Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 25 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Septiembre de 2015

SUMARIO                                              


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PRONUNCIAMIENTO

En relación con el caso Ayotzinapa, Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervienen al respecto los Senadores Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT; Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM; Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN; Omar Fayad Meneses del grupo parlamentario del PRI; y Martha Angélica Tagle Martínez.

En la primera ronda de debate, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna, Adriana Dávila Fernández y Manuel Cavazos Lerma.

En la segunda ronda de debate, intervienen los Senadores Layda Sansores San Román, Alejandro Encinas Rodríguez y Graciela Ortiz González.

En la tercera ronda de debate, intervienen los Senadores Armando Ríos Piter, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Juan Gerardo Flores Ramírez y Ana Lilia Herrera Anzaldo.

En la cuarta ronda de debate, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Penchyna Grub, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Guadalupe Garza Galván, Raúl Morón Orozco y Fidel Demédicis Hidalgo. Se insertan las Intervenciones de los Senadores Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Benjamín Robles Montoya y Arturo Zamora Jiménez.

El Presidente de la Mesa Directiva da lectura a un pronunciamiento de los grupos parlamentarios por el que el Senado de la República respalda las peticiones planteadas por los padres de los normalistas al Presidente de la República, en su reunión de este día. Se aprueba.

El Presidente de la Mesa Directiva informa del retiro de las proposiciones con punto de Acuerdo de los Senadores Layda Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Morón Orozco y de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, en relación al caso Ayotzinapa.






















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 24 de septiembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y nueve minutos del día martes veintidós de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dieciocho de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Asuntos indígenas, su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de     autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al          25 de noviembre de 2015, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, sobre el Día Internacional de la Paz.- En el pronunciamiento se retoman las efemérides presentadas por los Senadores Sonia Rocha Acosta, Jesús Casillas Romero, Angel Benjamín Robles Montoya y Francisco Salvador López Brito.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a la proposición del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se extiende una atenta felicitación a la Universidad      del Valle de Cuernavaca por su trayectoria académica de más de  veinte años, encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses, bajo los principios rectores de la Institución: “Excelencia, Liderazgo y Humanismo”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Presidente de la Mesa Directiva     dio turno a la proposición de la Senadora Layda Sansores San  Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a crear dos fiscalías especializada en relación     con las investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Juana Leticia Herrera Ale, a nombre propio y de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de los Senadores Raúl Morón Orozco, Luz Ma. Beristáin Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la fracción xxiii del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el consejo económico y social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes nueve dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

3) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 4 y 12 de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

5) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

6) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 139 del Código Penal Federal.

7) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

8) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

9) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba el artículo 456 de la Ley General de Salud.

Los nueve dictámenes en sentido negativo, sin discusión, fueron aprobados por 92 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de    Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes cinco dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2) De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

3) De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que     expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria.

4) De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto que reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria.

5) De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar.

Los cinco dictámenes en sentido negativo, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- El Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención para integrarse al Diario de los Debates. El dictamen, sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de los registros, darlo por concluido e informar al promovente.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta diversas plantas.

2) Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país.

3) Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”.

4) Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.

5) Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de semillas y fertilizantes a nivel nacional.

6) Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país.

7) Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional.

En la discusión de los dictámenes intervinieron los Senadores: Silvia Garza Galván del PAN y Adolfo Romero Lainas del PRD. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de Tlaxcala.- En la discusión intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. En votación económica, la Asamblea rechazó el dictamen.

2) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones para determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades.- Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y    Urbano a realizar los estudios pertinentes  en el municipio de    Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro penitenciario femenil.- En la discusión intervinieron el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD y la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, quien entregó el texto de su intervención para ser integrado al Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.- En la discusión del dictamen intervinieron los Senadores: Silvia Garza Galván del PAN, Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Fidel Demécidis Hidalgo del PRD. En votación económica, la Asamblea rechazó el dictamen.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a   prevenir, atender y combatir el maltrato infantil.

2) Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos.

La Senadora Hilda Flores Escalera, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la discusión, intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de Ensenada, en dicho estado.- El dictamen sin discusión fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar implementando los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tendentes a eliminar la discriminación laboral indígena en México.- El dictamen sin discusión fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su  legislación secundaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.- En la discusión del asunto se interrumpió la intervención del Senador Eviel Pérez Magaña. La Senadora Layda Sansores San Román solicitó el uso de la palabra para preguntar a la Presidencia sobre la propuesta con punto de acuerdo que presentó en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa; se le informó que al asunto de      referencia se le había dado turno a la Junta de Coordinación Política para su atención; solicitaron el uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, David Penchyna Grub del PRI, Angélica de la Peña Gómez del PRD, Armando Ríos Piter del PRD, Miguel Barbosa Huerta del PRD, Dolores Padierna Luna del PRD, Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, Blanca Alcalá Ruiz del PRI, Fernando Herrera Ávila del PAN, Miguel Romo Medina del PRI y Omar Fayad Meneses del PRI; el Presidente de la Mesa Directiva, instruyó consultar a la Asamblea si autorizaba iniciar un debate sobre el tema que refirió la Senadora Layda Sansores, en votación nominal por 46 votos en pro y 50 en contra fue rechazada la petición. En virtud de la falta de condiciones para continuar la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva levantó la sesión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 74 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y de la Función Pública y de la     Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes en los     cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir urgentemente y a cabalidad con las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema COMPRANET en los tres niveles de gobierno.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse a la red de alerta sísmica.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la Hacienda "Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio de Texcoco, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas en México.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas secretarías de estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y en respeto al derecho humano a la salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de acuerdo con el mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se consideren y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Salud el segundo.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar a funcionarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, sobre posibles ilícitos y desvío de recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a facilitar y no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones de prevención y campaña de difusión sobre el dengue en el estado de Sonora.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de emergencia al estado de Sonora derivado de la depresión tropical 16-E.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

(Excitativas)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado el 11 de diciembre de 2014.- El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas denominadas autodefensas en el estado de Michoacán,   presentado el 25 de septiembre de 2014.- El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Alzheimer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día Mundial sin Auto.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 46 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos y citó a la siguiente el próximo jueves veinticuatro de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Y una de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de la actual Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por 5 días.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado de la República, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Único. Se concede licencia al Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, para separarse de sus funciones legislativas por cinco días, a partir del 24 de septiembre de 2015.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se concede licencia al Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, para separarse de sus funciones legislativas, a partir de este día 24 de septiembre.

A partir de la licencia que acaba de aprobarse al Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, se ha convocado al ciudadano Tereso Medina Ramírez, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón solicito a las Senadoras y Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Luis Fernando Salazar Fernández, Sofío Ramírez Hernández, Jorge Aréchiga Ávila, Martha Palafox Gutiérrez y Armando Neyra Chávez, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Ruego a todos ponerse de pie.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

Ciudadano Tereso Medina Ramírez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Tereso Medina Ramírez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Senador!

Pase por favor a ocupar el escaño que le ha sido asignado, a fin de que se incorpore inmediatamente a su trabajo legislativo.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica; y se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Señoras y señores Senadores: Les informo que la Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo para normar el debate sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, el Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo propuesto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, aprobado el Acuerdo para normar el debate sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Comuníquese a los grupos parlamentarios.





 

Les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que establece las normas para el Análisis del Tercer Informe de Gobierno. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las normas para el Análisis del Tercer Informe de Gobierno. Comuníquese a los grupos parlamentarios.

Ruego a la Asamblea su atención para explicar el procedimiento relacionado con el debate relativo a los hechos ocurridos en Ayotzinapa.

Conforme al Acuerdo que se acaba de aprobar, cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de fijar posición hasta por diez minutos en orden creciente.

Concluida esa etapa, los grupos parlamentarios tendrán hasta cuatro intervenciones por cinco minutos cada uno de ellos y ejercerán ese derecho conforme se vaya solicitando. La Mesa Directiva será escrupulosa en la atención de las solicitudes de uso de la tribuna en función del estricto orden en el que hayan sido solicitados.

Concluidas las cuatro rondas por grupo parlamentario, si existen solicitudes para rectificación de hechos, se abrirá una lista por separado hasta por cinco minutos.

Finalizado el debate, se dará cuenta a la Asamblea con cada una de las proposiciones de los grupos parlamentarios relativos a la temática, para cada una se consultará si se le otorga el carácter de urgente resolución.

Si alguna de las proposiciones asume tal carácter como resultado de la votación, se debatirá en los términos reglamentarios; si no fuese el caso, se turnarán todas a las comisiones correspondientes.

En consecuencia, iniciamos el debate.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, hasta por diez minutos.





 

PRONUNCIAMIENTO

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Leo las conclusiones en este punto de Acuerdo que presentamos del PT.

El Senado de la República hace, proponemos, un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus importantes contribuciones que vinieron a desnudar la mentira, que evidenciaron hechos de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, así como las omisiones, inconsistencias, encubrimientos e ilegalidades que han impedido, hasta hoy, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala.

Proponemos que el Senado exhorte a la Procuraduría General de la República, y esto lo estamos tomando de las propuestas que trajeron los representantes de los familiares aquí al Senado, ellos piden la creación de 2 fiscalías especializadas: una, encargada de la investigación y del esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, y continuar con la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos, cuyo titular, de acuerdo al visto bueno de los padres, debe ser nombrado con el apoyo también del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana, porque tememos que sí se nombren las fiscalías, pero terminen poniendo al frente al señor Virgilio. Entonces, creo que éste es un punto que hay que tomar muy en cuenta.

La otra fiscalía sería para investigar las presuntas responsabilidades de funcionarios y ex funcionarios que pudieron haber obstruido el acceso a la justicia en perjuicio del esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala.

Y aquí vamos a encontrar una lista bastante amplia de quienes han obstruido este esclarecimiento de los hechos y que, sin embargo, a pesar de que hay responsabilidades de funcionarios, hasta el momento no hay uno solo en la cárcel.

Que no se engañen, el señor Abarca está por el delito de homicidio contra tres perredistas.

Nosotros pedimos también la creación de una Comisión Especial del Senado, para dar seguimiento a las investigaciones en el caso Ayotzinapa y para que se implementen todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Después vendrá la Ley de Desapariciones Forzadas y creo que aquí hay también recomendaciones muy puntuales que debemos tomar en cuenta.

Exhortamos a todas las instancias del Estado mexicano a que cumplan las recomendaciones hechas por el GIEI, llamémosle así ya brevemente, en su informe presentado el 6 de septiembre, y que todos presenten lo que se está solicitando, sin darle un estado de excepción a ninguna institución, como hasta ahora se ha hecho con la Policía Federal y con el Ejército.

El Senado de la República, finalmente, exhorta al señor Peña Nieto a que, en representación del Estado mexicano, promueva que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tenga una prórroga de cooperación técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos, que se signó el pasado 12 de noviembre, para efecto de que el mencionado grupo permanezca indeterminadamente en nuestro país hasta lograr el esclarecimiento de los hechos.

Yo quiero aquí hacer algunos comentarios, porque dentro de unos momentos, casi en una hora, el Presidente finalmente se digna recibir a los padres. Ya ven que somos lentos.
El Senado se tardó dos meses, vinieron acá, presentaron un punto de Acuerdo el último día, ni siquiera lo debatimos, lo dieron a conocer a la prensa y no hicimos nada, absolutamente nada a favor de ellos.

Pidieron una cita con el Presidente, quien estaba muy ocupado y se las da hoy; y en una hora espero que los atienda como ellos se merecen.

Pero yo no sé, en verdad, con qué cara podrá Peña Nieto hablarles a los padres de los jóvenes desaparecidos. No sé cómo se atreverá a mirarles al rostro, a ofrecerles que ahora sí va por la verdad, que buscará a los jóvenes, que castigará a los responsables. Se ha pasado un año estirando la mentira y encubriendo a no sabemos quién por intereses inconfesables.

He aquí apostada a que se agotara la paciencia de los familiares y que del pueblo se apoderara el miedo y el olvido. Ya lo veo en todo este escenario que está montando: va a pronunciar una oración fúnebre, fingirá que lo siente en el alma, a lo mejor hasta también se desanuda el nudo de la corbata, pero no les va a decir el nombre de los asesinos, ni les va a decir dónde están sus hijos. ¿Por qué? Porque él forma parte de esa trama trágica.

No nos hagamos, Peña Nieto sabe la verdad, tuvo a su procurador entreteniéndonos con falsedades e impide que los altos mandos militares den la cara.

Ahí, por un twitter, dice que analizará el informe del GIEI, pero manda a su jauría a tratar de desprestigiar lo que dicen los expertos. Ahí tenemos a su vapuleado ministro de propaganda en la tele mostrándonos su Nintendo de camioncitos, que uno iba por acá y éste iba por allá, pero todos los detenían policías municipales de Iguala y de Cocula.

Como mantra repiten los priistas queriéndole lavar la cara a su Presidente, de eludirlo de responsabilidades. Ni con toda el agua de todos los mares del mundo.

Peña Nieto tiene responsabilidad fundamental en este suceso. Y como les digo, los altos mandos del Ejército conocen la verdad, la saben desde el primer momento y en tiempo real.

Al C4, ese sistema de información donde llega la información, el monitoreo, el espionaje, llegaban reportes de todas las corporaciones; y en el informe, un Coordinador de Protección Civil declara, en un informe oficial, que la SEDENA tomó el control y restringió la información. SEDENA ocultó partes cruciales del informe de inteligencia y la PGR no lo exigió.

Pues si no lo exige la PGR y si ellos no quieren hablar con los del GIEI porque son extranjeros, pues aquí hay puros mexicanos, Senadores. Que vengan aquí a este Senado y nos dé una explicación y nos diga dónde están estos informes que se han ocultado y cómo se borraron tantos videos.

Es ilógico que si el servicio de inteligencia militar, no digamos el Ejército como institución, dio seguimiento a los estudiantes desde la salida de la escuela, qué casualidad que inteligencia militar haya abandonado su tarea justo en medio de los muertos y de la balacera ocurridos en el lapso de cinco horas. Entonces, ¿para qué tenemos inteligencia militar?

Todavía al amanecer había patrullas siguiendo a los buenos policías que fueron a rescatar a los que estaban en las azoteas y en las casas escondidos. No es creíble que no monitorearon a las patrullas que se llevaban a los jóvenes. Ellos saben a dónde se los llevaron, ellos saben dónde están.
Aquí insisto que Murillo, el 27 de enero, dijo que no había ninguna mención sobre la participación militar. Pues lean el informe, hay 144 menciones sobre la participación de los militares.

Y además hay algo que es muy importante. Dice el informe que hubo un enorme despliegue de infraestructura y una gran capacidad de coordinación y ejecución; y que me digan quién puede tener tal capacidad.

México es un Estado autoritario, aquí no se hace nada sin la anuencia del Presidente, y yo a veces entiendo al Secretario de la Defensa, pues ya no quiere venir a dar explicaciones si ya le informó a su jefe y él ya las sabe, y sabe que el estar haciendo tareas de policía sin tener un marco legal los expone, y eso lo ha permitido el gobierno. Por eso las violaciones contra derechos humanos y por eso se infiltra el narcotráfico.

Si el Secretario de la Defensa está de acuerdo, que parece ser, militares al cuartel, y si no está de acuerdo, pues militares al cuartel, porque ya es hora, y creo que esto es una lección para organizar el retiro programado de las Fuerzas Armadas.

Ya nada más les quiero decir que a ver si este Senado despierta, a ver si entiende cuál es su misión, la misión de representar a los ciudadanos y no de mantener una actitud servil y de aduladores únicamente calculando el próximo puesto que les pueden dar. Aquí se controla con dinero las conciencias y esa es una vergüenza. Y aquí nos tienen sin abrir la boca con un silencio cómplice, mientras el país está en crisis.

Este gobierno se podrá reventar mintiendo, pero nosotros tenemos que reinventar el alma. No podemos seguir siendo un pueblo que aguanta hasta la ignominia.

Hoy la ciudanía se conmueve, pero no se mueve. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Guatemala.

A nosotros no nos queda creerles, a nosotros no nos queda callar, contra los tiranos la resistencia.

Y ya termino, señor Presidente.

La lucha de los padres de Ayotzinapa es inspiración y ejemplo, las mejores lecciones de dignidad, no han recibido un peso de indemnización, porque están en la lucha y no los van a comprar con unos cuantos pesos su valor heroico, que seguir día a día levantándose para exigir justicia para sus hijos. Han venido a cimbrar la conciencia de un pueblo resignado.

Me siento en la impotencia, pero no quiero perder la esperanza; y se dice que la esperanza es de los hombres que sueñan despiertos.

Tendremos que aprender a soñar con los ojos abiertos y de día, tendremos que aprender que estos meses de septiembre ya no están para gritar “Viva México”. No señores, lo que hoy queremos gritar es simplemente que México viva; y no se puede vivir si no tenemos la paz, si no conocemos la verdad, y aquí no manda la justicia.

Y les agradezco mucho a los compañeros del PRI que tanto se han preocupado por los jóvenes de Ayotzinapa, sus distracciones.

Trataron de evitar hasta lo último el debate y cuando se da, hacen su bolita para hablar de temas que son más importantes. Pero vendrán aquí después a decirnos sus mentiras que ya nadie cree.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Recuerdo a los oradores que el tiempo previsto para esta etapa es de hasta 10 minutos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para fijar posición hasta por 10 minutos.

El Senador Pablo Escudero Morales: Con su permiso, señor Presidente.

Aquí se preguntaba: ¿Con qué cara el Presidente Enrique Peña Nieto iba a recibir a los padres de familia?

Que no se les olvide, el Presidente Enrique Peña Nieto no desapareció a los 43 normalistas, fue la policía municipal del PRD, fue Abarca.

Nadie, absolutamente nadie podrá empezar a discutir, a debatir, a intercambiar opiniones y posiciones respecto a Ayotzinapa, sin antes lamentar profundamente lo acontecido y mandar un mensaje; un mensaje fuerte de solidaridad, de acompañamiento con los familiares de los 43 desaparecidos.

Desde aquí, nuestra solidaridad.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha sido receptivo y solidario en esta gran tragedia que ha enlutado a todo el país.

En esta Cámara de Senadores hemos recibido a los padres, a las organizaciones no gubernamentales, a sus abogados, a sus amigos, a un sinnúmero de interesados, como lo somos nosotros.

El Estado mexicano, que quede claro, ha dispuesto de todas las herramientas a su alcance para hacer valer la justicia, sin reservas y sin tregua, a aquellos que perpetraron tan trágico suceso.

Hoy la PGR ha informado respecto de 111 detenidos, todos ellos consignados, todos ellos sujetos a un proceso judicial. Muchos quisieran que empezáramos esta discusión, este debate, a partir del 26 de septiembre de 2014.

Pero la historia, la trágica historia de Ayotzinapa no empezó ese día. La lamentable, la triste historia comenzó con un hombre, con un personaje, con un partido político que el día de hoy y el día de mañana, no podrá rehuir a su responsabilidad histórica.

El PRD, sus dirigentes, José Luis Abarca y López Obrador son responsables.

El PRD, su dirigencia y López Obrador son responsables de encumbrar en el poder a quienes sí desaparecieron a esos 43 normalistas.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, estos a sabiendas que los hermanos de ella eran narcotraficantes, que eran miembros de la delincuencia, que operaban para los Beltrán Leyva, así ellos mismos lo denunciaron a sus líderes de partido.

Existían esas denuncias, las hicieron públicas, se las hicieron llegar a sus líderes, pero eso poco importó para que el PRD, su dirigencia y López Obrador la designaran como una distinguida Consejera Nacional del PRD.
El PRD, su dirigencia y López Obrador son responsables del dolor de los padres, de los hermanos, de las familias, de todo el dolor de los mexicanos.

No basta, como ustedes han dicho, con pedir una simple disculpa, no basta. Prueba de ello es que mientras todo el gobierno federal, todas las autoridades buscaban a los delincuentes, estos se encontraban escondidos y protegidos en la delegación Iztapalapa, ni más ni menos que en Iztapalapa.

Y estaban en casa de un proveedor oficial de servicios del PRD, del señor López Obrador, el señor que rentaba las grúas, ahí era donde se escondía.

Finalmente fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, gracias al gobierno federal, que no se les olvide.

El PRD, su dirigencia y López Obrador, así como Diputados y Senadores actuales, participaron activamente en el umbral a José Luis Abarca, recorrieron casa por casa en Guerrero con él, pidieron para Abarca su voto, lo encumbraron, lo empoderaron; prueba de ello son sus dichos, son sus videos, son sus discursos en las plazas públicas.

Y cito textualmente: “Viva Abarca, soñemos con Abarca, votemos por Abarca”.

Sueño que gracias a ustedes se convirtió en realidad, esa realidad muy pronto se convirtió en una terrible pesadilla.

Y por cierto, a los citados les exijo que asuman su responsabilidad y que se den por citados, están citados.

A pesar de ello y a sabiendas de su actuar y de su responsabilidad histórica, el PRD, su dirigencia y López Obrador han tratado de engañar haciendo pensar que es voluntad de los padres de los 43 desaparecidos el crear una fiscalía especializada para Ayotzinapa. ¡Falso! Se los decimos de frente, de manera clara, desde el Partido Verde no lo vamos a apoyar, no estamos de acuerdo, no es el sentir, no es la voluntad de los padres de estos muchachos.

La voluntad de los padres de los desaparecidos, de los 43 normalistas, no es crear esta fiscalía especializada, así lo han declarado en más de 20 medios de comunicación. Y cualquiera podría revisar hoy la primera portada del periódico Milenio.

Con esto, lo que queda claro es que el PRD, su dirigencia y López Obrador tratan nuevamente de distraer la causa de este lamentable suceso.

Señores Senadores, amigos que nos acompañan, ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso:

No fue el Presidente de la República, no fueron las autoridades federales los que desaparecieron a nuestros 43 estudiantes, fueron los policías municipales, bajo el mando del alcalde perredista y “lopezobradorista”, José Luis Abarca, de eso no hay duda.

Se ha querido cuestionar el escrupuloso trabajo de la Procuraduría. Se han obtenido 372 resoluciones judiciales; 196 autos de formal prisión; 92 por delincuencia organizada; 64 por secuestro; 23 por portaciones de arma; 577 declaraciones ministeriales y se han recolectado más de 135 muestras de ADN.

Por supuesto que se deben de atender de manera inmediata, como así lo ha instruido el Presidente Enrique Peña Nieto, las recomendaciones del Grupo Especial.

¿Qué falta en el expediente? Ésa es la gran pregunta.
Y cito nuevamente a la dirigencia del PRD: “En esta investigación se deben de presentar a declarar a la PGR: Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Carlos Sotelo, Lázaro Mazón y Andrés López Obrador”.

Es lo que pide su dirigencia. Y estamos de acuerdo, evidentemente, hay que decirlo.

Dado que han pasado más de 11 meses y escudados en el fuero no han ido a declarar de manera voluntaria, les exigimos que se presenten a declarar en la Procuraduría y que hoy en esta tribuna nos den fecha, cuándo van a ir a declarar en este lamentable y triste asunto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos, para fijar posición.

Tal y como lo establece el Acuerdo parlamentario, desahogaremos los posicionamientos de los grupos parlamentarios y posteriormente daremos paso al debate.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo he sido aludido por el que antecedió en la palabra y sería, desde mi respetuoso punto de vista, equivocado dejar pasar toda una senda de oradores, cuando en este momento, habiendo sido aludido, me parece que es importante tomar la palabra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente; Mesa Directiva:

La naturaleza de las alusiones personales es el derecho de quien ha sido señalado por un dicho. Más allá de que se hayan pactado las intervenciones en un debate, aquí nadie ha estado alterando el debate, sí ha sido aludido para contestar.

Hago esa consideración a la Mesa Directiva, porque esa es la naturaleza de la figura de alusiones personales, y quienes fueron aludidos y están presentes, tienen el derecho de ser escuchados en la aclaración del dicho que los alude, que los denuesta, que los agrede.

Así es que, Mesa Directiva, señor Presidente, a su consideración esta propuesta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señores Senadores, hay un Acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política y que ha votado este Pleno.

Expresamente el Acuerdo parlamentario establece que las rectificaciones de hechos y las alusiones personales se realizarán posteriormente a la etapa de los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la voz la Senadora Angélica de la Peña, en esa secuencia.

Les ruego concluyamos esta etapa de posicionamientos y abramos el debate como está planteado en nuestro Acuerdo parlamentario.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.
El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, la intención, y usted estuvo presente ayer en la reunión de la Junta de Coordinación Política, fue desahogar en los más amplios términos el presente debate.

Yo le pido la posibilidad de tomar la voz, inclusive aunque haya un Acuerdo parlamentario, porque me siento agredido en la intervención de quien antecedió la palabra.

De tal manera que es importante, y por eso respetuosamente se lo planteo a usted y obviamente a la Asamblea, para que en el ánimo de que desahoguemos un gran debate, como el que merece el tema de Ayotzinapa, pues no nos quedemos en el acartonamiento burocrático de un Acuerdo que le va a llevar a perder secuencia a un debate que es fundamental.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente. Yo le pido a usted y a la Mesa Directiva equidad en la participación.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo fui aludida por quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Escudero Morales.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Permítame, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Vuelvo a hacer alusión a revisar desde su criterio la naturaleza de la figura de alusiones personales, que es poder responder, poder aclarar un dicho que se refiere a una persona presente. Solamente eso, y si usted después de esto decide que no, o la Mesa Directiva, aún inconformes, y considerando inequitativa la resolución que ustedes dicten, asumiremos.

Pero con esa visión y esa claridad consideraremos inequitativa la conducción del debate.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda alguna, el PRI quiere tener un gran debate el día de hoy sobre un caso que nos ha lastimado a todos los mexicanos, de cualquier partido, o gente sin partido: la desaparición de 43 muchachos.

Yo le pediría, muy respetuosamente, que la Secretaria de la Mesa Directiva lea el Acuerdo que firmamos el día de ayer en la Junta de Coordinación Política, donde viene la firma del Senador Barbosa.

Sólo el punto tres, señor Presidente, no todo el Acuerdo, sólo el punto tres, para que quede claro que va a tener su derecho el Senador Ríos Piter, mi amigo, en su momento cuando intervenga.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, por favor.

Hay una solicitud de lectura de documentos, tengo que proceder conforme al Reglamento del Senado, porque sirve para ilustrar a la Asamblea.

Proceda, por favor, la Secretaría.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Los Senadores que soliciten la palabra para rectificar hechos se ordenarán en una lista separada y tendrán una intervención, hasta por cinco minutos, al final de las intervenciones a que se refieren los numerales 1 y 2.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Permítame, por favor, la Asamblea.

La intención de todos es debatir este asunto a profundidad en el marco del Acuerdo parlamentario que nos hemos dado.

Si para generar condiciones de tránsito en este debate tenemos que ser flexibles, así será y así lo hará esta Mesa Directiva.

Le ruego a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, me permita darle el uso de la voz al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, en calidad de alusiones personales, en el entendido de que vamos a aplicar escrupulosamente el Acuerdo parlamentario.

Les recuerdo que en términos de lo que establecen nuestras normas internas, la posibilidad de contestar alusiones personales es hasta por cinco minutos y no hay posibilidad de responder a alusiones personales generadas en respuesta.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Escuché con atención lo dicho por el Senador Escudero Morales.

Debo de reconocerle, Senador, que el PRI le hizo un gran discurso, que lo construyó con el ánimo de golpear al Partido de la Revolución Democrática, y vengo aquí no solamente a defender al Partido de la Revolución Democrática, sino a buscar defender que esta Asamblea tenga un poco de nivel para atender el tema de Ayotzinapa.

Ayotzinapa, mi tierra; Iguala, Guerrero; el asesinato y la desaparición de 43 jóvenes en la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre; 111 relacionados con un gobierno del Partido de la Revolución Democrática, Detenidos dentro de un municipio, el municipio de Iguala, dirigido por José Luis Abarca, llevado al poder por el Partido de la Revolución Democrática, sí.

Cocula, el municipio de al lado, donde fueron quemados, según la “verdad histórica”, municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional.

Hoy, José Luis Abarca está en la cárcel; el presidente de Cocula está libre.

De ese nivel es la justicia que impera en este país, cuando lo gobierna el PRI.

Qué bueno que José Luis Abarca, que fue llevado por el PRD al gobierno, está en la cárcel, y si hubiera quienes de parte del gobierno estatal, que también era del PRD, estuvieran en la cárcel, también lo celebraría.

Lo celebraría, compañeros y compañeras, por una razón, porque el tema de Ayotzinapa está mucho más allá de una condición partidista. Pero quiero entrarle en esa breve dimensión en la que lo pone el Senador Pablo Escudero, porque eso nos va a llevar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y al gobierno del PRI, que hoy, vuelvo a sostener, no tiene cara para ver a los padres de los normalistas, no la tiene, y voy a esgrimir mis razones.
Porque ha pasado un año en los que no solamente el gobernante priísta de Cocula está fuera, sino que gente del gobierno estatal, hoy gobierno perredista, está fuera de la cárcel.

Y el Senador Pablo Escudero no leyó el documento que hizo la Comisión Interamericana, por eso celebro el discurso que le hicieron.

Si usted leyera, Senador Pablo Escudero, el informe, se daría cuenta que uno de los tres puntos principales es la información que tuvieron autoridades municipales, estatales y federales en el mismo momento de los hechos en el que estaba la agresión, C4, autoridades del gobierno federal, incluido el Ejército Mexicano.

Hoy quien representa a la autoridad federal, quieran o no negarlo, es el Presidente Peña Nieto, y esa autoridad federal, que tuvo conocimiento en ese momento atroz del asesinato y desaparición de los jóvenes, hoy no está llamada a rendir cuentas.

Así como guerrerense exijo que se rindan cuentas sobre ese gobierno municipal, haya sido de mi partido o no.

Así como exijo que de Cocula, se exija la rendición de cuentas.

¿Y cómo exijo que se exija la rendición de cuentas de autoridades estatales?

Hoy, compañeros y compañeras, quien no ha estado llamado a rendir cuentas es el Presidente Peña Nieto, porque él es el Jefe de las Fuerzas Armadas, él es el titular de la autoridad federal, de la Policía Federal Preventiva, él es quien tiene en su mando, y como Jefe del Estado mexicano, la responsabilidad de responder por la investigación que hoy, después del documento de la Comisión Interamericana, tiene más preguntas que respuestas.

Entonces, Senador Pablo Escudero, lea el documento, léalo, y así como viene a defender, como personero, a Enrique Peña Nieto, venga también a exigirle al Jefe del Estado mexicano, que no es el jefe del PRI, no es el jefe de un gobierno, este es un tema de Estado, y es lo que el PRI no entiende, y no entiende su Presidente, es un tema del Estado mexicano.

Y si hay autoridades que estén involucradas, que se nos llame a rendir cuentas a todos, a todos, no por un deslinde de partido político, hay que rendir cuentas sobre este tema.

Y el error que comete frente a la historia el PRI, porque no es el Senador Escudero, él es un personero del PRI y el gobierno, y poco favor le hace al gobierno y al Presidente que hoy no se reúne con los padres de familia, no se reúne como jefe de un partido, que no se reúne ni siquiera en su calidad de jefe de gobierno.

Hoy, frente a la crisis del Estado mexicano, lo recibe, termino, señor Presidente, con una aspiración que yo escuché de los padres: “la última posibilidad de confianza que tenemos en las instituciones y en el Estado, es la reunión que tenemos con Enrique Peña Nieto”.

Así lo dijeron aquí, precisamente, en el Senado.

Poco favor le hace usted, Senador, y poco buen debate podrán construir, Senador Gamboa, el PRI y su gobierno, si lo que quieren es aquí venir a tratar de deslindar culpas partidistas; éste es un problema del Estado mexicano.

Que pague su culpa quien sea responsable y exíjale rendición de cuentas, especialmente a quien hoy dirige el destino del país, estén a la altura de lo que reclaman los padres y de lo que reclaman los familiares de más de 25 mil desaparecidos.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Declina.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una investigación de la investigación de la PGR a propósito, ciertamente, de un acuerdo del Estado mexicano, a partir de una solicitud de los representantes de las víctimas para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los hechos suscitados entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Se ejerce, además, hay que mencionarlo, por una vinculación de México con el Pacto de San José. Y voy a enumerar once puntos que me parece son el tema de discusión.

1.- Este informe del Grupo evidencia que en esa noche hubo presencia de al menos cinco cuerpos de seguridad: la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Cocula, municipio presidido, en ese entonces, por César Peñaloza Santana, del PRI; agentes de la Policía Federal, de la Policía Ministerial y, además, por personal del Ejército Mexicano.

Perdonen, eso no se puede ocultar. Así, de ese tamaño es la magnitud de la responsabilidad.

2.- Los agentes de las policías municipales, tanto de Iguala como de Cocula, fueron los agresores directos. Sin embargo, los agentes de la Policía Federal y Ministerial, así como los elementos del Ejército, se abstuvieron de actuar en defensa de las víctimas, eludiendo su obligación, permitiendo, incluso, que las agresiones continuaran en nueve eventos distintos en distintos lugares, lo que implica una clara omisión propia, como impropia de dichos agentes.

Ése es el problema, ése es el problema.

3.- Una vez iniciada la investigación de los hechos por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, ciertamente hubo una gran cantidad de deficiencias, insuficiencias, parcialidades, cuestiones inexactas, desaciertos que evidenciaron una negligencia y, además, una enorme impericia.

4.- El proceso de búsqueda de los estudiantes desaparecidos inició de manera tardía, ha sido deficiente y desorganizada, no se ha guiado por un protocolo adecuado, se omitieron acciones importantes como la solicitud de intervención de comunicaciones, cateos, entrevistas, testigos, análisis de los videos del C4 y otros datos que pudieron haber localizado a otros chicos de manera pertinente.

5.- El 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República informó que se haría cargo de las investigaciones del caso; sin embargo, de nuevo los agentes del Ministerio Público Federal fueron y han sido deficientes los dictámenes realizados por peritos nacionales en criminalística de campo. Es necesario poner en evidencia todas estas deficiencias en las fotografías forenses, en la balística, en la medicina forense, en los incendios y explosiones, en la química forense, en los audios, videos, el tránsito terrestre, la genética forense, el tránsito e identificación vehicular, la antropología forense, la identificación y odontología forense, entre otras, todas no han cumplido desde la PGR los estándares mínimos para lograr tener adecuadamente los hechos de verdadera, con verdad jurídica.

Es decir, hoy desgraciadamente estamos frente a que hay una cadena de custodia de múltiples indicios y de evidencias que se han roto. Esa es la realidad y las responsabilidades de la PGR.
6.- Se ha omitido la exploración de diversas líneas de investigación, como la del trasiego a de drogas. No le demos la vuelta, parece que hay toda la intención de que quede esto circunscrito al municipio, a un hombre, etcétera, como aquí lo acaba de decir el Senador Pablo Escudero, cuando la realidad es, y así lo dice el Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también el Informe creado por el Consejo Nacional del PRD y por el Grupo de Expertos Independientes, que es el de trasiego de la droga.

7.- La hipótesis de que los 43 normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, simplemente no hay manera de que se compruebe que 43 cuerpos en 14 ó 16 horas pudieron haber sido incinerados en ese basurero, 43 cuerpos.

Entonces, estamos frente a un problema realmente grave.

8.- El hallazgo de un quinto autobús, del cual no se encuentra evidencia en la investigación de la PGR, pero también hay que decirlo, la suplantación de un autobús patentizan la deficiente investigación de la PGR.

9.- La dispersión. ¿Cómo explican la dispersión en 14 procesos penales en ocho juzgados de distrito, en distintas ciudades del país?

Por supuesto, con toda la intención de complicar más el litigio.

Sin embargo, lo más preocupante en este rubro es que el delito imputado es por secuestro, no por desaparición forzada, lo que refleja el interés por eludir la responsabilidad del Estado mexicano en el hecho.

10.- El informe del Grupo de Expertos Independientes refleja que en el rubro de atención a las víctimas y ofendidos por parte del gobierno mexicano, también ha sido insuficiente, distante o nulo.

11.- Estamos frente a una situación, señoras y señores, que lo voy a decir, hay indicios de que las formas, de que los procedimientos que han emprendido las autoridades encargadas de esta averiguación contra las personas que están en proceso no son las más adecuadas; de tal forma, que no nos extrañemos que también estas personas estén incurriendo en otro tipo de delitos como la tortura.

Hoy, ciertamente, se cumple un año de estos hechos deplorables ocurridos en Iguala, pero no fueron solamente 43 estudiantes desaparecidos durante los hechos de Iguala, hubo 180 víctimas directas en distintos sitios y 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, dos de ellas recibiendo un tiro a 15 centímetros y otra más desmembrada.

Más de 40 personas resultaron heridas, otras 80 sufrieron diferentes formas de atentados contra su vida y otras 30 sufrieron agresiones directas, logrando sobrevivir. Todo lo vivido en Iguala esa noche, fue un horror.

¿Qué hicieron las autoridades que estaban ahí observando: el Ejército, la Policía Ministerial de Guerrero y la Policía Federal? Prácticamente acompañaron todo el tiempo, observaron estos hechos sin absolutamente tener la intención de detenerlos.

Lo ocurrido en Iguala se da en un exceso de una profunda crisis de impunidad.

De ese tamaño es el problema, no le demos la vuelta al problema que tenemos en el país, la participación de agentes del Estado es evidentemente una actuación con una complicidad con la delincuencia organizada y denota un grave deterioro de nuestro estado de derecho y de nuestras instituciones.

La tragedia de Iguala sigue siendo un expediente abierto.

Las madres y los padres de los 43 normalistas, así como las organizaciones de derechos humanos, han sido enfáticos en señalar que las investigaciones, en primerísimo lugar, tienen que estar encaminadas a buscarlos con vida.

Hoy tenemos una primera conclusión, que estas autoridades que han investigado estos hechos no pueden seguir estando al frente de la investigación, y debe de haber un deslinde de responsabilidades de quienes hasta ahora han estado al frente de esta averiguación.
Por eso, es necesario, señoras y señores, y perdimos la oportunidad, y sí, Senador Coordinador del grupo parlamentario del PRI, partido del gobierno, perdimos la oportunidad de aquí haber decidido dar una respuesta a los padres y a las madres de los 43 normalistas, teniendo la posibilidad de consolidar un Ministerio Público especializado, llámese como se quiera llamar, pero que pueda continuar las investigaciones como se han señalado por distintas instituciones, incluyendo el Grupo de Expertos Independientes, que le den justicia, que haya una verdad jurídica y se castigue a fondo a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales.

Y no sigamos ocultando el problema, no solamente de la región de Tierra Caliente, sino la región de todos esos estados con un problema muy bien evidenciado, que es el trasiego de drogas.

Pareciera que hoy nos quieren presentar una fiscalía para ver la desaparición forzada, cuando la verdad ni siquiera tenemos la ley.

 ¿Qué vamos a aplicar?

¿Los cuatro articulitos del Código Penal Federal?

No. Hagamos las cosas bien, esto solamente fue la gota que derrama el vaso de un problema que no podemos ocultar. Demos el debate en serio, contestando lo que yo aquí he planteado de manera concisa, de manera pertinente y de manera clara.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, desde su escaño, para alusiones personales.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Aquí la pregunta que sigue sin respuesta es si van a ir de manera libre a declarar a la Procuraduría General de la República. ¿Lo van a hacer o se van a seguir escudando en su fuero?

Los que piden que vayan a declarar son los líderes del partido, con gusto en un momento les voy a citar quiénes, cuándo y dónde han pedido que ustedes declaren.

Esa es mi solicitud, que nos digan si van a ir o no van a ir. Conflicto de intereses, revisen las declaraciones de la señora Wallace de hace tres días, donde dice que existe un claro conflicto de intereses; donde deberían de estar en este momento es en la declaración de esta averiguación previa del caso Ayotzinapa, formando parte de la investigación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales.

Recuerdo a la Asamblea que están prohibidos los diálogos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos, para fijar su posición.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Los trágicos acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, que tuvieron como resultado la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, representan, sin duda, una de las páginas más tristes, pero también más oscuras en la historia de esta entidad, pero también de nuestro país.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, lo más importante, lo realmente importante es no permitir que estos hechos queden impunes y que se sepa la verdad sobre los motivos que provocaron la desaparición de los normalistas. Debemos tener la certeza de quién o quiénes fueron los autores materiales o intelectuales y, sobre todo, debemos tener la certeza de cuál fue el destino de los desaparecidos.

Señoras y señores Senadores, no debemos desviar la atención en este debate, no debemos desviar la atención de lo que debe ser el aspecto central, lo que México demanda, lo que la sociedad mexicana está pidiendo, lo que piden las víctimas directas e indirectas de estos terribles sucesos es conocer la verdad y obtener la justica, esa es la demanda.

Para Acción Nacional, para nuestro grupo parlamentario, eso queda muy claro. Y es que un año después de estos terribles acontecimientos, lejos de estar cerca de la verdad, parece que hoy priva la confusión en la comunidad internacional, las víctimas y la sociedad mexicana se manifiestan insatisfechos sobre la certeza, sobre el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de la verdad.

Realmente no se avizora una solución real ni satisfactoria para este tema. Por eso para el grupo parlamentario del PAN, como lo dijimos hace 15 días cuando se inició este debate, nosotros sostenemos que es fundamental que el Senado de la República realmente genere un Acuerdo encaminado al esclarecimiento de los hechos y de la verdad.

Es fundamental que este debate no se convierta solamente en una pugna de grupos o intereses políticos; es fundamental que en este debate realmente se generen conclusiones reales que ayuden a nuestro país en la construcción de unas instituciones que realmente tengan credibilidad para los mexicanos.

Y es que hay que decirlo con claridad, el país está sumido en una grave crisis de credibilidad hacia las instituciones provocadas por éste y otros hechos graves que están a la vista y que podemos ver lamentablemente todos los días en las noticias, a las que nos enfrentamos los mexicanos.

