía, señor Presidente.

Quiero hablar a favor de este dictamen, ya que todos hemos sido víctimas y si no todos, yo creo que la gran mayoría de los que ejercemos la carrera política, hemos sido víctimas de calumnias, hemos sido víctimas de descalificativos, y creo que es muy importante tener ese derecho de réplica.

Yo quiero hacer un comentario de una experiencia personal, y a quien le agradezco, al Senador Bartlett, me decía que me estaba preparando para el discurso, no es un discurso, vengo nada más a comentar por qué estoy a favor de este dictamen, porque en los medios de comunicación, tanto escritos como en los medios de comunicación al aire, como es radio y televisión, pues obviamente nosotros no tenemos un derecho o un poder para que pudiéramos, en un momento determinado, comprobar que la información es falsa, cuando en este caso estamos siendo víctimas de un ataque.

Y también es muy importante tener o que los medios tengan las pruebas suficientes y necesarias para poder comprobar la descalificación que están haciendo hacia una persona o hacia un corporativo, o hacia una información.

Por eso es muy importante que todos los mexicanos, no nada más los que ejercemos la carrera política, sino todos los mexicanos tengamos este derecho de réplica.

Y por eso, ese dictamen te da cinco días para que nosotros podamos pedir el derecho de réplica y tener esa contestación también en este mismo lapso de cinco días, y que ellos nos puedan en un momento determinado dar ese derecho.

Yo comento que en alguna ocasión pedí un derecho de réplica en un medio escrito, cuando lo pusieron en primera plana y el derecho de réplica se dio en la página número 28 con letras bien pequeñas, y eso es una desventaja para todos los mexicanos.

Todos los medios de comunicación tienen el gran poder de tener en los medios de comunicación, digamos, tienen el poder de los tiempos aire y los tiempos que ellos manejan, digamos, a su conveniencia. Muchos de ellos son pagados.

Y hace ratito platicábamos que en los medios de comunicación también hay gente que inserta, pagadas, algunas publicaciones y que deberá de manifestarse quién es el responsable de la publicación, para que en un momento determinado, también, tenga derecho la persona que está siendo descalificada de ejercer su derecho de réplica, no nada más con el medio, sino con la persona que contrató dicho servicio.

Así es que, yo vengo a hablar a favor de este dictamen, como su nombre lo indica, el derecho de réplica, creo que es un derecho que debemos tener todos los mexicanos, y como bien les decía, no nada más los que ejercemos políticamente, sino todos los ciudadanos, porque es muy lamentable también que muchas veces se califique el actuar de una persona.

Los medios de comunicación o a lo mejor muchas personas pagan por desprestigiar a otras en un momento determinado por mantener o por obtener un fin político, algún fin lucrativo, y por eso vengo a hablar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Urzúa Rivera.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

Lo que hace esta ley es convertir un derecho esencial, el derecho humano a la réplica, en súplica.

Hay que recordar de dónde viene este derecho, porqué ocurre en 2007. Pues es como consecuencia de las elecciones de 2006, que vimos un obsceno uso de los medios en una campaña negra para destruir la reputación de un candidato y que no pudiera ganar las elecciones.

Fue claramente la intervención como brazo fraudulento de los intereses fácticos para evitar que ganara el candidato de la izquierda. Estamos hablando que como consecuencia de eso, surge este derecho para que nunca más se pudiera permitir el aplastamiento o difamación sin límite por parte de la perversa complicidad entre ciertos grupos de interés, ciertos grupos políticos y los medios de comunicación.

Desde 2006, los medios son un claro instrumento del fraude electoral. Esta reforma tendría como consecuencia, entonces, limitar los abusos de los medios de comunicación contra los individuos, acotar su intervención interesada en favor de ciertos partidos políticos.

Todos los días vemos cómo el poder, a través de los medios, construye o destruye reputaciones. El propósito final de esta ley debería ser la protección del derecho humano, del derecho esencial, el derecho de réplica, sobre el enorme poder de las televisoras, pero lo deja nulo, lo vuelve “derecho de súplica”.

La nuestra no es una democracia real si existen agentes que pasan por encima de otros sin ninguna consecuencia. En México no hay derechos iguales para todos, prevalece la ley del más fuerte. Esta ley por eso es de crucial importancia, para corregir los excesos de nuestra democracia, el ciudadano frente a los poderes fácticos.

El gobierno usa los medios y los medios usan al gobierno. Tan sólo en el 2014, se destinaron más de siete mil millones de pesos por parte del Ejecutivo, a los medios de comunicación, pues con estos recursos, evidentemente se genera una relación perversa con los medios, para darle al poder la posibilidad de fabricar verdades e historias a conveniencia.

¿Tienen los ciudadanos con esta ley la posibilidad de defenderse contra el poder de siete mil millones de pesos? ¡No! ninguna posibilidad.

Como se hizo en el caso de la Ley de la Consulta Popular para reglamentar el derecho a la consulta popular, nuevamente se plantea una ley que simula, una ley tramposa, para evitar que se garantice este derecho constitucional.

Quiero poner un ejemplo práctico de por qué no va a funcionar, es nada más dar publicidad para decir que se ha hecho lo suficiente, para decir que ya se legisló, aunque en el fondo se está neutralizando este derecho.

Creo que aquí, el orador anterior lo dijo muy bien, prácticamente todos quienes participamos en la vida política, hemos sido algunas veces sujetos de difamación.
¿Cuál es la lógica que arguyen los medios cuando uno reclama el derecho de réplica? Pues que ellos se guían por prácticas comerciales, es decir, no te pueden dar el mismo espacio ni en primera plana, ni en el mismo tiempo en “Prime Time” o en el programa de radio, porque ellos ya tienen ocupados sus espacios y ellos tienen criterios comerciales en la asignación de los mismos.

¿Van a cumplir la ley los medios? Pues depende de las sanciones.

¿Cuánto es la sanción más grave que establece esta ley? Entre 35 mil pesos y 350 mil pesos.

¿Cuánto cuesta un cuarto de plana en un periódico de circulación nacional?

¿Cuánto costaría una llamada en un periódico como “El Universal”, como “Reforma”, como “Excélsior”, para atender un derecho de réplica?

¿Qué van a hacer los medios? Pues proteger sus intereses, ellos prefieren pagar la multa porque tienen mucha más rentabilidad vendiendo sus espacios.

¿Cuál es la peor de las sanciones? 350 mil pesos.

¿Cuánto costarán 15 segundos en el espacio de López Dóriga? Más de un millón de pesos.

¿Van a decidir los medios darle ese tiempo a un ciudadano que reclama su derecho de réplica? Por supuesto que no, si evitar ese tiempo les cuesta 350 mil pesos. Atendiendo una lógica comercial no lo van a hacer.

Es decir, esta ley en sentido práctico no va a garantizar eficazmente este derecho. Esta ley debería desincentivar al que calumnia, no al calumniado. Se ignora por completo la oportunidad de la información.

Si decide uno ir a juicio a litigar, pues tal vez la réplica aparezca varios meses después, una vez que el daño ya ha sido hecho y puede ser irreversible en la reputación.

Me parece que en la práctica es una ley que no garantiza el derecho. El propósito de esta ley debería ser la protección del derecho humano, el derecho de réplica sobre el enorme poder de las televisoras. También está muy lejos de convertirse en un modelo de protección de derechos humanos a cargo del Estado, por el contrario, mantiene la alianza maligna entre medios y poder público.

El Estado mexicano también claudica en su papel de prevenir, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos de quienes se ven afectados en su dignidad y honor por el poder de las televisoras en su complicidad con el gobierno.

Es una burla porque la ley que traiciona el espíritu de la Constitución, es por definición una ley que se pone del lado del poder y abandona la protección de los derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

Después de la intervención de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, tendrá el uso de la voz el Senador Fayad Meneses, y con eso concluiríamos la discusión en lo general.

Proceda, Senadora Tagle Martínez.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Mi intención en este turno es manifestar mi total rechazo al dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de derecho de réplica.

El proceso de este dictamen ha estado caracterizado por una serie de inconsistencias que van desde la dictaminación hasta su propio contenido, poniendo en duda la aplicación efectiva del derecho de réplica.

El Constituyente de 2007 pretendía ampliar la máxima protección de la libertad de expresión, tanto para los emisores de ideas como para quienes lo reciben, y de quienes se ven involucrados o afectados con ellos.

De manera que toda persona pudiera replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos.

El día de hoy podemos decir que este dictamen no lo garantiza.

Efectivamente, han pasado ya siete años, cinco meses y doce días, que se venció el plazo para emitir una reglamentación y, a pesar de todo este tiempo, el dictamen que se presenta a este Pleno no responde al espíritu constitucional de la reforma aprobada en 2007.

Vienen y se argumenta aquí que en todo este lapso ha habido suficiente tiempo para discutir el dictamen.

Desde que llegó la minuta de la Cámara de Diputados en 2013, las comisiones unidas, solamente sesionaron en tres ocasiones en ese tiempo, y es una mentira que se haya discutido, a menos que cuando se hable de discutir, simple y sencillamente se refieran a escuchar, como hoy lo están haciendo todos, como pasamos uno y otro a dar argumentos y al final, hacer como si no se hubiera dicho nada, porque desde el 2013, esta minuta no ha recibido ni una sola modificación.

Los que pretenden aprobar este dictamen, en sus términos, buscan llevar a una ley un derecho de réplica simulado, pues establece un procedimiento inequitativo que no garantiza una réplica oportuna y que, además, se excede en la protección de los medios masivos de comunicación, vulnerando de esta manera, el derecho de la ciudadanía.

El ciudadano o quien sea difamado por un medio de comunicación tendrá como única opción para ejercer su defensa, salvar su reputación y dignidad, un aletargado litigio carente de inmediatez, con demasiados candados, instancias, excepciones y requisitos, dificultando la efectividad de este derecho como un derecho humano.

¿Gratuito?

¿Realmente pueden argumentar que es un proceso gratuito?

De entrada tendrán que irse a un juicio, presentar alegatos, tener un abogado y llevarse mucho tiempo para poder ejercer el ejercicio de este derecho.

Y si este dictamen carece de mecanismos efectivos de protección al ciudadano frente a los privados, no se diga frente a los mecanismos de propaganda contra candidatos en procesos electorales, pues desconoce la especial naturaleza de la réplica en materia político-electoral.

Desde la perspectiva ciudadana, el dictamen de réplica es insuficiente para otorgar una garantía básica de la que deben gozar todos los ciudadanos mexicanos.
El dictamen no garantiza que el mismo órgano de información rectifique a favor del agraviado so pretexto de que la información proviene de una agencia noticiosa.

No se cumple con otras responsabilidades legales por daño moral al afectado, ni se contemplan sanciones efectivas, ojo, como podría ser el retiro de las concesiones. Esa sí sería una sanción para los medios que infrinjan el derecho de réplica.

El dictamen menciona que se resuelve en tribunales civiles, el plazo puede llegar para la resolución del procedimiento entre el ciudadano y el medio de comunicación puede durar varios años, lo que lo vuelve inaplicable frente a la inmediata rectificación sobre el daño causado por información que afecte la reputación del afectado.

Otro asunto totalmente ausente en el dictamen, son las afectaciones a los derechos de las audiencias. Tal como se encuentra el dictamen, el derecho de las y los ciudadanos a recibir información veraz, oportuna, sin sesgos y de calidad y, sobre todo, el de acudir a instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que recibe, así como el de contar con mecanismos eficientes para hacer valer el derecho de réplica.

Para concluir.

Este dictamen rompe con la aspiración de la reforma constitucional de 2007, de convertir el derecho de réplica en un mecanismo de diálogo y equilibrio entre las personas y los medios de comunicación.

Por estas razones, como una legisladora a favor de los derechos de las y los ciudadanos, votaré en contra del dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Huejutla, estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy estamos haciendo un esfuerzo en este Senado de la República para poder consolidar la aspiración de los mexicanos…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, me permite.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Nada más hacerle un comentario al orador, si me lo permite.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Manuel Bartlett Díaz.

¿Acepta usted una pregunta? Me imagino que es lo que está solicitando el Senador Manuel Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Lo que estoy solicitando es nada más decirle que aquí tengo la prueba de lo que le dije hace un rato, la grabación y a máquina.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No procede su intervención, Senador Manuel Bartlett.

Por favor continúe, Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.

Yo le ofrezco que bajando de esta tribuna pasaré al escaño del Senador Bartlett Díaz, para las aclaraciones que sea necesario, con mucho gusto.

Les decía que estamos haciendo un esfuerzo por lograr una regulación adecuada del artículo 6o. constitucional en materia de derecho de réplica.

Es un tema en el que he visto a mis compañeras y compañeros Senadores apasionarse por la defensa de los derechos propios y de los derechos de la gente.

Comparto ese apasionamiento y comparto esa aspiración, lo que tenemos que intentar lograr todos, es el consenso necesario para saber lo que es cierto en esta discusión y en este debate.

Dicen algunos que la aprobación de esta reforma representa un riesgo. Falso, compañeras y compañeros, la aprobación de esta reforma representa un avance en la medida del consenso que se ha logrado construir en el Senado de la República por diversas fuerzas políticas. Pueden no estar algunos de acuerdo con ello, pero es falso, quien diga que eso representa un riesgo, porque nuestro andamiaje legal se construye con la representación y opinión de todos los aquí presentes, las reformas y las leyes se aprueban con la mayoría tal cual lo establece la ley, y el no ser mayoría en una opinión, de ninguna manera representa que eso sea un riesgo para nadie, ni para el Senado, ni para nosotros, ni para los mexicanos.

Hay quien habla en este debate de contradicciones, se dice que hay contradicciones en la reforma y que se contradice lo establecido en esta minuta, con lo que establece el LEGIPE en su artículo 247 y particularmente hablaban del párrafo tercero.

¿Puede haber diferencia de interpretación? Sí. En lo personal he hecho una lectura cuidadosa del 247 y del Transitorio Décimo Noveno del Decreto, en donde se habla con mucha precisión de lo que regula la ley y de a qué ley se refiere, y por eso no puedo compartir el que esto se entienda como algo que vendrá sin duda a recaer en una controversia, que tenga vicios de inconstitucionalidad. Jurídicamente no lo puedo compartir, políticamente admito que hay diferencia de opiniones en lo que a la minuta respecta.

Pero además, aquí se trata de decir que hay dos visiones, que son dos Méxicos distintos, el real y el fantasioso. Y yo vengo a invitarlas, compañeras y compañeros, a que con una sola visión, con la de consolidar un derecho que está en la Constitución y que debe ser logrado con las mejores prácticas para hacerlo, con la mayor información para lograrlo, sea como tratemos de construirlo, y aquí voy a entrar al centro de lo que esta tarde quería decirles.

Vamos a estudiar, vamos a ver el derecho comparado, vamos a ver qué han hecho otros países del mundo en la materia, para poder decir si lo que se ha sostenido toda esta tarde en el debate es real o es falto.

Aquí se ha dicho que hay un duopolio televisivo que dicta la ley que hoy estamos aprobando, y tampoco puedo compartir, y con la información del caso, lo que aquí se ha señalado.

Permítanme decirles que en el estudio que tengo en mis manos hay muchos países del mundo que han logrado las mejores prácticas para atender este derecho y el que si me permiten citar solamente algunos casos, se darán cuenta de la razón de lo que estoy señalando.

El caso argentino, donde dice que la materia del derecho de réplica es la información exacta o agraviante que provoque un perjuicio, igual que en nuestra minuta, compañeras y compañeros. ¿Qué es esto?, que también el duopolio dictó la ley de Argentina?

Y también hay un procedimiento jurisdiccional para sancionar y nadie de aquí puede creer que este mismo duopolio haya dictado allá el texto de la ley. Pero también está el caso de Chile, en donde refiere exactamente los mismos términos, que es ante el propio medio de comunicación donde debe publicarse la réplica en todos los casos, en la primera edición o transmisión que se tenga, práctica que rescata esta minuta que hoy estamos aprobando.

O el caso de Colombia, que protege en contra de la información injuriosa y calumniosa, y donde también es ante el propio medio de comunicación donde se decide si se publica o no la ratificación, y hay un procedimiento jurisdiccional.

¿O quieren que les toque el caso de España, o muchos otros casos?

Por eso, compañeras y compañeros, no puedo compartir la visión de que crean que este intento por sacar adelante un derecho importante para México, a los mexicanos, sea malicioso, sea falso, sea de cualquier otra forma que no sea realmente como pienso que los legisladores que estamos aquí presentes sentimos y pensamos, queremos avanzar…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, permítame un momento por favor.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para hacerle una pregunta al Senador, si me la permite.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Fayad, ¿acepta usted la pregunta?

El Senador Omar Fayad Meneses: No, señor Presidente.

Ahorita que baje también voy al escaño del señor Senador, porque si no, me cortan la inspiración, está uno pensando las cosas y no lo dejan a uno terminar su intervención, que ya se me estaban acabando los minutos. Ya permítanme mejor concluir y ahorita bajo a aclararles todo lo que gusten aclarar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se acepta la pregunta. En consecuencia, continúe Senador Omar Fayad,

El Senador Omar Fayad Meneses: Y no admito ninguna pregunta, para que ya me dejen terminar, si no, no voy a poder terminar.

Yo sólo quiero transmitirles lo siguiente, compañeras y compañeros, y permítanme decirlo con todo el afecto hacia todas y todos ustedes.
Hay más cosas que nos unen en este debate, que las que nos dividen. Este proyecto contempla una serie de cosas que a todos les he escuchado, tenemos ya una definición, un concepto, un objeto, los sujetos, las definiciones, las disposiciones aplicables, mandémosle un mensaje a México y a los mexicanos de que somos capaces de ponernos de acuerdo.

Si creen que esta ley tenga deficiencias, lo admito, compañeras y compañeros, y los invito a que continuemos en una reflexión y trabajo para a la postre presentar las iniciativas que se requieran para ajustar aquellas cosas en las que crean que podemos avanzar, pero no por las cosas que nos dividan perdamos la gran oportunidad, después de ocho años, de brindarle a México, de brindarles a los mexicanos un derecho de réplica que fue construido pensando en las mejores prácticas internacionales y estudiando lo que han hecho otras naciones hermanas, como la nuestra, para poder regular el derecho de réplica y poder así presentar un producto a sus ciudadanos, que realmente coadyuven a la protección de lo que estamos buscando.

Por eso, amigas y amigos, vayamos más a favor del consenso, que de lo que nos divide, y ojalá que se refleje en la votación para que podamos llevar a cabo, finalmente, después de ocho años, un ejercicio que ya permita tener la ley en materia de derecho de réplica.

Por su participación y por su comprensión, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría precisar los hechos que desea rectificar, por favor?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí, como no. La referencia que hacen las leyes en derecho comparado que está comentando el Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para precisar los hechos relacionados en derecho comparado, tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Me está corrigiendo aquí un abogado, quizá el término que use no es el exacto, porque no soy abogado, soy profe.

Con su venia, señor Presidente.

Pero aquí hay hechos que son fácilmente refutables. Efectivamente, en Argentina, en Chile, en España; cuando en España se habla del derecho de réplica, está obligado el medio, de manera inmediata a corregir y darle el derecho de réplica al que fue agraviado.

Si el medio no atiende, entonces hay un proceso contencioso-administrativo, y ese proceso contencioso-administrativo va hasta la cancelación de la concesión, como lo pedía la compañera Senadora del Movimiento Ciudadano, cosas que aquí no se atreven a hacer, por una razón, porque si se acaba Televisa o TV Azteca, se acaban los candidatos de las televisoras, los candidatos que son producto de la fantasía.

Argentina, se ha atrevido a tener una Comisión de la Verdad, y si comparamos la aplicación del derecho en México con la aplicación del derecho en Argentina, allá se han atrevido a deponer a sus dictadores, y no sólo se han atrevido a deponer a sus dictadores, se han atrevido a enjuiciarlos y a sentenciarlos, allá el derecho sí se aplica de a de veras, por eso los que viven en el mundo de la ficción, y lo digo con mucho respeto, como son la mayoría de los compañeros que ven un México de ficción en donde todas las calamidades no existen, van a votar el día de hoy a favor de esta ley, aunque en su conciencia saben que va a ser un voto en contra de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Ojalá en este país, y con esto concluyo, nos atrevamos a crear comisiones de la verdad para enjuiciar a los regímenes que han generado matanzas en este país, y los que hoy van a votar a favor de esta ley son producto de esos regímenes autoritarios que ha tenido este país.

Dice aquí una compañera, ¿que Luis Echeverría a qué partido pertenecía? ¿Gustavo Díaz Ordaz a qué partido pertenecía? ¿La hiena de Guerrero a qué partido pertenecía?

Compañeros, si vamos a, pero esta ley no va a funcionar porque meterse al vericueto legaloide implica que los ciudadanos jamás van a lograr su derecho, eso está garantizado.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluyó la discusión en lo general. Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado los siguientes artículos:

Senadora Angélica de la Peña Gómez: 2 y 5.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez: 2, 5, 25 y 37.

Senador Manuel Bartlett Díaz: 2, 3, la eliminación del 19 y el 28.

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: 2, 3 y la adición de un 38.

Senador Javier Corral Jurado: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 27 y 36.

Senadora Dolores Padierna Luna: 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37 y adiciones en los artículos 44 y 45.

Senador Zoé Robledo Aburto: 3, 4, 15, 25 y 37.

Senador Isidro Pedraza Chávez: 3 y 7.

Senador Benjamín Robles Montoya: 18, 24, 27 y 39.

Senador David Monreal Ávila: 19.

Senador Mario Delgado Carrillo: 3, 13, 14 y 19.

Y Senador Rabindranath Salazar Solorio: 37.

¿Consulto si hay alguien que desee reservar algun otro artículo?

Senador Demédicis Hidalgo. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El artículo 37, por favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Fidel Demédicis, artículo 37.

¿Hay alguna otra reserva?

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. párrafo primero constitucional, en materia del Derecho de Réplica, y se adiciona una fracción al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para la discusión en lo particular debemos proceder conforme lo establece el artículo 201 del Reglamento, sin embargo, con el propósito de permitir una exposición ágil y clara, voy a consultar al Pleno si se autoriza que la discusión en lo particular se despache con intervenciones en las que cada orador presente todas sus reservas en una sola intervención.

Al concluir cada una de las presentaciones de las reservas, se consultará a la Asamblea si se aceptan. Esta Presidencia, en consecuencia, será accesible con el tiempo en la tribuna para que cada orador pueda hacer la presentación de sus reservas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión en lo particular para la presentación de reservas y propuestas de modificación o adición, en su caso, se realice con una intervención por cada orador registrado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza el procedimiento descrito por el señor Presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el procedimiento, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, cada Senador o Senadora registrada presentará en una sola ocasión en tribuna todas sus reservas y propuestas de modificación.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a los artículos 2 y 5 del proyecto de ley.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Usted ha mandado votar el Reglamento del Senado de la República, y que yo sepa, usted no puede, mediante una votación, modificar el Reglamento ni la Ley Orgánica del Congreso.

Esta Asamblea puede modificar el Reglamento y la Ley Orgánica si presenta alguien una Iniciativa y se aprueba para modificar el Reglamento. De otra manera, no se puede.

Está en la potestad del legislador asociar, compactar los artículos reservados para exponer.

Lo que hago llamar la atención es la manera en la que se quiere atropellar la legislación, la normatividad del Congreso. Eso no es válido.
En todos los procesos legislativos ha sido potestad de los legisladores compactar los artículos de reserva. Lo hemos hecho invariablemente como economía procesal. Pero dejar pasar el hecho de que una votación eche abajo una norma reglamentaria o de ley orgánica, me parece muy delicado, porque sientan un precedente para futuras discusiones.

¡Cuidado, es muy grave!

Yo estoy de acuerdo en que trate uno de hacer una exposición general de su reserva, son muchas. Varios hemos reservado las mismas, pero tiene que ser la potestad del legislador, siempre se ha hecho así.

Por lo tanto, señor Presidente, reconociendo lo que se quiere hacer, propongo que si un legislador tiene varias reservas, pueda hacer 2 ó 3 conjuntos, o que por ejemplo, usted especifique de cuánto tiempo dispondrá un solo legislador para explicar, por ejemplo, 16 reservas a la ley.

¿En cuánto tiempo lo puede hacer uno, en una sola intervención?

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado. Esta Presidencia, al dar cuenta del trámite que se proponía, hizo referencia expresa al artículo 201 que establece la forma en la que hoy se desahoga la discusión en lo particular.

Permítame recordarle, Senador Javier Corral, que el artículo 194, párrafo segundo de nuestro Reglamento le permite al Pleno establecer una modalidad especial de debate a propuesta de la Mesa Directiva y voy a darle lectura expresa a ese dispositivo.

"Artículo 194.-

1.- . . .

2.- Cuando la naturaleza de un dictamen así lo requiera, el Pleno puede, previa propuesta de la Mesa, acordar una modalidad especial para el debate correspondiente. Dicho acuerdo no puede cancelar el debate ni inhibir los derechos de los legisladores previstos en este Reglamento”.

Esta Presidencia ha propuesto una modalidad especial de debate consistente en agrupar la presentación de las reservas por los oradores que las han solicitado.

También ha dicho esta Presidencia que se le dará la posibilidad, en términos de tiempo, para que cada orador pueda presentar con suficiencia todas y cada una de sus reservas.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Qué penosa interpretación se está haciendo de dos cosas distintas.

Una cosa es proponer un formato especial para el desarrollo del debate, y otra cosa son las reservas que los legisladores planteamos sobre los dictámenes.

De lo que se trata, se está tratando de dar la vuelta a que uno pueda hacer reservas por artículo y discutirlo por artículo.

Es una propuesta delicada para la vida del Senado, porque va a sentar un precedente. Ahora resulta que el Pleno va a poder instaurar una modalidad de cómo se presentan las reservas.
¡No! El Pleno podrá determinar una forma del debate sobre esas reservas, pero las reservas, está en la potestad de los legisladores presentarlas o una por una, artículo por artículo, o un grupo de artículos, dice el Reglamento.

Me extraña que un antecedente como éste pueda quedarse para subsiguientes discusiones.

Una cosa es lo que acaba de leer Gil; y otra cosa es lo que yo estoy hablando: el tema de las reservas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Corral Jurado, su derecho a presentar y exponer las reservas está salvaguardado.

He dado lectura a los artículos que usted ha reservado. Pero también le debo recordar que el Reglamento le da a este Pleno la potestad de variar los términos del debate. No es una invención de esta Presidencia, lo dice claramente el Reglamento en el artículo 194.

Y vuelvo a citar: “Cuando la naturaleza de un dictamen así lo requiera, el Pleno puede, previa propuesta de la Mesa, acordar una modalidad especial para el debate correspondiente".

No es la primera vez que se realiza este procedimiento, no es la primera vez que se solicita al Pleno autorice una modalidad especial para la presentación y desahogo de las reservas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Este es un debate que ya tuvimos en las comisiones unidas, en donde, efectivamente, llegamos a la conclusión de que es potestad del legislador el hacer uso de su derecho para presentar, ya sea una por una de las reservas que ha presentado, sobre todo de un dictamen, o todas o parte de un conjunto.

Yo sugeriría que, como ha sido la práctica regular aquí en el Senado de la República, sea potestad del legislador, si la sacó el PAN en su presentación las reservas que sean comunes, o desean presentarlas en el momento en que corresponda de acuerdo al orden cronológico en que fueron reservadas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Cuando esta Mesa Directiva propuso la modalidad especial para el debate, no hubo impugnación de ninguno de las y de los Senadores. Se desahogó la votación en sus términos y debo someterme en los términos al acuerdo que ha tomado la Asamblea.

No existe posibilidad para esta Presidencia de desapegarse de lo que ya fue acordado por este Pleno.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar reserva a los artículos 2 y 5 del proyecto de ley.
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No creo que te prestigie hacer esto, Senador Gil Zuarth, no te da calidad de Presidente del Senado de la República, hacer esto.

Empeñarse en un error contra el Reglamento y la ley desfigura el papel que se debe de tener.

