Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 22 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Septiembre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 17 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinte minutos del día jueves diez de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del ocho de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Ismael Hernández Deras, oficio por el que informa que a partir del 27 de agosto de 2015 asumió la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para el Primer Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Vivienda, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social.- La Presidencia informó de su distribución a las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

(Proposición)

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea, la proposición con punto de acuerdo de los Grupos Parlamentarios, en relación al conflicto armado con Siria.- Considerada de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Ernesto Cordero Arroyo del PAN, José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, Martha Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez del PRD, Javier Corral Jurado del PAN, Gerardo Flores Ramírez del PVEM y Martha Palafox Gutiérrez del PT. Fue aprobado en votación económica.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario,   para un nuevo período que iniciará el día de su aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2018.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado por 101 votos en pro y 6 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de    ley.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial del Cambio Climático.

 

El Senador Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

 

 

 

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier manifestación de discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas; y solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implemente acciones e intensifique la difusión de campañas informativas y de capacitación en materia de no discriminación y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

2. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a enviar un informe sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional y en el ámbito de las entidades federativas.

3. Que exhorta al poder ejecutivo del estado de Sinaloa a informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Esperanza Hernández Lugo y su familia; así como las acciones instrumentadas para salvaguardar la vida e integridad y garantizar el retorno de las comunidades desplazadas a sus lugares de origen.

4. Que exhorta a las autoridades competentes de la Federación, de los estados de la República y del Distrito Federal a implementar diversas acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en los medios de comunicación de todo el país.

5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar el derecho de las mujeres a la educación sin exclusión por condición alguna; así como a garantizar, en el caso de la ciudadana Andrea Martínez, que no se siga cometiendo la conculcación de dicho derecho.

6. Por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y los resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de la presentación del Informe estado de la investigación del Caso Iguala”.

Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD para presentar los seis dictámenes. Sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones que se implementarán para cumplir las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a remitir un informe sobre las tres transferencias de recursos presupuestales que presuntamente se realizaron de una cuenta bancaria de dicho gobierno a una cuenta bancaria de un particular.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular del gobierno del estado de Tamaulipas a complementar las acciones necesarias a fin de fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en dicho estado.- Intervino la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Marina a continuar con las acciones que vienen realizando de manera conjunta para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas mexicanas.

2. Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo información sobre el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes”, que se implementará en Cozumel, Quintana Roo.

3. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial de las regiones del estado de Oaxaca que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. Que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.

3. Que exhorta a los ayuntamientos de los municipios a incorporar en sus reglamentos la obligación de que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines y demás espacios públicos se considere la instalación de juegos adaptados y medidas de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.

Intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar los dictámenes; y Lorena Cuéllar Cisneros de PRD, para referirse a ellos. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el avance de la implementación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, anunciado el 20 de febrero de 2015.

2. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe de las acciones emprendidas y las sanciones aplicadas en relación a la especulación en el precio del huevo en el territorio nacional.

3. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo.

Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances que existen en el diseño y análisis del proyecto para la creación de las tres zonas económicas especiales en México, que beneficiarán a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD. El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Federalismo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Programa Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 sobre sobre el programa nuclear iraní.

2. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a  impulsar en la Cumbre de las Américas los temas de derechos humanos y democracia en la    región.

Los dos dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional Forestal a realizar las acciones pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León.

2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar los estudios, análisis y valoraciones pertinentes para la elaboración de un nuevo proyecto de decreto que otorgue facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales que cuentan con títulos cuya vigencia hubiese expirado a partir del 1 de enero de 2009 o que, contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015.

3. Por el que el Senado de la República condena las agresiones en contra de las personas defensoras del derecho humano al agua y exhorta a las autoridades correspondientes a respetar los derechos humanos de las personas en el municipio de Coyotepec, Estado de México.

4. Que exhorta al organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de La Paz, Baja California Sur, a realizar visitas de verificación por la supuesta existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas dentro de su jurisdicción territorial.

5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre las acciones que ha emprendido para cumplir con la resolución del amparo en revisión 631/2012, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar el estatus hídrico de los estados de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.

Los seis dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes en sentido negativo:

1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto por el que se adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

3. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 1067 del Código de Comercio.

5. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para crear la Ley contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular.

6. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

7. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

8. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México.

9. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

10. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del   Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.

11. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 17 y 19 de la Ley General de Protección Civil.

12. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un artículo 20 bis a la Ley General de Protección Civil.

13. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.

14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para  modificar la nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo y Justicia Social.

15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

17. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Los diecisiete dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia informó de la ampliación de turno, que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy, a las Comisiones de Derechos Humanos y de     Desarrollo Rural para que emitan opinión sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación, recibido el pasado 3 de septiembre.- La Presidencia ratificó la ampliación de turno.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas:

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en relación al interés superior de la niñez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los cinturones verdes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios   Legislativos.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a que, durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año, intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación en torno a una posible red de funcionarios del Gobierno Federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa ohl.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar y determinar la inclusión del municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la economía nacional, sobre el recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, así como de dónde provendrán los recursos para la creación de la Secretaría de Cultura.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. de C.V. para que cumplan con el requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito Federal a garantizar la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos en materia de feminicios o desaparición de mujeres y niñas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y propósitos del programa sectorial de salud 2013-2018.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que informen sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senadora Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, reconociendo la intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas, aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a reforzar sus acciones en materia de reforestación y realizar esfuerzos sustantivos para fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan a los pescadores de San Felipe, Baja California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la vaquita marina; y que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de dicha comunidad.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos federal, estatales y municipales a asumir dentro de la estructura de las decisiones ejecutivas, las diez recomendaciones que emitió el Informe Mundial ONU Mujeres 2015.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al    Gobierno Federal a proporcionar más recursos económicos y en especie   al gobierno de Yucatán para  combatir y erradicar al mosquito transmisor del dengue y del chikungunya.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el   segundo.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a retomar las aportaciones del “Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir los criterios técnicos que sirvieron como argumentos para generar los cambios contenidos de los libros de texto gratuitos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del paquete de libros 2015-2016 respecto a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades estatales a emitir información sobre el herbicida de acción total llamado “Glifosato”.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre cómo determinaron el costo-beneficio sobre los recursos invertidos para el proyecto del corredor urbano en Av. Presidente Masaryk de la  Delegación Miguel Hidalgo.- Se  turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad materna en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión a las condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe acerca del estatus en que se encuentran los centros de video-vigilancia instalados en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a emitir un informe de cuáles y cuántas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes deportados.- Se turnó a la Comisión de  Educación.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos en los 31 estados y el Distrito Federal a fin de que instrumenten o, en su caso, refuercen las estrategias, planes y acciones encaminadas a prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales durante los festejos del 205 aniversario del inicio del movimiento de independencia en México.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a analizar las formas de contribuir con los esfuerzos internacionales para atender en lo posible la crisis humanitaria en la República árabe de Siria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a mejorar la promoción e incentivación de los programas de planificación familiar a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a ahondar en investigaciones y soluciones para disminuir la insuficiencia renal crónica, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional "Green Key”.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a recibir en una reunión a los padres y madres de los 43 normalistas; y a la Procuradora General de la República a incorporar las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y corregir las investigaciones de las desaparición forzada de los normalistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una unidad administrativa especializada con carácter de fiscalía investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar un análisis en torno a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático existente.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que mitiguen el impacto de la sequía y sus afectaciones, en diversas entidades de la República.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y  Ganadería.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios a informar sobre el uso de las reservas internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo montos exactos, los nombres de los destinatarios -en el caso de inversiones- y razones por los cuales así se determina.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas    con discapacidad y adultos    mayores al servicio público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez denominado Tuzo-bus.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Cultura el tercero.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo distintas acciones en relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a desistirse del recurso de revisión promovido en contra de la determinación judicial que autoriza la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la menor Graciela Elizalde Benavides.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del    Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar de los resultados para reducir y erradicar la brecha salarial de género en México.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un plan sobre las acciones que tiene proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, presentados en los informes recientes del       Consejo Nacional de Evaluación.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25% los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender diversas situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir en las acciones que comprenden el decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, estrategias para impulsar el primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintiséis minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diecisiete de septiembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibio una comunicación de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibio una comunicación de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibio una comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada.










Y en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal, a partir del 29 de febrero de 2016.



De acuerdo con lo que establece el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que emita el Congreso de la Unión.

En consecuencia, les solicito ponerse de pie.

(Todos de pie)






DECLARATORIA

En cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. A partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal.

Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ruego a todos tomar asiento.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron dos oficios de la Cámara de Diputados, por los que informa los nombres de los Diputados como Consejeros ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Diputado Jorge Álvarez Maynen es el Consejero Propietario por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.








Y el Diputado Rodrigo Abdala Dartigues es el Consejero Propietario por el grupo parlamentario de Morena.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con los hechos ocurridos en Egipto, en los que algunos turistas mexicanos perdieron la vida y otros más resultaron heridos, al cual se dará lectura.

PRONUNCIAMIENTO



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Para referirse a este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, al pueblo de México:

Este domingo 13 de septiembre se supo que turistas mexicanos que recorrían el oasis del desierto occidental, fueron atacados por soldados egipcios.

Desde un punto de vista humano esto es una tragedia, desde una perspectiva de política exterior es una advertencia hacia nuestro país.

Lo primero que debemos analizar al observar lo acontecido, es que los conflictos políticos y sociales de otros países afectan a toda la comunidad internacional. La globalización ha permeado todos los aspectos de la vida social, comercial, política y turística.

El conflicto que se lleva a cabo en Medio Oriente, y por consecuencia los países aledaños, como en Egipto, ha tocado nuestra conciencia después de este ataque; sin embargo, demuestra a su vez acciones tardías y una falta de prevención de las instancias gubernamentales competentes en la materia.

¿Por qué sólo tener un sistema de alerta temprana en el contexto de cambio climático?

¿Cómo es que países como los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, entre otros tantos, emiten alertas de viajes continuos que advierten a sus nacionales del peligro de visitar ciertas regiones del mundo?

Una acción preventiva como ésta, pudo haber evitado la pérdida de ocho vidas mexicanas y varios heridos.

Egipto fue el país que más turistas recibió de Oriente Medio en el 2009 y el 2010, sin embargo, posteriormente tuvo un descenso sustancial en las cifras después de la Primavera Árabe.

Asesinatos como el que ocurrió este 13 de septiembre, deben recordarle a nuestro país la inestabilidad que sigue viviendo Egipto y especialmente en la región contigua.
Las palabras no hacen justicia a las personas fallecidas el pasado domingo y la discreción del Primer Ministro de Egipto en las cifras, antes del viaje realizado por la Secretaria de Relaciones Exteriores a ese país, es imperdonable. Además, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, mandó una carta abierta a los mexicanos para hacer una comparación de violencia en los dos países a modo de justificación, no disculpa; y se ordenó a los medios egipcios no publicar información sobre la investigación que se lleva a cabo. Simplemente escandaloso.

México no sólo debe exigir una investigación exhaustiva de los hechos, como ya se pidió, sino que debe indemnizar a las familias afectadas por su falta de prevención y una pronta justificación de lo sucedido, más allá de: “fue accidental”.

Asimismo, debe y tiene el deber de informar a este Senado de las actualizaciones, de lo que el gobierno egipcio comunique, así como implementar inmediatamente un protocolo de alertas de viaje, que informe a la sociedad mexicana de los peligros que pueden enfrentar al viajar a ciertos países del mundo.

Un, “usted disculpe”, nunca será suficiente para las familias de los fallecidos, pero la voluntad de implementar herramientas al alcance de los mexicanos que puedan evitar tragedias como ésta, será lo mínimo que esperan de sus servidores públicos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo asunto.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En homenaje a nuestros compatriotas mexicanos por los hechos acaecidos en Egipto, considero prudente enviar profundas condolencias a sus familiares y amigos y hacerles llegar de inicio, un mensaje claro y sentido.

En este Senado de la República hay representantes atentos al curso de los acontecimientos, hay mexicanas y mexicanos, como ustedes, que somos aliados en su dolor y en la búsqueda de su tranquilidad. No duden en contar con nosotros para lo que consideren prudente y necesario.

Senadoras y Senadores: una vez más la muerte de mexicanos inocentes nos hace despertar a la realidad, nos sacude de nuestra somnolencia, nos impone reaccionar y actuar con prontitud. La realidad, compañeras y compañeros, nos vuelve a dejar impávidos.

Hoy hay que reconocer que a veces nos sorprende con maravillas insondables como la vida, pero en otras nos congela con golpes severos como la muerte, y por eso, lo digo con respeto Senadoras y Senadores, hay que aprender a mirarla con ojos sabios y serenos.

Y lo dijo porque la realidad de los recientes acontecimientos en Egipto, en consecuencia, nos obliga a proyectar una renovada radiografía de muchos ámbitos de nuestro devenir nacional. Sin embargo, por la naturaleza misma de nuestras funciones como Senadores de la República, nos apura a debatir y a redefinir muchas de las estrategias y prioridades en materia de política exterior.
Hay que aceptar, por ejemplo, que la atención de las y los mexicanos en el extranjero ha sido canalizada prioritariamente hacia nuestros hermanos en Norteamérica, aún con sus deficiencias, pero en mínima medida hacia otras naciones.

Hay que aceptar, como aquí se ha señalado, que existen protocolos diplomáticos y consulares que son completamente desconocidos por el ciudadano común.

Hay que aceptar que el conocimiento general en el país sobre temas de escala internacional, como el terrorismo y el fundamentalismo, es mínimo, yo diría incluso es selectivo.

Es decir, compañeras y compañeros, hay que aceptar que el país es un acorazado que ve poco hacia el exterior con reacciones desgastadas, reducidas e inexistentes con una gran cantidad de países, expresiones, modos de ser, inclusive, de vivir. Y en tanto este acorazado persista, las mujeres y los hombres de México nos seguiremos perdiendo en el mundo, continuaremos preguntándonos sobre los problemas que posiblemente ya fueron resueltos en otras naciones. Agravaremos la crisis educativa y cultural en la que nos encontramos, pues el intercambio humano revela salidas e inspira soluciones.

También estoy seguro que ahondaremos las diferencias intestinas por no ser capaces, lo subrayo, de ver más allá de las fronteras mentales y geográficas que nos hemos formado.

Lo que es peor, seguiremos viajando a países de alto riesgo sin las alertas y sin la información necesaria que procura la seguridad y la tranquilidad de vidas. Todo esto es natural consecuencia de un proceso originado por una política exterior mexicana cada vez más silente, discreta, invisible, que poco a poco ha orillado a una especie de encierro a la población, a mantenerla presa en su propio país.

Desde hace mucho tiempo, México dejó de ser un referente en materia de atención humanitaria y de solidaridad internacional. Pasamos de ser el receptor de seres extraordinarios que dejaban sus países por la represión a ser expulsores de personas por no ser capaces de contener la violencia y, subrayo, sobre todo, la violencia de Estado.

Dejamos de ser un referente en materia de cultura y vida artística, y pasamos a ser sólo una plataforma comercial para el éxito mercantil y las superventas; dejamos de ser, hay que reconocerlo, en ésta, la más alta tribuna del país, dejamos de ser la nación que propendía por la justicia y el respeto a los derechos humanos y nos convertimos en el verdugo de los jóvenes, en una máquina de desapariciones.

Nos alejamos del mundo, y por eso también, ha ido en detrimento de nuestros derechos y de nuestras libertades todo eso, pues la soledad, es una necesidad creativa, pero a la vez puede llegar a ser un vicio que corrompe. Si la soledad se convierte en secrecía, si la soledad se convierte en opacidad y en manos llenas para quien posee el poder, entonces es un severo riesgo para la gente, cosa que en infortunio estamos padeciendo.

Así es, compañeras y compañeros Senadores, no nos equivoquemos, que el deceso de nuestros compatriotas en Egipto valga para reflexionar sobre los procedimientos diplomáticos; pero sobre todo, para redefinir el rumbo de la política exterior mexicana.

Atrevámonos a efectuar un análisis más a profundidad y no sólo coyuntural, hagamos las evaluaciones que sean necesarias y cambiemos a las personas, a las instituciones e inclusive, las leyes y reglas que permitan transformar a fondo la política internacional y, sobre todo, la presencia de México en el mundo.

Una vez más, la muerte de mexicanos inocentes nos hace despertar a la realidad; y entonces, ahora, con los ojos bien abiertos, creo que es hora, es tiempo de construir un camino diferente para la nación entera, uno donde no sea necesario que una vida se pierda para darnos cuenta de lo que nos falta por hacer.

Por supuesto que el grupo parlamentario del PRD, señor Presidente, votará a favor de la propuesta de la Mesa Directiva, producto del análisis de los puntos de Acuerdo que varios Senadores hemos presentado para esta sesión.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, para el mismo asunto.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Muy buen día Asamblea. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, hechos como éste, que se presentan en Egipto con connacionales mexicanos, nos hacen erizar la piel, nos provoca una incertidumbre muy grande que suceda esto a tanta distancia de nuestro país y en manos del ejército egipcio.

Me sorprende y también me alegra que exista esta hermandad, este interés por nosotros en exigirle al gobierno federal, exigirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores mucha más atención, mucha más fuerza en sucesos como éste. Pero tendría que acortar la distancia y decir que este tipo de sucesos los tenemos a tan sólo kilómetros en estados cercanos de la capital del país; mueren indígenas, migrantes, y mueren otros extranjeros en nuestro país, incluso propios en otras partes del mundo y pocas veces este levantamiento de voz.

No nos confundamos, creo que tenemos que replantear cuál va a ser nuestra política hacia el exterior y también reconocer el trabajo de la diplomacia de algunos de nuestros diplomáticos que en el exterior que han hecho su trabajo bien, que responden al momento, que tampoco son papás de todos los mexicanos que están en el exterior, ni tampoco son las nanas de todos quienes transitamos por el mundo en el exterior.

Se requiere, me parece, un proceso, repito, mucho más enérgico y que no sea una desesperación suicida la que nos lleve a tomar decisiones equívocas, solamente por lo que pasó en esta ocasión en Egipto.

La respuesta permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores es: “No intervencionismo”; y ahora se han animado a tener un intervencionismo mucho más franco con Egipto, que tiene una política totalmente opuesta a la nuestra.

Este suceso en donde se perdieron la vida de nuestros compatriotas, repito, requiere que nos apeguemos a los derechos humanos y que la ley mexicana responda y no solamente con la inercia de la información que se recibió, y con el acompañamiento de las familias que lamentablemente tendrán que vivir la penuria y el penoso proceso de tener que extraditar cuerpos y demás, sino que seamos claros en las declaraciones y en el rumbo que queremos de México hacia el exterior, pero también interiormente en nuestro propio país.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar sobre el mismo asunto.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Verde desde luego que está a favor del pronunciamiento aprobado, propuesto por la Mesa Directiva, desde luego estamos a favor, porque lamentablemente el pasado domingo, los mexicanos nos enteramos, por la noche, de este triste suceso que sin duda ha despertado consternación, ha despertado una gran tristeza, ha despertado sentimientos también de coraje por la forma en la que ocurrieron los hechos y también ha provocado repudio a la forma en la que las autoridades de Egipto han reaccionado de manera errática en los últimos días.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde es muy importante respaldar, primero, lo que ya ha venido haciendo el Ejecutivo Federal, como resultado o derivado de este lamentable suceso. Desde el primer momento del domingo, apenas se supo de esta terrible noticia, pudimos constatar que el titular del Ejecutivo Federal estuvo al tanto, estuvo monitoreando desde la residencia oficial lo que estaba ocurriendo en Egipto, la propia Cancillería hizo lo mismo y nuestra embajada en Egipto de la misma manera ha estado actuando de forma continua, activa, primero para conocer qué ocurrió realmente, para acompañar a los heridos que sufrieron o que están internados en un hospital en El Cairo.

Y desde luego, es importante que el Senado de la República acompañe los esfuerzos del Ejecutivo Federal, primero, para exigir a Egipto que se aclaren estos hechos, que se haga una investigación a fondo, que se esclarezca, que se deslinden responsabilidades, yo diría incluso, para que se indemnice a las víctimas, tanto a los fallecidos como a los heridos.

Yo pensaba antes de subir a esta tribuna que este suceso, sin duda, provocaría un pronunciamiento homogéneo de todos los grupos parlamentarios, porque se trata de un hecho, me parece, en el que no podemos buscar la oportunidad para lucrar políticamente con lo que ha ocurrido.

Lamento que hace un momento escuché en esta tribuna que alguien vino aquí a hablar a vincular lo ocurrido en Egipto con cosas que han ocurrido al interior de nuestro país. Se habla de que es una oportunidad para transformar la política exterior de nuestro país, para redefinir el rumbo de la política exterior, que nos hemos convertido en verdugos, en máquina de desaparecer jóvenes; me parece, con todo respeto,, que eso no honra la memoria de los mexicanos fallecidos en Egipto, porque no tiene ninguna vinculación con lo que allá ocurrió.

Me parece que lo que debemos hacer, es hacer un pronunciamiento claro desde el Senado de la República, condenando lo que ocurrió en Egipto, exigiendo una explicación, exigiendo una investigación a fondo y velando para que los heridos regresen con bien a nuestro país, para que los deudos de los fallecidos puedan tener acceso a una indemnización, por lo menos, que tiene que honrar el gobierno de Egipto por este deplorable hecho en el que sin duda, el ejército de ese país cometió un error muy grave. Hay información todavía confusa, información que es contraria entre lo que dice el gobierno y lo que dicen, por ejemplo, las asociaciones de guías de turistas en Egipto.

Me parece que lo que debemos hacer es exigir una investigación a fondo, como ya lo dije, que se esclarezca, que se deslinden responsabilidades y que el gobierno de Egipto asuma su responsabilidad con las familias de los deudos y con los heridos.

Debemos exigir también y estar cerca del gobierno federal para que no deje o no baje la guardia en todo lo relacionado con este lamentable hecho.

Pero no podemos venir a esta tribuna a lucrar políticamente a costa de la muerte de 8 mexicanos en el extranjero.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al mismo asunto.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En primer lugar, quisiera solicitar que tengamos un minuto de silencio por nuestros connacionales que fallecieron en Egipto, si usted así lo autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al final de las intervenciones haremos lo conducente, continúe por favor Senadora.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Quisiera, además, señor Presidente, que así como lo ha hecho el punto de Acuerdo, que la Mesa Directiva someta a nuestra consideración, compañeras y compañeros, y extendamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a los familiares de los nacionales mexicanos fallecidos en los trágicos hechos del 13 de septiembre en el desierto egipcio.

Ha sido mucho lo que se ha hablado de este tema, pero me parece que también hay mucho por ver y hay mucho que trabajar hacia adelante.

Sabemos de las difíciles circunstancias en las que se encuentra en estos momentos el gobierno egipcio.

Sabemos también que los países del norte de África y de Medio Oriente, atraviesan los tiempos de mayor inestabilidad política y social desde que recuperaron su independencia hace más de medio siglo, y por esta razón reclamamos que el principal aporte de protección que deben realizar nuestras embajadas y consulados en el exterior, no es la de rasgarse las vestiduras ante un hecho consumado, sino en prevenir con información actualizada toda situación de riesgo para las y los mexicanos que viajen al exterior.

A pesar de que la guerra entre el grupo terrorista Estado Islámico y el gobierno de Egipto lleva más de dos años de enfrentamientos intensos, bombardeos y ataques, resulta increíble que hasta el pasado 13 de septiembre, cuando 8 mexicanos fallecieron mientras descansaban en las cercanías del oasis de Bahariya, víctimas de un ataque aéreo por parte de las fuerzas armadas egipcias, resulta irresponsable que no haya existido un alerta por parte de la Embajada de México en Egipto o de la Cancillería mexicana sobre los peligros que implicaba visitar la zona, toda vez que son los principales bastiones de los grupos terroristas en Egipto.

Es inaceptable deslindarnos de nuestra responsabilidad ante estos lamentables hechos, es una realidad que esta situación pudo haberse evitado si nuestros connacionales hubieran tenido acceso a las mismas alertas que tienen los ciudadanos estadounidenses, a quienes se les informa, y cito, “que existen otros grupos terroristas operando en Egipto y los ataques terroristas pueden ocurrir en cualquier parte del país”.

O lo que se les dice también a los ciudadanos franceses, a quienes su Ministerio de Asuntos Exteriores les señala: “Resto de Egipto, zona desértica desde la frontera egipcio-libia, hasta la frontera egipcio-sudanesa, todo desplazamiento es formalmente desaconsejado”.

Por otro lado, aunque se reconozca la necesidad imperante del gobierno egipcio de hacer frente a la amenaza del terrorismo, es injustificable la violación más flagrante de los derechos humanos, la cual consiste en quitar la vida a los inocentes.

La carta del Canciller egipcio, publicada en nuestro país, sin duda es lamentable y es condenable.

Hay que decirlo, y decirlo con voz alta: México no es Egipto, en Egipto depusieron al Presidente democráticamente electo; en Egipto disolvieron al Parlamento; y en México si bien hay mucho que hacer en materia de derechos humanos y mucho que hacer también en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no es la misma realidad.

Aquí nuestras instituciones sí cuentan con un marco normativo claro en materia de protección a los derechos humanos, y las y los ciudadanos tenemos a dónde acudir tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales.

Hay que reconocer también la actuación oportuna de la Cancillería y el que se haya ido hacia Egipto para poder regresar a los mexicanos heridos. Me parece que es una actitud proactiva y digna de reconocerse.

Sin embargo, me parece que no podemos quedarnos atrás, no solamente se trata de condenar estos hechos, me parece que el Senado debe dar un paso todavía más; y en este sentido, debemos exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que:

Primero.- Actualice las alertas que da a conocer a nuestros nacionales en las partes del mundo donde existan mayores riesgos para su seguridad, a efecto de que se difundan de la manera más eficaz posible.

Segundo.- Que se presente una nota de protesta a las autoridades egipcias.

Tercero.- Una vez que los heridos y los cuerpos de quienes fallecieron se encuentren ya en nuestro país, que se llame a consultas a nuestro embajador en El Cairo.

Para eso sirve la diplomacia, para saber elevar la voz cuando es necesario, y tenemos que ver que este tipo de acciones realmente se hagan y no vayan a quedar en el olvido.

Cuarto.- Que esté en permanente contacto con nuestros connacionales mexicanos, sobre todo con aquéllos que aún se encuentran en Egipto, y que pueda garantizárseles el retorno.

Quinto.- Que se presente un informe detallado sobre los datos que se ofrecieron a los connacionales mexicanos en Egipto para alertarlos sobre los posibles riesgos de seguridad, previo a este lamentable accidente.

Desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos sumamos a las condolencias, condenamos este terrible ataque y sin duda daremos un puntual seguimiento hasta que estos homicidios sean claramente castigados y se haga justicia. No dejaremos que estas muertes queden en el olvido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se encuentran inscritos en el registro de oradores, la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI y el Senador Jesús Casillas Romero.

Una vez agotadas sus intervenciones, someteremos a votación el punto de Acuerdo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El pasado domingo 13 de septiembre, un grupo de turistas, entre los cuales se encontraban 14 mexicanos, fueron atacados por fuerzas de seguridad de Egipto al ser confundidos con terroristas. Desafortunadamente en este trágico incidente se ha confirmado que perdieron la vida 8 connacionales y 6 resultaron heridos.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI, condenamos el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los turistas connacionales y expresamos nuestro más profundo pésame a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con los mexicanos que fueron heridos.

Tenemos conocimiento de que tras ser informado por la agencia de viajes, el Embajador de México en Egipto se trasladó inmediatamente para conocer el estado de las víctimas; y además, el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyó a los familiares para obtener pasaportes, así como para agilizar la gestión de las visas ante la Embajada de Egipto, o su ingreso expedito a su llegada a este país.

Las personas heridas han estado acompañadas en todo momento por personal de protección de la Embajada; han sido valoradas por los médicos de la Secretaría de Salud para determinar si están en condiciones de ser repatriados. Todas están estables y tres de ellas podrían ser dadas de alta el día de hoy.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI, reconocemos el acompañamiento que se ha dado por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los familiares de las víctimas, así como todas las tareas de gestión que ha realizado la Embajada de México en Egipto y las embajadas aledañas al país árabe, para repatriar los cuerpos y apoyar las labores de asistencia a los heridos.

Nos unimos a la exigencia del Estado mexicano para que el gobierno de la República Árabe de Egipto realice una investigación oportuna, transparente, expedita y a fondo para deslindar responsabilidades y esclarecer hasta sus últimas consecuencias lo ocurrido en el desierto Occidental.

Deben redoblarse las acciones con la finalidad de que esa agresión no quede impune. Los acontecimientos tienen que ser esclarecidos en el marco del derecho local e internacional, llevando a buen puerto las relaciones bilaterales.

Hacemos de esta lamentable circunstancia la ocasión para recurrir al uso del diálogo y la diplomacia como instrumentos efectivos para la solución pacífica de conflictos.

Las y los Senadores del PRI refrendamos nuestra convicción por la vigencia del estado de derecho como garantía de protección a los derechos humanos en el orden internacional.

Expresamos a nuestros hermanos mexicanos, desde esta tribuna, que cuenten con toda nuestra solidaridad y total apoyo.

Como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, me uno, mi grupo parlamentario y cada uno de sus integrantes, y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas en este grave incidente.

Nuestro compromiso es y seguirá siendo el de dar especial seguimiento a este asunto para que los derechos de las y los mexicanos sean respetados en cualquier país del mundo.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo asunto.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Con su venia, asimismo con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la tribuna en este asunto en particular, además de sumarme a la indignación y lamentar los acontecimientos que ocurrieron el pasado domingo en Egipto, en que 8 mexicanos pierden la vida, en un tema en el que parece inconcebible que apenas a 3 días de celebrar el próximo día 21 el “Día Internacional de la Paz”, ocurran este tipo de acontecimientos que realmente nos lastiman.

¿Quién se puede imaginar que alguien que va de vacaciones, alguien que va de turista a un país, pueda ser victimado de esta forma con misiles, con armas de fuego, y que pierda la vida?

Y hago uso de la tribuna porque entre los 8 fallecidos, 6 son originarios del estado de Jalisco, el estado de mi representación, Enriqueta Rojas Tecalco, Vanessa Ramírez Letechipia, Lilia Gabriela Chávez, Israel González Delgadillo, Rafael Bejarano Rangel y María Elena Cruz Muñoz que, por cierto, María Cruz Muñoz fue Senadora de la República, en algún tiempo fue suplente del entonces Senador que, por cierto, también en paz descanse, Senador Felipe Vicencio, que también pierde la vida una jalisciense destacada que fue además Diputada federal y regidora en el ayuntamiento de Guadalajara, fue Directora del Instituto Estatal de las Mujeres, de Luis Barajas Fernández y de María de Lourdes Fernández Rubio.

Consideramos que la respuesta del gobierno ha sido la acertada, pero no podemos quedarnos ahí. Todos quienes hemos sido testigos de esto que ocurrió, pues no podemos quedarnos con las manos cruzadas.

Y yo celebro que compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios hayamos decidido alzar la voz y pedir el esclarecimiento e ir más allá, justicia para esto que ocurrió en Egipto.

Es destacar que la atención por parte del gobierno federal, que no se hizo esperar, el caso de tomar directamente la Canciller mexicana Claudia Ruíz Massieu, el avión presidencial y que en compañía de familiares, de médicos, de peritos, emprendió inmediatamente un viaje de urgencia a El Cairo, para apoyar a los afectados y conocer de primera mano la investigación.

Es también de destacar, el inmediato tratamiento del gobierno de la República, tanto el humano, como lo correspondiente en las vías diplomáticas del caso, incluso, también un reconocimiento al gobierno del estado de Jalisco, que ha hecho lo propio en coordinación con las autoridades federales y que han estado muy al pendiente de los ciudadanos jaliscienses que fallecieron en este lamentable acontecimiento.

No me resta más que unirme a las condolencias de todas y todos mis compañeros, unirme a la exigencia del esclarecimiento de estos acontecimientos y, desde luego, que se haga justicia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Agotadas las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Respetuosamente, solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los acontecimientos ocurridos en Egipto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se les solicita ponerse de pie a todas las Senadoras y Senadores.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Favor de tomar asiento.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, es en relación a lo que acabamos de aprobar y el minuto de silencio.

Quiero solamente recordar que entre las personas fallecidas en Egipto se encuentra la ex Diputada federal de la LVII Legislatura, María Elena Cruz Muñoz.

Parece que es importante destacar de manera breve, paisana nuestra, Senador Zamora, que fue una compañera que tuvo una gran trayectoria en la diputación de esa legislatura y quisiera refrendar el recuerdo que todos tenemos de ella, de una gran compañera, solidaria de muy buenas trayectorias, formas, y quisiera solicitarle un minuto de aplausos para María Elena Cruz, nuestra querida colega, compañera y amiga, a la que vamos a extrañar sin lugar a dudas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto Senadora De la Peña Gómez.