Los lamentables hechos de Ayotzinapa, sin duda tienen un componente importante en una acción totalmente reprochable de la autoridad municipal de Iguala. Tienen también un componente fundamental de una inacción y complicidad de la autoridad estatal de Guerrero. Pero tampoco podemos olvidar la inacción de la autoridad federal en un caso en donde no podemos negar la influencia de la delincuencia organizada.

No podemos negar tampoco la reacción tardía del gobierno federal después de los hechos suscitados; y por supuesto que lo que nos tiene hoy en este debate es la actuación de quienes, responsables de la procuración de justicia en nuestro país, en su investigación con su llamada “verdad histórica” han provocado que hoy, después de las conclusiones del Grupo de Expertos, salga a la luz estas contradicciones que no hacen sino que la opinión pública mexicana sepa que lo que se concluyó no es una verdad sino una mentira.

Lo que hoy nos debe convocar a todos en esta Soberanía, es el conocimiento de la verdad, pero también el castigo a la impunidad. Por ello es fundamental no solamente seguir insistiendo en el buen funcionamiento de nuestras instituciones, sino también actuar con toda la energía en contra de la impunidad y deslindar las responsabilidades que hubiera habido en la comisión de esta investigación.

Hoy los Senadores de Acción Nacional exigimos que el Ministerio Público Federal se constituye como un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito bajo los principios de objetividad y lealtad, sin ataduras o sesgos de carácter político que la gravedad del caso Ayotzinapa exige.
Exigimos que en éste, como en todos los casos de violaciones de derechos humanos que hay en México, la regla no sea la impunidad. Por el contrario, exigimos que se dé cauce a una investigación que realmente haga del conocimiento público la verdad sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Exigimos, por supuesto, la transparencia absoluta y que prevalezca el principio de máxima publicidad.

Exigimos lo anterior, porque somos conscientes de que sólo en la medida que los mexicanos conozcamos la verdad sobre estos terribles hechos, el país realmente podría decir que se encamina hacia alcanzar lo que hoy todos los mexicanos anhelamos, un país en condiciones de justicia y libertad.

Acción Nacional no dejará de luchar porque el ejercicio de las libertades y el respeto a los derechos humanos, propios de un Estado democrático, sean la regla general en México y no la excepción.

Hoy, en el punto de Acuerdo que suscribe Acción Nacional, insistimos en lo que dijimos desde un principio, respaldar las conclusiones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigir que el Ejecutivo Federal atienda las demandas de los padres de familia de las víctimas.

Exigimos también que se genere una fiscalía especializada encargada de investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y también que haya la coadyuvancia del grupo de expertos en esta fiscalía.

También, el Partido Acción Nacional pide que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de las atribuciones, intervenga en el desarrollo de las investigaciones.

Pedimos que el Senado de la República exhorte al Instituto Nacional de Transparencia para que garantice el principio de máxima publicidad. Queremos que realmente se de vista a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República para que establezca, a partir de una investigación seria, las responsabilidades a que haya lugar de los funcionarios que participaron en la investigación que hoy está en tela de juicio, y que es lo que nos convoca a este debate.

Queremos, en suma, que México conozca la verdad y que en México la única regla posible sea el esclarecimiento de la verdad y el logro de la justicia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos, para fijar posición.

El Senador Omar Fayad Meneses: Compañeras y compañeros Senadores:

Está casi por cumplirse un año de los dolorosos y lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, fecha que, a juicio de todos, debe pertenecer ya a lo más lamentable de la historia reciente.

Eso, hoy nos hace refrendar a los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nuestra más absoluta solidaridad con los familiares de las víctimas, de las personas que perdieron la vida y de aquellas que aún permanecen desaparecidas.
Quiero señalarlo con contundencia y claridad como mexicanos y funcionarios al servicio de la nación, los integrantes del PRI condenamos sin excusa esta clase de hechos violentos que enlutan al país y provocan la indignación del pueblo mexicano.

Unidos con el sentir de los padres de familia afectados, nuestra principal demanda continúa siendo el esclarecimiento total de los hechos y el castigo ejemplar a los culpables.

Asimismo, queremos denunciar la conducta indigna de todos aquellos frentes políticos que siguen utilizando este doloroso hecho como una manera vergonzosa de obtener beneficios políticos y electorales; sin embargo, a pesar de que México ha sido testigo de una persistente manipulación de los hechos ocurridos en Iguala y Cocula, la realidad ha exhibido, desde entonces, una incuestionable voluntad del Presidente de México para esclarecer este crimen y hacer justicia a cada una de las víctimas; y eso no podemos negárselo, ni escatimarlo.

A mí me parece verdaderamente, compañeras y compañeros Senadores, que es tan penoso, es tan vergonzoso tratar de que por un señalamiento algunos miembros de un partido de participación en los hechos o de apoyo político al alcalde Abarca, por esta participación se pretenda calificar a todo un partido como relacionado con el crimen organizado.

Me parece penoso que tratemos de adoptar la actitud de que por el apoyo que hayan dado en una candidatura a uno de sus miembros, hoy los culpemos a todos. No estaría jamás de acuerdo, y me conocen compañeros.

Tampoco he de decirlo, puedo estar de acuerdo, porque también me parece penoso que los hechos que atrajo el gobierno de la República y que ha enfrentado en una investigación pulcra, clara, que puede tener algunas vicisitudes porque está abierta y porque hay que concluirla, me parece penoso que por cumplir sus atribuciones de atracción el Presidente de la República, ahora traten de culparlo de hechos de los que no forma parte. Son hechos que deben estar en manos del ministerio público y de los jueces. Eso es lo que tenemos que procurar todos y subirle el nivel de debate a uno de los hechos más importantes de la historia reciente que tanto nos preocupa. Dejemos de lado esa postura.

Nosotros estamos convencidos del compromiso que existe en la búsqueda de la verdad por parte de las autoridades federales.

Amigas y amigos Senadores:

Son las autoridades federales quienes han logrado detener a los responsables.

No podemos permitir la impunidad; ha sido la investigación, la de la procuraduría, una pulcra investigación la que ha dado pie a las detenciones de los culpables.

Creo que la postura de todos no debe ser la de estar señalando aquí en el Senado, esta mañana y esta tarde, que si un partido y que si el otro.

Compañeras y compañeros, creo que todos buscamos lo mismo, todos queremos llegar a la “verdad histórica”, todos queremos que se dé la verdad jurídica; y creo que la procuraduría logró en este tiempo construir las hipótesis necesarias, no en base a ocurrencias, es en base a pruebas periciales para poder constatar una hipótesis, que está sustentada en cientos de pruebas periciales.

Compañeras y compañeros, no son ocurrencias, hay que respetar la investigación.
Yo no soy partícipe de crear ninguna otra dependencia, cuando ésta en menos de un año ha dado resultados como nunca antes.

Me parece que si hay diferencias con un informe, hay que trabajar en ellas, pero no me parece que un informe sustituya todos los peritajes, no solamente de peritos de la PGR, peritajes de extranjeros, peritajes de la universidad, peritajes de otras instituciones de muy alto nivel, como en el caso de las de Innstbruck.

Es un informe de una comisión de especialistas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, especialistas en derechos humanos que venían, precisamente, para vigilar, en este proceso, los derechos humanos.

Compañeras y compañeros, no podemos contrastar lo que no es contrastable. Las apreciaciones de un informe de especialistas en derechos humanos sería un error que tratáramos de traslaparlas con peritajes, porque los peritajes los hacen los peritos, expertos en la materia y los especialistas en derechos humanos ven que no haya violación alguna.

Pero les recuerdo algo, para que subamos este debate de nivel, ¿saben quién llamó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? El Presidente Peña y el gobierno de la República, los invitaron para hacer de esta investigación una de las más técnicas, científicas y transparentes.

No caigamos en un error. Yo les pido que entren en razón, así como les digo que me avergonzaría decir que todo el PRD o todo Morena pudiera estar inmiscuidos en el crimen organizado, porque uno o algunos de sus miembros, ha señalamiento de otros mismos, de sus miembros están siendo imputados, me parece vergonzoso que se le quiera culpar al Presidente de la República, cuando la actuación de la procuraduría ha sido verdaderamente impecable en este sentido.

Yo creo, compañeras y compañeros, que estamos en un momento crucial de la investigación.

Venir a tirar los peritajes y a golpear a las instituciones no sirve de nada. Están los delincuentes en la cárcel, ha sido este gobierno el que ha metido a los delincuentes a la cárcel.

Hay 121 personas detenidas, pero además, ¿saben quién está en la cárcel, más allá de nuestros partidos? Los responsables están confesos, compañeras y compañeros, están confesos y hay las pruebas contundentes que prueban las hipótesis de principio a fin.

En dos de los casos, se ha comprobado hasta la relación genética, en dos de los 43 estudiantes. Nadie ha dicho que los 43 estudiantes exactamente fueron quemados en Cocula, por eso la investigación sigue abierta. Pero algunos de esos fueron quemados tal cual la hipótesis lo señala, y los delincuentes confesos lo han dicho.

Qué necesidad de crear instancias que no sirven al gobierno mexicano ni a las instituciones, que pudieran servirle de parapeto o de artilugio a los verdaderos criminales que ya están en la cárcel para que se pudieran salir. Dejemos el pleito de partidos, preocupémonos por las familias, por las víctimas, porque no vuelva a ocurrir y no seguir haciendo señalamientos que a nadie benefician.

Yo les pido que entremos en razón, y que en este debate, más allá de seguir haciéndonos señalamientos, porque podemos seguir toda la tarde y toda la vida, porque tenemos ideologías distintas sumémonos todos a la acción de la justicia, vayamos juntos a construir y a contribuir para que se dé la “verdad histórica” de los hechos, pero para que se dé la verdad jurídica. Los delincuentes están consignados.
Para concluir, quiero hacer algunas precisiones, compañeras y compañeros. Se habla aquí de diferencias con un informe, adelante, que un grupo de especialistas del más alto nivel traído de donde sea necesario por los perfiles que deben de cubrir, analicen si hay alguna falla en algún peritaje, yo estaría totalmente de acuerdo.

Señalarles que no hay participación de agentes del Estado, no participó el Ejército, no participó la Policía Federal.

Creo que en el caso que se señaló aquí de Cocula, se nos olvida que hay 19 policías detenidos del municipio de Cocula, entre ellos el director y subdirector de la policía, mienten quienes digan que no se les consignó.

También mienten quienes digan que al presidente municipal de Cocula no se le hizo nada, se le consignó, se presentó ante la justicia, fueron los jueces, ojo, no la PGR, los jueces en el estado de Guerrero fueron quienes dictaminaron que no era culpable, pero el alcalde de Cocula fue consignado por la PGR, no tratemos de decir lo que no es verdad.

Hay que llamar a cuentas al Presidente, dicen algunos aquí.

Oigan qué buenas cuentas está rindiendo el Presidente, que en menos de un año ha tenido una hipótesis perfectamente técnica y científicamente sustentable sobre lo que ocurrió esa trágica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Dicen que cómo se va a atrever al Presidente a ver a los padres y a las víctimas de los muchachos asesinados y desaparecidos algunos, en esa calidad. No es la primera vez.

Se han reunido con el Presidente ya, se han reunido con funcionarios de la PGR, con funcionarios del gobierno; creo que no hay que irse por el lado incorrecto; creo fundamentalmente que hay cosas que deben de salir a la luz, y nuestra bancada reitera su apoyo incondicional al Presidente y a la Procuraduría General de la República por lo que ha hecho y por lo que está haciendo, y que siga la investigación abierta.

Que se vaya a la búsqueda de los jóvenes estudiantes, que se siga adelante con la investigación, así lo pide México, así lo pedimos todos; hay más cosas que nos unen en este asunto, que debe de ser el que se haga justicia y se castigue ejemplarmente a los culpables, que estarnos peleando con posiciones partidistas esta tarde.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad Meneses.

En términos del Acuerdo parlamentario correspondería ahora los turnos de debate por los grupos parlamentarios, sin embargo, ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras y compañeros Senadores:

Desde que me incorporé a este Senado, me he podido percatar que aquí, lejos de ser un parlamento donde se discuta en beneficio de la sociedad, lo único que se practica es un diálogo de sordos. Cada cual sube a esta tribuna para hablar a nombre de su partido, para defender los intereses de su partido, para culpar al otro partido y la ciudadanía a la que representamos, ¿esa dónde está?, ¿cuándo se escucha su voz acá?

Todos aquí vienen a incriminar. Que si el PRD tiene la culpa de lo sucedido en Ayotzinapa, porque gobernaba Abarca; que si el PRI tiene responsabilidad, porque gobernaba Cocula.
Yo también preguntaría, ¿el PAN tendría responsabilidad por los miles de desaparecidos durante la época de Calderón?

Todos tenemos responsabilidad en este tema.

¿Tiene responsabilidad Peña Nieto en las omisiones y errores del caso Ayotzinapa?

Son preguntas y todos tenemos responsabilidad.

Tenemos responsabilidad los legisladores, porque desde que la Corte Interamericana resolvió en 2009, el caso Radilla e hizo recomendaciones para legislar sobre desaparición forzada. Es el momento y la hora en la que la legislación en materia de desaparición forzada no ha avanzado.

Me dicen, es que ya viene, ya se aprobó, y ahora nada más falta que termine de pasar por los congresos locales para poder avanzar en la ley secundaria.

Cuando les ha urgido algo a este Congreso, en menos de un mes acaban el proceso de reforma constitucional, ¿por qué desde el 2009 no hemos podido concretar los legisladores lo que nos corresponde?.

Me parece que es importante recordarnos lo que significa desaparición forzada.

La desaparición forzada supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinada circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, y ante eso estamos con el caso de Ayotzinapa.

Se identifica por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del estado, grupos o individuos que actúan con su apoyo; seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

Cuando leo cada una de estas palabras no tengo más que referirme una y otra vez a lo sucedido en Ayotzinapa.

¿Hubo o no hubo agentes del Estado involucrados en la desaparición de los normalistas?

El Grupo de Expertos dice que sí, que estuvieron involucrados agentes del Estado, desde las policías municipales, estatales, federales y el Ejército.

Sí, todos tenemos responsabilidad, los diferentes niveles de gobierno tienen responsabilidad.

Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, el que cambió la visión de México en el mundo, el que mostró el nivel de corrupción, impunidad y complicidad del Estado en la desaparición y muerte de miles de personas.

Mientras nosotros discutimos aquí, en nuestro país, tan sólo en este sexenio llevamos más de 7,600 desapariciones forzadas, 17 personas por día, ese es el dato. Y nosotros seguimos defendiendo los intereses de nuestros partidos.

Los normalistas cometieron el peor error, aquél que en México es castigado con brutalidad, el derecho a disentir, a levantar la voz, a exigir lo que por derecho les corresponde, a visibilizar las condiciones en las que subsisten las escuelas normales rurales.
Lo que nosotros les debemos a ellos es hacer nuestro trabajo y exigir al gobierno de la República, pero también a todos los órdenes de gobierno que tienen responsabilidad, no solamente que rindan cuentas, sino que hagan posible el derecho a la verdad.

Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la verdad; y hoy, cuando los padres y madres están hablando frente a Peña Nieto, no me queda más que pensar, ¿qué haría yo, como madre que soy, si mi hijo desapareciera?

Yo les pido a ustedes que se pongan en ese papel. Estoy segura que la gran mayoría son padres, dejen de pensar en los intereses de su partido y piensen en la ciudadanía a la que representan.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se abre la primera ronda de debate. Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Desde que se hizo público el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, el objetivo del gobierno de Peña Nieto ha sido echarle tierra desde el principio, toda una estrategia para echarle tierra y hacerlo a un lado, no existe.

Y aquí hemos oído a los que están en defensa de esa posición oficial, indefendible tratar de regresar a las resoluciones, o lo que han venido señalando, y ocultando que el tema es el informe de Ayotzinapa, ese es el tema que debemos discutir.

Obviamente se plantea un ejercicio provocador, vamos atacar para sacar del tema lo que hay que discutir, indigna y servilmente, como lo ordenó Peña Nieto, hay que acusar a López Obrador, bueno, es el colmo de desvergüenza, vamos a acusar a López Obrador porque ya lo ordenó Peña Nieto en su mensaje, es una vergüenza indigna que lo hagan.

El informe de Ayotzinapa, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes echa abajo toda esta cobertura legaloide de la Procuraduría, sostenida por las autoridades del gobierno de Peña Nieto.

En mi primera intervención en relación con este tema, el primer día dije, y lo sostengo: “El responsable de los hechos en Iguala es formal, constitucional y legalmente, el Presidente Peña Nieto”, y todo lo que se ha hecho desde entonces es mandarlo a las autoridades municipales nada más, es una cobertura pésima.

Miren ustedes, nadie ha leído, por lo pronto, el informe de Ayotzinapa, de este Grupo de Expertos. Para empezar, es un acuerdo de asistencia técnica internacional suscrito por el gobierno mexicano, a este grupo se le pide y se llega a un acuerdo de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano a raíz de la desaparición de los normalistas, entre las atribuciones está analizar si en las investigaciones se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos con la delincuencia organizada y otros actores, ese es el objetivo de esta presencia, y ya está cumplido en una primera parte.

¿Qué es lo que dice este grupo? Bueno, no obstante que funcionarios del gobierno federal están diciendo: “Bueno, desde que salió, hay algunas coincidencias y hay otras diferencias, son pequeñas”, es mentira. Lo que hace este grupo, y aquí está el documento, es echar abajo toda la investigación falsa, todo el trabajo de tapar una realidad inocultable, y que hagan lo que hagan el Presidente Peña Nieto, su gobierno y sus instituciones, pasarán a la historia cargando este crimen de Estado.
Cuando se empezó a discutir recuerdo que se habló del Ejército Mexicano. Al Ejército Mexicano no se le toca, callen, no se puede hablar del Ejército Mexicano, bueno, pues estos investigadores expertos lo dicen con toda claridad: “No somos nosotros malintencionados los que vamos a decir no”.

En este estudio fundado en las pruebas que tiene los 80 y tantos volúmenes, se dice: “La presencia de miembros del 27 Batallón de Infantería en el lugar de los hechos”.

Nada más leer estos informes, nada más poderse imaginar la brutalidad, la fuerza indiscriminada contra jóvenes, casi niños, adolescentes, ametrallados, asesinados, secuestrados, llevados a la desaparición por las autoridades del Estado mexicano, ahí está. No es cierto que fue un tema municipal, falso, fue un tema del Estado mexicano en todos sus niveles, y aquí está en este texto con toda claridad.

Durante esa masacre perversa, durante todos esos ataques en los 4 lugares en los que se dio, ahí estaban representantes del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, ahí estaban, lo dicen aquí y lo dicen porque está en los expedientes: “Ahí estaban representantes del Ejército, ahí estaban representantes de la Procuraduría General de la República, no solamente de los municipales”.

Es un crimen de Estado en el que participaron agentes del Ejército Nacional y de la Procuraduría General de la República y, por favor, habrá que leer esta tragedia y no nada más referirse a ella cuando los ametrallaron, cuando los persiguieron, cuando los asesinaron, cuando desollaron a un joven, ahí estaba toda la representación del Estado mexicano, ahí estaban.

¿Cómo es posible que vengan a negarlo?, ¿cómo es posible que vengan a decir que este es un informe más? No, este informe se basa en los elementos que tiene la Procuraduría oficialmente, no lo pueden ocultar, no le pueden echar tierra con todo y que Televisa y TV Azteca todos los días vuelvan a decir que ese es un problema municipal, que allá fue, que allá abajo, que los policías, todo el tiempo esta cobertura, esté tapado de un crimen de Estado, aquí está en este tomo.

Ahí en esa masacre de jóvenes mexicanos adolescentes que a final de cuentas, arrinconados lloraban, pedían que los dejaran vivos y los asesinaron, y a los demás se los llevaron, ¿quiénes?, ¿los policías municipales?, ¿la presencia de la Policía Judicial Federal y la presencia del Ejército Mexicano? Y eso no se puede ocultar, y tenemos que tomar en cuenta ese estudio, tenemos que atender la verdad que sale de las propias pruebas que tiene en 85 tomos la Procuraduría General de la República. No lo van a ocultar por más que lo hagan.

Lo que necesitan es enfrentar y el Presidente es el responsable, dicen, el Presidente no tiene nada que ver, bueno, es ridículo, es provocador, es verdaderamente hasta risible y cómico.

El Presidente es el responsable del movimiento del Ejército, de la Procuraduría y de todo lo que ha ocurrido con los agentes federales, municipales y estatales en este crimen espantoso, en donde asesinaron y desaparecieron a jóvenes mexicanos, a jóvenes que no tenían más que su voluntad de salir adelante estudiando.

Han atacado a una de las instituciones más emotivas que podemos tener, que son las escuelas, las normales rurales y de eso se trató, han atacado a la institución de las normales rurales de jóvenes que están dispuestos a sacar adelante al país, jóvenes hijos de los niveles más pobres del país, fueron asesinados ante la presencia de agentes del Ejército Mexicano y agentes de la Procuraduría General de la República.

El estudio que vienen a defender ustedes aquí y decir que todo ha sido muy bien y que la Procuraduría hizo un gran estudio, es falso, lean el estudio, no es un análisis escrupuloso, de ninguna manera, sino es una cobertura mala de un crimen de Estado, no lo van a poder ocultar. Aquí está, está para la historia mañana, pasado y para siempre. No traten de tapar el sol con un dedo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

“Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, es que tenga la fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas, y aquí debo estar con los padres y luchar hasta encontrarlos”.

Estas son palabras de un familiar de los jóvenes desaparecidos.

La información proporcionada por el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resultó ser demoledora, ya que el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, omitió procesar información valiosa para la investigación; torturó a personas para obligar a que confesaran, manipuló peritajes, todo ello para fabricar una verdad histórica que no se sustenta con pruebas científicas. Esto lo dicen los expertos.

Peña Nieto debe una explicación a la nación y a la opinión pública nacional e internacional sobre las mentiras que inventó su gobierno. La farsa de la verdad histórica no puede quedar impune. En cualquier nación democrática la mentira institucionalizada ya habría costado la caída del gobierno.

A unos días de cumplirse un año de la tragedia que ha marcado la historia de este país, las voces de los familiares hablan del dolor ante la desesperación de no conocer el paradero de los jóvenes y la esperanza que tienen de encontrarlos.

Pero también sus voces hablan del enojo ante la pérdida de confianza por la intervención de las fuerzas de seguridad de los tres órganos de gobierno en los hechos, y por el actuar doloso de la PGR al ocultar información y pretender una verdad que no sostiene.

Según la PGR, fue Abarca y su esposa quienes además están en la cárcel por el asesinato de nuestro compañero Arturo Hernández Cardona, y las pruebas se las llevamos nosotros. No están encerrados Abarca y su esposa por otra razón.

Esto lo quieren minimizar, a que la culpa la tuvo un alcalducho de mala muerte. El informe de los expertos habla de 19 alcaldes y no sabemos dónde están esos otros alcaldes. Pero sinteticemos para decir lo que decía mi compañero Armando Ríos Piter: “La responsabilidad es del Estado”.

Ahorita la investigación está radicada en la responsabilidad de los servidores públicos que actuaron de manera dolosa para no investigar el caso.
Hoy tenemos la oportunidad para asumir ese compromiso como Estado, como nación, de cara a la comunidad, buscando a los normalistas, encontrando la verdad, respetando los derechos humanos de las víctimas y en un acceso verdadero a la justicia.

Aquí pueden señalar al que quieran, pero no pierdan de vista que el verdadero objetivo de esta discusión es eliminar los obstáculos estructurales, mover voluntades y transitar de las palabras a los hechos.

En primer término debe dejarse claro que no pueden ser los mismos servidores públicos que contaminaron la evidencia, que torturaron, que omitieron procesar información, que manipularon datos y pruebas, que pretendieron engañar a las familias de los normalistas y a la sociedad, quienes continúan investigando los hechos.

Más aún, aquéllos que ya dejaron sus funciones, como el ex procurador Murillo Karam, tienen que ser investigados y sancionados. A estas alturas la Visitaduría de la PGR tendría ya que habernos informado sobre el inicio de los diversos procedimientos de investigación sobre la actuación de todos los funcionarios que, a la luz de las nuevas pruebas científicas, construyeron una verdad insostenible, para que todos ellos en su momento sean debidamente sancionados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con este informe del Grupo de Expertos, debería iniciar ya sendos procesos de investigación y eventual sanción contra los servidores públicos que por acción o por omisión han impedido el efectivo acceso a la justicia.

Para avanzar en este sentido y para evitar que sean los mismos funcionarios quienes sigan contaminando la investigación, necesitamos que se haga caso a la propuesta de los familiares de las víctimas.

Los familiares de los normalistas han propuesto la creación de dos unidades especiales: una que se encargue de implementar un nuevo plan de esquema de búsqueda, actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos, así como redirigir las investigaciones. Y la otra que se encargue precisamente de la investigación de las responsabilidades y las denuncias presentadas por torturas por algunos de los detenidos.

Se puede hacer la Fiscalía Especial que propone el PRD, y en esa Fiscalía Especial abrir estas dos unidades especiales que solicitan los familiares de los normalistas.

La responsabilidad, repito, es del Estado y ahí saldrá la verdad, la responsabilidad de quienes la tengan.

Dejemos que se diseñe con especialistas, con los familiares, un nuevo plan de búsqueda de los 43 estudiantes, ante la posibilidad de que algunos de ellos puedan encontrarse aún con vida o que, incluso, pudieran haber sido asesinados en lugares distintos a los que hoy está revisando la PGR, además de que se encaucen las investigaciones a partir de la información proporcionada por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se realice una investigación exhaustiva y eficaz en donde radica verdaderamente la discusión, Senadoras y Senadores. Es en la forma de operación de estas fiscalías con sus unidades, que tengan respeto, que tengan autonomía operacional y desde luego, cuidar el perfil de sus titulares.

Termino diciendo que la PGR ya vivía una crisis de credibilidad y desconfianza por parte de los familiares de las personas desaparecidas. Con el informe de los expertos la confianza en las instituciones terminó por perderse.
Por ello resulta indispensable, que para encabezar estas instancias se pueda contar directamente con especialistas, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Justo ahí radica el reto de transitar del debate a los hechos.

Nosotros no somos Ministerio Público ni Poder Judicial, como legisladoras y legisladores es como podemos iniciar un proceso de seguimiento de revisión a la investigación que tendrá que desarrollar la PGR en su interior y deslindar responsabilidades en el tratamiento de este caso, no podemos quedarnos simplemente mirando sin actuar, ante las serias violaciones al debido proceso y a la violación sistemática de derechos humanos que está completamente documentada.

Aquí, en esta discusión, compañeras y compañeros, no perdamos la mira, no perdamos el objetivo real de esta discusión, no a la impunidad, sí al acceso a la justicia, sí a la reparación del daño, sí a la implementación de medidas reales para su no repetición.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

México vive una grave crisis de derechos humanos, crisis que incluso ha sido denunciada y a su vez, es sancionada por organismos internacionales frente a esta realidad y ante la falta de respuesta a muchas interrogantes sobre la violación a los derechos humanos, la sociedad mexicana confía cada vez menos en nuestras instituciones.

El tema de la desaparición forzada en nuestro país no es nuevo, existen eventos dolorosos que han lastimado a la sociedad y en su conjunto. Se ha convertido en uno de los delitos que representan una preocupación constante para la mayoría de los mexicanos. Estamos en un momento de debilidad institucional.

Por desgracia, septiembre, este sexenio ha sido marcado por el luto y la incertidumbre de hechos violentos que ameritan explicaciones contundentes que den certeza y no generen dudas, tal es el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Es lamentable que el debate en este Senado se haya convertido en un repartidero de culpas, es justo por ello que los ciudadanos ya no creen en la clase política y menos en nosotros y ni en los partidos políticos.

La realidad es que la pelea entre nosotros no hará que los padres y madres de los 43 normalistas sientan tranquilidad.

Nos hemos dado cuenta de que ellos también son víctimas, víctimas de las autoridades, víctimas de los partidos políticos, víctimas de grupos que buscan todo tipo de intereses y aprovechan la circunstancia para que a toda costa, esto no se resuelva.

Pero especialmente víctimas de la demagogia, porque todos los que estamos acá, sabemos que al terminar este debate, llegaremos a nuestras casas, veremos a nuestros familiares, abrazaremos a nuestros hijos y nos concentraremos en muchos otros temas, pero ellos, ellos que viven la tragedia no tendrán esa misma oportunidad.
En este Senado se espera mayor responsabilidad, seriedad, apoyo y simplemente que cumplamos con nuestra obligación.

Es grave que a un año de distancia, la autoridad no cuente con elementos que den la razón de los 43 estudiantes

¿Qué paso con ellos? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué se fueron contra los estudiantes?

Son cuestionamientos que a estas alturas la autoridad debiera ser capaz de responder, ante este o cualquier otro foro con argumentos científicos que sustenten el contenido de cualquier informe.

Los padres tienen derecho a saber dónde están sus hijos, los estudiantes desaparecidos, vivos o fallecidos pero, sobre todo, piden que todos los involucrados, todos, todos, estén ahora en la cárcel y sean castigados.

Los padres, los familiares, los afectados, los ciudadanos solidarios con esta causa, en general el pueblo de México, esperamos explicaciones convincentes, demandamos justicia integral por parte de las instancias encargadas de impartirla.

El tema es muy complejo y delicado, porque de 43 alumnos de esa escuela, solamente 2 han sido identificados gracias a las investigaciones del ADN mitocondrial según especialistas de Innsbruck, Austria y con el aval de autoridades mexicanas.

El tema demanda certeza y verdad, para ello es este debate, no bastan las palabras de aliento, las explicaciones y sustento, los esfuerzos del gobierno por establecer la narrativa específica de la verdad histórica.

En días recientes un Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un informe sobre la investigación realizada por las autoridades mexicanas del caso Ayotzinapa.

Existen algunas coincidencias, pero también el documento, entre otras cosas, cuestiona la teoría de incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, se menciona la posibilidad de haber quemado a algunos, pero la revisión ocular del especialista en la materia, permite afirmar que es imposible que ahí se deshicieran de todos los cuerpos, y lo hace con elementos probados desde la cantidad de materiales que se requerirían para incinerar, tal cantidad de materiales que evidentemente no nos llevan a la certeza jurídica.

Eso, Senadoras y Senadores, ya había sido afirmado por científicos mexicanos meses antes, en pocas palabras, se cuestiona la investigación realizada por el ex procurador Jesús Murillo, ¿dónde están los 41 faltantes?

Presentar ante la opinión pública supuestos participantes directos que además confiesan, no quiere decir que resistan una prueba científica, ese es el conflicto existente en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que cuestiona la verdad de la teoría.

Las autoridades, me parece, deben demostrar que sus dichos son consistentes y eso será posible con argumentos científicos, no con descalificaciones. Es su responsabilidad esclarecer los hechos y castigar, reitero, a todos los culpables.

La cuestión no es politizar el tema, se requiere certeza científica, investigación de fondo que evite manifestaciones de cualquier índole, que más allá de justificar, abone a la verdad.
Lo importante es explicar por qué hay diferencias, por qué se encontraron hechos que al final de cuentas cuestionan lo que se ha denominado “La verdad histórica”. Hay que recordar que el Ejecutivo en su Tercer Informe de Gobierno, entre sus prioridades para lo que resta de la administración, estableció, dijo él con claridad: “La necesidad de combatir la impunidad y proteger los derechos humanos”. Por ello hemos insistido en la creación de una Fiscalía Especializada para evitar la impunidad en Ayotzinapa, para seguir con las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo de Expertos Independientes.

Senadoras y Senadores:

El Estado mexicano, del que este Senado forma parte, enfrenta un problema mayúsculo, la crisis de credibilidad de sus instituciones por el quehacer de sus funcionarios y también de sus servidores públicos.

Hoy se cuestiona el Informe Oficial de Ayotzinapa, ya lo dijo el Presidente Peña y lo cito: “Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables, los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad, nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del estado de derecho, señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias en corrupción en el órden municipal, estatal y federal, y en algunos casos en el ámbito privado, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. Estas situaciones son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones”, se cierra la cita.

El gobierno mexicano en un sentido autocrítico, debe reconocer que la investigación está viciada de origen. Los resultados que presentó Murillo Karam y, por consiguiente, la PGR, no cuentan con la credibilidad ni con la confianza necesaria de una institución encargada precisamente de la impartición de la justicia. De ahí la necesidad de crear esta fiscalía y creo que en este Senado no hay nadie quien lo pueda cuestionar.

Las y los Senadores de Acción Nacional, exigimos respuestas para las familias de los desaparecidos, la justicia debe ser pronta y expedita para todos los mexicanos. Para que la justicia sea integral, se requiere investigar, perseguir, detener y sancionar con todo el rigor de la ley a los criminales.

Este Estado mexicano debe garantizar el esclarecimiento de la verdad, y por desgracia no cuenta con fortaleza institucional para llegar a ella. Un gobierno que incumple sus responsabilidades con aquellos que han sido lastimados, sólo evidencian, repito, debilidad institucional.

En México, lamentablemente hay muchos Ayotzinapas. Esta discusión no es sólo por Guerrero. Esta discusión también es por Tamaulipas; por Coahuila; por Veracruz; por Durango, por Chihuahua, de aquéllos que no tuvieron voces.

Para encontrar debemos, en este Senado, con este debate, buscar que la historia por ningún motivo se repita jamás en este país.

Nosotros desde esta tribuna hacemos un llamado a la sensatez y sensibilidad para lograr una justicia integral; para alcanzar este propósito es necesario tomar decisiones y llegar a acuerdos que permitan llegar a la verdad e impartir justicia.

La sociedad lo demanda, depende de la voluntad política del gobierno federal, de su partido, de sus aliados, pero también reclama la responsabilidad de todos los que hacemos política, del PRD, del PAN, del PT, pero de la sociedad en general.
No excluyamos en este Senado la responsabilidad y seamos capaces de darles respuesta a quienes hoy claman justicia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Conviene resaltar 7 reflexiones sobre este tema:

Primero, el caso de Iguala no está cerrado, ninguna línea de investigación está cancelada, las diligencias continúan y se les da la bienvenida a todas las evidencias, testimonios, peritajes o pruebas que enriquezcan la investigación y esclarezcan los hechos que condujeron a este lamentable suceso.

Segundo, las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias, hasta que sean consignados, juzgados y sentenciados todos los presuntos responsables, intelectuales o materiales. Que la investigación siga abierta para que se cierre el paso a la impunidad.

Tercero, bienvenidos todos aquellos que quieran enriquecer la investigación, bienvenida sea la aportación del Grupo de Expertos Independientes. Que se valoren sus análisis, que se contrasten con otros peritajes existentes, y si hay discrepancia entre expertos, que se convoque a otros peritos de más alto nivel para generar certezas, para despejar dudas, los peritajes son un medio, no un fin, el fin es la verdad que conduce a la justicia.

Se plantean aquí que si hay un crimen de Estado, del estado de Guerrero, que es el estado, ¿O ya se nos olvidó que el Estado es territorio, gobierno, población, ordenamiento jurídico y teleología? Y quien entienda esto, puede decir que hubo un crimen de Estado porque el gobierno de Cocula es parte del estado; el gobierno de Iguala es parte del estado y ya los dos han sido consignados. Uno está preso y el otro fue deliberado por el Poder Judicial.

Hay 5 policías presos. ¿Los policías son miembros del estado? Sí, son miembros del estado, son parte del gobierno en sus tres órdenes y en sus tres poderes.

Que hay más evidencias. Traigan más evidencia. Reiteramos, el caso no está cerrado, ninguna línea de investigación está vetada.

Cuarto, el grupo de expertos independientes ha reconocido la colaboración del gobierno mexicano, los avances en la investigación, la receptividad a sus recomendaciones, porque se ha cumplido el 80 por ciento de ellas. La atención integral a las víctimas y la instrumentación de medios de carácter estructural, porque el objetivo del grupo de expertos no era solamente la investigación, como aquí se ha sostenido, tenía tres objetivos: Primero, investigación, segundo, búsqueda de los desaparecidos, y tercero, un plan de acción integral a las víctimas.

Quinto, y por eso conviene destacar que el caso de Iguala es uno de los más extensos y transparentes de la historia de México. Es extenso porque el expediente consta de 123 tomos y 14 anexos, y ha tenido resultados. Existen 372 resoluciones judiciales; 111 personas detenidas por el delito de delincuencia organizada; 17 órdenes de cateo; 531 declaraciones ministeriales, pero sobre todo, 660 brigadas de búsqueda de los desaparecidos por cielo, mar y tierra.
Y además, hay un plan de atención integral a las víctimas y ha sido transparente porque los expedientes han estado al escrutinio del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los abogados coadyuvantes. Además la preparación de una versión pública, de acuerdo a las leyes de transparencia.

Sexto, fue este compromiso de Enrique Peña Nieto con la verdad y con la transparencia lo que impulsó a solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo de Expertos Independientes y a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para convenir la ampliación del mandato de este grupo, hasta la conclusión de sus tres objetivos.

Séptimo, el caso de Iguala nos duele a todos y nos compromete a todos, al gobierno en sus tres órdenes, en sus tres poderes. Tenemos tareas que hacer para que casos como éste sean sólo una pesadilla irrepetible.

Al Poder Ejecutivo Federal le toca seguir con las investigaciones hasta castigar a todos los culpables, continuar con la búsqueda de los desaparecidos y preservar la atención integral a las víctimas.

Al Poder Judicial Federal le corresponde valorar las pruebas, garantizar el debido proceso, sentenciar, rendir su veredicto, es decir, dictar la verdad histórica. De verdad, dicto decir: Es al Poder Judicial al que le corresponde el veredicto, decir la verdad, la verdad jurídica con la información disponible hasta el momento.

Al Poder Legislativo le corresponde perfeccionar el orden jurídico y las instituciones para que estos casos no se repitan.

En este sentido, tenemos, cuando menos,: 5 tareas pendientes.

Primero, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

Segundo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.

Tercero, la iniciativa para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales.

Cuarto, redefinir el Sistema de Competencias en Materia Penal, y

Quinto, contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública locales.

Concluyo parafraseando a Hemingway: “Cuando alguien muere o desaparece, algo muere o desaparece en nosotros, porque todos estamos indisolublemente unidos. Por eso, cuando escuches que las campanas repican a muerto o ha desaparecido, no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti”.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Esta Presidencia ha sido tolerante con la disposición del tiempo de los oradores, sin embargo, estamos obligados a recordar que el tiempo previsto es de hasta 5 minutos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT.
La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Para dar algunas respuestas y aclaraciones al compañero distinguido, miembro de la bancada, que de veras se ve que no ha leído el informe, ya nada más le pido que lea el nombre que está escrito en la portada, no es “Ayotzinapan”, es Ayotzinapa, para la próxima, a ver si dentro del próximo año se lo aprende.

Aquí usted hablaba de confesos, sí, 11 detenidos; sí, pero no dicen cuántos confesos bajo tortura.

A nuestro enfático, apasionado, compañero Fayad Meneses, que insiste, igual que el Senador Cavazos Lerma, ya se lo dije la vez pasada pero no tiene memoria, el Presidente Peña Nieto, como así le llaman, Presidente, no pidió de mutuo propio, como algo que le nace como un acto de responsabilidad que el grupo de expertos estuviera aquí en México haciendo las investigaciones, no lo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, esto se dio por la presión que había por la exigencia de la sociedad y porque ya habían medidas cautelares que se habían dictado, pero eso sí, ahora se han dedicado a desprestigiarlo.

Preguntó Omar Fayad que: “¿quién dijo que los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula?” ¿Qué no leyó el informe? Fue su procurador Murillo Karam.

Con eso cierra la verdad histórica y entonces, los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, él mismito lo dijo y ahora viene a preguntarnos que quién lo dijo. Además, dicen los expertos argentinos, ellos no pudieron dar seguimiento a la cadena de cómo se rescataron esas bolsas donde aparecieron los restos, se los entregaron ahí revueltos, ahí encima, sin ningún cuidado, todo hecho para engañar, para desvirtuar la verdad.

Y yo le quiero decir, porque sí quiero insistir, Peña Nieto es el principal responsable, no se puede pensar de otra manera, él es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de la Administración Pública Federal, Jefe de la Seguridad Pública, Jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Pues si tiene todo el poder, tiene toda la responsabilidad, Peña Nieto es el principal responsable y encubridor de la tragedia de Ayotzinapa, además, existe lo que se llama dominio de hecho, que no es precisamente el responsable principal el que jala el gatillo, ni el que cumple la orden sino el que ordena una política de Estado que la conforma una línea de mando, incluyendo al Ejército.

Este es un crimen de Estado, y por eso es que estamos obligados, hoy más que nunca los mexicanos, a que se sepa la verdad.

Y si creen, como aquí dijeron algunos compañeros, que se hizo una investigación maravillosa, 600 no sé qué expertos, los expertos, los pobres, haciendo lo que podían, recibiendo órdenes, los de Cocula no tenían experiencia en dinámica de fuego, hicieron lo que pudieron, era arquitecto, pero, bueno, ahí le trabajaron.

No aquí el Procurador no solamente tuvo acciones de encubrimiento, en un artículo del portal en internet que escribe Layda Negrete, saqué tres de las violaciones legales por las cuales Murillo Karam debería de ser sometido a juicio político, violó el principio a la presunción de la vida, él los declaró primero muertos, y se fue a buscar a las fosas en lugar de empezar a buscar con vida a los normalistas, y esto lo tuvo que hacer las 72 primeras horas cruciales, en esas que andaba escondido Peña Nieto, que no salió para dar la cara.
¿Por qué no revisó?, -y ésta es una pregunta que nos haremos siempre- ¿Por qué no pidió las sábanas de las llamadas de los teléfonos de los normalistas que se hicieron antes, durante y después? Seguramente porque todavía algunos teléfonos fueron clonados, o vayan ustedes a saber.

