Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 30 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 14

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Octubre de 2015

SUMARIO                                              


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ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO EN POLÍTICA ECONÓMICA

Comparecencia del doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público. La Asamblea autoriza la participación de las Senadoras Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Martha Angélica Tagle Martínez, en el turno de preguntas. Intervienen al respecto los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Jorge Luis Lavalle Maury, José Francisco Yunes Zorrilla, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Martha Angélica Tagle Martínez, David Monreal Ávila, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Martín Orozco Sandoval, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Romo Medina, Fernando Enrique Mayans Canabal, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ernesto Ruffo Appel, Gerardo Sánchez García, Héctor Larios Córdova, Blanca Alcalá Ruiz y David Penchyna Grub.



































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, se abre la sesión del miércoles 7 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del día martes seis de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del treinta de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su Informe de actividades, correspondiente a la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, comunicación en torno a los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2015 en Umpquia Community College, en Roseburg, Oregon, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio sobre la vacante del Presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2015; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo de los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, por el que exhortan al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Iniciativa)

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje a los ciudadanos Francisco Domínguez Servién, Silvano Aureoles Conejo y Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, con motivo de su toma de protesta como gobernadores constitucionales en los estados de Querétaro, Michoacán y Nuevo León, respectivamente.

 

La Presidencia a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva formuló un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de la República de Guatemala por el alud de tierra ocurrido en una comunidad en la localidad de Santa Catarina Pinula, en el sur de ese país.

(Iniciativa)

El Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre propio y de las y los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 35, 41, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senado Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el Consejo Consultivo de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Pleno autorizó que las Senadoras Mónica Arriola Gordillo y Martha Tagle Martínez, participaran en el turno de preguntas, en la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la Política Exterior en el marco del Tercer Informe de Gobierno.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir a la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores.

 

(RECESO)

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la Política Exterior en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- Conforme al Acuerdo aprobado en una primera intervención hizo uso de la palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis Humberto Fernández  Fuentes del PRD; Gabriela Cuevas Barrón del PAN, y Marcela Guerra Castillo del PRI. En las preguntas y respuestas hicieron uso de la tribuna los Senadores: Martha Tagle Martínez, pregunta y comentario; la intervención de la Senadora Mónica Arriola Gordillo fue entregada a la Secretaria de     Relaciones Exteriores y se insertó en el Diario de los Debates; Ana Gabriela Guevara del PT, pregunta y comentario; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, pregunta y comentario; Luz María Beristáin Navarrete del PRD, formuló pregunta; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, realizó comentario; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, pregunta y comentario; Juana Leticia Herrera Ale del PRI, formuló pregunta; Patricio Martínez García del PRI, realizó comentario; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, pregunta y comentario; Ernesto Cordero Arroyo del PAN, pregunta y comentario; Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, formuló pregunta; Angélica Araujo Lara del PRI, realizó comentario; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, pregunta y comentario; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, pregunta y comentario; Margarita Flores Sánchez del PRI, formuló pregunta, y Teófilo Torres Corzo del PRI, realizó comentario. En una última intervención hizo uso de la palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto quinto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La Presidencia, a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva, dio lectura a un pronunciamiento en ocasión del Día Mundial del Hábitat a propuesta de los Senadores Sonia Rocha Acosta, María Elena Barrera Tapia, Senador Jesús Casillas Romero, y diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas:

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VIII y reforma los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a conformar un grupo plural de trabajo que dé seguimiento a la publicación que SEMARNAT debe realizar de los programas de manejo de áreas    naturales protegidas en su versión resumida, y para que dicho grupo mantenga un diálogo y colaboración constantes con dicha dependencia para impulsar e implementar mecanismos más eficientes para la protección de dichas áreas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos al desarrollo de la juventud y se amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes información sobre los avances físicos y financieros de las obras de infraestructura carretera de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública a que, en coordinación con sus homologas estatales, implementen programas de capacitación permanentes y creen empleos para jóvenes de los niveles educativos de media superior y superior.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del       Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una investigación minuciosa sobre la afectación ecológica de que está siendo objeto el área natural protegida estatal “Sierra Picachos”, a consecuencia del desmonte y depredación de sus sierras, cerros, lomas y riscos, y para que impongan las sanciones que en derecho correspondan a las personas físicas o morales responsables de la misma.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos para la construcción y el equipamiento del hospital de segundo nivel de Tekax, Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con   punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a investigar y sancionar las posibles omisiones por  parte de las autoridades y personal del Hospital Regional número 1 de    Culiacán, Sinaloa, que tuvieron como consecuencia la muerte de 12 recién nacidos y se proporcione a las víctimas la protección y acompañamiento correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 para “Cronistas de México”, en el Ramo 11 Educación Pública, en el Programa “Desarrollo Cultural”, como parte de la actividad institucional “Fomento y Promoción de la Cultura”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a nombrar a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica; asimismo, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados revisar los recursos que se otorgarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones; y se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría integral que permita dar cuenta del uso de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a la Cámara de Diputados los    resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el tercero.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la agresión cometida por elementos de la policía federal en contra de cuatro jóvenes en Villahermosa, Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar a una mesa de trabajo permanente entre el Senado y una amplia coalición de la sociedad civil para dar seguimiento a los desafíos legislativos actuales en materia de anticorrupción e inscribirlos en una agenda de protección a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones necesarias a fin de garantizar la equidad presupuestal en las unidades de igualdad de género de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de recursos para que las autoridades de salud continúen la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple una asignación de recursos específicamente para proyectos en materia de movilidad urbana sustentable.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de techumbres de diversas escuelas en el municipio de Ayala, Morelos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de la Federación 2016, considere un incremento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en especial para la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ante la incidencia delictiva que sufre dicho municipio.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de la Federación 2016, autorice recursos relacionados con la educación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Colotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Chimaltitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de El Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que  exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Jalostitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del    Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que  exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Excitativa)

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de desindexación del salario mínimo.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la no Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió      efeméride en ocasión del Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre la crisis económica que afronta el municipio de Poza Rica, Veracruz, derivado de la inactividad del proyecto Chicontepec.- Se turnó a la Comisión de Energía los resolutivos, primero, segundo y cuarto; y a la Cámara de Diputados el tercero.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con un minuto y citó a la siguiente el próximo miércoles siete de octubre, a las once horas, en la que se desahogará la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para el análisis de la Política Económica.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió una comunicación de la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que comunica la designación de legisladores del grupo parlamentario del PRD, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

(Presentada por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Vengo a esta tribuna para poner a consideración de esta Soberanía reformas al artículo 75 de la ley del IPAB, la cual, como todos sabemos, pues parte, sin duda, primero de reconocer que dentro de las funciones del control parlamentario, se encuentra la participación del Poder Legislativo en los nombramientos de los cargos públicos de mayor relevancia en el país.

La calificación del sentido de idoneidad a que está sujeto el análisis de la trayectoria y la experiencia de las personas postuladas por el Poder Ejecutivo, le confiere, precisamente, este mecanismo de control, un sentido de legitimidad dual.

Por la participación que realizamos de manera conjunta, por un lado el Poder Ejecutivo, quien propone; y por otro lado, el Poder Legislativo, quien tiene la decisión de que la persona nominada pueda ser ratificada o sujeta a un proceso de objeción.

En este sentido, la iniciativa que proponemos busca precisamente la modificación que establece la mayoría calificada que exige la ley del IPAB y que hasta el momento es la más alta de las mayorías requeridas para la integración de una entidad de gobierno.

Está, por cierto, por arriba de los establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y de competencia económica.

Esta circunstancia, vale la pena recordar, se debe al debate que en algún momento existió sobre el quebranto bancario de finales de los años 90’s y a la creación misma del propio IPAB, polémica que generó en aquella ocasión fuertes confrontaciones en el Congreso de la Unión entre las bancadas parlamentarias, pues se trataba de resolver una crisis sistémica que pudo llevar a la quiebra a muchas instituciones bancarias y a la pérdida de los recursos de alrededor de 600 mil ahorradores.

Fue una etapa, sin duda, de muchas deliberaciones, de diversos pronunciamientos y resoluciones. De hecho, fueron suscritos diferentes Acuerdos entre el Ejecutivo Federal y los partidos políticos con representación en aquel momento en el Congreso, bajo las cuales se buscó brindar seguridad jurídica a los ahorradores, sanear el sistema bancario y financiero y proteger a la economía nacional.
Sin duda, en aquellos momentos de gran dificultad para la vida política y económica del país se justificaba lo que hasta hoy establece. Hoy, me parece que necesitamos, también en la búsqueda de esta integración del consenso, llevar a que la creación de este instituto continúe con los propósitos para lo cual fue formalizado, pero también poder tener un mecanismo razonable de lo que implica la designación de sus integrantes.

En este contexto de debate nacional, se llegó a la conclusión, en aquel momento, de que los vocales no fueran servidores públicos de la Junta de Gobierno del IPAB, debían ser personas con un perfil intachable en su probidad y gozar del mayor consenso político posible entre los grupos parlamentarios. Fue así como se decidió conferirle una mayoría calificada, que en la actualidad significa para esta Soberanía de 86 votos mínimos a favor para su elección.

Dado el funcionamiento que a lo largo de los años ha acreditado el IPAB, nos parece que los nombramientos han seguido; si bien una lógica de consenso en el Congreso se considera que esta disposición, ha cumplido su propósito original y hoy día resulta excesiva respecto de la integración de otro tipo de mayorías para su cargo de una naturaleza equivalente en cuanto a responsabilidad pública.

Estas, entre otras razones, señor Presidente, fue lo que llevó a un grupo de compañeras legisladoras, como es el caso de las Senadoras Marcela Guerra, Ana Lilia Herrera, Graciela Ortiz y la de la voz, a considerar oportuno el poder presentar estas modificaciones al artículo, que es el referido del artículo 75 de la ley del IPAB, para que en un momento se pueda analizar la pertinencia de poder equipararla al resto de los nombramientos que se hacen también de manera similar por esta Soberanía.

Señor Presidente, le agradecería que el texto completo de lo que implica esta iniciativa, pueda ser incorporada al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

BLANCA ALCALÁ RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El control parlamentario se integra de un conjunto de mecanismos cuyo propósito es delimitar, desde la perspectiva de la legalidad y la legitimidad, las decisiones del titular del Ejecutivo respecto de la integración de los órganos que por ley requieren de la actuación de dos poderes públicos, entre otros aspectos. Se trata de procedimientos que, en el ámbito de la relación de poderes, contribuyen a su equilibrio para una adecuada función de gobierno y evitar decisiones discrecionales en las que, eventualmente, pueden incurrir los responsables de las políticas públicas.
Existen diferentes componentes del control parlamentario, entre ellos, desde luego, el procedimiento legislativo, que por su naturaleza es el mecanismo de mayor relevancia, no obstante, las funciones de nombramiento, ratificación u objeción, representan un medio de control a las funciones de dirección política de los órganos de gobierno que, por ley, demandan la intervención parcial del Congreso.

Estas funciones no se circunscriben a un procedimiento en sentido estricto, pues requieren de cubrir diferentes procesos que se desahogan, en muchos casos, en las comisiones ordinarias o, bien, en el propio pleno. Estos procesos pueden incluir la comparecencia de las personalidades que el titular del Ejecutivo propone para la integración de órganos o desempeñar trabajos específicos en materia de justicia o política pública.

La calificación del sentido de idoneidad a que está sujeto el análisis de la trayectoria y la experiencia de las personas postuladas, le confiere a este mecanismo de control un sentido de legitimidad dual, por la participación conjunta del Ejecutivo en la propuesta, como del Legislativo en la decisión de la persona nominada, ratificada o sujeta a un proceso de objeción.

El análisis del expediente de los candidatos, la certificación de su calidad e integridad y, en su caso, su comparecencia, son procedimientos que forman parte del proceso normal de operación de este mecanismo de control parlamentario. No obstante, la determinación final será establecida por la aplicación del principio de mayoría a la que esté sujeto el nombramiento o ratificación, la cual puede ser por mayoría simple o calificada y, de éstas, del conjunto de legisladores presentes en una sesión o, bien, del conjunto de legisladores que integran la asamblea.

De este modo, por el principio de mayoría simple, la asamblea del Senado de la República puede aceptar una designación con un rango mínimo de aprobación de entre 33 votos hasta 65 votos a favor. En el caso de una mayoría calificada por dos terceras partes, los intervalos mínimos de votos se mueven entre 44 y 86 a favor, dependiendo las disposiciones aplicables al cargo de que se trate. El requisito básico es que exista el quórum reglamentario en la sesión en que se vote la designación legal de un cargo público.

Debe señalarse que las facultades de nombramiento, ratificación o presentación de objeciones, no sólo cobran significado en el procedimiento parlamentario, sino en el pronunciamiento político del órgano legislativo respecto de la nominación de quienes, de manera personificada, ejercerán las funciones que la ley les confiere a los entes  públicos.

Existen diferentes órganos de gobierno y cargos públicos en los que se precisa la intervención del Senado de la República, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunas leyes secundarias. Sin duda, destaca el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial, cuyo procedimiento se encuentra normado en el artículo 96 constitucional, el cual señala que, para ser nombrado ministro, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes.

El Senado de la República participa, además, en la designación de los magistrados del Tribunal Agrario, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la Junta de Gobierno del Banco de México, del Procurador General de la República, de embajadores y agentes diplomáticos, de los empleados superiores de hacienda, coroneles y jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como  los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de los comisionados de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Director General de NOTIMEX, de los consejeros de la Comisión Federal de Competencia y de los consejeros del Consejo de Administración de PEMEX, entre otros cargos.

De conformidad con la naturaleza jurídica de cada uno de los entes públicos, se han conformado los procedimientos para la designación de los servidores públicos a cago de ellos. Unas veces se requiere de integrar una mayoría simple y, en otras, de una mayoría calificada. La designación de las personas a cargo de los órganos constitucionales autónomos de los poderes públicos, requieren de una mayoría calificada, precisamente por las características de sus funciones y para garantizar la integración de un consenso amplio y responsable en su designación.

De manera particular, es de señalarse el requisito de mayoría que tiene la designación de los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, entidad creada en el año de 1999, cuyo artículo 75 establece:

Artículo 75.- La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la     Unión.

La mayoría calificada que exige la ley del IPAB es la más alta de las mayorías requeridas para la integración de una entidad de gobierno. Está por arriba de las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

Esta circunstancia se debe al debate sobre el quebranto bancario de finales de los años noventa y la creación del IPAB, polémica que generó fuertes confrontaciones en el Congreso de la Unión entre las bancadas parlamentarias, pues se trataba de resolver una crisis sistémica que pudo llevar a la quiebra a muchas instituciones bancarias y a la pérdida de los recursos de alrededor de 600 mil ahorradores.

Fue una etapa de muchas deliberaciones, pronunciamientos y resoluciones. De hecho, fueron suscritos diferentes acuerdos entre el Ejecutivo Federal y los partidos políticos con representación en el Congreso, bajo los cuales se buscó brindar seguridad jurídica a los ahorradores, sanear el sistema bancario y financiero y proteger a la economía     nacional.

Asimismo, con la constitución del IPAB, se procuró abatir el costo fiscal por la solución adoptada para el quebranto bancario, equivalente a más de 550 mil millones de pesos, que implicó una reducción de 160 mil millones de aquel entonces, así como apoyar a los pequeños y medianos ahorradores, tanto en valores hipotecarios como en créditos contratados por medianas empresas derivados del incremento inusual de las tasas de interés.
Sin duda, se trató de momentos de gran dificultad para la vida política y económica del país, pero que, en su momento, se generó la integración del consenso llevó a la creación del instituto y la formalización de un sistema de seguro para los ahorradores que ha contribuido a mantener una estabilidad financiera e indicadores macroeconómicos razonables.

Sin embargo, en ese contexto de debate nacional, se llegó a la conclusión de que los vocales que no fueran servidores públicos de la Junta de Gobierno del IPAB, debía ser personas con un perfil intachable en su probidad y gozar del mayor consenso político posible entre los grupos parlamentarios. Fue así como se decidió conferirle una mayoría calificada que, en la actualidad significa 86 votos mínimos a favor para su elección.

Dado en funcionamiento adecuado del seguro de ahorro a cargo del sistema institucionalizado del IPAB y de que los nombramientos han seguido una lógica de consenso en el Congreso, se considera que esta disposición ha cumplido su propósito original y hoy día resulta excesiva respecto de la integración de otro tipo de mayorías para cargos de una naturaleza equivalente en cuanto a su responsabilidad pública.

Con base en los fundamentos y motivos expuestos, se somete a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de Protección del Ahorro Bancario para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Artículo único.- Se reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario para quedar como sigue:

Artículo 75.- La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes y, en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

….

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se integre el texto correspondiente de esta iniciativa presentada por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar, con aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como ustedes saben, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que ha afectado de manera drástica la vida de nuestro país.

En diversos contextos, la corrupción ha perjudicado a las instituciones del Estado a la vez que ha perjudicado y desacelerado el desarrollo económico; y también ha contribuido, hay que reconocerlo, a una inestabilidad política.

Una de las consecuencias más visibles de este mal es el socavar el imperio de la ley y la deslegitimación del servicio público, lo que trae como consecuencia el alejamiento de los inversionistas y también el desaliento en la creación y desarrollo de las empresas del país, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas, facturas con sobreprecio, etcétera, todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente en nuestro país.

Abundando sobre el problema de la corrupción, según datos obtenidos del estudio “México: Anatomía de la Corrupción” editado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, encontramos que la percepción sobre corrupción, particularmente la que campea en el sector público, lejos de disminuir, crece año con año. Además de que, según lo destaca ese estudio, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas, incluso por encima de la pobreza y la impunidad que acompaña la misma corrupción que se ha mantenido constante.

Otro dato relevante, grave, que no podemos ignorar, es que la percepción ciudadana está presente que las faltas e infracciones relacionadas con la corrupción no se castiga o casi nunca se castiga.

La cifra negra en el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados es similar a la del resto a las violaciones a la ley, 95 por ciento.

Estos datos son coincidentes con los presentados por el Banco Mundial o por otros organismos internacionales, como Transparencia Internacional, en el que México simplemente está reprobado.

Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, México aparece con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción, y lo coloca en el lugar 127, es decir, uno de los países más corruptos.

El dato más preocupante que hemos encontrado es que México no ha mejorado, sino que ha retrocedido de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción. Cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al 103 en seis años.
Por estas y otras razones, en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión hemos ido avanzando en el permitir que se genere un cambio institucional; y para ello se aprobó la recientemente publicada reforma al Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro sistema constitucional.

Y es por ello que el Partido Acción Nacional es consecuente con una de las que ha sido sus banderas más importantes en lo que fue la LXII Legislatura.

Hoy presentamos la tercera pieza legislativa de una propuesta integral con la que iniciamos el arranque de este periodo legislativo, en donde ya presentamos una Ley sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, otra Ley sobre el Combate a la Corrupción, y hoy presentamos una propuesta para crear la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es importante destacar que, con gran sentido de responsabilidad para con los mexicanos, el Partido Acción Nacional, a través de su grupo parlamentario a nombre de quien presento hoy esta propuesta, tiene la convicción de elevar a ley una premisa básica.

Nunca más un empleado de algún funcionario será el responsable de sancionar. Y esto viene a colación porque justamente hoy nos referiremos a este tribunal de justicia administrativa que con esta reforma cambia su naturaleza y a partir de esta reforma constitucional y de esta reforma de ley orgánica al mismo, establecerán las premisas básicas de su funcionamiento.

Es por ello, que en concordancia con el Decreto de reforma constitucional del 27 de mayo del presente año, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y como parte integral de las citadas propuestas legislativas se presentó, junto con las iniciativas de Ley General de Combate a la Corrupción y de Responsabilidades Administrativas se presenta hoy esta propuesta de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es importante señalar que lo que nosotros hoy estamos presentando tiene los siguientes objetivos:

Estamos presentando una ley que fija la competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de servidores públicos del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Administración Pública Federal o bien del Distrito Federal.

Competencia también para recibir y resolver asuntos que involucren a gobernadores de los estados, Diputados de las legislaturas locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales.

Competencia también tendrá este tribunal para recibir y resolver asuntos que involucren a servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía.

Este tribunal tendrá competencia también para imponer sanciones a particulares que intervengan en actos de corrupción.

Dentro del contenido de esta propuesta, los otros en ésta, en el desarrollo de la iniciativa, se establece la organización y funcionamiento de este tribunal de justicia administrativa.

Por otra parte los servidores públicos que integrarán el tribunal serán los siguientes: magistrados de sala superior, los magistrados de sala regional, magistrados supernumerarios, secretaría general de acuerdos, secretaría adjuntos y otros funcionarios que se establecen en el cuerpo de esta reforma.

También y de acuerdo con la propia reforma constitucional, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán nombrados por el Presidente de la República con la ratificación de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores.

También se establece todo el mecanismo de nombramiento de magistrados que realice en los términos en los que se ha comentado hace un momento.

También se establece que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos, así como los procedimientos que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial.
Se establece la competencia del tribunal, las que por repetición impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios generados por motivos del pago de la indemnización en los términos de la ley de la materia. Y en el mismo orden de ideas, se agregan como competencia del tribunal las resoluciones que se originen por licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias.

También se establece la imposición de sanciones a servidores públicos federales y de organismos autónomos; la imposición de sanciones a servidores públicos en la determinación del pago de indemnizaciones y sanciones resarcitorios pecuniarias. Y acorde a la reforma en materia de combate a la corrupción, se establece la integración de la Sala Superior del Tribunal que estará conformada por 16 magistrados nombrados para integrarlo.

Por lo que hace a la sección primera y segunda, estarán integradas por cinco magistrados de la Sala Superior adscritos a cada una de ellas por el Pleno y la sección tercera que tiene el carácter de revisión para asuntos de responsabilidades estará integrada por tres magistrados adscritos al Pleno.

Un aspecto muy importante de esta propuesta que hoy estamos poniendo a su consideración, es la competencia de las salas especializadas en materia de responsabilidades, puesto que lo que pretendemos es que tengan la facultad de solicitar aclaración en los procedimientos que sean puestos a su consideración para el esclarecimiento de la verdad.

Se propone que las salas especializadas conozcan de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que impongan sanciones administrativas no graves.

Sabedores de la gran responsabilidad que tendrá la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en tanto las sanciones de servidores públicos y particulares involucrados en hechos de corrupción calificados como graves, se propone otorgar la potestad amplísima a efecto de que pueda decretar la práctica de cualquier diligencia aprobatoria.

Su ampliación, asimismo que se puedan hacer valer de cualquier persona parte del procedimiento o tercero de cualquier documento o cosa, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados o controvertidos.

Esta atribución del tribunal será realmente fundamental para que pueda realizar el trabajo que hoy le están encomendando los mexicanos, que es, que finalmente esta impunidad que ha prevalecido en materia de corrupción no se dé nunca más.

Este tribunal será quien esté a cargo justamente de estas sanciones por faltas de carácter administrativo; y la forma en que este tribunal se constituirá y tendrá su desarrollo, será fundamental para que funcione realmente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Así que la propuesta que hoy está haciendo el Partido Acción Nacional tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del nuevo Sistema de Combate a la Corrupción, y estará a consideración de las comisiones dictaminadoras.

Con esto, el grupo parlamentario del PAN, está presentando una propuesta más, que fortalece toda nuestra propuesta integral sobre la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, y que esta legislación secundaria será en donde efectivamente podamos ya decir que tenemos echado a andar este sistema de manera plena.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Además de quienes usted nombró, está también el Senador Zoé Robledo Aburto.

Quiero informarles a ustedes que en el contexto de esta iniciativa, sigue insistiendo en buscar garantizar una plena independencia de uno de los Poderes de la Unión, que es el Poder Judicial; y al tenor de ese objetivo es que hemos planteado esta iniciativa.

Y quiero recordar un precepto de un jurista italiano, Piero Calamandrei, que en 1935 escribió en su obra “El Elogio de los Jueces”, lo siguiente:

“El Estado siente como esencial el problema de la selección de los jueces; porque sabe que les confiere un poder mortífero que mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón”.

Y también señaló:

“No es honesto, cuando se habla de los problemas de la justicia, refugiarse tras la cómoda frase hecha de que la magistratura está por encima de toda crítica y de toda sospecha; como si los magistrados fueran seres sobrehumanos, a quienes no alcanzarán las miserias terrenales y, por tanto, intangibles. El que se conforma con esas necias adulaciones, ofende la seriedad de la magistratura, a la que se honra, no adulándola, sino ayudándola a que se mantenga a la altura de su misión”. 1935.

Ha pasado mucho desde entonces.

Una nueva Organización de las Naciones Unidas, después de una Segunda Guerra Mundial, desastrosa para la humanidad, nuevos pactos sobre derechos humanos a partir de 1945, empezando con la Carta de las Naciones; igualmente en los continentes, todos los procesos para configuración, distintos tratados internacionales y, por supuesto, finalmente, el logro del Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación.

¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la discusión en la que vamos a entrar próximamente en el Senado de la República, tiene que darse a partir de las ternas que tiene que presentar el Presidente de la República para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que presentarse desde dos rutas, que me parece no debemos dejar de observar con toda precisión.
En primer lugar, todavía seguir arrastrando el gran poderío que tiene quien conduce uno de los tres Poderes de la Unión, que es el titular del Poder Ejecutivo Federal, y el otro gran pendiente que tiene que ver con la igualdad sustantiva.

¿Por qué nos preocupa? Porque en estos momentos en que el país está atravesando por una grave situación de violencia, de inseguridad, de desconfianza en las instituciones, también de retos para lograr que los derechos humanos plasmados en la Constitución, se conviertan efectivamente en la ruta que consolide la gobernanza como la que se dedica, precisamente, a resolver y garantizar mejores condiciones de vida de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación y bajo ninguna índole. Hoy nuevamente vamos a entrar al reto de quién vamos a nombrar a partir de ternas que enviará el Presidente de la República.

Creemos que esa ruta tiene que transformarse; también tiene que entrar a la dinámica de las reformas estructurales en las que hemos entrado en los últimos años, para tener una Constitución Política acorde a los nuevos tiempos y, sobre todo, se armonice a los preceptos de los tratados internacionales que México ha aprobado.

Por eso es que el día de hoy, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos insistiendo en la independencia de las y los ministros de la Suprema Corte, porque constituye una condición sine qua non, para que el Poder Judicial ejerza sus funciones con un mínimo de objetividad, transparencia e imparcialidad, y contribuya así a la consolidación y la calidad de un Estado democrático, de un estado de derechos y, por lo tanto, es fundamental contar con ministras y ministros independientes, pero también idóneos.

Hoy estamos poniendo a su consideración diversas reformas a la Constitución que tienen como cometido que el Ejecutivo Federal no participe más en proponer las ternas que tienen que dirimirse y votarse por dos terceras partes en el Pleno de este Senado y, por lo tanto, que sean los colegios de abogados los tribunales superiores de justicia, para que tengamos las dos rutas de los expertos y expertas constitucionalistas desde la academia docta, pero también de quienes están trabajando desde la carrera en el servicio judicial, para que puedan aspirar a ser tomados en consideración a tan alto encargo dentro del poder en que participan.

Segundo. Que el Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no presida el Consejo de la Judicatura Federal, esto para lograr incidir también en una democratización dentro del Poder Judicial; y que este Consejo que hoy pareciera como un elefante blanco, se convierta en una especie de asuntos internos dentro del Poder Judicial, y no solamente oriente, capacite, forme y profesionalice, sino también vigile internamente la conducta de juezas y jueces.

Eliminar las prebendas y canonjías que no sean las que deriven de la seguridad social, un reclamo que se nos hace desde todas las voces, para quitar esta especie de situación privilegiada que, además de ser muy lamentable en un país con tanta pobreza, también refleja una situación de gran desigualdad que debemos quitar y que no es acorde a un país democrático.

Hay países que están en mejores condiciones económicas que nosotros, que México, y quienes están asumiendo los cargos de todas las instituciones, tienen salarios, tienen dietas acordes a su investidura y acordes también a los otros sueldos que tienen otros profesionistas en otras materias; y por supuesto, nos importa mucho que dentro de la propia carrera judicial también se instaure la igualdad sustantiva.

Es importante señalar que, en este sentido, necesitamos contextualizar de manera clara y precisa cuál es la diferencia de la igualdad, inscrita en el Siglo V, entonces, por San Agustín, y lo que ahora hemos construido, la igualdad sustantiva, que tiene que dedicarse a resolver todas las situaciones de discriminación contra las mujeres y, por supuesto, integrarlas de manera eficaz, de manera efectiva en la conducción, de manera paritaria, en todo lo que las instituciones tienen que hacer.
Por eso, el día de hoy presentamos las reformas a la fracción VIII del artículo 76, un párrafo al artículo 94, las fracciones IV, VI y el último párrafo del artículo 95.

También reformamos, por supuesto, el artículo 96, el segundo párrafo del artículo 100, las fracciones V y VII del artículo 100 y, por supuesto, se adiciona el doceavo párrafo al artículo 94, las fracciones del I al VIII del cuarto párrafo del artículo 100 se revisan, las fracciones I y IV del artículo 111 y también derogamos la fracción XVIII del artículo 89, la fracción III del artículo 127, todos de la Constitución Política de los Estados      Mexicanos.

Muchas gracias a todos ustedes, buen día.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Jurista Italiano Piero Calamandrei en 1935 escribió en su obra El Elogio de los Jueces lo siguiente:

“El Estado siente como esencial el problema de la selección de los jueces; porque sabe que les confiere un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón…”

Y asimismo señaló:

No es honesto, cuando se habla de los problemas de la justicia, refugiarse tras la cómoda frase hecha de que la magistratura está por encima de toda crítica y de toda sospecha; como si los magistrados fueran seres sobrehumanos, a quienes no alcanzaran las miserias terrenales y, por tanto, intangibles. El que se conforma con esas necias adulaciones, ofende la seriedad de la magistratura, a la que se honra, no adulándola, sino ayudándola a que se mantenga a la altura de su misión.”

Por tanto, uno de los temas fundamentales para la vida democrática del país es no sólo la calidad de las y los jueces, sino también de las instituciones encargadas de impartir la justicia, particularmente nuestro máximo tribunal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante muchos años el Poder Judicial de la Federación (PJF) fue un poder prácticamente intocado, sin embargo, a través del fortalecimiento de nuestra democracia la SCJN ha tomado un papel de relevancia fundamental en la vida política nacional, de ahí la importancia en su integración. Al respecto algunos autores han aventurado una serie de cuestionamientos al respecto tales como:
¿Qué personas integran la Corte y cómo son nombradas?; ¿Qué pautas ideológicas están presentes en las sentencias de la Corte, si es que tales pautas existen?; ¿Cómo fundamentan sus sentencias los ministros, qué razones dan para tomar una y no otra decisión acerca de los problemas que deben resolver?; ¿Qué grado de impacto es deseable que tengan las sentencias de la Corte sobre decisiones de relevancia individual (en materia de derechos fundamentales) e institucional (en materia de división de poderes)?; ¿Cómo deben relacionarse los jueces con la opinión pública y los medios de comunicación?; ¿Cómo deben relacionarse los jueces con los demás poderes del Estado? y ¿Qué tipo de asuntos deben tener preponderancia en la conformación de la agenda judicial? .

Recientemente existe un debate relativo a los próximos nombramientos que el Senado de la República habrá de hacer respecto a la sustitución de dos integrantes de la SCJN donde se prefiguran acuerdos políticos y con ello la designación de dos ministros de la Corte con una clara militancia partidista, con lo que se corre el riesgo de una eventual fractura de uno de los poderes de la Unión.

Esta situación resulta preocupante en momentos en el que nuestro país atraviesa por una grave situación de violencia, inseguridad, desconfianza de las instituciones y una grave inestabilidad política. “En este contexto, lo que necesitamos es un poder judicial que no sólo sea autónomo sino que lo parezca, que sea visto como capaz de fungir como árbitro independiente en los conflictos que revisa. Para ello es indispensable una Corte plural, constituida por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver. La Corte necesita ser integrada por individuos que aporten a la legitimidad institucional y sin claros conflictos de interés. El nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es de enorme trascendencia para el país porque al final del día los miembros que la constituyen dotan o restan legitimidad al máximo órgano del sistema judicial. En consecuencia, le dotan o restan la capacidad de resolver conflictos sociales y políticos por la vía legal y pacífica”.

Porque al margen de la propuesta y de los procedimientos parlamentarios, lo importante para el país es contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente que permita consolidar nuestra incipiente democracia, que se establezca como vigilante del Estado de derecho, que sea un contrapeso al Poder Ejecutivo y a los poderes fácticos; que se constituya en una instancia facilitadora de la transparencia y la rendición de cuentas, garante de la justicia frente a la política y el abuso de poder, es decir una función de equilibrio entre los poderes del Estado.

La independencia de los ministros de la Suprema Corte se constituye como una condición sine qua non para que el poder judicial ejerza sus funciones con un mínimo de objetividad, transparencia e imparcialidad y contribuya así a la consolidación y calidad de un Estado democrático de derecho, para ello es fundamental contar con ministros independientes e idóneos.

Pero habría que añadir un asunto fundamental para la vida del PJF y es que a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 11 de junio de 2008, donde se da un cambio de paradigma en materia de protección de derechos, que amplió al máximo el reconocimiento y los mecanismos de protección de los derechos de todas las personas, redefiniendo estructuralmente el modelo de relación existente entre el derecho nacional y las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, con lo que se coloca a nuestro país a la vanguardia de las tendencias jurídicas internacionales, destacando de manera relevante el mandato para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y el principio pro persona.
Esto significa que se consolida una nueva visión en materia de derechos humanos sustentada en el llamado control de convencionalidad, ya que las y los jueces en funciones de control constitucional deberán conocer y aplicar las normas de derecho internacional, para que cuando existan distintas interpretaciones de una norma, se elija siempre la que más beneficie a la persona.

Y es precisamente aquí en donde se encuentra el principal reto de la implementación de la reforma constitucional. ¿Cómo deben traducir, interpretar y aplicar en el día a día el mandato del artículo 1º las y los integrantes de nuestro llamado Tribunal Constitucional?

Desde nuestro punto de vista, una SCJN acorde a nuestros tiempos debe velar no sólo por el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales, sino que al impartir justicia debe establecer una serie de límites a los absolutismos del mercado y los de la política (Luigi Ferrajoli).

Por tanto proponemos una serie de modificaciones a nuestro texto constitucional que desde nuestro punto de vista vendría a fortalecer a la SCJN y la función de las y los jueces que integran el PJF, siendo estos los siguientes:

1. Que el Ejecutivo Federal no participe más en proponer las ternas y sean las escuelas y facultades de derecho, barras y colegios de abogados.

Los Tribunales Constitucionales a diferencia de las jurisdicciones ordinarias, no están integrados por magistrados de carrera que han accedido a su encargo como resultado de una especie de escalafón judicial, es decir, formados en el conocimiento más de legalidad que de verdadera constitucionalidad, por tanto, proponemos que la SCJN tenga una integración mixta entre constitucionalistas de notoria experiencia y con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación con amplia experiencia y trayectoria en el Poder Judicial de la Federación.

Para su nombramiento, se propone crear un mecanismo de designación parlamentaria con participación de la sociedad civil y un criterio federalista en su integración, en donde la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, convoque a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades Federativas, organismos no gubernamentales, asociaciones, colegios de abogados y facultades de derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas.

La Comisión del Senado, evaluara las propuestas, y emitirá un dictamen el cual será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores o, en sus recesos a la Comisión Permanente la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a los Ministros correspondientes.

2. Que el Presidente de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano del PJF encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de dicho Poder.

Este órgano permite el debido funcionamiento de Juzgados de Distrito, Tribunales y Plenos de Circuito y asegura la autonomía, la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de las y los integrantes del PJF a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Originariamente la creación de un Consejo de esta naturaleza obedeció a la necesidad de separar las actividades administrativas de aquellas de carácter jurisdiccional, es decir, dejar en un órgano de autogobierno la facultad de realizar todas aquellas funciones de administración, capacitación, supervisión y sanción de quienes integran el PJF y que éstos puedan dedicarse de manera exclusiva a la labor de impartir la justicia.
Un aspecto que resulta preocupante ha sido la constante subordinación del CJF al pleno de la SCJN. Ello de alguna manera puede entenderse por la estructura rígida y vertical del propio PJF o por cómo se ha concebido la organización judicial, o quizá por el enraizamiento existente en la cultura jurídica que indebidamente ven en las y los ministros de la SCJN atributos de sapiencia, probidad e integridad que les permite influir no sólo al interior del PJF sino también en escuelas de derecho, colegios de abogacía y demás espacios donde se desenvuelven las y los operadores del sistema jurídico.

Actualmente dicho órgano se integra de la manera siguiente:

• Quien preside la SCJN (quien también preside CJF);

• Tres personas consejeras designadas por el Pleno de la SCJN, por mayoría de cuando menos ocho votos, seleccionadas de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito;

• Dos personas consejeras designadas por el Senado de la República; y,

• Una persona consejera designada por el Presidente de la República.

Esta integración plantea por lo menos algunas interrogantes desde el punto de vista de la doctrina constitucional, particularmente en la persona quien preside dicho Consejo sea al mismo tiempo quien presida uno de los Poderes de la Unión.

Esta doble representación implica que las atribuciones de cada uno de los cargos en determinados momentos se contrapongan y crucen entre sí.

Por mencionar un caso podemos señalar las decisiones del CJF que se refieren a la designación, adscripción y remoción de las y los magistrados y jueces pueden ser revisadas por la SCJN. Es evidente que quien preside la SCJN interviene en los recursos de revisión sobre un acto en el que participó previamente como Presidente e integrante del CJF.

Lo mismo sucede cuando se tramita un recurso de reclamación en juicio de amparo en revisión, ya que quien preside la SCJN es quien dicta el acuerdo materia de la reclamación y al mismo tiempo interviene en su resolución.

Otro aspecto que consideramos irregular en la integración del Consejo de la Judicatura tiene que ver con la incorporación del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual forma parte de la Comisión del CJF que vigila, administra y supervisa a dicho Tribunal.

De ahí que el CJF al ser un órgano administrativo del PJF, con funciones distintas a las de la SCJN y a las del TEPJF, resulta inconsistente que quien presida dicho órgano administrativo lo sea también de uno de los poderes de la Unión.

El hecho de que el pleno de la SCJN actualmente designe a las tres personas consejeras provenientes del Poder Judicial convierte al CJF en un órgano meramente auxiliar y subordinado a la SCJN, y no en un órgano de relevancia constitucional independiente e imparcial, que tiene entre sus múltiples funciones nada menos que la designación de la totalidad de las y los jueces; así como magistradas y magistrados, pero también las funciones de gobierno y administración de dicho poder.

Por tanto, el objeto de la reforma que proponemos es que quien presida la SCJN, no forme parte y por ende no presida el CJF con la finalidad de que entre éstos dos órganos se establezcan relaciones en forma de coordinación y no de subordinación o dependencia y se modifique la tendencia de otorgarle a la más alta estructura del Poder Judicial la designación de los integrantes del CJF.
Proponemos que sea el Senado de la República quien designe a las y los integrantes del CJF de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, quienes aunado a las personas consejeras que designa el Senado y el Presidente de la República puedan elegir, de entre ellas, a la persona que presidirá el CJF.

Asimismo proponemos que en el caso de quien preside el TEPJF deje de formar parte de la comisión del Consejo de la Judicatura Federal que administra dicho órgano jurisdiccional. Ello permitirá que el Tribunal Electoral sea administrado en los mismos términos que el resto del Poder Judicial.

Algunos autores señalan que:

“Con un Consejo de la Judicatura aséptico tenemos la certeza de que, sin consignas, realizará su labor de supervisión, control, y sanción de los juzgadores que se aparten de los estándares, normas y costumbres que deben observarse en la organización judicial para hacer prevalecer el Estado de derecho; pero también, el Consejo, con la autonomía restaurada, nombraría a los jueces con base a procedimientos objetivos y transparentes, integrando, como producto de esa delicada labor, una clase especial de servidores profesionales que preserven el sistema de derecho, recatando la confianza comunitaria en las instituciones” .

Al respecto se ha pronunciado Gabriela Knaul, Relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la cual en el Informe sobre su visita a México del 1 al 15 de octubre de 2010 manifestó:

“Una preocupación expresada por varios interlocutores respecto al CJF concierne a que la Presidencia de la SCJN y del CJF recae en la misma persona, lo cual podría afectar la independencia del Consejo frente a la Corte. Sería oportuno que la presidencia del Consejo recayera en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la Suprema Corte, dedicada a tiempo completo a tan importante encomienda” .

La Relatora en sus conclusiones recomienda que la presidencia del CJF deba recaer en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la SCJN, para que pueda dedicarse de tiempo completo a sus funciones.

3 Igualdad sustantiva en la carrera judicial.

La propia Gabriela Knaul manifestó su preocupación en que debe de garantizarse al interior del CJF una representación igualitaria entre hombres y mujeres en el que se establezca el principio de Igualdad Sustantiva como base para la formación, actualización y desarrollo de la carrera judicial, con la finalidad de que la participación igualitaria entre hombres y mujeres se fortalezca al seno del PJF.

Por igualdad sustantiva, en una conceptualización sencilla, debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, que den por resultado el reconocimiento igualitario en el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres.

Ello permitiría incorporar los lineamientos derivados de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL realizada del 13 al 17 de julio de 2010 en Brasilia, Brasil (consenso de Brasilia) que recomienda ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas del poder público.

En el caso de la SCJN actualmente son sólo dos mujeres las integrantes del pleno y una de ellas, Olga Sánchez Cordero, dejará su cargo este año.

Resulta por tanto inaceptable que, habiendo muchas juristas destacadas con una vasta experiencia en la función jurisdiccional o en la academia, su participación se vea reducida para su integración al máximo tribunal del país.
4. Eliminar pensiones prebendas y canonjías que no sean más que las de la seguridad social.

Como antecedente de esta perniciosa práctica encontramos que el 19 de febrero de 1951 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que estableció las Causas del Retiro Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en él se determinó la procedencia, las causas, el monto de la pensión y la forma de pago, así como su transmisión en caso de fallecimiento del Ministro pensionado.

El 30 de diciembre de 1973, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo séptimo mencionado en el párrafo anterior, para establecer que los Ministros de la SCJN que obtuvieran su retiro forzoso o voluntario disfrutarían de una pensión equivalente al cien por ciento de su sueldo básico, que se integraría con el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación que percibían y que se cubriera con cargo a la partida presupuestal denominada “compensaciones adicionales por servicios especiales” y que al fallecer el Ministro retirado dicha pensión se transmitiría a su esposa e hijos solteros con cuota equivalente al ochenta por ciento del total para el primer año, reduciéndose del segundo año en adelante, sucesivamente, un diez por ciento hasta llegar al cincuenta por ciento del monto de la pensión original.

El 29 de agosto de 1978, el Pleno de la SCJN ratificó el acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración en el que había aprobado el aumento de las percepciones de los Ministros jubilados cuando se incrementaran las de aquellos que se encontraran en funciones y dispuso que a partir del primero de enero de mil novecientos setenta y nueve, cada vez que el sueldo básico y las prestaciones de los Ministros en funciones fueran incrementados, dicho aumento repercutiera en un 80% en la pensión de los Ministros jubilados y de los que se fueran jubilando.

Asimismo, el 18 de febrero de 1988, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el acuerdo referido en el párrafo anterior para determinar que, a partir del primero de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, los Ministros jubilados y los que se fueran jubilando tendrían derecho al cien por ciento de los aumentos que se decretaran a favor de los Ministros en funciones.

El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reiterar que la remuneración que percibieran por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no podía ser disminuida durante su encargo y establecer que al vencimiento de su periodo tienen derecho a un haber de retiro.

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 183 dispone:

Artículo 183. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.

Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad.
Como podemos observar se trata en los hechos de una pensión vitalicia con cargo al erario que beneficia a los llamados “ministros en retiro”. Es por ello que la SCJN cuenta con un fondo de jubilación que es creado para garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros, un elevado ingreso de por vida.

El 24 de agosto de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.

No obstante que han pasado seis años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, las y los mexicanos seguimos siendo testigos como se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.

De ahí la importancia de establecer que desde la Constitución se elimine el denominado “haber de retiro” de los Ministros de la SCJN que en los hechos es una pensión vitalicia, para ajustarla a las pensiones de la seguridad social.

Los ingresos totales —contando sueldo, bonos, aportaciones de seguridad social, aportaciones para el retiro y prestaciones en especie— de los ministros de la SCJN y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos analistas señalan que alcanzan los 500 mil pesos mensuales si sumamos todos sus rubros de percepciones estamos hablando de unos 45 mil dólares al mes, ingresos que son superiores a los de cualquier otro funcionario del país y seguramente de toda América Latina; también superan, y por mucho, los ingresos de los jueces supremos de países europeos.

Advertimos entonces que un modo de dignificar no sólo la función jurisdiccional sino también de la función pública es eliminar todo tipo de prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 76; el onceavo párrafo al artículo 94; las fracciones IV, VI y el último párrafo del artículo 95; el artículo 96; el segundo párrafo del artículo 100; los párrafos quinto y séptimo del artículo 100. Se adicionan al doceavo párrafo del artículo 94; las fracciones I a VIII al cuarto párrafo del artículo 100; las fracciones I a VI del artículo 111 y se derogan la fracción XVIII del artículo 89; la fracción III del artículo 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

XVIII. Se deroga;
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a VIII.

VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

Artículo 94.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Queda prohibido el establecimiento de pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social correspondiente.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I a III …

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión o haber sido inhabilitado para el servicio público;

V.

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento y en el ejercicio de su encargo no haber sido objeto de recomendaciones de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos, y

Las designaciones en todo caso recaerán en juristas expertos en derecho constitucional de reconocida competencia y prestigio o en Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito o de las entidades federativas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En la designación se deberá garantizar en todo momento por la paridad entre los géneros.
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, convocará a los tribunales de justicia de las entidades federativas, colegios de abogados debidamente certificados y facultades de derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores presentará al pleno una terna la cual será sometida al Pleno de la Cámara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará por el voto de las dos ter ceras partes de los miembros presentes a las y los Ministros correspondientes.

Artículo 100.

El Consejo se integrará por siete personas consejeras designadas por el Pleno del Senado de la República de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito; quienes elegirán, de entre ellas, a la persona que presidirá el Consejo en los términos que señala la Ley respectiva.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación remoción de las y los magistrados y jueces, así como de su suspensión o destitución cuando:

I. Por sentencia se acredite haber cometido delito doloso que amerite pena de prisión;

II. Incurran en violaciones al debido proceso;

III. Incurran en violaciones a los derechos humanos;

IV. Sean omisos en el ejercicio de sus funciones;

V. No abstenerse de participar en aquellos asuntos en las que se encuentren involucrados en conflictos de intereses;

VI. Incurran en dilaciones procesales, y

VII. Los demás asuntos que la Ley determine.

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de las y los funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de igualdad sustantiva, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.


Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, en los siguientes casos:

I. Cuando causen perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

II. Por cometer violación grave o sistemática a los derechos humanos;

III. En el desempeño de su encargo ataque la forma de gobierno republicano representativo y federal;

IV. En el desempeño de su encargo ataque a las instituciones democráticas;

V. Utilice en beneficio propio o de terceros, la información de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los autorizados por las demás leyes correspondientes; y

VI. No excusarse de participar en aquellos asuntos en las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, en los términos establecidos en esta Constitución y en las demás disposiciones correspondientes.

Artículo 127

I a II …

III. Se deroga

IV a VI …
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, salvo quienes fueron designados por el Senado de la República y por el Presidente de la República, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Senado de la República deberá designar entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito a quienes se integraran al Consejo de la Judicatura Federal, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

Carbonell Miguel, Debatiendo sobre la Suprema Corte. Revista Reforma Judicial número 12 julio-diciembre de 2008.
Pérez Correa Catalina. Una Corte para la paz social. Revista Nexos 1º de octubre de 2015.
López Pescador, José de la Luz. La democracia de los tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal. Editorial Porrúa. México 2011, p XI.
Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre su misión a México. 18 de abril de 2011.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda.

Senadora, le preguntan si se puede adherir.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Claro que sí.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, tome nota de acuerdo a sus comentarios.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Y le solicita que quede inscrita de manera textual toda la iniciativa en el Diario de Debates, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Así se hará, con todo gusto.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales, ¿para qué efecto?

El Senador Pablo Escudero Morales:(Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle, si fuera tan amable, la iniciativa que se presentó hace un rato por nuestra amiga la Senadora Pilar Ortega, respecto al tribunal, pedirle, porque existe un Acuerdo anterior de la Mesa Directiva para homologar los turnos respecto a todo el paquete anticorrupción, y está iniciativa que presenté, evidentemente, pues está dentro del paquete que vamos a analizar y a discutir.

Me parece que la homologación era a las Comisiones Unidas de Anticorrupción; Justica; y de Estudios Legislativos, si se le pudiera dar el mismo tratamiento, o por lo menos que lo considerara la Mesa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como no, con todo gusto, tenga la seguridad que lo llevábamos a la Mesa el planteamiento y el día de mañana tendrá una resolución.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional. La falta de oportunidades laborales es una problemática enraizada en el país, la sociedad carece de lo indispensable: un trabajo que logre el desenvolvimiento del ser humano, dentro de un marco de dignidad y libertad.

En cada campaña Presidencial, la promesa es la misma, la generación de empleo. Sin embargo, pese a los dos últimos sexenios en el que hubo alternancia política, los mexicanos no lograron colocarse en un empleo formal.

De acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el déficit de empleo se arrastra desde hace más de 14 años.

Por su parte, en la actual administración federal, la tasa de desempleo no ha tenido variación significativa en los últimos tres años. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aseveran que ésta se ha situado entre el 4.9 y 4.7, lo que significa que en realidad la reciente administración no se ha enfocado en redimir y resolver este problema que aqueja día con día a miles de mexicanos.

Ante esta situación, en el Pacto por México se estableció la creación de un seguro de desempleo, esto con la finalidad de brindar un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierda su empleo para que pueda buscar trabajo al tiempo que proteja su economía familiar.