Ruego a la Asamblea ponerse de pie para brindar un minuto de aplausos a nuestra compañera ex legisladora.

(Todos de pie, un minuto de aplausos)

Muchas gracias.

Ruego a la Asamblea su atención.

Señoras y señores Senadores:






PRONUNCIAMIENTO

La Mesa Directiva de la Cámara de los Senadores, a nombre de sus integrantes, expresa al pueblo y al gobierno de la República de Chile sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto y sus múltiples réplicas, ocurrido en la zona centro-norte de ese país, el día de ayer miércoles 16 de septiembre.

La Cámara de Senadores extiende su solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y al gobierno de la República de Chile, le manifiesta su confianza en la fortaleza y unión del pueblo chileno para superar estos dolorosos acontecimientos.

Reiteramos nuestro pesar por los hechos ocurridos en ese pueblo hermano y deseamos logren la pronta recuperación.

A sus habitantes, reiteramos nuestras más sinceras condolencias y a su gobierno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, nuestro respaldo solidario.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente reconocer este gesto que en su persona está haciendo el Senado mexicano, reiterar desde mi posición como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, sin duda, la solidaridad también al pueblo chileno, y también reconocer la amplia experiencia que el pueblo chileno tiene en materia de protección civil.

Sin duda, son momentos en donde tenemos que estar atentos de lo que ocurre en el desarrollo de los siguientes días y seguir aprendiendo de la fortaleza que también han mostrado en diversas ocasiones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a usted, Senadora Alcalá Ruíz.

Ruego a la Asamblea su atención.

A nombre del Senado de la República, está Mesa Directiva saluda a la toma de protesta como gobernadores de sus respectivas entidades federativas, a los ciudadanos: Carlos Mendoza Davis, en el estado de Baja California Sur; Alejandro Moreno Cárdenas, en el estado de Campeche y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en el estado de Sonora.
Ellos asumen la más alta responsabilidad que los ciudadanos de una entidad     federativa delegan en una persona y el máximo orgullo que un ciudadano puede desempeñar.

Su elección es testimonio del fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país, de las instituciones encargadas de la organización, desarrollo y conclusión de los procesos electorales, así como prueba indubitable de la civilidad política de los mexicanos.

Les deseamos que su gestión sea exitosa y que su experiencia y formación contribuyan al engrandecimiento de sus entidades federativas.

El Senado contribuirá a los esfuerzos por el desarrollo y la prosperidad de sus sociedades.

¡Felicidades a la señora y los señores gobernadores!






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

¿Cuántos de nosotros hemos escuchado anécdotas o conocido personas que han adquirido un producto o un servicio que no cumplió con lo que su publicidad ofrecía?

De acuerdo con la revista “Merca 2.0”, de los sectores que más comúnmente hacen uso de la publicidad engañosa son los que ofrecen productos milagro, basados en testimonios que aseguran curar un mal o reducir de manera exagerada el peso en un lapso muy corto; o los planes todo incluido, donde las compañías telefónicas y las que ofrecen planes vacacionales presentan mayores incidencias.

Y es que con la vertiginosidad del siglo XXI y el uso de las tecnologías de la información, cada vez nos enfrentamos más a la atractiva promoción y publicidad de bienes, productos y servicios, pero las sanciones por violar la Ley Federal de Protección al Consumidor, demuestran que las ofertas no siempre son verdaderas, precisas ni comprobables.

Por ejemplo, en lo que va de este año 2015, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido casi 300 denuncias por publicidad engañosa, sobre todo en materia automotriz, turística, telecomunicaciones y tiendas departamentales o de autoservicio, por un monto total reclamado de más de 650 mil pesos.

Esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la información o publicidad que difunda un proveedor de bienes y servicios debe ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir al error o a la confusión.

En este contexto, la finalidad de esta iniciativa que hoy presento a nombre de mis compañeras, las Senadoras Blanca Alcalá, Marcela Guerra y Graciela Ortiz González, y por su puesto, a nombre propio, es fortalecer las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para, primero, garantizar expresamente los derechos de los consumidores; y segundo, señalar claramente que los proveedores deben contar con el respaldo técnico y científico que acredite que la información o publicidad de su producto es exacta, comprobable y verdadera; con esto, la Procuraduría Federal del Consumidor estaría facultada para requerir, en cualquier momento, dicho respaldo.

Es necesario considerar que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas o científicas, inclusive, para aportar elementos de prueba que demuestren que la información no cumple con las características que les exige la propia ley, como lo dispone el artículo 32, el cual ha sido ya interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando la responsabilidad de comprobar la veracidad de la información y estableciendo que ésta recae precisamente en los proveedores.

Asimismo, la Corte estableció que considerar lo contrario ocasionaría que cualquier proveedor, con la única finalidad de obtener una ganancia, podría realizar campañas publicitarias con información inexacta, falsa o tendenciosa, evidenciando una violación a la protección del derecho humano de consumo.

Aunado a esto, la PROFECO y la Secretaría de Economía, hay que reconocerlo, han establecido 7 derechos básicos del consumidor: la información, la compensación, la seguridad y la calidad; la protección, a elegir la educación, y la no discriminación, regulados en la ley federal en la materia.

Que para efectos de esta iniciativa destacamos 3: El derecho a la información, el cual establece que la publicidad, etiquetas, precios e instructivos y garantías de los bienes y servicios que se ofrezcan deben ser oportunos, completos, claros y veraces para que el consumidor compre con pleno conocimiento.

Enseguida, el derecho a la compensación, que considera que si un proveedor vende un producto o un servicio de mala calidad o no cumple con las normas, debe reponer o devolver el monto pagado o, en su caso, indemnizar por los daños o perjuicios que se hayan ocasionado.

Y el derecho a la protección, que implica la defensa del consumidor por parte de las autoridades y la aplicación de las leyes.

Como cualquiera de nuestros derechos reconocidos en la Constitución, los que corresponden a los consumidores, también deben ser expresamente garantizados.

Por eso, sometemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 y un último párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque en México, como en otras partes del mundo, la protección de los consumidores debe ser entendida como el derecho a recibir bienes, productos o servicios conforme a lo ofrecido por el proveedor, ni más, ni menos.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El derecho a la identidad es un derecho humano estipulado en el artículo 4o. de nuestra Constitución, y consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, otorga pertenencia y crea las condiciones necesarias para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, éste es un derecho fundamental para todos los menores de edad, al ser uno de los instrumentos que les permitan desarrollarse a lo largo de la vida, además de hacerlos sujetos tutelados por el Estado y permitirles el acceso a la red de protección social del Estado.

El registro de nacimiento de un menor constituye la constancia oficial de su existencia y, por ende, permite que la persona sea reconocida ante la ley, procedimiento que le dota de una identidad única y permite establecer sus vínculos familiares, culturales y nacionales que lo distinguen del resto de los habitantes.

Gozar del derecho de la identidad no sólo les permite diferenciarlos de los demás, sobre todo les permite establecer nuestros vínculos individuales. También nos faculta para ejercer el resto de los derechos que nos son reconocidos por los diversos ordenamientos y hacerlos valer cuando sean violados.

Carecer de este reconocimiento puede ocasionar discriminación, una discriminación futura a toda persona que no cuente con el documento que acredite su identidad, dando lugar a la llamada invisibilidad ante el Estado y la sociedad, situación que conlleva a la exclusión casi permanente para la realización de trámites necesarios a lo largo de su vida.

Al tratarse de un derecho fundamental, garantizar la expedición del registro de nacimiento es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos, lo que representa una dicotomía de correspondencia para ambos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, una de las barreras que impide el goce de este derecho es la falta de universalidad de criterios para la expedición del acta de nacimiento y el costo de la misma; sin embargo, gracias al esfuerzo y avance en la materia, en el 2014 se adicionó un párrafo al artículo 4o. de la Constitución, que elimina dichos obstáculos y otorga la primer copia certificada del acta de nacimiento sin costo alguno.

A pesar de este esfuerzo, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a finales de 2014, en nuestro país existían alrededor de 14 millones de mexicanos sin identidad, es decir, no contaban con su acta de nacimiento.

De acuerdo con la fundación SER, la falta de una identidad afecta principalmente a niños en situación de calle y pobreza extrema, de población indígena o de padres jornaleros, migrantes o analfabetas.
Esta situación los convierte en blanco perfecto para las redes de trata y el crimen organizado, ni siquiera una Alerta AMBER se pude levantar si un niño se extravía, la PGR se niega a hacerlo si no hay un acta de nacimiento de por medio.

Un estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación y el INEGI, señala que en nuestro país es más acentuado el registro tardío que en su registro de personas.

Entre 1990 y 2005, se observó que de los nacimientos ocurridos en un año, casi el 100 por ciento quedó registrado al quinto año de vida, y el 95 por ciento se encuentra registrado alrededor del mes 32. Esto es un poco más de 2 años y medio de vida.

En el mismo estudio son señalados como principales causas del subregistro de nacimientos factores tales como la marginación, la heterogeneidad de la legislación estatal, así como los costos y las tarifas asociadas al registro tardío y las dificultades técnicas y legales para la interconexión de los registros civiles a nivel nacional.

Uno de los obstáculos que presentan las personas que no cuentan con un acta de nacimiento, es el acceso a programas sociales de gobierno federal, se estima que alrededor del 2 por ciento de la población de las zonas más marginadas del país podrían carecer de acta de nacimiento.

Considerando que el Código Civil Federal otorga un término de 6 meses para llevar a cabo el registro de nacimiento, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer la obligación de las autoridades para fomentar el registro extemporáneo de nacimiento, tomando como base de esta política, una campaña de difusión para que la población haga conciencia de que, además de tratarse de una obligación ciudadana, se trata de un trámite sencillo, rápido y gratuito, conforme lo establece nuestra Constitución.

Gracias a los múltiples instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado en la materia de derechos humanos, nos encontramos sumamente comprometidos a fomentar una política ampliamente inclusiva, para que toda nuestra población que carece de registro de nacimiento, pueda obtenerla.

En este sentido, es importante señalar que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, considera también el derecho a la identidad como un derecho humano, que permite hacer válidos otro conjunto de derechos que dependen de su existencia y comprobación, considerando que esta garantía inicia con el establecimiento del nombre y continúa cuando se acredita ante la autoridad, por medio del acta de nacimiento.

En nuestro país, además de nuestra Constitución, tenemos una serie de ordenamientos que amparan la protección de este derecho, ante lo que podemos señalar la Ley General de Población y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Nuestro país se encuentra en un momento fundamental para fortalecer su democracia, fomentando la participación cívica a través de medidas que eliminan rezago de este tipo.

Por ende, con la presente iniciativa, visualizamos una opción viable para responder a una de las demandas más importantes de nuestros ciudadanos, dando prioridad a la atención de grupos en desventaja social y a los que residen en comunidades indígenas.

Es importante reconocer los esfuerzos que se están llevando a cabo para reducir la cifra de personas abandonadas por no contar con un registro de nacimiento.

Entre otros, podemos mencionar los convenios de cooperación firmados este año por el gobierno federal con las entidades federativas, que tiene la finalidad de crear una base nacional de registros de nacimiento, y permite solicitar un acta de nacimiento a familiares, haciendo el trámite a distancia, sin necesidad de estar en su localidad de origen, incluso, hacerlo vía telefónica.
Sin embargo, es necesario difundir esa información entre la población, ya que de lo contrario, este esfuerzo no tendrá los resultados planeados, para ello es necesario fomentar las acciones que difundan, de manera más amplia, esos mecanismos, para hacerlos del conocimiento del público y que tengan, incluso, alcance en las comunidades más alejadas de nuestro territorio, generando mejores canales informativos para el acceso de este derecho.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la identidad es un derecho humano estipulado en el artículo 4º de nuestra Constitución; mismo que consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, otorga pertenencia y crea las condiciones necesarias para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), este es un derecho fundamental para todos los menores de edad, al ser uno de los instrumentos que les permitirán desarrollarse a lo largo de la vida, además de hacer de los pequeños, sujetos tutelados por el Estado y permitirles el acceso a la red de protección social del Estado.

El registro del nacimiento de un niño o niña ante el registro civil, constituye la constancia oficial de su existencia y, por ende, permite que la persona sea reconocida ante la ley. Procedimiento que le dota de una identidad única y permite establecer sus vínculos familiares, culturales y nacionales que lo distinguen del resto de habitantes.

Gozar del derecho de identidad, no solo nos permite diferenciarnos de los demás y establecer nuestros vínculos individuales, también nos faculta para ejercer el resto de los derechos que no son reconocidos por los diversos ordenamientos y hacerlos valer cuando sean violados.

Carecer de este reconocimiento, puede ocasionar discriminación futura a toda persona que no cuente con el documento que acredite su identidad, dando lugar a la llamada “invisibilidad” ante el Estado y la sociedad; situación que conlleva a la exclusión casi permanente para la realización de trámites necesarios a lo largo de la vida, junto con la negación a acceder a los servicios prestados por el Estado, tales como el ingreso a la escuela, carnet de identidad, credencial para ejercer el derecho a votar, registrar a su descendencia, o bien, solicitar trabajos formales.

Al tratarse de un derecho fundamental, garantizarla expedición del registro de nacimiento, es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos, lo que representa una dicotomía de correspondencia para ambos, por ende, es necesario que tanto el Estado cree y proporcione los mecanismos que faciliten su aplicación, como, que los ciudadanos registren, a la brevedad, a los recién nacidos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, una de las barreras que impiden el goce de este derecho por parte de los mexicanos es la falta de universalidad de criterios para la expedición del acta de nacimiento y el costo de la misma, sin embargo, gracias al esfuerzo y avance en la materia, en 2014, se adiciono un párrafo al artículo 4° constitucional que elimina dichos obstáculos y otorga la primer copia certificada del acta de nacimiento sin costo alguno. Lineamientos que dan pasos agigantados para garantizar el pleno goce de todo aquello que permite el ser reconocido.
A pesar de este esfuerzo, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a finales del 2014 en nuestro país existían alrededor de 14 millones de mexicanos sin identidad, es decir, no contaban con su acta de nacimiento.

De acuerdo con Be Foundation, la falta de una identidad afecta principalmente a niños en situación de calle y pobreza extrema, de población indígena o de padres jornaleros, migrantes o analfabetos. Esta situación los convierte en blanco perfecto para las redes de trata y el crimen organizado. Ni siquiera una Alerta AMBER se puede levantar si un niño se extravía, la PGR se niega a hacerlo si no hay un acta de nacimiento de por medio.

Un estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación y el INEGI señala que en nuestro país es más acentuado el registro tardío que el subregistro de personas. Entre 1990 y 2005, se observó que de los nacimientos ocurridos en un año, casi el 100% quedó registrado al quinto año de vida, y el 95% se encuentra registrado alrededor del mes 32, esto es en poco más de dos años y medio.

En el mismo estudio son señalados como principales causas del subregistro de nacimientos, factores tales como la marginación, la heterogeneidad en la legislación estatal que regula al registro civil entre entidades federativas, así como los costos y las tarifas asociadas al registro tardío, y las dificultades técnicas y legales para la interconexión de los registros civiles a nivel nacional. Uno de los obstáculos que presentan las personas que no cuentan con un acta de nacimiento, es el acceso a programas sociales del Gobierno Federal; se estima que alrededor del 2% de la población de las zonas más marginadas del país podrían carecer de acta de nacimiento.

Considerando que el Código Civil Federal otorga un término de 6 meses a partir del nacimiento para llevar a cabo el registro de nacimiento, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer en dicho ordenamiento la obligación de las autoridades para fomentar el registro extemporáneo de nacimiento; tomando como base de esta política una campaña de difusión para que la población haga conciencia de que además de tratarse de una obligación ciudadana, se trata de un trámite sencillo, rápido y gratuito, conforme lo establece nuestra Constitución

Gracias a los múltiples instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos, nos encontramos sumamente comprometidos a fomentar una política ampliamente inclusiva   para que toda nuestra población que carece de registro de nacimiento pueda obtenerlo.

En este sentido, es importante señalar que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera también al derecho a la identidad como un derecho humano, que permite hacer validos otro conjunto de derechos que dependen de su existencia y comprobación, considerando que esta garantía inicia con el establecimiento del nombre y continua cuando se acredita ante la autoridad por medio del acta de nacimiento.

En nuestro país, además de nuestra Constitución, tenemos una serie de ordenamientos que amparan la protección de este derecho, entre los que podemos señalar la Ley General de Población y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En suma, en nuestra legislación se encuentra establecida la obligación de reconocer la identidad de las y los habitantes, otorgando un medio de identificación que permite a cada uno poder demostrar su individualidad y pertenencia. Sin embargo, esto debe facilitarse trazando políticas públicas que fomenten la eficiencia en la implementación de servicios y trámites para la obtención del acta de nacimiento.

Nuestro país se encuentra en un momento fundamental para fortalecer su democracia fomentando la participación cívica, a través de  medidas que eliminan este tipo de rezagos. Por ende, con la presente iniciativa visualizamos una opción viable para responder a una de las demandas más importantes de nuestros ciudadanos, dando prioridad a la atención a grupos en desventaja social y a los que residen en comunidades indígenas.
El primer paso para que cualquier persona pueda gozar de sus derechos, es que sea reconocida por el Estado.

En este punto, debemos reconocer los esfuerzos más recientes para reducir la cifra de personas “abandonadas” por no contar con un registro de nacimiento; quizás el más importante son los convenios de cooperación firmados este año por el Gobierno Federal con las entidades federativas, que tienen la finalidad de crear una Base Nacional de Registros de Nacimiento y permiten solicitar un acta de nacimiento a familiares, extranjeros; hacer el trámite a distancia, sin necesidad de estar en su localidad de origen o incluso contar con un número telefónico de atención para solicitar el registro.

Sin embargo, es necesario difundir esta información entre la población, ya que de lo contrario, los esfuerzos y recursos destinados a este fin, no tendrán los efectos planeados. Es por ello necesario fomentar las acciones que difundan de manera más amplia estos mecanismos, para hacerlos de conocimiento público y tengan incluso alcance en las comunidades más alejadas de nuestro territorio, generando mejores canales informativos para el acceso a este derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

La autoridad llevará a cabo campañas para el registro extemporáneo de nacimiento, en donde se dará prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos o comunidades indígenas.

La emisión de la primera acta de registro de nacimiento, incluso extemporánea, observará el principio constitucional de gratuidad.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 17 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres líderes del sector rural de Jocotitlán, zona norte, Estado de México, invitados por la Senadora Mely Romero Celis. Han asistido a esta sesión, para presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los principios de política exterior de nuestro país.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR DE NUESTRO PAÍS

(Presentada por el Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

En la pasada legislatura, le perdimos el miedo a hacer lo necesario.

Desde el Congreso de la Unión, impulsamos las grandes reformas que la nación demandaba desde hace décadas, la Reforma Laboral, Educativa, Energética, de Telecomunicaciones y otras más, que deben ser un parteaguas y un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro país, pero hoy tenemos un gran pendiente para la modernización de uno de los pilares del Estado mexicano, su política exterior.

No es el tema más popular, no es el que domina más nuestra agenda, y quizás por eso no le prestemos mayor atención. Muchos pensarán que sólo se trata de tener suficientes embajadas, otros quizás lo verán como la atención de mexicanos en el extranjero y algunos imaginarán que se trata de visitas de Estado, pero la realidad irrenunciable demanda de nuestro país: responsabilidad, definiciones y compromisos globales.

Es por eso que el día de hoy, los Senadores Marcela Torres, Francisco Búrquez y su servidor, ponemos a su consideración esta iniciativa que pretende reformar el artículo 89, fracción X de la Constitución, en materia de principios de política exterior, derogando la no intervención y adicionando integración regional y la promoción y fortalecimiento de la democracia.

Hace un año convoqué al Foro Política Exterior de México, donde destacados expertos señalaron que la política exterior de México no debe ser de un gobierno, sino la política de un Estado que represente los intereses nacionales, México debe de tener una posición frente a los problemas globales y tener compromisos con los valores universales. También declararon que hay que tener una conciencia trilateral con América del Norte y el impulso y la promoción de los intereses de México, quitar el tema de la no intervención dentro de los principios de política exterior, abandonar la sensación de que los principios de política exterior son una camisa de fuerza y que los principios de política exterior deben de actualizarse conforme a los intereses de nuestro Estado.

Además, en palabras del ex Canciller José Antonio Meade, cito: “en un mundo caracterizado por la interdependencia, los intereses de México guían la política exterior, la cooperación internacional en favor de un desarrollo incluyente y sostenible, promoción comercial y de inversiones, la búsqueda de paz y seguridad, la proyección de nuestros valores culturales y la protección de nuestros connacionales”.

También, el 16 de febrero de 2015, durante el Seminario México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales, organizado por el Senado de la República en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mencionó: “somos una potencia regional que debe asumir los costos de tomar decisiones, es fundamental la integración de Norteamérica; el siglo XXI exige un bloque económico fuerte para atender intereses comunes de los países, los principios son importantes, pero no deben ser una camisa de fuerza y se debe hacer una revisión de los principios para que correspondan al siglo XXI”.

La historia de la humanidad exige que la intervención es inevitable y hasta natural; tribus, clanes, reinos, principados, naciones, imperios, siempre han existido de diferentes maneras gracias a los distintos niveles de intervención, y este fenómeno ha dado lugar al modelo de sociedad en que vivimos actualmente.

La intervención de México en el mundo es clara y positiva en los casos como: la defensa de Etiopía; la ayuda en la Guerra Civil Española; la intervención de Gilberto Bosques para salvar la vida de alrededor de 30 mil refugiados del genocidio nazi, el Tratado de Libre Comercio; la Carta Democrática Interamericana, la condena de la situación de derechos humanos en Cuba; y el reciente anuncio del Presidente Peña Nieto para enviar cascos azules mexicanos.

Pensemos en el reciente caso de Guatemala, que gracias a la intervención de una convención internacional el pueblo de ese país se libró de un gobierno corrupto.

Pensemos en Ayotzinapa, en como un grupo de expertos, invitados por el gobierno, viene a México para colaborar en la resolución de esta tragedia.

Según el doctor Jorge Chabat, la política de no intervención era muy funcional, nosotros no opinamos de lo que pasaba afuera, con las esperanzas de que no se opinara lo que pasaba adentro de nuestro país, y más o menos esto funcionó hasta los años 80’s. En esta política exterior, de repente nos quedamos callados ante muchos acontecimientos.

Lo mejor para la acción del gobierno mexicano es reconocer el escenario internacional que demanda la acción de México, eliminando los principios normativos, la no intervención, ya que facilitaría las decisiones diplomáticas, la dotaría de congruencia y consistencia.

Por otro lado, vivir en una democracia implica que tanto ciudadanos como autoridades ejerzan con responsabilidad sus derechos, sus libertades y sus obligaciones con apego a la legalidad y el respeto a los individuos; pero para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos; es por eso que la protección internacional a la democracia se deriva tanto del compromiso internacional de los distintos gobiernos para conservar este régimen de gobierno, como de la consecuente exclusión de los mecanismos multilaterales y el aislamiento que enfrentaría un gobierno que violara la voluntad del pueblo.

Por esa razón, nuestra política exterior debe asumir un papel más importante como garante de la protección y promoción de la democracia en el mundo, para que no sea vulnerado y derrocado.

Durante muchos años fuimos testigos de violaciones al derecho internacional y a los valores democráticos, como golpes de Estado o crímenes de un gobierno contra su población, y no en todos estos casos actuamos con la fuerza necesaria, dando como resultado al día de hoy una pérdida de influencia en nuestra región.

Hoy, lo que sucede en Venezuela ya no nos permite seguir volteando a otro lado o cerrar los ojos, tenemos que actuar decididamente, por eso es que consideramos que la promoción y fortalecimiento de la democracia debe ser parte de los principios rectores de nuestra política exterior, no sólo por la exigencia de la coyuntura, sino también por los compromisos a los que nos hemos apegado previamente.
Por último, quiero hacer énfasis en la necesidad de profundizar en nuestra integración regional con nuestros principales socios. México ha tenido éxito en los esfuerzos por aliarse con naciones afines y conformar bloques económicos.

Según José Ángel Gurría, nuestro país posee una ubicación geopolítica privilegiada, es cruce de caminos y punto de unión entre el mundo en desarrollo y las economías industriales entre América Latina y América del Norte y entre los espacios económicos del Pacífico y del Atlántico.

Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, el comercio se ha triplicado para alcanzar 3 mil millones de dólares diarios, y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá han crecido 6 y 8 veces, respectivamente. Hoy de cada 100 dólares que Estados Unidos importa de productos no petroleros, 13 se producen en México, el doble de la cifra que sucedía en 1993.

México es el segundo proveedor de Estados Unidos, superado solo por China; y nuestro país le vende a Estados Unidos más que Alemania y Japón juntos, o que el resto de Latinoamérica en todo su conjunto. Para México ser parte del Tratado de Libre Comercio le dio la oportunidad de acercarse y negociar acuerdos similares con Japón y la Unión Europea, y al día de hoy nuestro país tiene 10 tratados firmados con 42 países.

Según el doctor Carlos Heredia, la ecuación política global está cambiando de manera radical, y México y Estados Unidos no pueden dejar de pasar la ocasión. El reto en el futuro para los gobiernos de estos países es encontrar una manera para relanzar el proceso de integración regional, de modo de que sirva a los intereses mutuos de ambos países.

En octubre del año pasado el Council on Foreign Relations, el think tank más importante de Estados Unidos en materia de política exterior, dio a conocer un estudio encabezado por el General retirado David Petraeus, ex Director de la CIA, y por Robert Zoellick, ex Subsecretario de Estado y el ex Director del Banco Mundial, en donde recargan.

El siglo XXI puede ser la centuria de Norteamérica, en vez de la China, pero será necesario que Canadá, Estados Unidos y México profundicen su integración. Si los 3 países norteamericanos hacen eso, tiene el potencial de otra vez conformar los asuntos mundiales por las generaciones por venir.

El día de hoy las condiciones políticas, económicas y sociales del planeta cambiar con mayor rapidez que como sucedía en el siglo XX, hoy el tamaño y gran potencial de nuestro país le exige nuevas formas de integración con las demás naciones, ser parte de la toma de decisiones de las instituciones globales y miembro de los bloques económicos más importantes.

México está en vías de convertirse en la séptima economía del planeta, para el año 2020 si tomamos las medidas necesarias. Además somos el undécimo país en tamaño de su población y el décimo cuarto por la dimensión de su territorio, el primero por población de habla hispana y es el décimo contribuyente al presupuesto de las Naciones Unidas.

Senadoras y Senadores, no tengamos miedo a pensar en grande, asumámonos sin complejos frente al mundo, comencemos a ver más alto y asumir las obligaciones que esto implica.

Hoy no hay país en el mundo en donde no haya mexicanos y en donde no tengamos interés; el mundo nos necesita y nosotros necesitamos del mundo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY SOBRE CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Presentada por el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Aarón Irízar López: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta alta tribuna de nuestro país a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo a la Ley Sobre Celebración de Tratados.

Por economía parlamentaria, señor Presidente, le solicito muy atentamente tenga a bien girar las instrucciones precisas al personal que corresponda de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, a fin de que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates de la sesión del día de hoy.

La iniciativa que el día de hoy me permito poner a consideración de esta Asamblea, tiene como propósito el que este Poder Legislativo establezca, en el marco del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos, los alcances normativos que habrá en los ordenamientos secundarios que se vinculan con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordemos que lo anterior se deriva de la denominada reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y de la cual se han venido presentando una serie de debates respecto a la jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en uso de sus atribuciones de control constitucional ha realizado esta labor.

Sin embargo, es obligación de este Poder Legislativo armonizar las leyes federales con la normatividad constitucional vigente.

Así, es a través de esta presente iniciativa que propongo que se precise en la Ley Sobre Celebración de Tratados, la redacción sobre su alcance de contenido normativo del artículo constitucional que alude a la jerarquía normativa, ya que los derechos humanos en sí mismo no involucran o conllevan una jerarquía, pero sí es de importancia brindar certeza jurídica cuando se tenga que realizar alguna interpretación de dichos preceptos jurídicos, ya que el catálogo de derechos humanos ya forma parte del orden jurídico mexicano, es decir, ya están constitucionalizados de conformidad con el procedimiento conducente y sin pasar por alto las competencias que la propia Constitución ya establece. La finalidad es justamente evitar que se dé alguna laguna jurídica con la cual estaremos cumpliendo con nuestra tarea de legislador.

Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa resulta congruente con lo resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional, quien resolvió que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales no se relacionan jurídicamente y constituyen el parámetro de regularidad constitucional, entendiendo que cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos se estará siempre a lo que indique nuestra norma constitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Irízar López. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva extiende una cordial y afectuosa felicitación a los Senadores María Cristina Díaz Salazar y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el día de hoy festejan su cumpleaños.

¡Muchas felicidades, señores Senadores!






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes.

Quiero informar, señoras y señores Senadores, con su venia, señor Presidente, que las Senadoras Layda Sansores San Román, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo y su servidora, hemos recibido de distintas organizaciones, que las voy a nombrar, integrantes en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, esta iniciativa que hoy estamos poniendo a su consideración, para que se turne a comisiones y pueda ser dictaminada junto con las diversas iniciativas que ya están en estas comisiones, en esta materia.

Lo que hicimos las Senadoras, la Senadora Silvia Garza también, de Acción Nacional, es recibir esta iniciativa y darle curso, en todos sus términos está inscrita por las siguientes organizaciones, que es:

El Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

El Comité Cerezo México.

El Comité de Solidaridad y Derechos Humanos “Monseñor Romero”.

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos.

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Asociación Civil.

Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental.

El Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

La Brigada Multidisciplinaria Ajusto, Radio.

Y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

Estas organizaciones, insisto, integradas en esta Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, trabajaron esta iniciativa de ley, es la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada a Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares.

Así es como ellos enumeran esta iniciativa; y nos parece muy importante que hoy la presentemos, en primer lugar, para seguir con esta dinámica que ha caracterizado al Senado de la República de recibir iniciativas ciudadanas de organizaciones que están preocupadas por los temas de trascendencia nacional, particularmente el que tiene que ver con esta materia y, por supuesto, lo que nosotras estamos haciendo es darle voz, pero concretarla también a partir de que su iniciativa pueda transitar debidamente, cumpliendo el proceso legislativo hacia las comisiones que ya están trabajando.
No abundo más, simplemente quiero hacer constancia desde esta tribuna del ejercicio democrático de nuestro compromiso ciudadano con estas organizaciones, que también tienen muchos años luchando, trabajando y pugnando por encontrar a sus seres queridos, y los ha llevado, incluso, a constituirse en organizaciones debidamente integradas.

Las Senadoras que estamos dándole trámite a este proyecto de iniciativa, también les agradecemos su apoyo.

Es cuanto, y muchas gracias a ustedes por su atención.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchísimas gracias, señor Presidente, por los detalles de la semana pasada en el fallecimiento de mi madre.

En los últimos años he tenido la oportunidad de platicar, escuchar y convivir con jóvenes estudiantes, los cuales las inquietudes de muchos jóvenes universitarios y uno de los principales reclamos que he escuchado de ellos, es la falta de oportunidades constantes y sobre todo, del rechazo laboral por no tener experiencia, por ser aún estudiantes y por no tener el tiempo suficiente para dedicarse a esto.

Simplemente, y según datos de la Asociación Nacional de Universidades y de Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en México actualmente el desempleo afecta el 40 por ciento de los egresados universitarios, por lo que esta situación no la podemos permitir, ya que la incorporación al mercado de trabajo es una de las transiciones más relevantes de la trayectoria de los individuos, en donde la búsqueda de los medios necesarios para la subsistencia y el bienestar se condiciona a los conocimientos, habilidades y actitudes, producto de los años de estudio, contar con un empleo remunerado se vuelve imprescindible en la vida del ser humano para la subsistencia.

De acuerdo al portal de CNN Expansión, si la economía no aumenta su nivel de crecimiento en esta década, que tal parece, como vamos no será, 305 mil egresados de universidades de todo el país se enfrentarán al desempleo. Para el 2020 la cifra llegará prácticamente a los 3 millones. Para el ciclo escolar 2013-2014, la matrícula total en la educación superior en México fue de 3 millones 882 mil 625 estudiantes, por lo que debemos estar conscientes que hoy en día el alto desempleo de los jóvenes se debe a las dificultades para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.

Para el egresado de educación superior la búsqueda del primer empleo resulta compleja, factores como la crisis económica, la subcontratación, la inestabilidad laboral y los bajos salarios han ocasionado un problema real para los jóvenes. Además la falta de experiencia es un obstáculo para los alumnos que egresan de las universidades.