Se sabe perfectamente que una votación, así haya sido unánime, no cambia la letra del Reglamento. El Reglamento está por encima de esta votación que se acaba de producir.

Entonces, no es con estas actitudes como haremos avanzar las cosas. Está claro en nuestro reglamento que es potestad de los legisladores presentar reservas a los dictámenes, que esta modalidad es ilegal. Y si lo van a hacer, es un atropello al Reglamento, y van a sentar un precedente funesto para todos.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo quisiera también llamar la atención.

Nosotros, especialmente cuando se dio el debate energético, lo que pedimos es que se pudiera seguir el Reglamento.

Consideramos que el hacer un conglomerado de reservas va a sentar un precedente que puede ser equivocado y preocupante para otros debates.

De tal manera, que lo que quisiéramos pedirle es que nos apeguemos al contexto del Reglamento.

Se entiende que lo que se espera es poder obviar tiempo, sin embargo, si todo se aplica de un jalón, perdón que lo diga así se va a sentar un mal precedente.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario apoya la decisión, no sólo del Presidente del Senado de la República, sino de la Mesa Directiva, así entendió la Asamblea, que era un tema que el Presidente consultó con la Mesa. Nosotros lo apoyamos, y lo apoyamos además porque el Presidente dijo, y ahí está en las actas que no se inhibiría el derecho de ningún Senador, en varias ocasiones.

Además de ello, mencionó que cualquier Senador tendría a su disposición el tiempo que requiera, y parece que el trámite ha sido votado; y nosotros apoyamos la decisión de la Mesa Directiva y del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales. Lo que prestigia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Mesa Directiva es aplicar el Reglamento y los Acuerdos de este Pleno.

El Reglamento del Senado establece con toda claridad el procedimiento para el desahogo de las reservas, el artículo 201, pero establece una excepción el artículo 194, párrafo dos. En esa circunstancia esta Presidencia sometió a votación del Pleno la aplicación del artículo 194.

Lo que dice también el artículo 194, es que el Acuerdo del Pleno del Senado bajo ninguna circunstancia puede inhibir el debate ni afectar los derechos de los Senadores. Si los Senadores desean presentar sus reservas en distintas intervenciones están en plena libertad y derecho para hacerlo, y quienes deseen hacerlo en un solo momento lo podrán hacer, esa es la razón de la consulta que ha hecho esta Presidencia al Pleno del Senado y que el Pleno del Senado ha autorizado.

La costumbre parlamentaria ha determinado, de tiempo atrás, que cuando el Pleno se pronuncia por un procedimiento, la Presidencia de la Mesa Directiva debe aplicar ese procedimiento. Lo que prestigia a la Presidencia de la Mesa Directiva es respetar el Reglamento y los Acuerdos del Pleno.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo quiero alertar que no hay antecedente en lo que usted está haciendo.

O sea, no han habido otras ocasiones donde se cambie la presentación de las reservas, siempre es a voluntad del legislador si decide presentar sus reservas en bloque, pero es una decisión de cada legislador; y lo que prestigia a la Presidencia es que tenga el criterio para poder resolver cuándo hay distintas interpretaciones.

Y creo que aquí lo que debe prevalecer es el derecho de los Senadores a presentar reservas, y si cada uno decide presentar sus reservas en bloque que así lo haga, pero no se puede limitar este derecho.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le repito, Senador Mario Delgado Carrillo, si el Pleno no autoriza, vía el artículo 192, párrafo segundo, a que pueda un Senador, en el uso de su intervención, exponer más de una reserva, tendríamos que proceder artículo por artículo.

Esa es la razón de la consulta que ha hecho esta Presidencia, precisamente para que aquella Senadora o Senador que desee presentar en un solo momento el contenido de todas sus reservas lo pueda legalmente hacer; de lo contrario, de no haber hecho esa consulta al Pleno del Senado, tendríamos que presentar una por una, aun cuando en la libertad del legislador fuese en sentido de presentarlas en un solo momento, esa es la razón de la consulta.

Y sí hay antecedentes, Senador Mario Delgado Carrillo, le recuerdo, por ejemplo, el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. El procedimiento que propuso la Mesa Directiva, que votó este Pleno, es en su mayoría el que se va a aplicar casi por todos los que estamos anotados para reserva de artículos.
Sin embargo, señor Presidente, creo que debería de tener cierta flexibilidad para que si algún Senador o Senadora desea hacer la explicación artículo por artículo también lo pueda hacer. Lo que redunda de verdad no molesta, es importante este debate, porque si no pareciera que cuando conviene determinado tema agruparlo, pues nos lo imponen; y cuando no, es uno por uno.

Yo diría que si hay Senadoras y Senadores, creo que hay muy pocos, que quieren hacerlo artículo por artículo se les respete su derecho.

Y quienes queramos hacerlo en bloque, como es el mío, lo hagamos en bloque.

Tenga la flexibilidad, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna. Desde mi primera intervención expuse claramente que esta Presidencia respetará el derecho de los legisladores de decidir si agrupan o no la presentación de sus reservas.

El único problema es que reglamentariamente no podríamos agrupar en una sola intervención la presentación de varias reservas a menos que hubiéramos votado el procedimiento que justamente acaba de aprobar el Pleno; de lo contrario, hubiésemos tenido que recurrir a la presentación artículo por artículo.

Precisamente para habilitar a las y los Senadores que deseen agrupar reservas en una sola intervención votamos el procedimiento antes mencionado.

Sonido en el escaño del Senador Ismael Hernández Deras.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, el grupo parlamentario del PRI apoya el Acuerdo del Pleno, nosotros le solicitamos que proceda la sesión de acuerdo a como hemos determinado; y que además, el grupo parlamentario del PRI está totalmente de acuerdo y respaldamos a la Presidencia en esta determinación.

Que se proceda y se continúe la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hernández Deras.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, voy a dar lectura al artículo 202, que habla de los debates en lo particular, dice: “Para los debates en lo particular sobre artículos reservados o adiciones, el Presidente procede a desahogar cada propuesta registrada de la manera siguiente:

I.- El autor o, en su caso un representante de los autores, explica al Pleno el sentido y los alcances de la misma;

II.- Se consulta al Pleno, si se admite o no a debate;

III.- Si no se admite, se tiene por desechada; en su oportunidad se somete a votación el artículo reservado, en los términos del dictamen;

IV.- De admitirse, se levantan listas de oradores en contra y a favor; inicia el primero registrado en contra”.

Es decir, es claro, el Presidente debe desahogar cada propuesta registrada.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En efecto, hemos citado los artículos 201 y 202 al momento de dar curso a la discusión en lo particular. Pero también es cierto que en el mismo capítulo del Reglamento, en el Capítulo Cuarto de los Debates, 6 artículos antes del que usted acaba de citar, está el artículo 194, párrafo segundo, que le da al Pleno la facultad de determinar una modalidad específica de debate.

La modalidad específica de debate que se le propuso al Pleno del Senado fue que los legisladores tuviesen la facultad de poder agrupar en una sola intervención el total de reservas que hubiesen registrado.

No se va a afectar el derecho de ningún Senador o Senadora de participar tantas veces como lo soliciten en este debate. Pero de lo contrario, precisamente por el artículo que usted acaba de invocar, no pudiéramos tener en una sola intervención la presentación de varias reservas a menos de que hubiésemos procedido como lo establece el artículo 194, párrafo segundo.

Sonido en el escaño de la Senadora Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Solamente, señor Presidente, para pedir que continúe este debate, creo que no tiene mucho sentido lo que se está argumentando cuando justamente lo que la Presidencia solicitó al Pleno es avalar un Acuerdo para que aquellos Senadores que quieran agrupar sus reservas lo hagan; pero quienes no, están en todo su derecho de expresarlo conforme al Reglamento del Senado de la República.

Entonces, creo que no tiene mucho caso seguir discutiendo sobre esto, y creo que tendríamos que seguir avanzando en el debate en lo particular, que sí es debate porque el propio Reglamento establece que la primera parte es un debate en lo general y las reservas es el debate en lo particular.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Como aquí se ha comentado, y coincido con el compañero Corral Jurado, en el sentido de que debe quedar a solicitud expresa del Senador si agrupa o no agrupa.

El propio Reglamento del Senado, en el artículo 194 que usted cita, efectivamente, en el penúltimo renglón dice: “Dicho acuerdo no puede cancelar el debate ni inhibir el derecho de los legisladores previstos en este Reglamento”.

El artículo 201 plantea cómo tiene usted que desahogar el debate.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Esta Presidencia ha insistido reiteradamente en que no se inhibirá el debate ni se afectarán los derechos de los legisladores en la presentación de sus reservas.

Cada legislador tendrá que decir al inicio de su intervención si en ese momento presenta una o más reservas; es decir, si utiliza el derecho que se le ha autorizado por el Pleno del Senado.

Senador Mario Delgado Carrillo, ¿me está solicitando el uso de la palabra?

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.
El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, muy rápido.

Si usted está abriendo la posibilidad de que sea opción para el legislador cómo presentar sus reservas, bueno, pues entonces nada más le pido que no deje el antecedente de la votación en el Pleno donde es restrictivo, que se vuelva a votar el acuerdo en donde se abra esa posibilidad y que sea ese el antecedente que quede, y no nada más que quede el antecedente votado por el Pleno donde se utiliza esta mecánica de agrupación que pueda ser utilizada en el futuro.

Porque ahorita usted está atendiendo el criterio de decir, los que quieran presentarlo en distintos turnos, que así lo haga, pero no sabemos que esta interpretación la pueda usted tener en el futuro.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo. Ha quedado absolutamente claro que la interpretación que le ha dado esta Presidencia al Pleno, es en el sentido de proceder conforme a lo establece el artículo 194, párrafo segundo en su literalidad.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Sólo para dejar asentado en esta última intervención que es muy importante que cuando se lea el Reglamento, se lea de una manera sistemática, y se lea de una manera sucesiva.

Tiene un sentido el que las reservas se puedan agrupar o se lean por separado, porque el Reglamento ordena que se discutan en el orden sucesivo que corresponda porque conforme a ese orden se van presentando las argumentaciones.

Los artículos 201 y 202 se refieren al debate en lo particular.

El artículo 194 se refiere al debate en lo general.

No substituye el 194 al 201 y al 202.

De lo contrario, entraríamos en una dinámica verdaderamente autodestructiva para la deliberación. Ya no se puede discutir en las comisiones porque se dice, vamos a hacerlo en el Pleno del Senado, ahí apuntaremos las reservas, y ahora se dice, en el Pleno del Senado, vamos a proponer que el Pleno decida otra cosa.

Qué bueno que se ha rectificado, y que se le ha dado ahora ese carácter optativo, ese es el carácter que yo creo que se contiene en el numeral 3 del artículo 201, cuando habla de artículo por artículo o grupo de artículos.

No había que votar nada, simplemente había que generar el cumplimento de esa norma, para no establecer ningún antecedente contrario a lo que debe ser el espíritu de esta Cámara y que debe ser el principal motivo para procurar de la Mesa Directiva, alentar la deliberación, no constreñirla.

Creo que el espíritu que nos debe animar a todos es que hay que debatir, no restringir el debate.

De ahí el motivo de mis intervenciones para acotar que esa votación era contraria al Reglamento y a la ley.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado. El artículo 194 se encuentra en el capítulo de la discusión de los dictámenes y existen dos modalidades de discusión, en lo general y en lo particular; el artículo 194 aplica a la discusión y debate de los dictámenes en las dos modalidades.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para la presentación de las reservas a los artículos 2 y 5.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Haciendo uso de mi potestad he reservado dos artículos que voy a esgrimir en una sola intervención.

Hay otros artículos que están siendo reservados por compañeras y compañeros de mi grupo, y no me voy a extender.

El caso del artículo 2, creo que es importante recordar en esta parte del debate en lo particular lo que hemos reiterado a lo largo de esta sesión respecto de lo que establece la opinión consultiva 7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano o la ciudadana para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales que afectado por una información inexacta o agraviada, tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esta información emitida en su perjuicio.

De tal manera que este derecho humano, que no creo que haya manera de que se cuestione que ese es el tema en esta discusión de esta ley, creo que es necesario establecer en el artículo 2, en donde se comienza la ley con las disposiciones generales, también definir para efectos de esta ley, porque no hay absolutamente ningún artículo del dictamen que refiera a que esta es la réplica un derecho humano.

La propuesta que pongo a consideración de este Pleno es que en la fracción II donde se dice, para efectos, se entenderá por derecho de réplica el derecho humano de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político o económico, en su honor, vida privado y/o imagen.

Y en el caso del artículo 5, la adición en este sentido, la intención es ampliar los supuestos de la crítica periodística en aquellos ámbitos en donde son omisos en este dictamen, así creemos que tienen que ser incorporados los relativos a los otros ámbitos que también tendrían que verse como sujetos, tendrían que verse beneficiados, como son los ámbitos artísticos, deportivo, social, científico, tecnológico, de espectáculos, técnicos, salud, literario y cultural.

Esta adición la pondríamos al final del artículo 5, donde se señala que la crítica periodística ya sea sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta, cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea, en el ámbito político, económico, en su honor, imagen, reputación, vida privada, artístico, deportivo, social, científico, tecnológico, de espectáculos, técnico, salud, literario o cultural.

En ese aspecto, y con eso termino, hacemos énfasis que la preocupación no solamente tiene que ver con el derecho a réplica que pudieran esgrimir quienes están o estamos en la política; también son otras personas como las que acabo yo de señalar de estos ámbitos, y que por supuesto hoy no están debidamente protegidos en la ley.

Es cuanto y gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

En virtud de que las reservas a los artículos 2 y 5 del proyecto de ley han sido expuestos ampliamente por la Senadora proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora De la Peña Gómez de los artículos 2 y 5. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para su discusión conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los artículos reservados por él mismo.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Al igual haciendo potestad del derecho que otorga el artículo 201 de nuestro Reglamento, yo me voy a permitir agrupar en un solo acto las cuatro reservas que he presentado desde la sesión de Comisiones Unidas, y el día de hoy a la Mesa Directiva.

En primer lugar, quisiera retomar el planteamiento ya expresado aquí por la Senadora Angélica de la Peña, respecto a la fracción II del artículo 2, en donde efectivamente es muy importante que en la fracción se determine con toda precisión que el derecho de réplica es, antes que nada, como lo establece la propia Constitución, un derecho humano; y como derecho humano lo deben de ejercer todas las personas físicas o morales.

Y yo propongo una adición donde se establezca con precisión, además de esta figura de derechos humanos y personas físicas y morales, el de los grupos sociales, porque en ocasiones algunos de los grupos que no tienen figura jurídica establecida van a poder acreditar, como es parte de las restricciones que viene en esta ley, el interés jurídico para poder hacer este ejercicio, de este derecho de réplica, ante los medios de comunicación.

Y al mismo tiempo, hacer unas adiciones más, en la fracción particularmente cuando se refiere al ejercicio del derecho de réplica, cuando sean publicadas o difundidas las rectificaciones, aclaraciones o respuesta que resulten pertinentes respecto de datos, informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, que aludan y que sean inexactos o falsos, y discriminatorios, porque el concepto de discriminación, en el derecho de réplica, también debe de ser incluido tratándose de un derecho humano fundamental y la existencia dentro de estos, el derecho a la no discriminación, dentro de la definición del derecho de réplica en el artículo 2, fracción II, debería de estar contemplado.

De la misma manera, y como lo señalé en la intervención durante la presentación del dictamen, el artículo 5 plantea de manera tan genérica y amplia el concepto de crítica periodística para la cual debe estar sujeta el derecho de réplica, que puede representar todos los géneros, o no puede representar necesariamente alguno, ya que en la definición de lo que son géneros informativos, se equipara o se confunde lo que es nota periodística, reportaje, crónica, entrevista, con lo que son los géneros de opinión, artículos de opinión, columnas, cartón, o los comentarios editoriales que se hacen en vivo en las transmisiones, ya sea de la radio o de la televisión y, por eso, lo que estamos planteando es que el artículo 5, cuando dice: “la crítica periodística”, se adicione: “en los géneros informativos”, para que no quede ninguna ambigüedad y se abarquen todos los conceptos que se refieren a los géneros informativos, sean motivo de este ejercicio por parte de los ciudadanos.

En el artículo 25 planteamos eliminar la fracción II, por supuesto hay que recordar que el artículo 25 se refiere al inicio de procedimientos para el ejercicio del derecho, y la fracción VII es quizá la fracción más restrictiva para los ciudadanos, para las personas, porque también hay que entender que desde el momento en que modificamos el concepto de derechos humanos para las personas, se ejercen también para los menores de edad que no tienen categoría de ciudadanos.

Eliminar la fracción VII, que a la letra dice: “las pruebas”, donde se establece la obligación de la persona aludida de presentar las pruebas que confirmen la existencia a la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente de los términos provistos por esta ley, las que demuestren la falsedad, inexactitud de la información publicada o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado, ya que es aquí donde se da la fuente fundamental, no solamente de la discrecionalidad respecto del medio de comunicación para negarse a otorgar el derecho de réplica a la persona afectada, sino también se le obliga a la persona afectada a acreditar las pruebas, a acreditar su dicho, cuando se puede incurrir en un asunto tan discrecional, como presentar la palabra de uno contra la palabra del concesionario.

Y finalmente, en el artículo 37, que se refiere a que cuando exista la información que se estime inexacta o falsa, haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a cargo de elección popular debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad, y aquí es la adición a este artículo 37: “de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

Esta es una de las principales contradicciones que existe en el dictamen, toda vez que contraviene el derecho a la réplica electoral, que está reglamentado con toda precisión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con esto pretendemos, por lo menos, eliminar algunas de las ambigüedades que permiten la discrecionalidad y que conculcan la posibilidad de ejercer por parte de todas las personas, hombres, mujeres y grupos sociales, su derecho de réplica plenamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En virtud de que las reservas a los artículos 2, 5, 25 y 37, presentadas por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, han sido debidamente explicadas desde la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a los artículos 2, 5, 25 y 37. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para presentar reservas a los artículos 2 y 3 del proyecto de Decreto.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

He reservado el artículo 2, no leo los fundamentos, y proponemos, en lugar del que tiene, el texto siguiente:

La réplica puede implicar rectificaciones de hechos inexactos o falsos, aclaraciones de punto de vista y opiniones que resulten agraviantes.

Y 3, respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer en los medios respecto a informaciones agraviantes.

El artículo 2, fracción II, limita el alcance del derecho humano de réplica, establece que ese derecho sólo es respecto a hechos inexactos y/o falsos, no se contempla la complejidad de la réplica que puede implicar:

1.- Rectificaciones de hechos inexactos o falsos.

2.- Aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resulten agraviantes.

Y 3.- Respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer a los medios respecto a la información o difamaciones agraviantes.

El dictamen regula un derecho de rectificación, pero no uno de réplica, pues deja fuera a las soluciones y opiniones y restringe, en otros preceptos, el artículo 5, la réplica contra la crítica periodística: “sólo las personas físicas y morales pueden promoverla, en este caso, excluyendo a colectivos sin personalidad jurídica”.

La norma es violatoria del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que extiende la réplica a supuestos que van más allá de hechos inexactos o falsos, con trato de información agraviante.

Y también respecto a la información cinematografía, además, la disposición violenta el derecho de las audiencias previsto en el artículo 6o. apartado B, fracción VI, de la Constitución, porque los derechos humanos son interdependientes, y el derecho al honor o la intimidad de las personas, que es protegido por la réplica, está también vinculado a todos los derechos que tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Paso ahora, señor Presidente, con su anuncia a describir lo que estoy proponiendo para el artículo 3.

Artículo 3, texto que se propone: “esta ley garantiza el interés legítimo y difuso de los grupos sociales para ejercer el derecho de réplica, sin importar que se encuentren constituidos legalmente”.

Justificación.

El artículo 3, no establece la legitimación legítima ni difusa en materia de réplica, se deja fuera a los grupos sociales que no estén constituidos legalmente y no cuenten con una representación legal, es decir, los grupos sociales, las ONG’s, podrían quedar sin protección. Violenta esta disposición al artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución de la República, porque no maximiza el derecho, no es una exposición que garantice el derecho de réplica de manera pro homine, también vulnera el derecho a las audiencias, contemplando en el artículo 6o. apartado B, fracción VI de la Constitución.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Dado que ya se ha expuesto el contenido de las reservas presentadas por el Senador Manuel Bartlett Díaz, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 2 y 3.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Manuel Bartlett Díaz, a los artículos 2 y 3. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para referirse a las reservas presentadas por ella misma.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Yo también expondré en un solo momento las tres reservas que presento y le solicito de manera más atenta se incluyan de manera textual en el Diario de los Debates las intervenciones que he presentado.

Por una parte, la primer reserva que quiero poner a consideración de este Pleno tiene que ver con un tema que hemos mencionado de manera recurrente, y es la parte relativa al derecho de réplica en materia electoral.

Como se ha mencionado acá, está reforma viene de un dictamen aprobado con anterioridad a la reforma política y, por lo tanto, ha quedado rebasada en ese mismo sentido.

Por eso es muy importante al menos contar con los mismos mecanismos que ya se consideran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y no violentar así un derecho de réplica que tendrían quienes son los candidatos o precandidatos en procesos electorales.

Porque es muy importante mencionar que de manera textual, en el artículo 3 párrafo quinto del dictamen, se expresa claramente que:

“Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta ley”.

Eso quiere decir, que estarán sujetos a la Ley de Derecho de Réplica que establece, entre otras cosas, un juicio en materia civil, que como ustedes saben, puede llevar un proceso muy largo de este juicio.

Es muy importante que al menos se considere lo que está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que el procedimiento se pueda sustanciar vía un procedimiento especial sancionador, que, como se menciono acá, por lo menos estaría resolviéndose en tiempos electorales en un plazo de cinco días.
Me parece, compañeros Senadores, que incluso por interés personal, deberían estar aprobando este tipo de reformas a la minuta, pues de otra manera estarán simple y sencillamente poniéndose una soga al no poder ejercer el derecho de réplica en materia electoral.

La segunda reserva que quiero poner a su consideración tiene que ver con el tema de la publicidad”.

Sin duda, uno de los temas que se omiten en este dictamen, es uno de los tres grandes rubros en los que se dividen los contenidos en los medios de comunicación y fundamentalmente del derecho de las audiencias, el de la publicidad.

En nuestra Constitución, en el apartado B fracción IV del artículo 6o. dice lo siguiente:

“Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada con información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público” …

Dado que la publicidad tiene un fuerte impacto en el comportamiento y/o conducta social de las audiencias, de los medios de comunicación es menester contemplar dentro del cuerpo normativo dicho concepto.

Con esto afianzaremos un eslabón más a favor de un país más tolerante, justo y plural, desde el ámbito social y electoral, eliminando la publicidad subliminal y garantizando a las audiencias una protección y defensa contra publicidad engañosa, abusiva y coercitiva, poniendo en correcto balance el garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a los derechos de las audiencias.

Siendo el derecho de réplica un vehículo de comunicación entre emisores y receptores que coadyuva a fomentar la responsabilidad y veracidad de la información en los contenidos que transmiten los medios de comunicación a la opinión pública.

La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar, pero de igual manera, puede caer en crear ambientes de hostilidad, malos hábitos, discriminación, así como de conductas y comportamientos que minan la inexistente paz social.

Y en ese sentido, la propuesta de modificación es incluir en varios de los artículos el concepto de publicidad.

Y la tercera reserva que pongo a consideración del Pleno, es relativo precisamente al derecho de las audiencias.

La legislación en materia de libertad de expresión y derecho a la información, ha funcionado como un instrumento al servicio del poder.

La ausencia de una legislación sobre el derecho de réplica que no contemple aquellos que son receptores de la información, no sólo entraña inseguridad jurídica, sino la prolongación de la paradoja del derecho a la información, mediante la cual se tiene un discurso de protección al individuo.

Los medios de comunicación pueden difundir o publicar hechos que la persona aludida en ellos considere como inexactos y el derecho de réplica emerge como la facultad de presentar otra versión.

Su versión sobre lo sucedido, tal como lo menciona Sartori: “La democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión”
Actualmente el pueblo soberano opina sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar.

Uno de los derechos de las audiencias es el derecho a recibir información veraz, oportuna y de calidad.

Poder acudir a instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que recibe, así como el de contar con mecanismos eficientes y eficaces para hacer valer el derecho de réplica.

Sin embargo, en el dictamen se omiten completamente a las audiencias, así como sus derechos que se encuentran contemplados en la ley. Por eso, la intención es incluir dentro del dictamen el concepto de audiencia y sus derechos.

Esto permitirá que en el espacio de la opinión pública, la información con la que éste se alimenta, sea verdaderamente pluralista y no distorsionada y unilateral, tendenciosa y sometida a intereses corporativos y de sector que distan mucho del interés general y del bien común. Así pues, en el artículo 2 se incluirían las definiciones de audiencia y de los derechos de las audiencias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

En virtud de que se ha expuesto las reservas a los artículos 2, 3 y la adición del artículo 38 presentado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2 y 3 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados, la adición al artículo 38 se tiene por desechada.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para referirse a los artículos reservados.

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros:

Reservé 11 artículos del dictamen, voy a desahogar en dos intervenciones los artículos reservados.

En atención también a que la Mesa Directiva rectificó y ha reconocido el derecho que tenemos los Senadores de agrupar o reservar artículo por artículo.

Como hubo una rectificación, yo también asumo el agrupamiento de artículos.
¿Cuáles son los que voy a tratar de explicar en una sola intervención?

Los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos no responden en estricto sentido a una misma temática, pero voy a explicar de alguna manera el propósito general.

En relación al artículo 2, como lo expuse en el seno de las comisiones, se trata de mejorar tres redacciones que son fundamentales para el desarrollo posterior de toda la ley.

Ustedes saben que en las definiciones está trazada la ruta de lo que después los artículos adjetivos van a posibilitar o no.

Digo que la definición de derecho de réplica consignado en el artículo 2 está incompleta e, incluso, tiene un elemento distorsionador que tiene que ver con el agravio; esto es, debe probarse el agravio para presentar una solicitud de derecho de réplica, cuando los convenios internacionales que hemos suscrito, fundamentalmente se refieren a las informaciones que aludan.

Por lo tanto, en el artículo 2 propongo un concepto distinto de derecho de réplica, un concepto más amplio de medios de comunicación y, por supuesto, una definición distinta a la que contiene el dictamen de productor independiente.

Esa definición de productor independiente es importante, porque todos sabemos que los grandes consorcios comunicacionales de carácter electrónico, particularmente las televisoras, tienen empresas productoras en materia cinematográfica, por supuesto comercial, publicitarias. De ahí la importancia de redefinir estos conceptos.

En mi intervención en lo general dije que este dictamen se atrasa en algunos conceptos con la Ley de Imprenta de 1917. Aquí se dijo que no, que la supera, que la moderniza.

Propongo, con la comparación de los textos, que en algunos conceptos se quede el plazo que para presentar la solicitud de réplica consigne la Ley de Venustiano Carranza.

El dictamen dice que puede presentarse hasta 5 días después de la publicación. Después de 5 días se pierde el derecho por la vía del derecho de réplica. La Ley de Imprenta señala 8 días.

He propuesto por lo menos que dejen los 8 días de la Ley de Imprenta de 1917, porque puede la gente irse de vacaciones, -dije en el seno de las Comisiones,- y no enterarse de que fue aludida, que fue señalada de manera inexacta, falsa.

Demos la mayor posibilidad de que la gente se entere cuando regrese, para poder ejercer el derecho de réplica. De 5 propongo que sea a 8, si no quieren los 15 que he propuesto en Comisiones Unidas como reserva, porque yo digo que la gente sale fuera de su casa, sale fuera de la ciudad y cuando regresa le dicen: “Pues dijeron de ti esto o aquello. Ah, pero ¿sabes qué? Ya se te pasó el tiempo porque pasaron 5 días”.

Si no se quieren los 15, dejen los 8 que pensó Venustiano Carranza cuando no había todas estas posibilidades de que la gente saliera de vacaciones con tanta cotidianidad como ahora lo hace, incluso a otros Continentes del mundo.