Así, el 18 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la reforma hacendaria, en la que comprendió reformas en materia de política social, entre ellas, la inclusión del Seguro de Desempleo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante señalar que la Cámara de Diputados, aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, a fin de incluir el Seguro de Desempleo, no consideró necesario incluirlo en la Constitución, pero sí en una ley secundaria.

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objetivo enriquecer el Sistema del Seguro de Desempleo planteado, pero en beneficio a las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Para comenzar, el seguro de desempleo de la minuta de la Cámara de Diputados, no hace distinción entre hombres y mujeres, cuando la estadística reciente sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo muestran de manera cruda la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en México.

De acuerdo al “Panorama Laboral 2014”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo, en algunos países de América Latina, incluyendo nuestro país, la magnitud de las brechas en el desempleo para mujeres sigue siendo muy significativa. La tasa de desempleo en las mujeres es 30 por ciento más alta que la de los hombres y la tasa de participación es un 30 por ciento más baja.
En México, el desempleo afecta considerablemente a las mujeres y peor aún cuando son madres, debido a que existe un problema de equidad de género que todavía no se ha logrado superar, muchas empresas siguen prefiriendo hombres en posiciones profesionales; sin embargo, según especialistas, está comprobado que las mujeres pueden arreglar el problema administrativo de su tiempo, de su espacio y de su familia, por lo que tienen la capacidad para ocupar estas posiciones.

Por género, la tasa de desocupación en abril del presente año fue muy desigual, mientras que el desempleo masculino se ubicó en 4.08 de la población económicamente activa, el desempleo femenino creció al 4.51 por ciento de las tasas más altas desde noviembre del año pasado.

Asimismo, 49.89 de las mujeres desempleadas tiene un nivel de instrucción académico medio superior o superior, mientras que los hombres desocupados con alta preparación representan el 37 por ciento del total.

Otra problemática a la que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral, son los bajos salarios y las horas de trabajo menos remunerado. En México 4 de cada 10 trabajadores son mujeres, pero con un salario menor al del hombre.

Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el estado de Zacatecas, en el segundo trimestre de 2015, de un total de 606 mil 776 personas ocupadas laboralmente, el 34.6 por ciento fueron mujeres, es decir, 209 mil 945; de las cuales 33 mil 824 no recibió ningún tipo de ingreso por su trabajo o remuneración y 49 mil 349 recibieron menos de un salario mínimo.

Lo anterior es preocupante, debido a que generalmente estas mujeres combinan el trabajo con la obligación de llevar el sustento para sus hijos y, al mismo tiempo, asegurarse de que ellos tengan un sano desarrollo.

Asimismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la ciudad de México, informa que el género femenino es el que más sufre de discriminación laboral. Tan solo en el Distrito Federal, en los últimos dos años, 160 mujeres han sido víctimas de discriminación laboral por estar embarazadas o exigir sus derechos de protección a la maternidad.

Lo anterior muestra cómo el desempleo, los bajos salarios y la discriminación laboral son los principales factores que enfrentan las mujeres mexicanas para poder desarrollarse laboralmente; sin embargo, el problema mayor se presenta cuando éstas pierden su empleo.

Hoy en día las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral por distintas razones, generalmente por el desarrollo profesional o porque son responsables del sostenimiento de su hogar o de su familia. Esto ha traído consigo un notable desajuste social, pues las oportunidades y condiciones de trabajo no son las mismas para la mujer y para el hombre.

Esta diferencia se ha convertido en un trato abiertamente discriminatorio para las mujeres que atraviesan por la maternidad o son madres solteras, pues como se mencionó anteriormente, se cree que por su rol de madres no pueden desarrollarse plenamente en lo laboral.

Es posible afirmar que la realidad superó al sistema jurídico vigente. Actualmente en la legislación mexicana no existe un seguro especial para las mujeres jefas de familias que las proteja cuando pierdan su empleo.

Es importante mencionar que existe un seguro de desempleo el del Distrito Federal. El segundo propuesto por el gobierno federal está por aprobarse en el Senado de la República. El primero contempla dicho seguro para mujeres que sufren discriminación laboral. Por su parte, el segundo que se tiene contemplado, entra en vigor en el 2016 no hace ninguna mención sobre el despido y desempleo de la mujer.
Por lo anteriormente expuesto, es urgente que se legisle para otorgar un seguro de desempleo a las mujeres, el que garantice su desarrollo y bienestar, el de ellas y de sus familias, asegurando la protección a las trabajadoras que hayan perdido su empleo y crear las condiciones para su reincorporación en el trabajo.

Por ello, se propone modificar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el Seguro de Desempleo sea un derecho para las madres solteras o en estado de embarazo.

Como requisitos, las mujeres deberán haber cotizado al menos seis meses a partir de su afiliación, desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación y haber permanecido en condiciones de desempleo al menos 45 días naturales.

Con lo anterior se esperan beneficios económicos para las mujeres y sus familias, además se logrará disminuir los altos índices de discriminación hacia ellas. Por ejemplo, las trabajadoras despedidas injustificadamente por estar embarazadas, ahora tendrán la seguridad y la certeza de que el Estado les otorgará el Seguro de Desempleo en lo que consiguen otro trabajo.

No es suficiente decretar la igualdad de género en la ley, si en la realidad no es un hecho. Para obtener resultados, esto debe traducirse en oportunidades reales.

Si bien no se ha logrado generar empleos para madres solteras y mujeres embarazadas, entonces, el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas y programas que protejan a las mujeres en esta condición.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional. La falta de oportunidades laborales es una problemática enraizada en el país, la sociedad carece de lo indispensable: un trabajo que logre el desenvolvimiento del ser humano, dentro de un marco de dignidad y libertad.

En cada campaña presidencial la promesa es la misma, la “generación de empleo”, sin embargo, pese a que los dos últimos sexenios fueron de alternancia política, los mexicanos no lograron colocarse en un empleo formal. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el déficit de empleo se arrastra, en los últimos 14 años; 8 millones de personas no han encontrado empleo en la economía formal.1
Por su parte, en la actual Administración Federal, la tasa de desempleo no ha tenido variaciones significativas en los últimos tres años, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseveran que está se ha situado entre el 4.9 y 4.7%, lo que significa que en realidad la reciente administración no se ha enfocado en redimir este problema que aqueja día con día a miles de mexicanos.  Tan sólo de 2012 a 2015 el desempleo de situó en un 4.4%.2

Aunado al desempleo que alberga a 2.5 millones desocupados, la economía informal ha ido en aumento, aproximadamente cada trimestre un millón de personas se incorporan al sector informal y por ende existe un incremento en la población que carece de seguridad social.3

Ante esta situación en el Pacto por México se estableció la creación de un seguro de desempleo, esto con la finalidad de brindar un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierde su empleo, para que pueda buscar trabajo al tiempo que protege la economía de su familia.

Así, el 18 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal envío al Congreso de la Unión la reforma hacendaria, la cual comprende reformas en materia de política social, entre ellas la inclusión del seguro de desempleo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante señalar que la Cámara de Diputados, aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, a fin de incluir el seguro de desempleo, no consideró necesario incluirlo en la Constitución Federal, sino en una ley secundaria.

La minuta en comento, prevé los siguientes requisitos que deberán cumplir aquellos mexicanos que pretendan acceder al seguro de desempleo: 1. Haber cotizado al menos veinticuatro meses en un período no mayor a treinta y seis meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación. En este caso, pueden considerarse como cotizaciones aquellas que de manera sucesiva y en el período señalado, se hayan realizado en términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda; 2. Haber permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales; 3. No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, apoyo por desempleo u otro de naturaleza similar, y 4. Acreditar el cumplimiento de los requisitos de los programas de promoción, colocación y capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.4

A diferencia, la presente iniciativa tiene como objetivo enriquecer el sistema del seguro de desempleo planteado, pero en beneficio a las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

Para comenzar, el seguro de desempleo de la minuta de Cámara de Diputados, no hace distinción entre hombre y mujeres, cuando, estadísticas recientes sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo muestran, de manera cruda, la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en México.
De acuerdo al “Panorama Laboral 2014” realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en algunos países de América Latina incluyendo a México, la magnitud de las brechas en el desempleo para jóvenes y mujeres sigue siendo muy significativa. La tasa de desempleo de las mujeres es 30% más alta que la de los hombres, y la tasa de participación es un 30% más baja.5

En México, el desempleo afecta considerablemente a las mujeres y peor aun cuando son madres, debido a que existe un problema de equidad de género que todavía no se ha logrado superar, muchas empresas siguen prefiriendo hombres en posiciones profesionales, creen que como el varón no se encarga de los hijos, no va a faltar al trabajo y va a tener mayor disponibilidad; sin embargo, según especialistas, está comprobado que las mujeres pueden arreglar este problema administrativo de su tiempo, de su espacio, de su familia, por lo que tienen las capacidades para ocupar estas posiciones.6

Por género, la tasa de desocupación en abril del presente año fue muy desigual: mientras que el desempleo masculino se ubicó en 4.08% de la Población Económicamente Activa (PEA), el desempleo femenino ascendió a 4.51%, una de las tasas más altas desde noviembre del año pasado. Asimismo, 49.89% de las mujeres desempleadas tienen un nivel de instrucción académico medio superior o superior, mientras que los hombres desocupados con alta preparación representan 37% del total.7

Otras problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral son los bajos salarios y menos horas de trabajo remunerado, en México 4 de cada 10 trabajadores son mujeres, pero con un salario menor al del hombre en 2.2%.8

Por ejemplo, en el Estado de Zacatecas en el segundo trimestre del 2015, de un total de 606, 776 personas ocupadas laboralmente, el 34.6% fueron mujeres, es decir 209, 945. De las cuales, 33, 824 no recibió algún tipo de ingreso por su trabajo y 49, 349 recibieron menos de un salario minino.9

Lo anterior es preocupante, debido a que generalmente estas mujeres combinan el trabajo, con la obligación de llevar el sustento para sus hijos y al mismo tiempo, asegurarse de que ellos tengan un sano desarrollo.

Asimismo, el género femenino es el que más sufre de discriminación laboral, en la Ciudad de México en los últimos dos años, 160 mujeres han sido víctimas de discriminación laboral por estar embarazadas o exigir sus derechos de protección a la maternidad.10

Lo anterior muestra como el desempleo, los bajos salarios y la discriminación laboral son los principales factores que enfrentan las mujeres mexicanas para poder desarrollarse laboralmente, sin embargo, el problema mayor se presenta cuando éstas pierden su empleo.
Hoy en día las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral por distintas razones, generalmente por el desarrollo profesional o porqué son responsables del hogar y sostenimiento de su familia. Esto ha traído consigo un notable desajuste social, pues las oportunidades y condiciones de trabajo no son las mismas para mujeres y hombres.

Este desfase se ha convertido en un trato abiertamente discriminatorio para las mujeres que atraviesan por la maternidad o son madres solteras, pues como se mencionó anteriormente, se cree que por su rol de madres, no pueden desarrollarse plenamente en lo laboral.

Es posible afirmar que la realidad supero al sistema jurídico vigente. Actualmente en la legislación mexicana no existe un seguro especial para las mujeres jefas de familia que las proteja cuando pierdan su empleo. Las mujeres embarazadas y las madres solteras, tienen derecho a gozar de un trabajo digno, sin que sigan existiendo brechas.

Es importante mencionar que existen un seguro de desempleo, el del Distrito Federal; el segundo propuesto por el Gobierno Federal, está por aprobarse en el Senado de la República. El primero contempla dicho seguro para mujeres que sufran discriminación laboral. Por su parte el segundo que se tiene contemplado entre en vigor en 2016 no hace mención alguna sobre el despido y desempleo en las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, es urgente que se legisle para otorgar un seguro de desempleo a las mujeres, el cual, garantice el desarrollo y bienestar de ellas y sus familias, asegurando la protección a las trabajadoras asalariadas en el sector formal de la economía que hayan perdido su empleo y crear las condiciones para su reincorporación a un trabajo. 

Por ello, se propone modificar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el seguro de desempleo sea un derecho para las madres solteras o en estado de embarazo.

Con lo anterior, se esperan beneficios económicos para las mujeres y sus familias, además se lograrán disminuir los altos índices de discriminación hacía ellas, por ejemplo, las trabajadoras despedidas injustificadamente por estar embarazadas, ahora tendrán la certeza de que el Estado les otorgará el seguro de desempleo, en lo que consiguen otro trabajo.

No es suficiente decretar la igualdad de género en la ley si en la realidad no es un hecho.  Para obtener resultados, esto debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para tener acceso a la educación, a servicios de salud, seguridad social y en este caso, para acceder a un trabajo digno.

Si bien no se ha logrado generar empleos para madres solteras y mujeres embarazadas, entonces, el Estado mexicano tiene la obligación de implementar políticas públicas y programas que protejan a estas mujeres ante el desempleo.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ÚNICO.-Se modifican INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. …
VIII. Cuando por causas ajenas a su voluntad o desempeño, sean separadas de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, el Estado tendrá la obligación de otorgarles el acceso al seguro de desempleo a madres solteras y mujeres en estado de embarazo, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Las mujeres que se describen en el párrafo anterior deberán haber cotizado al menos seis meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación y haber permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-El seguro de desempleo estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

TERCERO.- Los recursos a que los que se refieren el presente Decreto, serán cubiertos por el Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.

CUARTO.-El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia del Seguro de Desempleo, en un plazo que no exceda los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. …

 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. …

VIII. Cuando por causas ajenas a su voluntad o desempeño, dejen o sean separadas de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, el Estado tendrá la obligación de otorgarles el acceso al seguro de desempleo a madres solteras y mujeres en estado de embarazo, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Las mujeres que se describen en el párrafo anterior deberán haber cotizado al menos seis meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación y haber permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. David Monreal Avila.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos,  Primera.

Damos la bienvenida a don Mario Moreno Ivanova, hijo de nuestro admirado Cantinflas, invitado por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sea usted bienvenido al Senado de la República!

Honorable Asamblea, con el fin de dar seguimiento al resolutivo segundo que establece las normas para el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, recibiremos este día la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para analizar la política económica.

Las Senadoras Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Martha Angélica Tagle Martínez, solicitan participar en el turno de preguntas de esta comparecencia.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la participación de las Senadoras Arriola Gordillo y Tagle Martínez.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la participación de las Senadoras Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Martha Angélica Tagle Martínez. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, las Senadoras Mónica Arriola y Martha Tagle presentarán sus preguntas en el turno que les corresponda.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que solicito a las Senadoras y los Senadores: José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco Búrquez Valenzuela, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Armando Melgar Bravo, Marco Antonio Blázquez Salinas, José Ascención Orihuela Bárcenas y Blanca Alcalá Ruiz, acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones.

Mientras tanto se declara un receso.

(La comisión cumple)

(Receso)

1 Howard Georgina. “Los sexenios pasan, desempleo se queda” [en línea]. Reporte Índigo. México. 2014. Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-sexenios-pasan-desempleo-se-queda [consulta 05 de octubre de 2015].

2 OCDE, “Estudios económicos de la OCDE México, enero 2015”, [en línea], disponible en: http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf, [consulta 05 de octubre de 2015].

3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Seguro de desempleo. México frente a las experiencias internacionales”, [en línea], Senado de la República, disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/seguridad_social/docs/mesa6_1.pdf, [consulta 05 de octubre de 2015].

4 Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PENSIÓN UNIVERSAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS LEYES, PARA ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL [en línea]. México. Cámara de Diputados. LXII Legislatura. 2014. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/mar/20140318-III.pdf [consulta 05 de octubre de 2015].

5 Organización Internacional del Trabajo. “Panorama Laboral 2014 América Latina y el Caribe” [en línea]. Organización Internacional del Trabajo. 2014. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/
---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf
[consulta 05 de octubre de 2015].

6 Migueles Tenorio Rubén. “Mujeres sufren mayor desempleo” [en línea]. México. 2015. El Universal. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/mujeres-sufren-mayor-desempleo-119521.html [consulta 06 de octubre de 2015].

7 Ibídem.

8 Tenorio Migueles Rubén, “Día Internacional de la Mujer. Discriminación laboral” [en línea], El Universal, disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/el-bajo-salario-108603.html, [consulta 05 de octubre de 2015].

9 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. “Zacatecas, Informe Laboral” [en línea]. México. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 2015. Disponible en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20zacatecas.pdf [consulta 06 de octubre de 2015].

10 COPRED, “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México. Despido por embarazo” [en línea], disponible en: http://copred.df.gob.mx/prensa/boletines/boletines-2015/copred-presenta-el-informe-discriminacion
-laboral-hacia-la-mujer-en-la-ciudad-de-mexico-despido-por-embarazo/
, consultado el día 5 de octubre de 2015.





 

ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO
EN POLÍTICA ECONÓMICA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reanuda la sesión.

Doctor Luis Videgaray Caso, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política económica del país con motivo del Tercer Informe de Gobierno que presentó a esta Soberanía el señor Presidente de la República, el 1º de septiembre pasado.

Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 constitucional, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable, respetuosa y republicana entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Doctor Luis Videgaray Caso, como es de su conocimiento, el artículo 69 invocado, compromete a los servidores públicos que asisten, en formato de comparecencia, a informar bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta constitucional correspondiente.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a todos ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Doctor Luis Videgaray Caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y los señores Senadores?

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Favor de tomar asiento.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La comparecencia tendrá un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea, en el marco del orden republicano que nos exige nuestra investidura.

La comparecencia en términos del Acuerdo aprobado por esta Soberanía, inicia con una intervención del doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por quince minutos.

Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Con su venia, señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Agradezco la convocatoria que en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley, me ha formulado esta Soberanía, para comparecer como parte del Análisis del Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto.
Saludo a las y los integrantes de la Mesa Directiva, a los Coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todas las Senadoras y Senadores que integran esta Cámara Alta de la Nación.

En el Tercer Informe de Gobierno y en el mensaje que con dicho motivo dirigió al Presidente de la Repúblico a la Nación, abundó sobre cifras y en algunos resultados de la implementación de las reformas que ha aprobado este Senado de la República en beneficio del país.

Quiero iniciar esta intervención refiriéndome a algunos resultados destacados por el Presidente de la República, actualizando algunas cifras y abundando también en algunas de ellas, en primer lugar con respecto a la reforma financiera.

Una reforma que implicó la modificación de 34 ordenamientos legales y que tiene como objetivo fundamental el que en México exista más crédito y sea más barato.

En primer lugar, hay que destacar que el financiamiento interno del sector privado, otorgado por la banca comercial, ha crecido de manera importante entre el año 2012 y junio de 2015, al pasar de un 25.7 por ciento del Producto Interno Bruto, que era la cifra más baja en América Latina en ese entonces, a ya superar el 30.6 por ciento en junio de este año.

El financiamiento de la banca comercial ha crecido en el último año con cifras a agosto de 2015, en un 10.6 por ciento en términos reales; es decir, la reforma financiera está cumpliendo el objetivo de que crezca el crédito.

El crédito vigente a la vivienda, por ejemplo, está creciendo a una tasa del 9.8 por ciento en términos reales, también con cifras a agosto de este año.

Con respecto al costo del crédito, la reforma financiera también está rindiendo frutos. Por ejemplo, las tasas de interés a los créditos personales muestran una disminución entre diciembre de 2013 y julio de 2015 de 8.5 puntos porcentuales; es decir, con la reforma financiera en México estamos observando ya más crédito y más barato.

Un dato alentador, es que ya más de 20 mil familias, 20 mil 700 familias, han podido ya refinanciar sus créditos hipotecarios conforme lo dispone la reforma financiera, reduciendo el costo mensual de una hipoteca.

El crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo, también está creciendo como uno de los objetivos centrales de la reforma financiera, creciendo ya 40 por ciento con respecto al saldo que se tenía en 2012.

Con respecto a la política hacendaria, es de destacarse que la dependencia de los ingresos petroleros está disminuyendo, producto, por supuesto, de la disminución en el precio del petróleo, pero también por el incremento importante en los ingresos tributarios no petroleros. Los ingresos petroleros que en 2012 representaron el 39.4 por ciento de los ingresos federales, han disminuido a 18.6 por ciento en 2015, esto es una reducción de más de la mitad en la dependencia de los ingresos petroleros.

Esto en parte, insisto, se debe a un crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros que han alcanzado un máximo histórico a junio de 2015 del 13.6 por ciento. Esto es 5.2 puntos porcentuales más que en 2012.

La base de contribuyentes también está creciendo, creció 30 por ciento con respecto a 2012, tenemos ya un total con cifras, las cifras más recientes, de 49.9 millones de contribuyentes, esto es 30 por ciento más que en 2012, 11.5 millones de contribuyentes más de los que había al inicio de esta administración.
Y es de destacar que gracias a la estrategia que les creamos juntos, tenemos ya inscritos en el régimen de incorporación fiscal, 4.4 millones de contribuyentes, estos que hacen un millón más de los que había en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes.

En este contexto, la economía internacional a pesar de los desafíos del entorno global está creciendo, el crecimiento del primer semestre de 2015 fue de 2.4 por ciento; y si se excluyen las actividades relacionadas con el petróleo, la economía está creciendo al 3.2 por ciento. Esto se refleja también en la creación de empleo; el empleo está creciendo a una tasa superior al 4 por ciento, registrando una creación de 768 mil plazas entre agosto de 2014 y agosto de 2015. De hecho, en esta administración se han creado prácticamente ya un millón y medio de empleos formales, un millón 496 mil empleos, esto es más que los primeros tres años de las anteriores tres administraciones federales.

Con respecto al poder adquisitivo de las familias, tenemos la cifra más baja de la que se tiene registro en la inflación, una inflación de sólo 2.53 por ciento, lo que ha contribuido a que tengamos el incremento real más importante desde 2001 en el poder adquisitivo de los salarios contractuales.

Entre enero y agosto de 2015, los salarios contractuales han crecido en términos reales en un 1.3 por ciento, insisto, ésta es la cifra más alta que se tiene en el crecimiento del poder adquisitivo del salario desde el año 2001. Todo esto se refleja en una evolución favorable del consumo de las familias mexicanas.

Según Inegi, el consumo privado entre enero y julio de este año está creciendo al 3.4 por ciento, que se refleja en datos como la venta de vehículos, que en enero-septiembre creció 19.7 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando en este periodo cerca ya de 950 mil vehículos y que se refleja en las ventas, por ejemplo, de las tiendas de autoservicio y departamentales, que tienen en el periodo de enero a agosto un crecimiento del 6.7 por ciento en términos reales.

Ayer, la principal cadena de tiendas de autoservicio dio a conocer ya las cifras de septiembre, que continúan con una tendencia francamente favorable de recuperación en el consumo de las familias mexicanas.

La construcción está creciendo al 3.7 por ciento, el comercio al 4.5 por ciento, y un dato muy importante, la inversión fija bruta en la economía, la inversión que realizan las empresas mexicanas está creciendo al 5.3 por ciento entre enero y julio de este año.

Todo esto se da en un contexto desafiante, complejo a nivel internacional, en el que observamos una desaceleración del crecimiento a nivel internacional, una caída en los precios de las materias primas, particularmente del precio del petróleo crudo, afectando nuestras finanzas públicas y la incertidumbre con respecto a la política monetaria, particularmente en los Estados Unidos y la eventual elevación de las tasas de interés en el mundo, provocado por la política monetaria de nuestro vecino del norte.

Ante este contexto internacional complejo, se han tomado medidas para preservar la estabilidad de nuestra economía y de esa manera preservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Se realizó un ajuste preventivo al gasto público en enero de este año por 124 mil millones de pesos, y se tomó la decisión de no utilizar en 2015 los remanentes recibidos de parte del Banco de México, por 31 mil 500 millones, sino ahorrarlos para aplicarlos a fortalecer el gasto de inversión en el Presupuesto de Egresos para 2016.

En este contexto, el paquete económico que se ha puesto a consideración del Congreso de la Unión, se basa en supuestos prudentes y realistas. El crecimiento estimado, los valores estimados para el tipo de cambio son plenamente consistentes con las estimaciones del sector privado, a la fecha de presentación de las iniciativas a la Cámara de Diputados.
Con respecto a la inflación, se utiliza la meta de Banco de México. Y con respecto a las tasas de interés, se prevé un incremento relevante de las tasas de interés producto del ajuste en la política monetaria en los Estados Unidos.

Con respecto al precio del petróleo, la estimación no se basa en una proyección, sino en el nivel que ha logrado cubrir ya en los mercados de derivados el gobierno mexicano, como parte de una estrategia de mitigación de riesgos que se aplica desde hace más de 12 años.

Como parte del paquete económico, se propone al Congreso de la Unión disminuir el déficit público, y esto se hace no mediante proponer nuevos impuestos o incremento en los impuestos existentes, sino a través de una disminución en el gasto público.

La reforma hacendaria significó un cambio muy relevante en las reglas tributarias para nuestro país, en las reglas para tomar decisiones de inversión de empleo por parte de las empresas, también de consumo por parte de las familias y es convicción del Ejecutivo Federal que ahora México necesita estabilidad en materia tributaria.

Por lo tanto, corresponde a lograr la disminución del déficit público, a través de una disminución del gasto público, particularmente del gasto público programable, y esto se ha hecho a partir de una revisión exhaustiva de los diferentes programas y proyectos en el presupuesto, considerando las evaluaciones que realizan instancias externas, como por ejemplo, el CONEVAL y la Auditoría Superior de la Federación. Así se privilegia en la propuesta de gasto público que habrá de estudiar y, en su caso, aprobar la Cámara de Diputados, los programas que según CONEVAL, contribuyen de manera prioritaria a la disminución de carencias sociales y al acceso a los derechos fundamentales de los mexicanos.

En el paquete económico, también se proponen diversas medidas para promover el ahorro y la inversión.

Destaco aquí tres de ellas. La primera, es que se propone como una medida para alentar el ahorro de largo plazo, excluir del tope global de deducciones personales para efectos del Impuesto Sobre la Renta de las personas, las contribuciones, las aportaciones que hagan los ciudadanos a las cuentas de ahorro de largo plazo, incluyendo las aportaciones voluntarias a las AFORES.

En segundo lugar, se propone una mecánica para promover la reinversión de las utilidades en las empresas, generando, si así lo aprueba el Congreso de la Unión, un crédito fiscal para aquellas empresas que el lugar de pagar dividendos decidan reinvertir las utilidades.

Una tercera medida, entre varias que se incluyen en este paquete económico, es la propuesta de establecer la deducción acelerada de inversiones para las pequeñas y medianas empresas, bajo la convicción de que este es un mecanismo de financiamiento fiscal que realmente quien lo necesita son las pequeñas y medianas empresas que son quienes, a diferencias de los grandes contribuyentes, pueden tener dificultades en el acceso al crédito.

Asimismo, en el paquete económico se propone a esta Soberanía iniciar el proceso de liberalización del precio de las gasolinas, ya previsto y aprobado por el Congreso de la Unión para entrar en pleno vigor el primer de enero de 2018, se propone iniciar de manera gradual este proceso de liberalización de los precios de las gasolinas, sujeto en el periodo de transición en 2016 y 2017, a un margen de flotación con un precio mínimo y un precio máximo.
Junto con el paquete económico se han presentado y se están promoviendo distintos vehículos para inducir y promover una mayor inversión en infraestructura. Destacan por ejemplo la Fibra-E, que son vehículos para atraer capital privado de los mercados financieros al financiamiento de la infraestructura y que han sido ya presentadas las reglas tanto de la Comisión Nacional Bancaria como del SAT a la COFEMER.

Están trabajándose, por instrucción del Presidente de la República, los nuevos certificados de proyectos para inversión en infraestructura que permitirán invertir y lograr una mayor atracción de fondos de capital privado.

Están también en marcha los certificados de infraestructura escolar que permitirán, con la participación de los mercados financieros, acelerar el mejoramiento en las escuelas para lograr condiciones dignas de enseñanza a partir de los resultados del censo educativo; y por supuesto, la presentación al Congreso de la Unión de la iniciativa para establecer por primera vez en México las zonas económica especiales, y que está a consideración del Congreso de la Unión.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo fundamental promover la inversión con la participación de los sectores público y privado.

Me quiero referir finalmente, señoras Senadoras y señores Senadores, al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica que ha firmado México por conducto de la Secretaría de Economía en esta misma semana, y que estará a consideración del Senado de la República.

Al respecto quiero informar al Senado de la República que como una negociación concurrente o paralela con el TTP, México está participando en el desarrollo de un mecanismo de estabilidad macroeconómica, acordado entre las partes del TTP, específicamente para garantizar la transparencia en la política cambiaria de los países integrantes del TTP.

El objetivo fundamental de este acuerdo en el que está participando nuestro país, es evitar que los socios del TTP manipulen de manera, más allá de lo que justifican las condiciones macroeconómicas, los tipos de cambio para generar una ventaja desleal en la competencia contra las exportaciones mexicanas.

México ha iniciado la participación a través de la Secretaría de Hacienda en el desarrollo de este nuevo mecanismo de coordinación en materia cambiaria y, por supuesto, señor Presidente del Senado, estaremos trabajando conforme a las atribuciones constitucionales de este Senado y en una convicción por la colaboración de poderes, estaremos trabajando con las comisiones que designe el Senado: la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Relaciones Exteriores, o las que designe el Senado de la República para que los Acuerdos a que se lleguen en esta materia, sean de carácter vinculante o solamente voluntarios en materia cambiaria, se lleven a cabo con la plena participación del Senado de la República.

Termino aquí mi intervención inicial, señor Presidente, y estoy atento a las preguntas y los comentarios de las Senadoras y los Senadores.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, señor Secretario.

Esta Presidencia saluda la presencia del Procurador Fiscal de la Federación, Max Alberto Diener Sala, y a los Subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo Favela, Fernando Aportela Rodríguez y Miguel Messmacher Linartas, así como a todos los servidores públicos de esa dependencia que nos acompañan.

¡Bienvenidos al Senado de la República!
Damos paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en el numeral 2 del resolutivo tercero del Acuerdo correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario el PT, hasta por diez minutos, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia señor Presidente. Bienvenido señor Secretario a este Senado de la República.

En el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Peña Nieto manifestó su preocupación por la economía, atribuyéndole básicamente esa preocupación a factores externos.

Podemos comentar nuevamente que insistir por parte del gobierno en las políticas de austeridad fiscal y en las reformas estructurales implica no reconocer que tales políticas son las causantes de la alta dependencia en que ha caído la economía nacional en torno del comportamiento de los externos; es decir, el precio del petróleo internacional, las exportaciones, la entrada de capitales generan un comportamiento adverso, como lo señala el Presidente, pero ese es el resultado de que las políticas económicas y las observaciones que se vienen impulsando nos han llevado precisamente a depender del comportamiento de las variables externas.

Esto implica seguir desatendiendo a la generación de empleo y el desarrollo productivo, que es la base de todo crecimiento económico. Lo que le da fortaleza y blindaje a una economía frente al shock exterior, es precisamente el desarrollo de las fuerzas productivas y no las políticas fiscales restrictivas que se están instrumentando, las cuales ahondan los rezagos productivos y nos colocan en una situación de mayor debilidad y de fragilidad frente a los problemas externos.

Se nos dice que somos una nación con proyecto y futuro, pero eso acarrea el rumbo y ese proyecto de nación que tiene el gobierno es favorecer al gran capital a través de políticas de autoridad fiscal y las reformas estructurales que han achicado el tamaño y participación del gobierno en la economía y han incrementado la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional, que se está apropiando de los sectores estratégicos de la economía, acentuando precisamente la desigualdad del ingreso, de la riqueza en el país.

Ello no se ha traducido en mayor crecimiento ni en mayor empleo, ni en mayor bienestar para las familias; por el contrario, la economía nacional cada vez crece menos, aumenta el subempleo y la economía informal y el número de excluidos; y aparejado a ello, además se aumenta la violencia y la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país.

Esta claridad de rumbo y las que nos hablan, pone en riesgo la seguridad nacional, ya que nos lleva a depender de capitales, y de ahí el proceso de extranjerización que se ha impulsado, que debilita y subordina el Estado a los intereses del gran capital a costa de desatender las demandas nacionales como son problemas de seguridad nacional, los bajos salarios, el desempleo. Y son efectos de problemas de seguridad porque la economía ni siquiera es autosuficiente en la producción de alimentos, de granos básicos, y dependemos cada vez más de las importaciones.

Y la seguridad nacional está en riesgo, porque depender de la entrada de capitales el gobierno no ataca el lavado de dinero y, en consecuencia, a los grupos ligados a ello, porque le es necesario para incrementar reservas internacionales y así encarar el déficit de cuenta corriente, de balance de pagos y evitar que se desestabilice más el tipo de cambio.

Se nos dice, por parte del Presidente, que el populismo y la demagogia no son una vía para solucionar los problemas y, precisamente, es lo que se está haciendo, todas las áreas de este país es populismo y demagogia.
Se vuelve a decir tres años después que la ruta trazada es la única que permitirá blindar desarrollo, y que el cambio se traducirá en mayor calidad de la vida. Situación que no se presenta y que, además, es cada vez peor.

Tiene un discurso demagógico ofreciendo las promesas a las familias que no cumplen, sino por el contrario, las políticas que han llevado a México, lo han llevado cada vez a menor desarrollo.

Hoy somos más subdesarrollados que en 1980, tenemos menos industria y menos sector agrícola del que teníamos en dicho año, menos empresas públicas y un Estado reducido en tamaño y en su capacidad de negociación frente a la cúpula empresarial nacional e internacional.

Se ha perdido el manejo soberano de la política económica a favor de los objetivos nacionales, porque responde a los intereses del sector financiero y de la cúpula empresarial.

Se deja de invertir, de acuerdo con nuestra política, en sectores estratégicos para alcanzar la disciplina fiscal y que el sector privado pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, así la cúpula empresarial se ha apropiado de los sectores estratégicos y de la riqueza generada por estos, lo que reduce los ingresos en sector público, por más que mencionan que la asociación pública-privada no compromete a recursos públicos, la asociación pública-privada, que es el camino, el problema es que la renta petrolera, la renta minera, la de telecomunicaciones y demás empresas públicas, el sector privado se han apropiado, han restringido los ingresos del gobierno y engrosado los ingresos de la riqueza de la cúpula empresarial.

Deja a la iniciativa privada nacional e internacional la creación de empleos, cuando sabemos perfectamente que el único factor que crea los empleos sin buscar el lucro es el gobierno del Estado y, por tanto, la creación de empleos por parte del sector privado nacional e internacional no va a darse y seguiremos viviendo en el desempleo, el subempleo, en la economía informal y la pobreza, y más por los recortes presupuestales que se están realizando.

Ante la austeridad fiscal, han anunciado también bonos de infraestructura educativa en la bolsa de valores. Aquí lo presentaron, y lo han presentado en todos lados, en la Cámara de Diputados, el Secretario de Educación, como en una gran solución para la inversión y para fortalecer la supuesta reforma educativa, por más que han insistido en que la reforma educativa no implica privatización, tal medida lo evidencia, están ya orientando la privatización de la educación pública a través de estos bonos en la bolsa de valores.

Los estados y municipios que quieran mayores recursos para la educación, tendrán que recurrir a dichos bonos de infraestructura y poner como garantía las participaciones federales.

No es cierto que estemos avanzando y que hayamos avanzado, ni siquiera en los años anteriores; y decir que vamos a crecer en este nuevo periodo es absurdo, porque si no crecimos en los tres años anteriores, hoy que se anuncia una restricción del gasto del tamaño que lo hacen es absurdo pensar o poder siquiera decirlo, que vamos a crecer cuando ni siquiera crecimos en el anterior periodo.

Estamos ante una desaparición de las únicas posibilidades que tiene el país para salir adelante.

La privatización de empresas públicas, la privatización en general, la privatización que se anuncia en el sistema educativo, la privatización que está ya caminando hacia los sectores de salud, están acabando de destruir lo que construyó el Estado mexicano en décadas de enormes esfuerzos del pueblo mexicano.
No podemos seguir en este camino, el resultado que nos espera en los próximos meses y años seguirá en lo mismo, el desastre económico, la pobreza y la entrega del país a los intereses extranjeros.

Le agradezco mucho su atención, señor Secretario.

Señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PVEM, tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, hasta por diez minutos.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Señor Presidente de la Mesa Directiva, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, compañeras y compañeros legisladores:

Señor Secretario, sea usted bienvenido a este ejercicio democrático de diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el que se discutirá, de manera seria, el estado de la economía nacional y las acciones que se están llevando a cabo por el gobierno federal para promover un desarrollo económico sostenido.

Pero antes que nada, es preciso señalar que es de gente seria reconocer que este gobierno ha demostrado con hechos que es un gobierno responsable, que es un gobierno que, de ninguna forma, ha sido populista ni demagógico.

El país hoy se encuentra ante una oportunidad histórica para detonar un crecimiento económico sostenido e influyente.

Durante el primer año de la presente administración, el Poder Legislativo aprobó las necesarias reformas estructurales, rompiendo con la inercia en sectores estratégicos y abriendo paso a una nueva etapa de desarrollo en la que el crecimiento económico tendrá, sin lugar a dudas, un impacto en el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos.

Es por eso que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México aplaude la tenacidad, efectividad con la que el gobierno federal está implementando las reformas estructurales, y manifiesta su apoyo para que se continúe con esta labor.

Si bien es cierto que estas reformas fueron diseñadas para solucionar los rezagos históricos del país que mantuvieron el crecimiento estancado, y que su efecto esperado es en el largo plazo, gracias a que están siendo implementadas por manos comprometidas con el país, el efecto de las mismas ya se empieza a traducir en beneficios tangibles para las familias y las empresas mexicanas.

En primer lugar, las reformas energética y de telecomunicaciones han atraído nuevas inversiones, han generado una disminución sustantiva de los precios de la energía eléctrica y de las tarifas de telefonía, respectivamente, y esto ha beneficiado a las empresas, pues ahora enfrentan costos de producción más bajos, lo que eleva su productividad.

Este efecto también ha beneficiado los bolsillos de las mexicanas y de los mexicanos con niveles de inflación históricamente bajos, que es prueba irrefutable de estos avances.

Por su parte, la reforma hacendaria, además de incrementar la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha reducido también la dependencia del petróleo, ha generado mayores incentivos para la incorporación a la economía formal y ha contribuido a reducir la brecha en la desigualdad al volver el sistema fiscal más progresivo.
Por otra parte, la reforma financiera ya está logrando su objetivo de generar más crédito y en mejores condiciones, ya sea mediante créditos para la adquisición y mejora del patrimonio o para el emprendimiento y la innovación. Gracias a la decidida implementación de esta reforma, los usuarios de los servicios financieros cuentan hoy con mecanismos que garantizan su acceso a mayores opciones de financiamiento, en un marco de mayor certidumbre y protección legal.

De la misma manera, la reforma laboral, ya está dando resultados, al flexibilizar las condiciones del mercado; con la implementación de esta reforma, se ha favorecido la actividad económica en general, sin descuidar los derechos laborales ni desproteger a los trabajadores.

Por otra parte, la reforma educativa, esta reforma está contribuyendo a la construcción de un sistema educativo más equitativo y con mejores resultados, los nuevos certificados de infraestructura escolar permitirán detonar inversiones de impacto para mejorar la infraestructura de las escuelas en beneficio de nuestros niños y en beneficio de nuestros jóvenes.

En definitiva, las reformas no sólo están abriendo el camino hacia un mejor futuro, sino que también están mejorando las condiciones de vida de las mexicanas y los mexicanos en el presente, incluso, en un contexto internacional complejo y adverso.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada más para dar una muestra de ello, México crecerá como estimado en un 2.3 por ciento durante este año. Este crecimiento se compara favorablemente con el de otras economías, como tenemos el ejemplo de Brasil, tenemos el ejemplo de Japón y de la zona europea, que crecerán a tasas de menos 3.6 y 1.5, respectivamente.

En resumen, las reformas han fortalecido el mercado interno. Los principales indicadores de inversión muestran una evolución favorable, por ejemplo, la inversión fija bruta registró un incremento de 5.3 por ciento anual entre enero y julio de 2015.

Por su parte, el consumo privado ha crecido 3.4 por ciento anual entre enero y julio de este año, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Destaca el comportamiento de la industria automotriz y de las ventas al menudeo, como aquí y lo acaba de mencionar, el ciudadano Secretario. Las ventas automotrices aumentaron 19.7 por ciento entre enero y septiembre de 2015; mientras que las ventas del antad se incrementaron 6.7 por ciento real-anual entre enero y agosto de este mismo año.

No sólo la inversión y el consumo se han visto beneficiados. La inflación también ha registrado niveles históricamente bajos y, por ende, los salarios contractuales también se han fortalecido.

La inflación en la primera quincena de septiembre de 2015 fue de 2.53 por ciento, mientras que los salarios contractuales registraron un crecimiento de 1.3 real anual entre enero y agosto de este año, el mayor crecimiento para este periodo desde el 2001. Esto nos habla de fortaleza económica que estamos viviendo en nuestro país, y hay que decirlo, se debe en gran medida a la exitosa implementación de las reformas estructurales.

Señor Secretario. Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy, cuando algunas economías están condenadas a entrar en un ciclo de desaceleración o recesión, México es un referente a nivel internacional por su estabilidad macroeconómica.
No podría terminar este posicionamiento sin señalar que el impulso a la productividad es hoy una realidad con la propuesta que recientemente hiciera el señor Presidente Enrique Peña Nieto, de las zonas económicas especiales que, sin duda, detonarán el desarrollo en los estados del sur-sureste, particularmente Chiapas, donde se tiene todo para crecer económicamente con responsabilidad social.

En definitiva, el país se encuentra ante una oportunidad histórica para seguir detonando un crecimiento económico sostenido e incluyente.

Estamos seguros, señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores, que con este esfuerzo el gobierno federal está avanzando en la dirección correcta para construir ese México de vanguardia que nos merecemos, con visión de futuro, responsable, comprometido y de ninguna manera populista.

Por todo ello, señor Secretario, el grupo parlamentario del Verde refrenda su apoyo al gobierno federal y su compromiso de seguir trabajando de esta trinchera del legislativo para seguir construyendo un México donde a todos los mexicanos nos vaya mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ojalá todos viviéramos, o todos los mexicanos vivieran en el mundo irreal en el que vive el Senador Melgar.

Señor Secretario, empezaré mi participación diciendo que la reforma fiscal fue un debate importante sin duda alguna, pero aún inacabada.

A dos años, el gobierno federal no ha cumplido con su parte. En el último trimestre del año 2013 se apostó por una reforma fiscal que dotara al Estado mexicano de mayores ingresos.

El objetivo era utilizar el gasto público como palanca de desarrollo para detonar el crecimiento económico, proveer mejores bienes y servicios públicos para la sociedad y lograr una distribución más equitativa del ingreso.

El debate del Congreso de la Unión sobre la reforma fiscal se dio bajo el compromiso de que el gobierno federal atendería esta visión y mantendría un compromiso sólido de austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Desafortunadamente, en 24 meses nada de esto ha ocurrido, ni austeridad, ni eficiencia, ni transparencia. Y no sólo esto, la presente administración ha estado rodeada de escándalos de corrupción y conflictos de interés que han minado la confianza en las instituciones, en los mercados y en el manejo de los recursos públicos.

La estrategia económica que ha seguido la actual administración, igual que la hicieron sus antecesores, ha sido de muy mala calidad en cuanto a resultados, porque no ha atendido las causas de los problemas y nuevamente se ha quedado en el terreno de los efectos y de las inercias.
Por más que hoy aparezca en la prensa, que según el Fondo Monetario Internacional, y seguramente usted está contento de ello, que la economía mexicana no es un foco de preocupación y que tiene buenas perspectivas, la frustración respecto a la economía es una realidad si se le mira desde el bolsillo de la gente, de los padres de familia, de las amas de casa y de la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos.

Una y otra vez observamos efectos como bajo crecimiento, empleo insuficiente, servicios públicos caros y malos, así como desigualdad económica extrema.

Y frente a esta realidad, llevamos más de 20 años escuchando el mismo sonsonete que acompaña las excusas: “La mala situación interna es consecuencia de problemas que vienen del exterior”. Me ha tocado escucharlo de usted, me ha tocado escucharlo de muchos Secretarios excusando si es por la mala situación de China, si es por la mala situación que tienen los Estados Unidos, Grecia, España, la que les guste, en la memoria de 20 años de historia económica en el país.

Pero estos son los efectos, señor Secretario.

La pregunta es, ¿cuáles son las causas? La realidad es que el gobierno gasta mal, gasta de manera ineficiente y mucho de este gasto se pierde por corrupción. Simplemente veamos las cifras.

Esto es lo que establece el Foro Económico Mundial, entre 2014 y 2015, hay que hacer un poco de memoria en los números, la reforma hacendaria le habrá generado al gobierno alrededor de mil 790 miles de millones de pesos adicionales para gasto público; mil 790 miles de millones de pesos adicionales para gasto público.

Y la pregunta es: ¿qué ha logrado esta administración con todo este dinero? Crecimiento, no.

Para 2013 se aprobó un crecimiento, en los criterios de política económica, del 3.5 por ciento y terminamos apenas con 1.4 por ciento.

En 2014 se aprobó un 3.9 por ciento y creamos un 2.4 por ciento y para este año la cifra aprobada fue de 3.7 por ciento y la expectativa actual al cierre de la ronda será de apenas el 2 por ciento el crecimiento.

Mal crecimiento. ¿Qué genera un mal crecimiento? Pues genera desempleo.

Con estas tasas de crecimiento, este gobierno nos debe ya, en los tres años que van del sexenio, un millón 100 empleos más o menos, es decir, el crecimiento económico está muy por debajo del necesario para dar trabajo a un millón 100 mil jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral y que al no encontrar empleo, desafortunadamente tienen tres opciones: o migran, situación más difícil cada vez hacia los Estados Unidos, o se van al mercado de la informalidad, o peor aún, se convierten en el ejército de reserva de la actividad criminal.

Tercero, en materia de pobreza. En los primeros dos años de este gobierno, y esto lo dijo el CONEVAL recientemente, la pobreza se ha incrementado en 2 millones de personas, 55 millones de mexicanos, es decir, 1 de cada 2 mexicanos, viven en condiciones de pobreza. Y si hablamos de pobreza extrema, 1 de cada 4 mexicanos no tienen para comer al día. Esos son los datos del CONEVAL, no son datos que estemos inventando, son datos y cifras oficiales.

Por último, en materia de desigualdad. En lo que se refiere a ingresos entre los trabajadores del sector formal, más o menos el 61 por ciento ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, aun cuando su productividad ha venido creciendo y se ha venido destacando esto más de lo que hace su remuneración.
¿Por qué es importante esto, amigos y amigas, compañeros y compañeras? Porque precisamente esta es una de las causas de que seamos uno de los países con peor distribución del ingreso en el planeta.

1 por ciento de la población, según los estudios del OXFAM, concentran casi el 50 por ciento de la riqueza en el país, 1 por ciento, 1 de cada 100, la mitad aproximadamente de la riqueza del país.

Entonces, por eso yo decía que qué bueno que el Senador Melgar vive en un país distinto, lástima que no el resto de los mexicanos.

¿Cuál es el problema fundamental? El gasto público no está funcionando como un multiplicador del crecimiento, cómo podemos tener un gasto eficiente si estamos plagados de conflictos que tienen que ver con distorsión de los recursos públicos.

Y este es el dato que yo subrayaba. En el reporte de Competitividad Global para el 2015, del Foro Económico Mundial, México está considerado entre los 20 países con mayor desvío de recursos del gobierno a nivel mundial ubicándose en su peor posición desde el 2006.

Para tener una visión global, la corrupción en el país nos cuesta casi 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según algunas estimaciones, como la del Banco Mundial y el Banco de México. Y para darnos una idea de cuánto es esto, pues es 1 de cada 3 pesos del presupuesto federal, el 38 por ciento.

Como dije al principio, esta administración ha estado rodeada de escándalos de corrupción y de conflictos de interés, que hasta hoy están impunes.

¿Por qué es importante esto, señor Secretario? Impunidad y corrupción a los niveles de México significa que quienes tienen más poder y dinero más se encuentran al margen de la ley, el mensaje parece remarcar el ya clásico en México: “el que no tranza, no avanza”. Y esto fomenta el comportamiento ilegal y oportunista que perpetua una economía donde prosperan los tramposos.

No hay economía, y esto hay que subrayarlo, que pueda funcionar con estas condiciones institucionales. No vamos a crecer a los niveles que necesitamos para crear empleos, para tener servicios de calidad, para tener mayor equidad, si estas reglas del juego continúan.

Por eso, señor Secretario, si queremos tener un debate serio y responsable del Paquete Fiscal para 2016, tenemos que garantizar un compromiso claro de la Secretaría de Hacienda para cumplir una agenda que tiene tres puntos desde la perspectiva del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Primero, desarrollo e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y, en particular, quiero subrayar, que hay hoy un debate en torno a la Ley de Obras Públicas que causa un enorme escozor, porque pareciera ser más bien una ley o una minuta que se está empujando con una visión pro-corrupción, que con una visión contra la corrupción.

¿Por qué abre puertas a la discrecionalidad en los procesos de contratación y esta situación permite que se sintonicen situaciones como el ya famoso OHL? Porque no se permite o no se obliga a la publicidad de documentación de las adjudicaciones directas, lo que hoy ya se está presentando en el 80 por ciento de los casos, en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

Segundo punto, señor Secretario, y concluiré con esto.
Nosotros, en el grupo parlamentario del PRD, exigimos un compromiso urgente con la política económica redistributiva en dos frentes de corto plazo. Hay que recuperar el salario mínimo; y por eso le planteamos, señor Secretario, que la bancada de su partido nos ayude a destrabar la minuta que está congelada aquí, y tampoco vamos a quitar el dedo del renglón si no se causa una mejor condición redistribución del ingreso, si no se ponen tasas impositivas a ese 1 por ciento, que hoy detenta el 50 por ciento de la riqueza.

Y, señor Secretario, necesitamos trabajar y enviarle recursos importantes y con visión de largo plazo a la procuración y a la impartición de justicia. Si no fortalecemos el estado de derecho, y con esto concluyo, señor Presidente, este país no va a poder funcionar, no va a dar bienes públicos, ni servicios públicos.