Cuando el desempleo es alto, los jóvenes sin experiencia laboral tienen que competir con otros profesionistas que tienen ventajas en la búsqueda de empleo por haber trabajado anteriormente.

A la incansable búsqueda del empleo se debe sumar que en los últimos años la competencia ha crecido por el aumento de egresados en las universidades.
Datos de la SEP indican que cada año más de 450 mil jóvenes terminan su carrera, buscando aplicar lo que aprendieron en la escuela en un trabajo por el cual reciban un salario sustancial.

Añadimos que en un mercado de competencia laboral, las empresas emplean al mismo tiempo los 450 mil egresados de las instituciones de educación superior y los menos preparados se quedan en una gran desventaja.

Preferentemente los trabajos más buscados son los de tiempo parcial, los de horarios flexibles, los trabajos de fin de semana, que no interrumpan su jornada académica y permitan tener horas de estudio para los exámenes.

Optimizar el tiempo es la clave de estos jóvenes, regalando tiempo de ocio y aprovechamiento al máximo cada minuto. Combinar estudio y trabajo requiere de una gran organización y, por lo tanto, quienes pueden llevarlo a cabo estarán mejor entrenados para el mercado laboral.

Por todo lo anteriormente comentado, he presentado una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, donde se busca incentivar a los patrones para que contraten a estudiantes universitarios que por necesidad o deseo quieran insertarse en el mercado laboral, desde el momento en que lleven a cabo sus estudios.

El incentivo es otorgar un estímulo fiscal a quien contrate a los jóvenes estudiantes universitarios. Este estímulo consiste en el equivalente al 100 por ciento del salario efectivamente pagado del patrón al trabajador estudiante, es decir, que aquellos patrones que contraten universitarios y les paguen un salario, gozarán de una deducción adicional equivalente al 100 por ciento sobre el salario efectivamente pagado a dichos estudiantes, que en realidad no le repercute mucho Impuesto Sobre la Renta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sí podría generar una gran economía en este sector que está sufriendo.

Compañeras y compañeros Senadores:

Les pido que aprobemos esta iniciativa con el afán de generar en los jóvenes mayores oportunidades, ya que en ellos realmente está el futuro de México y el presente.

Es importantísima esta iniciativa compañeros, ya que cada día los jóvenes tienen mayor acceso a las universidades, pero siempre nos encontramos con que, ¿y después de ahí qué? Un día son estudiantes y al día siguiente son desempleados.

Una iniciativa similar se presentó con el Presidente Calderón y tuvo un gran éxito. Ojalá tengamos la sensibilidad en este paquete económico, que no le va a representar, insisto, grandes recursos al SAT en este sacrificio de hacer deducible el doble de los salarios que se le puede pagar a un estudiante universitario.

Esta iniciativa también la suscribe el Senador Juan Fernández Sánchez Navarro, que es nuestro compañero del grupo parlamentario.

Y ojalá podamos acelerar esta iniciativa también ahora en el paquete económico, que en costos no representa mucho para el propio Ejecutivo Federal.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Rentamodificando el encabezado del Capítulo II del Título VII de la mencionada Ley, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo que se busca con esta iniciativa es el incentivar a los patrones para que contraten a estudiantes universitarios que por necesidad o deseo quieran insertarse en el mercado laboral desde que llevan a cabo sus estudios.

El incentivo consiste en otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a jóvenes estudiantes universitarios, consistente en el equivalente al 100 % del salario efectivamente pagado, es decir, aquellos patrones que contraten universitarios y les paguen un salario gozarán de una deducción adicional equivalente al 100% sobre los salarios efectivamente pagados a dichos estudiantes cumpliendo los requisitos que para tal efecto determine el Servicio de Administración Tributaria.

Conforme a diversos estudios realizados los principales motivos por los cuales los universitarios trabajan mientras estudian son:

• Tener una independencia económica 
• Tener derecho a la seguridad social
• Costearse sus estudios 
• Apoyar económicamente a la familia 
• Ganar experiencia laboral para el futuro
• Lograr mejores sueldos cuando ya terminen sus estudios universitarios, etc. 

EXPOSICIÓN Y DESARROLLO

La incorporación al mercado de trabajo es una de las transiciones más relevantes en la trayectoria de los individuos, en donde la búsqueda de los medios necesarios para la subsistencia y el bienestar se condiciona en base a los conocimientos, habilidades y actitudes, producto de los años de estudio. Contar con un empleo remunerado se vuelve imprescindible en la vida del ser humano para su subsistencia.

En el caso de los jóvenes, además, el trabajo implica un paso más hacia la emancipación y la autonomía respecto a los padres y el hogar de origen. Es frecuentemente, el primer empleo un detonador de transiciones; como la salida del hogar paterno y la formación de una familia de procreación, particularmente entre los hombres; contar con estudios es una de las primeras garantías en el mercado laboral.

Para el egresado de Educación Superior la búsqueda del primer empleo resulta compleja, factores como la crisis económica, la subcontratación, la inestabilidad laboral, bajos salarios y pocas prestaciones han sensibilizado al mundo laboral y con ello las posibilidades de trabajar en los puestos idóneos; un título Universitario tiene un peso relevante para la obtención de un trabajo, pero con la situación existente en el mercado laboral, no es suficiente, ya que existen puestos de trabajo limitados para una gran cantidad de jóvenes que están terminando sus carreras universitarias. En parte, el alto desempleo de los jóvenes se debe a las dificultades para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.
La falta de experiencia es un obstáculo para los alumnos que egresan de las universidades e intentan ingresar a la población activa. Cuando el desempleo es alto, los jóvenes sin experiencia laboral tienen que competir con otros profesionistas, por haber trabajado antes; tienen ventaja en la búsqueda de empleo. La experiencia laboral permite al individuo formarse en el mundo del trabajo en un sentido amplio, adquiriendo destrezas en las tareas de la producción, disciplina en el cumplimiento de las obligaciones laborales, espíritu de cooperación para el trabajo en equipo, entre otras es por ello que el contar con ésta, permite al individuo obtener ventaja competitiva frente a sus competidores.

A la incasable búsqueda de empleo se debe sumar que en los últimos años la competencia ha crecido por el aumento de egresados universitarios. Datos de la SEP indican que cada año más de 450 mil jóvenes terminan su carrera, buscando aplicar lo que aprendió en la escuela en un trabajo por el cual reciba un salario sustancial. Añadimos que en un mercado de competencia laboral, las empresas emplean al mismo tiempo a 450 mil egresados de las instituciones de educación superior y los menos preparados quedan en desventaja.

También hay que notar que el precio por la inexperiencia o una mejor preparación se ve reflejado en el salario que se percibe por los trabajos que conforman nuestra economía como país. De este modo, quienes terminan una carrera se enfrentan a una mayor precariedad laboral no solo porque ganan menos, sino porque el inicio es cada vez más difícil, pues compiten contra la experiencia y un número mayor de egresados y eso hace más escasas las oportunidades.

Estudiar y trabajar es una combinación que requiere de mucho esfuerzo para los jóvenes de hoy. Cada vez son más los estudiantes universitarios que buscan sus primeros empleos mientras transitan su vida universitaria. Una tendencia que tiene múltiples causas: el deseo de la independencia económica, la inserción al mercado laboral, ganar experiencia para el futuro, entre otras.

Estudios realizados por Trabajando.com entre 13.000 universitarios de países de Latinoamérica, el 67% de los entrevistados trabaja mientras estudia y la mayoría (71%) lo hizo durante los primeros tres años de carrera. Jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay, ya han realizado sus primeros pasos en el mercado laboral antes de cumplir sus 20 años.

Preferentemente los trabajos más buscados son los part-time, con horarios flexibles o trabajos de fines de semana, que no interrumpan su jornada académica y permitan —quizás de un modo más restringido— horas de estudio para los exámenes. Optimizar el tiempo es la clave de estos jóvenes, relegando tiempo de ocio y aprovechando al máximo cada minuto.

Las universidades cuyos alumnos se interesan en trabajar tienen una tarea pendiente en este ámbito, debido a que los estudiantes que desean insertarse en el mundo del trabajo quisieran ver sus planteles cumpliendo el rol de puente entre ellos y el mercado laboral, específicamente de las empresas.

Es realmente auspicioso ver como cada vez son más las universidades que suman entre sus actividades de extensión las llamadas “Feria de Empleo”, donde distintas empresas realizan búsquedas laborales entre los alumnos.

Compatibilizar estudio y trabajo requiere de una gran organización y, por tanto, quienes puedan llevarlo a cabo estarán mejor entrenados para el mercado laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona un Tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, modificando el encabezado del Capítulo II del Título VII de la mencionada Ley, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II

DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Artículo 186. 

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate estudiantes universitarios, consistente en una deducción adicional equivalente al 100% del salario efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley, cumpliendo con los términos y requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, el 17 de septiembre de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Torres Graciano.

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para pedirle al Senador Orozco Sandoval, si me permite suscribir la iniciativa.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Claro, con gusto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Hay distintas solicitudes de diversos Senadores. Le consultaría al Senador Orozco Sandoval, si acepta que se adhieran.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Con muchísimo gusto, los compañeros que gusten.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias. Adhiérase a los Senadores de Acción Nacional que están solicitando su inclusión.

El Senador Armando Neyra, también desea adherirse a la iniciativa del Senador Orozco Sandoval.

Correcto, se incluye al Senador Neyra Chávez.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 123 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS INDÍGENAS

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Al pueblo de México.

El conjunto de normas laborales lo debemos entender como la consecuencia necesaria de una serie de acontecimientos históricos, sociales y políticos, que provocaron el nacimiento de derechos mínimos en el desarrollo de las relaciones laborales.

El derecho laboral debe ser el medio idóneo para cumplir con justicia social, así de simple, así de complejo.

Debiéramos preguntarnos en la actualidad si las normas del trabajo cumplen con el objetivo de su nacimiento. Éstas presentan el fundamento esencial para equilibrar las relaciones sociales en materia de prestación de servicios y, por lo tanto, evitan el abuso y la explotación.

¿No son estas razones suficientes para analizar minuciosamente todas las decisiones judiciales que se tomen en la materia?

Para evitar malas interpretaciones, me gustaría aclarar que no podemos observar el derecho del trabajo como un derecho de clase, sino como una reivindicación necesaria de los ideales obligatorios que persiguen al Estado.

Es así, con el objeto de la presente reforma, que se dirige a la salvaguarda y protección del trabajo, como función orgánica y social con un carácter distintivo de ordenamiento protector y reivindicador de los factores de producción.

A su vez, esta propuesta no parte de la idea de una compensación a la desigualdad económica entre patrones y trabajadores, que generaliza esa condición en las relaciones laborales y que ha sido abusada durante mucho tiempo.

Se busca resguardar a las comunidades indígenas como grupos marginados, desprotegidos, que sufren de la mayor pobreza en este país y de segregación importante, mediante una protección jurídica, preferente y exclusiva para ellos.

Es importante que ante la vulnerabilidad de los indígenas se conforme un ordenamiento sólido que compense posibles interpretaciones judiciales que lastimen las condiciones protectoras que busca el derecho laboral.

Esta reforma tiene un fundamento democrático y de justicia social y busca dignificar la importancia y el destino de nuestros pueblos indígenas. Reconocemos las limitaciones que enfrentan como grupos vulnerables y, a su vez, la esencial dignidad que nos proporcionaron a través de la historia.

En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011, me parece un desacierto interpretar la norma de cualquier otra manera que no sea con el estricto apego al principio pro operario, entendido como la aplicación de la norma más favorable para los trabajadores y la aplicación preferentemente de la condición más beneficiosa también para los obreros.

Como lo han comentado especialistas en materia laboral, existen casos en los que dicho principio resulta difícilmente aplicable en defecto de la ley, convenio, contrato o costumbre, dada la naturaleza y la posible falta de equidad que ello supondría.

Sin embargo, esto no puede ser opción de desapego al objetivo esencial del Estado mexicano para proveer de justicia social a la totalidad de la población, por eso se erigió la irrenunciabilidad de los derechos laborales y de sus indemnizaciones.

De tal suerte, solicitamos se ubique en la perspectiva adecuada las condiciones en las que las dos partes de la relación laboral negocian el contrato o el convenio de terminación cuando se trata de una persona indígena.

Debemos evitar de manera enérgica una entrada a la figura de lesión en materia civil a las relaciones laborales, en donde una persona pueda explotar la suma ignorancia, la inexperiencia o la extrema pobreza del otro, obteniendo para sí un lucro desproporcionado.

En México, la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que, dada su cultura, historia y lengua, identificamos como los pueblos originarios del país. Todo ello con una riqueza histórica y cultura propia, que dan sentido de pertenencia e identidad a la nación y a todos los mexicanos.

Los derechos de la población indígena no se ejercen ni se cumplen pese al despliegue de diferentes políticas públicas orientadas a la atención de la población.

Los derechos sociales a la alimentación, salud, vivienda digna, educación y trabajo, por ejemplo, no se cumplen cabalmente, tampoco existe una real vigencia de sus derechos a la no discriminación, al desarrollo, al acceso pleno de la justicia, a la participación  política.

Hoy, incluso en ocasiones, se vulnera su derecho a vivir y desarrollarse en paz y con seguridad. Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda, también expresan el incumplimiento de los derechos humanos de la población indígena.

La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, existen prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil, mercantil, entre otros.
Es común que los indígenas que acuden a demandar justicia al Estado no conozcan sus derechos, normas y procedimientos, y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse correctamente y dentro de los procedimientos se realicen actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes.

En los municipios con más de 30 por ciento de población indígena existen más de 6 mil núcleos agrarios: 79 por ciento son ejidos, y 19 por ciento son comunidades; aunque también participan de la propiedad privada, de los 11.3 millones de hectáreas rústicas de propiedad social ubicada en 481 municipios con población indígena, los ejidos regularizados abarcan apenas una superficie de 3.8 millones de hectáreas y las comunidades certificadas de 616 mil hectáreas, esto es sólo 32 por ciento de la superficie de propiedad social.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial Federal, los Tribunales Agrarios y las Juntas de Conciliación y Arbitraje no cuentan con mecanismos que les permitan identificar y sistematizar información en torno a los asuntos judiciales que, en diferentes materias, afectan la esfera de derechos de los indígenas.

En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa, ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de sus derechos.

Es necesario continuar trabajando para que se reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política.

Es importante tomar en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos; desde el desconocimiento de su existencia o contenido a la discriminación, e inclusive en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia.

La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad ni certeza jurídica.

Es por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, que les pido su apoyo a la presente iniciativa para reformar el inciso h) de la fracción XXVII del artículo 123 de la Constitución Política, para que concierte que cuando el trabajador permanezca en las comunidades integrantes de un pueblo indígena, entendido éstas como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y así consideradas por los organismos de la Administración Pública, Federal y local correspondientes, serán condiciones nulas y no obligarán a las partes aunque se expresen en el contrato o en el convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en esta Constitución.

Por su atención, muchas gracias.
Iniciativa.

La suscrita Mónica TZASNA Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los indígenas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho del trabajo solo puede entenderse al profundizar en las raíces del contexto industrial en el que surgió, y por los abusos que se buscaron erradicar de la práctica laboral.

Al conjunto de normas laborales debemos vislumbrarlo como la consecuencia de la acción del Estado Mexicano, como un medio idóneo para cumplir con la justicia social.

Las normas del trabajo presentan el fundamento esencial para equilibrar las relaciones sociales que tienen como objeto la prestación de servicios.

No podemos observar al derecho del trabajo como un derecho de clase sino como una reivindicación necesaria de los ideales obligatorios que persigue el estado.

El objeto de la presente reforma se dirige a la salvaguarda y protección del trabajo como función orgánica y social con un carácter distintivo de ordenamiento protector y reivindicador de los factores de producción.

A su vez, esta propuesta no parte de la idea de una compensación de la desigualdad económica entre patrones y trabajadores, que generaliza esa condición en las relaciones laborales y que ha sido abusada durante mucho tiempo. Se busca resguardar a las comunidades indígenas como grupos marginados, desprotegidos, que sufren de la mayor pobreza en este país y de segregación importante, mediante una protección jurídica preferente y exclusiva para éstos.

Buscamos, ante la vulnerabilidad de los indígenas, conformar un ordenamiento que compense posibles interpretaciones judiciales que lastimen las condiciones protectoras que busca el derecho laboral.

Esta reforma tiene un fundamento democrático y de justicia social, busca dignificar la importancia y destino de los indígenas.

Reconocemos las limitaciones que enfrentan como grupo vulnerable, y a su vez, la esencial dignidad que nos proporcionaron a través de la historia.

En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me parece un desacierto interpretar la norma de cualquier otra manera que no sea con el estricto apego al principio pro operari, entendido como la aplicación de la norma más favorable para los trabajadores, y la aplicación preferentemente de la condición más beneficiosa, también para los obreros.

Como lo han comentado especialistas en materia laboral, existen casos en los que dicho principio resulta difícilmente aplicable en defecto de la ley, convenio, contrato o costumbre, dada su naturaleza, y la posible falta de equidad que ello supondría. Sin embargo, esto no puede ser opción de desapego al objetivo esencial del estado mexicano para proveer de justicia social a la totalidad de la población.
Por eso se erigió la irrenunciabilidad de los derechos laborales y de sus indemnizaciones.

El carácter de este principio, busca equilibrar el poder económico que poseen los factores de producción en las relaciones de trabajo, vista la experiencia histórica. Es por esto que la irrenunciabilidad es fruto de la necesidad de perpetuar el carácter protector del derecho del trabajo, al grado de tornarlo, en ciertos aspectos, inamovible, para reafirmar de esta manera su naturaleza de orden público.

De esta suerte, solicitamos que se ubiquen en la perspectiva adecuada las condiciones en la que las dos partes de la relación laboral, negocian el contrato o el convenio de terminación, cuando se trata de una persona indígena. Debemos evitar, de manera absoluta, una entrada a la figura de lesión en materia civil a las relaciones laborales, en donde una persona pueda explotar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obteniendo un lucro desproporcionado.  En materia laboral no debemos incluir los requisitos de evidente y excesivo lucro obtenido, pues hay un desequilibrio inicial cuando se habla de una comunidad marginada.

En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos.

Los derechos de la población indígena no se ejercen ni se cumplen pese al despliegue de diferentes políticas públicas orientadas a la atención de la población indígena.

Los Derechos Sociales a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, a la educación y al trabajo, por ejemplo, no se cumplen cabalmente. Tampoco existe una real vigencia de sus Derechos a la no discriminación, al desarrollo, al acceso pleno a la Justicia, a su participación política. Hoy, incluso, en ocasiones, se vulnera su derecho a vivir y desarrollarse en paz y con seguridad.

Dentro de los temas mencionados, destacaré la discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), registró el panorama de discriminación que persiste en México encontrando que ocho de cada diez mexicanos consideran que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez indicaron que fue por su condición de ser hombre/mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero.

Esta Encuesta indica que 44% de la población considera que no se respetan los derechos de los indígenas; 31% piensa que se respetan poco; mientras que 22% manifiesta que sí se respetan. Otro aspecto es la discriminación múltiple, sobre todo cuando se trata de mujeres de origen indígena que desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente. Otro ejemplo son las mujeres migrantes indígenas, quienes sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico y el acoso sexual.

Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda también expresan el incumplimiento de los Derechos Humanos de la población indígena.

La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil, mercantil, entre otros.

 Es común que los indígenas que acuden a demandar justicia del Estado no conozcan sus derechos, normas y procedimientos y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse correctamente, y dentro de los procedimientos se realicen actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes, o bien.
En el país existen 31,893 núcleos agrarios, de los cuales restan por certificar 1,771 núcleos que presentan condiciones técnicas y jurídicas complejas, al mes de agosto del 2013 se encontraban en regularización 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares. Es de destacar que es en los municipios indígenas donde se concentran los conflictos agrarios más complejos que hay en el país.1

En los municipios con más de 30% de población indígena existen más de 6,000 núcleos agrarios (79% son ejidos y 19% son comunidades), aunque también participan de la propiedad privada. De los 11.3 millones de hectáreas rústicas de propiedad social ubicadas en 481 municipios con población indígena, los ejidos regularizados abarcan apenas una superficie de 3.8 millones de hectáreas y las comunidades certificadas de 616 mil hectáreas, esto es sólo 32% de la superficie de propiedad social.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial Federal, los Tribunales Agrarios y las Juntas de Conciliación y Arbitraje no cuentan con mecanismos que les permitan identificar y sistematizar información en torno a los asuntos judiciales que, en las diferentes materias, afectan la esfera de derechos de los indígenas.

En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o intérprete en todas las etapas procesales de los juicios o procedimientos en que ellos sean parte.

La reforma constitucional federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Significo la esperanza de un avance en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.

El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A, y a las obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios con ellos en el apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.

A pesar de sus avances, esta reforma se considera insuficiente. Es necesario continuar trabajando para que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política. Es importante tener en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas, no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos, desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la discriminación, he inclusive, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia.

La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad y certeza jurídica.

El artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos , el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la  Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los dos Pactos Internacionales obligatorios para los Estados, referente a los Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el  Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchas otras normas, nacionales e internacionales, encuadran una protección especial para estos pueblos que no podemos perjudicar con interpretaciones adversas.

Asimismo, y en el entendido que existen prácticas abusivas tanto de patrones como de trabajadores en los procesos judiciales, se inserta dentro dela presente reforma la necesidad de que el trabajador acredite su pertenencia a una comunidad indígena.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el inciso H) de la fracción XXVII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

XXVIII. Cuando el trabajador pertenezca a las comunidades integrantes de un pueblo indígena, entendiendo éstas, como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y así consideradas por los organismos de la administración pública federal y local correspondientes, serán condiciones nulas y no obligarán a las partes, aunque se expresen en el contrato o en un convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en ésta constitución.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de septiembre de 2015.

1 5 SEDATU (2013) Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Hay diversas solicitudes para adherirse a su iniciativa, Senadora Mónica Arriola, ¿las autoriza?

Tómese nota de las solicitudes de los señores Senadores.






Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionandos párrafos al artículo 187 de la Ley Agraria.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de la Iniciativa con  Proyecto de Decreto;

II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la propuesta de reforma en estudio;

III. En el capítulo de “Considerandos”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos de valoración,  así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de octubre de 2013, los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Ismael Hernández Deras y José Ascención Orihuela Bárcenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 187 de la Ley Agraria.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No.DGPL-1P2A.-3401 turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, el citado Proyecto de Decreto para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETIVO

La presente Iniciativa busca establecer como obligación de la Asamblea General a través del Comisariado Ejidal o Comunal, según sea el caso, como de sus miembros inscribir en el Registro Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo colectivo como individual, relacionados a concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo de pleno derecho el acto o contrato aludidos.
De igual forma, propone que no procederá el desistimiento del juicio agrario, como tampoco el consentimiento expreso de los propios actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se reclamen actos o contratos derivados de concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y, cualquier otra cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes o el goce de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por todas su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de recursos patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Del mismo modo, mandata que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

De igual forma, esta disposición constitucional regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela.

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas, coinciden con los Senadores Iniciantes en el sentido de adecuar la legislación agraria en defensa de los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros en respeto a su propiedad, goce de sus frutos y justas ganancias económicas. Sin embargo, no coinciden con la propuesta de implementar en la Ley Agraria el control de dicha actividad cuando se desarrolle dentro de ejidos o tierras comunales, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 187.- …

Es obligación de la Asamblea General a través de sus Comisariados Ejidal y Comunal, como de sus miembros inscribir ante el Registro Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo colectivo como individual, con relación a concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo de pleno derecho el acto o contrato aludidos.

Lo anterior, en virtud de que las actividades relativas a la minera, agua y explotación forestal se encuentran reguladas dentro de la Ley propia de su materia y sus respectivos reglamentos, por lo que de aprobarse la propuesta en sus términos, duplicaría los trámites de los actores involucrados en tales contratos, duplicidad innecesaria, toda vez cada una de estas legislaciones prevé un registro ante los cuales deben realizarse las inscripciones correspondientes, siendo elementos plenos de prueba ante cualquier autoridad jurisdiccional, que conozca de las controversias que pudieran surgir entre las partes.
En el caso de la industria minera, la fracción VI del artículo 46 de la Ley Minera dispone que la Secretaría de Economía, llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse, a petición de parte, los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten. Asimismo, la fracción VII del mismo ordenamiento dispone que deberán registrarse, a petición de parte, las sociedades al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, prevé un Registro Público de Derechos de Agua, en el que se inscribirán, entre otros, la transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos, y dicha transmisión puede ser total o parcial. De igual modo, el artículo 23 BIS del mismo ordenamiento dispone que sin mediar la transmisión definitiva de derechos o la modificación de las condiciones del título respectivo, cuando el titular de una concesión pretenda proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, sólo podrá realizarlo con aviso previo a "la Autoridad del Agua", cuando así le corresponda conforme a lo establecido en el Fracción IX del Artículo 9 de la misma Ley, y que para mayor abundamiento se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. a VIII.

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional;

En este mismo orden de ideas, el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dispone que La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Forestales establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal Nacional, y de acuerdo con la fracción VIII del artículo antes referido, en el registro se inscribirán los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios que involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales comerciales y avisos de forestación.

Ahora bien, con relación a que los contratos celebrados por las asambleas de los núcleos agrarios o de los ejidatarios o comuneros en lo individual sean previamente validados por los tribunales agrarios competentes, se considera que tal propuesta va en contra de la naturaleza de los tribunales.
Lo anterior, como ya se ha descrito en el considerando anterior, en el sentido de que la Constitución regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.

Además, debemos ser conscientes en que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Asimismo, el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de los grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en la fracción XIX de su artículo 27, y en razón de ello prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor de los campesinos como a continuación se transcribe:

XIX.     Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

Por lo tanto, estamos Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales, y en este sentido es que el legislador le dio trato especial al sector agrario, al disponer que la ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, órgano que en su ley secundaria, la Ley Agraria, se denomina “Procuraduría Agraria” definido en su artículo 134, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, las funciones de la Procuraduría Agraria quedaron definidas en el artículo 135 de la misma Ley Agraria, regulando que la Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley, siendo algunas de sus atribuciones las de Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo 135 en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley.

En conclusión, la Procuraduría Agraria funge como Ombudsman Agrario, teniendo como tarea primordial la defensa de los derechos agrarios de sus asistidos, vigilando la legalidad en el campo, así como atribución primordial, el ser este órgano conciliador de intereses, tanto en casos de controversias relacionadas con el régimen jurídico agrario, como el de procuración de justicia en tanto preventiva del juicio agrario, pues la asesoría que pueda brindar a los sujetos de derecho agrario, debe favorecer la transparencia y legalidad en todo acto o contrato que celebren los núcleos agrarios en forma colectiva o individual.

Por su parte, la naturaleza de los Tribunales Agrarios es la de ser órganos de administración e impartición de justicia, al conocer y resolver sobre las controversias que se susciten entre las partes, quienes tienen la obligación de llamar a la conciliación amigable de las partes en las etapas procesales del juicio y antes de que se dicte sentencia.

Si bien es cierto, que en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el legislativo se manifestó por facultar a los jueces de distrito en materia civil o tribunales agrarios competentes, para validar los acuerdos alcanzados entre particulares y los Asignatarios o Contratistas en materia energética, también es cierto que pretender que todos los actos o contratos celebrados en tierras de propiedad social, deban transitar por los tribunales agrarios para ser validados por estos, aumentaría significativamente su carga de trabajo, misma que en la actualidad presenta un importante rezago, como ejemplo basta citar que del último informe de labores de los tribunales agrarios correspondiente al año 2013, se informa que durante ese año se radicaron 52 082 expedientes, sumados a los 41 441 que se encontraban en trámite, dieron un total de 92 773 expedientes, resolviéndose de este total únicamente el 53 por ciento, que representan 49 345 asuntos resueltos.

Por lo tanto, quienes suscribimos el presente dictamen, estamos convencidos de que antes de hacer los cambios que proponen los Senadores iniciantes, se deben realizar las adecuaciones estructurales dentro de los tribunales agrarios, a fin de que estos pueden desahogar con eficacia cualquier nueva carga de trabajo que se les imponga, sin que se desvíen de su tare primordial como impartidores de justicia en la resolución de controversias.

De todo lo anteriormente expuesto en este considerando, estas Comisiones Unidas consideran necesario rescatar el espíritu de reforma que plantean los Senadores promoventes, para que el Registro Agrario Nacional conozca sobre los actos o contratos que sean celebrados dentro de la propiedad social, pero en un sentido de reforzar la colaboración interinstitucional, que contribuya en la actualización y vinculación de manera permanente, sobre la información registral de la propiedad social, como los actos registrales correspondientes al Registro Público de Minería, Registro Público de Derechos de Agua, entre otros regulados en la legislación vigente. Con ello se favorecerán los principios de máxima transparencia y publicidad en beneficio de los gobernados, pues tales medidas contribuirán a brindar mayor certeza jurídica y por ende, a fomentar el desarrollo social y económico del país.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se considera viable adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables.

Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. En su caso, el órgano o institución correspondiente deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad social, de conformidad con la ley aplicable.
Con lo anterior se define con mayor claridad en la Ley Agraria, sobre las facultades registrales del Registro Agrario Nacional, sobre todo se refuerza la fracción VIII de su artículo 152, que dispone que deberán inscribirse en esta dependencia “los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes”.

TERCERA.- Que el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de los grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en el artículo 27 Constitucional y que, en razón de ello, la ley agraria, reglamentaria de tal disposición Constitucional, prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor de los campesinos.

Asimismo, estas Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales.

Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que los métodos alternativos de solución de conflictos en el sector agrario, representan una opción viable y necesaria para que las partes en un conflicto tengan la oportunidad de resolver entre ellos sus diferencias, lo anterior al amparo del principio que versa en el sentido que: “La mejor justicia es aquella a la que arriban las partes por sí mismas”.

Con este pensamiento, no se pretende de ninguna manera desestimar el papel que ha desempeñado históricamente el Estado mexicano, en su labor de impartir justicia, como lo determina el artículo 17 Constitucional, sino en todo caso el argumento subsiste bajo la idea de que éste, sin renunciar a su obligación constitucional, se modernice y reoriente su papel para generar las condiciones jurídicas bajo las cuales puedan coexistir la justicia impartida por los órganos institucionales creados para ello y la justicia alternativa pactada por los contendientes en un conflicto.

Se debe considerar que la legislación agraria vigente invoca expresamente el ánimo conciliador, seguramente influido por la experiencia sobre los graves problemas, que en ocasiones no concluyen con el pronunciamiento judicial.

Así tenemos pues, que en la legislación actual, en un primer esfuerzo la conciliación le compete a la Procuraduría Agraria, al disponer el artículo 136 fracción III de la Ley Agraria, lo siguiente:

Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:

III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria;

Lo anterior, tiene la finalidad de que las partes tengan la oportunidad, si es que así lo desean, de convenir la forma en que habrán de concluir el conflicto que los llevo a apersonarse ante los Tribunales Agrarios, de manera definitiva, pacífica y concertada. Debemos ser conscientes en que la estabilidad y la paz social, se erigen como condición indispensable para que sus habitantes  accedan y  participen en el desarrollo económico nacional. En este sentido, dentro de la Ley Agraria se prevé la figura de la conciliación, en la fracción VI de su artículo 185, que dispone lo siguiente:

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V.
VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las  partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

Para nadie es ajeno, que a pesar de que las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, buscan resolver los aspectos jurídicos del conflicto, es decir, a favor de quién asista la razón incorporada en el derecho, éstos muchas de las veces no logran ejecutar sus resoluciones,  ante la inconformidad principalmente del vencido en juicio. Motivo por el cual, la inseguridad jurídica, la tensión, y su eventual transformación en hechos violentos, hacen perdurable los conflictos durante años, por lo que no se puede restar importancia a la composición amigable de las partes en conflicto.

Asimismo, cabe precisar que la evolución de la impartición de justicia en México, ha tenido un desarrollo tendiente a la especialización en cuanto a la distribución de funciones y competencias entre los órganos jurisdiccionales, tanto que actualmente se cuenta con tribunales que conocen exclusivamente de la materia civil, penal, electoral, y algunos otros, entre los cuales por su puesto, se encuentran los tribunales agrarios.

En este tenor de ideas, el pasado 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual dispone en su artículo 1º dispone lo que a continuación se transcribe:

Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Del mismo modo, en su artículo 30 mandata que “El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental”. Y que “En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia”.