La Ley de Venustiano Carranza permitía a las personas replicar hasta dos tantos más en la extensión del escrito aclaratorio, y hacía, por cierto, una distinción entre funcionarios y particulares. A los funcionarios les daba el derecho de extenderse hasta tres tantos más de los contenidos que se deseaba aclarar, y a los particulares se les daba hasta dos tantos más.
Esta moderna Ley del Derecho de Réplica que nos han vendido, estos avances fundamentales de los que se sienten tan orgullosos, sólo permiten a las personas, a los particulares, la misma extensión de la información que se aclara, que se rectifica.

Y todos sabemos que aclarar, que rectificar, que replicar, se lleva más espacio y tiempo en radio y televisión que acusar. Siempre hay que explicar por qué no es cierto lo que dicen.

Esta ley se nos regresa a la mitad de lo que Carranza pensó en extensión. Es una  pena.

Otra reserva que he hecho es para modificar la minuta y quedarnos también con la Ley de Imprenta de Venustiano Carranza en términos de cuándo el medio de comunicación debe publicar la réplica.

Sí, la Ley de Imprenta de 1917 dice que una vez presentada la réplica, el medio la publicará al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Porque no necesita la persona presentar las pruebas no sólo del agravio, sino de que ha sido falsa o ha sido inexacta la información.

¿O acaso cuando los medios de comunicación presentan las notas, presentan también las pruebas? Claro que no, es inmediata la publicación.

Miren, dijo el Senador Bartlett hace un momento que él ha tenido buena relación con los medios impresos y siempre le han más o menos cumplido la publicación de sus  réplicas.

Pues yo les pido a ustedes que piensen cuál es la práctica actual. Ustedes mandan una nota aclaratoria al periódico, el editor en jefe, el jefe de redacción, el jefe de información la valora y si efectivamente el periódico reconoce que hay una regadota o que hay un error, se publica al día siguiente.

Ahora vamos a abrir un plazo de siete días, cuando ya no era así. Se publicaba en forma inmediata, a las 24 horas siguientes. No, ahora van a hacer incluso un dictamen a ver si, para darle la notificación: “Tiene usted razón, le vamos a conceder su derecho de réplica, y tiene hasta tres días el medio para pensarla”. Por favor.

¿Qué es aclarar una nota agraviante como dice el dictamen, cuando está en medio el honor, la dignidad personal, la imagen?

Conforme más corre una noticia falsa, más se va propagando y difundiendo, y más ahora en el conjunto de los medios digitales de comunicación, que inmediatamente recogen todas, aunque sea una sola fuente.

De lo que se trata es de inmediatamente generar la posibilidad de una rectificación al daño que provoca una información inexacta. Ah, pero como se está pensando en la tele, hay que ampliar los plazos.

Ah, por supuesto, si fuera sólo para periódicos impresos o para medios impresos, la norma sería otra, pero está decantada por los intereses mercantiles de la televisión.

Por eso digo que en estas reservas yo propongo que se queden plazos, extensión y publicación por el medio, como lo dicta la Ley de Imprenta de 1917.

Luego también una de las grandes insuficiencias de este proyecto es que no contempla el derecho de réplica para grupos sociales.
Se ha dicho, que dentro del concepto de persona física y persona moral caben todos los demás grupos sociales, cuando la misma minuta señala que debe demostrarse el interés jurídico. Por eso hemos propuesto una y otra vez que en el artículo 3 se incorpore el interés legítimo, toda persona que haya sido mencionada en forma directa, podrá ejercer el derecho de réplica, cuando considere inexacta o falsa la información publicada en el medio de comunicación que se trate.

Queremos incluir la posibilidad de que grupos sociales o sectores de la sociedad que sean afectados con informaciones falsas o inexactas, puedan presentar o solicitar la réplica ante los medios de comunicación para que se incorpore el interés legítimo.

Por supuesto, coincido con el derecho de réplica en materia electoral, ya lo han dicho otros compañeros, yo también he presentado reservas sobre ello, ya no abundo más.

En los artículos 11, 12 y 14 se contienen los tiempos, los que yo considero que la notificación debe ser inmediata y la réplica efectuarse al día siguiente o, en el caso de un semanario, en la emisión próxima; y en el artículo 13, lo de la extensión.

Ojalá, si es que hay racionalidad para la discusión, pensaran en que no les sirve replicar en el mismo espacio solamente, que se necesitan dos tantos más. Aquí se quiso engatusar a la Asamblea, confundiendo espacio con ubicación. No, en eso, incluso la Ley de Imprenta es mucho más avanzada que ésta, porque la Ley de Imprenta dice: “en el mismo lugar, con la misma tipografía”. Ah, te pusieron 8 columnas, a 8 columnas te aclaran, en primera plana, a 14 puntos, 14 y 15 es el interlineado, a esa misma tipografía, en ese mismo interlineado te tienen que aclarar. Ah, pero dos tantos más.

Este es el avance por el que están orgullosos, no les va a servir de nada, como bien lo ha dicho del Senador Bartlett, no les va a servir de nada; también sé que a muchos no les interesa, porque ya casi todo se les resbala, pero y los ciudadanos qué, los que sólo tienen como fortuna el nombre limpio que recibieron de sus padres y que quieren heredar así a sus hijos, que solamente tienen su imagen propia, y que a veces se les demuele, esto es lo que está en medio de estas discusiones.

He agotado la mitad de mis reservas, vendré en la siguiente a argumentar los otros artículos, que serán cinco.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le agradezco, Senador Corral Jurado, al haberse ajustado al procedimiento que desde el principio propuso esta Mesa Directiva.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas a los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto de ley, presentados por el Senador Javier Corral Jurado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto, presentado por el Senador Javier Corral Jurado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levanta la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para su votación, conjuntamente con los demás artículos reservados.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar diversas reservas.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

También haciendo uso de mi derecho de agrupar en una sola intervención los artículos reservados de acuerdo al artículo 201 de nuestro Reglamento, quiero hacer en una sola intervención varios artículos y reconocer que tal vez dos reformas que hizo la anterior legislatura tienen o cobraron una trascendencia histórica.

Una fue la de junio de 2011, de elevar, de poner en el artículo 1o. constitucional, los derechos humanos; y la otra fue poner a nivel de rango constitucional el derecho de réplica.

Lamentablemente, ahora que estamos en esta ley reglamentaria de este derecho, se conculca prácticamente o se imposibilita su ejercicio, lo cual es verdaderamente lamentable; y tengo que volver a subrayar lo que varias compañeras y compañeros han dicho aquí: el derecho de réplica es un derecho humano, que en México, desafortunadamente está a la deriva.

El cumplimiento de este derecho humano se supeditó a voluntad del emisor de la información errónea o agraviante, se le da a quien comete este delito la definición si otorga o no el derecho de réplica, con el consecuente quebranto a otros derechos, como el derecho a la información, al que tenemos derecho todos los mexicanos, y el honor de la persona agraviada, además de que se perdió de vista la importancia del derecho de réplica para la construcción de la democracia, cuando nosotros en la tarea política, lo que debemos hacer es justamente provocar la transición hacia la democracia.

La réplica es parte de los derechos y libertades informativas, por lo que una deficiente ley reglamentaria en materia del derecho de réplica trastoca directamente la libertad de expresión y el derecho a la información.

La ley reglamentaria debería de incluir los principios indispensables para el ejercicio del derecho de réplica, el principio de legalidad, de gratuidad, de equidad, de proporcionalidad, de oportunidad, ninguno de estos principios se garantiza en esta iniciativa.

Esta iniciativa carece de lo esencial para garantizar el derecho de réplica, y pueda ser, entonces, un ejercicio práctico; tiene barreras injustificadas para el acceso a la justicia, impide que se respete debidamente este derecho humano y deja fuera a la réplica, imponiéndosele que sea un instrumento para la construcción de la democracia.

Las consideraciones más importantes, como ya se explicó el artículo 2, el artículo 5, quiero irme directamente al artículo 10, la presentación de la queja, el derecho de réplica debe ser un derecho de fácil ejercicio y cercano a la ciudadanía, el dictamen sólo contempla que la réplica se solicite mediante una comunicación, mediante un escrito que debe ser entregado físicamente en el domicilio del medio de comunicación. Esto elimina la sencillez, pero supóngase que el agraviado vive en Ciudad Juárez o en Yucatán, tiene que venir hasta acá, pagar avión, una y tantas veces cuando sea necesario que se le cite.

Elimina, entonces, también otros derechos, el de la sencillez, que debe de imperar conforme la experiencia comparada, dado que aquí uno de los Senadores del PRI alegaba el derecho comparado.

El Congreso está obligado a que la ley reglamentaria sobre el derecho de réplica considere el principio pro persona, establecido en el artículo 1o. constitucional, establezca también que la solicitud de réplica pueda presentarse por medios electrónicos, dada la era de la comunicación del Internet. Además, plasmar en la ley las facilidades necesarias para que pueda presentarse la solicitud.
Y en cuanto a tiempos, nosotros consideramos que esta ley debería de anteponer los derechos de la ciudadanía y, por lo tanto, darle tiempos holgados al ciudadano o ciudadana agraviados para que pueda presentar su queja y darle tiempos cortos a los sujetos obligados para que respeten a la brevedad el derecho de réplica. Esto se explica al contrario en los artículos 10, 12, 15, 24.

El artículo verdaderamente que saca a cualquiera de sus casillas es el artículo 19, que contradice todo lo que los priístas y panistas vinieron a decir en esta tribuna…

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No todos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: No todos, perdón.

Los que vinieron a explicar que el derecho de réplica sí se garantiza, también, para las agencias de comunicación o para los servidores públicos, y no.

El artículo 19 dice: “El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de réplica, en los siguientes casos”

Y en la fracción VII dice: “Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación”.

Y la fracción VIII dice: “Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de alguna agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”.

Es decir, ni los servidores públicos, ni las comunicaciones del gobierno, ni las agencias de comunicación van a ejercer el derecho de réplica.

Puedo citar aquí 20 casos rápido de servidores públicos que mienten, empezando por Peña Nieto y su publicidad falsa en relación a varios temas.

Estas dos fracciones del artículo 19, al menos, deberían de cancelarse para estar diciendo la verdad varios de los que aquí intervinieron. Yo eliminaría todo el artículo 19, pero al menos estas dos fracciones serían necesarias eliminar, porque exceptuar del cumplimiento del derecho de réplica al gobierno y a las agencias de noticias resulta inaceptable, no se puede restringir, ni limitar un derecho humano.

Las restricciones a los derechos humanos están establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dice la Suprema Corte que se debe de cumplir con el test tripartita, que obliga a que para poder limitar un derecho humano esta limitante tenga que estar, primero en ley, y segundo, se oriente a cubrir objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para poder garantizar la excepción y que sea proporcional a la finalidad perseguida.

Los casos en que un sujeto obligado pueda negarse a la réplica siendo un derecho humano, que se ponen en este dictamen, no cumplen con el test tripartita ordenado por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto podemos apelar a esa instancia.

La excepción de que la réplica no procede contra la información oficial dada por un servidor público o difundida por una agencia de noticias, o algún medio de comunicación, vulnera el derecho de los mexicanos a saber, vulnera la dignidad de la persona aludida por la información errónea, falsa o agraviante.
No existe justificación alguna para quebrantar los derechos humanos. No es aceptable que los servidores públicos no estén obligados al derecho de réplica, deberían ser los primeros en cumplir la Constitución. No hay diferencia entre si la información agraviante la dice un servidor público o un periodista. ¿Por qué el servidor público va a tener la excepción?

Lo mismo puede decirse de las agencias de noticias, la excepción que admite este dictamen es injustificable. ¿Acaso una agencia de noticias no puede difundir información falsa, errónea? ¿O será que quienes trabajan en una agencia de noticias no cometen errores? Pudieran cometerlo también.

¿Jamás presentan información agraviante las agencias de noticias? ¿De verdad? ¿Jamás? ¿En toda la información de las agencias de noticias de verdad no hay casos falsos o inexactos? Esto es verdaderamente inaceptable. No debe privarse a la persona aludida por información errónea o agraviante de una agencia de noticias, de su derecho de ejercer la réplica, como tampoco debe privarse a la sociedad de su derecho a saber.

Este tipo de excepciones abre la puerta a un sinfín de pretextos para evitar que un medio de comunicación responda ante el derecho de réplica, si no se modifica, deberían todos votar en contra, porque debemos nosotros, como legisladores, defender el derecho a saber de las y los mexicanos y defender la dignidad de la persona que haya sido agraviada o aludida erróneamente a través de información oficial o información que provenga de alguna agencia de noticias.

Otro artículo pésimo, es el artículo 24. Si el derecho de réplica no es atendido, entonces la persona debe tener acceso a la justicia, claro, pero el acceso a la justicia debe de tener plazos razonables, desde el momento de su solicitud, pasando por la fundamentación y la documentación, hasta su concreción.

Por lo tanto, los plazos que están establecidos aquí para la ciudadanía agraviada o la persona agraviada, son insuficientes. Nosotros estamos proponiendo al menos 10 días.

Se pasa por alto que el derecho de réplica, es un derecho para cualquier persona, para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, no va dirigido sólo a empresarios, a adinerados que puedan tener toda la asesoría legal experta y todos los recursos para ganar un juicio, llevar la solicitud hasta un juzgado de distrito, que además puede estar fuera de su localidad, de acuerdo a este dictamen.

El poner un plazo tan corto inhibe el acceso a la justicia por la persona agraviada, que pretende hacer valer su derecho de réplica en tribunales, por eso este voto debe de ser en contra. Adicionalmente la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica debiera prever la posibilidad de que el juez, al recibir la solicitud de inicio de procedimiento judicial de réplica, pudiera apercibir o dar plazo al agraviado si acaso le faltaran requisitos o si su descripción no es del todo clara para que quien esté solicitando hacer uso de su derecho de réplica pueda completar los requisitos o hacer precisiones a su solicitud.

Estas serían medidas consideradas en un principio pro persona, pero el dictamen asume que todos son peritos en derecho, que todos tienen despachos y que todos pueden tener acceso rápido a los requisitos para presentar todo perfecto. Caso contrario, su solicitud será rechazada, desechada.

En cuanto a acceso a la justicia, se deben establecer plazos cortos, eso sí, máximo de dos días, para que el juez emplace al medio de comunicación a cumplir con la réplica; esto eliminaría la incertidumbre y contribuiría con la agilidad necesaria que haga viable el derecho de oportunidad que debe imperar. Pero el dictamen no establece plazo máximo, lo deja a la deriva, a la decisión del juez, y no poner plazo, no poner tiempo, es meterlo al túnel del tiempo para que no se pueda ejercer el derecho. Sólo dice este dictamen en forma inmediata, pero queda a juicio del juez, lo que debiera ser explícito en la ley para que la justicia sea pronta y sea expedita.
Otro artículo agraviante es la carga de la prueba establecida en el artículo 25. Es gravísimo que ustedes voten a favor, porque es un principio aceptado y asumido, que la carga de la prueba debe recaer sobre el medio de comunicación que publique la información falsa, inexacta o agraviante, no a la persona agraviada quien pretende hacer uso de sus derecho de réplica, así se asume en todos los países respetuosos del derecho de réplica.

El Senador que pedía el comparativo internacional, pero en México se pretende que la carga de la prueba recaiga en el ciudadano agraviado, hasta por sentido común resulta obvio que toda vez que tiene bajo su control las publicaciones y los programas que difunde es el medio de comunicación, y no la ciudadanía, quien debe de asumir la carga de la prueba; contrario a ello, este dictamen de ley del derecho de réplica pone la carga de la prueba a los ciudadanos de a pie, no al medio de comunicación, o sea, que el ciudadano o la ciudadana que pretenda iniciar el procedimiento judicial de réplica debe de tener copia del programa o de la publicación o haberla solicitado al medio, sino entonces se desecha el procedimiento.

No sólo es un absurdo imponer la carga de la prueba al ciudadano o ciudadana, sino que dificulta innecesariamente el ejercicio del derecho de réplica en perjuicio de los gobernados, convirtiendo a este derecho humano en uno más del catálogo de los derechos que no se cumplen. Lo único que debe de exigirse al ciudadano que ejerce la réplica es que dé toda la información necesaria para que se pueda identificar en qué programa, en qué emisión, en qué publicación se dijo la información errónea o inexacta y que le causa algún agravio.

El imponer a la persona agraviada la carga de la prueba de la publicación y de los programas que contiene información agraviante, obliga a que nuestro voto sea, de toda esta iniciativa y en particular del artículo 25, en contra.

Y luego, el artículo 35 que permite la apelación, uno de los principios de réplica es un principio de la oportunidad, es decir, que la solución debe ser lo más pronta posible para que la información se corrija, para que la sociedad tenga casi de inmediato la información, motivo del derecho de réplica; sin embargo, dentro del dictamen, además del procedimiento ante el medio de comunicación que tarda como 20 días, en el procedimiento judicial se instaura el recurso de apelación, que no tiene ninguna razón de existir en este caso; este recurso de apelación lo único que hace es dificultar el ejercicio del derecho de réplica, hacerlo gravoso y lento, complicarlo en todas las instancias que debe de recorrer para llegar a ser definitivo.

El juez de distrito que recibe la solicitud del derecho, del procedimiento judicial de réplica, debe de tener la facultad para resolver el juicio sumario y en definitiva, ello sin perjuicio de que ambas partes puedan recurrir al amparo directo en caso de que haya habido violaciones constitucionales.

Nuestro voto debe de ser en contra, también porque se sustenta en que agregar el recurso de apelación sólo abona a hacer gravoso, inoportuno e inviable el ejercicio de la réplica. Y en cuanto a las sanciones, con eso termino, señor Presidente, proponemos nosotros agregar un artículo 44 y un artículo 45, porque si bien el dictamen establece sanciones, homologa a todos los medios por igual, se olvida esta ley que las sanciones deben inhibir conductas contrarias a la ley reglamentaria.

Y por otra parte, considerar que hay situaciones especiales que exigen un tratamiento diferenciado cuando se trata, por ejemplo, de medios comunitarios, de medios a cargo de los pueblos, comunidades indígenas, estos deben de tener reducción en las multas, no es lo mismo una poderosa televisora que una radio comunitaria de un pueblo por ahí de los indígenas.
Por lo que respecta a las sanciones a los medios de comunicación grandotes, en cambio, esta ley reglamentaria considera una sanción de monto fijo, por incumplimiento de la réplica, que nos parece insuficiente. La sanción debería de ser por cada día que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución judicial que ordena la rectificación.

Las anteriores consideraciones, las restricciones injustificadas al derecho de réplica que en sí mismas representan una violación al derecho a saber de toda la sociedad, una violación al respeto de todos los derechos de las personas, obligan a que nuestro voto sea en contra. México ha relegado por mucho tiempo la emisión de todo lo necesario para hacer real, tangible, posible el derecho de réplica.

Con este dictamen hoy se estaría aprobando una ley reglamentaria sólo para cubrir con formalidades, pero que incumple con proveer un procedimiento que siga lo mejor de la experiencia comparada en materia de réplica y que cercena este derecho humano en perjuicio de nuestra sociedad y de la democracia mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

En virtud de que ya se han expuesto las reservas presentadas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del proyecto de ley, y las adiciones de los artículos 44 y 45 presentados por la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Dolores Padierna Luna a los artículos 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del proyecto de ley, y las adiciones de los artículos 44 y 45. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del proyecto de ley, se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados. Las propuestas de adición de los artículos 44 y 45 se desechan.

Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto hizo llegar los textos de sus propuestas de modificación a los artículos 3, 4, 15, 25 y 37 del proyecto de ley.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Zoé Robledo Aburto.

Artículo 3, párrafo segundo, se añade: “en los términos de la legislación aplicable”.

En el párrafo tercero, se agrega: “o figura equivalente de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.
Y en el párrafo quinto, se agrega: “y la normatividad electoral”.

Asimismo, en el artículo 4, párrafo segundo, se agrega: “de manera solidaria con los terceros emisores de estos contenidos, tanto”.

Del artículo 15, párrafo segundo, se adiciona el segundo párrafo que diría:

“En caso de tratarse de medios electrónicos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente en la misma página o sitio electrónico, con características similares y la misma relevancia a la información que haya provocado la réplica”

 En el artículo 25, fracción III, se agrega: “o emisor de la información a la que”

Y en su fracción VII se agrega: “las pruebas que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.

El artículo 37 se modifica en su totalidad, debe decir: “Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas, y hasta el día de la jornada electoral, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrados ante la autoridad correspondiente, el derecho de réplica se ejercerá por vía del Procedimiento Especial Sancionador conforme a las formas y procedimientos que para el mismo dispone la Ley General de Instituciones y Procesamientos Electorales, aplicando en lo que no se oponga las reglas generales de procesibilidad establecidas en esta ley”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Zoé Robledo Aburto a los artículos que he dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Informo a la Asamblea que se recibió por escrito las propuestas presentadas por el Senador Isidro Pedraza Chávez, para referirse a los artículos 3 y 7 del proyecto de ley.

Solicito a la Secretaría dé lectura de los mismos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del Senador Isidro Pedraza Chávez.

Artículo 3, párrafo tercero: “Cuando la persona física afectada pertenezca a una comunidad o pueblo indígena y sea monolingüe o no tenga un manejo suficiente del castellano, deberá contar con un traductor. Si la demanda de réplica se refiere a una información inexacta o falsa emitida en castellano, la réplica será en castellano; si la información inexacta o falsa se emitió en la lengua indígena, la réplica deberá ser en la misma lengua en la que se emitió la información.
Las personas de origen indígena podrán ser representados por sus autoridades tradicionales, o presentarse por su propio derecho, con el auxilio del traductor reconocido”.

Párrafo Cuarto, se agrega: “El procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones materiales y económicas del sujeto obligado; en los casos de las comunidades que se gobiernen por usos y costumbres, el procedimiento se ajustará a este uso, en tanto no contravengan los principios que establece la Constitución, esta ley y las demás aplicables”.

Artículo 7, párrafo primero: “Los sujetos obligados operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas recibirán las solicitudes a través de sus autoridades tradicionales que resolverán la pertinencia de la solicitud y su aplicación”.

Párrafo tercero: “Los sujetos obligados operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, deberán tener disponibles permanentemente los datos de los responsables del medio en la forma y uso tradicional de la comunidad en que estén sus instalaciones principales”.

En los casos que el sujeto obligado contemple, como parte de su organización interna, un defensor de los derechos de los lectores o radioescuchas, este mismo será designado responsable de atender las solicitudes a que se refiere el presente artículo”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Isidro Pedraza Chávez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya presentó a la Mesa Directiva los textos de sus propuestas de modificación a los artículos 18, 24, 27 y 39 del proyecto de ley.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del Senador Benjamín Robles Montoya.

El artículo 18, se propone adicionar un tercer párrafo en los siguientes términos: “La negativa del medio de comunicación a difundir la réplica o rectificación a que se refiere este artículo, será sancionada en los términos que establece el artículo 39 de esta ley. Para tal efecto, bastará con hacer del conocimiento de la negativa al juez, quien de inmediato impondrá la sanción y ordenará al medio de comunicación la difusión de la réplica”.

Artículo 24, se propone adicionar una fracción IV en los siguientes términos: “A la fecha en que se haya publicado o trasmitido la réplica que se estime insuficiente o incorrecta, o que no haya cumplido con lo establecido por los artículos del 13 al 18 de esta ley”.
Propuesta de modificación al artículo 27: “Podrá presentar la solicitud de inicio de procedimiento judicial pidiéndole al juez que requiera al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente la presentación de dicha copia. En caso de que éste niegue a presentarla o aduzca que no cuenta con ella, el juez concederá de inmediato y sin mayor trámite la réplica al actor”.

Al artículo 39 se propone adicionar un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en los siguientes términos: “Se sancionará con multa de 5 mil días de salario mínimo general al medio de comunicación que se niegue a difundir la réplica que le sea enviada por una agencia de noticias o productor independiente en los términos del artículo 18 de esta ley”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Benjamín Robles Montoya a los artículos 18, 24, 27 y 39. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, para referirse al artículo 19 del proyecto de ley.

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano, necesario para su óptimo desarrollo personal, así como para la vida en democracia en general. Se trata, de un derecho universal que toda persona debe de poder gozar y disfrutar.

Para que efectivamente una persona pueda gozar plenamente de dicho derecho, es necesario su ejercicio íntegro en sus distintos ámbitos y con sus diferentes aristas. Para ello es necesario límites a la libertad de expresión con el objeto de garantizar un equilibrio frente a otros derechos y preservar así la paz y la sana convivencia social.

El derecho de réplica se puede entender como la prerrogativa que tiene toda persona para que se inserte su declaración cuando haya sido mencionada en una nota periodística o cualquier otro medio de comunicación, siempre que esa información sea inexacta en su perjuicio o afecte su derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen.

Por lo que este derecho surge como consecuencia de un daño en la imagen o en el honor de una persona, quien ha sido aludida con información falsa o inexacta de manera directa o a través de un algún medio de comunicación.

Es bajo este supuesto que el sujeto agraviado se legitima a exigir al medio un espacio para aclarar su dicho.

A pesar de que este derecho remonta sus antecedentes al Parlamento francés, en el año de 1795, en México no fue sino hasta el año 2008 cuando se dio el paso decisivo para legislar con seriedad en la materia.
Sin embargo, al día de hoy no se cuenta con un marco normativo a la altura de las circunstancias, esto a pesar de la gran influencia que tienen los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, en la opinión pública.

Hoy más que nunca, es necesario establecer límites a los comunicadores y a los medios, a fin de proteger y garantizar el derecho de las audiencias.

Para garantizar el pleno goce del derecho de réplica resulta necesario que la legislación en la materia defina claramente los derechos y las obligaciones respectivas a cada uno de los sujetos que intervienen, en donde destacan principalmente los deberes que habrán de imponérsele al medio de comunicación denominado por la ley como sujeto obligado, y que aseguren que las personas agraviadas podrán, efectivamente, ejercer su derecho a la rectificación de la información difundida.

Esto, desafortunadamente, no se da en las disposiciones normativas establecidas en la minuta en cuestión, al contar incluso con contradicciones entre lo estipulado en unos y otros artículos, tal es el caso del artículo 18, el cual de forma correcta establece la obligación de los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida de las agencias noticiosas, a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas le envíen.

Es decir, no solamente las agencias noticiosas que en un origen difundan la información estarán obligadas a rectificarla en caso de ser procedente, sino que todos los medios, de forma secundaria o derivada lo hayan transmitido, tendrán de igual manera la obligación de difundir dicha rectificación.

Sin embargo, de forma increíble, en el precepto posterior, en el artículo 19, se establece en su fracción VIII, dentro de las causales por las que puede negarse los medios de comunicación a difundir la réplica, el supuesto de que podrán hacerlo cuando la información publicada provenga de una agencia de noticias y que se haya citado a dicha agencia.

Es decir, se trata de dos disposiciones contradictorias en donde en la primera se afirma la obligación de todo medio de comunicar, de respetar y hacer valer el derecho de réplica, debiendo difundir la rectificación independientemente de la fuente de la que provenga dicha información. Mientras que en el segundo establece un candado a favor de los medios de comunicación para que con toda facilidad puedan desechar la pretensión del agraviado a transmitir su réplica, con la simple citación de la agencia noticiosa que originalmente difundió la información.

Tal contradicción entre disposiciones, deriva una ley débil con un sentido que no se determina claramente y que ocasiona una serie de dificultades para ejercer este derecho. No solamente se dota de herramienta a los medios de comunicación para destacar la transmisión de la réplica a su árbitro, sin que inclusive se impide el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.

Por ello, es necesaria la derogación de la fracción VIII del artículo 19 del proyecto, en aras de mantener incólume la esencia y la finalidad por la que el mismo fue elaborado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

En virtud de que la reserva ya ha sido expuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 19 del proyecto de ley presentada por el Senador Monreal Ávila.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador David Monreal Ávila al artículo 19 del proyecto de ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse a los artículos reservados por él mismo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

No porque usted lo diga, sino en el ejercicio del derecho que me otorga el artículo 201 del Reglamento del Senado, manifiesto mi voluntad de presentar en un solo acto la reserva a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución, en materia del Derecho de Réplica.