Señor Secretario, necesitamos que, para que haya un combate a la corrupción, a la desigualdad y a la impunidad del país, tengamos ese fortalecimiento de la procuración y la impartición de justicia y eso no pasa, señor Secretario, compañeras y compañeros Senadores, por un acuerdo que lleve ternas en la Suprema Corte de Justicia partidizadas.

Hagamos de esto una visión de largo plazo y no solamente una glosa del informe.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para fijar su posicionamiento, hasta por diez minutos.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente.

Señor Secretario, en cumplimiento al mandato constitucional que refiere la obligación del Ejecutivo Federal de informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración pública federal, las y los Senadores de Acción Nacional hemos estado atentos de todos los acontecimientos, sucesos y acciones que han ocurrido en nuestro país.

Y hemos tenido siempre la convicción tanto para apoyar y reconocer los aciertos y las cosas que le convienen a México, así como para hacer señalamientos y seria crítica de las acciones que pongan en riesgo o perjudiquen el correcto desarrollo de la nación.

Hemos sido congruentes, apoyamos todas y cada una de las reformas estructurales que, por cierto, por años el PRI como oposición le negó a nuestro país, y que hoy representan la mejor oportunidad para el gobierno y para que México salga adelante.

Así como también nos opusimos y advertimos hace dos años la reforma fiscal no obedecía al momento y la necesidad que vivía, en consecuencia, no ha dado los resultados que tanto se anunciaron en su momento.

Lo dijimos y lo reiteramos, se trata de una reforma tóxica y regresiva.

La percepción de los mexicanos sobre el desempeño económico de nuestro país no es positiva, y esta percepción obedece también a una realidad que todos los días ven reflejada en sus bolsillos.

Las expectativas de crecimiento han estado lejos de cumplirse, y las situaciones internacionales que se han presentado nos han alejado más de ese México al que tanto nos han prometido.
La realidad que vemos en el gasto público refleja claramente aires de oportunidad, el gobierno podría gastar mejor, el gasto corriente todavía mantiene ineficiencias en muchos niveles, y los recortes a la inversión nos arrojan un panorama realmente desalentador con las expectativas de crecimiento de la economía.

Hace tres años su gobierno se presentó ante el mundo con las reformas estructurales que México requería, que como mencioné, el PAN fue quien las hizo realidad.

Lamentablemente, señor Secretario, los resultados esperados no han terminado de hacerse realidad. En pocas palabras, hemos puesto buenas reformas en malas manos.

Con el debido respeto, pero con todo realismo, usted es criticado del crecimiento en los últimos años, la parálisis legislativa que ofrendaba a la economía; y criticaron también, a su decir, la falta de habilidad en el diseño y en el manejo de las políticas públicas.

Hoy, a mitad del camino, esta administración que vino a mover a México, sus resultados de expectativas han dejado mucho que desear.

Es urgente que los mexicanos vean reflejados todos los beneficios de la reforma, lo cual no va a ocurrir con políticas públicas recaudatorias, donde sigan cargándole la mano a los que siempre pagan y potencialmente continúan aumentando la informalidad de la economía.

No se trata tampoco de echar culpas, de eso los ciudadanos ya están cansados; pero los niveles de confianza seguirán cayendo ante los constantes ajustes en los pronósticos de crecimiento, lo cual, además de ser un mal síntoma de nuestro desarrollo económico, son noticias que a la ciudadanía le causan desánimo y una percepción negativa del futuro de nuestro país.

Hay indicadores de la economía que, si bien no son facultad directa de la Secretaría de Hacienda, sí representan focos rojos que requieren ajustes y toma de decisiones inmediatas en las políticas públicas para aminorar el impacto negativo en la economía nacional, como por ejemplo, el tipo de cambio, que este año ha alcanzado ya los 17.50 pesos por dólar, y las empresas proveedoras de bienes y servicios ya prevén incrementos en los precios que, en consecuencia, podrán afectar el próximo año a la inflación.

Nos gustaría saber bajo qué criterios se estima una inflación del 3 por ciento en contraste con la franca depreciación de nuestra moneda que ya ha superado en estos días el 30 por ciento.

Por otra parte, podemos ver en su propuesta para el Paquete Económico para 2016, que el rango de crecimiento estimado es de entre 2.6 y el 3.6 por ciento, esto explica en gran medida por el crecimiento esperado en Estados Unidos y, sobre todo, de la producción industrial de aquél país, que se estima va a rondar alrededor del 2.6 por ciento. Esperemos que así sea.

Pero lo ocurrido en los últimos tres años ha sufrido serias desviaciones, si bien ha incrementado la recaudación, también ha incrementado el número de pobres, la deuda pública, la informalidad y desafortunadamente lo único que ha disminuido es el crecimiento económico de nuestro país año tras año.

El PEF refleja que al recorte anunciado por el gobierno no es realmente significativo. Si comparamos el PEF de este año contra el presupuesto para 2016, vemos que en términos nominales es 1.1 por ciento mayor y descontada la inflación, es menor en tan sólo 1.8. Es decir, que el Estado mexicano no se está apretando el cinturón en la medida que se necesita, o al menos podríamos decir que lo podría hacer mucho mejor.
Analicemos brevemente. ¿En dónde está el recorte? Éste se encuentra en el rubro de gasto programable de la administración pública federal, es decir, en los ramos administrativos, generales, autónomos, entre otros, pero se diluye también por el aumento del gasto no programable, que no es otra cosa que el costo financiero que enfrenta el gobierno por la deuda contraída, que para el próximo año, por cierto, se eleva a 14.2 por ciento por el efecto de la depreciación de nuestra moneda a la cual me refería hace unos momentos.

Del lado del IMSS y del ISSSTE, instituciones que tienen un problema grave de finanzas públicas hacia el futuro, presentan aumentos en sus respectivos presupuestos de 6.94 por ciento para el ISSSTE y 6.26 para el IMSS. Resultado de un incremento estimado para el 2020 de 1.1 billones de pesos.

Tema que nos preocupa y nos gustaría saber, por su conducto, señor Secretario, de qué forma el Estado mexicano está previendo acotar esta bola de nieve que compromete de manera severa las finanzas nacionales a corto y mediano plazo en nuestro país.

El presupuesto de la SEDATU es un caso aparte.

Dentro del PEF 2016, Hacienda poco más de 27 mil millones de pesos, los principales programas de acuerdo a su presupuesto son, y lo cito brevemente, el programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales cuyos recursos ascienden a 10,6000 millones de pesos; el Programa Nacional de Infraestructura, con 10,300 millones de pesos; el Programa de Apoyo a la Vivienda, con 2,500 millones de pesos.

Y, señor Secretario, mucho nos gustaría saber cuáles van a ser los criterios y objetivos que se lograrán con este aumento, uno de los más significativos en este paquete, donde por cierto, y cabe destacar, la ex Secretaria de Desarrollo Social que nos dejó terribles resultados a los mexicanos, hoy tendrá bajo su responsabilidad este presupuesto.

Es inadmisible, señor Secretario, que el que nos entregó después de tres años al frente de la política social dos millones más de pobres a este país, sea premiada con la Secretaría que recibirá en mayor incremento en este año que viene.

Por otra parte, los presupuestos para la CFE y PEMEX se reducen en 7.5 y 14 por ciento, respectivamente.

Si bien en la reforma energética le entregamos a las dos empresas productivas del Estado una serie de herramientas financieras para su competitividad y saneamiento de sus finanzas, es importante señalar que en este momento se encuentran, por el mismo motivo, en el proceso de transición, y al recortarles en estos años de presupuesto podría poner en riesgo sus programas de inversión y transición referidos, aunado a que los recortes en inversión en ésta como en otras áreas del presupuesto ponen en riesgo las mismas expectativas de crecimiento general.

En materia de deuda, si bien el déficit obedece a la reducción gradual que se ha establecido, nos causa duda el anuncio de los bonos educativos, que si bien, también por su parte no son parte de la deuda federal y del paquete económico, sí son parte de la deuda nacional, al ser emitidas por los estados.

De ser así, más allá de esto, la pregunta sería, en su caso, ¿por qué limitar los educativos?, si también tenemos serias necesidades de inversión, por ejemplo, en materia de salud.

Le proponemos señor Secretario, que dar estos bonos estatales en dado caso obedeciendo, primero que nada, a los nuevos criterios de disciplina financiera para que puedan ser utilizados y así atender más bien las necesidades más importantes que puedan tener cada uno de los estados.
Señor Secretario, la capacidad de recaudación del gobierno debe ser consistente con la capacidad de generación de ingresos de las familias.

El gasto del gobierno debe reflejarse en mejores indicadores y un mejor nivel de vida para las y los mexicanos; y cómo hemos observado a lo largo de esos tres años, el crecimiento del PIB ha sido considerablemente menor al crecimiento del gasto público; en consecuencia, son los ciudadanos y el endeudamiento los que están asumiendo este papel, prueba de ello es al ver que la recaudación de impuestos de 2011, por ejemplo, era de 11,200 pesos por mexicano, y ahora, para este 2016 se espera que crezca a 20 mil pesos por mexicano.

Con estas medidas no cabe duda que la recaudación está sirviendo para que el gobierno gaste, y no para mejorar el nivel de vida de los mexicanos.

Señor Secretario, lo que México más necesita en este momento, es generar confianza y certidumbre jurídica, y que ésta se vea reflejada en mayor inversión, empleo, crecimiento y lo cual representa, por este conducto, una mejor calidad de vida para los mexicanos.

Estaremos atentos de que el paquete económico obedezca estas directrices, que bajo ninguna circunstancia, y quiero ser muy claro, se manipule el ingreso del país de manera artificial con fines políticos, preferimos un paquete económico realista por más austero que éste parezca.

Es por ello que Acción Nacional, ha propuesto se revisen las disposiciones establecidas en las leyes fiscales y en consecuencia, generen las mismas condiciones en los sistemas de pensiones, no queremos mexicanos de primera y de segunda, queremos pensiones dignas, pero también con los mismos criterios para todos.

Estamos a favor de eliminar las barreras y promover el emprendimiento y competitividad para el crecimiento de nuestro país, promover la autogestión ciudadana y eliminar a toda costa la intermediación político-burocrática.

Con la simplificación fiscal, se insistirá en el tema de mayores deducciones para las empresas y personas físicas como son la nómina de los trabajadores, la cual es totalmente necesaria para la generación de ingresos, las deducciones personales no sean acotadas y se deduzcan al 100 por ciento.

Se revise el monto para la deducción de automóviles utilitarios, se vuelva a otorgar el IVA diferido en las fronteras; la deducción inmediata no se restrinja a sectores estratégicos sino a todos en general; y estaremos también promoviendo medidas para incentivar el ahorro, la inversión y la formalización, con el fin de favorecer la creación empleos formales, hacer más sólida la economía del país, no permitiendo el crecimiento de impuestos ni la contratación de deuda innecesaria, exigiendo al Ejecutivo Federal que ésta sea más eficiente en su gasto, con el fin de que pueda invertirse en donde hace falta para obtener mejores resultados y bienestar a un mayor número de personas.

Sugerimos también no desproteger a los municipios, por cierto, de nuestro país, ellos son la primera línea de gobierno y ventanilla principal a la atención a las necesidades más básicas de los ciudadanos, por lo que en el mismo sentido deberían ser los menos afectados en estos recortes presupuestales.

Para concluir, señor Presidente, no tengan duda que en Acción Nacional seremos escrupulosos en vigilar el cumplimiento de metas y objetivos. Continuaremos trabajando a favor de los ciudadanos, apoyando lo que le conviene a México y señalando también lo que se hace mal.
Otorgando al gobierno solamente lo que es indispensable, de manera responsable, abonando a la transparencia en el gasto y beneficiando las políticas públicas que generen empleo, inversión y crecimiento.

Es momento de actuar a favor de México.

Es momento de apostarle a que le vaya bien a los mexicanos, sin regateos, sin mezquindades.

Actuemos en consecuencia y estemos a la altura de las exigencias de los tiempos actuales, así como la expectativa de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

Antes de concluir hay un grupo, señor Secretario, de ciudadanos que formularon preguntas al Senado, a través de “Tu voz en el Senado”, y quiero hacerle, por este conducto, entrega para que en su momento les pueda dar cabal respuesta.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En el último turno de posicionamientos de los grupos parlamentarios y a nombre del grupo parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, hasta por diez minutos.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de las Senadoras y Senadores.

Me permito de nueva cuenta, darle la bienvenida a esta Cámara, al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la República y de manera especial, señor Secretario, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien complace significativamente la disposición con la que asume usted, este diálogo entre poderes y escucha para generar condiciones favorables y definitivas en las decisiones que en el futuro habrán de tomarse.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado, acude a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la Glosa del Tercer Informa de Gobierno, lo hace consciente del país en el que vive, lo hace consciente de la realidad que impera en nuestra nación.

Venimos a hablar con la solvencia que nos dejan los datos duros, los hechos corroborables, los datos presentados por los organismos autónomos al gobierno, y esa cifra, señoras Senadoras y señores Senadores, de manera puntual, enmarcan que el desempeño económico del país se conduce por el destino correcto.

Más allá de los crisoles ideológicos, de las diferencias partidarias, de la oportunidad de posicionar posturas políticas, el país, sin alcanzar los niveles que queremos todos, empieza a evidenciar su dinamismo y su compromiso social.

Y yo quiero dejarlo en claro, porque más allá de los posicionamientos y más allá de las discrepancias entre Senadores, me parece que hay en el sentir del ciudadano la mejor expresión, y la mejor calificación a la política económica del gobierno de la República.

Es el ciudadano el que hace patria todos los días desde su trabajo, quizá el que tenga la mejor opinión de hacia dónde se conduce económicamente el país. Y es ese ciudadano que ve en el precio de la gasolina, que ya no aumenta mes con mes, y que por primera vez puede, incluso, disminuir en su beneficio. Es aquel ciudadano que paga menos por concepto de luz en su recibo, en este país y en este momento, en ningún otro sitio. O aquel ciudadano que puede cambiarse de banco para pagar menos intereses sobre su hipoteca.

Lo saben también quienes en su bolsillo notan las ventajas de no pagar más llamadas telefónicas de larga distancia ni de comisiones de interconexión.

Esa es la realidad de las reformas que de manera generosa, este Congreso de la Unión apoyó, y que hoy representa nuevas condiciones y mejoras en el día a día de los sectores vulnerables más desprotegidos del país.

También lo comparten aquellos quienes ven protegida su capacidad de compra el poder adquisitivo de su salario con escenarios de bajos niveles de inflación.

Tan sólo en septiembre, esta apenas alcanzó 2.53 por ciento, el menor alcanzado en el agregado de la historia.

El mejor juicio de la política económica del gobierno de la República lo tiene el pequeño contribuyente, que obtuvo mayores beneficios fiscales y que ahora puede acceder a créditos, seguridad social y beneficios que antes no tenía.

Estos resultados sólo pueden entenderse a partir de los efectos derivados de las reformas estructurales, reformas que se explican a partir de la generosidad y compromiso de las Senadoras y Senadores, de las Diputadas y Diputados, de todos los grupos parlamentarios.

Y ese es el camino y ese es el llamado. México pensando en su gente y trabajando para generarles mejores condiciones de vida.

Esas reformas estructurales que esta Soberanía aprobó, han fortalecido el mercado interno, han brindado confianza a los inversionistas nacionales e internacionales, y están propiciando mejores condiciones de financiamiento para empresas y familias.

La instrumentación de estas reformas, flexibilizó las condiciones del mercado laboral y está favoreciendo la actividad económica en general, particularmente en el sector informal.

Sin embargo, los grandes retos económicos de los cuales aquí escuchamos, que implican dinamizar aún más el crecimiento de nuestra economía para poder generar los empleos que aún demanda la sociedad, y para poder generar en esos empleos y en el mejoramiento de su poder adquisitivo la mejora en las condiciones de vida de muchos millones de mexicanos que están en condiciones de vulnerabilidad.

No dejamos de reconocer esa realidad, pero tampoco podemos permitir que se deje de reconocer, en términos de realidad, el esfuerzo que el gobierno de la República está imprimiendo para avanzar en la solución de estos grandes problemas.

Y uno de los temas que va acompañado precisamente a ese asunto de vital importancia y prioridad, es el que tiene que ver con la estabilidad económica del país y esta no puede pensarse sin una política fiscal responsable y comprometida, y el Senado de la República comparte atribuciones con el Poder Ejecutivo Federal en materia de política fiscal.

La función revisora de la ley de ingresos que realiza esta Cámara, cumple con el espíritu constitucional de analizar asuntos relacionados con deuda pública, con financiamiento e impuestos, bajo la lógica plural de que arroja el tamiz de la representación nacional.

No sólo este es un tema de simple acompañamiento institucional, lo que tenemos que resolver en los próximos días implica, con responsabilidad, reconocer la política fiscal del país como una responsabilidad compartida entre poderes públicos, que los legisladores debemos atender con objetividad sin sesgos y sin regateos.
De por medio está la estabilidad económica del país y los efectos que tienen, precisamente, en la vida diaria de muchos millones de mexicanos en condiciones de pobreza, de por medio está la viabilidad institucional del Estado mexicano.

De por medio está, en gran medida, el ingreso, el patrimonio, la forma de vida de innumerables familias, que lo menos que esperan de nosotros es el trabajo comprometido a su favor.

Y es que la discusión del Paquete Económico de 2016, se presenta en un contexto económicamente complicado para el país y para el mundo.

Hay una marcada desaceleración de la económica internacional, existe una irreversible caída en los precios del petróleo, tan sólo del 62 por ciento en los meses de junio a septiembre del presente año, con la natural disminución del ingreso público nacional.

Se percibe una fuerte volatilidad en el sistema financiero internacional y en el mercado de divisas, con la apreciación progresiva del dólar frente a otras monedas incluyendo al peso, como consecuencia del inminente incremento en las tasas de intereses de los Estados Unidos, éste es el contexto en el que esta Cámara discutirá la Ley de Ingresos de la Federación.

Ahora más que nunca debemos proteger el andamiaje fiscal del país, y esto se logra con la participación constructiva de los actores involucrados en este proceso. La responsabilidad fiscal se construye con la responsabilidad política, actuar con responsabilidad es nuestro reto.

Por eso, el grupo parlamentario del PRI en el Senado, respalda con toda la firmeza el paquete económico para el año 2016, propuesto a esta Soberanía por el Presidente de la República.

Lo respaldamos porque es receptivo a las demandas del sector productivo, porque se sustentan en los criterios generales de política económica en supuestos realistas y prudentes, porque promueve el ahorro y la inversión al recuperar las figuras de la deducibilidad en estas áreas y en estos estímulos lo respaldamos porque asume un manejo responsable de las finanzas públicas.

Por estas razones y contando de antemano con el trabajo responsable y comprometido de las Senadoras y Senadores, estará este Senado de la República, señor Secretario en tiempo y forma cumpliéndole a México, con su estabilidad económica y con la demanda social de generar mejores condiciones de vida a través de la política económica en todas las regiones del país.

De nueva cuenta, sea usted bienvenido al Senado de la República, señor Secretario de Hacienda del gobierno de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Iniciamos la ronda de preguntas prevista en el numeral 4 del resolutivo tercero del Acuerdo aprobado.

Como ustedes saben, los Senadores y los grupos parlamentarios tendrán hasta tres minutos para formular sus preguntas, inmediatamente después el Secretario compareciente dará respuesta a las mismas, hasta por cuatro minutos y los Senadores a su vez intervendrán en comentarios o réplica, hasta por dos minutos.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.
La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Honorable Presidencia, honorable Asamblea, doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted ¡bienvenido al Senado de la República!

Al pueblo de México, señor Secretario, su disposición a atender las diferentes posiciones e inquietudes en torno del estado de la nación en materia económica, demuestra su talante y seguridad sobre el manejo de los recursos públicos. Tema que se contempla en la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Lo menos que esperamos en esta Cámara Alta es seguridad en las finanzas, unas finanzas sanas, pero sobre todo, un manejo responsable y transparente.

Señor Secretario, en días anteriores usted afirmó que la economía mexicana presenta una mejora y que no se ha encarecido la vida del mexicano, desde el inicio de la actual administración presentando un paquete económico que presume tener como objetivos, preservar la estabilidad e impulsar corresponsabilidad del crecimiento económico y el bienestar de las familias mexicanas.

Como parte de este paquete económico se presenta una proyección de crecimiento del PIB, de entre 2.6 por ciento y 3.5 por ciento, una tasa de inflación estimada del 3 por ciento y una tasa de interés del 4 por ciento con una prevención de tipo de cambio de 15.09 pesos por dólar.

Al inicio de su gestión se contaba con un crecimiento del PIB de entre 3.9 y 4 por ciento, planteada para el 2013 un estimado del 3.5 por ciento, sin embargo, los diversos ajustes lo llevaron hasta un lamentable 1.1 por ciento.

En los últimos dos años hemos sido testigos de la misma tendencia, con altas expectativas, los ajustes terminan por llevarnos a un crecimiento muy por debajo de lo esperado. ¿Qué es lo que se busca elevando las expectativas? Cubrir la incapacidad del país para mantener estas finanzas sanas, como usted lo llama, o las tasas de interés que han venido a la alta.

En este mismo modelo se han mantenido el tipo de cambio de peso-dólar, al iniciar la actual administración estaba en 12.95 y ahora oscila el 17.50.

Señor Secretario, las mexicanas y mexicanos, queremos saber cuál es el estado real de la economía, hemos luchado por tener de nuestro gobierno, un gobierno transparente, creo que es un buen momento para poner el ejemplo con el manejo de expectativas reales y objetivas de crecimiento de empleo y de inflación.

Y son precisamente dos asuntos los que ocupa en mi intervención: la educación y la pobreza. Temas que en el marco de su responsabilidad son fundamentales.

México es un país de ingresos medios altamente desigual. Hemos apostado por las reformas estructurales para acercarnos a las economías avanzadas, pero en el camino estamos perdiendo la batalla.

Sin duda, tendríamos que empezar por optimizar el uso de los recursos públicos en sectores estratégicos y una preocupación real es el recorte en estos rubros, estamos hablando de un recorte importante en el tema educativo y en el tema de ciencia y tecnología.

Desde su perspectiva, y después de tener un cargo a las finanzas públicas del país, señor Secretario, durante los últimos tres años de la aprobación de las reformas estructurales y de una reforma fiscal.
La pregunta sería: ¿Qué acciones se pueden instrumentar en materia de política económica para distribuir mejor la riqueza del país y superar la pobreza?, si todos coincidimos en el valor estratégico de la educación, ¿qué impide o cuáles son los obstáculos en materia presupuestal para que se haga del sector educativo una prioridad para el Estado mexicano?

Es cuanto, señor Presidente.

Señor Secretario, le agradeceré su respuestas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Señor Secretario, proceda con sus respuestas, hasta por cuatro minutos.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente. Senadora Arriola Gordillo, muchas gracias. Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.

Me refiero, en primer lugar, a las estimaciones macroeconómicas con las cuales se elaboró el paquete económico.

Permítanme hacer un par de precisiones.

El crecimiento en 2013 fue de 1.4, no 1.1 por ciento. El tipo de cambio en este momento, al mayoreo, no es de 17.50 es de 16.60, y son relevantes a estas precisiones, precisamente por las estimaciones que están a consideración de la Cámara de Diputados como Cámara de origen y por supuesto, del Senado en su momento como Cámara revisora.

¿Cómo hicimos las estimaciones?

En primer lugar, con respecto a la estimación de tipo cambio y de crecimiento al PIB, tomamos el promedio de las estimaciones del sector privado, es decir, casas de bolsa, bancos, consultorías, al momento de presentación del paquete.

Hace una semana que tuve el honor de comparecer ante la Cámara de Diputados, reflexionaba yo, que una buena práctica que se ha adoptado en años anteriores, es revisar esas estimaciones conforme al consenso de los analistas, al momento en que se apruebe la Ley de Ingresos.

Específicamente la aprobación en Cámara de Diputados, esto es algo que, por ejemplo, se hizo el año pasado con respecto al precio del petróleo.

En este caso en materia de tipo de cambio, creemos que eso es una práctica sana, debo destacar que lo conservador en materia de finanzas públicas respecto al tipo de     cambio es tener un sesgo hacia una mayor fortaleza del tipo de cambio, porque una mayor depreciación tiene un efecto neto positivo sobre la estimación de los ingresos públicos.

Por lo tanto, ser conservadores en materia de finanzas es tener cierto sesgo hacia un peso más fortalecido.

La estimación del precio del petróleo no se basa en una proyección, se basa en lo que ya cubrimos en el mercado, y la estimación de inflación es la del Banco de México.

Con respecto a los rubros presupuestales -y esto es algo que habrá de discutirse en la Cámara de Diputados-, quiero compartir algo para tranquilidad de todos nosotros.
No se propone en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, una disminución en el gasto educativo. A nivel general la propuesta implica un crecimiento de 1.8 por ciento en términos reales en el gasto educativo. Y si lo vemos por ejemplo en materia de educación básica, el crecimiento que se propone es del 1.2 por ciento. Esto es cuando se consideran los tres ramos presupuestales que integran el gasto educativo: el Ramo 11, el Ramo 25 y el Ramo 33.

Cabe destacar que en un año en el que estamos proponiendo una disminución relevante de más de 220 mil millones de pesos al gasto programable, uno de los rubros que se está protegiendo, -y no solamente protegiendo sus niveles- es el gasto educativo.

No hay una disminución ni en educación media básica, ni tampoco en educación media superior, y eso incluye a las instituciones de educación superior del Estado como son, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lo mismo ocurre en materia de ciencia y tecnología, donde se mantienen los niveles de inversión del año pasado, cuando se toman en cuenta todos los rubros que implican el gasto en ciencia y tecnología.

Espero que estas respuestas sean útiles, Senadora Arriola Gordillo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, tiene dos minutos para su réplica.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Secretario.

Me quedo con la duda de qué impide o cuáles son los obstáculos en materia presupuestal para que se haga del sector educativo una prioridad para el Estado mexicano, nada más.

La reforma financiera la pasamos con cuatro pilares fundamentales: impulsar la competencia en el sector financiero, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, ampliar el crédito mediante las instituciones financieras privadas, dar mayor solidez y prudencia al sector financiero en su conjunto.

Con esto se buscaba otorgar más créditos y que éstos fueran más baratos en beneficio de las familias. Con la reforma fiscal se incrementó de manera considerable la recaudación para tener finanzas más fuertes. Con la energética se espera la llegada de inversión extranjera y la participación de la inversión privada nacional.

Con la de telecomunicaciones, además de competitividad en el sector y mejores servicios, se espera que sea un factor que favorezca la competitividad y mayor conectividad.

Y con la Reforma Educativa se pretende sentar las bases de un sistema que además de dar educación de calidad, aporte a la economía mexicana, preparándonos para los desafíos de la globalización.

En otras palabras, señor Secretario, este Senado ha apoyado las propuestas de reforma que esta administración planteó como necesarias para obtener las posibilidades de lo que México exige.

Hasta ahora en todas las materias, económico, financiero, educativo, los únicos alcances han sido expectativas y promesas.
Los cambios por sí solos no pueden ser presumidos como logros si no vienen ligados con resultados, resultados tangibles para las y los mexicanos, para las familias; evaluación docente sin resonancia; modificación al sistema financiero sin mayor y mejor acceso para la población; mayor recaudación hacendaria, menor inversión en ramos sociales y un crecimiento económico.

Esperamos sinceramente que las cifras, los escenarios y las promesas que expresan en los discursos, dejen el mundo etéreo y lo puedan disfrutar en el día todos y cada uno de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, doctor Videgaray.

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer dos precisiones porque me parecen muy importantes.

Aunque no debiera sorprenderme, sí me sorprende el discurso de venir a congratularse porque no se van a aumentar impuestos el próximo año, después de que con la reforma fiscal se pusieron el IEPS, se homologó el IVA en fronteras y los profesionistas de manera particular están sufriendo esa reforma fiscal.

Que no se van a aumentar las gasolinas, si en cinco años han aumentado más del 40 por ciento, bueno, hasta parece la política del golpe y el trapito: primero te pegamos y después te venimos a decir que estamos trabajando en favor de la ciudadanía.

Y por otra parte se habla de la generosidad de los legisladores al aprobar estas reformas que van a conducir al país a un desarrollo económico, ¿la generosidad de los legisladores? ¿A cuál generosidad se refiere?

¿A ésa que habla de que homologaron el salario mínimo a 70 pesos, o la que habla de que se gastaron en la legislatura anterior, 143 millones de pesos en viajes al extranjero en este Senado?

Sí, sí son muy generosos. Pero vamos al punto, doctor Videgaray.

Hoy acude al Senado de la República con un discurso que guarda una gran distancia entre la realidad, los compromisos de campaña hechos y el balance económico a la primera mitad de este sexenio.

La economía muestra debilidad por efectos de la situación financiera internacional, sí, efectivamente, pero poco se ha hecho para que la producción interna se reactive. Y no se trata de un asunto de percepción ciudadana.

Cuando aquí venimos a hablar de los controles que se tienen en la Bolsa Mexicana de Valores, las y los ciudadanos saben que en su bolsa de mandado ya no cabe lo mismo porque no les alcanza, cuando aquí venimos a hablar de crecimiento económico y del control de la inflación, lo que la ciudadanía sabe es que simple y sencillamente sus ingresos ya no son suficientes y en muchos casos están teniendo que sacrificar asuntos fundamentales como es la educación de sus hijos para poder seguir teniendo lo mínimo para vivir.
Se ha hablado de crecimiento cuando en realidad solamente hemos crecido una tercera parte de nuestra capacidad real, y cada mes se ha venido ajustando a la baja, con una pobreza rampante que aumentó 2 millones de personas en este sexenio, alcanzando la cifra récord de 55.3 millones de personas; un mercado laboral donde el 61 por ciento de los trabajadores ganan entre uno y tres salarios mínimos; con 62.7 por ciento de los trabajadores subordinados y remunerados que carecen de acceso a instituciones de salud en el segundo trimestre del 2014; con una inflación controlada en 2.59 por ciento, pero con una inflación en alimentos y educación superior a la inflación general; con un gasto corriente -y con esto voy a terminar, señor Presidente- que creció en 6.5 por ciento en los ramos administrativos respecto al mismo periodo del 2014.

Y concluyo con mis preguntas:

¿Cuáles son las razones y los responsables de no cumplir con las metas de austeridad en el gasto corriente?

¿Cuáles son las razones de índole administrativo que fundamentan el recorte del gasto de inversión al mes de agosto en el sector energético en 23.6 por ciento, y en comunicaciones con 13.7 por ciento?

¿Cuáles son las medidas adicionales que tomará la administración federal para erradicar la discriminación salarial entre hombres y mujeres, que está en promedio entre 15 y 20 por ciento?

Es cuanto, señor Presidente.

Por sus respuestas, muchas gracias, doctor Videgaray.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.

Quiero ser preciso respecto a algo que usted señala correctamente. En 2013 se aprobó una reforma hacendaria que implicó un aumento en la carga tributaria para particularmente los grandes contribuyentes y los mexicanos de mayor poder adquisitivo.

Fue una reforma profunda al marco tributario, en la cual algunos impuestos desaparecieron, como por ejemplo el IETU o el Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se introdujeron elementos de mayor progresividad en el Impuesto Sobre la Renta y se hicieron otras modificaciones, como por ejemplo la homologación del IVA en frontera. Éste fue un cambio profundo a las reglas de carácter fiscal.

A partir de entonces lo que ha propuesto la administración del Poder Ejecutivo Federal, y es una propuesta respetuosa a las atribuciones del Congreso de la Unión, es darle estabilidad al marco tributario durante el resto de la administración.

¿Por qué? Porque las reglas fiscales para generar incentivos, certidumbre, empleos, inversión, no deben de modificarse constantemente, es decir, la propuesta de no elevar impuestos, de no crear nuevos impuestos, parte precisamente de que en 2013, entrando en vigor en 2014, se hizo una reforma profunda que implicó, por supuesto, incrementar los ingresos tributarios no petroleros y que muestra ya algunos resultados muy importantes que nos han permitido enfrentar con éxito la disminución del precio del petróleo.
Con respecto al gasto corriente, debo señalar que el Ejecutivo Federal solamente tiene facultades para proponer al Congreso de la Unión, en este caso de manera exclusiva la Cámara de Diputados, una disminución o modificaciones al presupuesto de los ramos administrativos del Poder Ejecutivo.

Es decir, la Secretaría de Hacienda como parte del Poder Ejecutivo, no puede modificar las propuestas de asignación presupuestal, ni para los otros Poderes de la Unión, incluyendo al Senado de la República, la Cámara de Diputados y por supuesto el Poder Judicial Federal o los órganos autónomos, esto será algo que habrá de deliberar la Cámara de Diputados, estoy seguro, con toda responsabilidad en las próximas semanas dentro del plazo constitucional.

Se refiere usted a las disminuciones en el presupuesto de PEMEX, en el presupuesto particularmente del gasto de inversión, ésta es una consecuencia, en primer lugar, del entorno internacional, el precio del producto principal que vende Petróleos Mexicanos, que es el petróleo crudo, ha tenido una disminución muy importante, y como el resto de las empresas petroleras del mundo ha enfrentado esta situación, disminuyendo, entre otros rubros, el gasto de inversión.

Esto es algo que está previsto en el nuevo marco normativo de los hidrocarburos en México, que PEMEX reaccione y se comporte como una empresa productiva, no como una dependencia gubernamental, esto es lo que está ocurriendo y lo mismo ocurrirá cuando tengamos mejores precios del petróleo eventualmente. Es algo que no podemos pronosticar cuándo habrá de ocurrir.

En el caso del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este ajuste se ha llevado, es cierto, es la Secretaría dentro de los ramos administrativos, aquí ya sin considerar a PEMEX y a la CFE, es la Secretaría que tiene el mayor ajuste en el gasto, y se ha llevado este ajuste a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisamente para no afectar otros rubros que se consideran de gran importancia, como son, el rubro educativo o la infraestructura y el gasto en salud, en ciencia y tecnología, por ejemplo.

Y finalmente con respecto al gasto corriente, se está haciendo un ajuste importante en el gasto corriente, tanto en este ejercicio 2015, así se está reportando en los informes trimestrales, y por supuesto en la propuesta para el año que entra.

Se está haciendo, insisto, dentro del gasto programable, en los ramos administrativos donde vemos disminuciones importantes en el gasto, tanto en servicios personales, como el gasto operativo de las Secretarías de Estado, esto al agregarse, junto con los ramos autónomos y de otros poderes de la unión, por supuesto la disminución es menos perceptible, pero la propuesta del Ejecutivo es una disminución real, importante en todas y cada una de las Secretarías de Estado, insisto, en servicios personales y en el gasto de operación.

Y por supuesto, aquí se me agota el tiempo en la tribuna, pero estamos a sus órdenes para proveerle esta información a detalle, Senadora.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Senadora Tagle Martínez, dispone de dos minutos para su réplica.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Coincidiendo en que es necesario garantizar que no haya movimientos importantes en temas de ingresos fiscales, me preguntaría entonces, ¿por qué someten a la ciudad de México y al Estado de México a un vaivén condicionado a cuestiones políticas, cuando en este proyecto de presupuesto el fondo de capitalidad ha sido disminuido?

Si vamos a ir a una reforma que garantice ingresos fiscales, me parece importante solicitar un compromiso para que el fondo de capitalidad quede también en esta reforma y no esté sujeto a vaivenes políticos, pues creo que los capitalinos y quienes transitan por esta ciudad, empezando por ustedes mismos, van a agradecer que pueda haber servicios suficientes.

En cuanto al gasto corriente, me parece que a la ciudadanía le queda muy claro. Mientras los funcionarios, los Senadores, los partidos políticos, no hacen ningún esfuerzo de apretarse el cinturón, porque eso es evidente, y el argumento es que la ley no nos lo permite y la fórmula está así ¿no? A la ciudadanía es a la que siempre le pedimos que en momentos de crisis se ajuste el cinturón.

Podemos dar muchos datos, justificaciones de por qué no se puede disminuir más, lo cierto es que los datos también indican que el gasto corriente ha venido aumentando. Es un tema que tenemos, sin duda, que tratar.

Finalmente, quiero decirles que el modelo económico de nuestro país ha puesto de manifiesto claras deficiencias e inconsistencias durante los últimos años. Es un modelo que ha generado resultados insuficientes, inequitativos e inciertos; ha aumentado el número de pobres y no solamente eso, ha profundizado la desigualdad y la exclusión.

Desde nuestra perspectiva, el presupuesto debe concebirse como el principal instrumento de desarrollo de una nación y como el reflejo de las prioridades del Estado pero si lo que buscamos es acabar con la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, nosotros creémos que el camino y las prioridades deben concentrarse justamente en la inversión pública y en la equidad social, renglones que desafortunadamente vemos sensiblemente sacrificados en este paquete presupuestal.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, a nombre del grupo parlamentario del PT, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Sin duda el tiempo para formular preguntas, o para traer preguntas del pueblo de México no es suficiente. Ojalá en el futuro se pueda mejorar el formato.

Hay mucho. El tema de la economía; el tema del petróleo; la deuda pública de los estados; la deuda pública de la Federación; de los municipios.

Pero hay un tema que en lo personal, después de un debate que se diera en el marco de las Cámaras, el que se refiere a la homologación del IVA en la frontera.

En aquel entonces hubo, recuerdo bien, muchos defensores, los hubimos, porque también asumía la misma postura, el que se considerara en la frontera la situación como estaba, o se revisara más profundamente, para darle alternativa y no afectar a la economía.
Si bien es cierto que es un principio de escritorio, que el sistema de impuestos de cualquier país, en cualquier periodo debe de lograr generar la recaudación suficiente para financiar las actividades del Estado, a la vez que resulte conducente el desarrollo adecuado a la actividad económica.

Actualmente en México, la preocupante situación económica requiere que la recaudación sea progresiva al ingreso y sobre todo eficiente.

En nuestro país se ha generado una alta evasión fiscal por falta de confianza en el sistema del ejercicio del gasto, en concreto, requerimos que se recaude lo debido, que se gaste menos y se invierta más.

En México teníamos hasta el 2013 un régimen de impuestos que hacía excepciones a zonas económicas específicas para generar competitividad en las áreas fronterizas.

Nuestras localidades en los límites del norte y sur tienen una altísima integración comercial con las ciudades del otro lado de la frontera, y como consecuencia requerían de un régimen excepcional que respondía a la situación particular.

Así mientras que la tasa general, la del IVA, era del 16 por ciento en el grueso del territorio nacional, en una franja alrededor de nuestras fronteras, la del norte y la del sur, se reducía al 11 por ciento. Con la tasa reducida del IVA para zonas fronterizas se buscaba evitar afectaciones a la actividad comercial y productiva en zonas de la frontera, además reconocía el fundamental papel de la región fronteriza como centro de actividad manufacturera en la exposición del país.

Yo en aquel entonces recuerdo perfectamente el debate, fueron muchos los planteamientos de distintos Senadores, sobre todo de estos estados fronterizos, ahora a un año y fracción de esta modificación la pregunta sería, ¿cuál fue la magnitud del impacto de la homologación de la tasa del IVA sobre la economía de la frontera?   Muchos ciudadanos que radican en las fronteras seguramente están esperando su respuesta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas, hasta por cuatro minutos.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila. Con su permiso, señor Presidente.

Quiero recordar cuál fue la motivación para proponer a esta Soberanía la homologación del IVA en la frontera.

En primer lugar hay que destacar que existían muchas operaciones que en realidad se llevan a cabo en el interior del país, y que eran indebidamente facturadas en la frontera. Por ejemplo, ventas de vehículos que ocurrían en otros estados del país, y que se facturaban en la frontera para acceder a una menor tasa del IVA, eso no beneficiaba en lo absoluto a los habitantes de la frontera, y por otro lado sí representaba un daño en la capacidad financiera del Estado para cumplir con sus obligaciones.

En segundo lugar, teníamos un fenómeno creciente de solicitudes de devoluciones indebidas del IVA por operaciones que no ocurrían en la frontera y que por ejemplo en un bien que era manufacturado en parte en la frontera, y en parte fuera de la región fronteriza, se pedía la devolución completa y era muy difícil para el fisco detectar cuánto era una devolución legítima y cuánto no.
Y en tercer lugar, teníamos puestos de revisión interna, las llamadas garitas en prácticamente todo el país que generaban, sin duda, molestias muy importantes para la ciudadanía, incluso eran puntos de vulnerabilidad para la seguridad pública de los y la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, el análisis de los precios de los bienes y servicios en la frontera mostraba que a pesar de contar con un IVA menor los precios eran prácticamente los mismos que en el resto del país, esto indicaba que el beneficio de la tasa diferenciada del IVA realmente no estaba cayendo en los bolsillos de las familias de la región fronteriza, sino iba a engrosar las utilidades netas de las empresas, particularmente de las cadenas comerciales y de distribución de productos y servicios.

Con esta lógica se propuso la homologación del IVA. Sin duda alguna la región fronteriza hoy está haciendo un mayor esfuerzo de contribución al gasto público federal, y eso es algo que el gobierno de la República reconoce y no solamente reconoce sino que señala como algo importante para enfrentar una situación como la que estamos teniendo a nivel internacional con la caída de los precios del petróleo.

Me pregunta usted de manera puntual, ¿cuáles han sido los efectos económicos de la homologación del IVA en la frontera?

Sin dejar de reconocer el esfuerzo que las familias de la frontera están haciendo en los estados, no solamente en la frontera norte, sino también de la frontera sur y la Península de Baja California, hay que destacar, primero, la inflación anual en la frontera fue menor que en el resto del país, es decir, este es un buen indicador de que los precios, de que este 5 por ciento adicional no estaba realmente beneficiando al consumidor, puesto que no se reflejó en los precios al consumidor.

De hecho la inflación anual en la frontera, el año pasado, el primero de vigencia de la homologación, fue de 3.6 por ciento, en un año en que la inflación general fue del 4.1 por ciento, es decir, la frontera tuvo una menor inflación que el resto del país.

En segundo lugar la actividad económica en la frontera. La actividad económica creció más que en el resto del país, en la frontera la actividad económica creció 2.8 por ciento, versus el resto del país, que creció 2.0 por ciento.

El crecimiento del empleo fue mayor en la frontera, 4.7 versus 2.7, y este año está creciendo más que en el resto del país también, y el desempleo disminuyó más en la frontera que en el resto del país.

Esto no quiere decir que la medida no represente un esfuerzo, quiero ser muy claro, Senador, al contrario, la medida representa un esfuerzo importante, pero afortunadamente el análisis con el cual se basó la decisión mayoritaria del Congreso, que es que la tasa diferencial del IVA en realidad no estaba beneficiando al consumidor, sino que estaba siendo capturada por la cadena de distribución, en la práctica a un año y medio de vigencia de esta medida podemos confirmar que los datos así lo expresan.

Esto no significa tampoco que no exista un problema en la competitividad de la frontera, y que no deben tomarse medidas específicas de fomento industrial, de política industrial para renovar y dinamizar el modelo económico, particularmente de la industria maquiladora de exportación. En eso estamos trabajando, no solamente con los gobiernos de los estados, sino también con el sector privado de las distintas entidades fronterizas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Proceda con su réplica, Senador Monreal Ávila.
El Senador David Monreal Ávila: Es evidente que la expectativa del gobierno de solución o del resultado de la homologación, para ustedes seguramente es positiva, y seguramente nos quedaremos con otras dudas porque no es la expresión de los ciudadanos en la frontera, allá todavía se vive y se padece las consecuencias.

Yo soy de Zacatecas, una de las entidades que más paisanos ha enviado al extranjero, y que ha convertido las remesas en una de las fuentes de ingreso más importante del estado y del país. No queremos seguir expulsando ni zacatecanos ni ningún mexicano, porque nuestra política fiscal sea no solamente incomprensible para ellos, sino injusta y afecte la vida en el día al día.

Es por ello que yo cerraría esta intervención diciéndole: cambiemos el modelo de recaudación de este país, que paguen más los que más tienen, no basemos nuestro sistema tributario en un injusto modelo fundado en el consumo, que castiga una clase media, que lucha por mantenerse y a los que menos tienen.

Usted sabe que en un sistema tributario progresivo, y basado en el ingreso será más justo en este país y acabará, efectivamente, con la evasión fiscal de los empresarios de este país, que es lo que usted pretendía con la homologación del IVA en la frontera.

¿Por qué no agarrar al toro por los cuernos? Atrevámonos a no más impuesto, pero también a un nuevo y más justo sistema tributario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre del grupo parlamentario del PVEM, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Hay quienes vienen a esta tribuna y nos quieren acusar de vivir en un país irreal, a esos les digo que lo que ocurre es que ellos añoran que México emule políticas irresponsables adoptadas por algunos países latinoamericanos que hoy les hace padecer tasas de inflación de más, o tasas de inflación de 2 dígitos, a esos les recuerdo que la inflación es el peor impuesto de todos, el que más afecta a los que menos tienen; el que más distorsiona la economía. Si tanto están preocupados por el efecto distributivo de los impuestos, también valdría la pena que revisen qué son, cuáles políticas impulsan.

La evolución de los principales indicadores de desempeño del sistema hacendario de nuestro país demuestra claramente que era indispensable realizar cambios de fondo al marco tributario de nuestro país.

El señor Secretario ya se refirió a ellos, de manera breve, hace un momento en respuesta a una pregunta de una colega.

Recordemos que históricamente nuestro país, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, se han comparado desfavorablemente, tanto con economías industrializadas como con países en desarrollo.

Por poner algunos ejemplos, cifras del FMI, muestran que en las últimas décadas la razón de ingresos tributarios a PIB en México, ha sido 60 por ciento menor al promedio de los países miembros de la OCDE, y 40 por ciento menor que el promedio de América Latina.
La baja recaudación tributaria, a su vez, se reflejó en una dependencia elevada de los ingresos petroleros, y también limitó de manera importante la capacidad de gasto público en áreas de alto impacto social como educación, infraestructura y salud.

Asimismo, el sistema tributario de nuestro país se caracterizaba por contar con una muy baja capacidad para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.

Cifras de la OCDE indican que México era el último lugar entre los países miembros de esa organización, en cuanto a la capacidad de los impuestos y transferencias gubernamentales para reducir la desigualdad.

Finalmente, el marco tributario presentaba una complejidad innecesaria, basta      recordar que antes de 2014 el ingreso empresarial era gravado por tres distintos impuestos que ya señaló el señor Secretario hace un momento, el ISR, el IETU y el IDE, estos últimos dos impuestos, como ustedes recordarán, fueron creados en la administración pasada.

Partiendo de esta situación de la hacienda pública mexicana, la reforma hacendaria aprobada en 2013 fue sumamente amplia, con cambios profundos a todos los impuestos, incluyendo modificaciones a los impuestos al consumo y al ingreso, y modificaciones para simplificar el marco tributario, ampliar la base de contribuyentes, mejorar la fiscalización y facilitar el cumplimiento.

Existe abundante eficiencia que muestra con contundencia que los resultados con respecto a los objetivos planteados para la reforma son favorables, hoy la recaudación tributaria se encuentra en niveles máximos históricos, las finanzas públicas dependen menos del petróleo y pagan más los que más ganan, además se alinearon el IETU y el IDE, con lo que ahora contamos con un solo Impuesto sobre el Ingreso Empresarial, pero sin menoscabo de su capacidad recaudatoria.

En este sentido, señor Secretario, le pregunto, ¿cuál ha sido el efecto de la reforma hacendaria sobre lo fiscal y la evolución de la economía en nuestro país?

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Con su permiso, señor Presidente. Gracias, Senador Flores Ramírez.

Indudablemente el análisis correcto de cualquier cambio tributario debe darse, considerando que existen otros eventos ocurriendo en la economía; sin duda alguna la reforma hacendaria de 2013, que entró en vigor en 2014, ocurrió al tiempo que sucedían otros eventos que afectan las variables en la economía mexicana y por lo tanto, no todos los datos ni positivos ni negativos son atribuibles a, específicamente, la política   tributaria.

Recordemos que el primer objetivo de la reforma hacendaria es fortalecer la capacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones, disminuyendo nuestra dependencia de los ingresos petroleros.

Sin duda, cuando se aprobó la reforma hacendaria, no estaba en el horizonte la expectativa de una disminución drástica del precio del petróleo que ocurría tan pronto, como ha ocurrido, con un carácter no transitorio.
La reforma hacendaria, en ese sentido, ha cumplido ya un primer objetivo, que era disminuir la dependencia a los ingresos petroleros; las cifras son muy claras, los ingresos petroleros pasaron en 2012 de ser el 39 por ciento de los ingresos del gobierno federal a solamente 18 por ciento en la primera mitad de 2015. Este es un primer objetivo que se ha cumplido.

En segundo lugar, los ingresos tributarios están ya en su máximo histórico, como porcentaje del PIB, superan por primera vez el 13 por ciento del PIB. Ese también era uno de los objetivos de la reforma hacendaria.

La reforma hacendaria se presentó también como una propuesta progresiva, en ese sentido, los indicadores de distribución del ingreso medidos por el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, específicamente el Coeficiente de Gini, también muestran entre 2012 y 2014 ya una disminución de la desigualdad, medido, insisto, con el indicador más amplio de distribución del ingreso.

El crecimiento de la economía no perdió dinamismo, al contrario, crecimos más en 2014 que en 2013, el primer año de aplicación de la reforma hacendaria, el consumo está creciendo, la inversión del sector privado está creciendo, lo mismo que la generación de empleos.

Con respecto, específicamente a la inversión, la inversión fija bruta creció 2.3 por ciento en 2014, casi el doble de lo que creció en 2013, y este año está creciendo al 5.6 por ciento. Es decir, no estamos viendo una disminución de la inversión, sino que estamos viendo una aceleración de la inversión del sector privado, de las empresas mexicanas, y lo mismo está ocurriendo con el empleo, el empleo formal está teniendo el mejor desempeño en la primera parte de la administración, de las últimas tres administraciones federales, o una creación de empleos formales más robusta, más importante que en las últimas tres administraciones, y está creciendo el empleo, al tiempo que, según el INEGI, disminuye el desempleo.