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente considerando, es que las Comisiones Unidas que dictaminan, en relación a la propuesta de adición de un tercer párrafo, como a continuación se transcribe, lo consideran inviable:
No procede el desistimiento del juicio agrario, como tampoco  el consentimiento expreso de los propios actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se reclamen actos o contratos derivados de concesiones relativas a la explotación de  minerales, aguas, maderas y, cualquier otra cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes  o el goce de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por todas su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de recursos patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 45.- ...

Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. En su caso, el órgano o institución correspondiente deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad social, de conformidad con la ley aplicable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores correspondientes, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su despacho por los organismos responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1 Con fecha 25 de abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

2 En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala como elemento básico para la subsistencia del hombre a la habitación, que le permita protegerse de fenómenos naturales y mantenerse seguro de amenazas de especies animales que pudieran atentar contra su vida o integridad; esta necesidad, destaca, evolucionó hasta convertirse en un elemento de estatus social, y en sentido contrario la falta de vivienda, expresaba pobreza y marginación, colocando a quien lo padeciera en un estado de vulnerabilidad; así la atención a la necesidad de vivienda rebasó el ámbito privado y se colocó como asunto prioritario para el Estado y Organizaciones Internacionales.

Resalta el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece como derecho humano, el Derecho Universal a la Vivienda, concepto que también recoge del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Expresa que el acceso a la vivienda adecuada está limitado por la pobreza, en sus distintas formas y niveles. La pobreza, la vulnerabilidad o la marginación afectan directa y determinantemente la calidad de vida de las personas, toda atención respecto al tema de vivienda, debe abordarse en su integralidad

Define a la pobreza como la situación producto de: la imposibilidad de acceso, falta de medios para acceder o la carencia, de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas, que tienen incidencia en el nivel y la calidad de vida.

Afirma que se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza e incluso se llega a hablar de pobreza en materia de género; retoma el caso Payne (1991) donde se habla de la vulnerabilidad de las mujeres a las condiciones precarias y privaciones, desigualdad social que enfrentan y el discrimen social ante la clase trabajadora.

Define la vulnerabilidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como "aquel grupo o comunidad que puede ser herido o recibir lesión física o moral", por lo que quien la padece se encuentra en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Resalta algunos estudios del Banco Mundial que revelan a la vulnerabilidad como situación intrínseca a la pobreza; y según el Plan Nacional de Desarrollo es resultado de la acumulación de desventajas y la posibilidad de presentar un daño derivado de causas sociales, personales y/o culturales, considera vulnerables a las niñas, niños, y adolescentes en situación de calle, migrantes, discapacitados, adultos mayores e indígenas.

Afirma que la marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación o intolerancia, ya sea racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica; menciona que uno de los principales factores que la permiten es la pobreza, dado que la mayoría de quienes la padecen no reciben la ayuda económica necesaria. Agrega que el hecho de padecer una exclusión económica conlleva a la exclusión también en lo político, lo cultural y lo social; más que mera pobreza, la exclusión social se trata de acumulación de problemas.
Por todo lo anterior, apunta que los programas sociales deben ser integrales para abarcar, en lo posible, a todos los grupos limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder a una vida mejor.

Subraya que establecer normativamente los grupos sociales que se pueden atender, permite ampliar y consolidar acciones, así como mayor atención de acuerdo a las capacidades presupuestales, por ello se complementa el concepto de población en situación de pobreza con los de marginación y vulnerabilidad, pudiendo llevar a cabo programas integrales referidos a la vivienda social.

Hace énfasis en el trabajo que ha realizado el Estado Mexicano para atender este problema, por lo que se adecua constantemente la Ley de Vivienda, reformada en diciembre del 2013 y marzo de 2014.

Expresa que las leyes son procesos dinámicos que atienden a una sociedad en permanente cambio, asimismo la Ley de Vivienda está en permanente perfeccionamiento para atender a las necesidades sociales del país. Menciona que debemos tomar en cuenta las experiencias exitosas en otros países a fin de conjuntar esfuerzos para apoyar a quienes no tienen los recursos necesarios para acceder a una mejor calidad de vida, una mejor vivienda.

Destaca la propuesta con el reforzamiento de conceptos como el de sustentabilidad,  que va más allá de los recursos naturales y busca comprenderlo de manera más amplia como sustentabilidad social.

Plantea establecer como obligación del Gobierno Federal y Estatales la elaboración de programas sociales en materia de vivienda; programas de vivienda con visión a mediano y largo plazo que cuenten con recursos económicos viables, por lo que distingue la posibilidad de presupuestos plurianuales.

Pretende fomentar e incentivar la participación de los sectores público, privado y social, para atender las necesidades de créditos y facilidades a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, para que puedan acceder a una vivienda; de igual modo busca dar preferencia a personas pertenecientes al sector informal, en los beneficios de los programas de ahorro para la vivienda.

Agrega programas de vivienda social, conforme a los que podrán acceder gratuitamente a una vivienda, las personas en condiciones de pobreza extrema, zonas de alto riesgo, desplazamiento o aquellos afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.

La iniciativa señala que no es necesario contar con mayores recursos presupuestales, dependiendo el financiamiento de la estricta alineación a las políticas de vivienda, desarrollo social y protección civil; de igual manera se acompaña con los requisitos y condiciones para los beneficiarios de los programas. Enfatiza que la sociedad en conjunto tiene la responsabilidad de apoyar a quienes no han sido favorecidos con los elementos para llevar una vida digna.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 4.-…

I a VII…

VIII. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

IX a XII…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a VII…

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;

IX a XVIII…

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad;

III a VI…

B.-…

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VII…

ARTÍCULO 19.-…

I a VI…

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXII…

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría, acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV…

ARTÍCULO 34.-…

I…

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII…
ARTICULO 38.-…

I…

II. Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;

III a XIV…

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

II a X…

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado.

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 48.-…

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales.

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específico se instrumente y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 59.-…

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos programas.

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.-…

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI…

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…

I…

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para permitir a título gratuito el acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. En condiciones de pobreza extrema;

II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;

III. En zonas de alto riesgo;

IV. En situación de desplazamiento.

ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados.

ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación civil aplicable.

ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia.

ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios:

I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente;

III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos exigidos en los programas;

ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas.

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de desarrollo social.

Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 54, 51, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 fracción II y III, para incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria para el acceso a la vivienda.

Las Comisiones dictaminadoras comparten los motivos y las justificaciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a la necesidad de contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social donde se consideran estos términos. Se deben incluir  como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.

De igual modo estas Comisiones Unidas coinciden con los argumentos y objetivos de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar el artículo 51 y 58 para incorporar la evaluación de los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, para posteriormente fortalecerlos atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; así como la integración del principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito.

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan advierten pertinente modificar el presente proyecto, haciendo las precisiones siguientes:

El concepto de vivienda digna y decorosa ha sido recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, donde se adopta la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), de la cual se desprenden que las características del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa son:  "(a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres."

Según lo establecido en la tesis aislada y la observación citada la definición de vivienda digna y decorosa no incluye el concepto de sustentabilidad como elemento mínimo para considerar a la vivienda como tal.

El artículo 2 de la Ley de Vivienda define el concepto de vivienda digna y decorosa, donde se establecen los requisitos para considerarla como tal, por lo que resultaría en una limitante del derecho a una vivienda adecuada, el colocar como elemento mínimo la sustentabilidad, mermando el acceso de las personas a la vivienda, especialmente aquellas en situación de pobreza.

No obstante lo anterior, el criterio de sustentabilidad como atributo de la vivienda se encuentra reconocido por el mismo instrumento jurídico en los artículos 6, 71 y 72, los cuales contemplan factores de sustentabilidad ambiental y respeto al entorno ecológico, sin considerarlo como requisito elemental de la vivienda digna y decorosa.

Respecto a la modificación del artículo 8, fracción VIII, el espíritu del artículo en comento, busca evitar el aumento de los costos de adquisición de viviendas, incluyendo, en el Programa Nacional de Vivienda, las estrategias de coordinación que permitan el abatimiento de los costos de la vivienda, y los mecanismos que eviten las prácticas indebidas que encarezcan su financiamiento, adquisición, construcción y mejoramiento, más no pretende establecer estrategias de promoción a dichas soluciones de vivienda, por lo que aplicar la propuesta modificaría el sentido de la norma.

Acerca de la inclusión de los criterios de grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad al artículo 11, es necesario considerar que la planeación democrática establecida en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al Poder Ejecutivo Federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, señala que es facultad del Ejecutivo Federal establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo; establecer en una ley distinta a la Ley de Planeación los criterios para la formulación e instrumentación de un programa invadiría la esfera competencial del Ejecutivo Federal.

En atención a la reforma de los artículos 19, fracción XXIII, 38, fracción II y 47, donde se intenta incluir el concepto de crédito social, se considera inapropiado incluir dicho concepto, ya que la interpretación podría adoptar una postura grupal o política; y ya existen varias instancias de financiamiento que acercan el crédito a la población que no tiene o se le dificulta el acceso a créditos de instituciones privadas.

En referencia a la visión plurianual que se pretende establecer en el artículo 48 tercer párrafo, se estima inviable incorporar la propuesta en razón del presupuesto que depende de los recursos con que se cuente para el periodo proyectado, debido a que la programación del mismo es exclusivamente anual, y según el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autorización de erogaciones plurianuales le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, para aquellos proyectos de inversión en infraestructura, lo cual evidentemente no corresponde a la materia de vivienda.
En cuanto a la adición de un párrafo al artículo 59 para establecer una preferencia para el acceso al beneficio del programa, a las personas pertenecientes al sector informal, se considera una discriminación negativa que propicia la desigualdad en el acceso a la vivienda, y sin que la Ley haga alguna distinción, existen esquemas de financiamiento que cuentan con mitigantes de riesgo para el acceso de personas que no cuentan con un ingreso fijo.

Se considera necesario desechar la reforma al artículo 17 A fracción I y la adición de los artículos 85 Bis 1,85 Bis 2,85 Bis 3,85 Bis 4,85 Bis 5,85 Bis 6,85 Bis 7 y 85 Bis 8, dado que algunos de los supuestos bajo los cuales se busca otorgar programas de vivienda social que permitan, a título gratuito, acceder a una vivienda, ya se encuentran atendidos a través de recursos federales canalizados por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; adicionalmente se considera que respecto al supuesto de zonas de alto riesgo, este podría propiciar la ocupación de los mismos y la situación de desplazamiento constriñe una ambigüedad que da lugar a expectativas de derecho no perseguidas por la Iniciativa.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar los conceptos de vulnerabilidad y marginación a los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 fracción II y III, la Ley de Vivienda; así como incluir la evaluación y el principio de responsabilidad social empresarial en los artículos 51 y 58,respectivamente, de la misma Ley.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 4.-…
I a VII…
VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma dé decisiones;
IX a XII…

 

ARTÍCULO 8.-…
I a IV…
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;
VI a VII…
VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;
IX a XVIII…

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

ARTÍCULO 13.-…
I. …
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;
III a V…

ARTÍCULO 17.-…
A.- …
I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III a VI …
B.- …
I. …
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III a VII …

ARTÍCULO 19.- …
I a VI …
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;
VIII a XXII …
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría, acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV …

ARTÍCULO 34.-…
I …
II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …

ARTICULO 38.-…
I …
II. Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;
III a XIV …

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.


ARTÍCULO 42.-…
I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a X…

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado.

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 48.-…


En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales.

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específico se instrumente y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 59.-…

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos programas.

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.


ARTÍCULO 62.- …
I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

 

ARTÍCULO 82.-…
I …
II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y
III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para permitir a título gratuito el acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. En condiciones de pobreza extrema;
II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;
III. En zonas de alto riesgo;
IV. En situación de desplazamiento.

ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados.

ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación civil aplicable.

ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia.

ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios:
I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;
II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente;
III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos exigidos en los programas;

ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas.

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de desarrollo social.

Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracciones V, 13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda.

 

 

 

ARTÍCULO 2.-…

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4.-…
I a IX…
X.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;
XI a XIV…

 

ARTÍCULO 8.-…
I a IV…
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;
VI a XVIII…

 

 

 

 

ARTÍCULO 11.-…

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 13.-…
I. …
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III a V…

ARTÍCULO 17.-…
A.- …
I…

 

 

 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III a VI …
B.- …
I. …
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III a VII …

ARTÍCULO 19.-…
I a VI …
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;
VIII a XXIV …

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 34.-…
I …
II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …

ARTÍCULO 38.-…

 

 

 

 

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.


ARTÍCULO 42.-…
I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a X…

ARTÍCULO 47.-

 

 

 

 

 

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 48.-…

 

 

 

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 59.-…

 

 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.


ARTÍCULO 62.- …
I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…
I …
II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y
III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracción V, 13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 4.-…

I a IX…

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XI a XIV…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a XVIII…


ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I…

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VI …

B.- …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VII …

ARTÍCULO 19.-…

I a VI …

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXIV …

ARTÍCULO 34.-…

I …

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a X…

ARTÍCULO 47.-

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.-…

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…

I…

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, el 4 de febrero de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.

Como todos sabemos la vivienda y, sobre todo, para todas las mexicanas y mexicanos es más que un conjunto de paredes y un techo. Es un hogar es donde reside nuestra familia, donde queremos vivir con tranquilidad, en paz, con seguridad, es nuestra casa y es la cuna de la sociedad.

Este derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Carta Magna: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa siendo la ley el medio idóneo para instrumentar todo lo necesario" a fin de alcanzar el pleno ejercicio de este derecho fundamental.

Pero lamentablemente el acceso a la vivienda adecuada es un derecho limitado por diversos factores como la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad, las cuales se expresan de distintas formas y niveles diferentes atendiendo al desarrollo de cada uno de los países.

La pobreza, la vulnerabilidad y la marginación son situaciones que afectan directamente y de forma determinante en la calidad de la vida de las personas, por ello, cualquier atención que den los estados a estos temas deberá abordarse de manera integral y preferente.

Actualmente la Ley de Vivienda contempla expresamente la atención a personas en situación de pobreza, pero olvida a aquellos en condiciones de marginación o de vulnerabilidad que son factores prioritarios de protección que debe garantizar el Estado mexicano.

Estudios del Banco Mundial, revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, cito: "Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, transporte, educación y vivienda".

En el caso de nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y culturales.

Gran parte de las mexicanas y mexicanos hoy enfrentan un entorno de vulnerabilidad, las posibilidades para acceder a una vivienda no son las mismas, simplemente por el hecho de ser mujer, por ser joven, por tener una discapacidad, ser adulto mayor o ser migrante.

En datos del INEGI, 35.7 millones de mexicanos, es decir, 9 millones de hogares se encuentran en situación de rezago habitacional y más de 2 millones en hacinamiento.
La marginación, por otro lado, es el efecto de prácticas de discriminación o intolerancia de tipo racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica, causada principalmente por una situación económica precaria.

Nuestro entorno y el hecho de padecer una privación económica nos conlleva a la exclusión como una falta de participación tanto en lo económico como en lo político, lo cultural y lo social.

La exclusión social es algo más que mera pobreza. Se trata, por tanto, de una acumulación de problemas que tenemos que darle solución.

Es por todo lo anterior que los programas sociales deben ser integrales para abarcar en la medida de lo posible a todos los grupos que se ven limitados a acceder a ellos por alguna circunstancia.

Se ha avanzado en este sentido, y hace unos días la SEDATU informó que el rezago de vivienda se ha reducido del 30 al 28 por ciento gracias a la actual política de vivienda.

El presente dictamen busca exactamente fortalecer estas acciones afirmativas en pro de las mexicanas, de los mexicanos más necesitados, por lo que contempla el concepto de pobreza contenido en la Ley de Vivienda abarcando integralmente a los grupos poblacionales que requieren mayores posibilidades de atención en esta materia.

Estos términos se deben incluir como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados por alguna circunstancia para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, donde se consideran estos términos, es necesario contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, para contar con un marco jurídico uniforme que brinde protección más amplia a las mexicanas y a los mexicanos.

Además de los conceptos de marginación y vulnerabilidad, el dictamen que se pone a consideración, incorpora expresamente la evaluación de los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda para posteriormente fortalecerlos atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales.

De igual modo, integra el principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito, contribuyendo a la construcción de una sana convivencia, donde se respeten los valores éticos, la comunidad, el medio ambiente y, por supuesto, al ser humano.

Como legisladoras, como legisladores y como mexicano con un profundo sentir humanitario, debemos apoyar a quienes no han sido favorecidos con los elementos necesarios para llevar una vida digna y de calidad.

Con estas acciones podremos combatir un gran número de problemas sociales y económicos que aquejan a nuestro país, y daremos la posibilidad a más familias mexicanas de poder contar con una vivienda, formar y tener un verdadero hogar.

Por su voto afirmativo, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Contaduría, Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, que han asistido a esta Asamblea a presenciar nuestros debates, ¡bienvenidos al Senado de la República!

Está a discusión en lo general. Al no haber oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación del anterior proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

A las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, se nos presentó un proyecto de dictamen que proviene de la Cámara de Diputados, para precisamente analizarlo y estudiarlo. En estas comisiones hemos concluido su revisión y se aprueba con modificaciones el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, referente a la declaración de excedentes.

Actualmente, en la ley vigente se encuentra ese término de declaración de excedentes cuando alguna especie marina por efectos de su población o porque en los litorales mexicanos no exista la suficiente infraestructura pesquera para capturarlos, se pueda poner a consideración la aprobación de que embarcaciones extranjeras vengan a explotar estos excedentes.

Estos excedentes se dan después de un estudio que hace el Instituto Nacional de Pesca, y se pone a consideración de la institución pesquera del país, es decir, la autoridad pesquera SAGARPA-CONAPESCA.

De tal manera que, sin más trámite, existe la posibilidad de que estos declarados excedentes en población de alguna especie en los litorales mexicanos, puedan ser capturados o pueda ser licitada su captura a empresas o buques extranjeros.

Muy brevemente comparto con ustedes que existe la preocupación de que en algún momento esta licitación a empresas o buques extranjeros, no vaya debidamente apegada a la consideración de empresarios mexicanos que puedan explotarla.

Por lo tanto, se adiciona este párrafo y lo comento:

"Para los efectos de la declaratoria de excedentes referidos en el presente artículo, esto ocurrirá una vez acreditado que el recurso pesquero de que se trate, ha sido sometido a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos".

Con esto estamos, desde luego, protegiendo a empresarios mexicanos, a concesionarios mexicanos, para que en un momento dado sean ellos quienes tengan prioridad ante una concesión o un concurso para explotar excedentes de la pesca en los litorales mexicanos.

Por lo tanto, pido a ustedes su apoyo para esta reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

La propuesta que ha presentado el presidente de la Comisión de Pesca es muy importante, que quede bien acotada.

Los recursos pesqueros que tiene el país, viven un momento no nada fácil, si nos referimos a especies como la sardina que ha sido depredada y, que mágicamente no hemos sabido qué pasó con una especie que es necesaria en la alimentación de las y los mexicanos.

Esta reforma tiene un propósito muy claro, primero, creo que lo que aquí ha referido también el presidente, es que, lo que tiene que ver con una sobreproducción, con un más allá de lo que requerimos aquí en el país, si debe estar acotado a la visita o a la invitación, o a la presencia de navegaciones extranjeras en nuestro país, porque hay un problema muy serio con el tema de la depredación.

La depredación, en este momento, tenemos un serio problema, si nos ponemos a revisar el tema de las vedas y auto-vedas que tenemos, exactamente los pescadores se han auto-vedado, por el tema de la depredación que se tienen de varias especies.

Por eso yo pido, igual que el presidente, este voto con está acotación que se ha hecho, si la invitación o la presencia de embarcaciones o de concesionarios, o de permisionarios, o de empresarios de otros países en México, para extraer este producto, siempre y cuando el candado que se le pone es que se agote otra instancia.

Que veamos que nuestros permisionarios, concesionarios, empresarios, puedan también hacer uso de este recurso que pudiera ser necesario o que el pescador ribereño, por poner un ejemplo, no tenga en ese momento la posibilidad también de procesar este producto y que otros empresarios, pero mexicanos, puedan también hacerse cargo de esta sobreproducción.

Por eso estamos pidiendo un voto a favor de este dictamen, con este candado que tiene que ver con cuidar la riqueza de nuestro país que la tiene en la pesca.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, sobre este dictamen de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrasé el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Ruego la atención de la Asamblea.

Informo que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha remitido a la Mesa Directiva el dictamen por el que se aprueba la designación del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el periodo del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Dicho dictamen se encuentra a disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente.

Es todo un gusto saludarlo, y con el permiso de usted y agradeciendo la atención de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

Me permito poner a consideración de este Pleno del Senado de la República el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público por mayoría, no por unanimidad, en donde se valoró, se interpretó y se razonó la propuesta del ciudadano Presidente de la República con respecto al doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens para ratificar de nueva cuenta su integración en la Junta de Gobierno del Banco de México.

Los razonamientos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público fueron particularmente variados, relevantes, puntuales, se reconoció el perfil académico y la trayectoria en el sistema financiero, nacional e internacional del doctor Carstens Carstens.

Se logró también ponderar y valorar el prestigio que en su desempeño profesional ha logrado obtener del sistema de las organizaciones y de los actores que conforman el ámbito económico del país, siempre de manera laudatoria, siempre poniendo, en primer término, el beneficio y el interés público y, en este sentido, generó un amplio consenso mayoritario para su ratificación.

Hay que comentar, Senadoras y Senadores, que en la discusión de la comisión con respecto a la ratificación, evidentemente hubo voces que trascendieron no sólo el perfil y el desempeño de quien hasta diciembre será Gobernador del Banco de México, sino principalmente focalizadas en un recuento de los alcances y de los logros de la política económica.

En este sentido, mayoritariamente, el doctor Carstens Carstens, por sus acreditaciones, por sus credenciales, por su desempeño, generó condiciones de confianza y obtuvo el voto mayoritario, que es el sentido del dictamen que ustedes están conociendo y que seguramente estaremos discutiendo.

Y, sobre todo, con esto concluye la participación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en esta presentación, porque se ponderaron los momentos, la enorme presión financiera en términos internacionales, el desempeño económico de países con tamaño similar al de nuestra magnitud económica que va a la baja y, particularmente, la enorme variable y la enorme posibilidad que existe en términos de volatilidad en el mercado de divisas con respecto a la apreciación permanente del dólar, una moneda que tiene una gran influencia en el desempeño económico internacional y que también guarda una enorme relación con las posibilidades de crecimiento de la economía nacional.

Por los momentos que se viven, por el gran desafío económico del cual no se puede sustraer la economía nacional, el voto mayoritario de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, se orientó a respaldar el nombramiento para la ratificación del doctor Carstens Carstens, propuesto por el Presidente de la República, para poder integrar la Junta de Gobierno del Banco de México.

La Junta de Gobierno es la titular y responsable de la política monetaria del país, los momentos, los tiempos y los desafíos que financieramente en términos de mercados internacionales enfrenta el país, requiere de decisiones que puedan mandar señales y variables de confianza para el buen comportamiento de la economía nacional en este complejo entorno internacional.
Fue decisión de la mayoría de los Senadores, integrantes de la comisión, que la personalidad, trayectoria y calidad profesional del doctor Carstens Carstens genera estas condiciones de confianza y envía señales de certidumbre en el futuro.

Por eso, Senadoras y Senadores, a nombre de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, ponemos a consideración de su entendimiento y participación este dictamen en el sentido de apoyar la ratificación del doctor Carstens Carstens para un nuevo periodo en la Junta de Gobierno del Banco de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional a hablar a favor del dictamen por el que se ratifica por un segundo periodo al doctor Agustín Carstens Carstens como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, que comenzará a correr en diciembre próximo y concluirá, también, en diciembre del año 2021.

Seis años más al frente de esa institución, que es piedra angular de nuestro sistema financiero mexicano, que como bien comentaba hace un momento el Senador Yunes Zorrilla, hoy por hoy, nuestra economía representa y enfrenta uno de los retos más importantes que tenemos en el corto plazo.

Este voto de confianza que le estamos dando al doctor Carstens Carstens, hay que separar muy bien en cuanto a las enormes dificultades, retos y oportunidades que tenemos en materia económica y del cual en Acción Nacional no estamos conformes ni estamos de acuerdo con el desempeño económico integral que ha tenido nuestra economía, así como muchas de las decisiones que se han tomado como, por ejemplo, la reforma fiscal que fue aprobada hace algunos años que definitivamente es parte de lo que está afectando y está dañando de manera muy importante la economía de millones de mexicanos.

Sin embargo, el desempeño del Banco de México, consideramos, ha sido adecuado, el desempeño particularmente del doctor Carstens Carstens ha ido con transparencia y con decisiones acordes a los enormes retos sorteando de manera equilibrada y de manera adecuada las dificultades económicas en materia monetaria que ha enfrentado nuestro país.

Esta cualidad del doctor Carstens Carstens es de suma relevancia en los tiempos económicos que se viven en nuestro país, tenemos frente a nosotros importantes desafíos que debemos superar sobre la marcha, tomando decisiones sagaces y acertadas, considerando en todo momento los numerosos indicadores económicos y financieros, la velocidad de estos, su secuencia, su ritmo e incluso el modo en el que se transmiten a la sociedad y al resto de los entes públicos interesados.
En momentos como los que se viven en estos días en materia económica, en Acción Nacional estamos en este caso a favor de la continuidad del doctor, la experiencia aprobada y la certidumbre que México debe transmitir hacia los mercados nacionales e internacionales son parte y cualidad fundamental del perfil del doctor Carstens Carstens.

Hoy contamos con elementos necesarios para hacer frente a la incertidumbre financiera que permea la economía mundial, y si hoy en día tenemos estas herramientas se debe, en gran medida, a los proyectos de investigación económica, a la responsabilidad y a la visión de largo plazo con la que se han tomado determinaciones en la Junta de Gobierno de nuestro banco central.

Actualmente, la inflación anual es de 2.7 por ciento, la más baja de los últimos 40 años, y si bien la baja inflación ayudó determinadamente a la política fiscal, así como a la mejor productividad del campo, lo cierto es que Banxico ha tenido una actuación clave en el manejo de la política monetaria que ha estado en constante y notoria actividad en los últimos meses.

Como les decía, el doctor Carstens Carstens ha realizado de manera responsable e institucional los análisis y las opiniones sobre las decisiones del Ejecutivo Federal en materia económica, así como de los pronósticos de crecimiento, los cuales han sido siempre apegados al funcionamiento legal, autónomo y constitucional del Banco de México.

Sus intervenciones se han caracterizado por su independencia y su rigor técnico, lo cual no se remite, exclusivamente, a la administración actual, sino que lo mismo ocurrió durante la administración anterior.

México enfrenta un importante proceso de transformación, basado en el conjunto de reformas que el Congreso de la Unión discutió y aprobó.

En gran medida, el éxito o fracaso de la implementación exitosa de estas reformas depende del Ejecutivo Federal, sin embargo, un elemento primordial en dicho proceso, es la certidumbre económica y financiera que nuestro país pueda ofrecer al mercado internacional, y a quien hoy estamos ratificando para un segundo periodo al frente del Banco Central, ha contribuido copiosamente a ello, a pesar de las adversidades internacionales que nuestro país enfrenta.

Hablando de la confianza, esta confianza es una de las principales crisis que enfrenta nuestro país, no solamente reconocido por muchos legisladores, sino por el mismo Ejecutivo.

Me parece una decisión acertada hoy ratificar a quien, por mucho, me parece que representa un factor de confianza, tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional da su voto de confianza al doctor Carstens Carstens, por lo cual, votamos a favor de este dictamen de manera muy responsable, pues la confianza hoy en día es vital para nuestro país y sus instituciones, siendo un estandarte de la actuación del Banco de México la transparencia, su desempeño, posicionándole en los mercados internacionales y dando esta confianza dentro y fuera de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.
El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy por la mañana, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, legalmente constituida, procedió a la dictaminación para la aprobación en la designación a favor del doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo 2016-2021.

Debemos destacar que este dictamen que fue aprobado en su enorme mayoría, a favor, destacó no sólo las características profesionales, técnicas, suficientes en la palabra de todos los miembros de esta comisión, en el reconocimiento a un profesional del ejercicio público en materia económica como ha sido durante muchos años, ya varias décadas, la labor responsable y seria del doctor Agustín Carstens.

Hoy ante la designación del señor Presidente de México, para ratificarlo como miembro de la Junta, y que será la Junta la que tome la decisión de quien sea el Gobernador de dicha Junta de Gobierno, sus atribuciones técnicas y su responsabilidad de los últimos años no sólo al frente del Banco de México sino también como Secretario de Hacienda, de otra administración a la presente en curso, lo acreditan ante los hechos y su formación académica como un hombre probado, de resultados que le ha dado seriedad y conducción a la política que le mandata la Constitución al Banco de México.

Hoy, su labor en la política monetaria, su responsable ejercicio transparente de la conducción del Banco Central para mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, con responsabilidad en este Senado, votaremos a favor de dicha propuesta.

Sin duda, la economía mexicana se encuentra en un momento complejo en donde toda la aldea global del mundo atraviesa por momentos difíciles en materia de desarrollo económico, no obstante ello, y sin congratularnos ni estar satisfechos del tamaño del crecimiento de nuestra economía, es la economía mexicana la que ha podido destacar en América Latina y en buena parte del mundo con tasas positivas todavía de crecimiento y, sin duda, en esa labor uno de los pilares más sólidos y más serios de nuestros fundamentos económicos, ha sido la labor del Banco de México, de su Junta de Gobierno y del hasta hoy, Gobernador del Banco de México, a quien estamos por ratificar como miembro de esta Junta.

Hoy es un día muy importante para emitir una señal responsable, basada en los logros y resultados de quien estamos ratificando para ser miembro de esta Junta, que es el doctor Agustín Carstens Carstens, justo el día que la FED está anunciando el no incremento de las tasas de interés y que, sin duda, tendrá repercusiones en la economía mundial, dicha decisión tan esperada por los Estados Unidos.

Fue hace muy pocas horas, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el no incremento de las tasas de interés, algo con lo que se ha venido especulando y que ha alterado y ha puesto en alerta a los mercados financieros.

No encontramos un perfil profesional más sólido en los hechos, como lo que constituye la personalidad de Agustín Carstens, para enfrentar este tipo de decisiones y mantener los fundamentos de política económica responsable que, con transparencia el Banco de México ha llevado a cabo en los últimos años, estando al frente como Gobernador del Banco de México el doctor Agustín Carstens.

A nombre del Partido Revolucionario Institucional y con alto sentido de responsabilidad, basándonos en los hechos, la trayectoria profesional y política de un funcionario ejemplar como ha sido el doctor Carstens Carstens, el Partido Revolucionario Institucional votará por su ratificación como miembro de esta Junta de Gobierno del Banco Central, y con ello estaremos enviando una medida y una decisión responsable en tiempo y forma que coadyuve a la fortaleza de lo que todos queremos para que a México le vaya bien.

La autonomía del Banco de México es un logro de este cuerpo legislativo en otros años, abordarlo con seriedad, en tiempo y forma, en los cambios institucionales que la ley y la Constitución nos demandan, es un acto serio con México para seguir trabajando por un mejor presente y por un mejor futuro.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.

Como ya lo han hecho los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, me referiré a la propuesta que el gobierno federal hizo llegar a este Senado de la República, con el objeto de ratificar para un segundo periodo de 6 años, al doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Gobernador del Banco de México.

A partir de esta propuesta, revisé y analicé el currículum y trayectoria del doctor Carstens Carstens, así como su desempeño y los logros alcanzados por él y sus colaboradores del Banco Central Mexicano.

Como aquí se ha mencionado, el doctor Agustín Carstens tiene una amplia experiencia en política monetaria, tanto en el ámbito nacional como en el exterior.

Por resaltar sólo algunos de sus cargos más importantes en el ámbito internacional, ha sido director Ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, en el que representó los intereses de nuestro país, y de otros más.

Asimismo, fue Presidente del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En nuestro país, desde 1980, ha ocupado diversos encargos clave en el Banco Central del Estado mexicano. Igualmente ha sido subsecretario y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y desde 2010 ha fungido como Gobernador del Banco de México.

Sin duda alguna el doctor Carstens Carstens es un hombre con una importante carrera profesional y una vasta experiencia en el campo de la economía, atributos clave que en 2010 le valieron la confianza y la aprobación de este Senado de la República para ocupar el cargo de Gobernador del Banco de México, donde hasta hoy ha demostrado una alta eficiencia y compromiso.

Ha contribuido a que nuestras familias no sufran los deterioros en su bienestar frente a una política de gobierno que no ha podido resolver el problema de la pobreza. En buena medida las políticas monetarias, a partir de las decisiones del Banco de México, han sido importantes para que nuestro país haya podido mantener niveles moderados, aunque importantes de inflación, cerca del 3 por ciento, lo que ha dado pauta a la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales para invertir en México.
Entre las acciones acertadas del Banco de México para mantener la estabilidad económica mexicana bajo la administración del doctor Carstens Carstens, están las decisiones oportunas y firmes en la comisión de cambios monetarios, referente a las subastas diarias para brindar liquidez cambiaria, lo que ha reducido los niveles de depreciación del peso, que resultaban muy inquietantes frente al contexto financiero mundial.