Entonces, creemos que aquí hay un error muy grave y que para declararlos muertos es porque a él le interesaba que esto concluyera rápido, porque era candela en las manos para este gobierno cobarde. Y ya nada más les agrego la exoneración gratuita que hizo al Ejército y a la Policía Federal.

Por último, también, la condena sumaria y sin juicio previo a individuos interrogados en contextos teñidos por tortura, aquí nada más aparecen 3 de los torturados, uno tiene 72 heridas, otro 42, y otro 94 lesiones respectivamente.

Hay muchas cosas que seguir investigando, pero ya no la Procuraduría de la República solita.

Por eso creo que las propuestas que estamos haciendo los grupos parlamentarios, donde tiene que haber la coadyuvancia del grupo de expertos, es indispensable o nunca vamos a creer la verdad, y la herida quedará abierta para siempre en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quisiera solicitarle el uso de la palabra para alusiones personales, y si me lo permite lo haría desde aquí, desde mi escaño.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se le concede el uso de la palabra, Senador Omar Fayad Meneses, para responder alusiones personales, desde su escaño.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para poder hacer algunas precisiones que me parecen fundamentales, porque creo que fui muy claro en mi exposición y, repito, mi afán no es de seguir poniendo leña y carbón a un pleito entre partidos para hacerse señalamientos, sino mi afán es solidarizarnos con las familias de las víctimas, con las víctimas y con el pueblo de México, para que estos hechos queden perfectamente claros ante todos.

Y en esa tesitura quisiera responder algunas de las imputaciones y señalamientos que se hacen, para poderles decir contundentemente que el informe de los especialistas puede decir algunas de las cosas que aquí han señalado y muchas otras cosas más, es un análisis que ellos hacen, no es, en ninguna medida, un peritaje.

Por eso decía yo en tribuna, no traten de comparar lo que no se puede comparar, no es un peritaje, es un análisis que se hace con los elementos que hayan tenido, si no hubo elementos, pues más a mi favor.

Lo que nos han referido es que estuvieron 20 minutos, media hora en el basurero de Cocula, se tomaron fotos y, con eso, se llega a una conclusión.
Yo trataría de ser más serio en este asunto, y en todo caso, si hay duda de los peritajes, hayan sido el número que hayan sido, entonces, que se revisen los peritajes para ver si la verdad que construye la Procuraduría, con los elementos que tiene para podérsela consignar al juez, es cierta o no es cierta, dentro del propio juzgado se va a poder ampliar estos peritajes, pedir la revisión de los mismos.

Yo creo que no debiéramos nosotros entrar a politizar un campo en el que tiene que prevalecer, por el bien y la salud de México, los análisis técnicos y científicos que hagan peritos especialistas.

Yo creo que la investigación que hizo Murillo Karam fue pulcra, yo creo que atendió desde todos los ángulos y aristas a su alcance, yo creo que la postura del Presidente, compañeras y compañeros, fue clara, a días de que le tocaba investigar este terrible hecho, estos terribles hechos al gobierno local, atrae, ejerce su facultad de atracción inmediatamente para poder investigar estos hechos y que no queden impunes.

Si a un año de investigación se ha tratado de que no haya impunidad, no podemos decir, nadie podría afirmar, porque además hay pruebas periciales que también pueden comprobarlo, que fueron torturadas 121 personas, y que esas son las que están declarando, si hay algunos confesos, incluso hay muchachos que participaron en los hechos, que sus propias declaraciones apuntan a la verdad de los hechos y coinciden con una hipótesis, la Procuraduría construye una hipótesis, no la inventaron, nadie dice que esa hipótesis de la Procuraduría sea la verdad absoluta, pero creo que los dictámenes, los estudios que se hacen al respecto, pueden llegar a ayudarnos a construir la verdad histórica y la verdad jurídica.

No es responsable el Presidente Peña Nieto, no lo quieran poner en esa tesitura, porque él y su equipo ejercieron esa facultad para atraer el asunto, lo comenzaron a investigar y los resultados están a la vista.

No se ha terminado, pero yo creo que si nosotros abonamos, todos a sacar adelante asuntos de un punto de vista técnico, científico y no político, vamos a abonar más a México y a los mexicanos en este terrible asunto, que tanto lamentamos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Realmente creo que es lamentable que acerca de un año de esta lamentable tragedia, no hayamos dimensionado en su justa magnitud los hechos que representan tanto las 43 desapariciones forzadas como las 6 ejecuciones extrajudiciales cometidos en el municipio de Iguala, Guerrero, en septiembre del año pasado.

Y regresamos, como ha sucedido en los debates anteriores, en este Senado de la República a la misma retórica discursiva, en tratar de deslindar o perdonar responsabilidades a las acusaciones mutuas y a no querer entender que lo que ha sucedido en Iguala trasciende el ámbito local y da cuenta de la profunda crisis en la que se encuentra el Estado mexicano, la mayor crisis de violación de derechos humanos que hayamos tenido en la historia reciente del país, y el nivel de descomposición, corrupción e impunidad, que permea no solamente a las instituciones de seguridad pública y de inteligencia del Estado mexicano, sino que permea todos los órdenes de gobierno, e incluso, a los partidos políticos.
Y yo creo que deberíamos de asumirlo así, más aún, cuando Iguala es sólo el reflejo de un gravísimo problema de desapariciones forzadas, donde los últimos años, y lo reconoce la propia Secretaría de Gobernación, en nuestro país se han registrado 25 mil 700 personas desaparecidas. Esa es la dimensión de la crisis en la que se encuentra el Estado mexicano.

Tenemos que asumir, independientemente de colores y de bancadas, que las primeras conclusiones del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demolido, no solamente a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, sino que ha sepultado la poca credibilidad que existía en las instituciones mexicanas para la impartición de la justicia, pues de acreditarse las conclusiones, estas primeras conclusiones del Grupo de Expertos Independientes, se ha acreditado de que la autoridad en sus distintos órdenes, mintió, nos mintieron a todos los mexicanos, mintieron en su verdad histórica y en su verdad jurídica, mintieron, manipularon e hicieron todo lo posible por borrar toda huella y todo rastro sobre los hechos sucedidos en Iguala y en Cocula.

Todas las autoridades estuvieron informadas, como lo ha acreditado el Centro de Comunicación de Seguridad Pública del estado de Guerrero, el C4, quien hizo monitoreo de los estudiantes de la Normal desde la salida de la escuela, su paso por Chilpancingo, su llegada a la terminal de autobuses de Iguala, el registro de los 9 puntos donde fueron agredidos y del levantamiento de los estudiantes por parte de la policía municipal, y después, silencio absoluto, y el C4 tiene información de los acontecimientos que se presentaron después de que los muchachos fueron levantados no sólo por policías municipales, sino también por policías de otras corporaciones.

Mintieron, e incluso, alteraron la reconstrucción de los hechos y alteraron las escenas del crimen, como ha quedado demostrado en esa falsa tesis de que los 43 estudiantes desparecidos fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula, lo cual no      solamente era técnica y materialmente imposible, sino que hoy se ha quedado plenamente acreditado con peritajes apegados a las normas técnicas y científicas adecuadas.

Ha habido muchos incendios en ese relleno sanitario, el Grupo de Expertos Independientes ha hecho el seguimiento de muchos años de cuántas veces se registraron incendios en ese lugar, el 12 de octubre de 2010, el 16 de noviembre de 2013, el 28 de octubre de 2013, el 3 de noviembre de 2014, pero no hay registros de incendio del día donde presuntamente se incineraron a los estudiantes, por una razón muy sencilla, porque en primer lugar, y aquí está el reporte del pronóstico del tiempo del Centro de Protección Civil del estado de Guerrero, hubo lluvias esos días, y en Cocula, en el municipio de Cocula, los días 26 y el 27 de septiembre se registraron precipitaciones de 6 y 9 milímetros que hacían imposible que se mantuviera ese fuego, y peor aún, de los restos que supuestamente se atribuyen a los muchachos desaparecidos, la Procuraduría General de la República recogió estas prótesis dentales de        porcelana, que una vez que se ha hecho la investigación y se ha interrogado a todos los padres de familia, ninguno de los muchachos tenía prótesis alguna, no solamente porque no tiene recursos para prótesis de esta naturaleza, sino que por su edad, no era necesario.

Son muchas las pruebas que podemos presentar aquí, pero nos mintieron, les mintieron a los padres de las víctimas, le mintieron a la sociedad en su conjunto, quisieron dar un carpetazo a la investigación, pero hasta ahora, habrá detenidos, autores materiales, pero no hay un solo autor intelectual detenido, porque el señor Abarca, lo dijo aquí la Senadora Padierna Luna, está detenido no por las 6 ejecuciones extrajudiciales o las 43 desapariciones forzadas, sino por el homicidio del compañero Hernández Cardona, que es la causa por la cual está detenido el señor Abarca.
Por eso nosotros decimos que no haya impunidad, que se castigue a los autores intelectuales, sean dirigentes del partido que sea, sean representantes populares del partido que sean, residentes municipales, Diputados locales, Diputados federales o las autoridades de las corporaciones policiacas o de cualquier orden de gobierno involucrado, porque lo que hay que señalar es que también la presencia de presidentes municipales ligados a la delincuencia en Guerrero, no se reduce a Iguala.

Y por lo menos, la autoridad federal ha reconocido 18 municipios en la zona de tierra caliente gobernada por distintos partidos políticos, que han sido intervenidos por la  propia autoridad federal, el caso de Arcelia, el caso de Cocula, el caso de Tixtla, el caso de Tololoapan, que no están gobernados por el mismo partido, sino la situación es distinta.

Y yo quisiera, por ejemplo, que en lugar de estar perdiéndonos en otros asuntos, mejor pidiéramos respuestas claras a la Procuraduría. Y yo quiero pedir respuesta a siete hechos concretos que constan en la investigación.

Por ejemplo, durante la detención por parte de los policías municipales del autobús Estrella de Oro, de número 1531, bajo el puente conocido como “El Chipote” frente al Palacio de Justicia de Iguala, del cual todos los jóvenes estudiantes que iban a bordo se encuentran desaparecidos, participaron dos patrullas de la Policía Federal de Caminos y Policía Ministerial, y se confirmó la presencia de un agente de inteligencia militar.

Cuál no solo la policía municipal, sino solamente en este hecho intervienen miembros de la Policía Federal de Caminos, de la Policía Industrial y del Cisen, el puente se encuentra a 400 metros de las oficinas del Cisen en Iguala.

Una segunda pregunta en el kilómetro 135, más 450 de la carretera México–Acapulco, donde atacaron el autobús de Los Avispones, a la 1:27 de la mañana del 27 de septiembre, la fiscalía de Guerrero levantó siete indicios dentro de los que estaba un dedo humano, del cual no solamente no hay análisis de ADN, sino que no se ha acreditado de quién era.

En materia de información, el Coronel José Rodríguez Pérez, comandante entonces del 27 Batallón de Infantería declaró ante la Procuraduría sobre la existencia de un grupo denominado: “Órgano de Búsqueda de Información”, formado por elementos militares vestidos de civil, que operaron en Iguala ese día, y que tienen que entregarnos esa información.

Al igual que durante la conferencia de prensa que dieron los estudiantes en la calle de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, a los 30 minutos del día siguiente de los hechos, se tienen testimonios de periodistas y de otras personas de la presencia de miembros del Ejército y agentes del Cisen vestidos de civil que no han entregado la información al respecto.

Al igual que agentes del Cisen han declarado que por los antecedentes y 300 vínculos de los estudiantes con movimientos guerrilleros, todo el tiempo han estado sujetos a ser monitoreados los estudiantes.

Y finalmente, uno de los mayores vacíos que existen en la investigación es el caso de Julio César Mondragón. El gobierno del estado de Guerrero informó a las 21:30 horas del 27 de septiembre de 2014 que elementos del Ejército Mexicano fueron quienes dieron aviso sobre el hallazgo del cuerpo desollado de Julio César Mondragón en la calle del Andariego, frente a la empresa Coca-Cola, ya no más a 70 metros del C4, del cual sospechosamente se apagaron las cámaras de videovigilancia y no existe video.
Sin embargo, se localizó el equipo telefónico de Julio César Mondragón y se registró actividad de comunicación de ese teléfono tres días después de su asesinato, el 30 de septiembre a las 18:53 horas en un domicilio de Iguala, y evidentemente se presume que el propio homicida se quedó con el teléfono y la Procuraduría debería haber ubicado e identificado el lugar y la persona, eso está en el registro de las sábanas, de las llamadas telefónicas que están en poder de la Procuraduría.

Y hay que entender, una operación de estas dimensiones no puede tratarse de un hecho fortuito de un error, sino de una emboscada, debido que participaron todas las corporaciones policiacas del gobierno municipal, estatal y federal, agentes de inteligencia civil y militares, y esto requiere de una logística sofisticada que llegó al extremo de impedir que no solamente intervinieran oportunamente los paramédicos, sino que incluso los taxistas se negaran a mover a los estudiantes, esto fue una cacería de los normalistas.

Lo que requerimos de la Procuraduría son respuestas y acciones contundentes, ni nuevos peritajes ni dilación ni simulación, queremos que nos digan dónde están los 43 estudiantes, que se haga caso a la solicitud de los padres de las víctimas y que presenten a los estudiantes desaparecidos.

¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

Me permito de nueva cuenta volver a recordar que el tiempo dispuesto para cada intervención es de cinco minutos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda alguna los mexicanos merecemos la verdad, merecemos la verdad sobre los terribles hechos que sucedieron en Iguala hace ya un año, merecemos la verdad a partir de una investigación de las autoridades responsables, constitucional y legalmente de ello, lo que no merecemos, lo que no se merece México, lo que no se merece el país, lo que no merecen los familiares de los 43 jóvenes que estamos investigando, qué sucedió con ellos, sea manipulado su dolor, como tampoco sea manipulado el dolor de miles de mexicanos y mexicanas que buscan afanosamente, a veces entre los cerros, incluso en el estado de Guerrero, a sus familiares desaparecidos.

Merecemos la verdad, no la manipulación política de los hechos, no el que nos alejemos cada vez de la verdad en una nube de humo que busca solamente descalificar y destruir. Pero ya no parece importar aquí el castigo riguroso a los culpables, lo que parece importar es exhibir y es destruir instituciones, personas e investigaciones.

Se pretende desconocer una averiguación exhaustiva que ha dado resultados, 111 detenidos, incluyendo a los autores intelectuales y materiales han sido consignados por la autoridad, por el Ministerio Público, todos ellos confesos, y la mayoría relatando los hechos que la PGR concluyó en su momento, pero todo eso no parece importar aquí.

El informe del Grupo de Expertos Independientes, que no es peritaje, es un informe, se toma como si fuera el sustituto de la facultad exclusiva del Ministerio Público que tiene el monopolio, y hay que leer con atención el artículo 21 constitucional, que tiene el monopolio en la investigación de los delitos en este país.
Yo quisiera, con base a ese informe, hacer algunos comentarios, por ejemplo, lo del basurero de Cocula, la posible incineración de los normalistas es una hipótesis que no solo ha sostenido la Procuraduría General de la República, además lo han hecho peritos de la UNAM y del IPN que participaron en las diligencias.

El análisis ocular que realizó el doctor José Torero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue una revisión ocular acompañada de un cálculo teórico, en 20 minutos, según él mismo señaló, sin embargo, especialistas forenses en fuego de todo el mundo, incluso en quien se sustenta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, John Deltaan, han sostenido que la hipótesis de la PGR es ampliamente comprobable.

No hay, por tanto, consenso científico respecto a los hechos del basurero de Cocula, aquí se dice otra cosa, como si fuésemos nosotros quienes vamos a sustituir la facultad constitucional de la Procuraduría General de la República.

Aquí, con irresponsabilidad se desacredita el trabajo de decenas de científicos mexicanos, y desacreditan, con base en el análisis de un solo científico extranjero, que nadie más, ningún otro perito ha soportado, ha acreditado.

Entonces, este es un planteamiento serio, la ciencia y no los legisladores quienes determinen la verdad. No somos ni Ministerio Público ni somos peritos.

Que sean los hechos y no las suposiciones las que sostengan los dichos. Por eso, seguimos sosteniendo: que apoyamos que se haga un tercer peritaje tal como lo ha instruido el Presidente de la República.

Más hechos. En los 19 municipios de los que habla el informe del Grupo de Expertos Independientes, el Presidente de la República había instruido con anterioridad que las fuerzas federales tomaran el control, fuerzas federales que fueron en rescate de la población que era víctima de las criminales autoridades de Guerrero, fuerzas federales que hoy son objeto de ataques oportunistas y desinformados y quisiera agregar un detalle más de todo lo que aquí se ha dicho. Según el propio informe al que tanto han aludido, como si fuese la biblia, del Grupo de Expertos Independientes, no hay elementos para hablar, en ningún caso de tortura.

Por si fuera poco, la Procuraduría instruyó la práctica de protocolos de tortura a todos los detenidos, ninguno, ninguno cuenta con indicios de tortura. Será la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien esto lo determine.

Quisiera, compañeras y compañeros, hacer una reflexión, se ha incurrido aquí en la irresponsabilidad de decir que la averiguación miente. Espero que entiendan, que descalificar las instituciones, tratar de destruir el trabajo de cientos de decenas de trabajadores de la Procuraduría General de la República, de investigadores, de científicos de la UNAM y del IPN, de todas las fuerzas policiacas que intervinieron en la resolución de este tema, no se convierta en un fortalecimiento del crimen organizado que opera en Guerrero.

Espero que entiendan la seriedad de lo que se está planteando, y hay que buscar las palabras de un jurisconsulto como lo es Diego Fernández de Cevallos.

Espero que no se busque aquí, que la impunidad de 111 consignados y sujetos a proceso, confesos de los hechos, se dé a partir del desconocimiento de la averiguación previa, porque sería muy grave que vengamos aquí pretendiendo combatir la impunidad y buscando fortalecerla a través de la destrucción de las conclusiones a las que está llegando y sigue llegando, porque la averiguación sigue abierta, la Procuraduría General de la República.
Es una gran irresponsabilidad venir a esta tribuna a descalificar personas, instituciones y averiguaciones.

Es una gran irresponsabilidad venir a decir aquí: “Que nada de lo que se ha hecho sirve, y que todo hay que volver a hacerlo de nuevo”, buscando con ello la posible salida de quienes hoy están sujetos a proceso.

La misma irresponsabilidad que se ha mostrado, como cuando se metió a la Cámara de Diputados a una persona que hoy está prófuga de la justicia, y que fue señalado como presunto autor de hechos del narcotráfico.

A lo que nos estamos enfrentando es al crimen organizado, a lo que se está enfrentando el Estado mexicano es al crimen organizado, crimen organizado que ha dejado viudas, familias enteras en la desolación porque no encuentran a sus familiares.

Son 43 de los que hablamos, pero son muchísimo más, bien se dijo aquí: “Son muchísimos más casos los que están lamentando la pérdida, la desaparición, la muerte impune de sus familiares, porque no pudieron tener la publicidad que se tiene en este caso”.

Trabajemos en conjunto, trabajemos en conjunto con el verdadero deseo de encontrar la verdad, esa verdad histórica que todos buscamos. Pero no vengamos con esa gran irresponsabilidad a decir que: “El responsable es el Presidente de la República”.

Los responsables de que hayan llegado al poder, personas que hoy están detenidas, están aquí, que asuman su responsabilidad y la asuman cabalmente, que no se venga a decir aquí que es el Presidente de la República”.

Por supuesto que es el responsable de las instituciones mexicanas. Ha dado la cara, ha hecho todo lo que humanamente posible corresponde; ha sido él el que determinó que viniera el Grupo de Expertos Independientes a trabajar y a coadyuvar con las autoridades mexicanas, y fue él el que hoy está reunido con los familiares, por segunda ocasión, con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, buscando de manera conjunta soluciones.

Respetemos, el dolor de este país que se enfrenta al crimen organizado en una condición que nunca pudimos haber imaginado.

Respetemos el dolor de muchos, que sin voz, y sin estar presentes en el ánimo de ustedes, están buscando a sus familiares por los cerros de Guerrero y por muchos otros lugares de la República Mexicana, que esperan verdaderamente justicia, que esperan que la impunidad no siga prevaleciendo, que esperan que por fin las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo, y lleguemos a conclusiones con un sentido de verdadero compromiso con los mexicanos, y no como se ve aquí, no con el deseo de descalificar, de destruir, de linchar solamente, porque hay apetitos de poder, apetitos políticos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente.

A la compañerita que me antecedió, le digo que nosotros no estamos inventando acusaciones, este es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien puso al gobierno en jaque y contra la pared y que hoy tiene que responder, y eso es lo que esperamos. Tiene otra oportunidad para actuar con responsabilidad y no esconder la cabeza.

Y que no es la culpa del crimen organizado. Hay un dicho muy claro que dice: “Que el crimen organizado y el gobierno, -compañerita Graciela,- se anidan en el mismo nido”. Así que para que lo registren y tomen sus precauciones.

Pero vengo en son de paz…

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame la oradora.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para pedirle que en el momento oportuno me dé la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senadora Ortiz González.

Proceda, por favor, la oradora.

La Senadora Layda Sansores San Román: Bueno, después de este intervalo, vengo a ofrecer la paz.

Convoco a los coordinadores que hagamos un esfuerzo de unidad y aprobemos una sola propuesta de las que hoy se han presentado. Creo que, salvo matices, tenemos enormes coincidencias con el PRD y con el PAN.

Y yo espero que el licenciado Gamboa, que es un hombre inteligente, hoy no haga la llamada a Los Pinos para pedir permiso, y que autorice que este Senado presente un documento que pueda reforzar la búsqueda de la verdad. Creo que es muy importante, históricamente, que lo hagamos con la mejor intención.

Ya salieron los padres de la entrevista con Peña Nieto, y creo que nosotros podemos abonar para que esto se resuelva de la forma más pronto posible. Tiene que aprobarse primero, de urgente resolución.

Esperemos contar con las dos terceras partes, que no regateen la posibilidad de decidir, que seamos nosotros los que tomemos nuestras decisiones, y que se toquen el corazón.

Si antes de pertenecer a un partido político, son representantes de los mexicanos y de esta patria, creo que Ayotzinapa es un caso emblemático, pero en realidad se trata de una patria de lo que estamos hoy hablando, y no podemos descansar hasta que los 43 jóvenes regresen a casa, porque los estamos esperando.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, para responder a alusiones personales, lo puede hacer desde su escaño o desde la tribuna, donde usted lo prefiera; desde su escaño.
La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente comentar que soy una gran admiradora y lo hago de una de las grandes figuras que fortalecieron instituciones, que crearon leyes, que generaron junto con muchos compañeros las instituciones que hoy están y que le dieron a este país la posibilidad real de transitar por la legalidad, por el estado de derecho y por la construcción de instituciones, no por la destrucción de las mismas, y me refiero a ese gran mexicano, a ese gran político priísta, Carlos Sansores Pérez.

Yo lamento muchísimo y creo que debe de haber sentido una gran pena, ver que sus enseñanzas no fueron abrevadas; lamento mucho que lo que le dicta el Senador Bartlett Díaz a la Senadora Sansores San Román, sea lo que se venga a decir en la tribuna y no lo que haya aprendido de su padre.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Declina en esta ocasión.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para alusiones personales sobre dictados a Senadores.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Bartlett Díaz, tengo la impresión de que la intervención que tuvo la Senadora Graciela Ortiz, fue en ejercicio de alusiones personales, en consecuencia, tengo la impresión de que no procede su solicitud, porque estamos en ese supuesto.

Lo puedo registrar para una intervención posterior, si así usted lo considera.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De nada, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera solicitar el uso de la palabra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Registro su solicitud, Senadora Sansores San Román, para hechos.

Senador Barbosa Huerta, proceda por favor.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para poder estar, bueno, en el entendido de la forma como se va a aplicar el Reglamento.

El grupo parlamentario del PRD no interviene en la tercera ronda, se reserva su intervención para hacerlo cuando le toque en la cuarta ronda; por lo tanto, le tocaría intervenir en este momento al PAN, después al PRI, y nos vamos a la cuarta ronda, donde vamos a hacer uso de nuestro derecho, como fue hablado el día de ayer.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Barbosa Huerta, el Acuerdo parlamentario que suscribieron los coordinadores el día de ayer y que votó el Pleno dice lo siguiente: “Al término de los posicionamientos se realizarán cuatro intervenciones por cada grupo parlamentario, cada una de ellas hasta por cinco minutos”.

El segundo párrafo dice: “El orden de las intervenciones será determinado por la Presidencia, conforme a las solicitudes que formulen los grupos parlamentarios”.

En este momento la Mesa Directiva tiene solicitudes del PRD, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo; de la Senadora Layda Sansores por parte del PT; de la Senadora Herrera Anzaldo, del PRI.

No hay más solicitudes de grupos parlamentarios, estoy siguiendo el orden de solicitud que han formulado los grupos parlamentarios.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sí, sí, perfectamente claro, señor Presidente. Sólo que la intervención que ahorita declina el PRD, la va a utilizar en la cuarta ronda en la acumulación de sus intervenciones, lo que está haciendo el Partido Verde.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Acuerdo parlamentario establece, Senador, que los grupos parlamentarios utilizan las intervenciones cuando así lo deseen. En este momento entonces, ya no tengo más que a la Senadora Layda Sansores San Román.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) ¡Ah!, bueno, ya va la cuarta ronda.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si ustedes declinan ya no tengo más solicitudes de participación.

El grupo parlamentario del PAN no tiene oradores inscritos; el grupo parlamentario del PRI tampoco.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) ¿En tercera ronda no tiene?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En ninguna ronda.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Entonces, empieza esta cuarta ronda, y ahí sí intervienen Armando Ríos Piter y Zoé Robledo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, tal y como ya lo había indicado, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Habiendo escuchado los participaciones de varios integrantes del Partido Revolucionario Institucional, me viene a la memoria esta frase que se ha hecho tan resonante de: “no entienden que no entienden”. Fue una de las frases que dieron la vuelta al mundo, porque así lo publicó la revista Economist: “they don´t get that I don´t get it”.

Y quiero convocar a mis compañeras y compañeros del PRI a que busquemos a entender cuál es la naturaleza de este debate.
Me ha tocado escuchar discursos en defensa del Presidente Enrique Peña Nieto, como si sólo fuera un compañero de su partido, incluso solamente como si fuera alguien que estando en el gobierno hay que defender. Creo que se pierde la naturaleza del debate en el que estamos convocados el día de hoy.

El caso de Ayotzinapa es un problema del Estado mexicano, del cual el titular es Enrique Peña Nieto, es el Presidente de todas y de todos los mexicanos, y como titular del Poder Ejecutivo y representante de ese estado, hoy en la reunión que tiene con los padres normalistas, lo hace después de un año de ocurridos los hechos y, sobre todo, tres semanas después de que se presenta, por su propia solicitud, como ustedes lo dijeron, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene a corregirle drásticamente la plana al informe que había presentado su Procurador General de la República.

Fue precisamente el Procurador anterior que en su discurso dijo: “Esta es la verdad histórica, a los 43 los quemaron en el basurero de Cocula”. No lo inventamos ninguno de nosotros, no hemos venido aquí a sacar, como ha dicho la compañera Graciela, a sacar ningún tipo de raja política; y para no caer en contradicciones ni en equivocaciones, es en donde tenemos que situar el debate y el discurso si hay gente involucrada, del partido que sea, y empiezo por el mío, que acabe en la cárcel.

Que no haya impunidad para nadie, en el nivel municipal, en el nivel estatal, pero tampoco en el nivel federal. Porque la verdad histórica del ex procurador se cayó, no solamente por el debate sobre si es posible o no quemar 43 cuerpos en un mismo lugar.

Esa no es la parte más importante que debiéramos estar revisando del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las recomendaciones son precisas y son puntuales, y se trata de revisar el contexto político, social y económico de un lugar como Iguala, pero que representa no solamente a Iguala, sino que representa muchas partes del territorio nacional, porque esos 43 desaparecidos representan a más de 25,000 hombres y mujeres de territorio nacional.

Cuando escuché a Enrique Peña Nieto decir: “Todos somos Ayotzinapa”, y lo repitió en tres ocasiones en su discurso del 17 de noviembre, porque lo enfatizó, es porque estaba hablando también de Tamaulipas; en Tamaulipas son 5,400 casos de desaparición; en Chihuahua, 1,300 casos de desaparición, y la cuenta sigue, sigue y sigue.

Entonces, amigas y amigos, yo le pido al PRI que entienda la dimensión de Estado que requiere este debate público, porque si no se entiende y se queda simplemente la dimensión partidista, nos están llevando, como quienes como partido hoy detentan el Poder Ejecutivo Federal, a no tener cubierto el compromiso que tenemos con una ciudadanía que cada vez cree menos en sus autoridades y en las instituciones que tanto han mencionado.

En el reporte referido se habla de que en el C4 es instrumento de coordinación entre autoridades municipales, estatales, federales, y las propias autoridades de la Defensa y de la Marina, se tuvo conocimiento en tiempo real de que el ataque se estaba realizando, eso dice el informe.

El informe también habla de un quinto camión, que en el informe presentado y en la investigación presentada por el Procurador se había omitido, y también habla de la necesidad de continuar la búsqueda.
Yo los invito, compañeras y compañeros, a que entendamos que este debate debe de llevarnos precisamente a darle seguimiento a esos planteamientos porque no va a haber un solo desaparecido en el país al cual el caso de Ayotzinapa le ayude a lo que debe de buscar la autoridad y el Presidente Enrique Peña Nieto, y que hoy espero que sea con lo que se salgan los padres de familia, no solamente el continuar con la búsqueda, sino especialmente dar las garantías de que el Estado mexicano está en la capacidad de evitar para cualquier ciudadana y ciudadano que pise territorio nacional, que hechos como el de Iguala, que hechos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, jamás se van a volver a repetir, eso dice el artículo 1o. de la Constitución como firmante y suscribiente de los Derechos Humanos Universales.

Ese es el debate que debemos de dar aquí, compañeras y compañeros, no nos quedemos en la versión partidista, ni en la versión en la que universalmente hoy en el mundo se nos ve como una clase política que no entiende, que no entiende nada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Solamente para responder. Estoy segura que mi padre se sentiría muy orgulloso de mí, él era un hombre valiente, porque él siempre me enseñó a decir la verdad y a defenderla, no importa la facultad que se tuviera que pagar.

Y yo no sé qué le ofende a la compañera, si porque uno insiste en tratar de fortalecer las instituciones, esas que ustedes han destruido con su vandalismo institucional, con la corrupción que encabeza su Presidente Peña Nieto, creo que las que tenemos que defender con mayor decisión son las de derechos humanos, para los derechos humanos no hay banderas ni hay fronteras.

Y quiero decirle que yo tengo mis propios criterios, pero soy humilde, y con gusto recibo las orientaciones cuantas veces sean necesarias de un hombre sabio, del que tendrían que aprender mucho todos ustedes. Lo que nunca aceptaré son las instrucciones, las seducciones para actuar con tanto servilismo bajando la cabeza, porque eso sí da vergüenza, compañera.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, en los cuatro turnos del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Con todo respeto yo creo que no nos estamos dando cuenta del valor y la importancia de este debate. Creo que hay que tener en cuenta que Ayotzinapa lo cambió todo, cambió absolutamente todas las coordenadas de la vida pública, política y social del país.

Antes de Ayotzinapa México era o estaba en la era del “mexican momento”; después de Ayotzinapa pasamos a la voz de la calle que dice: “Que se vayan todos”. Antes de Ayotzinapa era la época de mover a México, después de Ayotzinapa es la era del “ya me cansé”, inspiración de un procurador fallido que retomaron miles de mexicanos para hablarnos a nosotros, a la clase política.

Antes de Ayotzinapa presumieron ustedes la portada de la revista Time y el Saving México; después de Ayotzinapa quisieron ocultar las ocho columnas del periódico Le Monde y sus revueltas contra el Estado, mafia mexicano.

Antes de Ayotzinapa insistían, decían, repetían, que en México poseíamos todo; después de Ayotzinapa los mexicanos saben que no tenemos nada, que no caminamos derecho al cielo, sino que estamos extraviados por el camino opuesto.

Hay que entender que todo cambió, hay que entender que después de Ayotzinapa se esfumó la confianza en los políticos y también en la política, hay que entender que creció el malestar y el agravio, hay que entender que la brecha entre las autoridades y la sociedad se convirtió en un enorme abismo.

Pero aquí insisten en que hubo una averiguación que fue exhaustiva, insisten que con 111 detenidos el pueblo mexicano debe de callar y saber que eso es a lo único que merece. Yo les diría que ahí está su error.

Efectivamente, como lo mencionó aquí una Senadora, el Estado mexicano, y en particular la PGR, puede tener ese monopolio de la investigación y de la persecución de los crímenes, pero entienda que no tiene el monopolio de la verdad; entienda que la indignación de los mexicanos es la que ha salvado muchas veces a este país, no las investigaciones ni los discursos ni mucho menos una verdad histórica que poco tiene de verdad.

¿Por qué hubo tanta premura en querer salir con esta investigación?, ¿pretendían que el cuento de las reformas estructurales, el momento mexicano y el mover a México volviera a ser la narrativa que iban a creer los mexicanos, de verdad creyeron eso?, ¿pensaron en algún momento que esto se iba a olvidar?

En otras ocasiones de dolor, de sufrimiento, después de la tragedia, ha venido nuevamente la esperanza, pero no ha sido gracias a los políticos, no ha sido gracias a las investigaciones ni mucho menos gracias a la tarea de los funcionarios. Ha sido gracias a la sociedad, y la sociedad que hoy está reunida con el titular del Ejecutivo dice que no cree en la investigación, dice, en una de sus exigencias, justamente, que quiere que se replantee toda la investigación en una unidad especializada que tenga supervisión internacional, que esté compuesta, además, por dos instancias: una, sin duda, que indague a profundidad dónde están sus hijos; pero la otra, y eso es lo que les están diciendo a ustedes, que hoy no han querido ver por el Senado, sino por su partido y por su gobierno, y la otra lo que está planteando es que investigue el montaje con el que se les pretendió engañar.

Ellos como muchos otros mexicanos se sienten engañados, lo han dicho, son Senadoras y Senadores, no son ministerios públicos para venir a dar cuenta de si la investigación estuvo bien hecha o no, no son tampoco investigadores, como sí lo son los del grupo interdisciplinario, que vengan a decir que estuvo mal todo lo que se hizo por actores externos, y caer en la narrativa de que, ¿cómo es posible que que se escuche a los extranjeros y no a los mexicanos?

Están verdaderamente confundidos ahora sí y creo que de donde puede surgir nuevamente esa esperanza, es de una capacidad de indignación, que es una condición para el compromiso de la sociedad, una capacidad de indignación que el día de hoy no estamos demostrando como representantes populares.
Estamos intentando regresar a la narrativa que ya nadie cree, estamos intentando y dando un espectáculo penoso de quienes quieren señalar que un partido político u otro, tuvo una o más responsabilidades.

Ojalá nos escuchara con esa vehemencia cuando alguno de sus integrantes de los partidos lo acusan de cualquier otro tipo de delitos, desde los electorales hasta los de corrupción, ojalá porque nosotros sí lo estamos haciendo y señalamos que fue una equivocación haber postulado a Abarca, y señalamos que fue una equivocación no haber dicho nada durante su gobierno, como sí lo hicieron compañeros también del PRD. En ese sentido les falta mucha sensibilidad.

Yo estoy convencido que si este Senado nada pudo hacer para salvar a los 43, hoy tenemos la oportunidad de salvar la dignidad del Senado de la República y emparejarnos con esa indignación que será la única fuente de la que pueda volver a salir esperanza para esta gran nación.

Creo que es un momento que nos va a marcar como generación, creo que es un momento que nos va a marcar como políticos, y saber en la historia si estuvimos a la altura de ocupar esta tribuna, o simplemente estuvimos a la altura de ocupar en su momento una candidatura de un partido que hoy los invita a defenderlos de manera equivocada.

De manera respetuosa y hasta cariñosa, compañeros, no se equivoquen porque ésta es una equivocación de la cual muchos mexicanos se acordarán por muchos años.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

Senador Bartlett Díaz, tengo una lista de quienes han solicitado el uso de la palabra y está usted inscrito en esa lista.

En consecuencia, cuando desahoguen las intervenciones que faltan, le daré el uso de la voz de inmediato.

Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, por favor.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

He escuchado con atención el debate que ha ocurrido este mediodía en este Pleno del Senado de la República. Escucho muchas posiciones y escucho por parte de los representantes de la izquierda, lo que yo llamaría una actuación con doble cara, porque por un lado llaman a no partidizar el debate; por un lado llaman a que se haga un debate con una dimensión de Estado, y sin embargo de manera reiterada, cuando suben a alegar o argumentar sobre este tema, desde luego convenientemente mencionan de pasada a los actores políticos que están vinculados con ese grupo parlamentario, pero de inmediato desatan su virulencia contra el Presidente de la República, lo acusan de ser responsable de la desaparición de los 43 normalistas, que por aquí llegué a escuchar ese despropósito.
Me parece que en verdad, si queremos darle una dimensión de Estado a este debate, se tienen que poner las cosas en su lugar, y en primer lugar, por ejemplo, tampoco puedo aceptar que alguien venga a esta tribuna a decir que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es demoledor de la actuación de la Procuraduría General de la República, que elimina la credibilidad que según ellos le quedaba a la Procuraduría General de la República.

Para poner en contexto todo esto, me gustaría en primer lugar leer el quinto párrafo -creo que lo dejé en mi escaño- de la introducción del informe de este grupo, este informe que es tan utilizado por quienes han hecho uso de la tribuna en representación de la izquierda.

En ese informe el Grupo Interdisciplinario reconoce de manera expresa la apertura del gobierno federal, agradece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradece a la Secretaría de Gobernación, agradece a la Procuraduría General de la República y a la señora Procuradora, su apertura, su accesibilidad al expediente.

Gracias por traerme el párrafo, pero ya no lo voy a leer porque básicamente lo que ya mencioné es lo que dice ese párrafo.

Entonces, me parece poco ético que quienes vienen aquí a utilizar ese informe para cuestionar la actuación del Presidente, la actuación de la Procuraduría General de la República, no reconozcan que desde el inicio el propio informe de este grupo señala y reconoce la apertura del gobierno federal para tener acceso a todos los expedientes y a los funcionarios a los que fue necesario entrevistar.

El informe también -me parece que hay que decirlo- tiene un cariz político, porque pareciera aquí que es un informe de expertos que se mantuvieron aislados de tintes políticos.

Y aquí quiero señalar también, por ejemplo, cómo en los antecedentes que presenta este grupo en el propio informe, se justifica la forma en que se han venido desenvolviendo los estudiantes de las escuelas normales rurales. Se hace una especie de defensa de cómo han actuado durante muchos años, para pasar obviamente después a revisar ya la parte de la actuación de las autoridades.

Entonces lo que debemos hacer es reconocer que tiene un tinte político, porque además previo a la difusión de este informe, mucho antes de ello, el propio grupo ya tenía abierta una cuenta en redes sociales difundiendo información, haciéndose publicidad, lo cual, desde mi personal punto de vista, le quita seriedad a un informe de este tamaño.

Escuché hace un momento aquí que se dice que hay un antes y un después de Ayotzinapa, yo coincido con eso, sí hay un antes y un después de Ayotzinapa, y lo hemos visto hoy en los argumentos en esta tribuna, porque la virulencia con la que quieren utilizar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para atacar a la institución del Presidente de la República, parte de la frustración del Partido de la Revolución Democrática al ver que está en plena decadencia.

Eso queda acreditado cuando hoy sabemos que están en busca de alguien, de un salvador que venga a sustituir a esa dirigencia que por cierto, como bien dijo mi compañero Pablo Escudero, solapó a José Luis Abarca, quien es el que origina todos estos lamentables sucesos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, desde su escaño.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Es para hacer una pregunta al orador, que graciosamente salió muy rápidamente. No sé si me la acepta el orador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Le acepta la pregunta, Senador Flores Ramírez?

Proceda, por favor, Senador Zoé Robledo, a formular la pregunta.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) No, no, no, perdón.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Si me la acepta el orador.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) No acepto la pregunta y no acepto su comentario de la graciosa huida de la tribuna, porque yo respetuosamente vengo a utilizarla como deberían haberla utilizado ustedes.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se acepta la pregunta, y en consecuencia, procede el debate.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Si me permite, para hechos, señor Presidente, dado que si bien no hizo mención a mi nombre, hizo una…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No, esta Presidencia no advierte alusión personal. En consecuencia se le registra para rectificación de hechos en el orden que le corresponda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

En la vida, y particularmente en la política, la congruencia debiera ser un valor fundamental ante el dolor, la indignación y la preocupación que en todo México suscita la desaparición de estos jóvenes. Yo quiero invitar al Pleno, quiero invitar a la gente que escucha este debate, a través de la televisión, a que reflexionemos sobre las acciones, no sobre las declaraciones.

No quisiera quedarme con la sensación de que venimos a esta tribuna o,que algunos vienen a esta tribuna o a lavar culpas, o a pedir perdón, menos aún, a que esto se convierta en una lucha partidista, porque eso lo resuelve; porque eso no les resuelve a las víctimas y mucho menos le resuelve a este país.

Nosotros estamos aquí hoy dando este debate, eso esperamos muchos, eso esperamos en mi grupo parlamentario, asumir nuestra responsabilidad.

Y en este análisis de acciones y declaraciones, yo quiero invitarlos, de verdad, a que seamos muy serios, y reflexionemos sobre el actuar puntual que ha tenido el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Y seamos bien claritos, responsabilidad, no significa culpabilidad, aunque a muchos les guste esa idea.
El Presidente Peña asumió su responsabilidad, atrayendo la investigación en un territorio que era, no quiero entrar a este debate, pero él asumió esa responsabilidad atrayendo la investigación.

A través de la Procuraduría General de la República, se ha realizado una exhaustiva investigación que, por cierto, aún no concluye, permanece abierta.