Quiero ser muy claro, estas cifras no son cifras del Ejecutivo Federal, no son cifras de la Secretaría de Hacienda, son cifras de los organismos autónomos del Estado, como son: el Banco de México y, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Hay rubros en los cuales la reforma hacendaria está teniendo resultados alentadores, pero son apenas primeros resultados, específicamente en la ampliación de la base de contribuyentes, es un hecho que la base de contribuyentes se está ampliando de manera notable, comparado con el inicio de la administración, tenemos 30 por ciento más contribuyentes, 11.5 millones más de contribuyentes que hoy están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Específicamente los pequeños contribuyentes, que antes eran parte del Régimen de Pequeños Contribuyentes, hoy están participando en el régimen de incorporación fiscal, que pasaron de 3.5 millones a 4.4 millones en un régimen que, además, los incorpora no solamente al pago de impuestos, sino a los beneficios de la formalidad.

El tiempo es breve, señor Senador, pero creo que hoy, sin duda alguna, una reforma que es polémica en todo el mundo, las reformas en materia tributaria son polémicas, y México es un país democrático y plural y se seguirá, estoy seguro, discutiendo la política tributaria y particularmente esta reforma, por muchos años.

Hoy podemos, de manera clara, con las cifras de terceros, argumentar que la reforma hacendaria está cumpliendo con sus primeros propósitos, particularmente, proteger la estabilidad macroeconómica.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para formular comentario-réplica, hasta por dos minutos.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Secretario, por su amable respuesta.

Primero que nada, para quienes señalan el día de hoy que tenemos buenas reformas en malas manos, les puedo decir que a diferencia de hace algunos años, hoy tenemos reformas y tenemos también rumbo, que México cuenta con un capitán, y cuenta con un equipo que está haciendo su trabajo para implementar dichas reformas.

No se trata aquí de hablar del mundo de uno o del mundo de otros, hay una realidad, hay datos, hay indicadores que muestran los avances en materia económica.

Primero, ante un escenario de desaceleración económica internacional en el que países como Brasil o Canadá han entrado en recesión, México sigue creciendo.

Segundo, en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se han generado poco más de 1.6 millones de empleos formales, lo que equivale a poco más de mil 700 cada día.

Tercero, el financiamiento de la Banca Comercial y de la Banca de Desarrollo ha crecido.

Cuarto, en julio de 2015 se registró la inflación más baja desde 1970.

Quinto, se ha fortalecido el mercado interno, pues la confianza del consumidor ha mostrado una recuperación muy importante durante el 2015, como lo demuestran las cifras reportadas y mencionadas y aquí por una cadena de supermercados, o bien el mercado interno de vehículos.

Compañeras y compañeros Senadores:

Estos son los datos del México en el que vivimos todos, la reforma hacendaria ha tenido efectos positivos, la cual nos ha permitido contar con una hacienda pública más fuerte y más moderna, y que ello ha apuntalado a nuestra economía.

La reforma es el resultado de un trabajo sumamente responsable y oportuno que ha respondido a los retos y necesidades del sistema fiscal mexicano; además seguirá siendo un elemento de certidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.

Las medidas tomadas van en la dirección correcta, pues están cumpliendo con el propósito para el cual fueron estas diseñadas, tanto en el tema de fortalecer la recaudación como en temas de equidad tributaria.

Sin la reforma, sin duda, estamos convencidos, señor Secretario, hoy nos encontraríamos en una situación de mucho mayor vulnerabilidad frente a los vaivenes que han caracterizado el entorno económico global en meses recientes.

Es por ello que debemos seguir por el mismo rumbo tomando medidas responsables, pues sólo así podremos aspirar a mejorar la forma de vida y las condiciones de la población, con una economía más sólida y con una mayor capacidad de crecimiento.

Muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. ¡Bienvenido, señor Secretario!

Llama mucho la atención la enorme reducción del gasto en inversión.

¿Cómo le hace una economía sin inversión para crecer?

Tal vez se trata de los nuevos instrumentos financieros que son un intento de sustituir la obligación que tiene el Estado de realizar las inversiones en infraestructura para pasársela a la iniciativa privada, como los nuevos instrumentos financieros llamados, Fibra E.

El pasado 5 de octubre, usted dio el banderazo de salida a las fibras en la Bolsa Mexicana de Valores.

Una Fibra E es un conjunto de activos que una empresa vende en la Bolsa Mexicana de Valores.

Una vez transferida la propiedad, la empresa sigue operando los activos mediante un contrato o concesión. Las ganancias, obviamente, son para los nuevos dueños, los tenedores de las fibras.

Así PEMEX y CFE podrán seguir operando los activos, pero ya no tendrán la propiedad de las instalaciones, se convertirán en contratistas, serán obligados a trabajar los activos en beneficio de los nuevos dueños.

Con las Fibras E, PEMEX y CFE pasan de ser dueños a chalanes. Si los dueños no están contentos con la forma de operar los activos, o no están conformes con los resultados, podría despedir a PEMEX y a CFE y contratar a otras empresas.

Los rendimientos que obtendrán los tenedores de fibras serán muy altos, entre 6 y 8 por ciento. Ahora que las tasas de interés-base son muy bajas, entre 0 y 2 por ciento.

Como este instrumento no acepta cualquier tipo de activos, sólo la crema y nata de PEMEX y CFE será vendida, y las empresas del Estado se quedarán sólo con los fierros viejos. Algunas refinerías, las centrales eléctricas nuevecitas, las presas con todo y su agua serán vendidas pedazo a pedazo.

PEMEX y CFE se venderán en tramos de infraestructura, desmantelando nuestra industria de transformación y distribución energética. No se trata de una privatización escondida, vedada, oculta, es una privatización franca y abierta. El gobierno federal ya está instruyendo a los directores de PEMEX y CFE que vendan la mayor cantidad de activos que puedan antes de que termine el sexenio. La Fibra E no es deuda, es una clara y abierta venta de activos.

¿Cuánto va a obtener de este negocio? ¿Por qué optar por este esquema? ¿Por qué poner nuestra industria energética en venta de garaje?

Los bonos de infraestructura educativa en cambio sí son deuda pública, aunque no le llamen como tal y no sólo eso, sino que resultará más caro financiarse de esta manera que hacerlo por la vía tradicional, es decir, por la emisión de bonos gubernamentales que son más baratos.
Esta deuda es peligrosa, porque la Secretaría de Hacienda está proponiendo ponerla fuera del balance público, bajo el argumento de que tiene su propia fuente de pago, que son nada menos el Fondo de Aportaciones Múltiples. Esto es justo lo que hizo Protego para endeudar a varios estados con las participaciones federales, y ahora van tras las aportaciones federales, lo cual me parece muy grave.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que bursatilizar ingresos futuros debe ser considerado deuda, y eso es precisamente lo que se está proponiendo por parte de la Secretaría que usted encabeza.

¿Quiere repetir la historia, pues, de las deudas paralelas, por fuera del escrutinio público?

Tengo que hablar de las tarifas, que aquí habló el Secretario, en el caso del IEPS, en la Ley de Ingresos 2016, este impuesto sube 4.7, debido fundamentalmente a la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel.

Durante su comparecencia en Diputados, usted informó que reemplazará el IEPS variable que hoy se aplica por uno fijo para asegurar la recaudación, pero no detalló el mecanismo de este nuevo esquema, ni los rangos de banda de precios y esa es mi pregunta, porque es evidente que esta decisión tiene una clara motivación política.

El gobierno habla de liberalización de precios para reducir los precios de la gasolina, y alude a la reforma energética, hace un juego de palabras: liberalización, baja de precios, reforma energética, pero arroja conceptos imprecisos que es necesario dilucidar, no es liberalización de precios, eso se establece entre oferta y demanda.

¿Cuál oferta ha crecido aquí que permita bajar el precio? Evidentemente que no, en realidad se trata de un sistema de bandas, donde el precio máximo tendrá que ser el de 13.57 pesos por litro, porque entonces, no podrían vanagloriarse que el precio baja.

No sabemos cuál sea el precio mínimo, ese quedó a discrecionalidad de la Secretaría. Pero entonces, debemos decir las cosas por su nombre, se trata de un sistema de precios administrados, no de una liberalización adelantada de precios, pero, eso con reforma o sin ella, se ha venido haciendo desde 1996.

El marco jurídico anterior a la reforma energética permite exactamente lo que van a hacer, así que el anuncio es meramente político.

Y en relación a las tarifas eléctricas, desde el 2015 el gobierno federal tomó la decisión de bajar un poco las tarifas eléctricas sin que haya entrado en funcionamiento el nuevo mercado eléctrico que se establece en la reforma energética. Entonces, esta reducción demuestra que no se necesitaba privatizar, no se necesitaba este mercado mayorista tan complejo para bajar las tarifas. Todavía, hasta enero de 2016 va a entrar ese nuevo modelo, y ustedes ya bajaron las tarifas desde este año.

Tengo que preguntarle también sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senadora Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Termino, señor Presidente.

Ha sido una negociación oscura, escondida, de espaldas al Senado y algo muy grave se perfila, porque estaremos dentro de un grupo de países donde México es de los países menos competitivos, ocupamos el 57avo lugar, también, hablando del PIB per cápita, ocupamos los últimos lugares. Entonces, entraremos a un grupo que los efectos se esperan peores a los del Tratado de Libre Comercio.
Yo termino diciendo que esta mentalidad adoradora de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, no la escuchan, no atienden sus reclamos, la gente no les importa. Ahí está como prueba el aumento de 3 pesos a los salarios mínimos.

Explican con mucha frialdad las cifras macroeconómicas, pero son insensibles frente a la brutal desigualdad y frente a los nuevos pobres que se fabrican cada segundo.

Esperamos que en las demás comparecencias podamos abundar en temas muy importantes.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Con el permiso del Presidente. Senadora Padierna Luna, muchas gracias por sus preguntas.

Y con respecto a los fideicomisos de inversión en infraestructura y energía, las denominadas Fibras E, lo que ha hecho la Comisión Bancaria y de Valores y el SAT es proponer modificaciones a las reglas existentes para crear una nueva categoría, un nuevo instrumento en la Bolsa Mexicana de Valores accesible para el gran público inversionista.

Es una categoría de inversión que la pueden utilizar tanto las empresas públicas como el sector privado, actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores distintas fibras inmobiliarias en las que no participa el sector público, y la expectativa es que con las Fibras E o fibras energéticas y de infraestructura participen también el sector privado en operaciones sin involucramiento del sector público, pero también puedan acceder al financiamiento, instancias del sector público, no solamente PEMEX y la CFE, sino incluso sistemas de transporte, por ejemplo, de los gobiernos estatales, o proyectos de infraestructura portuaria, aeroportuaria, por mencionar algunos.

Si la CFE y PEMEX deciden hacer uso de este nuevo instrumento tendrá que ser, primero, en estricto apego a lo que marca la normatividad en el sentido de que los activos estratégicos del Estado, el patrimonio fundamental, que son las reservas petroleras, sigan siendo del Estado.

Y solamente aquellos activos que son de transformación industrial o de transporte de productos podrían ser eventualmente, si así lo aprobara su consejo de administración, aprobados para utilizar este u otros mecanismos ya disponibles. Existen otras figuras distintas a las Fibras E que también son ya viables para PEMEX.

Creo que tenemos muchas coincidencias, Senadora, con respecto a los objetivos en el sector energético. Claramente en lo que probablemente tenemos una diferencia es en el modelo, en el modelo que fue aprobado por este Senado de la República, por la Cámara de Diputados, de transitar de un modelo de monopolio de Estado a un modelo de competencia, a un modelo basado en la apertura y en la innovación competitiva.

Y en este sentido, las Fibras E representan solamente una oportunidad más, en este caso para las empresas del Estado, de acceder al mercado financiero de asociación con el sector privado en términos, si así lo considera conveniente su consejo de administración.

Creo que sí son una oportunidad para PEMEX, ya la CFE ha manifestado que está interesada en explorar este mecanismo, y creemos que es un paso positivo y en la dirección correcta de implementación de la reforma energética. A final de cuentas, de lo que se trata es que tengamos empresas productivas del Estado más fuertes y más competitivas, y ésta se logra a través de la aplicación de la reforma energética.
Segundo, una participación más abierta del capital público y privado, y esto también está ya ocurriendo.

Con respecto a la implementación del nuevo mercado eléctrico, estamos convencidos que si bien hoy las condiciones han permitido ya una disminución en el margen de las tarifas domésticas de electricidad y una disminución mayor de las tarifas industriales, es precisamente a través de la adopción de un modelo competitivo como podremos disminuir de manera sostenible y más pronunciada las tarifas eléctricas, por eso el Ejecutivo Federal está cumpliendo con su obligación de implementar la reforma energética adoptando un mercado de competencia tanto en capacidad como en energía spot a partir, efectivamente, como usted lo dice, del 1 de enero de este año.

No solamente lo hacemos por convicción, lo hacemos por cumplimiento del mandato constitucional y del mandato de ley.

Hace usted diversas preguntas y el tiempo es breve. Si me permite habré de entregarle, por conducto de la Mesa Directiva, algunas precisiones con respecto al Impuesto Especial a las Gasolinas en el tránsito que proponemos para adelantar lo que ya está previsto en la reforma energética, y específicamente el funcionamiento que se prevé en la iniciativa de Ley de Ingresos para transitar a un sistema transitorio de libre volatilidad del precio de las gasolinas, sujetos a una banda en los años 2016 y 2017, y en el 2018 ya sin una banda de flotación.

Con respecto al TPP, creo que el Senado habrá de ejercer plenamente sus facultades. El TPP no, estoy seguro que lo harán con toda responsabilidad y pleno conocimiento; el TPP no entra en vigor a México, no entrará en vigor si no se tiene la aprobación en los términos que marca la Constitución de este Senado, y tendrá toda la información para valorar cada Senadora y Senador su voto al respecto.

Es la convicción del Ejecutivo Federal de que este es un paso hacia adelante en la integración de México al mundo, y en abrirnos mercados de exportación relevantes. Por ejemplo, en Asia solamente tenemos el Tratado de Libre Comercio con Japón, se está accediendo a través del TPP potencialmente, si así lo aprueba el Senado de la República, y si así lo aprueban los poderes legislativos de los otros gobiernos participantes, se estaría abriendo la participación de México a seis nuevos mercados en Asia; nos estaríamos, sin duda, rezagando en las normas de Comercio Exterior en América del Norte tanto con Canadá como con los Estados Unidos, de no participar en el TPP, y sin duda, con respecto a Perú y Chile representa una mayor oportunidad de integración.

Es la convicción del gobierno federal que este es un paso positivo para México, pero, insisto, habrá de ser el Senado de la República el que tenga la última palabra en los términos de la Constitución.

Con respecto a la materia cambiaria, reitero lo que comenté en mi intervención inicial, y termino señor Presidente, junto con el TPP de manera paralela se está conversando con los países integrantes un protocolo o un acuerdo en materia cambiaria que puede o no tener obligaciones vinculantes, esto está apenas en una etapa de discusión, el objetivo es evitar las manipulaciones cambiarias, las devaluaciones competitivas entre integrantes del TPP, lo cual, sin duda, generaría un daño para la industria exportadora mexicana.

Este proceso habremos de hacerlo de manera abierta informando al Senado de la República, y en caso de que se establezcan obligaciones para el Estado mexicano en términos de este acuerdo, por supuesto, habrán de ser puestos a consideración del Senado de la República en los términos que manda la Constitución.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para formular réplica, hasta por dos minutos.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. ¡Bienvenido, Secretario Luis Videgaray, a esta comparecencia!

Parece que la característica principal de este gobierno es la simulación. Si la PGR construye verdades históricas, la Secretaría de Hacienda construye verdades retóricas, y lo mismo utiliza la información para la persecución política.

Han pasado del “estamos moviendo a México” al “estamos mintiendo a México”. Igual preocupa el déficit en materia de derechos humanos, que el déficit de credibilidad en el concierto internacional, que el déficit que vamos a ver hoy, el fiscal.

Parece que la política económica está dirigida por ilusionistas en lugar de economistas. La política económica ha sido guiada por un falso optimismo que está encubriendo tendencias y excesos de alto riesgo para la economía mexicana.

Un optimismo infundado se convierte en el peor de los populismos, en el que abusa de las cuentas nacionales irresponsablemente, voy a decir por qué.

Este es el cuarto paquete económico que se presenta ante esta legislatura y nos trae la misma historia, un pronóstico del PIB que nadie cree posible, pero eso le permite mantener un nivel de gasto y de deuda, claramente excesivos e insostenibles.

Si sus pronósticos se hubieran cumplido, no digamos lo que prometían con las reformas estructurales, la economía mexicana hubiera crecido un promedio de 3.7 por ciento, ha crecido menos de la mitad, pero el gasto sí creció como si estuviéramos en bonanza, 8 por ciento, y la deuda todavía más, 38.8 por ciento.

Se endeuda seis veces por encima del crecimiento económico y más del doble del crecimiento de los ingresos, como resultado tenemos el balance presupuestario más grande en déficit desde 1988.

Si continuamos con este ritmo, llegaríamos, usted tendría que entregar el gobierno con el doble de la deuda, y con una deuda del PIB de casi 60 por ciento, un nivel que claramente nos pondría en riesgo para los mercados internacionales, sin considerar la regularización que tendría que hacerse por el pasivo pensionario de PEMEX y de CFE que podría llegar a otros 10 puntos.

Con el aumento del crédito desmedido viene el descrédito, la Secretaría tiene como única prioridad la caja del gobierno y utiliza todo su poder legal y político para imponer su prioridad a costa de lo que sea, alimentar la voraz caja del gobierno.

Lo mismo está en recursos de las empresas y de las familias con la reforma fiscal que se consumen los activos de la nación abusando de PEMEX, por ejemplo, el último trimestre PEMEX ha tenido que endeudarse para pagar sus impuestos, lo mismo pide aumentar los impuestos para combatir la obesidad y desvía esa recaudación a otros propósitos; lo mismo impone criterios más flexibles para poder contratar en la Ronda Uno abaratando, malbaratando el petróleo mexicano; lo mismo recorta el gasto social que viola la ley de ingresos como el año pasado para aumentar el déficit que mantiene los precios energéticos para que México tenga gasolinas por el doble de los Estados Unidos.

Y, ahora, nuevamente en la Ley de Ingresos propone un cambio, como el año pasado, violando la anualidad, del principio de anualidad de esta ley.

Si el año pasado pidió incrementar el déficit público al final del año, lo que pretende ahora en este año es cambiar la composición del déficit.
En la estrategia de desmantelamiento de PEMEX, usted dice, ya no voy a utilizar los 2 puntos del PIB que pedí para PEMEX, quiero que me amplíen la utilización de ese déficit, pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entonces con el déficit tradicional?, estamos ante una nueva definición de déficit que pretende justificar la refinación de más de 300 mil millones de pesos que este Senado no debería de permitir.

Otra vez, como el año pasado, viene a que le regularicen la cuenta del desorden en sus finanzas, esto en el fondo lo que viola, es la división de poderes y el mandato del Congreso para autorizar los ingresos y gastos y del Ejecutivo para cumplirlo –termino, señor Presidente-.

Cuál es el resultado de este enorme esfuerzo que le pide Hacienda a la población, a los sectores productivos, al patrimonio nacional, a la riqueza de las siguientes generaciones, pues una política fiscal, estéril que no es capaz de impactar en el crecimiento de la economía. La participación del sector público.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: La participación del sector público en la generación del valor agregado sigue cayendo y si vemos el valor agregado que mide…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, por favor, Senador Delgado Carrillo. Le ruego concluir la réplica.

Esta Presidencia ha sido tolerante con el tiempo, sin embargo, les recuerdo que el formato establece con toda precisión el tiempo que tienen los oradores, le ruego concluir Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: No voy a usar más de los seis minutos y medio que tuvo el Secretario en su participación anterior.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted dos minutos, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Mire, si el Secretario se pasa en miles de millones en el sector público, que no me pase yo cuatro minutitos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le ruego concluir su intervención, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: El problema es el gasto, la eficiencia del gasto, el poco valor agregado del gasto público que tenemos en los principales sectores como construcción y empresas energéticas.

Pero, a ver, ¿cómo vamos a crecer?, ¿cuál es la propuesta para el año siguiente?, ¿cómo vamos a enfrentar esta desaceleración inminente en las economías emergentes?

Pues hay dos cosas que resaltan en el paquete económico.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: En el paquete económico, el aumento en el costo financiero de la deuda, y la baja en la inversión, es decir, se está prácticamente renunciando al papel del Estado como promotor de la actividad económica, y los nuevos instrumentos que me parece una buena idea, pues va a depender de la profundidad del mercado, las APP apenas desde 2012 a la fecha tienen 13,000 millones de pesos; los SECADES de 2009, apenas 85,000 millones de pesos; y las CERIVAS, apenas 140,000.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Bueno, termino, por último quiero hacer una denuncia, una petición, Secretario, en toda esta desafortunada historia de las deudas de los estados, hay una muy recientes en particular quiero plantearle el caso de Colima, tiene usted sobre su escritorio una petición para un crédito de 1,700 millones de pesos, lo cual va a comprometer hasta el 75 por cierto de las participaciones, por eso la tiene en su escritorio, si no, no estaría allí.

Pero, aquí hay una diferencia con todas las demás, que el gobernador ha declarado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: El gobernador ha declarado que es un destino ilegal esa deuda porque lo va a utilizar a gasto corriente, le pido que eche un ojo a esa solicitud, por favor, y llame a la revisión de ese crédito.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para suplicar que las compañeras y compañeros que acordamos un formato a través de la Junta de Coordinación Política, lo respetemos.

Me parece una falta de respeto de parte del Senador Delgado Carrillo que utilice la tribuna para una réplica de esa manera y que se exceda en su tiempo muchísimo más allá de lo permitido.

Y le preguntaríamos al Senador Delgado Carrillo, ¿si está tan dispuesto a la misma revisión de la Línea del Metro y los 12,000 millones de pesos?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Me permito recordar que el formato de esta comparecencia no fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, sino por este Pleno.

En consecuencia, nos obliga a todos; la réplica debe servir a los propósitos de generar una respuesta a las intervenciones del Secretario compareciente.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Le pido la palabra, señor Presidente, para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos en un formato de comparecencia, no hay intervenciones para alusiones personales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN…

Perdón, dígame usted, Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Además de, independientemente del formato que se ha acordado para la comparecencia, el Reglamento señala que para alusiones personales se tiene que dar la palabra.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No estamos en formato de debate, sino en un procedimiento parlamentario específico, y en este procedimiento parlamentario específico conforme al Reglamento no ha lugar a intervenciones por alusiones personales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente. Secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray Caso. Senadoras y Senadores:

Secretario, con su primera participación con todos los indicadores nacionales que nos propuso, más bien, que vino a presumir, no lo entiendo, entonces por qué algunas empresas se quejan, MIPyMEs, que no hay crédito. Por qué los trabajadores se quejan de que no les alcanza el salario y trabajo, y la verdad es que todos los indicadores que deben de subir, usted los tiene ahí; los que deben de bajar, lo baja, y no es una realidad con lo que vivimos del día a día en este país.

Pero pasamos al tema del crecimiento que al final es como se puede medir a este      país.

El nuevo paquete económico presentado para este ejercicio de 2016, efectivamente no contiene nuevos impuestos ni tampoco propone incrementar los existentes o disminuir ningún tratamiento fiscal.

Sin embargo, lo anterior no es congruente con la realidad que vive este país, ya que los ajustes a la baja en estimaciones del crecimiento del PIB en los últimos tres años demuestran que la economía ha ido en un franco retroceso, y uno de los principales factores que afecta ese retroceso sin duda es aquella reforma fiscal de 2014.

Basta recordar que en el 2014 se estimó un crecimiento de 3.9, y el real fue de 2.1, una diferencia de 1.8 que significa que hubo un error en la estimación del 46 por ciento en el año.

De igual forma para el 2015 se dijo que el crecimiento de México sería en 3.7, y si bien nos va, estaremos en el 2.2, según los datos del Banco de México, lo que significa que existirá nuevamente una variación y un error en el cálculo de más del 40 por ciento.

 Lamentablemente hoy en día hay una mayor recaudación, no significa que haya un crecimiento por este incremento a la recaudación, lo lógico es que si la economía mexicana crece, se recaude más, cosa que en México no es así, situación que viene a confirmar que las reformas fiscales sólo han sido terriblemente recaudatorias, y para esto un cálculo.

El Impuesto Sobre la Renta se estima para el próximo año en más de 1.2 billones, significa que toda la estrategia de inversiones y deducciones la van a descontar del anterior.

De las deducciones realmente ha ejercido una presión en la recaudación del ISR, pero   lo comparo con el IVA, donde solamente habrá un incremento que se estima del 2        por ciento real, y el IVA es el que nos marca inmediatamente la pauta al consumo  interno.

Por lo cual, insisto, en que esta reforma es solamente recaudatoria y no un crecimiento, porque no existirá un mayor consumo interno, y el IVA nos lo dice.
Ahora bien, nuestra preocupación es que para el 2016 se está estimando un crecimiento, y ya lo puso variado para equivocarse menos, del 3.6 máximo, pero si se sigue con las mismas políticas fiscales, nuevamente no se logrará, se ha incrementado la base de contribuyentes, lo ha dicho dos veces, pero siempre los contribuyentes cautivos son los que están pagando estos impuestos, y más con fiscalización de parte del SAT.

Por lo antes comentado, es necesario implementar estímulos fiscales que promuevan el crecimiento económico, impulsen la generación de fuentes de trabajo, el ahorro y la reinversión, es urgente implementar diversos incentivos que puedan revertir los efectos negativos que ha causado dicha reforma.

Sin duda, esperamos que en este paquete económico asuma un sentido de colaboración y de autocrítica, para que en conjunto el gobierno federal y el Poder Legislativo, podamos aprobar un paquete económico de acorde a las necesidades reales de nuestro país, incluyendo medidas de alivio fiscal que fortalezcan a las empresas y, sobre todo, a la clase media, que también se le olvidó esta estadística, ha disminuido su consumo, según el INEGI, en más del 5 por ciento, apoye a las MIPyMES, beneficie a las clases trabajadoras de nuestro país.

Con aval del grupo parlamentario del PAN, he presentado diversas iniciativas fiscales que coadyuvarán a fortalecer un crecimiento.

Está demostrado que los estímulos fiscales tienen una injerencia directa en el crecimiento del país, y como ejemplo tenemos los últimos tres años del ex Presidente Felipe Calderón, en los que se obtuvo un crecimiento del PIB en un promedio de más del 4 por ciento, porcentaje logrado sin reforma fiscal, sin reforma financiera, sin reforma de telecomunicaciones, sin reforma energética, pero sí con varios estímulos fiscales, como le recuerdo algunos por ejemplo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador Orozco Sandoval.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Menores tasas impositivas, mayores deducciones en inversiones y en trabajadores.

Concluyo con estas cuatro preguntas, señor Secretario.

1.- ¿Por qué se sugiere solamente implementar una deducción inmediata de la inversión, limitada a ciertos contribuyentes y con un límite de tiempo?

Algo de lo que usted está convencido y el Consejo Coordinador Empresarial, de que sería un gran estímulo fiscal.

2.- ¿No cree que tener mayores estímulos a los trabajadores podríamos generar mayor consumo para hacerle deducible toda la nómina a los patrones?

3.- En materia del Impuesto Esencial sobre Productos y Servicios, el IEPS, es indispensable que por favor nos diga la banda, los mínimos y máximos para poder establecer el precio de las gasolinas el próximo año, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para poder fluctuar ya el precio de la gasolina el próximo año, algo que coincide con lo de usted, pero que nos dé más datos.

4.- En relación a la comparecencia del Secretario de Educación, se le proponía que se estimulara más la educación privada, el 9.6 por ciento de la educación básica es de privados; o se ahorran 320 mil millones de pesos por la educación privada, no es un tema de la Secretaría de Educación, es un tema fiscal, usted sabe todas las barreras que tienen los colegios en tema de educación privada, y le están haciendo un favor al sector público.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senado Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Con el permiso del señor Presidente. Gracias, Senador Orozco Sandoval.

Con respecto a las estimaciones de crecimiento, para este año, o mejor dicho para el año 2016, está basada en las estimaciones que tenía el promedio de los analistas del sector privado al momento en que presentamos el paquete el 8 de septiembre.

La recomendación respetuosa que hacemos a la Cámara de Diputados y, en su caso, a la Cámara de Senadores, es que, como se hizo con el precio del petróleo el año pasado, si la variación de las estimaciones del sector privado es relevante, pudieran ajustarse a los parámetros, el interés es que tengamos una Ley de Ingresos aprobada con base en parámetros realistas y sin conservadores, la única excepción es el precio del petróleo que está basada en el nivel que ya cubrimos para la mezcla mexicana de exportación para el año que entra, a través de operaciones de derivados.

Las estimaciones del ISR muestran que están basadas en lo que estamos ya observando para el año 2015, el crecimiento que observamos en la Ley de Ingresos para 2016, se basa en lo que ya ocurrió en 2015, y mucho tiene que ver con que una parte por lo menos es que en los pagos que están haciendo los trabajadores del sector público, particularmente en el sector educativo, puesto que al centralizarse la nómina ahora sí se está descontando y se están pagando completos los impuestos que corresponden al sector educativo, eso es parte del efecto que explica este crecimiento que, coincido, es alto en el ISR.

En el IVA, lo que estamos observando en la estimación es también consistente con lo que se está recaudando este año, en el cual el monto de devoluciones ha sido sustancialmente más importante que en el año pasado en 2014, por motivos que explicábamos en la comparecencia hace un año, tuvimos una disminución en el ritmo de devoluciones, lo cual se ha reactivado este año y, por lo tanto, la recaudación neta del ISR ha tenido un menor dinamismo que la recaudación bruta, y este efecto se traslada también al año que entra, cuando se compara con la Ley de Ingresos aprobada, no con la recaudación que ya estamos observando en 2015.

Voy a sus preguntas, señor Senador.

La deducción inmediata de inversiones es finalmente un financiamiento fiscal, porque las empresas siempre tienen derecho a deducir las inversiones en el régimen normal conforme se van depreciando, cuando se deducen de manera anticipada, el fisco le está otorgando un financiamiento al contribuyente, en este caso el financiamiento, estamos convencidos que no lo necesitan los grandes contribuyentes, que tienen acceso amplio al crédito, pero se propone restablecer este beneficio para las empresas que sí lo necesitan, que son las PyMES.

Se propone al Congreso de la Unión un umbral de 50 millones de pesos que, sin duda, será revisado por el Congreso de la Unión, pero lo importante es que el beneficio que, insisto, es un financiamiento que otorga el fisco al contribuyente, sea para los contribuyentes que realmente lo necesitan, y creemos que son las PyMES de todo el país, porque no se propone que este financiamiento sea excluyendo, como se hacía antes, a las áreas metropolitanas, las tres áreas metropolitanas más importantes del país, sino que sea para todo el país.

Con respecto al tratamiento de las deducciones, de las prestaciones exentas, aquí el objetivo de política pública, más allá de la recaudación, ha sido evitar que sigan creciendo la compensación, el pago a los trabajadores, a través de rubros que no se contabilizan para el ahorro para el retiro, que no son parte del salario de cotización.
Lo que hemos observado a partir de la vigencia de la reforma hacendaria, que limitó las deducciones de las prestaciones exentas o la llamada prestación de previsión social, es que efectivamente ha crecido más el rubro de sueldos y salarios, y menos el de otras prestaciones, y esto, sin duda, beneficia más allá de la consideración tributaria, recaudatoria, beneficia al trabajador, porque hay una mayor contribución del ahorro para el retiro.

Con respecto a la banda específica, lo que se propone es que la banda se fije al final del año, teniendo la información completa de precios más cercana al inicio del próximo año, de fijarla con los precios actuales, pudiéramos el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, tomar una decisión equivocada con información obsoleta.

Por eso se propone que esto se haga con información al cierre del año, estoy seguro que esto será los aspectos técnicos de este artículo a la Ley Ingresos, se habrán de revisar con cuidado en ambas Cámaras.

Con respecto a la educación privada, el tiempo, al igual que a mí que ya se me acabo, se le estaba acabando también a usted, pero estamos con mucho gusto para atender las propuestas que tenga usted o cualquier otro Senador de la República, siempre bajo la convicción del gobierno de que la educación, como lo marca la Constitución, debe ser educación pública, gratuita y laica.

Señor Presiente, con respeto, ya no está aquí el Senador Delgado Carrillo, pero si me lo permite, el formato de la comparecencia no lo autoriza, pero habré de responder por escrito a las observaciones y preguntas del Senador Delgado Carrillo, en un ánimo de rendición de cuentas y de aportar elementos que sean útiles para la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Senadores.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del PAN, para formular sus comentarios, hasta por dos minutos.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz: Con su venia, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.

Señor Secretario, Luis Videgaray Caso, ¡le doy la más cordial bienvenida al Senado de la República!.

Su comparecencia en el Senado de la República debe ser más allá de cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 93, por lo que se busca son respuestas a los problemas económicos que enfrenta México y determinar si la reforma hacendaria ha sido en beneficio de las familias mexicanas, del crecimiento económico, de la equidad, de la situación tributaria, de la legalidad y de una mejor distribución de los recursos del gobierno mexicano.

También este momento es ideal para realizar un análisis profundo del paquete económico 2016, y dejar de ver la reforma fiscal como perfecta e intocable, pues nos enfrentamos a una volatilidad financiera, a una devaluación del peso frente al dólar, al bajo precio del petróleo, de una parálisis económica con crecientes disminuciones en las perspectivas de crecimiento, no solamente para este año 2015, sino para el próximo 2016.

Estamos ante esta oportunidad para realizar los cambios necesarios para fortalecer el crecimiento del mercado interno y favorecer a los mexicanos que contribuyan al progreso del país. No basta mantener una supuesta estabilidad macroeconómica, cuando hay millones de mexicanos en extrema pobreza, producto de una mala distribución de los recursos. Por todo ello, le formulo las siguientes preguntas:
¿La reforma financiera que su gobierno presentó supuestamente, impulsa la competencia en el sector financiero, fomenta el crédito a través de la banca de desarrollo, amplía el crédito y da mayor solidez al sector financiero?, pero a pesar de los cambios legislativos a 34 ordenamientos legales, no se ha logrado un beneficio en la economía, no se ha reducido el costo del crédito y tampoco se ha dado una competencia efectiva que otorgue más créditos en beneficio de todas las familias, incluyendo las más pobres del país.

Por todo ello le pregunto: ¿Qué acciones impulsará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revertir esta situación?

Y para concluir, señor Presidente.

¿Qué tipo de incentivos está aplicando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fomentar la inversión en energías renovables?

Se lo comento porque según la Ley General de Cambio Climático en vigor, instruye al gobierno federal a incentivos fiscales.

Por sus respuestas y por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruíz.

Les recuerdo que conforme al Acuerdo aprobado, el momento oportuno para formular pregunta es la intervención inicial, esto con el propósito de que el señor Secretario compareciente pueda dar respuesta en esta sesión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias, señor Presidente. Señor Secretario, cuatro reflexiones y tres preguntas correlacionadas:

Primera. Nosotros no aprobamos una reforma fiscal, nosotros aprobamos una reforma hacendaria, que incluye ingreso, gasto y deuda del gobierno federal y por el lado de los ingresos, es decir, por el lado fiscal, conviene recordar que se eliminaron dos impuestos inequitativos, gravosos e ineficientes para la economía, para las empresas y para las personas físicas. El IETU y el IDE que nacieron en los tiempos del delirio tóxico y regresivo.

Segunda reflexión. Las doce reformas que aprobamos son estructurales, no coyunturales, son profundas, no superficiales; sus mayores efectos se dan en el mediano y largo plazo, no producen paraísos instantáneos ni bienestar repentino, es decir, son un medio, no un fin, son semillas, no son frutos.

Tercera reflexión. Todo modelo para pronosticar tiene variables exógenas que se determinan fuera del sistema, si esas variables cambian, los pronósticos también cambian, eso no implica que los modelos o los funcionarios fallen, sólo quiere decir, que las circunstancias externas cambiaron y si estas son volátiles, inciertas y adversas, así serán también los pronósticos. No hay porque asombrarse ni porque activar la estridencia, la descalificación, el desencanto, o el pasaporte a un mundo insular y sombrío.

Cuarta reflexión. La deuda de hoy, no es el impuesto de mañana, es el ahorro del futuro si se invierte en proyectos cuya rentabilidad supere a la tasa de interés ajustada por las variaciones en el tipo de cambio. Ambas variables viven tiempos de volatilidad y de incertidumbre.
En este contexto pregunto, señor Secretario.

Primera. ¿Cómo se ha visto afectada la deuda pública ante el contexto internacional, fluctuante y adverso? ¿Cuál ha sido la política de diversificación de la deuda pública para protegernos de variaciones en monedas extranjeras y en tasas de interés? Y para poner las cosas en perspectiva. ¿Cómo nos comparamos con otros países en la evolución de la deuda desde la crisis financiera global del 2008?

Segunda. Hoy nos desayunamos con la noticia de que en la Cámara de Diputados cambiarán el precio del precio del petróleo y el tipo de cambio que ustedes estimaron. ¿Que no habían comprado coberturas que garantizan un precio del barril del petróleo crudo a 50 dólares? ¿Cuánto costaron y cuánto cubren estas coberturas?

Tercera. ¿La estimación de 15.90 pesos por dólar, cambiará a la luz de las nuevas condiciones?

Gracias, señor Presidente.

Por su respuestas, muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente.

Senador Cavazos. Con respecto a las estimaciones, empiezo por el final de su pregunta. Lo he dicho ya en esta tribuna.

Consideramos que la estimación al tipo de cambio debe ser la más precisa, la más confiable que se tenga al momento de aprobarse la Ley de Ingresos, sin duda, en la Cámara de Diputados. El plazo legal vence el 20 de octubre.

Nosotros, lo que propusimos en la Ley de Ingresos fue la estimación que era coincidente con el promedio de los estimados del sector privado en la fecha en que presentamos el paquete económico, el pasado 8 de septiembre.

Desde entonces, como usted bien lo apunta, las circunstancias han cambiado, particularmente en el entorno internacional, y creemos que sería correcto y responsable un ajuste, recordando que cualquier estimación más alta del valor del dólar frente al peso, beneficia a los ingresos públicos y por lo tanto creemos que la recomendación prudencial es tener una estimación conservadora del tipo de cambio.

Segundo, con respecto a la estimación del precio del petróleo, en este caso no está basada a lo que presentamos en estimaciones de terceros o de analistas, sino está basada, como usted correctamente lo apunta, en las coberturas petroleras.

Este año, al igual que se viene haciendo desde el 2003 -y creo que es una buena práctica prudencial en el manejo de la hacienda pública mexicana-, se adquirieron en los mercados internacionales de derivados, opciones de venta a precio fijo sobre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación.

El volumen cubierto para el próximo año es de 212 millones de barriles. El requerimiento de cobertura se calcula como la exposición neta de las finanzas públicas con respecto no a la exposición bruta, sino a la exposición neta del gobierno federal, no todo el sector público federal. Por ejemplo, en 2011 se cubrieron 222 millones, en el 2015 se cubrieron 228 millones, para el próximo año se han cubierto 212 millones.
Se hicieron 44 operaciones con siete contrapartes, con un costo de 1,090 millones de dólares, y con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros del gobierno federal, se cubrió un precio de 49 dólares por barril, promedio.

La estimación que se propone es de 50 dólares. La diferencia de un dólar se propone cubrir con recursos que hoy ya están depositados en el Fondo de Estabilización. Por lo tanto no es una estimación que está sujeta a riesgos.

Cabe destacar que si se aplicara la fórmula prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, arrojaría un precio superior, pero en este caso, creemos que lo prudente es, más que apegarnos a los márgenes que nos permitirá la fórmula, irnos directamente al precio de cobertura que ya hemos contratado.

Con respecto a la evolución de la deuda pública y su costo financiero, permítame destacar que el costo financiero de la deuda pública se ha mantenido muy estable en los últimos quince años.

En el periodo 2001 a 2005 el costo financiero de la deuda pública, como porcentaje del PIB, fue del 2.5 por ciento; entre 2007 y 2012 fue del 2 por ciento, y entre 2013 y 2014 también fue, según la cuenta pública, del 2 por ciento. Es decir, el servicio de la deuda pública se mantiene constante y como porcentaje del gasto neto pagado, incluso es menor en los años de esta administración que en las administraciones anteriores.

La composición de la deuda pública ha mejorado en el sentido de que la deuda en pesos tiene una mayor ponderación. En el año 2000, 53 por ciento de la deuda era en pesos, 47 era en dólares y hoy, 77 por ciento de nuestra deuda es en pesos. Esto protege las finanzas públicas ante la volatilidad cambiaria.

Y, con respecto al comparativo internacional, hay que destacar que México es uno de los países, si se nos compara con economías avanzadas o países en desarrollo, con menores índices de endeudamiento. Así lo reconocen las calificadoras internacionales; así lo reconoce el Fondo Monetario Internacional en sus revisiones periódicas.

Y la evolución que se propone de la deuda pública, específicamente medida como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se explica en parte por los propios requerimientos financieros que se propone que sean menores que el año pasado, es decir, hay una reducción del déficit.

Hay un efecto del tipo de cambio inevitable que está apreciando el componente de la deuda pública que está en moneda extranjera, que asciende a 22 por ciento, y por supuesto, contrarrestándolo está el efecto del crecimiento del PIB nominal.

Con estas tres variables es que se explica el crecimiento de la deuda pública que se estima en la Ley de Ingresos de la Federación y en los criterios generales de política económica para el próximo año.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, para formular su réplica o comentario, hasta por dos minutos.
El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señor Presidente y señor Secretario, por sus respuestas.

Referir que en la primera mitad de la actual administración el crecimiento promedio del PIB es del 2 por ciento. Comparativamente con otras administraciones en el mismo periodo, hablamos que en 2001-2003 el crecimiento del PIB fue del 0.3 por ciento, y en 2007-2009 fue de 4.0 por ciento.

Por otra parte, hay que expresar y señalar que México ha sido la novena economía que más creció dentro del Grupo G20 en el segundo trimestre del año.

También es preciso señalar que el gobierno federal haya realizado oportunamente las acciones necesarias para mantener una evolución estable de la deuda pública, incluso ante el entorno altamente volátil, como el que ha caracterizado al presente año.

En el grupo parlamentario del PRI, celebramos el compromiso que ha mostrado la actual administración al tomar acciones decididas para proteger nuestras finanzas públicas de los choques externos, y esto incluye el manejo adecuado y oportuno de la deuda pública.

Más aún, la diversificación de la deuda externa misma, compuesta no solamente por dólares, sino por yenes, libras y otras divisas, sin lugar a duda mitigará el riesgo de incremento del costo financiero.

En lo que respecta a la deuda interna, nos tranquiliza saber que se encuentra principalmente a largo plazo y se ha pactado a una tasa fija. Esto brinda la certidumbre necesaria para la adecuada planeación financiera del país.

La política financiera impulsada por el Presidente de la República y tutelada por la Secretaría de Hacienda, ha llevado a que México se distinga en el mercado mundial por su adecuado nivel de endeudamiento, el cual presenta una alta calidad crediticia, esto señalado y certificado por las calificadoras internacionales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romo Medina.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. ¡Bienvenido, señor Secretario Luis Videgaray! Compañeras y compañeros:

Ni en Tazmania dan dos minutos para hablar de los problemas económicos. Los felicito.

Señor Secretario, sin considerar la década perdida de los 80’s, a la fecha llevamos más de 25 años con bajísimas tasas de crecimiento, de sobrevivencia, un largo periodo de estancamiento estabilizador.

Las políticas económicas instrumentadas llevaron a México de una economía cerrada a una economía abierta, política pendular, sin mediaciones, destruyendo las bases para la industrialización interna.

Se minó la industria del calzado, del juguete, del textil y ahora la industria energética, cuya reforma deja en vulnerabilidad estructural a PEMEX y CFE.

Llevamos 21 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, once Tratados de Libre Comercio con 46 países, y el boom prometido, nunca llegó, o llegó para muy pocos.
Tenemos un reducido sector agropecuario industrial exportador que convive con grandes polos de atraso y miseria en la mayor parte del campo mexicano. Tenemos un vigoroso sector industrial exportador, pero que exporta lo que otras naciones producen, sólo 26 por ciento de las exportaciones manufactureras tienen contenido nacional.

Seguimos como en aquélla época en la que algunos pensaban que la mejor política industrial es la que no existe.

Este modelo se profundizará con el Acuerdo de Asociaciones Transpacífico, donde el problema no es la competencia externa en sí misma, sino por una parte la falta de crecimiento e industrialización interna, y por otra, las condiciones de mayor ventaja que se asignan a sectores y empresas de los países avanzados.

Señor Secretario: ¿No cree usted que deben revertirse estas fórmulas y combinarse armónicamente? Es decir, ¿crecer desde dentro para competir hacia afuera, con mayores ventajas para nuestro país?

En materia del Acuerdo Transpacífico tal vez conviene, señor Secretario, escuchar, entre otras, las recomendaciones de Joseph Stiglitz y de Adam Hersh, en su reciente llamado al gobierno mexicano, en el sentido que, cito: “El gobierno debe exigir un Acuerdo Transpacífico que beneficie a los mexicanos”.

Señor Secretario: ¿Los términos de la negociación nos benefician a los mexicanos? El sur sigue sin existir, el sur profundo de los indígenas, de los jornaleros, de los campesinos pobres, de mujeres, hombres y jóvenes, niños pobres, y pobres extremos de los migrantes internos y los inmigrantes al norte.

¿Reorientarán la política social de la administración de la pobreza y los programas que no sirven para sentar las bases estructurales para que millones de mexicanos superen la pobreza?

¿Por qué en esta ocasión tendríamos que creer que va en serio, aquello de que: “El sur también existe”? Con la creación de tres zonas económicas especiales que no tengan tras de sí un interés ulterior que dar salida por el Pacífico a las mercancías de una de las economías más grandes del mundo y en el que nuestro país pone sobre la mesa estas zonas como moneda de cambio en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.

Por otra parte, no vemos en este Acuerdo y estas zonas, como tampoco aconteció con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una verdadera estrategia de desarrollo económico planificado, armónico, integral, sustentable e incluyente de la mayoría de los estados del sur, como Tabasco y Campeche.

Por otra parte, se informe, ¿Si con la reforma financiera creció el financiamiento de la banca comercial al sector privado?

Señor Secretario: ¿Qué proporción de este financiamiento se destina a la inversión productiva? Porque es un hecho que la banca comercial, sin arriesgar, continúa cómodamente recibiendo utilidades de comisiones, de altas tasas de interés al consumo privado y del manejo de la nómina del sector público.

Señor Secretario: se reconoce:

Primero. Que Hacienda está convencida que el IVA en alimentos y medicinas es regresivo.

Segundo. Que con la reforma hacendaria crecieron los ingresos tributarios que han permitido atemperar la caída de los ingresos petroleros.
Tercero. Que la revisión del ISR generó una mayor progresividad, pero, ¿Podría usted decirnos si el aumento de la tasa afectó más a los sectores de ingresos medios, tal que se requiera su revisión?

Cuarto. Que se ampliaron las bases del contribuyente en 11.5 millones respecto del 2012, poniendo el suelo más parejo para el pago de impuestos.

Al respecto, señor Secretario, el aumento de las tasas y la ampliación de la base ha generado una efectiva progresividad, tal que se pueda afirmar que hoy pagan más quienes más ganan.

Quinto. Se reconoce que en materia de formalización, 4.4 millones de pequeños contribuyentes pasaron del régimen de incorporación fiscal y podrán acceder a los subsidios para la incorporación de la seguridad social.

En este punto, señor Secretario, debe considerarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrente una presión financiera adicional, ya que los trabajadores incorporados con uno o tres salarios mínimos del D.F. no pagan cuotas por los servicios de salud que reciben ellos y sus familiares.

Sexto. Se reconoce el inicio del proceso para la eliminación del régimen de consolidación fiscal.

Señor Secretario: ¿Con ello se acabarán los abusos por parte de algunos contribuyentes, según su convicción expresada en diciembre de 2012?

El problema es que esta estrategia fiscal, aún teniendo esa vocación para una mejor redistribución del ingreso no ha sido capaz de revertir el estancamiento estructural en términos de crecimiento y desigualdad.

Por lo tanto, señor Secretario, en materia de seguridad social es indispensable sacar el saldo de una reforma que al no cumplirse esta expectativa de crecimiento y combate efectivo a la desigualdad no va a generar pensiones dignas.

Es urgente la conformación de una comisión de especialistas para evaluar esto. Esperamos que ésta sea también una convicción de su actual administración.

Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal. Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente.

Senador Mayans Canabal:

Es cierto, hace algunos años en México, y hablo de los años 90, se llegó a afirmar que la mejor política industrial, era no política industrial. El mundo cambió y tal vez nos tardamos en reaccionar, porque en México tuvimos durante muchos años la ausencia de una política industrial.

México necesita una política industrial, una política de fomento económico activa que no esté basada, ni en el estatismo, ni en cerrarse al mundo, sino al revés, una política activa basada en los principios de libertad de mercado y de integración a la globalidad.
Dos casos que usted menciona en los que yo encuentro una profunda coincidencia y donde tenemos buenos resultados recientes, son precisamente, las industrias del calzado y textil.

Trabajando de la mano con la industria tomamos algunas medidas, fundamentalmente de carácter aduanero, pero también de financiamiento y de programas de fomento de la Secretaría de Economía, para estas industrias, no con un ánimo proteccionista, pero sí para hacer valer los derechos que tiene México dentro de los tratados comerciales, particularmente para combatir el contrabando técnico.

Se perdieron en los últimos 15 años, 500 mil empleos solamente en la industria textil, fundamentalmente por el contrabando técnico. En los últimos ocho meses, el contrabando técnico, según las cifras de la propia industria, se ha disminuido a menos del 5 por ciento total del valor del comercio de textiles y del vestido; lo mismo se ha hecho con la industria del calzado, a petición particularmente de los industriales de los estados de Guanajuato y Jalisco, y seguiremos por ese camino, no por una ruta proteccionista, pero sí por una ruta para hacer valer la protección que la propia ley y los tratados le conceden a las empresas mexicanas.