Esta ley claramente debería de tener un enfoque de derechos humanos el derecho de réplica forma parte del catálogo de derechos humanos por estar en la parte dogmática y con motivo también de la reforma de junio de 2011.

Por lo tanto, todas las autoridades están obligadas a prevenir, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos, incluido este Senado de la República.

Hoy es una realidad que frente a las violaciones de los derechos humanos, cometidas por particulares, es obligación de las autoridades intervenir activamente para prevenir y, en su caso, proteger a las personas.

Las televisoras, los corporativos, los medios de comunicación, como se vio en el caso Aristegui, son autoridades por las violaciones de derechos humanos que pueden cometer por sus acciones y omisiones, por eso los jueces ahora aceptan las demandas contra particulares por violaciones de derechos humanos.

Mediante acción divulgar información que vulnera derechos humanos; por omisión, por negarse a divulgar la réplica a la que tienen derecho los ciudadanos.

También deberían de privilegiarse los principios de progresividad, protección, pro persona y convencionalidad. No lo hace porque es una ley restrictiva que limita el ejercicio del derecho de réplica sometiéndola a trámites que la hacen inviable e ineficaz en la práctica. No protege porque se pone del lado de los medios de comunicación; es decir, les da el poder discrecional, les da más facultades que la que les da a los ciudadanos. Por ejemplo, ellos deciden si la réplica procede o no.

¿Cuánto vale el honor y la dignidad de un ciudadano?
Esta ley le pone precio, desde 35 mil pesos, hasta 700 mil pesos. En los montos que se manejan en los medios de comunicación, decía yo, tan sólo el Presidente de la República 7 mil millones de pesos. Es más barato no cumplir esta ley que hacerla cumplir; es más barato, en términos de tiempo aire proteger por parte de los medios de comunicación, no aceptar su equivocación o la reparación o el derecho de réplica del ciudadano, que destinar tiempo aire a aceptarlo; es más barato no cumplir la ley, se le pone precio a la dignidad y al honor de las personas.

No favorece el principio pro persona porque los ciudadanos no pueden acceder a un mecanismo que favorezca la protección más amplia ni de forma individual ni mucho menos colectiva como ya se ha dicho aquí. Quedan fuera de su protección los sujetos vulnerables, como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y adolescentes, entre otros.

Y no respeta los tratados de derechos humanos que ha firmado el Estado mexicano, que le obligan a legislar removiendo todas las trabas que impidan el ejercicio efectivo de los derechos. Por ejemplo, el artículo 19 en su fracción III, que es la que estamos proponiendo modificar, permite que se niegue el derecho de réplica cuando el sujeto obligado acredite que no hay agravio; si eso ya de por sí es grave, lo es más porque la réplica debería proceder siempre que el afectado considere que se violan sus derechos humanos como el honor, la dignidad, la buena imagen, el normal desarrollo de niñas, niños y adolescentes, el buen nombre y la identidad, entre otros.

Es decir, la réplica además de ser un derecho humano sustantivo que vale por sí mismo, es también un derecho que debería proteger y garantizar otros derechos.

De ese modo, si alguien considera que se viola su derecho a la imagen, debería tener opción a reparar ese derecho mediante el ejercicio de la réplica.

A estos dos mantos protectores se eliminan por completo; ante los criterios subjetivos que impondrán las televisoras, este Senado debería responder con la afirmación de los derechos humanos.

Sin embargo, este Senado se pone de lado del poder económico de los medios y abandona a las y los ciudadanos y sus derechos humanos.

Debería ser una ley que desincentivara al que calumnia, no al calumniado.

Debería ser una ley para mejorar la calidad de la información y de nuestra democracia.

Aquellos que hacen una evaluación de que sería imposible que se tuvieran espacios, tiempos similares a donde se generó la información, que provoque el agravio y lo piensan, desde un solo punto en el tiempo, es decir, tal vez en este proceso de aprendizaje los medio tendrían que destinar mucho tiempo a aquellos casos donde hubiera agravios, aquellos casos donde se estuviera reclamando de manera efectiva el derecho de réplica.

Pero sólo obligando a los medios, a que tuvieran este costo, entonces podría empezar a funcionar un debate más sano en nuestro país, tendrían que revisar muy bien antes de dejarse influenciar, por así decirlo, de algún interés o del propio gobierno para terminar con la reputación de una persona, a lo largo del tiempo esto tendría como resultado una mejor calidad de la información y un debate democrático más sano.

Se ignora también por completo en esa ley la oportunidad de la información.
No es lo mismo, y es difícil reparar la imagen, cuando la réplica ocurre mucho tiempo después, como tenemos la velocidad de la información, de las notas como ocurren todos los días, el posponer es una forma de evitar la reparación del año.

Entonces, por eso las reservas que hemos presentado el día de hoy aquí para que no sea una ley que simule, que no sea el pretexto para decir, el Senado una vez más pone a nuestra democracia a la vanguardia en el mundo, cuando en la práctica se hace nulo el derecho de réplica.

Ojalá este Senado no sea partícipe de ello y no sea una simulación más como ocurrió en la Ley de Consulta Popular, que se hizo para decir que se cumplió, y en la práctica no se puede llevar a cabo. No puede contribuir este Senado a que no se garantice mediante esta ley secundaria el derecho humano a la réplica que está consagrado en nuestra Constitución.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

En virtud de que las reservas han sido presentadas de modificación, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de ley presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Mario Delgado Carrillo a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas relacionadas con los artículos 19 y 28 del proyecto de ley.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente, es un atleta de la Presidencia. Un apunte, así, que no me dejaron decirlo, ya le entregué al Senador Omar Fayad, ya le entregué lo que va a decir a una estación de radio, de Pepe Cárdenas, que la presentaba yo por dos razones.

Uno, para demostrar que el derecho de réplica no lo cumplen ni respetan nunca; se lo pedí y no me contestó.

Y otra para que, recomendar que cuando las señoras Senadoras y Senadores tengan argumentos y descalificaciones, que vengan aquí a decirlo, porque luego por ahí los cuchilean para que vayan a las estaciones de radio, cambien las situaciones, protejan a los Secretarios de Estado, eso era lo que yo perseguía, puede decir lo que quiera.

El texto del artículo 19 debe derogarse.

Quiero antes hacer otra acotación.

Vamos a repetir esto muchas veces, yo sé que varios Senadores lo tienen, de  diferentes maneras, pero esa es una labor didáctica, decía el Senador Corral, es una labor didáctica, porque con toda esa cuestión de que está perfecto y que, pueden confundir a la gente, pero si repetimos una y otra vez la farsa que es esta supuesta ley, que es una ley en contra de la réplica, se podrá entender, de manera que, es muy importante hacerlo.

Ya sabemos que no hablamos para los de aquí, porque tienen la consigna, pero hablamos para la opinión pública, para los ciudadanos a través de ese maravilloso vínculo, la única ventana que realmente existe aquí, que es el Canal del Congreso.

Los medios de comunicación no deberían ser los enemigos de los ciudadanos, pues, platicábamos de que a mí me tocó, durante muchos años, hacer cartas a la redacción, y las publicaban, y si el medio de comunicación tiene una función informativa, de verdad, gana, porque genera debate, genera aclaraciones, hace la publicación importante, gana el medio de comunicación.

No así, porque están protegiendo a los medios de comunicación, principalmente a los electrónicos, porque hay intereses económicos, hay intereses políticos que hay que ocultar, hay que impedir que vengan aquí a movernos lo que todas las noches decimos, de esta mentira que es la sociedad virtual que presenta Televisa y TV Azteca y la radiodifusión todas las noches, que esas sí son mentiras.

Deberían entender que lo que ganan es en discusión, análisis, en información; y no, los intereses, sus compromisos son primero.

¿Por qué derogamos este artículo?

Porque prevén las diversas causas de negativa que puedan esgrimir los medios de comunicación para rechazar la réplica y son excesivos.

La fracción I constituye un absurdo lógico, porque la réplica es un derecho del ciudadano y no del medio, el que tiene que estar no satisfecho con la información es el ciudadano y no el medio.

La fracción II señala que si en 5 días hábiles no se presenta la solicitud el derecho precluye; una barbaridad, no todos se dan cuenta de lo que pasa y están matando rápidamente el derecho de los ciudadanos, un derecho humano, un derecho constitucional.

La fracción III determina que la réplica se niega si se trata de opiniones o de crítica periodística.

¿Qué es eso?

Ahora les decía yo que confunden, este derecho de réplica es de rectificación, de errores que necesita demostrar, pero fíjense lo que dice: “se niega, si se trata de opiniones o de crítica periodística”, entonces, todo es opinión, es un absurdo, es una desvergüenza poner esto ahí.

La fracción IV permite al medio regar la réplica si este le estima ofensivo o contrario a la ley; van a decirse, se sienten ofendidos, ya no la publican, muy bien, ¿a quién protegen? Artículo por artículo, fracción por fracción, se ve que está hecha para sus compinches en los medios o sus jefes.
La fracción V faculta al medio a negar la réplica si el solicitante no tiene interés   jurídico, es decir, el interés legítimo y el difuso no se contempla, hay que meter más estorbos.

La fracción VI constituye un absurdo lógico, porque a la réplica, insistimos, es un derecho ciudadano y no del medio.

La fracción VII indica que la réplica no procede, fíjense nada más esto, ojalá, me refiero a la opinión pública y a los que están viendo, y verán el Canal del Congreso, ustedes ni se fijen, ni caso tiene.

La fracción VII reivindica que la réplica no procede contra la información oficial, lo que es una forma de proteger la impunidad, corrupción y simulación de los gobernantes.

Si sacan una noticia, no hay réplica, ya lo dijo fulanito del gobierno con estas personas tan brillantes que hay, no se puede admitir una réplica.

La fracción VIII, pese a que no hay obligación solidaria entre las agencias de noticias y los medios, pues el medio puede indicarle al solicitante que sólo repita la información y la agencia de noticias, y al hacerlo deja de tener responsabilidad frente a él.

Como lo hemos visto el contubernio que hacen, tengo un caso por ahí en TV Azteca clarísimo que lo voy a repetir, en donde van y organizan que una agencia saque una cosa, y dice: “la agencia Xinhua dijo“. Y ellos fueron los que inventaron para que la agencia dijera, le dan a un paniaguado ahí; y entonces, TV Azteca dice: “la agencia y también López Dóriga fueron parejos, la agencia Xinhua dice que fulanito es”. ¡Ah! Entonces, nos vamos a chupar el dedo de que no quieren relaciones con las agencias que se publican sin ningún compromiso en este mundo de honestidad, como el caso de la agencia Shiva, que otro día se los platico.

Es por eso que debe derogarse esa barbaridad que impide el derecho de réplica, completo.

En el artículo 28 se propone un texto en lugar del que está: “la carga de la prueba estará siempre a cargo de los medios”. Así debería de estar.

La autoridad competente ejercerá los poderes de oficio a que se refieren los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El artículo 28 no contempla en materia de prueba, lo siguiente: “que la carga de la prueba esté a cargo de los medios”, si son los que crean el problema, insultan, mienten, desaparecen personajes, en fin, la carga es de ellos.

Dos.- Que existan poderes probatorios de oficio en el juez de distrito, si no hay vamos a la eternidad, tiene que pedir más pruebas.

Y tres.- Las medidas para mejor proveer se incluyan, lo anterior con fundamento en las obligaciones de los medios que se generan a consecuencia del derecho humano de réplica, y según lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Yo le pediría a la Secretaria, que tiene una computadora a la cabeza, y antes de que termine yo de bajar, ella dice: “Ya perdieron ¿eh?”. Veo desde aquí, con toda claridad, que están votando en contra.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

En razón de que las reservas ya han sido expuestas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 19 y 28 del proyecto de ley presentados por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Manuel Bartlett Díaz a los artículos 19 y 28. Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, para referirse a los artículos 19, 21, 27 y 36 del proyecto de ley.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Agotaré, en esta intervención, todas mis reservas, pero quiero empezar por un comentario que me hacía un querido compañero de bancada, el Senador Juan Fernández Sánchez Navarro, me preguntaba: ¿si alguna vez, en lo que va de esta legislatura, puesto que él ha sustituido apenas hace poco tiempo al Senador Mendoza Davis, ha triunfado una reserva en el Pleno del Senado de la República?

Le he dicho que no, a menos que haya sido pactada antes del Pleno y presentada como memorándum de reservas por los Presidentes de las comisiones.

Hay compañeros que han visto la suerte de hacer un planteamiento y modifican un dictamen, pero también ha sido pactado.

En debate sobre materias como éstas, es muy difícil que las reservas prosperen; entonces, algunos compañeros, otros, aquí si no Juan Fernández, acostumbrados a la disciplina de las bancadas que llegan a sustituir no sólo el razonamiento del voto sobre los contenidos del dictamen, sino incluso la lectura, hay quienes votan sin haber leído dictámenes, hay quienes acostumbrados a ello consideran que presentar reservas es un ejercicio inútil.

Y yo sostengo que es un ejercicio muy importante que no debemos dejarlo de hacer por varios motivos, por ese ejercicio pedagógico, de pedagogía cívica parlamentaria que se produce en las discusiones del Pleno, en donde, como dijo el Senador Bartlett, uno no habla tanto para los colegas, sino para los ciudadanos que siguen en el Canal del Congreso las transmisiones.

Pero también otro dato. Estas discusiones, estas reservas, sirven también como fuente de consulta en sentencias judiciales. Podría decir, por ejemplo, que acciones de inconstitucionalidad han sido engrosadas en términos del sentido de las normas de lo que quiso y no quiso decir, sobre todo cuando hay discusión, por virtud de los debates en lo particular que generan las reservas.
Podría citar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 26/2006, llamada la Ley Televisa, en donde la Corte, tanto el ministro ponente, como después el engrose, asumió partes de la discusión en materia de reservas sobre el dictamen.

Hablando de ello, debiéramos intentar, no sé si existe el número para ello, de integrar el suficiente para presentar una acción de inconstitucionalidad sobre varios de los artículos de esta ley si es promulgada por el Ejecutivo Federal por violentar varios artículos de la Constitución, por desapartarse, incluso, del contenido del artículo 6o de la Constitución y del artículo 1o de la Constitución, me refiero a dos grandes reformas: a la de telecomunicaciones y a la de derechos humanos, en términos de hacer que en todo tiempo, en todo momento, la interpretación de las normas favorezca a la persona, cosa que la minuta no logra a lo largo de su articulado, pero particularmente, y no importa que reitere el artículo 19, lo diré de otra manera.

Cuando el artículo 19 exceptúa a los medios de comunicación del deber de la réplica teniendo al Estado, a las instituciones públicas como el emisor, como la fuente de la información, está decretando una impunidad para los medios y, sobre todo, para el Estado, principal emisor, no sólo de información, sino de dichos en los medios de comunicación.

Cuando el artículo 19 dice que un medio de comunicación puede negarse a llevar a cabo la publicación de la réplica, cuando la misma verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, está volviendo impune a los actores del Estado, a los poderes de la Unión, a los niveles de gobierno.

La disposición es gravísima, porque todos sabemos que en el conjunto de las noticias es el Estado el gran emisor de boletines, de comunicados, de declaraciones, de edictos, de desplegados, de noticias.

De ahí que la presencia de esta excepción, sea en realidad una burla al ejercicio del derecho de réplica, porque la ley no prevé ningún otro mecanismo para resarcir al ciudadano cuando el Estado es el emisor.

Como la excepción de que el medio no se responsabilice de la réplica cuando la información provenga de una agencia de noticias y haya sido citada. Todos los medios de comunicación celebran contratos con las agencias de noticias que publican o retransmiten.

Pero se olvida también que en esta nueva excepción está el Estado, porque una de las agencias más importantes a la que recurre la mayoría de los medios de comunicación es la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.

Por una doble vertiente, la minuta pretende crearle una impunidad al Estado, a través de diversos actores.

Por eso digo, que se aparta de lo que México ha convenido en materia de tratados internacionales; por supuesto, se aparta del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto se aparta del artículo 6o en materia de derechos de las audiencias, por supuesto se aparta del artículo 1o de la Constitución, porque lo que han hecho es relativizar un derecho humano fundamental.

Los defensores de las audiencias que cite al principio de mi intervención en lo general, señalaron las deficiencias del dictamen en varias cosas:
Los defensores de las audiencias criticaron la judicialización en extremo, el procedimiento farragoso y dejar a cargo del ciudadano la carga de la prueba que tenga que llevar él, ante el medio y ante el juez, en las dos distintas etapas, o la copia de la grabación, de radio o de televisión, o la del periódico y que eso es lo más fácil de conseguir.

Los defensores de las audiencias pusieron énfasis en el artículo 19, la cantidad de opciones que la minuta concede a los medios obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica, dijeron es muy elevada.

El Senador Bartlett dice que él eliminaría todas las fracciones, yo creo que hay por lo menos cuatro que podrían quedarse, pero bien lo dijo la Senadora Dolores Padierna, hay dos que son inadmisibles para el decoro del Senado de la República en el momento que vive el país.

Cuando el Estado actúa como fuente o cuando la información procede de una agencia de noticias.

Dejar plasmado esto en la minuta, ahora sí desprestigia a todo el Senado o a la mayoría que lleve a cabo la aprobación de esta minuta.

Los plazos también fueron criticados por los defensores de las audiencias, lo vuelven ineficaz al derecho de réplica dijeron, porque podrían ser tan largos que cuando el juez falle a favor del promovente, el derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra y el buen nombre causado con la publicación.

Compañeras y compañeros Senadores:

En el artículo 36, estoy buscando que cuando el juez dicta sentencia favorable al peticionario, la notificación y la publicación sea inmediata y no tenga que esperarse tres días.

En el artículo 22, estoy proponiendo que la carga de la prueba, como lo han dicho otros compañeros, no esté a cargo del ciudadano, sino del medio de comunicación; o sea, que en el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su demanda, podrá pedir al juez que realice las gestiones necesarias ante instancias públicas o privadas para obtener la copia correspondiente.

En el artículo 21, estoy proponiendo asegurarnos que el juez sea un juez civil el que atienda la demanda. La minuta plantea el juez del lugar que corresponda.

Puede abrirse dos flancos, que ese juez que corresponda hacia un juez de carácter penal, o un juez especializado en materia de telecomunicaciones, pero la materia no es administrativa.

Y ustedes saben que los tribunales especializados son muy pocos para la atención de peticiones de esta naturaleza, asegurarnos de que sea un juez de la materia civil y, por supuesto, en el artículo 19; quitarle esas dos excepciones que realmente constituyen una regresión de carácter autoritario.

Aquí hay, en el fondo, una protección a un Estado que en este momento está reaccionando con spots televisivos a la irritación social. La nueva versión de la comunicación política que el Gobierno de la República ha sacado, ya chole con las quejas.
El Estado, ridiculizando la protesta, mofándose de la exigencia social, convirtiendo a la queja ciudadana como una forma de molestar al poder. ¿Y le van a dar dos excepciones en materia del derecho de réplica de esta naturaleza?

¿Este es el avance que consideran que corresponde a la minuta? ¿Esta es la modernidad que quieren para México y para los ciudadanos?

Esto es una regresión, es increíble, que en materia de réplica, Carranza siga viviendo con nosotros.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado.

En razón de que se han expuesto las reservas, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 19, 21, 27 y 36 del proyecto de ley presentadas por el Senador Javier Corral Jurado.

La Secretaria Senadora María Elena Tapia Barrera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Javier Corral Jurado a las propuestas de ley de los artículos 19, 21, 27 y 36. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Les informo que el Senador Rabindranath Salazar Solorio. . . permítame por favor.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente hago la aclaración de que es falso que nunca haya procedido una reserva que se haya planteado en este Pleno, sin haber sido previamente acordada en la pasada legislatura.

Recordarán nuestras compañeras y compañeros, que en la discusión de la reforma laboral todo el capítulo de transparencia y democracia sindical, logramos una mayoría que permitió que esa reserva prosperara y finalmente quedara en la ley.

Entonces, es falso lo que se ha dicho aquí ante la pregunta del Senador Fernández Navarro.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Se informa a la Asamblea que se recibió por escrito la intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio, así como la propuesta relacionada con el artículo 37 del proyecto de ley.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría le dé lectura a la propuesta e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio:

“Artículo 37.- Podrán por el contenido en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en estos casos los sujetos presuntamente afectados, podrán optar por el procedimiento especial sancionador instaurado en la legislación electoral, o por el que establece esta ley en éste último”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio al artículo 37 del proyecto de ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse también al artículo 37 del proyecto de ley.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, pueblo de México.

Cuando se hacen las reservas en lo particular, algunos consideran efectivamente que es ocioso, otros consideramos que es interesante porque es en lo particular donde se puede enriquecer un dictamen si los legisladores tuvieran la voluntad de hacerlo.

Se está perdiendo el espíritu del Parlamento. Aquí más bien parece que estamos en un espacio donde todo mundo está aburrido, está viendo el reloj porque se está haciendo tarde y hay que irse a la casa, y ya quisieran que los que reservamos artículos concluyéramos para que el tedio que tienen lo vayan a disipar quién sabe dónde.

Yo sí estoy convencido, porque los electores que votaron por mí, me mandaron a una situación muy concreta, que aunque un voto mecánico se opusiera a la razón, siguiéramos sosteniendo y nos pidió el pueblo que defendiéramos la razón por encima de todas las cosas; y los de la izquierda siempre lo sostenemos, porque nos asiste la razón, que cuando nos asiste no daremos un paso atrás.

Dense tiempo, compañeros Senadores, que están desechando toda la discusión, dense tiempo para reflexionar de manera sensata, de manera concienzuda, de manera responsable lo que ha pasado el día de hoy.

Revisen las propuestas de modificación que han hecho todos los compañeros que aquí han pasado, y estoy convencido de que el sentido de culpabilidad va a ser la aparición en cada una de las mentes de ustedes y los va a acosar de manera permanente, porque lo que acaba de decir el Senador Corral, lo que mencionó la Senadora Dolores Padierna, el Senador Mario Delgado, el Senador Encinas, el Senador Bartlett, todos aquéllos que han reservado artículos, han fundado y motivado el por qué el artículo no puede ir como se está proponiendo, porque violenta de manera flagrante los derechos fundamentales y, en este caso concreto, el derecho de réplica.

Entonces, compañeros, nadie escapa a su conciencia, y yo estoy convencido de que hoy en la noche no van a poder dormir los que voten a favor de esta ley.

Sí, ríanse, ríanse, compañeros, ríanse, porque las felonías más temprano que tarde nos alcanzan cuando las cometemos.
Déjenme decirles que por la forma en que están votando, ustedes están convencidos de que tienen la verdad absoluta, y ni una coma hay que modificarle a la ley de réplica.

Y cuando se plantea que se tiene la verdad absoluta, se los dije en alguna otra participación, este gobierno y sus legisladores están corriendo y llegando peligrosamente a lo que se llama el dogmatismo, y del dogmatismo se da un paso irremediable hacia el fundamentalismo, y cuando hay fundamentalistas, el pueblo es el que sufre, y cuando hay dogmáticos, los liberales, los progresistas, del color que sean, tenemos una obligación de derrumbar esos dogmas y hacer leyes que generen la armonía, que generen la paz y que generen la felicidad del pueblo.

Evidentemente esta ley de réplica lo único que va a generar es la violación, el agravio, el encono, la molestia de los miles y miles de ciudadanos que van a quedar impunes frente a los medios de comunicación.

Existe una jurisprudencia del derecho de réplica que dice:

“El derecho de réplica se tutela a través de procedimiento especial sancionador”

Y dice:

“Para tutelar el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son aplicables las reglas del Procedimiento Especial Sancionador”.

Lo anterior porque debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos, por lo que su expeditez se justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral.

Hasta el cansancio, todos los que reservamos el artículo 37, les hemos hecho notar que el derecho de réplica puede convertirse como algo que sucedió de manera amarga y que la reparación del daño ya no tiene sentido un año o dos años después.

Yo quisiera preguntarle de manera a mi coordinador, porque él es un abogado y yo soy profesor, si el derecho del artículo 37 tiene o no razón, que nos pudiera exponer la expeditez comparada en el derecho electoral o en cualquiera de los otros derechos.

Por ello estamos proponiendo que en la reforma del artículo 37 se aplique el procedimiento especial sancionador planteado en la LEGIPE, porque la expeditez es necesaria en el proceso electoral.

Compañeras y compañeros Senadores, ojalá y que reflexionen, les hago la invitación para que revisen los debates del día de hoy, aunque no logren conciliar el sueño, porque el voto que van a dar va a ser a favor de una felonía en contra de nuestro pueblo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Ofreciendo una disculpa a mis compañeros del Senado, fui aludido, señor Presidente, le pido, para alusiones antes de tomar la votación, discúlpeme, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La alusión no fue directa, pero tiene usted el uso de la palabra para alusiones personales.

Senador Demédicis, usted dijo nada más su Coordinador, esta Presidencia no puede presumir sus deseos de alusión, la alusión tiene que ser directa y, sin embargo, se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo quiero referirme a la responsabilidad que los integrantes de un órgano del Estado, en este caso la Cámara de Senadores, tiene para la construcción de buenas leyes, y hoy no estamos construyendo una buena ley, más allá del interés que se tenga para desahogar el procedimiento legislativo de asuntos, como esta minuta que llegó de Cámara de Diputados para regular el derecho de réplica, debemos tener todos y aceptarlo, que este producto legislativo no es una buena ley, y no es una buena ley, no sólo por las razones aquí vertidas, estamos regulando un derecho que ha sido directamente proporcional a la libertad de expresión, hoy al derecho de información y al derecho de las audiencias.

Estamos en un proceso de construcción de leyes secundarias sobre previsiones constitucionales, que tal parece que hubieran quedado como están desde hace más de un siglo.

Así es que hoy formamos un producto legislativo en donde se establecen reglas de un procedimiento especial de cómo impugnar la negativa del sujeto obligado a otorgar la réplica, formamos un procedimiento especial, en donde el procedimiento supletorio es el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde la sentencia de primera instancia que otorgue un juez federal puede ser apelada, y en donde el producto de la apelación puede ser impugnado por vía de amparo.

Cuando ya no hay mecanismos ordinarios de impugnación, queda el derecho de amparo.

Yo no tengo rivalidad con los medios, no vengo a hacer aquí alusión a ningún medio de información, pero hoy no estamos aprobando una ley nueva, no la estamos aprobando.

Yo comparto que hagamos el esfuerzo, quienes vamos a votar en contra hoy, de acumular el número de firmas necesarias para ir a promover la acción de inconstitucionalidad, y también comparto que hagamos el esfuerzo para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pronto habrá una opinión, por lo menos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viable, de que nuestro comportamiento no es corresponsable con esta sociedad de derechos que reclama el pueblo de México, no estamos haciendo bien el esquema de fortalecimiento de la vida institucional.

El procedimiento parlamentario se ha agotado de manera adecuada, también mi opinión, favorable a la conducción en esta sesión, y los argumentos expresados por las y los Senadores, han correspondido al nivel de esta Cámara de Senadores, pero finalmente el producto legislativo no es la buena ley que merecen las y los mexicanos.

Gracias por escuchar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

En virtud de que la reserva ha sido expuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del artículo 37 del proyecto de ley.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, al artículo 37 del proyecto de ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37 y 39, en los términos del dictamen.

Les informo que el voto en sentido afirmativo es en el sentido del dictamen, en contra, evidentemente, en contra del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro y el conteo de los votos nominales se tiene un total de 59 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37 y 39 del proyecto de Ley de Derecho de Réplica. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.






Honorable Asamblea, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Y 71, ASÍ COMO EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LA ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA OTORGAR INCENTIVOS FISCALES PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

Del Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Proyecto de Iniciativa que adiciona el artículo 196 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar incentivos fiscales para la Ciencia, Tecnología e Innovación, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actividades de investigación y desarrollo han sido consideradas como un factor determinante del cambio industrial y de la competitividad en las actividades productivas, y por lo tanto también del crecimiento económico y el progreso. En este sentido, la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) resulta un tema estratégico para el país, y así se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, aún persiste en México un rezago en el mercado del conocimiento, respecto al contexto global.