Aún más, fue el propio Ejecutivo federal el que pidió la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener una visión externa, para que no quedara duda de este interés por encontrar la verdad, por hacer justicia.

Yo diría, y lo digo a título personal: el Presidente Peña ha tenido hasta el valor civil de dar la cara a los familiares de estas personas.

¿Cuántos? Y sólo es pregunta, ¿cuántos más han tenido ese valor civil?

Vayamos a los hechos, no existe, porque estamos en medio de una guerra de declaraciones. Y vamos a los hechos por eso.

No hay un video, una declaración o una prueba que diga que la policía federal o que fuerzas federales participaron en la detención de los normalistas.

No seamos irresponsables, de verdad yo pregunto, nosotros somos parte del Estado mexicano y tenemos una tarea legislativa que cumplir; somos nosotros los que a partir de declaraciones, de dichos, de supuestos, vamos a estar descalificando a las instituciones, porque, si no es esa la intención, yo tampoco veo aquí, ni declaraciones puntuales, ni veo aquí tampoco aportaciones de pruebas, ni tampoco estoy viendo muchas propuestas legislativas.

Las cámaras del C4, por ir otra vez a un tema de hechos muy concretos, las cámaras que estaban conectadas al C4 y no funcionaban, eran responsabilidad del estado de Guerrero.

Las autoridades federales en su momento solicitaron a las estatales reparar esas cámaras y no obtuvieron respuesta. No voy a calificar este tipo de hechos.

Sólo quiero insistir, la gente, la sociedad, quienes nos dieron la confianza de ocupar un escaño en el Senado de la República, lo que espera de nosotros es una actuación responsable, no declaraciones, no que estemos lucrando políticamente con el dolor, con la indignación, porque nuestra tarea es aportar pruebas, quien las tenga, pues hay instituciones, pero nuestra tarea fundamental será fortalecer la legislación y dar garantías; coadyuvar a dar garantías para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir.

La política, compañeras y compañeros, tiene que sustentarse en la ley. Personalmente creo que nuestro actuar tiene que ser congruente y tiene que fortalecer a las instituciones.

Es cuanto, Señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo.

Tiene el grupo parlamentario del PT un turno más de intervenciones.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Quisiera responder a la acusación que se me hace de dictarle a la Senadora Layda Sansores lo que va a decir. A la Senadora Layda Sansores no le dicta nadie nada, tiene criterio, es una mujer valiente, se maneja con hechos, y no les tiene miedo, pese a las amenazas permanentes.

La Senadora Layda Sansores, tuvo un padre aquí reconocido por el PRI, pero ella toma sus decisiones, tiene su carrera y tiene su posición muy clara.

Yo le pediría a los priístas que todavía se acuerdan de aquel PRI, hay que reflexionar, no era un PRI que entregaba el petróleo, no era un PRI que se entregaba a los Estados Unidos, no era un PRI que se sometió a las hegemonías extranjeras.

Ojalá, al acordarse de ciertas figuras, se recordara de ciertos principios que han abandonado y han traicionado los priistas aquí en esta sala durante tres años. Eso sería muy bueno.

Pero en materia de dictados, yo no he visto aquí, más que el dictado férreo de Peña Nieto, ese sí que dicta aquí todo lo que se debe decir.

Hasta las peores aberraciones las dicta Peña Nieto, la verdad es que ese es el dictado que realmente se escucha; el dictado para entregar el petróleo a los Estados Unidos, hay van todos, se les olvida todos sus principios y lo que habían representado.

El dictado de hacer una reforma laboral en contra de los trabajadores, también hay que acordarse de aquellos tiempos en donde se defendía a los trabajadores, de manera que, el dictado en donde no se hace nadie para ningún lado, es Peña Nieto aquí en la fracción del PRI.

El otro tema que quiero volver a tratar, es que han tratado ustedes, algunos medio cantinflescos, otros más articulados, otros engolando la voz, otros gesticulando, de cambiar el sentido del debate.

Aquí venimos, porque el informe que dio la Comisión de Derechos Humanos con la firma del Presidente, establece con toda claridad, punto por punto, que la investigación de la Procuraduría ha sido una farsa, una por una.

Desde el señalamiento, fíjense ustedes, desde el señalamiento de que las líneas de investigación se acabaron. Fíjense lo que dicen, se pudo constatar que no hubo una investigación respecto de todos los presuntos responsables, porque se decidió radicar la responsabilidad en los mandos medios y bajos de una organización criminal, pero no hubo indagación respecto del conocimiento, participación y responsabilidad de otras personas e instituciones como son las instituciones federales, que ahí estuvieron. Punto por punto.

El daño hecho a las zonas en donde se cometían los crímenes, el abandono de estos jóvenes que yo señalaba hace un momento, criminal del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, allí estaba, no venimos aquí a denostar a las instituciones. ¡No! a eso no venimos; venimos a discutir esto, página por página, y quien lo dice es ese organismo, esos expertos que vienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos son los que lo dicen, no nosotros.

Y eso es lo que venimos a discutir y empiezan a sacar otras cosas. No eso es lo que hay que discutir. Hay que discutir un informe internacional de la más alta calidad que señala que toda la investigación de la Procuraduría es falsa.
Que señala claramente que han modificado hasta las pruebas, que sí señala que eludieron los asesinatos, las torturas, el análisis de todas esas fechorías bajo la presencia del Ejercito Mexicano o representantes del Ejercito Mexicano y de la Procuraduría.

No somos nosotros que lo decimos, aquí está, y mucho más, nosotros sostenemos esto. Éste era el objetivo de venir aquí, no regresar otra vez a que si Murillo Karam lo hizo muy bien, a que si cientos de trabajadores de la Procuraduría hicieron un esfuerzo, no los critiquen, no ataquen a esos hombres. No es cierto, no somos nosotros, lean el documento. Es la demostración aquí por expertos internacionales que actuaron bajo la apreciación de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo que dicen. Eso es lo que venimos a decir.

Ha habido una farsa en esta investigación, dejaron que mataran y secuestraran, viendolos, las autoridades federales, ahí en los escenarios, las autoridades federales.

Y decir que el Presidente no es responsable del Ejército Nacional. Y que vamos a creer que ese sí dicta, no yo, ojalá pudiera dictarle a la Senadora Layda las cosas que yo pensara, no.

El que dicta, dicta al Ejército, dicta a Murillo Karam, que luego lo sacó por la puerta de atrás, que nadie se diera cuenta, ni supiéramos porqué salió. Eso es lo que venimos a discutir.

No cambien la discusión, la gravedad de que las instituciones mexicanas hayan violentado, tapado, cubierto una serie de asesinatos de jóvenes mexicanos que los dejaron sin ninguna protección. Eso es lo que queremos discutir, a eso venimos.

De manera, que si ustedes son capaces de leerlo, porque luego aquí se aprueban las cosas sin leer nada, se van a dar cuenta de lo grave que fue la acción del Estado mexicano. Y si les voy a decir, el Estado mexicano es pueblo, territorio y gobierno. No, el Estado mexicano son los municipios, el Estado y la Federación, que no dice que valientemente recuperó y se atrajo el caso, no, el caso era de la Federación, si lo están presentando como un caso de crimen organizado, era responsabilidad, y sí era responsabilidad de Peña Nieto.

El Ejército que estuvo ahí y no hizo nada, ¿esa es responsabilidad de quién? De Peña Nieto.

La Procuraduría General de la República que hizo esas tropelías, señalan los expertos extranjeros, que no han querido analizar que para eso estábamos aquí, esas tropelías de la Procuraduría son responsabilidad del Presidente de la República.

No venimos nosotros a destruir instituciones, venimos a reclamar las tropelías de las instituciones mexicanas, que nos avergüenzan y que ustedes deberían, realmente, si quieren que haya un Estado respetable, un gobierno federal respetable, pues sean ustedes respetables.

Y si no le entran al debate de verdad, como es esto, entonces no están haciendo que el Senado sea respetable, venimos a discutir aquí.

¿Ya se les olvidó?

Para regresar a que todo lo hicieron muy bien. No es cierto. No venimos, insisto, a destruir instituciones, queremos que se aplique la Constitución y las leyes, que es lo que han violado.

Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

En el último turno correspondiente al grupo parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, hasta por cinco minutos.

Informo que los grupos parlamentarios, el Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, habrían ya agotado las cuatro intervenciones previstas en el Acuerdo respectivo.

Ruego a las señoras y señores Senadores, poner atención al orador, en razón de que va a intervenir.

Por favor, proceda Senador David Penchyna.

El Senador David Penchyna Grub: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El uso de la palabra y la libertad de expresión, la versión de opiniones y los puntos de vista de uno de los acontecimientos más graves de nuestra historia contemporánea por sí misma debe ser respetable.

Pero no compartir ciertos puntos de vista, diferir de ellos y tratar de centrar un debate más allá de las directrices que alguien pretenda dictar en la tribuna, tiene que estar basada en los hechos.

El próximo 26 de septiembre, en un par de días, estaremos a un año de una de las historias más tristes, más lamentables, de un acontecimiento ocurrido, donde han desaparecido 43 estudiantes mexicanos de los cuales debemos honrar su memoria.

Honrar la memoria, si es que han muerto. U honrar su memoria para seguirlos buscando. Porque debo subrayar, en todas las averiguaciones, en todas las investigaciones se habla de desaparecidos, y esa es una de las mejores pruebas para que en los diferentes informes o en los peritajes que ha realizado la Procuraduría General de la República, se establezca una verdad absoluta que por más que se trate de decir lo contrario, tal como en su momento lo afirmó el señor Procurador General de la República, la investigación no está cerrada.

Se ha hablado de responsabilidades, y la responsabilidad de este debate es una responsabilidad de un debate de Estado.

Ni seremos los Senadores los que resolvamos tan lamentable evento, ni debemos ser omisos para aportar ideas a partir de los hechos, para encontrar la mejor forma de honrar a estos desaparecidos, encontrar la verdad. La verdad jurídica que tendrá que ser establecida por los jueces ya que la verdad que consignó la Procuraduría General de la República, como titular de la procuración y como titular del monopolio de la averiguación previa, ha estado basada en hechos.

Nosotros no venimos a descalificar el análisis de un grupo de expertos que dio paso el propio Estado mexicano para que lo realizara; un análisis que tiene diferentes elementos, pero un análisis en el cual hay contrastes de datos duros, muy significativos, en comparación a una averiguación previa extensa, basada en más de 640 peritajes; basada en meses y meses de investigación donde no sólo participaron peritos expertos de nuestra Procuraduría, que por cierto, por su gran trabajo a lo largo de los años, han sido reconocidos no sólo en nuestro país, sino por agencias internacionales.
No podemos venir aquí a establecer un debate que destruya a las instituciones del Estado mexicano, sin dejar de reconocer que todos los elementos que se acerquen a esta averiguación deben servir para encontrar la verdad histórica.

Así como hay quien dice que no pudo haberse perpetrado un incendio de los cuerpos en el basurero de Cocula, en un basurero donde en 20 minutos se emitió esa opinión, hay horas de trabajo, y hay diferentes opiniones de diferentes expertos que afirman lo contrario, y ante eso no podemos ser omisos.

Se habla de responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como parte del Estado mexicano, debe ser no aislar ningún hecho científico, técnico y documental que ha construido la Procuraduría General de la República a lo largo de casi un año, un año donde la averiguación, reitero, no está cerrada.

Un año de distancia a donde a muy pocos días el Ejecutivo Federal, responsable de sus actos y como titular del Ejecutivo Federal, y como jefe del Estado mexicano, atrajo una averiguación, dio paso al trabajo de los expertos internacionales, ordenó todos los recursos humanos y materiales a su alcance para encontrar la verdad, porque es el primer interesado en encontrarla para mantener el orden y la paz que todos buscamos, no sólo en los discursos, sino en los eventos de nuestros hechos.

Hoy no podemos afirmar que la averiguación está cerrada, nadie la cerró, ni Murillo Karam, ni nadie, está abierta, se ha ampliado el mandato del grupo de expertos internacionales, hay cientos de peritajes nacionales y extranjeros que afirman lo contrario al famoso análisis, de los que dicen haberlo leído, de los que estoy seguro que no lo han leído, porque las insuficiencias de ese análisis y de esos expertos no son completos ni contundentes, y deben aportar elementos para que encontremos la verdad.

No se trata de venir aquí a desacreditar a nadie, se trata de que honremos a esos 43 desaparecidos, se trata de que comprobemos la confesión de muchos detenidos, más de 100, en esta averiguación, y que si dicen hoy que han sido violados en sus derechos humanos o forzados a declarar, que lo demuestren.

La pregunta que sigue flotando es: ¿Quién mandó secuestrar a los muchachos?

La pregunta que sigue estando más allá de la responsabilidad partidaria es: ¿Qué intereses mezquinos infiltrados estaban en los órdenes de gobierno municipales, estatales y cuáles fueron los elementos para construir una conjetura y un crimen de esa naturaleza?

Lo que hoy está a discusión, para honrar la memoria, no es cercenar al Estado de derecho mexicano, no es cercenar a nuestras instituciones, es encontrar la verdad.

Y hoy nadie puede afirmar con verdad, con pruebas, que el Ejecutivo ha escatimado en algo para llegar a esa verdad, no sólo ha dispuesto de todos los instrumentos del Estado, ha acudido a grupos de expertos internacionales extranjeros, ha estado abierto a escuchar todas las recomendaciones, ha puesto a disposición de esta averiguación todos los elementos técnicos suficientes a nuestro alcance para encontrar dicha verdad.

Hoy este debate nadie lo puede dictar, somos parte del Estado mexicano, no somos ministerio público, hacemos leyes, y si queremos honrar un evento tan triste y tan lamentable, debemos tomar acción de por qué y para qué nos eligieron. Construir la legislación que necesitamos hacia adelante y exhortar a las instituciones que imparten derecho y justicia, a que tomando en cuenta todos los elementos encontremos la verdad, nadie puede ostentarse aquí como poseedor de querer encontrar la verdad, esa es una tarea de todos, empezando por el jefe del Estado mexicano y nosotros como parte de él.
No queremos ser concluyentes, porque entendemos que los elementos están abiertos y a disposición con trasparencia absoluta, tan es así que hace unos minutos el ciudadano Presidente se reunió con las víctimas, llegando a acuerdos de un trabajo coordinado donde se amplíe el mandato de ese grupo de expertos, pero que no entierre el trabajo institucional del ministerio público, del que nos imparte justicia a partir de su monopolio en la averiguación, y que sean los jueces los que concluyan, a partir de las pruebas, lo que requiere este país.

Nadie puede avergonzarse de nada, si no está dispuesto a construir y a encontrar la verdad.

El pasado de cada quien habla por sí mismo.

Encontrar el escondite de otros actos, cuando se tuvo la responsabilidad, y venirlos a negar a la tribuna, es no tener memoria.

Tengamos memoria y grandeza.

Tengamos la posibilidad de ver a los padres a la cara, de estos muchachos desaparecidos, no manipulando el Estado de derecho, sino queriendo y disponiendo de todo lo que esté a nuestro alcance para que estas historias no se repitan, honrando la verdad y no descalificándola a priori, con juicios partidarios que no benefician a nadie.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Penchyna Grub.

En el segundo turno de intervenciones, correspondiente al grupo parlamentario del PAN, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Estamos ante una situación muy grave, y yo vengo a hablar hacia el futuro, no hacia el pasado.

Me preocupa mucho el silencio de los inocentes.

En nuestro país las desapariciones no son de 43, son múltiples y en todos lados, por miles hay desaparecidos en nuestro país.

¿Qué sucedió en esta ocasión?

Que estos 43 muchachos sí tuvieron eco político, tuvieron eco de dolor familiar, y, por eso, se hizo este caso tan grande, pero a mí me preocupa el silencio de los inocentes, de los miles y miles de desaparecidos que no han tenido esta oportunidad, que nadie los defendió, que no han sido usados políticamente, que no se trata este caso, aprovechar para lograr otras cosas.

Y eso es muy importante porque el país debe ser un país de justicia para todos, no para los que quizá tengan un respaldo político.

Creo que el caso sigue abierto, se abrió de nuevo por circunstancias quizá no deseadas por el régimen, porque el régimen dijo que allá tenía la verdad histórica, y la verdad histórica se vio en duda.
Yo no estoy diciendo que el otro grupo tenga la total verdad, pero se abrió, ¡qué bueno!, se abrió el caso de nuevo y existe que este caso llegue a una situación en que se esclarezca todo, como ya dijeron, precisamente, Senadores, sobre todo del PRI y del PRD.

¡Qué bueno que todo se sepa!

Va a haber muchas sorpresas, porque este caso involucra de una manera u otra a autoridades, contubernios con el narcotráfico y, sobre todo, también omisiones.

No es posible que autoridades estén observando cómo masacran a humanos.

Los casos de ferocidad a que ha llegado nuestro país ya se deben acabar.

No es posible que se permita que se desoye a un humano.

Y no debemos usarlos como cosas políticas, debemos, en nuestro país, empezar a tener un sistema que le tengamos confianza, esa es, precisamente, la disyuntiva en que nos encontramos.

Debemos ver nosotros, los Senadores, que las autoridades hagan su trabajo, es nuestra función, y verdaderamente se esclarezca este caso de Ayotzinapa, y que sirva para que se esclarezcan muchos otros, no porque los otros no tengan fuerza política debemos desecharlos, tan humanos fueron los que se sacrificaron en Ayotzinapa, como los que se han sacrificado a lo largo y a lo ancho de este país.

Tenemos que empezar a hacer un país de ley y un país de valores. Andamos pregonando los derechos humanos y los atropellamos desde lo más alto, todos los días.

Por eso, es necesario que este caso llegue a un buen fin, es necesario que si caen cabezas, que caigan, pero el descrédito que tenemos sólo se va a acabar si se llega a la verdad.

Yo espero que las autoridades responsables trabajen en esa situación, no podemos seguir con estos desprestigios que al país lo tienen, primero con sus habitantes, con un odio y una desconfianza terrible a sus autoridades; y en el extranjero, con un desprestigio de un país que verdaderamente los ciudadanos no merecemos que estemos en esta situación.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pueblo de México está atento a este debate.

Los padres de los normalistas fueron más breves que nosotros, tenemos horas debatiendo aquí, y es justo y necesario ya realizar un Acuerdo, por respeto a este gran dolor que vive México, por respeto al dolor que se vive en cada rincón del país; en mi tierra natal, Coahuila; con los desaparecidos; en Tamaulipas, en Veracruz y en todas las entidades federativas de esta gran nación.
Vengo a solicitar, a tocar las fibras más sensibles de todas las Senadoras y Senadores, de los coordinadores parlamentarios, para que termine ya el debate y estemos firmando ese gran Acuerdo, para que respetemos a los padres que han sido breves y que han pedido ocho puntos al Presidente de la República.

Vengo a solicitar el apoyo de todos ustedes para poner fin ya a este debate y pasar al Acuerdo, México lo necesita en respeto de lo que pasó y en respeto a los padres de los 43 normalistas.

Vengo a solicitarles que ya.

Ya son muchísimas horas, compañeros, es mucho sufrimiento, es mucha tensión, es mucho estrés, así es que hagamos lo que nos pide México en este gran dolor que está viviendo nuestra ciudadanía.

Pongamos fin a este debate y lleguemos al Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Garza Galván.

No hay solicitudes de intervenciones de los grupos parlamentarios, en consecuencia, conforme al Acuerdo, procederemos a dar el uso de la voz a quienes lo han solicitado, para rectificación de hechos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Lo que ha pasado en nuestro país con el incidente de los normalistas de Ayotzinapa, es algo que tiene una dimensión extraordinaria, no podemos y no debemos perderlo de vista, me parece que el estar aquí debatiendo este tema, le damos esa dimensión, y en esa dimensión tenemos que encontrar la manera de darle tranquilidad, de quitar las desconfianzas y la incertidumbre que tiene un gran sector de la sociedad mexicana.

El Presidente mismo, en su informe político que dio, después de entregarlo a la Cámara de Diputados, planteó que el pueblo de México está desconfiado, que el pueblo de México tiene incertidumbre, que el pueblo de México está molesto por lo que ha venido aconteciendo en nuestro querido país.

Y yo creo que tenemos que hacer nosotros caso de esto para poder motivar propuestas que nos permitan salir y encontrar esa verdad tan buscada.

¿Qué motivó la forma tan cruda, tan cruel en que fueron tratados como fueron tratados los jóvenes normalistas?

¿Qué motivó, también, que hayan actuado con plena impunidad?

Compañeras y compañeros:

Hay testimonios que dicen que la policía municipal, estatal y varias policías de la Federación estuvieron presentes cuando se dieron los hechos, estuvieron presentes cuando estaban acribillando a los jóvenes, estuvieron presentes y se dieron cuenta cuando se los llevaron. Eso no puede quedar impune.
En el Senado tenemos la obligación de ponernos en el lugar de los padres, la indignación que sienten, el coraje que sienten, la impotencia que sienten los que sufrieron  agresiones y salieron heridos, los que fallecieron en ese incidente y, obviamente, los desaparecidos.

No podemos conformarnos con ésta y otras realidades que tiene el país.

Por eso este debate debe tener la virtud de contribuir y de encontrar formas que permitan realmente que la verdad jurídica y la verdad histórica se conozcan y que los responsables de este hecho atroz, paguen por lo que hicieron. Me parece que esto es fundamental.

La solidaridad que el Senado de la República ha manifestado a los padres, familiares y amigos de los que sufrieron este grave incidente, me parece que ha quedado de manifiesto, pero es importante conocer la verdad, ¿qué nos lleva a ella? ¿Cuál es la figura o las figuras que nos pueden llevar a esa verdad? Para que recuperemos la confianza del pueblo de México, recuperemos la certidumbre que debe tener el pueblo de México, y como aquí se ha dicho, no se trata de debilitar, de desbaratar las instituciones, ocupamos instituciones sólidas, pero esa solidez de instituciones o en esa solidez que deseamos de las instituciones, los hombres que han estado al frente de ellas, no han podido con esta responsabilidad a juicio de la gente.

Allá afuera, lo que comenta la gente es que es un crimen de Estado; concebido Estado como todos los niveles de gobierno, yo no vengo a defender a nadie, ni vengo a responsabilizar a nadie, lo que vengo a plantear es que tenemos que ser o tenemos que contribuir para encontrar esa verdad, y si el Presidente o los presidentes o varios, y si el gobernador es responsable, y si los responsables de la procuración de justicia en el país, el que inició la investigación o algunos otros funcionarios públicos o responsables, que se les castigue, que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de los hechos de Ayotzinapa, los responsables de hecho, pero también los responsables que por omisión no fueron capaces de jugar el papel que requería jugarse en ese momento tan difícil para el país, momento que le ha ganado un gran desprestigio a nivel internacional, y no es nada más al gobierno de Peña Nieto, el desprestigio es, y se dice, para todo el pueblo de México, para el país, y ahí estamos también nosotros, porque nosotros también somos una institución que debe ser corresponsable de la conducción de este país de alguna manera.

Compañeras y compañeros:

Yo creo que lo que hemos protagonizado acá, que me parece que era necesario, con todos sus excesos también que ha habido aquí en la tribuna, creo que nos debe servir para asentar ya las cosas y encontrar la posibilidad de llegar a un Acuerdo, que parece, decía nuestra compañera Senadora, que me antecedió en la palabra, está prefigurado, que la verdad sea la que nos conduzca, compañeras y compañeros a que en este país haya justicia, que conozcamos la verdad y que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Morón Orozco.

Les informo que recibimos de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, el texto de su intervención sobre este asunto, el cual se integrará al Diario de los Debates.
La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha recibido la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya. Insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Arturo Zamora Jiménez, ha enviado a esta Mesa Directiva su intervención. Insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para rectificación de hechos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este debate que se está dando sobre el problema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es un debate necesario, es un debate el cual lo tenemos que ver como la posibilidad de que el Senado de la República haga una aportación para que los hechos se esclarezcan, por supuesto que una de las facultades exclusivas del Senado de la República es hacer leyes, eso aquí no lo desconoce nadie, pero también una de las facultades exclusivas del Senado es discutir los problemas nacionales, precisamente como éste, de Ayotzinapa.

Los compañeros del PRI efectivamente, con todo respeto se ha dicho, nunca han priorizado los intereses del país por encima de sus intereses particulares o de grupo. El presidencialismo es así, cualquiera que desconozca esto remítase a un texto del maestro Carpizo, sobre el Presidencialismo en México, y vamos a entender la conducta de los compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Aquí lo que importa es lo que diga el Presidente, no lo que le pase al pueblo de México.

La primera declaración que hace un alcohólico anónimo es reconocer que es un alcohólico y, en consecuencia, tiene un problema que resolver; lo que el grupo en el poder no reconoce es que si alguna institución está desprestigiada en este país es precisamente las que procuran justicia.

Díganme sinceramente compañeras Senadoras, compañeros Senadores si la Procuraduría General de la República cuenta con la confianza del pueblo de México para buscar verdades históricas como ésta de la que tanto se ha hablado en este Senado.

Díganme si los señores policías ministeriales utilizan métodos científicos, métodos persuasivos que respetan los derechos humanos para poder encontrar la verdad histórica.

Acaba de entregar un informe el Relator, el responsable de la Comisión contra la Tortura de la ONU en México, y eso generó una inconformidad muy fuerte del ciudadano Presidente Peña Nieto, manifestada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice el ciudadano responsable de esta comisión de la ONU?

Dice. “Ha sido, con mucho pesar que arribé a esta conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno -refiriéndose al gobierno de Peña Nieto- me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible. Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe, o incluso ahora, cuando toda la evidencia de que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación.

Juan Méndez expresa su preocupación al concluir que este texto, porque la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo, tortura generalizada, un adjetivo que considero justificado, objetivo y justo por todas las razones ya mencionadas. Me preocupa aún más la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno, a pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su gobierno y al Consejo de Derechos Humanos que mantengo inalterable mi actitud de diálogo constructivo. En este sentido respetuosamente me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento”.

No es extraño que más de uno aquí se ha subido a desacreditar el informe de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. El león piensa que todos son de su condición. Yo le recuerdo y con esto concluyo.

Estas personas honorables de este grupo no se atreven a caer en el delito de perjurio porque saben que el perjurio en sus países, y más al organismo al que pertenecen, está sancionado no sólo con la pérdida del cargo, sino con una pena corporal y con el desprestigio absoluto a nivel internacional.
En México se puede mentir diciendo que se tiene la verdad histórica, y no pasa absolutamente nada.

Si realmente queremos honrar a estos jóvenes, la única posibilidad es que, efectivamente, se esclarezca la verdad y se haga justicia, que es lo que clama todo el pueblo de México para este caso de Ayotzinapa.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En los últimos minutos, los grupos parlamentarios, durante este debate han hecho distintos acercamientos en relación con el tema que ha motivado este debate.

Voy a dar lectura, en consecuencia, a un pronunciamiento que han hecho llegar los grupos parlamentarios en relación con los hechos de Ayotzinapa.

Ruego a todas y todos su atención.



No habiendo oradores inscritos, en consecuencia solicito…

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A mí me preocupa la redacción donde se está hablando del respaldo del Senado a los Acuerdos. No ponen Acuerdos, a las acciones que propusieron los padres al Presidente de la República.

Aquí, casi que tendría que decir, la redacción correcta: “Medio respaldamos los Acuerdos a los que llegaron”, porque estamos haciendo modificaciones que ni tendrían que hacerse.

Yo no sé por qué le sacan urticaria reconocer la verdad. El reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que vive México. Esa es la realidad.

La otra es el mundo virtual del señor Peña Nieto, y si así lo propusieron los padres, pues, dejémoslo tal cual, y entonces respaldemos ya este Acuerdo que presentaron los padres hace unos momentos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Sansores San Román, ese es el equilibrio y el Acuerdo al que han arribado los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Esta Mesa Directiva cumple con someterlo a la consideración de este Pleno.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica…

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo creo que entonces debe ser anunciada, esta propuesta, con toda honestidad, porque se ha dicho que esta propuesta avala lo que los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa han planteado al Presidente de la República esta tarde en Los Pinos.

En todo caso, sin estar en desacuerdo con el contenido general de la propuesta, debe decirse: “Que se apoya bajo el equilibrio que los coordinadores han acordado, en materia de lenguaje, las peticiones que formulan los padres”.

Porque en la lectura que se hizo de esta propuesta, pues, yo encuentro diferencias con relación a lo que los propios padres de familia están difundiendo en las redes de internet.

Por ejemplo, no hablan de reencauzamiento, hablan de replanteamiento integral de la investigación, y por supuesto que hablan de una crisis que vive el país en materia de derechos humanos, de impunidad.

Entonces, si se recupera lo que los padres van a plantear o le plantearon al Presidente, pues que sea con las mismas expresiones, palabras y vocablos que los padres hicieron.

Pero si aquí se cambia la redacción, entonces no es la de los padres, es la del equilibrio que los coordinadores encontraron para concitar un Acuerdo del Senado.
No estoy en contra de la propuesta, simplemente, que se diga con toda franqueza y honestidad, que se ha modificado la redacción con relación a lo que los padres quieren. Está aquí expresado de otra manera.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado. Los grupos parlamentarios han construido una pieza legislativa específica, que tiene como propósito respaldar peticiones que han sido formuladas por los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Esta Mesa Directiva le da trámite.

En consecuencia, solicito a la Secretaría, que en votación nominal se consulte a la Asamblea el sentido de su voto. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger el sentido de la votación.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente.

Cuando dice usted: “Que los coordinadores han llegado a un Acuerdo”, diga quiénes son los coordinadores que llegaron a un Acuerdo, porque a nosotros nos están pasando el texto ahorita.

Entonces, si, la mayoría del 99 por ciento, como diría el Senador Gamboa, muchas veces, nada más que no es un Acuerdo de coordinadores cuando nos pasan un texto que no podemos ya ni corregir.

Yo le ruego a usted, de ese pequeño detalle, cuando se diga: “A los coordinadores”.

Que se diga: “Los señores fulano y perengano, están de acuerdo”.

Se lo voy a agradecer, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto, Senador Bartlett Díaz.

Lo comento, viene suscrito por el Senador Miguel Barbosa, el Senador Emilio Gamboa, el Senador Carlos Puente y el Senador Fernando Yunes Márquez.

En consecuencia, la Mesa Directiva ha revizado la forma, y existen las condiciones para darle trámite en esta Mesa Directiva, en virtud de que por el sistema de voto ponderado fue aprobado correctamente por los coordinadores parlamentarios.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Mi comentario es que, ojalá que este Senado sea honesto puntualmente, que no finja que respalda cuando semirespalda.

Y por el otro lado, una felicitación a los padres que lograron lo que este Senado no pudo hacer.

Este Senado se queda como testigo de piedra. Hoy apoya todo el trabajo que ellos hicieron, y como siempre, en el limbo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Sansores San Román, es una buena noticia para este Senado de la República que después de un intenso debate hubiese una conclusión por parte de los grupos parlamentarios, que en este momento está sometido a votación.



La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Aprobado por unanimidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se aprueba. Comuníquese.

El punto de Acuerdo presentado por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a crear dos fiscalías especializadas encargadas de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Lo retiramos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retira.

La proposición con punto de Acuerdo presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, se retira.

El grupo parlamentario de Acción Nacional retira la proposición con punto de Acuerdo presentada, se retira.

Senador Raúl Morón, le pregunto lo mismo, ¿retira el punto de Acuerdo? Correcto, se retira.





 

ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO

Les informo que hemos recibido los posicionamientos de los grupos parlamentarios con respecto al Tercer Informe de Gobierno enviado por el Presidente de la República, procédase en los términos del Acuerdo respectivo. Comuníquese.

(Posicionamiento del grupo parlamentario del PRI)



(Posicionamiento del grupo parlamentario del PAN)



(Posicionamiento del grupo parlamentario del PRD)



(Posicionamiento del grupo parlamentario del PVEM)



(Posicionamiento del grupo parlamentario del PT)



 

(Posicionamiento de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

Posicionamiento en materia de Política Social

A pesar de aquel conocido eslogan publicitario, las campañas políticas repetidas mil veces para ocultar deficiencias o promesas incumplidas no son efectivas, ni con inflación mediática. Las medias verdades tampoco sirven para manejar cualquier situación o crisis.

Sobre todo cuando se trata de la vida cotidiana de las personas, de la pobreza, la inseguridad, la falta de empleo, las muy limitadas oportunidades de desarrollo. Estas condiciones las viven millones de mexicanos y mexicanas, y no es un asunto de percepción que se modifique con discursos, ni propaganda.

Es más, justo es esta realidad la que amplía la distancia de la sociedad más cada día del discurso gubernamental y de la clase política, y se generan dos mundos aparte, auto-excluidos: uno en el que viven quienes “gobiernan” y otro en el que viven los millones de “gobernados”.

Así al revisar, el tercer informe de gobierno del Gobierno Federal, en la parte de política social, nos encontramos con una serie de acciones y programas desarticulados que repiten las mismas añejas y desgastadas políticas, que ya han probado su fracaso para lograr el desarrollo social desde hace mucho.

Muchos de los programas caen justo en lo que el titular del Ejecutivo critica de sus “detractores” como populistas, para caer justo en un asistencialismo ramplón, que no tiene como fin superar la pobreza, desigualdades, exclusión y marginación existente, pero si consiguen atraerse las clientelas electorales de todos aquellos que en la línea de la pobreza extrema ven en esos programas la subsistencia cotidiana, y no aspiran más que a ello.

En su mensaje, con motivo del tercer informe, el Presidente llevó muy pronto la amonestación a su informe y dedicó su conclusión a fustigar las “salidas falsas” de la “intolerancia, demagogia y populismo”, ante la creciente insatisfacción social y el crecimiento electoral de liderazgos carismáticos que ofrezcan soluciones mágicas a los problemas del país. Y sin embargo, es el primero en caer en ese populismo, al venir a ofrecer que con la misma receta fallida, se resolverá “paulatinamente” las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo en que viven millones de mexicanos, y en especial de jóvenes sin esperanzas.

Me parece que con reconocer que de acuerdo a la “CONEVAL, del 2012 a 2014, el número total de mexicanos en condiciones de Pobreza, aumentó en 2 millones de personas” no es suficiente, sobre todo si se considera el déficit que se viene cargando sexenio tras sexenio en materia de pobreza en nuestro país. Y eso debería convocar a un replanteamiento de fondo de la política social para fincar las bases que permitan en serio superar la situación de vulnerabilidad de las personas excluidas y marginadas del desarrollo social. Pero ello pasará sólo cuando los dejen de ver sólo como votos potenciales, y se deje de pensar en la siguiente elección, para pensar en la siguiente generación.

El desarrollo social es el punto de arranque o el caldo de cultivo para generar e implantar nuevos valores en la sociedad y sobre todo reconstruir el tejido social fragmentado, en la crisis humanitaria que hoy en día vivimos.

La complejidad alcanzada por la sociedad nacional, dada la diversificación de los intereses y los elevados grados de heterogeneidad y desigualdad existentes, hacen necesario transitar hacia nuevos derroteros, que permitan estructurar una nueva política de desarrollo social que brinde mejores y mayores oportunidades a aquellos que se encuentran excluidos del desarrollo y en la marginación económica.

En Movimiento Ciudadano nos manifestamos en contra de este tipo de política social: asistencialista, sectorizada y focalizada; y tenemos el interés en erradicar y/o disminuir los niveles de pobreza, marginación y de exclusión social; por eliminar esa brecha abismal entre ricos y pobres, por erradicar las prácticas electoreras que lucran con la pobreza, y sobre todo por acabar con la herencia de la pobreza de generación en generación.
Pugnamos por la incorporación a nuestra gestión pública de elementos como la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos; la transparencia y responsabilidad en el uso y manejo de la información así como de los recursos públicos.

Esto significa dejar de ver a la Política Social como paliativos que se han implementado en materia de Desarrollo Social, que en el mejor de los escenarios, únicamente mantienen los índices de desigualdad de una región; en este sentido una de las herramientas que ha sido utilizada es la focalización en los grupos llamados vulnerables, ésta se ha considerado como un elemento de las políticas compensatorias que no han permitido una restructuración de la política social y que solo incentiva una forma de discriminación que tiene como repercusiones la exclusión social, ya que no tienen como objetivo superar la condición de vulnerabilidad, sino mantenerlos en la línea de la pobreza.

Muestra de ello, es lo siguiente, según datos de CONEVAL:

La Pobreza aumento de 2012 a 2014 en 1 millón 991 mil personas, al pasar de 53,349.9 millones de personas pobres en 2012 a 55,341.6 millones de personas.

En 2014 del total de la población mexicana,  el 36.6%  se encuentra en situación de pobreza moderada. Lo que significa un aumento de la población  en .7%  respecto a  2012, es decir un aumento de  2.1 millones de mexicanos pobres.

A  2014 existen 7.2 millones de personas en situación de vulnerabilidad  por ingresos,  lo que representa un aumento de .5% respecto al 2012.

La carencia por acceso a la alimentación aumento de 2012 a 2014 en 600 mil personas al pasar de 27.4 millones  de personas a 28 millones de personas.
La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumento de 2012 a 2014 al pasar de 23.5 millones de personas a 24.6  millones de personas respectivamente.

La  población con ingreso inferior a la línea de bienestar aumento para 2014. En dos años paso de 27.4 millones de personas a un total 28 millones de personas, lo que representa un incremento de 600 mil personas.

Entendamos como derechos sociales aquellos que el Estado debe reconocer y satisfacer a partir del contexto social, aquellos que surgen de las necesidades actuales, son el rumbo a través del cual, la sociedad acrecienta y logra un desarrollo humano óptimo y una calidad de vida digna.

Empero debemos considerar que dicho compromiso por parte del Estado de promover y proteger los llamados derechos humanos, económicos y sociales tales como: la salud, vivienda, alimentación, medio ambiente, al agua, la identidad, la cultura, deporte; implica también priorizar la asignación de recursos y estrategias que permitan abatir en la mayor proporción y en el menor tiempo posible la desigualdad y exclusión social.

No se ha logrado formular un modelo de desarrollo que permita disminuir las desigualdades y una mayor integración social, a través del reconocimiento de las necesidades y prioridades de cada uno de los sectores de nuestra sociedad, con el firme compromiso de elevar su calidad de vida y garantizar sus derechos sociales, a través de la inversión pública que atienda necesidades estratégicas para su desarrollo.

Ya que al ordenar los países  de menor a mayor nivel de desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países; el 76% de los países de esta muestra presentan menor desigualdad de ingreso.

El reporte de WealthInsight (2013) revela que en 2012, había en México 145,000 individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia habitual). En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de $736 mil millones de dólares. Estos millonarios—representantes de menos del 1% de la población total—concentraban en ese año alrededor del 43% de la riqueza total del país.
Ante tales cifras pugnamos por un Estado de Derecho socialmente responsable, justo y equitativo, garante de los derechos sociales, que tenga como cimiento una democracia consolidada, solida, capaz de hacerle frente a la crisis social, económica y política, de una política de desarrollo social incluyente, que dé cabida a nuevos actores sociales, que empodere a las personas mediante la creación de instituciones y sociedades cohesivas, y responsables, que tenga por objetivo garantizar las condiciones para una mejor calidad de vida de la población.

Por lo que priorizar y establecer una relación entre el grado de desarrollo y la realización progresiva de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución hace necesario, situarnos en el contexto del México actual: Vivimos en una democracia, pero esa democracia se ha ido instalando de manera procesual, se ha avanzado más en la democratización política, pero en el tema de democratización social no tanto.

La democratización social implica la reducción de las desigualdades y la construcción de actores sociales autónomos capaces de movilizar y hacer representar sus demandas enfrenta el problema de la multidimensionalidad de la desigualdad y la ausencia de actores sociales sólidos y organizados.

El Panorama se encuentra así:

Que Mientras que en 1996 las fortunas de las 15 personas más ricas de México  equivalían a $25,600 millones de dólares, las de los 16 mexicanos más ricos en 2014 equivale a $142,900 millones de dólares.

Entre 1996 y 2014 la fortuna promedio de cada miembro de ese selecto grupo de mexicanos pasó de $1,700 a $8,900 millones de dólares.

Si bien existe una estrecha relación entre la política económica y social, pero disto en el hecho, que ésta última tenga que estar supeditada a la primera, por ello la redefinición de la política social debe de tener por objetivo el promover una efectiva igualdad de oportunidades.

Pareciera que cuando se habla de política social no hay claridad en el objeto preciso del que se  trata, a diferencia de la política económica que tiene muy bien definidas sus vertientes – política, monetaria, fiscal, etc.-  son “políticas” sueltas que atienden diversos aspectos no siempre relacionados entre sí.

Si la finalidad de la política social es la producción de las condiciones que aseguran la existencia de la sociedad como tal, ello deriva en generar un cierto nivel de igualdad entre sus miembros, una calidad de vida definida de acuerdo a la diversidad cultural de quienes la forman y la existencia y desarrollo de actores y redes sociales que den sustento a la ciudadanía.

Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, buscando los causes de la participación, donde el ciudadano deje la condición de súbdito y se empodere como un cliente que demanda más y mejores servicios; y propone alternativas para solucionar problemáticas, donde no hay lugar para el clientelismo.

La política de Desarrollo Social implementada en el actual sexenio es un asunto de gestión técnica, como consecuencia, la pobreza y la desigualdad son retiradas de la arena pública-política y de su dominio propio de justicia, igualdad y ciudadanía.

Por ello el proyecto político neoliberal actual, que no contempla la ciudadanía y que en la gestión de la política social, la concepción de los derechos universales, como parámetro e instrumento de construcción de igualdad es sustituida por políticas de focalización dirigidas a poblaciones en situación de riesgo.

Así hoy en México cerca de 60 millones de personas están fuera de cualquier posibilidad de acceder a un nivel de bienestar digno y sin desarrollar su enorme potencial para dinamizar la economía. Por imperativo ético y por la convivencia social es exigible crear las condiciones para su incorporación al mercado y al desarrollo.