Estoy convencido que el TPP, y así está convencido el Ejecutivo Federal, es una oportunidad de crecimiento y de competitividad para México, por eso se ha firmado, por eso se ha participado en el TPP, pero habrá de ser el Senado, como la instancia única que tiene la atribución constitucional, de decidir si México participa o no en este   Acuerdo.

Mi opinión personal es que es una gran oportunidad para México, pero ustedes habrán de valorarlo.

Le puedo confirmar que no hubo ninguna alusión, ni referencia a las zonas económicas especiales en la negociación, desde el TPP. Y las zonas económicas especiales, por cierto, son parte de la convicción de que tenemos que intentar cosas diferentes si queremos resultados diferentes, de que tenemos que atrevernos como país, a hacer política industrial, particularmente para el sur del país, que es la región que se está rezagando, se está distanciando en términos económicos y sociales, del resto del      país.

Hay una propuesta inicial para que las primeras zonas económicas estén, en caso de ser aprobada la legislación por el Congreso de la Unión, estén los estados que usted refiere. Pero repito, serán las primeras zonas económicas especiales, esto no excluye otras posibilidades, incluyendo, por supuesto, los estados también participantes del sur del país, Campeche y Tabasco. Pero tenemos que empezar por algún lado y la propuesta es empezar por los estados que hoy tienen los indicadores de pobreza más graves en el país.

La reforma financiera, efectivamente, está impulsando el crédito, tanto de la banca comercial, pero también de la banca de desarrollo. Recordemos que hay instituciones de la banca de desarrollo, por ejemplo, el Banco de Comercio Exterior, que durante siete años estuvieron en proceso de liquidación.

Hoy tenemos nuevamente para acompañar a los exportadores mexicanos un banco de comercio exterior activo. El crédito otorgado o promovido por la Banca de Desarrollo ha crecido más de 30 por ciento desde que se aprobó la reforma financiera, y estamos convencidos de que ese es el camino, y es crédito que tiene que ir a todos los sectores de la economía, pero fundamentalmente, y es una gran coincidencia, a impulsar la inversión, la inversión en maquinaria de equipo, en modernización tecnológica o la inversión en construcción, por ejemplo, la inversión para la vivienda.
Uno de los objetivos, efectivamente, de la reforma hacendaria fue la mayor progresividad, creo que los resultados están a la vista, particularmente el Impuesto sobre la Renta a las personas, los incrementos los estamos viendo, según los diferentes tipos de contribuciones los estamos viendo en el 10 por ciento más rico de la población, o de mayores ingresos, o incluso en el 1 por ciento más rico.

Y coincido, debemos acelerar, y por eso se incluyen algunas propuestas en la legislación que está a consideración del Congreso de la Unión, acelerar el proceso de desconsolidación de los grandes contribuyentes. Que ha tenido éxito, sin duda hemos acabo con una mala práctica de carácter tributario, altamente regresiva, pero queremos acelerar el proceso y de algunas de las propuestas que estamos presentando.

Y, finalmente, usted toca un tema de enorme trascendencia e importancia, la seguridad social. Creo que lo que usted comenta es algo con lo que estamos en coincidencia, lo discutimos con la anterior legislatura de la Cámara de Diputados, el que exista una instancia en la que participen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ambas cámaras y especialistas de la academia e internacionales para discutir de fondo los retos del Sistema de Seguridad Social.

Hemos avanzado mucho, la reforma de 1997, la reforma de 2007 fueron pasos en la dirección correcta, pero es un hecho que hoy todavía no tenemos un régimen de seguridad social completo que asegure una pensión digna y que además se evite problemas de sustentabilidad en las finanzas públicas, y creo que el mecanismo que usted propone es el mecanismo correcto para tener una discusión no solamente dentro de las áreas del Poder Ejecutivo sino una discusión de Estado.

Gracias, Senador Mayans Canabal.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Proceda con su réplica, Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente y señor Secretario por sus respuestas puntuales.

Esta nación trata de construirse cada seis años, más bien, se administra cada seis años, teniendo como única guía un modelo económico que no genera crecimiento, empleo al ritmo demandado, salarios suficientes en el orden material, social y cultural.

Que no genera industrialización interna, que no genera un sueldo parejo en el campo mexicano y que no genera crecimiento igual y combinado para todos los sectores, y para todas las regiones de nuestro país.

A cambio de las políticas de estabilidad macroeconómica permanentemente amenazadas por algún choque externo tenemos una economía desindustrializada y extranjerizada. Sin déficit fiscal no se crean los empleos que se requieren, con déficit tan poco.

Ofrecemos al mundo como ventaja comparativa mano de obra barata, tanto que algunos gobiernos estatales, en su competencia porque las armadoras extranjeras instalen en sus territorios, subsidian parte de la nómina de automotrices que, por otra parte, pagan a los trabajadores mexicanos salarios de sobrevivencia y los someten a condiciones laborales y explotación extrema.

Bien por la unificación de las zonas para fijar un solo salario mínimo general de 70.10 pesos diarios, el problema es que con este salario sólo se puede comprar el 80 por ciento de la canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana, es decir, es un salario por debajo de la línea de bienestar establecida por el CONEVAL.
Se persiste en políticas que han dado malos resultados, como la privatización in extremis, ahora en esta administración con la renta petrolera y de toda nuestra industria energética nacional. Se tiene una fe exacerbada de libro de texto al mercado y a la competencia, y bajo este modelo nos quedamos cada vez con menos márgenes para conducir nuestro propio crecimiento y desarrollo.

Señor Secretario, no planteo un regreso al pasado o una apología del Estado propietario, sino la necesidad de un acuerdo económico, político y social pactado entre mexicanos, consensuado por la mayoría para crecer, crecer desde adentro, para la industrialización del mercado interno y competir hacia afuera con mayores ventajas.

Una nueva economía productiva y sustentable, que genere empleo digno, estable, remunerador y al ritmo y velocidad que demandan millones de jóvenes; que genere crecimiento con distribución equitativa de los ingresos para cerrar la brecha de desigualdad que caracteriza a México como una de las peores de América Latina.

No creemos en el universalismo en salud y seguridad social que aplana hacia abajo los derechos sociales y laborales, tampoco en el modelo privatizador que busca transferir parte importante de los fondos de instituciones públicas de salud al sector empresarial y asegurador.

Por lo contrario, creemos que uno de los caminos para la salida del atraso y la desigualdad es, además de la inversión en educación, el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social. Su refinanciamiento y un nuevo esquema de gestión pública eficaz y eficiente, que asegure cero corrupción en todos y cada uno de los procesos de administración de compras y adquisiciones.

Respecto a los fondos de pensión administrados por las Afores, le comento que el largo plazo está conformado por cortos plazos. De modo que lo que se pierde hoy no se recuperará mañana. Por ejemplo, cuántos hospitales y escuelas se podrían haber construido con los 38 mil millones de pesos reportados por la Consar, como minusvalías en los últimos tres meses.

El tamaño de estas pérdidas es incluso superior a los 31 mil 500 millones de pesos de remanentes del Banco de México, que serán utilizados para proyectos de inversión para el 2016.

Se generaron importantes expectativas al inicio de esta administración cuando se plantearon un conjunto de medidas contracíclicas para combatir la evasión y la elusión fiscal y la revisión del régimen impositivo. El problema es que no ha mejorado la economía familiar, los grandes números de la macroeconomía no se reflejan en el bolsillo de la gente, los mexicanos no ganan más por su trabajo, y el mercado interno no se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la economía mexicana.

Se le ofreció al pueblo mexicano un crecimiento si había Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más de 20 años después, el gabinete económico que usted encabeza nos dijo: “crecimiento de 3.5 por ciento sólo si hay reformas profundas”. Señor Secretario, han transcurrido tres años y no tenemos un México en paz, un México incluyente ni un México próspero.

Por su atención, muchas gracias, señor Secretario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para formular su pregunta.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Presidente.

¡Bienvenido, señor Secretario!

Vengo a hablarle, por la unidad y con la humildad desde la enfermedad. No podemos recortar las enfermedades con la misma pluma con la que se ha recortado el presupuesto de salud.

Reconozco la gran responsabilidad y complejidad que implica la elaboración justa del presupuesto anual, sin embargo, apelo a que también podamos lograr que sea un presupuesto más humano.

El gasto de la salud en México equivale a 6.2 por ciento del PIB, uno de los más bajos en comparación con economías similares como Chile o Brasil, que destinan el 7.7 y 9.7 por ciento.

Gracias a la creatividad de las ONG´s, legisladores y el visto bueno del gobierno federal, en 2013 se creó un impuesto a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alto aporte calórico, que logró recabar en 2014 y 2015 más de 66 mil millones de pesos, fue todo un éxito.

Lo que no ha sido exitoso es que los padecimientos para los que se argumentó dicho impuesto sólo han recibido a través del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, recursos equivalentes al 1 por ciento en la recaudación de 2014, y una estimación en 2015 de 1.38 que suma al programa de Sobrepeso y al programa de la asignación del 6 por ciento del presupuesto para bebederos, que por cierto, no ha sido ejercido.

Como el dicho dice: “Uno no sabe para quién trabaja”.

Para 2016, vemos un recorte en la Secretaría de Salud de poco más de 5 mil 181 millones, comparado con el original de 2015, sin olvidar la reducción en este mismo año de 9 mil 765 millones al mismo sector.

Hemos analizado las reducciones, en el acceso a la salud, la cobertura y la atención de la calidad, en programas como Infraestructura, Fortalecimiento, Calidad de la Atención Médica y otros.

Esta disminución puede significar la existencia de más casos de negligencia médica, como el costo de la vista a un menor, o la vida del director del ISSSTE, o el mío propio.

También, ocasionarán falta de atención de la salud en los municipios más pobres, por medio de la disminución del presupuesto, de unidades móviles, y el acceso a nueva infraestructura, tecnología, recursos humanos e insumos, que significan más enfermedades y más muertes.

Otro recorte, como el de protección contra riesgos sanitarios, entre otros, puede debilitar la vigilancia epidemiológica en los estados y su operación.

Todo ello, frente a amenazas como el ébola, el dengue, el paludismo, la tuberculosis, la chikungunya, que ya nos costaron antes en una epidemia de influenza AH1N1, más de 4 mil millones de dólares.

Hay también reducciones como salud materna, sexual y reproductiva, vacunación, VIH y adicciones, que pueden significar descuido de los objetivos del Milenio en mortalidad materno-infantil; transmisión de VIH de madre a hijo y falta de aplicación en el tamiz neonatal para la detección oportuna de enfermedades como la sordera o la ceguera, que pueden ser diagnosticadas tardíamente.
En vacunación, significa tener 2 por ciento menos para biológicos y el riesgo de brotes de enfermedades, y en adicciones, el riesgo de invertir menos en prevención y tratamiento.

Los recortes mencionados equivalen a más de 2 mil 800 millones, que sumamos a los otros programas que no he mencionado, da un total de más de 5 mil millones recortados.

Analizamos si estos recursos fueron incluidos en el Seguro Popular, sin embargo, éste sólo tuvo un aumento de poco más de 600 millones de pesos.

A diferencia de otras Secretarías, señor Secretario, en el tema de salud, cuando uno deja de hacer las cosas no sólo disminuye un indicador, sino que para poder recuperarlo se requiere mucho esfuerzo, capacitación y el doble o el triple de los recursos que ya se han invertido.

Finalmente, considero, por lo antes dicho, que revaluar la asignación que se ha hecho para atender la salud de la población mexicana, puede ser importante.

Por lo anterior, señor Secretario, le pregunto a usted, ¿cuál es el argumento del por qué estamos recibiendo solamente 323 y 464 millones de pesos en 2015 y 2016, respectivamente de los 66 mil millones recaudados por dicho impuesto, si éste iba enfocado al tratamiento del sobrepeso y la obesidad?

¿Cómo se justifica un segundo recorte, señor Secretario, después del que tuvimos este mismo año por 9 mil 765 millones, cuando por lo menos esto se debería evitar en el sector salud, en donde en los últimos años han aumentado muchas enfermedades?

Hoy más que nunca, la defensa de la salud necesita de sus gobernantes.

La enfermedad individual no se puede evadir indefinidamente, aunque nos esforcemos por medio de una vida saludable, la enfermedad colectiva, en cambio, podría eliminarse de las presiones nacionales, mediante una estrategia sanitaria, vigorosa y enérgica. La enfermedad y la muerte son parte del proceso de la vida y ningún ser humano puede evitarlas, pero vale la pena retrasarlas.

Contar con usted, sería para nosotros un honor para poderlo lograr.

Muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez. Proceda con sus respuestas, señor Secretario.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente.

Senadora Ortiz Domínguez, no puedo más que agradecer y admirar la convicción con la que usted trata un tema tan sensible y tan importante para nuestro país, mucho más allá de la política hacendaria, sin duda, ilustra la complejidad de tomar decisiones presupuestales, el que muchas veces afecta inevitablemente rubros que tal vez no deberían afectarse.

Quiero responder a sus comentarios y preguntas, refiriéndome primero, al Presupuesto 2016; segundo, al Presupuesto 2015, es decir, del año en curso y; tercero, hacer un compromiso con usted.

En primer lugar, con respecto al Presupuesto 2016, el gasto que se propone a la Cámara de Diputados en el sector salud, es de 524 mil 646 millones de pesos.
Esto, efectivamente, implica una disminución del 1.3 por ciento en términos reales.

Hay que poner en contexto que, a pesar de ello, tenemos en esta propuesta un gasto 10 por ciento en términos reales, superior al que se ejercía en 2012, es decir, creo que es importante valorar los incrementos que se han dado al principio de esta administración.

Una segunda consideración es que, aún en el sector salud, donde se tratan temas tan sensibles, y no puedo estar más que de acuerdo con usted, como los que describe, también estamos obligados a hacer una revisión acerca de la eficiencia del gasto público.

Y es un hecho, y a lo largo de los últimos meses que analizamos partida por partida, programa por programa, que existen ineficiencias en el gasto de salud, particularmente de la forma en que se aplican los recursos transferidos a las entidades federativas, y me refiero fundamentalmente, a las duplicidades que existen entre el fondo dos del Ramo 33, el FASA, y los recursos del Seguro Popular. Es una obligación de todos el que exista una mayor efectividad de estos recursos, que no necesariamente se están aplicando, ni de manera homogénea y, sobre todo, de manera eficaz, para los fines del Seguro Popular.

Una de las características del gasto en salud, desde principios de la década pasada, cuando se crea el Seguro Popular, hubo una inducción muy importante para la creación de nueva infraestructura, y vimos, y es algo positivo, sin duda alguna, cómo se creó infraestructura nueva en el resto del país.

Sin embargo no estuvimos, no se tomaron las medidas de previsión presupuestal, para asegurar que esa infraestructura iba acompañada del gasto de operación e, incluso, del equipamiento, y uno de los grandes retos que tenemos es, precisamente, esa nueva infraestructura, equiparla o, incluso, simplemente operarla.

Un ejemplo que usted conoce bien es, que existen muchos trabajadores del sector salud que no cuentan con protección social, que están en plazas precarias, es decir, el sector salud está promoviendo la informalidad. Mucho de lo que se propone en el presupuesto es, precisamente, para atender el equipamiento, y atender la formalización del sector salud, por ejemplo, en el ISSSTE se propone la creación de 10 mil nuevas plazas de personal médico, porque, efectivamente, los trabajadores del Estado hoy tienen una calidad de los servicios médicos inferiores a los trabajadores del sector privado.

En materia de infraestructura, sin embargo, hay que destacar que están creciendo los recursos del fideicomiso del Sistema de Protección en Salud, están creciendo de 7 mil 800 millones en el PEF del año pasado, a una propuesta de 10 mil millones. Cuando se consideren estos recursos tendremos un gasto equivalente al del año pasado, y se están construyendo, esto no quiere decir que esté eliminándose la construcción de nueva infraestructura, pero debemos tener un gasto más eficiente y más balanceado.

Con respecto al Presupuesto, y estas decisiones naturalmente habrá de tomarlas la Cámara de Diputados, quien es quien hoy tiene la facultad exclusiva de analizar la propuesta del Ejecutivo para el próximo año, me refiero ahora al Presupuesto del sector en este año.

Efectivamente, se hizo una reducción importante al Presupuesto a principios del año: 124 mil millones de pesos, de los cuales el ajuste en la Secretaría de Salud fue de 3 mil 339 millones de pesos. El 2.7 por ciento del ajuste fue en la Secretaría de Salud, y fue un ajuste equivalente al 2.5 de su presupuesto.

Sin embargo, a lo largo del año hemos venido trabajando con la Secretaría para asegurar que no se afecten funciones esenciales, y se han venido otorgando algunos incrementos, algunas ampliaciones haciendo uso de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, un ejemplo, las necesidades de gasto de los institutos nacionales de salud, que sin duda, y es un tema que usted conoce muy bien y de primera mano, no hay espacio realmente para hacer reducciones.
Lo que estamos buscando, desde principios de año y el próximo, es una mejor alineación de los recursos transferidos a los estados.

Antes de hacer un compromiso con usted, me quiero referir al destino de la recaudación de IEPS de bebidas saborizadas o de bebidas azucaradas.

El Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, para este año, establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe preveer una asignación equivalente a lo que se recaude por este impuesto para impulsar tres tipos de acciones: prevención, tratamiento y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas; cobertura de servicios de agua potable en localidades rurales y bebederos en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. Y una disposición similar está prevista en la iniciativa que está a consideración del Congreso, para el próximo año.

En la Ley de Ingresos, para este año se previeron 18 mil 300 millones de pesos de recaudación de este impuesto.

Al 30 de agosto se han ejercido, en estos rubros, 15 mil 300 millones de pesos, es decir, el 71 por ciento de los recursos; 3 mil 380 en programas de prevención de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE; 5 mil 773 millones a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, y 6 mil 124 millones de pesos a través de la SEP y Conagua en las funciones previstas.

Con respecto, específicamente, al programa de bebederos escolares, se han equipado 2 mil 700 escuelas con bebederos escolares.

Para el 2015, la Cámara de Diputados aprobó mil 131 millones de pesos en el programa de reforma educativa, específicamente para el programa de bebederos escolares, y se propone una asignación de la Cámara de Diputados, de mil 141 millones de pesos para el programa de bebederos escolares, que por cierto, que la aplicación de los certificados, el uso de los certificados de infraestructura escolar acelerarán la instalación de bebederos escolares en las escuelas sin cargo a los recursos del impuesto, sino con cargo a lo que se obtenga de los mercados financieros para este instrumento.

Insisto, el presupuesto de salud refleja las prioridades y también refleja la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto en salud, y quiero hacer un compromiso con usted y con las Senadoras y Senadores de la República.

Las decisiones que se tomen con respecto al Presupuesto 2016 corresponden a la Cámara de Diputados; pero el compromiso que puedo hacer con usted es con respecto al ejercicio 2015, de asegurar que las partidas que hayan sido reducidas a la Secretaría de Salud o cualquier otra instancia de la administración pública federal en materia de salud, revisarlas puntualmente con la Secretaría de Salud para restituir los montos de cualquier programa que se estén generando, más que una corrección de beneficencia, un daño real a la salud de los mexicanos.

Es un compromiso que asumo con usted y que habremos de aplicar en lo que resta del año.

Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para comentarios o réplicas, hasta por dos minutos.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Presidente. Señor Secretario, qué tal, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros:

Bueno, como es de esperar, vengo con el tema de la frontera norte, complementar un tanto los argumentos del Senador Monreal Ávila acerca del crecimiento en la frontera.

Yo creo que deben desagregarse los componentes de manufactura de los de comercio, puesto que, efectivamente, la manufactura, ¡gracias a Dios!, se ha mantenido un tanto mejor que el mercado interno y eso ha ayudado al PIB.

Pero, en esta razón, la dinámica de la frontera, en su área comercial, es donde se ha visto agravada. Los comerciantes venden menos por razón precisamente de sus precios. En fin. Ahora, tradicionalmente la región de la frontera norte ha jugado un papel protagónico en el crecimiento y en el desarrollo económico, social, tecnológico, industrial de nuestro país.

Por mencionar algunos datos, históricamente, ha contribuido con una cuarta parte del PIB nacional, y en contraste, ha sido una de las regiones menos favorecidas por la transferencia de fondos federales.

Cualquier otro rubro, pues, a pesar de contribuir con más de la cuarta parte del PIB, recibe apenas alrededor del 18 por ciento del total de los recursos federalizados.

Aunado a lo anterior, en 2013 se revirtió en una medida que nos permitía competir con el comercio ubicado al otro lado de la frontera al incrementarse la tasa del IVA, del 11 al 16, provocando un efecto negativo al sector comercial fronterizo mexicano.

Todo ello hace pensar que la frontera norte, lejos de ser reproducida e impulsada para consolidar su crecimiento y aprovechar todo su potencial, ha sido castigada.

Recientemente, el Ejecutivo Federal ha plateado la creación de zonas económicas especiales para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo en áreas específicas, es una iniciativa importante y oportuna.

Lo que nos parece inexplicable es desaprovechar las ventajas de un sector exportador maduro, la rentabilidad global lograda, nuestra ubicación geográfica y la experiencia lograda en políticas públicas de impulso hacia el mercado mundial. Esto lleva para la convivencia de la economía regional el reconocimiento de zonas estratégicas para atraer a los inversionistas globales.

Lo que sí está claro, entonces, es que el atrincheramiento de un gobierno ineficiente, que sólo lo explica el gasto público para mantener el poder.

El gobierno federal debería contemplar medidas de impulso o consolidación para las regiones estratégicas que ya están produciendo, es el caso de la frontera norte.

Se deben implementar medidas adicionales para consolidar la frontera norte e impulsar un corredor industrial-comercial hacia el interior del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.
El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente.

Nuevamente, bienvenido, señor Secretario. Compañeras y compañeros Senadores:

En un entorno internacional difícil e incierto, México ha sabido sortear esta situación y ha dado muestras de fortaleza en su desarrollo económico como resultado de las reformas estructurales que se están instrumentando y la política responsable del gobierno de la República.

Con el intenso trabajo que el gobierno ha realizado y la actitud constructiva del Congreso de la Unión, se ha podido blindar a nuestro país de choques externos como la baja en los precios internacionales del petróleo, y la alta volatilidad financiera.

Hoy los ingresos públicos dependen menos de los ingresos del petróleo, al pasar de casi 40 por ciento en 2012 a un 18.6 por ciento en 2015. La base de contribuyentes se ha incrementado en más de 11 millones, lo que ha permitido incorporar a miles de trabajadores informales al empleo formal.

La demanda agregada se ha visto favorecida, en especial, al consumo privado que en el primer semestre creció 3.3 por ciento; la inversión fija bruta 5.4 por ciento, y con una inflación de 2.53 por ciento la más baja observada en décadas; ello ha permitido que nuestra economía crezca 2.4 por ciento en el primer semestre, y 3.2 por ciento sin considerar el petróleo.

Esos son datos que se pueden verificar, constatar y que conoce la opinión pública y que confirman que vamos por el camino correcto.

Por eso, también, señor Secretario, consideramos que el paquete económico para el 2016, que presentó el pasado 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde este Senado de la República participa como Cámara revisora en la aprobación de la Ley de Ingresos, es congruente con el entorno que se vive a nivel internacional, y la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra estabilidad macroeconómica contando con finanzas públicas sanas y responsables sin descuidar el crecimiento económico, la generación de empleos y el compromiso de atender a los más pobres, en donde otros países han tenido que recurrir a la reestructuración de su deuda y a mayor financiamiento, afectando seriamente su equilibrio económico, Grecia, España, entre otros.

Es importante el anuncio de disminuir el déficit público, la propuesta de no aumentar los impuestos, incluido el IVA, el iniciar la transición para liberar el precio de la gasolina, y plantear una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los ingresos, remanentes del Banco de México, se destinen al pago de la deuda pública.

Es un acierto del gobierno dejar de usar la metodología inercial para la elaboración del Proyecto de Presupuesto y utilizar una nueva reingeniería base cero. Es de destacar, en el Proyecto de Presupuesto 2016, la fusión, eliminación o, en su caso, la aclaración de programas al pasar de mil 97 a 851 programas del presupuesto programático.

Con ello, lo que se busca es alinear las metas y objetivos al Plan Nacional de Desarrollo y eficientar el trabajo de la administración pública tomando en cuenta dos polos o diferencias con una economía rural y otra financiera.

Le pregunto, señor Secretario, sobre las bondades en la cuarta medida anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en su Informe en relación al nuevo Programa de Apoyo a los Pequeños Productores, así también si pudiera explicarnos en qué consisten los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura, conocidos como Fibra-E; y también, que nos explique en torno a los bonos de infraestructura educativa.
Por último, señor Secretario, ¿qué beneficios podemos esperar para nuestra economía a la reciente conclusión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como el TPP?

Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez García. Proceda, señor Secretario, con su respuesta.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Con su permiso señor Presidente.

Senador Sánchez García: El Presupuesto de Egresos de la Federación propone a la Cámara de Diputados, conforme a la estructura programática que se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de dicha Soberanía, la compactación de programas, eso implica la desaparición de diversos programas, fusión de otros entre sí, alrededor del 20 por ciento de los programas desaparecen, pero propone la creación de algunos nuevos programas.

Uno de los nuevos programas que se propone es, el programa de Apoyo a Pequeños Productores. ¿A qué se orienta este programa?

Es un programa que se orienta a atender el desequilibrio regional, a atender disparidades en los niveles de producción y bienestar en la población rural, reconociendo que en muchos de los programas del campo históricamente han estado enfocados en los productores de mayor escala, en los productores que tienen a su disposición más hectáreas, y así como se están proponiendo que en el programa Proagro, antes programa Productivo, antes Procampo, se disminuya la asignación o el número de hectáreas elegibles para darle preferencia a los pequeños productores. Se hace este nuevo programa que tendrá, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, una asignación de 3 mil 279 millones de pesos.

Este es un nuevo programa que consolida, por cierto, a la Secretaría de Agricultura, SAGARPA, algunas otras funciones que antes estaban dispersas en otras dependencias del Ejecutivo Federal integrando los componentes que vienen de programas que ejercía antes Sedatu, y ahora serán consolidados para darle mayor eficiencia al gasto; es decir, no solamente es un nuevo programa, sino es un programa que unifica otros instrumentos que se tenían en Sedatu.

A final de cuentas lo que se busca es tener un instrumento de política pública que vaya a aquellos productores que más lo necesitan, y hay que reconocerlo, la estructura presupuestal no necesariamente consideraba como prioritarios.

Con respecto a la Fibra-E me permito reiterar que se trata de un nuevo instrumento, una nueva figura que estará disponible para los sectores públicos y privados, que podrán participar de ella no solamente las empresas públicas del Estado, si así lo deciden sus consejos de administración, sino también los gobiernos estatales podrán participar otras áreas de la administración pública y, por supuesto, el sector privado.

No es un instrumento que constituye endeudamiento público, es un instrumento de monetización, de activos existentes, activos maduros, que en el caso de las empresas productivas del Estado se consideren no estratégicos y que genere una eficiencia la aplicación de la figura.
Con respecto a los certificados de infraestructura escolar, a final de cuentas lo que se busca es acelerar la implementación de un componente esencial de la reforma educativa, que es mejorar las condiciones de enseñanza en las escuelas, escuelas a las que hoy gracias al censo educativo que ordenó la propia reforma educativa sabemos que les faltan pisos, que les faltan techos, que no tienen conectividad escolar, que no tienen sanitarios dignos. De lo que se trata es de acelerar la dignificación de los espacios en enseñanza.

La reforma educativa no se puede limitar solamente a la evaluación magisterial, tiene que reflejarse en algo tangible, que los padres de familia y, sobre todo, los niños perciban todos los días, y esas son las condiciones de las escuelas.

¿De qué se trata? De adelantar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de los Estados en las entidades que así lo decidan y, por supuesto, cumpliendo con la normatividad aplicable, incluyendo la nueva normatividad en materia de deuda pública derivada de la reforma constitucional que ustedes aprobaron. A final de cuentas es un acelerador de la reforma educativa.

Reitero que desde el punto de vista de la Hacienda Pública Federal no constituye deuda pública.

Y, finalmente, reitero lo que he dicho aquí sobre el TPP, el Tratado de Asociación Transpacífica.

Estamos convencidos que es un paso adelante para México, para abrirnos nuevos mercados para nuestros productores del campo y de la industria; tener acceso preferente a mercados que hoy son de los que más están creciendo en el mundo; proteger a nuestras industrias ante prácticas potencialmente desleales; tener los mejores estándares de protección ambiental, de protección de la propiedad intelectual, que son elementos fundamentales del comercio exterior; e insisto, desde el punto de vista de la política financiera en un acuerdo paralelo, tener transparencia y evitar la manipulación con fines competitivos de los tipos de cambio.

Estos elementos ahora son discutidos por el Senado de la República, y estoy seguro que el Senado habrá de tomar la que será la mejor decisión para México.

Gracias, Senador Sánchez García, gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias señor Secretario. Proceda con su réplica, Senador Sánchez García.

El Senador Gerardo Sánchez García: Gracias, señor Presidente. Señor Secretario, la democracia es una forma de gobierno, no es una varita mágica que por decreto todo lo hace y todo lo puede.

Usted ha señalado que nuestra actividad económica ha mantenido un lento crecimiento desde más de tres décadas, incluido el estancamiento de la productividad, y son las reformas estructurales las que están haciendo posible romper con la inercia del lento crecimiento.

Hay especialistas como Jaime Ross que afirman que la trampa del lento crecimiento en los últimos 30 años se debe a una baja en la acumulación de capital tanto público como privado.

Señala cuatro factores como causales, bajos niveles de inversión pública, asociada a una baja carga fiscal, la reducida inversión en infraestructura particularmente en el sur-sureste del país, el crédito bancario escaso y caro y el desmantelamiento de la banca de desarrollo, así como una política monetaria que tiende a apreciar el tipo de cambio.
A la luz de estas tesis me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no llevamos a cabo las reformas estructurales?, ¿cómo estaría nuestro país, ya que éstas corrigen muchas de las insuficiencias que en el pasado reciente, y no tan reciente vivió nuestra economía, a ello se suma la iniciativa de Ley de Zonas Económicas Especiales que se ha señalado aquí de manera insistente, y que en sus palabras, doctor Videgaray, es recordar que uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo es la democratización de la productividad, y la productividad es el elemento más importante para superar la pobreza, para que la gente gane más por su trabajo, para que haya crecimiento y para que haya prosperidad.

Estas zonas económicas especiales que se señalan en la iniciativa serán regiones que detonarán el desarrollo en el sur-sureste del país.

También es importante retomar la reforma del campo que ha sido uno de los sectores que está aportando y que está fortaleciendo la economía de nuestro país.

Para un sector noble que en los últimos dos años ha crecido por arriba de lo que ha registrado el Producto Interno Bruto Nacional.

Imagine usted, señor Secretario, el valor agregado al campo contribuyendo al desarrollo y combate a la pobreza.

Por eso, señor Secretario, no aflojemos el paso, nuestro grupo parlamentario está atento y vigilante para apoyar las políticas públicas que incentiven el desarrollo de nuestro país.

El PRI apoya y seguirá apoyando la política económica exitosa del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez García.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, señor Secretario, bienvenido a este ejercicio de control del Congreso, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Quisiera hacer una pregunta de mi parte, y trasferir o trasladar tres preguntas de algunos compañeros.

La mía tiene que ver con el tema que a mi parece más preocupante, ha sido varias veces comentado durante la comparecencia que es el tema de la deuda.

Contratar deuda puede ser una enorme oportunidad para una familia, para una empresa, para un país, pero llega a ciertos niveles en que puede convertirse en un riesgo, en un lastre para el propio crecimiento.

Hay diversos estudios en donde, sin ponernos ahorita la cantidad, la frontera de lo que es excederse en el endeudamiento, pues cuando crece el endeudamiento se afecta la capacidad de acumular capital y productividad; hay estudios empíricos, serios, que estiman que por cada 10 puntos de PIB de deuda que se contrata, se cae el producto Interno Per Cápita más o menos como dos décimas.

También afecta en aumento a tasas de interés, si hay una concurrencia del gobierno por capital, por préstamos, pues presiona a las tasas de interés al alza, y en consecuencia desestima el crecimiento de la inversión, y por lo tanto, de la economía.
Desde luego que a futuro contratar deuda reduce el gasto futuro, y lo estamos viendo ahora, tenemos que gastar más en servir a la deuda que ya tenemos contratada.

Por ejemplo, si la deuda supusiera el 50 por ciento del PIB, que no lo estoy afirmando, representa aproximadamente el 44, y es obvio que van a aumentar las tasas de interés próximamente, hemos estado en un ciclo en donde la tasa relativamente vale cero, lo único que pagamos sería, lo podríamos decir, el riesgo-país.

Si la tasa aumentara dos puntos, y la deuda fuera el 50 por ciento, nada más en un año, cada año tendríamos que incrementar nuestro servicio a la deuda, en un punto. Es decir, vamos perdiendo capacidad de gasto, en un país que recauda el 12, 13 por ciento, perder un punto de recaudación para pagar el servicio de la deuda, sí compromete mucho el gasto, y estamos muy cerquita del 50, estamos en el 44.

Desde luego que también limita el gasto de inversión, qué mejor ejemplo que el presupuesto que han presentado este año, se cae el gasto de inversión, 22 por ciento, y lo pone a niveles que no habíamos visto en muchísimos años.

Y, finalmente, nos limita la posibilidad de hacer políticas contracíclicas, hoy en este año quizá habíamos de establecer algunas políticas contracíclicas y la propia capacidad de endeudamiento, el propio gobierno lo reconoce, está llegando a niveles que no convienen.

Mi pregunta sería, ya lo hicimos en el pasado, en vez de incrementar el pasivo, profundizar el recorte.

En 2001, ante un entorno externo desfavorable hubo cuatro recortes en el gasto, y el crecimiento no se afectó; estamos llegando a niveles de endeudamiento que van a afectar, que están afectando el crecimiento de la economía. Por qué no mejor proponer un mayor ajuste, no en el gasto de inversión, en muchísimos programas de tal forma que no comprometan el crecimiento económico de México, que es el que nos permite después pagarlo.

Esta sería por mi parte la pregunta, de manera muy breve.

En 2015, en el Presupuesto de Egresos se estableció una partida en el Ramo 23, el Fondo de Apoyo de Infraestructura, en infraestructura y productividad. A este fondo se le asignaron 2,535 millones, pero solamente se aplicó en dos estados, y de esos dos estados, se aplicó en 97 municipios. Casualmente los dos estados son los que van a tener elecciones el próximo año 2016, y casualmente los 97 municipios están presididos por alcaldes del PRI.

La pregunta concreta, ¿no podría comprometerse usted a emitir algunas reglas de operación que permitan el acceso a estas partidas?, no solamente los alcances del PRI, y no solamente a los estados que tendrán elecciones el próximo año.

Otra pregunta. En el presupuesto del año pasado, la Ley de Derechos se estableció un derecho de 20 centavos de dólar para la banda de 700 megahertz, que es donde está construida la red de banda ancha, y ahora se propone reducirlo 100 veces, a 2 centavos, en vez de 20 centavos de dólar, bajarlo a 2 centavos de dólar, cuando hay otras bandas que son menos productivas, como la banda de 2.5 en donde se establece, no se modifica el derecho, en 7 centavos de dólar.

¿Cuál es el motivo de reducir una banda tan importante 100 veces el derecho que vamos a cobrar?, ahora que va a empezar a utilizarse este próximo ejercicio, reducir de 20 centavos de dólar, a 2 décimos de centavo de dólar, 100 veces la reducción.
La última pregunta. En su intervención inicial, al finalizar, comentó acerca del TPP, y la posibilidad de empezar a construir un convenio de coordinación en materia cambiaria, es un tema que ha generado inquietudes de su propia participación, y yo le quisiera pedir, si no es posible por el tiempo, hacerlo después de manera escrita, exactamente a qué se debe si en términos generales no tenemos mayor problema entre los 12 países de la manipulación del tipo de cambios, los problemas están más bien con el país con el que vamos a competir.

Gracias por sus respuestas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señor Secretario, proceda con sus respuestas, por favor.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente.

Senador Larios Córdova, me hace usted cuatro preguntas, cada una de ellas podría ser materia de exposición que consuma los cuatro minutos que el formato me concede.

En materia de deuda coincido en que en un entorno como el que está viviendo el   mundo, sería poco prudente seguir por el camino de incrementar el déficit, por eso estamos proponiendo una reducción en el déficit público, de tal manera que permita estabilizar la razón de deuda al Producto Interno Bruto, este cociente medido en la definición amplia de endeudamiento, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

Este saldo, cuando lo comparamos con otras naciones, hay que reconocer que es un saldo bajo, pero lo que queremos es que siga siendo bajo, y que siga siendo un elemento de diferenciación de México en los mercados internacionales, particularmente en momentos como éste, de gran volatilidad.

Hay que destacar, y debe ser motivo de tranquilidad, pero también de precaución, que las calificadoras le han dado a México, aún en este caso, un incremento a nuestra calificación, y que los mercados internacionales han refrendado en este 2015, aún en este contexto ya de reducción del precio del petróleo, la confianza que hay en el manejo de la Hacienda Pública y en los niveles de endeudamiento de México.

Por ejemplo, si hubiera una desconfianza en la solidez de las finanzas públicas, hubiera sido imposible colocar este año, en marzo, bonos gubernamentales en euros a un plazo de cien años, a una tasa históricamente baja.

Pero usted lo dice, y lo dice muy bien, las tasas de interés en el mundo van a subir, y así lo estamos reflejando en el Paquete Económico. Por cierto, se prevé que el costo de financiamiento crezca en un punto y medio porcentual, de un promedio de 3 por ciento a un promedio de 4 a final del periodo de 4.5 por ciento, y esto se refleja en el gasto no programable, y, por lo tanto, el ajuste de gasto que se propone para disminuir el déficit viene del gasto programable, del gasto específicamente en los ramos administrativos, que es el que puede proponer el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

¿Por qué no ir más allá en el gasto, particularmente, en el gasto corriente?

No estamos cerrados a esa posibilidad, y si es el camino que decide tomar la Cámara de Diputados, lo vamos a apoyar con entusiasmo.
Naturalmente empieza uno a enfrentarse a algunos márgenes de reducción que pueden afectar funciones sensibles del Estado mexicano, pero creo que es una discusión, y coincido fundamentalmente, si bien tal vez no en el matiz respecto a la preocupación inmediata o a la sustentabilidad de la deuda pública, en la orientación de política pública que usted propone en su pregunta, estoy fundamentalmente de acuerdo, éste no es un momento de incrementar la deuda, por el contrario, hay que reducir el déficit y el camino es reduciendo el gasto, particularmente el gasto corriente.

Con respecto al FAIP, quiero aquí aclarar que éste es un fondo efectivamente que estableció la Cámara de Diputados, que se ha venido ejerciendo con base en distintas convocatorias, la primera fue una convocatoria para el sur-sureste, en el que estuvo vigente del 28 de enero al 15 de marzo del presente año, se ejercieron solamente 300 millones de pesos en 149 obras, en el que se apoyaron 85 municipios de tres estados: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Por cierto, hasta donde tengo en mente, el año que entra no hay elecciones en Guerrero, no hay elecciones en Chiapas.

¿Qué ocurrió en esta primera convocatoria?

Se rechazaron 616 solicitudes, 43 por ciento por entrega parcial de documentos; 23 por ciento por problemas en la cuenta bancaria, simplemente no nos dieron la información correcta a la cuenta bancaria; y 33 por ciento porque la cédula era incompleta, o porque había inconsistencias en la información.

¿Qué estamos haciendo? Una segunda convocatoria.

Esta segunda convocatoria se emitió el 14 de agosto de este año, por 1,200 millones de pesos para 428 municipios desde alta y muy alta marginación, otra vez en estos estados, y se dará continuidad, incluso, a los municipios que presentaron proyectos que los puedan volver a presentar.

Al 2 de octubre, es decir, la semana pasada, nos han presentado 461 proyectos, 307 municipios, y ya se autorizaron 286 millones de pesos.

Quiero destacar que se han emitido también dos convocatorias de carácter nacional.

La convocatoria nacional, es decir, para todos los estados de la República, la primera se hizo el 6 de marzo, estuvo vigente del 9 al 20 de marzo, y aquí se autorizaron y pagaron ya 1,400 millones de pesos en 315 obras en 164 municipios; se rechazaron 1,941 solicitudes por no haber cumplido con los requisitos, pero se emitió una segunda convocatoria. La segunda convocatoria se publicó el 26 de agosto, está abierta para todos los municipios del país, estuvo abierta hasta el 9 de septiembre, y se están revisando los proyectos, es decir, está abierta para todo el país, aunque existe un capítulo dentro del fondo que está específicamente etiquetado para los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

¿Qué pone en evidencia el ejercicio de este fondo? La debilidad técnica que tienen los municipios más pobres del país, lo cual no debe sorprendernos.

Y por lo tanto, es importante, y esta es una recomendación, no para el Senado, sino para la Cámara de Diputados, que se establezcan, junto con estos fondos, recursos para la asistencia técnica para los municipios, particularmente los municipios de mayor marginación que por no tener la capacidad de integrar debidamente un expediente aunque sea sencillo, se pierden los recursos o es muy lento el ejercicio de los     recursos.
Con respecto a los derechos de la banda de 700 megahertz, hay que recordar que la banda de 700 megahertz está incluida en los transitorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y se prevé que se destine para un proyecto de la red compartida nacional en un modelo de asociación público privado.

La contraprestación que recibe el Estado mexicano por la explotación de una banda de telecomunicaciones, es en dos partes: son los derechos y es el aprovechamiento.

Lo que se está proponiendo en el modelo, y por cierto, acaban de ser publicadas las pre-bases del modelo de red compartida para recibir comentarios de la opinión pública, y por supuesto de las y los Senadores por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es que la contraprestación venga fundamentalmente con obligaciones de cobertura, es decir, con obligaciones de infraestructura, lo que se busca es que específicamente los derechos, hay un derecho pequeño, y que este derecho sea compensado con una obligación de cobertura que tiene que ser por lo menos del 85 por ciento, y la variable de competencia para la asignación del proyecto de red compartida es, fundamentalmente, la variable de cobertura.

En el resto de las licitaciones de espectro, habrán de hacerse definiendo el derecho con los parámetros tradicionales, es decir, usando referencias de precio de las licitaciones comparables en el resto del mundo, pero aquí, en virtud del mandato específico que hay para el desarrollo de la red compartida, se busca que la contraprestación la otorgue el participante privado, o los participantes privados, a través de la obligación de cobertura y del pago de infraestructura.

Con mucho gusto le haré llegar más información, o le pediré, mejor dicho, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le haga llegar información más completa sobre este proyecto.

Sobre el tema del TPP, específicamente en materia cambiaria, existe la preocupación de algunos integrantes del TPP, y me refiero específicamente al Congreso de los Estados Unidos, de que algunos socios asiáticos, particularmente, que participan en el TPP, pudieran generar, una vez firmado el Acuerdo, una competitividad artificial manipulando su tipo de cambio, y para esto se ha convocado a los participantes del Acuerdo, a las 12 naciones, a construir algún mecanismo de colaboración y de intercambio de información en materia cambiaria. De tal manera que se prevengan o se eviten este tipo de manipulaciones.

Ha habido naturalmente una gran controversia con respecto a algunas naciones que tienen una estructura monetaria y cambiaria muy diferente a la que tienen los Estados Unidos, o la que tiene México, o la que tiene Canadá, donde la determinación del tipo de cambio es fundamentalmente la determinación de la política monetaria, es el caso, por ejemplo, de Singapur, pero es el caso también de Vietnam.

A lo que se ha llegado como una conclusión, como un acuerdo, es que lo que se busca es que sea fundamentalmente un acuerdo de intercambio de información; no un acuerdo vinculante. De tal manera que los integrantes del TPP conozcan las decisiones de política cambiaria que toman los otros socios del TPP.

Quiero destacar que hasta ahora lo que está en la mesa, hoy México cumple con todas y cada una de estas obligaciones y con creces, tenemos una política cambiaria altamente transparente, y, por lo tanto, creo que es en el interés del país que cualquier mecanismo que se desarrolle, que probablemente no será vinculante, eleve los estándares de transparencia en materia de política cambiaria, como ya los tiene nuestra nación.

Reitero, todo lo que hagamos en esta materia será con la participación, por supuesto, del conocimiento del Senado de la República.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Senador Ernesto Ruffo Appel, proceda con el comentario de la réplica, hasta por dos minutos.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Presidente.

Parece, señor Presidente, me tocó cerrar, soy el último.

Señor Secretario, la actual administración, en su Tercer Informe de Gobierno, afirma que las finanzas públicas se han manejado responsablemente, que el gasto se ha ajustado a la baja y que la política fiscal se ha convertido en un instrumento de impulso a la actividad económica.

No obstante, la realidad que nosotros, en el PAN, vemos, no coincide. El déficit público se ha incrementado de manera considerable, la deuda publica ya supera los 7.5 billones de pesos que sumándole a la deuda de las pensiones, ya casi debemos un año del PIB, o sea, la suma del esfuerzo de todos los mexicanos de un año.

Tenemos cáncer y progresivo, la reforma fiscal afectó seriamente la economía, engrosando los ingresos públicos a costa de la actividad económica.

Para el proyecto de 2016, los impuestos se incrementan, se estima el ingreso por impuestos crecerá 22 por ciento y el IVA sólo 2 por ciento. Lo que quiere decir que el mercado interno no crece, crece el ingreso del gobierno.

Todo ello se observa en el desempeño de la economía, se han pronosticado crecimientos del PIB y cada año ha caído 50 por ciento de lo estimado, ha ido a la baja de manera constante.

Y respecto a nuestra competitividad de acuerdo al más reciente reporte del Indice de Competitividad Global del World Economic Forum, destaca, que los actores más problemáticos para realizar negocios en nuestro país, se encuentra uno, la corrupción, se incrementa en la estimación de la encuesta de 2014 al 2015, del 18 al 20 por ciento de los opinandos.

La ineficiencia de la burocracia aumenta del 13.3 al 13.6, la inseguridad aumenta del 12.9 al 13.3 y las tasas de impuestos en la opinión como factor problemático tienen un reflejo en la opinión del 8.1 al 10.1.

La falta de competitividad en México se debe al desempeño que se refleja en los 12 pilares de este estudio que hace el World Economic Forum, y si promediamos esos pilares resulta que tenemos 6.1 de calificación en la escala de 10, o sea, estamos apenas pasando de panzazo.

Y hay índices, hay números dentro de ese índice, caemos en la apreciación de las instituciones del lugar 102 al 109; de entorno macroeconómico del 53 al 56, y para que nos ubiquemos entonces, los países equivalentes por los que en esas calificaciones convivimos, pues son Camboya, Kirguistán, Pakistán, Zimbabwe, a ese nivel andamos.

A pesar de lo anterior, el paquete económico que propone el gobierno federal se mantiene en la misma tónica.

Señor Secretario:
Considerando lo antes expuesto y que nuestro país necesita de decisiones, no le parece que la Administración Pública Federal debería adelgazar la nómina de la burocracia, incluyendo la del sector central, paraestatal, empresas productivas del Estado, trabajadores de confianza y sindicalizados, y no se diga nosotros, compañeros, que reduzcamos el presupuesto de egresos del Congreso de la Unión.

Los principales problemas que impiden a México a ser competitivo, son las tasas de impuestos del sistema fiscal y el peso enorme de la burocracia y sus pensiones.

Ante esta clara realidad, no le parece que el gobierno debería flexibilizar la reforma fiscal y reducir al gobierno para alcanzar mejores condiciones de competitividad.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Señor Presidente y señor Secretario:

Como siempre, resulta de enorme interés el poderlo escuchar, primero, por lo que respecta a la glosa del informe y después, por las amplias explicaciones que en relación con el análisis económico y las expectativas del país, nos ha señalado a lo largo de la presentación.

En mi caso, en esta última parte he escuchado el interés que existe y la inquietud de los compañeros en relación con las zonas económicas especiales, y me gustaría preguntarle:

¿Qué medidas están pensando que puedan realizarse para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno?

Como usted sabe, vengo de haber participado en los gobiernos locales, estatales y municipales, y vaya que en más de una ocasión los obstáculos son enormes, las inercias también, y creo que sería interesante el saber cómo se está pensando agilizar estos mecanismos.

En ese mismo tenor, inclusive, también la inquietud de qué otras medidas en el futuro podrán haber para otras zonas que, si bien no se harán delimitadas en esas zonas especiales, definitivamente el contraste y las paradojas de la desigualdad siguen existiendo prácticamente en todos los estados del país.

Y por último, señor Secretario, también algunos comentarios en relación con el funcionamiento de los recintos fiscales, que una vez que fueron aprobados en 2012, sería interesante saber cuáles siguen funcionando, cuál ha sido su desempeño y qué sigue para ellos hacia el futuro.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Proceda con su respuesta, señor Secretario.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente.

Senadora Alcalá Ruiz, en la iniciativa que el Presidente de la República ha presentado al Congreso de la Unión en materia de zonas económicas especiales, se prevé como uno de los temas esenciales, generar un ambiente de negocios apropiado para las zonas.

Y algo que hemos recogido de la experiencia internacional y también del dialogo con el sector privado, es que los tramites sean simples y que se puedan atender mediante una ventanilla única.

Esto implica, a su vez, generar convenios de coordinación con los gobiernos estatales y municipales involucrados.

Por lo tanto, la ley prevé la obligatoriedad de los convenios de coordinación, entre otros, para la facilitación de trámites. Y también prevé que cuando la zona económica especial se desarrolle en bienes federales, es decir, en terrenos propiedad del gobierno federal o del ámbito federal, la jurisdicción aplicable sea siempre la norma federal. De tal manera, que puedan simplificarse los trámites.

Con respecto a los recintos fiscalizados estratégicos, quiero aquí hacer un comentario que se refiere a algo que en otras intervenciones en la comparecencia de Senadoras y Senadores he escuchado, que tiene que ver con el que la estrategia en las zonas económicas especiales, no se limite solamente al sur de país.