En materia de transparencia y rendición de cuentas el Banco de México se ha manejado con claridad y honestidad, hasta ahora no existe problema alguno en las auditorías, acciones de fiscalización, evaluación y control del gasto, asimismo la información que ha aportado ha sido oportuna, útil y exhaustiva, desterrando de esta forma la opacidad y discrecionalidad en esa importante institución.

Compañeros legisladores, ante un contexto internacional complejo en materia económica en donde la base de nuestras finanzas se orienta hacia las exportaciones, y frente a un comportamiento volátil de la economía mundial, el Estado mexicano requiere seguir avanzando con políticas económicas acertadas, probadas y bien definidas.

Nuestro país enfrenta una situación difícil en el terreno social, por poner un ejemplo, en materia de pobreza el último estudio del Coneval reveló que de 2012 a 2014 el número de pobres en México creció de 53.3 a 55.3 millones de mexicanos, esto es la mitad de los mexicanos. Todo esto nos permite reflexionar sobre la importancia del papel que juega una correcta política monetaria, así como su continuidad para mantener una inflación baja y estable, que contribuya al crecimiento económico sostenido, a la creación de empleos y a una mayor calidad de vida de los mexicanos.

Por lo anterior, el Banco de México requiere de un gobernador comprometido, experto en la materia, con amplia experiencia para la toma de las mejores decisiones y con una visión clara del rumbo que debe seguir nuestro país. Por estas razones mi voto y mi confianza serán a favor de la ratificación del doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens para un segundo periodo de seis años como Gobernador del Banco de México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz, del estado libre y soberano del estado de Yucatán.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

De manera muy breve para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, a favor del dictamen por el que se ratifica la designación del doctor Agustín Carstens Carstens como Gobernador del Banco de México.

Sin duda alguna un acto de responsabilidad del Senado de la República es dar una salida pronta y eficaz a esta cuestión de la designación del titular del Gobernador del Banco de México, entre otras cosas porque efectivamente, como ya lo señalaron algunos colegas aquí en el uso de la tribuna, el contexto económico internacional amerita que tomemos decisiones oportunas, que no generen incertidumbre a los mercados, y quién mejor en este momento que el doctor Carstens Carstens para encabezar nuevamente la Junta de Gobierno del Banco de México.
Bajo su conducción, y desde luego los gobernadores anteriores, pero de manera muy especial durante la conducción del doctor Carstens Carstens como Gobernador del Banco de México, esta noble institución ha construido una importante reputación en los mercados a partir de la consistencia en sus decisiones, lo que le permite tener hoy en día una gran credibilidad en los mercados.

Yo celebro que hoy estemos aprobando la ratificación del doctor Carstens Carstens, porque también como lo señalaba mi colega el Senador David Penchyna, el día de hoy en una cuestión que pareciera coyuntural, pero que es demasiado importante para el destino de nuestro país en los próximos años, el día de hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que mantenía sin cambio las tasas de interés de los fondos federales en ese país. Esto significa un importante periodo durante los próximos meses en el que las economías van a tener que ajustarse a este nuevo entorno, había un descuento por parte de muchos inversionistas que hoy se anunciaría un incremento en las tasas, no fue así, lo que va a ocurrir es un periodo de varios meses, de aquí hasta que la FED vuelva a reunirse y vuelva a valorar la importancia o la conveniencia de modificar las tasas en el que las economías van a tener que ajustarse al comportamiento de distintas variables financieras y monetarias.

Me parece que no hay mejor perfil en este momento para nuestro país, para el Banco de México, que el del doctor Carstens Carstens, para llevar al banco en este periodo, conducirlo, sobre todo porque conoce lo que hay detrás del manejo monetario también de los Estados Unidos, me parece que es una decisión muy afortunada para nuestro país, la celebro.

Y el grupo parlamentario del Partido Verde la celebra de la misma forma, por lo mismo vamos a votar a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se concede el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente hago uso de la tribuna a nombre del grupo parlamentario del PRD, para exponer las razones por las cuales habremos de votar en contra del dictamen que se nos envía por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

No se trata de un tema de carácter personal, valoramos las cualidades del Gobernador del Banco de México, pero nos preocupa mucho en la bancada del PRD lo que esto significa y la señal que se manda por los errores, los traspiés que han venido cometiéndose durante los últimos tres años.

Y yo podría decirles, compañeras y compañeros, por ejemplo, que en el 2014 y en el 2015, para acotar un espacio de lo que ha sucedido desde el punto de vista económico, podría decir que en ese lapso las proyecciones macroeconómicas de casi la totalidad, compañeras y compañeros Senadores, de casi la totalidad de las instituciones especializadas en la materia, pronosticaron muy cercanamente la baja e insuficiencia del Producto Interno Bruto nacional, así como el aumento de desempleo, la contracción del mercado interno y la insuficiencia de los ingresos, entre otros elementos.

Pero mientras todo esto sucedía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por supuesto el Banco de México manifestaban, y aún siguen manifestando lo contrario.
Por eso es que, nosotros venimos a decir que los errores en las proyecciones económicas y econométricas del Banco de México, sólo pueden ser entendidos a partir de graves inconsistencias en la generación de hipótesis, y por lo mismo nos parece que es necesario que se dé una explicación exhaustiva sobre dichos cálculos.

En los hechos, Senadoras y Senadores, la frecuencia y la gravedad de dichas inconsistencias han funcionado como pretexto nada más, como pretexto para la aplicación de programas de austeridad, que esos sí afectan a la mayoría de los mexicanos, así como para el diseño de políticas económicas promotoras de la desaceleración de la economía, reflejadas. Nadie puede venir aquí a argumentar lo contrario, en el creciente desempleo y en salarios, los más bajos del mundo occidental.

Por eso, compañeras y compañeros, nosotros venimos aquí a señalar que los recalcitrantes anuncios de optimismo, de crecimiento, que los funcionarios responsables de la política monetaria y fiscal han venido haciendo en el presente sexenio, van en sentido contrario a la realidad como lo demuestran los hechos.

El modelo económico impuesto por los recientes gobiernos, de 30 años para acá, no está diseñado para el progreso económico de las mexicanas y de los mexicanos en su conjunto; es un modelo, que principalmente descansa en tres variables exógenas o externas: el ingreso petrolero, que depende del peso internacional; las remesas que dependen del trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos, y la maquila industrial y agrícola, que depende de la propia economía norteamericana.

Por eso sostenemos que los autores de esta política económica se han dedicado a producir instrumentos que administren los resultados de estas variables, más no a crear una nueva riqueza económica interna.

Porque cuando la combinación, compañeras y compañeros, de estos factores genera resultados adversos, inmediatamente cobran el faltante al país, y por supuesto a la inmensa mayoría de las familias mexicanas, tal como se ha venido presentando con los recortes anunciados.

Y, aún más, nos parece, en el grupo parlamentario del PRD, que considerando que las fluctuaciones actuales en el tipo de cambio representan pérdidas para un gran sector empresarial directamente relacionado con el mercado internacional, y para otro sector empresarial indirectamente relacionado.

Así que en ese contexto, nosotros planteamos que el Banco de México, hay que recordarle que tiene un volumen de reservas internacionales superior a los 188 mil millones de dólares, y que cuenta, por lo tanto, con instrumentos idóneos de política monetaria para ofertar y retirar dólares, y esto debiese hacerse, efectivamente, en función del mayor interés de la nación.

No se ha hecho, no se ha hecho, y aparentemente no se hará, y las medidas, por el contrario, que se han venido adoptando en la denominada comisión de cambios para proveer liquidez al mercado cambiario, también hay que decirlo, han sido inoportunas, inadecuadas.

Existen, por lo tanto, señor Presidente; compañeras y compañeros, existen muchas razones para demostrar, que desde la cabeza del actual Banco de México, y en colusión, sin duda, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se orquesta, lo subrayo y lo afirmo categóricamente, se orquesta de manera deliberada una política monetaria recesiva para el mercado interno y a favor de tener inmensas cantidades de divisas para oxigenar los requerimientos de liquidez de banqueros y empresas internacionales con residencia fuera de México.
¿Dónde están, nos preguntamos en el PRD, las reservas internacionales?

¿Por qué nos preguntamos?, no se usaron para detener la escandalosa devaluación de 13 a 17 pesos por dólar producida en los últimos 8 meses.

Las maquilladas cifras de disminución de la inflación son un síntoma de recesión, de falta de liquidez para las transacciones. ¡No, señores Senadores, no de un aumento de la productividad del salario o de las empresas!

Por esta y por muchas razones de política económica, que urge la izquierda de este país a modificar en esta máxima tribuna del país, es que aun reconociendo cualidades que se le pudiese aceptar al Gobernador actual del Banco de México para su ratificación, el grupo parlamentario del PRD ha decido votar en contra de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para razonar su voto.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Hay dos temas que para la población son fundamentales: La seguridad y la economía. En ambos estamos reprobados, pero hoy no tocaré el tema de la seguridad, tocaré lo que en otros lugares se ha dicho, ese el tema principal de cualquier sociedad: la economía.

¿A qué voy?

Hoy la ciudadanía está con el bolsillo apretado.

Hoy la ciudadanía tiene menos dinero que lo que tenía hace tres años.

Dimos Reforma Energética; dimos Reforma de Competencia Económica; dimos Reforma de Telecomunicaciones. Hoy venimos a decir que la política monetaria, que la política inflacionaria es excelsa, y probablemente puede serlo, pero nadie nos dice qué está fallando.

Hoy, este voto, por eso no puse ni a favor ni en contra, es un análisis que se tiene que hacer de forma profunda y de cara a la comunidad.

¿Cómo explicarle a la ciudadanía que vamos a votar a favor de refrendar al muy posiblemente Gobernador del Banco de México por otros seis años, sin explicarle en qué hemos fallado en la política económica de este sexenio?

Yo, honestamente, creo que el votar este tema debe ser con una presentación clara y contundente de cómo esta política inflacionaria, esta política monetaria es sinergia y consonancia con el gobierno federal para generarle beneficios a la sociedad.

En Nuevo León pasó algo muy simpático. Ganó un candidato a gobernador independiente, y cuando el Partido Acción Nacional, que fue oposición por 12 años en Nuevo León, fue a decirle: "Si no quieres votar por el mismo gobierno, por el PRI, porque ha fracasado, vota por el PAN".

Lo que dijo la ciudadanía fue: "Ustedes fueron comparsa, ustedes fueron compinches".

Si hoy como oposición no somos claros y contundentes, y le decimos a la sociedad     que vemos las fallas del gobierno en funciones, en tres años lo que seguirá será la anarquía.

Hoy, como Senado de la República, no es nada más, sin mayor trámite votar en el tablero a favor, y dejar a un funcionario que teóricamente, que técnicamente es calificado.

Hoy, antes de votar este tema, y para poder votarlo, y creo que no lo estamos haciendo, deberíamos darle una explicación a la nación mexicana de cómo esta reelección serviría de algo para mejorar sus bolsillos.

En ese sentido, sin tener nada en contra del candidato, mi voto será en contra.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso, señor Presidente de este Honorable Senado. Compañeras y compañeros Senadores:

Venimos a votar a favor del dictamen para que el doctor Agustín Carstens Carstens sea miembro de la Junta de Consejo del Banco de México, es decir, del Banco Central. Y es un Banco Central porque es el punto de unión de todo un sistema financiero, un sistema fiduciario.

Y todos los sistemas fiduciarios y financieros están basados, como su nombre lo indica, en la fiducha, en la confianza, porque fiduciario viene de "fe", que quiere decir "certidumbre", y "ducha" que quiere "conducción".

Para que haya conducción cierta en el Banco Central, en el Banco de México, cuyo objetivo principal, y así lo reza el párrafo sexto del artículo 28 constitucional, es lograr la estabilidad del poder de compra de la moneda nacional; es decir, para lograr la estabilidad de precios, ese es su mandato.

Y sigue diciendo la Constitución: "y con ello fortalece la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado mexicano".

De manera que esa es la función del Banco de México. Si controla la emisión de dinero, si controla la base monetaria, si controla la oferta monetaria, controla su precio, y el precio del dinero es el recíproco del nivel general de precios. Si se controla la conducción de la creación del dinero de la base monetaria, de la oferta monetaria, se controla la estabilidad de precios.

Y aquí lo dicen: Pero, ¿por qué no controla el tipo de cambio? Pues hay que leer la ley. El tipo de cambio es flexible, es determinado por la oferta y la demanda de pesos. Hay demanda de pesos cuando aumentan las exportaciones en bienes, en servicios o en valores o capitales. Y si se disminuye esa demanda, como se ha disminuido la demanda para comprar bienes petroleros mexicanos, porque ahora producimos menos y porque el precio es menor, pues es obvio que al disminuir la demanda aumenta el precio del tipo de cambio o lo que es lo mismo, se devalúa el precio.
¿Y por qué no le inyecta reservas internacionales? Sí le está inyectando, pero sólo para evitar fluctuaciones bruscas, pero la tendencia está dada, no por lo que le inyecte el Banco de México, sino por estas condiciones subyacentes, que son la oferta y la demanda de pesos para exportar o importar bienes, servicios y valores. Eso es lo que determina el tipo de cambio, no el Banco de México, ni la cantidad de reservas internacionales.

Y nos dicen, ¿y por qué el Banco de México no ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto? Porque ayudando al crecimiento de la producción, ayuda al crecimiento del empleo y de los salarios. Esa no es función del Banco de México.

El Banco de México ayuda manteniendo la estabilidad en el poder de compra, la estabilidad en los precios, y esa es la mayor aportación que hace el Banco de México al crecimiento nacional y a la rectoría del desarrollo nacional, como lo señala acertada y expresamente la Constitución.

Bueno, ¿entonces quién controla la tasa de crecimiento? Bueno, por definición, es decir, la producción consumo más inversión, más gastos del gobierno, más importaciones, menos exportaciones. Y son muchos los actores que participan en cada uno de estos renglones. Pero esto es apenas una definición, lo que se hace a continuación es ver qué está detrás del consumo, que está detrás del gasto del gobierno, que está detrás de la inversión, qué está detrás de las exportaciones, qué está detrás de las importaciones y detrás de todo ello hay un entorno internacional que no determina el Banco de México, ni ninguno de los instrumentos de política económica de México.

En una aldea global son los actores globales internacionales los que determinan estas variables. ¿Y por qué se hace pronóstico? Los pronósticos no son acertados.

En un mundo global, volátil, incierto, pues todos los pronósticos son volátiles y son inciertos, y se hacen con un cierto grado de error, no son verdades, ni históricas, ni no históricas, son lo que se llaman asignaciones estocásticas. Y en estas variables estocásticas, hay grado de error que está en función del grado de variabilidad de la economía.

Por lo tanto, el Banco de México ha hecho bien su labor, el doctor Agustín Carstens ha hecho bien su labor. ¿Y por qué ha hecho bien su labor, y por qué es reconocido nacional e internacionalmente? Mandamos un mensaje de confianza a los mercados para que a las familias mexicanas les vaya bien.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para hablar en contra del dictamen.

Con el Senador Bartlett Díaz concluye el registro de oradores y en consecuencia procederemos a la votación.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias por su flexibilidad, como siempre.

Basta oír el último discurso o lección para primaria o para ignorantes en materia económica, para estar en contra de este dictamen.

Nos han recetado toda la jerigonza economicista neoliberal. El Banco de México no tiene ninguna responsabilidad, sino es un gran equilibrador de las fuerzas éstas y el mercado y todo eso.
Ya aquí se dijo: "Estamos viviendo un profundo caos económico, financiero y político en este país".

El Banco de México, que podemos resumirlo de una manera más simple, es el representante del Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es garantizarle a los inversionistas trasnacionales las ganancias para mantener en un país como el nuestro, que depende ya de esa especulación en la transferencia de recursos que entran y se van, para eso está el Banco de México, y esa es la política del Banco de México, servir a los intereses del Fondo Monetario Internacional, que son los intereses especuladores de la economía a nivel mundial.

El manejo que se le ha dado a la política económica, aún tomando en consideración esa reforma neoliberal que se hizo a la Constitución, ha sido pésimo.

No podemos venir a decir que ha sido un gran funcionario el que mantuvo ese equilibrio, que es un equilibrio, que es un absoluto desequilibrio.

Vamos a escuchar al Presidente Peña Nieto, cuando sale a decir, que qué bueno que se deprecie el dólar, lo ha dicho, porque así con el dólar depreciado vamos a crecer y vamos a tener una enorme ventaja.

Nada más que oculta el Presidente en esas maneras de ir saliendo de esos agujeros sistemáticos en los que se mueve. Hay que decirle, que lo que está sucediendo es que todas las importaciones que tenemos se están yendo a las nubes y está generando un brutal desequilibrio en la economía nacional, y aquí lo señalaron con mayores detalles.

La situación económica desastrosa de este país, que no la pueden ocultar y será cada día peor con la reforma energética que hoy se justifica con un descenso de los precios del petróleo a la mitad, pero va a seguir igual. Y en la medida que entren las empresas internacionales va a ser peor, porque el hoyo fiscal que van a dejar al estar parando la inversión en PEMEX y en la CFE va a ser monumental. Pero el Banco de México está cumpliendo su función de mantener esa situación que nos está llevando a la más profunda desigualdad en este país y a la pobreza permanente.

Uno de los aspectos que se han manejado aquí como gran virtud ha sido la inyección de dólares de la reserva nacional al mercado, con eso han logrado mantener, para empezar en relación a la política neoliberal, a estos defensores de ella, con clases de economía, de jeringonzas para que el pueblo no entienda, lo que se está dando es un sometimiento brutal a la especulación financiera.

La reserva en dólares que se ha logrado acumular proviene de la venta del petróleo, no hay más, no hay industria, no hay realmente una exportación significada, sino es el petróleo, ahí está, y la están dilapidando. Y según las normas, estas neoliberales, se deberían dejar el peso a las leyes del mercado, pues lo acaban de decir, pero no, el Banco de México decide inyectar, le llaman a la venta de millones y millones de dólares que no han servido para nada.

Han dilapidado el dinero que no es suyo, han reducido las reservas sin ningún beneficio violando la política neoliberal, la política neoliberal, si fueran sinceros y no establecieran todas estas jeringonzas, deberían entender que el mercado, determinar el valor del peso y no estar inyectando.

La inyección que han hecho de millones de dólares ha sido para beneficio de unos cuantos especuladores, los especuladores son los que han ganado diariamente millones de dólares con el dinero que ha sido el ahorro nacional, que está ahí guardado, han ganado miles de millones de dólares en estos días.
Venden 200 millones de dólares en la mañana a un precio, en la tarde lo están revendiendo a otro precio unos cuantos especuladores, no son ni diez los agentes que están utilizando esas reservas para ganar millones de dólares cada día. El trabajo del Banco de México es y ha sido siempre, y una vez más, y hoy más claramente en el desastre económico en el que nos encontramos, es el instrumento para beneficiar a los especuladores extranjeros y no deja un solo beneficio para el país.

Por eso no debe aprobarse esta reelección so pretexto de que la ha hecho muy bien porque con sus propios argumentos les quiero decir que lo ha hecho muy mal, que México va en picada, que están dilapidando las reservas nacionales para que unos cuantos especuladores ganen millones y millones de dólares, y quién sabe quién va en la tajada, es un desastre la economía nacional y el pivote es ese Banco de México, que aquí se echaron un discurso hace unos minutos diciendo: "que no le toca al Banco de México eso, ni le toca lo otro, sino le toca mantener la política neoliberal monetaria para garantizarle a los especuladores ganancias por miles de millones de dólares".

No solamente en lo tradicional y lo rutinario como lo hacen siempre para garantizar que las inversiones que hagan estas volátiles tengan garantizada una ganancia, esa es la función del Banco de México, mantenerle una ganancia garantizada a los inversionistas extranjeros. Y ahora en esta situación de crisis el asunto se va peor, vamos a dilapidar las reservas para que especulen y se ganen millones comprando a 17 en la mañana unos cuantos y vendiéndole a 17, 18 para ganar enormes fortunas que es, a final de cuentas, la función del Banco de México.

Procurar que el inversionista especular gane siempre es la función del Banco de México, ordenada por el Fondo Monetario Internacional, y ahora con esta intervención al mercado, que es un absurdo en su propia política neoliberal, otras ganancias más en un sistema de corrupción y dilapidación de los intereses nacionales.

México no ha ganado en nada, sino ha perdido en todo, y esta cuestión de que se mantiene la inflación baja es el hambre, la miseria y la desigualdad de los mexicanos. Por eso debemos votar en contra hasta quienes están a favor de esta política porque no ha servido y porque necesita refrescarse esta política neoliberal falsa que no tiene más objetivo que garantizar a los especuladores ganancias permanentes a base de sacrificar al pueblo de México.

No se les olvide que aquí analizamos que en dos años hay 2 millones más de pobres, hay que atribuírselas también al gran desempeño en el equilibrio monetario al Banco de México. De manera que yo les recomendaría, aún a los neoliberales, que hagan sus cuentas y vean que no ha funcionado el Banco de México y que es necesario votar en contra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, invitados por la Senadora Graciela Ortiz González.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva el texto del posicionamiento de la Senadora Dolores Padierna Luna, en contra del dictamen, el cual se integrará en sus términos al Diario de los Debates.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha agotado la lista de oradores. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se aprueba la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal hiciera en favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, por lo que solicito a los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Aréchiga Ávila, Marco Antonio Blásquez Salinas y David Penchyna Grub, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Solicito a las ciudadanas Senadoras y Senadores ponernos de pie, si son tan amables.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a las señoras Senadoras y Senadores ponerse de pie para la toma de protesta del nombramiento del señor Carstens Carstens.

(Todos de pie)

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha concedido de miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sí así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Carstens Carstens!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al señor Carstens Caerstens cuando desee retirarse del salón, y antes de hacerlo, le ruego subir hasta este sitio para hacerle la entrega de la constancia de su designación.

(Entrega de constancia de designación)

(La Comisión cumple)






Ruego a todos ocupar sus asientos.

Honorable Asamblea: Como es de su conocimiento, en la madrugada del día de hoy, jueves 17 de septiembre murió el escritor, poeta y novelista chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos.

A sus familiares y amigos les manifestamos nuestra solidaridad por su fallecimiento, y les expresamos nuestras más sinceras condolencias.

Prolífico escritor, destacado catedrático, impulsor de la cultura y embajador de México ante la UNESCO; fue también corresponsal de diversos medios, así como comentarista de radio y televisión, ocupando durante su larga trayectoria en este ramo la dirección general de Radio UNAM.

Recibió los premios Chiapas de Arte; Premio Nacional de Cuento por “Asalto Nocturno”; Javier Villaurrutia, por “Andando el Tiempo”; así como la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en el año de 1980.

Las novelas de las cuales es autor, constituyen un gran mural de hechos y personajes protagonistas de la historia del estado de Chiapas en el contexto de los acontecimientos sociales de México y del mundo.

Su obra literaria figura entre las más representativas antologías de cuentos mexicanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.

Los integrantes de este Senado de la República en el año de 2014, de manera unánime coincidimos en reconocer su gran trayectoria profesional y su ejemplo de vida otorgando a don Eraclio Zepeda el reconocimiento más alto que esta institución republicana puede brindar a un mexicano ejemplar cuyas aportaciones contribuyen al engrandecimiento de la patria, la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”.

Lamentamos su ausencia.

Descanse en paz, don Eraclio Zepeda Ramos.

Les pido que puestos de pie guardemos un minuto de silencio en su memoria.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. “Descanse en Paz”






Informo a la Asamblea que esta mañana la Mesa Directiva aprobó un Acuerdo para asignar turno directo a la Cámara de Diputados a las proposiciones con punto de  Acuerdo que tienen por objeto solicitudes de recursos del Presupuesto de Egresos para 2016.

MESA DIRECTIVA



Solicito a la Secretaría informe al Pleno de los asuntos de ratificación y modificación de turnos que la Mesa Directiva autorizó en su reunión celebrada esta mañana.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy cuenta, señor Presidente.

La Mesa Directiva autorizó rectificar el turno de las iniciativas en materia de Combate a la Corrupción, pendientes en comisiones para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, autorizó ratificar el turno de las iniciativas sobre Desaparición Forzada de personas para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos descritos por la Secretaría.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo quisiera preguntar si es rectificación de turno o es un agregado de turno a comisión, porque los temas de anticorrupción son muy importantes, sin embargo, ¿cuál es la comisión que va a mandar en la elaboración del dictamen?, porque habría que hacer una explicación si se rectifica a la primera comisión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Javier Corral, el día de hoy, la Mesa Directiva razonó este asunto.

Hay diversas iniciativas que se han presentado a lo largo del tiempo sobre la materia anticorrupción, y se han turnado a distintas comisiones.

El Acuerdo que ha tomado la Mesa Directiva, es que sea el mismo turno para el conjunto de las iniciativas que se presentaron y se presenten en la materia y, ese turno implica: las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero preguntarle qué pasó, cuál es el estatus del Acuerdo que iba a presentar la Junta de Coordinación Política acerca del tema de Ayotzinapa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Mesa Directiva no ha recibido de la Junta de Coordinación Política ninguna proposición con punto de Acuerdo, ni dictamen relacionado con el asunto.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) ¿Esperan seguir pateando el bote, ganando tiempo, dilatando lo que es urgente? Es una vergüenza.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El turno que la Mesa Directiva dio a esas proposiciones con punto de Acuerdo, fue a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia aún no recibe de la Junta de Coordinación el impulso procesal. En consecuencia, no hay materia para someter a discusión y votación ningún objeto.






Compañeros Senadores: informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º numeral I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El juicio de amparo se ha constituido como el instrumento de control de constitucionalidad más importante dentro del  sistema jurídico Mexicano, siendo este el medio idóneo para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de la autoridad del Estado, sin embargo el amparo es el mecanismo más eficaz que tienen los gobernados para evitar o corregir, los abusos o equivocaciones del poder público que lesan o transgreden los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido lo largo de las últimas décadas, en consecuencia es necesario adecuar y armonizar las leyes así como las instituciones a efecto de garantizar que los cambios se instituyan en el marco jurídico del Estado Mexicano.

Ahora bien, las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, contenidas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicadas el pasado 6 de junio del año 2011, generó un cambio de paradigma en la norma fundamental, misma que se acompaño con la reforma integral en materia de derechos humanos publicada el día 10 de junio del mismo año, en este sentido la nueva ley reglamentaria de los citados artículos 103 y 107 Constitucionales, denominada Ley de Amparo, se discutió en las Cámaras del Congreso de la Unión, promulgándose y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 2 de abril del 2013.

Esta nueva Ley Reglamentaria, al referirse en el título segundo “De los procedimientos de amparo” y en el “capítulo I” denominado “El amparo indirecto” tiene una sección tercera específica la cual refiere a la “Suspensión del acto reclamado”, si bien es cierto que el artículo 159, refiere a la reglamentación de la suspensión en una “Segunda parte” denominada “En materia penal”.
De lo anterior se desprende la importancia de la figura jurídica de “la Suspensión”, ya que esta tiene como objetivo primordial preservar la materia del juicio, salvaguardando la situación jurídica o el interés de que  se trate, en el cual pueda ser ejecutada íntegramente a luz de la sentencia, y de esta forma se declare el derecho del promovente en el pleno goce de sus garantías, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Ante la minuta remitida por la Cámara de Diputados Federal, en la discusión de la segunda lectura del dictamen en esta honorable Cámara de Senadores, el suscrito reservó una modificación sustancial al primer párrafo del artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para que tratándose de la suspensión que resolviera un Juez de Distrito, la Ley, faculta en los asuntos que no corresponden a la delincuencia organizada, que aplique la citada suspensión y otorgue la libertad al quejoso hasta en las siguientes cuarenta y ocho horas.

Lo anterior, pone de manifiesto que se violenta el espíritu constitucional integral de los Derechos Humanos, patente en la misma norma superior, así como los tratados internacionales, en donde el Estado mexicano es parte; la protección dogmática constitucional de los derechos humanos y sus garantías prepondera la protección a cualquier individuo de su esfera de derechos, y que tratándose de la libertad personal, debe atenderse como una de las facultades intrínsecas de cada individuo, misma que solo puede restringirse o suspenderse con fundamento y en los casos que la misma norma superior faculta.

En efecto, ante la existencia de una orden de detención que ha girado un fiscal o Agente del ministerio público, constituye una afectación contra la libertad personal, misma que el individuo afectado, puede acudir como quejoso a un Juez de Distrito, solicitando “EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN”, en el cual dentro del procedimiento, de oficio o a petición de parte (artículo 125 de la Ley de Amparo) el citado Juez, obsequiará o negará la suspensión, en el caso positivo se otorgará generalmente bajo la apariencia del buen derecho, para evitar un agravio mayor, de difícil o imposible reparación.

De lo anterior se desprende en el primer párrafo del artículo 165 de la referida ley, establece que para los casos que no se identifican dentro de la delincuencia organizada, y para efecto de otorgar la suspensión por el Juez de distrito, el ministerio público, debe de restituir la libertad podrá otorgarla dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lo que resulta una contradicción intrínseca con la norma superior que bajo el mecanismo de amparo deben garantizarse el pleno disfrute y garantizarse los derechos fundamentales.

Bajo este contexto la reforma constitucional estableció en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

III. …

IV.

...

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

….

….
XLos actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;

XVIII. Se deroga.”

Bajo esta temática, la sociedad es escéptica de las actuaciones de las autoridades investigadoras del delito, en específico el Ministerio Público, en virtud a que existe una incertidumbre jurídica, con respecto a los actos mas inverosímiles, en donde servidores públicos bajo el estricto sentido de sus funciones y atribuciones, han llegado al extremo de ejecutar desapariciones forzadas, en estricto sensu “la actuación judicial en donde se sentenció al Estado Mexicano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud al asunto de Rosendo Radilla Pacheco”.

Ante la existencia de la figura mas importante dentro del juicio Constitucional, la “suspensión”, la libertad del reo puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, o bien de las penas que prohíbe el artículo 22 Constitucional Federal, por lo que se advierte que ante las reformas Constitucionales del año 2011, las penas de reclusión aumentaron considerablemente en el país, ya que la impartición de justicia dejo de ser verosímil.

El censo Nacional de impartición de justicia Federal, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA,  indico un aumento considerable de asuntos jurisdiccionales, del  cual se señala un total de 23,253 asuntos,  de cuales se ingresaron 13,097, y que tan solo fueron resueltos 10,156.


Materia

Asuntos Ingresados

Asuntos Resueltos

Constitucional

553

201

352

Penal

5, 234

3,437

1,797

Civil

3, 782

2,267

1,515

Administrativa

7,561

4,001

3,560

Laboral

5,529

2,827

2,702

Otro

594

364

230

Bajo esta guisa se detalla lo siguiente con respecto a los juzgados en materia penal:


Órgano jurisdiccional

Ingresados

Pendientes

Resueltos

Tribunales Colegiados de circuito

95,022

42,843

9,411

42,768

Tribunales Unitarios de circuito

90,725

41,292

6, 801

42,632

Juzgados de Distrito

447,321

202,430

43,706

201,185

* Datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI) 2011-2014 ;http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=gob&c=9 

Bajo esta hipótesis se constituye una política criminal desesperada ante el desbordamiento de corrupción por parte de la autoridad investigadora (MP), creada por fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana respecto al rubro de inseguridad.

El crecimiento delictivo en el país, muestra un numero exorbitante en el poder judicial, el cual se estima  que en el año 2013 al año 2014,  existen 233, 537mil presos en todo el país, de los cuales solo97,000 de ellos son inocentes, sin embargo en la practica están recluidos como si fueran culpables, Por lo anterior las cárceles mexicanas,  tienen una sobrepoblación de 64,000 reos.

En este orden de ideas el poder comprobar la inocencia o la libertad de los individuos ante el Ministerio Publico, la autoridad judicial se limita a salvaguardar los derechos humanos ante el actuar del ministerio publico, en consecuencia ante la presunta culpabilidad los presos habrán pasado al menos unos nueve meses en prisión y el estado habrá invertido unos 140 pesos diarios en la manutención de cada uno, cuando el costo diario por preso supera en más del doble el salario mínimo en México, actualmente el 70% de los recursos del sistema penal se dedican a los delitos de bajo impacto, por lo que una persona acusada del robo de un producto tan básico como unas galletas, podría pasar en promedio tres meses en prisión y al final, salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 900 pesos.