La Política Social está limitada en su operación presupuestal, cobertura, reglas de operación, espacios para la corresponsabilidad social y la participación ciudadana.





 

Honorable Asamblea: Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnan a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 209 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga el artículo 250, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada por este H. Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto de reforma Constitucional de fecha 10 de febrero de 2014, sentando, entre otras cuestiones, las reglas comunes que rigen los procesos electorales federales y los locales.

En dicha Ley General se estableció la prohibición de que en las campañas federales se coloque propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano y prohíbe también obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, autorizando a las autoridad electoral competente a ordenar el retiro de propaganda mal colocada.

Igualmente, prohibió fijar o pintar propaganda electoral relativa al proceso electoral federal en elementos carreteros o ferroviarios, monumentos, edificios públicos o accidentes geográficos.

Es importante destacar lo que debe entenderse por equipamiento urbano, mismo que la Ley General de Asentamientos Humanos define como “el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;”

Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente la prohibición de fijar propaganda electoral en las campañas electorales federales en equipamiento urbano; sin embargo, dicha Ley permite a las Legislaturas Locales legislar sobre el tema, ya que el artículo 224 de dicha Ley General señala:

“Artículo 224.

1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los procesos electorales federales.

2....”

Énfasis añadido

Por lo anterior, diversas Legislaturas de las Entidades Federativas permiten en su Ley Electoral colgar en elementos de equipamiento urbano propaganda electoral, un ejemplo de ello es el Distrito Federal que en el artículo 318 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece:

“Artículo 318. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral observando las reglas siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;…”

Énfasis Añadido

Es importante señalar que dicho artículo fue impugnado vía Acción de Inconstitucionalidad por el Partido Revolucionario Institucional, al considerar que una de las finalidades del Constituyente Permanente al aprobar la reforma electoral,fue que en dichos procesos se utilizara un menor empleo de recursos económicos en las campañas electorales, disminuyendo así la afectación al medio ambiente, así como generar un mayor número de igualdad para los contendientes, creando un sistema en el cual las condiciones de participación fueran más equitativas; sin embargo, la Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió que la facultad de regular dicho aspecto se encuentra otorgado a las legislaturas locales de forma residual sin que haya obligación de uniformidad entre la Ley General Electoral y la Ley Electoral local.

Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla también permite colocar propaganda en equipamiento urbano, ya que su artículo 232 señala:

“Artículo 232.- En la colocación de propaganda electoral los partidos políticos y candidatos observarán las reglas siguientes:

I.- Podrá colgarse en bastidores, mamparas y en elementos del equipamiento urbano, siempre que no se dañe éste o se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones;

II.- …”

El objeto de la presente iniciativa es que tratándose de propaganda electoral, se homologue lo establecido para los procesos electorales federales con los procesos electorales locales, a efecto de generar un sistema nacional uniforme, tal y como ocurre por ejemplo con la regulación de material que debe ser usado para los artículos promocionales utilitarios, en donde en ambos sistemas –federal y local- debe ser de materia textil.

Ahora bien, si bien es cierto la mayoría de las entidades federativas ya han prohibido la colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano, también lo es que con la homologación propuesta en la presente iniciativa se blinda la posibilidad de que alguna entidad federativa apruebe alguna acción que ponga en riesgo el equipamiento y mobiliario urbano, así como el medio ambiente.
Esto es, con la iniciativa propuesta se tutelan diversos bienes jurídicos, tal y como puede ser el:

● Cuidado del Medio Ambiente;

● Cuidado del Paisaje Urbano;

● Cuidado del equipamiento y mobiliario urbano;

● Ahorro de recursos públicos que son destinados a propaganda electoral.

● Equidad en la contienda electoral, ya que los partidos políticos con menores recursos no se verán avasallados por la propaganda de los partidos con mayor financiamiento público.

Por otro lado, aprovechando que la presente iniciativa plantea modificaciones al     artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la proponente considera oportuno plantearse reforme el numeral 5 de dicho artículo, toda vez que una parte del mismo fue declarado inconstitucional por nuestro máximo tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014, en específico la parte relativa a “que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos.”

Por último, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en su artículo 73, fracción XXIX-U a este Congreso General a “…expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución…”, por lo que es dable afirmar que este Órgano Legislativo cuenta con la atribución de legislar sobre la materia de la presente Iniciativa.

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES;

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga el artículo 250, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como   sigue:

Artículo 209.

1. a 4 . …

5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.
6. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas locales, distritales ejecutivas del Instituto y en su caso los Organismos Públicos Locales, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.

Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo al de la elección.

Los consejos locales, distritales y organismos públicos locales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del consejo distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo local que corresponda. Las Leyes Electorales Locales de las entidades federativas contendrán el procedimiento a seguir para que los organismos públicos locales desahoguen las quejas materia del presente numeral.

7.- El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 250.- Derogado.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México,
el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es una obligación del gobierno federal el impulsar, a toda costa, la justicia social principalmente en las zonas del país que concentran a la mayor población con los más altos índices de marginación y cuyo número, en términos reales, es alarmante.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que para el año 2012 existían en territorio nacional, 53.3 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 41.8 millones en pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.

La Comisión de referencia considera utiliza para su definición de pobreza, las situaciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.

Por otro lado, los indicadores para medir la dimensión de la pobreza que incorpora la CONEVAL son:

● Ingreso corriente per cápita.

● Rezago promedio educativo en el hogar.

● Acceso a servicios de salud.

● Acceso a seguridad social.

● Calidad y espacios de la vivienda.

● Acceso a servicios básicos en la vivienda.

● Acceso a la alimentación.

● Grado de cohesión social.

A partir de esta definición y utilizando estos indicadores se determinan las Zonas de Atención Prioritaria, que tutela el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que en lo conducente estipula:

Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.
A su vez el artículo 30 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal revisará de manera anual estas Zonas con base en las evaluaciones de resultados que para el efecto realice el Consejo.

Las últimas estimaciones realizadas por el CONEVAL acerca de las zonas con mayor índices de pobreza efectuadas en el año 2005, arrojaron que la entidad en mayor situación de pobreza es Chiapas, le siguen los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango.

En el entorno municipal las evaluaciones determinaron que, San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca, es el municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza, seguido por los municipios chiapanecos de San Juan Cancuc, Chanal y Santiago el Pinar, así como Chichiquila, municipio de puebla.

De manera tal,  tenemos que encontrar más mecanismos para abatir este mal. No sólo a través de programas sociales asistencialistas de gran envergadura solucionaremos esta grave situación, que si bien sabemos será difícil de erradicar en su totalidad, si se pueden lograr avances significativos.

Desde nuestro particular punto de vista creemos que al paso de los años lo que más acota los esfuerzos por reducir estos números es la falta de voluntad política. Lo hemos denunciado en un sinfín de ocasiones, a pesar de la existencia de una gran gama de programas sociales, la focalización orientada por intereses de grupo merma su aplicación y en consecuencia los resultados.

Se tienen que promover, en mayor medida, programas y acciones tendientes a crear oportunidades de índole productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos; necesitamos trascender de manera contundente y definitiva de una justicia social asistencialista hacia la implementación de mecanismos dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación.

La presente propuesta tiene como propósito fundamental, fomentar la inversión con el objetivo de generar desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención del pago de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas dispuestos a desarrollar proyectos productivos en zonas de moderada y alta marginación.

Como todos sabemos, la exención o condonación es la acción gubernamental o por razón de ley de excluir de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.

El artículo 28 de nuestra Constitución en lo conducente señala que:

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

El debate acerca de esta disposición ha sido amplio pero al final se ha interpretado que el fin del constituyente permanente al incluir al texto: “…en los términos y condiciones que fijan la leyes…”; fue el de instituir las condonaciones impositivas bajo circunstancias debidamente fundadas conforme a derecho, ya que se ha privilegiado la interpretación en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título individual.

En los hechos y en consecuencia de que los criterios de interpretación a esta disposición han sido variables, la constitucionalidad de preceptos fiscales ha quedado manifiesta en las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que estipula en lo conducente:

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
II. …

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

El tipo de perdón al pago de impuestos que establece el articulado en cita, es considerado necesario y por consecuencia sano para la economía nacional.

Esta iniciativa pretende tener un impacto doble, ya que si bien es cierto el objetivo principal de esta propuesta es el de fortalecer y promover las inversiones en sectores poblaciones con altos índices de pobreza, también buscará que estas exenciones se vuelvan un principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por el artículo 39 del Código Fiscal, a fin, de constituir una estrategia fiscal bajo los supuestos mencionados en el precepto de referencia que sirva en beneficio de la economía del país.

Asimismo, el artículo 39 señala en su fracción tercera sobre la concesión de subsidios o estímulos fiscales que en términos económicos tienen el mismo efecto que las condonaciones, de este modo pensamos que resulta viable que desde el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país se dé cabida a estos principios, que en los hechos están tutelados por leyes secundarias y que satisfacen condiciones jurídicas; por lo que consideramos que es pertinente que se eleve a rango constitucional la materia de exenciones.

Por otro lado, buscamos que las exenciones también integren al sector productivo que decida trasladar inversión a las zonas más pobres del territorio nacional a través, de una reforma al Código Fiscal de la Federación.

La Carta Magna en su artículo 73, fracciones XXIX-F y XXIX-D; que aluden, respectivamente, a la facultad del Congreso para:

a) Expedir las leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social. Esta representa una de las facultades más importantes en la evolución del Estado, ya que con ella puede contar con leyes adecuadas al momento  histórico que se esté viviendo, y poder así inyectar un impulso vigoroso para  elevar las condiciones de vida del país.

b) Expedir leyes que fomenten la inversión mexicana, regulen la inversión  extranjera, la transferencia de tecnología junto con la generación, difusión y  aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo nacional.  

Ejemplos de lo anterior los encontramos en los ordenamientos siguientes: Ley General de Desarrollo Social, Ley de Inversión Extranjera, Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

En este orden de ideas, varios estados cuentan con una normatividad que fomenta el desarrollo económico y que contemplan incentivos fiscales, son los casos del Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo.

Observamos que existen en el país los instrumentos normativos para que la inversión se fomente, pero creemos que el tema específico, relativo a la exención del pago de impuestos dirigida al sector productivo que invierta en zonas de moderada y alta marginalidad no se ha tocado de manera profunda por medio de reformas de índole constitucional y federal.

En los últimos años, mediante la Ley de Ingresos de la Federación se han instituido diversos estímulos fiscales, que incluyen elementos comunes para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, existe a nivel nacional una inclinación implícita de dar estímulos fiscales a sólo algunos grupos empresariales, con objeto de utilizar este medio para el fomento económico de algunas actividades.
Hay opiniones, a las que nos sumamos, del siguiente tenor:

Los estímulos fiscales otorgados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión en el tiempo han carecido de permanencia ya que no brindan a los contribuyentes una certeza jurídica sobre la planeación de inversiones a mediano y largo plazo.

Por el contrario, en los últimos años, considerando el tipo de incentivos otorgados, parecería ser que el objetivo que se persigue con su otorgamiento atiende más a problemas sectoriales, rescates obligados, o bien a muestreos sobre posibles impactos económicos o sociales por su otorgamiento.1

En la Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos hemos determinado a no seguir permitiendo que se den estas circunstancias. Nuestro propósito es claro: la fuerza de estos grupos empresariales es fuerte pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, si no hay apoyo por parte de otras fuerzas políticas para contrarrestar estos hechos, tenemos que actuar.

De modo que nuestra propuesta, centra su objetivo en llamar a la inversión a grupos empresariales a fin de que lleven capitales a zonas marginales a través del estímulo fiscal vía exenciones y subsidios para que generen desarrollo y empleo.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Artículo único.- Se adiciona un sexto párrafo al artículo 32-D recorriéndose los subsecuentes del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-D.

Los subsidios o estímulos se otorgarán dando especial atención a las empresas que decidan realizar proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social.6

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 BAKER & McKENZIE ABOGADOS, S.C., “Análisis crítico, reflexiones y oportunidades para las empresas y sus accionistas en los ámbitos: Fiscal, Laboral, Corporativo, Financiero y Ambiental, entre otros”, Reforma Fiscal 2005. Monterrey, Nuevo León, México, 8 de Diciembre de 2004, pág. 9





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

(Presentada por los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)

Los suscritos, Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano, Senadores de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera en materia de prevención de lavado de dinero,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, resulta fundamental el perfeccionamiento de los controles tanto operativos como legales en todos los ámbitos, destacando el de las operaciones de comercio exterior, ya que recientemente las autoridades aduaneras han descubierto prácticas relacionadas con el financiamiento de la delincuencia organizada, situaciones que no se encuentran previstas en el marco legal, de ahí la necesidad de incluirlas en la ley.

En ese sentido, una alternativa cada vez más atractiva y menos riesgosa para el financiamiento de las operaciones delictivas como el narcotráfico y el lavado de dinero son las tarjetas prepagadas que disponen de bandas electrónicas ya que no requieren estar vinculadas con una cuenta bancaria y muchos tipos se pueden usar de forma anónima.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos consideran a estas tarjetas como una amenaza floreciente que los reguladores no han encarado correctamente.

Aunque existe una disposición que establece que toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo con más de diez mil dólares tiene la obligación de hacer una declaración ante la autoridad aduanal, las tarjetas prepagadas no están previstas en la ley, lo que constituye un vacío legal que debe subsanarse, a fin de frenar esta práctica cada vez más común.

Otra problemática detectada consiste en transportar grandes cantidades de dinero ocultas entre las mercancías en los tráilers o automóviles que ingresan o salen del país, por ejemplo en julio del año en curso, autoridades mexicanas encontraron 11.5 millones de dólares en efectivo escondidos en un camión que transportaba fresas por una aduana del estado de Sonora.
El descubrimiento tuvo lugar en la garita aduanal de San Emeterio en Sonoyta, ciudad fronteriza con Lukeville, Arizona, cuando agentes aduanales detectaron con rayos gamma "una variación en la imagen" del vehículo y solicitaron el apoyo del personal militar para una revisión minuciosa mediante la cual encontraron 306 paquetes con cinta de color negro que contenían 11 millones 553,361 dólares en efectivo, así como 600 cartuchos de varios calibres en una treintena de cajas.

Por todo lo anterior se propone:

● Incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la ley aduanera como dinero, pues en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable.

● Establecer la prohibición de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos, por cualquier monto, con la mercancía o en medios de transporte no autorizados para el transporte de valores, que se internen o salgan del país.

La infracción a esta disposición implicará una infracción grave, por lo que se propone que la totalidad de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos pasen a propiedad del Fisco Federal, para lo cual se establece un procedimiento de retención que deberá seguir la autoridad aduanera. Respetando la garantía de audiencia, se otorga un plazo de tres días para que presente pruebas o alegatos, plazo que debe ser mínimo por la gravedad de la infracción.

Actualmente mediante la adición de un último párrafo a la regla 2.1.2 de las de carácter general en materia de comercio exterior, se permite, -en contra de las prácticas y recomendaciones internacionales- que junto con la mercancía a importar se introduzca dinero, siempre que se presente un formato anexo al pedimento.

Situación que se pretende modificar con esta reforma con el fin de frenar una práctica delictiva que últimamente se ha vuelto frecuente, al registrarse un incremento de aprehensiones de mercancías en medios de transporte en cuyo interior se encontraron grandes sumas de dinero entre la mercancía, lo que se presta a todo tipo de prácticas corruptas y delictivas de lavado de dinero.

De la técnica legislativa.

En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa:

a) Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan: el artículo 158-A y un último párrafo al artículo 183-A y se reforman: el artículo 9° y la fracción XXX del artículo 144, todos de la Ley Aduanera para quedar como sigue:
ARTICULO 9o. Toda persona que por sí o a través de terceros ingrese al territorio nacional o extraiga del mismo dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en la aduana de entrada o de salida, según corresponda, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.

La persona que utilice los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como las de mensajería, para internar o extraer del territorio nacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en el párrafo anterior o una combinación de ellos, estará obligada a manifestar a dichas empresas las cantidades que envíe, cuando el monto del envío sea superior al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores,el Servicio Postal Mexicano, así como las empresas de mensajería, que internen al territorio nacional o extraigan del mismo, cantidades en efectivo o cualquiera de los documentos previstos en el primer párrafo de este artículo o una combinación de ellos, estarán obligadas a declarar a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria, las cantidades que los particulares a quienes presten el servicio les hubieren manifestado.

Queda prohibido que con las mercancías que entren o salgan del país, se    internen al territorio nacional o se extraigan del mismo, dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, cualquiera que sea su monto.

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

I. … a XXIX. …

XXX. Ordenar y practicar la retención, de las cantidades en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley.

XXXI. … a  XXXV.

ARTICULO 158-A. Cuando las autoridades aduaneras descubran cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, que conforme al artículo 9° de esta Ley no hubieran sido declaradas o que se pretendan introducir o extraer del territorio nacional con otras mercancías, deberán:

I. Ordenar y practicar la retención de una cantidad equivalente a la multa máxima aplicable establecida en la fracción VII del artículo 185 de esta Ley, cuando la omisión de que se trate sea respecto de cantidades superiores a diez mil dólares pero inferiores a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda nacional o extranjera de que se trate.

Cuando la omisión sea respecto de cantidades superiores a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, se ordenará y practicará el secuestro de la totalidad del excedente, sin perjuicio de practicar la retención ordenada.

II. Ordenar y practicar la retención de la totalidad de las cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, cualquiera que sea el monto, cuando se descubran con las mercancías u ocultas en ellas o en el medio de transporte no autorizado.

Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante, harán constar la fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de las cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se levante el acta, para que, en su caso, ofrezca al administrador de la aduana correspondiente, las pruebas y formule los alegatos que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna, independientemente de la responsabilidad penal en que se incurra.

Se dictará resolución fundada y motivada, analizando en su caso, las pruebas y alegatos presentados, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que termine el plazo para ofrecer pruebas y formular alegatos. Misma que se notificará por estrados en la aduana correspondiente.

ARTICULO 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los siguientes casos:

I. … a VII. …

Asimismo, pasarán a propiedad del fisco federal las cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos independientemente de su monto,  cuando se descubran con las mercancías u ocultas en ellas o en el medio de transporte no autorizado, conforme lo establecido en el artículo 9° de esta Ley.

Dado en el salón de sesiones del pleno del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Fernando Torres Graciano.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 166 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

Teófilo Torres Corzo, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, V, E INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 14; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16; LAS FRACCIONES I, II, III, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, TODOS DEL ARTÍCULO 29; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 33, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La información estadística y geográfica constituye un elemento estratégico y de vital importancia para la oportuna toma de decisiones del gobierno mexicano en pro del bienestar nacional.

Por ello, México cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyo objetivo fundamental es producir, salvaguardar y manejar información de interés nacional que refleje la realidad geográfica, demográfica y socioeconómica del país, a partir de cuatro amplias materias:1) población, hogares y vivienda;2) economía, ocupación, empleo, ciencia y tecnología;3) sociedad y gobierno y, 4) medio ambiente y las características geográficas del territorio nacional.

Dicho Sistema Nacional, está integrado por tres componentes que enlisto y explico a continuación, en particular los dos últimos, ya que en ellos recae el objetivo principal de esta iniciativa:

I. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);

II. El Consejo Consultivo Nacional (CCN), y

III. Los Subsistemas Nacionales de Información.

I. DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía funge como Unidad Central Coordinadora del Sistema y es responsable de fomentar acciones y actividades con las áreas administrativas o Unidades del Estado1, para obtener Información de Interés Nacional.
II. DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL

El Consejo Consultivo Nacionales un órgano colegiado de participación y consulta encargado de proponer y opinar sobre los asuntos considerados de interés nacional y las actividades que deben realizarse para el procesamiento de los mismos. Es encabezado por el Presidente del INEGI, quien es el principal responsable de convocar a las Unidades del Estado a las reuniones ordinarias que se celebran cuando menos una vez al año, y de forma extraordinaria cuando se considera pertinente.

A las reuniones del CCN asiste un representante de cada dependencia de la Administración Pública Federal; un representante del Poder Judicial de la Federación; uno de la Cámara de Diputados; uno del Senado de la República; cinco representantes de las entidades federativas, correspondientes a las áreas geográficas que estipula la ley; un representante del Banco de México y un representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Con base en lo anterior, quiero resaltar que la responsabilidad del Consejo Consultivo es de la mayor importancia, pues en dichas reuniones se escuchan y analizan las experiencias u opiniones de los titulares de las Unidades del Estado, –en nuestro caso, al senador y diputado que en representación del Congreso de la Unión asista–. Ellos son quienes verdaderamente trabajan con información estadística y geográfica en tiempo real, indispensable para la aplicación inmediata de acciones gubernamentales2.

Una clara evidencia de las aportaciones del Consejo Consultivo Nacional, la encontramos en elInformedelConsejoConsultivoNacional20133. En él, se plasmaron los avances más importantes para la consolidación del Sistema, tales como:

1. Avances en la integración del Catálogo Nacional de Indicadores para que los usuarios de la información puedan conocer la situación del país en materia de agua, salud, población, ciencia y tecnología y todos aquellos elementos necesarios para dar seguimiento al desarrollo económico, social y ambiental del país.

2. Se precisó que los indicadores clave deben elaborarse con rigor conceptual y metodológico, producirse periódicamente y contar con un calendario de actualización, así como corresponder a los temas que consigna la Ley del Sistema.

3. Avances en la consolidación de la normatividad y la infraestructura.

4. Avances en la propuesta de Indicadores Clave y la producción de Información de Interés Nacional en los siguientes rubros:

a. Información Demográfica y Social. Destacaron los temas del sector salud, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de perspectiva de género.

b. Información Económica. Destacaron los temas de ciencia, tecnología e innovación y el Directorio Nacional de Unidades Económicas.

c. Información Geográfica y del Medio Ambiente. Destacaron los temas de cambio climático y del sector energético.

Cabe señalar que la integración del Catálogo Nacional de Indicadores fue uno de los proyectos más relevantes del Sistema, pues el trabajo grupal que realizaron las Unidades del Estado y el Instituto, permitió generar más y mejores indicadores para dar seguimiento a la evaluación de políticas públicas.

III. DE LOS SUBSISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN

Finalmente, los Subsistemas Nacionales de Información son los órganos encargados de producir, integrar y difundir información especializada. Es decir, son los encargados de entregar al Consejo Consultivo, información actualizada de los avances técnicos y las actividades que cada uno desempeña.

Al día de hoy, existen cuatro Subsistemas de Información: 1) Demográfica y Social; 2) Económica; 3)Geográfica y del Medio Ambiente y,4) de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia4.

Cada subsistema cuenta con un Comité Ejecutivo; órgano de participación que contribuye a la coordinación interinstitucional y posee la facultad de revisar proyectos de indicadores y normas técnicas durante el proceso de producción de información especializada en su materia.

Con base en lo anterior y en razón de que el Congreso de la Unión –integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República–, es el órgano del Estado que cumple funciones de representación, deliberación y debate para emitir disposiciones jurídicas que lo regulan, además de ejercer funciones de control y supervisión a la acción del gobierno, propongo crear un mecanismo que garantice una representación más sólida, estratégica y especializada del Poder Legislativo ante los órganos integrantes del Sistema.

Como bien sabemos, cada Cámara del Congreso de la Unión cuenta con comisiones legislativasencargadas de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver –sobre las materias de sus competencias– los asuntos que la Constitución y las normas aplicables le confieren al Poder Legislativo.5

Para cumplir con la producción y dictaminación de las distintas piezas legislativas, las comisiones deben mantenerse informadas con estudios, análisis, estadísticas, entre otros. Esto les permite sustentar con elementos serios y certeros, cualquier dictamen que responda a las propuestas de creación, modificación y/o extinción de disposiciones legales, la emisión de puntos de acuerdo con información coyuntural, la solicitud de opiniones o respuestas provenientes del exterior de las Cámaras.

Por ello considero que, para efectos de la presente iniciativa, las comisiones legislativas son la instancia idónea, para conocer y proporcionar puntos de vista al Consejo Consultivo, respecto de los asuntos de su especialidad, pues en ellas, se atienden cotidianamente asuntos de interés nacional.

Dado que por el momento no existe mecanismo reglamentario alguno que promueva una mejor representación del Congreso ante el CCN ya fin de aprovechar la estructura interna con que cuentan las Cámaras del Congreso, con el objetivo de brindar una atención más especializada a las actividades que realiza el INEGI; propongo que el presidente, secretarios y/o integrantes de las comisiones legislativas que enlisto a continuación, sean quienes representen al Congreso de la Unión en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y los Comités Ejecutivos de los Subsistemas; de conformidad con la naturaleza y compatibilidad de la materia o tema de los Subsistemas.
Las Comisiones Legislativas que empatan con los Subsistemas existentes, son:

Cámara de Diputados

Senado de la República

Comisión de Población

Comisión de Población y Desarrollo

Comisión de Economía

Comisión de Comercio y Fomento Industrial

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Comisión de Fomento Económico

Comisión de Gobernación

Comisión de Gobernación

Comisión de Justicia

Comisión de Justicia

Comisión de Seguridad Pública

Comisión de Seguridad Pública

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En consecuencia, planteo realizar las siguientes modificaciones:

A. Reformar las fracciones IV y V del artículo 14, a fin de que, hasta siete representantes de la Cámara de Diputados y hasta siete representantes del Senado de la República, tengan la posibilidad de asistir a las reuniones programadas por el INEGI ante el Consejo Consultivo Nacional; el tema a tratar determinará qué legisladores deberán concurrir a la reunión.

Además, los legisladores que asistan, preferentemente deberán ser Presidentes y Secretarios; así como Integrantes de las Comisiones Legislativas que por tema a abordar corresponda. En su caso, serán designados por acuerdo de su Junta Directiva.

Beneficios:

1. El Congreso de la Unión tendrá una participación más sólida, estratégica y especializada ante el Consejo Consultivo Nacional del INEGI. Esta modificación le permitirá cumplir con su principal tarea de legislar para crear normas jurídicas, así como realizar las modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente.

2. La participación de los legisladores ante el Consejo estará determinada por la materia de especialización de la comisión de la que forman parte.

3. La información producida y publicada en la plataforma del INEGI, coadyuvará a la propuesta y dictaminación de asuntos.

4. La constante comunicación con el Instituto, permitirá ampliar el catálogo de indicadores en cualquier materia, de forma eficaz, oportuna y a corto plazo.

5. Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al cuerpo técnico–coadyuvarán en las propuestas para la renovación de indicadores, así como a la conformación de mejores sistemas de investigación, compilación y producción de información.

6. Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al equipo técnico– de las comisiones especializadas en temas de población y sociedad; economía, comercio y fomento industrial; medio ambiente y recursos naturales; y de gobierno, seguridad e impartición de justicia, sostendrán reuniones con los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información, conforme a la materia que les corresponda.

También propongo reformar el inciso e) de la fracción VI, a fin de corregir un error de carácter gramatical, debido a que actualmente el texto dice: “e) CENTRO NORTE”, debiendo decir: “e) GRUPO NORTE”.
B. Propongo reformar el segundo párrafo del artículo 16,a fin de que las reuniones organizadas por el INEGI con el Consejo Consultivo Nacional se realicen semestralmente, ya que actualmente se organiza una reunión por año, lo cual resulta evidentemente insuficiente.

Beneficios:

1. El Instituto tendrá una mayor interacción con las Unidades del Estado que integran al CCN; cabe señalar que en los hechos, se reúnen más de una vez al año.

2. La comunicación constante de las Unidades con el Instituto, permitirá que la ampliación de indicadores en cualquier materia, se realice de manera eficaz, oportuna y a corto plazo.

3. Las reuniones permitirán a los titulares o representantes de las Unidades del Estado, conocer a mayor detalle del funcionamiento de las plataformas de información del Sistema Nacional.

4. Las bases de datos actualizadas por las Unidades del estado que no sean consideradas como información reservada6, podrán ser compartidas como mínimo 2 veces al año.

C. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la LSNIEG, las Unidades del Estado deben participar en el Sistema a través del Consejo Consultivo Nacional, los Comités Ejecutivos de los Subsistemas y los Comités Técnicos Especializados. En ese contexto, propongo reformar las fracciones I, II, III y adicionar una fracción IV al artículo 29, a fin de que el equipo técnico de las comisiones legislativas ya mencionadas, asista de manera honoraria a las reuniones de los Comités.

De igual modo, propongo reformar el segundo párrafo, a fin de facultar a los miembros de cada Comité para que únicamente puedan invitar a participar a más representantes de otras Unidades, pero no a reducirlos miembros del mismo.

Por último, planteo reformar el tercer párrafo del mismo artículo 29, para que de conformidad con lo dispuesto por el ya referido artículo 8 de la ley, asistan a las sesiones de los Comités, representantes de nivel directivo o técnico de las Unidades del Estado.

Beneficios:

● Integrar a los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de población y sociedad, en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

● Integrará los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de economía, comercio y fomento industrial en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Económica.

● Integrará los representantes de las comisiones legislativas que tratan temas de medio ambiente y recursos naturales, en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Geográfica y de Medio Ambiente.

● Integrar a los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de gobierno, seguridad e impartición de justicia, en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad e Impartición de Justicia.
● Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al cuerpo técnico de las comisiones legislativas– recogerán y aportarán su experiencia en conjunto y coadyuvarán a la renovación de indicadores, así como a la conformación de mejores sistemas de investigación, compilación y producción de información.

● Al participar representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial en las reuniones de los Comités Ejecutivos, se da cumplimiento de forma estratégica al artículo 8 de la LSNIEG.

● Dar cumplimiento a lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 30 de la LSNIEG, respecto de la facultad de los Comités Ejecutivos de revisar los proyectos de indicadores y normas técnicas que las Unidades sometan a su consideración y de proponer la información que deba considerarse como “Información de Interés Nacional”, tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas en la materia.

D. Propongo reformar el artículo 33, a fin de que las Unidades del Estado hagan de conocimiento al cuerpo técnico del INEGI, acerca de las bases de datos que contengan información estadística y geográfica de sus respectivas áreas o dependencias, que puedan resultar de utilidad para enriquecer al Sistema, siempre y cuando esta no sea considerada como información reservada7.

Esta reforma permitirá que los representantes de las Cámaras del Congreso, con el apoyo de sus comisiones legislativas especializadas, retroalimenten y enriquezcan el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Su participación en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información, sin duda será invaluable.

Estoy convencido de que el trabajo coordinado entre las Unidades del Estado, en este caso del Poder Legislativo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, traerá grandes beneficios a los mexicanos, por la gran importancia que tiene la toma decisiones oportunas, con base en “información estadística y geográfica”.

En conclusión y con base en los argumentos expuestos, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, V, E INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 14; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16; LAS FRACCIONES I, II, III, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, TODOS DEL ARTÍCULO 29; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 33, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA.

ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV, V, e inciso e) de la fracción VI del artículo14; el segundo párrafo del artículo16; las fracciones I, II, III, se adiciona una fracción IV, se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo, todos del artículo 29; y se adiciona una fracción VIII al artículo 33, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por:

I. a III. …

IV. Hasta siete representantes de la Cámara de Diputados;

Los diputados que participen en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional, serán preferentemente los presidentes, secretarios o integrantes en turno de las Comisiones Legislativas de Población; Economía; Fomento Cooperativo y Economía Social; Gobernación; Justicia; Seguridad Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

V. Hasta siete representantes del Senado de la República;

Los senadores que participen en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional, serán preferentemente los presidentes, secretarios o integrantes en turno de las Comisiones Legislativas de Población y Desarrollo; Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico; Gobernación; Justicia; Seguridad Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VI.

a) a d).

e) GRUPO NORTE: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, y Tamaulipas.

VII.

ARTÍCULO 16. El Consejo Consultivo Nacional será presidido por el Presidente del Instituto…

El Consejo se reunirá de manera ordinaria, cuando menos dos veces al año y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos los coordinadores de las Unidades que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de Información:

I. Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Seguridad Pública; de Desarrollo Social; Educación Pública; de Salud; y del Trabajo y Previsión Social; un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que corresponda con el tema a desahogar; así como los coordinadores del Poder Judicial;

II. Económica: Los coordinadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía; un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que corresponda con el tema a desahogar; así como del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones;
III. Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías de la Defensa Nacional; de Marina; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que corresponda con el tema a desahogar; así como del Poder Judicial;

IV.-Gobierno, Seguridad Pública y Justicia: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública; un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que corresponda con el tema a desahogar; de la Procuraduría General de la República, así como del Poder Judicial.

Por acuerdo de la mayoría de los miembros de cada Comité Ejecutivo, se podrá invitar a participar como miembro del mismo a representantes de otras Unidades.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de esta ley, deberán asistir a las sesiones de los Comités, representantes de las Unidades con nivel directivo o técnico de las Unidades de Estado.

ARTÍCULO 33.- Las Unidades del Estado distintas al Instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de Información de Interés Nacional, deberán:

I. a VII. …

VIII. Promover mediante acuerdos de colaboración u otros mecanismos, el intercambio de información de interés nacional que sea útil para el enriquecimiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; siempre y cuando no sea clasificada como información reservada.

Estos acuerdos deberán proponerse, exponerse y desarrollarse por los representantes de las Unidades, durante las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El intercambio de información de interés nacional entre las Unidades del Estado y el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, se realizará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE

HONORABLE ASAMBLEA

Hago uso de esta tribuna para presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENGA UNA REPRESENTACIÓN MÁS SÓLIDA, ESTRATÉGICA Y ESPECIALIZADA, ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA.

Como todos sabemos, la recopilación procesamiento y aprovechamiento de la información estadística y geográfica, es un elemento estratégico de vital importancia para la toma de decisiones del Gobierno Mexicano, en pro del bienestar nacional.

En México, esta tarea la desarrolla el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ya que su objetivo fundamental es producir, salvaguardar y manejar información de interés nacional en cuatro amplias materias: 1) población, hogares y vivienda; 2) economía, empleo, ciencia y tecnología; 3) justicia, seguridad pública; y 4) medio ambiente.

Es de suma importancia entender que este Sistema Nacional, funciona a partir de 3 componentes:

● El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI.

● Su Consejo Consultivo Nacional, y

● Los Subsistemas Nacionales de Información del mismo.

Más adelante abordaré y explicaré cada uno de ellos. Por ahora, doy paso a exponer el objetivo principal de esta iniciativa.

Propongo crear un mecanismo que garantice una representación más sólida, estratégica y especializada del Congreso Mexicano, ante los órganos integrantes del citado Sistema Nacional.

¿Cómo hacerlo? Aprovechando adecuadamente la estructura interna institucional con que ya cuentan las Cámaras del Congreso; en este caso, las Comisiones Legislativas. Estos órganos colegiados especializados, son la instancia idónea para proporcionar un punto de vista informado y acertado, respecto de los temas que abordan los Subsistemas de información.

En concreto, propongo incorporar a las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y ante los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información, hasta a 7 legisladores, ya sea Presidente, Secretario o Integrante, de las Comisiones Legislativas que conforme al tema a tratar corresponda.

En el caso del Senado, las 7 comisiones son: Población y Desarrollo; Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico; Gobernación; Justicia; Seguridad Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo y en los casos específicos procedentes al equipo técnico de dichas comisiones.

Así, el Congreso Mexicano tendría la oportunidad de aportar de manera más activa, su experiencia y conocimiento recogido en el trabajo que cotidianamente se realiza en comisiones legislativas y con ello, contribuir de manera más comprometida con las actividades que realiza el INEGI.
Ahora daré paso a explicar cada uno de los 3 componentes del Sistema Nacional, en particular los dos últimos, ya que en ellos recae, insisto, el objetivo principal de esta iniciativa:

I. El INEGI coordina el Sistema y es responsable de promover acciones y actividades con las distintas Unidades del Estado que cuentan con información de Interés Nacional o que desarrollan actividades estadísticas y geográficas.

Las Unidades del Estado son:

●  La Presidencia de la República

●  Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

●  La Procuraduría General de la República

●  El Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación

●  Las Entidades Federativas y sus municipios

●  Los Organismos Constitucionales Autónomos; y

●  Los Tribunales Administrativos Federales.

II. El segundo componente es el Consejo Consultivo Nacional. El Consejo es un órgano colegiado de participación y consulta que se encarga de proponer temas de interés nacional, a fin de estudiarlos, analizarlos y procesarlos, para obtener estudios serios, de calidad y de carácter oficial, óptimos para el aprovechamiento  de todos los mexicanos.

Quiero resaltar que la responsabilidad del Consejo Consultivo es de la mayor importancia, pues en dichas reuniones se escuchan y analizan las experiencias u opiniones de los titulares; pues son ellos quienes verdaderamente trabajan con información estadística y geográfica en tiempo real, indispensable para la aplicación inmediata de acciones gubernamentales; principalmente, tratándose de eventos catastróficos que requieren la intervención urgente de los cuerpos de Protección Civil.

Este Consejo es encabezado por el Presidente del INEGI, y se reúne por ley, 1 vez al año o de manera extraordinaria cuando así se requiere.

A estas reuniones, asiste un representante por cada Unidad del Estado; y en lo que respecta al Poder Legislativo, asiste UN SÓLO legislador de la Cámara de Diputados y UNO del Senado de la República.

III. Finalmente, tenemos a los Subsistemas Nacionales de Información que son los encargados de producir, integrar y difundir información técnica y especializada.

Al día de hoy, existen cuatro Subsistemas de Información:

1) Demográfica y Social;
2) Económica;
3) Geográfica y del Medio Ambiente y,
4) de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Cada subsistema cuenta con un Comité Ejecutivo, el cual realiza las actividades técnicas necesarias para el procesamiento de información conforme a su especialización, en coordinación con todas las instituciones que le puedan proporcionar información sobre el particular.

En resumen, planteo realizar las siguientes modificaciones:

● Reformar las fracciones IV y V del artículo 14, a fin de que, hasta siete representantes de la Cámara de Diputados y hasta siete representantes del Senado de la República, asistan a las reuniones programadas por el INEGI ante el Consejo Consultivo Nacional.

El tema a tratar, determinará qué legisladores deberán asistir a la reunión y en su caso, serán designados por acuerdo de su Junta Directiva.

● Propongo reformar el segundo párrafo del artículo 16, a fin de que las reuniones organizadas por el INEGI con el Consejo Consultivo Nacional se realicen semestralmente, ya que por ley, actualmente se organiza sólo una reunión por año, lo cual es evidentemente insuficiente.

● Propongo reformar las fracciones I, II, III y adicionar una fracción IV al artículo 29, a fin de que el equipo técnico de las comisiones legislativas ya mencionadas, asista a las reuniones de los Comités Técnicos de los Subsistemas.

● Finalmente, propongo reformar el artículo 33, a fin de que las Unidades del Estado, estén en posibilidad de compartir con el cuerpo técnico del INEGI, información estadística y geográfica que pueda enriquecer al Sistema; siempre y cuando esta información no sea considerada reservada o confidencial.

Compañeras y compañeros legisladores. Estoy convencido de que el trabajo coordinado entre las Unidades del Estado, en este caso del Poder Legislativo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, traerá grandes beneficios a los mexicanos, algunos de ellos serían:

● El Congreso de la Unión tendrá una participación más sólida, estratégica y especializada ante el Consejo Consultivo Nacional del INEGI, ya que fortalecería su presencia con, hasta siete legisladores por Cámara.

Esta modificación permitirá al Congreso retroalimentar al Sistema de su experiencia legislativa y al legislador, le permitirá conocer de primera mano, la problemática nacional, lo que podrá traducirse en la creación de normas jurídicas o modificaciones al sistema normativo vigente.

● La participación de los legisladores ante el Consejo, estará determinada por la materia de especialización de la comisión a la que pertenezcan.

● La información producida y publicada en la plataforma del INEGI, aunado a un Congreso más participativo en estas tareas, coadyuvará a la propuesta, enriquecimiento y dictaminación de las distintas piezas legislativas.

● La constante comunicación con el Instituto, permitirá ampliar el catálogo de indicadores en cualquier materia, de forma eficaz, oportuna y a corto plazo.

● Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al cuerpo técnico–, coadyuvarán en la propuesta de renovación de indicadores, así como a la conformación de mejores sistemas de investigación, compilación y producción de información.

● Los representantes de las Cámaras del Congreso, con el apoyo de sus comisiones legislativas especializadas, retroalimentarán y enriquecerán al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En conclusión, esta iniciativa tiene como principal objetivo incrementar la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión de manera más sólida, estratégica y especializada en la producción de “información estadística y geográfica”; ya que ésta es imprescindible para la toma decisiones oportunas por parte del Gobierno Mexicano.

Es cuánto, señor Presidente.

1 De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), las Unidades del Estado se definen como áreas administrativas que cuentan con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuentan con registros administrativos que permitan obtener Información de Interés Nacional. Las Unidades del Estado integran información de interés nacional proveniente de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; las entidades federativas y los municipios; los organismos constitucionales autónomos, y los tribunales administrativos federales.

2 Ejemplo de ello es el caso de las Secretarías de Estado que diariamente se allegan de información de interés nacional y la actualizan, a fin de conocer el estatus que guarda el país. Esta práctica permite identificar necesidades sociales para en su caso, focalizar la aplicación de políticas públicas o Planes de Auxilio a la población civil en alerta de desastre.

3 INEGI. Consejo Consultivo Nacional, Informe 2013.
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/consejo/InformeCCN2013.pdf

4 El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Publica e Impartición de Justicia fue creado en 2008 por el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Cuarta Sesión de Trabajo- a propuesta del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/subsistemas/seg/Creacion%20del%20Subsistema%20de%20Seguridad.pdf

5 Sistema de Información Legislativa. Glosario “Congreso General”. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=52

6 Aquella información que se encuentra sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7 Ídem.





 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo para constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, senadoras de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio convocados por la Organización de las Naciones Unidas cumplen este año su ciclo. Las metas a alcanzar tenían como fecha de cierre 2015. Al realizarse la evaluación de los resultados y definir las estrategias a seguir para garantizar que el desarrollo sea parte de la vida de todos los seres humanos el balance es de contrastes.