Creemos que las zonas económicas especiales son un instrumento para el sur de país, porque parten precisamente de donde no hay nada en el desarrollo industrial.

Pero esto sería absolutamente erróneo, no tener estrategias de política industrial explicita para fortalecer el desarrollo de las zonas donde hay industrialización, por ejemplo, la frontera norte, o también el Bajío.

Y uno de los instrumentos que han quedado a deber en la práctica son los recintos fiscalizados estratégicos. Esta figura a la que usted alude, surgió en 2003, y fue una gran promesa de que pudiéramos tener a través de los recintos fiscalizados estratégicos un desarrollo importante de actividad industrial.

¿Qué ha pasado en estos 12 años?

Solamente se han autorizado 11, y sólo funcionan dos, no están realmente haciendo una diferencia y, por cierto, en esos dos recintos que funcionan, solamente opera en cada uno, una sola empresa.

¿Qué es lo que estamos haciendo, al tiempo que se proponen al Congreso de la Unión las zonas económicas especiales?

Vamos a revisar la normatividad, las reglas administrativas aplicables a los recintos fiscalizados estratégicos para que sean más atractivos y se conviertan en un instrumento detonador de desarrollo industrial, en las zonas en donde ya hay industrialización, incluyendo la frontera norte.

¿De qué se trata? Queremos facilitar la conversión de parques industriales existentes a recintos fiscalizados estratégicos. Queremos flexibilizar la adopción de trámites en los recintos fiscalizados estratégicos y que convivan, en lugar de competir con el régimen de las maquiladoras.

Es decir, no se trata necesariamente de utilizar el mismo instrumento de política pública a realidades opuestas. Las zonas económicas especiales atienden una necesidad de promover industria donde no la hay, por ejemplo en Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Sin embargo esto no quiere decir que no debamos tener instrumentos apropiados para fortalecer el modelo de desarrollo industrial en otras regiones del país, que es el caso y por esto estamos revisando la normatividad en los recintos fiscalizados estratégicos.

Gracias, señor Presidente, y Senadora Alcalá Ruiz.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Senadora Alcalá, Ruiz, para la réplica, hasta dos minutos.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Señor Secretario, reconocer sin duda su objetividad, su profesionalismo, pero sobre todo, su sensibilidad y compromiso, que en este diálogo plural usted ha dado muestra de ello; sensibilidad que por cierto, y con esto termino, también encontramos en usted y en su dependencia.

Cuando abordamos el penoso caso de Ficrea, encontramos una propuesta de la Secretaría que desafortunadamente no tuvo una conclusión afortunada y que hoy estamos encontrando una mala situación para quienes fueron defraudados en el pasado.

Seguramente en los siguientes días me permitiré poner a su consideración algunas cosas que ojalá y todavía puedan resolver algo de lo que desafortunadamente, al ya no prosperar ni la iniciativa ni la monetización, pues dejó en desamparo a muchos de los defraudados. Y como ello, hay un sector que seguramente también tendremos que abordar.

Gracias, señor Secretario. ¡Enhorabuena!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. ¡Bienvenido, señor Secretario!

Llega usted hoy a esta Soberanía en uno de los contextos económicos más desfavorables que ha vivido nuestro entorno mundial en las últimas décadas. Llega a una Soberanía responsable de haber dado muchos pasos de cambios estructurales que nuestro país no había podido ponerse de acuerdo para alcanzarlos.

Esta Soberanía ha sido responsable, con el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, impulsando cambios que hoy nos hacen saludar al futuro de mejor manera.

Por eso, ante sus claras exposiciones, no podemos dejar de mencionar la responsabilidad de un paquete económico que con seriedad enfrenta un problema que todos vivimos y que todos debemos ocupar nuestro lugar.

Ante esa circunstancia había cuatro posibilidades: adoptar más deuda, aumentar más impuestos, tener nuevos impuestos o ajustar el gasto.

Se ha adoptado una medida responsable. Se puede diferir. Lo que no se vale es mentir. Lo que no se vale es no tener memoria de lo que hemos sido parte, como esta generación, de los cambios que hoy nos dan nuevos instrumentos para enfrentar un momento económico adverso, reformas estructurales que hoy ya están dando resultados, que aspiran a tener una calidad educativa lo mismo de un niño pobre en la sierra hidalguense como Guerrero, que en un educando en una zona metropolitana con una mejor circunstancia económica; que aspiran a atraer más inversión cuando los recursos del sector público son limitados, para explotar lo que es de todos, nuestros recursos energéticos o el valor de tener una mejor telecomunicación a partir de reformas que hoy empiezan a dar resultados a los mexicanos no pagando tarifas que antes pagamos en teléfonos, o empezando a reducir el costo de la electricidad y no ver los aumentos bimestrales que en otro tiempo vimos en las gasolinas.
Falta mucho por hacer. Lo que no se puede hacer es olvidar de lo que hemos sido parte para atrevernos a cambiar, porque el objetivo que tenemos es el mismo, el objetivo de que las y los mexicanos encuentren una mejor calidad de vida no sólo en la vertiente de una expectativa de una política asistencialista que por más de tres décadas nos ha demostrado que no es el camino para aspirar a la igualdad social con la que todos tenemos un compromiso.

Necesitamos de más y mejores empleos, necesitamos de más inversión y no limitar la capacidad emprendedora de la gente en la circunstancia que como hoy nos es desfavorable a partir de la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, sino del entorno de la inversión pública, sí, pero también privada, para que sin perder lo que es nuestro, podamos detonar la capacidad emprendedora de nuestra gente.

Como parte de esta generación yo recuerdo las mismas voces de antes, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio y se nos dijo que México se iba a extinguir, que México iba a perder, y nadie hoy, con seriedad, con responsabilidad y con conocimiento, puede afirmar o puede entender la realidad económica del México de hoy sin habernos atrevido a abordar esos instrumentos.

Por eso, señor Secretario, sin estar conformes con las tasas de crecimiento que hoy obtiene nuestro país, porque nadie puede estar conforme con ello, ni el señor Presidente de la República, ni usted como conductor de la Hacienda Pública lo está, y lo sabemos, es mejor nuestro promedio de crecimiento de estos tres años, que de los últimos tres años de las últimas dos administraciones, cada una de ellas.

Hoy saludamos la responsabilidad. No estamos pensando sólo en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones.

¡Qué bueno que difiramos!, porque siempre la diferencia de opinión genera valor a una democracia, pero eso no significa que dejemos de reconocer que estamos siendo una generación que se está atreviendo a cambiar de no hacer lo mismo para obtener lo mismo, de hacer más y apostarle a la capacidad emprendedora de nuestra gente, de ser responsables, como gobierno, de apretarse el cinturón en el gobierno y no en la ciudadanía, y ser portadores de nuevos elementos para detonar la capacidad emprendedora saludando el futuro con nuevos acuerdos comerciales que amplíen nuestra capacidad productiva, que amplíen nuestra capacidad de inversión y que con una política responsable de la Hacienda Pública podamos ver a nuestros hijos a la cara con el deber cumplido.

Nosotros le felicitamos, señor Secretario. ¡Qué bueno que tenemos al frente de la política hacendaria una política seria y responsable!

¡Qué bueno que la gran mayoría de esta Soberanía tenemos memoria y nos hacemos responsables de nuestros actos y podemos saludar al futuro con optimismo!

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Proceda, señor Secretario, con sus respuestas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso: Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Senador Penchyna Grub.

A lo largo de esta comparecencia hemos querido dejar de manifiesto que ante el desafío que representa la economía mundial, el Ejecutivo propone al Congreso de la Unión actuar con responsabilidad en la conducción de la política macroeconómica, a través de un paquete económico prudente y a través también de la implementación exhaustiva, completa y oportuna de las reformas estructurales que ha implementado el Congreso de la Unión.
A final de cuentas la responsabilidad es del Congreso y estamos ciertos que el Congreso, como lo ha hecho este Senado, actuará con responsabilidad.

Señor Presidente, sé que el formato me otorga una última intervención.

Si me permite, quiero declinar a esa última intervención y aprovechar este espacio de tiempo para agradecer al Senado de la República, a las Senadoras y a los Senadores, el trato institucional, de diálogo constructivo que hemos tenido en esta comparecencia.

Reiterarme a sus órdenes como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las distintas materias sobre las que habrá de tener conocimiento el Senado de la República.

Hubo, tal vez por las limitaciones que establece el formato, una serie de preguntas y comentarios a los cuales, a pesar de que excedí mi tiempo, a lo cual agradezco la tolerancia del Presidente de esta Mesa Directiva.

A pesar de ello no pude responder a todas y cada una de las preguntas o algunas de las respuestas fueron cortas inevitablemente.

Habré de enviar respuestas por escrito, por conducto de la Mesa Directiva, a las preguntas que en opinión de un servidor hayan sido no contestadas o contestadas de manera escueta, incluyendo, Senador Mario Delgado, la referencia que usted me hizo al tema, del endeudamiento en la entidad federativa, a la que hizo referencia. Tenga la certeza de que habré de tomar, dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, cartas en el asunto.

Agradezco nuevamente al Senado de la República; agradezco a la Mesa Directiva. Insisto en lo que dije el año pasado: “Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de tener un Senado profesional; un Senado patriótico y un Senado que está haciendo su trabajo”.

Muchas gracias por su tiempo y por su atención.

Muy buenas tardes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que el Senador Penchyna ha declinado a formular réplica, y que el Secretario compareciente ha declinado a su vez su intervención final, concluimos la sesión de análisis de la política económica.

Agradecemos la presencia del doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

En cumplimiento del artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del punto quinto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la comisión designada acompañe al doctor Luis Videgaray Caso, cuando desee retirarse de este recinto.

(La comisión cumple)

Compañeros Senadores:

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 BIS Y 47 TER A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Adriana Dávila Fernández, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PAN con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 y 164 numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal y se adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Víctimas, para especificar los recursos presupuestales que nutrirán al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y hacerlo eficaz en su tarea de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En un estado de derecho que se precie de ser democrático, lo fundamental debe ser la impartición de justicia. Sin duda, el poder resarcir el daño causado a las víctimas debe ser prioridad para la autoridad.

Ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace visibles a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, al reconocerles sus derechos.

El actual artículo 20 constitucional, apartado C, establece que esos derechos pueden clasificarse en: 1) derechos de atención, 2) derechos de reparación del daño y 3) derechos en el procedimiento penal.

La Ley General de Víctimas, por su parte, representa el compromiso del estado mexicano de establecer las bases legales necesarias para la adecuada y oportuna atención a víctimas sin limitaciones, entre las que se encuentran las relacionadas a la creación y operación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, cuyo objeto ES brindar los recursos necesarios para ayudar a estas víctimas (Artículo 130).

Lo cierto es que la creación de este Fondo exige algo más que el discurso legal. Requiere de recursos necesarios y suficientes para cumplir con su objetivo.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados tiene el deber de especificar los recursos para este fondo, según lo plasma el siguiente artículo de la Ley General de Víctimas:

Artículo 132. El Fondo se conformará con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;
El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pero además, se debe garantizar que el fondo abastezca a las instancias correspondientes en las entidades federativas, para que las víctimas de delitos del fuero común tengan acceso a los recursos disponibles.

Ante tal situación, se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que es ésta la que establece el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la federación y las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental.

Asimismo, dicha legislación distribuye las participaciones que corresponden a las haciendas públicas en los ingresos federales y apoya al sistema de transferencias, mediante los fondos de aportaciones federales. A través de dichos órganos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del mismo:

Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen.

El problema es que esta ley no contiene ninguna disposición relacionada con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, quienes quedan aún sujetas al desamparo institucional, situación que en un estado de derecho y por humanidad no puede tolerarse.

Así, con la reforma propuesta, los recursos que se destinen al citado fondo aparecerán etiquetados como un programa presupuestario, tal y como sucede con lo destinado a la comisión ejecutiva de atención a víctimas (antes procuraduría social de atención a las víctimas de delitos).1

En cuanto a la legislación victimal, hay que mencionar que no establece si el fondo es para víctimas del fuero federal o local. Si tomamos en cuenta lo anterior, las entidades federativas y los municipios deben tener acceso al fondo, más aún porque la atención a las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos es una prioridad que va más allá del ámbito de aplicación de la ley.

Por eso se propone la adición de los artículos 47 Bis y 47 Ter a Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes términos:

Artículo 47 Bis.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituirá, parcialmente, con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014%, por lo menos, del Gasto Programable.

Cada año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá formular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, una propuesta para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo, entre los distintos rubros de gasto aprobados por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Esa distribución incluirá un rubro especial para víctimas de los delitos de trata de personas y explotación.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregará a las entidades federativas el Fondo, con base en los criterios que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas determine y que incorporen el número de víctimas de los Estados y del Distrito Federal, así como el grado de avance en los siguientes rubros:

I. Instrumentación y articulación de políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Avances legislativos y reglamentarios para la aplicación de la Ley General de Víctimas;

III. Participación en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas;

IV. Fortalecimiento e impulso de la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

V. Promoción de programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con el Programa;

VI. Impulso de programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VII. Impulso para la creación de refugios para las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

VIII. Promoción de programas de información a la población en la materia;

IX. Impulso de programas reeducativos integrales de los imputados;

XIII. Revisión y evaluación de la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen.

La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación, en dicho Diario, del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros diez meses del año, a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia. En este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de Atención a Víctimas correspondiente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 47 Ter.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, reciban las entidades federativas se destinarán, en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, exclusivamente a brindar ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Como se puede apreciar, se proponen ciertas especificaciones para el caso de las víctimas del delito de trata de personas y explotación, ya que requieren atención especial o diferenciada, por la magnitud del daño que sufren.

De hecho, la propia Ley General de Víctimas reconoce la necesidad de especialización:

Artículo 161. Los servicios periciales federales y de las entidades federativas deberán capacitar a sus funcionarios y empleados, con el objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos.

Con base en la sistematización legislativa en materia de víctimas de trata de personas que este Senado ha impulsado, es que esta iniciativa propone establecer, en un artículo adicional, que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral destine el 20% de sus recursos para que las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen, además de los derechos previstos en esta ley, los siguientes:

I. A la Asistencia. A fin de recibir atención e información en forma prioritaria, de calidad, gratuita, efectiva, con enfoque diferencial y especializado conforme al delito del que fue víctima y en relación al daño sufrido, considerando además su condición personal, geográfica o circunstancial con independencia del lugar en que se encuentre;
II. A la Salud. A recibir todos los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria, de forma gratuita y de calidad, incluidas prótesis y demás instrumentos que requiera para su movilidad; programas de rehabilitación física, psicoemocional y adicciones; medicamentos; servicios de atención mental; consultas médicas, análisis y diagnósticos médicos; examen confidencial y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; servicios, atención a los derechos sexuales y reproductivos, así como acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima;

III. A la Educación. A tener acceso a la educación y se garantice su permanencia en el sistema educativo, mediante becas completas de estudio en instituciones públicas, como parte esencial de la restitución de derechos y de la reinserción social, a través del desarrollo de habilidades productivas. Deberán quedar exentas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;

Asimismo, se destinará un porcentaje del Fondo para la creación y mantenimiento de albergues, casas de transición y asistencia de emergencia, todos de carácter público, para las víctimas de los delitos mencionados.

Cabe mencionar que para la elaboración de la presente propuesta se solicitó un estudio de impacto presupuestal al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el cual se concluye que las reformas propuestas no tienen impacto presupuestario.

Lo anterior toda vez que la iniciativa propone una distribución de una parte de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las entidades federativas mediante el ramo 33 “Aportaciones federales”.

Los legisladores debemos estar comprometidos con las víctimas del delito y trabajar por ordenamientos legales que redimensionen su papel y señalen las directrices que el estado mexicano está obligado a cumplir, para hacer valer los derechos que la Constitución y los tratados internacionales refieren.

Debemos construir instituciones sólidas y eficaces que protejan a las víctimas de la violación a sus derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 47 BIS Y 47 TER A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

PRIMERO.- Se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituirá, parcialmente, con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014%, por lo menos, del Gasto Programable.

Cada año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá formular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, una propuesta para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo, entre los distintos rubros de gasto aprobados por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Esa distribución incluirá un rubro especial para víctimas de los delitos de trata de personas y explotación.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregará a las entidades federativas el Fondo, con base en los criterios que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas determine y que incorporen el número de víctimas de los Estados y del Distrito Federal, así como el grado de avance en los siguientes rubros:

I. Instrumentación y articulación de políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Avances legislativos y reglamentarios para la aplicación de la Ley General de Víctimas;

III. Participación en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas;

IV. Fortalecimiento e impulso de la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

V. Promoción de programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con el Programa;

VI. Impulso de programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VII. Impulso para la creación de refugios para las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

VIII. Promoción de programas de información a la población en la materia;

IX. Impulso de programas reeducativos integrales de los imputados;

XIII. Revisión y evaluación de la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen.

La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Los convenios y anexos técnicos celebrados entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año, a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia. En este último caso, deberán incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de Atención a Víctimas correspondiente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo, lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 47 Ter.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral reciban las entidades federativas, se destinarán, en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, exclusivamente a brindar ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 130 Bis. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el caso de las víctimas de los delitos de trata de personas y explotación, el 20% de los recursos del Fondo serán destinados para que las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen, además de los derechos previstos en esta ley, los siguientes:

I. A la Asistencia. A fin de recibir atención e información en forma prioritaria, de calidad, gratuita, efectiva, con enfoque diferencial y especializado conforme al delito del que fue víctima y en relación al daño sufrido, considerando además su condición personal, geográfica o circunstancial con independencia del lugar en que se encuentre;

II. A la Salud. A recibir todos los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria, de forma gratuita y de calidad, incluidas prótesis y demás instrumentos que requiera para su movilidad; programas de rehabilitación física, psicoemocional y adicciones; medicamentos; servicios de atención mental; consultas médicas, análisis y diagnósticos médicos; examen confidencial y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; servicios y atención a los derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima;

III. A la Educación. A tener acceso a la educación y se garantice su permanencia en el sistema educativo, mediante becas completas de estudio en instituciones públicas, como parte esencial de la restitución de derechos y de la reinserción social, a través del desarrollo de habilidades productivas. Deberán quedar exentas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;

Asimismo, se destinará un porcentaje del Fondo para la creación y mantenimiento de albergues, casas de transición y asistencia de emergencia, todos de carácter público, para las víctimas de los delitos mencionados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández.

1 Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, ramo 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Véase: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_ayj_afpefe.pdf y http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_afpe.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN MATERIA DE ACCIONES COLECTIVAS

(Presentada por los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 131 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema de la participación ciudadana ha sido un referente en la actualidad, sobre todo, cuando hablamos del papel que juega la sociedad en las acciones que emprenden los gobiernos. Aunque en un sentido amplio este concepto puede tratarse desde diversos puntos de vista, la presente iniciativa tiene como propósito el de concatenar este principio con el de las tecnologías de la información a partir una perspectiva en materia seguridad pública.

El artículo 21 de nuestro máximo precepto legal establece las bases mínimas por las que las instituciones de seguridad pública deberán de coordinarse a efecto de cumplir los objetivos de la materia. En uno de sus apartados establece que uno de esos cimientos será el de determinar la participación de la comunidad en su contribución a los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las propias dependencias encargadas de la seguridad pública.

Dentro de la Carta Magna encontramos pocos espacios que dan cabida al concepto de participación ciudadana, pero no por eso resultan menos importantes. Uno de ellos y quizá el principal lo encontramos en el artículo 26, apartado A, que versa sobre el deber del Estado de organizar un sistema de planeación democrática que incluya la participación de los distintos sectores sociales con el fin de incorporar tanto sus demandas como sus aspiraciones en los planes de desarrollo nacional.

En virtud de lo anterior, observamos que la Ley de Planeación integra el término de mérito en aspectos de consulta, coordinación y concertación de todo el proceso de elaboración del plan nacional.

Asimismo, encontramos que la participación social encuentra sustento normativo en el artículo 6 también constitucional, donde se consagra el derecho al acceso de información; el artículo 8, mediante el cual se tutela el derecho de petición de los ciudadanos; artículo 9, donde se instituye el derecho de asociación.

En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la participación ciudadana cobra relevancia ya que uno de los objetivos de este precepto es el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y el de Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

En tal sentido la Comisión Intersecretarial para la Transparencia define el término como la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que le afectan.
El organismo en cita señala también, que existen mecanismos a través de los cuales las administraciones públicas tienden a facilitar la interacción de los actores sociales, en función del interés público.

Otro criterio jurídico que incorpora el principio que nos ocupa es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil que determina como parte imprescindible de su objeto el favorecer la coordinación el gobierno federal y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en lo relativo a las actividades que fomenta la misma Ley. Una de estas actividades son las cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

En este orden de ideas y con la finalidad de identificar la importancia del concepto referido, transitamos al terreno internacional en donde es frecuente que se aborde el tema para lograr que se consoliden las relaciones de colaboración gobierno-sociedad en asuntos de interés público.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en:

• La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).

• La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (ONU).

En este momento queremos resaltar que todas estas convenciones tienen que ver con el combate a la corrupción y por ende al de la rendición de cuentas, todo esto encaminado a que la participación de los sectores sociales organizados contribuyan en los mecanismos mediante los cuales se logrará una efectiva rendición de cuentas.

Ahora bien, el siguiente tema que nos ocupa es el de las tecnologías de información, ya que nuestro propósito es el de asociar estos dos conceptos: participación ciudadana y tecnologías de la información, para diseñar un mecanismo que abone al problema que vive nuestro país en materia de seguridad pública.

De este modo, el artículo 6º de la Constitución en su párrafo tercero, en lo conducente estipula:

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

A partir de esta disposición estamos en lo correcto al plantear que a través de la tecnología informática el gobierno otorgue al sector social organizado de mecanismos de coordinación para contrarrestar los índices delincuenciales mediante una participación ciudadana consolidada. Estos mecanismos actuarían como una especie de redes ciudadanas de seguridad que abonarían al trabajo que las instituciones responsables de garantizarla seguridad pública realizan en el ámbito de sus funciones.

Sostenemos que es fundamental que este tipo de esfuerzos de coordinación entre sociedad civil y gobierno se establezcan dentro de un marco legal e institucional que permita hacer de la participación ciudadana una herramienta primordial para combatir el problema de inseguridad que se presenta en el país.

Es por eso que proponemos este componente tecnológico, que funcionaría mediante una plataforma local a fin, de integrar datos, información y conocimiento que al día de hoy se encuentran dispersos entre la ciudadanía para que a su vez, la autoridad evalué y analice dicha información a efecto de consolidar vínculos que sirvan de marco en las estrategias a implementar en materia de seguridad pública mediante el uso de este tipo de dispositivos tecnológicos.
Basta recordar que hasta hace algunos años era inimaginable el nivel de interconexión entre la sociedad a través de las redes electrónicas.

El creciente uso del internet y la telefonía móvil han generado que los ciudadanos posean elementos que les permiten estar en una constante vorágine informativa, que va generando canales de comunicación que constituyen un flujo de conocimiento caracterizado por la velocidad en la transmisión de datos, videos y voz.

Es esta particularidad la que creemos puede incorporarse a un sistema que permita a la sociedad civil participar de manera activa mediante la generación de redes de información en temas de seguridad pública que sirvan a las instituciones correspondientes tanto a la prevención como al combate de los delitos.

De esta manera la sociedad ocuparía un lugar preponderante y activo en la problemática que hoy atraviesa México en cuanto a los altos grados de inseguridad, gestando una especie de ciudadanía en red sostenida por el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S); en consecuencia, esta iniciativa propone constituir por mandato legal redes ciudadanas de seguridad.

Sabemos que este flujo de información, actualmente disperso en la sociedad, ha servido para que la propia autoridad tome conocimiento de hechos delincuenciales que se están llevando a cabo en tiempo real, ahora bien, qué pasaría si el gobierno utiliza estas circunstancias para conformar una red tecnológica específica en la que se estén recibiendo datos relacionados con la consecución de delitos en una plataforma concentradora.

Sería competencia de la autoridad la de determinar los mecanismos para que este flujo de datos provenga de los canales seguros que se establezcan en coordinación con las organizaciones civiles a efecto de evitar el falseo de datos, en este sentido, se dotaría a estas asociaciones de los instrumentos necesarios para que estas labores se conduzcan en los términos legales respectivos para que los ciudadanos que generen esta información estén plenamente identificados por la autoridad pero bajo el principio de confidencialidad, es decir, se constituiría por parte del gobierno una regulación para tales efectos.

En tal sentido estas redes ciudadanas de seguridad se crearían bajo la operación de asociaciones civiles integradas por grupos de ciudadanos interesados en el tema, los cuales serían los principales responsables de manejar los sistemas informáticos. En conjunto con las instituciones de seguridad se definirían los objetivos a fin de comenzar la operación de estas redes.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa pretende incluir la operación de estas redes ciudadanas de seguridad a las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El artículo 20 de la Ley de mérito constituye el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana siendo una de sus principales atribuciones la siguiente:

Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley.

Asimismo, en el Título Octavo: De la Participación de la Comunidad,

Capítulo Único: De los Servicios de Atención a la Población, artículo 128 a 132, la Ley establece las disposiciones que tutelaran al Centro, de las que destacamos:

Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema.

La participación ciudadana se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades a través de:
- La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

- La sociedad civil organizada.

Impulsar las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana.

Implementar sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para la búsqueda y localización de menores, en el que coadyuven con los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

Promover quela Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

Promover la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

- Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública.

- Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función.

- Realizar labores de seguimiento.

- Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones.

- Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades.

- Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

Promover que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- El desempeño de sus integrantes.

- El servicio prestado.

- El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

A partir de lo anterior advertimos, que si bien la participación ciudadana que contempla el precepto que nos ocupa busca la integración de factores que la impulsen, no observamos que haya una clara tendencia al uso de las tecnologías de la información como un mecanismo de fortalecimiento de las acciones implementadas en la materia mediante la participación social.

Es por eso que esta propuesta busca que se integre al contenido de la Ley el establecimiento por medio del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, las medidas necesarias para crear las redes ciudadanas de seguridad en los términos correspondientes.

Las redes ciudadanas de seguridad contemplarían tres aspectos fundamentales: sistema tecnológico; acciones de inteligencia y/o conocimiento; y, las estrategias a seguir. A su vez, estas redes tendrían un carácter anónimo, con las reservas respectivas, lo que generaría confianza mutua en esta dicotomía gobierno-sociedad.
A partir de la conformación de distintos niveles de concurrencia, los ciudadanos que integren la red tendrán la confianza de transmitir información sin temor a ser expuestos, incluso se mantendría bajo secrecía los datos de los miembros entre sí.

La información estaría relacionada con la denuncia, en tiempo real, de hechos delictivos, situaciones irregulares o sospechosas, que se enviarían a través del sistema a la plataforma local que operaría la autoridad responsable que comenzaría un protocolo de actuación definido que consista en la recolección y análisis de los datos para su eventual y oportuna identificación para dar paso a las acciones operativas.

El acceso al sistema se daría a través de un simple equipo de cómputo con acceso a internet, hasta una unidad de telefonía móvil (teléfonos inteligentes).

De modo que estas redes conformarían el eje principal para desarrollar este mecanismo de participación ciudadana y se dividirían en dos tipos: redes activas y redes pasivas.

Con los datos arrojados se estaría en la posibilidad de presentar reportes coyunturales y semanales a fin de dar seguimiento al funcionamiento de las rede ciudadanas de seguridad.

Por último, queremos resaltar que el funcionamiento de las redes ciudadanas de seguridad a través de las tecnologías de la información tendrían relevancia debido al amplio margen de acción, ya que las conexiones actuales permiten la transmisión de datos en archivos de voz y video con el objetivo de que la información sea de gran utilidad a las instituciones de seguridad pública mediante la aportación de datos fidedignos y de fácil acceso, sin embargo, la capacidad de respuesta será absolutamente responsabilidad de la autoridad.

El propósito fundamental es el de integrar a los mecanismos de participación social el uso, por canon legal, de las tecnologías de la información a fin de que se establezcan las medidas necesarias por parte del Centro Nacional de referencia, para desarrollar el sistema tecnológico que de cauce a la creación de redes ciudadanas de seguridad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Artículo único.- Se adiciona una fracción al artículo 131 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 131.-...

I. a VII.

VIII. Impulsar la creación y operación de un sistema homologado de redes ciudadanas basado en el uso de tecnologías de la información.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 APARTADO A FRACCIÓN V Y EL APARTADO B FRACCIÓN XII INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 APARTADO A FRACCIÓN V Y EL APARTADO B FRACCIÓN XII INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la marcada inserción de la mujer en el mercado laboral ha tomado fuerza la participación del padre en el hogar. Sin embargo, nuestro país carece de una política laboral integral que permita a los varones ser padres afectivos y participativos en el núcleo familiar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4º que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y será esta la que proteja la organización y el desarrollo de la familias.

Aunque hemos dado pasos concretos hacia la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes, continúa pendiente en la vida cotidiana de las personas. En este sentido, requerimos fortalecer la igualdad en los hogares de nuestro país.

La licencia de paternidad es el derecho que se le reconoce al padre con el fin de que apoye a la madre en el cuidado y atención de los hijos en los primeros días después del nacimiento.

Al respecto, hace un año, la LXII Legislatura impulsó una reforma Laboral que incluye los contenidos del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo Fracción XXVII Bis, que establece el permiso de paternidad por 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores.

Actualmente, instituciones como el ISSSTE han manifestado su apoyo con la medida de cinco días señalando que de los 102 mil trabajadores afiliados a esta institución, una tercera parte son varones que en algún momento podrán beneficiarse de estos derechos que favorecen a sus cónyuges al propiciar el espacio para compartir responsabilidades y afecto, y a sus hijos, porque contribuye a la integración y a la estabilidad familiar.

Sin embargo, los cinco días de la licencia han demostrado ser insuficientes, ya que es imposible que en sólo una semana el padre establezca un vínculo sólido con la o el recién nacido y se adapte a su nueva condición de vida, además de que es un tiempo limitado para que pueda ayudar a su pareja en las tareas que implica.
Actualmente, los varones se enfrentan a condiciones laborales que vuelven prácticamente imposible que estén presentes durante el nacimiento de sus hijas o hijos y en sus primeras semanas de vida lo que no permite que puedan crear vínculos afectivos más sólidos y distribuir la carga de trabajo que enfrenta su esposa o pareja durante esta época.

Muchos de los varones que se involucran en el apoyo a la mujer lo hacen gracias a distintas circunstancias, por ejemplo, porque tiene un empleo sin horarios fijos o por que hacen uso de otras prestaciones laborales como vacaciones o días económicos.

Un aspecto fundamental que debemos vigilar en dicho permiso o licencia es que debe ser remunerado, es decir, que durante el disfrute de ese permiso reciba su salario íntegro, para lo cual se estima que debe ser financiada por el sistema de seguridad social a la cual se encuentre sujeto el trabajador, y de igual forma, el trabajador deberá de gozar de la conservación de su empleo, así como de los derechos que hubiere adquirido por la relación de trabajo.

Este permiso o licencia que se propone como derecho de los padres, debe de denominársele como permiso o licencia de paternidad, toda vez que éste le será otorgado para asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas del nacimiento de su hija o hijo, en tanto la remuneración deviene del hecho de que durante ese tiempo deberá de percibir su salario íntegro como si estuviese laborando.

En lo que respecta al tiempo de duración del permiso o licencia para ejercer su paternidad remunerada, se estima debe de ser de 21 días, en razón de que durante este lapso el padre podrá realizar las atenciones y cuidados que requiera su hija o hijo recién nacido y que por la naturaleza del parto no puede realizar la madre.

Resulta interesante destacar el estudio realizado por el portal de internet Bumeran.com, el cual señaló que el 68% de las empresas estarían dispuestas a darles a sus empleados hombres una mayor licencia por paternidad. El 56% de las empresas indicó que siete días, para el 31% lo ideal serían 14 días y finalmente el 13% consideró que deberían ser 21 días para poder disfrutar con su esposa la llegada del nuevo integrante de la familia.

La presente medida permite y promueve que los varones pasen más tiempo con sus hijas e hijos; participen en su cuidado y crianza y, al mismo tiempo se involucren en las tareas domésticas, funciones históricamente asignadas a las mujeres.

Las disposiciones relativas a la licencia de paternidad son cada vez más habituales en el mundo y reflejan la evolución de la visión de la paternidad. El derecho obligatorio a la licencia de paternidad rige en 78 de los 167 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, la OIT ha señalado en su informe “La maternidad y la Paternidad en el Trabajo: La Legislación y la Práctica en el mundo” que el hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.

Es por ello que no se puede dejar de resaltar que más que una reforma laboral esta medida responde a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres.

Son por estas razones por las que se requiere otorgarle al cónyuge o concubino un tiempo prudencial para que colabore con la madreen la atención del recién llegado y que pueda adaptarse a su nuevo grupo familiar.

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforma el artículo 123 Apartado A fracción V y el Apartado B fracción XII inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 123…

A. …
I. a la IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. El cónyuge o concubino gozará de permiso de paternidad por 21días, que podrá utilizar una semana antes de la fecha fijada para el parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo;

XI a la XXXI. …

B. …

I. a la XI. …

a) a la b) ….

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. El cónyuge o concubino gozará de permiso de paternidad por 21días, que podrá utilizar una semana antes de la fecha fijada para el parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo;

d) a la f) …

XII… a la XIV.  …

TRANSITORIOS

Primero: El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones necesarias para dar vigencia al presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin menoscabo de ejercer el derecho plenamente desde la vigencia de este decreto.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Esta encuesta fue realizada entre el 1 y 17 de junio de 2015 entre los representantes de recursos humanos de más de 1,000 empresas.
“La maternidad y la Paternidad en el Trabajo: La Legislación y la Práctica en el mundo” Organización Internacional del Trabajo, 2014http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando no se inscribe en un registro el nacimiento de una niña o un niño, se le niega el derecho a una identidad oficial, a un nombre reconocido y a una nacionalidad. Por ende, muy probablemente será excluido o excluida de la sociedad.

Es el certificado de nacimiento una llave que abre, o en su ausencia, cierra el camino al disfrute de toda una serie de derechos.

La falta de tal certificado no debería servir para negar ningún derecho, pero en la realidad, es así como sucede, al menos por lo que hace al derecho a la educación y a los servicios de salud.

Es sabido que una de las causas de la inasistencia a las escuelas y de la deserción escolar es la falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, en especial en las zonas de población indígena.

Aunque la inscripción del nacimiento en un registro no signifique de por sí una garantía de educación, salud, protección y participación, su ausencia puede poner estos derechos fundamentales fuera del alcance de quienes ya se encuentran al margen de la sociedad.

Los niños no registrados, que no aparecen en los datos recogidos, suelen ser pasados por alto en la planificación del desarrollo social. Son completamente invisibles a la hora de tomar importantes decisiones políticas y presupuestarias.

Un sistema eficaz de registro de nacimientos, unido a la expedición coordinada de certificados de nacimiento, puede contribuir a la protección de los niños contra toda modificación ilegal de su identidad, como el cambio de nombre o la falsificación de sus vínculos de parentela.

También sabemos que el acta de nacimiento es además un documento esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, un instrumento de protección de la persona.

La ausencia del certificado, implica una desprotección en otros casos como es el matrimonio prematuro, el trabajo infantil, el reclutamiento en las fuerzas armadas o la detención y procesamiento en las mismas condiciones que si se tratara de un adulto.

UNICEF ha señalado que existe en los hechos una “invisibilidad” de los niños no registrados, que aumenta las probabilidades de que pasen inadvertidos hechos de discriminación, desatención o los diferentes abusos de los que son objeto.
Quienes carecen de pruebas de su edad e identidad, puede faltarles también todo tipo de protección contra los abusos.

Una tendencia en auge de la explotación de niños es el tráfico de los mismos con destino a la prostitución u otras formas contemporáneas de esclavitud, a menudo bajo la falsa apariencia de trabajo doméstico infantil.

El tráfico de niños ha alcanzado dimensiones alarmantes, llegando a abarcar varios millones actualmente atrapados en las redes criminales de dicho comercio. Un niño que carece de identidad oficial o de una nacionalidad demostrable (y que puede, por lo tanto, permanecer oculto y desprotegido) constituye inevitablemente una presa más apetecible para todo traficante.

Esto significa también que las áreas geográficas en las cuales los niveles del registro de nacimientos son bajos representan un blanco más probable para las operaciones de tráfico.

La carencia de un registro de nacimiento los sumerge aún más en la miseria y recalca su estado de marginalización.

El Artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce a todo niño el derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento por el Estado bajo cuya jurisdicción el niño ha nacido. Esto significa que los Estados deben poner el registro de nacimientos al alcance y a disposición de todos los niños, sin excluir a quienes solicitan asilo, a los refugiados e inmigrantes, ya sea que posean documentos o no.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, dispone en el Artículo 24 que: “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. ...

Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.

Por lo tanto, la ausencia de inscripción en el registro de nacimientos es una violación a un derecho humano inalienable de todo niño a recibir una identidad y una nacionalidad desde que nace.

No hay estadísticas precisas sobre el número de personas sin actas de nacimiento en nuestro país.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 2012, en México 10.8 por ciento de la población carecía de acta de nacimiento; es decir, personas que están en una especie de limbo jurídico, como ha señalado la asociación civil “Be Foundation, Derecho a la Identidad”, que se ha especializado en este tema.

Esa población invisible está integrada sobre todo por niños, niñas y adultos mayores de zonas indígenas y rurales, aunque también existe en grandes ciudades.

Se sabe que un número importante de niñas y niños migrantes e indígenas carecen del certificado.

Los estados con menor nivel de cobertura, según Be Foundation, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y Michoacán. Los que tienen registros más completos, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro, Zacatecas y Jalisco.

Aunque no hay datos totalmente confiables, se calcula que de 2.5 millones de nacimientos anuales en el país, unos 600 mil nunca son registrados.

En algunos estados como Chiapas, se han lanzado campañas para promover el registro de los hijos, se decretó como un servicio gratuito cuando se efectúa en los tiempos estipulados por la ley, entre 0 y seis meses de edad, así como para quienes lo necesiten para ingresar al sistema escolar.
En el Distrito Federal, UNICEF apoyó también una campaña de difusión para promover el registro civil de las niñas y niños que pertenecen a poblaciones vulnerables.

El principal desafío en el tema es avanzar en el diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos, así como en medidas concretas para que el Gobierno lo facilite en todo el país de manera gratuita, por ser un derecho fundamental de la persona.

El gobierno federal, por su parte, ha declarado que le preocupa el problema, pero no ha dado pasos concretos para solucionarlo.

El registro de nacimiento enfrenta diversos obstáculos, pero el mayor de ellos, es la falta de voluntad política. Hoy no se comprende en toda su dimensión, la importancia del registro de nacimiento como uno de los derechos humanos.

Otro obstáculo, son los costos directos de la inscripción del nacimiento de un niño en el registro, el costo que implica la pérdida de tiempo, el viaje y la ausencia del trabajo o del lugar de residencia y de las responsabilidades familiares, gastos en los que los padres se ven obligados a incurrir cuando no es fácil acceder al registro civil.

La restricción geográfica más evidente que afecta el registro de nacimiento es la distancia que separa a la familia de la oficina de registro más próxima. Cuanto mayor es la distancia respecto al punto de registro, tanto más aumentan los gastos “ocasionales” y el costo del viaje para los padres que, además, pueden verse obligados a pagar una multa si el registro se efectúa con retraso.

Por otro lado, los padres pueden viajar en vano, dado que las oficinas a menudo tienen horarios de apertura poco cómodos e irregulares, el personal puede encontrarse ausente y suelen producirse desabastecimientos de papel y otros materiales.

También puede haber barreras lingüísticas que impiden el registro.

No obstante las barreras o problemas señalados, UNICEF ha mostrado que el objetivo final de un registro de nacimientos permanente, ininterrumpido y universalizado, con todos los beneficios que acarrea, representa una meta que está al alcance de todos los países.

• Entre otras medidas, UNICEF ha recomendado las siguientes:

• La participación de todos los niveles de la sociedad, incluidas las comunidades locales.

• La conquista del favor de todos los actores del proceso mediante la sensibilización respecto a la importancia del registro de nacimiento como derecho del niño y el incremento de la demanda de dicho servicio entre la población;

• La aprobación de una adecuada legislación pertinente al tema o la actualización de leyes anticuadas;

• La garantía de que exista una coordinación eficaz entre las instituciones y los ministerios del gobierno implicados en la cuestión a todos los niveles;

• La creación de la infraestructura necesaria para cubrir a toda la población;

• El apoyo al registro de nacimiento mediante la combinación con otras actividades gubernamentales y la posibilidad de que otros programas de suministro de servicios ya puestos en marcha lo “lleven de la mano” como parte integrante de su quehacer;

• La optimización de la capacitación de los funcionarios de gobierno implicados en el proceso mediante formación y materiales adecuados;

• La asignación de recursos suficientes.
Por otro lado, se ha documentado que por amplia que sea la red de oficinas fijas de registro, muchos países han comprobado que las mismas deben ser complementadas con unidades móviles de uno u otro tipo para hacer llegar sus servicios hasta los grupos marginados, como los que viven en los suburbios pobres de las ciudades y en las áreas geográficamente inaccesibles.

Argentina utiliza unidades móviles para suministrar servicios en la región de la Patagonia, mientras que Chile tiene tres modernas furgonetas provistas de computadoras y conexiones vía satélite con el registro central.

Aunque la mayor parte de los países emplean equipos menos sofisticados, son más de 30 (entre los cuales figuran Ecuador, Irán, Malasia, Perú y Tailandia) los que hacen uso de funcionarios itinerantes del registro para identificar a los niños no registrados y expedirles certificados de nacimiento.

En México, el 17 de junio de 2014 se publicó la adición de un párrafo al artículo 4º de la Constitución General de la República, donde se dispone que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 6 de diciembre de 2014, estableció en el artículo 13 fracción III, el Derecho a la Identidad.

El capítulo tercero, título segundo del mismo ordenamiento, regula el Derecho a la Identidad, de la forma siguiente:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II.

III.

IV.

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

La fracción II del Artículo 103, establece como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes, registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida.

Por su parte, el Artículo 116, fracción VII, dispone que las autoridades federales y locales de manera concurrente, deben colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

A partir de 2014, contamos con un marco jurídico-constitucional que reconoce el derecho a la identidad, previsto en los instrumentos internacionales, lo cual es un avance  insoslayable.
No obstante, consideramos que es indispensable establecer medidas de largo plazo, no sólo campañas informativas, como se ha hecho, porque los nacimientos son permanentes y la marginación que enfrentan muchas comunidades del país es evidente.

Si se trata de garantizar el derecho a la identidad, debe existir una política que tenga continuidad en el tiempo. Al menos, hasta que existan mejores condiciones socioeconómicas para niñas, niños y adolescentes y los padres, quienes viven justamente en dichas comunidades.

Es por ello, que proponemos adicionar una fracción VII bis al artículo 116, para señalar como obligación de las autoridades federales y locales, establecer una política pública que permita hacer accesible los servicios de registro de nacimiento.

Consideramos que sin una política permanente, que tenga criterios de equidad e inclusión social, muchas niñas y niños mexicanos seguirán excluidos del derecho humano a la identidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona una fracción VII bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 116…

VII bis. Garantizar un registro de nacimientos permanente, ininterrumpido y universalizado, para lo cual, establecerán una Política Pública específica, que deberá incluir, entre otras medidas:

a) Contar con diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos a nivel nacional, que deberá actualizarse constantemente.

b) El apoyo al registro mediante la combinación con otras actividades, programas o servicios gubernamentales.

c) Implementar medidas de accesibilidad de la población en situación de pobreza o marginación a la red de registros existente.

d) La utilización de unidades móviles que acerquen el servicio público de registro de nacimientos a las comunidades en situación de marginación.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 7 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25; Y LOS ARTÍCULOS 47 BIS Y 47 TER A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA DE FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realicen una investigación a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las Áreas Naturales Protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Calakmul, de Montes Azules, de Lacan-tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la Selva Maya. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realicen una investigación a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las Áreas Naturales Protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Calakmul,  de Montes Azules, de Lacan-tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la Selva Maya, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de la vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del Amazonas, la Selva Maya es el segundo bosque tropical más grande del mundo que queda en América.

Sus extensos y diversos bosques, incluyendo los bosques tropicales secos, brindan refugio a incontables especies raras y en peligro de extinción como el pecarí de hocico blanco, el tapir, la guacamaya escarlata, la harpía y el mono aullador.

Este ecosistema es uno de los pocos lugares de la Tierra donde viven cinco especies de felinos grandes: como el jaguar, el puma, el ocelote, el jaguarundí y el tigrillo, de igual forma, la Selva Maya alberga hasta 400 especies de aves y, en los meses invernales de máxima migración, varios millones de aves descansan en esta área.

La Selva Maya abarca aproximadamente 10.3 millones de hectáreas y se extiende por Belice, el norte de Guatemala y a través de la Península de Yucatán en México.

En nuestro país se ha intentado proteger esta selva, como es el caso de la Reserva de la Biósfera de Calakmul de 730,000 hectáreas, el adyacente Corredor Calakmul-Sian Ka’an, con más de 500,000 hectáreas, por su parte, Guatemala también ha implementado una protección para la selva que es colindante con las regiones de nuestro país, así como también lo ha hecho Belice con el Área de Conservación y Manejo del Río Bravo de 105,000 hectáreas; con el Macizo de las Montañas Mayas de 485,000 hectáreas y el Corredor Marino de las Montañas Mayas de 336,000 hectáreas.

Hay que recalcar que este ecosistema, también preserva sitios arqueológicos de la antigua civilización maya y, en la actualidad, sus descendientes continúan viviendo en el área y que se mantienen de la agricultura, la cosecha de madera, la producción de miel y la cosecha de otras especies comerciales importantes como la pimienta de Jamaica, el chicle (la base tradicional de la goma de mascar) y la palma xate (utilizada en muchos arreglos florales) que son sus sustentos básicos.
Lamentablemente, la expansión de la población en el área, está eliminando parte de estas selvas para la agricultura, lo cual fragmenta la masa forestal, de igual manera, las carreteras, caminos y el desarrollo inmobiliario también ejercen presión sobre los recursos de la selva.

De los tres millones de hectáreas protegidas, en su mayoría como reservas de la biosfera, ordenadas con diferentes categorías de manejo, cuentan con gran diversidad de ecosistemas y hábitat naturales, además albergo a la antigua Civilización Maya, por ello, en dicha zona se mezcla un importante patrimonio natural con vestigios culturales únicos en el mundo, además de su importancia biológica única en el planeta.

Derivados de diversos estudios, se han descubierto 11 especies de mamíferos, 20 especies de aves, 40 especies de reptiles y 11 especies de anfibios endémicos, de igual manera, en dicho ecosistema se encuentra la planta llamada Lacandoniaschismatica, la única especie existente en el mundo de la familia Lacandoniaceae, la que nos permite formarnos una idea de la importancia de la flora en esa área.

El crecimiento desproporcionado de la población, las malas prácticas que el ser humano está llevando a cabo, que implican procesos de destrucción, la usurpación de territorios protegidos, el tráfico de especies de flora y fauna silvestres, la tala ilegal y selectiva, los incendios provocados por el avance de la frontera agrícola y ganadera han devastado grandes extensiones de la Selva Maya por lo que actualmente está críticamente amenazada.

Es por ello, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales está obligada a asegurar la protección directa de las áreas naturales protegidas como las reservas de la biosfera de Calakmul, Montes Azules y Lacan-tún, que en conjunto conforman una parte importante de la Selva Maya y a controlar, detener y sancionar las actividades que pudieran considerarse ilegales, por lo que resulta necesario que la misma cumpla con  sus funciones de manera cabal y se ponga fin a la depredación y ecocidio en dichas zonas.

Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,  la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realicen una investigación a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las Áreas Naturales Protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Calakmul,  de Montes Azules, de Lacan-tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la Selva Maya, y para que ejerzan una efectiva vigilancia, protección y control de dichas áreas.

De igual forma, se solicita a las autoridades mencionadas, que remitan un informe detallado de la investigación que tengan a bien realizar y sobre las medidas que se implementarán para evitar el ecocidio de las áreas naturales protegidas que han sido precisadas.

Dado en el salón de sesiones, el 7 de octubre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar los contratos celebrados por el organismo público descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, así como a garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la entidad. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo sobre los contratos de producción compartida de la segunda licitación de la Ronda Uno y los mayores incentivos fiscales que propone el Ejecutivo para la inversión en el sector energético, en el marco del Paquete Económico 2016. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA DE LA SEGUNDA LICITACIÓN DE LA RONDA UNO Y LOS MAYORES INCENTIVOS FISCALES QUE PROPONE EL EJECUTIVO PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL MARCO DEL PAQUETE ECONÓMICO 2016,  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 27 de febrero, se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda 1 de la Reforma Energética (“segunda convocatoria de la Ronda 1”). Los aspectos más importantes de esta convocatoria son los siguientes:

● Se licitarán 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras.

● Estos campos se encuentran situados en 81 km cuadrados frente a las costas de Tabasco y Campeche (en la Cuenca Sureste del país, es decir, la más prolífica de México)

● Las reservas totales estimadas son de 671 millones de petróleo crudo equivalente.

● La producción esperada es de 124 mil barriles diarios.

● Casi todos los campos tienen reservas certificadas (reservas probadas o 1P).

● Los costos competitivos de producción.

● El riesgo geológico se reduce considerablemente.

● Los campos se encuentran en fase de desarrollo.

● Los campos, por lo tanto, NO necesitan exploración previa.

● En dicha zona ya se han hecho trabajos de exploración con trabajo de sísmica 2d y 3d e infraestructura para hidrocarburos hacia la costa.

● Al ser campos con reservas 1p se anunció que se esperaban ver barriles dentro de la presente administración.

● Los instrumentos que se utilizarán para la extracción de los hidrocarburos serán nuevamente los Contratos de Producción Compartida.

● La mayoría de los términos vistos en los Contratos de la primera convocatoria de la Ronda 1 (también aguas someras) se mantienen en ese segundo Contrato Modelo.