La contribución de México a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, representan alrededor de un décimo de lo observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos.

La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1% del PIB.

En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE, e incluso fue menor al promedio latinoamericano.

En 2015 en la Ley de Egresos de la Federación, solo se destinó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un monto de 33,706.7 millones de pesos, mientras que para el próximo año se consideran 34,010 millones de pesos, es decir, un incremento menor al 1% (303 millones que representan apenas un 0.9%), mismo que en términos reales representa un decremento si se considera el factor inflacionario.

Ante el rezago en el sector CTI que padece el país y la disminución presupuestaria es necesario alinear las visiones de todos los actores del sistema y diseñar estrategias conjuntas orientadas a evitar la pérdida de competitividad, así como mantener y fortalecer las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Avanzar en la búsqueda conjunta de esquemas exitosos de vinculación entre las actividades de CTI y el sector productivo, que contribuyan a romper paradigmas e influyan decididamente en la reactivación de la economía, el mejoramiento de los niveles de competitividad y el crecimiento sustentable del país.

Ante los compromisos asumidos para detonar la competitividad y productividad que establece el Plan Nacional de Desarrollo, y que expresamente están en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de competitividad, las disposiciones que establecen la Ley de Fomento de la Productividad y Competitividad, así como la Minuta aprobada por el Senado de la República del 16 de abril de 2015 que reforma a los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y las modificaciones a la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores, al ser considerados servidores públicos, para participar en actividades de vinculación con el sector privador, mediante la conformación de consorcios, alianzas tecnológicas, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios y otras figuras.

Esta iniciativa contribuye a una nueva política de integración entre el sector privado y público, entorno a una meta sexenal de mejorar las condiciones de investigación y competitividad del Estado mexicano, estamos convenidos de la necesidad de fomentar y promover el desarrollo científico y tecnológico nacional con la participación de los distintos sectores que lo conforman, a través de la inversión en actividades universitarias de investigación y difusión del conocimiento, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de la industria productiva, extractiva y transformadora de materias primas en un mundo globalizado, donde la innovación y desarrollo marca el paradigma económico del siglo XXI.

El objetivo de la presente iniciativa es otorgar a los inversionistas e investigadores acreditar sus aportaciones en proyectos de inversión en la investigación científica y tecnológica nacional, contra el ISR a su cargo.

Este proyecto permitirá incentivar la inversión privada y coinversión en universidades e institutos públicos nacionales, con perspectivas de viabilidad técnica y financiera, buscando el desarrollo de nuevos esquemas de generación y aplicación de conocimiento científico y tecnológico que promuevan la recuperación de las inversiones.

La iniciativa considera otorgar estímulos fiscales a contribuyentes que realicen inversiones en proyectos de Investigación; desarrollo tecnológico, innovación, formación de recursos humanos, infraestructura y divulgación Científica y Tecnológica, permitiendo acreditar hasta un 10% del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Adicionalmente, para evitar cualquier distorsión en el objetivo de incentivar a la investigación y desarrollo, establecemos límites como que el monto de la acreditación a distribuir entre los contribuyentes participantes no excederá de 1,000 millones de pesos por año. El estímulo no rebasará los 100 millones de pesos por contribuyente y proyecto, no podrá acumularse respecto al ejercicio fiscal anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

CAPÍTULO VIII
DEL ESTIMULO FISCAL A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ARTICULO 196. Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes que aporten a proyectos de investigación científica, desarrollo de aplicaciones tecnológicas e innovación, así como su difusión, en universidades e instituciones públicas de educación superior que se encuentren en territorio nacional, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, contra el Impuesto Sobre la Renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al Impuesto Sobre la Renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se consideraran como inversión en ciencia y tecnología nacional, las aportaciones económicas que se otorguen a las universidades e instituciones públicas de educación superior para financiar proyectos universitarios de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Para los efectos de esta Ley, se considerarán como inversión en la difusión y promoción de proyectos a las acciones, actividades y estrategias de carácter continuo, amplio y masivo a través de los cuales se den a conocer los proyectos de ciencia y tecnología y los productos que se generen.

Para la aplicación del estímulo fiscal en comento, se aplicará el siguiente procedimiento:

I. El Comité Interinstitucional es el órgano responsable de recibir, evaluar, certificar y otorgar el estímulo fiscal para proyectos de investigación científica, desarrollo de aplicaciones tecnológicas e innovación. Estará constituido por el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien designe como su representante, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio fiscal, no podrá exceder de $1,000,000,000 por cada ejercicio fiscal para los Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología, ni de $100,000,000 por cada ejercicio fiscal por Contribuyente o Proyectos de Inversión. Las cantidades señaladas en el párrafo anterior se dividirán en montos iguales para ser distribuidas en dos periodos durante el ejercicio fiscal.

III. En el caso de los Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología el monto del estímulo no excederá de $40,000,000 pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión.

Tratándose de los Proyectos de Inversión para la Divulgación de Productos de los Proyectos de Ciencia y Tecnología, el estímulo no excederá de 3 millones de pesos por cada Contribuyente y Proyecto de Inversión. En el caso de que dos o más contribuyentes distribuyan un mismo producto, el comité interinstitucional podrá otorgar el mismo monto citado sólo a dos de los contribuyentes.

IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos de inversión en ciencia y tecnología y de divulgación de los productos por los cuales fueron merecedores de este beneficio. El Comité realizará una evaluación semestral de los proyectos beneficiados, el informe se sujetará a las disposiciones en materia de transparencia y acceso de la información pública.

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo fiscal publique por medio de la Secretaria.

VI. La Secretaria publicará en los informes trimestrales la relación de los beneficiarios de dicho estímulo fiscal de acuerdo a las distintas disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de la Función Pública y al de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes sobre múltiples inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los suscritos JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de la Función Pública y al de la Auditoria Superior de la Federación a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días diversos informes sobre múltiples inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de Sal S.A de C.V. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional creemos en la lucha en contra de la corrupción porque es un mal que mina la confianza, la seguridad y la democracia. Es necesario realizar acciones en contra de actos de corrupción sin importar quienes sean los autores de esos actos; tal es el caso por el que se suscribe este punto de acuerdo. No podemos permitir que actos evidentes de corrupción queden impunes. Es necesario velar por un escenario en donde en toda la administración se privilegie la transparencia y la rendición de cuentas. 

En el caso, Exportadora de Sal S.A de C.V (ESSA) es una empresa paraestatal con acciones del 51% respecto de Mitsubishi Corporation que cuenta con el 49% de acciones. Es uno de los “principales productores y proveedores de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico… Está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde opera la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción por encima de 8.0 millones de toneladas anuales. La empresa opera también las instalaciones de carga de barcos en Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos hasta de 180,000 toneladas. Exportadora de Sal es una coinversión entre Fidecomiso de Fomento Minero y Mitsubishi Corporación”.

• Los actos de corrupción han marcado a este sexenio; éste es quizá uno de los principales fraudes a la Nación. Entorno a la empresa existen diversos hechos que son altamente cuestionables:

• Se realizan prácticas monopólicas respecto del mercado japonés. Los convenios con Mitsubishi parecen establecer el precio y concentrar las ventas del mineral en Japón.

• Existen evidencias de que, según el SAT, el Consejo de ESSA venden a Mitsubishi la tonelada de sal en menos de 10.93 dólares; sin embargo, en los documentos de exportación se registra la misma venta en 20 dólares. Sin contar que esas cantidades siguen estando por debajo del precio internacional.

El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Consejo de Administración de ESSA fijar una política de precios de venta de sal: “Se observaron ventas en las que el precio aplicado fue inferior al costo promedio de producción en el 2013, lo que propició que ESSA no recibiera 3 mil 412 millones de dólares (43 mil 816 millones de pesos) para cubrir al menos dicho costo”. Se calcula que para este año es posible que el daño patrimonial alcance los 50 mil millones de pesos, entre las pérdidas cambiarias y los reembolsos entregados por ESSA a Mitsubishi. Al parecer, a pesar de que la ASF ha tenido conocimiento del problema no ha presentado denuncia alguna, tampoco se ha sancionado a funcionario alguno.
• Los temas de precios no son las únicas irregularidades en la empresa. Los sobrecostos de algunas de sus adquisiciones en equipo llaman la atención por el sobreprecio que representan. En mayo de 2014, Jorge Humberto López Portillo Basave autorizó indebidamente la compra de una barcaza por 27.4 millones de pesos y que ante la queja de uno de los participantes la Secretaría de economía ordena la cancelación de la compra; sin que la orden fuera atendida.

• En la empresa se ha puesto en duda la designación de un nuevo director por oponerse a la designación de un nuevo director de administración y finanzas; ya que Jorge Guillermo Esquivel y Esquiveles precedido escándalos por fraudes y enriquecimiento ilícito.

• En materia de presupuesto, ESSA cuesta hoy más al Presupuesto de Egresos de la Federación que los ingresos que produce; es decir, las ganancias se las llevan otros y los costos los pagamos los mexicanos.

• Que el señor Mario Alfonso Alfonso Cantú Suárez actual coordinador de minas de la Secretaría de Economía y que la parece está bajo sospecha de fraude y de enriquecimiento inexplicable en los Estados Unidos de Norte América y que se dice tiene varias propiedades en aquél país que no se justifican con el salario que percibe como funcionario público ha solapado un sinfín de irregularidades en su carácter de Presidente del consejo de Administración de ESSA, entre otras, la doble contabilidad de la empresa, el pago de sueldos y sobre sueldos, la venta de la sal a precio muy por debajo de la cotización internacional. 

• En 2013 los trabajadores (mil trescientos incluidos los de confianza) hicieron la denuncia ante la opinión pública señalando que el socio minoritario Mitsubishi compra a precios muy abajo del mercado y comercializa este producto acaparando la totalidad de la producción con el daño a la empresa bajo la complacencia del presidente del Consejo de Administración de la empresa. 

México es una rica fuente de recursos naturales, tenemos la mina más importante del mundo de sal y los ingresos de la misma por debajo del costo de producción; respecto de una empresa extranjera minoritaria que obtiene el 75% de la producción anual. Es evidente que existen actos de corrupción, un fraude al erario público y consecuentemente, a la Nación.

Así por lo anteriormente señalado y bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea, para que sea considerado de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que proporcione un informe detallado de los ingresos y egresos de la empresa paraestatal Exportadora de Sal S.A de C.V; las formas o razones para fijar el precio de la sal por debajo del promedio de costo internacional y todos los documentos en los que el funcionario de esa dependencia que funge como Presidente del Consejo de Administración ha emitido en favor de la fijación de precios.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación exhaustiva a ESSA y en su caso, inicie las acciones penales correspondientes y remita a esta soberanía un informe detallado de los hallazgos encontrados y de las acciones realizadas.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en apego a sus atribuciones legales, realice una auditoría integral a empresa ESSA S.A. de C.V. y que al término de la misma el Comisario y el Titular del Órgano Interno de Control remitan a esta soberanía un informe detallado que comprenda los tres últimos años de administración y de cuenta de las denuncias del supuesto enriquecimiento inexplicable en favor del Presidente del Consejo de Administración.

Atentamente

Dado en salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre del 2015.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una región educativa prioritaria. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 7 de septiembre próximo pasado, en el marco de la décima cuarta Reunión Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, señaló que la Reforma Educativa tiene “muy clara la misión a cumplir: elevar la calidad de la educación en el país, entendiendo precisamente los retos de cada entidad, los retos de cada región, para que se pueda trabajar con el mismo objetivo, pero con las estrategias específicas para cada estado y región”. [*]

Nuño Mayer abundó que: “someterá a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)” una propuesta para crear un nuevo esquema de coordinación más eficaz, regionalizada en cinco zonas:

I. Zona Noroeste, con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;

II. Zona Noreste, con Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

III. Zona Occidente, con Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;

IV. Zona Centro, con Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala,

V. Zona Sur-Sureste, con Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.” [*]

Además afirmó “que el compromiso es mantener reuniones de trabajo en esas zonas, con una periodicidad de cada tres meses, en las que participen autoridades educativas estatales, gobernadores y subsecretarios de la SEP, para analizar cómo va avanzando la Reforma Educativa en cada entidad y en cada región, así como en las metas de todos los programas en materia de educación.” [*]

Hay coincidencia con el secretario Nuño en el objetivo fundamental de la Reforma, sin embargo, al revisar algunos de los principales indicadores en materia educativa, es posible encontrar alternativas a la regionalización propuesta, atendiendo más allá de la base geográfica planteada.

Inmuebles

Un centro de trabajo es la unidad mínima de responsabilidad en la que se administran los recursos humanos, materiales y financieros que el gobierno federal asigna para la prestación de servicios de educación o de apoyo a la educación. Debido a su importancia dentro del ámbito educativo, se tomó para el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, de Educación Básica y especial 2013 (CEMABE) como una de las unidades de estudio, y debido a su importancia aquí se ha retomado. [*]

Según el Programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, de los 152,895 planteles públicos en el país de nivel básico, sólo 37,176 (24%), de éstos han sido construidos de acuerdo con las condiciones que requieren los propios fines educativos y además cumplen con los requerimientos; es decir que poco menos de una escuela de cada cuatro, cumple a cabalidad con las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El resto de los planteles, 115,719 (76%), no cumplen con los requerimientos mínimos para poder llevar a cabo la enseñanza; es decir, tres de cada cuatro planteles, ponen en riesgo la salud de alumnos, profesores y trabajadores, o el proceso de educación de los infantes.

El desglose es el siguiente: prácticamente la mitad, 75,480 (49% del total) a pesar de haber sido construidos exprofeso, no cumplen los requerimientos, por no contar con pisos, paredes, techos, o materiales adecuados en ellos.

40,239 (26.3% del total) fueron construidos sin cumplir los requerimientos específicos, o son adaptaciones, por lo que trabajan en condiciones más precarias perjudicando el aprovechamiento académico de los niños. [*]  Por si fuera poco, existen 167 escuelas que no cuentan con construcción alguna.

Al realizar un análisis de las cifras del CEMABE 2013 y presentadas en el para establecer que las carencias por entidad, nos arroja los siguientes resultados por los indicadores que a continuación se detallan:

Escuelas con piso de tierra

Chiapas es el estado con mayor número de escuelas en esta condición con 839, lo que representa el 11.79% del total de sus escuelas, seguido de Guerrero 521 Oaxaca 325, Veracruz 226 y Guanajuato 214, todos muy por arriba de la media nacional del 2%.

Escuelas con paredes de material de desecho

Chiapas nuevamente encabeza este rubro con 58 instituciones, seguido por Veracruz (26), Guerrero (24), Oaxaca (22) y Nuevo León (15).

Escuelas con paredes de material de lámina de asbesto, metálica o cartón

En este rubro, una vez más, Chiapas encabeza la lista de escuelas con mayor deficiencias con 312, llama la atención que Jalisco le sigue con 190, Oaxaca en tercer lugar con 118, Guanajuato en cuarto con 92 y Veracruz en quinto con 90 escuelas.

Escuelas con paredes de embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma

Una vez más, Chiapas a la cabeza con 91 escuelas, Guerrero en segundo con 86, Oaxaca en tercero con 75, Veracruz en cuarto con 60 y en quinto lugar, Michoacán con 23.

Escuelas con paredes de madera

Sin variar, Chiapas a la cabeza con 1,159, en segundo Veracruz con 453, tercero Guerrero con 366, cuarto Michoacán con 295 y en quinto Oaxaca con 292.

Escuelas con techos de materia de desecho

Esta ocasión Guerrero encabeza con 26, seguido de Veracruz con 21, Chiapas en tercero con 17, Estado de México con 16 y le sigue Nuevo León en quinto con 14.

Escuelas con techos de material de lámina de asbesto, metálica o cartón

Veracruz a la cabeza con 4,322, le sigue Chiapas con 3,765, Jalisco en tercero con 3,389, Guerrero con 2,716 y en quinto, Oaxaca con 2,645.

Escuelas con techos de madera, tejamanil, palma o paja

En este rubro encabezan Baja California con 555, Chihuahua le sigue con 154, Zacatecas en tercero con 148, Jalisco en cuarto con 131 y Durango en quinto con 125.

Escuelas sin construcción

Guerrero encabeza lamentablemente esta estadística con 24 escuelas sin construcción alguna, Chiapas en segundo con 21, Chihuahua y Veracruz empatados en tercero con 20, Sinaloa quinto con 15.
Con base en lo anterior, las entidades que presentan mayor rezago en infraestructura educativa son las siguientes: Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán.

Zonas de Atención Prioritaria

El artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Rural, establece que se consideran como Zonas de Atención Prioritaria a: “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social” [*] .

Asimismo, el artículo 30 de la misma Ley manifiesta que: “El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales ya nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Coincido plenamente con el objetivo de establecer de manera prioritaria, la atención a las zonas o lugares que más lo requieren como una política enfocada a disminuir la desigualdad que tanto afecta al desarrollo inequitativo del país.

Considero además que el efecto buscado por el actual secretario de educación, se potencializaría, si las deficiencias de las entidades planteadas, se atendieran de manera conjunta, a través de experiencias compartidas, enfocadas a mitigar los rezagos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se establezca una Región Educativa Prioritaria, que comprenda a las siguientes entidades: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, para buscar atender de manera más eficiente los retos que comparten y abatir el rezago en dichas entidades.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

[*]  Nuño Mayer, Aurelio. (2015) Discurso pronunciado al inaugurar la XIV Reunión Plenaria Extraordinaria de Conaedu. 7 de septiembre de 2015, México D.F. Comunicado SEP 260 [En línea]: http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-260-llevare-a-la-sep-a-todos-los-estados-nuno-mayer
[*]  Ídem
[*]  Ídem
[*]  INEGI (2014) Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013.
[*]  Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018 Diario Oficial de la Federación 8 de mayo de 2014 Segunda Sección.
[*]  Ley General de Desarrollo Social






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un informe sobre las acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de disminuir la deserción escolar a nivel medio superior en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las  siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de la sociedad y por supuesto del Estado. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza como seres humanos.

Es claro entonces que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios como un buen desarrollo sustentable, bajos índices de pobreza, seguridad social, y mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionó que México en 2013, ocupó el primer lugar de desertores escolares de bachillerato. [*]

Como se observa, la deserción escolar es una barrera para el país, asentándose primordialmente en el sistema de media superior, lo cual vincula una serie de problemas como lo son: la delincuencia, la drogadiccion, embarazos de adolescentes, entre otros conflictos sociales.

De acuerdo con el estudio Panorama de la Educación 2014, el 81% de los jóvenes de 18 años no estaban inscritos en el nivel medio superior y tampoco el 94% de los que tenian 20 años de edad lograron terminar el bachillerato. [*]

Por tal razón, se debe llevar a cabo un análisis de este abandono escolar, recordando que el Estado esta brindando una responsabilidad inadecuada.

Aunado a esto, el incremento de jóvenes que abandonan la escuela se ha convertido en un grave problema también en el Estado de Zacatecas, ya que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejaron la escuela alrededor de 650 mil estudiantes de nivel media superior en el año 2014. [*]

El reporte de la Secretaria de Educacion Publica del presente año, indicó que en Mexico hay 2 mil 236 planteles de bachillerato con alta deserción, en los que apenas cuatro de cada diez estudiantes concluyen sus estudios. [*]

En consecuencia se podría estar recayendo en el incumplimiento de garantizar una educación hasta nivel bachillerato a todas las personas; es decir, se atenta en contra de un Derecho Fundamental plasmado en el artículo 3 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo. [*]

Es fundamental la educación y debe llegar a todos los sectores sin excepción, el Estado debe proporcionar las garantías adecuadas, contar con el apoyo de los gobiernos estatales para disminuir los niveles de deserción escolar.

Por tal razón, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para combatir los niveles de deserción con el fin de que sean cada vez menores.

En este sentido los jóvenes necesitan que se garanticen propuestas enfocadas a la realidad con la que se enfrentan, y así sean un grupo protegido para encontrar una mejor calidad de vida.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de disminuir la deserción escolar a nivel media superior en la República Mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

[*] Alarma en la OCDE por la deserción escolar en México, Foro Consultivo Cientifico y Teconologico AC, Consultado 2/10/2015, [En Linea] Disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/cti-al-instante/2703-alarma-en-la-ocde-por-la-desercion-escolar-en-mexico
[*] Ibídem.
[*] Antonio Torres, Registra Zacatecas 13% de Desercion Escolar a nivel bachillerato, NTR Periodismo Critico, Consultado 7/10/2015, [En Linea] Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2014/06/10/registra-zacatecas-13-de-desercion-escolar-en-bachillerato/
[*] Lilian Hernandez, En Dos Mil Planteles hay alta Desercion Escolar, Excelsior, Consultado 6/10/2015, [ En Liena] Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040615#view-1
[*] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Consultado 7/10/2015, [En Linea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm






Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que existen para implementar el modelo de gestión migratoria enmarcado en la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

Exposición de Motivos:

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El país enfrenta los desafíos de una voluminosa migración hacia los Estados Unidos de América.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [*]estima que como país de origen, un millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia los Estados Unidos de América cada año. A estos datos se suman los aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera entre México y Estados Unidos en la más transitada del mundo y, a México, en un país con una excepcional dinámica migratoria.

Asimismo, destaca que como país de tránsito anualmente unas 150,000 personas ingresan de manera irregular por la frontera sur. Los principales puntos de internación de migrantes se encuentran en distintas zonas de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los estados que componen la red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia el norte del país, son: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La Organización Internacional para las Migraciones informa también que diversas organizaciones de la sociedad civil organizada han indicado que el promedio anual de migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan a México podría ser de hasta 400,000. Sin embargo, se trata de una cifra negra ya que no cuentan con papeles y, por lo tanto, no existe un registro certero de este fenómeno.

Por su parte, autoridades migratorias de los Estados Unidos de América han informado un importante aumento de niños migrantes que viajan sin un adulto que los acompañe, por lo que más de 50 mil niños migrantes centroamericanos han sido detenidos en territorio norteamericano.

En este mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que más de cuatro mil niños y adolescentes mayormente mexicanos fueron deportados por autoridades migratorias estadounidenses entre enero y abril del 2015, destacando además que la gran mayoría de ellos no iba acompañada de un adulto.

El organismo señaló también que durante su viaje los niños pueden sufrir accidentes, estar expuestos a abusos físicos y sexuales, caer en redes de explotación y trata de personas y ser víctimas de humillación y tratos discriminatorios.

Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social, económico y político actual, es decir, la falta de empleo, la caída del ingreso real y los altos índices de violencia, son factores que influyen en los altos flujos migratorios desde los países de origen a los de destino.

En este sentido, el organismo multilateral destaca que actualmente México enfrenta grandes desafíos en materia de política migratoria. La falta de desarrollo económico, social y político ha impulsado la migración de nuestro propio territorio y de países centroamericanos, hacia Estados Unidos de América y Canadá. Esto ha dado lugar a un incremento de la migración de tránsito hacia la frontera norte.

Los migrantes centroamericanos a su paso por nuestro país viven un sin fin de problemáticas, pues son discriminados, enfrentan vejaciones, amenazas, violencia y extorsiones ya sea por autoridades y/ o por el crimen organizado.

Como lo expresan organizaciones defensoras de los derechos humanos: "Los migrantes son un botín para los cárteles del narcotráfico, para las autoridades de migración y para los policías de cualquier nivel".

Datos del informe "Narrativas de la Transmigración Centroamericana", elaborado por la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, destaca que el delito al que están más expuestos los migrantes centroamericanos es el robo, con 52 por ciento, la extorsión con 33 por ciento y, en tercer lugar, la privación ilegal de la libertad.

Asimismo, destaca que los estados donde se registran más agresiones contra los migrantes son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

En este entorno, el Congreso de la Unión a través de un esfuerzo conjunto de revisión con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y el consenso generado conel Ejecutivo Federal, se logró aprobar la nueva Ley de Migración la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.

El objetivo principal de esta Ley es facilitar y garantizar la movilidad de los indocumentados por territorio nacional, en condiciones de respeto a su vida y dignidad.

En su estructura jurídicaesta Ley establece fundamentalmente lo siguiente:

• La definición de la política del Estado en materia migratoria y los principios rectores en los que debe fundamentarse.

• Describe los derechos y las obligaciones de los migrantes, así como la obligación del Estado mexicano para garantizar igualdad de trato a los extranjeros con respecto a los nacionales para el ejercicio de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria.

• Determina las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de las autoridades auxiliares en el tema migratorio.

• Define al Instituto Nacional de Migración (INM) como el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

• Establece que el Centro de Evaluación y Control de Confianza debe realizar la certificación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, con lo que se obliga a sus colaboradores a cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización para su ingreso y permanencia, debiendo actuar invariablemente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes.

• Establece las disposiciones normativas relativas a la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional, donde la Ley reconoce la protección que debe dar el Estado mexicano a los migrantes que transitan por el territorio nacional en situación migratoria irregular.

• Destaca la celebración de convenios de colaboración por parte de la SEGOB y los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los particulares, con el objeto de que participen en el funcionamiento de los grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional.

• En lo que se refiere al Procedimiento Administrativo Migratorio, establece los derechos de los migrantes que las autoridades deben salvaguardar en el ejercicio de las funciones de control, revisión y verificación migratoria, así como en el alojamiento temporal en una estación migratoria y en los procedimientos de aseguramiento y deportación, incluyendo el respeto al debido proceso y la obligación de tomar medidas para privilegiar la estancia en instituciones públicas o privadas para niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o en especial situación de vulnerabilidad.

• Establece un sistema de sanciones para los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, incluyendo sanciones por violaciones acreditadas a los derechos humanos de los migrantes, así como para las personas físicas y morales que incumplan la Ley. Asimismo, las multas aplicables a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por incumplimientos a la Ley, y se delimitan aquellos supuestos que traen como consecuencia la máxima sanción de la deportación de extranjeros.

• Finalmente, especifica los medios comisivos para la tipificación del delito de tráfico de indocumentados y se incluye como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio. También se incorpora como conducta delictiva el hecho de que cualquier servidor público auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie.

Al hacer efectiva la facultad que el artículo 73 constitucional concede al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, se dio paso a la creación de una política pública acorde y funcional a la realidad de México y los migrantes, que debe ser acatada por todos los órdenes de gobierno.

México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, así como de una profunda vocación hospitalaria y de refugio, está obligado a evitar la discriminación de migrantes y salvaguardar sus derechos humanos.

Dentro de las acciones del Gobierno Federal para definir la política migratoria, el 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 [*], que contribuirá a consolidar una política migratoria basada en la promoción delos derechos humanos, desarrollo sustentable, género, interculturalidad y seguridad humana.

El Programa reconoce que en la actualidad, e independientemente de su situación migratoria, el respeto a los derechos humanos de los migrantes sigue siendo un reto tanto en el exterior, como en territorio nacional, por lo que hace a los extranjeros.

En este sentido busca integrar y coordinar de manera interinstitucional el fenómeno migratorio a través de los siguientes objetivos:

a) Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración.

b) Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local.

c) Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana.

d) Favorecer los procesos de integración y reintegración delas personas migrantes y sus familiares.

e) Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos.

Asimismo, el Programa busca articular políticas públicas que faciliten la integración de los migrantes a través de un mejor acceso a los servicios de salud, prestaciones laborales con empleo asalariado y seguridad jurídica.

El documento resalta que el Gobierno de México reconoce que el fenómeno migratorio requiere de la cooperación interestatal e interinstitucional y, para ello, establece que las nuevas políticas migratorias tendrán como prioridad asegurar el bienestar de la persona migrante a fin de consolidar su papel como agente para el desarrollo.

Como vemos se trata de promover una gestión eficaz de la migración, tarea que requiere corresponsabilidad de todos los actores, incluyendo la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y expertos, así como de los tres órdenes de Gobierno y del Poder Legislativo.