La primer conclusión es que, las difíciles condiciones de pobreza a nivel mundial, la falta de acceso a la salud, a la educación, a los servicios de agua potable o la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna que prevalecen en diferentes regiones del mundo, son un claro ejemplo de que la comunidad de naciones debe ser más ambiciosa en los propósitos para mejorar la calidad de vida de los miles de millones de personas que viven en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

Sin embargo, es positivo observar que el establecimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los compromisos nacionales derivados de los mismos, generaron un entorno mundial favorable hacia la cooperación internacional.

A través de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los países miembros de las Naciones Unidas han dado cuenta de progresos importantes en muchas de las metas trazadas. Por ejemplo, en América Latina, hubo avances en la reducción de la pobreza extrema, del hambre y la desnutrición, de la mortalidad infantil y la falta de acceso al agua.

Es positivo observar que la comunidad de naciones se haya organizado para plantearse ocho objetivos comunes, y que los gobiernos de diferentes regiones del mundo hayan comprometido recursos y desarrollado programas para la resolución de los problemas comunes a la humanidad, lo que da cuenta de una voluntad universalizada por brindar a los ciudadanos del mundo condiciones generales para una vida digna.

En este sentido el informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo - América Latina y el Caribe (UNDG LAC), revela numerosos logros alcanzados bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Entre ellos como se anotó párrafos anteriores ha sido positivo la meta de acceso al agua, elemento vital para la vida; algunas de las políticas públicas adoptadas para reducir la pobreza extrema y la atención a los problemas de la desnutrición; así como el incremento en la participación de las mujeres en los parlamentos. Sin embargo también se observan resultados muy desiguales respecto del acceso de toda la población escolar a la educación primaria y resultados poco alentadores en cuanto a mortalidad materna y el acceso a los servicios de saneamiento.

Efectivamente el trabajo regional, visto desde la perspectiva de los países del continente africano o asiático, permite afirmar que existe un mejor desempeño de la región latinoamericana y del Caribe en cuanto al cumplimiento de los objetivos, pero advierte desafortunadamente enormes asimetrías entre los países del hemisferio.

En este sentido es un hecho que ni la pobreza extrema fue erradicada ni todos los niños latinoamericanos en edad de estudiar la primaria, cuentan con un lugar en las aulas de clase. Además, la desigualdad social, lejos de resolverse, es un fenómeno que se acentúa en ALC, lo que permite afirmar que un desarrollo equilibrado y justo requiere de mucho más que estados fuertes, finanzas púbicas ordenadas y una inflación controlada.

Bajo este contexto, es necesario refrendar el compromiso de cada una de las naciones para que, cada día, más ciudadanos tengan una vida digna y con acceso a las oportunidades que ofrece el desarrollo, las cuales, la mayoría de las veces, son limitadas por las condiciones de pobreza y falta de salud.

Considerando lo anterior y toda vez que el plazo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio se ha cumplido, el sistema de las Naciones Unidas y los grupos de expertos de diferentes países diseñaron nuevas estrategias para mitigar la pobreza y sumar al conjunto de naciones al desarrollo. Es importante destacar que en esta ocasión la perspectiva es distinta, pues en el debate participan también autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y centros de investigación, así como la representación de los parlamentarios del mundo.

La nueva estrategia mundial considera la necesidad de ir más allá de la identificación de los problemas, pues pretende que la sociedad se apropie de los objetivos y metas que definan las naciones, teniendo en cuenta las diferencias, de modo que ningún país se quede rezagado en un propósito global como ha ocurrido con los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Las reflexiones hasta ahora realizadas, partieron de la evaluación de lo que se cumplió al llegar al 2015 y del desempeño de los gobiernos. Dichos elementos han sido la base para formalizar una nueva estrategia global, la cual será discutida y aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas los días 24 y 25 de septiembre próximo. El propósito es que el diseño de estos nuevos objetivos permitan un desarrollo económico inclusivo, que asegure la sustentabilidad ambiental y que llegue a todos los rincones del planeta, sobre las bases de igualdad y justicia.

La idea considera que los países tengan, una vez más, responsabilidades comunes para brindar una vida digna a todas las personas, bajo una perspectiva que reconozca las diferencias y asimetrías entre las naciones y que de ellas derivan responsabilidades comunes pero diferenciadas. Que nadie se rezague y que existan mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento.
Si bien, en los temas sobre comercio justo, distribución del ingreso sobre bases más equitativas y combate a la desigualdad global, no hay logros visibles para establecer una base común de entendimiento entre las naciones, en muchos otros temas, como la pobreza, el cambio climático o el hambre, existen coincidencias y puntos de encuentro, a veces por la emergencia, otras, por el nivel de contingencia y peligro que, a su vez, representan para la humanidad.

Es así como el sistema de las naciones unidas avanza en la construcción de un nuevo consenso global denominado Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, 17 propósitos que parten de la experiencia desarrollada bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero con una visión más incluyente y abierta a más personas involucradas en las tareas del compromiso por crear una alianza mundial para el desarrollo.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible como se han perfilado a la fecha son:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10 .Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Todas las propuestas están a discusión para lograr el consenso de la comunidad de naciones. No obstante, tratándose de asuntos de una relevancia que trasciende a los gobiernos, a las naciones y a las regiones, es preciso crear los medios institucionales para que las voces calificadas por su conocimiento o responsabilidad dentro de cada país, sean efectivamente escuchadas y portadoras del mensaje de cada una de ellas.

Una de estas voces la representan los legisladores, pues a ellos les corresponde participar en el proceso para hacer posibles y viables las políticas públicas en que habrán de convertirse los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya desde diferentes foros internacionales o a través de sus organizaciones regionales y mundiales, los parlamentarios han brindado sus puntos de vista sobre los temas de la agenda global.

Recientemente, en la sede de las Naciones Unidas, parlamentarios del todo el mundo expresaron su deseo para que los dirigentes mundiales aprueben el programa de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará este mes de septiembre en Nueva York.

El involucramiento de los parlamentarios, sin duda, enriquece el debate sobre los temas de la agenda global pero, también, permite perfilar disposiciones normativas necesarias, prever la asignación presupuestal suficiente y evaluar la aplicación de los recursos. Los congresos y parlamentos tienen una participación relevante para hacer posibles y viables los compromisos que deriven de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Es por esto que, quienes suscribimos la presente propuesta, consideramos la necesidad de contar en el seno de la cámara de los poderes legislativos de los países y en nuestro caso del Congreso de la Unión con una comisión especial que le dé seguimiento tanto a la formalización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como a la concreción de los mismos en políticas públicas.

Se propone que, en dicha comisión especial, se informe, debata, consulte y generen ideas sobre ambos procesos, la formalización y la concreción de los objetivos, los cuales permitirán dar continuidad a los Objetivos del Desarrollo del Milenio hacia una esfera de mucho mayor responsabilidades en materia de políticas públicas y bajo una visión mucho más integral e inclusiva, como lo proponen los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Es con ese propósito que sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se propone la constitución de una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, así como el estado que guardan las federaciones deportivas mexicanas. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el que se cita a comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Lic. Alfredo Castillo Cervantes, a efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, así como el estado que guardan las federaciones deportivas mexicanas, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de la historia, el deporte es y ha sido una actividad recurrente, principalmente por la juventud y parte de la niñez. De conformidad con la Real Academia Española la palabra deporte significa “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Sin embargo, dicha palabra conlleva más de lo que su definición establece.

La actividad deportiva es vital para cualquier país, ya que su práctica aleja a quienes lo practican de un sin numero de actividades que son consideradas perjudiciales, tal y como puede ser el consumo de drogas, la delincuencia, la vagancia o el alcohólismo.

Sin lugar a dudas, todas las personas que practican un deporte, alcanzan un nivel de bienestar mayor que las personas que no lo realizan, ya que, no solamente mejoran su salud, además incrementan su estado emocional y su integración social es mucho mayor.

Por otro lado, el deporte es una de las principales actividades que sirven combatir algunos problemas de salud tal y como es la obesidad, hipertensión y diabetes. De acuerdo con la Secretaría de Salud el sobrepeso y la obesidad han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, teniendo nuestro país el primer lugar mundial en obesidad infantil.

Asimismo, es importante destacar los valores sociales que se desarrollan a través del deporte, entre los que destaca el respeto, la cooperación, la competitividad, mejora el trabajo en equipo, la lucha por la igualdad, preocupación por los demás y compañerismo; por el lado de los valores personales destaca la habilidad (física y mental), mejora el estado de ánimo, logro de reto personal, autodisciplina, mejora de la salud, entre otras.

Como sabemos, el deporte que se practica en nuestro país mantiene dos fines, el competitivo o de alto rendimiento y el amateur, ambos tienen un trato diferenciado, mientras que el primero se destaca por obtener marcas que las asociaciones establecen para poder hacerse acreedor a estímulos o apoyos para incrementar aún más el rendimiento, el último solo se mantiene como mera actividad cotidiana. Lo importante de esta distinción, radica en que los deportistas de alto rendimiento deben mantener una constancia en el desempeño de sus actividades, mediante el asesoramiento de un profesional y el amateur simplemente lo hace por mera convicción. Sin embargo, ambos deportistas deben tener una constante.

Para resaltar la importancia del deporte en nuestro país, fue en diciembre de 1988 mediante Decreto Presidencial que surgió la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física.

En 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero manteniendo su carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Fue hasta el 24 de febrero de 2003 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Fisca y Deporte1y se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual desde ese momento y hasta nuestros días, mantiene la conducción de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como actualmente la conocemos, es una institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomentan la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo su desarrollo social y humano, e impulsando la integración de una cultura física sólida que oriente la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión, promoviendo igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

La administración de la CONADE se encuentra a cargo de una Junta Directiva presidida por el Secretario de Educación Pública e integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República.

Igualmente, la CONADE cuenta con un Director General que tiene las atribuciones de administración y representación legal de la institución, siendo responsable de los programas, políticas y sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos.

Por lo anterior, el 16 de abril del presente año el titular del Ejecutivo Federal nombró al C. Alfredo Castillo Cervantes como nuevo titular de la Comisión, teniendo desde ese momento la responsabilidad de la cultura física y del deporte en el País.

Desde el inicio de su administración el titular de la CONADE manifestó su voluntad de hacer frente a las Federaciones Deportivas que no hubieran cumplido sus compromisos legales; sin embargo, a la fecha no se cuenta con información suficiente del estado que guarda el organismo público a su cargo, así como las auditorias e investigaciones implementadas a estas federaciones.

Aunado a lo anterior, en meses pasados el deporte nacional ha estado envuelto en escándalos deportivos que van desde el uso de uniformes parchados utilizados por la Selección Nacional de Tiro con Arco en la Copa del Mundo de Shanghai, hasta el ocurrido la semana inmediata anterior en donde atletas clasificados para competir en el Mundial de Boxeo a celebrarse en octubre en Qatar, tuvieron que salir a “botear” para recaudar fondos y poder costear el viaje.

Sin embargo, esos dos escándalos no han sido los únicos, ya que debemos recordar que apenas el mes pasado la medallista olímpica en tiro con arco, Aida Román, acusó a Alfredo Castillo de haberla tratado como delincuente, denunciando que poco o nada sabía sobre el deporte de alto rendimiento, ya que hubo problemas con el apoyo en los gastos para asistir a la Copa Mundial de la especialidad en Polonia, así como por la ausencia de su entrenadora por la falta de pago.

De la misma forma, han existido problemas con los trajes de baño de la atleta María Fernanda González en los Juegos Panamericanos de Toronto, así como la alteración de tiempos de los nadadores para poder ser inscritos y participar en los Campeonatos Mundiales de la especialidad en Kazán, Rusia 2015, celebrado en el mes de julio y agosto.

Asimismo, los resultados en los últimos Juegos Panamericanos en Toronto no fueron los esperados, ya que nuestro País ocupó el sexto lugar en el medallero, muy por debajo de la cantidad de medallas conseguidas en las últimas justas.

Es importante recalcar que la responsabilidad de algunos de los hechos señalados con anterioridad no es de la CONADE, sino delas Federaciones Deportivas de la especialidad; sin embargo, es la Comisión la encargada de registrarlas, regularlas y verificar que cumplan con el objeto para el que fueron creadas, por ello mi interés para que el Director asista a la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la Republica para que nos informe de manera detallada acerca del estado que guardan las administraciones de las federación nacionales de las respectivas ramas deportivas. En ese tenor, se ha conocido que la CONADE ha encontrado irregularidades en diversas Federaciones, entre las que destaca la de Frontón, luchas asociadas, tiro con arco y atletismo.

Es menester señalar que las actividades de auditoría e investigación llevadas a cabo por la CONADE a las Federaciones Deportivas deben ser realizadas sin afectar a los deportistas, ya que ellos son los menos culpables de las actividades irregulares de sus directivos y mucho menos deben sufrir consecuencias en sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al Lic. Alfredo Castillo Cervantes, comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte a efecto de informar de forma detallada sobre la situación actual que guardan las Federaciones Deportivas Mexicanas en cuanto a su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Actualmente se expidió una nueva ley con la misma denominación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer definitivamente la situación irregular de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de el “Palmarito” en la población de los Bajos de Chila, del municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El primero de noviembre del año 2011, de acuerdo a un comunicado oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró de manera total temporal obras y actividades que se desarrollaban en el paraje denominado “El Palmarito”, ubicado en los municipios de San Pedro Mixtepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.

La clausura se ejerció como medida de seguridad debido a que estas obras se realizaban en ecosistemas costeros sin contar con autorización en Materia de Impacto Ambiental, misma que debe ser solicitada ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), además de desmontar vegetación y afectar una superficie total aproximada de 6.6 hectáreas.

La violación a la legislación ambiental constaba en cambio de uso de suelo forestal, que tenía la finalidad de abrir dos brechas con anchos de 6 metros, longitud total aproximada de 300 y 220 metros, respectivamente; así como, la construcción de una obra civil en una superficie de 120 metros cuadrados.

Cabe señalar que el proyecto de construcción infringe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de evaluación de impacto ambiental.

La información que tenemos es que la clausura deje de tener efecto y los trabajos del Proyecto se reanudaron, sin embargo se siguió violando la norma en materia de protección el medio ambiente.

De este modo, el 28 de junio del corriente, se realizó un operativo en conjunto por parte de la Secretaria de Marina, Policía Federal, Policía Municipal y Procuraduría General de la República que permitió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausurar obras y actividades de construcción de desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, debido a que no cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En recorridos de vigilancia en el paraje “El Palmarito”, personal de la Delegación federal de PROFEPA en el estado observó diferentes obras y actividades en ecosistemas costeros, consistente en un desarrollo inmobiliario consistente en villas habitacionales, por lo que se llevaron cuatro visitas de inspección en materia de Impacto Ambiental.

Inspectores federales de la PROFEPA revisaron la construcción de dos villas en una superficie de 2,850 metros cuadrados, las cuales no contaban con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental.

En la segunda inspección se constató la edificación de una villa en una superficie de 1,844 metros cuadrados, también sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental correspondiente.
Durante la tercer y cuarta inspección se atestiguo la construcción de una villa en una superficie de 1,838 metros cuadrados y una villa en una superficie de 800 metros cuadrados, respectivamente, sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental.

Por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, se ordenó la clausura total temporal de las obras y actividades de construcción de desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.

En el operativo en materia de impacto ambiental instaurado por la PROFEPA, se contó con la participación de 12 elementos de la Secretaría de Marina; 2 elementos de la Policía Federal; 10 elementos de la Policía Municipal de San Pedro Mixtepec; 1 Ministerio Publico y 2 elementos de la PGR.

Una vez realizada la notificación de los acuerdos de emplazamiento correspondientes, se procedió a la colocación de los sellos de clausura respectiva, misma que fueron colocados en las fachadas principales de los desarrollos inmobiliarios.

Asimismo, se les indico a los responsables de los proyectos que a partir de la colocación de dichos sellos no pueden realizar ninguna obra de avance en las construcciones de los proyectos clausurados.

Esta medida de seguridad estará sujeta a su retiro, hasta que los responsables de los proyectos presenten la Autorización en Materia de Impacto Ambiental correspondiente.

CONSIDERACIONES

A pesar del reciente operativo en materia de protección al medio ambiente, tenemos información confiable que alerta que a pesar d la clausura de los trabajos de construcción por parte de la empresa VIVO RESORTS, estos continúan realizándose sin que ninguna autoridad federal, local o municipal este haciendo algo al respecto.

Lo anterior presume, sin lugar a dudas un caso más de corrupción, ya que no se comprende como siguen trabajando más de 250 trabajadores en la construcción de este complejo hotelero.

El daño que se está causando al medio ambiente en la población de los Bajos de Chila es grave y no se puede permitir que la empresa siga violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Algo muy turbio debe de estar sucediendo ya que a pesar de las clausuras sigue la construcción del Proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental que la empresa Vivo Resorts ha entregado para continuar con los trabajos de construcción del Proyecto en el paraje “El Palmarito”, ubicado en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Medio ambiente a realizar las acciones pertinentes para clausurar los trabajos del Proyecto de la empresa Vivo Resorts, procurando llevar a cabo una investigación exhaustiva que esclarezca de manera definitiva las condiciones de la construcción y se logre fincar responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos y particulares que estén incurriendo en claras violaciones la Ley en la materia.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación en materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El pasado 19 de septiembre se conmemoró el 30 aniversario del sismo de 8.1 grados Richter sacudió la Ciudad de México cuyo epicentro fue localizado frente a la desembocadura del Río Balsas localizada entre los límites del estado de Michoacán y Guerrero, el cual de acuerdo con cifras oficiales dejó más de 10 mil personas muertas, 30 mil estructuras destruidas en su totalidad y 68 mil edificaciones con daños parciales.

Desde esa fecha, el Estado Mexicano de la mano de la sociedad, ha desarrollado diversos mecanismos de actuación para hacer frente a los desastres naturales, particularmente sismos, en los casos de las grandes ciudades, como lo es el Distrito Federal, en donde por la concentración de personas aunado a ser una zona de alta incidencia sísmica, es necesario fomentar una cultura de protección civil.

Lo anterior, además de que por su ubicación geográfica, México se encuentra expuesto a fenómenos de origen natural que ocurren con mucha frecuencia (sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos, tormentas, etc.), además de los generados por la actividad humana, que pueden causar pérdida de vidas, así como daños a la infraestructura y al medio ambiente.

Bajo ese contexto, algunas de las más recientes acciones para hacer frente a estas situaciones inevitables e impredecibles en la mayoría de los casos, el 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, el cual es un órgano de consulta y coordinación de la política en la materia que fomenta la participación responsable y activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad, a través del cual instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a implementar las siguientes medidas de prevención:

● Crear y operar el “Sistema Nacional de Alertas”, con el objeto de contar con información, en tiempo real, y así aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro;

● Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”, con la finalidad de contar con infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales;

● Iniciar una extensa campaña de difusión de la Cultura de la Prevención y la Protección Civil, poniendo un especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables;
● Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, para transformarlo en un instrumento útil en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial;

● Implementar un Programa Nacional de Respuesta a siniestros, emergencias y desastres, que permita la acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno, con protocolos de acción para la atención de desastres, y

● Crear cinco regiones con representación nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes.

Asimismo, otra de las acciones en la materia se dio el 23 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar, en la que se buscó normalizar las características de la simbología que se aplica en el ámbito de la protección civil, con el fin de que cumplan correctamente con la función para la cual fueron creadas y de que la población las identifique y comprenda.

2.- Son innegables los esfuerzos y el trabajo desarrollado para la promoción y cultura de la protección civil en nuestro país, así como evidente la capacidad de respuesta que tiene el Estado Mexicano ante las situaciones en donde población se ve afectada por algún desastre natural.

En ese contexto y en virtud de la necesidad de continuar potenciando sus alcances y resultados de forma tal en que la mayoría de la población cuenta con las mismas oportunidades de hacer frente a las citadas eventualidades, es necesario que la autoridades en la materia contemplen protocolos de actuación para la atención de los sectores de la población más vulnerable y a quienes es necesario otorgar una ayuda especial, como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes requieren de atenciones específicas debido a su condición, además de protocolos de actuación que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo tiene como especial objetivo que las entidades federativas, a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en casos de desastres, en donde se desarrollen mecanismos atendiendo las particularidades físicas, con lo que daríamos mayor protección a aquellos sectores de la población que, ante eventos y desastres naturales, se les pueden presentar mayores dificultades para salvar su integridad física y, por ende, su vida.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se condenan los actos represivos en contra de estudiantes normalistas en el estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se CONDENAN LOS ACTOS REPRESIVOS EN CONTRA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA Y SE EXHORTA A INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EN DICHOS ENFRENTAMIENTOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1º de nuestra Constitución, establece la obligación del Estado Mexicano de respetar y hacer respetar las garantías individuales de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio; particularmente, una de estas queda establecida en el artículo 6, como el derecho de toda persona a manifestar libremente sus ideas.

Este derecho ha requerido una especial atención puesto que se trata de una forma de acción cívica para la exigencia y defensa de los derechos en sí, y bajo la cual suelen reaccionar los gobiernos con acciones incompatibles con los derechos humanos.

Toda manifestación es un derecho que pone a prueba el grado de respeto de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones para prevenir el abuso y la violencia del poder público en contra de las y los ciudadanos.

Distintos Organismos Internacionales de Derechos Humanos, han señalado que la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y el desarrollo personal de cada individuo. No solo debe garantizarse la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.

Desafortunadamente, de acuerdo con el Informe Anual 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los sectores más empobrecidos son los que más han tenido que confrontar políticas y acciones discriminatorias, a causa de la escasa información y papeles activos en la implementación de medidas que afectan en su vida diaria, y en general, porque los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias suelen ser cooptados. Este escenario hace que la protesta y la movilización social se hayan constituido como una herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones de derechos humanos.

Este es un contexto importante para la presentación de esta propuesta, puesto que las Normales Rurales son Escuelas de formación de maestros que educan a sus estudiantes bajo condiciones de pobreza extrema y que operan bajo un compromiso de lucha social; históricamente los estudiantes y egresados de estas escuelas son hijos de campesinos cuya militancia política y capacidad intelectual los hace un “peligro” a los ojos de un régimen político autoritario y represor.

En los últimos años desde el Gobierno se han implementado políticas que pretenden homogenizar a las Normales rurales con el resto de instituciones de educación superior, sin embargo, estas han resistido manteniendo su identidad y arraigo, preservando planes y programas de estudio que incluyen servicios como internados y comedores; incluso en el caso de las escuelas de producción agropecuaria siguen permitiendo que estudiantes de muy bajos recursos económicos realicen estudios de nivel superior.

Esta es una lamentable situación que dejó en evidencia y puso bajo una fuerte presión al Estado Mexicano con el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; que fue punto coyuntural para entender el problema de fondo que padece nuestro país con un modelo económico y político lleno de injusticias sociales frente a las cuales, históricamente, los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales siempre han hecho frente.
Y es el mismo escenario el que está en peligro de repetirse a raíz de los actos represivos y agresiones en contra de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Benito Juárez del Municipio de Panotla en Tlaxcala, ocurridos el pasado 15 de septiembre en la Carretera Federal a San Martín Texmelucan, a la altura del acceso al Centro Histórico de la Ciudad de Tlaxcala.

En un video puede verse la brutalidad con que fue llevado el desalojo a una protesta que llevaban a cabo, y en donde las autoridades abusaron de la fuerza pública utilizando macanas para golpear, balas de goma, gases pimienta y lacrimógeno; como si se tratara de delincuentes, dando como resultado mujeres estudiantes golpeadas y varias detenciones arbitrarias.

Sin lugar a dudas que los responsables de esto son, por un lado el Gobernador Mariano González Zarur quien sin duda tuvo conocimiento de los enfrentamientos en el momento y no hizo algo por frenarlos; y por el otro, el titular de la Unidad de Servicios Educativos a quien desde el día 11 de septiembre se le había entregado un pliego petitorio donde se exigían alimentos e infraestructura para las alumnas del plantel.

Nunca más queremos ver lastimada la dignidad de nuestros normalistas con este tipo de brutalidad, nuestra Constitución ampara el derecho a la libre manifestación y las autoridades tienen la obligación de proteger la integridad de nuestros ciudadanos, existen protocolos de actuación especiales cuando dentro de una protesta se encuentran involucradas mujeres; no podemos permitir el uso ilegal de la fuerza del Estado.

Y esto, sobre todo, cuando sabemos que se trata de una lucha que de fondo busca mejorar las condiciones sociales y económicas en comunidades que viven en situación de pobreza extrema.

Es la lucha de nuestros jóvenes normalistas que se oponen a un modelo de desarrollo que acumula y se apropia de grandes cantidades de riqueza en detrimento de grupos que históricamente han sido marginados en nuestro país.

Es una lucha donde exigen la protección de sus derechos sociales, que aunque en letra constitucional, es difícil que lleguen hasta ellos.

Es una lucha que se da por falta de educación, de servicios de salud, de agua potable, por carencias en la alimentación y, sobre todo, por la ausencia de oportunidades a fuentes de empleos bien pagadas.

Por ello, desde esta tribuna externo toda mi solidaridad y reconocimiento al ímpetu juvenil de las y los jóvenes normalistas de nuestro país y muy especialmente a los que se vieron involucrados en los lamentables hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en Tlaxcala.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena las agresiones a las y los estudiantes normalistas de distintos planteles del país, especialmente de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez”; por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 15 de septiembre del presente año en la carretera Federal San Martín Texmelucan.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que, atienda de manera inmediata las demandas de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” del Municipio de Panotla; y sancione a los responsables de los actos de violencia y represión ocurridos el día 15 de septiembre del presente año.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre la probable violación de Derechos Humanos por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en los enfrentamientos que se registraron contra estudiantes de distintas escuelas normalistas del país el día15 de septiembre en la carretera Federal San Martín Texmelucan.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de Septiembre del 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a desplazarse un día sin auto. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.



La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador electo y a los 51 alcaldes electos del estado de Nuevo León a integrar sus gabinetes procurando la paridad de género. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la inflación. Se turna a la Comisión de Población y Desarrollo.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Sería más que imposible medir la variación diaria de los precios de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Ya de por sí, el precio es una métrica que representa un valor comparado, donde confluyen una serie de variables como calidad, cantidad, tiempo, distancia, productor, consumidor, entre otras muchas.

La generalización del comercio de mercancías entre las naciones del mundo, fue haciendo que esa medición se fuera transformando de la manera de trueque, al oro, a la plata y después a la monetización y representación del dinero en papel y otras formas.

Pero en cualquier sistema económico, la medición de la variación de los precios ha configurado una de las discusiones más apasionadas, interesadas y con consecuencias diversas en la Teoría Económica, y modernamente en las decisiones de Política Monetaria. Por ejemplo, en la Ley del Banco de México, en su artículo segundo se establece que el objetivo de este es tener un control sobre los precios, de manera tal que sus variaciones no creen distorsiones en la economía. Llegar a esa determinación, es parte de una estrategia internacional de acuerdos, que han ido tomando forma, en particular, desde el período siguiente a la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en particular.

Evitar la medición de precios y sus variaciones de todos los bienes y servicios, obliga a tener una selección de los bienes más representativos y lograr así establecer un indicador, un índice de precios. Una vez que se puede establecer este índice, entonces es posible medir sus variaciones en el tiempo y de esa forma encontrar la tasa de inflación, de un período a otro.

La obtención del índice, se puede hacer en diferentes instancias, en los mercados al por mayor, o en los mercados de consumo final. Cuando se hace en este último se dice que se calcula el “índice de precios al consumidor”, cuyas variaciones nos ofrecen las tasas de inflación referentes al consumidor, y es el índice referente de la medida de la inflación.

Su importancia, es mayúscula. En primer lugar se debe de elegir un grupo de bienes y servicios representativos, ¿cuáles son los criterios que permiten definir esa representatividad? Por ejemplo, en el caso nacional, las tortillas tienen una participación definitiva en todos los hogares, pero el precio de la gasolina, o de los autos, no está presente de manera directa en todos los hogares, sin embargo, la variación de su precio, tiene un impacto en el costo del transporte y otros bienes y servicios. ¿Cuál es ese impacto medible? Adicionalmente, como los expertos reconocen, el punto de partida, en el tiempo, que se elija para el cálculo de tales variaciones también es relevante para las comparaciones.

En conclusión sobre esto, se puede decir que la elección de los bienes y servicios, los cuales serán referencia para el cálculo del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es de primera importancia tanto en la cantidad como en el peso relativo que tenga en el consumo final por parte de la población. Ese conjunto representa la denominada “canasta básica” que a su vez es referencia obligada en la medición de la pobreza y otras muchas características de una población.

En México, la institución encargada de esta tarea, en la actualidad, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que de acuerdo a las declaraciones de su Director General de Estadísticas Económicas, publicadas en el periódico El Economista del 21 de Septiembre, da cuenta que se “actualizará el año base, el número de componentes de la canasta del INPC y las ponderaciones de los productos y servicios que la integran”. Así mismo que este cambio se dará en “atención a la recomendación realizada por el Fondo Monetario Internacional”, y que esa actualización será efectiva para el tercer trimestre del próximo año, cuando la canasta de consumo que ahora integra 282 productos pase a 300 o 305 grupos, y los datos se recabarán de unas 55 ciudades.

En base a lo anterior y tomando en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

La medición de la inflación, es de trascendental importancia para la definición y cálculo del Presupuesto de Egresos y la definición de los Ingresos de cada año. De idéntica manera, se registra como una variable de importancia en la toma de decisiones para la Política Fiscal, y la Política Monetaria del país.

Que la medición de la inflación, permite dar certeza a las empresas en referencia a sus ganancias netas, así como su comparación con la tasa de interés. Y es un referente permanente en prácticamente todas las transacciones comerciales y bancarias.

Que está presente en las posibilidades de elección de los consumidores privados, de las empresas y del propio Gobierno, así como en las proyecciones de créditos, endeudamientos y rentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Proposición con punto de Acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informar a esta Soberanía de manera detallada y exhuastiva sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la inflación .

Suscribe





 

Del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del robo de identidad de los usuarios de servicios financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el robo de identidad “…se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito.1

Mediante del robo de identidad, el infractor puede aperturar cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito o acceder a diversos créditos a nombre de la victima de este ilícito, lo que eventualmente deriva en menoscabo al patrimonio del afectado.

El acceso no autorizado a los datos personales por parte de los delincuentes se puede dar a través del robo físico de información o por medio de las tecnologías de la información. Entre las prácticas tradicionales para acceder de forma indebida a la información personal se encuentran las siguientes:

● Husmear entre la basura para obtener documentos con información personal o financiera de una persona.

● Realizar supuestas llamadas de una institución financiera, de una compañía de teléfonos o algún otro servicio, para obtener la información de la cuenta del cliente.

● Espiar a los usuarios de servicios financieros cuando ingresan su Número de Identificación Personal en un cajero automático o al realizar otras operaciones en la computadora.

● Clonación de tarjetas de crédito.

● Robo de datos de un negocio (por ejemplo archivos o documentos), y por medio de sobornos obtener información de la organización.

En lo que se refiere al modus operandi a través del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación destacan las siguientes conductas:

● Uso de software maliciosos o malware que se utiliza para recabar información personal sin el consentimiento del usuario.

Phishing que se refiere uso de correos electrónicos o sitios Web falsos para engañar a las personas y obtener su información personal.

En nuestro país el robo de identidad ha venido en aumento, basta mencionar que mientras en el primer semestre de 2011 el monto reclamado por parte de los usuarios de servicios financieros afectados por este tipo de ilícitos, fue de 15 millones de pesos, en 2015 la cifra ascendió a 108 millones,2 lo que representa un crecimiento de 720 por ciento, las cifras son contundentes y ponen de manifiesto la gravedad de la problemática.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Santander, Banamex y HSBC concentran el 76% de las reclamaciones por robo de identidad. La propia institución también señala que en promedio 6 de cada 10 usuarios, obtienen respuesta favorable y el tiempo de respuesta es de 14 días hábiles.

Resulta preocupante que 17 de 28 bancos presenten incrementos en los reclamos por presunto robo de identidad, en donde la principal problemática es la referente a la expedición de tarjetas de crédito no contratadas o solicitadas por el usuario. Esta situación evidencia, la falta de protocolos de seguridad por parte de las instituciones bancarias para prevenir e inhibir el robo de identidad.

Además de las consecuencias financieras, las víctimas invierten tiempo para restaurar su reputación y enfrentan dificultades para restablecer su historial crediticio. Asimismo, el robo de identidad merma la credibilidad en las instituciones financieras y obstaculiza el crecimiento de nuevos mercados como el comercio electrónico.

Ante el incremento del robo de identidad, la CONDUSEF ha implementado una campaña informativa para prevenir ser víctima de este fraude, tales como:

● Verificar constantemente los estados de cuenta y en el caso de transacciones no identificadas, acudir a la CONDUSEF o a la institución financiera para descartar robo de identidad.

● Utilizar contraseñas que no se relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares; se recomienda utilizar letras mayúsculas, minúsculas y números combinados.

● Al deshacerse de los documentos que contengan información personal o financiera o tarjetas de crédito o débito vencidas, destruirlos perfectamente.

● Todos los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas deben conservarse en un lugar seguro para evitar que personas extrañas tengan acceso a ellos.

● Eliminar cualquier correo electrónico que contenga mensajes sospechosos o que solicite información personal o financiera. Es mejor no abrirlos e informa a tu proveedor de internet para ayudar a erradicarlos.

● Nunca ingresar contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por correo electrónico o chat. Ingresa directamente a la dirección oficial de la institución financiera.

● No utilizar equipos públicos para realizar movimientos bancarios o compras por internet. Tu información puede quedar grabada en ellos con el uso de software maligno

● Al realizar compras por Internet se debe verificar que el sitio que visitas sea totalmente seguro y confiable. El proveedor debe informar su identidad, denominación legal, políticas de venta y de privacidad, así como datos de su ubicación física.”3

Los legisladores del PRI manifestamos nuestro firme compromiso por salvaguardar el patrimonio de la población mexicana, en virtud de lo cual consideremos que estas medidas contribuyen a prevenir que los usuarios de servicios financieros puedan ser víctimas del robo de identidad. Asimismo, en complemento a las acciones solicitadas, es necesario un esfuerzo conjunto de los usuarios con las instituciones bancarias, las cuales deben implementar los mecanismos pertinentes para disminuir y erradicar este ilícito.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instituciones financieras implementar las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del robo de identidad de los usuarios de servicios financieros.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Atentamente

1. Policy Guidance on Online Identity Theft, OCDE; 2008,  Consultado el 16-09-2015.

2 Reclamaciones imputables a un posible robo de identidad 2011-2015 (1er. semestre), Consultado el 16-09-2015

3 Aumentan 40% reclamaciones imputables a posible robo de identidad en primer semestre de 2015, Consultado el 16-09-2015





 

De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, César Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Congreso de la Unión. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los suscritos, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL, DANIEL ÁVILA RUIZ, JUAN FERNÁNDEZ NAVARRO, OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, SALVADOR LÓPEZ BRITO, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 del reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, REALICE UN RECORTE DE AL MENOS EL 50% AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONGRESO DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México como en muchos otros países del mundo existe un amplio debate sobre el papel del dinero en la política y su forma de reparto.

Así la ciudadana se ha hecho escuchar mediante el reclamo constante para que sus representantes en el Congreso de la Unión se obliguen a representarlos dignamente y sin que ello siga significando una carga a su bolsillo, producto de la gran bolsa, que año con año es asignada para atender actividades legislativas.

Los legisladores no podemos más que estar de acuerdo y respaldar los reclamos de la ciudadanía.

Apenas la semana pasada propuse ante el pleno del Senado de la República recortar 50% el gasto del INE y partidos políticos, hoy vengo exigir que hagamos lo mismo en el Congreso de la Unión.
Los legisladores no podemos tolerar los aumentos propuestos en Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, debemos predicar con el ejemplo.

Para este año de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos se contempla que la Cámara de Senadores y de los Diputados podría recibir más de 12 mil millones de pesos. En donde para la Cámara de Senadores implica un aumento del 10% respecto del presupuesto del año pasado, y para los diputados significa un aumento del 3% respecto del año 2015, un exceso innecesario.

Sin duda alguna, solicitar y aceptar dicho incremento representa un grave error y va en contra de la política de austeridad que como legisladores le hemos exigido al Gobierno Federal.

Ante la caída de ingresos petroleros y los niveles insostenibles de endeudamiento, debemos recortar radicalmente el gasto, sobre todo en aquellos rubros donde no se requieren incrementos. No podemos continuar con la dinámica de la burocracia de crecer y multiplicarse, mucho menos cuando hay evidencia clara de derroche, ineficiencia y gastos absurdos que inevitablemente son con cargo directo a los bolsillos de la ciudadanía.

La ciudadanía considera que el monto que reciben los legisladores es excesivo y año con año han realizado diversos llamados a la clase política para disminuirlo.

Así las cosas, por ello el presente exhorto se sustenta principalmente en la demanda ciudadana que pide a todos y cada uno de sus representantes estar a la altura de las circunstancias económicas que vivimos en el país. No solo el gobierno tendrá que gastar menos y mejor, también los legisladores debemos ser congruentes, no podemos exigir que el gobierno se apriete el cinturón y nosotros ser simplemente espectadores.

Nuestro país se encuentra en un momento de extrema gravedad económica. En donde es de todos conocidos que el gasto público sin freno y la caída de ingresos petroleros nos están llevando a niveles verdaderamente preocupantes. Ante este panorama, debemos recortar con un gran sentido de responsabilidad los gastos. Sobre todo en aquellos rubros donde resultan ofensivos.

Los Diputados y Senadores estamos llamados a emprender acciones encaminadas a un ejercicio de responsabilidad y congruencia respecto a la situación económica que se vive a nivel nacional, no podemos ser ajenos a la percepción ciudadana quienes reciben salarios muy bajos que en comparación con los que reciben los legisladores resultan hasta ofensivos. Por ello, Senadores y Diputados debemos realizar los recortes respectivos en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 24 de septiembre de 2015.

ATENTAMENTE

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Daniel Ávila Ruiz.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 REALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 4 de septiembre de 2015, la CNDH emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014. Al respecto cabe señalar que el artículo 6º, Fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, le otorga una atribución trascendental que permite orientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos en los centros de reclusión de nuestro país, a través de la elaboración de un diagnóstico que examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos. De igual manera, conforme a la reforma del 10 de junio de 2013 se adiciona un apartado sobre incidencias que se susciten al interior de los centros penitenciarios, tales como homicidios, riñas, motines y quejas, tanto del ámbito estatal como federal, para obtener información que nos permita llevar una estadística más clara.

Este instrumento denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es ya un indicador importante de referencia obligada como consulta, tanto para autoridades penitenciarias como para académicos e investigadores interesados en el tema.

La CNDH señala que para llevar a cabo este Diagnóstico, se trabajó sobre una muestra conformada por los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de aplicar las guías de supervisión fue de 195,329 internos; asimismo, se visitaron 20 centros federales, entre los cuales se encuentran los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), representado un incremento de 23,878 internos más; de igual manera se incluyeron las tres Prisiones Militares, con 838 internos, así la muestra abarcó el 90.06% del total de la población penitenciaria nacional1, lo que significó un incremento de 2.44% respecto del porcentaje considerado en el DNSP 2013; que fue de 87.62%; ahora bien, con relación al DNSP 2012, (79.93%), y DNSP 2011, (75.10%), el incremento fue de 10.13%, y 14.9%, respectivamente.

Es importante mencionar, que en el diagnóstico de la situación de las prisiones en nuestro país, no se reflejan cambios significativos entre los años 2013 y 2014, prevaleciendo el tema de sobrepoblación y la falta de personal de manera constante, y como una de las problemáticas más importante en donde se observa también un gran porcentaje población procesada.

Por lo que se refiere a centros estatales, las deficiencias detectadas se refieren a la no separación entre procesados y sentenciados, a la falta de personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que desempeña, así como insuficiente suministro de equipamiento.

Existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de protocolos para ello. Asimismo se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros.
En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la sanción impuesta.

En algunos centros se detectó deficiencia o inexistencia de áreas que deben conformar las instalaciones, a fin de que reúnan las condiciones necesarias para cumplir con sus objetivos, tal es el caso de las áreas de ingreso, cocina, comedores, servicio médico, aulas, talleres, de actividades laborales, entre otras, así como dormitorios lo que provoca hacinamiento, con deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario.

Se observaron en algunos casos áreas de privilegios así como de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y de legalidad.

La falta de reglamento interno, así como y de manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, que regulen las actividades diarias de los centros, constituye una preocupación por el riesgo que representa para la debida observancia de los derechos humanos, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad.

Otra problemática detectada es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad, los servicios y las actividades, productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima , uso de los teléfonos y otros, situación que vulnera la seguridad, favorece la violencia y presión que se ejerce para mantener el control, se destaca que 76 de los centros estatales visitados se observaron situaciones de esta índole.

No en todos los casos se prevé la existencia de registros sobre casos de probables violaciones a derechos humanos, así como de un procedimiento para su atención o procedimiento para la remisión de quejas por parte de los internos ante la instancia competente, no se facilita la comunicación con los Organismos Locales de Protección de los Derechos Humanos, en la mayoría de los centros visitados no existe acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prácticas que vulneren la integridad y la dignidad de los internos.

Por otra parte, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con diversos factores derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las acciones para prevenir incidentes violentos, así como a la falta de manuales o protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que deben observar las autoridades y particularmente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos.

Finalmente, en los CEFERESOS se detectaron también deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos así como de procedimientos para la remisión de quejas de los internos ante la CNDH.