● Todos los términos de la estructura económica de los contratos son dados por ley, entonces estos permanecen sin cambios. Es decir que se tiene: cuota contractual, regalía básica, límite de recuperación de costos, utilidad, impuesto por actividad de exploración y extracción e ISR.

● El límite de recuperación de costos es de 60% (otra vez).

● En este caso uno de los cambios se realiza sobre el mecanismo de ajuste. El cual se modifica en virtud de los riesgos diferentes de estos proyectos.

● De igual forma existen diferencias respecto de las bases de licitación de la primera convocatoria de la Ronda 1. Particularmente con respecto de la pre calificación de los licitantes. 1

Como fue señalado en su momento, los Contratos de Producción Compartida (CPC) que se eligieron para estas áreas contradice el discurso oficial con el que se impuso la reforma energética. En primer lugar, la etapa de exploración ya ha sido llevada a cabo por el Estado y, consecuentemente, éste ha asumido los riesgos y costos de la misma. Esto elimina inmediatamente el principal beneficio de los CPC: compartir riesgos. El contratista ya casi no tiene riesgos que asumir. En segundo lugar, los campos ofrecidos son campos donde PEMEX tiene la mayor experiencia. Los campos se encuentran en lugares con propiedades similares a las del famoso y generoso campo Cantarell, el cual PEMEX ha explotado por casi cuarenta años.

Las áreas que comprendió la Segunda Licitación tienen un total de reservas 3P por 671.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales el 41.8% son reservas probadas, por lo que puede empezar la producción casi de inmediato, sin mencionar que las reservas 3P licitadas representan el 1.6% del total de reservas del país.

Durante el proceso de precalificación se autorizaron a presentar propuestas a 10 empresas individuales y a 4 consorcios. Por lo que se esperaba que participaran 14 licitantes en el proceso de apertura de propuestas económicas, aunque finalmente  9 presentaron propuestas económicas y en 2 de las 5 áreas licitadas no se presentaron propuestas. Es decir, se adjudicaron 3 áreas el pasado 30 de septiembre, el 60% del total, el 60% de la superficie y el 70% de las reservas 3P.

Áreas

Número

Superficie (Km2)

Reservas 1P (Mbpce)

Reservas 2P (Mbpce)

Reservas 3P (Mbpce)

Licitadas

5

280.9

143.2

355.1

671.4

Adjudicadas

3

168.0

125.5

273.6

471.0

%

60%

60%

88%

77%

70%

En este sentido, esta segunda convocatoria tuvo mejores resultados que la anterior, lo que era previsible debido a que se trata de campos en los que existen reservas y en especial que el 27% son probadas, lo que asegura el éxito de la explotación. A diferencia de la primera convocatoria, en ésta la SHCP publicó los valores mínimos aceptables el 14 de septiembre, previamente a la apertura de ofertas económicas.

Las tres empresas ganadoras ofrecieron porcentajes de la utilidad compartida para el Estado muy superiores a los mínimos establecidos por la SHCP, sin embargo, como ya se dijo, una proporción importante de la inversión para la constitución de reservar ya la hizo PEMEX, lo que representará un ahorro importante para las empresas ganadoras de la licitación, por lo que les fue atractivo ofertar porcentajes de la utilidad compartida relativamente altos. Los resultados obtenidos en el fallo de la segunda licitación se detallan a continuación.


Área Contractual

Campos

Valor Mínimo de la participación del Estado en la utilidad operativa

Ofertado por el Contratista ganador

1

Amoca, Miztón y Tecoalli

34.80%

83.75%

2

Hokchi

35.90%

70.00%

3

Xulum

33.70%

Desierto

4

Ichalkil y Pokoch

35.20%

74.00%

5

Misión y Nak

30.20%

Desierto

Las áreas fueron adjudicadas en las siguientes condiciones:

Área 12. La ganó la empresa italiana ENI International B.V, (cuyo principal accionista es el gobierno italiano con 30.1%), que presentó una propuesta de 83.75% de utilidad operativa para el Estado y 33% de incremento sobre el programa mínimo de trabajo. 

La propuesta de Hacienda fue muy generosa para los privados, porque el piso que propuso para la participación del Estado en la utilidad operativa  (34.8%) y el limite a la recuperación de costos (60%) implican que el contratista podrá quedarse hasta con el 77-81% del volumen de producción de crudo para un precio comprendido entre 50 y 100 dólares el barril. ENI International ganó el concurso proponiendo un porcentaje de utilidad operativa para el Estado de 83.75%, lo cual significa más del doble de lo que propuso Hacienda. De cualquier modo la empresa italiana podrá quedarse con un volumen de producción de petróleo crudo de hasta 64-65%.  Si fuera gas no asociado podría quedarse hasta con 82-86% de la producción3.

En términos de renta económica4, ENI se quedará con el 42% de la renta petrolera para un precio de 50 dólares, porcentaje que sube a 55% si el precio es de 100 dólares. Será el peor escenario para el Estado. Si el contratista es honesto y el fisco vigilante y exigente (el mejor escenario para el Estado) el contratista sólo se quedará con el 13-14% de la renta petrolera, para un precio entre 50 y 100 dólares y un costo de producción eficiente de entre 20 y 30 dólares

Área 25. La ganó PanAmericanEnergy y E&P Hidrocarburos y Servicios ofertando 70.0% de utilidad operativa para el Estado y 100% de incremento sobre el programa mínimo de trabajo. La primera es una empresa estadounidense/argentina  cuyos socios son BP Argentina Exploration Company, Bridas Corporation, Bridas Investment Ltd. y BP AlternativeEnergy North America Inc.  En tanto E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. es una empresa mexicana argentina, cuyos socios son Bridas Energy International (actualmente denominada Energy Developments &Investment Corporation), y EnergyDevelopments&InvestmentCorporationSpain S.L.

La propuesta de Hacienda fue un poquito menos generosa que para el área 1, porque el piso que propuso para la participación del Estado en la utilidad operativa  (35.9%) y el limite a la recuperación de costos (60%) implican que el contratista podrá quedarse hasta con el 68-70% del volumen de producción de crudo para un precio comprendido entre 50 y 100 dólares  el barril.

PanAmericanEnergy (British Petroleum) ganó el concurso proponiendo un porcentaje de utilidad operativa para el Estado de 70%, lo cual significa el doble del piso que fijó Hacienda.  Bajo esas condiciones BP y sus socios podrán quedarse con un volumen de producción de petróleo crudo de hasta 64-65%.  Si fuera gas no asociado podrían quedarse hasta con 70-72% de la producción. En términos de renta económica, BP se quedará con el 49% de la renta petrolera para un precio de 50 dólares, porcentaje que sube a 60% si el precio es de 100 dólares. Es el peor escenario para el Estado.

Si el contratista es honesto y el fisco vigilante y exigente (el mejor escenario para el Estado) el contratista sólo se quedará con el 24 - 26% de la renta petrolera, para un precio entre 50 y 100 dólares y un costo de producción eficiente de entre 20 y 30 dólares.

Área 46. La ganó FieldwoodEnergy y la mexicana Petrobal, de Alberto Bailleres que ofertó 74.0% de utilidad operativa para el Estado y 0% sobre el programa mínimo de trabajo. Fue el único concursante; 8 compañías inscritas en el concurso se disculparon. Es decir, NO hubo competencia.  FieldwoodEnergy LLC es una empresa estadounidense cuyos accionistas son fondos de capital privado e inversionistas institucionales del país vecino. Exploración y extracción de hidrocarburos Petrobal, S.A.P.I. de C.V. es una empresa mexicana cuyos dueños son Controladora Petrobal, S.A. de C.V. y Prospección y Producción de Petróleo, S.A. de CV. El Director General de Petrobal es Carlos Morales, ex director de PEMEX Exploración y Producción.

La propuesta de Hacienda para la participación del Estado en la utilidad operativa  (35.2%) y el limite a la recuperación de costos (60%) implican que el contratista podrá quedarse  hasta con el 77-81% del volumen de producción de crudo para un precio comprendido entre 50 y 100 dólares  el barril. FieldwoodEnergy/Petrobal ganó el concurso proponiendo un porcentaje de utilidad operativa para el Estado de 74%, lo cual significa casi el doble de lo que propuso Hacienda.  De cualquier forma el consorcio mexico-estadounidense podrá quedarse con un volumen de producción de petróleo crudo de hasta 67-68%.  Si fuera gas no asociado podría quedarse hasta con 69-70% de la producción.

En términos de renta económica, FieldwoodEnergy/Petrobal  se quedará con el 47% de la renta petrolera para un precio de 50 dólares, porcentaje que sube a 58% si el precio es de 100 dólares. Es el peor escenario para el Estado. Si el contratista es honesto y el fisco vigilante y exigente (el mejor escenario para el Estado) el contratista sólo se quedará con el 21-23% de la renta petrolera, para un precio entre 50 y 100 dólares y un costo de producción eficiente de entre  20 y 30 dólares

¿Y para el Estado?

● En el caso del área 1, el Estado se quedará por lo menos con el 35% del volumen de producción de petróleo crudo  y el 45% de la renta petrolera.

● En el caso del área 2, el Estado se quedará por lo menos con el 30% del volumen de producción de petróleo crudo  y  el 40% de la renta petrolera.

● En el caso del área 4, el Estado se quedará por lo menos con el 32% del volumen de producción de petróleo crudo  y el 42% de la renta petrolera.
En los tres casos se comparte la renta petrolera y ni siquiera es seguro que el Estado se quede con la mayor parte. Para que el proceso sea calificado como totalmente transparente, así como para evaluar el éxito del mismo, sigue faltando que la SENER y la CNH informen sobre las inversiones realizadas por PEMEX en los campos asignados y que explique por qué no se les cobran a los ganadores o, lo que es lo mismo, por qué se les regalan estos recursos propiedad de la Nación.

Por otro lado, es relevante también considerar que aunado a las condiciones favorables para los privados en los que están adjudicando contratos, sobre todo en esta segunda licitación, ante el fracaso de la primera, en el paquete económico presentado por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre al Congreso de la Unión se incluyó  un conjunto de medidas para promover la inversión, entre ellas, la deducibilidad inmediata de inversiones para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo este incentivo también contempla a las empresas que inviertan en el sector de infraestructura de transporte y en el energético.

Ese estímulo fiscal contradice la tesis en la que se fundó la reforma energética, a saber que se abría el sector para que entrara un enorme flujo de inversiones privadas, nacional y extranjera, que sólo estaban esperando la oportunidad para ayudar a México a afrontar los retos del desarrollo. También se dijo que el capital privado vendría a librar a las finanzas públicas de los riesgos y de la pesada carga de la inversión en petróleo, gas natural y sus derivados, así como en electricidad. La propuesta del gobierno federal no significa otra cosa que favorecer todavía más al sector privado, no sólo a las micro, pequeñas y medianas empresas como sería una propuesta viable para reactivar el mercado interno, sino también a aquéllas en donde les interesa garantizar mayor rentabilidad para ciertos grupos empresariales, aún a costa de seguir ofreciendo tratamientos especiales que afectan las finanzas públicas y que no se justifica el costo/beneficio de las medidas en la iniciativa de reforma a la ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la metodología y las variables consideradas para determinar los valores mínimos aceptables que se dieron a conocer previamente a la adjudicación de los contratos, así como la evaluación de este proceso frente a los porcentajes ofrecidos por las empresas.

Segundo. El Senado de la República solicita un informea la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre las inversiones realizadas por PEMEX en los campos asignados y que explique cómo se les cobrará a los ganadores de los contratos de las áreas adjudicadas en la segunda licitación de la Ronda Uno.

Tercero. El Senado de la República solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá de remitir a ambas Cámaras en un plazo no mayor de 5 días hábiles, sobre las evaluaciones de costos y de beneficios esperados que sustentan la propuesta de deducibilidad inmediata de inversiones a las empresas que operen en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, así como las que realicen inversiones previstas en el artículo 2 , fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía, según los artículos transitorios de la Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada al Congreso de la Unión el 8 de Septiembre por el Ejecutivo Federal.

Senado de la República, el 7 de octubre de 2015

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Disponibles en: http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html

2 El Área Contractual número 1 se ubica en la provincia petrolera denominada Cuencas del Sureste, esta área abarca 67 km2  e incluye 3 campos: Amoca, Miztón y Tecoalli; dichos campos  contienen reservas 2P de 107 millones de barriles de aceite ligero y 69 mil millones de pies cúbicos de gas. Tirante de agua 33 metros.

3 Para la estimación del volumen de producción con el que podrá quedarse el contratista se contempló:  1) la regalía se paga en especie; 2)  el monto de la Cuota Contractual para la Fase de Exploración y el Impuesto Anual a la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos no son significativos y no se incluyen en el cálculo; 3) no se incluye ISR porque es un impuesto general ajeno a la lógica económica del reparto de la renta petrolera; 4) el límite a la recuperación de costos es de 60%, que a un precio de 50 dólares significa un costo de 30 dólares por barril lo cual entra el rango de lo creíble para este tipo de yacimientos.

4 Para la estimación del reparto de la renta se contempló: 1) la regalía se paga en especie; 2)  el monto de la Cuota Contractual para la Fase de Exploración y el Impuesto Anual a la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos no son significativos y no se incluyen en el cálculo; 3) no se incluye ISR porque es un impuesto general ajeno a la lógica económica del reparto de la renta petrolera; 4 se supuso un costo real de 20 dólares, que es menor al costo que el Estado le reconoce al contratista para el cálculo de impuesto y que es igual al 60% del valor de la producción.  La diferencia entre el costo reconocido por el fisco y el costo efectivo se la queda el contratista (peor escenario para el Estado). Si el contratista es honesto y el fisco vigilante y exigente el contratista sólo pide el rembolso del costo eficiente de producción y el fisco está de acuerdo que ese es el costo eficiente (el mejor escenario para el Estado).

5 El Área Contractual número 2 se ubica en la provincia petrolera denominada Cuencas del Sureste, esta áreaabarca 40 km2 e incluye al campo Hokchi; este campo contiene reservas 2P de 61 millones de barriles de aceite ligero y 29 mil millones de pies cúbicos de gas. Tirante de agua 28 metros.

6 El Área Contractual número 4 se ubica en la provincia petrolera denominada Cuencas del Sureste, esta área abarca 58 km2  e incluye 2 campos: Ichalkil y Pokoch; dichos campos contienen reservas 2P de 68 millones de barriles de aceite ligero y 92 mil millones de pies cúbicos de gas. Tirante de agua de 45 metros.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer tarifas eléctricas preferenciales en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, a través de su delegación en el estado de Zacatecas, inicie acciones que salvaguarden y garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad federativa. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un tema que se encuentra entre las principales preocupaciones del pueblo mexicano es la creación de empleos formales y bien remunerados, en este tenor y a casi 3 años de aprobarse y promulgarse diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo, la población no percibe los supuestos beneficios que traería consigo.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que para el octavo mes de 2015, el 60.3% de la población de 15 años y más en el país es económicamente activa, cifra mayor a la observada en el mismo mes de 2014, cuando se ubicó en 59.5 por ciento.1

La encuesta en comento señala que el 67.7% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 22.7% trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, 5.3% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente un 4.3% son patrones o empleadores. 

De acuerdo a lo anterior, el desempleo en México retrocedió, pues en el mes pasado (agosto) la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.3% de la Población Económicamente Activa, en Zacatecas la tasa de desocupación fue de 3.7%.2

Si bien las cifras del desempleo son alentadoras, éstas se deben mantener así y de ser necesario erradicar de una vez por todas, el desempleo en el país, además es necesario hacer realidad lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se deben salvaguardar y garantizar los derechos de todos los trabajadores en el país, eso es una tarea inalienable del Estado, así como la generación de empleos bien remunerados y de calidad, trabajos dignos y estables, por medio de los cuales sea posible cubrir las necesidades de bienestar familiar básico y de esparcimiento.

También se deben cuidar y proteger los trabajos formales ya existentes; es decir, que no se vean mermados los derechos de los trabajadores, los cuales han sido fruto de diversas luchas sociales; en este tenor es que se le solicita respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de su delegación en el estado de Zacatecas y dentro de sus atribuciones, inicie operativos que salvaguarden y garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad federativa.
Lo anterior, debido a que el estado de Zacatecas no crea los suficientes empleos, y como siempre los más perjudicados son los jóvenes. Datos del INEGI señalan que la tasa de desocupación en el Estado, registró durante el primer trimestre del año, un 3.8 por ciento; mientras tanto, la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 20 y 24 años, es de 9 por ciento.3

Aunado a lo anterior, en el municipio de Calera, la cervecera Grupo Modelo, ha despedido a varios trabajadores, esto es un problema no menor que debe tomar en cuenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que supervise que los derechos de los trabajadores en dicha empresa no se vean agraviados.  

Por esa razón, varios trabajadores de la cervecera han manifestado su inconformidad, a tal grado que en una ocasión pararon la línea de producción de la empresa.

Dicha situación afecta a ambas partes, a los trabajadores porque sienten que sus derechos laborales no han sido respetados y la  cervecera que vio mermada su producción y distribución en el país y en el extranjero.

Este problema no es nuevo, data desde años pasados, se podría decir que el inició de dicha patología fue después de que la empresa Anheuser-Busch InBev de Bélgica adquirió a Grupo Modelo y de no atenderse en el corto plazo, pudiera ocasionar serios problemas tanto a los trabajadores como a la cervecera y por supuesto a la economía del país.

La cervecera de Calera, Zacatecas, abrió sus puertas el 7 de abril de 1997 y llegó a ser la más grande de América Latina, cuenta con una capacidad total de producción de 358 mil toneladas de malta, la base principal para la elaboración de cerveza y puede producir 24 millones de hectolitros al año;4 de aquí la importancia de sus trabajadores para la empresa, pues un día de paro o huelga sería un duro golpe a la economía.

La Administración Federal, por medio de la Secretaría de Trabajo debe vigilar la aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Federal, de la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos; por tal razón se hace un llamado a la Secretaría para que atienda la problemática suscitada en el Estado de Zacatecas en materia laboral.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de su Delegación en el estado de Zacatecas y dentro de sus atribuciones, inicie acciones que salvaguarden y garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad federativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. David Monreal Avila.

1 Boletín de Prensanúmero 391/15 “Indicadores de Ocupación y Empleo, cifras oportunas durante agosto de 2015”, INEGI,  [en línea], consultado el 30 de septiembre de 215, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/iooe/iooe2015_09.pdf

2 Ibídem.

3 Ollaquindia, Raquel, “En la informalidad, 7 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años, registra el INEGI” en el Periódico la Jornada Zacatecas, [en línea], consultado el 11 de agosto de 2015,disponible en: http://ljz.mx/2015/08/11/en-la-informalidad-7-de-cada-10-jovenes-de-entre-15-y-19-anos-registra-el-inegi/?doing_wp_cron=1439299134.8644979000091552734375

4 “Grupo Modelo amplía capacidad de maltería con 60 mdd en Zacatecas” en El Financiero, [en línea], consultado el 11 de agosto de 2015, disponible en:http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-modelo-invierte-60-mdd-en-su-planta-cervecera-de-zacatecas.html





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen una investigación de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de lagunas y aguadas, así como por la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos, que están teniendo lugar en diversas zonas de la Península de Yucatán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que realicen una investigación de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de lagunas y aguadas, así como por la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos, que están teniendo lugar en diversas zonas de la Península de Yucatán, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diversos medios noticiosos, se ha hecho del conocimiento público la devastación que está teniendo lugar en la selva maya, con un promedio anual de 80 mil hectáreas perdidas en los últimos tres años.1

Esta situación afecta no sólo a la biodiversidad sino también causa afectación a los habitantes de las zonas que viven en la Península de Yucatán, esta situación que genera un problema ambiental por la intensa deforestación, la desaparición de lagunas y aguadas, así como la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos.

Otros factores que generan gran afectación en la zona, son la apropiación territorial, la implementación de megaproyectos de infraestructura, la construcción de desarrollos turísticos, así como el utilizar grandes extensiones de tierra para la agricultura, como en el caso de la siembra de soya transgénica, que no tiene que ver con las prácticas tradicionales, lesiona a todo el entorno y a las etnias y culturas que viven en la Península.

Ante esto, resulta necesario saber si se han autorizado cambios al uso de suelo en estas zonas que albergan reservas de la Biosfera, o si la autoridad está concediendo permisos para explotación de recursos naturales que están siendo utilizados de manera abusiva, toda vez que pobladores de las zonas afectadas, mencionan que hay nivelación de suelos con el relleno de cuerpos de agua superficiales y drenado que rompe cauces de flujo hidrológico.

Los pobladores de diversas zonas de la Península de Yucatán, denuncian que derivado de la expansión de la agricultura, sin que la misma este sustentada con estudios que impidan la erosión acelerada del suelo de la región.

Diversas asociaciones ambientalistas señalan que la pérdida de vegetación en la zona de la Selva Maya de Yucatán, equivale a una emisión de alrededor de 5 millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera, además de la alteración del ciclo de lluvias y daños al hábitat de especies silvestres en la región.

También los ambientalistas refieren que Yucatán, Campeche y Quintana Roo deforestan al año unas 23 mil hectáreas cada uno, cifra que puede variar de manera drástica por presencia de huracanes, sequías o incendios, por ello, es tarea muy importante que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cumplan con la vigilancia de dichas zonas que sustentan la selva, la biodiversidad, el hábitat de grandes felinos como el jaguar, de venados y para cosecha de agua, ya que el ecosistema de la selva maya permite que la lluvia siga llegando a la Península de Yucatán.

Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que realicen una investigación de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de lagunas y aguadas, así como por la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos, que están teniendo lugar en diversas zonas de la Península de Yucatán y para que implementen a la brevedad, las acciones que resulten necesarias y que sean contundentes para detener dichos efectos negativos.

De igual forma, se solicita a las autoridades mencionadas, que remitan a esta Soberanía a la brevedad, un informe detallado de la investigación que tengan a bien realizar.

Dado en el salón de sesiones, el 7 de octubre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 El 3 de octubre de 2015, el Reportero Pedro Diego Tzuc, público en el Diario Mural, una nota denominada “Ven en deforestación amenaza a Mayas”, en la que hace notar la problemática que ha ocasionado la deforestación de diversas zonas de la Península de Yucatán y que se puede consultar en la siguiente dirección:
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=658709&urlredirect=http://www.mural.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=658709#ixzz3niKFrfC4





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a proceder a la remoción del cargo y sustitución del delegado estatal de la Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se realice una investigación que deslinde las responsabilidades por el delito del que se le acusa. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe sobre la política de seguridad pública del gobierno federal ante los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL ANTE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2015, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ha vivido una profunda crisis de seguridad en la última década. Por esta razón, Enrique Peña Nieto inició su gobierno con el compromiso de poner al ciudadano y su familia en el centro de las políticas de seguridad, con el objeto de que "las ciudades, los pueblos, las carreteras, vuelvan a ser espacios de tranquilidad, en los cuales, los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida."1 Sin embargo, los resultados muestran lo contrario.

En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, el INEGI informa "sobre el fenómeno de la victimización   delictiva durante 2014, al mismo tiempo que sobre la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades."2 Este año, los datos muestran  que las acciones implementadas por el Gobierno durante este sexenio han sido infructuosas y continúa la percepción generalizada de que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que aquejan a las entidades federativas (58%).3

Esta percepción se suma a la reducción en la confianza que tiene la sociedad en las autoridades. En este rubro, la caída más significativa fue con respecto al ejército y la marina de casi 3% respecto de 2014, aunque continúan siendo las autoridades más confiables para la sociedad mexicana. En este mismo apartado, la sociedad continúa percibiendo a las policías de tránsito y preventiva municipal como aquellas corporaciones con peor confianza, 31.3% y 36%4, respectivamente. Esta desconfianza está estrechamente vinculada con la percepción que se tiene sobre la corrupción de estas autoridades. En tanto a la policía de tránsito un 77.9% la considera como corrupta, a la preventiva municipal, es el 66.5%5.

No pasa inadvertido que el problema que arroja esta cifra incide en el comportamiento que tiene el combate a la delincuencia. La ENVIPE refiere que el número de delitos cometidos en 2014 es similar al de 2013, pues en tanto en 2014 ocurrieron 33.7 millones6, en 2013 fueron 33.1 millones7, aunque también implica que en lugar de una reducción de los delitos cometidos, se presenta incluso un ligero incremento en los ocurridos en el año pasado. Lo anterior también lo muestra la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, con un incremento de 92, al pasar de 41,563 en 2013 a 41,655 en 20148 y conservando los altos índices de este sexenio en casi seis mil con respecto a 2012.

Por si fuera poco, la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en 2014 se mantiene en un nivel estadísticamente equivalente a la estimada en 2013. Mientras que en 2013 fue de 28,224; en 2014 fue de 28,2009. Rango que entra en el margen de error de   ambas cifras. Lo anterior implica que en 2014 hubo 22.8 millones de víctimas de 18 años y más.

Estas cifras no son compatibles con lo que se reporta en el Tercer Informe de Gobierno, toda vez que en éste se hace especial énfasis en la reducción de la incidencia delictiva del fuero común en un 7.2% entre septiembre de 2014 y julio de 2015 con respecto al período inmediato anterior. Esto puede entenderse por el gran número de delitos sin denunciar ni iniciar averiguación previa (cifra negra), que ronda el 92.8%10. Esta cifra es similar a la de 2013, que se mantiene aún en niveles superiores a lo que ocurría antes del sexenio de Peña Nieto. Cabe advertir que esta cantidad es aún más impresionante cuando se va a las Entidades Federativas, donde vemos niveles superiores al 94% en Durango (94%), Yucatán (94.6%), Jalisco y Zacatecas (94.8%), Guerrero (95.8%) y con el peor índice, San Luis Potosí (96.5%).

La cifra negra es por tanto alarmante, considerando los altos índices de desconfianza y percepción de corrupción que tiene la sociedad respecto de sus autoridades y el fracaso que tiene el Estado mexicano en su conjunto para atender el gran problema de la inseguridad en nuestro país, que han sido víctimas en su mayoría de robo en calle o a bordo del transporte público, extorsión y fraude. En tanto no se logre una estrategia adecuada de combate a la delincuencia, que no se limite a los operativos mediáticos y a la captura de los grandes capos, no será posible devolver la paz de la sociedad. Por si fuera poco, de las pocas averiguaciones previas que se inician por el Ministerio Público, en el 53.8%11 de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, lo que significa un aumento de casi 4% con respecto a 2013.

Es muy importante señalar que la ENVIPE continúa arrojando a la extorsión como uno de los delitos más frecuentes con7,969,585 delitos12, de los cuales el 94.7% fue vía telefónica y en el 5.4% la víctima entregó lo solicitado, cifras similares a las de 2014.13 Esta cifra contrasta con la reportada por la Secretaría de Gobernación en el Tercer Informe de Gobierno pues refiere que "se han logrado importantes avances en la disminución de los principales delitos que más lastiman a la sociedad, como el homicidio, secuestro, robo y extorsión".14 Por cuanto hace a la extorsión, esa misma dependencia advirtió que del 1 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 se logró una reducción del 27.1% en la incidencia de este delito en comparación con el periodo de septiembre de 2013 a julio de 2014, al pasar de 6,436 a 4,691 presuntos casos.15

Finalmente, no debe pasar inadvertido que la inseguridad y los delitos en los hogares también tienen un importante costo en nuestro país. La ENVIPE estima para 2014 un costo de alrededor de 1.27%16 del PIB, alrededor de 5,861 pesos17 por persona afectada por la inseguridad y el delito, en tanto que en 2013, esta cifra fue de 5,560 pesos por persona18. Un importante incremento sobre todo para cubrir medidas de protección o los montos de las pérdidas a consecuencia del delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Gobernación un informe detallado en el que explique la incompatibilidad de los resultados reportados sobre la política de seguridad pública del Gobierno Federal en el marco del III Informe de Gobierno frente a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, realizada por el INEGI.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la titular de la Procuraduría General de la República un informe detallado respecto de las acciones implementadas para que, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se combata el delito de extorsión.

Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Enrique Peña Nieto, "Discurso íntegro del Presidente Peña Nieto a la Nación" en Excélsior, 1 de diciembre de 2015,http://www.excelsior.com.mx/2012/12/01/nacional/872692, consultado el 1 de octubre de 2015

2 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, Boletín de prensa Núm. 395/15, 30 de septiembre de 2015, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf, , consultado el 1 de octubre de 2015

3 INEGI, "Percepción sobre Seguridad Pública- Principales preocupaciones" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 31,  http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_nacional.pdf, consultado el 2 de octubre de 2015

4 INEGI, "Percepción del Desempeño" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 47,  op. cit.

5 INEGI, "Percepción del Desempeño" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 48,  op. cit.

6 INEGI, "Incidencia delictiva-Tipos de delitos" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 10,  op. cit

7 INEGI, "Incidencia delictiva-Tipos de delitos" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2014, p. 11, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_nal.pdf, consultada el 2 de octubre de 2015

8 INEGI, "Incidencia delictiva en las personas 2010 -2014" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 12,  op. cit

9 INEGI, "Prevalencia delictiva en personas" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 7,  op. cit

10 INEGI, "Cifra negra" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 24,  op. cit

11 Idem

12 INEGI, "Delitos ocurridos por entidad federativa y tipo de delito, según aquellos que se declararon con mayor frecuencia 2014" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Tabuladores básicos. Cuadro 4.3.

13 INEGI, "Incidencia delictiva-Tipos de delito" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 10,  op. cit

14 http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/620/7/images/3er_INF_LAB_SEGOB(1).pdfP.

15 http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/620/7/images/3er_INF_LAB_SEGOB(1).pdf, p. 49

16 INEGI, "Costos del delito" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2015, p. 21,  op. cit

17 Idem

18 INEGI, "Costos del delito" en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 Principales Resultados, 30 de septiembre de 2014, p. 21,  op. cit





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el incremento de la productividad del trabajo decente. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, México atraviesa por momentos difíciles, en los últimos años se han buscado cambios a la legislación para darle al área laboral un sentido de estabilidad, así como para brindar al trabajador mayor nivel de ingreso y satisfacción, en otras palabras, un trabajo decente; sin embargo, estadísticas efectuadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),revelan que desde la implementación de la reforma laboral el país se encuentra cada vez más lejos de lograrlo.

La tasa de desempleo se ha incrementado, siendo que, en el 2012 el 4.58% de la población mexicana se encontraba sin empleo y para el año 2014 se incrementó a 5.5%. Para este año, México ya se encuentra en el tercer lugar dentro de los países miembros de la OCDE con mayor desempleo, siendo que desde diciembre de 2014 a enero del 2015 el número de personas aumentó en 45 000 mil. Esto es alarmante, pues el sector más afectado por el desempleo se encuentra dentro de los jóvenes de 25 años, habiendo aumentado de 3.2% a 3.5% en solo un mes.1

En Zacatecas, el 16% de los egresados de alguna institución de educación superior se encuentran desocupados, el número de profesionistas desocupados en el estado es de 2 mil 451 y la tasa de empleo de este año fue de 2.6 por ciento. Además de ocupar durante el primer trimestre del 2015, el índice más bajo en cuanto a la población económicamente activa, con 37.5% de población trabajadora, apenas por encima de entidades como Chiapas; asimismo, se aumentó la informalidad, debido a que apenas un 45.6% está afiliado a alguna institución de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).2

Esto es previsible, debido a que si, se analiza las implicaciones de las reformas a la Ley Federal de Trabajo de 2012se puede observar que lo único que se hizo fue facilitar tanto la contratación como el despido, al poner al alcance de los patrones y empleados los contratos por hora y evitar las indemnizaciones al no generar antigüedad por medio del outsourcingy la subcontratación.

Claro, se han creado más empleos, pero no los que México necesita, trabajos decentes, que es, en un principio lo que la reforma dice perseguir, ahora bien, la Organización Internacional del Trabajo define como empleo decente aquel trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad e igualdad en el cual los derechos son protegidos y éste se encuentra en condiciones de remuneración adecuada y protección social.3

En contraste, se han creado empleos de baja calidad y mal pagados, dejando aún más desprotegido el sector profesionista del país, como podemos apreciar en las estadísticas antes presentadas.

Según el informe de Censos Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la contratación por outsourcing o subcontratación se ha incrementado de 13.6% en 2009 a 16.6% en 2014, esto quiere decir que el 16.6 % de 29, 642, 421 millones de personas están contratadas bajo este régimen y no es coincidencia que los índices de desempleo en los últimos años sean directamente proporcionales al aumento de éste tipo de contratación.4

La regulación de la subcontratación en México trae muchas más dificultades para la clase trabajadora mexicana, debido a que al momento de legitimar la subcontratación, los patrones pueden librarse de las prestaciones correspondientes al trabajador por el mero hecho de “no tener un relación obrero- patronal” de manera directa con él, sino que los servicios de los trabajadores son proporcionados por conducto de terceros, teniendo así la libertad de despedir a los mismos y sobretodo evitar el pago de prestaciones y la formación de sindicatos por parte de los trabajadores.

Esto también afecta directamente otro rubro importante para el bienestar del     trabajador, el salario, a pesar que éste no se ha incrementado de manera significativa desde hace décadas, con la subcontratación, y la facilidad de contratación y despidos que la ley otorga, la demanda de empleos se verá incrementada pero la oferta de los mismos no, mermando así los salarios de los empleos de baja calidad que se están creando.

Lo anterior se ve reflejado en estadísticas de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las cuales indican que México es uno de los países de América Latina con los salarios más bajos, representando hasta el 2014, salarios incluso menores de lo que eran hace 5 años y refuerza la hipótesis que mientras hay más trabajo de menor calidad, los salarios decrecen.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con sus homólogas estatales, promuevan el incremento de la productividad del trabajo decente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. David Monreal Avila.

1 Rosales, Rodrigo. La Contradicción, signo del mercado laboral en 2014, El Economista 21 de diciembre de 2014, [En línea] Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/12/21/contradiccion-signo-mercado-laboral-2014

2 Ortega, Saúl. Aumenta desempleo de Profesionistas. NTR Periodismo critico 20 de julio de 2015, [En línea] Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/07/20/aumenta-desempleo-de-profesionistas/

3 Organización Internacional del Trabajo (OIT), [En línea], Disponible en: http://www.oit.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/rct/35rct/doc_ref/doc1/i.htm

4 Lastiri, Xanath. El Outsourcing crece 48% en 10 años: Inegi ; vulnera aún más al trabajador afirman analistas, Sin Embargo 29 de julio 2015, [En línea] Disponble en: http://www.sinembargo.mx/29-07-2015/1430846





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las instancias correspondientes a investigar los probables actos de corrupción, irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando algunos jefes delegacionales en sus respectivas demarcaciones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE INSTRUYA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A INVESTIGAR LOS PROBABLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, IRREGULARIDADES E ILÍCITOS DEL ORDEN PENAL, QUE ESTÁN DENUNCIANDO ALGUNOS JEFES DELEGACIONALES EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es un flagelo que lastima y resquebraja la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones políticas. Por ello, es una imperiosa necesidad que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los probables responsables.

En días posteriores a la elección del 07 de junio del presente y desde el primer día que tomaron posesión de su cargo, algunos Jefes Delegacionales han denunciado diversos actos de corrupción y tráfico de influencias en diversas demarcaciones.

Tal es el caso, de Ricardo Monreal Ávila, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, que ha formulado diversas acusaciones públicas en contra de la administración anterior por presuntos actos de corrupción de verificadores mercantiles, los cuales permanentemente habrían solicitado a dueños de establecimientos, comerciantes y empresarios, algún tipo de cobro para operar.

De acuerdo con el propio Monreal Ávila en la pasada administración habría operado una red de corrupción, encabezada por funcionarios de alto nivel, que habría cobrado 6 millones 900 mil pesos por autorizar reglamentos, dos millones a restaurantes, hoteles, casas de citas y otros locales, así como 700 mil pesos a comerciantes informales.

Por su parte, la Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció un presunto fraude por 30 millones de pesos y que involucrarían a autoridades. El probable ilícito estaría en una licitación pública para la construcción de 12 obras, que de acuerdo con la funcionaria, seis ya estarían construidas y otras se encontrarían en proceso de construcción.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que este órgano legislativo exhorte a los nuevos Jefes Delegacionales presentar las denuncias ante las instancias legales, a fin de procesar los presuntos actos de corrupción que han filtrado en diversos medios de comunicación.

Es una imperiosa necesidad que en el caso de las Delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan, en donde los actuales jefes delegacionales han denunciado actos de corrupción, el Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus facultades y atribuciones realice las investigaciones correspondientes para esclarecer las denuncias y, en caso de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones administrativas o penales que correspondan.
Por lo expuesto y motivado, es que sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que instruya a las instancias correspondientes a investigar los probables actos de corrupción, irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando algunos jefes delegacionales en sus respectivas demarcaciones.

Dado en el Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR EL DESLAVE Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El jueves 1° de octubre, un alud de tierra ocurrió en una comunidad minera llamada El Cambray II en la localidad de Santa Catarina Pinula, a unos 15 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, arrasando con las viviendas que se encontraban a su paso.

El alud ocurrió aproximadamente a las 21:30 hrs. de Guatemala, en una zona que anteriormente se había catalogado como riesgosa para las comunidades que vivían en ella, ya que desde 2008 la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastre (CONRED), informó que debido a la explotación minera que se practica en la zona y las características particulares de la tierra, ésta podría sufrir un deslizamiento ocasionado por las precipitaciones.

2. Tras el desastre, se reportan cerca de 125 viviendas sepultadas, más de 130 muertos y alrededor de 300 desaparecidos, cifras otorgadas por el cuerpo de rescate y protección civil del gobierno, el cual comenzó inmediatamente con las labores de rescate y protección civil albergando a más de 175 personas en las cercanías al siniestro.

Pese a que la norma indica que los rescates y búsqueda de desaparecidos es únicamente en un marco de 72 horas, los rescatistas guatemaltecos trabajaron hasta el domingo 4 de octubre en remover escombros, buscar supervivientes, identificar cadáveres y auxiliar a las personas cercanas a lugar del deslave.

3. Por su parte, México envió el domingo una misión de rescate a Guatemala integrada por expertos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Protección Civil, así como a 16 elementos caninos entrenados en la búsqueda debajo de escombros, para auxiliar a la comunidad guatemalteca.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el laúd ocurrido en El Cambray II y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para reforzarla cooperación con la República de Guatemala en materia de prevención de desastres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 07 de octubre del 2015.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la retención del defensor del pueblo de Venezuela por parte de agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 3 de octubre tuvo lugar un bochornoso incidente cuando el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab denunció haber sido retenido por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a petición del Gobierno de los Estados Unidos de América, que emitió una alerta a través de Interpol.

El incidente tuvo lugar cuando el funcionario venezolano arribó a la Ciudad de México como escala para dirigirse a la ciudad de Mérida, Yucatán para asistir a una conferencia organizada por la ONU.

Según denunció, los agentes migratorios lo sometieron a un interrogatorio que incluyó algunos cuestionamientos que consideró ofensivos. Así también señaló que uno de los agentes migratorios le mostró en una computadora que Interpol había emitido una alerta migratoria en su contra a solicitud de Washington, descartando además que se tratara de un error en virtud de que las autoridades migratorias mexicanas contaban con sus datos de identificación, tales como el número de pasaporte, entre otros.

El Defensor del Pueblo de Venezuela dio a conocer que denunciará estos lamentables hechos ante la ONU, lo que podría generar un importante descrédito de nuestro país ante la comunidad internacional; de igual manera la Embajada de Venezuela presentará una protesta formal por el incidente.
La retención del Defensor del Pueblo de Venezuela en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un hecho que no debe quedar en lo anecdótico, se trata de un asunto que lastima absurdamente la relación bilateral con la República Bolivariana de Venezuela y por tal motivo debe ser investigado a fin de verificar la legalidad, la manera en que se llevó a cabo la retención, la observancia de los derechos humanos y con base en ello determinar si es procedente que a través de los canales diplomáticos correspondientes, el Estado mexicano ofrezca una disculpa formal a la República de Venezuela.

Para tal fin resulta viable que el Senado de la República, con base en sus atribuciones constitucionales, mismas que constituyen un mecanismo de control a la atribución del Ejecutivo Federal de dirigir la política exterior, solicite a las autoridades competentes la información relativa al caso.

Vale la pena recordar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación corresponde formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras y puntos de entrada del país, atribuciones que lleva a cabo a través de su órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto Nacional de Migración, por lo que ambas instancias del Poder Ejecutivo se encuentran obligadas a dar una explicación sobre las razones y fundamentos que sustentaron la retención del servidor público venezolano.

El Senado de la República, como corresponsable de la política exterior tiene la obligación de velar por el debido cuidado de las relaciones internacionales de nuestro país, garantizando que éstas no se vean lastimadas por situaciones tan poco claras como la acontecida al Defensor del Pueblo de Venezuela en territorio nacional.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta profundamente la retención del Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por parte de agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de los canales diplomáticos conducentes se ofrezca una disculpa a la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Instituto Nacional de Migración que en un plazo máximo de 10 días remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los procedimientos aplicados en la retención del Sr. Tarek William Saab, el lugar en el que fue retenido e interrogado, las preguntas que le fueron hechas, el tiempo que duró la retención, así como la autoridad que emitió la orden de retenerlo en las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México.

TERCERO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación que en un plazo máximo de 10 días remita a esta Soberanía un informe sobre las razones por las cuales fue retenido y sometido a interrogatorio en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Sr. Tarek William Saab, Defensor del Pueblo de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, refuercen o implementen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El cáncer de mama, es un crecimiento anormal y desordenado de las células en los tejidos de las glándulas mamarias. Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que cada año se detectan cerca de 1 millón 400 mil nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama.

Cifras de la Organización Panamericana de la Salud, señalan que durante 2012, en América se presentaron 408 mil 200 nuevos casos de cáncer de mama y poco más de 92 mil muertes, lo que sitúan como el principal cáncer por el número de casos nuevos y el segundo lugar en cuanto el número de fallecimientos que provoca.

Resulta preocupante que aunque las cifras de incidencia más altas de esta enfermedad se dan en los países desarrollados, el 70% de la mortalidad por cáncer ocurre en las naciones en vías de desarrollo, lo cual evidencia una falta de detección oportuna

Resulta impostergable llevar a cabo las acciones y campañas que coadyuven a sensibilizar y tomar conciencia sobre esta problemática. Máxime aun, cuando existen estimaciones que señalan que en el año 2030 se presentaran cerca de 600 mil nuevos casos y alrededor de 142 mil muertes a consecuencia del cáncer de mama.

A fin de visibilizar esta problemática y tomar conciencia sobre la detección oportuna, el tratamiento y los cuidados necesarios para prevenir la muerte por esta enfermedad, en todo el mundo se lleva a cabo durante octubre el “Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama”, en el que se invita a la población a portar un listón o moño Rosa que representa el símbolo de la solidaridad y apoyo para las mujeres que tienen dicho padecimiento.

En México, de 1998 a 2012, la tasa de mortalidad a consecuencia del cáncer de mama paso de 14.7 a 17.2 muertes por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años.

La detección oportuna del cáncer de mama, es sin duda, el aspecto más importante contra esta enfermedad y aumenta la probabilidad de curación. Al respecto, la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama (NOM) señala 3 herramientas básicas para la oportuna detección del cáncer de mama: la autoexploración que debe iniciarse a partir de los 20 años de forma mensual; el examen clínico a partir de los 25 años de forma anual; y la mastografía en mujeres de 40 a 69 años cada dos años.

El estudio Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y factores de crecimiento, señala diversos factores que pueden propiciar o reducir el riesgo de padecer esta enfermedad:
- El consumo de alcohol aumenta las posibilidades de sufrir esta enfermedad sin importar la edad.

- Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama.

- Las mujeres que han recibido tratamiento hormonal por más de 5 años  tienen el doble de posibilidad de sufrir esta enfermedad.

- La ganancia de peso corporal después de la menopausia también constituye un factor de riesgo.

Cabe señalar que la mortalidad por causa del cáncer de mama es más elevada conforme aumenta la edad. La tasa de mortalidad por cada 100 mil mujeres para el grupo poblacional de 25 a 49 años es de 7.2, mientras para el  rango de edad de 50 a 64 es de 31 y de 45.9 para las mujeres mayores de 65 años, por lo que resulta apremiante que las mujeres que por su edad son más propensas a padecer este tipo de cáncer adopten una cultura de la prevención que les permita detectar de manera temprana este  padecimiento.

Existe evidencia que permite afirmar que la realización regular de mastografías ayuda a reducir la mortalidad del cáncer de mama en 16%, en virtud de que permite identificar de manera precoz pequeñas células cancerígenas que no son perceptibles con la autoexploración. Datos de la Encueta Nacional de Salud señalan que la cobertura de mastografías para las mujeres de 40 a 49  años fue de 17.2% y de 29.4%  para las mujeres de 50 a 69 años, lo cual pone en evidencia los retos del Estado mexicano para garantizar una mayor cobertura de este tipo de exámenes.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las mujeres mexicanas, por ello en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” al gobierno federal y al de las entidades federativas a fortalecer los programas de prevención para la detección oportuna del cáncer de mama, sobre todo aquellas que buscan concientizar a las mujeres para la autoexploración, el examen clínico y la mastografías, acciones que sin duda coadyuvaran a reducir los índices de mortalidad provocados por el cáncer de mama.

Asimismo, consideramos que las Instituciones de Salud del Estado mexicano deben de implementar o incrementar las acciones que permitan un mayor acceso a los servicios de salud para la prevención y atención del cáncer de mama. Así como una amplia campaña informativa que permita conocer las medidas que coadyuven a una detección oportuna de esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, refuercen o implementen nuevas acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la finalización de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe para su análisis. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA FINALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME PARA SU ANÁLISIS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) tiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico; este acuerdo comercial es una iniciativa desarrollada por: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur conocidos como P4, fue suscrito en el año 2005 y está en vigencia desde el 2006.

El P4 es un acuerdo abierto que contempla la posibilidad de adhesión de terceros países con el objeto de promover la creación de una alianza estratégica mayor para la liberalización del comercio en la región. En este sentido, el 4 de febrero de 2008, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que Estados Unidos participaría en las negociaciones sobre inversión y servicios financieros programadas en marzo siguiente entre Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei.

El 22 de septiembre de 2008, los países del P4 y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de negociaciones para la participación de este último, en el TPP. Posteriormente, Australia, Perú y Vietnam formalizaron su interés de adherirse a las negociaciones.

Aproximadamente un año más tarde, el 14 de noviembre de 2009, el Presidente de Estados Unidos de América anunció que colaboraría con el grupo inicial de los siete países del TPP, con el fin de formar un acuerdo regional de “membresía amplia y los más altos estándares que representa la eficacia de un acuerdo del siglo XXI”.

2. La primera ronda de negociaciones del TPP se realizó entre Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, conjuntamente con Estados Unidos, Perú, Australia y Vietnam, del 15 al 19 de marzo de 2010, en Melbourne, Australia.

Los países que integran el proceso del TPP se dieron cita en Darussalam, del 4 al 10 de octubre de 2010 para celebrar la tercera ronda de negociaciones del TPP contando con la presencia de 24 grupos negociadores que se reunieron para abordar un amplio rango de temas comprendidos en el acuerdo. En esta misma ocasión, Malasia presentó formalmente su solicitud de integrase a las negociaciones en curso, lo que fue     aceptado por los ocho países participantes en el proceso el 5 de octubre permitiendo de este modo su participación efectiva como noveno miembro del proceso de negociaciones del TPP.
La cuarta ronda de negociaciones se realizó del 6 al 10 de diciembre de 2010, en Auckland, Nueva Zelanda. La quinta ronda tuvo lugar en Santiago de Chile del 14 al 18 de febrero de 2011. La sexta ronda se realizó en Singapur del 28 de marzo al 1º de abril. La séptima ronda se realizó en Ho Chi Minh, Vietnam, del 20 al 24 de junio de 2011 y la octava ronda de negociaciones en Chicago, Estados Unidos, del 09 al 15 de setiembre de 2011. La novena ronda de negociaciones comenzó en Lima, Perú, el 20 de octubre de 2011.

El 12 de noviembre de 2011, en Honolulu, Estados Unidos, durante la Reunión  Ministerial del Foro 2011 de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los países miembros del TPP anunciaron la culminación de los lineamientos generales del acuerdo. Mientras que Canadá, Japón y México manifestaron su interés de participar en el TPP. En dicha reunión los líderes instruyeron a sus equipos negociadores a reunirse a principios de diciembre de 2011 para continuar su trabajo, planificar rondas de negociaciones adicionales en 2012 y continuar las discusiones con los países que manifestaron su interés en unirse al TPP para facilitar su futura participación en las negociaciones.

3. El 18 de junio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos anunció formalmente que los países que negocian el Acuerdo de Asociación Transpacífico extendieron una invitación para que México se sumara a las negociaciones de dicha iniciativa. De igual forma, el 19 de junio de 2012, Canadá recibió una invitación formal para formar parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Las conversaciones del TPP continuaron durante la XIV Ronda de Negociaciones que tuvo lugar en Leesburg, Estados Unidos del 6 al 15 de setiembre de 2012. En noviembre se llevó a cabo una reunión intermedia de negociación. La XV ronda se realizó del 03 al 12 de diciembre de 2012, en Auckland, Nueva Zelanda. La XVI ronda de negociaciones se realizó en Singapur del 04 al 13 de marzo de 2013. En abril, en Surabaya, Indonesia, los ministros de comercio de los países miembros del TPP se reunieron para definir líneas de acción sobre cuestiones pendientes para la conclusión de las negociaciones y la entrada de Japón al acuerdo.

4. Los Ministros de Comercio de las naciones involucradas alcanzaron el día de ayer un acuerdo sobre un extenso pacto comercial que reducirá las barreras arancelarias y establecerá estándares comunes para 12 países.

El TPP incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, los cuales acumulan el 40% del PIB mundial.

5. Cabe señalar que según el Secretario de Economía, “el final de las negociaciones fue posible gracias a la voluntad política, pragmatismo y flexibilidad de cada una de las partes involucradas en la negociación”; además, agregó que para México el acuerdo es de suma relevancia dado que abre nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano en seis mercados de Asia-Pacífico: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam. Afirmó que esa región registrará el mayor crecimiento económico en los próximos 25 años.