Pese al andamiaje institucional existente, legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la ausencia de mecanismos donde se analicen, discutan y formulen las propuestas de políticas públicas que incluyan la participación de gobiernos estatales y municipales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, para implementar de forma efectiva la Ley de Migración y construir una política de Estado integral y transversal bajo la estricta observancia de los derechos humanos.

Debemos reconocer que a más de tres años de vigencia, la Ley de Migración muestra limitaciones y deficiencias que dificultan la construcción de una política integral en materia migratoria.

La realidad es que los migrantes enfrentan enormes retos y obstáculos, además de tratos indignos que atentan contra sus derechos humanos.

Es por ello, y con el fin de resolver las deficiencias que actualmente presenta la Ley de Migración, que se realiza esta proposición para fortalecer la coordinación y aplicación del marco normativo migratorio, con el fin de dar integridad y coherencia a la política y la gestión de México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a informar a esta Soberanía sobre los avances que existen para la adecuada implementación de la política del Estado mexicano, respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a fomentar los espacios de participación donde se analicen, discutan y formulen las propuestas de políticas públicas de gobiernos estatales y municipales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar de forma efectiva la Ley de Migración y construir una política de Estado integral y transversal bajo la estricta observancia de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.

[*] Consultar en: http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2
[*] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5343073&fecha=30/04/2014






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a entregar a la Universidad Veracruzana los recursos federales destinados para el correcto desempeño de sus labores como institución docente. Se turna a la Comisión de Educación.








Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

De los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se encuentran los siguientes:

I. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;

II. PROCAMPO Productivo;

III. Prevención y Manejo de Riesgos;

IV. Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; 

V. Sustentabilidad de los Recursos Naturales, y 

VI. Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, VII. Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. 

En la presente proposición tocaremos el tema relacionado con el Programa denominado, Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, ya que nos parece importante dar a conocer algunos de los resultados acerca de la auditoría que se realizó al programa de mérito por parte del Órgano Fiscalizador de la Federación, y que son alarmantes.

Los componentes que integran el Programa Federal en comento son:

• Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye apoyos a Organizaciones Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); 

• Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (incluye Capacitación Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales), e 

• Innovación y Transferencia de Tecnología. 

El artículo 37 de las Reglas de referencia instituye el objetivo del plan, siendo este el de “mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto Nacionales, Regionales y Estatales, como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural”.

En este sentido la disposición de mérito señala que la población objetivo son, entre otras, organizaciones del sector rural cuyo objeto social contemple la representación de sus integrantes en los foros e instancias creadas para la participación del sector rural, asimismo los apoyos otorgados van desde los quinientos mil hasta cinco millones de pesos.

También es menester señalar que para año con año el presupuesto asignado para la operación del programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, aumenta de manera significativa.

CONSIDERACIONES

Resulta interesante observar que las cifras destinadas para la operación del programa objeto de nuestra proposición, no son menores. Se advierte que se ha destinado unas cantidades de dinero importantes y que sería destacable saber que resultados se han obtenido en la aplicación del recurso citado.

Para tales efectos, nos dimos a la tarea de revisar los últimos Informes de resultados elaborado por la Auditoría Superior de la Federación llamándonos particularmente la atención algunos dictámenes, sobre todo por el hecho que supone que el trabajo de la Auditoría no tiene una resonancia relevante, pero para nosotros, como para muchos más resulta relevante alzar la voz para que se conozcan estos datos, a fin de hacer un enérgico llamado a la autoridad responsable para que se tomen las medidas pertinentes y que este tipo de resultados dejen de presentarse en el ejercicio de recursos públicos y más los destinados a programas sociales.

Los últimos informes dejan de manifiesto que la Dependencia responsable del Programa; SAGARPA, no exhibió, en algunos ejercicios fiscales los soportes documentales relativos a los apoyos otorgados para la integración de los proyectos, el desarrollo de capacidades, el extensionismo rural, y la innovación y transferencia de tecnología; tampoco acreditó la información correspondiente al impacto de los apoyos otorgados destinados a la promoción de innovaciones encaminadas a la mejora de procesos productivo, comerciales y organizativos.

Por lo anterior, la Auditoría en varias de sus conclusiones señala, en su dictamen que los resultados obtenidos revelan graves deficiencias en la operación del Programa en cita, y remata advirtiendo la necesidad de realizar una evaluación del mismo, con el propósito de corregir, modificar, adicionar, reorientar, o suspender total o parcialmente el programa de conformidad al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social.

Para pronta referencia nos permitimos citar integra la disposición mencionada en el párrafo que antecede:

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

En virtud de lo anterior, queda claro el desaseo con el que se ha estado operando el Programa de mérito.

Sin embargo, lo que resulta por demás increíble, es la decisión de la autoridad de desconocer la recomendación principal del Órgano fiscalizador o por lo menos eso parece, ya que para el ejercicio fiscal del año 2014 no sólo se volvió a poner en marcha la operación de dicho proyecto sino que se le otorgaron mayores recursos. Cuando lo procedente tendría que haber sido realizar la evaluación para determinar la conveniencia de seguir ejecutando el programa.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a anular, revocar o cancelar los permisos que se hayan otorgado a empresas que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fin de que anule, revoque o cancele los permisos que se hayan otorgado a empresas, que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos.

CONSIDERACIONES

El Estado de Baja California Sur se encuentra ubicado en la franja de los grandes desiertos del mundo en la que predomina el clima seco cálido. Sin embargo, existe un área montañosa conocida como Sierra La Laguna que se caracteriza por su riqueza biológica, sobre todo por la diversidad de especies vegetales y la fauna de la zona. Inclusive, debido a que los principales arroyos y cuerpos de agua subterráneos del estado se localizan también en esta región, se considera que esta área tiene un gran valor por sus ecosistemas únicos y como sitio de recarga de los mantos acuíferos.

Actualmente, el estado de Baja California se encuentra inmerso dentro de una controversia generada entre diversas organizaciones de la sociedad civil y la empresa Desarrollos Zapal S.A de C.V., cuyo objetivo es llevar a cabo un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. El proyecto denominado Los Cardones, de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V., se ubica aproximadamente a catorce kilómetros de la carretera La Paz- Todos Santos y a diecinueve kilómetros de la carretera federal La Paz- El Triunfo, colindando hacia el noroeste con Valle Perdido, al noreste con San Simón y al suroeste con Santa Gertrudis.

Se trata de un proyecto minero metalúrgico, con obras y actividades para la explotación de una mina de tajo abierto, es decir, a cielo abierto, en la Delegación de San Antonio en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, al interior de los predios “Jesús María” y “La Junta”.

De acuerdo con distintos medios impresos, desde el año 2010 la empresa canadiense Vista Gold ha intentado explotar esta zona a pesar del daño que ocasionaría al ecosistema y su biodiversidad. En febrero de 2010, ciudadanos de Baja California Sur lograron detener el proyecto y en el mes de octubre de aquel año quedó suspendido, no por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sino por los propios empresarios que decidieron no continuar con el proyecto.

No obstante, desde la semana pasada el problema ha resurgido en virtud de que diversos medios de comunicación han informado del cambio de uso de suelo de los terrenos donde se pretenden desarrollar las actividades mineras. Lo anterior porque la zona donde se pretende llevar a cabo la extracción del mineral es un área protegida.

Como ya se señaló, la región se caracteriza por su flora y fauna, ya que sus condiciones físicas y el medio ambiente de la zona han favorecido el desarrollo de diferentes tipos de vegetación. Así, es posible encontrar una gran diversidad caracterizada por la presencia de matorral, bosque tropical caducifolio, vegetación de cañada o bosque de galería, bosque de encinos, bosque de pino-encino y pastizal.

De acuerdo con el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el día cinco de junio de 1992 y firmado ad referendum por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el trece de junio de 1992, las partes contratantes reconocieron el valor intrínseco de la diversidad biológica y su necesaria conservación, por lo que en la medida de sus condiciones y capacidades particulares tienen el deber de elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. En este sentido, entre otros asuntos, las partes deben establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.1

En este contexto, el seis de junio de 1994 el área conocida como Sierra La Laguna fue declarada Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera, cuya extensión es de aproximadamente 48 kilómetros de largo y un promedio de 20 kilómetros de ancho.

Por tal motivo, diversas organizaciones civiles, entre ellas la asociación civil “Agua vale más que el oro” exigieron revocar las concesiones a aquellas mineras que realizan minería extensiva a cielo abierto porque están destruyendo los ecosistemas y, con ello, la vida humana.

Pero no solo las asociaciones civiles están en contra de este proyecto, sino que también han alzado lo voz, ciudadanos de todas las edades, ejidatarios, representantes de cooperativas de comercio, científicos, médicos, exfuncionarios, dirigentes de asociaciones civiles y grupos ambientalistas.

A lo largo del tiempo, todas las organizaciones civiles han evidenciado las irregularidades acontecidas durante el proceso de otorgamiento de los permisos que al efecto deben darse a un proyecto de tal naturaleza, incluso desde la recepción de la solicitud de uso de suelo realizada por la empresa Desarrollos Zapal S.A de C.V., quien pretende llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones antes referido.

El día 12 de junio de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, aprobó de forma condicionada la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto minero Los Cardones, sin embargo, dicho proyecto no podría concretarse si no cuenta con la opinión favorable de autoridades estatales y municipales, así como los trámites cubiertos de cambio de uso de suelo, de acuerdo con lo manifestado por el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Las condiciones impuestas por la autoridad ambiental son:

• La empresa no podrá desarrollar actividades distintas a las autorizadas, como lo sería la disposición del tepetate (suelo endurecido) para generar drenaje ácido.

• Deberá tener autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obras de infraestructura hidráulica y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas.

• Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental MIA-R y en el Estudio de Riesgo Ambiental.

• Presentar un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de los condicionantes exigidos por la SEMARNAT, a través de un estudio técnico-económico que indique el valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por incumplir las condicionantes.

• Presentar planes de manejo de residuos mineros, para la protección de tortugas marinas, criterios para la preparación del sitio, así como protección, construcción, operación y pos operación de presas de jales, es decir, presas para retener materiales producidos por la explotación minera.

• Impartir pláticas y acciones de educación ambiental para conservar las tortugas marinas, así como instalar letreros y no usar vehículos motorizados en zonas de anidación de tortugas marinas.

• Presentar informes que garanticen el cumplimiento de dichas condiciones.

Además de lo anterior, la empresa promotora Desarrollos Zapal S.A de C.V., del grupo Invecture debe cubrir cinco condiciones, entre ellas tener el visto bueno del gobierno del estado y del ayuntamiento, así como obtener el cambio de uso de suelo.

Sobre la polémica que ha generado este proyecto, con razón el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, integrado por 37 organizaciones civiles se oponen terminantemente a la llamada minería tóxica, dado que el proyecto es inviable por todas las severas afectaciones ambientales que podría tener en la Sierra de la Laguna. Agregó que los promotores manejaban en su MIA original que el proyecto generaría 150 empleos directos, sin embargo, no se señala en este sentido la enorme generación de recursos que por vía de la actividad turística y que ingresan sobre todo a los municipios de La Paz y Los Cabos, generando a su vez unos cien mil empleos directos e indirectos.

Sobre el particular debo destacar compañeras senadoras y senadores, que todo proyecto viable que genere recursos y empleos en favor de las familias sudcalifornianas, por supuesto que cuentan con nuestro apoyo decidido, como por ejemplo la exportadora de sal que incluso el año pasado realizamos un evento en la Sede del Senado para que conocieran esta trascedente actividad; pero también hay extracción de yeso y cobre, ya que entendemos los beneficios que puede dar a nuestra Entidad Federativa todo proyecto que genere recursos y empleos, pues nos queda claro que es tarea ingente que los que representamos a la sociedad sudcaliforniana, tomemos acciones decididas en apoyo a nuestros conciudadanos.

Pero lo que no podemos permitir es que como legisladores que somos, permitamos que se violenten las leyes para beneficiar indebidamente a unos cuantos, esto es inadmisible, y más aún como es el caso que nos motiva a estar en esta Alta Tribuna, que se vea afectada la salud de nuestra gente, de nuestros niños, esto sería un acto lesivo que no podemos ni vamos a permitir.

Como un acto de justificación de estas actividades se afirma que el proyecto Los Cardones generará 1500 empleos directos e indirectos y la inversión estimada es de aproximadamente de dos mil ochocientos veintiún millones de pesos. Pero ni dicha inversión ni a la supuesta generación de empleos compensarían el grave daño que pueda causar al medio ambiente y a la salud de los pobladores de mi Estado, pues no se puede negar que esa actividad deteriorará el ecosistema y afectará la salud de mis conciudadanos, toda vez que aquellos residuos que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamables biológicas o irritantes representan un serio peligro para la salud, el equilibrio ecológico y al ambiente.

Por ello, consideran los ambientalistas y conocedores del tema, que resulta absolutamente innecesario incursionar en la extracción de oro con afectaciones que pueden ser irreversibles, por ello, compartimos la preocupación de los ambientalistas y la ciudadanía de Baja California Sur que cuestionan con sobrada razón, el que pretendan realizar la extracción de oro en una zona de la biosfera, en severo perjuicio del medio ambiente y la salud humana.

Las actividades de extracción de minerales, comprenden una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales, como ya lo he señalado, las cuales perduran en el tiempo, más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales, por lo que la autoridad competente no debe autorizar la extracción de oro por las razones antes anotadas.

Coincidimos con las comunidades y los ambientalistas en el sentido de que ante la magnitud de los posibles daños que se puedan causar al medio ambiente, que no se limitarían a las zonas de extracción, es fundamental la participación de todos los sectores interesados en la preservación del medio ambiente, con la finalidad de prevenir algún desastre ecológico.

Los argumentos que han quedado expuestos mediante el presente punto de Acuerdo, nos hacen arribar a la conclusión de que la autoridad competente, no debe autorizar que se lleven a cabo las actividades de extracción de minerales como en este caso, lo es el oro, motivo por el cual, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición  con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fin de que anule, revoque o cancele los permisos que se hayan otorgado a empresas, que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el Estado de Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el caso de las solicitudes de manifestación de impacto ambiental  por parte de empresas relativas a la exploración y extracción de oro, se revoquen, cancelen, o en su caso, sean negadas las autorizaciones solicitadas en términos del artículo 35, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con motivo de concesiones que puedan ser autorizadas para el Estado de Baja California Sur.

Esto con la finalidad de salvaguardar el ecosistema y sus mantos acuíferos y evitar   que atenten a la explotación indebida en sus áreas naturales protegidas en dicha entidad.

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.


1 Artículo 8, inciso a), del Convenio Sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social y al gobierno de Sinaloa a agilizar la entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesqueras de ese estado, afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

El suscrito, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º numeral I fracción II, 276 numeral I fracción I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta a Titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al Gobierno de Sinaloa para que en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme a las disposiciones legales agilicen la entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesquera de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pesca en México tiene un valor económico, social y alimentario con fuertes impactos regionales en la que su elevado potencial de producción ha contribuido de manera importante en la solución de problemas alimentarios, nutricionales y de generación de empleos. Esta actividad se realiza en tres áreas geográficas principales: 1) litoral del Pacífico; 2) litoral del Golfo y El Caribe; y 3) aguas continentales.

Sinaloa es uno de los estados privilegiados por su naturaleza geográfica, permitiendo el desarrollo de las actividades en la pesca y acuacultura comerciales, actividades que tienen importancia económica y social para el país y la entidad. Se encuentra situado al noroeste del país, en la costa del Golfo de California; una de las regiones de gran diversidad de especies acuáticas y con mayor producción pesquera y acuícola nacional.

En los últimos años se ha mantenido como el segundo productor pesquero a nivel nacional, destacando la captura de sardina, atún, macarela, camarón, jaiba, mojarra, tiburón, cazón y calamar, entre otras. Las principales especies que sostienen la pesca, son: sardina, atún, camarón y jaiba.

El Estado agrupa un alrededor del 24% nacional de la flota mayor, más del 18% de la industria pesquera de procesamiento; el 53% de las granjas productoras de camarón; el 13% de las cooperativas pesqueras ribereñas y poco más del 15% de la población pesquera nacional. [*]

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la producción pesquera de la entidad para el 2013 fue de alrededor de 328 mil toneladas de peso vivo, lo que le permitió contribuir con 20% de la producción pesquera nacional, siendo la segunda en relación con el volumen de la producción y la primera en valor.

Con base a la misma información, existen alrededor de 47 mil trabajadores directamente involucrados en el sector pesquero, de estos, un 74% se dedica a la pesca de captura y el resto a la acuacultura y otras actividades pesqueras.

También posee el mayor número de embarcaciones a nivel nacional con 12 mil. De estas unidades el 90% (11 mil 198 embarcaciones) se dedican a la pesca ribereña y 6.6% (469 embarcaciones) a la pesca de altura, exclusivamente al camarón, las restantes a la pesca de atún, sardina-anchoveta y escama (77 embarcaciones).

A lo largo de su extensión territorial de 622 km de litorales se encuentran alrededor de 62 comunidades pesqueras de mayor importancia comercial y producción, dentro de las cuales destacan el puerto de Mazatlán, Topolobampo, El Castillo y La Reforma.

La pesca ribereña es una de las actividades tradicionales con mayor importancia de la entidad, en esta participan el mayor número de embarcaciones y pescadores, en todo el litoral se encuentran ubicados cientos de campamentos pesqueros y comunidades pesqueras que practican este tipo de actividad. Cabe aclarar que en muchas de estas regiones la actividad pesquera es único sustento o fuente de empleo por carecer de otras actividades productivas.

No obstante, en ocasiones la pesca ribereña es considerada de escasa importancia en la economía local. Dentro de los principales problemas, este tipo de pesca se caracteriza por un relativo estancamiento y bajo nivel de desarrollo social y económico. Esta también tiene importancia como fuente de empleo en las zonas rurales ribereñas, marinas y continentales en las que es considerada un “amortiguador” social del desempleo rural de la región con inadecuado acceso a fuentes de capital y crédito, aunado a mecanismos para la previsión y seguridad social y la salud.

Lo datos anteriores permiten dar cuenta de la importancia que el sector pesquero significa para Sinaloa, no obstante esta actividad continua presentando una serie de problemas como la sobreexplotación de especies, la falta de inspección y vigilancia, la pesca clandestina e ilegal, la flota caduca, el deterioro ambiental, entre otros.

Pero a pesar de que Sinaloa ha hecho grandes esfuerzos por seguir siendo uno de los principales estados con mayor producción pesquera, sigue siendo insuficiente ya que se tiene que tomar en cuenta tres aspectos elementales para resolver su situación: el primero es, porque el sector es considerado una fuente significativa de alimentación, el segundo, porque da ocupación a una gran cantidad de personas que laboran directa e indirectamente en la actividad pesquera y acuícola y, el tercero, porque es un sector importante en la generación de ingresos. Estos aspectos parecen encuadrarse en dos líneas principalmente, la correspondiente al desarrollo económico y sustentable del sector y, por consecuencia a su rentabilidad y, la que tiene como destino el desarrollo social y armónico de las comunidades pesqueras.

Por otra parte en la actual temporada de pesca de camarón de ribera y altamar, no se han presentado las capturas que se pronosticaron, ya que en algunas zonas la producción del apreciado crustáceo ha caído hasta en un 50%, causando pérdidas económicas a los pescadores ribereños y de altamar. De igual forma otras pesquerías como las de escama no se han recuperado y continúan bajas las capturas.

A todo esta problemática hay que adicionarle los fenómenos naturales que se presentan en la temporada de huracanes caracterizados con centros de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia, que por sus efectos climatológicos paralizan las actividades y operaciones pesqueras por el mal tiempo, con el resguardo en los puertos y costas de todo tipo de embarcación pesquera.

Es el caso del fenómeno meteorológico denominado “Marty” que se presentó a principios del mes de octubre de 2015, que produjo intensos vientos, olas grandes, tornados y lluvias torrenciales que provocaron fuertes inundaciones y marejadas ciclónicas en áreas costeras del pacífico mexicano. Debido a este fenómeno varios de los puertos de este litoral fueron cerrados a la navegación hasta que las condiciones meteorológicas lo permitieran.

De acuerdo con la información de los avisos 5 y 6 del Servicio Meteorológico Nacional “Marty” ingresó con mayor intensidad en el transcurso de la tarde del día 3 de octubre de 2015, sobre Sinaloa a 185 kilómetros de Mazatlán y a 210 kilómetros del suroeste de Culiacán, su capital, con vientos sostenidos de 25 kilómetros por hora, lo que generó lluvias intensas, con puntuales torrenciales.

Debido a ello capitanía de puerto alerto a los pescadores, quienes pudieron algunos tomar las precauciones y alertas para refugiarse en puertos y zonas de resguardo en la costa, sin embargo algunos pescadores fueron sorprendidos en altamar sin darles tiempo de resguardarse lo que provoco realzar maniobras de rescate para su salvaguarda.

Asimismo, los remanentes por los fuertes vientos y lluvias intensas provocaron grandes pérdidas de equipos y unidades de pesca como embarcaciones, motores y artes de captura en las comunidades pesqueras del sur, centro y norte del estado, con pérdidas cuantiosas a miles de pescadores ribereños.

Una de las regiones más afectadas de la costa fue la zona norte de los puertos y campos pesqueros de Topolobampo, Dautillos, Ohira y Paredones, entre otros más de influencia pesquera y desembarque. En estas zonas el fenómeno meteorológico causo graves destrozos a infraestructura rustica portuaria y el hundimiento y quebranto de pangas, motores y redes de pesca, con pérdidas cuantiosas económicas, ya que muchas de estas fueron pérdidas totales.

De igual forma, en la zona sur se presentaron perdidas en las zonas y comunidades pesqueras como la playa norte y la isla de la piedra en el Puerto de Mazatlán.

En todas estas zonas afectadas fueron paralizadas las actividades y operaciones de captura ya que miles de pescadores quedaron sin sus equipos y embarcaciones para continuar con la faenas de pesca y por ende se han visto afectados con la perdidas de su principal fuente de empleo.

Las pérdidas totales han sido cuantiosas, pero dentro de los principales problemas que actualmente enfrentan los pescadores es la paralización total de las operaciones de pesca que les ocasiona graves problemas económicos y sociales por carecer de una fuente de sustento.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme las disposiciones legales, agilice la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Sinaloa en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme las disposiciones legales, agilice la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

[*] Cooperativas Pesqueras Exitosas en Sinaloa: Lecciones para aprender y compartir. En http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/dgof/publicaciones/CooperativasPesquerasExitosas.pdf






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 27 de octubre. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que el Senado se pronuncia clara y contundentemente en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 27 de octubre, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cuando el 17 de diciembre de 2014, se diera inicio a una nueva era en las relaciones cubano-norteamericanas, con el ya histórico anuncio hecho por los Mandatarios de ambos países, se generó una percepción y un optimismo, casi generalizado, de que las recientemente reanudadas relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos representaban la regulación en todos los órdenes de las actividades económicas, comerciales, financieras y turísticas.

Como parte de los cambios en la política estadounidense hacia Cuba, el Presidente Obama anunció también varias medidas dirigidas a modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. El 16 de enero de 2015 entraron en vigor enmiendas a las regulaciones de los Departamentos del Tesoro y Comercio, que si bien constituyen un paso en la dirección correcta, resultan limitadas e insuficientes ante la magnitud y el alcance que tienen las leyes del bloqueo para Cuba y el resto del mundo, dado el carácter extra territorial de las mismas, leyes que se mantienen en vigor y se aplican con rigor.

Si bien el discurso de Obama suena optimista, los hechos no lo han sido del todo. El pasado 11 de septiembre de 2015. Barack Obama prolongó la llamada Ley de Comercio con el Enemigo mediante un Memorándum dirigido a las Secretarías de Estado y del Tesoro, explicando que su decisión de prorrogar por un año más dicha Ley, está "en el interés nacional" de los Estados Unidos de América. [*] Dicha Ley se puede considerar la base de todas y cada una de las Leyes y reglamentaciones que sostienen el injusto bloqueo sobre Cuba y, ciertamente, es con mucho margen, el Estatuto principal que activa el bloqueo, pero también es el único que confiere la actividad ejecutiva al Presidente para relajar el mismo a la Isla.

Cabe señalar que Cuba es el único país para el cual está vigente esta legislación, la cual, desde 1959, cada Presidente norteamericano ha prorrogado como parte del “nudo gordiano” que conforma el bloqueo, siendo perjudicial para los derechos de una nación soberana e independiente.

Con la decisión histórica de reanudar relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y Estados Unidos de América anunciada por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre de 2014 y los actos de apertura de las Embajadas en las que se izaron las banderas de ambos países, en Washington y en La Habana, los días 20 de julio y 14 de agosto respectivamente, se abrió una gran esperanza de cambio en las relaciones internacionales. Si bien es cierto que para eliminar el bloqueo se requiere la acción del Congreso norteamericano, también es cierto que dentro de las facultades de Obama está la de no haber prorrogado la permanencia de Cuba en la Ley de Comercio con el Enemigo, lo que tiene una elemental lógica en el cambio sucedido en las relaciones entre los dos países.

El Sr. Barack Obama debe ser congruente con las acciones tomadas y sus declaraciones en el sentido de la obsolescencia y fracaso de las políticas seguidas, promover un cambio de política, el haber sacado a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, por lo que dicha medida de prórroga era innecesaria, además de que el bloqueo contra Cuba no es una cuestión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos de América. La repetida aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas y la persecución contra los legítimos intereses de empresas y ciudadanos de terceros países afectan significativamente la soberanía de muchos otros Estados. Al amparo de esa política, continúan aplicándose sanciones a empresas norteamericanas y europeas así como de otros países, por realizar transacciones con Cuba.

En suma, la política de bloqueo económico y de subversión política contra Cuba, por parte de los Estados Unidos de América, ha resultado perjudicial para sus propios intereses, como lo ha expresó el propio Presidente Obama el pasado 20 de enero del 2015 en su mensaje sobre el estado de la Nación, pero sabemos que en el fondo, sin desconocer los avances alcanzados, está muy lejos la deseada regularidad en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y mientras la misma no se alcance plenamente, las relaciones de los Estados Unidos de América con los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe, hoy agrupados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no será de confianza y respeto.

Raúl Castro, presidente de la República de Cuba, dejó muy clara la posición de la Isla en la reciente cumbre de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, cuando dijo que “El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de embajadas y los cambios que el presidente Barack Obama ha declarado en la política hacia nuestro país constituyen un importante avance, que ha concitado el más amplio apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, persiste el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, por más de medio siglo, el cual causa daños y privaciones al pueblo cubano, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país, afecta a otras naciones por su alcance extraterritorial y continúa perjudicando los intereses de los ciudadanos y las compañías estadounidenses No renunciaremos jamás a la dignidad, la solidaridad humana y a la justicia social, que son convicciones profundas de nuestra sociedad socialista”.[*]

De acuerdo a los datos oficiales y a un documento presentado por Cuba a la ONU de junio de 2015 y que será abordado en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 27 de octubre del año en curso, se desprende que “el daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, asciende a 833 mil 755 millones de dólares, a pesar de la reducción del precio del oro en comparación con el período anterior. A precios corrientes, durante todos estos años, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 121 mil 192 millones dólares.” [*]

A lo que habría de sumar el daño humanitario que provoca cada día, pues el bloqueo es extremo y no puede tampoco expresarse en cifras, aunado a que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. A ello, reitero, se suma el carácter de extraterritorialidad que afecta a todos los países del mundo, viola el Derecho Internacional y en Particular el Principio de Igualdad. El discurso del Presidente Raúl Castro de la necesidad de defender y conservar los logros del régimen en más de medio siglo, es contundente. De manera libre y soberana, Cuba puede hacer cambios para perfeccionar el camino que ha escogido, pero no hará concesiones ni traicionará Principios y, quienes por más de 50 años han hecho frente al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, y han subsistido al inhumano bloqueo, podrán escoger de igual forma, libre y soberanamente el sistema y el camino que recorrerán en el futuro.