En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar junto con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario una estrategia nacional que permita reorientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y revertir las fallas estructurales de los centros de reclusión de nuestro país, que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

Del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera coordinada y en el marco del “Día Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En nuestro país -sobre todo en las últimas décadas-, hemos impulsado e implementado diversas acciones, mecanismos, reformas, planes y estrategias que han fortalecido nuestro marco normativo, poniéndolo acorde con el contexto internacional y respondiendo a las exigencias y retos que impone la globalidad en la que nos encontramos inmersos.

Sin embargo, aún tenemos retos pendientes, entre los que destacan la atención a grupos vulnerables y el pleno establecimiento de una sociedad sin discriminación, fenómeno que trasgrede no sólo en aquellas personas que la padecen, sino que además repercute en el entorno social, político y jurídico nacional.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), define a la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

En México los grupos en situación de vulnerabilidad son los siguientes: adultos mayores, indígenas, afrodescendientes, creencias religiosas, migrantes y refugiados, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar.

El párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus párrafos 1, 3 y 5, respectivamente que:

● “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

● “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

● “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por otro lado, mediante decreto presidencial, desde el año 2010 se conmemora el Día Nacional Contra la Discriminación, el cual surgió a manera de homenaje del Bicentenario de la abolición de la esclavitud ordenada por Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810. En este día, se busca impulsar con mayor fuerza la eliminación de las actitudes que vulneren, limiten o pongan en peligro el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los mexicanos.
En complemento, tenemos que en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 1º que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Si bien es cierto que en las últimas décadas, a nivel nacional e internacional, hemos alcanzado importantes avances en materia de derechos humanos, también lo es que todavía prevalecen una serie de condiciones que emanan de los prejuicios, estereotipos y estigmas, situación que entre otras cuestiones, trasgrede el contenido y la calidad de la democracia en México.

De acuerdo con cifras del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, en nuestro país la comisión de conductas discriminatorias puede llegar a formar parte de la cotidianidad, lo que se traduce en grandes retos en materia de cumplimiento, respeto y observancia de los derechos humanos. Para corroborar dicha situación, cabe mencionar algunos ejemplos puntuales.

Con base a información de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, los principales motivos por los que las personas se han sentido discriminadas son: No tener dinero; Su apariencia física; Su edad; Ser hombre o mujer; Su religión; Por su educación; Por su forma de vestir; Provenir de otro lugar; El color de su piel; Su acento al hablar; Sus costumbres o su cultura.

Cabe mencionar que dicha percepción se incrementa entre más bajo es el nivel socioeconómico, prueba de ello es que 6 de cada 10 personas considera que esta condición es el elemento que más provoca divisiones entre las personas, aunado a lo anterior, 2 de cada 10 personas considera que se le han limitado sus derechos por no tener dinero.

Además, no podemos ser indiferentes ante el hecho de que sólo 4 de cada 100 niñas y niños que ingresan a la educación básica terminan una carrera universitaria; o bien que en nuestro país, más de 6 de cada 10 personas consideran que las y los migrantes provocan divisiones en la comunidad.

Aunado a lo anterior, debemos referir que con base a información de la propia Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 5 de cada 10 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales consideran que el principal problema que enfrentan es la discriminación, seguida por la falta de aceptación, las críticas y burlas. Al respecto, 4 de cada 10 personas en México no estaría dispuestas a compartir su casa con lesbianas y homosexuales.

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta al Gobierno Federal, y al de las 32 entidades federativas, para que de manera coordinada, y en el marco del “Día Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a encontrar a los responsables y deslindar responsabilidades por las muertes de los dos menores de edad -Ángel y Christian Bermúdez- ocurridas en el incendio en la recicladora de aceites Industrias Quima, S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a girar las instrucciones pertinentes a los consulados y embajadas de México en los Estados Unidos de América, a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES GIRE LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A TODOS LOS CONSULADOS Y EMBAJADAS DE MÉXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A FIN DE GARANTIZAR EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PADRES INMIGRANTES NACIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguiente:

CONSIDERACIONES

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales.

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás.

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores.

La inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica, es decir, será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la salud.

La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser amparados por sus padres y el estado. Podrán beneficiarse del régimen de protección de menores vigente en el país, que se encargará de protegerlos contra las diferentes muestras de maltrato y explotación.

A principios de este año, las autoridades del Estado de Texas en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “valida”.

Esto se ha traducido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la autoridad, al considerar que la matricula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de estos migrantes, no constituyen una identificación segura.
Aunque en teoría no se niega la nacionalidad o ciudadanía estadounidense a los niños, el hecho de que sus padres no puedan tener en sus manos el acta de nacimiento que acredita su identidad y su registro como nacidos en los Estados Unidos, los está dejando en una situación de vulnerabilidad, que en la práctica los convierte en apátridas.

Cabe recordad que todo menor que no haya sido inscrito en el Registro Civil carecerá de nacionalidad, por lo que será considerado un apátrida. Esto significa que el niño perdería su identidad oficial y su nacionalidad, por lo que sería invisible ante los ojos de la sociedad.

Existen dos tipos de apátridas:

● Los apátridas de iure (jurídicamente): cuando en el ámbito internacional los diferentes países no reconocen el derecho a la identidad de un determinado Estado y los habitantes del mismo. Es el caso de, por ejemplo, Palestina.

● Los apátridas de facto (son apátridas en la práctica pero no según la ley): cuando un determinado Estado le niega la nacionalidad a una persona debido a la falta de documentos de carácter legal (como el acta de nacimiento), problemas económicos o tensiones internas.

Este tipo de iniciativas han sido recurrentes, en los últimos años, por parte de diversas autoridades locales en los Estados Unidos, tal es el caso de la Proposición 187, en California y de diversas iniciativas en el Estado de Arizona, la cuales han buscado la implementación de medidas con la finalidad de anular este derecho constitucional.

De acuerdo con la Enmienda 14, ratificada en 1868. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y que sean sujeto de su jurisdicción, son ciudadanos del ese país y del Estado en el cual residen”.

Se estima que en los Estados Unidos existen entre 5.5 y 6 millones de niños estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados, por lo que esta política pone a los recién nacidos hijos de indocumentados en un estado de vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad y les impide el acceso a servicios básicos como salud y educación.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El H. Senado de la República exhorta al Embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Basañez Ebergenyi, a fin de:

a) Inicie pláticas con las autoridades correspondientes en los Estados Unidos con la finalidad de saber cuáles son las razones por las que no se admite el pasaporte y la matricula consular como documentos válidos para registrar a sus hijos nacidos legalmente, por parte de las autoridades locales de ese país.

b) Gire las instrucciones correspondientes para brindar apoyo legal a madres y padres de niñas y niños nacidos legalmente en el territorio de los Estados Unidos para que se respete su derecho a la identidad y se garantice el pleno ejercicio de todos los demás derechos reconocidos internacionalmente.

Atentamente.

 





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

La población mexicana actual alcanza los 112 millones 336 mil 538 personas, de acuerdo con el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2010, con una proyección al 2030, de 120 millones de habitantes, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Históricamente nuestra Nación se ha caracterizado por contar con una población con predominio de niños y jóvenes, los cuales actualmente forman más del 40% del total de la población. Tan solo, en 2013 habían 21.5 millones de jóvenes (de entre 15 y 29 años de edad), representando el 18.2% de la población total, significando la predominancia del sector juvenil en el país, lo que se sustenta con las cifras del Consejo Nacional de Población y la encuesta realizada por el INEGI durante el 2010, cuando se alcanzaban los 36 millones 210 mil 692 jóvenes; con una proyección hacia el 2020 de alcanzar la mayor cantidad de jóvenes en toda la Nación. Es decir, en siete años se reportará la menor cantidad de tasa de dependencia económica de la historia moderna de México, ya que habrá menos población menor a los 14 años y mayor a los 65.

Este fenómeno que se viene presentando en nuestro país le da el privilegio de contar con un bono demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, estará en condiciones de producir durante los próximos años mucho más valor de lo que consumimos actualmente.

Lamentablemente las fortalezas que generan estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario, nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente, la cual se ha venido agudizando con los desastres naturales que han afectaron distintas regiones de la república mexicana durante los últimos años, hasta alcanzar niveles históricos que laceran gravemente a nuestra gente.

La educación, uno de los pilares de desarrollo de cualquier sociedad, concebida constitucionalmente como la enseñanza que “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, la que además está consagrada como una garantía, particularmente para nuestros niños y jóvenes, presenta un rezago alarmante, ya que en México una de cada tres personas presenta rezago educativo, y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, 31.9 millones de mexicanos viven en condiciones de rezago educativo, siendo la población de entre 15 y 39 años, la que presentan algún rezago educativo, que en números suman más de 17 millones de personas que no han concluido adecuadamente alguno de sus estudios, y que lamentablemente podría aumentar al final de presente sexenio de no atenderse inmediatamente. Esta situación causa graves daños al cumplimiento del derecho constitucional de referencia -“el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano”-, y es una de las causa de la afectación a la salud física que se padece en el país actualmente.

Por otro lado, para finales del primer semestre del presente 2015, del total de la población del país, un 60.01% representa la población económicamente activa (PEA), el 39.99% la población económicamente no activa, y del total de la PEA, las personas que se encuentran en desempleo abarcan el 4.72%, de acuerdo con cifras del INEGI.

Más aun, según reportes de INEGI, alrededor del 37.20% de los jóvenes entre 14 y 29 años de edad no tienen empleo.

Toda esta realidad, con un futuro previsible más difícil debido a las insuficientes oportunidades empleo para el sector juvenil, hace imperativo llevar a cabo acciones emergentes para hacerle frente y evitar que las familias mexicanas queden expuestas a problemas de pobreza extrema, de seguridad, de ocio y de salud, principalmente.

Precisamente, nuestra sociedad padece un problema de salud pública grave, al extremo de que México está dentro de los 10 países con mayor índice de población obesa; ocupando el primer lugar en el mundo, con un 32.8% del total de su población, en condiciones de obesidad; ubicándose por encima de países como Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Inglaterra, Australia, Alemania, Chile Francia, Canadá y España. Cabe mencionar que la principal causa de muerte en México, es la relacionada con enfermedades del corazón, y como segundo lugar la diabetes, (de acuerdo con el Estudio de Mujeres y Hombres en México, 2014, INEGI), ambas causas, relacionadas con la obesidad, a demás, según la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. en el país hay cerca de 10 millones de diabéticos, es decir, cerca del 10.7% de la población entre los 20 y los 69 años presentan alguno de los tipos de diabetes (de acuerdo con American Diabetes Asociation); problemáticas de salud pública que requieren ser atendidas lo más pronto posible a fin de garantizar la calidad de vida de todos los integrantes. Es decir, nuestro país tiene un diagnóstico grave en materia de salud pública que requiere ser atendido lo más pronto posible, de lo contrario estaremos enfrentando las consecuencias en el tipo de calidad de vida de su población.

Ante este contexto que vivimos, resulta impostergable hacerle frente.

Asignar recursos a proyectos de infraestructura, particularmente a infraestructura deportiva municipal constituye un mecanismo eficaz para revertir dicho panorama; con la obras de infraestructura deportiva se fomenta la práctica deportiva y de la cultura física, además impacta significativamente en la población reduciendo los gastos y la inversión en otros rubros, como el de prevención de enfermedades -como las señaladas en párrafos anteriores-, y de conductas delictivas fomentadas por el ocio, además de reducir muchos de los accidentes e incidentes vinculados con el consumo de alcohol y drogas, por la falta de una cultura física y deporte.

Estos efectos ya han sido comprobados; desde que se creó el Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal el impacto social ha sido bastante bueno, principalmente en materia de masificación de la cultura física y deporte, en la generación de empleos y consecuentemente con los efectos positivos en la salud y en la erradicación de las conductas delictivas en las regiones beneficiadas.

En el 2007, año en el que se crea este fondo para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008, tuvo una asignación de 316, 500, 000 (trescientos dieciséis millones quinientos mil pesos) distribuidos entre 104 municipios de 27 estados de la república. Durante los años siguientes el fondo tuvo un incremento representativo en cada ejercicio presupuestal, tanto en los recursos como en el número de municipios favorecidos y la población beneficiada. Para el PEF del 2009 se asignaron 640,500,000 (seiscientos cuarenta millones quinientos mil pesos) entre 264 municipios de 30 entidades y 1 delegación del D.F.; para el PEF 2010 se asignaron 705 millones de pesos para más de 217 municipios y 3 delegaciones del D.F., en el PEF 2011 los recursos fueron por 1,131,947,488 (un mil ciento treinta y uno millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos) beneficiando a 326 municipios y 11 delegaciones del D.F.; para el PEF 2012 se obtuvo un presupuesto histórico para este fondo 2,496,958,439 (dos mil cuatrocientos noventa y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos) distribuidos entre 535 municipios de los 31 estados y 11 delegaciones del D.F., en el PEF 2013, se aprobaron recursos por 3,038,014,857 (tres mil treinta y ocho millones catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos) distribuidos entre 515 municipios de 28 estados y 15 delegaciones del D.F, para el 2014, los recursos otorgados fueron de 3,060,182,162 (tres mil sesenta millones ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos), distribuidos entre 537 municipios de 32 estados y 13 delegaciones del D.F; finalmente para el PEF 2015, los recursos otorgados fueron de 3,420,872,448 (tres mil cuatrocientos veinte millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos) distribuidos entre 563 municipios de 32 estados y 13 delegaciones de D.F.

Sin duda alguna se ha avanzado de manera importante en la materia, pero lejos de creer que se ha alcanzado el objetivo, se debe continuar impulsando esta bolsa del presupuesto hasta lograr que en todos los municipios de la república mexicana se cuente con infraestructura adecuada para el impulso de la cultura física, deportiva y la práctica del deporte. De esta manera se estará garantizando, además, el derecho constitucional de todos los mexicanos de acceso a la cultura física y a la práctica del deporte.

Por lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos cuando menos por 3,500,000 (tres mil quinientos millones de pesos) para un Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal, como una acción inmediata para hacerle frente a las crisis económica, de salud pública, y de educación, por las que atraviesa nuestro país.

Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a establecer políticas públicas eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio y que coadyuven en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, C. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTABLEZCA POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES Y CONCRETAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN, EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA, A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES ADECUADAS Y SANCIONES A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, raza o etnia, las mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia por su condición de género, que adquiere diversas expresiones como la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida, que culmina en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.

Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas, representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida.

El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, como resultado de las relaciones de inequidad de género, que no es "natural" y se genera en un contexto social permisible a esa violencia.

En seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego; esto ubica a nuestro país, junto con otras nueve naciones latinoamericanas, entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en el top ten de los que se cometen con disparos de armas.

En el Estado de México los feminicidios o asesinatos violentos de mujeres a manos de hombres por razones de género han adquirido una dimensión "pandémica", de acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, pero el Gobierno se había negado a reconocer el problema. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cada día seis mujeres son asesinadas en este Estado.

Sólo en el Estado de México han sido asesinadas más mujeres que en el municipio de Juárez, que era considerado el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. En el periodo que va de 1993 a 2014 en Ciudad Juárez se registraron mil 530 feminicidios, mientras que en Estado de México se registraron mil 997 en tan solo seis años, desde 2006 hasta 2011, periodo en el que esta entidad fue gobernada por el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Ante este panorama, en el 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron la Alerta por Violencia de Género en el Estado de México, con la finalidad de que “el Estado reconociera la existencia de un contexto de violencia feminicida, el cual vulnera los derechos humanos de las mujeres que habitan o transitan por su territorio, lo cual requiere de la investigación e intervención inmediata de las autoridades competentes”1

La Alerta por Violencia de Género contra las mujeres es un recurso legal, derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que puede usar la sociedad para demandar la eliminación de los comportamientos que atentan contra el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. El sentido de esta alerta es temporal y lo que busca es elevar el nivel de conciencia social sobre el problema, demandar el esfuerzo integral de los diversos órdenes de gobierno para erradicarlo y sensibilizar a la comunidad para la adopción de prácticas de convivencia que lo prevengan.

La declaratoria de “Alerta de Género” es un comunicado social de que los delitos contra las mujeres van en aumento y que se necesita tomar medidas más eficientes para detenerlos y erradicarlos. Esa alerta debe ser entendida como un llamado de atención a la sociedad, no solo a los gobiernos, de que urgen cambios en la materia. Un problema de esta magnitud reclama una posición firme de las instituciones del estado y una estrategia social que vaya más allá de estas.

Pese a ello, los crímenes de violencia hacia las mujeres siguieron incrementándose, lo que trajo como consecuencia que las organizaciones antes mencionadas siguieran insistiendo sobre la necesidad de declarar la alerta, gracia a ello el pasado 9 de julio del presente, el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila solicitó Alerta de Violencia de Género para 11 municipios: Ecatepec, Neza, Valle de Chalco, Toluca, Tlanepantla, Chimalhuacà, Tulhtlàn, Ixtapaluca, Cuautitlàn Izcalli y Chalco.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses.

Esto evidencia la falta de políticas reales que cumplan con el objetivo de erradicar la violencia, tanto en espacios públicos como privados, que se agrava con la violencia institucional que impera en las distintas instituciones gubernamentales. Refleja, no sólo el desinterés, la omisión y la negligencia en las investigaciones, sino también, la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres y niñas de la entidad, caracterizadas por valoraciones subjetivas plagadas de estereotipos, que minimizan la problemática y justifican la falta de atención.

Es fundamental reafirmar que para construir una sociedad realmente democrática y respetuosa de los derechos de todas y todos, no basta con la existencia de leyes y mecanismos jurídicos que sólo reaccionen ante la persistencia de la violencia. Por el contrario, se requiere de normas y programas públicos que se acompañen de un verdadero cambio estructural en la impartición de justicia y en la elaboración de política pública, que modifique contextos culturales, políticos y económicos, fuertemente arraigados, que perpetúan la violencia contra las mujeres.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, C. Eruviel Ávila Villegas, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezca políticas públicas eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio, que coadyuven en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Atentamente

1 Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. 08 de diciembre de 2010.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se contemplen los recursos relativos a diversas prestaciones de pensionados y jubilados. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a ejecutar de forma inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia obstétrica es una consecuencia casi inevitable de la aplicación del paradigma médico vigente en casi todos los países de la región. Puede definirse como el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente-aunque no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y post parto.1

Por tanto, podemos decir que dicha violencia se manifiesta como una violación al derecho a la salud de las mujeres, por lo tanto a un derecho humano esencial para el buen su buen desarrollo y por ende una vida digna.

Este tipo de violencia, puede manifestarse de distintas formas durante la atención del parto. Asimismo dicha violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres puede presentarse desde los regaños, las burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.2

En este contexto este tipo de violencia puede tener una dimensión psicológica, que incluya el trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante, cuando la mujer va a pedir asesoramiento, o requiere atención, o en el transcurso de una práctica obstétrica.3

Derivado de lo anterior es que en reiteradas ocasiones he abordado el tema de violencia obstétrica ante este H. Pleno. En un primer esfuerzo el día 31 de julio de 2013 presente punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente y decidir sobre la forma o modalidad en que deseen tener el parto o nacimiento humano, en el marco de las recomendaciones de la OMS.4

Sin embargo, al ser consciente de la gran dimensión en que se presenta esta violación a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y consternada por la repercusión que estos actos violentos tienen hacia los menores recién nacidos, precisamente desde el embarazo, parto, post-parto y puerperio. Presente el día 20 de agosto de 2013, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez.5 La cual fue complementada con iniciativa que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de regular la violencia obstétrica en nuestro país6, presentada el 5 de noviembre de 2013.

En este tenor encontramos que en México de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo,7 lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el período de embarazo, parto y puerperio.¡Error! Marcador no definido.

Que no existen estudios o informes cuantitativos que permitan dimensionar el problema de la violencia obstétrica en nuestro país, pero diversas investigaciones académicas con enfoques cualitativos dan cuenta de un patrón preocupante que es interesante hacer notar. En principio habría que señalar que “la violencia obstétrica continúa desapercibida en las políticas de calidad de los servicios de salud, así como en la discusión para la formación y práctica gineco-obstétrica”.8

En el informe que presenta la asociación civil “Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)” presenta una documentación de casos e incidencia de violencia obstétrica en los servicios de salud, que se presentaron ante la Secretaria de Salud, las secretarías locales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).9

Al respecto a nivel federal, la SSA y el IMSS informaron que no cuentan con datos estadísticos sobre lo consultado ni con el detalle de las quejas en la materia. El ISSSTE reportó que para el período 2009-2012 habían recibido 122 quejas por malos tratos y/o negligencia médica contra mujeres en el marco de la atención gineco-obstétrica.

Por otro lado, la CONAMED informó que entre 2009 y 2011 han sido concluidas 17 investigaciones sobre quejas en casos de atención ginecológica y obstétrica, en los que se observó evidencia de mala práctica y/o maltrato hacia mujeres. La CNDH recibió también 122 quejas relacionadas con malos tratos y/o negligencia médica durante la atención del embarazo, parto y puerperio en el período 2009-2012, a partir de las cuales sólo se emitieron cuatro recomendaciones: tres fueron aceptadas y dos parcialmente cumplidas. Un índice por demás bajo, si se considera el alto número de quejas en relación con las recomendaciones emitidas y cumplidas.¡Error! Marcador no definido.Aunado a esto el Derecho a la Vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos humanos.

Aunado a esto encontramos que el derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Para las niñas y los niños el derecho a la vida es la oportunidad de vivir su infancia y poder crecer, desarrollarse y llegar a la edad adulta.

El derecho a la vida de la niñez está compuesto por dos derechos fundamentales: el derecho inherente a la vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

Artículo 6

Numeral 1:

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Por lo que el estado deberá garantizar el pleno ejercicio de dicho derecho y por ende implementar y ejecutar las acciones necesarias para que sea respetado y protegido.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

En el municipio de Culiacán, Sinaloa, en las últimas dos semanas, se han registrado el deceso de doce recién nacidos en el Hospital Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la denuncia de negligencia médica por parte de las madres, en días pasados la Coordinación Delegacional de Información y Análisis Estratégico del IMSS, informó que la causa de los fallecimientos se trató de partos prematuros, en todos los casos.

Sin embargo, ante la insistencia de las madres y el reclamo social que se ha generado a raíz de la difusión que estos hechos han tenido en medios de comunicación, las autoridades emprendieron una investigación sobre la causa de los decesos, la cual ha arrojado que solamente dos menores presentan infección, del resto aún no se ha podido esclarecer la causa.

Independientemente, de los esfuerzos que las autoridades han emprendido para contener la situación y determinar la causa real de estos hechos, existen diversas declaraciones por parte de las autoridades que han prestado a confusión, sobre todo porque la autoridad no ha emitido una postura de forma institucional, y mantiene además, a las madres desinformadas sobre los avances de la investigación.

Yumaira Rodríguez, una de las madres afectadas, narra ante medios de comunicación, haber pasado tres días de intenso dolor en labor de parto y no haber sido intervenida quirúrgicamente de forma oportuna. Ante esto los médicos recomendaron que su hija permaneciera en el hospital debido a que había ingerido líquido amniótico, sin embargo, días más tarde ante el requerimiento de la madre de ver a la menor, el personal médico le informo que tenía ocho horas de haber fallecido.

La madre, reclama diversas irregularidades y abusos por parte del personal médico; las irregularidades van desde que su ficha de alta señala que la mujer ingreso el día 30 de agosto, cuando su fecha de ingreso fue el día 27 del mismo mes. Haber pasado dolor, fiebre y desvanecimiento, por tres días y no haber sido correctamente informada sobre el proceso de labor de parto; hasta la omisión en la que incurrió el personal médico, al no informar oportunamente a la madre sobre el deceso de su hija.

El Problema es que la autoridad no ha brindado la información necesaria a madres que han perdido a sus hijas e hijos, quienes aún continúan sin conocer la causa real del deceso, algunos de los cuales se originaron hace más de 20 días; aunado a esto, otros 13 menores recién nacidos se encuentran hospitalizados, presentando complicaciones similares.

Por tal motivo y ante las consideraciones expuestas con anterioridad me permito someter a consideración del pleno de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, para que ejecute de forma inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y en su caso implemente las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa y envíe un informe de las mis masa esta Soberanía.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar el presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de derecho a la alimentación, el cual se contiene y detalla en el Programa Especial Concurrente del Sector Rural. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar detalladamente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, las disminuciones presupuestarias a las Empresas Productivas del Estado y a que, en su caso, revierta tales disminuciones, si de acuerdo al resultado de su análisis, afectan los programas de inversión y de implementación de esta reforma para el desarrollo económico de nuestro país. Se turna a la Cámara de Diputados.

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo POR LA QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES ANALICE DETALLADAMENTE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, LAS DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y A QUE EN SU CASO REVIERTA TALES DISMINUCIONES, SI DE ACUERDO AL RESULTADO DE SU ANÁLISIS, DICHAS DISMINUCIONES AFECTAN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTA REFORMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En Acción Nacional nos hemos mostrado inconformes con el desempeño económico que ha mostrado nuestro país durante la actual administración. Como factores determinantes de este fenómeno, hemos señalado, el constante endeudamiento, las condiciones de violencia, así como el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales.

En efecto, la numerosas reformas constitucionales que se discutieron y aprobaron durante la legislatura pasada se encuentran en su mayoría en etapa de implementación, lo cual corresponde en gran medida al gobierno federal mediante acciones precisas y en algunos casos, a través de la emisión de reglas de operación, acuerdos y/o criterios que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de estas nuevas leyes.

En uno de los principales ámbitos reformados, el energético, hemos sido incisivos en virtud de que a este sector de la economía nacional lo consideramos como un principal impulsor del crecimiento y desarrollo económicos de México, no obstante el Ejecutivo Federal ha cometido diversas inconsistencias que han dado como resultado menores inversiones a las que se esperaban cuando la esta reforma fue diseñada y aprobada por el Congreso de la Unión.

De suerte que si tanto el gobierno federal como el Congreso de la Unión visualizamos la reforma energética como un motor fundamental para el buen desempeño económico de México; y a la vez, los indicadores muestran que nuestro país no mantiene el desarrollo esperado, es importante atender a las recomendaciones y observaciones que se han hecho al respecto.

Con la entrega formal del paquete económico 2016 se ha podido vislumbrar cuáles son las prioridades y las medidas que el gobierno pretende implementar para subsanar la complicada situación económica por la que atraviesa México. Sin embargo, de acuerdo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Comisión Federal de Energía (CFE), que es una de las empresas productivas del estado que deberá competir con empresas de todo el mundo, no se le asigna una partida presupuestal necesaria para impulsarla como uno de los motores económicas del país, según los objetivos planteados por el conjunto de disposiciones modificadas en el marco de la reforma energética.

De acuerdo al diseño institucional planteado en la reforma energética, las empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE cuyo dueño es el Estado, participan en el mercado como el resto de las empresas privadas y tienen como objetivo generar valor económico. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al estado mexicano y sirven para re-invertir en la propia empresa. Con esto se busca obtener un mejor aprovechamiento del sector energético en nuestro país y crear un valor económico para la nación.
No obstante lo anterior, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 ambas empresas productivas del estado enfrentarán una reducción presupuestaria de 0.1% lo cual llevará a estas empresas a incurrir en endeudamiento. Para PEMEX se solicita un endeudamiento por interno por 110 mil 500 millones y externo por 6 mil 500 millones de dólares; mientras que para CFE se solicita un endeudamiento en el mercado mexicano de 8 mil millones de pesos y en el extranjero de 700 millones de dólares.

Lo anterior precisando que el gasto propuesto para 2015 en la CFE es por 314 mil 456.5 millones de pesos, lo cual equivale a poco menos del 1% de reducción en relación con el año anterior, que fue de 306 mil 65 millones 800 mil pesos. Para CFE se plantea un déficit de 27 mil 860 millones 100 mil pesos y 54 mil 558 millones de pesos como límite de gasto de servicios personales.

Sin embargo uno de los renglones en los que se propone una importante disminución presupuestaria para la Comisión Federal de Electricidad es en el de inversión, toda vez que percibirá una reducción en materia de inversión del 17.5% equivalente a 37,231 millones de pesos.

De este modo, una de las posibles consecuencias de no brindarle a una empresa productiva del estado los recursos necesarios o idóneos para realizar inversiones es la ineficacia en la implementación de una reforma tan relevante como la energética. Sin duda, los tiempos que se viven son de austeridad y debe haber las respectivas disminuciones, sin embargo éstas deben de ser planificadas sin perder de vista la relevancia que tienen determinadas áreas para consolidar un proyecto económico de desarrollo de largo plazo.

Si bien en la anterior legislatura aprobamos importantes reformas, conscientes del esfuerzo presupuestal que conlleva alcanzar los objetivos que nos planteamos en éstas, es nuestra responsabilidad salvaguardar que esos recursos se aprovechen al máximo y se fiscalicen en todo momento.

Por tanto, la presente proposición pretende que la colegisladora en su calidad de soberanía exclusiva en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, realice un análisis detallado de las implicaciones de las disminuciones presupuestarias a las empresas productivas del estado y en particular a la Comisión Federal de Electricidad.

Derivado del momento económico del país, debemos ser muy cuidadosos tanto los recursos que se invierten, como los que se recaudan alrededor de estas mayúsculas modificaciones a nuestro marco jurídico en materia energética.

El éxito de los cambios que se hicieron para lograr la seguridad energética de nuestro país, e incrementar los ingresos de la nación sin que los mexicanos perdiéramos la propiedad sobre los hidrocarburos, depende mucho del trabajo de asignación presupuestaria, inversión, fiscalización y transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados a que en el ámbito de sus facultades, analice detalladamente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, las disminuciones presupuestarias a las Empresas Productivas del Estado y a que en su caso revierta tales disminuciones, si de acuerdo al resultado de su análisis, dichas disminuciones afectan los programas de inversión y de implementación de la reforma energética lo cual afecta el desarrollo económico de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 24 de septiembre de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

De los Senadores Raúl Morón Orozco, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan los rubros destinados al gasto social y educativo. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los Senadores signantes, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2016, en el que se observa que el gasto neto para 2016 será de 4.746 billones de pesos, una cantidad de 1.9% menor a la autorizada para el presente año.

Desde enero del presente año se anunció la elaboración del presupuesto con un enfoque base cero, y en el tercer informe de gobierno el Presidente Peña anunció las acciones para hacer frente a los grandes desafíos nacionales en lo que resta de su administración. Prometió entre otras cosas, que su propuesta sería responsable y realista.

Dijo que habría de considerar estrictas medidas de austeridad “y que será hoy el gobierno a quien le toca apretarse el cinturón”

Por su parte Videgaray señaló que el objetivo principal del Paquete Económico es preservar la estabilidad de la economía y la protección de las familias mexicanas”, que se protegerían los recursos destinados al combate a la pobreza, programas de seguridad social, ciencia, tecnología y cultura, ante un panorama internacional adverso.

Se les olvida a ambos que las y los mexicanos ya no nos conformamos con escuchar un discurso bien articulado que pretende decir verdades a medias y oculta la verdadera intención y efectos de las medidas anunciadas.

Hoy más que nunca el pueblo de México estamos cansados de simulaciones y mentiras que han lacerado nuestra dignidad y nos tiene sumidos en una situación de pobreza y desigualdad alarmante.

Por eso venimos ante esta Tribuna, como representantes sociales a manifestar nuestra inconformidad e indignación ante las verdades ocultas que se derivan del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y que han sido señaladas por diversos especialistas, con un enfoque crítico y con datos específicos que permiten mostrar al resto de la población con objetividad lo que sucede con relación al tema económico en nuestro País.

Debemos señalar que los efectos al recorte presupuestal empezaron a resentirse desde marzo del presente año, sin embargo, pese a los ajustes, el déficit fiscal se ha disparado. Esto nos permite afirmar que el programa de austeridad aplicado hasta el momento ha sido insuficiente para mejorar el perfil del balance público, garantizar el pago de los adeudos financieros del estado y reducirlas necesidades de financiamiento interno y externo.

El Ejecutivo Federal no tuvo más que señalar que el proyecto del Presupuesto de Egresos 2016 se diseñó conforme a “una reingeniería del gasto con enfoque base cero y el fortalecimiento del presupuesto basado en resultados”, para justificar la fusión, eliminación y cambio de nombres de programas presupuestarios, lo que resulta unilateral y arbitrario, (acciones que han caracterizado a la actual administración), pues no difunde públicamente los elementos diagnósticos, indicadores y criterios concretos que sustentaron las decisiones, ni se cuenta con elementos suficientes para conocer el impacto de muchos de los programas implementados de acuerdo a lo señalado con el índice de Desempeño de Programas Públicos Federales de GESOC.

La falta de sustento y opacidad en los programas públicos generan un grave problema, por un lado dificulta la contraloría social y por otra, los legisladores tienen limitaciones para la asignación presupuestal racional.

Hoy podemos conocer que las principales reducciones se encuentran en el gasto programable, pero al mismo tiempo, que el gasto no programable tiene incrementos considerables, beneficios injustificados y poca o nula fiscalización en favor de quienes han hecho del ejercicio de los recursos públicos, un negocio particular.

Nos indigna saber, que a pesar del incremento de la pobreza multifactorial que hoy existe en el país, uno de los rubros de mayor impacto en la reducción presupuestal sin duda es el desarrollo social, lo que representa una incongruencia con lo señalado y prometido en el discurso del gobierno federal.

Según la propuesta del Ejecutivo, para las funciones comprendidas en el rubro del Desarrollo Social, las asignaciones estimadas para el próximo año son 0.8% menores en términos reales a las ejercidas este 2015, con un monto que ascendería en 2,198.3 millones. Estos recursos corresponden a los servicios de protección social, educación y salud entre otros.

Nos preocupa especialmente que nos encontramos frente a una reforma educativa de papel, pues en múltiples ocasiones hemos advertido la debilidad de un sistema educativo que no logra los estándares necesarios de la calidad, por falta de recursos para la implementación de los programas de mejoramiento educativo y de la infraestructura.

No se trata de imponer legislaciones punitivas, ni de coaccionar el desempeño de los docentes, ni de bursatilizar la infraestructura educativa o emitir bonos de deuda pública en los mercados financieros, la educación es un asunto también de recursos y de voluntad política para mejorar su esquema de funcionamiento integral.

Por eso nos preocupa mucho, que frente a las necesidades crecientes del sector educativo nacional, los recursos del presupuesto de egresos resulten decrecientes y que hoy el Gobierno Federal proponga destinar tan sólo 685,218.2 millones de pesos para la función de educación. Este presupuesto deficitario, representa una disminución en términos reales del 1.9% con respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015, a pesar de que hoy las obligaciones impuestas por la reforma educativa para el propio sistema de enseñanza en México, son mucho mayores.

Nos parece también incongruente que el discurso no corresponda a las acciones en materia de ciencia, tecnología y cultura. Hoy tenemos un Secretario de Hacienda y un Titular del Ejecutivo que prometieron proteger y fomentar su desarrollo, pero que por otro lado, proponen reducir el presupuesto para la educación superior en un 3.9% en términos reales, en relación con el presupuesto asignado en el 2015.

Mientras en los países del primer mundo, los renglones prioritarios del financiamiento público son precisamente la ciencia, la tecnología y la cultura, conjuntamente con el desarrollo social, en México, las seguimos considerando políticas públicas marginales, a las que se asignan presupuestos inferiores a los que son recomendados por organismos internacionales.

Ahí tenemos por ejemplo, el financiamiento para los estudios de posgrado, que si bien serán beneficiados con un aumento real del 23.6% en relación con el presupuesto asignado en 2015, no alcanza el 2% del presupuesto educativo, o el caso del financiamiento para investigación científica, que aún sigue quedando lejos del 1% del PIB propuesto por la UNESCO.
La pregunta es ¿Cómo poder acceder a un modelo educativo que compita con los mejores sistemas educativos del mundo, cuando hoy ni siquiera destinamos los recursos públicos suficientes a programas para la educación de adultos con rezago educativo, escuelas de tiempo completo, educación y cultura indígena, inclusión y equidad educativa o desarrollo científico y tecnológico?

No hay respuestas frente a hechos tan evidentes como éstos, la única valoración social es que la educación no es prioridad para este gobierno, la prioridad es la recuperación del control político por la fuerza, el sometimiento coactivo de los maestros, la educación como negocio en vías de privatización y la implementación de la reforma administrativa de la educación.

El mejor ejemplo de ello, lo pudimos escuchar de propia voz del Presidente Peña Nieto, en el rubro de infraestructura educativa, en el que si bien se anunció un incremento presupuestal importante, su financiamiento ya no será clasificado como un gasto de aportaciones, sino como un gasto en inversión física.

Para hacer frente a esto, el Gobierno Federal anunció el programa de Bonos de Infraestructura Educativa, respecto al cual sólo se ha informado que es un vehículo de inversión, que consiste en, " traer recursos del futuro al presente”. Que su operación será a través de firma de convenios de los estados con la SEP y SHCP, para que puedan ser destinados al fondo hasta el 15% del FAM, por los próximos 20 años. Que el inversionista podrá acudir a la Bolsa de Valores para comprar estos bonos educativos y al cabo de unos años obtendrá la devolución de su inversión con una ganancia.

¿No es esto entonces, hacer negocios privados con recursos públicos? o ¿forma parte de la nueva tendencia económica neoliberal de realizar desde el gobierno los famosos proyectos público-privados, que no es otra cosa, sino una forma de semiprivatización simulada?

Por eso es que, sobre esta medida de emisión de bonos educativos en la bolsa de valores me sumo a la crítica y rechazo de los especialistas y organizaciones sociales, en sus manifestaciones sobre el tema, por una parte, porque es una manera de no cumplir plenamente por parte del Estado, con su obligación de atender la infraestructura educativa establecida en el artículo 3° constitucional y por otra, por apostarle a obtener recursos presupuestales a partir del comportamiento financiero en el mercado de valores, con los consecuentes riesgos que esto conlleva.

Además, debemos advertir que este tipo de especulación financiera implica un alto riesgo para el propio desarrollo social, educativo y financiero del país, desde el momento en el que no se conocen con plena seguridad las condiciones en que se emitirán estos bonos, los plazos y tasas de interés, ni tampoco la propuesta de la operación y administración de dicho fondo, los mecanismos de gestión de la cartera por parte de los administradores, ni los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de sus beneficiarios, entre otros aspectos.

Así en el rubro educativo del presupuesto, nos pronunciamos en contra de la medida de restar hasta el 15% del FAM, por los próximos 20 años, para conformar este fondo para los Bonos de Infraestructura Educativa, pues las necesidades de infraestructura son actuales e inminentes y deben atenderse de inmediato con recursos públicos y fines eminentemente sociales, ya que las condiciones dignas de los espacios educativos, son determinantes para la calidad de la educación.

Además de lo anterior, porque pese a las declaraciones que el gobierno federal ha realizado, de que esta medida no incrementarán la deuda, ya que se trata de certificados bursátiles fiduciarios que tendrán como fuente de pago financiero un recurso federal “Fondo de Aportaciones Múltiples”, etiquetado para infraestructura educativa que forma parte del presupuesto, habría que advertir, no obstante, que los recursos para la constitución del fondo dependen de la recaudación federal participable futura que se obtenga en un ejercicio fiscal, y que pudieran canalizarse y gastarse hasta el momento en que se obtuvieran, esto no es otra cosa que amparar la colocación de deuda, para garantizar los compromisos adquiridos con los inversionistas mediante la emisión de bonos, y llegará el momento en que pedirán su liquidación y esos serán cubiertos con futuros recursos financieros, ¿cómo llama a eso señor Presidente y compañeros legisladores?

En los rubros de Salud y seguridad social, como parte de la política social, las cosas no parecen ser muy distintas al presupuesto educativo.

Hace apenas unos días, el propio Presidente Peña Nieto, habría anunciado en su tercer informe de gobierno con cierta autocomplacencia, que gracias a las acciones del gobierno de la república se han podido superar las carencias de acceso a la salud entre las poblaciones con mayor nivel de pobreza extrema.

Ha indicado incluso que en programas como Prospera, (antes oportunidades) y seguro popular, se ha incrementado no sólo el número de recursos públicos, sino el propio padrón de beneficiarios, lo que seguramente no podrá seguir sosteniendo, con la propuesta presupuestal deficitaria que hoy se presenta ante la Cámara de Diputados.

A la falta de eficiencia y calidad en los servicios públicos de salud, ahora los mexicanos tendremos que agregarle también, la falta de recursos, pues hoy en el gasto programable del sector se aprecia una caída de 1.2% en términos reales respecto del asignado en 2015.

En este sector, algunas de las instituciones con mayor afectación presupuestal serán el ISSSTE y Secretaría de salud, con un 7.4% y 6.6% respectivamente, con relación al asignado en el 2015. De igual forma, los recursos de prestación de servicios de salud a la comunidad decreció en 19.02%; la prestación de servicios de salud a la persona en un 14.32% y la generación de recursos para la salud en un 31.97%

Una adecuada política social sin duda, es aquella que procura el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus familias, en ese sentido contar con instituciones de salud fortalecidas financieramente, no sólo garantiza ampliar la cobertura del servicio en localidades donde no es fácil acceder a un servicio profesional de salud, sino también la atención integral de las enfermedades y la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad.

No obstante, para el gobierno federal, estos indicadores en los hechos tendrán que seguir esperando, porque los recursos están siendo canalizados para rubros menos prioritarios socialmente, pero con mayor impacto político, a pesar del reiterado discurso de la superación de la pobreza y la protección de las familias por el actual gobierno federal.

Esa misma calidad de vida, se verá disminuida en el rubro de la seguridad social, para quienes hoy viven de las pensiones provenientes de las instituciones públicas y los programas sociales del gobierno, porque éstas cuando no se quedan a deber a sus beneficiarios, se hacen cada vez más chiquitas.