La manutención de los reos quienes se encuentran recluidos en las 21 cárceles Federales de México en el año del 2014, tuvo un costo aproximado de 1,703 millones 209,173.49de pesos, dicho gasto equivale a más de 4 millones 600,000 mil pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos que había en estos centros para finales del año pasado, según cifras que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), vía transparencia.

El Derecho Internacional considera que la prisión preventiva tiene como objetivo garantizar que el presunto culpable esgrime su castigo, sin embargo este supuesto es excepcional, cuando así lo considera el juez, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que se tienen como fundamento los atributos de la persona humana (pro persona).

Razón por la cual se justifica el espíritu de la presente iniciativa en virtud a la figura de la “suspensión”, como un Derecho Humano consagrado en una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria la cual ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

Bajo esta premisa es preciso invocar el argumento internacional de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su articulo 7º, de este ordenamiento en el cual señala lo siguiente:

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal.

1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2 Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3 Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4 Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5 Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6 Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7 Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.  

Lo cual se pone de manifiesto que en nuestro sistema judicial, se utiliza como una sanción anticipada, bajo la hipótesis de que alguien cometió un delito, y que en automático le quitan el derecho a la libertad durante el proceso, lo cual lesa gravemente las normas internacionales del individuo.

Máxime, que es indispensable sustentar que si se trata de la libertad personal, aún en caso del cumplimiento de una orden de detención, entendida que fue dictada fundada y motivadamente, con todas las formalidades del procedimiento y bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio público, la suspensión dictada por una autoridad Constitucional competente, como es el Juez de distrito, el restablecimiento de la libertad personal del individuo debe de ser atendida de manera inmediata, y no bajo un plazo que atenta contra la institución protectora en esencia de los derechos humanos como es el juicio constitucional de protección de los derechos humanos y sus garantías.

Bajo la normatividad y el carácter intrínseco de las instituciones constitucionales protectoras de los derechos fundamentales, se propone la reforma al primer párrafo del artículo 165 de la Ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando el plazo para otorgar la suspensión de hasta en el término de cuarenta y ocho horas, en los casos de orden de detención la cual debe atenderse de manera inmediata y ser consignado a un juez penal o para que se le otorgue su libertad.
El sistema jurídico Mexicano, en los términos en que se plantea el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, contiene un plazo inverosímil de entre cuarenta y ocho horas para otorgar la suspensión, por el cual, una autoridad constitucional, cuya naturaleza es la de proteger los derechos humanos y sus garantías, debe restringir esa facultad innata, desatendiendo su principal teleología garantista de derechos humanos, o que peor aún, otorgada la suspensión, la autoridad administrativa en persona del Ministerio Público cuente con el término de hasta cuarenta y ocho horas para dar cumplimiento a esa suspensión constitucional otorgada.

Por lo que  los Órganos Judiciales Federales, tienen la facultad de invalidar o dejar sin efecto las leyes o actos de autoridad que violen Derechos fundamentales y los Derechos Humanos, que restrinjan la esfera de atribuciones conferida a las autoridades Federales o Estatales, en agravio de cualquier gobernado.

Ahora bien el objetivo de la presente iniciativa es justamente salvaguardar el espíritu del amparo como instrumento jurídico, ya que es uno de los mas importantes y trascendentales en nuestro sistema judicial Mexicano, salvaguardando los derechos del gobernado, contribuyendo en todo momento al respeto pleno de los derechos humanos fundamentales de toda persona.

De tal manera que se vuelve de carácter imperativo llevar a cabo cambios firmes y con modificaciones a efecto de modernizar y fortalecer la ley, con el firme propósito de que se mantenga como el mecanismo jurisdiccional más importante dentro de nuestro sistema jurídico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá inmediatamente, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

…”

TRANSITORIOS.

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la Republica, el 17 de septiembre de 2015.

Suscribe

Fidel Demédicis Hidalgo.
Senador de la Republica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 209 Y 212 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con lo que adquirió vigencia y abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se trata de una Ley General que inserta nuevas reglas del juego al Sistema Electoral Mexicano, más por lo que respecta a lo que a este documento interesa, me permito hacer alusión a las siguientes:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 209.

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña

Artículo 210.

2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.

El entorno medioambiental de los centros de población y asentamientos humanos ha sido un tema preocupante que requiere de la conjunción de esfuerzos para obtener su protección y preservación. Esto se refleja en la legislación mexicana, que aborda el asunto desde diversas perspectivas y no sólo las específicamente referidas al desarrollo urbano y la protección al equilibrio ecológico.

Es el caso de la legislación en materia electoral, que a la postre incorpora disposiciones como las transcritas, encaminadas a la protección del medio ambiente y visual en los centros de población. De éstas, se advierten de su sola lectura, cuando menos tres importantes contenidos a observar en la propaganda electoral para la protección al medio ambiente.

1.- Que la propaganda electoral impresa deberá ser en material reciclable, biodegradable y que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
2.- La presentación de un plan de reciclaje de la propaganda; y

3.- Su retiro inmediato en un plazo de siete días, después del día de la jornada electoral.

Como se lee, ahora la legislación en materia electoral ha reflejado un avance en la preocupación por el medio ambiente, a raíz de la contaminación generada proceso tras proceso electoral; en la que es un imperativo que el material utilizado en la de carácter impreso sea biodegradable y respetuosa con el medio ambiente, incluso va más allá, se preocupa por el destino que habrá de tener dicho material utilizado. De esta forma, se exige la presentación de un plan de reciclaje de la propaganda, ante los organismos electorales, según su competencia.

Con dichos planes de reciclaje se pretende participar de los beneficios que se persiguen con el reciclaje en general, como el reducir la contaminación, el ahorro de energía, evitar la tala de árboles, crear puestos de trabajo o lograr procesos más económicos.

Sin duda un gran avance, un modelo de tratamiento responsable pero que podría verse mejorado o complementado.

Según expertos, como los que participan de la organización “Colectivo Ecologista Jalisco”, señalan que no siempre el reciclaje es la mejor opción. Aseguran que en muchos de los casos es mejor implementar, por ejemplo, planes de reutilización, que pueden implicar procesos menos complicados y costosos, incluso de menor impacto ambiental, por lo que la sugerencia en concreto es primero intentar la REDUCCIÓN, luego la REUTILIZACIÓN y finalmente la alternativa del RECICLAJE.

Se asegura que para dar cauce a los procesos de reciclaje, se debe prever si hay demanda para los materiales reciclados, si se gasta más energía y se emiten más gases de efecto invernadero durante estos procesos de los que se emitirían al manufacturar un nuevo producto. De lo contrario, cabe la posibilidad de que no siempre sea la mejor opción.

De esta forma, se considera que ampliar el abanico de tratamiento a los materiales de propaganda electoral, podría complementar y coadyuvar a lograr los positivos      objetivos de la ley para el caso en concreto. Esto es, adicionar las opciones de reúso y disminución para que de acuerdo al caso se pueda elegir o combinar las que mejor solución ofrezcan.

Cabe aclarar, que la intención no es el dirimir la mejor opción entre reúso y reciclado, sino sugerir en el marco legal las opciones de tratamiento posibles, para fortalecer la consecución de los fines de salvaguarda al medio ambiente en esta materia, con motivo de la propaganda electoral.

Lo cierto es que tanto el reciclaje como la reutilización de material son de suma importancia, pues hay quien asegura que la basura no existe, que simplemente se trata del desorden del ser humano.

Por estas razones, la sugerencia en concreto es adicionar al párrafo 2 del artículo 209 y al artículo 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las alternativas de reducción y reúso de material de propaganda electoral, aunada a la ya prevista del reciclaje.
Por otra parte, es de advertir que no obstante la obligación de partidos políticos y candidatos independientes para presentar un plan de reciclaje, no existe un mecanismo previsto para el seguimiento al cumplimiento cabal del compromiso asumido mediante los referidos planes, pues no se prevé la obligación de informar al respecto.

Por ello, adicionalmente la sugerencia consistiría en prever esta obligación en el invocado artículo 209, para que se deba informar sobre el avance y cumplimiento de los planes de reducción, reúso y/o reciclaje. La intención es que la disposición no quede en un texto de buenas intenciones y se cuente con información sobre su cumplimiento que pueda en su caso, ser corroborada por los organismos electorales.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 209 Y 212 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 209y 212 dela Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 209.

1.(….)

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reducción, reúso y/o reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña y presentar un informe sobre su cumplimiento.

3. al 6. (….)

Artículo 212.

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reducción, reúso y/o reciclaje de conformidad al plan presentado, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 17 de septiembre del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, quienes suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a servicios esenciales.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la población total.

a).- Por género:

• 2´931,134 (dos millones novecientas treinta y un mil ciento treinta y cuatro) que equivale al 51.1%, son mujeres.

• 2´800,136 (dos millones ochocientos mil ciento treinta y seis) que equivale al 48.9%, son hombres.

b).- Clasificadas por rango de edad:

• 60 años de edad o más: 26%
• 30 a 59 años de edad: 5%
• 15 a 29 años de edad: 2%
• 0 a 14 años de edad: 1.6%.

c).- Por causa generadora:

• 39% señaló que la causa fue alguna enfermedad
• 23% la edad avanzada
• 16% el nacimiento
• 15% por accidente.
d).- Tipos de discapacidad:

• 57.5% dificultad para caminar
• 32.5% dificultad para ver
• 16.5% dificultad para oír
• 8.6%  dificultad para hablar o comunicarse
• 8.1%  discapacidad intelectual
• 7.9%  dificultad para atender el cuidado personal
• 6.5%  dificultad para poner atención.

Dentro las estadísticas encontramos datos preocupantes: más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

I. Contexto Internacional:

a).- Declaración Universal de los Derechos Humanos

El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el principio de igualdad y no discriminación, a la letra, señala:

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

De ahí se parte para el desarrollo de una red normativa para hacer efectivos tales derechos.

b).-Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, con lo que se dio un paso importante y fundamental en cuanto al respeto y fomento de sus derechos, al erigirse como medio para alcanzar el respeto a la dignidad y a la oportunidad de un desarrollo sano e integral de las personas con discapacidad.

Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano conformado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención y se encargan de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes.

De lo anterior se deriva que los Estados que ratificaron la Convención están obligados a presentar al Comité, por conductos del Secretario General de la Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de 2 años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Los Estados deben presentar el primer informe 2 años después de la aceptación de la Convención y, posteriormente, cada 4 años.
Dichos informes deberán contemplar las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

c).- Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

El 2 de julio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue impulsada por México, contando con el apoyo de 84 países, teniendo como objetivo consolidar en todo el mundo la promoción y protección a los derechos de las personas con discapacidad, así como identificar los obstáculos y barreras que impiden o frenan la plena participación de este grupo en la sociedad, con lo cual se refrenda una vez más el compromiso del Estado Mexicano.

d).- Informe de las observaciones realizadas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los pasados días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

Dentro de estas observaciones se recomienda al Estado Mexicano lo siguiente:

• El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.

• El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente.

• Recomienda al Estado parte establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión.

• Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

• Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones.

• Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones.
• Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden.

• Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.

• Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.

• Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación –primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.

• Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado.

e).- Tratado de Marrakech.

Este Tratado tiene como objetivo impulsar que en legislación nacional sobre derecho de autor, para establecer que las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar, sin ánimo de lucro, ejemplares en formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no comercial o comunicación electrónica, en favor del acceso a la información de las personas con discapacidad visual. En México hay aproximadamente 2.5 millones de personas con discapacidad visual.

Fue aprobado por el Senado de la República el 30 de abril de 2015 y depositado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 29 de julio pasado, siendo México el noveno país en cumplir con su proceso de ratificación.

II. Contexto Nacional

a).-La reforma constitucional de 2011 generó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano al aprobarse una ambiciosa reforma sobre Derechos Humanos. El espectro de la misma fue muy amplio al grado que aquella parte de la Constitución conocida en la doctrina como la parte dogmática, nombrada “Las Garantías Individuales” ha sido renombrada para pasar a ser “De los Derechos Humanos”.

Como muestra el Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis 1a./J. 29/2015 (10a.) en donde se establece a los Derechos Humanos establecidos en tratados internacionales como parte del catálogo de derechos para el parámetro de regularidad constitucional siempre aplicando el principio pro persona.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

b).-El Estado Mexicano se ha colocado históricamente como un promotor de los derechos humanos a nivel internacional, particularmente de los derechos de las personas con discapacidad.

En esa virtud, desde el Poder Legislativo hemos trabajado en la creación y aplicación de marcos jurídicos cuyo objetivo es promover y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

En el año 2005, existían alrededor de 32 leyes que trataban el tema de la discapacidad. Cada una de manera diferente, sin contemplar la terminología, ni criterios adecuados para el reconocimiento de las personas con discapacidad.

La configuración de este marco normativo generó confusión, trato diferenciado y discriminación involuntaria. Por ello, fue necesario aprobar en ese mismo año una Ley General de Personas con Discapacidad que estableciera parámetros para la elaboración de normas locales y el desarrollo de políticas públicas, sin embargo aún tenía una visión asistencialista.

En ese sentido y en virtud de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que generó un cambio de paradigma sobre la conceptualización de la discapacidad y su atención, se trabajó en un marco normativo con enfoque de derechos humanos que fue publicada el 30 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación bajo la denominación de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que define trasversalmente los derechos de las personas con discapacidad en diversas materias como salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público por mencionar solo algunos.

Asimismo, en este Poder Legislativo, se ha trabajado en asegurar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, contemplando en las reformas estructurales más importantes del país, como lo fue la reforma en materia en telecomunicaciones y radiodifusión, y en materia de transparencia y acceso a la información en donde se establecen textualmente derechos y garantías de los mismos.

Derivado de las discusiones y aportaciones realizadas tanto por legisladores como por la sociedad civil, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla dos capítulos de derechos a personas con discapacidad, un esfuerzo en conjunto con la sociedad civil que promueve que los dispositivos tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad a la audiencia con discapacidad, quienes además contarán con servicios de subtitulaje, doblaje al español y Lengua de Señas Mexicana.

Asimismo, establece procedimientos accesibles para la solicitud de servicios de emergencia, el reconocimiento de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad; así como que los portales de internet de las instituciones públicas federal y de las entidades federativas deberán contar con funciones de accesibilidad.

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene una serie de preceptos que tienen como finalidad cumplir con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de discapacidad.

Ejemplo de ello, lo tenemos con el establecimiento de los “Ajustes Razonables” que son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos.

En igual sentido, la obligación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la promoción e implementación de acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información.

c).-En el Poder Judicial de la Federación se han emitido más a través de diversos tribunales, más de 20 tesis jurisprudenciales referentes a la discapacidad desde el año 2012, que nos permiten como legisladores incorporar estos elementos a ordenamientos jurídicos.

Igual de relevante resultan los lineamientos emitidos por la Primera Sala para la interpretación del estado de interdicción en torno a las personas con discapacidad, que fueron producto de una sentencia de amparo promovido por un joven con Síndrome de Asperger, en la cual se abordó el nuevo modelo social de discapacidad. 

De igual manera es importante reconocer los esfuerzos del Poder Judicial Federal tras la aprobación y adopción del “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas.” y emisión “El Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en caso que involucren Derechos de Personas con Discapacidad.” los cuales vienen abonar a la correcta aplicación de las normas para el respeto y ejercicio pleno de las personas con discapacidad. 

d).- En cuanto al Poder Ejecutivo contamos desde el año 2011 con el citado Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual ha sido creado con la finalidad de ser el órgano rector en materia de la política nacional dirigida al fomento, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad1, que tiene como objetivo que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Asimismo en materia de inclusión, el PND destaca dentro de sus estrategias lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Líneas de acción

• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.
Es por lo anteriormente señalado en donde aún con todos los esfuerzos y trabajo el contexto que viven las personas con discapacidad no es el adecuado, así como por la necesidad de que sean reconocidos sus derechos sin restricción alguna, que la presente iniciativa tiene como objetivo elevar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad a la Carta Fundamental, la cual es concebida como el marco jurídico supremo de nuestro país.

En ese sentido, siendo congruentes con el papel fundamental que ha desempeñado México en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se propone la adición de un párrafo al artículo 4° Constitucional en el cual se tiene como base el derecho a la igualdad, diversos derechos de índole social fundamentales para el desarrollo humano y un enfoque en el cual se establece la obligación del Estado para garantizar el ejercicio de derechos humanos y la inclusión de grupos poblacionales históricamente vulnerados.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o…











El Estado deberá promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, el 17 de septiembre de 2015.

 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas preventivas para evitar daños severos debido al Huracán “Linda”. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

La que suscribe, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la última actualización del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) el huracán “Linda” se encontraba a las 11 horas del pasado martes a 455 Km al Este Suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur en categoría 3 con vientos sostenidos de 195 Km/hr y rachas de 240 Km/hr.

Por tal motivo, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora, declaró con alerta verde para municipios del Sur de Sonora ante las intensas lluvias derivado del huracán “Linda” localizado en el Pacífico frente a las costas de Baja California. Y las autoridades locales suspendieron las clases en todas las escuelas de Hermosillo del turno vespertino.

Adicionalmente, se exhortó a los pescadores y habitantes de las zonas costeras a extremar precauciones, indicando que no es recomendable que los tripulantes de embarcaciones mayores y menores salgan a navegar en el mar principalmente de Baja California Sur y Baja California, Sinaloa y la zona del sur de Sonora.

Esta alerta también se emitió a municipios de Guaymas, Empalme, Cajeme, Etchojoa, Benito Juarez, Navojoa, Huatabampo, Álamos, Quiriego, Rosario de Tesopaco, Bacum, San Ignacio Río Muerto y Yécora.

Así mismo, autoridades de Baja California Sur informaron que el puerto de Cabo San Lucas se encuentra cerrado a todo tipo de navegación, como medida preventiva por el avance del huracán “Linda”. De igual forma, quedaron prohibidas todas las actividades turísticas en la zona de playas, pidiendo a la población atender la instrucción.

La alerta verde es para notificar a integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en ámbitos estatales y municipales, instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, revisar directorios de comunicaciones y el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones, revisar listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, identificar instalaciones de emergencia.
Cabe recordar que hace exactamente un año el Huracan “Odile” fue el ciclón tropical más intenso con vientos sostenidos de 205 km/hr, rachas de hasta 250 km/hr y con un desplazamiento de 28 km por hora hacia el nor-noroeste, según el reporte de CONAGUA, ocasionando severos daños a viviendas, lugares de trabajo, autos, hoteles, etc. y dejando varados a miles de turistas.

La Comisión Federal de Electricidad informó que la suspensión del servicio eléctrico en Baja California Sur afectó a más de 239,200 usuarios, que representan más del 92% del total de la población., toda vez , que la mayor parte de los postes que distribuyen energía eléctrica a los hogares en los Cabos y La Paz fueron derribados por el viento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró que los daños evaluados por el sector asegurador en Baja California Sur por el paso del huracán “Odile” ascendieron a tres mil millones de pesos y correspondieron un total de dos mil trescientos treinta siniestros.

El Director de Protección Civil señaló que el Aeropuerto de los Cabos no estaba en condiciones de carácter comercial, debido a los daños mayores en su infraestructura, por lo que se tuvo que albergar a 30,000 turistas extranjeros y nacionales en hoteles habilitados como refugios temporales.

Por último, el director general del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) informó que los daños ocasionados por el huracán “Odile” en Baja California Sur ascendieron a 7 mil 863.4 millones de pesos, sin contar las afectaciones a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Por tal motivo, es de gran importancia que se tomen todas las medidas preventivas por parte de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Agrario y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, así como de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua, para que en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, eviten los acontecimientos de hace un año del Huracán “Odile”.

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Agrario y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, así como de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua, para que en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar daños severos en las entidades de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, debido al Huracán “linda”.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F., el 17 de septiembre de 2015.

Atentamente






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus del Chikungunya en el estado. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Guatemala y a organismos internacionales a respetar los derechos humanos y el estado de derecho en aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a exigir a los encargados de los diversos programas de esa dependencia en el estado de Tlaxcala la entrega oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la accesibilidad del transporte a favor de las personas con discapacidad. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

La movilidad humana se entiende el desplazamiento de personas de un lugar a otro en su derecho de libre circulación. Es un concepto reciente cuya utilidad es integrar en una sola idea todas las formas de traslado de las personas. En este proceso de desplazamiento se identifican ciertas características como son:

● Es un proceso human, pues el ser humano es el principal actor del proceso de movimiento o circulación; es objeto de decisiones públicas y privadas.

● Es expresión del ejercicio de un derecho humano. La movilidad es la expresión del ejercicio de libertad de circulación.

● Es multicausal. Los motivos que llevan a una persona a movilizarse son variados: laborales, económicos, educativos, forzados o voluntarios, recreativos, etc.

● Intencionalidad de permanencia. Una persona en movilidad puede tener la intención de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos.

● Los países más desarrollados tienen sistemas de transporte sustentables y eficaces, con gran capacidad de traslado de personas, que pueden servir de guía a nuestro país para crear nuevas infraestructuras en el transporte que generen menos emisiones contaminantes, que sean masivos y ordenado

De acuerdo con el El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México es un país eminentemente urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en localidades mayores a 15 mil habitantes; buscando en las urbes oportunidades para mejorar su calidad de vida, la población se ha distribuido de forma desigual entre asentamientos urbanos de diferentes tamaños, reconociéndose 59 zonas metropolitanas.

Existe un consenso en el tema de que la movilidad urbana sustentable es factor de desarrollo económico y social. Actualmente las ciudades mexicanas enfrentan diversos retos caracterizados por: congestión vial, altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, invasión de espacios públicos, accidentes, contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a las mujeres, e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para personas con alguna discapacidad.

En un esquema de movilidad limitada e ineficiente es perjudicial para todos, sin embargo las mujeres, los niños, las niñas y las personas con discapacidad resultan más afectados ya que sus necesidades específicas no son consideradas. Las personas con discapacidad y los adultos mayores enfrentan serios obstáculos para trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación. Las acciones para atenderlos se han limitado por lo general a construir rampas la mayoría mal diseñadas y a establecer tarifas preferenciales en el transporte público, las cuales no resuelven sus necesidades.

La Carta de Derecho a la Ciudad del ONU Habitat establece en su artículo XIII el derecho a la movilidad

1.Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a sus ingresos. Será estimulado el uso de vehículos no contaminantes y establecerá áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.

2. Las ciudades promueven la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público, los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.”

La Estrategia 2.2.4 del Plan Nacional de Desarrllo 2013-2018 establece Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Y como una de sus líneas de acción, el asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, sin embargo, la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción. En aproximadamente uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad.

En el Presupuesto de Egresos 2015, la Cámara de Diputados aprobó se destinen 600 millones de pesos para la accesibilidad de personas con discapacidad. Celebramos dicha cantidad pero es necesario ir más allá, atendiendo que distintas enfermedades y la edad son factores que influyen en la incidencia de la discapacidad que por estas situaciones tiende a ir en aumento. Por tal razón y a fin de contar con un presupuesto que permita consolidar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo es que sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incremente los recursos presupuestales para la accesibilidad del transporte a favor de las personas con discapacidad en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 17 de septiembre de 2015

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de endeudamiento para los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los Suscritos Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE SE SEÑALAN A NO AUTORIZAR MONTOS DE ENDEUDAMIENTO PARA LOS ESTADOS QUE CELEBRARÁN PROCESOS ELECTORALES EN EL AÑO 2016, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 17 de agosto, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que fue remitida en la misma fecha al Congreso de la Unión para su consideración, análisis y en su caso aprobación.

Esta iniciativa de ley secundaria de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se deriva de la Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que entró en vigor el 27 de mayo del año en curso, y que establece que es responsabilidad del Estado en su conjunto, de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

La iniciativa de ley secundaria de disciplina financiera, completa el marco normativo necesario para que las entidades federativas y municipios se apeguen a los principios de responsabilidad hacendaria y aseguren finanzas públicas sostenibles.

Entre sus principales objetivos, busca limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a fideicomisos para la atención de eventuales desastres naturales y priorizar que los ingresos excedentes obtenidos se utilicen en la amortización de deuda.

Cabe destacar que no prohíbe la contratación de deuda por parte de las autoridades estatales y municipales. Establece los lineamientos para que se haga de forma más ordenada y responsable de acuerdo a las condiciones de su hacienda pública.

Propone que los créditos solo puedan contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado y que dicha contratación cuente con la aprobación obligatoria de la mayoría calificada de la legislatura estatal correspondiente.

Asimismo establece que los créditos de liquidez de corto plazo sean saldados cuando menos tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite, al igual que no se pueda contratar nuevos créditos en el mismo lapso.

CONSIDERANDOS

Sin duda uno de los temas pendientes por abordar es el de la transparencia, endeudamiento y finanzas sanas de los gobiernos estatales y municipales. Se trata de una añeja necesidad, importante y urgente discusión.
Resulta trascendental el análisis de la iniciativa que remitió el titular del ejecutivo federal a fin de poner límite al endeudamiento indiscriminado por parte de estados y municipios, y lograr un endeudamiento responsable y transparente. Así como el uso eficiente y el destino de los mismos.

Entre las cinco entidades menos transparentes del país, en donde es imposible conocer el tamaño de sus burocracias estatales, de los salarios de sus funcionarios o el monto exacto de su deuda se encuentran Coahuila, Chiapas, Tamaulipas, Sonora y Tabasco [*]

De acuerdo con los informes de deuda pública de las entidades federativas y municipios, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de las obligaciones financieras muestra desde la década de 1990 una gran tendencia a la alza, sin embargo a partir de 2007 el crecimiento fue exponencial y acelerado.

Entre 1993 y 2007 el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas pasaron de 18 mil 278 millones de pesos a 434 mil 900 millones de pesos, lo que significa que en 14 años la deuda de estados y municipios creció cerca de 2,400 por ciento.

Este comportamiento de crecimiento de deuda pública, lo hemos visto asociado en gran medida, a una política agresiva de contratación de deuda en ciertos Estados de la República, entre los que destaca Coahuila quien incrementó su deuda de 1 mil 561.6 millones de pesos en 2009, a 36 mil 500 millones en 2012. En otros estados de la República se presenta un problema casi igual, como en Veracruz, Quintana Roo y Sonora.

Para 2014, los siguientes estados reportaron la mayor deuda pública: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.

De igual manera las entidades federativas con mayor monto de deuda municipal son Jalisco con 106 municipios con obligaciones financieras, Estado de México con 69 municipios endeudados, Nuevo León con 30 municipios, Baja California con 4 municipios, Veracruz con 206 municipios con deuda, Quintana Roo con 4 municipios, Sonora con 20 municipios, Morelos con 26, Guanajuato con 21 y Tamaulipas con 5 municipios.

Para el caso particular del Estado de Tamaulipas, la mayor parte de las obligaciones financieras las tiene el municipio de Nuevo Laredo con más de 1,132 millones de pesos de deuda, lo que ubica a este municipio en el lugar número 5 de los más endeudados del país. Solo por debajo de Guadalajara, Tijuana, Monterrey y Benito Juárez (Quintana Roo).

Los otros cuatro municipios del Estado de Tamaulipas con mayor deuda son Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Tampico.

Para 2014 la deuda total del Estado de Tamaulipas fue de 12,249.3 millones de pesos y la deuda per cápita por habitante situó al Estado en el lugar número 14 a nivel nacional con 3,497 pesos de deuda por habitante.

Lo anterior es clara muestra de lo que ha sucedido: Que gobernantes con una muy corta visión han sacrificado el futuro de sus propios gobernados, por ello decimos que no queremos más historias como las que se vivieron en Coahuila, Chihuahua, Veracruz y el propio Tamaulipas, donde se hipotecó el futuro de los ciudadanos.

Basta mencionar que el incremento en los montos de endeudamiento presenta varios repuntes con los cambios en la administración estatal, así, en 1998 la deuda del Estado de Tamaulipas era de 271 millones de pesos, que se incrementó para 1999 a 702.4 millones de pesos.

Situación similar se presenta en 2003 en donde Tamaulipas reportó un endeudamiento por 758.1 millones de pesos, y en 2004 se incrementó a 1,343 millones de pesos.

Para 2009 el monto de endeudamiento del estado era de 6,637.4 millones pesos, para 2010 el monto se incrementó a 10,069 millones de pesos. [*]

Contratar deuda es un grave problema de corrupción de gobernadores y alcaldes que han encontrado en este instrumento una forma fácil de hacer fortuna y de financiar sus proyectos políticos, sobre todo a la conclusión de sus administraciones.

Por lo anterior, resulta necesario poner principal atención en los siguientes 13 Estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que celebraran procesos electorales el próximo año 2016, ya que entre ellos se encuentran varios de los más endeudados.

Rechazamos el endeudamiento sin límites, la falta de transparencia y que las administraciones comprometan a varias generaciones al pago de una deuda fuera de control.

Solicitamos que se limite la contratación de deuda en el último año de las administraciones, a fin de evitar el desvío de recursos en campañas proselitistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a las legislaturas locales de los Estados de: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para que no se autoricen montos de endeudamiento para dichos gobiernos estatales, toda vez que en las citadas entidades habrá elecciones para gobernador en el año 2016. Lo anterior, independientemente del destino que se pretenda otorgar a los recursos solicitados, con el propósito de abonar a la transparencia, fiscalización y control de las finanzas públicas.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, D.F.,
el 17 de Septiembre de 2015.

Atentamente

[*]  De acuerdo a información del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO.
[*]  Administración del Gobernador Tomás Yarrington 5 febrero de 1999 a 31 de diciembre de 2004. Administración del Gobernador Eugenio Hernández 5 de febrero de 2005 a 31 de diciembre de 2010.






De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información y acciones de seguimiento relacionadas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con fundamento a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y el articulo 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que SOLICITA A LA SECRETARÍA EL ESTATUS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS COMISIONADOS/AS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA POR DICHA SECRETARÍA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE DÉ SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES Y EL PROCESO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PARA INTEGRAR CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y vigente desde el 8 de febrero del mismo año, significó el esfuerzo legislativo hasta ahora más importante en el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos.

2. Por su sentido garantista sustentado en los más altos estándares internacionales de recomendaciones, sentencias y jurisprudencia de atención y reparación integral a víctimas, así como su fundamento constitucional:

a) Párrafo tercero del artículo 1°

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

b) Párrafos tercero y cuarto del artículo 17

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

c) Apartado “C” del artículo 20

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

En particular la fracción IV

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

d) Fracción XXX del artículo 73:

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

que señala la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que sean necesarias… y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión, por tanto, los transitorios siguientes son sutento de la Ley General de Víctimas como ley reglamentaria del mandato constitucional para la reparación:

Segundo Transitorio de la reforma constitucional en derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 20111 para la materia de reparación del párrafo tercero del artículo 1°:

La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Segundo Transitorio de la reforma constitucional en sistema penal y seguridad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 para la materia de reparación del daño:

El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

La Ley General de Víctimas es la ley reglamentaria de los artículos anteriormente señalados, lo que nos impone un cumplimiento estricto de sus principios así como de las acciones legales que permitan el ejercicio de los derechos de las víctimas ahí expresados.

3. La Ley General de Víctimas establece en su artículo 85 que:

La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados.

Y que es obligación del Ejecutivo Federal enviar al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir y obligación del Senado elegir por el voto de las dos terceras partes de los presentes a las y los comisionados.

4. Al momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumple con el mandato establecido en el artículo antes citado porque no se han electo dos de las comisionadas y un comisionado que completan el pleno de dicha comisión.

Desde el 10 de octubre de 2014, por así estar definido como temporalidad en los transitorios de la propia ley y por haber sido así aprobado por el Pleno del Senado, las comisionadas Olga Noriega Sáenz y Ma. Del Rosario Torres Mata, cumplieron el año de su mandato como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que sus espacios en el pleno están vacantes.

Así también, el 30 de enero de 2015, el comisionado Carlos Ríos Espinosa presentó su renuncia como comisionado.
5. Actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se conforma tan sólo por cuatro de los siete comisionados que debieran estar en funciones, a saber, la comisionada Susana Pedroza de la Llave y los comisionados Jaime Rochín del Rincón quien funge como presidente y Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros.

6. Sin valorar, por ahora, los méritos del cumplimiento de todos los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito que establece la ley por parte de la y los comisionados obligados a cumplirla, sólo quisiera señalar que además de no cumplirse con una cuota de género en el Pleno de la Comisión Ejecutiva, lo que es preocupante porque la ley establece como un principio transversal el enfoque de género, tampoco se cuenta con la integralidad de integrantes que puedan dar atención digna y respetuosa a los cientos, cuando no miles de familiares y víctimas para las cuales la ley fue creada.

7. La Secretaría de Gobernación, en prevención de que a partir del 10 de octubre de 2014 terminaría el mandato de dos comisionadas, desde el 28 de agosto de 2014 publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para la elección de Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dando un plazo en su base tercera de 20 días hábiles a partir de la publicación de la propia convocatoria para la recepción de las propuestas; plazo que se cumplió a la fecha con creces.