Dentro de la actual coyuntura que se ha dado con el mejoramiento de las relaciones con la hermana República de Cuba, así como el relanzamiento de los lazos de amistas que durante décadas han unido a nuestras naciones, es imperante que el Senado de la República vuelva a alzar la voz contra el bloqueo y se pronuncie a favor de la libre autodeterminación del pueblo cubano.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO. El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior y congruente con su posición de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, se pronuncia clara y contundentemente en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco de la discusión que se dará en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 27 de octubre del año en curso.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga llegar al Congreso de Estados Unidos de América nuestra solicitud respetuosa de poner fin al injusto bloqueo en contra de la República de Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por el levantamiento y eliminación definitiva del mismo.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*] Obama prolonga un año más las medidas del embargo comercial a Cuba, Diario EL COMERCIO, disponible en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/obama-prolonga-ano-medidas-embargo.html.
[*] Discurso de Raúl en Cumbre de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, 28 de septiembre 2015, disponible en: http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_CU_es.pdf
[*] INFORME DE CUBA, Sobre la resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, Junio de 2015, disponible en: http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/INFORME%20BLOQUEO%202015%20Esp.pdf






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar mayores recursos para la creación y operación de los centros de justicia para las mujeres. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora Martha Angélica Tagle Martinez, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar mayores recursos para la creación y operación de los centros de justicia para las mujeres, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, al igual que en otros países, la violencia ha constituido un grave problema para la convivencia armónica y pacífica de su sociedad, pues genera diversas implicaciones en la vida social, económica y democrática de México. De acuerdo con este índice global de paz 2015, México retrocedió seis lugares al ubicarse en el lugar 144 de 162 naciones evaluadas y se situó también como el país más violento de Centro América y el Caribe, y el segundo en toda América Latina, sólo por debajo de Colombia1.

Uno de los sectores severamente afectados por la violencia en México son las mujeres. De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra Mujer de las Naciones Unidas, la violencia se presenta en diversas expresiones como: violencia física, sexual y psicológica y se pueden llevar a cabo en diferentes ámbitos como en la familia, dentro de una comunidad en general o la perpetrada por el Estado2.

En nuestro país las mujeres forman un segmento muy importante de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a marzo del 2015 las mujeres representaban el 51% de la población total de México, lo que significa una población total de 61 millones de mujeres y el mayor segmento de población femenina en México se concentra en una edad de 10 a 34 años.

La violencia contra las mujeres constituye una violación grave a los derechos humanos que afecta las libertades fundamentales de las personas e impide el pleno desarrollo de sus garantías. De esta forma, la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo no tan solo para el logro de la igualdad, sino también para el desarrollo de la paz en sus respectivas sociedades.

Para el caso de México, la violencia hacia las mujeres ha ido en aumento en los últimos años y se genera en todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2011, se registró que de un total 24 566 381 millones de mujeres casadas o unidas de más de 15 años 11 018 417 millones han sufrido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

Por otro lado, la violencia física que entraña uso intencional de la fuerza o de un arma para perjudicar la integridad corporal, en un intento de intimidar y controlar a la mujer se identificó que del total de mujeres casadas de la encuesta el 25.8% de ellas habían sido agredidas físicamente por su pareja.

Asimismo, de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares se desprende que en el país 16.2% de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido lesiones de extrema gravedad. Esto que significa la existencia de un total de 1, 785,469 víctimas, en cuyos hogares posiblemente este tipo de hechos generan entorno toxico y sus efectos se impregnan también en sus hijos y familiares más cercanos.

En el caso de los grupos más vulnerables la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Agenda Nacional 2013 registra que 8.1 millones de mujeres indígenas viven en condiciones de violencia familiar, abusos y agresiones a su integridad física y moral, además de la falta de acceso a servicios de salud y educación.

Si bien, el marco jurídico mexicano contempla una ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la falta de armonización de leyes estatales da lugar a tratamientos diferenciados que impiden el acceso a la justicia.

Ante esto, el 7 de agosto 2012 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, recomendó Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los Centros de Justicia para las Mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y muchachas que son víctimas de la violencia.3

Desde el 18 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación como programa de Prioridad Nacional para alcanzar los ejes estratégicos el denominado Acceso a la Justicia, el cual tiene como objetivo crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres, con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Los Centros de Justicia para las Mujeres en México, tienen por objeto concentrar a las diferentes instancias gubernamentales a efecto de que éstas presten sus servicios a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; fortalecer su capacidad de denuncia; promover el acceso a la justicia; y brindar atención integral a las mujeres para encontrar un proceso de redignificación para alcanzar una posición de persona capaz de ser responsable en su recuperación, de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada.

De acuerdo con los artículos 25, fracción VII y 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la existencia y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con cargo a recursos Federales. El Fondo de Aportaciones es un fondo presupuestal de los estados y del Distrito Federal en el que se transfieren recursos a las entidades federativas para cumplir diversas estrategias englobadas en 17 Programas con Prioridad Nacional, acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Dentro de esta 17 Programas con Prioridad Nacional se encuentra el denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres el cual transfiere recursos para el crecimiento y fortalecimiento de los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres y es en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal en donde se hace la distribución de los recursos federales que integran este Fondo a través del ramo 33.

Asimismo, dentro del tomo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal dentro del apartado denominado de “acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género” se contempla la acción 446 dentro del ramo de Gobernación, la cual contempla erogaciones para la construcción y equipamientos de Centros de Justicia para las mujeres.

Sin embargo, y en un primer análisis del Proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, el ramo 33 presenta una reducción de 1, 190, 964,440 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2015, lo que representa un decremento del 14% al pasar de 8, 190, 964,440 millones de pesos en 2015 a 7, 000, 000,000 millones de pesos. Por otra parte la acción 446 del ramo de Gobernación presenta dentro del Proyecto presentado por el Ejecutivo Federal, una reducción de 41,432,573 millones de pesos respecto a los aprobados en 2015, al pasar de 96,000,000 millones en 2015 a 51,092,573 millones de pesos, lo que significa una reducción del 47%.

Actualmente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) señala que se encuentran en operación 22 Centros de Justicia para las Mujeres, pero solo en 17 entidades federativas. El Estado de México cuento con tres centros; mientras que Campeche, Chihuahua y Coahuila cuentan con dos centros respectivamente4.

Ante esto, el 5 de septiembre de 2015 el titular de la Secretaria de Gobernación señaló durante la sesión del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se buscarían medidas correctivas que contribuyan a combatir y erradicar la violencia de género. Adicionalmente, destacó la creación de cinco nuevos centros de justicia para las mujeres en los estados de Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Yucatán.

Sin embargo, el Proyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 muestra lo contrario a lo declarado por el Secretario de Gobernación y se contrapone con las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que ha realizado al Estado mexicano en materia de acceso a la justicia. Asimismo, limita el debido cumplimiento del objetivo 5 del PROGRAMA Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 que tiene como fin fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por lo que resulta necesario que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 que se llevará a cabo en la H. Cámara de Diputados, las y los Legisladores contemplen mayores recursos a los Centros de Justicia para las mujeres tanto por la vía del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, como por la vía del tomo 1 a través de la acción 446 en el ramo de Gobernación referente a las acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

Por lo antes anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales, necesarias a fin de garantizar mayores recursos para la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2015.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 http://www.sinembargo.mx/18-06-2014/1029699

2 Artículo 2 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

3 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Naciones Unidas (2012).

4 http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Casas_de_justicia






Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador Octavio Pedroza Gaitán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición de punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las Entidades Federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo metropolitano.

Una Zona Metropolitana es -según se desprende de la definición que proporciona las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano-el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Adicionalmente, se considera como zona metropolitana:

a) Todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes.

b) Aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades.

En este sentido resulta incuestionable el papel protagónico que los entes municipales juegan dentro del Fondo Metropolitano, objeto del presente punto de acuerdo, ello porque son los principales interesados en la asignación de estos fondos, tras ser también el orden de gobierno que más cerca está de las problemáticas a resolver así como la instancia donde los requerimientos y presiones de la ciudadanía se acentúan.

Muchos municipalistas (entendiendo tanto a los estudiosos del fenómeno municipal como a los propios servidores públicos) coinciden en señalar que la gestión pública municipal es la que mayores posibilidades administrativas ofrece. Esta situación se debe a obvias razones como el tamaño del gobierno municipal, su relación inmediata con la comunidad y el grado menor de complejidad de los estados y la misma federación.1

Sin embargo, el municipio, que debería ser la célula básica del Sistema Federal, es en realidad el orden de gobierno que menos facultades de cambio y adaptación tiene, y no por su voluntad, sino precisamente por la omnipresencia federal. 2

Aunado a lo anterior, el municipio mexicano se ve debilitado por su falta de capacidad institucional y por la carencia de fortaleza en el diseño e implementación de políticas públicas de manera coordinada y de largo plazo.

ANTECEDENTES

• A partir del ejercicio fiscal 2006, se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para el Desarrollo Metropolitano -actualmente Fondo Metropolitano-, sin embargo hasta el año 2008 se emiten, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las Reglas de Operación y se especifica la acción del mismo.

• Tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación, como las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, han dispuesto en sus diversas ediciones que la decisión sobre la asignación de los fondos será tomada por los gobiernos de las Entidades Federativas, por conducto de sus Consejos de Desarrollo Metropolitano, órgano que según el Presupuesto de Egresos y las Reglas del Fondo Metropolitano, tiene carácter estatal.

• Lo anterior ha tenido como consecuencia que en muchas zonas metropolitanas, las entidades federativas no garanticen la participación de los municipios o bien establezcan mecanismos de participación que no sean vinculantes respecto a la decisión de la asignación de los fondos, resguardando esta facultad materialmente para el Estado.

• El Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el año 2015, así como las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 31 de Marzo del 2015, disponen, una vez más, que la decisión sobre la asignación de los fondos será tomada por los gobiernos de las Entidades Federativas, por conducto de sus Consejos de Desarrollo Metropolitano.

CONSIDERACIONES

Al día de hoy, el artículo 115 de la Constitución Federal, designa al municipio como una comunidad organizada jurídicamente y dotada de autonomía funcional y política, para actuar libremente en el ámbito territorial que demarca su espacio de competencia.

Es decir, a partir de la Reforma Constitucional al Artículo 115 de la Constitución Federal, de fecha 23 de Diciembre de 1999, el municipio fue clasificado como un orden de gobierno dentro del sistema federal mexicano3.

En este sentido, el sistema federal de nuestro país sigue una lógica horizontal, es decir ningún orden de gobierno es superior jerárquico a otro, sin embargo tienen facultades diversas.

Contrario a la idea del sistema federal mexicano, la lógica que sigue el Fondo Metropolitano sitúa a los municipios en un orden jerárquico inferior al de las entidades federativas, ya que los munícipes se encuentran subordinados a las decisiones sobre la asignación de fondos que los estados tomen.

Para comprender mejor lo anterior se cita la parte conducente del numeral 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, así como los numerales 26 y 28 de las Reglas de Asignación del Fondo en Estudio para el mismo año:

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015

Artículo 38.- Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso.

Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.

Reglas de operación del Fondo metropolitano:

24. Las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en las que se delimita cada zona metropolitana que reciba recursos de este Fondo, constituirán un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, conforme a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables.

26. Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano corresponden a los gobiernos de las entidades federativas, por conducto de sus respectivos Consejos para el Desarrollo Metropolitano, y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de conformidad con las presentes Reglas y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De lo anterior es posible desprender que a las entidades federativas se les ha otorgado el poder de decidir el destino del fondo en comento, siempre y cuando se ajuste a los criterios que las mismas reglas disponen.

Aunado a esto, se manifiesta que las entidades federativas establecerán los mecanismos de participación de los municipios que integren la zona metropolitana, pudiendo esto provocar que los estados no establezcan mecanismos de participación para los municipios, o que de establecerlos no sean estos vinculantes a la decisión final sobre la asignación de los fondos.

En este sentido, resulta innegable la posibilidad de determinar un tipo de participación para los entes munícipes, con naturaleza vinculante en las decisiones del Consejo de Desarrollo Metropolitano; sin embargo las actuales Reglas de Operación del Fondo Metropolitano no aseguran por ningún medio ni de ninguna manera la garantía de audiencia que deben tener los municipios, ni tampoco se describe el valor o la obligatoriedad que sus opiniones o aportaciones puedan llegar a tener, estimándose que sin estos elementos, su participación, en caso de que la haya, es meramente formal sin impacto material alguno.

Es por lo anterior que se estima necesario abrir canales de comunicación detallados y eficientes entre las Entidades Federativas y los Municipios, que permitan un impacto real y tangible de las aportaciones municipales respecto a la toma de decisiones del Fondo Metropolitano, cumpliéndose así el resguardo a la garantía de audiencia y el objetivo final del fondo, que es el de fomentar la cooperación entre entidades federativas y municipios, así como de estos últimos con sus homólogos metropolitanos.

 Lo anterior permitirá a los municipios expresar sus necesidades y carencias a fin de que el Consejo de Desarrollo Metropolitano sea capaz de realizar un diagnóstico más exacto y sobre todo sea capaz de acceder a los datos que le permitan evaluar el impacto del fondo y asignar, mediante criterios racionales, los fondos para que la trascendencia sea superior y beneficie a un mayor número de ciudadanos del ente municipal.

Además se podría cumplir con la funcionalidad de este tipo de incentivos de fomentar la coordinación para trabajar en proyectos de beneficio común con la participación de todos los entes municipales beneficiados lo que eleva el éxito del proyecto ya que los municipios toman como propios los proyectos que ellos mismos aprobaron y decidieron realizar conjuntamente.

La principal consecuencia de establecer la participación en la decisión a los gobiernos municipales, será el impulso de un federalismo más fuerte, donde el orden de gobierno municipal, que es el que más cercanía tiene con los ciudadanos, pueda expresarse respecto de las decisiones presupuestales que le impactan.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el consejo de desarrollo metropolitano, a fin de que las Entidades Federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo metropolitano.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015.

Sen. Octavio Pedroza Gaitán.

1 Avalos Aguilar, Roberto. Elementos para lograr el fortalecimiento municipal y su relación con la federación: Hacia una propuesta de análisis. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/51/pr/pr10.pdf

2 Idem

3 Tesis: P./J. 44/2011 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160810 4 de 13 Pleno Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1 Pag. 294 Jurisprudencia(Constitucional)
ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO).
La validez de los reglamentos municipales previstos en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deriva de las normas estatales (ni de las federales) sino directa y exclusivamente de la propia Ley Suprema. La articulación entre los ordenamientos federal, estatal y municipal se rige, en una serie de materias, por el principio de competencia. Así, cualquier conflicto entre normas pertenecientes a estos tres órdenes debe ser, en los ámbitos relevantes, solucionado exclusivamente a la luz del parámetro constitucional que opera la respectiva atribución y delimitación competencial. Si la relación entre normas estatales y municipales no pudiera en algún punto o ámbito material describirse sobre la base del principio de competencia -en contraposición al de jerarquía- la afirmación de que existe un "orden jurídico municipal" independiente y separado del orden estatal y del federal no tendría cabida, pues ningún sentido tendría afirmar que los Municipios son, en el contexto constitucional actual, "órganos de gobierno", o afirmar que la fracción II del artículo 115 referido contempla "reglamentos" que, lejos de ser asimilables a los reglamentos tradicionales de detalle de normas, están llamados a la expansión normativa y a la innovación, sirviendo -dentro del respeto a las bases generales establecidas por las Legislaturas, de contenido constitucionalmente acotado- para regular con autonomía aspectos específicos municipales en el ámbito de sus competencias, y para adoptar las decisiones que las autoridades estiman congruentes con las peculiaridades sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas del Municipio.






De las Senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo con el objeto de realizar acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco del “Día Internacional de la Niña”. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión Para la Igualdad de Género los siguientes cuatro.

Las suscritas, Senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lorena Cuéllar Cisneros, Martha Angélica Tagle Martínez integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD e independiente de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con el objeto de realizar acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes en el marco del Día Internacional de la Niña al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel internacional, los antecedentes en materia de derechos de la niñez y la adolescencia se encuentran plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales. No obstante, es en la Declaración de Ginebra de 1924 que por primera vez se establece la protección especial para los derechos de la niñez, la cual se reconoce posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948.

La Declaración de los Derechos del Niño1 reconoce diez principios fundamentales para su protección, entre los que encontramos los derechos a la protección y consideración del interés superior del niño; el de disfrute a todos sus derechos sin discriminación; el derecho a un nombre y una nacionalidad; el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y los servicios médicos, el derecho del niño (a) físicamente o mentalmente impedido a recibir atención especial; el derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; a la educación, al juego y a las recreaciones; al de prioridad en protección y socorro; así como el de protección contra el abandono y la explotación y finalmente a la protección contra todo tipo de discriminación.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tomando como base los principios consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño, emite la resolución 44/25 a partir de la cual, aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)2.Esta Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único, una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. México ratifica este instrumento en 1990 y en el año 2000 suscribe dos protocolos relativos a la pornografía y a los conflictos armados3, mismos que entraron en vigor en el 2002. Tanto la Convención como ambos protocolos, son instrumentos vigilados en su aplicación por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CoDN).

Cabe mencionar, que el Estado mexicano ha ratificado otros instrumentos internacionales en el sistema interamericano e internacional que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), también llamada la Carta Magna de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 180 estados, representa una de las Convenciones más importantes en donde se reconocen los derechos de las mujeres y las niñas, su libertad contra cualquier forma de discriminación en cualquier esfera: económica, política, social, cultural o en cualquier otra. Cabe señalar que derivado del artículo 2 de la Convención los Estados parte deben atender a la interseccionalidad del concepto de discriminación, que se refiere a que la discriminación por sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género.

Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing4, de la que México fue signatario, reconoce la importancia de los acuerdos alcanzados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia así como de diversas conferencias5 las cuales retoman distintos aspectos sobre el desarrollo y los derechos humanos y, dentro de sus perspectivas particulares, se prestó especial atención al papel que desempeñan las mujeres y las niñas.

En esta Conferencia se reconoce que la niña de hoy es la mujer del mañana. Que los conocimientos, las ideas y la energía de las niñas son cruciales para el pleno logro de los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. Y establece “que para que una niña desarrolle plenamente sus potencialidades es preciso que crezca en un medio propicio donde se satisfagan sus necesidades espirituales, intelectuales y materiales de supervivencia, protección y desarrollo y se salvaguarden sus derechos en condiciones de igualdad. Para que la mujer participe en las actividades en condiciones de igualdad con el hombre, en todos los aspectos de la vida y el desarrollo, es hora de que se reconozcan la dignidad humana y el valor de la niña y de que se le garantice el pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño”6. También señaló que “es evidente en todo el mundo que la discriminación y la violencia contra las niñas empieza en las primeras fases de la vida y continúan y persisten durante toda su vida. Las niñas tienen a menudo menos acceso a la nutrición, los servicios de salud física y mental y la educación, y disfrutan de menos derechos, menos oportunidades y menos beneficios en la infancia y en la adolescencia que los niños. Son con frecuencia objeto de diversas formas de explotación sexual y económica, pedofilia, prostitución forzada y posiblemente venta de sus órganos y tejidos, violencia y prácticas nocivas como el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, el incesto, la mutilación genital y el matrimonio prematuro, incluso en la niñez.”7

Aunado a ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 64/145, de 18 de diciembre de 2009, incluyendo todas las demás resoluciones en la materia referente a las niñas reconoció que el empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, son fundamentales para el crecimiento económico, el logro de todos los objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como la participación significativa de las niñas en las decisiones que las afectan, son clave para romper el ciclo de discriminación y violencia para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos.

El 19 de octubre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a las diversidades y a la desigualdad que confrontan las niñas en el mundo y declara el 11 de octubre, como el Día Internacional de la Niña con la finalidad de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y las adolescentes y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, representa una oportunidad para adoptar una nueva agenda de desarrollo sostenible para 2030. Y es por ello que retomando los ocho objetivos de desarrollo del milenio, el quinto objetivo acordado en esta cumbre es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Actualmente, bajo el marco jurídico que contempla la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras; nuestro país tiene la obligación de contemplar acciones afirmativas que permitan incorporar a las niñas y a las adolescentes en todas las esferas de la vida en igualdad de condiciones que los niños.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas tomando en cuenta los progresos obtenidos derivados de los Objetivos del Milenio, sentando los nuevos objetivos para el año 2030, marca el cruce generacional entre las niñas que nacieron al comienzo del milenio que hoy son adolescentes y las recién nacidas que en 2030 lo serán. Destaca la importancia de la inversión social, económica y política en el poder de las adolescentes como un factor fundamental para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, la violencia, la exclusión y la discriminación y obtener resultados equitativos y sostenibles. Reconoce que en el 2015, las niñas tienen más posibilidades de ir a la escuela primaria, recibir vacunas vitales y sufrir menos por desnutrición y problemas nutricionales que en las generaciones anteriores. Sin embargo, señala que no se ha invertido lo suficiente en corregir los retos a los que hacen frente las niñas cuando entran en la segunda fase de sus vidas. Esto incluye obtener una educación secundaria y superior, evitar el matrimonio infantil, recibir información y servicios relacionados con la pubertad y la salud reproductiva, protegerlas contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indicó que en México, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 casi 2 millones de adolescentes de entre 12 y 18 años no estudian ni trabajan; según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, 624 mil 500 adolescentes entre 10 y 19 años intentaron suicidarse, de los cuales 525 mil 500 fueron mujeres, una proporción de 6 a 1.

Conforme a lo anterior, el tema escogido para la celebración del Día Internacional este año es El poder de las adolescentes: la visión para el 2030. Bajo ese tema, las agencias de la ONU, los Estados Miembros, las organizaciones civiles, el sector privado y otros interlocutores sociales están llamados a poner a las niñas en el centro de los esfuerzos del desarrollo sostenible, llevando a cabo iniciativas claves para el presente y el futuro como:

• Invertir en educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras iniciativas educativas que preparen a las niñas para la vida, el trabajo y el liderazgo.

• Invertir en salud y en una nutrición adecuada durante los años de adolescencia, incluyendo la educación sobre la pubertad, la higiene menstrual, la salud reproductiva y sexual y la disposición de esos servicios.

• Promover la no aceptación de la violencia física, mental o sexual bajo ningún concepto.

• Habilitar mecanismos sociales, económicos y políticos para combatir el matrimonio infantil y la mutilación genital.

• Invertir en la creación y mantenimiento de espacios púbicos para el debate cívico y político, la creatividad y la mejora del talento.

• Promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, especialmente para las adolescentes discapacitadas, vulnerables, marginadas y víctimas del tráfico y la trata.

Compañeras y Compañeros Senadores:

Las niñas y las adolescentes son las mujeres del mañana, las acciones de cualquier índole que como Estado debemos adoptar a su favor, no son un tema pendiente, son necesarias y urgentes para garantizar sus derechos humanos.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados con el objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen los recursos suficientes para para la realización de acciones afirmativas y atención prioritaria a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco de la Resolución 66/170 de la Asamblea de las Naciones Unidas.

SEGÚNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y demás disposiciones aplicables en la materia, se realicen acciones que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes con educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras iniciativas educativas que preparen a las niñas y a las adolescentes para la vida y el liderazgo.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que través de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía las acciones afirmativas y programas sanitarios que han realizado para la atención de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y el impacto que ha tenido en ellas.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus competencias, emprendan campañas de información y prevención en contra de cualquier forma de violencia en contra de las niñas y las adolescentes, incluida entre ésta el matrimonio antes de los 18 años de edad.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias, legislen e inviertan en la creación de espacios públicos que permitan a las niñas y a las adolescentes ejercer su derecho a la participación de conformidad con la legislación aplicable.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Adoptada por las Naciones Unidas en 1959.

2 La Convención de los Derechos del Niño, se firmó en Nueva York el 26 de enero de 1889 y es ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990. 

3 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigor en México el 18 de enero 2002.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigoren México el 12 de febrero de 2002.

4 Derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.

5 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, donde se establecieron enfoques y compromisos concretos para fomentar, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional y fortalecer la función de las Naciones Unidas en ese sentido. En la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos.

6 Plataforma de Acción de Beijing, capítulo II, 39, disponible en línea en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf

7 Idem.






De los Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que las dos ternas de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República se integren desde una visión apartidista, con paridad de género y que exista una discusión detallada y abierta sobre el proceso de designación. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER y MARIO DELGADO CARRILLO, integrantes de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LAS DOS TERNAS DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE ENVÍE AL SENADO DE LA REPÚBLICA, SE INTEGREN DESDE UNA VISIÓN APARTIDISTA, CON PARIDAD DE GÉNERO Y QUE EXISTA UNA DISCUSION DETALLADA Y ABIERTA SOBRE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En estos momentos de crisis política y social que vive nuestro país, es sin duda alguna un tema de suma importancia y relevancia en la vida institucional de México, la designación de dos ministros de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; nombramientos que ameritan un proceso impoluto.

Consideramos de trascendencia garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observe de manera estricta los principios de independencia y autonomía que deben distinguir a todo órgano jurisdiccional. Nuestro máximo órgano sólo puede salvaguardar los derechos de los mexicanos, en tanto no esté sometido a intereses particulares.

Hay que enfatizar que la característica fundamental de un juzgador es capacidad para resolver disputas sin favoritismos políticos o presiones externas. De ello se trata lo que comúnmente se denomina “independencia judicial”. ¿Cómo maximizar la posibilidad de que el juez no se doblegue ante los otros poderes o ante grupos de interés determinados? La única forma es estableciendo candados normativos desde su designación, que le den independencia y autonomía para asegurar que tenga la libertad de elegir, sin sesgos políticos o económicos, la que considere es la mejor solución jurídica posible para el caso que esté resolviendo.

El 8 de Octubre de 2015, en su mayoría juristas, académicos y miembros de la sociedad civil, adscritos a instituciones académicas tanto públicas como privadas o a organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, compartieron esta misma preocupación, en un comunicado dirigido al Presidente de la República, que de manera concisa recomiendan que la selección de personas para integrar las ternas de aspirantes a la Corte tienen que atender a las siguientes consideraciones:

• “Las propuestas deben garantizar la independencia de la Suprema Corte como órgano constitucional y de sus miembros como integrantes del mismo. Ello es un atributo obligado y debe desplegarse ante los diferentes actores políticos, frente a los otros poderes del Estado y también ante los intereses privados o de grupo”.

• “Dado que el perfil de un ministro o una ministra apropiado para cubrir una vacante va de la mano con el de la Corte a la que se integra y como México necesita de una Suprema Corte técnicamente capaz, institucionalmente fuerte y políticamente independiente, entonces deben proponerse aspirantes con sólida trayectoria, honorabilidad pública acreditada e independencia política incuestionable”.

• “Los aspirantes no deben tener militancia partidista ni representar intereses políticos o corporativos de ninguna índole. Asimismo, las ternas no deben tener un destinatario predefinido”.

• “En la presente coyuntura y dada la composición actual de la Corte, pensamos que es conveniente que la Presidencia a su cargo integre dos ternas conformadas por mujeres que sean juristas destacadas y cumplan con los requisitos antes enunciados”.

Considerando estas recomendaciones, queda claro que para combatir eficazmente la corrupción, disminuir la desigualdad y poner un alto a la impunidad en el país, debemos fortalecer a nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia, y eso se hace imposible si se politizan a los órganos judiciales. Llevar ternas partidizadas, para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación o repartirlas como cuotas, fractura gravemente al Poder Judicial y esa es la postura que han manifestado públicamente los integrantes del servicio judicial de carrera.

El principal argumento para no permitir la partidización de la Corte, radica en que ello plantea un “conflicto de interés”, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas:

“Un conflicto de interés institucional surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios imparciales, la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales.” (ONU)

Por ello, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que las dos ternas que envíe al Senado de la República, se integren desde una visión apartidista, de paridad de género y que exista una amplia y detallada auscultación abierta sobre el tema, para que los nombramientos que se hagan, estén a la altura que requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el país demanda.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las dos ternas de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República, no tengan militancia partidista, ni representen intereses políticos o corporativos de ninguna índole.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en las dos ternas de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República, se privilegie la equidad de género y se realice un proceso de auscultación abierto.