El Secretario aseguró que el TPP fortalecerá la integración de las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá, contribuyendo a la meta de convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo. Además señaló que el acuerdo consolidará el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, socios comerciales prioritarios de México en América Latina, y que profundiza las preferencias de acceso al mercado de Japón.
Según el Gobierno Federal, México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como, arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo.

Esta ronda final de negociaciones en Atlanta, se había estancado por la interrogante sobre cuánto tiempo debería permitirse un monopolio de medicamentos     biotecnológicos de última generación, hasta que Estados Unidos y Australia alcanzaron un compromiso.

Los equipos negociadores han estado enfrentados sobre el periodo mínimo de protección para los derechos de datos utilizados para producir medicamentos biológicos, pues mientras Estados Unidos buscaba un periodo de 12 años de protección para alentar a las farmacéuticas a invertir en costosos tratamientos biológicos como el tratamiento para el cáncer, Australia, Nueva Zelanda, y grupos públicos de salud querían cinco años para reducir los costos y la carga de programas médicos subsidiados por el Estado.

Por separado, Estados Unidos, México, Canadá y Japón también concordaron en las normas que rigen el comercio de vehículos, que dictan cuantas partes de un auto deben ser fabricadas dentro del TPP para calificar con el estatus de libre de impuestos.

6. Cabe destacar que las negociaciones del TPP se realizaron en confidencialidad, por lo que no es pública la información relativa a este instrumento internacional y se argumentó que tras el cierre de las negociaciones se haría pública la información, lo cual responde al “interés jurídico de las partes” que participaron en las negociaciones.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 76, fracción I que son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la finalización de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica en el que participa México y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre dicho instrumento internacional a fin de contar con elementos para su análisis.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación al fin de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL FIN DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 5 de octubre de 2015, los ministros de Economía de los países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) anunciaron en Atlanta, Georgia, la conclusión de las negociaciones del citado Acuerdos, después de más de 5 años de intensas discusiones. .

En un escueto comunicado de prensa de la Secretaría de Economía, se hace referencia a que “(P)ara México, el Acuerdo es de suma relevancia dado que abre nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano en seis mercados de Asia-Pacífico (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), la región que registrará el mayor crecimiento económico en los próximos veinticinco años.”1

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien fuera el enviado especial de Peña Nieto para negociar a nombre de México desde el inicio de la actual administración, enfatizó que “México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como, arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo.”2

Así, el Gobierno Federal pretende hacer alarde de la conclusión de una acuerdo que, como hemos señalado en diversas ocasiones desde esta Soberanía, se ha venido manejando en total hermetismo, donde los textos y lo negociado se ha mantenido oculto para la mayoría de las personas residentes de los países negociadores, cuestión que no ha sido igual con los representantes de las grandes empresas que pretenden sacar una enorme tajada a expensas de los ciudadanos.

Dentro del mismo comunicado de prensa, y como se ha venido señalando en los informes que sobre el caso ha enviado la Secretaría de Economía al Senado, se hace hincapié en que el éxito de las negociaciones ha sido posible “gracias al acompañamiento por parte de las dependencias federales involucradas en la negociación y las consultas permanentes con representantes de los sectores productivos mexicanos, a través del llamado “cuarto de junto”.”3

En este contexto, el pasado 26 de agosto se aprobó por la Comisión Permanente un exhorto al Ejecutivo Federal para que escuchara las inquietudes, opiniones, intereses y sensibilidades de los actores involucrados en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico4, siendo que a la fecha no se ha recibido contestación alguna por parte del Gobierno Federal ni de las Secretarías de Estado responsables del tema.

El asunto no es menor y genera una gran preocupación no sólo para los legisladores del GPPRD, sino para la población en general y los sectores productivos que se verán perjudicados por las concesiones que el Gobierno otorgó en dicho acuerdo, puesto que “el pacto comercial trasciende las barreras comerciales, “establece normas laborales y ambientales y protege la propiedad intelectual de las corporaciones multinacionales.”5

Con base en las filtraciones que se han hecho de los textos, principalmente a través de Wikileaks, se han conocido las pretensiones de los Gobiernos y las grandes multinacionales de6:

● Aumentar los derechos de autor, elevando las prohibiciones hasta 100 años después de la muerte de los autores;

● Eliminar la existencia de interés comercial como condición del delito de infracción de derechos de autor;

● Emitir regulaciones excesivas en internet, principalmente en redes sociales;

● Aumentar de manera arbitraria e indefinida las patentes en medicamento;

● Eliminar la calidad de Estado Soberano de los países firmantes, con lo que las empresas podrán demandar a los Estados por legislaciones que los vulneren, donde se pretenden crear tribunales de arbitraje internacional que beneficiarán a las grandes empresas.

Con lo anterior se puede observar claramente lo riesgoso que resulta el TPP, a lo que se le añade que la información filtrada no recoge la totalidad de los 26 capítulos que, hasta donde se sabe, se han venido negociando.

En su última colaboración con La Jornada, los economistas Joseph Stiglitz y Adam S. Hersh afirman que “(E)l TPP pretende comprometer a los negocios, trabajadores y agricultores mexicanos a una apertura económica desigual que posiblemente debilite a las principales industrias mexicanas. El TPP, sin embargo, irá más allá; probablemente requiera cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y regulatorias: una concesión a los cabilderos adinerados que tienen más acceso al proceso de negociación que los legisladores electos o los ciudadanos interesados. E infligirá estos daños a una escala mucho más grande.”7
Asimismo, dichos economistas aseguran que “con el TPP, México está pagando un precio muy elevado por muy poca cosa a cambio. El país ya cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos; no tiene una gran necesidad de mayor acceso a los mercados estadunidenses ni a otros mercados internacionales.”8

Lo que señalan los reconocidos economistas queda fuera de la retórica con la que Peña Nieto e Ildefonso Guajardo ha querido vender al TPP. Los funcionarios del Gobierno Federal han presentado al TPP como la mejor oportunidad que tiene México de insertarse en la región Asia-Pacífico, con lo cual el crecimiento de nuestro país, a través de la entrada a nuevos mercados, estará asegurado.

Lo que omiten los promotores de este acuerdo es que la visión neoliberal de la apertura total de los mercados y la protección a los intereses financieros han sumido al país en la situación en la que se encuentra actualmente. Los argumentos vertidos ahora recuerdan los argumentos con los que se vendió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como la panacea de crecimiento y desarrollo, siendo que a 10 años de la entrada en vigor del TLCAN el crecimiento nacional está estancado y se han precarizado los sectores donde impactó dicho acuerdo, situación que se agravará con el TPP.

En este contexto destacan las declaraciones de Ildefonso Guajardo, de “que como resultado de arduas negociaciones, México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como, arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo”9, con lo cual cabe preguntarse ¿A qué se refiere el funcionario con los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas productivas?

Es de vital importancia que el Ejecutivo Federal envíe el informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica al que alude el artículo 610 de la citada Ley, donde se contenga, de manera amplia y detallada, además de lo señalado en dicho artículo:

I. Los beneficios que se pretenden obtener a corto, mediano y largo plazo del acuerdo y las concesiones que el Gobierno otorgó a los demás países, junto con el análisis de impacto que cada rubro tendrá en los sectores productivos mexicanos y en el Estado en general; los alcances de la negociación;

II. Las obligaciones que tendrá que cumplir el Estado Mexicano en virtud del TPP y

III. Un análisis detallado sobre la manera de subsanar posibles contradicciones entre lo contenido en el TPP y los tratados comerciales que México tiene suscrito con los países miembros de Acuerdo Transpacífico.

IV. Un análisis detallado de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a los que alude el artículo 8 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Toda vez que el Senado de la República es el ente encargado de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, tal y como se señala en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 constitucional, se debe contar con la información precisa antes de la firma del TPP con el fin de poder analizar la viabilidad o no de que el Estado Mexicano suscriba dicho acuerdo.

Asimismo, se debe realizar un proceso de discusión y debate nacional con las y los ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y los sectores productivos que se verán afectados por lo negociado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, con el fin de que den a conocer de manera detallada, lo negociado y concedido por el Gobierno Federal en el marco de dicho Acuerdo, como parte de un proceso de consulta de las inquietudes y opiniones de las y los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía un informe amplio y detallado, en un plazo no mayor a tres días, que, además de lo señalado en el artículo 6 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, contenga:

I. Los beneficios que se pretenden obtener a corto, mediano y largo plazo del acuerdo y las concesiones que el Gobierno otorgó a los demás países, junto con el análisis de impacto que cada rubro tendrá en los sectores productivos mexicanos y en el Estado en general; los alcances de la negociación;

II. Las obligaciones que tendrá que cumplir el Estado Mexicano en virtud del TPP y

III. Un análisis detallado sobre la manera de subsanar posibles contradicciones entre lo contenido en el TPP y los tratados comerciales que México tiene suscrito con los países miembros de Acuerdo Transpacífico.

IV. Un análisis detallado de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a los que alude el artículo 8 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Segundo. El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para que explique cuáles son los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como, arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo que México obtuvo en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realicen un proceso de discusión y debate nacional con las y los ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y los sectores productivos que se verán afectados por lo negociado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, con el fin de que den a conocer de manera detallada, lo negociado y concedido por el Gobierno Federal en el marco de dicho Acuerdo, como parte de un proceso de consulta de las inquietudes y opiniones de las y los mexicanos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7de octubre de 2015

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Comunicado 092/15, “CONCLUYEN LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)”, Dirección General de Comunicación Social, Secretaría de Economía, 5 de octubre de 2015, disponible en: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/11355-comunicado15-092

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente que exhorta al Gobierno Federal a escuchar las inquietudes, opiniones, intereses y sensibilidades de los actores involucrados en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico; al mismo tiempo, abundar en lo relativo al capítulo de transparencia y asistencia médica, Senado de la República, disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57296

5 Países del Pacífico sellan “amplio acuerdo” de libre comercio, La Jornada, 05 de octubre de 2015, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/05/paises-del-pacifico-sellan-201camplio-acuerdo201d-de-libre-comercio-5050.html

6 Los puntos controversiales del TPP que apoya México, dineroenimagen.com, 05 de octubre de 2015, disponible en: http://www.dineroenimagen.com/2015-10-05/62555

7 Stiglitz, Joseph E. y Hersh, Adam S., “El gobierno debe exigir un ATP que beneficie a mexicanos: Stiglitz”, La Jornada, 03 de octubre de 2015, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/03/el-gobierno-debe-exigir-un-acuerdo-transpacifico-que-beneficie-a-mexicanos-6486.html

8 Ídem.

9 Comunicado 092/15, óp. Cit.

10 El informe deberá contener: I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;II. Los alcances de la negociación;III. Los compromisos de la negociación, yIV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.





 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo, con énfasis en la población adolescente no escolarizada. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Las que suscriben Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE NO ESCOLARIZADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Preocupados porque el embarazo es una de las principales causas para la deserción escolar entre los adolescentes, la Presidencia de la República, encabezada por el Lic. Enrique Peña Nieto en el mes de enero del presente año hizo pública la  Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, cuyo objetivo principal es abatir el número de embarazos en los adolescentes que atentan contra su pleno desarrollo y obtención de metas.

Esta Estrategia es parte de un gran esfuerzo que desde la Presidencia de la República, asesorada por académicos y sociedad civil, pretende mejorar la calidad de nuestros adolescentes. Esta iniciativa presidencial es integral y aborda desde la prevención del embarazo adolescente hasta  la atención de este grupo poblacional que enfrenta esta realidad.

El programa es prudente ya que México tiene 22.4 millones de mujeres y hombres entre los 10 y 19 años de edad. El porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012.

Se trata entonces, de un programa que tiene además, cinco objetivos secundarios entre los que se encuentra el de “contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México”1.

A lo  que se enfrentan nuestros jóvenes se refleja en algunos datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  para el segundo trimestre del 2011 describe que el 1.93% de la población mexicana entre los 15 y 17 años no asiste a la escuela, siendo las mujeres el grupo con menos asistencia. Si bien esta cifra ha disminuido a través del tiempo, la realidad mexicana apunta a que un buen porcentaje de nuestra juventud se ve en la necesidad de dejar la escuela para ingresar al mercado laboral. Aunado a estos datos, la misma ENOE pero en el 2013 descubrió que el 26% de las mujeres entre los 15 y 19 años que trabajan tienen un contrato laboral frente a un 19% de hombres que cuentan con esa certidumbre laboral2.

Considerando el artículo 123 fracciones II y III que prevé que los menores de quince años no puedan laborar, ratificando México con esto, el Convenio núm. 1383 de la Organización Internacional del Trabajo que indica la edad mínima de admisión al empleo, resulta imperante reafirmar acciones que beneficien a los adolescentes que por embarazo o no, se ven con la necesidad de ingresar al mercado laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Sistema Nacional de Empleo (SNE) ofrece distintos servicios a favor de las personas que buscan insertarse a la vida laboral, entre los que se encuentran:

- Información, vinculación y orientación ocupacional.

- Apoyos económicos y capacitación.

- Movilidad laboral interna y externa4.

De la misma forma, periódicamente se publican las vacantes disponibles por estado en cada oficina, de forma impresa y en su página electrónica.

Desde la Cámara de Senadores se reconoce la ardua labor del Sistema Nacional de Empleo que genera información y oportunidades para todos los mexicanos. Con el afán de generar oportunidades laborales y la urgencia de atender la realidad de los adolescentes que por embarazo tienen que declinar a sus estudios e involucrarse en el mercado laboral y de contribuir al fortalecimiento de la familia. Así como abonar al esfuerzo nacional dirigido por el Presidente de la República que contribuye al fortalecimiento de nuestros jóvenes, la familia mexicana y el desarrollo de las personas, se pone a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo con énfasis en la población adolescente no escolarizada. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 07 de octubre del 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis.


1 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/ENAPEA_0215.pdf

2 INEGI (2013),Los NiNis en México: una aproximación crítica su medición,  
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_Art6.html

3 Organización Internacional del Trabajo (1973), Convención sobre la edad mínima
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283

4 SNE (2014), Servicios, http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/que_hacemos





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar un informe relativo a las irregularidades en la entrega-recepción de la administración de los 16 órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA ROCHA ACOSTA, ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, JAVIER LOZANO ALARCÓN y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE PRESENTEN UN INFORME DETALLADO RELACIONADO CON LAS IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DIECISÉIS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El pasado domingo 07 de junio se llevaron a cabo elecciones locales para elegir nuevos diputados locales y jefes delegacionales en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Los resultados de la jornada electoral evidenciaron la voluntad popular de que, en 8 de las 16 Delegaciones, gobernara un partido distinto al que gobernara en esas demarcaciones territoriales.

2.- Así, conforme lo dispone el artículo 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el pasado jueves 01 de octubre, los nuevos jefes delegacionales rindieron protesta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3.- Ello debido a que es evidente el descontento de la ciudadanía, siendo evidente lo anterior dado que, en 7 de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, el índice delictivo aumentó con relación al año 2012 (Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero,  Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco). Así, algunos exdelegados y hoy flamantes diputados, dejaron sus demarcaciones peor de como las recibieron.

Aunado al hecho que en el Distrito Federal la calidad de vida de sus habitantes se ha ido deteriorando en los últimos años. Según el Índice de Calidad de Vida elaborado por Gabinete de Comunicación Estratégica (2014), ahora se vive peor en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Además, la satisfacción en relación con los servicios públicos cayó en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.
II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial.

IV.- Que el Distrito Federal se está rezagando, lo cual se desprende del Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015, que elaboró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el cual pone en evidencia que el Distrito Federal es una de las de las 10 entidades que menor tasa de crecimiento del Índice tienen.

V.- Que debemos evitar que se siente un pésimo precedente para los futuros cambios en la administración de las delegaciones políticas del Distrito Federal, pronunciándonos enérgicamente en contra de los desfalcos e irregularidades y exigiendo que se sancione a los responsables.

VI.- Que hoy, a menos de una semana del cambio de administración en las delegaciones políticas del Distrito Federal, ya comenzó a salir a la luz el desorden y desfalco que parece casi generalizado en el Distrito Federal.

VIII.- Que diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, periódicos impresos y sitios de Internet, han reportado que al menos 8 delegaciones fueron saqueadas:

- Sin recursos (en Miguel Hidalgo hay 19 millones de pesos comprometidos para la nueva sede delegacional y 24 millones de pesos ya etiquetados por la remodelación del Cine Cosmos; en Xochimilco no cuentan con información de la nómina y recursos financieros, y en las arcas de la delegación sólo hay dinero suficiente para pagar la primera quincena de octubre al personal de base);

- Con adjudicaciones hechas al vapor y de último minuto;

- Con deudas enormes (Xochimilco) o faltantes (800 mil pesos en Tláhuac);

- Con oficinas dañadas y de las que sustrajeron equipo de cómputo (Cuauhtémoc, Tlalpan y Tláhuac);

- Con equipo prácticamente inservible (en Miguel Hidalgo sólo funciona 1 camión Vactor para desazolve de 5 que tenían y sólo funciona 1 máquina repavimentadora de las 5 con las que originalmente contaban; en Magdalena Contreras hay 30 camiones de basura descompuestos); y

- En Miguel Hidalgo hasta la cuenta de Twitter de la delegación fue vaciada de seguidores.

IX.- Que, conforme lo dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
X.- Que el 30 de junio pasado, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Lineamientos para la integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega-Recepción de los Órganos Político Administrativos. En muchos casos no se cumplieron los lineamientos, por lo que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal debió de haber intervenido ante las irregularidades en la entrega administrativa, financiera y física de las delegaciones.

XI.- Que muchas de las conductas que han dado a conocer diversos medios de comunicación, están tipificadas como delitos en el Código Penal para el Distrito Federal (Coalición de servidores públicos en su artículo 266, Negación del servicio público en su artículo 270 y Peculado en su artículo 273).

XII.- Que los nuevos jefes delegacionales están obligados a denunciar las irregularidades ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que realicen una investigación.

XIII.- Que los nuevos jefes delegacionales en Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc y Tláhuac, dieron a conocer que ya iniciaron procedimientos legales por las irregularidades detectadas.

XIV.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal debe intervenir en las actas de entrega-recepción de las delegaciones políticas del Distrito Federal, a fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, proceder al fincamiento de la responsabilidad administrativa que proceda.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Contraloría General, remita a la brevedad un informe respecto de la entrega-recepción de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que incluya los tiempos en los que se realizaron las entregas-recepción; los estados financieros; las irregularidades detectadas; las obras inconclusas; así como los avances en la investigación, y de ser el caso, las sanciones impuestas a los servidores públicos.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Procuraduría General de Justicia, presente a la brevedad un informe sobre las presuntas irregularidades denuncias por los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal relacionadas con la entrega-recepción de dichas demarcaciones territoriales, así como los avances de las investigaciones realizadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a aplicar el principio de igualdad sustantiva en las dos ternas de candidaturas para la designación de Ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas vacantes dejarán la señora Ministra Olga Sánchez Cordero y el señor Ministro Juan Silva Meza. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÙBLICA, CON ABSOLUTO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, A APLICAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN LAS DOS TERNAS DE CANDIDATURAS PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUYAS VACANTES DEJARÁN LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO Y EL SEÑOR MINISTRO JUAN SILVA MEZA, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

Lograr la representación y la participación plenas de todas las personas sociales en la vida pública sin ningún tipo de discriminación es uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema democrático. La discriminación contra las mujeres, en formas diversas e interrelacionadas, les ha restringido y marginado a lo largo de la historia de la toma de decisiones en el ámbito público. Si bien se han logrado importantes avances, las mujeres seguimos teniendo una representación claramente minoritaria y en muchos casos se les ha mantenido excluidas, incluso en su propio quehacer político.

Más específicamente, se ha respondido a la insuficiente representación de la mujer en la vida política con la aprobación de leyes que procuran garantizar una representación mínima de la mujer en las estructuras institucionales del Estado, la selección de mujeres para nombramientos a cargos públicos y la ejecución de programas educativos destinados a incrementar la participación política de la mujer, entre otras medidas.

LOS INSTRUMENTOS DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS SEÑALAN EL DERECHO DE TODO CIUDADANO Y CIUDADANA DE PARTICIPAR, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EN LA VIDA POLÍTICA DE SU NACIÓN. ESTE DERECHO ESTÁ CONSAGRADO, EN EL ARTÍCULO 21 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE A LA LETRA DICE:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Y  el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se establece que: todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones y sin restricciones indebidas: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Es indispensable destacar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  en su referencia explícita de no discriminación en todas las esferas de la vida política (artículo 1). Más específicamente, de conformidad con el artículo 7 requiere que, los Estados Partes deberán tomar "todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país" y deberán garantizar "a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones" y de ser elegibles para elección, participar en la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los planos públicos.

La CEDAW refuerza las disposiciones sobre igualdad y no discriminación de la Carta Internacional de Derechos Humanos al definir la discriminación contra la mujer  como una violación continúa a sus derechos humanos y exigir que los Estados Partes adopten medidas específicas para prevenirla y erradicarla. Esta discriminación está definida en el artículo 1 de la siguiente manera:

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

El derecho de participar en el gobierno es reconocido como un derecho fundamental tanto a nivel regional como universal. En el marco del sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 23 de la Convención Americana establece el derecho de todo ciudadano "(a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (b) de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas; y (c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

Este artículo dispone, además, que el ejercicio de estos derechos puede ser reglamentado exclusivamente "por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".

La discriminación es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. La discriminación como tal, no puede ser  tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería existir, por lo tanto es necesario trabajar para su eliminación.

Con este propósito en el siglo pasado hemos venido impulsando acciones afirmativas – o de discriminación afirmativa- en donde se ha definido cuotas o cupos para lograr mayor equidad y avanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy hemos dado el paso hacia lograr la igualdad a partir de la recomendación de la COCEDAW, hizo a nuestro país en el año 2002, las cuales, hoy  más que nunca se encuentran vigentes y es menester que sean cumplidas a cabalidad:
El Comité manifiesta preocupación por la baja calidad en el empleo de las mujeres mexicanas, en lo referente a discriminación salarial, segregación vertical y horizontal y prestaciones sociales. Asimismo, preocupa al Comité de manera   especial la problemática de las mujeres que trabajan en el sector no estructurado, incluidas las trabajadoras domésticas, y sobre todo, preocupa también al Comité la situación de las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora, cuyos derechos laborales más básicos no se respetan; en particular, preocupa al Comité la exigencia, por parte de los empleadores, de resultados negativos de las pruebas de embarazo y la posibilidad de que las trabajadoras de esa industria sean despedidas si los resultados son positivos.

El Comité recomienda al Estado parte que acelere la adopción de las reformas necesarias de la Ley laboral, incluida la prohibición de discriminación contra la mujer, para garantizar su participación en el mercado laboral en un plano de igualdad real con los hombres. Asimismo, insta al Estado parte a hacer efectivos los derechos laborales de las mujeres en todos los sectores. Con este fin, se recomienda al Estado parte fomentar y potenciar el papel del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el proceso de negociación de la Ley laboral para dar cumplimiento específico a las necesidades de las mujeres trabajadoras, en particular al principio de igual retribución por trabajo de igual valor y a la prohibición específica de requerir a las trabajadoras de la industria maquiladora el test negativo de embarazo.

El Comité expresa su preocupación por el bajo porcentaje de mujeres en puestos de alto nivel en todas las esferas, en particular, las esferas política, parlamentaria, sindical y educativa.

El Comité recomienda que se adopten estrategias dirigidas a lograr un aumento del número de mujeres que intervienen en la adopción de decisiones a todos los niveles, y en particular, en las municipalidades a nivel local, a través de la  adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención, y se refuercen las actividades encaminadas a promover mujeres a cargos de dirección tanto en el sector público como el privado, con programas de capacitación especiales y campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos los niveles.

La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales,  económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres, muestra de los pasos que hemos dado, a nivel regional destaca el Consensos de Quito, 2007, el cual fue adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se insta a los Estados partes a: adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos    necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes    especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas ;iii) Fomentar la cooperación regional e internacional, en particular en materia de género, y trabajar por un orden internacional propicio al ejercicio de la ciudadanía plena y al ejercicio real de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo, lo que redundará en beneficio de todas      las mujeres; iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en la región, garantizando y estimulando su participación y valorando su función en el ámbito social y económico y en la definición de las políticas públicas y adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación. v) Fortalecer e       incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales y       regionales que definen la agenda de seguridad, paz y desarrollo; vi) Promover   acciones que permitan compartir entre los países de la región estrategias, metodologías, indicadores, políticas, acuerdos y experiencias que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos públicos y de representación  política.

Otra importante aportación, con la finalidad de alcanzar la igualdad entre mujeres es el denominado Consenso de Brasilia, en el que se acuerda: ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder a) Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público; b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe, con una perspectiva étnico-racial;

Cabe mencionar que la construcción de una sociedad igualitaria, que permita el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de las mujeres tiene su fundamente en lo que se denomina discriminación afirmativa, la cual surge en el derecho de los Estados Unidos de América,  se consideró como una práctica administrativa del estado, la cual consiste en una serie de medidas de carácter intervencionista dentro de las prerrogativas del Presidente, sin embargo, fue la Jurisprudencia de la Suprema Corte y su evolución que le dieron real objetividad y operatividad como medio idóneo de consagrar el derecho a la igualdad, entendiendo no solamente que “todos los hombres eran iguales antes la ley”; sino que a partir de la incorporación al cuerpo constitucional de la Enmienda 14 “ningún estado, podrá negar dentro de su jurisdicción la protección de la ley a cualquiera de sus habitantes.”

La discriminación es denominada negativa cuando se realiza un prejuicio con base en esa diferencia, por ejemplo, considerar que un grupo de individuos específico es superior a otro, sobre todo cuando no se toman en cuenta las diferencias reales, es decir, las basadas en las observaciones científicas, sino únicamente las superficiales, es decir, las basadas en consideraciones subjetivas; realiza una acción perjudicial hacia un grupo, basándose en un prejuicio.

De esta discriminación es la que hoy en día sufren las mujeres que se encuentran laborando dentro del Poder Judicial. Forjadas en la cultura del esfuerzo, se preparan a lo largo de varios años, muchas de ellas cursan la carrera de derecho, otras continúan y hacen especialidades en derecho familiar, penal, administrativo y fiscal y aunque son mayoría numérica en el sector judicial mexicano, las mujeres son una minoría, atomizada en no más del cinco por ciento de los cargos de decisiones.

El Poder Judicial de la Federación -que incluye la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral y demás órganos administrativos-- se encuentra integrado por 40 mil 517 servidoras y servidores públicos. El 50.73 por ciento, o sea 20 mil 554, lo constituyen las mujeres y el 49.27 por ciento, 19 mil 963, son hombres.
A pesar de ello, en el Poder Judicial de la Federación existe un sensible desequilibrio entre hombres y mujeres en las categorías terminales de la carrera judicial. El caso más emblemático es el de la SCJN, ya que de nueve ministros, únicamente dos son mujeres, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. Y el más dramático, el del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el que de siete consejeros, ninguna es mujer. En la Sala Superior del TEPJF de los siete magistrados, solamente hay una mujer, Carmen Alanís Figueroa.

Y si bien la base estructural del Poder Judicial mexicano lo sustentan las mujeres, la mayoría de éstas desempeña su trabajo no más allá de los cargos de secretaria de acuerdos.

La ministra Olga Sánchez Cordero, ha señalado que frente al tema de la inequidad y desigualdad de las mujeres, es menester “romper con los pisos de cristal que impiden mayores oportunidades para las mujeres sobre todo, en la esfera pública”.

“Quiero que me acompañen en esta lucha todos y todas, que rompamos estos roles asignados, estos estereotipos, que las políticas públicas sean distintas y diferentes, no quiero ser la única”,

La ministra reveló que de acuerdo con un diagnóstico de la Suprema Corte de Justicia, el 21 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial opina que las mujeres no son aptas para obtener espacios en el derecho penal. Y dos de cada diez personas considera que las mujeres no son aptas para cargos públicos.

El 51 por ciento de la planta laboral del Poder Judicial Federal es para mujeres; no obstante, sólo el cinco por ciento son juezas, magistradas o ministras.

Los siguientes dos nombramientos en el más alto tribunal del país, deben no sólo considerar las necesidades de conocimiento especializado que la Corte exige, sino además garantizar la pluralidad ideológica y acercarse a la paridad de género con mayor presencia de mujeres. Hoy son sólo dos mujeres las integrantes del pleno y una de ellas, Olga Sánchez Cordero, dejará su cargo este año. Nos parece inaceptable que,   habiendo muchas juristas competentes en este país, se reduzca la participación de mujeres en el Pleno de la Corte. La pluralidad es una de las virtudes de los órganos colegiados. En un país que ha hecho un esfuerzo enorme por remontar la inequidad de género, sería un retroceso perder la oportunidad de ensanchar la participación femenina en la Corte.

De elegirse a dos mujeres al honroso cargo de Ministros de la Suprema Corte Constitucional, sólo tendremos a 3 de 11, es decir, aun así no se obtendría en el corto plazo ni siquiera el 30%.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El H. Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al C. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional  de los Estados Unidos Mexicanos, a aplicar el principio de igualdad sustantiva en las dos ternas de candidaturas para la designación de Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas vacantes dejarán la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero y el Señor Ministro Juan Silva Meza.

Atentamente.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo público descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos, que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el Organismo Público Descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de garantizarlos en favor de nuestra población más necesitada; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los  “Hospitales Civiles de Guadalajara”, son un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal jalisciense, conformado por dos Unidades    Hospitalarias: El Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. El primero, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que opera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde finales del siglo XVIII.

Ambos hospitales son considerados la unidad médica más grande de América Latina, que prestan servicios a más de la mitad de los jaliscienses que no cuentan con algún esquema de seguridad social. Más no sólo se limita a este Estado, sus servicios son de índole regional, pues a estos hospitales acuden pacientes de escasos recursos de los estados cercanos a Jalisco, que los constituye como la primera alternativa dirigida a la población abierta en la región occidente del país.

Actualmente el Hospital Civil de Guadalajara atiende anualmente un promedio de…

75 mil egresos hospitalarios642 mil consultas a niños y adultos

42 mil cirugías

13,400 recién nacidos vivos

Sin duda toda una institución de Asistencia Social, con una gran capacidad a través de sus más de 1,700 camas de hospitalización, que constituye toda una esperanza de vida y mejora en las condiciones de la misma a través de la salud para cientos de miles de personas que acuden a solicitar sus servicios, principalmente personas en estado de pobreza y que no cuentan con servicios de salud a través de la seguridad social.

Ello sin contar que constituye además uno de los principales pilares académicos en la medicina, mediante el desempeño de sus funciones de enseñanza, que fortalece la labor comprometida de la comunidad que se encomienda a prepararse para la loable profesión de la medicina.
Definitivamente la institución del Hospital Civil de Guadalajara es de tal relevancia y trascendencia, que ha merecido que este año, el Congreso del Estado de Jalisco, mediante decreto 25344, lo haya declarado BENEMÉRITO en sesión extraordinaria del día 27 de abril, con la autorización para trasladar el recinto oficial del Congreso para sesionar solemnemente en el Hospital “Fray Antonio Alcalde” y develar placa conmemorativa alusiva.

Sin embargo, en el discurso las cosas se advierten bien, pero en la realidad Hospitales Civiles de Guadalajara no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la demanda de sus servicios, que como ya se dijo, la gran mayoría es requerida por la población más vulnerable.

La situación ha llegado al grado de una posible parálisis, que se ha agravado ante adeudos que el “Seguro Popular” guarda con tan noble institución médica en Jalisco. Las deudas de Hospitales Civiles superan los 500 millones de pesos a proveedores, mientras que el “Seguro Popular” le adeuda más de 700 millones de pesos.

Esta situación ha generado que los proveedores del Hospital se encuentren propensos a suspender el suministro de insumos, con lo catastrófico que ello sería para con los más necesitados de nuestra población. Luego, si esta BENEMERITA institución encuentra problemas para operar; acerca de invertir para ampliar su capacidad y mejorar sus servicios, ya ni hablar.

Así las cosas, Hospitales Civiles de Guadalajara pasan por una fuerte crisis económica que resulta imprescindible mitigar, el grado que ya se piensa en hacer una evaluación de los servicios más apremiantes para tratar de mantenerlos en operación, contra la eventual suspensión de otros.

Se necesitan recursos y la urgencia en estos momentos es cuando menos por la cantidad de 500 millones de pesos, para mantener la operatividad y la prestación de los servicios médicos.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un esfuerzo y apoyar a esta institución en favor los más necesitados.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el Organismo Público Descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de garantizarlos en favor de nuestra población más necesitada.

Dado en el salón de sesiones, el 7 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a mejorar las acciones y protocolos que se están llevando a cabo en materia de trata de personas para evitar la violación de derechos humanos y criminalización de personas migrantes. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que las ternas para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean integradas por mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a las demás dependencias involucradas en el Plan “Nuevo Guerrero” a informar sobre los avances del mismo y de las acciones pendientes. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y DEMAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PLAN “NUEVO GUERRERO” PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DEL MISMO Y DE LAS ACCIONES PENDIENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En septiembre de 2013, los fenómenos naturales “Ingrid y Manuel”, afectaron casi dos terceras partes del país, resultando el estado de Guerrero el más devastado.

Los informes presentados en ese entonces, dieron a conocer que resultaron dañadas 13701 viviendas, 161 vialidades y 315 mil personas en 59 de los  81 municipios que tiene el estado.

El Gobierno Federal, en su momento,  implementó acciones para atender a todos los damnificados a través de sus dependencias, tanto en el restablecimiento del bienestar social, vías de comunicación,  vivienda y  reactivación de la economía local.

Las afectaciones que sufrió el estado de Guerrero con “Ingrid y Manuel”, desnudaron lo que la ciudadanía sabe y vive día con día, la pobreza y marginación social que padece el estado y que los gobernantes maquillan con cifras ambiguas de combate al rezago en educación, empleo, seguridad social y pobreza.

El 7 de noviembre de 2013, el Presidente de la República dio a conocer ante autoridades del estado de Guerrero y representantes de la sociedad civil el “Plan Nuevo Guerrero”, como un programa de reconstrucción de la entidad, que no sólo atendiera las zonas afectadas, sino que se aprovechara la contingencia para la construcción de un nuevo destino para Guerrero, en todos los sectores productivos que incluyeran proyectos de infraestructura e inversión, en materia hidráulica, obra pública, comunicaciones y transportes, desarrollo social y desarrollo económico, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para dicho programa se anunció una inversión de 61 mil millones de pesos.

En la implementación del Plan Nuevo Guerrero, y con la finalidad de garantizar la vigilancia y transparencia de su ejecución, el Gobierno Federal anunció la instalación de un Consejo para la Construcción y Planeación del Nuevo Guerrero; un Sistema de Obra Pública que informara a la ciudadanía sobre las obras públicas aprobadas en el Plan; y un Comité de Transparencia integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que vigilara la correcta asignación y aplicación de recursos, así como garantizar que la información esté disponible para cualquier consulta o escrutinio público.

Se han vertido diversas opiniones entre la ciudadanía de Guerrero, respecto a la aplicación del “Plan Nuevo Guerrero”, argumentando que no se ha cumplido y que incluso, existen obras que no han sido iniciadas.

El 6 de septiembre del año en curso, se dio a conocer en diferentes medios, que a casi dos años de los hechos lamentables causados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en el estado de Guerrero, no se han gastado 4,500 millones de pesos (Periódico Excelsior) destinados para resarcir los daños, según reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los avances del Plan Nuevo Guerrero, actualizados al primer semestre de 2015.

Por otro lado, integrantes de la Coalición de Habitantes Afectados por las Contingencias Naturales en Guerrero, en la zona Diamante de Acapulco, exigieron a las autoridades una respuesta a los compromisos que se hicieron tras el paso de la tormenta tropical Manuel, debido a que, aseguraron, no han sido reparadas las viviendas ni se han hecho los trabajos para evitar que haya más inundaciones.
A dos años de las afectaciones causadas por Manuel en 2013, el Presidente y Vicepresidente de la Coalición, Arturo Flores Mercado y Nelly García Mejía, dieron a conocer en agosto pasado, que los afectados siguen esperando que los apoyen para reparar sus viviendas, así como una negociación para pagar menos por las casas que adquirieron con créditos del Infonavit.

Resulta poco transparente que algunas dependencias como la SEDATU, traten de evadir su responsabilidad y den explicaciones diciendo que los problemas que denuncian los damnificados se originaron por los errores cometidos por quienes elaboraron los censos de daños preliminares y detectaron que varios de los enlistados en el padrón en una comunidad aparecen como habitantes de otras localidades.

A la fecha, podemos afirmar que no se han cumplido ninguno de los cuatro principios rectores del Plan Nuevo Guerrero:

El principio número uno, referente a la “Construcción de un nuevo Guerrero”. Sólo se ha concentrado en la reconstrucción de la infraestructura dañada, no ha fomentado el crecimiento económico, y la descomposición del tejido social es mayor debido a la falta de oportunidades para la población guerrerense, pese  a los indicadores del INEGI, los cuales señalan un crecimiento económico del 8%, éste no se refleja en los bolsillos de la población debido a que el crecimiento solo se refleja en las empresas foráneas y su lugar de origen, pues a ellas es quien las dependencias federales otorgan los contratos más grandes, por lo consiguiente en algunos sectores las empresas guerrerenses no tienen oportunidades de trabajo.

El principio número dos, referente a “Proyectos Sociales para la Productividad”. A la fecha las acciones emprendidas en relación a la infraestructura educativa no se han terminado, pues la falta de pago de estimaciones ha provocado el atraso en la ejecución de obras, en cuanto al sector salud el Plan Nuevo Guerrero solo ha otorgado un 10% de la inversión, por consiguiente las empresas del estado de Guerrero tampoco tienen acceso a este sector.

El principio número tres, relacionado a la “Transparencia”. Es claro que los recursos no se administran con transparencia ni rendición de cuentas, todo se maneja con opacidad y en beneficio de empresas foráneas, mientras al sector constructor guerrerense se le invita a participar solo en obras pequeñas y complejas en su ejecución (tiempo, distancia y orografía desfavorables).Tampoco se informa a los ciudadanos sobre las acciones emprendidas, de acuerdo a la opinión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del estado de Guerrero.

El principio número cuatro de “Participación Ciudadana”. No se permitió, ni se promovió la participación de los guerrerenses en las acciones comprometidas, ni se cumplió con el objetivo de crear en conjunto una política para brindar mayor valor público.

Con la finalidad de transparentar la ejecución del Plan Nuevo Guerrero y evitar especulaciones, resulta  importante llevar a cabo una reunión de trabajo con las autoridades involucradas para que presenten un informe ante el Senado de la República, de los avances logrados a la fecha y las acciones pendientes en los años subsecuentes; asimismo, establecer metas y calendarios específicos para culminar su ejecución.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y demás dependencias involucradas a que informen los avances del Plan Nuevo Guerrero y de las acciones pendientes.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores convoca al Consejo para la Construcción y Planeación del Nuevo Guerrero, al Sistema de Obra Pública y al Comité de Transparencia a una reunión de trabajo para revisar la implementación, avances y metas reales del Plan Nuevo Guerrero.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, el 7 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda las observaciones preliminares de la visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas el 2 de octubre del presente año y se compromete a observar e implementar sus recomendaciones. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Correo”.







 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia.

Con el permiso de la Presidencia
Compañeras y compañeros Senadores.

En esta fecha tan significativa para el Senado mexicano, permítanme hacerles una pregunta.

¿Para qué sirven los héroes? ¿Para llevarlos al bronce y a la plaza?, ¿para citarlos en discursos refinados y fechas precisas? ¿O para emularlos y hacernos más disciplinados y responsables, más tenaces y creativos, más desafiantes ante la adversidad y encontrar en su ejemplo una luz cuando el rumbo parece perdido?

La palabra de don Belisario Domínguez a 102 años de su sacrificio, sigue resonando y agitando conciencias.

¿Qué diría hoy Don Belisario, cuáles serían sus palabras sobre de lo que pasa en este México del 2015?

En pleno siglo XXI, el Don Belisario, a todos quienes queremos combatir la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos y construir ciudadanía, irremediablemente nos diría lo mismo que escribió el 28 de abril de 1903 en Tacubaya en su primer documento público:

Los fondos que manejan vuestros gobiernos pertenecen al Estado y debéis cuidar de ellos como de vuestros propios intereses.

Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos cuando obren mal”.

¡México debe ser muy grande, muy rico y muy feliz y lo será si cada uno de sus hijos sabe hacer respetar sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Sobre el momento que vive México quizá diría lo que exclamó en el propio recinto senatorial el 29 de septiembre de 1913:

“… señores Senadores, la situación del país es de tal modo apremiante que se necesita la unión de todos nosotros para que podamos salir avante subsanando las desgracias que afligen actualmente a la patria y evitando las mayores aún que las amenazan.”

Ante la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa que la PGR de Murillo Karam quiso imponer, Don Belisario quizá diría lo mismo que dijo el 23 de septiembre de 1913 en el senado de la República:

“¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión?

¿Se pretende engañar a la Nación Mexicana, a esta noble patria que confiando en nuestra honradez ha puesto en nuestras manos sus más caros intereses? ¿Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional? Corresponder a la confianza con que la Patria la ha honrado; decir la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies.”
Ahora que se discute la posibilidad de que ésta Cámara intente corromper a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrando a sus nuevos miembros por el trágico sistema de cuotas y cuates, quizá Don Belisario con pasión y agravio repetiría sus palabras del 16 de abril de 1913 en el senado:

¿Qué diría la República entera de la determinación del Senado, si es que llegara a dar su voto a favor de semejante absurdo? Diría que el Senado es cómplice de los abusos que se están cometiendo; el Senado perdería la reputación de honradez de que ha gozado durante toda su existencia, y eso no lo debemos permitir, señores Senadores; suceda lo que sucediere, el Senado debe quedar incorruptible, no debe dejarse intimidar por el estado de cosas que se presenta actualmente; sólo volviéndonos a encarrilar en el camino que nos marca la ley, la Constitución es cómo podemos llegar a salvar nuestra Patria. En ese sentido señores senadores es como debemos de dar nuestro voto.”

A los ciudadanos que no son escuchados les daría el mismo mensaje que les hizo llegar el 28 de abril de 1903 a mis paisanos chiapanecos:

¿Qué nos toca haced? "Obrad chiapanecos. Trabajad. Fundad en cada ciudad un periódico que dé a conocer al mundo entero las bellezas de nuestro Estado, que atraiga a Chiapas capitalistas y trabajadores del interior de la República y del extranjero. Tened confianza y perseverancia en vuestra empresa y el triunfo es seguro"

“Hablad de vuestros caminos, de vuestras escuelas, de todo lo que os interesa y a fuerza de hablar os haréis oír y se os hará justicia”

Y de Chiapas, no me cabe la menor duda, Don Belisario lamentaría profundamente que después de más de un siglo no supere su condición de atraso y quizá diría  lo mismo que escribió el 28 de abril de 1903 en Tacubaya:

Chiapas es uno de los estados más pobres y desgraciados de la República. ¿Por qué? Porque en Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas, no hay periódicos, porque los gobernantes en vez de ocuparse del engrandecimiento y pros­peridad del país, se dejan cegar por la ambición.

Compañeras y compañeros senadores.

Don Belisario Domínguez no fue un héroe de última hora; sino un hombre que se sacrificó en aras de la nación, pero bajo la luz de sus horizontes humanistas.

Honrar a Don Belisario Domínguez no es colocar una ofrenda cada año en su fría estatua, sino hacer valer su ejemplo, su convicción y su palabra.

Cuando tengamos dudas en nuestro quehacer simplemente deberíamos preguntarnos ante los asuntos más controvertidos.

¿Qué diría Don Belisario? ¿Cuál sería el sentido de su voto?

Estoy seguro que con su guía tomaríamos mejores decisiones.

Es cuánto.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Hábitat”.

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT
1er. lunes de octubre

Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat, en virtud de la resolución 40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985. La idea es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano.

El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en el año de 1986 con el lema “La vivienda es mi derecho” siendo la ciudad de Nairobi la anfitriona en dicho año.

El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire, agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio, necesitamos tener todos estos elementos.

Hoy en día la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que para el año 2030, las poblaciones urbanas crezcan hasta duplicar el tamaño de las poblaciones rurales. Además, la población mundial que se aloja en viviendas inadecuadas se calcula en mil millones, de éstos, más de 100 millones carecen por completo de un hogar.

El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, trabaja principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Una de sus principales áreas de trabajo son las grandes áreas de infraviviendas que se extienden alrededor de muchas ciudades y que no cuentan con servicios mínimos (alcantarillado, agua, luz, escuelas) Además, busca vías para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en estos asentamientos de bajos ingresos.

El lema del Día Mundial del Hábitat para este año es “Espacios públicos para todos”, debido a que las calles y los espacios públicos suelen ser subestimados y pasan desapercibidos. Los espacios públicos son lugares gratuitos, accesibles y placenteros, los cuales pueden asumir diversas formas: parques, calles, aceras, mercados y zonas de juego.

Este año se pretende crear conciencia sobre la necesidad de espacios públicos y vías públicas debidamente diseñadas y gestionadas; desarrollando procesos y herramientas encaminadas a garantizar que los espacios públicos sean propicios y seguros para las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con alguna discapacidad; mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de los ciudadanos por medio de actividades y eventos celebrados en espacios públicos y calles, entre otros.

El Día Mundial del Hábitat, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades y la vivienda en general y tomar acciones para hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más habitables para todos.

México, D. F., 7 de octubre de 2015

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 35 aniversario de la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

EFEMÉRIDE

35 Aniversario de la fundación del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador

Senadora Dolores Padierna Luna
7 de Octubre de 2015

El FMLN y la Paz en El Salvador

El próximo 10 de octubre, se cumplen treinta y cinco años de la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una entidad que nació del amalgamiento de diversos grupos guerrilleros de izquierda en El Salvador. Pese a su origen, el FMLN logró dejar las armas y pasar por una transición que le permitió convertirse en un partido político legalmente constituido.

La influencia política del FMLN ha convertido a El Salvador en un importante referente de desarrollo alternativo a nivel regional. Bajo la dirección del Frente, se logró plasmar la visión del ‘Buen Vivir’ en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, mismo que se da en el marco del XXIII Aniversario de los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

En este tenor, en octubre también se conmemora el aniversario del natalicio de uno de los artífices de la paz en el Salvador, Schafik Jorge Handal, quien junto a Guillermo Manuel Ungo y Farabundo Martí  es de los elementos más importantes de la izquierda salvadoreña.

El trabajo y anhelo de paz de Schafik Jorge Handal, también conocido como el Comandante Simón, fue instrumental para poner fin a los 12 años de guerra civil; trabajo que hizo al lado de otros hombres y mujeres como los son Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho y Salvador Sánchez Cerén, actual Presidente de la República de El Salvador.

Es importante resaltar que la paz en El Salvador se pudo alcanzar gracias a la mediación de distintos agentes internacionales, de entre las cuales destaca la Organización de las Naciones Unidas,  bajo la dirección del Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.1

El papel de México en los procesos de Paz2

También debemos destacar la participación de México en los procesos de negociación para la paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. Fue en nuestra nación donde ambos grupos adoptaron el ‘Acuerdo de México sobre Reformas Constitucionales’ el 27 de abril de 1991, suceso que permitió avanzar rumbo a la firma de los Acuerdos de Chapultepec, suscritos el 16 de enero de 1992.Con el acuerdo del 27 de abril concluyó la ronda de negociaciones más prolongada entre los representantes del Gobierno de El Salvador y el FMLN; tras lo cual hubo un cambio de la realidad y las perspectivas de futuro de toda la región.
Lo anterior es muestra de la vieja política exterior mexicana, cuando tradicionalmente nuestro país abanderaba causas progresistas y pugnaba por un orden internacional más justo y equitativo. Los principios de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo fueron los pilares de nuestra política exterior hasta antes de la implantación del modelo neoliberal a mediados de los años 80´s.

Basta recordar las concesiones que nuestro país otorgó en materia de refugio y asilo político en momentos difíciles que vivieron naciones hermanas, como lo fue en su momento el caso de El Salvador. Sin embargo, la política mexicana también era un referente en la condena al belicismo y al expansionismo estadounidense; la búsqueda activa de la paz en los foros internacionales y la aprobación de zonas libres de armas nucleares como quedó plasmado en el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco,  que le dio a nuestro país el único premio nobel de la paz en manos de Alfonso García Robles.

Hubo una época en la que México era visto como el principal interlocutor de América Latina, gozábamos de credibilidad y liderazgo que nos llevó a ostentar un lugar privilegiado a nivel internacional. Pero de ese pasado no queda mucho.

Las últimas administraciones se dedicaron a privilegiar la agenda comercial sobre la política, a supeditar lo político a lo económico para actuar como agentes comerciales a favor de los intereses de naciones dominantes como Estados Unidos. Claro ejemplo de lo anterior es la forma en la cual se ha utilizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores como la agencia comercial del Ejecutivo, donde se han supeditado los acercamientos políticos a los económicos, como lo demuestra el afán del Ejecutivo Federal por suscribir acuerdos comerciales como el TPP, donde se han dirigido todas las baterías a fin de continuar los dictados de Estados Unidos.

Frente a lo anterior, debemos aprovechar ocasiones como ésta para reflexionar sobre al papel de México en el plano internacional. El Senado de la República debe ampliar la visión de Estado más allá de las relaciones comerciales y retomar el espíritu de un México comprometido con el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.

1 ONU, “La responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales”, Apartado 28, Capítulo VIII del Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, Suplemento 89-92, p. 629. http://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_08.pdf#page=436

2 Embajador Jorge Castro-Valle, “RECUERDAN CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO EN PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR”, Comunicado 127 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 27 de abril 2012,
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/1448-128




 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana, jueves 8 de octubre a las 11:00 horas, en la que recibiremos la comparecencia de la Procuradora General de la República, para el análisis de la política interior.

(Se levantó la sesión a las 17:00 horas)

Directorio

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