La base cuarta de la convocatoria establecía que a partir de esa fecha, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 85 ya citado, se llevaría a cabo la publicación, en la página Web de la Secretaría de Gobernación, de las propuestas recibidas y que las propuestas que cumpliesen los requisitos serían remitidas por la Secretaría de Gobernación al (titular del) Ejecutivo federal para la integración de las ternas correspondientes. Las ternas ya integradas por el Ejecutivo federal se enviarían al Senado de conformidad con lo dispuesto por el multicitado artículo 85.

Sin embargo, a más de un año de la publicación de dicha convocatoria y con tres comisionados/as faltantes en el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se tiene noticia de qué sucedió en el proceso convocado; lo que es de sobra conocido es que no está debidamente integrado el pleno de conformidad con lo que establece la ley respectiva y esto vulnera el ejercicio de los derechos que tienen las víctimas a que se les repare integralmente en los términos de la propia Ley General de Víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

UNÍCO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA, RESPETUOSAMENTE SOLICITA, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN:

1.- EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS, SE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS COMISIONADOS/AS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA POR DICHA SECRETARÍA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

2.- SE DÉ SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES Y EL PROCESO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PARA INTEGRAR CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

Dado en el Senado de la República, el 17 de septiembre de 2015.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de personas adultas mayores que habitan en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la atención y prevención del suicidio en esta entidad federativalo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente publicado bajo el título “Prevención del Suicidio: Un Imperativo Mundial”, señala que más de 800 mil personas se quitan la vida en el mundo cada año; aunque esta cifra podría ser mucho mayor debido al sub registro.

Esto indica que aproximadamente cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, además de que por cada una que lo logra, se informa de indicios que señalan que otras 20 lo intentan.

En nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), durante el año 2012 se cometieron 5,549 suicidios.

Jalisco es el segundo estado con mayor incidencia en casos de suicidio, sólo después del Estado de México.

Estado de mi representación en el que existe un dato muy relevante y hasta alarmante. No obstante que en la gran mayoría de las regiones del mundo, las tasas de suicidio son más elevadas entre personas adultas mayores, en Jalisco, el sector de los jóvenes ha sido el que más eventos ha registrado en los últimos 5 años, al grado que en promedio cinco de cada diez suicidas son jóvenes, entre los cuales, uno es menor de edad; según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Suicidios registrados en Jalisco

Edad

2011

2012

2013

2014

0-17 años

37

39

36

36

18-34 años

137

166

177

178

35-54 años

101

107

110

131

55 o más años

41

43

51

48

Total

316

356

379

393

Nota: el dato correspondiente a 2014 fue superior, puesto que esta información correspondió a la obtenida al mes de septiembre.

Esto es en verdad preocupante, pues es muy difícil imaginar el dolor psicológico extremo que pueda llevar a alguien a decidirse por el suicidio, como único recurso o puerta de escape.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que gran número de muertes por suicidio son evitables, pero para ello se hace necesario dar mayor atención y prioridad gubernamental a este fenómeno.

Señala este organismo internacional que son muy pocos los suicidios que ocurren sin que haya existido un aviso o síntoma previo, por lo que es muy importante saber identificar oportunamente las señales de riesgo, tales como “desesperanza ante la vida, tristeza, irritación, soledad, aislamiento, pesimismo, ideas o pláticas sobre la muerte, dejan de comer, descuidan su arreglo personal y desinterés por actividades que antes si les motivaban”.

De ahí, un siguiente paso importantísimo es el apoyo profesional, pero para ello, se requiere de capacidad institucional.

En Jalisco, es la Red Estatal para la Prevención del Suicidio del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), la encargada de la atención integral en materia de promoción a la salud mental, en este caso, para la atención y prevención de algún tipo de trastorno que induzca al suicidio.

El Instituto se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco; presupuestalmente subordinado al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; pero que a pesar de los grandes esfuerzos realizados, el problema le ha rebasado en su capacidad.

Sin duda, este Instituto tiene toda la buena intención de cumplir con la meta que se ha fijado, consistente en reducir en cuando menos un 80% el índice de suicidio en Jalisco; pero todos sabemos que se requiere más para lograrlo y esto es la capacidad presupuestal para cumplimentar el urgente objetivo que tiene en Jalisco, de brindar la atención integral necesaria para prevenir los riesgos de suicidio y evitar más muertes por este dramático mal.

La Organización Mundial de la Salud ha urgido la asignación de recursos para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo en materia de suicidios. Señala además que el lamentable incremento de estos eventos, hace imprescindible y urgente el que los servicios de salud incorporen la prevención del suicidio como un componente central.

Así se pretende en Jalisco, con la entrada en vigor en enero del año pasado de la Ley de Salud Mental del Estado de Jalisco, pero como ya se dijo, se hace necesario inyectar más recursos, pues el Instituto Jalisciense de Salud Mental encuentra dificultades económicas para cumplir su cometido.

En entrevista para un medio de comunicación local, la coordinadora de la Red Estatal para la Prevención del Suicidio, recordó que tan sólo en el 2013 “el Instituto proporcionó más de 133 mil consultas, que en la Clínica de Suicidio se atendieron a más de dos mil personas; el grupo psicoterapéutico de manejo de duelos por suicidio recibió a mil 150 personas; mientras que en el servicio de intervención en crisis telefónica se le dio seguimiento a 700 llamadas con síntomas depresivos, 200 con ideación suicida y 180 que lo intentaron”.

Cuando una persona que es atendida por SALME y es determinada o valorada con cierto nivel de letalidad en contra de su vida, es necesario además el internarlo, por lo que el problema se agrava al no existir la capacidad para ello, por lo que se llega al grado de optar por la atención en base el apoyo de los familiares, con recomendaciones como el no dejar sólo al paciente, alejarle cualquier cosa con la que pueda causarse daño, mantenerlo vigilado las 24 horas, no discutir con él y someterle al tratamiento psicológico.

Según se informa, el SALME funciona con poco más de cien millones de pesos, cuando según recomendación de la OMS, lo indicado debiera ser un presupuesto por encima de los 700 millones de pesos.

Es importante y apremiante apoyar la atención a la salud mental y de la prevención del suicidio, y en virtud de que uno de los principales factores para lograrlo es el factor económico, considero oportuno que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que pudiera contemplarse una asignación de recursos para concretar el loable proyecto de la Red Estatal para la Prevención del Suicidio del Instituto Jalisciense de Salud Mental en Jalisco.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados. Sugerencia que me permito realizar por cierto, hoy precisamente en el día que se conmemora el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación etiquetada de recursos por 600 millones de pesos para la Red Estatal para la Prevención del Suicidio del Instituto Jalisciense de Salud Mental, subordinado presupuestalmente al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, indispensables para la atención y prevención del suicidio en esta entidad federativa, ante el alarmante incremento de este tipo de eventos.

Dado en el salón de sesiones, el 17 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

GABRIELA CUEVAS BARRON, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 Numeral 1, Fracción II; 87 Numeral 5; 109 y 276 Numeral 1, Fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La República de Armenia está situada en una zona de importancia estratégica, el Cáucaso sur. Cuenta una población de poco más de tres millones de habitantes, y su capital es la ciudad de Erevan.

2. Armenia tiene un PIB per cápita de $ 7,400 USD en paridad de poder cambiaria (estimado con datos de 2014). Es considerado un país de ingreso mediano bajo, de acuerdo a los criterios del Banco Mundial.

3. Para 2014, la inversión de Armenia en México sumó 0.29 millones de dólares, y trece empresas tenían inversión proveniente de ese país. Sin embargo, la lejanía geográfica y la poca complementariedad económica entre ambos países han hecho que los vínculos comerciales no hayan desarrollado todo su potencial.

4. La economía armenia ha experimentado una profunda transformación desde su independencia de la U.R.S.S. en 1991, gracias a un crecimiento económico sostenido, una política de reformas ambiciosas, así como la entrada de capitales y remesas que han facilitado la creación de una economía de mercado. De ahí que existan oportunidades para generar mecanismos de cooperación con México en materia comercial y económica.

5. México estableció relaciones diplomáticas con Armenia el 14 de enero de 1992. En agosto de 2002 se suscribió un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, así como un Acuerdo sobre supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. Además, en los últimos años se han realizado diversas visitas entre funcionarios de ambos países.

6. Tanto México como Armenia poseen un patrimonio histórico y cultural muy ricos, lo cual ofrece un potencial importante en áreas de intercambio cultural y educativo.

Por todo ello, y teniendo como intención el fortalecimiento de las relaciones entre México y Armenia, se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar los esfuerzos necesarios para ampliar las relaciones bilaterales entre nuestros países, con el fin de promover nuestro mutuo desarrollo.

Por lo anteriormente planteado, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer las relaciones entre la República de Armenia y México, con el objeto de enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de septiembre de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.

1 The World Factbook, Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html (consultado el 8 de septiembre de 2015).
2 Banco Mundial, Washington, D.C., http://datos.bancomundial.org/pais/armenia (consultado el 8 de septiembre de 2015).






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar medidas inmediatas con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Se turna a la Comisión de Justicia.








De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para que comparezcan el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la Policía Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ayotzinapa. Se turna a la Comisión de Justicia.








De la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de recursos para diversos proyectos municipales del estado de Yucatán. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio como ente más cercano a la gente, conoce sus necesidades básicas y necesita poder otorgar a sus ciudadanos opciones de esparcimiento, que sus parques y centros deportivos se encuentren operacionales para que tanto niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de ellos.

También es el caso de los centros culturales, mercados y plazas públicas y por supuesto de las calles que conforman su comunidad. Una calle con baches o sin pavimentar presenta múltiples problemas para la gente, provoca que las vialidades se compliquen y lleguen tarde a sus ocupaciones así como resultar muy insegura para el tránsito y provocar accidentes.

Estamos viviendo tiempos complicados; precisamente se acaba de aprobar una legislación en materia de deuda de estados y municipios; controles necesarios para auxiliarles en el saneamiento de sus finanzas, pero que hacen necesario también apoyarlos con recursos para que puedan satisfacer las demandas de la gente, lo cual no es posible que lo logren por si solos debido a la casi nula recaudación de ingresos propios.

Es el caso de diversos planes municipales del Estado de Yucatán, correspondientes a los municipios de Cacalchen, Dzilam de Bravo, Izamal, Kanasin, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob.

Los cuales atendiendo a las necesidades de su gente, requieren de recursos federales para los proyectos que a continuación se detallan:

CACALCHEN

Construcción de banquetas y guarniciones.
Construcción y repavimentación de calles.
Construcción de techumbre para cancha y remozamiento de parque.
Rehabilitación de cancha de fútbol rápido.
Construcción de techumbre para cancha de fútbol.
Rehabilitación de campo de fútbol soccer.
Ampliación y rehabilitación de parque infantil.

DZILAM DE BRAVO

Rehabilitación de Campo de Béisbol.
Rehabilitación de campo de Fútbol.
Construcción de cancha de Fut-7.
Construcción de cancha techada y remodelación de parque.
Construcción de casa cultural.

IZAMAL

Construcción de segundo tramo de avenida de acceso principal.

KANASIN

Construcción de calles.

TEKANTÓ

Repavimentación de calles.
Rehabilitación de mercado.
Construcción de unidad deportiva.
Construcción de cancha techada en escuela secundaria.
Construcción de campo deportivo y parque.

TELCHAC PUEBLO

Construcción y repavimentación de calles, banquetas y guarniciones.
Construcción de techumbre metálica para cancha de basquetbol.
Rehabilitación y reconstrucción de parque infantil y andadores.

TIXKOKOB

Construcción de cancha techada, rehabilitación de parque infantil y parque principal.
Reacondicionamiento de casa de la cultura y techado de teatro comisarial.
Construcción y repavimentación de calles, banquetas y guarniciones.
Techumbre metálica para cancha de basquetbol y su rehabilitación.
Rehabilitación de parque principal.
Construcción de la Casa de la Cultura.
Construcción de techumbre metálica y rehabilitación de parque público.
Reacondicionamiento de campo de fútbol y cancha techada.
Reacondicionamiento y rehabilitación de campo de fútbol infantil.
Rehabilitación y reacondicionamiento de campo de fútbol rápido.
Reacondicionamiento de parque infantil.
Construcción de techumbre para cancha de basquetbol y reacondicionamiento de parque.
Rehabilitación de parque infantil.
Reconstrucción de avenida de acceso principal.

Para que a los gobiernos municipales se les puedan exigir resultados y cuentas claras, es indispensable que honrando el sistema federal en el cual nos encontramos, se les apoye con recursos públicos etiquetados para que puedan cumplir con sus fines sociales.

Las familias mexicanas merecen bienestar, caminos dignos y oportunidades de esparcimiento e integración familiar.

Es por todo lo anterior, que me permito someter a esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: Se solicita de manera respetuosa a la Honorable Cámara de Diputados que como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016 se considere la asignación de recursos suficientes para los proyectos considerados en los planes municipales de los ayuntamientos de Cacalchen, Dzilam de Bravo, Izamal, Kanasin, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob, en el Estado de Yucatán.

Salón de sesiones del Senado de la República,
México, D.F., a 17 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.






De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos que se han dado en torno a la empresa OHL. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Los suscritos, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y 108 del reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se cita a comparecer al Lic. Gerardo Ruíz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes ante este Senado para exponer la resolución a los conflictos que se han dado entorno a la empresa OHL; asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a las adjudicaciones que se hayan realizado a esa empresa. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el documento de investigación de María Amparo Casar, publicado por el CIDE y el IMCO este año, se afirma que “de 2008 a 2014 México ha descendido 31 escaños en el ranking de países respecto al Índice de Percepción de la Corrupción. Para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% de ellos es un problema serio; de acuerdo con datos de Barómetro Global de Corrupción 2013. Casi el 30% de los mexicanos creen que los empresarios y medios de comunicación incurren muy frecuentemente en actos corruptos, mientras que cerca del 40% creen que lo hacen de manera frecuente, la corrupción tiene una dimensión personal o individual, una institucional y una cultural. Las tres están vinculadas. La individual tiene que ver con el costo-beneficio y la percepción de que al incurrir en un acto de corrupción el individuo tiene poco que perder y mucho que ganar. La institucional con las oportunidades de corrupción y el deficiente funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia...”

Finalmente, el estudio concluye en mostrar la existencia de una necesidad de crear una política integral, en una de las aristas que toca se está ante la necesidad que “desde el ángulo político convertir el control de la corrupción en un pilar estratégico del sistema de gobierno en el que se opera con base a principios meritocráticos en los que la población puede observar que las recompensas están atadas al esfuerzo personal y no al influyentismo o a medios corruptos”.

Ese es el caso que atañe al presente punto de acuerdo. En una remembranza de diversas notas periodísticas que se han expuesto a través de múltiples medios de comunicación encontramos lo siguiente:

1. Obrascón Huarte Lain México (OHL) enfrenta juicios contenciosos en por lo menos 3 entidades (Puebla, DF y Estado de México) por las dudosas prácticas con las que se ha manejado en las obras adjudicadas. Ese tipo de prácticas no sólo las ha realizado en México y no sólo aquí le han generado diversas demandas, también en España, Perú, Gibraltar, entre otros.

2. Las empresas demandantes, tienen como argumento en común la mala práctica de OHL en las adjudicaciones; en efecto, se estima que la empresa presenta proyectos con un muy bajo presupuesto para su adjudicación y posteriormente, ya en ejecución, registra sobrecostos excesivos.

3. El viaducto Bicentenario esta por desplomarse en un tramo de más de 3 kilómetros por haberse construido en una “zona minada”.

4. En cinco años, los estados financieros de OHL México reportan un sobrecosto en la concesión del Circuito Exterior Mexiquense. En efecto, al cierre de 2014, la inversión avalada era de 28 mil millones de pesos y el balance de la empresa es de 52 mil millones de pesos; es decir 85% más que lo avalado. Aunado a lo anterior, se ha reportado que se extendió el plazo de la concesión sobre esta autopista, al parecer de forma arbitraria y desproporcionada, por 20 años más (2030 a 2051) en conjunto con la respectiva autorización del 50% en incremento en las tarifas de peaje entre 2013 y 2021.
5. Derivado de las múltiples notas periodísticas, la SCT comunicó que la Función Pública auditaría las adjudicaciones a esa empresa. OHL ha realizado un comunicado público en el que afirma que no se encuentra bajo ningún tipo de auditoría.

6. Se han exhibido en casi todos los medios del país, los videos en los que directivos de OHL México. Se ha infiltrado audios en donde se exhibe a autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por favorecer a esa empresa en el viaducto elevado de Puebla.

7. En el mismo sentido, se afirma que el monumento conmemorativo Bicentenario (Toluca), y compra de maquinaria que rebasa los 850 millones de pesos son tan sólo algunos de los regalos de la empresa.

8. A últimas fechas se ha acusado al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, de asesorar a OHL respectos del juicio que ha sido instaurado por Infraiber, después de una reunión sostenida con directivos de esa empresa y el Presidente Peña Nieto; según la publicación de 8 de septiembre del presente, del periódico “El Economista”.

Los temas relacionados a posibles actos de corrupción son uno de los grandes problemas que tienen la nación; más aún si la corrupción permea no sólo los bajos niveles de las estructuras sino los altos niveles del gobierno; tal es el caso de las diversas grabaciones que han sido infiltradas a los medios de comunicación. En ese sentido, es de vital importancia recuperar la confianza de los ciudadanos y sobre todo, emprender una lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y en contra de la corrupción que pueda trascender a todos los ámbitos de gobierno. Porque todo el que cometa un acto de corrupción debe ser sancionado por su falta.

En el mismo sentido, no es óbice a los legisladores de este congreso que existe una duda fundada para creer que es muy posible que la empresa OHL en algunos casos, como es el del Viaducto Bicentenario, ya recuperó su inversión y los costos estimados por la empresa, sobrepasan los límites de la razón. En ese sentido, la Autoridad correspondiente deberá ponderar, en su momento, la posibilidad de revertir la concesión dada a la empresa.

Derivado de lo anteriormente fundado, pongo a consideración de esta soberanía de manera urgente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República con fundamento en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, cita a comparecer al Lic. Gerardo Ruíz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes ante este Senado para explicar las razones por las que se ha favorecido indebidamente a Obrascón Huarte Lain México (OHL) y se ha permitido que esa empresa tenga “ganancias” exorbitantes a raíz de sobrecostos.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a que inicien una auditoría integral sobre todas y cada una de las adjudicaciones realizadas en el ámbito federal; especialmente sobre los siguientes contratos: a) Viaducto Bicentenario, b) Autopista Atizapán–Atlacomulco, c) Circuito Mexiquense; y d) Viaducto Elevado Puebla. En el caso en el que la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública estén llevando a cabo alguna investigación en contra de OHL deberá notificarse el avance de la misma y sobre cuáles contratos está siendo realizada.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 17 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.

1 Para ver el comunicado de la SCT, véase http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/solicita-sct-a-la-secretaria-de-la-funcion-publica-audite-contratos-vigentes-de-ohl/






De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender debidamente a los reclusos Jesse Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.








De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el río Colorado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular dela Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que informen sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 5 de agosto del año en curso ocurrió un derrame tóxico en aguas del Río Colorado. Este río atraviesa parte de Estados Unidos y desemboca en aguas del Golfo de California en México, el derrame de aguas residuales provenientes de la vieja mina de oro abandonada Gold King se produjo al momento de que unos trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA, por sus siglas en inglés) accidentalmente provocaron el vertimiento de una mezcla de aguas residuales provenientes de la mina.

El accidente se produjo durante trabajos de excavación que se realizaban en la mina y comenzó a filtrarse agua presurizada que se estaba drenando para su tratamiento, dicha agua contenía residuos de diversos químicos y minerales pesados que se utilizan en el sector minero, tales como: cadmio, arsénico, cobre, plomo, zinc, entre otros. Además de ser tóxicos son altamente ácidos, lo que provocó que el agua que brotó hacia el río lo tornara de color mostaza y naranja. Según la EPA la acidez del río aumentó unas 100 veces de lo normal.

La cantidad de aguas residuales vertidas en el río es de casi 3 millones de galones según lo reportó la misma EPA, (lo que corresponde a un aproximado de 11 millones de litros). La gran mancha color mostaza se extendió por más de 160 kilómetros a lo largo del río, según lo reportaron autoridades y los mismos habitantes de las zonas afectadas. La ciudadanía manifestó su alarma y preocupación por el devastador accidente, tanto que las autoridades locales de los Estados coordinadas con la EPA prohibieron la navegación, recreación, extracción de agua potable del río y demás actividades en determinados sectores, hasta que se realice una investigación a fondo de los posibles riegos presentes y futuros. Además de que en zonas del Río Colorado que se conoce como ríos Ánimas y San Juan fueron declaradas zonas de desastre.

Pese a que el derrame fue de una gran magnitud algunas autoridades locales e incluso de la EPA consideran que no representa peligro para la salud humana, ni afectara al suministro de agua potable, ya que estiman que los metales y químicos se disuelven de manera rápida en el cauce del río de manera natural. De lo que sí están seguros es que afectará a la flora y fauna de las regiones donde se presentó el derrame.
Uno de los mayores problemas es la falta de información que se ha brindado tanto a la población como a los medios de comunicación, los habitantes de los Estados afectados se encuentran inquietos y a la espera de poder reunirse con las Autoridades responsables para que les expliquen de manera detallada cuáles son las condiciones y alcances que aún se podrían generar por el derrame tóxico. Pero mientras eso sucede algunos campesinos de la zona afectada cerraron las entradas de agua que provenían del Río Colorado para evitar daños a sus cosechas.

La EPA ha construido 4 represas para poder tratar de disminuir los niveles de acidez e intentar eliminar los metales disueltos en el río.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) México y Estados Unidos, Sección Mexicana, para que, en el ámbito de sus competencias, le den seguimiento y se realice el monitoreo y estudio de las aguas del río Colorado a su ingreso a México.

La PROFEPA en un comunicado manifestó que aparentemente el derrame en el Río Colorado no llegaría al territorio nacional debido a que aguas debajo de donde ocurrió el derrame se encuentran dos de las mayores presas en E.U., la Glen Canyon en Arizona y la Hoover entre Arizona y Nevada, y que estas presas contendrían y diluirían el agua contaminada antes de que pudiera llegar a México.

Como Senadora de la República considero de suma importancia dar un seguimiento puntual a ésta situación, no se trata de algo sin relevancia o un tema menor, estamos hablando de millones de litros de agua contaminada que corren por un río que desemboca y pasa por parte de nuestro territorio. Hay que considerar todos los escenarios posibles de riesgo ambiental que se podrían generar por el derrame y cuáles son los efectos que podría sufrir el ecosistema de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que informe a la brevedad a esta Soberanía sobre el avance y monitoreo de las acciones que se han realizado para controlar el derrame sucedido en el Río Colorado el 5 de agosto del presente año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre el seguimiento y estudios que se han realizado al agua entrante al territorio nacional proveniente del Río Colorado desde el 5 de agosto del presente año.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 17 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar y hacer públicos los resultados de un análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicos, a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es de conocimiento público, el día 11 de agosto 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, fruto de la Reforma Energética; la ley en comento establece en su artículo 62 que:

Los servidores públicos de la Secretaría responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los servidores públicos de la Secretaría de Energía responsables de adjudicar las Asignaciones o del diseño técnico de los Contratos, así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos contarán, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con seguros, fianzas o cauciones, que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para asumir los servicios de defensa y asistencia legal de dichos servidores públicos. Dichos seguros, fianzas o cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos mencionados.

Para tal fin, la Secretaría y la Secretaría de Energía crearán anualmente las provisiones presupuestarias correspondientes en su presupuesto de gasto de operación.

En los casos en que derivado de resolución administrativa o penal firme se haya demostrado la actuación dolosa o de mala fe del servidor público, o la comisión de actos ilícitos, se cancelarán de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las disposiciones legales aplicables para exigir el reintegro de los apoyos que hubieran sido pagados.

Bajo lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 2015, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 1

Dicho Acuerdo establece que “la contratación de los seguros, fianzas o cauciones regulados en los presentes Lineamientos se coordinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento”. Sin embargo, no señala con claridad si la contratación será por licitación pública; invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 134, tercer párrafo de la Constitución Federal establece:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Al respecto el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala:

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

En este sentido, la licitación es un método que utiliza la administración pública para entregar a un particular, el cual haya ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, un contrato que puede tener por objeto concesionar servicios, otorgar permisos, llevar a cabo una construcción, o cualquier otra obligación de hacer que convengan las partes, todo esto con el objeto de hacer uso eficiente y trasparente de los recursos públicos.

Es importante señalar que la actual Administración Federal, ha preferido utilizar las adjudicaciones directas sobre las licitaciones públicas, así lo demuestran los números, de enero a julio del 2014, el Gobierno Federal aumentó la cantidad de contratos hechos a través de una adjudicación directa o invitaciones restringidas, pues de 201 mil 695 millones de pesos gastados en dicho periodo de tiempo, el 46.6% se ejerció mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, y el 53.4% a través de licitaciones. 2

En contraste, en 2007, se ejercieron 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 % vía licitación y sólo 12.5% adjudicación directa o invitación, lo anterior demuestra que el Gobierno Federal, licita menos y adjudica más, estas acciones podrían caer en actos de corrupción, pues la regla general para la prestación de servicios para el sector público deben ser las licitaciones públicas.

Se debe evitar que en la contratación de seguros a que hace referencia el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, exista la discrecionalidad, el favoritismo, la corrupción y la impunidad; asimismo, se debe garantizar la máxima transparencia que se prevea que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, sean debidamente difundidas y públicamente consultables.

Hay que recordar que en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, establece lo señalado en el párrafo anterior.

Por otra parte, el 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda, Luís Videgaray Caso, anunció que “el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2016 deberá hacerse bajo un esquema de Presupuesto base cero”. El 31 de marzo, en el documento presentado a la Cámara de Diputados, donde se anuncian los pre-criterios para el siguiente ejercicio fiscal, se menciona que se hará una “reingeniería del gasto público con una perspectiva Base Cero”. 3

En este tenor se presentó a la Cámara de Diputados el día 8 de septiembre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, por el cual el Gasto Corriente Estructural se reduce en 4.7 por ciento en términos reales, en comparación con el presupuesto aprobado para 2015, y es 147.5 mmp menor al límite máximo a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior se llevó a cabo para refrendar el compromiso del Gobierno Federal con: la estabilidad macroeconómica, el no incremento de los impuestos y la reducción del déficit fiscal, el estímulo al ahorro y la inversión, y un gasto que se asigna con criterios de mayor eficiencia y responsabilidad social.

En este sentido resulta apremiante que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público realice un análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana, la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos.

Lo anterior con el único objetivo de que la sociedad mexicana tenga una herramienta analítica que le permita evaluar los beneficios que tendrán por la contratación de dichos seguros; por su parte el Gobierno Federal podrá tomar la mejor decisión, y que por supuesto produzca el mejor resultado en el menor tiempo y al mejor costo posible para el pueblo mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que:

a. Realice y haga público los resultados de un análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana, la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

b. Durante todo el procedimiento de la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, se garantice la máxima transparencia que se prevea que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, sean debidamente difundidas y públicamente consultables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de septiembre de 2015.

1El gobierno de Peña Nieto privilegia las adjudicaciones directas a las licitaciones” en Animal Político [en línea]. Consultado el 11 de septiembre de 2015, disponible en http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-gobierno-de-pena-nieto-privilegia-las-adjudicaciones-directas-a-las-licitaciones/

2Villa Juárez Sunny Arely, “Reestructuración del gasto público con perspectiva “base cero””, [en línea], CIEP. Consultado el día 11 de septiembre de 2015, disponible en: http://ciep.mx/wp-content/uploads/2015/04/base-cero1.pdf

3 Ibídem.






Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 del reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México como en muchos otros países existe un amplio debate sobre el papel del dinero en la política y su forma de reparto.

En la actualidad la voz ciudadana ha hecho el reclamo para que todos los partidos políticos estén obligados a representarlos dignamente sin representar una carga enorme directa y en perjuicio del bolsillo del ciudadano, ante ello resulta necesario señalar lo siguiente.

A lo largo de los años 90´s, el sistema electoral y de financiamiento a partidos ha tenido grandes cambios. En dicha década se decidió que el financiamiento de las elecciones en nuestro país debería ser en mayor porcentaje público, bajo el argumento de que con esta medida se impediría que el capital privado fuera quien inclinara la balanza decisiva de los resultados. Además de que en la discusión de la misma se creó un estigma para los patrocinios privados, pues prácticamente se les denomino como los enemigos de la democracia entre otros adjetivos.

Diversos fueron los argumentos en aquellas discusiones en donde el centro del debate fue el temor de que las organizaciones criminales intervinieran en los resultados electorales, la realidad de los tiempos ha evidenciado que incluso ya existen candidatos procedentes del crimen organizado quienes están siendo participados con recursos públicos.

Además, los partidos políticos han tomado con gran simpatía el financiamiento público, el cual año con año sigue incrementándose con cargo directo a los bolsillos de la ciudadanía.

Es así que en un año en donde no existe programación en el calendario electoral y con los efectos negativos económicos en los que se desenvuelve la economía nacional derivada de la tóxica reforma fiscal de este gobierno, se esté proponiendo por parte del Instituto Nacional Electoral para sí y para repartidlo a la bolsa de cada partido político un presupuesto de 15 mil 400 millones de pesos.

Cabe señalar que el INE y los partidos políticos han aumentado su gasto de manera intolerable. Lo que proponen para 2016 es 180% superior al que se asignó hace 12 años (como este año posterior a las elecciones intermedias).Lo electoral nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal.

Aunque el financiamiento resulta continuo, en los años de cada elección existe este incremento que se está destinando a las campañas electorales. En donde no sólo se financian, a través de impuestos, sino la operación misma de los partidos en los años en que no hay jornada electoral alguna. La dinámica propia de la burocracia es crecer y multiplicarse. Hay derroche, ineficiencia y gastos absurdos.
Cabe señalar que el pasado mes de enero del presente, el Instituto Nacional Electoral aprobó se repartieran recursos públicos entre cada uno de los partidos políticos, el cual integró una bolsa que asciende a un total de 5,356 millones 771,247 pesos. Ello sin considerar el ajuste al salario mínimo que pasó de 67.29 pesos en 2014 a 70.10 pesos en 2015.

Dicho monto contempla recursos para actividades ordinarias por 3,909.5 millones de pesos; para gastos de campaña 1,172.8 millones de pesos, para actividades específicas como educación cívica e investigación 117.2 millones de pesos, para franquicias postales 156.3 millones de pesos y para franquicias telegráficas 693,000 pesos. Como podemos observar un discriminado dispendio de recursos que año con año son arrebatados al ciudadano.

Es así que en nuestro país, aunque la ley permite recibir aportaciones provenientes de particulares, las fuerzas políticas no tienen mayor necesidad al contar con los recursos públicos como fuente principal de financiamiento.

Organizaciones civiles y ciudadanos consideran que el monto que reciben los partidos es excesivo y han realizado diversos llamados a la clase política para disminuirlo.

Así las cosas, por ello el presente exhorto se sustenta principalmente en la demanda que la ciudadanía pide a todos y cada uno de nosotros, sus representantes, y encuentra sustento en el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto en que ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno "tendrá que gastar menos y mejor" por ello el presupuesto propuesto para 2016 contemplado en 15 mil 400 millones de pesos para el INE debe ajustarse a las medidas de austeridad indicadas por este gobierno.

Con los recursos referidos, alcanzaría para eliminar la mitad de los gasolinazos presupuestados e incluso para darle 6 mil pesos a cada familia en pobreza extrema, pero se derrochan en un gasto improductivo.

Nuestro país se encuentra en un momento de extrema gravedad económica. En donde es de todos conocidos el gasto público sin freno y la caída de ingresos petroleros nos están llevando a niveles insostenibles de endeudamiento. Ante este panorama, debemos recortar con un gran sentido de responsabilidad el gasto. Sobre todo en aquellos rubros donde no se requiere.

En Acción Nacional rechazamos enérgicamente la necesidad de otorgarle 5 mil millones de pesos al año a los partidos como propone el INE. Los candidatos independientes han puesto la muestra. No se necesita un abultado presupuesto para ser competitivo.

Los políticos debemos aprender a competir electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano.

Los partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 17 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro del Ramo Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Pesca y Acuacultura el segundo de ellos.








Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incluya una partida presupuestal para atender contingencias provocadas por el cambio climático en el campo. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, María del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones y estrategias para contrarrestar las negligencias médicas en el país. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert José María Martínez Martínez, César Octavio Pedroza Gaitán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4 constitucional, así mismo es propio citar que la Ley General de Salud en su numeral 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca entre otras: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Por su parte los servicios de salud, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Por su parte de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la SALUD: ”es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Actualmente los servicios de salud que demanda la sociedad mexicana deben traer consigo la calidad de los mismos, tienen que ser convergentes en todo el sector salud, deben tener mayor recurso humano, mayor infraestructura, mas recurso financiero, y sobre todo implica tener profesionales de la salud suficientemente capacitados, los cuales realizan los protocolos médicos pertinentes y conforme a norma, ya que en sus manos tienen la salud y en muchos casos la vida del paciente.

Se ha avanzado con acciones para lograr lo anterior, sin embargo no es lo suficiente para tener esa calidad en la atención de estos servicios en todo el sector salud, esto es tan relevante que se han visto casos en donde el paciente ha presentado algún padecimiento o alguna emergencia y su salud se vio afectada por la mala praxis del profesional en la salud, como por ejemplo:

1.-La negación de atención en diversos hospitales del sector público, como lo es el alumbramiento, que se dio en 2013, en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca, luego de que el personal médico a cargo le negara a una mujer indígena, la atención aun cuando ella se encontraba en trabajo de parto.

2.- Así mismo el caso de una mujer, quien se le practicó una cirugía para retirar miomas en la matriz y le perforaron la vejiga, en el Hospital de Huamantla, en Tlaxcala.

3.- También en marzo de 2014, una mujer dio a luz en el jardín del Centro de Salud de San José Manialtepec, Oaxaca, debido a que la institución estaba cerrada, ya que al parecer el servicio al público había concluido.

4.- En octubre de 2014, el señor José Sánchez Carrasco, falleció afuera del Hospital General de Guaymas, Sonora. Se presume que falleció debido a un cuadro agudo de desnutrición ya que llevaba cinco días en espera de recibir atención médica y No pudo ser atendido.
5.- El pasado 26 de junio, en Ciudad Obregón, Sonora, extirparon por error el ojo derecho a Jonathan Valdez, un bebé de 14 meses de edad, personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de esta ciudad, lo ingresaron al quirófano para extirpar el ojo izquierdo en el que le fue detectado el Síndrome de Stevens, sin embargo cometieron el grave error al equivocarse de ojo retirando el derecho.

6.- En el pasado 10 de julio en Saltillo, Coahuila, en el hospital general de Zona 1 del IMSS, dos practicantes realizaron tres cortadas a los genitales de un recién nacido, confundiéndose con el cordón umbilical.

7.- El pasado 22 de mayo, se presume negligencia médica, dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la atención de Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, ya que no se cumplieron los protocolos establecidos para atender a un paciente que sufre un problema como el que se presentó en el nosocomio. El personal médico y paramédico, entre los errores en los protocolos, destaca que por algunos segundos dejaron de darle masaje al corazón, para atender una falla en una de las llantas de la camilla donde lo trasladaban, además de que no se le atendió de inmediato con el desfibrilador.

Así mismo quiero enfatizar que en Enero de 2014 la que suscribe y presenta esta proposición con punto de Acuerdo, fui víctima de negligencia médica en una institución pública de salud, al no tener acceso a un médico especialista en neurología, por más de 10 horas, argumentando que era fin de semana y no había, lo anterior tuvo consecuencias en mi salud. Así mismo el Instituto Nacional de Cancerología, no acepto un arbitraje médico por parte de la CONAMED.

Lamentablemente hoy en día en México, existe un detrimento en la calidad de los servicios de atención médica entre muchos otros aspectos, uno de ellos y el más grave como lo observamos, es la negligencia médica, en la que se involucra a los profesionales de la salud como los casos compartidos en este instrumento legislativo, que cabe señalar son pocos de los muchos que existen y que van en aumento.

Derivado de lo anterior hay que enfatizar que una negligencia médica es un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. Es haber realizado actos no apropiados o, por no haber tenido la diligencia requerida para el caso particular. Es decir, no haber cumplido con los parámetros mínimos y estándares de conducta para enfrentar el caso, y no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión médica.

Por ende una negligencia constituye, junto a la impericia e imprudencia médica, una vulneración a la Lex Artis Ad Hoc, la cual es entendida como "El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria -, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida."

Cabe señalar que hay diversos tipos de negligencias, las más comunes, según el hecho:

1. Negación de atención médica: no atender un paciente por no existir un médico general o médico especialista, o bien no estar en funciones así como argumentar que en ese nosocomio no se puede atender dicha urgencia, así mismo tener mucho tiempo a un paciente sin acceso a la atención.

2. Error en el diagnóstico: Todos conocemos que en multitud de ocasiones, un mal diagnóstico puede tener como resultado consecuencias irreversibles.

3. Prescripción Inadecuada de medicamentos: En estos casos, el error recae en la prescripción facultativa de fármacos, que no son adecuados para el paciente, bien por la enfermedad que padece, o bien porque no tolera los mismos

4. Error en una intervención quirúrgica: En estos casos, la práctica habitual es que los hospitales obligan a los pacientes a firmar un “consentimiento informado” en el que los últimos asumen los riesgos ordinarios de la operación. Sin embargo, esto no exime de a los médicos de posibles conductas negligentes que puedan originarse con carácter extraordinario, y durante la intervención.

5. Falta de higiene en el centro hospitalario, o de los materiales empleados: Hoy en día son pocos casos los que ocurren, pero en el pasado fueron muy habituales. Hay multitud de supuestos en los que se produjeron contagios de enfermedades como la hepatitis, o el SIDA, como consecuencia de un incumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad.

Se enfatiza que nuestro marco legal, en específico la Ley General de Salud en su artículo 55 establece la obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, considerado lo siguiente: “las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”.

Así mismo en el artículo 469 de la Ley en comento se especifica:

Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

Como vemos la parte de urgencia de cierta forma se encuentra regulado, sin embargo se deben redoblar esfuerzos para lograr el objetivo planteado, por ello se hace mención que una parte toral en esto es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) la cual tiene las actividades relacionadas con la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos.

Sin embargo en sus informes podemos cerciorarnos que en los últimos años el número de quejas va en aumento. En el periodo acumulado de 2007 a septiembre de 2012, el conjunto de estos motivos, representa el 97.1 del total; 30.5 por ciento, se concentra en la etapa del tratamiento médico; 26.8 por ciento, en el tratamiento quirúrgico; 14.5 con algún aspecto administrativo; diez por ciento tanto en la fase del diagnóstico, como en la relación médico paciente; y 5.2 por ciento, se relaciona con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

Durante 2013 se recibieron un total de 17,249 inconformidades y se concluyeron 16,991, a continuación se detallan estos resultados:

Durante el ejercicio 2014 se recibieron 17,042 inconformidades, por la prestación de los servicios de salud, las modalidades de resolución que se dieron para estos asuntos fueron: 9,609 Orientaciones, 4,013 Asesorías Especializadas, 1,370 Gestiones Inmediatas y 2050 Quejasque dieron inicio al proceso arbitral.

En la siguiente gráfica , se muestra como ha sido la evolucion del al 2014 únicamente en los principales motivos de queja.

AÑO

2008

2012

2013

2014

 

ORIENTACIÓN

7,390

6,156

9,391

9,609

 

ASESORÍA ESPECIALIZADA

4,596

3,484

4,646

4,013

 

GESTIÓN INMEDIATA

553

1,046

1,179

1,370

 

QUEJAS

1,735

1,914

2033

2050

 

DICTÁMENES

235

250

249

 

 

EN PROCESO

1500

1664

1529

 

 

TOTAL DE ASUNTOS

12,539

12,850

17,240

17,042

 

Si bien es cierto que existe negligencia médica, tambien es cierto que a los profesionales de la salud no se les otorga una eficaz capacitación, los elementos necesarios, por ello se encesitan allegar de las herramientas suficientes, de infromación de medicamentos, de dispositivos medicos, personal de apoyo, para que con esto puedan cumplir cabalmente su labor y evitar cisrcuntancias que pongan en peligro la salud, incluso la vida del paciente.

Asi mismo es importante considerar la necesidad de capacitación en materia de derechos humanos, que promueva de manera prioritaria la no discriminación en cualquiera de sus ambitos.

Es por lo anterior que en aras de mejorar la calidad de los servicios de salud y contrarrestar la negligencia médica que ponen en riesgo la salud y la vida de millones de mexicanos, es que se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que fortalezcan las guías de práctica clínica así como la capacitación a todo el profesional de la salud y con ello avanzar en la erradicación de negligencias médicas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que aseguren que los fines de semana así como los días festivos, existan médicos adscritos con capacidad resolutiva respectivamente en los diferentes nosocomios que integran dichas instituciones.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a implementar una estrategia en coordinación con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y se tenga un esquema que permita dar solución pronta a los pacientes victimas de negligencia médica. Así mismo la insta a que no se niegue a participar en un arbitraje médico cuando así lo solicite la CONAMED.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que fortalezcan los protocolos médicos y contrarresten las negligencias médicas que se han presentado en los últimos tres años. Así mismo informen a esta soberanía sobre las sanciones, medidas administrativas, legales, y de investigación que han emprendido en los casos de negligencias médicas.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a capacitar al profesional de la salud en materia de derechos humanos, que promueva de manera prioritaria la no discriminación en cualquiera de sus ámbitos, en la atención de servicios médicos.

Suscriben.






Los textos de las intervenciones del grupo de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÈRIDES

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”.








De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”.

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
16 de septiembre

La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial. Por eso en 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.La fecha conmemora el día en que, en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental. En este acuerdo los países firmantes se comprometieron a la reducción y eliminación de sustancias que destruyen la capa de ozono y a tomar medidas sobre actividades que podrían estar relacionadas con la destrucción de la misma, esta conmemoración brinda la oportunidad de centrar la atención y la acción a los niveles mundial, regional y nacional en relación con la protección de la capa de ozono.

La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta.

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno (O3) y tiene la propiedad de ser altamente tóxico debido a su radioactividad.

Se utiliza para la esterilización de agua, eliminación de olores desagradables y tiene resultados muy positivos en tratamientos de diferentes dolencias a partir de la ozonoterapia.

Los cloro fluorocarburos (CFC) por mucho tiempo fueron utilizados por el hombre y son los principales causantes de la destrucción de la ozonósfera; su utilización ha abarcado muchos renglones de la vida moderna y, en su momento, tuvieron un propósito multiuso: refrigerantes en neveras y aires acondicionados, como sucedió con el popular freón; disolventes en productos de limpieza; elemento propulsor en aerosoles y agente espumante en extintores.

El gran problema generado con el uso de los CFC es que, luego de que este se pone en contacto con los rayos ultravioleta, produce cloro, el cual reacciona con el ozono para convertirlo finalmente en oxígeno. Aunque estas emisiones de CFC hoy han cesado en gran medida, sucede que el cloro desprendido de una molécula de CFC tiene un tiempo de vida que oscila entre los 20 y 100 años, por lo que el proceso de destrucción de la capa continuará por largo tiempo, aun cuando las emisiones cesen en su totalidad.

Ya se ha demostrado que los CFC son la principal causa detrás de la prueba más impresionante de la destrucción del ozono. Cada primavera austral se abre un "agujero" en la capa de ozono sobre la Antártida.

El enrarecimiento grave de la capa de ozono provocará el aumento de los casos de melanomas (cáncer) de piel, de cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en humanos y en otras especies. También afectará a los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta.

La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega a la Tierra.
Por su parte, el Profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que juegan un papel esencial en la descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la estratosfera polar.

México protege la capa de ozono mediante el cumplimiento de los compromisos señalados en el Protocolo de Montreal. El objetivo de este acuerdo internacional es regular y eliminar el consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono en el mundo.

El Sistema de Información y Monitoreo de Importaciones, Exportaciones y Producción de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SISSAO) es un instrumento para el registro estadístico, así como una medida para persuadir la importación ilegal de dichas sustancias.

Por lo anterior, este día debe servir para hacer conciencia sobre la importancia de la capa de ozono en nuestras vidas.

México, D.F., el 17 de septiembre de 2015

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario del inicio de la Independencia.

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA”

Conmemorar un año más el inicio de la guerra de independencia tiene que asirse al contexto actual.

De nada sirve festejar esta fecha, si no entendemos que aún no logramos ser un país con ciudadanos verdaderamente independientes; una clase política y económica se ha apoderado de la nación y esto ha provocado que millones de mexicanos vivamos en una dependencia total a sus decisiones.

Decisiones que no reflejan la realidad de la sociedad mexicana, decisiones que más bien reflejan el interés de un grupo que actúa pensando sólo en continuarse en el poder.

El ciudadano no puede sentirse independiente ante tal situación. El poder por el poder se olvida de la gente.

El sentido de la Independencia revestía la conformación de un país que supiera aglutinar todas las causas para darles respuesta, respuesta a todos.

Sin embargo, cuando la gente accede al poder se olvida de lo más elemental, de lo más significativo, servir a todos y cambian para servirse ellos mismos.

Es cuanto.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

EFEMÉRIDE DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
10 de septiembre

La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como el acceso a un estado pleno de bienestar físico, mental y social.

El Estado como protector de los derechos humanos de la población debe garantizar el goce del máximo grado de salud, brindando las condiciones necesarias que permitan a las personas vivir lo más saludablemente posible.

La salud mental es una prioridad de salud pública por su indiscriminada afectación a la población; los trastornos no conocen de edad, género o nivel socioeconómico, todos somos vulnerables ante ellos y sus consecuencias pueden llevarnos a atentar contra nuestra propia vida.

Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP)promocionan el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cada 10 de septiembre, como una medida para reflexionar sobre este grave problema de salud.

Este año, el tema de la conmemoración es: “Prevenir el Suicidio: Tender la mano y salvar vidas”, fomentando en todo el mundo compromisos y prácticas para prevenir los suicidios.

El suicidio es un problema serio de salud pública, causado por múltiples factores que involucran cuestiones genéticas, psicológicas, sociales y culturales.

El espectro suicida es multidimensional y no puede ser abordado desde un solo frente, para solucionarlo es necesario brindar una respuesta multifacética que aborde los factores de riesgo y precipitantes asociados a este problema.

Según datos de la OMS cada año más de 800 mil personas toman la salida fácil y ésta es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años.

No podemos dejar a un lado un problema tan serio, en México, según datos del INEGI, el suicidio ha aumentado del año 2000 al 2013, pasando de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Es alarmante la situación en nuestro país, en 2013 el INEGI reportó 5,909 suicidios, de los cuales el 81.7% fueron realizados por hombres y 18.2% por mujeres.

El suicidio es un problema que afecta principalmente a nuestros jóvenes, del total de suicidios en 2013, el 40.8% se registra en la población de 15 a 29 años.

Lamentablemente la mayoría de los suicidios son prevenibles, y aunque es un problema complejo existen medios para identificar y tratar los problemas de salud mental.
Como medidas para reducir el riesgo de suicidio, la OMS recomienda:

• Reducir del acceso a medios para suicidarse,
• Tratar a personas con trastornos mentales,
• Atender específicamente a pacientes que han intentado suicidarse,
• Fomentar responsablemente el tema en medios de comunicación; y
• Educar integralmente a los profesionales de la atención primaria de la salud.

Para prevenir el suicidio, el Gobierno Federal ha realizado, más de 5,300 actividades formativas como pláticas o talleres integrales donde se abordaron temas de salud, violencia y prevención del suicidio.

Además, las entidades federativas han impulsado campañas de prevención del suicidio y conductas autodestructivas, implementadas a nivel comunitario, dirigidas a la población de atención prioritaria para reducir los factores de riesgo.

La salud mental es un tema de completa relevancia para consolidar integralmente la salud de la población, por lo que en 2013, promoví una iniciativa para la detección de grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, agradezco su participación y la de los grupos parlamentarios, que ya aprobada en la Cámara de Diputados y en Comisiones, sólo aguarda para hacerse una realidad que beneficie a los mexicanos.

Sabemos la importancia que tiene prevenir el suicidio, por eso en febrero de 2015 presenté una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para facultar a la Secretaría de Salud y a las autoridades competentes a fomentar y apoyar el desarrollo de estrategias con una visión integral orientadas a la prevención del suicidio, en las que se considere la participación de los sectores privado y social, estoy segura que con esa reforma mejoraremos la vida de nuestras familias.

Compañeras y compañeros, no puedo omitir su entusiasmo y participación en cada uno de los puntos de acuerdo que hemos aprobado para prevenir el suicidio.

Tenemos en nuestras manos la oportunidad de salvar la vida de miles de personas, con acciones sencillas podemos recuperar a mexicanos que se creen perdidos.

El suicidio es un tema que me preocupa como Doctora, Senadora y mexicana, conozco el bagaje que conlleva, el duro trauma para las familias y la terrible tristeza que representa.

Por ello mi insistencia y profundo interés en resolver este problema de salud pública.

Hoy es un día para reflexionar, pensar y promover, una fecha para invitarnos a realizar medidas que prevengan el suicidio y así poder acompañar integralmente las políticas que beneficien a nuestro país.

La depresión que aqueja a los posibles suicidas se puede solucionar fácilmente mediante el fortalecimiento y la generación de lazos afectivos, requerimos crear vínculos con nuestra sociedad y nuestra familia, hacer sentir a las personas la calidez y el abrazo de la vida.

Muchas gracias.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el ducentésimo quinto aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo quinto aniversario del inicio de la guerra de independencia, 16 de septiembre de 1810.

El 16 de septiembre es un día de fiesta para todos los mexicanos. La conmemoración del “Grito de Independencia” es una de las fechas más significativas en nuestro país.

Este año, conmemoramos el ducentésimo quinto aniversario del inicio de la guerra de independencia. En el marco de este aniversario, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el valor, determinación y compromiso de todas y todos los mexicanos que dieron su vida en el movimiento de independencia para que México fuera una nación libre y soberana.

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una remembranza de cómo ocurrieron los hechos. Todo inició en Querétaro a partir en año de 1809 cuando en la casa del Corregidor Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla organizó una serie de reuniones en la que participaron Ignacio Allende, Juan Aldama, el Corregidor y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez.

Dichas reuniones se realizaban en secreto y en ellas se proponía desconocer a las autoridades virreinales e instalar, en su lugar, una junta de gobierno provisional, hasta que fuera restablecido en el trono el monarca Fernando VII.

A pesar de que las reuniones se llevaron a cabo en secrecía, en los primeros días de septiembre de 1810 fueron delatados, al ser descubiertas los actores se vieron en la necesidad de adelantar el inicio del movimiento que originalmente se tenía previsto para octubre del mismo año.

El 15 de septiembre de 1810 a lado de Aldama, Allende, José Santos Villa, Vicente Lobo, José Cecilio Arteaga y otros simpatizantes del movimiento, Miguel Hidalgo se levantó en armas en contra de las autoridades del Virreinato, para ello liberó y armó a los presos locales quienes aprehendieron a los españoles.

Finalmente, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento de independencia, Miguel Hidalgo reunió a más de 300 hombres y se dirigió a Dolores, al pasar por Atotonilco, Hidalgo, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, siendo el estandarte y símbolo de aquel célebre día.

Aquella madrugada, la efervescencia del momento y el deseo de independencia hicieron que los insurgentes acudieran puntuales a su llamado con la historia, sin duda era momento de dar fin a las injusticias, era momento de impulsar la libertad e igualdad en nuestra sociedad, pero sobre todo, era momento de que México se erigiera con una verdadera soberanía nacional con plena autodeterminación.

El aniversario del inicio de la independencia, nos convoca a dimensionar el significado de ser mexicano, el orgullo y las responsabilidades que implica ser parte de esta gran nación.

Desde esta soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las y los mexicanos, pero sobre todo, con el progreso y la consolidación de nuestro régimen jurídico y político, el cual es producto de innumerables y memorables batallas.

Con profunda admiración y respeto, reconocemos a quienes con valor, determinación y patriotismo hicieron posible la independencia de México.

Hoy, recordamos a: Miguel Hidalgo y Costilla; Ignacio Allende; Juan Aldama; Miguel Domínguez; Josefa Ortiz de Domínguez; Nicolás Bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; Gertrudis Bocanegra; Leona Vicario; Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Héroes y heroínas con las más altas virtudes que pasaron a la historia por sus grandes aportaciones en favor de México.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario del inicio de la Independencia.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, a 30 años del sismo de la ciudad de México, acontecido el 19 de septiembre de 1985.

EFEMERIDE QUE PRESENTA LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, CON RELACIÓN A 30 AÑOS DEL SISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACONTECIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

La mañana del 19 de septiembre de 1985, constituye uno de los episodios más dramáticos que ha sufrido la sociedad mexicana y los habitantes de la Ciudad de México. Un intenso e interminable terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió las entrañas de la ciudad y sus alrededores, miles fueron las víctimas fatales, 100 mil heridos y una devastación de innumerables edificios colapsados, como si ello hubiera sido una zona de guerra.

El gobierno del entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid, tardó 39 horas para hablar de lo sucedido, y cuando lo hizo, retardó la solicitud de auxilio a la comunidad internacional. Era más importante enviar un mensaje al mundo de que las cosas estaban bajo control, en lugar de reconocer la magnitud de la tragedia humana y solicitar toda la ayuda posible a las naciones del mundo.

Durante los aciagos, duros y enmudecidos días por el dolor y el sufrimiento y ante las irreparables pérdidas de vidas humanas, la memoria evoca los hechos ignominiosos donde perdieron la vida decenas de trabajadoras costureras de San Antonio Abad, que siendo encerradas por sus patrones, no pudieron salvar la vida por encontrarse ilegalmente privadas de su libertad. También la constatación de la tortura de los detenidos en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde se encontró evidencia de dichos graves delitos.

Sin embargo, un elemento de conciencia ciudadana cambió, pues ante el desastre y la tragedia, se dio lo que Carlos Monsiváis denominó como el nacimiento de la sociedad civil organizada. Espontáneamente cientos de miles de hombres y mujeres, pero sobre todo jóvenes y estudiantes salieron a las calles para ayudar, auxiliar, salvar vidas, realizar trabajo comunitario, enfrentar la emergencia con lo que tenían a la mano, una pala, un pico, sus propias manos, con cubetas, haciendo filas interminables para despejar los escombros y las ruinas de la ciudad entristecida. Nacía la sociedad civil, la solidaridad humana de verdad, se iluminaba la comprensión para compartir el dolor y el luto humano se hizo menos pesado, menos denso, más llevadero. La solidaridad de millones en el rescate de víctimas y en apoyo a las familias afectadas, se transformó en un despertar de conciencias, en un movimiento que logró la reconstrucción de la ciudad desde abajo.

El 19 de septiembre de 1985 constituye el eje de grandes trasformaciones promovidas desde la sociedad civil, que sustituyó la incapacidad gubernamental por la solidaridad -lo que contribuyó a mitigar la tragedia- y manifestó la necesidad de democratizar la Ciudad de México.

No se entiende la Democracia de este país sin el 85, que prefiguro la derrota del PRI en la Ciudad de México y que 1997 los capitalinos pudieran elegir a Cuauhtémoc Cárdenas como su primer Jefe de Gobierno en 1997.

Es por tanto la base de muchos cambios que generó el fortalecimiento de la izquierda no sólo en la Ciudad sino en todo el país; el reconocimiento de derechos, la participación vecinal.

A treinta años de esos terribles acontecimientos, el fundamental eje rector que como sociedad debemos tener muy presentes, se denomina prevención ante desastres naturales. Por lo que se requiere continuar fortaleciendo la cultura de la prevención ante eventuales situaciones de sismos que pudiesen ocurrir y evitar la depredación que trae consigo medidas como la aprobación del uso de suelo que solo benefician a las grandes empresas inmobiliarias y contratistas.
En ese sentido, una excelente medida, lo constituyen los simulacros y todas las actividades de la autoridades de prevención, mismas que deben ser apoyadas con todo vigor por todos los habitantes de la ciudad para favorecer todas las acciones encaminadas a limitar las funestas consecuencias que derivan de un hecho de la naturaleza como el acontecido el 19 de septiembre de 1985.

Pero lo más importante es el ejemplo de mujeres y hombres de 1985; que ante la incapacidad, la indolencia, la indiferencia del gobierno, la sociedad se organizó para desnudar las viejas instituciones y la corrupción institucionalizada. Esa fue la sacudida ciudadana que permitió el inicio de la democratización del país, y que hoy se requiere para sobreponerse a la incapacidad gubernamental, la corrupción y la regresión autoritaria.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República conmemoramos el trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 de la Ciudad de México, fecha idónea para rendir un respetuoso y sentido homenaje a las víctimas y familias de éstas.

Lo que constituye un parteaguas en la historia nacional, cuenta con dos grandes aristas, por un lado está la tragedia y el dolor que padecieron las personas que perdieron su patrimonio, que sufrieron lesiones y aquellas que lamentablemente perdieron la vida, y por el otro lado, la solidaridad, empatía, fortaleza y organización de la sociedad mexicana para auxiliar a los afectados.

A 30 años de aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, podemos decir con satisfacción que hemos avanzado en materia de prevención, actualmente tenemos protocolos más sólidos y eficaces ante casos de este tipo.

Hoy, además de recordar el terrible acontecimiento de 1985, como ocurre desde el año 2001, celebramos una edición más del “Día Nacional de Protección Civil”, en el cual todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realizan simulacros de evacuación de las instalaciones oficiales correspondientes, a fin de fomentar el auto-cuidado, de esta manera contribuimos a minimizar los riesgos derivados de desastres naturales o de carácter antropogénico.

Si bien es cierto que los fenómenos de la naturaleza no se pueden evitar, también lo es que a través de planes, programas y protocolos confiables, sí podemos atenuar sus estragos. En este sentido, los legisladores del PRI, hacemos el llamado para que consolidemos a la prevención como nuestra herramienta más importante.

No podemos permitir que se vuelvan a presentar tragedias como la ocurrida el 19 de septiembre de 1985, en la que de acuerdo con cifras oficiales, hubo 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron; y más 30 mil edificaciones resultaron destruidas y alrededor de 6 mil sufrieron daños parciales.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar y reconocer que en medio de la catástrofe, la población se levantó para auxiliar a las personas en desgracia, así lo dejan de manifiesto el surgimiento de la sociedad civil organizada en nuestro país. Es precisamente en esta última consideración que radica parte esencial de la evolución que tuvimos como nación, de ahí que el terremoto de 1985 representa un antes y un después dentro de la historia contemporánea de México.
Desde entonces el Estado Mexicano se ha preocupado por llevar a cabo una evaluación integral y permanente hacia los protocolos de seguridad para fortalecer la cultura en materia de protección civil, además de coadyuvar para que haya mayor injerencia de la sociedad civil en asuntos de interés general, lo cual ha permitido tener un país más plural, democrático, justo e igualitario.

En el marco del trigésimo aniversario del terremoto de 1985, es propicio redoblar esfuerzos en las acciones que hagan posible contar con diagnósticos más precisos, y garantizar una reacción pronta y oportuna por parte del Estado. Por lo anterior, es fundamental, que cada vez haya mayor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno al momento de brindar auxilio y rehabilitación ante la presencia de un desastre natural.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado para fomentar entre la población la importancia de respetar los protocolos y medidas de seguridad, pero sobre todo, a mantener viva nuestra costumbre de socorrer a nuestros hermanos mexicanos ante situaciones apremiantes.

A treinta años de los hechos, reconocemos y honramos a quienes auxiliaron en la búsqueda de personas, rendimos un merecido homenaje a la población que salió a las calles, levantó escombros, salvó vidas, reconstruyó viviendas y a quienes se sobrepusieron a la adversidad, así como a la memoria de las personas que de manera infortunada fallecieron, a todos ellos nuestro máximo respeto.

Sigamos demostrando que no hay adversidad que doblegue o divida a México, y que por el contrario, ante cualquier contingencia, nos fortalece y llama a la unidad, así somos los mexicanos -solidarios, valientes, entusiastas, talentosos y emprendedores.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, sobre el sismo del 19 de septiembre de 1985.

EFEMÉRIDE “SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985”

El 19 de septiembre de 1985 a las 07:19 hora local, la Ciudad de México se estremeció con un terremoto de 8.1º en la escala de Richter con una duración de dos minutos, el más significativo en la historia escrita de nuestro país.

El sismo del 1985 marcó a la sociedad mexicana por las pérdidas materiales y pérdidas humanas. Las cifras nunca fueron precisas, sin embargo, el sistema Sismológico Nacional reportó cerca de 40 mil muertos, más de 4 mil rescatados entre los escombros, 30 mil estructuras colapsadas y 68 mil con severos daños.

Fue en ese momento catastrófico cuando la sociedad civil apareció. El Gobierno Mexicano se mostró incapaz de responder al desastre y fueron los habitantes quienes espontáneamente comenzaron a organizar brigadas de auxilio para buscar sobrevivientes y realizar labores de asistencia a las víctimas y damnificados. Grandes historias también se construyeron: niños que milagrosamente se salvaron y esfuerzos civiles organizados que trascendieron el tiempo como “La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco”. La voluntad por reconstruirse surgió desde la sociedad mexicana que demostró su gran humanismo y una enorme solidaridad.

Este evento hizo surgir una nueva cultura de protección civil en la Ciudad y en el país entero. A partir de entonces, proteger sería una acción y la protección un resultado que conviviría permanentemente en el espíritu de mexicanas y mexicanos.

Debemos recordar y debemos seguir preparándonos porque la cultura de la prevención y la protección civil es esencial en nuestra esfera cívica y convivencia ciudadana. Desde niños debemos estar mejor preparados, conscientes de los riesgos naturales y antropogénicos que enfrentamos cada día.

La conmemoración del 30 aniversario del sismo de 1985 es también un recordatorio que la protección civil es responsabilidad de todas y todos.

Sen. Mario Delgado Carrillo.






De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario del inicio de la Independencia.

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (1810-1821)

El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista los rebeldes para el virrey, era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera Hidalgo, utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuatro meses después los insurgentes eran 100,000 con 95 cañones.

La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después de iniciada, el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante, a la Ciudad de México.

Es así como los mexicanos celebraremos el 16 de septiembre, uno de los más grandes acontecimientos de la historia de México, nuestra Independencia, por cuanto representa la abolición de la esclavitud, para recordar a los héroes que nos dieron Patria y Libertad.

Un periodo caracterizado por una intensa movilidad social que culminó con cambios sustanciales que se vieron convertidos por obras humanas que, dio la pauta para la creación de la vida institucional de nuestro país. Es de estos acontecimientos que nacieron los valores que le dan identidad a este pueblo.

Rememorar la gesta de Hidalgo, Allende, Aldama y Josefa Ortiz, continuada con Morelos, López Rayón, los Galeana, los Bravo, los Victoria, y consumada por Guerrero e Iturbide, trae siempre al espíritu la emoción que sólo puede concitar el sentimiento patrio, que invariablemente nos ha unido y nos une ante los retos de la historia.

Hidalgo defendió, por sobre todas las cosas la libertad del hombre. Su primer decreto de abolición de la esclavitud, que vio la luz en esta nuestra ciudad, aún antes de la proclama de la ciudad de Guadalajara, fue sólo el inicio de una lucha por la igualdad y la equidad.

La libertad es también uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que la misma esencia del ideal democrático está en la libertad de elegir, en la libertad de optar entre una diversidad de ideas y de planteamientos que se ofrecen a los ciudadanos. La democracia es la libertad de escoger entre diversas opciones y de construir a través de la discusión crítica pero civil y pacífica diversas vías para la resolución de conflictos. Por ello, un principio ineludible en las sociedades democráticas es el aseguramiento de la libertad de pensamiento y de expresión.

Somos una sociedad plural, que en su devenir histórico se ha preocupado por edificar las instituciones que le permitan la realización de sus anhelos, sobre una ruta que nunca ha sido fácil, que ha sido preciso andar y desandar, pero en la que siempre hemos logrado avanzar con la conciencia de lo que es mejor para todos.

Hoy con base en los mismos ideales que hace más de 200 años dieron pie a la gesta heroica de nuestros héroes nacionales, debemos seguir construyendo acuerdos con los diversos actores de la vida nacional, y confiar en que los mexicanos, aprendamos de nuestra historia, la que nos demuestra que, como nación y como pueblo, los mexicanos somos más grandes que los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Siempre hemos sabido sobreponernos a las más duras pruebas e invariablemente con ellos nos hemos fortalecido.
Que ese ánimo presida nuestros esfuerzos en la búsqueda de los acuerdos necesarios para salir de las crisis que nos agobian. Retos mayores hemos afrontado y superado, con firmeza y determinación que nos reconocen los pueblos del mundo. Conscientes de nuestra diversidad, pero con la fortaleza de nuestra unidad ante la adversidad, construyamos para las futuras generaciones un México más grande, libre y justo, en el que los ideales que alentaron la gesta libertaria iniciada en 1810 perduren hoy, mañana y siempre.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana viernes 18 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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