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a los grupos parlamentarios que la integran para que en el proceso de designación de los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantice la autonomía, independencia,sólida trayectoria y honorabilidad pública acreditada de los aspirantes.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 13 de octubre de 2015.
Suscribe

Armando Ríos Piter               Mario Delgado Carrillo
Senador por el Estado de Guerrero   Senador por el Distrito Federal






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y David Monreal Ávila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a instrumentar un fondo concursable para la distribución de los recursos del gasto federalizado del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO; DOLORES PADIERNA LUNA; Y DAVID MONREAL ÁVILA integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La forma en que el gobierno gasta los recursos públicos sigue siendo ineficiente, es discrecional y genera corrupción.

1. Discrecionalidad

La lógica de subestimar ingresos y egresos para luego aumentarlos es común a todo el presupuesto y a ciertas bolsas en especial. Esta subestimación no es una mera formalidad en la Ley de Ingresos, ya que tiene efectos perversos sobre el Presupuesto de Egresos al generarse recursos adicionales que forman parte de una bolsa que se reparte entre unos cuantos.

Más de la tercera parte de los aumentos en el gasto son absorbidos por los ramos generales, que engloban conceptos de gasto que no se asignan para las dependencias o secretarías federales. Dentro de los ramos generales, tres de ellos captan casi el 90 por ciento de las ampliaciones: el Ramo 23 (provisiones salariales y económicas), el Ramo general 19 (Aportaciones a la Seguridad Social) y el Ramo 33 (Aportaciones a las entidades federativas y municipios).

El Ramo 23 del presupuesto federal representa por excelencia esas cualidades. Es discrecional porque los recursos se asignan sin contar con criterios objetivos y medibles, es poco trasparente porque no hay forma de monitorear los proyectos que financia y es ineficiente porque no alcanza a mejorar el nivel de infraestructura, desarrollo regional y demás programas.De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que atiende las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para:

i) el cumplimiento del balance presupuestario,

ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos,

iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y

iv) el otorgamiento de provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

En realidad, el Ramo 23 representa una bolsa de recursos que los diputados negocian cada presupuesto, etiquetando montos presupuestales de todos los mexicanos. También es, en los hechos, el mecanismo que asegura que los diputados voten a favor del paquete económico. La compra del voto no se termina el día de la jornada electoral; la compra del voto también sucede cada año en la Cámara de Diputados.

2. Corrupción

La bolsa de los moches es una de las formas más perversas de la corrupción política. Para 2016 parece que las cosas pueden cambiar porque el Ramo 23 y algunos de sus fondos no representarán una tentación, dado que viene presupuestado con cifras a la baja, de 127 mil millones en 2015 a 102 mil para 2016. Sin embargo, se tiene que tener cuidado; esta baja se debe a la disminución delcrecimiento del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal y no a un esfuerzo serio por transformar esos fondos de manera radical. Si no se reforman las reglas de asignación de los recursos, una vez que se cuente con disponibilidades, las prácticas de los diputados federales de incrementar y disponer de la bolsa de recursos disponibles seguirán por varios años.  

Por ejemplo, en el periodo 2013-2015, el Ramo 23 se incrementó en 30 por ciento al comparar el presupuesto propuesto con el aprobado. Esta cifra es mayor si se compara con lo ejercido, pues ha recibido ampliaciones que equivalen a una diferencia de 77 por ciento en términos reales entre el gasto aprobado y el ejercido.1 Entre 2013 y 2015, se adicionaron a los Presupuestos de Egresos casi 80 mil millones de pesos que no estaban previstos en el proyecto original y que derivaron en el reparto de recursos a diputados que luego se transfirieron a los municipios, abajo del agua con comisiones y diezmos.

La mecánica de asignación es verdaderamente discrecional. Al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, se presupuestó en 2013, 2014 y 2015 con 2 mil millones de pesos y al final se aprobó con 5 mil millones en los tres años. Para 2016, viene en ceros, lo cual, como se ve, no es garantía de que no se reviva, ya sea con otro nombre o con más o menos recursos. El Fondo de Cultura y el de Infraestructura Deportiva, ambos creados en 2014, también vienen en ceros.

Un caso que representa esta política de los moches, es el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional. Los crecimientos exponenciales no son extraordinarios, sino ordinarios a cada ejercicio fiscal y reflejan la mecánica de inyección de bolsas millonarias, que resultan de las negociaciones políticas. En 2013, al comparar el monto proyectado frente a lo aprobado, creció 3,412.3 por ciento; en 2014, creció 7,232.8 por ciento y en 2015, 7,184.9 por ciento. Para 2016, igual que en 2015, se lanza de origen con 300 millones de pesos.

Como se ha señalado, esta partida del presupuesto es la que presenta una de las mayores diferencias entre lo que el Ejecutivo propone y el Congreso aprueba con lo que realmente se ejerce, por lo que es muy importante establecer garantías sobre el control de estos recursos. La institucionalización de la discrecionalidad política es grave porque normaliza la corrupción. Permite que las bolsas de recursos adicionales, crezcan exponencialmente y se repartan entre unos cuantos como parte de la normalidad.

3. Ineficiencia

En adición a la discrecionalidad, está la ineficiencia con la que se asignan los recursos. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, el diseño de algunos de los fondos que forman parte del Ramo general 23 es inadecuado y ha provocado que no se cumplan los objetivos que se plantearon en su origen. Por ejemplo, el Fondo Regional -creado en 2007- se fundó con el objetivo de apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano con respecto al índice nacional; este apoyo consiste en programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico y la capacidad productiva de las entidades.Para 2016 este fondo crece 3.1% al pasar de $6,976,398,000 en 2015 $7,192,666,338.

La ineficiencia depende de la falta de transparencia, de la ambigüedad de los objetivos, de la dificultad para identificar al ejecutor del gasto.Diversas organizaciones de Sociedad Civil han señalado la falta de trasparencia de los proyectos y la necesidad de monitorear en tiempo real los avances de obra, físicos y financieros. Además de quelas reglas de operación de los Fondos no son óptimas. En el caso del Fondo Regional, por ejemplo, los lineamientos carecen de objetivos para orientar las decisiones de inversión y existen limitaciones para el correcto ejercicio de los recursos. Además, en los proyectos de inversión presentados por los estados no hay estrategias para lograr los objetivos de avance en el índice de desarrollo humano ni mecanismos para medirlo.

Al ser presupuesto federalizado, los recursos del Ramo 23 no se radican en unidades ejecutoras del gasto del gobierno federal, por lo que se limita la capacidad de fiscalización federal, y al ser subsidios, con la sola transferencia -previa firma de los convenios correspondientes-, ingresan en automático a los recursos propios de los estados y de los municipios. Así se mantienen los enormes incentivos para acumular recursos en una bolsa discrecional que crece al final del ejercicio fiscal más allá de lo programado.

4. Ramo 23: una historia de discrecionalidad y corrupción

Entre 2000 y 2012, 76 de cada 100 pliegos de observación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dependieron de dos Ramos: el 23 (provisiones salariales y económicas) y el 33 (aportaciones a estados y municipios).

En promedio, sesenta por ciento de los recursos del ramo son federalizados y para la autoridad fiscalizadora federal y diversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC´s) los recursos se asignan sin criterio o fórmula alguna.

5. Hacia una bolsa concursable

Resulta de vital importancia regresar al Ramo 23 y surazón de ser. Los fondos del Ramo se constituyeron como un instrumento para generar desarrollo y bienestar social y esto no se está logrando. Por ello, es indispensable reducir la discrecionalidad, la opacidad y la simulación, y terminar de una vez por todas por los incentivos a la corrupción política.

Para alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, se requierereorientar los fondos existentes para que financien proyectos de alto impacto y favorezcan el desarrollo social y regional. Para evitar la opacidad y corrupción con la que se han repartido, los fondos deben ser asignados a través de convocatoriaspúblicas que por lo menos contengan mecanismos e indicadores de:

1) Asignación.

2) Seguimiento a los proyectos.

3) Evaluación de los avances físicos y financieros.

4) Análisis costo- beneficio y /o que presente los posibles resultados de cada proyecto, y que incluya la temporalidad del proyecto, sus costos, beneficiarios, y la sostenibilidad del mismo.

Al utilizar un mecanismo que garantice el correcto uso de recursos públicos, se podrá evitar que los fondos del Ramo 23 se asignen a proyectos improvisados en negociaciones y ocurrencias de último minuto. También se eliminaría la variable política en las negociaciones presupuestales, fomentando la transparencia y blindando los fondos de la corrupción y opacidad.

Un Comité de expertos, independiente de los poderes federales, estatales y municipales que pueda evaluar con base en la presentación de proyectos, sus indicadores y análisis de posibles resultados, podrá garantizar el uso efectivo de los recursos para general política de desarrollo social y económico. La eficiencia en la asignación de recursos se podrá generar al abrir proyectos con objetivos y posibles resultados al escrutinio de expertos que calificarán con base a indicadores claros y transparentes.

La SHCP3 presentó en marzo de 2014 una plataforma electrónica con información acerca de proyectos financiados con recursos del Ramo 23. Si bien la información es necesaria, no es suficiente. Se requiere que este primer ejercicio nos lleve a tomar mejores decisiones en el ejercicio del gasto para alcanzar los objetivos de la planeación nacional y el ejercicio republicano de los recursos.

Hoy la SHCP trata de corregir reduciendo el gasto en este Ramo. Pero en realidad, no se trata de aumentar o de reducir los recursos de los fondos, según la disponibilidad de recursos del presupuesto general y la discrecionalidad política, sino de presupuestar y ejercer los recursos públicos de manera eficiente. Por ello la selección de los proyectos se vuelve crucial para alcanzar el objetivo de utilizar el Ramo con instrumento de beneficio social.

Por lo anterior, se propone crear un fondo concursable de los diversos fondos del Ramo 23 que tienen impacto regional y productivo, con el fin de evitar que se sigan convirtiendo en bolsas negociables, discrecionales y que funcionen como una caja sin fondo de gasto improductivo. La variable de negociación político electoral del presupuesto público debe ser desterrada.

Para terminar con los moches es necesario:

1) Avanzar en una ley de gasto federalizado, como lo ha propuesto la ASF.

2) Asignar criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos asignados a las entidades federativas y municipios.

c) Hacer concursable la asignación de los recursos con reglas objetivas para llevar bienestar a la gente que más lo necesita.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a que en uso de sus facultades constitucionales y legales, instrumente un Fondo Concursable para la distribución republicana de los recursos del gasto federalizado del Ramo 23 para evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y la corrupción en la asignación de dichos montos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que realice una redefinición metodológica para la asignación de los recursos federalizados mediante el ramo 23 que garantice, en primer lugar, la selección de los mejores proyectos de alto impacto social, y como consecuencia, la asignación de montos que respondan al incremento de la productividad y los niveles de desarrollo de las entidades federativas y municipios, en un contexto de fortalecimiento del regionalismo y con el propósito de elevar el bienestar social.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en caso de asignar recursos federalizados del Ramo 23, se constituya un Comité Autónomo compuesto por expertos en el gasto público, que sean independientes y que propongan una metodología para la selección de proyectos con base en indicadores, reglas de evaluación y transparencia y sirva a los diputados para definir los proyectos a los que se les asignarán los recursos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. David Monreal Ávila.

1 “Descifrando la caja negra del gasto”. México Evalúa: Centro de análisis de políticas públicas. 2014

2 Cenecorta, A. & Carroll J. “Evaluación de los fondos metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano”. BID. 2014.

3 Cfr. http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_020_2014.pdf






Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración del “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.

La lluvia, terremotos y hasta el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad. Lamentablemente algunos de los desastres cuentan entre sus causas o en sus agravantes, con la actividad humana que altera el medio ambiente, por ejemplo, el Calentamiento Global con eventos meteorológicos extremos.

Por ello los desastres naturales han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales, especialmente en los países más pobres en los que las infraestructuras son menos sólidas, la densidad de población es elevada y la preparación ante las emergencias insuficientes.

Los fenómenos climáticos extremos provocan cada vez más víctimas y daños, debidos principalmente a las lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes vientos y las sequías prolongadas. Los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales están relacionados con el clima, el doble que hace 20 años, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Muestra de ello, es que nuestro país ha sido embestido por diversos eventos meteorológicos que salen de lo ordinario, con fuertes lluvias e inundaciones en algunos lados, contra fuertes sequias en otros.

Los desastres naturales escapan al control del hombre, sin embargo la preparación y prevención revisten un carácter de suma trascendencia al resultar capaces de reducir sus alcances en cuanto a pérdidas de vidas humanas y a hacer más efectiva la ayuda humanitaria.

Por ello que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 64/200 haya designado el día 13 de octubre de cada año como “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”, a fin promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales que comprenda la prevención, la mitigación y la preparación. (Anteriormente conmemorado el segundo miércoles de octubre, desde 1989)

El tema elegido para este 2015 fue el “Conocimiento para la Vida” con el propósito de aumentar el grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la Reducción del Riesgo de   Desastres.

Es un día propicio, estimados compañeros legisladores, para reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia de las medidas encaminadas a reducir los riesgos ante los desastres, el conocer los peligros propios del lugar en que habitamos, como las señales de alerta que la naturaleza misma pueda proporcionar para tomar las acciones tempranas para mitigar el impacto de los desastres, como una forma de complementar los medios preventivos que la ciencia y la tecnología nos provee.

El conocimiento, la prevención y la preparación son fundamentales, como también su transmisión de generación en generación, para que las futuras sean mejor preparadas en un mundo donde la amenaza de los eventos meteorológicos extremos es cada vez más aguda.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2015.

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.

Día Internacional para la Reducción de los Desastres
13 de Octubre

La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres (resolución 64/200), con el propósito de concienciar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos.

La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres se ha establecido como marco global de trabajo para la acción, con una visión tal que permite a todas las sociedades ser más resistentes ante los efectos de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos. Ello, con el fin de reducir las pérdidas humanas, económicas y sociales. Requiere de la participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU, la comunidad científica, los medios de comunicación y otros grupos multisectoriales pertenecientes a la comunidad que se dedica a la reducción de los desastres.

El aspecto central del Día Internacional para la Reducción de Desastres de este año es el conocimiento tradicional, indígena y local, el cual complementa a la ciencia moderna y contribuye a la resiliencia de las personas en un plano individual y de la sociedad en conjunto. Por ejemplo, el conocimiento de las señales de alerta temprana en la naturaleza puede ser vital para velar por que se tomen acciones tempranas para mitigar el impacto de los desastres, tanto de evolución rápida como lenta, tales como sequías, olas de calor, tormentas e inundaciones.

En conjunto con el conocimiento científico existente, tales como los informes que elaboran los meteorólogos, el conocimiento local es vital para las labores de preparación y se puede transmitir de generación en generación.

Tengamos presente que el grado de devastación, en pérdida de vidas humanas y daños materiales, que causan las manifestaciones extremas de fenómenos naturales —como las inundaciones, sequías, ciclones, terremotos o erupciones volcánicas— resulta de la combinación entre las fuerzas de la naturaleza y la actividad humana.

El efecto que estos peligros naturales tienen sobre las poblaciones depende en gran medida de decisiones que tomamos, a nivel individual o colectivo, respecto a nuestras formas de vida y al medio ambiente: desde la planificación de nuestras ciudades y el cultivo de los alimentos, hasta la enseñanza que recibimos en las escuelas. Es más, la actividad humana también influye en la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, por ejemplo, a través del calentamiento global.

La puesta en marcha de sistemas de prevención, alerta temprana, preparación y recuperación rápida disminuyen el riesgo y mitigan los efectos devastadores de las fuerzas de la naturaleza.

H. Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales”.

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES”

Como cada 13 de octubre se conmemora el del Día Internacional para la Reducción de Desastres, este año, 2015 el tema es: “Conocimiento para la Vida” que forma parte de la iniciativa Un paso hacia adelante.

La ONU señala que el propósito fundamental de este día es el de “aumentar el grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”.

Es pertinente señalar, que la importancia de presentar esta efeméride estriba en que, como todos sabemos, el estado de Oaxaca cuenta con una de las mayores poblaciones de comunidades indígenas a nivel nacional.

Es por tales motivos, que invito a todas las fuerzas políticas de este H. Asamblea a unir esfuerzos en favor de nuestros pueblos originarios que, a la fecha, siguen sufriendo una importante exclusión social.

El hecho de considerarlos para que sean partícipes activos en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres sería un gran avance en los procesos para incluir a este sector social en la vida cotidiana del país, más tratándose de un tema tan delicado como los desastres naturales.

Es cuanto.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del “Día de la Raza, observado el 12 de octubre”.

EFEMÉRDIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA RAZA, OBSERVADO EL 12 DE OCTUBRE.

El “Día de la Raza” es una fecha que coincide con el aniversario del descubrimiento de América, ocurrido el 12 de octubre de 1492. Aunque en México es observado desde 1892, fue hasta el 10 de octubre de 1929 cuando el Congreso aprobó que el 12 de octubre de cada año fuera fiesta nacional. Este día fue instituido para unir pueblos y países que tienen en común la lengua, el origen y la religión.

Hoy, es importante señalar que el “Día de la Raza” es un día festivo en la mayoría de los países hispanoamericanos, en conmemoración del descubrimiento de América. En el marco de este hecho histórico, es oportuno hacer una remembranza de lo acontecido hace 523 años.

Los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para establecer rutas marítimas hacia el lejano Oriente; sin duda, la búsqueda de una alternativa para llegar a las Indias fue el principal motivo para que la Corona Española financiara la expedición.

El 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje saliendo del puerto de Palos de la Frontera en Huelva, España. La expedición de tres naves -la Niña, la Pinta y la Santa María- llegó a una pequeña isla de las Antillas después de 72 días de navegación. El 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra; Cristóbal Colón desembarcó en América convencido de que sus naves habían arribado a la Indias Orientales.

Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que nadie, ni siquiera Colón había imaginado: la unión de dos mundos.

En efecto, el descubrimiento de América marcó un cambio radical en la vida de los habitantes de todo el planeta, incluido México, en virtud de que representó el primer contacto entre América y Europa, dos civilizaciones que tenían marcadas diferencias.

El 12 de octubre, representa la oportunidad ideal para enaltecer la vasta cultura, tradiciones y costumbres que tenemos y que nos distinguen del resto del mundo. Asimismo, para reconocer que los mexicanos somos resultado de la pluralidad étnica de nuestra historia, que hoy en día continúa manifestándose en las tradiciones y costumbres que se expresan en la vida cotidiana del país.

La cultura es una de las más valiosas raíces de nuestra identidad nacional, que adquiere significado a través de la grandeza de los pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental que juntos sigamos trabajando en iniciativas que permitan fortalecer las raíces históricas y preservar el patrimonio cultural de nuestra nación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2015.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Niña”.

11 DE OCTUBRE DÍA INTERNCIONAL DE LA NIÑA
Senadora Angélica de la Peña Gómez

La niñez, es una etapa fundamental de aprendizaje que sin duda tiene efectos durante toda la vida de las personas; por ello, las niñas, niños y adolescentes son particularmente importantes. Lo que suceda en su infancia tendrá gran influencia en el resto de sus vidas y, en este sentido, en la vida de sus comunidades; influye de diversas formas en su desarrollo cognitivo.

Un habitad de desarrollo donde existe la igualdad sustantiva de oportunidades y tratos, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, es una condición sin la cual es difícil pensar que en sus vidas en cada etapa etérea podrán erradicarla discriminación, la exclusión y la marginación social.

La infancia es una etapa de la vida para comprender, asimilar e interiorizar sus derechos humanos, compromisos, nociones, reglas, valores y formas de conducta dentro de comunidad, sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, a través del diseño y aprobación de diversos tratados internacionales, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes es preocupante.

En medio de los avances en favor de los derechos universales, aún perduran prejuicios que limitan los derechos de las niñas, originados principalmente por el estereotipo de género que comienza a padecer desde que nacen y sobrevive en las sociedades y en sus familias por su condición de género. Estos prejuicios dan lugar a conceptos culturales tanto en las familias como desde las instituciones sociales y educativas con base en los cuales, a las niñas se les educa para ser sensibles, serviciales, sumisas, hogareñas y femeninas con una fuerte inclinación a ser frágiles y dependientes como derivación del perfil de futura madre y esposa.

Es muy común escuchar que: Por ser niña no irás a la escuela. Te quedarás en casa para ayudar con las tareas del hogar y cuidar a los hijos que nazcan después de ti. Por ser niña cargarás 25 litros de agua sobre tu espalda a diario durante horas desde que tengas siete años o menos. O tanta leña que quien te mire por detrás solo podrá distinguir tus delgadas piernas aguantando, milagrosamente, todo ese peso. Por ser niña harás todo esto descalza porque los chicos tendrán prioridad a la hora de obtener unos zapatos. Por ser niña, tu padre elegirá un marido para ti antes de que sepas el significado del matrimonio y, mucho menos, de la maternidad. Por ser niña te mutilarán los genitales y durante toda tu vida sufrirás dolores e infeccionesy el placer sexual te será negado para que no caigas en las redes de demonio. Por ser niña, parirás todos los hijos que tu marido decida y serás responsable de alimentarlos y salvar sus vidas si enferman. Por ser niña trabajarás en el campo de sol a sol, también cuando estés embarazada. Así será tu vida hasta el día de tu muerte. Por ser niña deberás aceptar a todo tipo de violencia de tu pareja, porque esa es la cruz que debes sopesar.

A nivel mundial, las niñas y las adolescentes enfrentan con mayor exclusión los retos económicos, sociales y culturales que los niños. Las problemáticas que viven en torno a las crisis económicas, la violencia y la inseguridad se ven acentuadas por dos factores: su edad y género; condiciones que se agravan al no contar con programas destinados a su desarrollo y al respeto pleno de sus derechos. Estas desigualdades derivadas de la discriminación, son el origen de la violación a sus derechos humanos. Por ello, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres humanos tiene que iniciar con las niñas, quienes han quedado invisibilizadas por su condición de género y no sólo en los datos, sino además en el discurso y las acciones de reconocimiento, promoción y protección de sus derechos de manera integral.

La vida de muchas niñas alrededor del mundo está acompañada de abandono, desventajas y explotación, muestra de ello es que:

• Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo, aproximadamente 70 millones, afirman que han sido víctimas de alguna forma de violencia física, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

• Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (cerca de una de cada 10) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas u otro tipo de actos sexuales forzados.

• Una de cada tres adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que alguna vez estuvo casada ha sido víctima de actos de violencia emocional, física o sexual cometido por su esposo o compañero.

• En algunos países, por lo menos siete de cada 10 niñas de 15 a 19 años que han sido víctimas de abusos físicos y/o sexuales nunca han solicitado ayuda: muchas dijeron que no creían que fuera un caso de abuso o no lo consideraban un problema.

• Unicef precisó que en todo el mundo, más de 700 millones de mujeres vivas hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años. Más de una de cada tres (alrededor de 250 millones) iniciaron la unión antes de cumplir los 15 años.

Estas cifras indican que existe una mentalidad que tolera, perpetúa e incluso justifica la violencia, lo que constituye una alarma para todos los gobiernos y sociedades en el mundo.

Ante tal situación y como una respuesta por parte de la comunidad internacional y con la finalidad de hacer un llamado urgente para colocar los derechos de las niñas como una prioridad, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declara el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo.

La discriminación puede ser entendida como una forma de violencia, ya que niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. En el caso de las niñas, se consideran prácticas discriminatorias, entre otras, aquellas que obstaculicen las condiciones mínimas necesarias para su crecimiento y libre desarrollo de la personalidad.

En lo que respecta a México se han fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública que tienen como propósito generar un contexto de igualdad real para que las niñas y también los niños tengan las mismas oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades.

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 4o. y se adicionó la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan, mediante un ordenamiento de carácter general, la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reconoce el interés superior de la niñez y se establece la obligación de atender el contenido de los tratados internacionales sobre la materia y de los que Estado mexicano es parte.

El 17 de junio de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación que reforma al artículo 123 apartado A, fracción III, de la CPEUM, cuyo objeto es elevar la edad mínima legalmente permitida para laborar, pasando de los 14 a 15 años de edad. Aunado a ello, el 7 de abril de 2015, se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, que establece la obligación de elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo hasta llegar a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. De igual forma, este instrumento internacional exige proporcionar los medios para liberar a niños, niñas y adolescentes de las peores formas del trabajo infantil, asegurar su rehabilitación e inserción social y por su parte que no sean excluídas del goce y garantía de los derechos humanos

Es necesario destacar también que se reformaron los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obligación de la Federación y de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten un sistema integral de justicia para los adolescentes, el cual será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Determina que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se deberá observar la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción social y familiar, así como el pleno desarrollo de la persona y de sus capacidades. Finalmente, la reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Una mención especial es la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al gobierno, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y a cada individuo en lo particular a fin de comprometernos a proteger los derechos de niñas y niños, derechos de educación, salud, integridad física y emocional, derecho a aprender, derecho a su bienestar, derecho a una infancia sana y feliz. Se incluyen como principios rectores de la Ley, en forma adicional a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, integralidad e interés superior de la niñez, los principios de igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la legislación políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la accesibilidad.

Según datos de la UNICEF, en México:

• Existen 57 millones de niños que no asisten a la escuela, de los cuales, 31 millones son niñas.

• La cifra de embarazos prematuros ha incrementado en los últimos años, siendo las niñas de zonas rurales y marginadas las más proclives a este tipo situación. Muchas son víctimas de violencia sexual.

• Como consecuencia, se ha acrecentado el alto porcentaje de niñas y adolescentes que desertan sus estudios, limitando sus oportunidades de desarrollo a futuro.

• El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades económicas, étnicas, generacionales y la falta de información para que pueda ejercer de manera veras sus derechos sexuales y reproductivos.

• La mayoría de las madres adolescentes se encuentra en una situación de exclusión y marginación, de modo que sus hijas e hijos tienen altas probabilidades de continuar el patrón, transmitiendo la pobreza de generación en generación.

• La prevención de los embarazos no deseados podría evitar aproximadamente una cuarta parte de las muertes maternas, incluyendo aquellas ocasionadas por abortos clandestinos.

El informe “Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011” señala que de enero de 2010 a junio de 2011, se registraron 1,235 asesinatos de mujeres en ocho entidades de la República Mexicana: 320 en Estado de México, 169 Tamaulipas, 168 Sinaloa, 142 Jalisco, 138 Nuevo León, 125 Distrito Federal, 102 Oaxaca y 71 Sonora. El 41 por ciento de las víctimas eran jóvenes de 11 a 30 años de edad; 35 por ciento tenía de 31 a 50 años, y 13 por ciento más de 50. 1

Si bien el apoyo a la educación infantil no puede garantizar la radicalización del problema como tal, ésta constituye una de las estrategias más efectivas para proteger a las niñas de los embarazos adolescentes y de los matrimonios tempranos. Entre más años de educación las mujeres tendrán más posibilidades de tener un menor número de hijas e hijos y mayores oportunidades de brindarles mejores condiciones de vida. Se debe ampliar y mejorar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, incluyendo la educación sexual, los servicios adecuados a las necesidades de este grupo. Por último, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las niñas son centrales para proteger el goce efectivo de sus derechos humanos. 

En nuestras manos está garantizar a las niñas y a las adolescentes el acceso a la educación incluida la educación integral de la sexualidad, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a no contraer matrimonio infantil, temprano y forzado que las priva de su autonomía, su educación y su salud.

Todo lo que hemos realizado se torna insuficiente para cambiar la situación de millones de niñas menores de 18 años, el reto sigue siendo que los preceptos legales que derivan de las leyes, impacten de manera verificable en los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto el Día Internacional de la Niña es una oportunidad para impulsar la acción colectiva para poner fin al ciclo de violencia contra niñas y mujeres, además de implicar a los hombres y a los niños en la promoción de la igualdad de género, se convierte entonces, en un recordatorio del compromiso que tenemos para mejorar la calidad de vida de las niñas en el mundo. Por estas razones es importante que conmemoremos, como lo determinó la Organización de Naciones Unidas, este día como el Día Internacional de la Niña.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011.






De la Comisión Para la Igualdad de Género, en relación con el “Día Internacional de la Niña”.








CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 15 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 21:56 horas)

Directorio

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