Es el caso de las pensiones no contributivas, por ejemplo, donde el Programa de pensiones para el adulto mayor muestra un decremento del 9.9% menos en términos reales que en 2015, que dejará fuera sin duda, a un alto porcentaje de la población que cumple los requisitos para ser nuevos beneficiarios y que tendrán que quedarse en lista de espera o sujeto a criterios clientelares o de rentabilidad electoral, como acontece con muchos otros programas sociales.

Un recorte al sector salud y de seguridad social, entonces, como el que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 se propone, representa un fuerte impacto no solo a la calidad de vida de la población, sino al desarrollo mismo del país, pues es evidente que una población enferma o en el desamparo, no puede ser productiva, ni puede vivir en condiciones de dignidad social, si no se tienen las posibilidades de acceso a los servicios de calidad, prevención de enfermedades, tratamientos adecuados y garantía de seguridad social, como un derecho humano que amerita nuestra población en mayor desventaja social y en correspondencia a los compromisos internacionales adquiridos.

Sin embargo, las limitaciones presupuestales y su reducción en la mayoría de los programas de desarrollo social, incluyendo por supuesto los de educación, salud y seguridad social, contrastan fuertemente con la propuesta presupuestal de sueldos y prerrogativas para los altos funcionarios del gobierno federal, que el próximo año, contarán con mejores sueldos y mayores prestaciones laborales que el resto de los mexicanos.

Así destacan por ejemplo, los incrementos salariales propuestos en 2016 para el Presidente de la República, los Secretarios de Estado, los Ministros de la Corte y los Consejeros de entes autónomos, como el INE, entre otros.

Una mala decisión sin duda, que resulta además contradictoria con el compromiso presidencial de “ser el gobierno y sus funcionarios a quienes hoy corresponde apretarse el cinturón”.

Otra incongruencia en la propuesta presupuestal, la observamos en el fortalecimiento del esquema de Asociación Público Privada como una fuente de financiamiento alternativo y de eficiencia para los proyectos de inversión pública.

Esta es la “fórmula mágica del gobierno federal y su gran salida para el incremento de los recursos públicos”, disminuir los recursos de los programas sociales que no generan ganancia o plusvalía para ajustar los incrementos necesarios a los proyectos y obras que habrán de ser ejecutadas por los inversionistas privados, con una mezcla de recursos, donde los grandes beneficiarios seguirán siendo, las empresas allegadas al régimen y los funcionarios públicos que autorizarán la adjudicación de este tipo de proyectos. “Un jugoso negocio para los beneficiarios de los privilegios que otorga el ejercicio del poder político”.

Finalmente, en esta cadena de incongruencia y decisiones injustificadas en sacrificio del desarrollo social general, encontramos dentro de la propuesta presidencial el incremento al gasto no programable, que hoy por hoy representa en conjunto el 25% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

¿Cuáles son las justificaciones que hoy nos quieren vender a los mexicanos, los magos de las finanzas públicas?

La razón es el costo de la deuda financiera, el gasto en que se incurre por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y por las erogaciones correspondientes a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. En conclusión, los beneficios de los que gozan y siempre han gozado ese pequeño sector de la población que antes fueron beneficiarios del Fobaproa, del Rescate Carretero, de la Deuda Pública y de los dispendios gubernamentales y que hoy simplemente se han convertido en beneficiarios del gasto no programable.

Así pues, la austeridad, la superación de la pobreza y la consolidación fiscal, se han convertido, simplemente en conceptos trillados, se han convertido en el discurso político que busca otorgar “legitimidad y credibilidad” en el inadecuado manejo que se ha hecho de las finanzas públicas”, son simplemente recomendaciones mal diseñadas y ejecutadas, impuestas por los organismos internacionales y multilaterales que manejan la economía mundial y el destino de las finanzas públicas de los gobiernos nacionales.
¿Esto es lo que requerimos realmente los mexicanos para abatir la pobreza y la desigualdad?, ¿Este es el mejor camino hacia el crecimiento sostenido y la estabilidad económica que permita mejorar el desarrollo del país, y elevar la calidad de vida a los mexicanos?, o ¿cuál es el verdadero fin de la medida de recorte presupuestal y de las propuestas que impactan negativamente en materia social y económica, contenidas en los diversos documentos que integran el paquete económico 2016?

Para encontrar la respuesta basta que echemos un vistazo al contexto mundial, para darnos cuenta qué ha pasado con varios países, qué medidas han implementado y cuáles han sido los efectos.

En Grecia por ejemplo, varios analistas han denunciado que las medidas restrictivas que se le han impuesto y pretenden imponer otra vez, son “indignantes”, porque “es obvio que la austeridad ha fracasado”.

De acuerdo a lo que señala Mark Blyth “la austeridad en el gasto público en la mayor parte de los países de Europa, es una forma de deflación voluntaria”, es decir de recesión inducida, que genera mayor desempleo, mayor flexibilidad en el empleo, reducción de salarios, sin que se resuelvan los problemas, como ha sucedido en varios países de la unión europea y del ex bloque soviético, que muestran el agravamiento de los desequilibrios que deberían de corregirse (déficit fiscal, nivel de endeudamiento) para aspirar al crecimiento económico.

Todo esto nos permite deducir que la situación económica que se vive en el mundo, es resultado de las medidas neoliberales implementadas en la administración de los países, impulsadas por la élite que controla a nivel mundial el tema económico, a quienes conviene generar un ambiente de incertidumbre y caos, de esquizofrenia financiera, para justificar las acciones de reformas y ajustes administrativos y presupuestarios.

Estas acciones sin duda son perversas, hoy estamos inmersos en lo que se ha calificado terrorismo económico, a lo que varios especialistas señalan como las nuevas armas financieras. Hoy los terroristas neoliberales “usan bancos en vez de tanques” y lo que otros han señalado como la invasión financiera de los países, a través de presupuestos flexibles ejercidos por gobiernos sumisos y proclives al modelo económico neoliberal.

Hoy no sólo se ocupan las reformas estructurales, también se ocupan los recursos públicos y privados necesarios para implementarlas. Ese es el verdadero fin, el verdadero objetivo de los ajustes presupuestales. Muy lejos de esta perversa intención han quedado los presupuestos orientados al fin social, esos serán cada vez más delgados hasta lograr su reducción a la mínima expresión.

¿Después de esto que sigue señor Presidente?

No se trata de buscar remedios emergentes que sirvan de contención a la situación económica y financiera que se vive, el panorama de los próximos años no es nada alentador, se trata de implementar estrategias que permitan lograr en el corto plazo, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.

Hacienda plantea una política fiscal restrictiva a medias, es mínima la reducción del gasto público que se propone, y a la vez se pretende que pasen desapercibidos los incrementos impositivos planteados, como las medidas incluidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016. Además hay resistencia para cobrar mayores impuestos a quienes más ganan. ¿Es esto congruente con el discurso?, lo que se puede ahorrar con la propuesta que presentan en el presupuesto de egresos para evitar tener déficit fiscal, por un lado muestran preocupación aparente en el gasto y proponen ahorros y por otro lado, cierran la puerta a la recuperación fiscal al hacer condonaciones fiscales

La pérdida de ingresos fiscales petroleros, el aumento del costo financiero, más que el aumento al gasto programable explica el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Y le obligan a recurrir a la estricta ortodoxia presupuestaria, el recorte del gasto público no financiero.
Por todo ello, compañeras y compañeros Senadores, nos pronunciamos en contra del autoritarismo y el recorte en programas de desarrollo social, despidos, recortes a las pensiones y los salarios de los trabajadores del sector público ya la inversión productiva. Por el contrario nos manifestamos a favor de la austeridad en gastos de operación y salarios de funcionarios, legisladores, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, así como de la implementación de otras acciones para hacer frente al déficit presupuestal y tener una recuperación económica eficiente.

Es desafortunado pretender que el pueblo socave la recuperación de la sociedad y la economía, ¿Quiénes son y serán los que históricamente se aprietan el cinturón sr Presidente?, esto solamente acentúa la pobreza y las desigualdades sociales.

Reducir el número de programas y hacer recortes presupuestales en programas que conllevan una mejora social, no es la mejor solución, cuando quedan intactos programas o rubros que no se justifican y cuya reducción sobre todo en gastos no programables, darían clara muestra de voluntad política, de eficiencia del gasto y sostenibilidad financiera.

Eficientar el gasto público es el reto, gastar mejor, rendir cuentas, hacerlo transparente con indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar su aplicación e impacto, así como evitar su desviación, malversación, distracción y corrupción, son el gran reto del que debe ocuparnos.

Un país con una política social más sólida, más fuerte y con mayores recursos, siempre será la mejor alternativa política y la mejor estrategia económica.

Por eso de forma muy respetuosa, pero también puntual, resulta procedente exhortar a nuestras compañeras y compañeros Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, para que en la revisión e integración del presupuesto de egresos 2016, se fortalezca el gasto público de inversión destinado al desarrollo de programas sociales que contribuyan a superar las difíciles condiciones de pobreza y marginación en la que viven más del 55.3 millones de mexicanas y mexicanos.

Especialmente les exhortamos para que se revaloren e incrementen sustancialmente los recursos públicos destinado para los ramos de salud, desarrollo social y educación, en la idea de seguir impulsado un modelo de crecimiento hacia adentro, cuya prioridad siga siendo un desarrollo sustentable y sostenido en favor de los mexicanos y no de los capitales financieros internacionales y el modelo neoliberal.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y especialmente a los integrantes de las comisiones de presupuesto y cuenta pública, desarrollo social y educación, para que en la revisión e integración de presupuesto de egresos 2016, se fortalezca el gasto público de inversión y financiamiento destinado al desarrollo de programas sociales que contribuyan a superar las difíciles condiciones de pobreza y marginación en la que viven más del 55.3 millones de mexicanas y mexicanos.

Especialmente para que se revaloren e incrementen sustancialmente el presupuesto destinado para los ramos de salud, desarrollo social y educación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de septiembre del 2015.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones necesarias que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estiman que a nivel mundial hay 650 millones de personas con discapacidad, las cuales representan 10% del total de la población.

En México, cerca de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, se enfrentan diariamente a diferentes estigmas que limitan su integración plena a la sociedad, lo cual lo ha provocado que sean objeto de discriminación y marginación.

Al respecto basta mencionar que 7 de cada 1O personas, consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. Además, en México una cuarta parte de la población no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas con discapacidad.1

Por otro lado, solo 19% población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades. Entre las principales problemáticas para las personas con discapacidad se encuentran: el desempleo, la discriminación y las dificultades para ser autosuficiente.2

Otra problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad, es la referente al acceso a la educación, situación que resulta preocupante, en virtud de que la incorporación al sistema educativo resulta una condición sine qua non para potencializar las competencias y las habilidades propias de cada persona que les permitan un desarrollo pleno.

Los porcentajes de la población con discapacidad que asisten a la escuela son menores; se observa una marcada disminución en el número de personas con discapacidad en el nivel medio superior, pues mientras en los rangos de edad de niños de entre 6 y 11 años, el porcentaje de asistencia es de poco más del 70%, en el grupo de edad de 12 a 14 disminuye 10%, y en el de 15 a 17 se reduce casi a la mitad.

Además, las escuelas del sistema educativo nacional, no cuentan con la infraestructura para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad, basta mencionar, que poco más de 7 de cada 10 de escuelas del nivel básico no cuentan con baños para este sector de la población y más del 60% de los planteles carecen de rampas y accesos adecuados.

Resulta preocupante, que mientras 1.5% de la población de entre 15 y 24 años son analfabetas, en el caso de las personas con discapacidad, el porcentajes es de 25%. Lo cual dificulta el acceso a mejores oportunidades de empleo y al ejercicio pleno de sus derechos.

Los Legisladores del PRI, celebramos el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por propiciar la inclusión plena de las personas con discapacidad, prueba de ello es que entre enero de 2013 y julio de 2015 a través del programa Abriendo Espacios se logró colocar a poco más de 34 mil personas de este grupo de la población al mercado laboral.

A fin de ofrecer mayores oportunidades a las personas con discapacidad, resulta impostergable lograr un acceso equitativo a la educación y erradicar las altas tasas de analfabetismo para que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral.

En el grupo parlamentario del PRI, condenamos toda forma de discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad, asimismo, reconocemos su talento y valor para enfrentar los retos de un contexto que les resulta desfavorable.

Estamos convencidos que la educación representa la mejor herramienta para garantizar un desarrollo pleno de las personas, por ello reiteramos nuestro compromiso por impulsar desde el ámbito de nuestras atribuciones las acciones que coadyuven a un ejercicio pleno de los derechos de las personas de discapacidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Así como las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en este sector de la población.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Atentamente.

1Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, Resultados sobre personas con dicapacidad. < http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf> Consultado el 23-09-2015

2 Ibíd.





 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Alejandro Tello Cristerna, Silvia Guadalupe Garza Galván y Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a garantizar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación la inversión suficiente para la construcción e implementación de un sincrotrón en nuestro país. Se turna a la Cámara de Diputados.

De los senadores, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ARMANDO RÍOS PITER, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un Sincrotrón es una instalación estratégica del más alto nivel y la información que ahí se genera se considera de vital importancia para la soberanía tecnológica de una nación.

Por su funcionamiento, un Sincrotrón es un super-microscopío de grandes dimensiones (entre 300 metros y 3 Km de circunferencia), capaz de crear imágenes con gran definición y analizar procesos, reacciones y composición química de muestras muy pequeñas con un grado de detalle altísimo (moléculas, átomos y electrones). También es capaz de estudiar la materia a niveles sin precedentes con frecuencias desde rayos infrarrojos hasta rayos X de alta energía.

La construcción y puesta en operación de un Sincrotrón es el proyecto científico de mayor envergadura que se ha propuesto en nuestro país. La creación de un Sincrotrón facilitaría el avance de la ciencia y la solución de problemas específicos en sectores que van desde alimentos, energía, salud y protección al medio ambiente hasta el arte, la conservación del patrimonio o la creación de nuevos materiales. Desde 1962, por lo menos 24 científicos han sido galardonados con el premio Nobel por experimentos realizados usando, directa o indirectamente, fuentes de luz sincrotrón en áreas como biología, genética y medicina.

La situación académica y económica de México es mejor a la que tenían otros países al iniciar un proyecto similar. México es el único de los 15 países con mayor Producto Interno Bruto en la OECD que no tiene un Sincrotrón quedando rezagado con relación a otras naciones del mundo incluyendo Latinoamérica (Brasil tiene dos). Es tiempo de responder a este reto cerrando la brecha.

Se tiene registro de 146 usuarios mexicanos que viajan, en su mayoría a los Estados Unidos y Europa, para conducir sus experimentos en Sincrotrones extranjeros, cediendo la propiedad intelectual de los descubrimientos. Con un Sincrotrón en México se tendrá una instalación nacional que responda a sus necesidades de manera sistemática, eficiente y oportuna incrementando el número de usuarios en áreas de ciencia básica y aplicada.

Un Sincrotrón impactaría positivamente en la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos especializados, la difusión de los resultados y logros, la vinculación con la sociedad y con el sector industrial así como en la creación de empresas de base tecnológica de clase mundial. El acceso a esta información impactaría de manera positiva a distintos ramos de la industria y la manufactura. Más de dos mil compañías en el mundo y en diversos ramos han hecho, y continúan haciendo, uso de la luz sincrotrón en beneficio de sus procesos y productos, impactando fuertemente en la competitividad e innovación en cada una de sus áreas.
El Proyecto del Sincrotrón Mexicano se incluyó como una de las cinco inversiones estratégicas en ciencia recomendadas para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión quedando plasmado en los Libros Blancos de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es fundamental sumar esfuerzos para impulsar la propuesta y asegurar el financiamiento necesario en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y así acceder a los beneficios antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público ambas de Cámara de Diputados, para que garanticen en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación la inversión suficiente para la construcción e implementación de un sincrotrón en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Armando Ríos Piter.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTINÉZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, convertirá al municipio en fuente de atracción turística y de comercio. Es indispensable apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como implementar proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano. La concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.
Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos. Esta obra beneficiara a 3 mil 500 personas de forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos para el mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del Municipio el Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Ayutla, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.
Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Ayutla, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera de Villa Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera de Villa Purificación, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Villa Purificación, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Villa Purificación, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para rehabilitación y pavimentación del Municipio de Villa Purificación, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Chimaltitan, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Chimaltitan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del Municipio el Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Colotlán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.
Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Colotlán, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio El Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio El Arenal, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio El Arenal, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.
Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio El Arenal, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipioEl Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Tenamaxtlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La infraestructura hidráulica no favorece la sustentabilidad hídrica debido a sus precarias condiciones. La falta de sustentabilidad causa de un desgaste ecológico en diversas cuencas y mantos freáticos, hace que el recurso no sea renovable y, en consecuencia, imprime costos sociales y ambientales en el mediano plazo.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos que deben ser superados para atender algunos de los problemas más relevantes de la infraestructura del sector:

● Los municipios no cuentan con las capacidades técnicas ni los recursos financieros para atender sus obligaciones de administración del agua así como de la provisión del servicio.

● Las responsabilidades y facultades con respecto a la administración del agua son poco claras entre niveles de gobierno.

● Existe una desconexión entre el cobro por derechos del agua y la administración de los servicios.

El municipio de Tenamaxtlan, no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria, para la creación de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua que permita potencializar el desarrollo de cada una de las localidades.

Por tal motivo, resulta indispensable realizar esfuerzos para que le sean asignados recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y con ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de San Juan de los Lagos, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.
Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Cuautla, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.
Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Cuautla, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del Municipio el Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.
Para el municipio de Acatic, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y próspera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Acatic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de repavimentación en el Municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 24 de septiembre 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Asimismo hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.

Hablar de esclavitud en nuestros días, se antoja como un tema estrictamente histórico, una problemática de épocas pasadas ya superado en nuestra era; mas eso lamentablemente no es así. La trata de personas constituye la forma moderna de esclavitud, en la que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños que son principalmente utilizados para la explotación sexual o el trabajo y la mendicidad forzados.

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en un problema mundial, al que ningún país es inmune. Millones de víctimas se encuentran atrapadas y son explotadas por esta forma de esclavitud.

Es un delito extremadamente lastimoso que despoja a los seres humanos de todos sus derechos, acaba con sus sueños y les priva de su dignidad. Es peor que ser reducido a la categoría de cosa, incluso, peor que la muerte física, es una muerte en vida. Por ese motivo, se instauró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.Este día se incluyó en las efemérides del calendario, como una fecha especial para tomar conciencia, ciudadanía y gobiernos, sobre las causas, peligros y consecuencias de este mal endémico, para que todos los días del año, recordemos llevar a cabo acciones que permitan frenarlo.

La lucha no es sencilla, el camino es largo, pues se trata de un cáncer que ha afectado las entrañas de la humanidad; tomando como su principal rehén a los más desprotegidos como las mujeres y los niños; con factores que alientan su cultivo como la falta de una distribución equitativa de los satisfactores, la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la discriminación, la violencia de género, las crisis humanitarias, los desplazamientos, los conflictos políticos y armados y lo peor, la indiferencia de todos los demás.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organización intergubernamental fundada en 1951 que se ocupa de la problemática de las migraciones; advierte que el tráfico de mujeres va en aumento, principalmente en países de América Central e identifica a la violencia de género como uno de las principales causas.

Por ello, que este día sea además, una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de erradicar este mal, tomando el asunto desde su origen. Todos somos remedio para evitar la violencia de género, todos somos responsables de cuidar a nuestras mujeres, niñas y niños.

Cada quien su aportación para acabar con la endemia arqueológica de esta esclavitud. Actitud, denuncia, solidaridad y acción gubernamental, pero todos debemos actuar en favor de los grupos más pobres y excluidos de la sociedad.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
23 DE SEPTIEMBRE

En la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, que se llevó a cabo en conjunto con la Conferencia de Mujeres, en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, se planteó que cada 23 de septiembre fuera el día dedicado a reflexionar y hacer conciencia sobre el daño que la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños causa a la humanidad y sus sociedades.

Al respecto, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas para someterlas a explotación, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como son el rapto, el fraude o engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad que tenga la víctima.

Este protocolo expresamente prevé que esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Combatir, erradicar y prevenir de forma eficiente la trata de personas y la explotación, se ha convertido en uno de los retos más ambiciosos de México, derivado de la obligación que asumió de los aludidos instrumentos internacionales.

Si bien la trata de personas tiene distintos propósitos, lo cierto es que esta acción con fines de explotación sexual es el más recurrente, según las cifras sobre su incidencia.

Este delito es el “negocio más lucrativo”, únicamente superado por el tráfico de armas y de drogas, de acuerdo con estimaciones vertidas en distintos foros internacionales organizados por las agencias de las Naciones Unidas.

Dicho organismo señala que la trata de personas y la explotación, generan cada año, en promedio, ganancias de 34,000 millones de dólares, y por el contrario, es incuantificable el daño que produce en el mundo.

Además, calcula que cada año, de 2 a 4 millones de personas son tratadas para someterlas a explotación, y entre ochocientas mil y novecientas mil son trasladadas de un estado a otro a través de las fronteras.

Con relación a la explotación sexual de la niñez, en promedio 4 de cada cinco menores de edad, son niñas. Consecuentemente, las menores de edad y mujeres son las personas más vulnerables.

Cierto es que México ha hecho esfuerzos por combatir a la trata de personas y la explotación, pero no son suficientes.

De acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras (INEGI, UNICEF, DIF) ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16, 000 y 20, 000. Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México Asciende a 70,000, de los cuales 50,000 son explotados en zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país.

En el caso de mujeres víctimas de explotación, en el mismo Diagnóstico, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta que el mayor número de víctimas de explotación sexual son mujeres, con un porcentaje que fluctuó entre 70 y 80 por ciento para los años 2004 y 2006. Para el periodo 2007 a 2010, esa misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de mujeres adultas identificadas como víctimas, pero paralelamente, registró un incremento en el número de niñas víctimas, de manera que el porcentaje de víctimas del sexo femenino se situó entre 70 y 80 por ciento y se ubicó entre 8 y 10 porciento el de niños víctimas de este delito.

Estas cifran son alarmantes, pero además cada día a través de los distintos medios de comunicación vemos noticias y alertas sobre mujeres, niñas y niños desaparecidos o casos graves de explotación como “Casitas del Sur”, “Mamá Rosa” o la venta de bebés en Sonora.

Por ello, hoy en el marco de este día internacional, estamos obligados a hacer una reflexión y sumar esfuerzos para logra la erradicación de estos terribles delitos, que atentan y destruyen el tejido social.

Es preciso reforzar acciones dirigidas a la prevención y detección de víctimas. Debemos impulsar reformas a nuestro sistema jurídico para fortalecer a las instituciones y garantizar que los verdaderos delincuentes vayan a la cárcel y sobre todo que no haya más víctimas.

Hagamos nuestro mejor esfuerzo, sin regateos ni cortapisas. La sociedad necesita leyes que verdaderamente proteja los derechos humanos de las personas, para erradicar y eliminar condiciones de vulnerabilidad, crear condiciones de prevención en la sociedad, y sobre todo, en el caso específico, sancionar a todos los tratantes y explotadores que propician estos delitos. Tenemos un gran reto y una gran responsabilidad.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 “ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”

Sin duda alguna, toda mexicana y todo mexicano -profesionista o no-, nos sentimos orgullosos de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México.

Recordemos que su majestuosa inauguración fue el 22 de septiembre de 1910, a cien años de que nuestro país se independizara. El evento se llevó a cabo en uno de los edificios del centro histórico en presencia del Presidente Porfirio Díaz y el primer rector de nuestra alma mater, Joaquín Eguía Lis.

Nuestro gran oaxaqueño, Don José Vasconcelos, como rector fortaleció la idea de Don Justo Sierra y emprendió una nueva historia en la vida académica de las mexicanas y los mexicanos, integrando en la formación universitaria factores de ánimo espiritual, de orgullo hacia nuestra raza y amor por el territorio a través del lema y el escudo Universitario, junto a nuestra águila mexicana y el cóndor andino que observan desde las alturas a nuestra América Latina.

“Por mi raza hablará el espíritu” es la fuerza máxima para dotar de energía año con año a cada estudiante que pasa por las aulas de la UNAM, y que penetra nuestra piel y nos invade de ganas para demostrar de lo que ha sido capaz la raza de México. Con orgullo, en la actualidad, nuestra universidad es la más grande de América Latina y es una de las 200 primeras del mundo. Dotada de gran infraestructura y talento humano, año con año forma profesionistas con sentido humano a través de investigaciones, educación continua, cursos, talleres, seminarios y diplomados, que se ofrecen en todos los campos de conocimiento que se cultivan en la Universidad.

No puedo omitir que nuestro Campus Central, conocido como Ciudad Universitaria, es Patrimonio Cultural de la Humanidad y que su majestuoso diseño es obra de grandes arquitectos y artistas mexicanos como Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Chávez Morado, entre otros; quienes nos heredaron una obra con esencia de la evocación al hombre moderno y universal. No cabe duda que cada vez que caminamos por Ciudad Universitaria nuestra mirada se dirige con ansia hacia la configuración de una nueva identidad mexicana.

“Por mi raza hablará el espíritu”.

Muchas gracias.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 40 aniversario del Instituto Tecnológico de Tuxtepec.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”.

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares
 26 de Septiembre

Tras la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada en la ONU el 26 de septiembre de 2013, la Primera Comisión de la Asamblea General, que trata las cuestiones de desarme, aprobó la resolución A/RES/68/32 en la que se hace un llamamiento a que «se inicien de forma urgente las negociaciones en el marco de la Conferencia de Desarme para la pronta conclusión de una convención general sobre las armas nucleares por la que se prohíban la posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción».

La resolución también «declara el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total dedicado a la promoción de este objetivo, entre otras cosas a través del aumento de la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares», y además « decide convocar, a más tardar en 2018, una conferencia internacional de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear 

Disponible en inglés a fin de examinar los avances logrados a este respecto».

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en países que poseen armamento nuclear o forman parte de alianzas nucleares. A pesar de la creciente preocupación mundial por las catastróficas consecuencias del uso de tan solo un arma nuclear (ni que decir tiene las de una guerra nuclear regional o global), existen unas 17.000 armas nucleares en el mundo. A fecha de 2015, no se ha destruido físicamente ni un solo arma nuclear de conformidad con ningún tratado, bilateral o multilateral, y tampoco hay negociaciones en marcha sobre esta cuestión. Por el contrario, los países poseedores de armamento nuclear cuentan con programas de modernización de sus arsenales, de largo plazo y bien financiados, y la doctrina de la disuasión nuclear prevalece en sus políticas de seguridad.

En las Naciones Unidas, lograr el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos. En el primer periodo de sesiones extraordinario dedicado al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una particular prioridad al desarme nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de todos los secretarios generales de la ONU.

La conmemoración de este Día en las Naciones Unidas es especialmente importante, tenida cuenta de la universalidad de la Organización y de su experiencia en tratar las cuestiones de desarme nuclear. Es el foro adecuado para abordar uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad: alcanzar la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares.

Jueves 24 de septiembre de 2015.

ATENTAMENTE

H. CÁMARA DE SENADORES
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 194 aniversario de la consumación de la Independencia de México.

Efeméride del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 194 aniversario de la consumación de la independencia de México.

Septiembre es un mes muy significativo y emotivo para México, además de festejar el inicio de la guerra de independencia, también celebramos la consumación de dicho movimiento. En consecuencia, homenajeamos a quienes con liderazgo, valor y audacia, nos dieron patria y libertad.

En la Sexagésima Tercera Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, conmemoramos con orgullo el 194 aniversario de la consumación de la independencia de México, acontecimiento que data del 27 de septiembre de 1821 y que nos convoca a la unidad nacional.

Desde esta soberanía, recordamos y reconocemos a nuestros grandes héroes nacionales, entre los que destacan: Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón; Ignacio Allende; Juan Aldama; Miguel Domínguez; Josefa Ortiz de Domínguez; Nicolás Bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; Gertrudis Bocanegra; Leona Vicario; Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

Al cumplir un año más como una nación soberana, libre e independiente, es oportuno reflexionar sobre el pasado para poder fortalecer nuestro presente e impulsar un mejor futuro para todos. En síntesis, es el espacio idóneo para redoblar esfuerzos y asumir con valentía los retos que nos impone el mundo del siglo XXI.

Al mirar en retrospectiva, es inevitable sentirse orgulloso de ser mexicanos y al mismo tiempo, comprometidos con el desarrollo nacional. Por lo que respecta a la consumación de la independencia, ésta se asocia a la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, un día antes de que se firmara el acta de independencia.

Es importante señalar que este acontecimiento no fue producto de la casualidad o la buena suerte, por el contrario, emanó de fuertes batallas, sensibles decesos y por supuesto, del legítimo anhelo de un país justo e igualitario. A pesar de que no lograron ver materializado el movimiento que iniciaron, Don Moguel Hidalgo y el Generalísimo, José María Morelos, merecen mención especial por su capacidad como estrategas e ideólogos de la causa.

En el mismo sentido, la ocasión es propicia para referirnos a los documentos que encausaron el final del movimiento armado que duró más de 10 años, en primer lugar, tenemos el “Plan de Iguala” o también denominado “Plan de las Tres Garantías”, célebre texto que fue suscrito por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821, y que se caracterizó tener como principales premisas la tutela de la religión, la unión y la independencia.

El otro texto histórico es el de los “Tratados de Córdoba”, documento que nació a la vida jurídica el 21 de agosto de 1821, con las firmas del Teniente General Juan O'Donojú y el Primer Jefe del Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide. Sobre su contenido, destaca que en él se plasmó a la letra, lo siguiente: "Esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente”.

Desde esta Soberanía, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a enaltecer el legado que nos dejaron todos estos héroes nacionales. Continuemos posicionando a México como un país de instituciones sólidas, de derechos y libertades, pero sobre todo, justa e igualitaria.

Hacemos el respetuoso, pero enérgico llamado a que con nuestras acciones, asumamos la responsabilidad de ser mexicanos, sobre todo en nuestro carácter de representantes populares. Con UNIDAD, TRABAJO Y COMPROMISO, continuemos incursionando con éxito en el Siglo XXI.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Marítimo Mundial”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL.

En 1980, la Asamblea la OMI decidió que el Día Marítimo Mundial debía observarse durante la última semana de setiembre, determinando cada gobierno qué día de la semana se dedicaría al festejo. Esta conmemoración tiene como propósito mantener y mejorar la seguridad, así como la eficiencia de las operaciones marítimas internacionales.

Este año, el Día Marítimo se celebra el 24 de septiembre, cuyo tema de este año es: "Educación y formación marítimas". En este marco, es oportuno reflexionar sobre la importancia de un sector de transporte marítimo sostenible para el desarrollo y crecimiento de la economía, sobre todo, a partir de la tendencia creciente del comercio a nivel global.

Hoy, vivimos en un mundo económicamente cada vez más globalizado, en donde el trasporte marítimo juega un papel fundamental en el comercio mundial, al permitir el tránsito eficaz, limpio y seguro de cantidades cuantiosas bienes.

El trasporte marítimo siempre ha sido el único método realmente rentable de trasportar cargas a grandes distancias, y los avances del sector y el establecimiento de un sistema mundial de comercio, están indisolublemente unidos.

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), más del 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima, siendo los puertos los nodos que permiten operar dicho intercambio.

México se enlaza vía marítima con más de 130 países y 490 destinos en todos los continentes, de allí la importancia que adquiere el potencial logístico y nuestra riqueza marítima.

En nuestro país, existen 107 sitios habilitados como puertos, de los cuales sólo 47 cuentan con recinto portuario. Del total de sitios decretados, 58 son controlados por algún tipo de API (Administración Portuaria Integral) y 49 son por el Sector Central.

Por su magnitud, capacidad y movimientos de carga, los principales puertos del país son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Altamira.

El movimiento portuario es de casi 135 millones de toneladas en 39 puertos, tanto de altura como de cabotaje, en una proporción de 61% en el Pacífico y 39% en el Golfo y Caribe. La carga de altura representa 71% del total, del cual 51% se mueve por el Pacífico y 49% por el Golfo.

Esto constituye un verdadero reto para el país, por lo que es necesario consolidar los esfuerzos para atraer a nuevas generaciones a la profesión de marino, la cual deberá considerarse una carrera estimulante y gratificante, y contar con personal de alto nivel.

El Gobierno Federal ha implementado programas para impulsar la profesionalización de los recursos humanos en la Marina, a fin de alcanzar un promedio anual de 465 oficiales egresados de las academias náuticas de Mazatlán Tampico y Veracruz. Sin duda, esto representará un cambio significativo si se considera que en los últimos 20 años, el promedio de egresados ha sido de apenas 162 oficiales por año.

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en la necesidad de reforzar los lazos portuarios con diferentes países del mundo, al tiempo, de impulsar iniciativas enfocadas a la formación de marinos, a efecto de que cumpla de manera oportuna y eficaz sus actividades en beneficio del país.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”.

EFEMÉRIDE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS ARMAS NUCLEARES

En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon: “Las consecuencias de cualquier uso posterior de las armas nucleares, sea éste intencional o por error, serían terribles. En lo que a nuestro objetivo común de desarme nuclear se refiere, no podemos demorar – debemos actuar ahora.”

El 5 de diciembre de 2013, pocos meses después de la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada en la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 137 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones la resolución A/RES/68/32 mediante la cual se declaró el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. En este sentido, el 26 de septiembre es un día dedicado a la promoción de la eliminación de las armas nucleares mediante el “aumento de la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que [éstas] representan para la humanidad […]” con el fin de “movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo libre de [armas nucleares].”Si bien la anterior es una decisión reciente, el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos de las Naciones Unidas e incluso fue el tema de la primera resolución adoptada por la Asamblea General en 1946.

Al respecto, México ha sido un actor constante en la promoción de la no proliferación y el desarme nucleares. Muestra de lo anterior es la firma y entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, en febrero de 1967 y agosto de 1969, respectivamente. Dicho instrumento reviste una especial trascendencia en tanto estableció la primera zona libre de armas nucleares en el mundo, incluso antes de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el acuerdo multilateral sobre control de armas de destrucción masiva que cuenta con el mayor respaldo de la comunidad internacional. A la fecha, existen cinco zonas libres de armas nucleares, todas ellas creadas mediante tratados multilaterales: en el Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), en el Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok), en África (Tratado de Pelindaba) y en Asia Central (Tratado de Semipalatinsk). En este sentido, el Tratado de Tlatelolco estableció las obligaciones básicas y los mecanismos sobre los cuales se constituyeron los instrumentos mencionados.

De manera más reciente, sobresale el papel de México en las iniciativas que buscan poner en evidencia las catastróficas consecuencias humanitarias que la detonación de una de estas armas implicaría. En este sentido, el esfuerzo de numerosos países por fortalecer la posición que la dimensión humanitaria y los riesgos asociados a las armas nucleares han adquirido en las discusiones a nivel internacional se refleja en la Celebración de las Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, la segunda de las cuales se realizó en Nayarit en febrero del año pasado. Asimismo, conviene recordar el apoyo de México a la Iniciativa Humanitaria la cual hoy en día ha podido juntar la firma de más de 150 países, así como al compromiso por llenar el vacío legal que existe hoy en día con miras a la prohibición y eliminación de las armas nucleares, el cual goza del apoyo de cerca de 120 países.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos antes mencionados, el cumplimiento del artículo VI del Tratado de No Proliferación, relativo al desarme general y completo, está lejos de concretarse. Hoy en día, existen cerca de 17,000 armas nucleares en el mundo, y si bien algunos países han disminuido sus arsenales, la tecnología para el desarrollo de estas armas continúa expandiéndose e incluso países que poseen armamento nuclear cuentan con programas para su modernización. Además, más de la mitad de la población mundial vive en países que cuentan con armas nucleares o bien son parte de alguna alianza nuclear, de acuerdo con Naciones Unidas.
El año 2015, conviene recordar, representa el 70 aniversario de la primera y única detonación de armas nucleares en la historia; en este sentido, los bombardeos atómicos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 representan uno de los episodios más trágicos en la historia y evitar una tragedia similar es una responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, la celebración del Día Internacional para la Eliminación de Todas las Armas Nucleares mediante la difusión de las amenazas que las armas de destrucción masiva representan para la humanidad, y los esfuerzos por incrementar la conciencia del público al respecto, tanto en esta segunda ocasión como en años subsecuentes, representa una tarea que debe ser adoptada por todos desde sus respectivos ámbitos de acción a fin de alcanzar un mundo libre de estas armas. Esta es también la convicción de quienes desde la diplomacia parlamentaria actuamos en foros y organismos parlamentarios internacionales promoviendo estos temas y favoreciendo procesos de sensibilización y actuación por parte de los Parlamentos del mundo en estas materias. Ante el inicio de este 70 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, conviene recordar que este Senado de la República, en mayo pasado, aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que presentara una propuesta diplomática para negociar un instrumento vinculante de prohibición de las armas nucleares. Sin duda, se trata de un tema que debe seguir siendo parte fundamental de la agenda multilateral de México y uno de los ejes centrales de su política exterior.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de septiembre de 2015.

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SENADORA





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el trigésimo tercer aniversario de la inauguración del Museo Nacional de las Culturas Populares.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI, POR SU TRIGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS POPULARES OBSERVADO EL 24 DE SEPTIEMBRE.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Tercera Legislatura, conmemoramos el 33° aniversario de la inauguración del Museo Nacional de las Culturas Populares.

El objetivo central de la creación del Museo fue documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de nuestro país en los ámbitos rural y urbano, por medio de exposiciones y con la realización de actividades artístico-culturales.

El Museo constituye un espacio abierto a la diversidad en el que se fomenta el diálogo intercultural a través de acciones que favorecen el conocimiento, reconocimiento y respeto por la adversidad y el pluralismo cultural.

Cabe recordar que el Museo Nacional de las Culturas Populares, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, fue inaugurado por el Presidente José López Portillo, el día 24 septiembre de 1982. Los instrumentos que dieron paso a su creación fueron las siguientes:

● El programa de Formación Profesional de Etnolinguísticas;

● Los textos en lengua indígena publicados por la Dirección General de Educación Indígena; y

● El programa de fomento a las actividades culturales COPLAMAR-INI.

El Museo orientó sus actividades hacia un propósito fundamental: el de contribuir a estimular la iniciativa cultural de los sectores populares.
La fundación del Museo tiene su base en las consideraciones anteriores lo cual constituye un esfuerzo institucional encaminado a cumplir los siguientes objetivos.

● Estudiar los procesos de creatividad cultural en los actores populares pasados y presentes a fin de conocer la dinámica determinando las mejoras formas para impulsar la continuidad del desarrollo de las iniciativas.

● Estimular y apoyar los medios que sean propios las iniciativas culturales que parten de sectores populares.

En este marco, la labor del Museo Nacional de Culturas Populares consiste en seleccionar temas relacionados de cultura popular y organizar en torno a cada uno de ellos una serie de actividades que permitan alcanzar los objetivos mencionados.

Por ello, el Museo es visto como una entidad viva, donde es fundamental la participación activa de creadores y organizaciones culturales para la concepción y definición de las actividades que se realizan dentro y fuera de sus instalaciones. Asimismo, para que las organizaciones populares se vinculen ente sí y participen de manera integral en el desarrollo de su vida cultural.

En el grupo parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para que haya más espacios culturales a fin impulsar el conocimiento popular de nuestra sociedad mexicana.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

Día mundial del turismo
27 de septiembre

En el mundo, el turismo constituye una actividad positivamente relevante. Representa el 9 % del PIB mundial, da trabajo a una persona de cada 11 con alguna ocupación.

Es una actividad de gran importancia para la economía. Es una importante fuente de empleos, genera 1 de cada 11 puestos de trabajo en el mundo. Provoca una considerable derrama económica para las naciones. La Organización Mundial del Turismo (OMT) informa que en el año 2014 hubo 1,133 millones de turistas en el mundo.

En México, con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI):

* De cada 100 pesos, 8.7 pesos los generó el turismo durante el año 2013.

* De cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 89.8 son aportados por turistas residentes en México (turismo interno).

* Como fuente de empleos, generó 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan el 5.9% del total nacional.

* Los estados con mayor actividad turística son: Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, México y Baja California Sur. En conjunto representan más del 49% del personal ocupado total y el 62% de la inversión.

México tiene acuerdos turísticos con 30 países, mismos que en conjunto representan más de 1/3 parte (36%) del gasto mundial por actividades turísticas. En América, el país mantiene convenios con los cuatro países que más gastan en turismo de salida: Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina; en Asia, con China, Japón y Corea; y en Europa, con España y Francia. 

En el año 2014, México fue sede de la celebración, con el lema “Turismo y Desarrollo Comunitario”. En este 2015, Burkina Faso será la sede, y las actividades se organizarán bajo el lema “Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades”.

Como hemos manifestado, el turismo significa una actividad con beneficios para la economía, con valor social y cultural, ya que a través de ella podemos dar a conocer el patrimonio inmaterial de nuestro país. Costumbres, tradiciones, arte y cultura adicionados a nuestra riqueza natural, pueden darse a conocer al mundo a través del turismo internacional, y fomentar el amor a México y el cuidado al medio ambiente en nuestros connacionales. Actividad con potencial para ser uno de los motores del desarrollo, promotor de economías sustentables.

El turismo correctamente enfocado, puede ser utilizado como un medio para difundir la educación al cuidado de los ecosistemas, a la biodiversidad, así como el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

En efecto, encaminar responsablemente la actividad turística, con una visión sustentable es herramienta fundamental para lograr la transición mundial hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas promueven como los principios a seguir después del 2015.

Por lo anterior, el Día Mundial del Turismo es motivo para reflexionar sobre el turismo como una actividad con valor social y cultural, con utilidad en la educación de cuidado del medio ambiente y de suma importancia para el logro del desarrollo de la economía nacional con un enfoque sustentable. Y desde luego, actuar para materializar estas reflexiones.

Muchas gracias.

Suscribe

Sen. Ninfa Salinas Sada





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, el próximo martes 29 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:21 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

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Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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